¿quÉ es la “chalandisation”? what is ...para ello, hay que saber venderse, empa-quetar su...

Chauvière, M. (2011). ¿Qué es la “Chalandisation”?. Trabajo Social Global, 2 (3), 47-63

Recepción: 13/05/2011. Evaluación: 6/05/2011. Publicación: 30/06/2011

¿QUÉ ES LA “CHALANDISATION”?

WHAT IS ‘CHALANDISATION’?

Michel Chauvière

TRABAJO SOCIAL GLOBAL 2011, 2 (3) 46-63

http://tsghipatiaeditorial.com/

En este artículo se estudian los procedimientos mediante los cuales el sector social se ve sometido a la llamada “chalandisation”, término francés de difícil traducción al castellano que indica el modo de gestión general de nuestras sociedades tardomodernas, poskeynesianas. Constataremos cómo esta lógica modifica la ordenación del campo de lo social, su modo de financiación, así como el sen-tido que los actores del terreno dan a su trabajo. Se analizará este proceso general en curso a tra-vés de los cambios regulatorios acaecidos en Francia desde los años 80

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Trabajo Social Global. Revista de Investigaciones en Intervención Social. Vol. 2, nº 3. Junio 2011, 46-63

This article explores the processes by which the social sector is subjected to the "chalandisation," the French word difficult to translate into Spanish, that indicates how is the overall management of late-modern societies, Post Keynesian. We´ll see how this changes the spatial logic of the social field, its mode of financing, as well as the sense that actors give to their work site. It Will be analyzed the current general process through regulatory changes that occurred in France since the 80's

PC.- “chalandisation”, institución, mercantilización de lo social, organización,

regulación política, trabajo social

KW.- "chandandisation", institution, marketisation of social issues, organiza-tion, political regulation, social work

La “chalandisación” no es la mercantilización sino que prepara los comporta-

mientos y las conciencias para ésta. En el sector social, este proceso general mo-

difica la ordenación del campo así como su modo de financiación e intenta invertir

el sentido que los actores del terreno dan a su trabajo. Se apoya en diversas revi-

siones sobre la concepción de las políticas públicas, de la institución a la organi-

zación y de la organización a la empresa. Una vez dado por concluido por todas

partes el servicio público, de lo que se trata ahora es de “modernizar” la acción

social y el trabajo social, es decir, de racionalizar los funcionamientos, pensar en

producto o prestación y olvidar la clínica, producir mejor gastando menos, buscar

todas las mejoras posibles de productividad, satisfacer a los usuarios y, ante todo,

incrementar su confianza, rendir cuentas regularmente a quien corresponda. El

trabajo social, ya expuesto en Francia a la diseminación desde la descentraliza-

ción de 1980, se encuentra hoy aun más desorientado por cuanto se ve abando-

Chauvière, M. / ¿Qué es la “Chalandisation”? 48


nado a regulaciones territoriales casi-mercantiles y acosado por empresas lucrati-

vas en los campos más solventes, es decir más rentables.

Ni la crisis financiera de 2008 ni la apariencia de ajuste que ha desencadenado

han cambiado nada al respecto. La ideología del “management”, la hipergestión de

lo cotidiano y las exigencias de resultados se han visto, por el contrario, reforzadas,

tanto en el sector social como en otros campos parecidos: principalmente la escue-

la, el sistema sanitario y el judicial. Por todas partes hay que “modernizar”, eufe-

mismo que quiere decir racionalizar las organizaciones, pensar en producto o pres-

tación y olvidar la clínica, producir mejor y gastar menos, buscar todas las mejoras

posibles de productividad, satisfacer a los usuarios, anunciar públicamente todos

los meses su calidad y sus resultados, estar bien aprovisionado (“achalandé”), para

incrementar su confianza, aceptar de antemano rendir cuentas regularmente a las

autoridades legítimas de decisión y de tasación, como si se tratara de un simple

mercado público de servicios y, en el caso francés, cambiar el Código de la acción

social y familiar por el del consumo.

La “chalandisation” (Chauvière, 2007) es un proceso genérico que integra todos

estos diferentes cambios de aspecto banalmente técnico y permite comprender la

coherencia de conjunto y el impacto sobre la sustancia misma de la acción social,

así como de su gestión. La “chalandisation” formatea las mentes sin su conocimien-

to, modificando progresivamente las actitudes y los comportamientos individuales y

colectivos. Prepara la posibilidad de la mercantilización de lo social, pero no es la

mercantilización realizada. Promueve así, por ejemplo, el paso de una privatización

asociativa adosada al Estado y que comparte sus valores de acción pública (priva-

tización de tipo 1) a una privatización lucrativa, en los segmentos más solventes, y

a una gestión casi-mercantil para todo el resto (privatización tipo 2). Otro ejemplo:

reduce el ideal histórico de las profesiones a la sola gestión de las competencias

individuales de sus miembros, etc.

