SAN QUINTIN:

EL VALLE DEL OLVIDO

Por Jaime Martnez Veloz

(Algunos apuntes sobre la problemtica de San Quintn, del Municipio de Ensenada, de Baja California, que realice hace algunos aos y que creo pueden

brindar algunos elementos para entender el grado de inconformidad que existe en la regin)

(Paralelo a este documento existen dos anexos que contienen, una propuesta

para elaborar un Programa de Desarrollo Regional y una propuesta de Reglamento para crear una verdadera y representativa organizacin comunitaria, que permita brindar cauces a algunos de los elementos que han generado tensin

social en la regin)

1. Peor que en los Tiempos de Don Porfirio

2. Alta Produccin Agrcola con escasos derechos laborales

3. El calvario de las mujeres indgenas en San Quintn

4. Baja California : Un Estado Multicultural y Plurietnico

5. Los grandes rezagos sociales se acumulan en las mujeres indgenas

6. Se respeta el derecho de acceso a los Servicios de Salud?

7. La Salud en San Quintn un derecho en el olvido

8. Los Nios Jornaleros de San Quintn

9. 9La injusta distribucin del Agua en San Quintn

10. San Quintn Dnde est el Estado de Derecho?

1.- Peor que en Porfirismo.

Los esclavos del Valle Nacional de la Oaxaca porfiriana de hace un siglo tendran poco que envidiarle a sus paisanos jornaleros en el San Quintn de la Baja California del nuevo milenio. En el trasfondo histrico hay semejanzas en ambos casos. Entre los desterrados al sur del Mxico brbaro de Porfirio Daz haba yaquis indmitos que fueron a pagar su rebelin en el infierno de las haciendas henequeneras de Yucatn, sitio menos terrible que las haciendas oaxaqueas. Entre los actuales compaeros sureos en Baja California, hay mixtecos, zapotecos, Mixes, Nahuatl y triquis, damnificados econmicos perennes de la modernidad nacional que parece benefici a muchos en el pas, menos a ellos. San Quintn constituye un claro ejemplo en Baja California de lo que ocasionan el crecimiento y el desarrollo desiguales en una regin con ventajas geogrficas. El nombre de este valle lo asociamos con el proceso sociolgico de la migracin jornalera en el pas. Una caracterstica peculiar de este fenmeno laboral es la ubicacin de enclaves culturales en regiones muy distantes al sitio de origen de quienes migran. Este enclave particular favorece, a su vez, enclaves agros exportadores de la economa nacional. Baja California puede vanagloriarse de vivir algunos resultados de la bonanza manifestada en la evolucin de lagunas variables macroeconmicas las cuales ya parece estamos habituados a escuchar.

En los aos 2009 y 2010 varios hechos que provienentes del valle de San Quintn sacudieron nuestras conciencias. Por un lado, a inicios de ao el accidente de un autobs en la carretera de La Rumorosa con destino a Villa de Jurez, Sinaloa, donde fallecieron 16 personas entre

nios, nias, mujeres y hombres, y con igual nmero de heridos, todos jornaleros agrcolas y en su mayora indgenas. La desesperacin de miles de familias indgenas jornaleras al verse sin alimentos e ingresos debido a los desastres ocasionados por las tormentas que azotaron los principales poblados de la regin de San Quintn, y en el 2011, de nueva cuenta otro accidente de carretera a la altura de Punta Colonet, de un camin que transportaba jornaleros que laboran en la Empresa Agrcola Vicente Camalu, propiedad de la familia Garca, y que provoc la muerte de una persona y 10 lesionados de gravedad.

Es imperdonable que despus de lo ocurrido en el accidente de La Rumorosa y de escuchar declaraciones de parte de los funcionarios federales, estatales y municipales de hacer una revisin profunda del marco jurdico del transporte, de la seguridad social, del respeto a los derechos laborales, nos enteremos de que poco o nada se ha hecho para prevenir y para solventar las consecuencias de este tipo de accidentes.

Este ltimo percance implica que la Empresa Agrcola Vicente Camalu contrata el servicio de transporte de un autobs cuyos documentos no tienen nada que ver con la transportacin de trabajadores, que para cubrir las apariencias el camin se pint del mismo color que una lnea de transporte autorizada, que de nueva cuenta, la situacin de los heridos en trminos de su atencin vuelve a indicarnos las maniobras patronales para no afiliar a sus trabajadores al rgimen ordinario del Seguro Social y que los recursos en derecho a favor del trabajador difcilmente son reclamados, por ignorancia de los mismos trabajadores, y que el sindicato con el cual est firmado el convenio laboral su papel nominalmente es de extorsin para ambas partes, a unos les impone el contrato con la ddiva de proteger a la empresa y de tener todo en calma, y a los otros simplemente la posibilidad de trabajar para mantener a sus familias sin el recurso de exigir ningn derecho.

Ellos cruzan no una sino varias fronteras para llegar a su destino. Tambin son vctimas de sujetos sin escrpulos y la intrincada red de corrupcin que existe en el pas.

