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El Centro de Investigación Internacional Actúa, CIIACTUA, como instrumento democratizador de conocimiento y a su vez propiciador de pensamiento crítico, ha diseñado la REVISTA DIGITAL ACTÚA, como línea editorial busca recuperar la dignidad del lenguaje, encontrar la identidad entre lo que se dice y hace. Dando énfasis en temas de coyuntura nacional, internacional y transnacional sobre política, derechos humanos, relaciones internacionales y cooperación internacional para el desarrollo, entre otros. Para este primer ejemplar, considerando la frase neerlandesa “Wie het verleden niet eert is de tockomst niet weerd”, en tradución no oficial al castellano, quiere decir: Quien no honra el pasado no valora el futuro. Los temas abordados se los ha realizado desde una perspectiva para rescatar nuestra memoria histórica, con la lógica que para avanzar al futuro primero debemos regresar la mirada al pasado.TRANSCRIPT
Mayo 2014 |
Actúa
ENTREVISTA A
MIKEL
BERRAONDO
De Finlandia a la
Amazonía
ecuatoriana por los
derechos indígenas
Introducción a la Fundamentación y Crítica del Iusnaturalismo de los
Derechos Humanos - Miguel Hernández
Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Su aparición y posterior
evolución en la Institucionalidad Internacional - Asier Tapia
Introducción: La justicia y el buen actuar… - Carmen del Pilar Loboguerrero
Carrasco.
La Génesis del Espacio Iberoamericano – Andrés Gutiérrez León
La Responsabilidad Social Empresarial una Moda de Siglos – Luis Felipe
Quintero
Caracterización de la Trata de Personas en la Región Andina – Astrid Muñoz
- 1 -
Revista digital
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CCoonnsseejjoo EEddiittoorriiaall
CCeecciilliiaa TToorrrreess
JJoorrggee MMaagguuiiññaa RRaammíírreezz
JJoosséé MMaarrííaa LLaarrrrúú
JJoosséé RRiiccaarrddoo PPuuyyaannaa
CCoooorrddiinnaacciióónn GGeenneerraall
AAnnddrrééss GGuuttiiéérrrreezz LLeeóónn
FFoottooggrraaffííaa yy AArrttee
AAnnddrrééss HHeerreeddiiaa MMaazzuueerraa
CCoolluummnniissttaass
PPiillaarr LLoobboogguueerrrreerroo
AAssttrriidd MMuuññoozz
HHeerrnnaannddoo SSaarrmmiieennttoo
TToommaass GGuuaayyaassaammíínn
LLuuiiss FFeelliippee QQuuiinntteerroo
VVaanneessssaa CCaacchhaaffeerriirroo
AAnnddrrééss GGuuttiiéérrrreezz LLééoonn
AAssiieerr TTaappiiaa
DDaanniieell AAmmooeeddoo
MMiigguueell HHeerrnnáánnddeezz GGaarrccííaa
SSiillvviiaa LLóóppeezz
TTooddooss llooss ddeerreecchhooss rreesseerrvvaaddooss.. NNiinngguunnoo ddee llooss
aarrttííccuullooss ddee eessttaa rreevviissttaa ddiiggiittaall ppuueeddeenn sseerr
rreepprroodduucciiddooss,, aallmmaacceennaaddooss,, oo ttrraannssmmiittiiddooss ttoottaall oo
ppaarrcciiaallmmeennttee,, aa ttrraavvééss ddee ccuuaallqquuiieerr mmeeddiioo,, ssiinn llaa
eexxpprreessaa aauuttoorriizzaacciióónn ddee CCIIIIAACCTTUUAA..
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3
Contenido
Editorial ........................................................................................................................................ 4
EEnnttrreevviissttaa ..................................................................................................................................... 5
Mikel Berraondo ....................................................................................................................... 6
DDiisseennttiirr ....................................................................................................................................... 17
Introducción a la Fundamentación y Crítica del Iusnaturalismo de los Derechos Humanos
................................................................................................................................................. 18
Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales : Su aparición y posterior evolución en la
Institucionalidad Internacional ............................................................................................ 22
Introducción: La justicia y el buen actuar… ....................................................................... 29
TTeemmaass .......................................................................................................................................... 34
La Génesis del Espacio Iberoamericano................................................................................ 35
La responsabilidad social empresarial una moda de siglos .................................................. 38
Caracterización de la Trata de Personas en la Región Andina ............................................ 41
AAccttuuaalliiddaadd .................................................................................................................................. 47
Becas ....................................................................................................................................... 48
Consulta Previa – Perú .......................................................................................................... 49
Cooperación Sur – Sur ............................................................................................................ 50
Ciiactua ................................................................................................................................... 51
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Editorial
El Centro de Investigación Internacional
Actúa, CIIACTUA, como instrumento
democratizador de conocimiento y a su vez
propiciador de pensamiento crítico, ha
diseñado la REVISTA DIGITAL ACTÚA,
como línea editorial busca recuperar la
dignidad del lenguaje, encontrar la identidad
entre lo que se dice y hace. Dando énfasis en
temas de coyuntura nacional, internacional y
transnacional sobre política, derechos
humanos, relaciones internacionales y
cooperación internacional para el desarrollo,
entre otros.
Para este primer ejemplar, considerando la
frase neerlandesa “Wie het verleden niet eert is
de tockomst niet weerd”, en tradución no
oficial al castellano, quiere decir: Quien no
honra el pasado no valora el futuro. Los temas
abordados se los ha realizado desde una
perspectiva para rescatar nuestra memoria
histórica, con la lógica que para avanzar al
futuro primero debemos regresar la mirada al
pasado.
En la primera sección, Entrevista, Ciiactua,
tuvo el honor de compartir con Mikel
Berraondo, académico y activista, autor de
una extensa producción teórica ante la
realidad de las víctimas de violaciones de
derechos humanos. Quien supo reflexionar
sobre la situación y futuro de la Consulta
Previa, Libre e Informada a los grupos
indígenas en la región Latinoamericana.
Para la segunda sección, Disentir, Miguel
Hernández realiza un transitorio repaso a
varias de las fundamentaciones
complementarias de los Derechos Humanos
en su sentido histórico, entre las cuales se
encuentra la renovada argumentación
iusnaturalista. Mientras, que Asier Tapia, en
su texto relata brevemente el proceso previo
sobre la aprobación de la Declaración
Universal de Derechos Humanos y cómo se
vislumbran en ésta los económicos, sociales y
culturales y su debilidad posterior. Por otro
lado, Pilar Loboguerrero, hace una
interesante reflexión de México, sobre los
conceptos de equidad, justicia y paridad
social, que no han llegado a ser del todo bien
entendidos o reforzados en la vida sustancial,
esto es, en la vida de los hechos.
Finalmente, en la tercera sección, Temas,
Andrés Gutiérrez León, realiza un análisis del
origen de la plataforma multilateral
iberoamericana en el marco de las Cumbres
Iberoamericanas. Por otro lado, Luis Felipe
Quintero, nos lleva por un recorrido histórico
de la evolución de la Responsabilidad Social
Empresarial (RSE). Del mismo modo, Astrid
Muñoz, presenta una importante
caracterización de la trata de personas en la
Región Andina, al ser uno de los delitos de los
derechos humanos, sin distinción de sexo,
edad, condición social y económica, por lo
que se ha convertido a nivel nacional,
regional e internacional en un tema de
importancia para los Estados.
Con la esperanza, que estos textos aporten a
identificar de dónde venimos y hacia dónde
vamos, y forjen el pensamiento crítico para
construir sociedades más justas y humanas.
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Mikel Berraondo
“…hhaayy qquuee tteenneerr ppoossttuurraass mmuuyy ccllaarraass ppaarraa sseegguuiirr ddeeffeennddiieennddoo eell ccoonncceeppttoo,, llaa vviiggeenncciiaa yy llaa
ggaarraannttííaa ddee llaa ccoonnssuullttaa eess ffuunnddaammeennttaall””
Mikel Berraondo, es académico y activista, autor de una extensa producción teórica ante la
realidad de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Ha logrado establecer en la
agenda del Gobierno español y agencias de la ONU la defensa de los derechos de los pueblos
indígenas, para frenar el impacto de grandes empresas en territorios indígenas.
Pregunta: ¿Mikel, nos gustaría conocer de un poco
de tu historia, donde nace este interés por impulsar
los derechos de los pueblos indígenas? ¿De quién qué
influencias tuviste para involucrarte en este
apasionante sector?
R: Todo esto nació cuando yo era estudiante. La
verdad es que las culturas amazónicas siempre me
habían llamado mucho la atención y cuando estaba
terminando mi especialización en derechos humanos
tuve la oportunidad de irme a Finlandia a hacer la tesis de la maestría sobre pueblos
indígenas. De ahí ya de alguna manera pues me enganché absolutamente al tema. Gracias a
esa tesina luego me pude ir a empezar a hacer mi tesis doctoral a Ecuador y esa estancia en
““……eenn llaa zzoonnaa ddee PPaassttaazzaa yy eenn
QQuuiittoo ppuueess yyaa mmaarrccaarroonn
ddeeffiinniittiivvaammeennttee mmii ttrraayyeeccttoorriiaa yy
mmee lliiggaarroonn aa uunnaass ccuullttuurraass yy aa
uunnooss ppuueebbllooss qquuee ssiigguueenn
ddeessggrraacciiaaddaammeennttee ssuuffrriieennddoo eenn
eexxcceessoo vviioollaacciioonneess ddee ddeerreecchhooss
hhuummaannooss””
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Ecuador con toda la gente que conocí y la experiencia de trabajo que pude tener en varias
comunidades amazónicas en la zona de Pastaza y en Quito pues ya marcaron
definitivamente mi trayectoria y me ligaron a unas culturas y a unos pueblos que siguen
desgraciadamente sufriendo en exceso violaciones de derechos humanos.
P: ¿Según tu criterio, cuando nace esta necesidad de realizar el Proceso de Consulta previa,
libre e informada a los grupos indígenas?
R: Yo diría, fundamentalmente según el derecho internacional la obligación de los Estados
de consultar a los pueblos indígenas nace en el mismo momento en que tienen la idea de
hacer algún proyecto, de impulsar algún proyecto
del tipo que sea en territorio indígena. La
obligación de consultar, digamos, es primigenia
antes de cualquier actuación que pueda afectar a
territorio indígena.
P: Históricamente, ¿Crees que llega tarde el tema de
la consulta?
R: Evidentemente. La obligación de consultar con
los pueblos indígenas existe desde el año 1989 para
la mayor parte de los países de la región americana
que han ratificado el Convenio 169 de la OIT.
Lógicamente hay un lapso de más de 20 años en el
que muchos de estos países no sabemos que han estado haciendo. Pero como dice el refrán,
más vale tarde que nunca. Y eso también hay que tenerlo claro. Ha llegado en un momento
muy tardío en relación a lo que son las actividades extractivas en territorios indígenas pero
más vale que se haya empezado a mover ahora el tema y que se esté dando el debate en los
distintos Estados. A pesar de los intentos que está habiendo por rebajarle mucho el
contenido jurídico y quitarle contenido, el movimiento que ha habido, que está habiendo en
los últimos 4 o 5 años en la región americana es un movimiento súper importante para el
futuro no solo de la consulta sino para los derechos de los pueblos indígenas a nivel
internacional.
P: ¿De acuerdo a tu experiencia, qué proceso de consulta previa es un hito/caso de estudio
necesario de ser analizado?
““……pprroocceessooss ddee ccoonnssuullttaa qquuee
sseeggúúnn eell ggoobbiieerrnnoo ddee CCoolloommbbiiaa
ssoonn lleeggaalleess yy lleeggííttiimmooss,, yy
ccuummpplleenn ccoonn ttooddooss llooss
eessttáánnddaarreess iinntteerrnnaacciioonnaalleess yy qquuee
ssoonn rreecchhaazzaaddooss ppoorr llaa mmaayyoorrííaa
ddee oorrggaanniizzaacciioonneess iinnddííggeennaass yy
llaa ddooccttrriinnaa jjuurrííddiiccaa.. PPoorrqquuee,, eessoo
bbáássiiccaammeennttee ssoonn
pprroocceeddiimmiieennttooss aaddmmiinniissttrraattiivvooss
qquuee nnoo ttiieenneenn nnaaddaa qquuee vveerr ccoonn
llaa ccoonnssuullttaa””
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R: Ahí habría mucho que discutir. Recientemente he estado haciendo un trabajo de
sistematización para las cooperaciones alemana y española en relación al tema de la
consulta. Si empezásemos a discutir sobre buenas prácticas lamentablemente no tendríamos
muchas opciones donde mirar. En principio donde tendríamos el principal problema sería
realmente en definir qué es una buena práctica para la comunidad indígena objeto de
consulta y por parte de los Estados. Ha habido varias experiencias exitosas o interesantes en
relación a la interpretación del ejercicio del derecho a la consulta. Los procesos de auto-
consulta que están realizando distintos pueblos indígenas, igual los más conocidos han sido
la experiencia guatemalteca con los procesos de auto-consulta con el tema de la minería, pero
hay bastantes procesos de auto-consulta en otras regiones. Está habiendo un intento en
varios de los países de la región americana de establecer un mecanismo de consulta
permanente a través de mesas de concertación con pueblos indígenas. En Colombia hay una
mesa de concertación a finales de 1996 y luego casos más recientes como puede ser el de
Panamá en donde a través de una mesa de concertación han definido el Plan de Desarrollo
para pueblos indígenas para los tres siguientes años, o el caso de Costa Rica, en que están
con una mesa de concertación para resolver el tema de la construcción del Diquís
(hidroeléctrica) y otra serie de cuestiones que afectan a territorios indígenas. Luego tienes
otra serie de casos en donde lógicamente hay mucha disparidad de opiniones. Por ejemplo,
procesos de consulta que según el gobierno de Colombia son legales y legítimos y cumplen
con todos los estándares internacionales y que son rechazados por la mayoría de
organizaciones indígenas y la doctrina jurídica porque eso básicamente son procedimientos
administrativos que no tienen nada que ver con la consulta. Y por último incluso los
ejercicios de negociación directa que se están impulsando en muchos países ya entre
empresas y comunidades indígenas. Ahí también hay una gran discusión sobre el tema y una
gran diversidad de opiniones pero es un hecho bastante real esta circunstancia de
negociación directa entre empresas y comunidades. Por esto te digo que encontrar un caso
paradigmático que sea el caso de consulta clave y que pueda ser el referente para la región,
pues desgraciadamente yo o lo conozco. Seguramente lo habrá pero yo no lo he encontrado y
en ese sentido pues también me dice mucho la poca voluntad política que tienen los
gobiernos para llevar a la práctica el derecho a la consulta en los términos que establece el
derecho internacional.
