SAN QUINTIN:

EL VALLE DEL OLVIDO

Por: Jaime Martínez Veloz

1. Peor que en los tiempos de Don Porfirio

2. Alta producción agrícola, con escasos derechos laborales

3. El calvario de las mujeres indígenas en San Quintín

4. Baja California: Un estado multicultural y pluriétnico

5. Los grandes rezagos sociales se acumulan en las mujeres indígenas

6. ¿Se respeta el derecho de acceso a los servicios de salud?

7. La salud en San Quintín, un derecho en el olvido

8. Los niños jornaleros de San Quintín

9. La injusta distribución del agua en San Quintín

10. San Quintín ¿Dónde está el estado de derecho?

(Apuntes sobre la problemática de San Quintín, municipio de Ensenada, Baja California, que realice hace

algunos años y que creo pueden brindar ciertos elementos para entender el grado de inconformidad que existe en la región).

(Paralelo a este documento existen otros dos que contienen, el primero, una propuesta para elaborar un

Programa de Desarrollo Regional; y el segundo, una propuesta de Reglamento para crear una verdadera y representativa organización comunitaria, que permita brindar cauces a algunos de los conflictos que han

generado tensión social en la región)

Baja California a 5 de Febrero del año 2012

1. Peor que en el Porfiriato.

Los esclavos del Valle Nacional de la Oaxaca porfiriana de hace más un siglo tendrían poco que envidiarle a sus paisanos jornaleros en el San Quintín de la Baja California del nuevo milenio. En el trasfondo histórico hay semejanzas en ambos casos. Entre los desterrados al sur del México bárbaro de Porfirio Díaz había yaquis indómitos que fueron a pagar su rebelión en el infierno de las haciendas henequeneras de Yucatán, sitio menos terrible que las haciendas oaxaqueñas. En Baja California, San Quintín constituye un claro ejemplo de lo que ocasionan el crecimiento y desarrollo desiguales en una región con marcadas ventajas geográficas. El nombre de este valle lo asociamos con el proceso sociológico de la migración jornalera en el país. Una característica peculiar del fenómeno laboral que se registra en esta zona, es la ubicación de enclaves culturales en regiones muy distantes al sitio de origen de quienes migran. Baja California puede vanagloriarse de vivir los resultados de la bonanza manifestada en la evolución de algunas variables macroeconómicas que tal parece ya estamos habituados a escuchar.

En los años 2009 y 2010 diversos hechos registrados en el Valle de San Quintín sacudieron nuestras conciencias. El accidente de un autobús en la carretera de La Rumorosa con destino a Villa de Juárez, Sinaloa, donde fallecieron 16 personas entre niños, niñas, mujeres y hombres, y con igual número de heridos, todos jornaleros agrícolas y en su mayoría indígenas. La desesperación de miles de familias indígenas jornaleras al verse sin alimentos e ingreso debido a los desastres ocasionados por las tormentas que azotaron los principales poblados de la región de San Quintín, y otro accidente de carretera a la altura de Punta Colonet, de

un camión que transportaba jornaleros que laboraban en la Empresa Agrícola Vicente Camalú, propiedad de la familia García, y que provocó la muerte de una persona y 10 lesionados de gravedad.

Es imperdonable que después de lo ocurrido en el accidente de La Rumorosa y de escuchar declaraciones de parte de funcionarios federales, estatales y municipales de hacer una revisión profunda del marco jurídico del transporte, de la seguridad social, del respeto a los derechos laborales, nos enteremos de que poco o nada se ha hecho para prevenir y solventar las consecuencias de este tipo de accidentes.

Este último percance pone a la vista que la empresa agrícola Vicente Camalú contrató el servicio de transporte de un autobús cuyos documentos no guardan ninguna relación con la transportación de trabajadores; que para cubrir las apariencias el camión fue pintado del mismo color que una línea de transporte autorizada; que de nueva cuenta, la situación de los heridos en términos de su atención vuelve a indicarnos las maniobras patronales para no afiliar a sus trabajadores al régimen ordinario del Seguro Social.

Los recursos jurídicos a favor del trabajador difícilmente son reclamados, por ignorancia de los mismos trabajadores, y que el papel del sindicato con el cual está firmado el convenio laboral es de extorsión para ambas partes, a unos les impone el contrato con la dádiva de proteger a la empresa y de tener todo en calma, y a los otros simplemente la posibilidad de trabajar para mantener a sus familias sin el recurso de exigir ningún derecho.

Los jornaleros agrícolas cruzan no una sino varias fronteras para llegar a su destino. También son víctimas de sujetos sin escrúpulos y la intrincada red de corrupción que existe en el país. Ellos no son chinos y por eso no los regresan en avión a sus lugares de origen. No hay organismos internacionales preocupados por su situación.

