REVISTAVIVIENDA POPULAR SEGUNDA ÉPOCAOCT 2009 l 19

2010 + 5POLITICAS DE

VIVIENDA PARA LOS PRÓXIMOS

CINCO AÑOS

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HÁBITAT Y VIVIENDA POPULAR: La mirada de los actores y la nuestraRaúl Vallés, DirectorFRENTE AMPLIOPARTIDO INDEPENDIENTEPARTIDO NACIONALPor qué no aparece la opinión del PARTIDO COLORADOCAMBIAR LA LÓGICA Y APRENDER DE LA SOCIEDAD Fernando ZerboniIMPULSAR EL COOPERATIVISMO Y LA TENENCIA COLECTIVA Ricardo PisciottanoLA OPINIÓN DE LOS EMPRESARIOSJosé Ignacio OteguiUNA VISIÓN DESDE LOS INSTITUTOS TÉCNICOSMirna SierraDOCE MITOS A DEMOLER Y UN NUEVO PARADIGMA. La habitación como necesidad. El hábitat como satisfactorJorge Di PaulaEXPLICITAR IMPLÍCITOS. A propósito de la formación y la arquitecturaRicardo MuttoniEL ESPACIO PÚBLICO EN CONTEXTOS DE PRECARIEDAD. Seminario Viviendo al Margen II Alina del Castillo, Andrea FranciscoHABITARIO. Nuevos formatos para la Extensión en la Facultad de ArquitecturaUPV (Unidad Permanente de Vivienda)LA CAÍDA DE UN MITO Y PROPUESTAS DE ACCIÓN. Estudio del stock habitacional vacío montevideanoCristina Fynn, Martha Siniacoff, María Rosa Roda, Noemí Alonso, Miguel Meny, Ricardo Martínez, Enrique MachadoPREGUNTAS PARA HACERLE AL CENSOBenjamín NahoumECO-BARRIO. “VILLA CUATRO ÁLAMOS”. Una experiencia de sustentabilidad en Chile Bernardette SoustCOOPERATIVA COVI2000. Una propuesta sostenibleHugo ReaLA PERSPECTIVA DE DERECHOS EN LAS POLÍTICAS HABITACIONALES EN AMÉRICA LATINARaúl Fernández WagnerCIUDAD AFUERA, MERCADO AL CENTRO, VIVIENDA ADENTRO.Fragmentación urbana. El caso de Quito. Jaime Erazo Espinosa y Oscar Raúl OspinaRESEÑA BIBLIOGRÁFICA | NOTICIAS

ViviendaUnidad Permanente de Vivienda

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1 2010 + 5: POLITICAS DE VIVIENDA PARA LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS

Unidad Permanente de Vivienda

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Vivienda Popular

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Dr. Rodrigo Arocena

Arq. Gustavo Scheps

Arq. Duillo Amándola, Arq. María del Huerto Delgado, Arq. Raúl Fernández Wagner, Arq. Bernardo Martín, Arq. Ricardo Muttoni, Soc. Álvaro Portillo, Arq. Maria Lucía Refi netti Martins

Arq. Raúl Vallés

Ing. Benjamín Nahoum

Unidad Permanente de Vivienda

Arq. Paulo González , Ing. Benjamín NahoumArq. Raúl Vallés

Arq. Paulo GonzálezUPG | Horacio Todeschini

Ing. Benjamín Nahoum

Autores de los artículosUPV | Unidad Permanente de Vivienda

MASTERGRAFPagola 1727 Tel. 203 4760

D.L. 349.879

VIVIENDA POPULAR es una publicación semestral de la Facultad de Arquitectura-UdelaR

Unidad Permanente de ViviendaFacultad de Arquitectura - Universidad de la República

Bulevar Artigas 1031 CP 11200Montevideo, Uruguay

Teléfono: 400 0706email: revista.vivienda.popular@gmail.com

ISSN - 1510-7442

Está permitida la reproducción total o parcial de los artículos publicados, citando al autor y la fuente

La realización de este número contó con el apoyo de los anunciantes y especialmente de la Dirección Nacional de Vivienda del Ministerio de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Unidad Permanente de ViviendaFacultad de Arquitectura | Universidad de la República

Rector

Decano

Comité Editor

Director

Redactor Responsable

Realización

Comité Ejecutivo

Diseño y diagramación

Edición

Fotografía

Impresión

Imagen de tapa: “pintada sobre muro”Gráfi co que ilustra el artículo: COOPERATIVA COVI2000.

Una propuesta sostenible. Hugo Rea

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editorial

tema de tapa

enseñanza

extensión

investigación

experiencias recientes

sustentabilidad

américa latina

2010 + 5: POLITICAS DE VIVIENDA PARA LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOSeste número:

HÁBITAT Y VIVIENDA POPULAR: La mirada de los actores y la nuestraRaúl Vallés, Director

FRENTE AMPLIO

PARTIDO INDEPENDIENTE

PARTIDO NACIONAL

Por qué no aparece la opinión del PARTIDO COLORADO

CAMBIAR LA LÓGICA Y APRENDER DE LA SOCIEDAD Fernando Zerboni

IMPULSAR EL COOPERATIVISMO Y LA TENENCIA COLECTIVA Ricardo Pisciottano

LA OPINIÓN DE LOS EMPRESARIOSJosé Ignacio Otegui

UNA VISIÓN DESDE LOS INSTITUTOS TÉCNICOSMirna Sierra

DOCE MITOS A DEMOLER Y UN NUEVO PARADIGMA. La habitación como necesidad. El hábitat como satisfactor. Jorge Di Paula

EXPLICITAR IMPLÍCITOS. A propósito de la formación y la arquitectura. Ricardo Muttoni

EL ESPACIO PÚBLICO EN CONTEXTOS DE PRECARIEDAD. Seminario Viviendo al Margen II. Alina del Castillo, Andrea Francisco

HABITARIO. Nuevos formatos para la Extensión en la Facultad de Arquitectura. UPV (Unidad Permanente de Vivienda)

LA CAÍDA DE UN MITO Y PROPUESTAS DE ACCIÓNEstudio del stock habitacional vacío montevideano. Cristina Fynn, Martha Siniacoff, María Rosa Roda, Noemí Alonso, Miguel Meny, Ricardo Martínez, Enrique Machado.

PREGUNTAS PARA HACERLE AL CENSOBenjamín Nahoum

ECO-BARRIO. “VILLA CUATRO ÁLAMOS”. Una experiencia de sustentabilidad en Chile. Bernardette Soust*

COOPERATIVA COVI2000. Una propuesta sostenible.Hugo Rea

LA PERSPECTIVA DE DERECHOS EN LAS POLÍTICAS HABITACIONALES EN AMÉRICA LATINARaúl Fernández Wagner

CIUDAD AFUERA, MERCADO AL CENTRO, VIVIENDA ADENTRO.Fragmentación urbana. El caso de Quito. Jaime Erazo Espinosa y Oscar Raúl Ospina

RESEÑA BIBLIOGRÁFICA | NOTICIAS

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HÁBITAT Y VIVIENDA POPULAR:La mirada de los actores y la nuestra

EDITORIAL

En este número de Vivienda Popular nos pro-ponemos aportar al necesario debate acerca de los lineamientos y políticas más adecuadas para enfrentar los problemas de aquellos sectores que tienen difi cultades para lograr el acceso y permanencia a un hábitat digno.

Lo hacemos desde el convencimiento que la academia debe promover este tipo de instancias como forma de contribuir al diálogo e intercambio de ideas. Para nuestra Revista y para la Unidad Permanente de Vivienda, ello signifi ca continuar un camino que hemos transitado desde siempre y hoy, en vísperas de una contienda electoral, el tema resulta de particular relevancia.

Hemos solicitado a los partidos políticos con re-presentación parlamentaria actual expresar su opinión al respecto, para lo cual hemos pautado su intervención con una serie de preguntas so-bre los principales temas que, a nuestro juicio, deben ser abordados:1. ¿Cuáles son los grandes problemas a resolver hoy en la situación habitacional de los uruguayos?2. Las políticas a llevar adelante, ¿deberían ser universa-listas o focalizadas, y en este caso hacia qué sectores?3. ¿Qué rol deberían tener en la solución del proble-ma los distintos actores (empresas, bancos privados, destinatarios, sociedad civil en general, Estado) y qué modalidades de gestión habría que emplear?4. ¿Qué políticas y acciones deberían implementarse con relación al estoc existente, la construcción de vi-vienda nueva y los asentamientos irregulares?5. ¿Qué formas de tenencia impulsaría (propiedad individual, colectiva, arrendamiento, usufructo, etc.) y

qué medidas tomaría para estimularlas?6. ¿Cómo se aseguraría el acceso al suelo urbaniza-do y qué políticas deberían seguirse con relación a los terrenos baldíos y viviendas y otras construccio-nes desocupados?7. ¿Cuáles deberían ser los mecanismos de fi nancia-miento (préstamos, subsidios, aportes propios, garan-tías, etc.), en base a qué recursos se implementarían y qué importancia relativa tendrían éstos en el presu-puesto nacional?8. ¿De qué forma podría lograrse que las nuevas ac-ciones contribuyan a la integración socio-territorial y no a la segregación?

En las páginas que siguen aparecen las respuestas correspondientes, siguiendo esta misma numeración, sin quitar ni poner una coma, como corresponde.

Hemos consultado asimismo a referentes de diversas organizaciones sociales y empresariales, para tener su visión al respecto, esta vez con una sola pregunta básica: ¿cómo debería ser la política de hábitat y vi-vienda en los próximos cinco años?

Nos proponemos, además de formular estas preguntas a los referentes políticos y de la so-ciedad civil mencionados, no eludir la responsa-bilidad de dar nuestra opinión al respecto, la cual expresa la agenda de temas-problema sobre la que debe refl exionar el ámbito académico.

Nuestras responsabilidades no son políticas, pero sí lo son el estudio y refl exión sobre “las Políticas de Vivienda”, materia central para la comprensión, la refl exión y la elaboración de propuestas. Estas últimas tres son ineludibles.

Señalemos, para comenzar, algunas premisas que desde nuestro punto de vista son básicas y que deberían orientar y continuar una trans-formación cualitativa de las políticas, que se ha iniciado, más desde la formulación que desde las concreciones: la descentralización territorial de las políticas; la inclusión social; la integración socio-territorial; las acciones desde la demanda y necesidades de bienes y servicios habitaciona-les; lo imperioso de una fuerte mejora y aprove-chamiento del stock edifi cado y la participación activa de diversos actores públicos y privados.

En la escala territorial, la propia complejidad de los procesos hace necesario un cambio de abordaje que permita desarrollar áreas de ac-tuación en el territorio, con políticas integrales y desestimando las actuaciones sectoriales y descoordinadas.

Dar prioridad a las políticas de vivienda y há-bitat, tendría un impacto en el presupuesto del Estado en general, ya que la falta de políticas pertinentes ha generado mayores problemas y gastos socio-urbanos. Por el contrario las inver-siones en hábitat y vivienda desde la equidad territorial y la integralidad, repercuten en menos gastos en otras áreas.

Reclamamos la importancia de una política de suelo activa y con base en la nueva Ley de Or-denamiento y Desarrollo Territorial Sostenible (Nº 18.308 de 2008) impulsando la creación de Carteras de Tierras en todas las Intendencias, con planes de desarrollo integrales, en particu-

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lar para las áreas precarias y priorizando la co-ordinación interinstitucional como base para la efi ciencia en las líneas de acción.

Considerar el costo de localización, como un rubro a revalorizar por medio del subsidio al ac-ceso a la ciudad o mediante una activa política pública que jerarquice la función social del suelo urbano, única vía para lograr una mayor equidad habitacional y frenar el exilio urbano y la emi-gración expansiva que segrega y fragmenta, y donde reclamamos un rol claro del Estado como compensador de desequilibrios.

El tema de la precariedad urbana constituye hoy el mayor défi cit de las políticas sociales y no es un problema de vivienda sino de hábitat, donde la “no-ciudad”, es el contenedor de la precarie-dad habitacional más aguda.