P: ¿Los casos de Saramaka Vs Surinam y Sarayaku Vs Ecuador pueden ser referente
académico para iniciar el estudio del tema?
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R: Claro, pero no son casos de consulta. Son casos de violaciones del derecho a la consulta
que llegan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ahí acaban teniendo su
sentencia muy interesante para desarrollar el derecho a la consulta y al consentimiento. Por
eso decía que casos exitosos donde se realiza la consulta de manera voluntaria por parte del
Estado de acuerdo a los estándares internacionales pues yo no lo he conocido. Por ejemplo,
volviendo a los casos planteados, en relación a Sarayaku el gobierno ecuatoriano sigue
negando la doctrina de la Corte IDH que le obliga a aplicar la consulta y a cambiar su
legislación.
P: ¿Qué países en el régimen internacional, o regional están en deuda en cuanto al derecho a la
consulta previa?
R: En otras regiones la situación es muy dispar. A pesar de los problemas que tiene América,
la situación legal y política que tienen los pueblos indígenas es infinitamente mejor a la que
tienen estos pueblos en África o en Asia. En estos dos continentes están en una situación
muy primaria de reconocimiento. Son pueblos que están todavía peleando el hecho de que se
les reconozca como pueblos diversos, que se reconozca su diversidad, sus culturas diferentes
y que no se les persiga o se les mate por el hecho de ser diferentes. Desgraciadamente en
África los niveles de violencia tribal contra los pueblos indígenas que tienen un origen
distinto al de la mayoría de los que gobiernan en algunos países siguen siendo muy
dramáticos, y en Asia la represión violenta contra los distintos pueblos indígenas es muy
fuerte también. Entonces, los planteamientos que
se están dando en América con relación a la
consulta, en África o en Asia todavía se está muy
lejos de tener una estabilidad política que permita
llegar a esos planteamientos. Lo que pase en
América con la consulta y los derechos de los
pueblos indígenas va a ser determinante para el
resto del mundo puesto que todo el mundo está
mirando a América para ver cómo evoluciona el
desarrollo de los derechos de estos pueblos, cómo
se articula con los Estados. Los pueblos indígenas, desde un punto de vista utópico pensando
en la maravilla que sería poder tener una situación idéntica y los Estados pues con mucho
recelo, viendo también sus problemas y las dificultades y los problemas políticos que crean
los derechos de los pueblos indígenas para afianzar un poco su escepticismo, su recelo a
políticas de reconocimiento de la diversidad cultural.
““AAhhoorraa,, uunnoo ddee llooss ppaaíísseess eenn
ddoonnddee eessttaa ssiittuuaacciióónn eessttáá mmááss
dduurraa,, ppooddrrííaa sseerr GGuuaatteemmaallaa,, eenn
ddoonnddee llaass aaccttuuaacciioonneess ddee
eemmpprreessaass eenn llaa ccoonnssttrruucccciióónn ddee
hhiiddrrooeellééccttrriiccaass ssiigguuee ggeenneerraannddoo
llaa mmuueerrttee ddee ddiirriiggeenntteess
iinnddííggeennaass yy ssiinnddiiccaalleess””
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En relación a los países que más
en deuda están, si nos centramos
en América no sé por dónde
empezar. desgraciadamente deuda
con países indígenas tienen todos
los países de América. Ninguno ha
resuelto legalmente las deudas
históricas bien sea desde la colonia
española o bien sea desde la época
de las repúblicas posteriores. Hay
todavía una asignatura pendiente en los Estados, que es la petición de perdón, el
reconocimiento a la diversidad y el establecimiento de unos nuevos parámetros de
organización social a partir de la integración de los pueblos indígenas a esas sociedades y en
relación concreta con el derecho a la consulta lógicamente las situaciones son diversas, no se
puede homogeneizar pero yo te diría que aquellos países donde más actividad extractiva ha
habido pueden ser aquellos países que más en deuda están puesto que los niveles de
afectación, de contaminación y de violación de derechos humanos han sido más graves.
Ahora uno de los países en donde esta situación está más dura podría ser Guatemala, en
donde las actuaciones de empresas en la construcción de hidroeléctricas sigue generando la
muerte de dirigentes indígenas y sindicales, pero lógicamente luego tienes todo el bloque de
países amazónicos: Colombia, Ecuador, Perú, que tienen una larga lista de violaciones de
derechos territoriales y de derechos humanos de pueblos indígenas por negarles el
reconocimiento de su diversidad, de sus territorios, y negarles el ejercicio de la consulta y de
la participación.
P: ¿Qué opinas de las diferentes posiciones al respecto de la consulta previa del C169, el relator
especial y el grupo de trabajo empresa y derechos humanos? A raíz de estas divergencias en la
consideración de la consulta, ¿Crees que las expectativas de fortalecimiento del procedimiento
se pueden ver dañadas en el sentido de que al final los estados se acojan más restrictiva del
grupo de trabajo?
R: Ahí es hacia donde se está dirigiendo todo eso está claro. Las posturas del Convenio, de la
Declaración, del mismo Relator ahora mismo en el contexto del Grupo de Trabajo Empresas
y derechos Humanos podrían tildarse incluso de posturas radicales cuando nunca se han
caracterizado por ser excesivamente radicales. Pero sí que es cierto que el trabajo que está
““MMoonnttaarr uunnaa uunniiddaadd ddee ccoonnssuullttaa ppaarraa qquuee
bbáássiiccaammeennttee qquuee hhaaggaa uunn pprroocceessoo aaddmmiinniissttrraattiivvoo yy
ssiimmpplleemmeennttee ssee ddeeddiiqquuee aa aaccoommppaaññaarr llaass
aaccttiivviiddaaddeess ddee iinnffoorrmmaacciióónn yy ddiiáállooggoo qquuee rreeaalliizzaann
llaass eemmpprreessaass.. EEssoo eevviiddeenntteemmeennttee eess mmuuyy
pprreeooccuuppaannttee ppuueessttoo qquuee ttrraassttoorrnnaa ddee mmaanneerraa
aabbssoolluuttaa eell ccoonncceeppttoo,, eell ccoonntteenniiddoo yy llaa ffiinnaalliiddaadd ddee
llaa ccoonnssuullttaa yy aahhíí ccrreeoo qquuee hhaayy qquuee tteenneerr ppoossttuurraass
mmuuyy ccllaarraass ppaarraa sseegguuiirr ddeeffeennddiieennddoo eell ccoonncceeppttoo,, llaa
vviiggeenncciiaa yy llaa ggaarraannttííaa ddee llaa ccoonnssuullttaa eess
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haciendo el Grupo de Trabajo en
relación a minimizar los derechos de
pueblos indígenas y quitarles
contenido a mi me parece muy
preocupante. Creo que es un espacio
muy interesante, que hay que
potenciar el diálogo, la construcción
de espacios de convivencia, pero creo
que eso tiene que ser siempre desde el respeto de los estándares internacionales y en el caso
de la consulta está claro que hay una política, una estrategia muy clara que yo creo que
también viene impulsado por el sector privado para quitarle fuerza jurídica y política al
contenido de la consulta y reducirlo a un proceso administrativo de información, que es un
poco el modelo colombiano que el resto de países está mirando. Montar una unidad de
consulta para que básicamente de haga un proceso administrativo y simplemente se dedique
a acompañar las actividades de información y diálogo que realizan las empresas. Eso
evidentemente es muy preocupante puesto que trastorna de manera absoluta el concepto, el
contenido y la finalidad de la consulta y ahí creo que hay que tener posturas muy claras para
seguir defendiendo el concepto, la vigencia y la garantía de la consulta es fundamental. La
garantía necesaria para seguir protegiendo el resto de derechos que siguen siendo igualmente
importantes con el derecho al territorio, a la vida y a la cultura. Entonces lógicamente la
postura del Grupo de Trabajo es una postura que me preocupa. Es una postura que no
comparto y es un espacio en donde creo que las organizaciones indígenas deben hacer el
esfuerzo de participar para evitar que estas interpretaciones puedan ir cogiendo más fuerza,
teniendo en cuenta que el sector privado está encantado con estas interpretaciones porque
además es quien las está promoviendo. Entonces la situación la verdad es que no es muy
halagüeña a medio plazo para el derecho a la consulta. Estamos justamente ahora mismo en
un momento muy crítico en el que si estas tesis triunfan pues va a haber un replanteamiento
muy fuerte a la baja de los derechos de los pueblos indígenas.
P: Es peligroso que varios Gobiernos consideren que el proceso de Consulta previa es una
barrera para el "desarrollo" de su país, justificando el bienestar colectivo ante una minoría?
R: Ahí hay dos cuestiones. La consideración política precisamente es que hay esa falta de
voluntad por parte del Estado. Aquél gobierno americano que sigua pensando que la defensa
de los derechos de los pueblos indígenas es un obstáculo para el país lamentablemente sigue
teniendo hacia estos pueblos una postura discriminatoria y sigue excluyendo a los pueblos
““……hhaaccee yyaa mmááss ddee 2200 aaññooss eenn llaa CCoonnffeerreenncciiaa ddee
VViieennaa ddee DDeerreecchhooss HHuummaannooss eenn eell aaññoo 11999933,,
ccuuaannddoo ccllaarraammeennttee ssee aaffiirrmmaa yy ssee ddeejjaa bbiieenn ccllaarroo
qquuee eell ddeessaarrrroolllloo nnoo ssee ppuueeddee iinnvvooccaarr ccoommoo eexxccuussaa
ppaarraa nneeggaarr yy vviioollaarr llooss ddeerreecchhooss ccoolleeccttiivvooss ppoorr
mmuuyy ppeeqquueeññooss qquuee sseeaann””
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indígenas de la sociedad. Precisamente la consulta es un instrumento que permite a los
pueblos indígenas integrarse en esa sociedad mayoritaria y que entre todos, incluyendo los
pueblos indígenas se construyan
los nuevos paradigmas y modelos
de desarrollo hacia los que se
quiere caminar, y la sociedad en su
conjunto, integrando en esa
sociedad a los pueblos indígenas.
Por eso llama tanto la atención
que gobiernos, como en Bolivia,
que se suponen que son indígenas mantengan estas posturas de que la consulta es un
obstáculo para el desarrollo porque lamentablemente eso lo único que te demuestra es que
esos gobiernos siguen siendo gobiernos excluyentes hacia los pueblos indígenas. Y desde el
punto de vista jurídico este debate se cerró hace ya más de 20 años en la Conferencia de
Viena de Derechos Humanos en el año 1993, cuando claramente se afirma y se deja bien
claro que el desarrollo no se puede invocar como excusa para negar y violar los derechos
colectivos por muy pequeños que sean. Eso es un principio que está ahí en el Derecho
Internacional desde los comienzos de los años 90, que lógicamente los juristas que trabajan
para los Estadios lo quieres dejar arrinconado y no lo quieren utilizar, pero es un hecho
jurídico que está ahí también y que además está avalado por toda la doctrina del caso
latinoamericano, por la doctrina de la Comisión, de la Corte Interamericana, que también
han hablado mucho y han dictaminado mucho sobre lo que son las garantías de derechos en
el caso de grupos altamente vulnerables como son los pueblos indígenas. Entonces yo te diría
que este argumento de que la consulta es un obstáculo para el desarrollo también desde el
punto de vista jurídico como político no tiene ninguna argumentación posible más que las
argumentaciones que se puedan derivar desde planteamientos excluyentes y racistas.
P: Saliendo de la propia juridicidad de la consulta, en términos geopolíticos como puede
afectar a esta el papel de la OEA, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
CELAC, la Alianza del Pacífico o la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América
ALBA ¿Notas diferencia de abordar el tema respecto a las diferentes ideologías de los países en
términos geopolíticos o dependen más del modelo de desarrollo que se acoja en cada caso?