Para explicar más ampliamente esta noción, se descompondrá la reflexión en tres

preguntas. ¿Cómo caracterizar el cambio emprendido? ¿Cómo hemos llegado ahí



en el plano institucional y sobre todo cognitivo? ¿Por qué canales se ha infiltrado la

norma relativa a las instituciones y las prácticas?

1. Un cambio de estilo

En los intercambios entre decisores y operadores, el estilo ya ha cambiado bastante, lo

que conlleva automáticamente un cambio también en los propios operadores que son igualmente

empleadores y sus profesionales asalariados, es decir sus “recursos humanos”. Domina el con-

tractualismo, tanto en los hechos como en las mentes, sin reflexión sobre la “insolidaridad” de

numerosos contratos (David, 1982). Más concretamente, cada vez son menos las asociaciones

de la sociedad civil y los profesionales más o menos militantes quienes proponen y a veces im-

ponen las nuevas ideas. Por el contrario, son los poderes públicos (nacionales y, sobre todo,

locales) los que solicitan proyectos sobre programas que ellos mismos han establecido con la

ayuda de expertos y consultores externos. El equilibrio que existía se ha invertido, sobre todo

después de la descentralización. Se podría pensar que en sí representa un avance de la demo-

cracia política pero, vista la coyuntura, debemos ver aquí ante todo una nueva tecnocracia fría

de lo social, que ejecuta, a veces con un cierto cinismo, las obligaciones drásticas de reducción

del gasto público. Sin olvidar el aspecto de burocracia autoritaria que encierra una estrategia así,

que la informática hace más compleja y opaca cuando podría simplificar los procedimientos y los

intercambios. Con la generalización del comercio social y de la cultura competitiva, para perdurar

es preciso en adelante merecer su parte del mercado. Para ello, hay que saber venderse, empa-

quetar su proyecto y obtener el máximo de sus redes, es decir de sus relaciones. Con un razo-

namiento económico de este estilo, la masa salarial se convierte en una de las principales varia-

bles de ajuste. ¡Tanto peor para el empleo cualificado, tanto peor para la calidad! ¡Sed empresas

ganadoras, al menos razonad como si fueseis las propias empresas, incluso si estáis exclusiva-

mente financiados con fondos públicos!

Asistimos a un doble movimiento en el sector de la acción social, tomado en su sentido

histórico más amplio. En primer lugar, la acción pública está marcada por un refuerzo sin prece-



dentes del control administrativo de las condiciones de la delegación1, lo que, en Francia, es pa-

tente desde una ley del 2 de enero de 2002 llamada de “renovación de la acción social y medi-

co-social”. Esta ley refuerza en efecto los lazos de subordinación entre los operadores, en con-

currencia los unos con los otros, y las administraciones públicas, centrales y territoriales. Obliga

igualmente a los establecimientos y servicios a poner en marcha toda una serie de nuevos ins-

trumentos de “buena gestión”. Entre estos instrumentos, vemos aparecer los contratos plur i-

anuales de objetivos y de medios (CPOM), que se convierten rápidamente en obligatorios, y las

Agrupaciones de cooperación social y medico-social (GCSMS), hasta hoy facultativas. A conti-

nuación, a iniciativa de los mismos poderes públicos, se despliega de manera desmesurada,

teniendo en cuenta lo que está realmente en juego, una obligación legal de evaluación, interna y

externa, cuya puesta en marcha técnica es confiada, una vez más, por la administración, a ter-

ceros habilitados; lo que constituye una verdadera ganga para los profesionales del “mercado

de la inteligencia”, campo hipercomercial hoy en pleno crecimiento. Como consecuencia, la con-

ciencia de lo social, que había sido la base de la profesionalización de los agentes, está a la ba-

ja, limitada por el realismo económico, el pragmatismo político y, aún peor, por la fatalidad de la

exclusión y la desgracia. Esta revolución discreta de las representaciones participa también de

la “chalandisation”.