La ciudad formal le cuesta muy cara a los habi-tantes informales y la informalidad le cuesta muy cara a la ciudad. Es un problema estructural de nuestra sociedad y no se resuelve desconocien-do sus lógicas de producción y reproducción. El fenómeno tiene muchos casos de inviabilidad de localización, pero en su mayoría abarca enor-mes áreas de expansión residencial espontánea de carácter permanente o de precarización de viejos barrios populares.

Es imprescindible promover la Integración social y urbana desde la consolidación y mejora barrial. Apoyar la autoconstrucción y autoproducción familiar progresiva, el medio más extendido en la generación de una solución habitacional que, mal que nos pese, se hace sin arquitectos y sin préstamo ni subsidio de nadie, pero con muchos recursos, activos familiares y capital humano.

Para ello se deberá avanzar en la regulariza-ción dominial promoviendo la tenencia segura del lote irregular en el marco de la Ley 18.308; producir lotes con servicios; activar los planos económicos diversifi cados, que nunca se ins-trumentaron a pesar de que la IMM realizó un olvidado concurso al respecto; consolidar el asesoramiento técnico al autoconstructor, invo-lucrando a la academia como aprendizaje y a la profesión como fuente de trabajo genuino; per-feccionar el micro-crédito; impulsar una revisión normativa, etc.

Un tema recurrente ha sido siempre el de los

recursos con que se cuenta para el desarrollo de las metas de los Planes Quinquenales de Vivienda. Ya hemos expresado en otras oportu-nidades, cuando el Consejo de nuestra Facultad solicitó a la UPV opinión al respecto, que sin políticas adecuadas, los recursos por sí mismos no son capaces de generar avances signifi cati-vos. Si queremos ejemplos de ello, revisemos los períodos de fuerte ejecución en programas inadecuados que todos conocemos como los Núcleos Básicos Evolutivos, que han generado y consolidado enormes desigualdades socio-territoriales. Pero también es cierto que sin re-cursos, las mejores ideas se transforman sólo en buenas intenciones.

Pensamos que es central considerar una combi-nación de recursos económicos, fi nancieros y de los pobladores para el acceso y permanencia a la vivienda. Para ello además de un imperioso y signifi cativo aumento de los recursos del Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización, debería fomentarse fuertemente el ahorro de la familia, así como generar condiciones claras y durade-ras para la participación en distintos formatos de la inversión privada. Pero especialmente se debería reconocer, valorar y considerar en los programas, los recursos y activos de las familias autoconstructoras por su enorme potencialidad y la participación en el proceso que genera.

Los cambios en la sociedad, en las pautas de habitabilidad y en la composición de los hoga-res, han dibujado un mapa heterogéneo y diná-mico. Será necesario responder con fl exibilidad para que a problemas diferentes se promuevan soluciones diferentes.

Es necesario impulsar soluciones diversas de acceso y permanencia a la vivienda para am-plios sectores socioeconómicos y tipos de ho-gares, que acompasen las transformaciones; los cambios en el mundo del trabajo; la movi-lidad residencial, y las pautas culturales de las nuevas generaciones, tomando como base la reconstitución del tejido social, integrando gru-pos heterogéneos: de edades, de etnia, género etc., procurando la integración socio-territorial y evitando la guetización que provocan los progra-mas focalizados.

Es preciso también atender las carencias, poten-cialidades y características del stock edifi cado,

asegurando su mantenimiento y readecuación como factor de relocalización y acceso y perma-nencia de los sectores vulnerables a la vivienda y la ciudad.

Algunos emblemas de la experiencia nacional, como el cooperativismo de vivienda, todavía es-peran una revalorización desde el hoy, que reco-ja su riquísima experiencia. La responsabilidad y oportunidad de prestigiar el sistema cooperativo no es sólo tarea del Estado, que obviamente deberá maximizar recursos para ello, sino de todos y cada uno de los actores que estamos involucrados, que estamos llamados a debatir y refl exionar. Hoy, a cuarenta años de promulgada la Ley Nacional de Vivienda, salvo excepciones, no estamos produciendo propuestas físicas, so-ciales ni fi nancieras que adecúen el sistema a los desafíos actuales y del futuro, tal como las pioneras en su momento se animaron a producir mediante una actitud transgresora.

Finalmente, desde la academia debemos en pri-mer lugar tratar de centrar el tema. El hábitat re-sidencial humano es ante todo un sistema com-plejo y como tal, encierra múltiples dimensiones. El problema de la “vivienda” no se soluciona con “viviendismo”, es decir con lógicas productivis-tas, economicistas o cuantitativas. La organi-zación espacial del sistema habitacional (tanto en el territorio como en la escala doméstica) es una de las dimensiones, pero es necesario con-siderar las múltiples áreas que están presentes en el problema: el marco institucional y jurídico; la producción y la gestión; la dimensión eco-nómica, y especialmente la social y cultural. El carácter interdisciplinario, aplicable a cualquier situación compleja, aquí es central, tanto para comprender las lógicas que encierra, como para las propuestas de instrumentos posibles.

El desafío deberá ser entonces una mejor y más completa refl exión en los procesos de enseñan-za-aprendizaje y de investigación-acción para la formación de profesionales atentos y responsa-bles, y con visiones y propuestas integrales y no parciales. Desde ese marco conceptual, es que entendemos que debe orientarse el aporte de la Universidad a este debate.

Raúl Vallés, Director

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FRENTE AMPLIO

TEMA DE TAPA

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1.- En nuestra opinión, los grandes problemas a resolver hoy en la situación habitacional de los uruguayos son:

a. seguir mejorando en cantidad y calidad de la inversión pública en políticas urbano-territoriales de hábitat;

b. fortalecer el desarrollo y coordinación del nue-vo sistema habitacional público (MVOTMA-ANV-BHU) así como los programas de MEVIR (en lo rural) y PIAI (actuaciones de remediación y pre-vención sobre los Asentamientos Irregulares);

c. mitigar los procesos de segregación y seg-mentación socio territorial;

d. expandir y profundizar el crédito hipotecario;

e. redefi nir el modelo del accionar de los diferen-tes actores (públicos y privados) en lo referente a la demanda y a la generación de la oferta de servicios habitacionales y el papel del sector pú-blico y privado en el mismo;

f. promover la cultura del ahorro, la de honrar el pago de los créditos y la transparencia de la gestión pública;

g. promover la participación activa de los desti-natarios de los programas de vivienda y hábitat y la convivencia sin discriminaciones en progra-mas colectivos de vivienda;

h. realizar las acciones afi rmativas necesarias y las articulaciones con otros programas sociales de modo que los sectores de pobreza no sólo accedan, sino que puedan permanecer en una vivienda adecuada.

2.- Las políticas públicas habitacionales deben ser políticas sociales universales, si bien su cobertura -de acuerdo a los recursos presu-puestales- deberá defi nir una población meta y planifi carse en el horizonte de mediano y largo plazo. Deben estar orientadas a garantizar un derecho, y por esto mismo deben tener la po-sibilidad de dar respuestas iguales en calidad, pero diversas con relación a las características socio-culturales.

Para poder ser efi caces en el proceso de miti-gación de la segregación y segmentación socio- territorial, las políticas habitacionales se deben diseñar con una mirada universal, de modo que acceda una población con situaciones heterogé-neas a nivel socio-económico y no focalizadas en franjas de población homogéneamente po-bre. La priorización será atender a los sectores que han sido históricamente contemplados por la vivienda de interés social, con acciones afi r-mativas que permitan el acceso a los hogares bajo la línea de pobreza. Esta posición se debe basar en el desarrollo de un importante menú de

programas habitacionales que atiendan tanto el acceso como la permanencia de las familias a los servicios habitacionales.

3.- En cuanto a los roles de los diferentes acto-res, en el modelo mencionado en la respuesta a la pregunta 1 en el punto e., el papel que se otor-ga al Estado es la conducción o regulación de un sistema de actores para promover el acceso universal a los bienes y servicios habitacionales: promover la oferta en función de un diagnósti-co territorial de la demanda y actuar en forma directa en la construcción de viviendas bajo diferentes modalidades y, a través de diferen-tes programas, en el otorgamiento de créditos y subsidios a la población que por sus propios medios no puede acceder a una solución habita-cional en el mercado.

El sector privado, en la previsibilidad de recur-sos públicos destinados a subsidios y créditos para el mercado, deberá generar la oferta de viviendas y créditos concurrentes. Sin embargo, el centro de la oferta pública de soluciones habi-tacionales ha tenido dos actores centrales que determinarán la escala de la producción median-te dos programas: las empresas constructoras, mediante licitación pública, y el cooperativismo, mediante la gestión, el ahorro y la autoconstruc-ción, ambos en procesos de cambio en función

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PARTIDO INDEPENDIENTE

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1.- La situación habitacional se ha seguido de-teriorando en los últimos años, especialmente por la ausencia de una política efectiva y soste-nida de ejecución, fi nanciación o promoción de programas de vivienda que sustituyan las unida-des obsoletas y apunten a ir, progresivamente, reduciendo el défi cit existente.

El programa de vivienda de un futuro gobierno debe, como condición imprescindible, contribuir a reducir la segregación social, lo que implica una coordinación muy estrecha con las políticas sociales, de empleo y territoriales, particular-mente en la capital (entendida como su área me-tropolitana, sin restringirse a los límites políticos del Departamento), donde estos problemas se manifi estan con mayor agudeza.

Pero no deben dejarse de lado las necesidades de las capas medias de la sociedad, pilar fun-damental del régimen democrático, que hoy no encuentran ninguna respuesta viable.

No compartimos, excepto como mecanismos de extrema urgencia para soluciones puntuales y temporales, ni los programas de lotes con ser-vicios ni de regularización de asentamientos en cuanto los mismos impliquen abandonar, aún parcialmente los conceptos mínimos de una vi-vienda digna.

2.- Sin perjuicio de los énfasis o planes espe-cífi cos que se implementen para resolver las si-tuaciones de emergencia, sin duda, la política de vivienda debe ser universal, así como lo deben ser las políticas educativa y de salud. La vivien-da es un derecho constitucional para todos los ciudadanos y así debe encararse. Por cierto, los instrumentos deben variar según el sector al cual se dirijan, sin perder de vista la importancia de la integración social. La política de vivienda debe ser un instrumento que con-tribuya a revertir la aguda fragmentación social que ha ido creciendo en las últimas décadas, y que no ha disminuido con las políticas sociales implementadas en este período.

3.- Si bien es imprescindible abrir al máximo las posibilidades de participación del sector privado en una política de vivienda que abarque a todos los sectores de la sociedad, mediante exonera-ciones impositivas, fi nanciamiento y otros instru-mentos que la faciliten, la experiencia nacional no es demasiado auspiciosa en ese sentido.

Al menos por un lapso inicial, medianamente prolongado, será el Estado quien deba tomar la iniciativa fundamental en este terreno. Ha llega-do el momento de proyectar una nueva gran ley

nacional de viviendas que articule todas las dis-tintas modalidades, sin desperdiciar la enorme experiencia acumulada en el país.

En nuestra opinión no debe descartarse la parti-cipación de ningún actor, ni disponer ninguna re-gla que la difi culte, sino todo lo contrario, pero es responsabilidad del Estado establecer un marco regulatorio que asegure que la producción que se dé cumpla con todas las condiciones mínimas que nuestra sociedad defi na para la vivienda.

Las soluciones “de emergencia” deben ser es-trictamente eso: para solucionar problemas puntuales, dentro de un marco temporal acota-do. Así como una emergencia médica no sus-tituye a un hospital, ni un programa de verano a una escuela, la producción de viviendas, si ha de contribuir al objetivo de ir disminuyendo la fragmentación social, no puede apartarse de mínimos técnicamente defi nidos e iguales para todos los habitantes de la República. Esto no implica desconocer las difi cultades de todo tipo que se enfrentarán.

En cuanto a las modalidades de gestión, toman-do la rica experiencia acumulada, no debe ni descartarse ni exaltarse ninguna por encima de las demás, ya que cada una se adapta a una situación específi ca. Una cooperativa de ayuda

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PARTIDO NACIONAL*

* La respuesta del Partido Nacional a nuestra encuesta fue remitida con la fi rma del Lic. Daniel García Trovero.(Nota de VP).