Ellos no son chinos y por eso no los regresan en avin a sus lugares de origen. No hay organismos internacionales preocupados por su situacin. A los organismos nacionales que luchan por sus derechos no se les escucha. A ellos, menos an. Pareciera que hay una conspiracin entre algunos medios, autoridades y partidos para hacer un silencio ah donde debera haber un foco rojo encendido. Ellos son principalmente mixtecos, zapotecos, triquis y purpechas, vienen de Oaxaca, Guerrero y Michoacn. Traen con ellos sus costumbres y un pedazo de esperanza. Muchas veces tambin traen a sus familias. Ellos son los indocumentados mexicanos en Mxico. Pero sus condiciones de vida y de trabajo son tan o ms difciles que la de aquellos compatriotas que cruzan la frontera. Son los indocumentados que no gozan de la proteccin de las leyes ni de las autoridades federales y estatales, a pesar de ser mexicanos. Ellos solamente saltan a la primera plana de los diarios cuando ocurren accidentes como el de hace unos das, en el que varias personas perdieron la vida. Mientras, ellos son los invisibles de la poltica. Ellos son los jornaleros agrcolas de los valles ms productivos y ricos del Estado. Vienen a cosechar productos que son reconocidos por su calidad en el mercado nacional y norteamericano; sin embargo, ellos, lo que producen esa riqueza, no son reconocidos. Los jornaleros se encuentran en una permanente desproteccin jurdica-laboral, para ellos no existe seguridad en el empleo. Se contratan por da o por temporada, encontrndose siempre expuesto al trabajo eventual y al desempleo; su permanencia en el

trabajo depende del tipo de cultivo, de las fluctuaciones del mercado de trabajo, as como de la modalidad que asume el salario, que puede ser por destajo o por tarea

2. La alta Produccin Agrcola en el Valle de San Quintn

Este valle, del municipio de Ensenada, Baja California, se ubica a 200 kilmetros al sur de la cabecera municipal.

La regin destaca por estar entre los primeros lugares a escala nacional en produccin de hortalizas para exportacin.

Cuenta con ms de 20 mil hectreas de riego, con tecnologa de punta, que le permiten aprovechar al mximo el recurso del agua; cuenta adems con la modernizacin de sus procesos productivos, semillas mejoradas, fertirrigacin, invernaderos computarizados y empacadoras que garantizan calidad y presentacin de los productos.

Los niveles de productividad impactan en altos rendimientos que lo llevan a competir en el mercado mundial de las hortalizas en cultivos como tomate, pepino, calabaza, coliflor, brcoli, y en los ltimos aos, la produccin de fresa.

Su cercana con la frontera de Estados Unidos y los costos de mano de obra son dos condiciones que hacen que las empresas agroexportadoras de San Quintn sean altamente competitivas en el mercado mundial.

El despegue de la regin obedece principalmente a la presencia de miles de jornaleras y jornaleros agrcolas migrantes indgenas, quienes provienen desde hace ms de cuatro dcadas del sur y sureste del pas, siendo Oaxaca, Guerrero, Hidalgo y Veracruz los estados con mayor oferta de mano de obra agrcola: mixtecos, zapotecos, triquis y nahuas son los grupos indgenas que en mayor proporcin viajan a Baja California, dando trabajo, riqueza y desarrollo a la regin.

Las comunidades de origen de las y los jornaleros agrcolas se caracterizan por ser de alta y muy alta marginacin debido a la escasez de fuentes de trabajo, por lo que la migracin hacia las zonas agrcolas del noroeste resulta una atractiva estrategia de sobrevivencia.

Durante la temporada alta de las cosechas se llega a contar con la presencia de hasta 40 mil trabajadores y trabajadoras jornaleros migrantes.

La migracin en un principio era mayoritariamente de hombres solos, quienes eran los que por tradicin provean el sustento familiar, pero por necesidades econmicas se convirti en nuclear, por lo que actualmente familias enteras emigran.

En el ao 2011, existan 14 empresas agrcolas en la regin con alrededor de 20 campamentos en donde se albergan las familias de los jornaleros por temporada. Asimismo, existen 43 asentamientos en colonias de familias de jornaleros con una poblacin de ms de 30 mil pobladores, que representan la mano de obra cautiva.

Del total, 45 por ciento eran mujeres y con 10 por ciento de mano de obra infantil, en donde ms de 65 por ciento habla una lengua indgena.

Cerca de 45 por ciento de la mano de obra jornalera percibe un ingreso de menos de dos salarios mnimos. Con motivo de la crisis recesiva, el mercado de hortalizas se contrajo, por lo que en diversas pocas de temporada slo estn laborando un promedio de cuatro das, afectando seriamente el ingreso familiar, por lo que se incrementa la necesidad de que ms miembros de la familia se incorporen al trabajo agrcola.

La situacin de la mujer jornalera y el de la mujer miembro del hogar refleja altos niveles de exclusin y discriminacin, se acenta el nivel de analfabetismo y los niveles de violencia familiar tanto sicolgica como fsica, econmica y comunitaria.

A escala regional el avance en infraestructura social sigue siendo insuficiente en los servicios educativos y de salud.

No hay justificacin alguna para postergar la atencin que los jornaleros de San Quintn y sus familias demandan.

El Congreso de la Unin y los tres rdenes de gobierno estn emplazados a brindar una atencin integral a esta problemtica, antes de que se presente una situacin de mayor explosividad social.

3. El calvario de las mujeres indgenas en San Quintn Baja California ha sufrido un retroceso en el campo de los derechos de las mujeres. La reciente modificacin al contexto legislativo que establece que el embrin es una persona y que ser penalizado el uso de algn mtodo que provoque su expulsin, incluso en casos de violacin, riesgo de muerte materna o deformacin, ha puesto a la mujer indgena migrante en una situacin de altsima vulnerabilidad en cuanto a sus derechos sexuales y reproductivos. La sistemtica violacin a los derechos colectivos de los pueblos indgenas es el factor mayor de la violencia de gnero. Asegurar los derechos humanos de las mujeres indgenas, en especial el de una vida libre de violencia, es integral para garantizar los derechos indgenas como grupo (ONU).

La relacin de los pueblos indgenas migrantes con el Estado plantea un anlisis de reflexin sobre la concepcin de stos de territorio, derecho y cultura. La mujer indgena migrante, asentada o no en el valle de San Quintn, intenta cambiar sus costumbres a causa de la discriminacin que sufre.