Los GCSSMS, que se califican púdicamente de cooperación o de mutualización entre

operadores asociativos, conducen en realidad a una concentración progresiva de medios aso-

ciativos. Las estructuras de pequeño tamaño están condenadas a desaparecer, salvo que se

trate de experimentación. Nuevos holdings asociativos en número reducido están en vías de

constitución. Se prevé que al final serán 3.000 o 4.000 unidades contra las 33.000 asociaciones

gestionadas actualmente. Verán sus sedes sociales reforzadas con muchas grandes direccio-

nes: dirección de recursos financieros, dirección de recursos humanos, dirección de desarrollo,

dirección jurídica, etc., lejos de los problemas y las prácticas del terreno, como si se tratara de

una verdadera empresa social, sin el capital y los accionistas, no obstante. Además de las eco-

nomías de escala, este montaje tiene también una justificación técnica: estar en mejor posición

1 Delegación es tomada aquí no en su sentido jurídico preciso, como en la delegación del servicio público, sino en un sentido más genérico. Se trataría de todas aquellas situaciones que relacionan un “director” y un “agente”.



en las negociaciones plurianuales con los poderes públicos (CPOM) y ofrecer mejores “presta-

ciones” a los clientes de lo social, a quienes aún se les llama usuarios durante un tiempo.

Esta orientación hace correr al sector de la acción social una serie de riesgos. En primer

lugar, el riesgo de que las agrupaciones más poderosas o los nuevos aventureros fagociten a

las más débiles. Después, el riesgo de una reducción significativa de la oferta de plazas en es-

tablecimientos especializados como consecuencia de los arbitrajes internos entre segmentos de

mercado, en un contexto de concurrencia y de recursos financieros a la baja, más orientados

que nunca y sometidos a evaluación permanente. Hasta llegar al razonamiento económico si-

guiente que algunos comienzan a tener fríamente: un niño discapacitado en su domicilio con el

acompañamiento de sus padres cuesta menos caro que un niño escolarizado con una auxiliar

de vida escolar, empleo precario por definición, y de todas maneras menos caro aún que un ni-

ño acogido en un establecimiento especializado, tipo Instituto médico-educativo (IME), por fuer-

za muy especializado. Reducir la masa salarial y cambiar las representaciones de lo social y de

la necesidad de tener profesionales, son los objetivos principales de la maniobra. Existe pues un

tercer riesgo: la eliminación progresiva de los actores del terreno y de sus referencias clínicas

en beneficio de los nuevos ingenieros sociales. Dicho de otra manera, un retroceso en el control

de los trabajadores sociales de sus campos profesionales, es decir de sus savoir-faire y del de-

venir de su instrumento de trabajo. Al final, simplemente corremos el riesgo de un declive cultu-

ral y político sin precedentes en el plano de la creatividad, de la cultura social y en general del

sentido de las prácticas.

La ley orgánica relativa a las leyes de finanzas (LOLF), medida iniciada por el Parlamento

socialista en 2000 pero puesta en práctica por la dirección del presupuesto, en el marco del go-

bierno de derechas desde abril 2002, sirve de cobijo a estas medidas “modernizadoras”. En

efecto, reduce la acción pública en general a un algoritmo gestionario compuesto de misiones,

de programas y de acciones, y generaliza la obligación de resultados a todos los niveles, verif i-

cables por las autoridades y susceptibles de ser sancionados (con la introducción del mérito, por

ejemplo). La reforma general de las políticas públicas (RGPP), adoptada en 2007, transforma de

cabo a rabo nuestro aparato institucional. Desaparece en 2009 la dirección general de la acción

social (DGAS), también las direcciones departamentales y regionales de la acción sanitaria y

social (DDASS y DRASS) (Chauvière, 2008). Esta “vieja” administración desconcentrada2 es

2 No tan “vieja”. Las direcciones departamentales datan de 1964 y las direcciones regionales de 1977.



reemplazada ahora por diferentes agencias estratégicas, más fácilmente sometidas a la obliga-

ción de los resultados. Entre ellas, las agencias regionales de salud (ARS) han absorbido el sec-

tor médico-social en el sanitario y están generalizando la financiación por la actividad realizada,

no por el proyecto, apoyándose en la aplicación de tarifas a la actividad (T2A) y el tiempo activo

movilizable (TAM). Por su parte, la agencia nacional de la evaluación y la calidad de los estable-

cimientos y servicios sociales y medico-sociales (ANESM) propone recomendaciones de “bue-

nas prácticas” y habilita a evaluadores externos, mientras que la Agencia nacional de apoyo a

los resultados (ANAP) prepara las mentes para entrar en la problemática de los resultados, lo

que produce grima a más de un profesional. Como se ve, hay una gran coherencia en todas es-

tas “innovaciones”.