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El Partido Nacional agradece a la revista “Vi-vienda Popular” la oportunidad de expresar sus puntos de vista en materia de vivienda, en la me-dida que son muy escasas las posibilidades de expresión plural en publicaciones como la que nos convoca.

1. El mayor problema es el acceso y perma-nencia a viviendas por parte de los sectores po-pulares de más bajos ingresos. Pese a la gran expectativa existente, el gobierno del Frente Amplio fue absolutamente defi citario en el área habitacional y especialmente no instrumentó programa alguno de vivienda para los sectores populares de menor ingreso.

En consecuencia, ante la ausencia de una ofer-ta de “vivienda popular” por parte del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, los asentamientos irregulares han continuado creciendo en forma exponencial en estos últimos años. Éste es el principal problema a resolver ya que de no revertirse esta situación y según algunas revistas especializadas, en el año 2030 casi el 30% de la población de Monte-video estaría viviendo en un asentamiento.

En orden de importancia para el Partido Nacio-nal, el segundo gran problema a resolver es la

defi nición de programas habitacionales especí-fi camente orientados a los jóvenes.

Más allá de estas prioridades es imprescindible desarrollar una política habitacional integral, como lo fue en su momento el Sistema Integra-do de Acceso a la Vivienda (SIAV), que atienda las necesidades del conjunto de la población.

2. En el caso de la vivienda, la discusión aca-démica en política social actualmente en boga entre universalismo y focalización constituye al decir de Carlos Vaz Ferreira, “un paralogismo de falsa oposición”.

Vaz Ferreira comienza Lógica Viva afi rmando: “Una de las mayores adquisiciones del pen-samiento se realizaría cuando los hombres comprendieran -no sólo comprendieran, sino sintieran- que una gran parte de las teorías, opi-niones, observaciones, etc., que se tratan como opuestas, no lo son. Es una de las falacias más comunes, y por la cual se gasta en pura pérdida la mayor parte del trabajo pensante de la huma-nidad, la que consiste en tomar por contradicto-rio lo que no es contradictorio; en crear falsos dilemas, falsas oposiciones.”

La política habitacional debe ser universal en

la medida que debe asegurar el acceso a la vivienda a todos los uruguayos. Al mismo tiem-po deben llevarse a cabo políticas focalizadas y específi cas considerando la población rural, las personas con capacidades diferentes, los jóvenes, etc.

3. Todos los actores mencionados tienen un importante rol a cumplir según cada grupo so-cial y circunstancia. Los bancos privados pue-den cumplir un papel trascendente aportando crédito hipotecario a determinados segmentos sociales de ingresos medios y altos. Obviamen-te esos mismos bancos seguramente no van a establecer una línea de recursos para fi nanciar la vivienda de los sectores populares de meno-res ingresos. Allí son los fondos públicos los que deben fi nanciar, por ejemplo el Fondo Nacional de Vivienda, restaurado durante el gobierno del Partido Nacional cuando se creó el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y eliminado por el actual gobierno del Frente Amplio.

Las modalidades válidas de gestión son varia-bles también en función de cada circunstancia: las empresas de construcción privada tienen un rol importante a cumplir en la promoción privada de vivienda para determinados sectores sociales

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Por qué no aparece la opinión del PARTIDO COLORADO

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El 31 de julio VIVIENDA POPULAR envió a las sedes de los cuatro partidos políticos con repre-sentación parlamentaria una carta, entregada en cada caso personalmente por un funcionario de la Facultad de Arquitectura, solicitando la opinión de los mismos sobre cuáles deberían ser la polí-ticas de vivienda social en el próximo período de gobierno, a efectos de incluir su punto de vista en este número. Adjuntamos a esa nota la pauta que aparece en el editorial, a efectos de unifor-mizar las temáticas tocadas en cada respuesta y tener la seguridad que se trataban todos los puntos que nos parecían esenciales.

Simultáneamente recabamos también la opinión de organizaciones sociales, técnicas y empresaria-les, en ese caso con la única pregunta de cuáles eran sus expectativas en el tema de las políticas de vivienda social en el próximo período de gobierno.

Las notas a los partidos políticos fueron dirigi-das a sus respectivas autoridades: en el caso del Frente Amplio, su presidente, Ing. Jorge Brovetto; en el del Partido Nacional, el presi-dente de su Directorio, que entonces era el Prof. Carlos Julio Pereyra; en el del Partido Colorado, su Secretario General, en aquel momento el Dr. Julio María Sanguinetti, y en el del Partido Inde-pendiente, el Lic. Pablo Mieres.

Más tarde o más temprano obtuvimos la res-puesta del Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Independiente, que fi guran antes en esta edición. En el caso del Partido Colorado, nuestros esfuerzos fueron infructuosos: al no recibir la respuesta nos comunicamos con la Secretaría del Partido; a indicación de ésta con la Secretaría del Dr. Sanguinetti, y por sugeren-cia de la misma con la del candidato presiden-

Benjamín Nahoum Redactor Responsable

cial, Dr. Pedro Bordaberry, sin que las llamadas ni los correos electrónicos surtieran el efecto por nosotros deseado: obtener la respuesta de dicho partido.

Lo lamentamos, ya que como dijimos en la nota que enviamos a los cuatro partidos, era “de gran interés para nosotros contar con (esa) opinión, que creemos además será ilustrativa no solo para quienes están involucrados en el tema sino para la población en general en el momento de depositar su voto”.

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CAMBIAR LA LÓGICA Y APRENDER DE LA SOCIEDAD Fernando Zerboni*

** Presidente de la Federación Uruguaya de Presidente de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM).(FUCVAM).

Defi nir cuáles son los problemas por los que atraviesa hoy la situación habitacional de los uruguayos seguramente nos llevaría a un de-bate que no creo sea el fondo de la cuestión, porque no hay duda que el problema más importante de la vivienda en el Uruguay es la ausencia de una política de Estado, destinada a resolver el tema, en el tiempo, a través de los sucesivos gobiernos.

La Ley de Vivienda de 1968 (Nº 13.728 de 1968) apuntaba justamente a eso, a institucionalizar una política de vivienda. Desgraciadamente los acontecimientos posteriores hicieron de esta ley un instrumento que no dio todos los resultados

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de producción híbridas Estado-Sociedad. Hoy no existe capacidad de producir vivienda por el Estado, pero sobre la base de empresas con mano de obra cooperativa, se podría usar la in-fraestructura existente del Estado con este fi n. No habría que licitar, pues sería un emprendi-miento estatal.

g. Encarar otras acciones relacionadas al mejora-miento del hábitat, contando con el apoyo de las organizaciones sociales: regularización de asen-tamientos, reparación de viviendas, mejoramien-to y complementación, autoconstrucción, etc.

Alguien dijo que “era necesario plantearse transgre-dir lo posible” para hallar las respuestas a los proble-mas supuestamente insolubles. Hay que hacerlo.

La tenencia colectiva (derecho de uso y goce de las viviendas, en un régimen de propiedad colec-tiva), en lo referente a la vivienda de interés so-cial, ha demostrado a lo largo de estos cuarenta años de existencia del sistema, implementado con la Ley de Vivienda, que es la forma en la cual los recursos del Estado mejor se invierten, pues aseguran en el tiempo el mantenimiento de las mismas. Los propios colectivos de vecinos son quienes se han encargado de resolver los vicios de construcción, los deterioros producto del paso del tiempo, la administración y mante-nimiento de las áreas comunes, etc.

Sin embargo, sabemos y somos concientes que no todas las personas y familias están dispues-tas a participar de complejos de propiedad co-lectiva, por lo cual creemos que debemos ana-lizar las experiencias de éstos sin preconceptos y rescatar aquellas formas de organización que puedan ser trasladadas a otras experiencias.

No es una novedad, asimismo, que la existen-cia de una Cartera de Tierras es imprescin-dible para llevar adelante una política nacio-nal de viviendas. Pero, además, el suelo es un recurso fi nito y es aquí donde debemos proteger a la población toda de las acciones especulativas y usureras que en torno de la propiedad inmobiliaria, en particular del suelo, son llevadas adelante por el Mercado.

Para ello pensamos que se deben instru-mentar por lo menos dos cosas: por un lado asegurarse por parte de Estado disponer de tierras para el desarrollo de la ciudad en un plan global de expansión de la misma; por otro, hacer que aquellos predios que sus propietarios mantienen baldíos, a la espera de mejores precios, aporten fuertemente al Fondo Nacional de Vivienda (FNV). Lo mismo debería suceder con los edifi cios y fi ncas des-ocupadas: gravarlas severamente a efectos que dejen de ser una inversión a la espera de mejores ofertas.

Con respecto a la necesaria integración socio-te-rritorial y a cómo evitar la segregación que se ha producido en todos estos años, creo que el en-foque de la nueva reglamentación de préstamos y subsidios del MVOTMA es un buen punto de partida para comenzar a pensar la integración.

A los recursos del FNV, hoy puede acceder cual-quier familia con ingresos líquidos entre 0 y 60 UR. Todas estas familias pueden aspirar a un présta-mo, por el mismo monto de dinero. En la medida que ellas tengan diferente capacidad de repago, se las nivela a través de un importante mecanismo de subsidio a la cuota. Creemos que esto ayuda a reconstruir el tejido social y a la integración.

Por supuesto esto sólo no alcanza, pues aún queda por resolver cómo se paga la luz, el agua y cómo se obtienen mejores condiciones labo-rales, por nombrar sólo algunas cosas funda-mentales. Pero la nueva reglamentación tiene un enfoque realmente importante y que se debe pensar en cómo desarrollar.

Los fondos para esto deben buscarse en va-rios frentes. Además de las propuestas de re-cursos ya existentes, creo que para respaldar el subsidio a la cuota hay que pensar en pro-veer al FNV de recursos impositivos sobre la base de redistribución de la riqueza; algunos de ellos, no menores, pueden ser impuestos al juego, al consumo de alcohol, los cigarros, las transacciones inmobiliarias a partir de de-terminado monto, etc.

esperados y a su vez se distorsionó el papel de los instrumentos que la propia ley defi nía como idóneos para resolver el tema. Quizá por eso, lo que habría que comenzar por hacer es rescatar el espíritu de la Ley 13.728 y redefi nirlo a la luz de la realidad actual.

Creo que debería haber un plan general de vi-vienda, dentro del cual se establecieran líneas para dar solución a las diferentes realidades. Ese plan debería tener una lógica interna distinta a la actual, para defi nir los diferentes enfoques y habría que pensar en una Política Nacional de Vivienda que cambiara defi nitivamente los ejes centrales sobre los cuales se piensan las solu-ciones de vivienda de interés social.

Esa lógica, durante muchos años, fue la de las empresas de construcción. Ellas marcaron el costo de la vivienda y los ritmos de produc-ción. Ha llegado el momento de que esa lógica se establezca sobre la base de la experiencia de las empresas sociales.

Para ello nos parece fundamental, desde esta óptica:

a. Reestudiar y redefi nir el costo de la vivienda.

b. Establecer ese costo a partir de las unidades construidas por las empresas sociales, las coo-perativas (en sus diferentes formas), y sobre ello defi nir cuál sería una ganancia aceptable para las empresas, y no al revés. Y controlar los cos-tos y las ganancias sobre esta lógica.

c. Estudiar las opciones de construcción alterna-tiva existentes, apoyándose en los planes piloto que se han llevado adelante.

d. Estructurar el Plan de Vivienda sobre la base de respaldar fuertemente la construcción a tra-vés de emprendimientos sociales.

e. Utilizar la experiencia de las organizaciones sociales precisamente para organizar, en la de-fensa y preservación de la vivienda, a las fami-lias que la obtengan a través de la producción privada controlada.

f. Tomar como modelo el trabajo de las coope-rativas de ayuda mutua para generar unidades

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IMPULSAR EL COOPERATIVISMO Y LA TENENCIA COLECTIVA Ricardo Pisciottano

* Presidente de la Federación de Cooperativas de Vivienda FECOVI (Cooperativas de Ahorro Previo).

Existe en el Uruguay un défi cit habitacional endémico que no ha podido ser solucionado desde hace varios años. Paralelamente, la falta de recursos (no volcados), del Fondo Nacional de Viviendas y la casi desaparición del mismo, generan una presión extra, que hace aún más difícil el acceso a la vivienda, en especial de los sectores de menores ingresos.

