punta arenas, veintiocho de diciembre de dos mil...
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Punta Arenas, veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis.
Vistos:
En los autos Rol 83-2016- Ref. Laboral, del ingreso de
esta Corte de apelaciones, RIT T-17-2016 del Juzgado del
Trabajo de Punta Arenas, caratulados Ferreira con
Corporación", sobre tutela laboral el Abogado, demandante don
Hernán Ferreira Zeballos, interpone recurso de nulidad contra
el procedimiento y la sentencia definitiva de autos, dictada
con fecha 05 de agosto de 2016, por la Srta. Jueza titular
doña Claudia Andrea Ortiz Quinteros y solicita invalidar
totalmente el mismo, seguido ante el tribunal a quo,
determinar el estado en que quedará el proceso y señalar el
tribunal que deba conocer de esta causa, todo ello sin
perjuicio que este Tribunal, en uso de las facultades
conferidas por el artículo 478 inciso 3 del Código del
Trabajo, invalide de oficio la sentencia recurrida, con
costas de la causa.
Su parte considera que en la tramitación del
procedimiento y en la dictación de la sentencia definitiva se
han infringido garantías constitucionales; y que la sentencia
se ha dictado con infracción de ley que ha influido
sustancialmente en lo dispositivo del fallo, según expone.
Invoca la causal contenida en el artículo 477 del Código del
trabajo, en relación con el inciso 5, del N° 3 del artículo
19 de la Constitución política de la República de Chile,
garantía del debido proceso. Y subsidiariamente, la causal
contenida en el artículo 477 citado, en relación con la parte
segunda del inciso 2 del artículo 2; el N° 1 del artículo
454; el inciso 2, del N° 3 del artículo 454, normas del
Código del trabajo.
Para configurar la primera causal cita la opinión de la
tesista CONGET Morral, Josefa de Jesús, emitida en el año 2015,
para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y
Sociales de la Universidad de Chile, en su trabajo La prueba
como garantía mínima dentro del debido proceso: Análisis
Jurisprudencial del Tribunal Constitucional, en los
siguientes términos:
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"vii. El derecho a un procedimiento que permita a las
partes la rendición de prueba. Al respecto, Cristián Maturana
afirma, que para que el contradictorio tenga sentido, es
menester otorgarles a las partes la posibilidad de rendir
prueba dentro del proceso para acreditar sus fundamentos
fácticos. Por su parte, Mario Cappelleti afirma que, "un
derecho garantizado a la prueba, debería asegurar a las
partes, la posibilidad de valerse de los medios generalmente
reconocidos por el ordenamiento y, al mismo tiempo, impedir
al legislador poner obstáculos no razonables de los derechos
hechos valer en juicio" El autor considera importante
recalcar que el derecho a la prueba no es absoluto, como para
permitir por ejemplo rendir pruebas que hayan sido
ilícitamente obtenidas, las cuales no deberían ser
consideradas en el proceso. Hay que tener presente que una
moderna concepción probatoria, según la cual todos los
elementos relevantes para la decisión deberían poder ser
sometidos a la valoración crítica del juez, admite la
hipótesis de que el derecho a la prueba puede ceder frente a
otros valores, en especial si están garantizados
constitucionalmente.
Afirma el recurrente que la sentenciadora impidió
presentar el núcleo de la prueba testimonial del denunciante
lo cual se demostraría en los actos del procedimiento, puesto
que la audiencia de juicio se llevó a cabo en dos días
distintos. La primera el día 11 de julio de 2016 y la otra el
día 29 de julio de 2016. La causa quedó en estado de fallo
para el día 05 de agosto de 2016. En la realización de las
audiencias de juicio, en los dos días indicados, la
Magistrado titular ya señalada, se condujo de una manera que
atenta contra la imparcialidad, prudencia y ética que todo
juez de la República debe mostrar al sustanciar un proceso
judicial, constituyendo no sólo una errada interpretación de
la ley, sino un abuso en su aplicación en perjuicio evidente
de quien recurre, para quien la Magistrada fue inflexible y
puntillosa al aplicar la ley procesal, lo que no ocurrió
respecto la denunciada.