A los organismos nacionales que luchan por sus derechos no se les escucha. A ellos, menos aún. Pareciera que hay una conspiración entre algunos medios, autoridades y partidos para hacer un silencio, ahí donde debería haber un foco rojo encendido. Ellos son principalmente mixtecos, zapotecos, triquis y purépechas, vienen de Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Traen consigo sus costumbres y un pedazo de esperanza. Muchas veces también traen a sus familias. Ellos son los indocumentados mexicanos en México. Pero sus condiciones de vida y de trabajo son tan o más difíciles que la de aquellos compatriotas que cruzan la frontera. Son los indocumentados que no gozan de la protección de las leyes ni de las autoridades federales y estatales, a pesar de ser mexicanos. Solamente saltan a la primera plana de los diarios cuando ocurren accidentes que incluso les cuestan la vida. Los jornaleros se encuentran en una permanente desprotección jurídico-laboral, para ellos no existe seguridad en el empleo. Se les contrata por día o por temporada, encontrándose siempre expuestos al trabajo eventual y al desempleo; su permanencia en el trabajo depende del tipo de cultivo, de las fluctuaciones del mercado de trabajo, así como de la modalidad que asume el salario, que puede ser por destajo o por tarea.

2. Alta producción agrícola, con escasos

derechos laborales

Este Valle del municipio de Ensenada, Baja California, se ubica a 200 kilómetros al sur de la cabecera municipal.

La región destaca por estar entre los primeros lugares a escala nacional en producción de hortalizas para exportación.

Cuenta con más de 20 mil hectáreas de riego, con tecnología de punta que le permite aprovechar al máximo el recurso del agua; cuenta además con la modernización de sus procesos productivos, semillas mejoradas, fertirrigación, invernaderos computarizados y empacadoras que garantizan calidad y presentación de los productos.

Los niveles de productividad impactan en altos rendimientos que lo llevan a competir en el mercado mundial de las hortalizas, en cultivos como tomate, pepino, calabaza, coliflor, brócoli, y en los últimos años, en la producción de fresa.

Su cercanía con la frontera de Estados Unidos y los costos de mano de obra son dos condiciones que hacen que las empresas agroexportadoras de San Quintín sean altamente competitivas en el mercado mundial.

El despegue de la región obedece principalmente a la presencia de miles de jornaleras y jornaleros agrícolas, migrantes indígenas que desde hace más de cuatro décadas provienen del sur y sureste del país, siendo Oaxaca, Guerrero, Hidalgo y Veracruz los estados con mayor oferta de mano de obra agrícola: mixtecos, zapotecos, triquis y nahuas son los grupos indígenas que en mayor proporción viajan a Baja California, dando trabajo, riqueza y desarrollo a la región.

Las comunidades de origen de las y los jornaleros agrícolas se caracterizan por ser de alta y muy alta marginación debido a la escasez de fuentes de trabajo, por lo que la migración hacia las zonas agrícolas del noroeste resulta una atractiva estrategia de sobrevivencia.

Durante la temporada alta de las cosechas se llega a contar con la presencia de hasta 40 mil trabajadores y trabajadoras jornaleros migrantes. En un principio la migración era mayoritariamente de hombres solos, quienes por tradición proveían el sustento familiar, pero por necesidades económicas se convirtió en nuclear, por lo que actualmente familias enteras emigran a la zona.

En el año 2011, existían 14 empresas agrícolas en la región con alrededor de 20 campamentos que albergaban a las familias de los jornaleros por temporada. Asimismo, existían 43 asentamientos en colonias, de familias de jornaleros con una población de más de 30 mil pobladores, que representaban la mano de obra cautiva.

Del total, 45 por ciento eran mujeres, un 10 por ciento correspondía a mano de obra infantil, y, más de 65 por ciento hablaba una lengua indígena.

Cerca del 45 por ciento de la mano de obra jornalera percibe un ingreso de menos de dos salarios mínimos. Con motivo de las crisis recesivas, el mercado de hortalizas se contrajo, por lo que en diversas épocas de temporada sólo se labora un promedio de cuatro días, afectando seriamente el ingreso familiar, lo que incrementa la necesidad de que más miembros de la familia se incorporen al trabajo agrícola.

La situación de la mujer jornalera y el de la mujer miembro del hogar refleja altos niveles de exclusión y discriminación, se acentúan el nivel de analfabetismo y los niveles de violencia familiar sicológica, física, económica y comunitaria.

A escala regional el avance en infraestructura social sigue siendo insuficiente en los servicios educativos y de salud.

No hay justificación alguna para postergar la atención que los jornaleros de San Quintín y sus familias demandan.