R: Realmente no veo muchas diferencias en lo ideológico y no las veo porque los modelos
económicos que siguen utilizando todos los países de la región. incluso los más de izquierdas
que quieras plantearme, siguen utilizando modelos de desarrollo extractivo, siguen
““……mmuucchhooss ggoobbiieerrnnooss ddee llaa rreeggiióónn aaccttuuaallmmeennttee
uuttiilliizzaann uunnaa ppoollííttiiccaa ppaarraa mmaanntteenneerr llooss nniivveelleess ddee
aacceeppttaacciióónn,, ddee ppooddeerr yy ddee ppooppuullaarriiddaadd.. UUttiilliizzaann
uunnaa ppoollííttiiccaa ddee rreeggaallííaass yy ddee ccoommpprraa ddee aappooyyooss qquuee
ssee ppuueeddeenn mmaanntteenneerr ssiieemmpprree yy ccuuaannddoo llaass ppoollííttiiccaass
eexxttrraaccttiivviissttaass sseeaann aallttaass yy llooss iinnggrreessooss ppoorr llaa
eexxpplloottaacciióónn ddee rreeccuurrssooss nnaattuurraalleess sseeaann aallttooss””
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desarrollando modelos centrados en el Banco Mundial, en los créditos internacionales, bueno,
todo el sistema económico internacional. Está claro que s muy difícil salirse de eso, pero
lógicamente los Estados americanos en cuanto que siguen en esa clave o dinámica tienen
políticas económicas muy claras que son las que se han tenido durante décadas
independientemente de los gobiernos de turno que ha habido, que son básicamente las
políticas extractivistas y de necesidad de explotar los recursos naturales para mantener ese
supuesto desarrollo que es está teniendo. Porque lo que luego tenemos, y esa sí que es una
diferencia ideológica que podríamos ver con gobiernos de otro sesgo político pues es que
muchos gobiernos de la región actualmente utilizan una política para mantener los niveles de
aceptación, de poder y de popularidad, utilizan una política de regalías y de compra de
apoyos que se pueden mantener siempre y cuando las políticas extractivistas sean altas y los
ingresos por la explotación de recursos naturales sean altos porque si no lógicamente pues
esos apoyos tan grandes que tienen presidentes como el ecuatoriano o de otros países, en
cuanto no haya regalías, esos bonos sociales se van a acabar. Entonces el problema que
tienen los pueblos indígenas con los gobiernos de turno, con las ideologías políticas es que
desgraciadamente la convivencia con los pueblos indígenas no es algo que esté en ningún
programa político de ellos, ningún polo político, todos acaban viéndose obligados y ahí
entiendo también que hay una responsabilidad de la Comunidad Internacional, no sólo de
los gobiernos sino del sistema internacional, de Naciones Unidas, de la presión fuerte de la
Unión Europea, de Estados Unidos, etcétera. Pero bueno, los gobiernos acaban entrando en
esas dinámicas, economías basadas en la explotación de recursos y por lo tanto las políticas
siguen siendo las mismas en los gobiernos de derechas que de izquierdas, y de hecho llama la
atención el que se supone que hay varios países importantes con gobiernos teóricamente de
izquierdas o progresistas y curiosamente están teniendo posturas absolutamente radicales en
contra de pueblos indígenas, reproduciendo unos modelos de criminalización y persecución
que no se habían vivido desde los años 70 y 80 en los países. Eso por un lado.
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14
Y en relación a las organizaciones regionales también lógicamente las nuevas organizaciones
regionales que están surgiendo reflejan de alguna manera este rechazo político que hay hacia
los pueblos indígenas y no es baladí que de todas estas nuevas alianzas bolivarianas, el
ALBA y los intentos de sustitución del Sistema Interamericano, entre otras cosas, lo que
pretende sobre todo es no tener que someterse a un sistema regional que sea tan
condescendiente con los derechos de los pueblos indígenas y que condicione tanto como lo
está haciendo el Sistema Interamericano el desarrollo de los países. No es una casualidad que
el Sistema Interamericano esté ahora mismo bajo una presión bestial por parte de los
Estados, que en los últimos 3-4
años desde lo que fueron las
Medidas Cautelares del Caso Belo
Monte Vs Brasil esa presión se
haya agudizado, sobre todo
frente a la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos y haya incluso
conseguido ya una reforma del
reglamento de funcionamiento de
la misma para minimizar los efectos de estas medidas de protección y eso nos demuestra que
hay una corriente por parte de los gobiernos independientemente del sesgo político que
tengan unánime con relación a los pueblos indígenas, "son molestos, no los queremos
integrar, no queremos hacer el esfuerzo de crear una sociedad multicultural y necesitamos
mantener las políticas económicas basadas en la explotación de recursos naturales".
P: A propósito la decisión del Gobierno de Ecuador de explotar el Parque Nacional Yasuní ITT,
después de fracasar su propuesta, que la comunidad internacional reconozca al Ecuador el
50% de los recursos que no percibiría por la explotación petrolera. ¿Qué aprendizajes podemos
sacar de esta experiencia?
R: Hay varias cuestiones. Una que el gobierno ecuatoriano está jugando digamos, desde mi
punto de vista, a dos bandas durante todo este proceso y tenía clarísimo que iba a explotar el
Yasuní desde hace muchísimo tiempo. Pero lo que también nos ha demostrado el gobierno de
Ecuador con esta iniciativa es que la Comunidad Internacional no tiene una postura de
compromiso en su legislación con lo que es el mantenimiento de los recursos naturales de la
biodiversidad y del respeto a las culturas indígenas en los distintos países. Eso también es
una realidad y es un hecho que hay que destacar. Cuando hablamos de proteger la
““……llllaammaa llaa aatteenncciióónn eell qquuee ssee ssuuppoonnee qquuee hhaayy
vvaarriiooss ppaaíísseess iimmppoorrttaanntteess ccoonn ggoobbiieerrnnooss
tteeóórriiccaammeennttee ddee iizzqquuiieerrddaass oo pprrooggrreessiissttaass yy
ccuurriioossaammeennttee eessttáánn tteenniieennddoo ppoossttuurraass
aabbssoolluuttaammeennttee rraaddiiccaalleess eenn ccoonnttrraa ddee ppuueebbllooss
iinnddííggeennaass,, rreepprroodduucciieennddoo uunnooss mmooddeellooss ddee
ccrriimmiinnaalliizzaacciióónn yy ppeerrsseeccuucciióónn qquuee nnoo ssee hhaabbííaann
vviivviiddoo ddeessddee llooss aaññooss 7700 yy 8800””
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biodiversidad y las culturas indígenas también tenemos que asumir que los países europeos
por ejemplo tienen una responsabilidad importante, puesto que están apoyando, financiando
o asistiendo políticamente a muchas de sus empresas para actuar de una manera muy
determinada en territorios indígenas para generar un impacto y una situación de violación
de derechos humanos muy fuerte. Entonces este caso demuestra que hay una falta de
voluntad política importante para conciliar desarrollo económico y derechos humanos, que
es el gran problema que tenemos en la actualidad, que no sólo va a afectar a Ecuador, sino
que creo que ya está afectando a nivel internacional en todas partes. Lo que pasa es que el
caso de Ecuador con el Yasuní
llama mucho la atención porque
van a destrozar más de lo que ya
han destrozado el parque nacional
y va a ser un desastre porque
además las comunidades
Huaorani no les va a traer más desarrollo y dudo mucho de que el país mejore mucho con la
explotación de ese petróleo.
P: ¿Desde la academia se ha planteado qué es y qué representa para los pueblos indígenas el
Proceso de Consulta Previa? Considerando quizás que el actual modelo/visión de consulta
previa se encuentra "europeizado"?
R: En lo que es la redacción del Convenio 169 en el año 1989 si que pudo haber una
influencia europea fuerte. De hecho uno de los artífices del Convenio 169 era europeo, un
funcionario de la OIT que estaba en aquél momento a cargo del Convenio. Pero en el ámbito
de Naciones Unidas ha habido evolución muy fuerte. En los 20 años de negociación sobre la
Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas la han convertido
en un documento absolutamente multicultural y muy ajeno a influencias culturales
concretas. En ese sentido, la evolución que han tenido los derechos de los pueblos indígenas,
no están europeizados para nada, yo creo que todo lo contrario. En Europa todavía no
entendemos lo que significa derechos colectivos, derecho a la propiedad de la tierra, derecho
al territorio. Yo no compartiría esa afirmación. Sí diría que, lógicamente Europa sigue
influenciando mucho en la toma de decisiones políticas que afecten al ejercicio de derechos
humanos por parte de los pueblos indígenas en América y en otras regiones también.
P: ¿Crees que el procedimiento puede ser extrapolado a otros casos en que grandes proyectos o
intervenciones de desarrollo que afecten gravemente otros territorios no indígenas (como por
““……hhaayy uunnaa ffaallttaa ddee vvoolluunnttaadd ppoollííttiiccaa iimmppoorrttaannttee
ppaarraa ccoonncciilliiaarr ddeessaarrrroolllloo eeccoonnóómmiiccoo yy ddeerreecchhooss
hhuummaannooss,, qquuee eess eell ggrraann pprroobblleemmaa qquuee tteenneemmooss eenn
llaa aaccttuuaalliiddaadd””
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ejemplo en el tema del Fraking o fracturación hidráulica que está afectando a algunas
regiones en España?)
R: Por un lado los pueblos indígenas están dando el ejemplo de cómo se pueden realizar
procesos de resistencia y reivindicación de derechos, que yo creo que son modelos
interesantes que se deberían aplicar por ejemplo en este país (España) para luchar contra el
tema del fraking. Todas las enseñanzas que nos han dado con respecto al establecimiento de
redes de solidaridad y trabajo, a la coordinación de distintos movimientos y grupos, a la
internacionalización de las protestas y demandas y a la incidencia sobre todo en el ámbito de
Naciones Unidas. Con respecto a lo que son derechos específicos de pueblos indígenas y la
posibilidad de que se puedan utilizar en otros contextos, lo veo complicado porque muchos
de estos derechos han sido reconocidos de manera muy específica para los pueblos indígenas
y me resulta complicado tratar de reinterpretarlos para hacerlos extensibles a otras
situaciones. No haría falta hacer este ejercicio con derechos ambientales de participación y
de acceso a la información porque son derechos reconocidos internacionalmente por ejemplo
en cuestiones ambientales, en el caso de España (fraking) violados tanto por el Estado como
por las Comunidades Autónomas y por ahí tendríamos que dirigir las reivindicaciones. Este
es mi punto de vista.
P: Hacia dónde vamos? ¿Cómo ves el tema de la consulta previa en 15 años? ¿Cuál es el futuro
del proceso de consulta previa a nivel internacional/regional?
R: Tengo una visión un tanto pesimista. Realmente creo que estamos entrando en un
momento de retroceso de derecho bastante fuerte en donde los pueblos indígenas están
siendo víctimas de este proceso de retroceso y lógicamente uno de los derechos más afectados
en este contexto es el derecho a la CPLI puesto que es uno de los derechos identificados por
los Estados como de los más problemáticos a la hora de poder avanzar con sus políticas
extractivistas y sus planes de inversión. Entonces, creo que va a haber un replanteamiento
del derecho tratando de reducirle contenido jurídico y contenido político y convertirlo en un
proceso administrativo. Creo que lo que está haciendo el gobierno colombiano me parece que
si no cambiamos mucho las cosas acabe generalizándose en la región en pocos años.
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Introducción a la Fundamentación y Crítica del Iusnaturalismo de los Derechos
Humanos
Por Miguel Hernández García
[email protected] / @MHG_Miguel
Una de las fundamentaciones básicas sobre la cual se legitiman en la actualidad los
derechos humanos como derechos de vocación universal, aplicables frente a todos, es la de
que estos son anteriores y superiores a la Sociedad y al Estado, luego también anteriores a
cualquier tipo de Derecho, y que por lo tanto son derechos en todo caso inalienables,
imprescriptibles e
inderogables. Sin
embargo, esta
justificación “natural” de
los derechos más
fundamentales de las
personas no ha estado
exenta de críticas o
visiones diversas que
cuando menos aportan riqueza y complementan el sentido que se les ha otorgado así como la
justificación internacional de los mismos desde su primer reconocimiento internacional a
mediados del pasado siglo XX y durante su posterior evolución y desarrollo.
El iusnaturalismo como corriente de pensamiento jurídico afirma la distinción
existente entre por un lado el “derecho natural” como orden universal derivado de la propia
naturaleza humana, del que se desprenden a su vez derechos subjetivos que posee toda
persona por el mero hecho de ser tal, y por otro lado el “derecho positivo”, que se establece
en virtud de la regulación normativa desarrollada por un ordenamiento jurídico
determinado. Las distintas escuelas de iusnaturalismo sostienen, en todo caso, la supremacía
del derecho natural sobre el derecho positivo. Más aún, tanto desde el iusnaturalismo
ontológico clásico como desde el deontológico más moderno y contemporáneo se afirma que
el derecho natural constituye el conjunto de principios jurídicos que, reflejando valores
morales, legitiman el derecho positivo que ha de quedar subordinado a aquél.