2. De la institución a la organización y a la empresa

En el plano cognitivo, el proceso de “chalandisation” se apoya en dos modificaciones de-

cisivas ocurridas durante el último cuarto de siglo. En tiempos de un Estado fuerte, la cultura

dominante era imaginariamente orgánica, fuertemente integrada y ampliamente institucional, al

tratarse del servicio público por definición, pero también de las asociaciones de acción social

que tienen función de servicio público, al menos consideradas como beneficiarias de una dele-

gación de misión con bastantes márgenes de iniciativa. En la base de esta representación, el

derecho público ocupaba un lugar central, proporcionándole la historia y la sociología un enfo-

que complementario de las evoluciones en el espacio y en el tiempo, quedando, de un modo a

veces crítico, la economía fuera del sistema.

¿Qué entendemos por institución? Generalmente se entiende como “una forma o estruc-

tura fundamental de organización social, establecida por la ley o la costumbre”. Con mayor pre-

cisión, según Talcott Parsons (1951), se trata de “un conjunto institucional de roles integrados

que ejerce una influencia estructural esencial en un sistema social”, de “todas las actividades

regidas por anticipaciones estables y recíprocas entre los actores que entran en interacción”, o

aún, “un conjunto complejo y socialmente sancionado, legítimo pues, de valores, normas, usos,

relaciones, conductas compartidas por un cierto número de individuos”, etc. Otros trabajos han

insistido en que la institución sería también una praxis, es decir un lenguaje. De ahí que, si la

institución tiene un carácter evidentemente estatutario y normativo, socializando, es decir some-

tiendo, a los individuos a ciertas prácticas mientras les protege (estatuto de la función pública o



convenios colectivos), integra también lo que da sentido a sus actos, más allá de lo utilitario o

funcional. La institución incluye los fines y los valores en su historicidad así como el imaginario y

los fantasmas de los actores, esa parte no racional de la acción. En otras palabras, la institución

es el proyecto social tanto como su materialidad y es esta integración lo que caracteriza a los

servicios públicos, sin reducción posible al modo de organización.

En esta primera etapa de esta transformación cognitiva, en la sociología de las organiza-

ciones y su prolongación, la sociología de las políticas públicas, los enfoques mecanicistas y a

menudo utilitaristas, han llegado a ser dominantes en toda la tecnoestructura pública/privada de

lo social desde finales de los 70 hasta los noventa. Simplificando la cuestión organizacional en

la tradición institucional, han proporcionado los útiles de una primera y rápida mutación de la

mirada experta en la vía de la “chalandisation”. Presentándose como adalides del progreso del

pensamiento racional frente a un marco institucional rígido, estático y demasiado complejo, es-

tos enfoques han convencido rápidamente a los actores de deshacerse de lo “inaprensible de la

institución”, y, al hacer esto, “modernizarse”. Han encerrado así la reflexión en la pseudo dialéc-

tica del actor y del sistema y, sobre todo, validado una concepción ante todo estratégica de la

acción, con una atención particular a las limitaciones, a los procedimientos y a los efectos per-

versos. Si el análisis es pertinente, sus efectos sobre las representaciones de lo social son mu-

cho más discutibles, tratándose principalmente de la mirada dirigida hacia los políticos, las es-

tructuras y los hombres en el trabajo. Llega incluso a hacer olvidar que detrás de las organiza-

ciones siempre está la institución. Lo que será enormemente perjudicial para los interventores

sociales a la hora de las regulaciones políticas (descentralización, reducción del gasto público,

LOLF-RGPP, etc.) y sobre todo de la generalización de la evaluación.

De esta forma, las instituciones públicas y privadas no tendrían hoy en día otra realidad

que su organización, en el sentido positivo y racional, pero también cerrado y mecánico de “con-

junto humano ordenado y jerarquizado que asegura la cooperación de sus miembros combinan-

do legitimidad, autoridad y obligación para alcanzar ciertos fines”. Lo que explica también que,

cediendo a este tropismo, diferentes asociaciones, inseguras en su estatuto de “hacer función”,

hayan podido interesarse, en un primer momento, en redefinirse menos como instituciones fun-

dadoras de la sociedad que como organizaciones productoras de ciertas prestaciones. Ocurre lo

mismo con las profesiones que, para no ser asimiladas a formas corporativas superadas, han

aceptado también a veces pensarse más funcionalmente como conjuntos de “recursos huma-

nos”, sin mucha consideración a lo que las legitima en la historia de la protección social y que



constituye su identidad (Chauvière 2005, 2011). Fuera toda referencia a una praxis susceptible

de fundar toda o parte de la práctica profesional. ¡Viva el mercado de las competencias y la vali-

dación individual de las adquisiciones de la experiencia (VAE)!. Olvidando que la acción pública

es también un lenguaje colectivo institucionalizado frente a la cuestión social, ésta queda con-

vertida a partir de aquí en un conjunto de programas, más sectorializados y descentralizados

que nunca por sus modos de administración y financiación. El New public management se hace

hegemónico.