El Congreso de la Unión y los tres órdenes de gobierno están emplazados a brindar una atención integral a esta problemática, antes de que se presente una situación de mayor explosividad social.

3. El calvario de las mujeres indígenas en San

Quintín

Baja California ha sufrido un retroceso en el campo de los derechos de las mujeres.

La reciente modificación al contexto legislativo que establece que el embrión es una persona y que será penalizado el uso de algún método que provoque su expulsión, incluso en casos de violación, riesgo de muerte materna o deformación, ha puesto a la mujer indígena migrante en una situación de altísima vulnerabilidad en cuanto a sus derechos sexuales y reproductivos. La sistemática violación a los derechos colectivos de los pueblos indígenas es el factor principal de la violencia de género.

Por otra parte el consumo de sus alimentos tiene que salir de su ingreso a diferencia de su lugar de origen donde siembran y cosechan, lo que provoca que para completar el gasto se sumen al trabajo los hijos e hijas.

De acuerdo a la ONU, asegurar los derechos humanos de las mujeres indígenas, en especial el de una vida libre de violencia, es fundamental para garantizar los derechos indígenas como grupo.

El trabajo infantil es una costumbre, una manera en la que los y las hijas de los jornaleros agrícolas se enseñan a trabajar, a valorar su vida, siendo el mayor temor que puedan caer en las garras de las adicciones.

Las mujeres indígenas, además, se ven enfrentadas entre dos realidades: por una parte se les menciona que en Baja California las mujeres tienen más derechos, como el trabajar y que se les pague a ellas, el derecho a la salud, etcétera; sin embargo a la hora de ejercerlos, en su comunidad, en su familia, entre las autoridades, les ratifican que deben obedecer al esposo y si éste sabe de los derechos las amenaza para no ejercerlos.

Algunas mujeres mencionan que se sienten deprimidas, sin esperanza, y cuando están embarazadas viven con el miedo de tener una niña.

En el caso de las mujeres indígenas el derecho a decidir sobre su cuerpo se ve limitado por el escaso acceso a la información y la insuficiencia de promotoras indígenas en salud.

Las mujeres plantean dos conflictos con los sistemas de salud en la región: los médicos no aceptan que ellas prefieran hacer un trabajo de parto en cuclillas, así como que durante el periodo de gestación consulten a la partera y se soben.

Cuando algunas mujeres indígenas manifiestan que acostadas les duele demasiado el trabajo de parto, los doctores se molestan exigiendo que se acuesten y que no sean escandalosas, lo cual es violencia discriminatoria e institucional del sistema, que carece de interculturalidad y sensibilidad de género para relacionarse con la mujer indígena.

La fuerza laboral jornalera es relativamente joven: el promedio de edad fluctúa entre 19 y 50 años, por lo que los empresarios contratan a las y los jornaleros en su etapa de vida más productiva (Moret y Cossío, 2004).

A partir de los años 80 las mujeres se incorporaron de forma directa al mercado laboral y con ello se inicia el proceso de la feminización de la fuerza laboral agrícola y se considera que su aportación en mano de obra es importante: entre 25 y 30 por ciento de la actividad agrícola corresponde a las mujeres (Sánchez-Moreno, 1998).

En lo que se refiere a trabajos pesados durante gestación, parto y posparto, los derechos de las madres trabajadoras no se respetan: menos de uno por ciento de las mujeres ha recibido permiso en tiempo para amamantar a su bebe, y menos de 9 por ciento ha recibido algunas semanas de pre y posparto que establece la ley.

Durante 2007, bajo el reglamento a la ley de los trabajadores eventuales del campo del IMSS, los patrones negaron la afiliación a cientos de jornaleros.

La mayoría de las mujeres trabajadoras han expresado que al asistir a solicitar su afiliación al IMSS el patrón inmediatamente las amenaza con el despido. A escala estatal, la población femenina de Ensenada es la que posee el menor índice de jubilación.

En el Valle de San Quintín debe terminar el múltiple proceso de discriminación que sufre la mujer en sus derechos, por el hecho de ser mujer, indígena, jornalera, migrante y pobre.

Las premisas de una relación social intercultural adecuada deberán basarse en la interacción con igualdad de condiciones entre grupos humanos con culturas diferentes, así como en la eliminación de asimetrías y de la imposición de una cultura dominante.

La diversidad no se elimina, se asume. La diversidad representa una riqueza.

4. Baja California es un estado multicultural y

pluriétnico

Uno de sus desafíos es lograr una sociedad plural y justa, en la cual los diversos pueblos y culturas convivan armoniosamente, y los conflictos puedan resolverse por vías no violentas y con respeto a los derechos individuales, colectivos y de grupo.