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En la audiencia preparatoria realizada con fecha 13 de
junio de 2016, su parte presentó lista de testigos de los
cuales quería valerse y solicitó que fuese el Tribunal el
encargado de citarlos judicialmente. La parte denunciada,
manifestó que no les citaría judicialmente y que sería de su
cargo el llevarles a declarar. Así, el Tribunal despachó
todas las citaciones judiciales a los testigos solicitados
por esta parte.
En dicha audiencia la Magistrada excluyó numerosas
pruebas solicitadas por la actora, entre las cuales se
encuentran:
-Testigo Patricia Jara Rojas.
-Como prueba documental una copia de denuncia en
procedimiento de Tutela Laboral por la conducta de Jiménez
Mardones, presentada por Mediadoras de la institución, causa
RIT T -234-2016 caratulada "Sanhueza y otra con Corporación"
del 1er Juzgado del Trabajo de Santiago, donde se señala que
el Director general cambió su criterio respecto del
tratamiento a las mediadoras exclusivamente en el caso de
Punta Arenas por intervención del Seremi de Justicia de esta
Región;
-Como prueba documental una copia de demanda en
procedimiento general presentada por la asociación de
funcionarios de la Corporación, ANFUC, contra la denunciada,
en el 1er Juzgado del Trabajo de Santiago, RIT 0-6190-2015,
caratulada "Anfuc con Corporación", donde esta asociación
demanda en representación de los técnicos jurídicos
funcionarios de la contraria, entre los cuales se encuentra
Ely Pérez Vidal, con quien Jiménez Mardones sostuvo una
conversación en la oficina de la ODL, acá en Punta Arenas,
con fecha 14 de marzo de 2016, pese a que al demandante le
señaló que no conversaría con funcionarios que tienen un
juicio pendiente, como él.
-Además excluyó como prueba el tener a la vista las
siguientes demandas y/o denuncias seguidas en contra de la
denunciada y que fueron mencionadas en autos: RIT 0-1545-2016
(1° Stgo.) / RIT T-234-2016 (10 Stgo) / RIT T-225-2016 (2°
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Stgo) / RIT T-226-2016 (2° Stgo) / RIT T-227-2016 (2° Stgo) /
RIT T-227-2016 (10° Stgo) / RIT T-10-2016 (Talca) / RIT T-
130-2016 (10 Stgo) / RIT 0-115-2016 (10° Stgo) / RIT 0-138-
2015 Punta Arenas) / RIT 0-6190-2015 (1° Stgo).
-Excluyó la solicitud de un peritaje de identificación
de voz respecto de un audio que esta parte acompañó en parte
de prueba, aduciendo que al solo escucharlo ella se daría
cuenta quienes aparecerían como participantes de dicho audio.
Como se podrá apreciar intervino directamente en la
prueba ofrecida por esta parte, y así excluyó documentos y
prueba en general, ya indicados, que dicen relación directa
con lo narrado en la denuncia.
Llegada la audiencia de juicio del 11 de julio de 2016,
su parte solicitó la exclusión de un testigo. Llegaron a esa
audiencia dos testigos suyos. Solicitó la declaración de uno
de los presentes, liberando al otro de su declaración,
diciendo a la Magistrada que sus demás testigos estaban
citados judicialmente, como consta en el audio respectivo;
calló al respecto pero dejó para el final de la audiencia la
resolución de la nueva fecha para que compareciera el
confesante de la contraria.
Al finalizar la audiencia y antes de fijar un nuevo día
y hora para su continuación, le solicitó apremiar a los
testigos que no asistieron a esa audiencia para su venida en
una próxima. Resolvió que la etapa procesal para ello ya
había precluido y que no se podía volver atrás. Le hizo
presente que le había señalado expresamente que los demás
testigos habían sido citados judicialmente por el Tribunal,
que no era de su cargo llevarles a declarar; que ella no les
había llamado. Reiteró que era una prueba de su parte y era
el responsable de que declararan, ante lo cual insistió en su
posición que estaban citados judicialmente y que era el
tribunal el encargado de verificar su presencia, por cuanto
fue el Tribunal el que les citó, pues esta parte sólo pidió
que se les citara, pero que es facultad del Tribunal hacerlo
o no, tanto como excluir o no a testigos, como lo hizo en
esta causa.