Se enfrentan adems a que todos los productos implican un gasto, a diferencia de su pueblo de origen, donde se siembra y cosecha el alimento, adems la desilusin ante la expectativa de que en el norte se gana ms, que no siempre resulta cierta, por lo que los hijos e hijas se deben incorporar a la labor.

El trabajo infantil es una costumbre, una manera en la que los y las hijas se ensean a trabajar, a valorar su vida, y su mayor temor es que caigan en la garra de las adicciones.

Las mujeres indgenas, adems, se ven enfrentadas entre dos realidades: por una parte se les menciona que en Baja California las mujeres tienen ms derechos, como el trabajar y que se les pague a ellas, el derecho a la salud, etctera; sin embargo a la hora de ejercerlos, en su comunidad, en su familia, entre las autoridades, les

ratifican que debe obedecer al esposo y si l sabe de los derechos las amenaza.

Algunas mujeres mencionan que se sienten deprimidas, sin esperanza, y cuando estn embarazadas viven con el miedo de tener una nia.

El derecho a decidir sobre su cuerpo, en el caso de las mujeres indgenas se ve limitado por el escaso acceso a la insuficiencia de promotoras indgenas en salud. Las mujeres plantean dos conflictos con los sistemas de salud en la regin: las y los doctores no aceptan que ellas prefieran hacer un trabajo de parto en cuclillas, as como que durante el periodo de gestacin consulten a la partera y se soben.

Cuando algunas mujeres indgenas les explican a los doctores que les duele demasiado el trabajo de parto acostadas, ellos se molestan y reportan que se les dice que van muy sucias de los pies, que los traen con tierra, adems les dicen que no sean escandalosas, ya que con el esposo no lo fueron, lo cual es violencia discriminatoria e institucional del sistema que carece de interculturalidad y sensibilidad de gnero para relacionarse con la mujer indgena.

Otra situacin parecida se vive en relacin al temazcal, ya que en los hospitales de la regin les piden el bao al da siguiente despus del parto, lo cual genera conflicto que detona en una mala atencin y victimizacin de la mujer.

A 190 kilmetros de la ciudad de Ensenada, en la parte sur del estado de Baja California, se localiza la regin agrcola del valle de San Quintn.

Esta regin de produccin hortcola orientada principalmente hacia el comercio exterior se ha caracterizado por su alta tecnologa de punta y es representativa de la agricultura moderna en Mxico (Lya Nio, 2009), lo que ha implicado la polarizacin social entre los altos niveles de produccin y las condiciones de extrema pobreza y de empleo en que viven los trabajadores agrcolas.

La fuerza laboral jornalera es relativamente joven: el promedio de edad flucta entre 19 y 50 aos, por lo que los empresarios contratan

a las y los jornaleros en su etapa de vida ms productiva (Moret y Cosso, 2004).

A partir de los aos 80 las mujeres se incorporaron de forma directa al mercado laboral y con ello se inicia el proceso de la feminizacin de la fuerza laboral agrcola y se considera que su aportacin en mano de obra es importante: entre 25 y 30 por ciento de la actividad agrcola corresponde a las mujeres (Snchez-Moreno, 1998).

La situacin de las mujeres no es mejor que la de los dems trabajadores en la regin.

Los derechos de las madres trabajadoras no se respetan en lo que se refiere a trabajos pesados durante gestacin, parto y posparto: menos de uno por ciento de las mujeres ha recibido permiso en tiempo para amamantar a su bebe, y menos de 9 por ciento ha recibido algunas semanas de pre y posparto que establece la ley. Durante 2007, bajo el reglamento a la ley de los trabajadores eventuales del campo del IMSS, los patrones negaron la afiliacin a cientos de jornaleros.

Por medio de Coprodiac-CNDH se llevo a cabo una intervencin y se logr la afiliacin de los 120 trabajadores; sin embargo, poco a poco fueron despedidos. La mayora de las mujeres trabajadoras han expresado que al asistir a solicitar su afiliacin al IMSS el patrn inmediatamente las amenaza con el despido. A escala estatal, la poblacin femenina de Ensenada es la que posee el menor ndice de jubilacin.

En el Valle de San Quintn debe terminar el mltiple proceso de discriminacin que sufre la mujer en sus derechos, porque es mujer, indgena, jornalera, migrante y pobre.

Las premisas de una relacin social intercultural adecuada debern basarse en la interaccin con igualdad de condiciones entre grupos humanos con culturas diferentes, as como en la eliminacin de asimetras y de la imposicin de una cultura dominante. La diversidad no se elimina, se asume. La diversidad representa una riqueza.

4. Baja California es un estado multicultural y plurietnico

Uno de sus desafos es lograr una sociedad plural y justa, en la cual los diversos pueblos y culturas convivan armoniosamente, y los conflictos puedan resolverse por vas no violentas y con respeto a los derechos individuales, colectivos y de grupo.

La poblacin indgena, pero especialmente las mujeres, jovencitas y nias, requiere atencin especfica para erradicar la inequidad de gnero, que se traduce en mayor vulnerabilidad respecto de la salud sexual y reproductiva, as como la violencia familiar y de gnero.

Un estudio reciente de El Colegio de la Frontera Norte presenta casos en los que el detonante de la violencia fsica hacia la mujer indgena embarazada que habita en el Valle de San Quintn, municipio de Ensenada, Baja California, fue la disputa por la comida.

Otros casos muestran que los abusos en edad temprana fueron perpetrados por un familiar cercano, desarrollando en la agredida sentimientos de indefensin, desesperacin, depresin, desrdenes alimentarios, aislamiento, inseguridad, miedo a tomar decisiones y culpabilidad.