La población indígena, especialmente las mujeres, jovencitas y niñas, requiere atención específica para erradicar la inequidad de género, que se traduce en mayor vulnerabilidad respecto de la salud sexual y reproductiva, así como la violencia familiar y de género.

Un estudio reciente de El Colegio de la Frontera Norte presenta casos en los que el detonante de la violencia física hacia la mujer indígena embarazada que habita en el Valle de San Quintín, fue la disputa por la comida.

Otros casos muestran que los abusos en edad temprana fueron perpetrados por un familiar cercano, desarrollando en la agredida sentimientos de indefensión, desesperación, depresión, desórdenes alimentarios, aislamiento, inseguridad, miedo a tomar decisiones y culpabilidad.

Para que las indígenas puedan acceder a una vida libre de violencia es necesario romper los esquemas ancestrales que les impiden el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.

Las consecuencias derivadas de la falta de respeto a estos derechos fundamentales, las afectan en todos los ámbitos y tienen consecuencias que ejemplifican dos testimonios.

“Llegué y le dije que me hiciera Papanicolau y me dijo que cobraba 50 pesos y le pregunté:

¿Por qué vas a cobrar, si mi marido trabaja en el campo agrícola?,

y me dijo que así cobraba a las que atendía, que a él no lo mandaba el centro de salud; y tuve que pagar.

“Siempre me engañan porque yo no sé.”

“Me hizo el Papanicolau y tardó seis meses para entregarme el resultado y la enfermera salió a la puerta y me lo entregó, y había mucha gente y me dijo que salí con infección, y me lo dijo delante de la gente”.

Una de las consecuencias más graves de la lejanía de los servicios de salud es el riesgo en que se colocan las mujeres ante una posible enfermedad, aun cuando está demostrado que detectado a tiempo el cáncer es curable.

La falta de personal de salud especializado en la revisión de laminillas es una constante en esta zona.

Es común que la migrante jornalera padezca enfermedades gastrointestinales, desnutrición e intoxicaciones causadas por los agroquímicos empleados en el campo de cultivo, lo que aunado al desgaste por exceso de trabajo, en ocasiones ha producido abortos.

Respecto de la planificación familiar la gravedad de los casos documentados por estas mujeres amerita un análisis institucional sobre las razones por las cuales se hace caso omiso al consentimiento informado, uno de los avances que la sociedad civil organizada ha demandado desde los años 70.

Lamentablemente, el acceso a la seguridad social es uno de los derechos más restringidos.

A finales de 2006, un estudio del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación señaló que a pesar de las reformas realizadas al reglamento del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mediante las cuales se obliga a atender a las trabajadoras del campo y otorgarles el derecho a la atención médica, hospitalización y guarderías, en el Valle de San Quintín sólo la mitad de ellas estaban registradas como derechohabientes; únicamente existían 10 guarderías para el cuidado de hijos menores de cinco años.

Que no se aplique el citado reglamento obedece, en gran parte, a la resistencia de los empresarios agrícolas, quienes han promovido amparos para protegerse del incumplimiento de este derecho. Además, funciona bien la amenaza de despido para quienes insistan en ser afiliados al IMSS.

No obstante, las indígenas del Valle de San Quintín han visto una luz de esperanza desde el momento en que han tomado conciencia de su situación y adaptado sus costumbres –que determinan el pudor y la vergüenza como propios de su cultura– para favorecer el cuidado de su salud.

Sin embargo, no han cambiado ni se han flexibilizado las prácticas médicas en la detección y atención del cáncer cérvico-uterino.

El Colectivo para la Promoción del Desarrollo Integral Jesús Rubiell, AC, (COPRODI) y Mujeres por un Nuevo Amanecer, reconocen que existen convenciones internacionales que nuestro país ha suscrito obligándose a respetar los derechos de las mujeres y eliminar la violencia basada en el género, y que también hay leyes nacionales y estatales, así como normas oficiales de salud.

Los grupos organizados de mujeres indígenas cada día toman conciencia de sus derechos y de que pueden ser las mejores aliadas en la implementación de programas –especialmente orientados a la mujer y vigilados socialmente por ellas– y políticas públicas con perspectiva de género e interculturalidad, para hacer real el derecho a una vida libre de todas las formas de discriminación, una vida con justicia y dignidad.

5. Los grandes rezagos sociales se acumulan en

las mujeres indígenas

El municipio de Ensenada, Baja California, ocupa el primer lugar en población indígena, al concentrar 39 por ciento de la población de ese sector del estado.

La población indígena en Ensenada posee los porcentajes más altos de analfabetismo (27.7%) del estado, a la vez que el promedio más bajo de escolaridad con 3.4 años. Los hogares indígenas presentan desventajas respecto a los no indígenas en el contexto estatal en derecho a servicios médicos.