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De esa forma dejó al denunciante sin tres testigos.
Afirma que la Magistrada fue puntillosa en el orden en
que el actor presentaba prueba, pero luego de no aceptar la
solicitud de apercibir a los testigos, alteró ella misma el
orden de la prueba, habiéndose efectuado de la siguiente
manera:
A) Audiencia del 11 de julio de 2016:
i) Documental del denunciante;
ii) Confesional del denunciante (no se efectuó por no
comparecencia del absolvente);
iii) Testimonial del denunciante;
iv) Inspección personal del Tribunal;
v) Lectura de un oficio solicitado por el denunciante
(faltó uno que llegara, por lo que se ordenó despachar una
nueva petición al respecto).
vi) Documental de la denunciada;
vii) Confesional de la denunciada. Se suspendió la
audiencia dejando el saldo de la prueba para la posterior
audiencia.
B) Audiencia del 29 de julio:
viii) Testimonial de la denunciada; ix) Confesional de
la denunciada; x) Oficio restante del denunciante.
Como se puede apreciar, la audiencia del 11 de julio
debió ser suspendida luego de haberse incorporado un oficio
solicitado por esta parte, pues hasta ese momento aún no se
terminaba de incorporar la totalidad de la prueba del
denunciante, pero la sentenciadora prosiguió inmediatamente
con la prueba de la denunciada. Más aún, en la audiencia de
continuación del 29 de julio, en vez de continuar con la
prueba de este denunciante, siguió con la prueba de la
denunciada, para al final dejar el resto de la prueba de este
denunciante.
Argumentó el recurrente, en síntesis, para modificar la
resolución de la sentenciadora, además de lo ya expresado,
que la parte contraria no se había opuesto a una nueva
citación de los testigos sino hasta cuando el tribunal así lo
decretó; que no se estaba aplicando el principio in dubio pro
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operario en el proceso, pues estaba dejando al trabajador en
evidente desventaja frente al empleador, en la indefensión,
más aún cuando existía con anterioridad a tal incidente, una
posibilidad de acuerdo entre las partes; y que no se estaba
respetando el debido proceso.
Un caso similar tuvo que ver la Iltma. Corte de
Apelaciones de Antofagasta en la causa Rol Ingreso Corte 14-
2015, Reforma Laboral, cuando se presentó por parte del
trabajador demandante un recurso de nulidad entre otras
razones, porque la Magistrado del Trabajo de Antofagasta no
dejó que el denunciante presentara sus testigos aduciendo que
había precluido su oportunidad procesal. La Iltma. Corte
falló lo siguiente:
“SEGUNDO: Que en cuanto a la causal del artículo 477 del
Código del Trabajo, la funda en primer lugar en una
infracción al debido proceso en razón de habérsele impedido
rendir la prueba testimonial oportunamente ofrecida,
alegando, además, conjuntamente infracción a las normas de
los artículos 454 y 443 del Código del Trabajo, éste último
en cuanto se refiere a la oportunidad para oponer incidentes.
“TERCERO: Que si bien el debido proceso constituye un
concepto amplio que ha sido desarrollado por la doctrina,
considerando diversos aspectos que lo conforman, es cuestión
no discutida al respecto que para que se entienda que se está
ante un proceso legalmente tramitado es necesario que en éste
se reconozca, a lo menos el derecho a ser juzgado por un juez
natural, el derecho a ser oído, a presentar pruebas y
recurrir de la sentencia desfavorable.