Los derechos humanos en tanto que derechos naturales fueron primeramente articulados de
manera abstracta, desde una concepción objetiva que entiende el derecho como norma, la
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19
cual se daba a menudo vinculada a la razón divina, como fue el caso de aquél primer
iusnaturalismo de las antiguas Grecia y Roma o también durante algunas de las escuelas de
la escolástica medieval. Posteriormente, se confiere al derecho natural, sin perder el carácter
de teoría objetiva que lo informa, una característica subjetiva, impregnada de cierto
racionalismo moderno, desde la cual se concibe igualmente el derecho como norma y al
tiempo como la cualidad moral inherente a la persona. Esto permite la consideración de los
derechos humanos como derechos naturales subjetivos, los cuales serían progresivamente
concretados en sucesivas declaraciones de derechos a partir de la segunda mitad del siglo
XVIII, como son la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, de 4 de Julio de
1776 o la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 26 de de Agosto de
1789. Igualmente, es esta la concepción de los derechos humanos que estará en la base del
consenso que inspiró el llamado contrato social que dio cuenta del orden político y jurídico
moderno.
Según el iusnaturalismo, la fundamentación de los derechos humanos se sustenta en
tres características principales, a saber: que el orden jurídico natural y no el derecho
positivo, está en el origen de los derechos humanos, de manera que la sociedad civil
organizada no otorga dichos derechos sino que tan sólo los reconoce y los sanciona; que los
derechos humanos son la expresión de una naturaleza humana que es universal para todas
las personas; y que los derechos humanos los posee toda persona con independencia de que
así lo recoja o lo reconozca cualquier tipo de derecho positivo. Por lo tanto, los derechos
humanos mencionados como expresión del derecho natural no son derechos en tanto que
principios jurídicos que estén por encima o más allá de lo regulado jurídico-normativamente,
sino que se trata de principios jurídicos válidos en tanto en cuanto provienen de la
naturaleza humana y que en ella cobran fundamento.
Ahora bien, son varias las críticas posibles y que se han hecho frente a la
fundamentación iusnaturalista de los derechos humanos, de entre las cuales se exponen a
continuación las principales y más significativas.
Se dice que en sentido técnico-jurídico los derechos humanos sólo son auténticos
derechos en la medida en que estén recogidos por normas jurídicas positivas. Esto es así
desde el punto de vista de la eficacia la norma jurídica. Ello no quiere decir que los derechos
humanos en tanto que derecho natural no sean derecho stricto sensu, pero sí se acepta
normalmente que dicha eficacia práctica en la regulación social pueda verse impedida o
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dificultada, y que así siendo, la supuesta superioridad del derecho natural con respecto al
derecho positivo lo es únicamente en términos morales y desiderativos pero no jurídica.
Por otro lado, la alusión del derecho natural a la naturaleza humana nos remite a un
concepto que nunca ha dejado de ser impreciso y, en tanto que concepto jurídico es pues
indeterminado, o dicho de otro modo, nuestra propia concepción de lo que conforma o no
dicha naturaleza del ser humano está viciada axiológicamente por los conceptos
preconcebidos que de ella tenemos. La forma en la que entendemos la naturaleza humana es
tomada y desarrollada en base a distintos valores cambiantes según el tiempo y el lugar, lo
cual da lugar a diferentes corrientes de pensamiento siempre susceptibles de ser variables.
Por lo tanto, queda invalidada parte de aquella fuerza que se otorga o con la que se pretende
justificar la sustentación del derecho natural en cuanto tal. En este sentido se tambalea la
pretendida universalidad e inmutabilidad de los derechos humanos como derecho natural.
Se critica además la invariabilidad en el tiempo de las condiciones históricas que
sustentan los derechos humanos, es decir, la fundamentación historicista de las leyes
naturales que hayan de estar tras de aquellos. Esto es obvio a la luz de las variaciones en
número y sentido que con el transcurso del tiempo se han dado a estos derechos, salvo en lo
que respecta al derecho a la vida y tal vez también al derecho a la integridad física y moral
de la persona, por cuanto siendo derechos fundamentalísimos son inmutables e indiscutibles.
Lo anterior se articula en función de los intereses y tipos de poder de los distintos medios de
que se ha dispuesto en cada momento para su realización, entre otros posibles factores
influyentes. Por lo demás siempre es posible encontrar individuos, grupos, culturas y
sociedades con las más dispares concepciones de vida y al respecto de los derechos humanos,
todo lo cual también varía con el paso del tiempo. Por lo tanto, aún siendo innegable la
historicidad del derecho natural y de los anteriores derechos básicos de las personas, cabe
sostenerse que no es posible encontrar ningún fundamento absoluto o inmutable de estos
últimos. Los derechos humanos pueden ser derechos naturales, más no derechos universales,
cuando menos en lo que respecta a su dimensión temporal.
Además, la crítica de la eficacia hace referencia fundamentalmente a que si los
derechos humanos no están reconocidos por el derecho positivo, por normas legisladas, esto
es, amparados por un ordenamiento jurídico dado, su efectividad así como las posibilidades
de su ejercicio quedan muy en entredicho. En tal caso su plena existencia se vería por lo
tanto limitada en razón de dicha falta de garantía jurídica.
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21
Por último, se ha dicho que la argumentación iusnaturalista de los derechos
humanos no es una exigencia necesaria o su única fundamentación posible. Es en cambio,
como así lo ha reconocido buena parte de la doctrina, una de las varias sustentaciones que
caben. Nuevamente, se hace valedera para este punto la argumentación sostenida en el
punto anterior, según la cual la medida y las posibilidades del ejercicio de los derechos
mencionados viene dada básicamente a través su positivación.
Que la teoría de los derechos humanos se encuadre esencialmente en la corriente de
pensamiento isunaturalista no es óbice, o no desmerece las demás fundamentaciones
posibles, positiva o histórica, como también una posible síntesis ética de todas las anteriores,
variante justificativa que también ha sido adoptada por algunos estudiosos del tema
suficientemente acreditados y reconocidos internacionalmente. En suma, el iusnaturalismo
bien puede ser el origen de los derechos humanos, pero su construcción y desarrollo moderno
incluye otras fundamentaciones y una comprensión exhaustiva de su sentido actual abarca
varias otras concepciones, no sólo también válidas sino además complementarias y
necesarias.
Torrelavega, Cantabria
Diciembre 2013
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22
Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Su aparición y posterior
evolución en la Institucionalidad Internacional
Por Asier Tapia
[email protected] / @asiertg
No existe acuerdo en la academia
respecto del momento en que se
pueda afirmar que comienzan a ser
defendidos los Derechos Humanos
en la Historia. Hay al menos dos
teorías que tratan de explicar el
fenómeno del nacimiento de los
Derechos Humanos. Una de ellas
conocida como la teoría
iusnaturalista afirma que la
dignidad de la persona que tratan
de defender los Derechos Humanos
ha existo siempre y los
instrumentos internacionales sólo son reconocimientos legales para defender esta dignidad
preexistente. La otra teoría que podríamos denominar como culturalista afirma que las
declaraciones e instrumentos internacionales son el producto de procesos culturales que se
han producido en la historia y que han resultado en un orden jurídico internacional para
responder a este modo de comprender la existencia y la historia y para regirse acorde a los
valores de esa cultura.
En base a cualquiera de las dos teorías, pero quizás aproximándose más a la
segunda, podríamos afirmar que los derechos civiles y políticos se acercan más a la
comprensión liberal de la historia y han sido los que en mayor medida han fructificado en la
institucionalidad liberal actual.
Los momentos de la historia que se refieren como antecedentes en el reconocimiento
de derechos van ligados a los derechos civiles y políticos, desde el tímido reconocimiento de
algunos derechos a los indios americanos por parte de los conquistadores (de ser concebidas
como personas en realidad) hasta el reconocimiento por parte de Juan sin Tierra de amplios
derechos a la nobleza británica. Pero el gran reconocimiento de derechos de forma general en
diversos lugares provino a partir de conceder la libertad religiosa en diversos países y que ho
están reconocidos en los artículos 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La libertad de culto se ha erigido de esta
manera como el baluarte fundamental en el reconocimiento de derechos de sentido liberal.
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A partir de ahí el S. XVIII se comprende mayoritariamente como el siglo precursor
de lo que posteriormente sería la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los ejemplos
fehacientes de este reconocimiento de derechos son la Declaración Americana de derechos de
3 de Noviembre de 1791 y la Declaración Francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano
de 26 de Agosto de 1789. Ambas son producto de presiones de la burguesía de sus respectivos
países para lograr mayores cotas de libertad individual con el fin de tener capacidad para
realizar mayor negocios. Ello dibuja asimismo la relación entre la ampliación de libertades
individuales con el permanente acceso a nuevos mercados que propugna la teoría liberal. Es
el S. XIX cuando se afirman las primeras explicaciones de derechos sociales que se
comenzarían a reconocer constitucionalmente a partir de la Primera Guerra Mundial1.
2 La Conferencia de San Francisco y la Carta de Naciones Unidas
Los Derechos Humanos y su internacionalización suponen el gran avance del siglo
pasado para la defensa de los Derechos Humanos en general y de un avance más nítido pero
no en términos de igualdad de los derechos civiles y políticos en relación con los económicos,
sociales y culturales.
La Conferencia de San Francisco juega un papel fundamental en la inclusión de los
Derechos Humanos como principios fundamentales en la Carta de las Naciones Unidas. En
esta Conferencia el “activismo latinoamericano”2 jugó un papel decisivo para el desarrollo y el
fortalecimiento de Instrumentos Internacionales de Derechos y para la inclusión en ellos de
derechos económicos, sociales y culturales, destacando la enmienda incluida por Panamá
como “Declaración de Derechos Humanos esenciales” elaborada por juristas de veinticuatro
países latinoamericanos entre 1942 y 1944 en la competencia del Instituto de Derecho
Americano3.
Finalmente por diferentes motivos fue imposible acordar la inclusión de una
Declaración de Derechos Humanos en la Carta de Naciones Unidas por lo que se dejó para
1 Peces Barba, G. “Los derechos económicos, sociales y culturales: Su Génesis y su Concepto”, Derechos y
Libertades, N 6 año 3 1998. 2 Jhabvala, F. “The Drafting of the Human Rights Provisions of The UN Charter” Netherlands International
Law Review, Vol 44 1997, pág 4. 3 Oraá, J y Gómez Isa, F.” La Declaración Universal de Derechos Humanos”, Universidad de Deusto 2008
Bilbao.
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24
un órgano emanado de la organización la tarea de elaborar el Instrumento Internacional de
defensa de los Derechos Humanos que en aquel momento se considerase pertinente.
Sin embargo, las referencias en la Carta de Naciones Unidas a los Derechos Humanos
y en especial en su preámbulo son evidentes ya que como afirma uno de los estudiosos de este
instrumento, la tercera idea más fuerte que aparece junto al mantenimiento de la Paz y la
Seguridad Internacionales4 que podríamos comprender como elementos fundacionales es el
respeto por los Derechos Humanos. Ello evidencia también que los Derechos Humanos se
empiezan a comprender como elementos para reforzar la Paz y la Seguridad. Asimismo este
preámbulo supone “un concepto más amplio de la libertad” y que va a dar entrada a los derechos
económicos, sociales y culturales” acorde al discurso de las cuatro libertades de Roosevelt5.
Durante el proceso de discusión de la Carta son dignas de reseñar las dificultades
existentes entre la concepción de mundo por parte del bloque soviético y EE.UU en lo que
podríamos confirmar como conatos de la guerra fría. EL bloque soviético quiso que
quedaran reflejados buena parte de los derechos los económicos, sociales y culturales como
eran sin duda el derecho al trabajo y a la educación frente a una concepción puramente
liberal clásica de los EE.UU que sólo reflejara el desarrollo de los derechos individuales. Sin
embargo el trabajo de promoción de Derechos Humanos propiamente dicho se acabó
delegando vía artículo 68 en el Consejo Económico y Social que establecería una Comisión de
Derechos Humanos con este fin.
3 La Declaración Universal de Derechos Humanos
La Comisión de Derechos Humanos emanada de este artículo 68 recibe el deber de
preparar un proyecto para una Carta Internacional de Derechos Humanos. De esta Carta
Internacional que debería constar de una Declaración, un Tratado vinculante y medidas de
control para los estados, sólo se logró llegar a la Declaración Universal en 1948 y
posteriormente en 1966 a los Tratados de Derechos Civiles y Políticos y Económicos Sociales
y Culturales que entrarían en vigor diez años después. Además de la confrontación entre los
bloques de la posterior guerra fría había discrepancias también sobre hasta qué punto el
4 Cot, J-P, et Pellet, A. “Preambule” en
4 Cot, J-P, et Pellet, A, La Charte des Nationes Unies,
Commentarire article per article, Económica, París 1985.pág 7. 5 Oraá, J y Gómez Isa, F. Op cit pág 36.
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25
sistema de Derechos Humanos podía o no inmiscuirse en la soberanía estatal debilitándola
de algún modo. Si bien esta limitación de la soberanía afectaría a los dos tipos de derechos,
sin duda sería especialmente delicado en la mayoría de los derechos económicos, sociales y
culturales ya que la mayoría requieren de una obligación de hacer por parte del estado
mientras que los otros son más relacionados con una obligatoriedad de que el estado no
interfiera en el ejercicio de los mismos por parte de los ciudadanos. Se da sin embargo la
paradoja de que los mayores defensores de la soberanía estatal frente a la institucionalidad
internacional eran los países de la órbita soviética que eran más recelosos a verse empujados
a tomar decisiones que no deseaban por parte de estos instrumentos internacionales.