Son las mujeres quienes acumulan los mayores rezagos sociales del país, discriminadas y afectadas por la pobreza y por referentes culturales que en ocasiones fomentan desigualdad, traduciéndose en menores oportunidades para acceder a mínimos de bienestar (PNDPI 2009-2010).

Lograr que las instituciones encargadas de la atención a la salud que tienen dentro de su mandato la responsabilidad de trabajar para las comunidades indígenas, incorporen el enfoque intercultural como una estrategia válida operativa, permitiría disminuir los índices de mortalidad materna e infantil, la adopción de prácticas de detección oportuna del cáncer cérvico uterino y el acceso a métodos anticonceptivos bajo el principio del consentimiento informado.

El Artículo 8 de la Convención de Belem do Pará, igualmente, establece deberes del Estado mexicano y por tanto, del estado de Baja California como: “Obligación de adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para: fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos…”

Un diagnóstico reciente en el tema de salud realizado por el COPRODI señala que los casos de violaciones de derechos humanos en materia de salud se presentan en primer lugar en el Valle de San Quintín en el

rango de edad de 16 a 20 años, al que si se suma el siguiente rango hasta 25 años, juntos concentran un 39%.

La edad reproductiva es considerada por la OMS a partir de los 12 y hasta los 49 años, aunque también se presentaron casos de inicio de la vida sexual a partir de los 11 y 12 años, casos asociados a una práctica cultural de usos y costumbres de inicio de la maternidad a edad temprana, así como el casamiento o la unión forzada, o los embarazos producto de la violación; sin embargo en el marco del acceso a la justicia y a una vida libre de violencia, se requiere de un análisis más minucioso para identificar las razones por las cuales se detectaron casos de jóvenes de 16 y 17 años que han vivido violaciones a sus derechos sexuales y reproductivos.

Acudir a atenderse el parto con una partera es una de las alternativas accesibles para las mujeres indígenas, pero esto es penalizado en el ámbito de salud; sin embargo, ante condiciones institucionales que no valoran la vida y la salud de las mujeres, cabe preguntar:

6. ¿Se respeta el derecho de acceso a los

servicios de salud?

Algunas mujeres mencionan la manera en la que ya es costumbre ser atendidas: “La doctora me regañaba: que si no tenía experiencia, que si no miraba televisión, que estaba muy grande para tener hijos, y tenía miedo y vergüenza de ir a revisarme el embarazo”.

“Duré cuatro días con dolor y el día 13 de septiembre ya tenía mucho, no aguantaba ni caminar y entré a urgencias, me revisó el doctor y dijo que me faltaba 6 de dilatación, que me fuera a caminar o a comer, que todavía me faltaba mucho, salí de urgencias y entré al baño y se me fue la respiración, no hallaba dónde detenerme, y me senté en la taza y entró una señora y me dijo que me metiera a urgencias porque ya me iba a aliviar y entré y el doctor me dijo, otra vez, no le dije que le faltaba mucho, y me revisó y dijo ‘que raro si ya estás pariendo’.

“Yo iba a que me revisaran al bebé porque no se me movía y la enfermera me dijo que estaba tranquilo (el bebé ya estaba muerto)”.

La diversidad cultural en nuestro país ha sido reconocida en el plano formal a partir de 1992, año en que se incluyó en la Constitución Mexicana la composición pluricultural de la nación.

Este hecho es el resultado de los movimientos políticos y sociales que los pueblos indígenas han impulsado desde hace décadas, reclamando reconocimiento, respeto y equidad con miras a construir un estado-nación multiétnico, pluricultural, multilingüe y democrático; sin embargo, es la discriminación, por razón de lengua, edad, estado civil, condición indígena, otra de las barreras de acceso a los servicios de salud, barreras invisibles pero presentes de acuerdo con los testimonios de mujeres que acuden en búsqueda de atención.

En Baja California, como en otros estados del país, las campañas de detección oportuna de cáncer cérvico uterino son prioritarias; sin embargo, cuando se presentan situaciones como las que expresan las mujeres de la delegación de San Quintín, se puede entender que una de las consecuencias primeras es el alejamiento de éstas de los sistemas de salud.

La falta de personal especializado en la toma de la prueba, el que ésta se realice sin la privacidad que corresponde y que los resultados no sean entregados en los tiempos que marca la norma oficial mexicana, van tejiendo condiciones que vulneran la salud de las mujeres.

7. La salud en San Quintín: un derecho en el

olvido

La región de San Quintín se localiza a 300 kilómetros de la frontera con el estado de California, EUA, lo que representa ventajas a las más de 14 empresas agroexportadoras en la competencia con otros productores no sólo nacionales sino estadunidenses, lo que se traduce en la reducción de costos en el proceso de comercialización.