No han existido recursos sufi cientes para la vi-vienda de interés social en ninguna de las ad-ministraciones pos-dictadura. Por otra parte, los créditos en moneda extranjera, con los consabi-dos contratiempos en caso de “disparadas cam-biarias”, hacen que solamente un pequeñísimo grupo de uruguayos pueda tomarlos y además con plazos cortos que minimicen los riesgos para el tomador del mismo.

Ordenando estos “datos de la realidad”, podemos concluir que los grandes problemas que existen hoy a nivel de la vivienda en el Uruguay son:

- inexistencia de créditos accesibles para la inmensa mayoría de los uruguayos;

- muy poca inversión estatal;

- falta de políticas de Estado que garanticen a todos los involucrados líneas claras de acción;

- crisis del B.H.U;

- falta de una política de tierras por parte del gobierno y de las distintas Intendencias.

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colectivo, permiten obtener mejores resultados constructivos, y además economizar recursos.

Por otra parte, el sistema cooperativo ha demos-trado que su potencialidad traspasa la etapa de la construcción en sí misma, para generar otros fenómenos más ricos e importantes, a nivel tan-to de la construcción social, como la ciudadana. Entendemos que no se debe continuar con el es-quema del cooperativismo para pobres. En ese sentido, es imprescindible el apoyo más decidido y a una franja mayor de usuarios, subiendo los topes de ingresos del núcleo familiar, limitados increíblemente para el sistema cooperativo, pero no así para otros préstamos estatales.

FECOVI entiende como muy positiva la creación de carteras de tierras a nivel de las distintas In-tendencias y del propio Ministerio; no obstante, es imprescindible profundizar y generalizar esta política de tierras por parte de organismos públi-cos, que debe contar además con la participa-ción de los usuarios, por ejemplo a través de las Federaciones de Cooperativas.

Son fundamentales también los incentivos es-tatales a las distintas políticas focalizadas de vivienda. Existen experiencias claramente exi-tosas en este sentido. Señalemos solamente a título de ejemplo el impulso a los reciclajes de las viejas viviendas en las zonas del Cordón, Pa-lermo, Barrio Sur y Parque Rodó. En este mismo sentido, ha sido muy importante, el establecer impuestos que desestimulan la supervivencia de baldíos y edifi caciones inapropiadas.

FECOVI ha participado en procesos concretos de recuperación de áreas deprimidas de la ciu-dad, transformándolas radicalmente en algunos casos; concretamente, y a modo de ejemplo: la construcción de las cooperativas COVISUR en la Rambla Sur entre Julio Herrera y Obes y Florida.

Es también notorio el trabajo conjunto del siste-ma cooperativo, el M.V.O.T.M.A. y la Intenden-cia de Montevideo, en procesos graduales como la repoblación de la Ciudad Vieja, lo que ha per-mitido la construcción de varias cooperativas de usuarios y está planifi cado el continuar cons-truyendo en esta zona. Esta política conjunta

permite un repoblamiento concreto de la Ciudad Vieja, que la simple construcción de edifi cios no garantiza en absoluto. En especial, teniendo en cuenta que de otra forma la mayoría de las unidades construidas han sido destinadas a em-presas o escritorios profesionales.

Otro tema prioritario es el de las garantías, más allá de la famosa ley de Fortalecimiento del B.H.U., que estableció la imposibilidad para éste de otorgar préstamos colectivos, concretamente al sector cooperativo. Este tema se ha transfor-mado en un círculo vicioso y de resultados si-niestros, ya que los préstamos, tanto privados como a nivel estatal, se han reducido a un grupo muy minoritario de familias que tienen las garan-tías personales sufi cientes, dejando de lado a la mayoría del país.

Para solucionar esto bastaría impulsar decidi-damente la creación de un Fondo de Garantía inmobiliario, al cual pudiesen acceder todas las familias. Esto incluso permitiría la fi nanciación de créditos a tasas bastante más accesibles, a un grupo mucho mayor de familias, e incluso la participación de entidades privadas.

En la actualidad, sólo ese pequeño grupo tiene las garantías solicitadas y puede acceder a un préstamo hipotecario que le permita solucionar más razonablemente su situación habitacional, en tanto la gran mayoría, al no tener esas ga-rantías, no accede a créditos y presiona aun más al alza las pocas soluciones a las que se puede acceder, incluidos obviamente los arren-damientos de las viviendas más humildes.

Por último, entendemos fundamental retomar la cultura del ahorro. Luego de décadas en las cuales se fue incrementando el número de uru-guayos que tenían su “cuenta en el B.H.U.”, se produjo el crack del Banco y con él la ruptura de una tradición largamente cultivada, que luego es muy difícil retomar. Es fundamental una políti-ca seria y a largo plazo para poder ir recreando esta cultura del ahorro, pieza fundamental de las futuras políticas de vivienda.

Básicamente estos factores han colaborado a generar una presión “extra” en los precios de los inmuebles y, como consecuencia, en los arrendamientos. Esta problemática ha ido “em-pujando” a un número creciente de compatriotas a agruparse en los penosos asentamientos que han ido creciendo sistemáticamente, mas allá de las distintas políticas habitacionales aplicadas para lograr su disminución.

Los asentamientos, si bien su única causa no es el défi cit habitacional, tienen el problema de la vivienda a nivel nacional como una de las razo-nes básicas del fenómeno, y ésta no desapare-ce si no se considera la temática de la vivienda en forma global. Creemos que es claro, también, que si no atacamos el problema en forma ge-neral, corremos el riesgo de solucionar un pro-blema hoy acá, y que se repitan mañana otros similares en otras zonas.

Como después de un terremoto, en donde hay que socorrer rápidamente a los más damnifi -cados y tomar medidas de emergencia, en la vivienda hemos convivido en los últimos años con este tipo de políticas. Nuestra Federación, FECOVI, entiende que ya es hora de planifi car medidas de fondo y, sobre todo, políticas de vi-vienda a largo plazo: políticas de Estado, que trasciendan las distintas administraciones; políti-cas estatales serias y sostenibles.

Esto generaría, además, una transparencia en los precios de la vivienda, que hoy están sumamente infl uenciados por la falta de soluciones. Si bien el Estado debe garantizar constitucionalmente la vivienda a todos sus ciudadanos, es indiscutible que determinados apoyos (por ejemplo subsi-dios), deben estar enfocados a la construcción de viviendas para los sectores más débiles. De todas formas el control y la planifi cación deben, necesariamente, abarcar todo el espectro social.

Por razones obvias, entendemos prioritario im-pulsar decididamente la tenencia colectiva de la vivienda. Dejar de lado la rica experiencia de las Cooperativas de Usuarios en el Uruguay, valo-rada internacionalmente, sería un error mayús-culo. Esa experiencia demuestra fehacientemen-te que el control del usuario y el involucramiento

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LA OPINIÓN DE LOS EMPRESARIOSJosé Ignacio Otegui*

* Presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay.

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que es peor, no aceptar que existan visiones di-ferentes. En todo caso existe sí una necesidad común: la vivienda.

Con relación al stock existente, parece razo-nable tender a rellenar los huecos y evitar el vaciamiento de la trama urbana. No existen castigos tributarios marcados frente a la propie-dad vacía por un tiempo prolongado, se castiga a la propiedad alquilada con impuestos que se terminan trasladando al usuario, no existen in-centivos que permitan reciclar viviendas viejas y en pésimo estado, multiplicando el número de unidades. Esto además debería ser selectivo por barrios o zonas.

Las zonas turísticas deberían ser objeto de una política totalmente diferente a lo anteriormente señalado. No existe ningún incentivo potente para la construcción de vivienda nueva dirigida a familias con ingresos medios o bajos; quienes construyen hoteles y casinos, sí los tienen. La vía impositiva es la única palanca que puede mover el problema, pero debe ser en forma ex-plícita y no encubierta.

Los asentamientos irregulares deben ser incor-porados a la trama de servicios y reincorpora-da su población a la vida ciudadana cotidiana. Debería existir una acción más fi rme para evitar que el fenómeno se multiplique.

En cuanto a las formas de tenencia de la vivien-da, no creo que se deba impulsar una forma en particular. Deberíamos aceptar que el menú de opciones sea tan vasto como posible cada uno de ellos. Es en realidad cada familia la que de-bería tomar la opción que más le sirva en un mo-mento determinado. Sin rigideces o exclusiones impuestas.

En cuanto al acceso al suelo urbanizado y las políticas que deberían seguirse con relación a los terrenos baldíos y viviendas y otras cons-trucciones desocupadas, vale todo lo expresado antes. En referencia al suelo urbanizado parece

razonable evitar la utilización del suelo no urba-nizado, pero siempre lo realmente estructurador es rellenar la trama urbana.

Es posible la utilización de estructuras existentes como base para redefi nir su destino a vivienda y servicios. En todo caso pasa por interactuar con sus tenedores actuales, en general acreedores hipotecarios de empresas fundidas y/o propie-dades estatales en sus más diversas formas.

Respecto a los mecanismos de fi nanciamiento, cualquiera a proponer debe presuponer la acep-tación de que los préstamos se deben pagar. En buen romance, si se intenta generar un me-canismo que dilate o condicione el pago, está destinado al fracaso. O que otro pague en forma directa o indirecta. Siempre hemos sido partida-rios de los subsidios explícitos y no ocultos. Y el aporte propio debe ser un elemento necesario, siempre.

Con relación a los recursos, la deuda pública in-terna, los fondos de las AFAPs y los fondos de la banca, al igual que los fondos de inversores privados, están. Si no fl uyen es porque la ex-periencia referida al fi nanciamiento directo a la vivienda de estos segmentos de ingresos no es buena. Los dineros del Fondo Nacional de Vi-vienda son los únicos que pueden ser utilizados sin que ello implique su retorno al propio Estado. Somos partidarios de utilizarlos en las franjas más vulnerables y mientras permanezcan en esa situación.

Finalmente, para lograr la integración socio-te-rritorial y no contribuir a la segregación, debería evitarse la extensión territorial de las ciudades, fomentando la vida en los barrios por la rein-corporación de viviendas y servicios a la vida cotidiana, interrumpiendo así el proceso de ge-neración de nuevos asentamientos. Castigando desde el punto de vista impositivo aquello que se desea evitar y fomentando igualmente en la dirección que se desea llevar.

Seguramente el problema mayor que presenta hoy la situación habitacional de los uruguayos son los asentamientos. El fenómeno, con causa-lidad múltiple, no se detuvo. En todo caso amino-ró su ritmo, pero se consolidó. El escaso y caro fi nanciamiento a las franjas de ingresos medios y las múltiples imposiciones tributarias y previ-sionales, son elementos que atentan contra la facilidad de acceso a la vivienda, sea esta nueva o usada. Debemos entender de una buena vez que nuestro país está cubierto de diagnósticos, más o menos razonables, en diversas áreas, pero con muy pocas políticas de largo aliento.

Las políticas a llevar adelante, según el seg-mento a intentar resolver deberían no ser ex-cluyentes. Las políticas focalizadas pueden ser instrumentadas, evaluadas y eventualmente corregidas con mayor rapidez. Parece además, por lo menos criterioso, aplicarlas en aquellos casos en que se han generado fenómenos que necesitamos entender y atender con urgencia, pero que aspiramos a que no continúen en cre-cimiento.

Las políticas generales, a su vez, deberían es-tar encaminadas a lograr facilitar el acceso a la vivienda y propender a la movilidad según cambian los requerimientos familiares, a los segmentos de ingresos bajos y medios. Si estas medidas son efi caces no parece razonable im-plementar medidas focalizadas.

La forma razonable de actuar es la interacción fl uida y en lo posible coordinada de todos los involucrados: empresas, bancos privados, des-tinatarios, sociedad civil en general, Estado. Los roles deberían estar vinculados a la real capa-cidad de respuesta, basados en las fortalezas individuales de cada uno de los nombrados.

Sin duda, ningún actor en forma aislada o en una suma parcial de esfuerzos y sobre todo visiones, logrará un efecto sostenible y contundente. Es un error común el suponer que los ciudadanos tienen una única visión sobre este tema. O lo

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UNA VISIÓN DESDE LOS INSTITUTOS TÉCNICOSMirna Sierra*

* Arquitecta, representante de los institutos de asistencia técnica en la Comisión Asesora de Vivienda de DINAVI.