En Francia, la primera ola de descentralización entre 1982 y 1986, bajo gobierno socia-

lista, ha sido la ocasión para experimentar a lo grande y, finalmente, generalizar con bastante

facilidad esta nueva cultura de gestión, acelerando así la “chalandisation” de todo el sector so-

cial. Recordemos aquí dos rasgos de esta gran reforma estructural. Por una parte, no estaba

pensada para lo social pero lo social le iba muy bien. Dicho de otra forma, lo social era fácilmen-

te transferible, en el plano ideológico (visto el argumento de proximidad y la ausencia de mono-

polios profesionales) y en el plano institucional (vista la gran explosión de iniciativas sobre el

terreno). Por otra parte, las transferencias no han sido acompañadas por la administración pú-

blica. No ha habido guía en el plano doctrinal; así, se ha transferido la Ayuda social a la infancia

(ASE), antes competencia del Estado, a los departamentos solo por razones de oportunidad y

sin anticipar los efectos. Igualmente, las exigencias de profesionalidad, de cualificación pues,

apenas se han mantenido; por el contrario, se ha asistido a una regionalización de las formacio-

nes con el acta II (2003) que desclasifica tendencialmente las profesiones sociales y produce

sobre todo empleo de bajo nivel de cualificación. Bien es cierto que los primeros años de la des-

centralización, las autoridades prometieron nuevas transversalidades a nivel territorial, es decir

un nuevo enfoque global, centrado en el individuo; han hecho pues creer en un “departamento

providencia”, pero rápidamente se ha desvelado la impostura, sobre todo cuando los medios

financieros prometidos con la transferencia de las competencias han comenzado a faltar. Lo di-

cen los propios representantes políticos. Algunos departamentos se encuentran hoy en una si-

tuación económica lamentable.

A partir de aquí se ha producido un tsunami contractualista, acelerando la concepción de

toda la acción social como un sistema de servicios si no mercantiles, sí casi mercantiles, por lo

menos debiendo ser gestionados como tales. Entre las autoridades públicas y los operadores

asociativos, a los que se han unido los operadores con fines lucrativos en los sectores más ren-

tables, se habla cada vez con mayor naturalidad de prestaciones y resultados, de negocios



pues, sin olvidar la consolidación de las redes afines locales, a veces en nombre de los usuarios

y más a menudo derivando a los profesionales. Además, expuestos a los problemas de finan-

ciación y de organización, los nuevos poderes han olvidado con rapidez ocuparse de la doctrina,

de la estrategia concertada y, para ello, de encontrarse con los profesionales, con la inteligencia

colectiva de que son capaces. Los actores sobre el terreno soportan esta situación de abandono

y de nuevas imposiciones, lo deploran a menudo pero se encuentran impotentes para cambiar

este estado de cosas.

La última mutación que impulsa la “chalandisation” se introduce al comenzar el siglo XXI.

Es la revolución de los “servicios a la persona” que consagra el triunfo de los modelos económi-

cos más productivistas, que implican especialmente la concurrencia performativa, los recursos

escasos, el aumento de productividad (o de eficiencia), el empleo precario y, sobre todo, el re-

curso oficial a los empresarios audaces en campos solventes como la ayuda a domicilio, el éxito

escolar, la seguridad, etc. Lo que coincide también con la llegada de una segunda ola de nor-

mas administrativas de gestión pública que consolidan el enfoque racional con el olvido de la

integración republicana y la concepción solidaria de la sociedad. Este enfoque empresarial y

competitivo, de origen privado, ha sido transferido sin escrúpulos de la producción de bienes y

servicios mercantiles a los servicios relacionales, a veces inmateriales, de redistribución, de

ayuda y de acompañamiento, hasta ahora abordados según el paradigma no mercantil (o no

lucrativo) y, por otra parte, regulado por algunos referentes éticos y políticos superiores, como el

interés del niño o el deber de la solidaridad, cueste lo que cueste. Peor aún, con la neo-gestión

pública, la gestión normal y eficaz de las organizaciones deviene una hipergestión ampliamente

auto-regulada, conscientemente establecida por los poderes públicos y a veces dotada de me-

dios considerables, financieros y humanos, contra la autonomía relativa necesaria de las prácti-

cas sociales, profesionales, asociativas o simplemente militantes. Economía e ideología obligan.