No sólo estamos hablando del insumo del transporte, sino también del costo del agua y, por supuesto, del pago de salarios y prestaciones de los miles de hombres y mujeres que contratan las empresas, desde la siembra, limpieza, fertilización y cosecha.

La preocupación de garantizar la mano de obra en Baja California y tener mayor control en la regulación del mercado de trabajo llevó a propiciar asentamientos de las familias jornaleras, que al paso de más de 20 años llevan al Valle de San Quintín a contar con más de 45 asentamientos con cerca de 20 mil jornaleros como reserva de mano de obra entre hombres, mujeres, niños y niñas.

De ahí que si bien es cierto la población asentada no es suficiente y se requieren flujos de mano de obra, éstos cada vez resultan menores: de las 35 a 40 mil personas que se requerían hace 30 años, su número se ha reducido a cerca de la mitad, de ahí que de los 40 albergues o campamentos que existían ahora son menos de 15.

Para esta fuerza de trabajo, la salud se enmarca en el ámbito de la seguridad social. La Constitución, la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social la enuncian como un derecho irrenunciable de los trabajadores que garantiza la prevención y atención en los riesgos y accidentes de trabajo, de enfermedades, la gratuidad en el costo de medicamentos, la atención especializada de segundo y tercer nivel y prestaciones sociales como la atención de las mujeres trabajadoras antes, durante y después del embarazo, el derecho a todos estos servicios por la familia, esposa e hijos, y aquellos dependientes económicos como pueden ser los padres y personas con discapacidad.

La demanda por parte de los trabajadores ha sido, sigue y será el de ser afiliados al régimen permanente del Seguro Social. Institucionalmente la responsabilidad recae en el gobierno federal, y es ahí donde el Poder Legislativo debe actuar.

La infraestructura de salud está rebasada por el alto crecimiento demográfico que tiene la región, la tasa es arriba de 5.6 por ciento.

¿Con qué se cuenta?

Existen dos servicios de atención médica en el Valle de San Quintín, que brindan atención abierta de primer y segundo nivel; uno por parte de Isesalud, del gobierno del estado y otro por parte del IMSS, los cuales se ubican en la Delegación municipal de la Colonia Vicente Guerrero, en donde sólo se trabaja de lunes a viernes, y las guardias que se establecen, poco o nada resuelven la demanda.

No existe en la región un hospital con especialidades que responda a las necesidades de la población, y esto es más preocupante, si consideramos que no existe infraestructura médica en la región, menos aun en la región Sur-Sur del municipio de Ensenada.

Es decir, más de 170 mil ciudadanos no obtienen servicios de tercer nivel, por lo que los traslados de pacientes y familiares se tiene que dar, si es del Valle de San Quintín, a más de 200 kilómetros, y si es de las delegaciones de la Sur-Sur, les resulta más económico viajar por avión al estado de Sonora.

Las alternativas a esta situación no pueden encuadrarse solamente en el ámbito de la infraestructura; aunque es de alta prioridad, la salud debe concebirse tomando en cuenta las características de la población.

Debe observarse que en los programas de prevención y atención no existe un enfoque de interculturalidad, en donde las acciones de fomento tomen en cuenta los valores, usos y costumbres de la diversidad indígena que existe en la región.

La tarea recae en todos los niveles de gobierno, pero quien es el responsable directo es el Ejecutivo estatal, quien debe convocar a todos los actores involucrados en la revisión de las políticas públicas que se ejecutan, sin seguir postergando la demanda de los pueblos indígenas en materia de justicia y seguridad social.

8. Los niños jornaleros de San Quintín

El gobierno del estado nos dice que para 1998 el ingreso per cápita anual fue de alrededor de cinco mil dólares, lo cual es alto comparado

con los estándares nacionales. Para el Gobierno de Baja California es el paraíso del empleo. Sin embargo, hay otras cifras siniestras que se ocultan debajo de la alfombra, pero sobre todo aquellas relacionadas con las condiciones del Valle de San Quintín.

Los trabajadores migratorios permanecen periodos fluctuantes en la zona. Se asientan en campamentos adjuntos a los campos de trabajo, pero en condiciones sumamente deplorables.

Esta población flotante concentra un caudal significativo de niños jornaleros, auténtica carne de yugo en la entidad del paraíso del pleno empleo y la inversión. Los infantes, virtualmente arrancados de un entorno natural sano, necesario para su desarrollo como seres humanos, deben contribuir desde pequeños a la subsistencia familiar.