Durante todo el proceso de discusión se destacó la participación de René Cassin
judeo-francés cuya familia había sido perseguida por el nazismo y firme defensor de limitar
la soberanía estatal para evitar que hechos como los acaecidos por la complacencia con el
régimen nazi pudieran volver a suceder sin que la comunidad internacional hiciera nada al
respecto. Es destacable también que el profesor Cassin era a su vez un firme defensor de los
derechos económicos, sociales y culturales pese a ser el representante principial de una
Francia de clara vocación liberal. Ello En la tercera sesión de la Comisión que resulta
determinante para la inclusión de esta segunda generación de derechos en su seno se tornó
decisiva la personalidad, autoridad y competencia del profesor Cassin para actuar de nexo de
unión entre dos bloques que cada vez se soportaban menos. La personalidad y autoridad del
profesor Cassin y sus ideales intermedios entre los Occidentales y los Soviéticos sin dudo
propició en varias ocasiones que las discusiones entre soviéticos y occidentales no se
rompieran provocando una pérdida de todos los avances que pudieran haberse producido
hasta ese momento.
3.1 Los derechos económicos, sociales y culturales en la Declaración Universal de Derechos
Humanos
Su inclusión en un instrumento oficial supone la gran innovación en la Declaración
Universal de Derechos Humanos ya que hasta ese momento no habían sido más que parte de
escritos académicos o ideológicos no oficializados. Como se puede observar es una pequeña
parte dispositiva en comparación con otras en que se pueda dividir la Declaración.
Esta pequeña parte supone sin duda un fundamento sustancial para los defensores de la
universalidad de la Declaración al comprenderse que incluyó con ello las dos ideologías
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hegemónicas en que el mundo se podía dividir. Sin embargo, la escasez dispositiva quizás
resultó excesiva incluso comparándolo con la Declaración Americana aprobada apenas unos
meses antes que la Declaración Universal en el mismo año como refirió el jurista Héctor
Gross Spiell con una mejor expresión de estos derechos. Ello no obstó para que la Unión
Sudafricana colonial se abstuviera de votar a favor de la Declaración por la simple inclusión
de estos derechos al referir que de ninguna manera podrían ser considerados como
fundamentales.
Es digno de ser reseñado cómo durante el desarrollo de las negociaciones sobre el
derecho a la vida el bloque soviético trató de destacar cuestiones elementales para el derecho
a la vida como la alimentación y el resto de condiciones que posibilitarían una vida digna,
asunto complicado para llegar a un acuerdo concreto en ese y en cualquier otro momento y
que haría recaer sobre el estado un cúmulo de obligaciones que los defensores de la
individualidad no estaban dispuestos a aceptar de ninguna de las maneras.
El contenido de estos artículos se sustancia en el primero de todos ellos el número 22
donde no sólo habla del derecho de toda persona a tener seguridad social sino que habla
también de todos ellos como conjunto en cuanto indispensables en relación con la dignidad
de la persona y de cara a su libre desarrollo de la personalidad, uniéndolo con ello al
desarrollo de la individualidad de cada persona. Con ello se sustancia en abstracto la
“indivisibilidad e interdependencia” de estas dos categorías de Derechos Humanos.
En los artículos posteriores se refleja el derecho a la educación (art 26), cultura (art
27) al trabajo (art 23) al descanso (art 24) y al bienestar en sus diversas versiones (art 25).
Efectividad de los Derechos amparados en la Declaración
Si bien el hecho de no contar con un sistema efectivo de monitoreo que fortalezca el
respeto por los Derechos Humanos afecta a todos y cada uno de los derechos, es evidente que
los económicos sociales y culturales han carecido más si cabe incluso del apoyo moral y de la
necesaria presión para su cumplimiento. La necesidad de que el estado tenga unos medios
que permitan poner en marcha medidas en su apoyo unido a la necesidad de querer dedicar
estos medios a este asunto, ha supuesto un obstáculo incluso en plena guerra fría cuando el
bloque soviético ideológicamente pudiera haber apoyado estos derechos. Sin embargo, este
bloque se centró más en la lucha de la guerra fría y hacia el interior del estado y los países
parte de su bloque que en la expansión internacional del modelo ideológico.
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27
Desde un momento se comprendió que estos derechos no eran absolutos y exigibles
de inmediato siendo caracterizados por la relatividad y progresividad6lo que favoreció que
fuera finalmente cada estado quien fuera el encargado antes sus ciudadanos de responder por
ello.
Podríamos concluir que al igual que la guerra fría la perdieron los soviéticos, los
derechos económicos, sociales y culturales bien sea por ser parte del bloque perdedor de la
guerra fría, bien sea por su propio contenido perdieron la guerra ideológica de los derechos.
Sin embargo, las nuevas generaciones de derechos parecieron estar propiciando igualmente
un nuevo empoderamiento a raíz del paso de la lucha Este-Oeste a la Norte-Sur y con el
actual crecimiento protagónico de los países emergentes en la esfera internacional.
6 Oraá, J y Gómez Isa, F. Op cit pág 92.
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28
Presentación: El curso posee el objetivo de desarrollar
herramientas de orden práctico y metodológico para la adecuada
realización y evaluación de Procesos de Consulta Previa con
grupos étnicos, conforme a la jurisprudencia constitucional,
algunas lecciones aprendidas y procedimientos o requisitos
administrativos de las entidades gubernamentales encargadas de
su observancia y garantía.
Certificado de estudios:
El Centro otorgará un certificado de estudios, a los participantes
que cumplan con los requisitos académicos definidos por el
CIIACTUA y que hayan cursado como mínimo el 85% de horas
programadas.
Inscripción:
Para ex-estudiantes del Centro tendrán un descuento del 50% del
valor de la inscripción, 40 USD hasta el 23 de mayo de 2014.
Más información e inscripciones aquí
En
térate
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29
“El apego a las ideas preconcebidas,
La intolerancia, la discriminación y el
dogmatismo son la base del sufrimiento
causado por la exclusión, el miedo, la
ira, la ansiedad y la desesperación.”
Thích Nhất Hạnh.
Introducción: La justicia y el buen actuar…
Por Carmen del Pilar Loboguerrero Carrasco. [email protected] / @PilarLoboguerre
Hace ya unos años atrás, haciendo reflexiones y estudios sobre los conceptos
de equidad, justicia y paridad social, me enfrenté con diversas interrogantes que
conllevaron a tratar de dilucidar qué tanto en el mundo de facto han sido
consolidados, ya que, pese al carácter formal de los derechos estipulados en la Carta
Magna, me atreví a afirmar que éstos no han llegado a ser del todo bien entendidos o
reforzados en la vida sustancial, esto es, en la vida de los hechos.
Primero y como referente me
acerqué al tema de las relaciones
entre las mujeres y los hombres en
México; más adelante, teniendo la
oportunidad de involucrarme en el
ámbito de la justicia, deduje que
el buen actuar parte de la
educación, la ética y la sensatez.
Esta educación, que en primera
instancia proviene de nuestro
ámbito familiar, también emana
de las instituciones y el proceder
de ellas. La ética tiene un carácter
más personal y racional, de donde
proviene el correcto juicio, sobre
lo bueno y lo malo. Por su parte la
sensatez, que no involucra otra
cosa más que la cordura, es el
resultado de las relaciones
respetuosas con la sociedad.
Entonces ¿en qué momento podríamos hablar de justicia y buen actuar al
conjugarlo con una serie de creencias, dogmas y maneras específicas de proceder que
devienen en la privación de derechos civiles, políticos, sociales económicos y
culturales? A la hora de acudir a las leyes y la impartición de justicia, sólo las
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30
pruebas fehacientes llevarán a la sanción o inocencia del individuo; en México
nuestras instituciones se esmeran en ello - sin duda alguna - y dan resultados.
Quiero retomar lo que he mencionado en un principio para hablar del mundo
de lo sustancial, tomando (a manera de ejemplificar) los estudios de género, los
conflictos entre etnias y también la coacción entre la gestión del poder y la sociedad
con el objeto de tener en cuenta los inconvenientes para el buen juicio y la
consolidación del contrato (al estilo Rousseau) pactado para el beneficio de todos los
integrantes de un Estado, o simple y sencillamente de un territorio específico.
Empecemos por la igualdad de género: Si bien la lucha de los sexos no es
asunto nuevo para los tiempos recientes, sí lo es la búsqueda por la
interseccionalidad - o mejor denominado mainstreaming de género – una
herramienta que analiza y pretende ligar los derechos y la igualdad no solo entre
mujeres y hombres sino también en los asuntos concernientes a la etnia, la raza, la
lengua, la clase social y la religión. Esto significa que en un país pluricultural y
multiétnico, tanto en el cuerpo de iure así como en la agenda pública deberán
desarrollarse políticas de igualdad de género incorporadas en todos los niveles, dadas
las demandas de los nuevos fenómenos globalizadores.
Y ¿en qué momento el caso del mainstreaming no es del todo comprendido en
todos los niveles y etapas? Retomo un caso concreto que atañe a la población
indígena en México. Durante el mes de octubre de 2013 en el estado de Oaxaca, Irma
López, una mujer de origen mazateca7 dio a luz en el jardín del Centro de Salud
Jalapa de Díaz, después de que durante horas estuvo pidiendo asistencia para el
debido proceso de parto. El argumento del personal de la clínica justifica que la falta
de asistencia se debió a que Irma “no hablaba un español comprensible”, por lo que
era difícil entender su petición para la correcta atención sanitaria. De igual manera
en esos momentos no se encontraban suficientes especialistas para atender a todos los
pacientes.
A partir de la difusión de este acontecimiento en redes sociales y medios de
comunicación (debido a que un testigo evidenció el alumbramiento tomando una
fotografía y publicándola), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
levantó una queja por la violación al derecho social de sanidad; de igual manera se
solicitó a la Secretaría de Salud así como al Gobierno del Estado de Oaxaca dar
respuesta y reparar los daños. Meses posteriores, en la investigación llevada a cabo
por parte de la CNDH, se concluyó que se transgredió el derecho de protección a la
7 Los mazatecas se concentran actualmente en los estados de Oaxaca, Veracruz y Puebla. Se
data que su origen es prehispánico,
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salud por lo que se recomendó trazar proyectos en los centros sanitarios para la
educación y capacitación sobre la garantía de los derechos y el trato digno a las
mujeres y los niños, sobre todo para aquellos que pertenecen a grupos en situación de
vulnerabilidad como lo son las y los indígenas.
Ante la descripción de los hechos anteriores podemos notar que la
herramienta del “mainstreaming de género” no ha sido del todo vislumbrada en
todos los niveles, y que, justamente, las diferencias de carácter étnico, la lengua y la
condición socio-económica sobrellevaron a que la mujer Irma López no fuera
atendida durante el momento de parto. Ya sea por la dificultad de la lengua, la
escasez de personal y recursos suficientes para garantizar un servicio óptimo de
ginecobstetricia, la falta de información (por ambas partes) o de políticas públicas
que impidan el acaecer de los mencionados sucesos, queda claro que, en este caso, la
aplicación sustancial de los derechos ciudadanos (sobre todo los sociales) y la
igualdad fueron poco reconocidos.
El segundo ejemplo lo quiero plasmar en eventos surgidos con la ONG
Médicos sin Fronteras (MSF): Ante el reciente surgimiento de la epidemia del virus
Ébola, que se adquiere principalmente por el contacto con animales (específicamente
murciélagos) y que tiene consecuencias graves en los seres humanos, desde
hemorragias gastrointestinales hasta la muerte, es una afección que aún no cuenta
con vacuna ni con tratamiento específico y está asolando a la población en Guinea.
Médicos sin Fronteras ha lanzado una campaña de donación voluntaria para que
todo el mundo contribuya con una aportación y así lograr atenuar las peligrosas
consecuencias de esta enfermedad.
Durante las últimas semanas MSF ha reportado avances en cuanto al
tratamiento de personas infectadas de Ébola, además de impedir la propagación de
la misma. Gracias a la colaboración de los socios y donantes del programa Fondo de
Emergencias algunos pacientes han sido dados de alta debido a la atención adecuada,
sin embargo en Macenta, región localizada en el sudeste de Guinea, han brotado
manifestaciones en contra de MSF derivado de la falsa creencia de que la ONG llevó
el virus a ese país. De nueva cuenta, la problemática de la lengua y la falta de
compresión hacen muy difícil el entendimiento entre la real labor de esta
organización humanitaria y los pobladores de la localidad.
He retomado uno de los últimos trabajos realizados por este loable grupo de
médicos para describir la fundación del mismo, debido a que su creación se generó
haciendo un llamado de justicia internacional. Entre la década de los sesenta y
setenta un grupo de médicos de la Cruz Roja presenció los crímenes cometidos
durante la Guerra de Biafra, en Nigeria; esos médicos fueron obligados a guardar
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silencio sobre el genocidio igbo8 y la hambruna suscitada por dicho conflicto. No fue
sino hasta la llegada de otro grupo de médicos, quienes asistieron a las víctimas de
las inundaciones acontecidas en Bangladesh (antiguamente Pakistán Oriental),
cuando en conjunto con otro grupo conformado por periodistas, analizaron las
nuevas demandas y necesidades para asistir los derechos de la humanidad; el
objetivo de ayuda no sólo implicaría la asistencia sanitaria sino también el difundir y
dar a la luz pública la violación a los derechos de las personas en esos escenarios.