Para que las indgenas puedan acceder a una vida libre de violencia hay que romper los esquemas ancestrales que les impiden el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Las consecuencias derivadas de la falta de respeto a estos derechos fundamentales, las afectan en todos los mbitos y tienen consecuencias que ejemplifican dos testimonios.

Llegu y le dije que me hiciera Papanicolaou y me dijo que cobraba 50 pesos y le pregunt por qu vas a cobrar, si mi marido trabaja en el campo agrcola?, y me dijo que as cobraba a las que atenda, que a l no lo mandaba el centro de salud; pagu. Siempre me engaan porque yo no s.

Me hizo el Papanicolaou y tard seis meses para entregarme el resultado y la enfermera sali a la puerta y me lo entreg, y haba mucha gente y me dijo que sal con infeccin, y me lo dijo delante de la gente.

Una de las consecuencias ms graves de la lejana de los servicios de salud es el riesgo en que se colocan ante una posible enfermedad,

aun cuando est demostrado que detectado a tiempo el cncer es curable. La falta de personal de salud especializado en la revisin de laminillas es una constante en esta zona.

Es comn que la migrante jornalera padezca enfermedades gastrointestinales, desnutricin e intoxicaciones causadas por los agroqumicos empleados en el campo de cultivo, lo que, aunado al desgaste por exceso de trabajo, en ocasiones ha producido abortos.

Respecto de la planificacin familiar la gravedad de los casos documentados por estas mujeres amerita un anlisis institucional sobre las razones por las cuales se hace caso omiso al consentimiento informado, uno de los avances que la sociedad civil organizada ha demandado desde los aos 70.

Lamentablemente, el acceso a la seguridad social es uno de los derechos ms restringidos.

A finales de 2006, un estudio del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminacin seal que a pesar de las reformas realizadas al reglamento del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mediante las cuales se obliga a atender a las trabajadoras del campo y otorgarles el derecho a la atencin mdica, hospitalizacin y guarderas, en el Valle de San Quintn slo la mitad de ellas (y ellos) estaban registradas como derechohabientes; nicamente existan 10 guarderas para el cuidado de hijos menores de cinco aos.

Que no se aplique el citado reglamento obedece, en gran parte, a la resistencia de los empresarios agrcolas, quienes han promovido amparos para protegerse del incumplimiento de este derecho. Adems, funciona bien la amenaza de despido para quienes insistan en ser afiliados al IMSS.

No obstante, las indgenas del Valle de San Quintn han visto una luz de esperanza desde el momento en que han tomado conciencia de su situacin y adaptado sus costumbres que determinan el pudor y la vergenza como propios de su cultura para favorecer el cuidado de su salud. Sin embargo, no han cambiado ni se han flexibilizado las prcticas mdicas en la deteccin y atencin del cncer crvico-uterino.

El Colectivo para la Promocin del Desarrollo Integral Jess Rubiell, AC, y Mujeres por un Nuevo Amanecer reconocen que existen convenciones internacionales que nuestro pas ha suscrito obligndose a respetar los derechos de las mujeres y eliminar la violencia basada en el gnero, y que tambin hay leyes nacionales y estatales, as como normas oficiales de salud.

Los grupos organizados de mujeres indgenas cada da toman conciencia de sus derechos y de que pueden ser las mejores aliadas en la implementacin de programas especialmente orientados a la mujer y vigilados socialmente por ellas y polticas pblicas con perspectiva de gnero e interculturalidad, para hacer real el derecho a una vida libre de todas las formas de discriminacin, una vida con justicia y dignidad.

5. Los grandes rezagos sociales se acumulan en las mujeres indgenas

El municipio de Ensenada, Baja California, ocupa el primer lugar en poblacin indgena, al concentrar 39 por ciento de la poblacin de ese sector del estado.

La poblacin indgena en Ensenada posee los porcentajes ms altos de analfabetismo (27.7 por ciento) del estado, a la vez que el promedio ms bajo de escolaridad con 3.4 aos. Los hogares indgenas presentan desventajas respecto a los no indgenas en el contexto estatal en derecho a servicios mdicos.

Son las mujeres quienes acumulan los mayores rezagos sociales del pas, discriminadas y afectadas por la pobreza y por referentes culturales que en ocasiones fomentan desigualdad, traducindose en menores oportunidades para acceder a mnimos de bienestar (PNDPI 2009-2010).

Lograr que las instituciones encargadas de la atencin a la salud que tienen dentro de su mandato la responsabilidad de trabajar para las comunidades indgenas deben incorporar el enfoque intercultural como una estrategia vlida operativa que permitira disminuir los ndices de mortalidad materna e infantil, la adopcin de prcticas de deteccin oportuna del cncer crvico uterino y acceso a mtodos anticonceptivos bajo el principio del consentimiento informado.

Se define el concepto interculturalidad como el proceso relacional que se establece entre dos o ms culturas al interior de una sociedad, que de por si es heterognea en cuanto a sus orgenes y caractersticas econmicas, polticas y sociales.

El artculo 8 de la Convencin de Belem do Par, igualmente, establece deberes del Estado mexicano y, por tanto, del estado de Baja California como: Obligacin de adoptar, en forma progresiva, medidas especficas, inclusive programas para: fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos

Un diagnostico en el tema de salud reciente realizado por el Colectivo para la Promocin del Desarrollo Integral Jess Rubiell (Coprodi), seala que los casos de violaciones de derechos humanos en materia de salud se presentan en primer lugar en el Valle de San Quintn en el rango de edad de 16 a 20 aos, al que si se suman el siguiente rango hasta 25 aos, juntos concentran 39 por ciento.