En 1996 se estimó que uno de cada cinco trabajadores estacionales en el Valle de San Quintín era un niño de entre 8 y 14 años. Algunos de ellos ya son auténticos veteranos de las faenas agrícolas. Como diría el poeta Miguel Hernández, el niño jornalero no sabe contar sus años y ya sabe que el sudor es una corona grave de sal.

Las virtudes del libre mercado saltan a la vista en la oferta y demanda laboral en el Valle de San Quintín.

Para los apologistas de la economía de mercado, gran becerro de oro de la actualidad, todo es posible y todo está permitido. Hay ajustes naturales y el mercado se encarga de corregir cualquier exceso.

Debemos reconocer que a Baja California fluye la inversión, atraída por los bajos salarios y por la oferta ilimitada de mano de obra. Sin embargo, las condiciones sociales en San Quintín dejan de cubrir todos los supuestos sobre los que se construye la justificación económica del libre mercado, a pesar de la pretendida “libertad” de que gozan los jornaleros para elegir si trabajan o no.

La enumeración de estos hechos de violencia refleja la dificultad de las instituciones para garantizar la tranquilidad social en Baja California. El trato hacia los jornaleros es despótico.

En medio de la crísis se oculta un componente altamente racista, alimentado por la ignorancia y el prejuicio.

La situación actual en San Quintín es más vergonzosa que la de hace un siglo en el Valle Nacional.

En aquel entonces se vivía una dictadura, cobijada en un pacto social altamente clasista.

Ahora vivimos en un Estado de derecho, que en la realidad sólo parece ser de palabra.

En nuestro Valle, en la Baja California del tercer milenio, la inconstitucionalidad se palpa a flor de tierra. La tierra que labran los niños jornaleros.

9. La injusta distribución del agua en San Quintín

Mientras en la ciudad de México el gasto diario de agua por persona es un promedio de 300 litros diarios y 10 mil 500 litros serían consumidos por una familia de cinco miembros en una semana, en el Valle de San Quintín una familia de jornaleros consume a la semana apenas un tambo de 200 litros, a un costo de 15 pesos.

Esta injusta situación motivó que representantes de colonias en donde se asientan miles de familias indígenas jornaleras del Valle de San Quintín se plantaran en la oficinas del gobierno del estado solicitando la destitución del representante en aquella región de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y del representante de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE).

El reclamo de los habitantes de San Quintín se produce ante una situación en donde los empresarios agrícolas sin límite alguno extraen millones de litros de agua para sus cultivos de exportación y cuyo abasto proviene de la Cuenca de San Simón.

La problemática que reviste el agua en la región para el abasto de las familias y el uso agrícola se ha agudizado al paso del tiempo; los mantos acuíferos de tipo superficial se han venido salitrando ante la sobreexplotación que se hace de los más de 700 pozos

concesionados a ejidos, particulares y empresas agrícolas, en donde más del 85 por ciento se utiliza en los diferentes cultivos de exportación, cuya propiedad pertenece a una nueva generación de empresarios asociados al capital trasnacional.

Según datos oficiales, la región presenta una extracción de 47 millones de metros cúbicos y 35 millones de metros cúbicos de recarga, por lo que existen de 10 a 12 millones de metros cúbicos de sobrexplotación anual de los mantos acuíferos.

Las concesiones otorgadas por la Comisión Nacional del Agua (CNA) a estas empresas con volúmenes de agua asignados, mas no respetados por éstas, han sido la prioridad en la región, dejando de lado a miles de familias jornaleras que no cuentan con este recurso que les permita garantizar condiciones mínimas de higiene y salud.

Por ello en los hogares de los jornaleros, las enfermedades más frecuentes son las gastrointestinales y de la piel, ocasionadas principalmente por falta de agua.

Existen colonias con redes de agua potable hoy inservibles que por cuestiones de desabasto dejaron de operar, donde han surgido otros ganadores; los ejidatarios y ex ejidatarios que siguen contando en calidad de patrimonio propio, pozos que venden y abastecen de agua cobrando a 15 pesos el tambo de agua potable.

En temporadas de calor la autoridad especula con el precio sin control alguno, socavando el ingreso familiar.

El movimiento de las familias indígenas afectadas por el desabasto de agua y la duda generada sobre la palabra empeñada por los funcionarios de estas instituciones no responde sólo al retraso de la ejecución de las obras, sino al desvío de los beneficios.

Por ejemplo, la CDI y el gobierno del estado construyeron un camino de acceso con cemento hidráulico al campamento de El Vergel, propiedad de la empresa Rancho Los Pinos, con un presupuesto de más de 4 millones de pesos; la gestión la realizó directamente la empresa, con el acompañamiento del ingeniero Antonio Rodríguez, Secretario de Fomento Agropecuario y copropietario de esta compañía, que ha crecido exponencialmente en la última década.