Gracias a la conciencia colectiva, la profesionalización y sobre todo a la
sensibilización ante el sufrimiento ajeno se fundó Médicos sin Fronteras la cual, al
igual que diversas organizaciones de ayuda social, proveen asistencia día a día a
personas en situaciones de vulnerabilidad, victimización, pobreza, inanición o
cualquier otra afección originada por conflictos bélicos, desastres naturales y
presencia de pandemias en todo el mundo.
Por último describo mi tercer ejemplo, relacionado con las acciones
gubernamentales y las manifestaciones de la sociedad: A lo largo del actual gobierno
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se han producido avances relativos al
bien ciudadano, la imparcialidad, la justicia y el respeto así como preservar el
cuidado a los derechos civiles, políticos y sociales; a nivel político se han ejecutado
acuerdos políticos e incluyentes con las otras fuerzas mayoritarias, esto es con el
Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), para
que el equipo de transición del presidente y los líderes de esos partidos, consolidaran
la agenda pública a favor de México, teniendo en cuenta reformas en materia de
educación, seguridad, justicia, crecimiento económico, lucha contra la corrupción,
transparencia y, en general, afianzar la Gobernabilidad Democrática.
Siguiendo la línea del tema que encierra este artículo, quiero focalizar (de
manera muy generalizada) los resultados actuales y las respuestas en materia de
justicia. Durante la presente administración los mexicanos (y también ciudadanos de
otros lugares del mundo) hemos podido dar seguimiento a las recientes detenciones,
investigaciones, a la procuración de justicia y el buen actuar para la seguridad y para
el bienestar público. Sin ahondar o hacer mención de casos específicos, los resultados
contundentes - que hablan de un íntegro Estado de Derecho - han sido también (y
curiosamente) motivo de manifestaciones y/o críticas emergidas en pequeños grupos
de la sociedad mexicana.
8 Los pueblos “igbo” o “ibo” pertenecen a una etnia minoritaria localizada en el sudeste de
África, Camerún y Guinea Ecuatorial.
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Marchas, pancartas, frases de liberación o simple y sencillamente las críticas
al gobierno y sus Reformas no han prescindido. Cabe destacar, eso sí, que dentro de
un Estado democrático la libertad de expresión así como la diversificación de ideas y
opiniones son parte primordial para el conocimiento de las demandas ciudadanas;
una retroalimentación que conlleva a que el Gobierno de resultados, pese a que
siempre subsista el inconformismo en un segmento específico de la población.
Parto de lo anterior para hacer una reflexión en el momento en que dichas
manifestaciones (en los espacios públicos) pueden generar la indignación de todos
aquellos que somos testigos del buen actuar de nuestras autoridades: ¿Por qué se
producen exposiciones ciudadanas coactivas en casos en los que la justicia se imparte
bien, con pruebas contundentes y acciones que dan fe a la legalidad y el avance para
el cambio benéfico del país? Es en este punto, y con lo que pretendo concluir, lo que
me hace retomar de nueva cuenta el asunto de la educación, ética y la sensatez
cuando se involucran los asuntos de carácter público y humano.
Por un lado se desencadenan llamados para la pronta solución y la
reestructuración de la manera en la que deben hacerse valer los derechos cuando se
presentan situaciones como la mujer que dio a luz en el jardín de un hospital o la
censura ante un atroz conflicto bélico (como el de Biafra); por el contrario, emergen
escenarios con la finalidad de minimizar los trabajos del Gobierno cuando éste actúa
a favor de los derechos, como consecuencia de proyectos que tienen por objeto el
avance y la seguridad de un país.
¿Acaso es asunto sine qua non el hecho de que el ser humano se oponga ante
todo lo que se exhibe en su contexto? ¿Es que sólo lo que se nos difunde como
“malo” lo acogemos más fácilmente y con mayor credibilidad a diferencia de lo
denominado “bueno”? ¿En qué momento nuestra educación puede permitir o
bloquear el juicio y la sensatez con nuestro entorno? Me atrevo a manifestar (con
derecho a que el lector emita su propio criterio) que la falta yace en un conflicto
meramente personal, aunque se intente buscar justificaciones en la educación que
hayamos recibido.
En efecto el contexto en el que nos desarrollamos es imprescindible para forjar parte
de la personalidad pero es también el sentido común (y probablemente la experiencia) lo que
determine que una persona conviva en pro de lo justo. Posiblemente, en primera instancia,
solemos buscar responsables (para no decir culpables) en las instituciones, en la educación o
en la sociedad, sin embargo también cabe la posibilidad de que para aportar el lado benigno
de las cosas se comprenda -al estilo “el ser ahí” de Heidegger- que los seres humanos
merecemos el trato digno. Sólo así podría evitarse “la intolerancia, la discriminación y la
exclusión originadas por las ideas preconcebidas” y ejecutar lo escrito en el título de este
artículo: La justicia y el buen actuar.
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La Génesis del Espacio Iberoamericano
Por Andrés Gutiérrez León / [email protected] / @andresgutileon
La Secretaría General Iberoamericana -SEGIB-, nació como una respuesta a la
transformación de la política exterior de España. Porque en la época de la España
franquista, después de la Segunda
Guerra Mundial, la relación del país
ibérico con sus excolonias era limitado,
hasta hostil9. Por lo que, en la
transición democrática, en el año de
1976, España estableció como
estrategia un nuevo multilateralismo
que sirva como un instrumento de
concertación y cooperación –político-,
con el objeto de recuperar el terreno
perdido respecto a otros actores del
régimen internacional con las
Repúblicas suramericanas.
Entre lo más interesante de
esta estrategia, se encuentra por un
lado, su espectro geográfico,
Latinoamérica, porque incluyo a los
países de lengua lusa, si la estrategia era planteada considerando solo Hispanoamérica, Brasil
y Portugal habrían quedado por fuera, actores que sin lugar a duda enriquecerían la nueva
plataforma, además no incluirlos representaría una amenaza para los intereses ibéricos. Por
otro, la estrategia no era un mecanismo de integración económica, ni de reemplazar los
bloques regionales de integración, como son: el Mercado Común del Sur –MERCOSUR-, la
Comunidad Andina de Naciones –CAN-, el Sistema de Integración Centroamericana –SICA-,
entre otros.
En julio de 1991, se materializa la estrategia española mediante la I Cumbre
Iberoamericana, en Guadalajara, México. Lo que dio inicio a las Cumbres anuales: Madrid
1992, Salvador de Bahía 1993, Cartagena de Indias 1994, San Carlos de Bariloche 1995,
Santiago y Viña del Mar 1996, Isla Margarita 1997, Oporto 1998, La Habana 1999, Ciudad
de Panamá 2000, Lima 2001, Bávaro 2002, Santa Cruz de la Sierra 2003, San José 2004,
Salamanca 2005, Montevideo 2006, Santiago de Chile 2007, San Salvador 2008, Estoril 2009,
Mar del Plata 2010, Asunción 2011, Cádiz 2012 y Ciudad de Panamá 2013. Y quizás este fue
un error de partida, la periodicidad anual de las Cumbres las desgasta en contenido y hace
que pierda su jerarquía.
9 Raúl Sanhueza, El sistema de Cumbre Iberoamericanas. Pág. 30
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Y, es en la Cumbre de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en el año 2003, donde nace la
SEGIB como nueva organización internacional, según el Convenio y Estatuto de creación
establecen que la Secretaría General se financiará a través de contribuciones de los Estados
miembros, como base las recomendaciones formuladas por los Coordinadores Nacionales y
Responsables de Cooperación Iberoamericanos. La recomendación fue la siguiente: España
aportará el 60 por ciento, Portugal 10 por ciento y Latinoamérica el 30 por ciento restante,
donde México, Brasil y Argentina serán los principales contribuyentes latinoamericanos con
un 25 por ciento10.
Estamos a la puerta de cumplir los 13 años de este espacio iberoamericano, con
resultados alentadores respecto a la cooperación iberoamericana que avanza de manera
cualitativa y cuantitativa, como son sus diversos programas, proyectos e iniciativas.
También, posee deudas pendientes, desvincular las Cumbres Iberoamericanas a la política
exterior española y así legitimizar la plataforma; desde su génesis la plataforma fue concebida
de carácter multilateral, pero en su esencia es bilateral, España y Latinoamérica. Por lo que
el predominio español fue diluyendo el interés de los países del Sur iberoamericano por el
proyecto.
Como claro ejemplo, es la última Cumbre de Panamá, donde España utilizó la
plataforma como escenario para promover el proyecto de internacionalización de sus
empresas transnacionales, y esto permite comprender en cierto nivel, la ausencia de los
presidentes de Argentina, Ecuador, Venezuela, Brasil, Bolivia, Cuba, Uruguay, Perú,
Nicaragua, hasta Chile no asistió. De este modo, nos invita a reflexionar que desde la
Cumbre de Cádiz, la "cumbre de la renovación", se planteó la necesidad de renovar el espacio
iberoamericano, y no se ha hecho lo suficiente. Por lo que, la llega de Rebeca Grynspan al
frente de la SEGIB, tiene por delante el reto de resucitar a la plataforma Iberoamericana.
10
ABC, América Latina rechaza aumentar su cuota de financiación, consultado el 13/03/2014, disponible en línea: http://www.abc.es/internacional/20131019/abci-america-latina-rechaza-aumentar-201310191521.html
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El Programa de Becas del Centro de Investigación Internacional Actúa -Ciiactua- tiene como objeto democratizar el conocimiento a través de cursos online de corta duración, los cuales han sido diseñados por expertos reconocidos, para que estudiantes, profesionales y ciudadanía en general pueda ampliar y fortalecer conocimientos.
Beneficios
Cada curso otorga, 3 becas académicas completas cubre el 100% del costo de inscripción del curso, 7 becas complementarias cubre el 50% del costo de inscripción.
Los/las estudiantes seleccionados/as para las becas podrán acceder al curso que haya aplicado.
La convocatoria del programa de becas, se las realiza 4 veces por año (febrero, abril, julio, octubre).
Requisitos
CIIACTUA concede un número limitado de becas en función del expediente académico, la situación económica o familiar y de la ciudad/país de origen del candidato. Los solicitantes deberán remitir:
Carta de solicitud dirigido a la Coordinación del Centro solicitando esta beca.
Documentos que respalden ciudad y país del candidato (factura de servicios de agua, luz o teléfono).
Contacto: [email protected]
Con
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La responsabilidad social empresarial una moda de siglos Por Luis Felipe Quintero / [email protected]
Desde hace más de una década en los medios, universidades y empresas la
Responsabilidad social empresarial/corporativa RSC ha estado en boga. Existen columnas a
favor y en contra de sí se debe reglamentar o debe seguir en el ámbito del voluntarismo. Los
tres pilares de la teoría, medio ambiente, derechos humanos y laborales y desarrollo
económico y su interconexión generan polémica al verse excluidos uno o dos de ellos en
muchas de las llamadas
políticas integrales de RSC.
Sin embargo esta moda de la
década, tiene una vida
histórica más larga de lo que
recuerdan los libros.
Si entendemos la
evolución de la
Responsabilidad Social como
un instrumento que inició su
recorrido como caridad,
luego se convirtió en
filantropía y posteriormente en programas y proyectos estructurados cuyo fin es la
sostenibilidad al integrar los tres pilares, este concepto viene acompañando a la humanidad
desde hace siglos.
Demos como punto de inicio de esta larga historia a Grecia y Roma, dos imperios
que se expandieron a lo largo de las dos márgenes del mar Mediterráneo. Si bien gran parte
de la historia recalca los grandes filósofos, las grandes guerras expansionistas, la entrada de
Cleopatra frente a Julio César, pocos recuerdan que en las urbes romanas, las universidades,
bibliotecas, centros de educación y templos dedicados a los dioses eran sostenidos por
mecenas, quienes de manera autónoma y por ampliar su reputación dentro de la clase
patricia, daban grandes sumas en especie o dinero para la manutención de los mismos.
Dando un paso grande en la historia, Rafael, Miguel Ángel y Leonardo Da Vinci
tienen más en común de lo que se ve a simple vista al ser todos pintores y escultores. Todos
sin excepción tenían detrás de su desarrollo artístico casas aristocráticas como los Medici, los
Sforza y el mismo Vaticano que pagaron por cada una de sus obras, los hospedaban y los
tutoriaban a lo largo de toda su vida artística. Sin ellos los grandes palacios italianos, entre
ellos los de la Plaza San Pedro del Vaticano, no existirían, y mucho menos la capilla Sixtina
hubiese tenido la magnificencia que tiene hoy en día.
Entra a Europa la fiebre expansionista y la carrera por nuevas rutas marítimas para
satisfacer las necesidades de materias primas de una población en aumento. Estas rutas
tienen personajes como Cristóbal Colón, Fernando de Magallanes, Marco Polo, Francis
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Drake. Todos llevaron a cabo su misión con dineros de emperadores, nobles y comerciantes
quienes pagaban y mantenían estas grandes aventuras vivas ampliando los conocimientos de
confines del mundo, hasta ahora desconocidos para los europeos. Estas vías comerciales
llegaron a China, América y al Cabo de Buena Esperanza al sur de África y permitían sus a
benefactores la adquisición de bienes considerados de alto valor tales como el oro, la seda y
las especias.