La edad reproductiva es considerada por la OMS a partir de los 12 aos y hasta los 49 aos, aunque tambin se presentaron casos de inicio de la vida sexual a partir de los 11 y 12 aos, casos asociados a una prctica cultural de usos y costumbres de inicio de la maternidad a edad temprana, as como el casamiento o la unin forzada, o los embarazos producto de la violacin; sin embargo se requiere de un anlisis ms minucioso, en el marco del acceso a la justicia y a una vida libre de violencia, para identificar las razones por las cuales se detectaron casos de jvenes de 16 y 17 aos que en los pasados tres aos han vivido violaciones a sus derechos sexuales y reproductivos.

Acudir a atenderse el parto con una partera es una de las alternativas accesibles para las mujeres indgenas, pero esto es penalizado en el mbito de salud; sin embargo, ante condiciones institucionales que no valoran la vida y la salud de las mujeres, cabe preguntar:

6. Se respeta el derecho de acceso a los servicios de salud?

Algunas mujeres mencionan la manera en la que ya es costumbre ser atendidas: La doctora me regaaba que si no tena experiencia, que

si no miraba televisin, que estaba muy grande para tener hijos y tena miedo y vergenza de ir a revisarme el embarazo.

Dur cuatro das con dolor y el da 13 de septiembre ya tena mucho, no aguantaba ni caminar y entr a urgencias, me revis el doctor y dijo que me faltaba 6 de dilatacin, que me fuera a caminar o a comer, que todava me faltaba mucho, sal de urgencias y entr al bao y se me fue la respiracin, no hallaba dnde detenerme, y me sent en la taza y entr una seora y me dijo que me metiera a urgencias porque ya me iba a aliviar y entr y el doctor me dijo, otra vez, no le dije que le faltaba mucho, y me revis y dijo que raro si ya ests pariendo.

Yo iba a que me revisaran al beb porque no se me mova y la enfermera me dijo que estaba tranquilo (el beb ya estaba muerto).

La diversidad cultural en nuestro pas ha sido reconocida en el plano formal a partir de 1992, ao en que se incluy en la Constitucin mexicana la composicin pluricultural de la nacin.

Este hecho es el resultado de los movimientos polticos y sociales que los pueblos indgenas han impulsado desde hace dcadas, reclamando reconocimiento, respeto y equidad con miras a construir un estado-nacin multitnico, pluricultural, multilinge y democrtico; sin embargo, es la discriminacin, por razn de lengua, edad, estado civil, condicin indgena, otra de las barreras de acceso a los servicios de salud, barreras invisibles pero presentes de acuerdo con los testimonios de mujeres que acuden en bsqueda de atencin.

Los servicios de toma de muestras de cncer crvico uterino tampoco son la excepcin: las mujeres indgenas de la regin sealan que, el cobro del servicio, la falta de calidad en la atencin, de confidencialidad tanto en la toma de la prueba como en la entrega de resultados, son condiciones que limitan el acceso de las mujeres a la prctica que tienen derecho.

Es necesario hacer una valoracin del sistema de salud que maneja un discurso doble, por un lado se insiste en la necesidad de que las mujeres tomen conciencia de la importancia del cuidado de su salud.

En Baja California, como en otros estados del pas, las campaas de deteccin oportuna de cncer crvico uterino son prioritarias; sin

embargo, cuando se presentan situaciones como las que expresan las mujeres de la delegacin de San Quintn, se puede entender que una de las consecuencias primera es el alejamiento de sta de los sistemas de salud.

La falta de personal especializado en la toma de la prueba, el que sta se realice sin la privacidad que corresponde y que los resultados no sean entregados en los tiempos que marca la norma oficial mexicana, van tejiendo condiciones que vulneran la salud de las mujeres.

7. La salud en San Quintn: un derecho en el olvido

La regin de San Quintn se localiza a 300 kilmetros de la frontera con el estado de California, EUA, lo que permite a las ms de 14 empresas agroexportadoras ventajas en la comercializacin con otros productores no slo nacionales sino estadunidenses, lo que conlleva reducir los costos en el proceso productivo. No slo estamos hablando del insumo del transporte, sino tambin del costo del agua y, por supuesto, del pago de salarios y prestaciones de los miles de hombres y mujeres que contratan las empresas, desde la siembra, limpieza, fertilizacin y cosecha.

San Quintn cuenta con una superficie menor de 10 mil hectreas susceptibles de riego, mientras que el estado de Sinaloa lo supera por 10 veces ms en tierras de cultivo.

Ambas zonas productivas compiten relativamente entre s, aunque se insertan en el mercado con algunos productos en temporadas agrcolas diferentes.

Por las caractersticas de los productos que se cosechan en ambos lugares, como tomate, calabaza, cebolla, fresa, brcoli, pepino, entre otros, requieren de grandes contingentes de mano de obra, que tradicionalmente provienen de las comunidades indgenas ms pobres del pas, de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero, etctera.

En este rubro de la produccin las estrategias son diferenciadas; por ejemplo, en el caso de San Quintn para la mano de obra implica el traslado de ms 3 mil kilmetros y para Sinaloa resulta la mitad.

La preocupacin de garantizar la mano de obra en Baja California y tener mayor control en la regulacin del mercado de trabajo llev a propiciar asentamientos de las familias jornaleras, que al paso de ms de 20 aos llevan al valle de San Quintn a contar con ms de 45 asentamientos con cerca de 20 mil jornaleros como reserva de mano de obra entre hombres, mujeres, nios y nias.

De ah que si bien es cierto la poblacin asentada no es suficiente y se requieren flujos de mano de obra, stos cada vez resultan menores: de las 35 a 40 mil personas que se requeran hace 30 aos, su nmero se ha reducido a cerca de la mitad, de ah que de los 40 albergues o campamentos que existan ahora son menos de 15.