Agradezco la invitación que me realizara VI-VIENDA POPULAR y contribuyo con algunas refl exiones personales, fruto de tantos años de trabajo y participación en los distintos ámbitos relacionados con el tema. Aclaro que esta opi-nión es a título personal, ya que el Plenario de Institutos no tiene una organicidad que permi-ta emitir juicios sobre aspectos tan diversos. Seguramente muchos de mis colegas coinci-dirán y otros tendrán matices o simplemente discreparán.

Las políticas de vivienda deberían formar un cuerpo coherente desde donde se abarcaran las distintas problemáticas, en el marco más amplio del Hábitat. En nuestro país hay problemas de alojamiento y también de urbanización. Estos temas que son reconocidos en todos los ámbi-tos especializados, no han sido encarados con políticas coherentes.

Si las Intendencias compran tierras, no están en general dispuestas a subsidiar, con lo cual mu-chos de los predios y/o construcciones se tornan inaccesibles para los sectores medios y bajos a los que atiende el Estado. Por su parte el MVOT-MA decreta que solamente se destinará al terre-no el 10% del valor de tasación, sin considerar como inversión las obras internas de adecuación de los predios. Por lo tanto, los conjuntos chicos

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tenible, como se hizo con los asentamientos añejos del Arroyo Miguelete o del Arroyo Ca-rrasco. Se puede si se admite que quienes habitan y engrosan los asentamientos son ciudadanos como todos.

La vivienda debe estar en las prioridades de cualquier gobierno. Debe haber préstamos y no veo por ahora que no sean de otra fuente que el MVOTMA para los sectores menos favorecidos. Con subsidios y siempre con retorno. La vivien-da tiene un costo económico importante y la sociedad toda hace un sacrifi cio para posibilitar los préstamos. Quien la usufructúe debe aportar por ella, mantenerla como un bien social o si es propia por su valor económico.

También los servicios deben pagarse. UTE Y OSE deben tener políticas claras al respecto .Es preferible cobrar una tarifa subsidiada y tener la seguridad de que algo tan peligroso como la energía eléctrica está en condiciones, que hacer la “vista gorda” a las “colgadas”. Lo mismo para OSE, con las pérdidas y el mal uso. Pero eso son políticas sociales, no empresariales.

Creo fi rmemente que cuando hablamos de sub-sidiar, esta carga debe hacerse desde toda la sociedad, pero con la participación de los distin-tos organismos: Intendencias, UTE, OSE y BPS, coordinando con el MVOTMA.

Finalmente, una percepción que me preocu-pa: cuando Juan Pablo Terra creó e impulsó la Ley Nacional de Vivienda, logró unifi car los planes que desde distintos organismos y gru-pos de presión lograban el acceso a la vivien-da. Se logró un cuerpo coherente, que no ha sido sustituido pero sí enmendado reiterada-mente, perdiendo el sentido inicial .Tengo esta percepción porque veo que periódicamente se fi rman convenios con distintos grupos para el fi nanciamiento. Estos esfuerzos dispersos no ayudan ni a la integración socio-territorial, ni al mejor uso de los recursos,-

que son aptos para las zonas más densifi cadas, difícilmente lleguen a dicho valor.

Los sectores con mayor poder adquisitivo no están interesados o incentivados a ocupar -por ejemplo en Montevideo- barrios como La Comer-cial, La Aguada, La Blanqueada o aún la Ciudad Vieja. No hay interesados para la ex Fábrica de Alpargatas o para lo que se construyó del Plan Fénix. Fue necesario que el BHU abriera llama-dos a sus ahorristas para encontrar esos intere-sados .Sería bueno saber si hubo pérdidas en estas transacciones. Con relación al estoc existente, tengo la im-presión que se está actuando en el sentido de utilizar lo construido y no utilizado. En el caso de las viviendas vacías en predios centrales, es posible tomar acciones de acuerdo con los propietarios, ofreciendo préstamos para reci-clar (como ya se hizo en alguna oportunidad) con la obligación de multiplicar las unidades. También se puede hacer una política de com-pras o de expropiaciones.

Para hablar de asentamientos necesitaría más que unas pocas líneas. Cuando en nuestro país teníamos “cantegriles”, era un problema enorme, doloroso y hasta humillante para la sociedad. Es-taba limitado prácticamente a Montevideo. Hoy le cambiamos el nombre y lo integramos como parte del “paisaje” común a toda Latinoamérica ¿en un “fenómeno” social, cultural, consecuen-cia de la crisis, etc., etc.?

Se ha invertido mucho en diagnósticos. Desde mi punto de vista, el asentamiento surge como una respuesta a un problema económico de las familias. La vivienda es cara, los alquileres son caros, el acceso a soluciones estatales no es fá-cil y es escaso, o tiene demasiados requisitos.

En la ecuación económica de una familia, el no tener que aportar para la vivienda, hace la diferencia entre comer, educarse, vestirse, mo-vilizarse, etc. o no hacerlo. Después llega la

adaptación a lo que se tiene, construcciones precarias con los mismos problemas de hacina-miento, salubridad y muchas veces la pérdida de valores y de ambiciones que a todos nos son caros y en los que se forman las nuevas genera-ciones. Ese dinero que no se gasta se integra a los recursos corrientes de la familia: no hay que disponer de ingresos para la vivienda, se busca entonces la consolidación y la mejora.

La solución para los asentamientos es evitar que se reproduzcan, e ir eliminándolos, integrando a las familias a la sociedad, no segregándolas. Para eso, junto con las políticas de empleo, edu-cación y salud, hay que hacer planes decentes de vivienda y también ofrecer lugares dispo-nibles a quienes estén mejor dispuestos a los cambios. Es inaceptable contar a la población de los asentamientos como un problema apar-te de los défi cits de vivienda. No son distintos: son las mismas familias que podrían formar una cooperativa o acceder a un plan de construcción subsidiada del MVOTMA.

El dinero que se ha invertido en infraestructura en los asentamientos, ha alimentado en parte a empresas que a la menor difi cultad dejan los trabajos sin terminar o mal realizados, y se las arreglan para volver con una nueva extensión del contrato. Muchas veces lo que queda son las mismas viviendas precarias, con los mismos problemas de salubridad y hacinamiento, pero con una calle, un cable, luz pública de la que pronto se “colgarán” y muchas veces un sanea-miento que termina en algún cauce de arroyo porque no existe la obra para conectarse.

Es cierto que hay algunas buenas experiencias, pero reconozcamos que no se atacó el problema de la vivienda, del hacinamiento, del confort. Y esto no se soluciona con chapas nuevas ni con “casitas de muñeca“ de madera. Estas solucio-nes no son dignas de una sociedad progresista.

¿Qué hay que hacer? Facilitar, construir, re-construir, asesorar, e ir eliminando lo insos-

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* Parte de la ponencia presentada por el autor en la XIV Reunión de ULACAV, llevada a cabo en 2008 en Buenos Aires, con la organización de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. La ponencia completa, puede consultarse en los anales de dicho evento.

DOCE MITOS A DEMOLER Y UN NUEVO PARADIGMA*Jorge Di Paula

ENSEÑANZA

La habitación como necesidad.El hábitat como satisfactor

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Si se pretende enfrentar la problemática habita-cional de las áreas urbanas latinoamericanas en la formación universitaria en su complejidad, ella debería tener un tratamiento similar a la proble-mática educacional o a la de la salud. Así como la de la salud no involucra sólo a los médicos, ni la de la educación a los maestros, tampoco la problemática de la habitación involucra sólo a los arquitectos. Salud, educación y habitación, en efecto, son servicios prestados por diferentes actores, desde los privados familiares hasta los públicos ministeriales o municipales, o los comu-nitarios por vía de asociaciones y cooperativas. Y ello ocurre en diferentes recintos o espacios acondicionados, desde la simple y gratuita som-bra de un árbol, hasta las actuales metrópolis, si nos remitimos a las áreas urbanas.

Pero si a nadie se le ocurre atender la salud o la educación, construyendo sólo recintos especia-lizados para curar la enfermedad o para “curar” el analfabetismo, muchos reducen la necesidad habitacional a la construcción de casas. Este reduccionismo, que es admisible cuando nos enfrentamos a la satisfacción de la necesidad habitacional de la demanda solvente, es profun-damente equivocado cuando se trata de los sec-tores de bajos recursos, que no pueden resolver su problema de hábitat sin ayuda del Estado: los pobres, defi nidos operativamente en cada con-

texto histórico, de acuerdo a conceptos que han ido evolucionando desde la carencia de bienes hasta la carencia de titularidades, capacidades o poder, cuantifi cadas por la Línea de Pobreza, las Necesidades Básicas Insatisfechas, el Índice de Desarrollo Humano, o cualquier otro indica-dor adecuado a ese objetivo.

Antes de entrar en lo sustantivo, es decir en las premisas de la inserción, nos parece necesario cuestionar la mitología que subyace en la ma-yoría de nuestras Facultades de Arquitectura sobre lo que es la problemática habitacional de los sectores populares.

Primer Mito: la Vivienda Popular es un objeto

Si bien la Vivienda de Interés Social -concepto acuñado en la era del Estado de Bienestar- di-señada en los Institutos Públicos de Vivienda, construida por Empresas Constructoras, generó la idea de que el referente empírico de las polí-ticas era la vivienda tipo de la clase media (pero de menor área, de menor calidad, más lejana en la ciudad, más barata, sin participación posible del proletariado a quien iba destinada y llave en mano, entregada al fi nal del proceso) la realidad mostraba que la inmensa mayoría de las nuevas viviendas en América Latina y el Caribe, eran gestionadas por los propios usuarios, sin apoyo

técnico ni fi nanciero y muchas veces en forma irregular en lo jurídico y urbanístico.

Este sector mayoritario de productores de vi-vienda y ciudad, constituye el meollo de la pro-blemática contemporánea de la habitación. No es un problema de la gente, ni de las casas: es un problema de la relación entre el habitante y lo habitado.

Segundo Mito: la Vivienda Popular es un con-cepto vagamente defi nido y muy cargado de connotaciones ideológicas

La Vivienda Popular o la Producción Social del Hábitat (PSH) son defi niciones que hacen refe-rencia a un sector de la realidad que queremos conocer. La vaguedad de la defi nición podría extenderse a otro concepto fuertemente vincu-lado a la vivienda popular: el de Pobreza. Sin embargo nadie descarta el concepto de pobreza porque esté cargado de signifi caciones ideoló-gicas. La Vivienda Popular, como antes la Vi-vienda de Interés Social, la Vivienda Barata, la Vivienda Económica, la Vivienda Obrera, etc., fueron defi niciones técnico-ideológicas, sin que por ello hayan dejado de tener validez operacio-nal o no se pudiera encarar científi camente su conocimiento y su implementación.

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EXPLICITAR IMPLÍCITOS Ricardo Muttoni

A propósito de la formación y la arquitectura

“Aprendizaje es experiencia, lo demás es información”

Albert Einstein

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a su comprensión pública; defender los valores morales y los principios de justicia, libertad,

bienestar social, los derechos de la persona humana y la forma democrático - republicana

de gobierno1 .

La coyuntura social, política y económica actual está pidiendo una respuesta acorde a los cam-bios que se están procesando. Muchos sectores de nuestra Universidad están dando respuesta a las necesidades que el país plantea: tal es el caso de Extensión Universitaria, así como de al-gunas cátedras, institutos y otros, que hacen su esfuerzo preocupándose por disminuir la inequi-dad de nuestros compatriotas. Pero creo que para potenciar estos esfuerzos, que responden a distintas miradas de la realidad, se deberían ex-plicitar implícitos, implícitos que nos confunden.