Desde Inglaterra nace la primera revolución industrial, y que mejor para darse una
idea de la realidad vivida en las fábricas de la época que un estudio literario de Dickens. A lo
largo de su obra ilustra las necesidades de una clase proletaria venida de los campos para
quienes las nuevas fábricas se convierten en sus casas, y las de toda la familia que traían
consigo, en busca de un mejor futuro. Para muchos, es aquí cuando se dan las primeras
líneas históricas de la RSC. Los dueños de las empresas buscaban constantemente ampliar la
mano de obra y la manera de abrir mercados para satisfacer las propias necesidades de sus
empresas en cuanto a materiales. De esos años nacen los primeros talleres de costura para las
esposas de los hombres que trabajaban en las fábricas y con sus productos se satisfacía la
demanda para calzados y prendas de vestir para los trabajadores de la fábrica principal.
Adicionalmente, se dio un primer paso frente a lo que serían los sindicatos de empleados.
Cambiando de continente, la época de los grandes industriales de Estados Unidos es
otra muestra de la denominada filantropía, donde personas con grandes riquezas invirtieron
parte de su fortuna, principalmente en universidades y centros de estudios. Es por ello que la
gran mayoría de las ciudades tienen en común bibliotecas y centros educativos o artísticos
con los nombres de Henry Ford, Carnegie y Rockefeller.
El caso colombiano, sin diferenciarse mucho del resto del mundo, tiene orígenes en la
presencia de la Iglesia católica en su territorio. Aun cuando no es considerado como
Responsabilidad Social, al igual que se mencionó anteriormente, la filantropía y obras de
caridad en educación y salud fueron el principio de la inversión en el ámbito social. En el
siglo XX, el Estado por medio del proceso industrializador, basado en la sustitución de
importaciones, promueve la creación de organizaciones principalmente de trabajadores, para
la promoción de la protección social, educación, salud y vivienda. La industrialización,
proceso principalmente urbano y con un alto contenido regionalista, impidió durante
muchos años la creación de una asociación nacional, teniendo en Antioquía, Valle del Cauca
y Bogotá asociaciones independientes y atomizadas en sectores productivos. Solo fue hasta
1944 con la creación de la Asociación Nacional de Industriales ANDI, que se iniciaron
procesos de integración del empresariado a nivel nacional, apoyados por el gobierno.
De la ANDI nace la primera iniciativa de Responsabilidad Social como la conocemos
hoy en día, con la construcción del pabellón infantil del hospital San Vicente de Paúl en
Medellín. En la siguiente década nacen ACOPI y FENALCO. En 1954 y también por
Iniciativa de la ANDI nacen las cajas de compensación familiar. “El subsidio se distribuiría
de acuerdo con las necesidades familiares de cada quien, sin tener en cuenta el tipo de
empresa o el rendimiento individual. El 24 de mayo de 1954 se aprobaron los estatutos de la
Caja de Compensación Familiar de Antioquia, Comfama, suscritos por 45 compañías con
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40
más de veinte mil beneficiarios. La participación de las empresas era voluntaria y la suma de
los aportes patronales era independiente del número de trabajadores casados y de los hijos
que tuviesen. En agosto de ese año, Comfama pagó los primeros subsidios: 8 pesos por cada
hijo menor de 14 años o estudiante menor de 20; el primer año representó mejoras en el
ingreso a los trabajadores de hasta 40% del salario. En 1957 el Estado volvió obligatoria esta
innovación. Aún hoy, muy pocos países en el mundo tienen algo similar”11. Además el ICBF
y el SENA son otras iniciativas cuyo origen son los aportes obligatorios de las empresas.
Entre 1960 y 1970 la política tributaria facilita la creación de fundaciones las cuales
generan deducciones impositivas a las empresas que donen dinero. A su vez, la Universidad
del Valle crea el primer programa de post grado con énfasis en RSC, siendo esto el primer
antecedente académico sobre el tema a nivel nacional. En los 90´s el Consejo Gremial
Nacional firma el Compromiso de Guaymaral que es el primer antecedente conjunto de
asociaciones frente a la sostenibilidad y el desarrollo, como resultado 8 fundaciones en temas
como la educación, la salud, la innovación y el desarrollo productivo, la paz, el desarrollo
comunitario, la justicia y la transparencia son creadas. Ya en 2004, 54 empresas colombianas
firman y se adhieren a la iniciativa del Global Compact de la ONU.
Además de las iniciativas gremiales, diferentes empresas han iniciado procesos desde
la década de los 90´s en implementar políticas de Responsabilidad Social, el grupo Carvajal
es uno de los antecedentes claros en el Valle del Cauca, de responsabilidad social. En la
actualidad, muchas empresas la desarrollan por medio de fundaciones asociadas a las
empresas, como es el caso de Cerro Matoso en el sector minero o de la fundación Movistar.
Desde el año 2004 Colombia ha iniciado un proceso de “formalización” de la
responsabilidad social empresarial. El primer paso, adicional a la adhesión a convenios
internacionales, se hizo por parte del ICONTEC por iniciativa de la caja de compensación
familiar COMFAMA de Antioquia. El resultado de este proceso es la guía técnica 180 de
RSC.
La guía técnica 180 busca fortalecer los sistemas de gestión, en términos de
confiabilidad, transparencia y creación de valor para todas las partes interesadas
(stakeholders), además de proveer los criterios mínimos para procesos voluntarios de
verificación y auditoría ética y social, mejorando sistemáticamente el desempeño social de
las organizaciones.
Es así como la moda ha venido evolucionando desde la caridad de la iglesia, pasando
por la filantropía, para convertirse, por medio de diferentes sellos, certificaciones y
normativas consideradas hasta ahora blandas, en programas estructurados que buscan ser
sostenibles en el largo plazo a nivel social, ambiental y económico tanto para la empresa
como para el beneficiario. Esta moda viene acompañando al hombre por milenios y su
evolución continuara a medida que empresas, accionistas, gremios, ONG, consumidores y
foros fortalezcan su posición en un mundo con un poder cada vez más atomizado.
11
Aportes y desafíos de la Responsabilidad Social en Colombia, ROBERTO GUTIÉRREZ / LUIS FELIPE AVELLA / RODRIGO VILLAR, abril 2006, documento electrónico.
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41
Caracterización de la Trata de Personas en la Región Andina12
Por Astrid Muñoz / astrid.muñ[email protected] / @AstridMunoz9
La migración internacional caracterizada
por el flujo de personas que se movilizan de un
país a otro, con el fin de encontrar mejores
oportunidades laborales y profesionales, no
siempre presenta beneficios para quienes emigran
de sus países de origen. En algunas ocasiones, si
no se cuenta con información confiable, puede
presentar graves riesgos como el ser víctimas de
trata de personas, considerada actualmente la
“esclavitud del siglo XXI”.
La trata de personas al ser uno de los
delitos que más viola los derechos humanos de los
individuos, sin distinción de sexo, edad, condición
social y económica, se ha convertido a nivel nacional, regional e internacional en un tema de
vital importancia para los Estados. Por ello, se han aprobado diferentes normativas para
enfrentar este flagelo que afecta principalmente a mujeres, niños, niñas y adolescentes y que,
junto con el tráfico de armas y de drogas, constituye una de las actividades criminales más
rentables. De ahí, el interés de las redes por consolidar el negocio y engañar a más víctimas.
Ahora bien, las diferentes iniciativas, estrategias y mecanismos que han adelantado
los países de origen, tránsito y destino de la trata de personas, no han sido completamente
eficientes y efectivos para acabar este delito y proteger a las víctimas. Por lo tanto, el
presente artículo además de realizar una breve descripción sobre la evolución del término, las
modalidades de trata en la región y las principales políticas públicas que han promovido los
países andinos, pretende señalar que este delito sigue operado y afectando a las personas más
vulnerables de la región.
12
Bibliografía utilizada:
Castro, Alexandra; Hernández, Carolina y Herrera William. (2013). Migración y Estado en la Región Andina. Bogotá D.C.: Fundación Esperanza.
Bernal, César y Quintana, Soledad. (Noviembre de 2011). Boletín del Sistema de Información sobre Migraciones Andinas. Recuperado el 1 de agosto de 2013, de http://flacsoandes.org/dspace/bitstream/10469/3388/1/BFLACSO-AM11-01-Quintana.pdf.
Bonnett, Natalia. (11 de junio de 2013). El tiempo.com. Obtenido de http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12862944.html
Fundación Marcela Loaiza Por la dignidad humana. (2013). Con la trata de personas no hay trato. Bogotá D.C.
Susaj, Gentiana. (26, 27, 28 de junio de 2013). Diágnostico sobre la trata de personas en la región andina. Recuperado el 1 de Agosto de 2013, de http://redandinademigraciones.org/apc-aa-files/3b15ced69a73890f8bbf656e2ed0f903/Foro_Investigaci_n_2_Gentiana.pdf.
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Evolución del término de “trata de personas”
Sin duda alguna, esta práctica existe desde hace muchos años y anteriormente era
conocida como “trata de blancas”. Las primeras referencias al término aparecieron en 1904
en el Acuerdo Internacional para Asegurar una Protección Eficaz contra el Tráfico Criminal
Denominado Trata de Blancas, donde se definió a la “trata” como la movilización entre
fronteras de mujeres esclavas para la prostitución (Liga de Naciones, 1904). En 1910,
mediante el Convenio Internacional para la Represión de la Trata de Blancas, se amplió el
término también al comercio interno de mujeres (Liga de Naciones, 1910), y en 1949 se
consolidó el vínculo entre trata de personas y trabajo sexual, a través del Convenio para la
represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena (Naciones
Unidas, 1949) (Bernal y Quintana, 2011, p. 2).
No obstante, la definición de “trata de blancas” resultó limitada para reconocer las
diversas manifestaciones de este flagelo, pues las mujeres no son las únicas en riesgo de ser
víctimas. Por lo tanto, en el año 2000 se introdujeron modificaciones centrales al término a
través del Protocolo de Palermo para prevenir, suprimir, castigar la trata de personas,
especialmente de mujeres y niños, el cual complementa la Convención de las Naciones Unidas
en contra de la Delincuencia Organizada Transnacional (1949).
De esta forma, se introdujo el término de “trata de personas” definido en el
Protocolo de Palermo como:
La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo
a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al
abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o
beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines
de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u
otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas
análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos (Protocolo de Palermo,
artículo 3, inciso a).
Asimismo, este Protocolo que ya fue ratificado por los cuatro países miembros
(Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) de la Comunidad Andina (CAN), establece la
tipificación del delito, la atención a las víctimas, la prevención, represión y sanción de la
trata de personas, así como la diferencia entre ésta y el tráfico ilícito de migrantes.
Caracterización de la trata de personas en la región andina y políticas implementadas
La trata de personas en la región andina se caracteriza por “ser trata interna con
fines de explotación sexual y laboral. En los cuatro países los principales fines de explotación
identificados son: la prostitución forzada, la servidumbre doméstica, la mendicidad, el
trabajo forzoso en las minas, el reclutamiento para conflictos armados (especialmente en
Colombia) y fines delictuosos (especialmente en Colombia y Ecuador)” (Susaj, 2013, p. 2-3).
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Otras formas reportadas de explotación son: trabajos forzosos en plantaciones,
principalmente en Bolivia y Ecuador; trabajos en la deforestación en Bolivia; turismo sexual
y matrimonio servil en Colombia; pornografía infantil en Ecuador; narcotráfico,
especialmente en Colombia y Ecuador; producción y transporte de cocaína o drogas y
minería en Colombia, Bolivia y Ecuador, y para trabajo doméstico bajo explotación,
primordialmente en Colombia (Susaj, 2013, p. 3).
De igual forma, los cuatro países se caracterizan por ser lugares de origen, tránsito y
destino. Las principales víctimas son personas que cuentan con pocas oportunidades
laborales o de subsistencia, en la mayoría provenientes de zonas rurales y suburbanas. Lo
anterior significa que las condiciones socioeconómicas, los niveles de pobreza y la
desigualdad social que identifican a la región, aumentan la vulnerabilidad de las personas
para que sean engañadas por las redes traficantes.
Además, la trata de personas en la CAN no solo se da al interior de cada país (trata
interna), también se presenta entre los países miembros, constituyéndose entre sí como
lugares de origen y destino para las víctimas. “Así, Perú es país de destino para nacionales de
Bolivia y Ecuador; Ecuador para nacionales de Colombia y Perú; Colombia para nacionales
de Ecuador y para el caso de Bolivia se considera un lugar de origen principalmente y existe
carencia de datos que indiquen información sobre trata de personas de otro origen nacional”
(Susaj, 2013, p. 3).
No queda duda de que las principales víctimas son los niños, niñas, adolescentes y
mujeres, así como las minorías étnicas y personas desplazadas, quienes tienden a ser presa
fácil de las redes por su condición de vulnerabilidad para ser explotadas física, laboral y
sexualmente. Sin embargo, también existen casos de trata de hombres, los cuales son
explotados para realizar trabajos forzosos en actividades agrícolas y mineras.