Para esta fuerza de trabajo, la salud se enmarca en el mbito de la seguridad social, en donde constitucionalmente, en la Ley Federal del Trabajo y en la Ley del Seguro Social, se enuncia como un derecho irrenunciable de los trabajadores; en donde se garantiza la prevencin y atencin en los riesgos y accidentes de trabajo, de enfermedades, de la gratuidad en el costo de medicamentos, de la atencin especializada de segundo y tercer nivel y de prestaciones sociales como la atencin de las mujeres trabajadoras antes, durante y despus del embarazo, el derecho a todos estos servicios por la familia, esposa e hijos, y de aquellos dependientes econmicamente como pueden ser los padres y personas discapacitadas.

La demanda por parte de los trabajadores ha sido, sigue y ser el de ser afiliados al rgimen permanente del Seguro Social. Institucionalmente la responsabilidad recae en el gobierno federal, y es ah donde el Poder Legislativo debe actuar.

La ltima modificacin al reglamento de los trabajadores eventuales del campo de la Ley del Seguro Social (2007) result un retroceso porque se alcanzara la afiliacin al Seguro Social, desde la concepcin de lo que se entiende por eventualidad del trabajador agrcola () aquel que no labora ms all de 3 meses continuos, y la subrogacin de servicios, tanto en el mbito de la atencin a la salud como en la prestacin del servicio de guarderas.

Estos cambios violentan la relacin laboral, los patrones en la mayora de los casos, con el afn de no asumir compromiso alguno y jugando al ciego las inspectoras del trabajo de la Secretaria del Trabajo del

estado y los supervisores del Seguro Social, al trabajador se le descuenta su cuota del seguro, aunque en muchos de los casos se simula que la empresa los haya dado de alta.

La infraestructura de salud est rebasada por el alto crecimiento demogrfico que tiene la regin, la tasa es arriba de 5.6 por ciento.

Con que se cuenta?

Existen dos servicios de atencin mdica que estn encaminados a la atencin a poblacin abierta del valle de San Quintn y que brindan atencin de primer y segundo nivel, uno por parte de Isesalud, del gobierno del estado y otro por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, los cuales se ubican en la delegacin municipal de Colonia Vicente Guerrero, en donde slo se trabaja de lunes a viernes, y las guardias que se establecen poco o en nada resuelven la demanda.

No existe en la regin un hospital con especialidades, que responda a las necesidades de la poblacin, y esto es ms preocupante, pues si consideramos que no existe infraestructura mdica en la regin, mucho menos existe en la regin Sur-Sur del municipio de Ensenada, es decir, ms de 170 mil ciudadanos no obtienen servicios de tercer nivel, por lo que los traslados de pacientes y familiares se tiene que dar, si es del valle de San Quintn, a ms de 200 kilmetros, y si es de las delegaciones de la Sur-Sur, les resulta ms econmico viajar por avin al estado de Sonora.

El gobierno estatal en sus planes de desarrollo y bienestar ha considerado esta problemtica, y dentro los mismos estn la construccin de dos hospitales, uno de atencin general y otro de especialidades, lo que por razones de los recortes presupuestales se ha pospuesto, excluyendo a la poblacin de la regin de los servicios requeridos.

Las alternativas a esta situacin no pueden encuadrarse solamente en el mbito de la infraestructura; aunque es de alta prioridad, la salud debe concebirse tomando en cuenta las caractersticas de la poblacin.

Debe observarse que en los programas de prevencin y atencin no existe un enfoque de interculturalidad, en donde las acciones de

fomento tomen en cuenta los valores, usos y costumbres de la diversidad indgena que existe en la regin.

La tarea recae en todos los niveles de gobierno, pero quien es el responsable directo es el Ejecutivo estatal.

ste debe convocar a todos los actores involucrados en la revisin de las polticas pblicas que se ejecutan, sin seguir postergando la demanda de los pueblos indgenas en materia de justicia y seguridad social.

8. Los Nios Jornaleros de San Quintn

San Quintn constituye un claro ejemplo en Baja California de lo que ocasionan el crecimiento y el desarrollo desiguales en una regin con ventajas geogrficas.

El nombre de este valle lo asociamos con el proceso sociolgico de la migracin jornalera en el pas.

Una caracterstica peculiar de este fenmeno laboral es la ubicacin de enclaves culturales en regiones muy distantes al sitio de origen de quienes migran.

Este enclave particular favorece, a su vez, enclaves agroexportadores de la economa nacional.

Baja California se vanagloria de vivir algunos resultados de la bonanza manifestada en la evolucin de algunas variables macroeconmicas las cuales ya parece estamos habituados a escuchar.

As, por ejemplo, el gobierno del estado nos dice que para 1998 el ingreso per cpita anual fue de alrededor de cinco mil dlares, lo cual es alto comparado con los estndares nacionales. Para el Gobierno Panista, Baja California es el paraso del empleo.

Sin embargo, hay otras cifras siniestras que se ocultan debajo de la alfombra, pero sobre todo aquellas relacionadas con las condiciones del Valle de San Quintn.

Los trabajadores migratorios permanecen periodos fluctuantes en la zona. Se asientan en campamentos adjuntos a los campos de trabajo, pero en condiciones sumamente deplorables.

La mayora de las veces, los llamados campamentos son sitios poco apropiados para albergar gente. Hay necesidades insatisfechas de los servicios pblicos ms bsicos.

Esta poblacin flotante concentra un caudal significativo de nios jornaleros, autntica carne de yugo en la entidad del paraso del pleno empleo y la inversin. Los infantes, virtualmente arrancados de un entorno natural sano, necesario para su desarrollo como seres humanos, deben contribuir desde pequeos a la subsistencia familiar.