Después de 10 años de reclamos en esta materia, con recursos de la CDI y del gobierno del estado se están perforando tres pozos para abastecer a más 30 colonias, cuya población es mayor de 30 mil personas, principalmente indígenas, que viven en pobreza extrema.

Las obras, para abastecer de Agua a la población de San Quintín, son la respuesta que las autoridades de gobierno dieron después de una lucha de más de 10 años ante el problema del desabasto de agua potable que existe en la región, principalmente en los hogares indígenas.

En aquel tiempo de protestas por falta de agua para la población, las autoridades se comprometieron a reunirse de nuevo por segunda ocasión para establecer entre las instancias de gobierno y los representantes de las colonias un plan de seguimiento a las diferentes demandas planteadas, que no sólo es garantizar la fuente de agua, sino su conducción hasta los hogares de los jornaleros.

Sin embargo el problema no se resuelve del todo; existen más de 80 colonias entre las delegaciones municipales de San Quintín, Colonia Vicente Guerrero y Camalú que sufren desabasto permanente del recurso y cuyos integrantes laboran como mano de obra asalariada de las empresas que existen en la región.

Seguramente ante el crecimiento anual de población, que rebasa 11 por ciento, se tendrá que buscar una solución en donde el estado tendrá que asumir que la prioridad es la población y en segundo los desarrolladores agrícolas; de lo contrario, San Quintín se volverá un polvorín ante tanta injusticia social.

10. San Quintín ¿dónde está el Estado de

Derecho?

La justa preocupación que se ha manifestado en la sociedad y en el gobierno ante las violaciones a los derechos humanos y laborales que se cometen en contra de nuestros connacionales allende nuestras

fronteras, debe traducirse en la misma preocupación por las que se cometen en nuestra propia casa.

En el Valle de San Quintín, en Baja California, se violan cotidianamente los derechos fundamentales de miles de mexicanos.

Documentos proporcionados por diversas organizaciones de jornaleros agrícolas, muestran que muchos mexicanos viven en condiciones infrahumanas.

Algunos patrones se comportan como hacendados de principios de siglo.

También hay empresarios con sus trabajadores, que acompasan productividad con buen trato para el personal, pero han sido arrastrados por quienes prefieren burlar las normas jurídicas.

El problema no es nuevo, tiene décadas de ser una herida abierta que se ha pretendido soslayar.

Las denuncias son muy concretas.

Los jornaleros trabajan en condiciones irregulares, muchas veces sin contrato y en condiciones claramente violatorias a lo que la Ley establece para los trabajadores rurales.

Las condiciones de hacinamiento e insalubridad, los bajos salarios y la falta de una cobertura suficiente de los servicios de salud, aunado al uso de pesticidas y plaguicidas sin el cuidado debido, condenan a la muerte temprana y a la enfermedad a un elevado número de mujeres, hombres y niños.

Enfermedades y muertes que son evitables.

Igualmente, se señala el empleo de menores de edad en jornadas de trabajo que exceden con mucho los límites establecidos por la Ley, que establece limitaciones concretas al trabajo infantil y reglamenta con precisión el trabajo de los menores, limitando la jornada laboral para evitar un deterioro físico y mental que dañe su desarrollo posterior.

Esta misma situación obliga a los jornaleros a trabajar en condiciones de inseguridad para ellos y sus familias.

Los casos de violencia y de violación a su integridad física y moral no son pocos. La perspectiva de los ancianos jornaleros es la de ser desechados después de haber dejado la vida en un trabajo que no les garantiza ninguna seguridad.

La suma de problemas y la búsqueda de su solución abarcan no sólo la esfera de la responsabilidad del gobierno de Baja California, sino también requiere de la concurrencia del gobierno federal y del esfuerzo de otros gobiernos estatales.

Con respeto a la soberanía del Estado, pero sin eximirlo de la responsabilidad que tiene, se deben buscar las soluciones que, conforme a la Ley, procedan.

Este asunto no se refiere sólo a una desavenencia salarial o laboral entre partes, estamos hablando de la violación sistemática a la Constitución General de la República y las leyes fundamentales.

¿Dónde están ahora los constitucionalistas que se indignan ante una iniciativa de Reforma Indígena, que pretende mejorar las condiciones de vida de los indígenas, pero callan ante el hecho concreto de la violación cotidiana de sus derechos más elementales?

La intervención decidida de las instituciones republicanas es imprescindible para evitar que el ahondamiento de la situación actual derive en una agudización de las contradicciones presentes en San Quintín, que signifiquen una mayor violencia y polarización que a nadie beneficiaría.

La Ley no debe ser letra muerta en ninguna porción de la Patria.