“CUARTO: Que, en la especie, el recurrente,
oportunamente ofreció prueba testimonial y la citación de los
mismos, en especial de dos testigos que consideraba hostiles
por ser trabajadores de la demandada. Que según consta de los
audios de la audiencia de juicio, luego de identificarse las
partes comparecientes y efectuar el llamado a conciliación se
recibió la prueba de la demandada, sin perjuicio que previo a
la misma, la juez cuestionó que el tiempo alcanzara para su
recepción, por lo que planteó la posibilidad de suspender la
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audiencia, pero constatando que la documental de la demandada
no era abundante, decidió seguir adelante, sin perjuicio de
disponer su suspensión si el tiempo no permitía la
posibilidad de recibir toda la prueba de la demandada. Que
así las cosas, se recibe la prueba documental, la absolución
de posiciones y parte de la declaración de testigos de la
demandada, entre ellas la de doña Teodora Hernández Ramos,
que había sido presentada por ambas partes, a continuación,
la juez de la causa suspende la audiencia en razón del tiempo
y dispone nueva fecha, luego de lo cual expresa que queda
citado para la nueva audiencia don Manuel Medel "y ya no
habiendo llegado sus testigos en esta audiencia, ya (no) ha
precluido su derecho para presentarlos en forma posterior,
toda vez que ésta era la audiencia que correspondía se
presentaran o se alegara algún entorpecimiento cuestión que
no se ha hecho"; frente a lo cual el recurrente, le hace
presente que precisamente se alegaría el entorpecimiento en
ese momento pues entendía que era la oportunidad para
hacerlo, ya que su prueba no se había rendido, insistiendo la
juez que al inicio de la audiencia no estaban y debió
alegarse al inicio de la audiencia.
“Luego de una discusión respecto de la oportunidad para
pedir el entorpecimiento, se da traslado, resolviendo la
juez, en síntesis, que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 453 y 454 del Código del Trabajo no accede a lo
solicitado en orden a reiterar la citación de los testigos,
salvo respecto de aquella que había comparecido, por haber
precluido el derecho a presentarlos. Alegada reposición
respecto de la antes referida resolución y conferido el
traslado pertinente, ésta es desestimada, en los siguientes
términos según el audio respectivo, que se transcribe por
cuanto el acta que se levantó al efecto no es fiel en este
sentido: "En razón de los principios que informan este nuevo
procedimiento laboral de inmediación y tutela efectiva de los
derechos en orden a lo que se ha pretendido en esta causa,
teniendo en consideración que la parte tenía la oportunidad
necesariamente al inicio de la audiencia una vez que fueron
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citados los testigos a comparecer a estrados a fin de prestar
declaración en los presentes autos, nada señaló en orden a
cualquier entorpecimiento o las mismas alegaciones que ha
extensamente desarrollado para fundamentar su recurso de
reposición en orden a la hostilidad de los testigos o la
dificultad que pudiera conferirle a su parte la comparecencia
de aquellos, resulta que ha transcurrido el plazo que tenía
para hacer cualquier alegación en orden a insistir sobre la
comparecencia de estos testigos y por lo tanto se estima que
ha precluido el derecho para solicitar la comparecencia de
los mismos, a la nueva audiencia que se ha fijado a fin de
continuar con la presentación que le corresponde a la parte
demandante en los términos que ya ha sido establecido por
este tribunal, en tal sentido, estimando además, atendidos
los principios señalados, lo dispuesto en el artículo 453 en
orden a que efectivamente existe una regulación de los
entorpecimientos relativos a la confesional y a los oficios
situación que se ha dado en este caso, en orden a que se
reiteraron los oficios pendientes, no se hará lugar a la
reposición planteada por artículo 475 del Código la del parte
demandante conforme al ramo y por lo tanto no hay posibilidad
de revivir aquel derecho en orden a hacer comparecer a los
testigos que no llegaron oportunamente ni a la hora en que
fueron citados ni durante el transcurso de la audiencia, ni
siquiera en esta citarlos mediante la ministro oportunidad de
fe, tal de manera cual fue de la situación que se hizo
respecto de la única testigo que si compareció para declarar
por su parte. Por lo tanto en razón de aquellos antecedentes
y reflexiones es que le tribunal no hace lugar a la
reposición en los términos ya señalados".