En 1996 se estim que uno de cada cinco trabajadores estacionales en el Valle de San Quintn era un nio de entre 8 y 14 aos.

Algunos de ellos ya son autnticos veteranos de las faenas agrcolas. Como dira el poeta Miguel Hernndez, el nio jornalero no sabe contar sus aos y ya sabe que el sudor es una corona grave de sal.

Las virtudes del libre mercado saltan a la vista en la oferta y demanda laboral en el Valle de San Quintn.

Para sus apologistas, en la economa de mercado, gran becerro de oro de la actualidad, todo es posible y todo est permitido. Hay ajustes naturales y el mercado se encarga de corregir cualquier exceso.

Debemos reconocer que a Baja California fluye la inversin, atrada por los bajos salarios y por la oferta ilimitada de mano de obra. Sin embargo, las condiciones sociales en San Quintn dejan de cubrir todos los supuestos sobre los que se construye la justificacin econmica del libre mercado, a pesar de la pretendida libertad de que gozan los jornaleros para elegir si trabajan o no.

La enumeracin de estos hechos de violencia refleja la dificultad de las instituciones para garantizar ms que la tranquilidad social en Baja California. El trato hacia los jornaleros es desptico. Ms an, a duras penas se oculta un componente altamente racista, alimentado por la ignorancia y el prejuicio.

La situacin actual en San Quintn es ms vergonzosa que la de hace un siglo en el Valle Nacional.

En aquel entonces se viva una dictadura, cobijada en un pacto social altamente clasista.

Ahora vivimos en un Estado de derecho, que en la realidad slo parece ser de palabra.

En nuestro Valle, en la Baja California del tercer milenio la inconstitucionalidad se palpa a flor de tierra. La tierra que labran los nios jornaleros.

9. La injusta distribucin del agua en San Quintn

De nuevo el valle de San Quintn, ubicado al sur de Ensenada, municipio de Baja California, es sacudido por un movimiento social, surgido por el reparto injusto del suministro del agua en dicha regin. Mientras en la ciudad de Mxico el gasto diario de agua por persona es calculado por algunas estadsticas de 300 litros diarios y 10 mil 500 litros seran consumidos por una familia de cinco miembros en una semana, en el valle de San Quintn una familia de jornaleros consume a la semana apenas un tambo de 200 litros, a un costo de 15 pesos.

Esta injusta situacin motiv que representantes de colonias en donde se asientan miles de familias indgenas jornaleras del valle de San Quintn se hayan plantado en la oficinas del gobierno del estado solicitando la destitucin del representante en aquella regin de la Comisin Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indgenas (CDI) y del representante de la Comisin Estatal de Servicios Pblicos de Ensenada (CESPE).

El reclamo de los habitantes de San Quintn se produce ante una situacin en donde los empresarios agrcolas sin lmite alguno extraen millones de litros de agua para sus cultivos de exportacin y cuyo abasto proviene de la cuenca de San Simn.

La problemtica que reviste el agua en la regin para el abasto de las familias y el uso agrcola se ha agudizando al paso del tiempo; los mantos acuferos de tipo superficial se han venido salitrando ante la

sobrexplotacin que se hace de los mas de 700 pozos concesionados a ejidos, a particulares y a las empresas agrcolas, en donde ms de 85 por ciento se utiliza en los diferentes cultivos de exportacin, cuya propiedad pertenece a una nueva generacin de empresarios asociados al capital trasnacional.

Segn datos oficiales, la regin presenta una extraccin de 47 millones de metros cbicos y 35 millones de metros cbicos de recarga, por lo que existen de 10 a 12 millones de metros cbicos de sobrexplotacin anual de los mantos acuferos.

Las concesiones otorgadas por la Comisin Nacional del Agua (CNA) a estas empresas con volmenes de agua asignados, mas no respetados por stas, han sido la prioridad en la regin, dejando de lado a miles de familias jornaleras que no cuenten con este recurso que les permita garantizar condiciones mnimas de higiene y salud.

Por ello en los hogares de los jornaleros, las enfermedades ms frecuentes son las gastrointestinales y de la piel, ocasionadas principalmente por falta de agua.

Es de todos conocidos que el tema de la salud es una de las demandas principales de los jornaleros agrcolas, junto con la seguridad social; en la regin, menos de 15 por ciento de los trabajadores agrcolas estn afiliados al Seguro Social, ante la complacencia de las autoridades del trabajo.

Existen colonias con redes de agua potable hoy inservibles que por cuestiones de desabasto dejaron de operar, donde han surgido otros ganadores; los ejidatarios y ex ejidatarios que siguen contando en calidad de patrimonio propio pozos que venden y abastecen de agua cobrando a 15 pesos el tambo de agua potable.

En temporadas de calor se especula con el precio sin control alguno por parte de la autoridad, socavando el ingreso familiar.

El movimiento de las familias indgenas afectadas por el desbasto de agua y la duda generada sobre la palabra empeada por los funcionarios de estas instituciones no responde slo al retraso de la ejecucin de las obras sino al desvo de los beneficios.

Por ejemplo, hace dos aos la CDI y el gobierno del estado construyeron un camino de acceso con cemento hidrulico al campamento de El Vergel, propiedad de la empresa Rancho Los Pinos, con un presupuesto de ms de 4 millones de pesos; la gestin la realiz directamente la empresa, con el acompaamiento del ingeniero Antonio Rodrguez, secretario de Fomento Agropecuario y copropietario de esta compaa, que ha crecido exponencialmente en la ltima dcada.