Existen varios Uruguay dentro del Uruguay. Pero parecería que la Universidad construyó un Uruguay hipotético que en realidad no contem-pla las diferencias. Siempre sostuvimos que el desarrollo de la ciencia y la técnica no es inocuo. Las políticas de ciencia y tecnología tienen una intencionalidad. Pueden estar dirigidas al desa-rrollo de conocimientos que benefi cien a la ma-yoría de la población o a los propietarios de los medios de producción. Parecería que la cuestión está entre la acumulación o la distribución de la

riqueza, o… ¿entre la libertad y el despotismo? En materia de vivienda popular se han hecho muchas cosas, pero creo que hay mucho más para hacer. Podríamos decir que en América La-tina más del setenta por ciento de las viviendas fueron construidas sin la intervención del arqui-tecto, y Uruguay no es una excepción.

En la década del ´70 surgieron programas ma-sivos de construcción de viviendas fi nanciados con fondos creados con esos fi nes. Fue la época de los conjuntos habitacionales, como el de La Matanza en Argentina. Hoy, se le llama “Fuerte Apache”, zona roja por excelencia. Este mode-lo, que surgía de propuestas exclusivamente arquitectónico-urbanísticas, no dio los resulta-dos esperados. Tampoco fueron solución las propuestas neoliberales de núcleos básicos o lotes con servicios con las que, Banco Mundial o BID mediante, se trató de resolver el problema de vivienda a los sectores de “alto riesgo”, esta vez con inversiones mucho menores pero con resultados igualmente malos.

En ninguno de los dos casos se tuvo en cuenta la complejidad que tiene un programa de vivien-da para los sectores de menores ingresos. No pueden existir programas de vivienda exclusiva-mente con una visión sectorial. La pobreza debe ser abordada con programas integrales y por lo tanto interdisciplinarios. No estoy negando las propuestas arquitectónicas en sí mismas, sino la concepción de los programas de vivienda que proponen resolver este problema exclusivamen-te con arquitectura y construcción.

En Uruguay y como alternativa a estas pro-puestas, surgió el modelo cooperativo. Más allá de las limitaciones que este modelo tiene, son infi nitamente superiores los resultados. La dife-rencia fundamental entre los programas men-cionados y el cooperativismo es que éste parte

La Universidad de la República, a la cual tan-tos le debemos tanto, tiene la responsabilidad de asegurar la formación de los profesionales, la generación de conocimientos y la difusión y ex-tensión de los mismos. Tantas responsabilida-des, sumadas a un funcionamiento autónomo y cogobernado, han generado una dinámica muy refl exiva pero muy lenta y con poca capacidad de dar respuestas oportunas a las necesidades del país que la acuna y la fi nancia.

Esta Universidad, que jugó papeles muy impor-tantes en momentos críticos, tomando postura en apoyo de los trabajadores y los sectores populares, hoy está como paralizada. Los su-cesivos gobiernos, a quienes confrontaba, la fueron controlando por medio del presupuesto y en determinado momento por la represión lisa y llana. Esa Universidad tenía una sensibilidad. Hoy parecería que tiene otra.

Art. 2 Ley 12.549, Orgánica de la Universidad de le República:

“Fines de la universidad(…) Le incumbe asimismo, a través de todos

sus órganos, en sus respectivas competencias, acrecentar, difundir y defender la cultura; impul-

sar y proteger la investigación científi ca y las actividades artísticas y contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender

1 El resaltado en itálicas es nuestro.

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EL ESPACIO PÚBLICO EN CONTEXTOS DE PRECARIEDADAlina del Castillo, Andrea Francisco

Seminario Viviendo al Margen II*

* Seminario Interáreas desarrollado en el primer semestre de 2009 en la Facultad de Arquitectura - UdelaR.

Participaron como Docentes: Jesús Arguiñarena, Alina del Castillo, Andrea Francisco, Paulo González, Enrique Neirotti, Norma Piazza, Álvaro Trillo y Raúl Vallés, y como invitados: Sebastián Aguiar, Pablo Cruz, Cecilia Lombardo, Edgardo Martínez, Ricardo Muttoni, Salvador Schelotto y Rosana Sommaruga.

Alumnos: Laura Acosta; Inés Aguirre; Kamila Ahuntchain, Analía Aispuru; Leandro Alegre; Ángel Armagno; Lucía Báez; Leandro Baptista; Silvana Barreiro; Aníbal Bartulis; Ana Bene; Camila Bentancur; José Berta; Natalia Campos; Mariela Cañarte; María Carabajal; Mauro Carballal; Marina Carbone; Nicolás Carril; Andrea Charbonier; Lucía Chirico; Florencia Correa; Ignacio De Los Campos; Patricia Díaz; Emiliano Etchegaray; Cecilia Fernández; María Fernández; Sebastián Fernández; Ornella Franchi; María Galmarini;

Fiorella Galvalisi; María Gepp; Diego González; María Grisi; Marcos Guaraglia; Santiago Hernández; Tatiana Hirsch; María Ibáñez; María Lancieri; Mariana Lasa; Felipe Lessa; María Llambías; Rodrigo Maestro; Felipe Magnone; Líber Marichal; Diego Martínez; Paola Monzillo; Noelia Moratorio; María Mullin; María Nan; Yamiles Núñez; Martín Olivera; Elisa Pascual; Ignacio Percovich; María Pereira; Lucía Pereira; María Pesce; Sofía Pirotto; Marcos Ponce; María Recchi; Juan Ribeiro; María Rivero; María Rovelli; Paola Russi; Martín Saavedra; María Saldain; Mariana Salgueiro; Juan Salmenton; Lucía Sanson; Andrea Scalone; Adriana Spielman; Macarena Trías; Ignacio Tuduri; Rafael Vanerio; Marcelo Zorrilla De San Martín; Fernanda Veloso y Martín Vera.

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“(…) el espacio público es un componente fundamental para la organización de la vida colectiva (integración, estructura) y la repre-sentación (cultura, política) de la sociedad,

que construye su razón de ser en la ciudad, y es uno de los derechos fundamentales en

la ciudad: el derecho al espacio público como derecho a la inclusión.” 1

La conformación territorial de la periferia de Montevideo responde a una dinámica de ocupa-ción del suelo que no obedece a las lógicas de la ciudad formal; estas modalidades de ocupación constituyen verdaderos subsistemas de gestión y producción del hábitat a través de los cuales

La consigna “Viviendo al Margen” supone com-prender las lógicas diferentes de producción y reproducción del hábitat en los contextos de precariedad, las múltiples causas que la provo-can y el marco de complejidad que es necesario entender para elaborar refl exiones y propuestas desde el ámbito académico.

1 Carrión, Fernando; Espacio público: punto de partida para la alteridad; FLACSO-Ecuador.

se accede, por ocupación de hecho o por una transacción informal, a un suelo en condiciones precarias de habitabilidad, sea por problemas ambientales o por la ausencia de infraestructura, de servicios y de equipamiento urbano.

En los contextos de precariedad de la periferia urbana, el espacio público, tal como lo entende-mos en la ciudad formal, destinado, proyectado y equipado para la vida colectiva, es práctica-mente inexistente. Sin embargo, en función de las condiciones de precariedad de la vivienda, la presión de uso sobre los espacios libres es sensiblemente mayor y tiene otras connotacio-nes que en otros contextos.

Vivien

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HABITARIOUPV (Unidad Permanente de Vivienda)*

Nuevos formatos para la Extensión en la Facultad de Arquitectura

* Este articulo fue elaborado por Alina del Castillo y Andrea Francisco.

EXTENSION

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Habitario es un programa de extensión impul-sado desde la Unidad Permanente de Vivienda (UPV), que se propone abordar los problemas

de la precariedad urbana y habitacional en sus diferentes escalas y dimensiones, articulando

prácticas integrales en el territorio.

En acuerdo con los lineamientos de la Reforma Universitaria en curso, el Programa Habitario se

constituirá en el marco de procesos de ense-ñanza activa a partir del abordaje interdiscipli-

nario de problemas de alto interés social.

Está concebido como una plataforma de carác-ter permanente, capaz de gestionar demandas, insumos, propuestas y acciones desde y hacia el medio en el que actúa, promoviendo la más amplia participación de equipos docentes de la Facultad y de la Universidad en general, en los

proyectos impulsados.

Recientemente el Consejo de la Facultad aprobó esta iniciativa, respaldando así la etapa

de ajuste del programa, que se encuentra actualmente en curso.

El Programa “Habitario” parte del recono-cimiento de la extensión como un proceso dialógico de intercambio de conocimientos y capacidades con la población, en el cual la enseñanza y la investigación se resignifi can en el abordaje de problemas reales de interés

para la sociedad: el estudiante encara proble-mas no estructurados previamente, obligán-dose al desarrollo de herramientas y estrate-gias originales; afl oran nuevas demandas de conocimiento que re-orientan la investigación; surgen temas de refl exión e insumos diver-sos para ser abordados en cursos de grado y posgrado; se produce nuevo conocimiento a partir de la interacción entre conocimiento académico y saber popular; se disparan pro-cesos colectivos tendientes a la mejora de la calidad de vida de la población, y se profun-diza el compromiso de la Universidad con la sociedad que la sostiene.

Para lograr una colaboración efectiva entre la comunidad y los equipos universitarios, es necesario consolidar espacios de intercambio de carácter permanente, que aseguren la continuidad de los procesos sociales desencadenados por las intervenciones, evitando la frustración de las expectativas generadas. Por eso Habitario se propone como una plataforma capaz de articular los tiempos curriculares con los de los procesos sociales, mediante una estructura docente operativa, que gestione y canalice las demandas emergentes en la comunidad y articule proyectos a mediano y largo plazo, en los cuales los equipos estudiantiles se renueven cíclicamente, en régimen de pasantía, con créditos aplicables al currículo de grado y

promoviendo la participación amplia de equipos docentes de la Facultad y de la Universidad en los proyectos impulsados.

El interés por las problemáticas derivadas de la precariedad urbana y la producción infor-mal del hábitat, surge de la identifi cación de procesos socio-urbanos que nos involucran como ciudadanos y nos competen como ar-quitectos, y de la convicción que es necesario profundizar el tratamiento de estos temas en la Facultad de Arquitectura.

La incorporación formal de estos contenidos en la formación de grado y la refl exión sistemática sobre las posibilidades de nuestro campo disci-plinar para incidir en estos procesos, abren el camino al desarrollo de nuevas herramientas y estrategias creativas de intervención. Ellas deberían nacer de la especifi cidad de nuestro campo de conocimiento y desde allí aportar a un abordaje interdisciplinario de la problemática, superando la tendencia a abordar estos temas con modalidades de pensamiento y metodolo-gías propios de otras disciplinas.

En este sentido, creemos que es necesario pro-fundizar la aplicación de nuestra herramienta más específi ca, el pensamiento proyectual, para interpelar estas realidades descubriendo sus potenciales de transformación, inventando otros escenarios posibles y organizando las variables

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LA CAÍDA DE UN MITO Y PROPUESTAS DE ACCIÓN*

Estudio del stock habitacional vacío montevideano

* El presente trabajo fue presentado y expuesto por sus autores en el Seminario Regional “Aportes para el diagnóstico habitacional”, organizado por la Dirección Nacional de Vivienda con el apoyo de la Intendencia Municipal de Montevideo y llevado a cabo el pasado 29 de julio.

Cristina Fynn, Martha Siniacoff, María Rosa Roda, Noemí Alonso, Miguel Meny, Ricardo Martínez, Enrique Machado.

INVESTIGACION

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Introducción

El Intendente Municipal de Montevideo, Dr. Ricardo Ehrlich, creó por Resolución Nº 3290 de 2006 un Grupo de Trabajo de Stock Habi-tacional, integrado por funcionarios de diver-sas reparticiones municipales y distintas dis-ciplinas, cuyo principal objetivo era asesorar a la Administración respecto a la defi nición de las políticas habitacionales orientadas a la utilización del stock habitacional vacío, tanto público como privado.

El Grupo de Trabajo está integrado por la Lic. Cristina Fynn, Coordinadora (División Planifi ca-ción Estratégica); la Ing. Agrim. Martha Siniacoff (Servicio de Catastro y Avalúo); la Arq. María Rosa Roda (Unidad Plan de Ordenamiento Territorial); la Arq. Noemí Alonso (Servicio de Tierras y Vivienda); el Lic. Miguel Meny (Unidad de Estadísticas); el Ing. Agrim. Ricardo Martínez (Unidad de Fotogrametría y Otras Técnicas) y el Dr. Enrique Machado (Asesoría Jurídica).