“QUINTO: Que no cabe duda que el entorpecimiento alegado
para requerir una nueva citación de los testigos, constituye
un incidente dentro de este juicio, el que de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 443 del Código de Trabajo, -el
que no distingue respecto de qué cuestión accesoria se trata-
debe "... promoverse preferentemente en la audiencia
respectiva...", no hace referencia esta norma si es al
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inicio, durante su desarrollo o al concluir, de modo que
resulta evidente que al no imponerse una oportunidad dentro
de la audiencia, podrán alegarse en tanto ésta no concluya y,
en todo caso, se deberá estar a la oportunidad que
corresponda de acuerdo al orden en que se debe presentar la
prueba de conformidad el inciso tercero del N° 1 del artículo
454, en cuanto dispone que primero se rinde la documental,
luego la confesional, posteriormente la testimonial y luego
los otros medios ofrecidos, sin perjuicio de la facultad del
juez para alterar dicho orden por causa justificada, lo que
no ocurrió en la especie, con ello se logra la intención del
legislador en cuanto a el cumplimiento de estas etapas dentro
de la audiencia, de modo de ir presentando y resolviendo todo
lo referente a cada prueba (de la parte que la está
rindiendo) en el orden que ha señalado el legislador, para
posteriormente pasar a la siguiente, precluyendo en este
momento la posibilidad de discutir algo relacionado con la
prueba ya rendida.
“SEXTO: Que en la especie no sólo la audiencia se
suspendió antes que la demandante rindiera su prueba, sino que
desde el inicio de ella la magistrado, planteó la posibilidad
de tener que suspenderla incluso antes de rendir la
testimonial de la demandada, dejando tal decisión según
avanzara la prueba de la demandada, una vez constatada la
necesidad de disponer la continuación de audiencia en un día
diverso, la juez en uso de sus facultades y previa consulta al
interesado, dispuso reiterar los oficios que habiendo sido
solicitados oportunamente por la demandante no habían llegado,
no obstante conocer tal situación desde el inicio de la
audiencia, según consta de los audios, no utilizó el mismo
criterio respecto de la citación de los testigos, estimando,
esta vez, precluido el derecho, infringiendo con ello el
artículo 443 del Código del Trabajo e impidiendo con ello a la
demandante aportar la prueba que había ofrecido oportunamente
en la audiencia, dejándola en la indefensión al privarla de
rendir una prueba con la que pretendía acreditar su teoría del
caso, infringiendo con ello la Garantía del debido proceso,
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entre cuyos elementos está -como se dijo- el derecho a rendir
prueba y que se encuentra consagrada en el artículo 19 N° 3 de
nuestra Carta Fundamental.
“SEPTIMO: Que, por otra parte, la propia resolución en
que falla la reposición parece contradictoria en cuanto a la
oportunidad en que se debe alegar el incidente en cuestión,
desde que si bien sostiene que precluyó su derecho al no
haberlo hecho al comienzo de la audiencia, en su parte final
afirma "no hay posibilidad de revivir aquel derecho en orden
a hacer comparecer a los testigos que no llegaron
oportunamente ni a la hora en que fueron citados ni durante
el transcurso de la audiencia, ni siquiera en esta
oportunidad de manera de citarlos mediante la ministro de fe,
tal cual fue la situación que se hizo respecto de la única
testigo que si compareció para declarar por su parte", ya que
da a entender que si los testigos hubiesen llegado al final
de la audiencia los podría haber citado para la siguiente por
medio de la ministro de fe, lo que se contrapone con la
preclusión en que fundó su negativa a rendir la testimonial.
“OCTAVO: Que de lo que se viene diciendo sólo cabe
concluir que se deberá acoger el recurso de nulidad fundado
en las causales del artículo 477 del Código del Trabajo,
tanto en lo relativo a la infracción a garantías
constitucionales, como en lo relativo a la infracción de
ley."
Opina el recurrente que, el caso expuesto en este fallo,
es análogo y dejó ver la violación a la garantía del debido
proceso. Luego, entiende que es evidente que al no dejar
incorporar prueba lícita a esta parte, se viola la garantía
constitucional del debido proceso.