Respecto a las prácticas usadas por los tratantes para captar personas, estos utilizan
por lo general la publicación de anuncios y de ofertas de empleos fuera de sus lugares de
origen. “En el 54% de los casos, los tratantes o reclutadores de las víctimas son personas
extrañas y ajenas. En el 46% de los casos son personas cercanas incluso de la misma familia”
(Fundación Marcela Loaiza, 2013).
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Fuente: Elaboración propia.
Ahora bien, con el fin de enfrentar este flagelo los países miembros de la CAN han
implementado diferentes políticas y programas a nivel nacional. A continuación se
mencionan brevemente algunas de ellas. En Bolivia, se destaca la Ley 3325 de 2006 sobre
Trata y Tráfico de personas y otros delitos relacionados, mediante la cual se creó el capítulo
“Trata y Tráfico de Personas” en el Código Penal. Asimismo, se encuentra el Decreto
Supremo 28297 de 2005, con el cual se estableció el Consejo Nacional contra el Tráfico y la
Trata de personas. Por último, el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos Bolivia
para Vivir Bien 2009 – 2013, contiene una sección sobre este tema y lo considera un
problema complejo que abarca la vulneración a varios derechos, como la integridad personal,
la libertad, el trabajo, la vida, la salud, entre muchos otros (Castro, Hernández y Herrera,
2013, p. 166-167).
En Colombia, la Constitución Política consagra en el artículo 17 la “prohibición de la
esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas”. Igualmente, el
delito de trata de personas se encuentra tipificado en el artículo 188ª del Código Penal y
mediante el Decreto 1974 de 1996 se creó el Comité Interinstitucional para la Lucha contra
el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, el cual fue modificado por la Ley 985 de 2005,
convirtiéndose en el Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas.
Asimismo, se adoptó mediante el Decreto 4786 de 2008 la Estrategia Nacional Integral
contra la trata de personas para un periodo comprendido entre el 2007 y 2012. En último
lugar, se encuentra la Política Integral Migratoria (PIM), con la cual se prevé el
fortalecimiento de los programas de prevención para el tráfico y la trata de personas (Castro,
Hernández y Herrera, 2013, p. 57-60).
Por su parte, en Ecuador la Constitución reconoce entre los principios de la libertad
que “todas las personas nacen libres” y prohíbe la esclavitud, la explotación, la servidumbre
y el tráfico y la trata de seres humanos en todas sus formas. A través del Decreto Ejecutivo
1981 de 2004, el Estado declaró como una política prioritaria el combate de los delitos de
trata de personas, tráfico ilegal de migrantes, explotación sexual y laboral. De igual forma,
se reformó en 2005 el Código Penal para endurecer las penas por los delitos de trata y tráfico
de personas y en 2006 se adoptó el Plan Nacional de Lucha contra la Trata. Posteriormente
en el marco de éste, se elaboró el Protocolo de Asistencia Consular a Víctimas de Trata.
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Finalmente, se estableció el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional para el
Combate al Tráfico Ilegal de Personas Migrantes, mediante el cual se diseño la Agenda de
Política Pública para la Prevención de la Migración Riesgosa y Combate a los Delitos
Migratorios (Castro, Hernández y Herrera, 2013, p. 98-99).
En Perú, en materia normativa se encuentra el artículo 2 numeral 24b de la
Constitución Política que establece que toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad
personal, prohibiendo consecuentemente, la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres
humanos. También se encuentra la Ley 28950 de 2007 contra la Trata de Personas y el
Tráfico Ilícito de Migrantes, reglamentada en el 2008 mediante el Decreto Supremo 007-
2008-IN. Asimismo, se creó el Grupo de Trabajo Multisectorial Permanente contra la Trata
de Personas, a través del Decreto Supremo 002-2004-IN. Por último, se aprobó el Plan
Nacional de Acción contra la Trata de Personas mediante el Decreto Supremo 004-2011-IN
de 2011 (Castro, Hernández y Herrera, 2013, p. 138-140).
País Normativa existente contra la Trata de Personas
Bolivia Ley 3325 de 2006 sobre Trata y Tráfico de personas y otros
delitos relacionados.
Decreto Supremo 28297 de 2005: Consejo Nacional contra el
Tráfico y la Trata de Personas.
Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos Bolivia para
Vivir Bien 2009 – 2013.
Colombia Artículo 17 de la Constitución Política de 1991.
Ley 599 de 2000, Código Penal: Artículo 188ª.
Ley 679 de 2001.
Ley 985 de 2005.
Decreto 1974 de 1996: Comité Interinstitucional para la lucha
contra la trata.
Decreto 4786 de 2008 – Estrategia Nacional Integral contra la
trata de personas (2007 y 2012).
Política Integral Migratoria (PIM).
Ecuador Constitución de la República de 2008.
Decreto Ejecutivo 1981 de 2004.
Código Penal (reforma de 2005) para endurecer las penas por
los delitos de trata y tráfico de personas.
Plan Nacional de Lucha contra la Trata – 2006.
Protocolo de Asistencia Consular a Víctimas de Trata.
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional para el
Combate al Tráfico Ilegal de Personas Migrantes, mediante el
cual se diseño la Agenda de Política Pública para la
Prevención de la Migración Riesgosa y Combate a los Delitos
Migratorios.
Perú Artículo 2 numeral 24b de la Constitución Política.
Ley 28950 de 2007 contra la Trata de Personas y el Tráfico
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Ilícito de Migrantes, reglamentada en el 2008 mediante el
Decreto Supremo 007-2008-IN.
Grupo de Trabajo Multisectorial Permanente contra la Trata
de Personas, a través del Decreto Supremo 002-2004-IN.
Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas mediante
el Decreto Supremo 004-2011-IN de 2011.
Fuente: Elaboración Propia.
De conformidad a lo anterior, se observa que todos los países andinos cuentan con
varias políticas y programas para luchar contra la trata de personas. No obstante, los
recurrentes casos de víctimas de este flagelo a nivel mundial, muestran verdaderamente que
la trata de personas es un problema de grandes magnitudes, pues según datos
proporcionados por el Informe sobre Trata del Departamento de Estado de Estados Unidos,
publicado en junio de 2013, 27 millones de hombres, mujeres, niños y niñas han sido
víctimas de este flagelo en algún momento dado.
Asimismo, el hecho de que el mercado ilícito que se mueve detrás de la trata de
personas ascienda a 32.000 millones de dólares al año a nivel mundial, lo hace cada vez más
atractivo para las redes captadoras y tratantes (Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito). Por esta razón, los esfuerzos de los Estados deben ir más allá de la
expedición de normativas y ratificación de tratados, adicional a esto, se deben promover
acciones más efectivas y eficientes para prevenir, sancionar, capturar a las redes y brindar
asistencia a las víctimas.
Para terminar, es indispensable que los países andinos fortalezcan los lazos de
cooperación para luchar contra la trata de personas, pues este es un delito transnacional y, a
través del trabajo conjunto entre las autoridades competentes se lograrán mayores
resultados para erradicar esta nueva modalidad de esclavitud. De igual forma, es importante
mejorar las campañas de información y prevención para que las personas que desean
emprender un proyecto de vida fuera de sus lugares de origen, cuenten con información
confiable y segura, gracias a la cual eviten caer en manos de estas redes.
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Becas
El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), acaba de abrir la
convocatoria Becas para Profesionales para Estudios de Posgrado con Relevancia en los
Países en Vía de Desarrollo. Por medio de este programa de beca se financian de manera
completa estudios de maestría y doctorado en universidades alemanas.
-El DAAD destina estas becas a profesionales activos vinculados a temas que ayuden
al desarrollo y progreso del país. Los programas académicos se ofrecen en áreas de:
Economía, Administración de Empresas, Cooperación al Desarrollo, Ingeniería, Matemática,
Planeación Regional, Agricultura y Silvicultura; Ciencias Ambientales, Medicina y Salud
Pública, Ciencias Sociales, Educación, Ciencias Políticas y Periodismo.
La mayoría de los programas académicos financiables con este programa de beca se
ofrecen en inglés, otros en alemán y algunos combinan los dos idiomas. Para optar a las
becas se necesita demostrar dominio del inglés (para los programas dictados en inglés) y
conocimientos básicos de alemán (sólo para los programas que se ofrecen en alemán).
Entre los rubros que cubre la beca se encuentra una mensualidad de 750 Euros (para
los programas de maestría), y una mensualidad de 1000 Euros para gastos de manutención y
vivienda (para los programas de doctorado). Además de un aporte anual de 460 Euros para
gastos de estudio o investigación, y seguro médico, entre otros beneficios, como por ejemplo
un curso intensivo de alemán en Alemania de hasta 6 meses, previo a los estudios.
Además del programa de beca mencionado el DAAD ofrece aproximadamente 30
programas más de becas dirigidas a colombianos. Sólo en el año 2012 esta institución
alemana financió a 752 colombianos con becas para estudios e investigación en Alemania.
Toda la información para poder postularse a este y a todos los demás programas de
becas del DAAD se encuentra en la página web del DAAD
www.daad.co
Fuente: El espectador, ver en línea.
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Consulta Previa – Perú
El Ministerio de Cultura agrega a los pueblos Ese eja y Harakbut a su base de datos
Continúa la publicación conforme a la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos
Indígenas u Originarios, Ley 29785.
El Ministerio de Cultura ha publicado información sistematizada sobre los pueblos
Ese eja y Harakbut, cuyas lenguas pertenecen a las familias lingüísticas Tacana y Harakbut,
respectivamente. Cabe indicar, que el pueblo Ese eja se asienta en el departamento de Madre
de Dios y el pueblo Harakbut en los departamentos de Madre de Dios y Cusco.
La información existente sobre los pueblos indígenas u originarios identificados en el
país ha sido recopilada por el Viceministerio de Interculturalidad (VMI) de fuentes oficiales.
Esta información presentada en la base de datos es referencial, perfectible y de actualización
permanente.
La ficha de cada pueblo indígena reúne, tanto como es posible, la siguiente
información: denominación oficial y autodenominaciones de los propios pueblos; información
cultural y étnica relevante; referencias geográficas e instituciones u organizaciones
representativas de nivel comunal.
La publicación de la Base de Datos como instrumento referencial permitirá al
Estado avanzar en el diseño de políticas públicas destinadas a acortar las brechas existentes
entre los ciudadanos indígenas y el resto de la sociedad nacional.
Fuente: Generación, ver en línea.
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Cooperación Sur – Sur
Generando indicadores para la Cooperación Sur-Sur: Una mirada al trabajo realizado desde
el Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur
Edición: Montevideo: Cooperación Sur-Sur, 2013 [22 p.]
Serie: Sistematizar para aprender: Documentos de trabajo; 4
Temas: Cooperación para el Desarrollo, Relaciones Sur – Sur, Cooperación Regional,
Comercio Exterior.
Resumen: Elaborado por Cristina Xalma, el documento hace un recorrido por el esfuerzo
realizado en los últimos años, en el espacio iberoamericano, por las Agencias y Direcciones
Generales de Cooperación de los países, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y el
Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS)
frente al desafío de avanzar en la identificación, medición, caracterización y evaluación de la
Cooperación Sur-Sur (CSS) en la región, o lo que es lo mismo, en generar indicadores para la
CSS. La publicación se encuentra estructurada de la siguiente manera: En primer lugar, se
presentan los Indicadores para la Cooperación Sur-Sur que los países han declarado que
querrían tener, a tenor de lo acordado en el Seminario de Quito. En segundo lugar, se analiza
cuáles de éstos son factibles de obtener, teniendo en cuenta, por un lado, la información base
de la que disponemos y, por el otro, la posibilidad de que cumplan con una serie de
requisitos. Lo expuesto resumiría los resultados de Montevideo. A continuación se presentan,
aún con cierta síntesis, los Metadatos elaborados. En último término, la aplicación de los
principales Indicadores obtenidos se ilustra a partir de los ejemplos incluidos en el "Informe
de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2012".
Nota de contenido:
Introducción: el reto de generar Indicadores para la Cooperación Sur-Sur [p. 5]
Para qué y qué queremos medir? Resumiendo los consensos de Quito [p. 7]
Montevideo: el paso hacia el cómo elaborar los indicadores seleccionados [p. 10]
Metadatos de los Indicadores para la Cooperación Sur-Sur [p. 13]
Ilustrando el uso de Indicadores a partir del Informe de la CSS en Iberoamérica
1: Indicadores construidos en torno al registro de fechas [p. 16]
2: Indicadores construidos en torno al registro de costes [p. 19]
3: Del comercio exterior a la Cooperación Sur-Sur: reinterpretando indicadores [p. 20]
A modo de síntesis: revisión de lo aprendido y nuevos retos [p. 25]
Anexo [p. 27]
Bibliografía [p. 40]
Fuente: BID, ver en línea.
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El Centro de Investigación Internacional Actúa, CIIACTUA, desde marzo de 2014, se unió al
Nodo Internacional de la Red de Estudios Humanitarios, el año 2014, como parte del esfuerzo
del IEH en:
Promover la investigación en temas humanitarios, entre la academia, ONG y las Agencias del
Sistema de las Naciones Unidas, enfocada a mejorar la toma de decisiones, la priorización y la
calidad en la asistencia humanitaria.
“La fragmentación de esfuerzos no nos permite actuar”
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Aportes para la construcción de una sociedad para todas y todos
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