Para cumplir con el objetivo perseguido, se procuró identifi car el stock habitacional vacío, a efectos de cuantifi carlo; conocer su distri-bución espacial en el territorio; caracterizarlo desde el punto de vista edilicio (área, destino, antigüedad, estado de conservación, categoría

constructiva), y analizar su situación desde la perspectiva jurídico-notarial (titularidad, deuda municipal, existencia de embargos judiciales).

Según la información proveniente de la Fase I del Censo 2004 del INE, en Montevideo exis-ten 57.000 fi ncas vacías. La referida informa-ción se encuentra agregada por Segmentos Censales. Para poder individualizar la ubica-ción precisa de cada una de dichas fi ncas, insumo esencial para el Grupo de Trabajo, se ensayaron diversas metodologías:

I: Se partió del supuesto que debía existir una correlación importante entre la variable “deu-da municipal” y la condición de “vacío” de un inmueble. Al conocer la ubicación espacial de los inmuebles deudores municipales, se rea-lizaron relevamientos de campo en algunos Segmentos Censales con un número impor-tante de inmuebles deudores y además con un signifi cativo número de inmuebles vacíos. Como conclusión de los relevamientos, sur-ge que la correlación entre inmueble vacío e inmueble deudor es muy baja (28%). Podría pensarse por tanto que los inmuebles vacíos no necesariamente son deudores, por lo que se descartó este método de búsqueda.

II: La IMM dispone de la información del con-

sumo promedio anual de agua por padrón, por lo que se realizó un relevamiento en una zona testigo, de los inmuebles que registraron un con-sumo promedio anual de agua menor a un me-tro cúbico, en el supuesto que ése podría ser un buen indicador de la condición de “vacío” de un inmueble. No obstante, surge del relevamiento que en un alto porcentaje el bajo consumo se explica por situaciones de irregularidad en la co-nexión de OSE y no porque la fi nca estuviese desocupada, por lo que este indicador tampoco resultó efectivo.

III: Luego de una gestión con la Dirección, se ac-cedió a la información primaria del relevamiento del INE, sujeta al secreto estadístico, donde se individualizan por la dirección identifi cada en el trabajo de campo, todos los inmuebles caracte-rizados como vacíos. No obstante, realizados relevamientos muestrales en dos zonas testigo, se concluye que el porcentaje de inmuebles que se mantienen desocupados es bajo (48%), lo que puede deberse a una mala calidad en los datos o bien a que la situación desde el 2004 al momento de nuestro relevamiento, comienza a mostrar signos de revertirse.

IV: Se seleccionó como experiencia piloto un sector del área del “Plan Especial Goes” y se realizó un relevamiento exhaustivo de todas las

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PREGUNTAS PARA HACERLE AL CENSOBenjamín Nahoum

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parte, en la falta de información sobre algunos temas. Tres de las más importantes de esas po-lémicas refi eren a las viviendas desocupadas, la magnitud del défi cit cuantitativo y la territorializa-ción de la demanda.

Sobre las primeras, falta un conocimiento ade-cuado de cuántas son realmente las viviendas desocupadas, en qué estado se encuentran, por qué están vacías y hasta de si realmente están desocupadas2. Respecto del défi cit cuantitativo, si bien en los últimos tiempos los estudios han arrojado cifras que varían entre las cincuenta-sesenta mil y las ochenta-cien mil viviendas, se ha discutido también si ésta es su verdadera medida y hasta algún estudio reciente ha con-cluido, con bases metodológicas distintas, que habría un superávit de oferta con relación a la demanda3. Y en cuanto a la territorialización, los estudios en general arrojan resultados globales, que no aportan elementos sufi cientes para una toma de decisiones más fi na.

Dado que resolver estas cuestiones es esencial para una correcta planifi cación de las políticas de vivienda, resulta claro el interés de tratar que el Censo 2010 aporte las informaciones que permitan dilucidarlas: algunas de ellas se levan-tarán simplemente actualizando los datos, pero otras requerirán formular nuevas preguntas, y

Para el próximo año está fi jada la realización del VIII Censo Nacional de Población, IV de Hoga-res y VI de Viviendas, que esta vez se realiza ca-torce años después del anterior, llevado a cabo en 1996. Vuelve así a no cumplirse la deseada periodicidad de diez años (sólo una vez satis-fecha hasta ahora), al decidirse que se poster-garía cuatro años el relevamiento para hacerlo coincidir con el de otros países de la región.

Es cierto que en 2006, cuando hubiera co-rrespondido realizar el Censo, se hizo una versión especial de la Encuesta Continua de Hogares que se efectúa anualmente, la que recogió también información sobre vivienda: tan especial fue esa encuesta que se la llamó “Ampliada” para distinguirla de las ordinarias, y efectivamente la información que suministró fue bastante mayor que la de la clásica ECH. Pero encuestas son encuestas y censos son censos y realmente se corren serios riesgos tratando de extraer de una la información que debe dar el otro1 (y recíprocamente).

La instancia a cumplirse en 2010 es muy impor-tante, no sólo porque permitirá actualizar la in-formación sobre la demografía y el parque habi-tacional del país, luego de casi tres lustros, sino porque en estos años se ha instalado una serie de polémicas, que tienen su sustento, en buena

1 Ver nuestra nota “¿Sin Censo en 2006? Para no cometer un error” en VIVIENDA POPULAR Nº 15 de junio 2005.

2 En esta misma edición se incluye un artículo sobre el trabajo realizado por un conjunto de técnicos de la Intendencia Municipal de Montevideo, que revela que un alto porcentaje de las viviendas que el Censo Fase I de 2004 catalogaba como desocupadas, cuatro años después no lo están; a similares conclusiones llega un trabajo aún en proceso de Carlos Casacuberta y Álvaro Echaider contratado por el Ministerio de Vivienda (ver también información al respecto en www.mvotma.gub.uy/DINAVI, Seminario Regional “Aportes para el Diagnóstico Habitacional”).

3 Esta cuestión también fue debatida en el seminario antes citado, y las presentaciones se encuentran en la misma página web. Entre las distintas estimaciones del défi cit cuantitativo se encuentran las siguientes:

CIDE 1965: 85.000 unidades (con datos del Censo ´63) Terra 1969: 120.000 (proyección en base a los mismos datos)II Congreso SAU 1983: 100.000 (Censo ´75) COVIP (Coordinadora de Vivienda Popular, integrada por organizaciones sociales) 1985: 103.000, con base en los mismos datosPlan Quinquenal del MVOTMA 1995-99: 80.000 (estimación 120.000 para el año 2000)Szalachman 1998: 59.000 (con base en datos de la Encuesta de Hogares 1994)Nahoum 1998: 60.000 (con base en los datos del Censo ´96)Di Paula 1999: 100.000 (íd.)Kok 2003: 64.000 (íd.)Nahoum 2005: 80.000 (con base en datos del Conteo ´04)Casacuberta 2006: 40.000 ( base: Censo ´96)Casacuberta 2006: superávit de 7.000 unidades (base: Conteo ´04)

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ECO-BARRIO “VILLA CUATRO ÁLAMOS”Bernardette Soust*

Una experiencia de sustentabilidad en Chile

* La autora es estudiante de la Facultad de Arquitectura-UdelaR; el presente trabajo es parte de la pasantía que de-sarrollara en el periodo octubre 2008-julio 2009 en la Escuela Nacional Superior de Arquitectura de Marsella, Francia y el Estudio Domene, Salón de Provence de dicho país (equipo conformado por ingenieros ambientales y urbanistas, espe-cializado en la gestión de la energía, las energías renovables y la calidad ambiental en los edifi cios). Este trabajo formó parte de una recolección de experiencias y buenas prácticas sobre los “eco-barrios” construidos en el mundo en clima mediterráneo, en el marco del asesoramiento de dicho Estu-dio al plan urbanístico Euromediterranée, Marsella.

EXPERIENCIAS RECIENTES

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La Comuna de Maipú1, con sus habitantes, y el Centro Cultural, Social y Ambiental “Ceibo”, junto a una estudiante de la licenciatura de Ecología y paisaje de la Facultad de Arquitectura, Urbanis-mo y Paisaje de la Universidad Central de Chile, la Bach. María Inés Díaz, llevan adelante desde diciembre de 2007 la puesta en práctica de un proyecto de un “eco-barrio” en la periferia de la ciudad de Santiago de Chile.

Como dice Luis Marques, vecino representante del Centro “Ceibo”: “Éste es un proceso, que por lo menos tardará una generación en consolidar-se, ya que es un cambio cultural profundo, que 1 Comuna perteneciente administrativamente a la Provincia de

Santiago de Chile; integra la Región Metropolitana de Santiago.

Plano de ubicación de la villa Cuatro Álamos en relación a la ciudad de Santiago de Chile.

Situación preexistenteLeyenda: 1. Colegios

2. Terreno municipal3. Estacionamiento 4. Cancha de fútbol

5. Sede Junta Vecinal6. Sede “CEIBO”7. Áreas verdes8. Multicancha

9. Iglesia 10. Jardín infantil

11. Espacios sin uso defi nido12. Caminares Chile Deportes

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* Hugo Rea Riveiro es arquitecto, socio Integrante del Instituto de Asistencia Técnica CAEESU, y responsable del proyecto arquitectónico y director de obra de la cooperativa Covi2000. Es especialista en Sistemas de Gestión Ambiental y metodologías de Producción Limpia. El presente trabajo fue elaborado y discutido con la cooperativa, y en especial con su presidente, Víctor Rodríguez, y el Capataz de Obra, José Durán.

COOPERATIVA COVI2000Hugo Rea*

SUSTENTABILIDAD

Una propuesta sostenible

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IntroducciónEl trabajo que se desarrolla a continuación re-fi ere a la experiencia en la construcción soste-nible de viviendas para la cooperativa de ayuda mutua “Covi2000”. La base de este trabajo se desarrolla sobre el concepto más amplio de sos-tenibilidad, abordando el estudio del proyecto a partir de la defi nición dada por la ONU: “Es cu-brir las necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (Defi nición según la COMISON BRUNDTLAND, 1987.Informe socio-económico, ONU 1987).

COVI2000 es un proyecto de adaptación sos-tenible, puesto que el proyecto arquitectónico no fue concebido a tales efectos en la etapa de diseño, o sea, referido desde el proceso del pro-yecto, tanto arquitectónico como social.

La base fundamental de este desarrollo está dada en la aplicación de Metodologías Limpias, esto es, teniendo en cuenta la Minimización en el uso de los Recursos No Renovables.

La Cooperativa Covi2000 es una cooperativa de Ayuda Mutua de usuarios. Son cincuenta viviendas en tira, desarrolladas en dúplex, de dos, tres y cuatro

dormitorios. El terreno en el cual se implanta el proyecto consta de 7900 m2, del cual el 25% es de ocupación edifi cada.

Estrategias de SostenibilidadEstas estrategias se basaron en detectar oportu-nidades de mejora sostenible, sobre la base del desarrollo de cuatro canales de actuación:

- Gestión de Energía- Detectar proyectos de efi ciencia energética ba-sados en estrategias de Arquitectura Pasiva.- Generación de energía alternativa como por ejemplo Colectores Solares, etc.

- Gestión de agua- Analizar el consumo por usos y defi nir me-didas alternativas de suministro de agua, que no fuera a través de OSE, a los efectos de minimizar el uso de ésta para actividades se-cundarias.

- Gestión de residuos- Defi nir procedimientos para su categoriza-ción y segregación adecuadas, basándose en las siguientes prioridades: Minimizar-Reducir/Reciclado-Reutilización/Disposición Final.

- Gestión del territorio. Éste es un vector impor-tante y nuevo de análisis, donde se visualiza el relacionamiento del proyecto arquitectónico ha-

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LA PERSPECTIVA DE DERECHOS EN LAS POLÍTICAS HABITACIONALES EN AMÉRICA LATINA*Raúl Fernández Wagner**

** Profesor Asociado en el Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires.

* Ponencia presentada en el XIII Encuentro de la Red ULACAV y V Jornada Internacional de Vivienda Social, “El Derecho a la Ciudad y a la Vivienda. Propuestas y Desafíos en la Realidad Actual”, Octubre 2007, Valparaíso, Chile.