En el terreno de la comunicación política, se defiende la responsabilización individual

frente a la institución del derecho de asistencia, ¡ese arcaísmo¡ Pero, ante la gestión segregado-

ra que se intensifica, no obstante, en materia de vivienda, de trabajo, de pobreza o de nacionali-

dad, existen ahora algunos antídotos institucionalizados nuevos, promocionados con el refuerzo

de los mensajes publicitarios, como la Alta autoridad de lucha contra la exclusión (HALDE) o el

Derecho a vivienda exigible (DALO), que hacen recaer la responsabilidad de actuar y reclamar

su derecho sobre un individuo casi solo, disolviendo de paso la cuestión política y la fuerza de la

solidaridad colectiva.



3. “Chalandisation” y casi mercado

El espíritu neo-gestionario y su vasallo, la hipergestión, se imponen así de forma hege-

mónica a todo lo “social realizado”, frente a su administración de tipo público y frente a la fi-

losofía del acto que lo constituía. ¿Cuáles son los instrumentos y cuales las consecuencias

para el trabajo social profesional?

En primer lugar, la noción de servicio se vacía progresivamente de su contenido relacio-

nal y solidario para convertirse en un simple objeto de transacción entre un prestatario y un

cliente. Del servicio debido y prestado al servicio casi vendido y a veces vendido. Del ser-

vicio público o asimilados a los servicios mercantiles o de tipo mercantil. La organización

de los equipamientos destinados a responder a la cuestión social en sus diferentes mani-

festaciones sigue la misma pendiente. Limitada por el entorno y la retracción del Estado, la

vida asociativa, a menudo a su pesar, empresa de servicios, al menos razona cada vez

más como tal. Todas las nuevas formas de gestión la dirigen en este único sentido, sin al-

ternativa a la vista, pues la doctrina del servicio público ya no forma parte del acerbo de la

alta función pública ni de los juristas de derecho público. De donde el incremento del peso

de los financieros y gestores, en combinación con la nueva administración “renovada y

modernizada”, para acelerar el cambio de modelo económico y también para mantener el

señuelo. A partir de aquí, la racionalidad abstracta de la gestión financiera y las normas de

gestión invaden todo el campo social y lo secan. Algunos lo asumen y lo reivindican explíci-

tamente, otros lo aceptan de mala gana, y muchos sufren por esta nueva hegemonía naci-

da de la complicidad, desde hace ya tres décadas, entre el aparato de Estado y la ideolo-

gía del business.

La nueva gestión de los recursos humanos forma también parte de este cuadro, donde

los referenciales están al lado de la VAE para fabricar la competencia social adaptada pero

con economía y dominio de los flujos, lo que es más fácil a nivel regional desde el acta II

de la descentralización. Lo que no impide, sin embargo, a los más “relajados” dar a cono-



cer a quien quiere oírlos que el personal social actual es demasiado costoso teniendo en

cuenta su poca “productividad”, según la representación dominante actual de las necesida-

des, y muy mal preparado para el desarrollo de las nuevas políticas sociales. Se razona

evidentemente a partir de las poblaciones aparentemente más estabilizadas en sus pro-

blemas (personas mayores, discapacitados, primera infancia, formación, periescolar, etc).

El resto invita a la innovación, pero también a la movilización ciudadana, es decir a la be-

neficencia re-legitimada (desde los Restos du coeur a los Secourts catholique) y al retroce-

so del asalariado. Un trabajador señalaba a este respecto que se estaba en camino de pro-

fesionalizar el voluntariado y de “benevolizar” el asalariado. No se equivoca.

En estas condiciones, los profesionales dejan de ser los actores legítimos del entrelaza-

miento de normas sociales-vínculo social para convertirse en simples “recursos humanos”

a contratar en el marco de programas cerrados que pretenden la aplicación de ciertas nor-

mas o la revitalización formal del vínculo social, bajo la batuta de operadores públicos o

privados, que compiten unos contra otros (Chauvière, 2004). Incluso la discapacidad, con

la que una ley de febrero 20053 pretende su vuelta a la ciudadanía, es reificada en las

Maisons departamentales de las personas discapacitadas (MDPH); se puede pensar, por

otra parte, que la discapacidad, como referencial de la acción pública, está en camino de

ser más o menos universalizada y banalizada, perdiendo así su carga antropológica, es

decir la singularidad inquietante del “desorden de las apariencias” (Blanc, 2006).