Despus de 10 aos de reclamos en esta materia, con recursos de la CDI y del gobierno del estado se estn perforando tres pozos para abastecer a ms 30 colonias, cuya poblacin es mayor de 30 mil personas, principalmente indgenas, que viven en pobreza extrema.

Las obras, cuyo monto rebasa los 35 millones de pesos, son la respuesta que las autoridades de gobierno dieron despus de una lucha de ms de 10 aos ante el problema del desabasto de agua potable que existe en la regin, principalmente en los hogares indgenas.

La negativa de las familias jornaleras a desmovilizarse en el plantn realizado en esos das hasta obtener la presencia de los representantes tanto de CESPE y de la CDI, as como del representante de gobierno en el municipio de Ensenada, culmin con una serie de acuerdos donde se ratifica que los beneficiarios directos de la perforacin de estos pozos debern ser las familias jornaleras indgenas.

En aquel tiempo, las autoridades se comprometieron a reunirse de nuevo por segunda ocasin para establecer entre las instancias de gobierno y los representantes de las colonias un plan de seguimiento a las diferentes demandas planteadas, que no slo es garantizar la fuente de agua, sino su conduccin hasta los hogares de los jornaleros.

Sin embargo el problema no se resuelve del todo; existen ms de 80 colonias entre las delegaciones municipales de San Quintn, colonia Vicente Guerrero y Camal que sufren desabasto permanente del recurso y cuyos integrantes laboran como mano de obra asalariada de las empresas que existen en la regin.

Seguramente ante el crecimiento anual de poblacin, que rebasa 11 por ciento, se tendr que buscar una solucin en donde el estado tendr que asumir que la prioridad es la poblacin y en segundo los desarrolladores agrcolas, de lo contrario San Quintn se volver un polvorn ante tanta injusticia social.

10. San Quintn dnde est el Estado de derecho?

La justa preocupacin que se ha manifestado en la sociedad y en el gobierno ante las violaciones a los derechos humanos y laborales que se cometen en contra de nuestros connacionales allende nuestras fronteras, debe traducirse en la misma preocupacin por las que se cometen en nuestra propia casa.

En el Valle de San Quintn, en Baja California, se violan cotidianamente los derechos fundamentales de miles de mexicanos.

Documentos proporcionados por varias organizaciones de jornaleros agrcolas, muestran que muchos mexicanos viven en condiciones infrahumanas.

Algunos patrones en el Valle de San Quintn se comportan como hacendados de principios de siglo. Tambin hay empresarios quienes tienen una actitud solidaria con sus trabajadores, y acompasan productividad con buen trato para el personal, pero han sido arrastrados, por quienes prefieren burlar las normas jurdicas

Las violaciones a la Ley en que algunos de estos patrones incurren, llevan implcito un componente adicional de racismo.

El problema no es nuevo, tiene dcadas de ser una herida abierta que se ha pretendido soslayar.

Muchos de los jornaleros son ciudadanos indgenas provenientes de Oaxaca y Guerrero. Tanto los recin llegados como aqullos que llevan varios aos asentados, sufren las mismas deplorables condiciones.

Las denuncias son muy concretas.

Los jornaleros trabajan en condiciones irregulares, muchas veces sin contrato y en condiciones claramente violatorias a lo que la Ley establece para los trabajadores rurales.

Las condiciones de hacinamiento e insalubridad, los bajos salarios y la falta de una cobertura suficiente de los servicios de salud, aunado al uso de pesticidas y plaguicidas sin el cuidado debido, condenan a la muerte temprana y a la enfermedad a un elevado nmero de mujeres, hombres y nios. Enfermedades y muertes que son evitables.

Igualmente, se seala el empleo de menores de edad en jornadas de trabajo que exceden con mucho los lmites establecidos por la Ley, que fija limitaciones concretas al trabajo infantil y reglamenta con precisin el trabajo de los menores, limitando la jornada laboral para evitar un deterioro fsico y mental que dae su desarrollo posterior.

Esta misma situacin obliga a los jornaleros a trabajar en condiciones de inseguridad para ellos y sus familias.

Los casos de violencia y de violacin a su integridad fsica y moral no son pocos. La perspectiva de los ancianos jornaleros es la de ser desechados despus de haber dejado la vida en un trabajo que no les garantiza ninguna seguridad.

Este problema no es privativo de Baja California, involucra otros estados donde se presentan condiciones de vida y de trabajo similares, importa tambin porque la mayora de los jornaleros proviene de algunos de los estados ms pobres del pas. Es, por lo tanto, un problema de importancia nacional.

La suma de problemas y la bsqueda de su solucin abarcan no slo la esfera de la responsabilidad del gobierno de Baja California, sino tambin requiere de la concurrencia del gobierno federal y del esfuerzo de otros gobiernos estatales.

Con respeto a la soberana del Estado, pero sin eximirlo de la responsabilidad que tiene, se deben buscar las soluciones que, conforme a la Ley, procedan.

Este asunto no se refiere slo a una desavenencia salarial o laboral entre partes, estamos hablando de la violacin sistemtica a la Constitucin General de la Repblica y las leyes fundamentales.

Dnde estn ahora los constitucionalistas que se indignan ante una iniciativa de Reforma Indgena, que pretende mejorar las condiciones de vida de los indgenas, pero callan ante el hecho concreto de la violacin cotidiana de sus derechos ms elementales?

Acaso se fueron de vacaciones?

La intervencin decidida de las instituciones republicanas es imprescindible para evitar que el ahondamiento de la situacin actual derive en una agudizacin de las contradicciones presentes en San Quintn, que signifiquen una mayor violencia y polarizacin que a nadie beneficiara.

La Ley no debe ser letra muerta en ninguna porcin de la Patria.