LATINOAMERICA

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1. Política social y política de vivien-da. Breves notas históricasLa pobreza urbana emerge como cuestión so-cialmente problematizada a partir del proceso de urbanización acelerada de las principales ciuda-des europeas, que trajo consigo pestes y crisis sociales, resultado de las deplorables condicio-nes de vida de los trabajadores en las ciudades.

La maduración del capitalismo industrial (que asoció mecanización y venta libre del trabajo) atravesaría crisis económicas cíclicas, propias del patrón de industrialización liberal, las que se conjugarán con la organización obrera y la extendida lucha social de fi nes del Siglo XIX y principios del XX. Será determinante la funcio-nalidad estructural de la fuerza de trabajo en la reproducción del capital, lo que demandará pro-gresivamente la intervención del Estado.

Las políticas sociales surgirán precisamente de dicha contradicción. Sus inicios estarán dados por las primeras regulaciones del trabajo en el contexto del liberalismo del Siglo XIX, ejercidas más como concesiones (a fi n de contener la ex-tendida protesta social) que como derechos, y muy lejos aún de constituir garantías asociadas a la condición de ciudadanía (Pisarello 2001): esto se dará recién con la consolidación de los primeros dispositivos de “seguridad social”, los seguros de salud pensión y vejez, de 1890.

Aquí se sientan las bases de lo que Robert Cas-tel (1997) denomina “Estado Social”, y lo que para él constituye “una mediación en el confl icto capital-trabajo”. Recién con posterioridad a la crisis del ´30, y los intentos totalitaristas de la Segunda Guerra, madurará el pacto entre capi-tal y trabajo, en el marco del acuerdo fordista-keynesiano, el cual avanzará legislando cons-titucionalmente hacia un sistema de derechos asociados a la condición de ciudadanía. Por encima de una política asistencial del Estado (destinada a los “inválidos”, a quienes sólo pue-den subvenir las condiciones básicas de exis-tencia con ayuda), se desarrollará un sistema de políticas sociales en tres dimensiones: una política del trabajo, una política de los servicios universales y una política de provisión pública de infraestructuras sociales.

La primera se corresponderá con la extensión del trabajo asalariado en el capitalismo indus-trial, desarrollando tanto regulaciones sobre los contratos de trabajo, como garantías sobre las irregularidades del ciclo económico (desempleo) y los riesgos individuales de la vida laboral acti-va (accidentes, enfermedad, vejez y muerte).

La política de servicios universales, que ya tenía antecedentes importantes un siglo antes, a partir del Estado de Bienestar (en Europa) alcanzará el carácter de verdaderamente universal asocia-

da a una nueva defi nición de ciudadanía. Los sistemas educativos reforzarán así su carácter de socialización cultural e instrucción técnica al servicio del sistema productivo. Los sistemas de salud pública tendrán como función garantizar la higiene pública y la prevención de epidemias, mediante un mínimo accesible de prestaciones y cuidados sanitarios a los individuos.

La política de provisión pública de infraestructura social (vivienda, agua potable, saneamiento, transporte y seguridad) con antecedentes desde la segunda mitad del Siglo XIX, cuando el Estado enfrentara las recurrentes pestes y epidemias, desarrollaría a su vez en nombre del higienismo, las primeras intervenciones en gran escala en el ambiente construido. En el contexto fordista-keynesiano, una política sobre la dotación y acceso de la población a las condiciones físicas del hábitat, será un factor clave en la reproducción cultural y económica de los individuos, funcional al sistema productivo, tanto sea en términos de “efi ciencia de una fuerza de trabajo bien alojada”, como de salvaguarda de las inversiones en soportes durables y suelo urbano.

Se reconoce a la política social -como la desa-rrollada en los países europeos en este momen-to- como un conjunto de intervenciones que la sociedad realiza sobre sí misma, mediante la intervención institucional del Estado, a fi n de

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CIUDAD AFUERA, MERCADO AL CENTRO, VIVIENDA ADENTRO*Jaime Erazo Espinosa y Oscar Raúl Ospina**

Fragmentación urbana. El caso de Quito

* El presente artículo es un resumen de una investigación más extensa realizada por los autores. Como corresponde a un trabajo académico, tiene numerosas y rigurosas referencias a las fuentes de las que se han tomado ideas o informaciones, cuya inclusión en el artículo haría que éste tuviera una extensión y una lectura incompatibles con el carácter de nuestra revista. Por esa razón se han suprimido las referencias intercaladas en el texto, fi gurando todos los autores y trabajos correspondientes en la extensa bibliografía que fi gura al fi nal del artículo. (Nota de VIVIENDA POPULAR)

** Oscar Raúl Ospina es Politólogo por la Universidad Nacional de Colombia y Máster en Desarrollo Local y Territorio por FLACSO Ecuador, así como investigador independiente de temas urbanos y de mercados inmobiliarios en particular; Jaime Erazo Espinosa es Arquitecto por la Universidad Técnica Particular de Loja y Máster en Desarrollo Local y Territorio por FLACSO Ecuador, actualmente es investigador del Programa de Estudios de la Ciudad de Quito, Ecuador; y de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Centros Históricos, OLACCHI.

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Ciudad afuera: contexto urbano transformadoEn el contexto latinoamericano de los ´40, las relaciones citadinas entre la modernización, la industrialización y el progresivo distanciamien-to del Estado con los ahora llamados gobiernos locales, marcaron la hoja de ruta y formaron los patrones socioespaciales de lo que sería la es-tructura urbana de aquel período1. A partir de los ´90, la literatura registra los amplios procesos que transformaron funcionalmente nuestras ciu-dades, cambios referidos principalmente al pai-saje urbano y la conectividad, causados por las olas de inmigración que, presas por las marcadas desigualdades regionales provocadas por el dis-tanciamiento del Estado, llegaron especialmente atraídos por la primacía de las capitales. Su arribo acrecentó la demografía, superpobló y heteroge-neizó asentamientos, replegó a las clases medias y altas, y formó cinturones marginales al interior de los cuales se forjaron algunas de las más exi-tosas estrategias colectivas de sobrevivencia, acceso y gestión de suelo urbano de calidad y vivienda adecuada. Si bien no todos los patrones estructurales se vieron afectados por estos pro-cesos, algunos sí llegaron a transformarse2.

Esta transformación fue califi cada a menudo como fragmentación urbana o diferenciación funcional y es la que a fi nales del siglo XX, caracterizó a las urbes y generó áreas vigila-das, residenciales o no, como un nuevo orden espacial, cuyo desarrollo se vio proliferado por

los procesos y modelos de suburbanización, fomentados por el repliegue de los grupos con mayores ingresos3. Desde entonces, la ciudad concebida como el espacio de la libertad em-pezó a diluirse; sus habitantes, confrontados con múltiples inseguridades, se adaptaron a las constantes crisis y al caos diario4 . Así, después de pasar por murallas, blindajes, muros, frag-mentos, fortifi caciones y cárceles, esta ciudad que dilata algunas fronteras y se dispersa por el territorio, está afuera y aún no tiene nombre.

Se expande con contrastadas densidades y lo hace sin brújula, sin estrategia esencial; pues lo que marca las directrices son los intereses y actuaciones de su mercado inmobiliario privado, su irregularidad y sus relaciones altamente po-litizadas. Mientras tanto, su población replega-da y marginada continúa, de forma acelerada, con fl exibles instrumentos de planifi cación y sin considerar la localización dominante, sino la que supla necesidades5, ocupando difusamente el suelo suburbano disponible, los radios de in-fl uencia, los espacios centrales y cualquier parte que sirva para construir los tipos de proyectos del orden espacial vigente. Dos de éstos son los conjuntos cerrados, producto del “urbanismo de las afi nidades” 6 y los Grandes Proyectos Urba-nos7. Afuera, también la ciudad simplifi ca y aglu-tina los signifi cados y trayectorias del “proyecto urbano” y da los apoyos normativos necesarios para justifi car las globalizadas vías de benefi cio que caracterizan al capitalismo actual.

1 Entre otros, estos patrones fueron: contrastes centro-peri-feria, zonifi cación de la riqueza, cinturones de clase media, y consolidación de centros históricos.

2 En Quito, la transformación de los patrones ofertantes de vivienda caracterizó a la urbe de dos formas: concentrándola en departamentos del casco citadino e introduciéndola, junto con terrenos de urbanizaciones, en los valles aledaños y el sur de la ciudad.

3 En general, se pueden explicar dos modelos de subur-banización: el anglosajón, donde se presenta un continuo campo-ciudad y el mediterráneo, donde existe un corte entre la ciudad y los suburbios. Estos modelos han experimentado evoluciones, por ellos se señalan tres tipos morfológicos: pe-riurbanización, difusión reticular y superposición de ambos estilos.

4 El “estrés espacial” es la señal que muestran los habitan-tes, cuyos espacios son percibidos como llenos de confl ictos o cuya delimitación frente a otras zonas no es clara.

5 En especial aquella que facilite el desplazamiento hacia las centralidades de la ciudad y evite vulnerabilidades; es decir, la cercana a vías rápidas de circulación (con vehículos privados) e imaginada como segura.

6 Para Maristella Svampa, es la “desincorporación” de los sectores medio-altos, que parten a la búsqueda de las ven-tajas que garantizan la homogeneidad residencial y una so-ciabilidad del “entre nos” que afi rma la reproducción de un determinado estilo de vida.

7 Aparecen en el último cuarto del siglo XX, generando es-pacios excluidos y excluyentes de la realidad urbana donde se insertan. Se destacan por sus barreras físicas y simbó-licas, tienen diferentes usos: ocio, comercio, residencia, trabajo, etc.

REVISTAVIVIENDA POPULAR SEGUNDA ÉPOCAOCT 2009 l 19

2010 + 5POLITICAS DE

VIVIENDA PARA LOS PRÓXIMOS

CINCO AÑOS

OCT

2009

l 19

REVI

STA

VIVI

ENDA

POP

ULAR

HÁBITAT Y VIVIENDA POPULAR: La mirada de los actores y la nuestraRaúl Vallés, DirectorFRENTE AMPLIOPARTIDO INDEPENDIENTEPARTIDO NACIONALPor qué no aparece la opinión del PARTIDO COLORADOCAMBIAR LA LÓGICA Y APRENDER DE LA SOCIEDAD Fernando ZerboniIMPULSAR EL COOPERATIVISMO Y LA TENENCIA COLECTIVA Ricardo PisciottanoLA OPINIÓN DE LOS EMPRESARIOSJosé Ignacio OteguiUNA VISIÓN DESDE LOS INSTITUTOS TÉCNICOSMirna SierraDOCE MITOS A DEMOLER Y UN NUEVO PARADIGMA. La habitación como necesidad. El hábitat como satisfactorJorge Di PaulaEXPLICITAR IMPLÍCITOS. A propósito de la formación y la arquitecturaRicardo MuttoniEL ESPACIO PÚBLICO EN CONTEXTOS DE PRECARIEDAD. Seminario Viviendo al Margen II Alina del Castillo, Andrea FranciscoHABITARIO. Nuevos formatos para la Extensión en la Facultad de ArquitecturaUPV (Unidad Permanente de Vivienda)LA CAÍDA DE UN MITO Y PROPUESTAS DE ACCIÓN. Estudio del stock habitacional vacío montevideanoCristina Fynn, Martha Siniacoff, María Rosa Roda, Noemí Alonso, Miguel Meny, Ricardo Martínez, Enrique MachadoPREGUNTAS PARA HACERLE AL CENSOBenjamín NahoumECO-BARRIO. “VILLA CUATRO ÁLAMOS”. Una experiencia de sustentabilidad en Chile Bernardette SoustCOOPERATIVA COVI2000. Una propuesta sostenibleHugo ReaLA PERSPECTIVA DE DERECHOS EN LAS POLÍTICAS HABITACIONALES EN AMÉRICA LATINARaúl Fernández WagnerCIUDAD AFUERA, MERCADO AL CENTRO, VIVIENDA ADENTRO.Fragmentación urbana. El caso de Quito. Jaime Erazo Espinosa y Oscar Raúl OspinaRESEÑA BIBLIOGRÁFICA | NOTICIAS

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