En fin, se crea un verdadero mercado, segmento tras segmento, cada vez más auto-

regulado cuyas normas de regulación no las garantiza el Estado, un mercado del que los

profesionales están prácticamente excluidos. Además, están sometidos en el día a día y

cada vez más a una instrumentalización cruzada: la de los responsables políticos, siempre

en los límites de los intereses partidistas, y la de la administración, expuesta a su vez a la

conminación paradójica de la racionalización financiera y procedimental, por una parte, y

del incremento permanente de la calidad debida a los usuarios, de la otra. Hacer cada vez

mejor las cosas con menos. ¡Busca el error¡

3 Ley de febrero 2005 para la igualdad de derechos y de oportunidades, la participación y la ciudadanía de las personas discapacitadas.



Si bien todo derecho de los usuarios representa potencialmente un avance democrático,

no obstante ha de ser bajo dos condiciones: que en el discurso de los reformadores esta

retórica no vire hacia el formalismo, es decir, a la coacción; y que entre los beneficiarios

dopados por los derechos subjetivos, demasiado generosamente otorgados para estar

exentos de demagogia y sometidos a la amenaza judicial en todo momento, no conduzca a

un consumismo de servicios. En este caso, sería mejor hablar simplemente de ciudadanía.

Algunos, por lo demás, a la vez que ocupan los lugares de acción ofrecidos a los usuarios,

no reivindican esta identidad impuesta, disponiendo de otras categorías de acción mucho

más eficaces a sus ojos como la familia, el padre o los padres de niños discapacitados, etc.

Volvamos a la evaluación (Chauvière, 2010). Lo que aquí está en cuestión no es el prin-

cipio de la evaluación sino las nuevas condiciones de su aplicación. A pesar de la fuerte

comunicación política que le acompaña, esta nueva norma no pretende en primer lugar la

calidad para los usuarios sino la utilización razonable, medida y justificada de las cantida-

des asignadas, bajo presión del nuevo orden económico y financiero y el recondiciona-

miento de los actores demasiado “derrochadores”. No posee pues la independencia que

podría conferirle una mayor base científica, una verdadera neutralidad axiológica y un uso

más democrático. El blanco principal son las instituciones, y en particular las profesionales,

a las que posiblemente se considera que abusan y que son muy costosas.

Pero la evaluación también sabe hacerse atractiva. Funciona en efecto bastante a menu-

do con el consentimiento de estos profesionales, seducidos por la idea de evaluar para me-

jorar la calidad o para servir mejor al usuario, o creyendo incluso, de buena fe, que la eva-

luación solo afectará al funcionamiento de la institución y no al contenido de su acción.

Mientras otros son seducidos por el discurso de la “buena gobernanza” o del “buen lideraz-

go”, aun cuando estas etiquetas, basadas en la hipótesis de la convergencia de intereses

entre socios iguales, racionales y razonables, enmascaran en realidad operaciones de ex-

ternalización del poder de control, rebautizado evaluación, a diferentes agencias. Estos di-

ferentes cambios realizados en el modo de legitimación de los actores constituyen también

indicios tangibles de una “chalandisation” en curso y bastante avanzada, bajo el fondo de

un retroceso de lo político como pasión democrática colectiva. ¿No declara el actual Presi-

dente de la República querer “dirigir Francia como una empresa”? Lo que bastantes repre-

sentantes locales, ya sean de derechas o de izquierda, hacen suyo.



En un marco como este se convierte en decisiva la cuestión del lenguaje, tanto para el

análisis como para la acción. Desde hace algunos años, muchas palabras han perdido su

sentido inicial o han sido abandonadas. Así, las nociones de “transferencia” y “contratrans-

ferencia”, que procedían del psicoanálisis, siguen siendo un útil conceptual importante para

el trabajo social. Allí donde hay confianza, hay una expectativa de resultado de la persona

atendida y una transferencia positiva. En contrapartida, el cuidador, el interventor, el edu-

cador también mantienen una relación afectiva con las personas que les solicitan, es decir

una contra-transferencia. Y esta dialéctica es importante tanto para el éxito de la relación

cuanto como factor de dinamismo institucional, regulado por lo colectivo; esta es la razón

por la cual se organizan reuniones de trabajo sobre los casos encontrados en donde cada

cual expone lo que ha hecho, lo que experimenta; este compartir es a la vez teórico y

pragmático, reduce los riesgos de juegos de poder o de deserciones individuales y permite

sobrepasar lo instrumental por la vía analítica.

Hoy día, este marco conceptual y todo lo que lo ha acompañado durante décadas, ha si-

do reemplazado por una dualidad terriblemente maniquea: el buen trato y el mal trato. Con

esta representación, no existe dinámica colectiva compartida, ni análisis de las relaciones

psico-sociales en el grupo, ni reflexión sobre la parte subjetiva de los riesgos. Se reduce a

una doble norma a aplicar: hay que detectar el mal trato, reducir los riesgos de mal trato y

obligarse al buen trato bajo pena de sanciones. Es inútil pues intentar comprender lo que

pasa entre los otros y uno, simplemente hay que hacer lo que se nos diga, corregir los

errores, estar a su servicio, por contrato. Desde el punto de vista cognitivo, la regresión es

considerable. Y desde el punto de vista de la doctrina social, se vuelve a la casilla de parti-

da, a antes de las ciencias del hombre y de la sociedad. Este neo-paternalismo del Estado

se siente satisfecho de pretender hacer lo mejor para el prójimo según las normas admiti-

das, y de valorar los resultados cifrados, surtidos de diversos comentarios. Triunfa la co-

municación política. Realmente no vale la pena haber inventado la hipótesis del incons-

ciente para llegar aquí.

Conclusión

El proceso de “chalandisation” permite pues unificar la mirada analítica y crítica sobre los

diferentes aspectos de la llamada “modernización” en el sector social. Atraviesa la propia



acción administrativa, con la LOLF, la RGPP y la ola de creación de agencias destinadas a

reemplazar las administraciones desconcentradas, para mayor eficiencia y eficacia, se di-

ce. Se observa también en el sector “delegado”, cuya importancia es histórica en toda la

acción social francesa y que engloba lo esencial del trabajo social profesional. Se hace pa-

tente también en las presiones para el reagrupamiento y refuerzo de las sedes sociales

como cabezas de empresa, en el desarrollo tecnocrático de toda suerte de instrumentos

considerados como nuevas formas de exigir: contratos por objetivos, evaluación por todas

partes como interiorización de la norma performativa, también en la creación de “cemente-

rios de datos” informáticos a menudo inútiles excepto si vemos en ello la base de un fichaje

modernizado de las poblaciones más “peligrosas” o las más “costosas”, etc. Encontramos

igualmente la “chalandisation” en los efectos cruzados de todos estos movimientos conver-

gentes sobre el estatuto de los profesionales, convertidos en “recursos humanos” utilizados

en los programas fríos, a menudo bastante lejos de la más mínima humanización que los

ha visto nacer. Finalmente, la “chalandisation” cambia fundamental e insidiosamente las

condiciones materiales y simbólicas del “vivir juntos”. Materialmente, no resuelve las de-

sigualdades, las incrementa. Simbólicamente, destruye la idea de sociedad así como la de

solidaridad y arruina la posibilidad del “ hombre de pie” (l’homme debout).

Existían para el sector social otras posibilidades menos escandalosas que la “chalandisa-

tion” y más adaptadas a la realidad de este trabajo tan próximo de las personas, muy clín i-

co en este sentido, que es difícil en el plano subjetivo y que lo seguirá siendo a pesar de

las normas de las “buenas prácticas”. Por ejemplo, reocupando el sector público, en ges-

tión directa o delegada; digan lo que digan los ideólogos liberales, este modelo no está ne-

cesariamente agotado. Pero sin duda ha de adaptarse a los nuevos datos y a los nuevos

escenarios, tanto desde el punto de vista de la financiación, de las organizaciones y de las

profesiones como de las técnicas. Por ejemplo, apoyando otra política de cualificación del

personal, marcada por una mayor confianza en la calidad de las mujeres y los hombres

que en la de los dispositivos y la maquinaria que tarde o temprano solo engendran más bu-

rocracia y absentismo de los agentes (stress, desgaste, burn-out, etc). En suma, sería pre-

cisa una reforma desde arriba más bien que desde abajo.



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Michel Chauvière. Sociólogo y politólogo. Directeur de recherche en el CNRS Miembro del Centre d'études et de recherches de sciences administratives et politiques (CERSA), Université Paris 2. 10 rue Thénard 75005 PARIS.

E-mai.:[email protected]

Michel Chauvière. Sociólogo y politólogo. Directeur de rechercheen el CNRS Miembro del Centre d'études et de recherches de sciencesadministratives et politiques (CERSA), Université Paris 2. Correo postal: Université Paris 2. 10 rueThénard. 75005 PARIS.

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¿quÉ es la “chalandisation”? what is ...para ello, hay que saber venderse, empa-quetar su...

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