En cuanto a la causal de nulidad que se interpone en
forma subsidiaria a la primera, contenida en el artículo 477
del Código del trabajo, cuando la sentencia se hubiere
dictado con infracción de ley que hubiere influido
sustancialmente en lo dispositivo del fallo, en relación con
la parte segunda del inciso 2 del artículo 2 del código del
trabajo; el N° 1 del artículo 454; el inciso 2 del n° 3 del
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artículo 454, argumenta que se ha definido el acoso laboral
en términos que "Asimismo, es contrario a la dignidad de la
persona el acoso laboral, entendiéndose por tal toda conducta
que constituya agresión u hostigamiento reiterados, ejercida
por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de
otro u otros trabajadores, por cualquier medio, y que tenga
como resultado para el o los afectados su menoscabo, maltrato
o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación
laboral o sus oportunidades en el empleo" (sic).
Entiende el recurrente que una de las formas de acoso
laboral es toda conducta del empleador "que amenace o
perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el
empleo". Al analizar la sentencia que se impugna, es posible
apreciar que la sentenciadora se ha concentrado en los otros
tipos de conductas que señala la norma, pero no ha reparado
ni analizado, como este recurrente expuso en su denuncia, que
el acoso laboral sufrido proviene de que se ha perjudicado su
situación laboral o sus oportunidades en el empleo.
Al efecto, alega que el punto expuesto en su denuncia,
refiere que la denunciada ha preferido contratar a otro
abogado para reemplazarle, llegando incluso a desoír una
expresa indicación médica de la Asociación Chilena de
Seguridad, en orden a desaconsejar que el abogado de la
Corporación, Mauricio Rivera regrese a Punta Arenas,
insistiendo la Corporación que se reintegre en esta ciudad, a
fin de que este denunciante no regrese a su trabajo en la
ODL. La sentenciadora nunca se hizo cargo de este conflicto,
desatendiendo la definición legal de acoso laboral que no
sólo se traduce en agresiones y hostigamientos reiterados,
sino en conductas que perjudiquen la situación laboral o las
oportunidades en el empleo.
En relación con ello, el acoso laboral se enmarca en la
garantía constitucional de igualdad ante la ley y la no
discriminación, que esta parte reclamó también en su
denuncia. La sentenciadora no se hizo cargo que la denunciada
nunca en todo el proceso explicó, más allá de la formalidad,
porqué prefiere que otros abogados ocupen el lugar del
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denunciante antes que éste regrese a su trabajo, cuando
expresa y formalmente se lo ha solicitado. La Magistrada se
amparó en la formalidad de las normas, alineada con la
posición de la denunciada, y no exploró el verdadero sentido
y alcance de las normas laborales, eminentemente protector.
Ha dicho en su sentencia que si el denunciante no ha
regresado a su trabajo es producto de la medida cautelar
vigente, sin atender al hecho que aquel ha solicitado su
regreso bajo ciertas condiciones y que la denunciada nunca se
ha pronunciado sobre esa solicitud. El por qué no lo ha hecho
aún permanece en el misterio y la sentenciadora nunca quiso
saber la respuesta, más allá de la formalidad de la
existencia de la medida precautoria, que es a todas luces
insuficiente para aclarar las motivaciones de la denunciada
para preferir pagar innecesariamente millonarias sumas de
dinero con cargo al Fisco (en el marco de una severa crisis
económica y financiera de la Corporación, según ella insiste
majaderamente), antes que ofrecer al denunciante el regreso a
su trabajo.
Denuncia el recurrente las partes de la sentencia en que
se cometería la infracción:
-No indagar las motivaciones de la denunciada para no
considerar el ofrecimiento del denunciante de regresar a su
trabajo, como se ha señalado en el punto anterior, sin
aplicar la parte final de la norma citada, lo cual
evidentemente ha influido en lo dispositivo del fallo.
-Explica que cuando en audiencia se discutió la
posibilidad de un acuerdo, habría sido posible visualizar con
claridad la visión de la sentenciadora del asunto puesto a su
consideración, antes incluso que se incorporaran las pruebas.
En efecto, si se escucha el audio, para ella el conflicto se
reducía sólo al hecho que el denunciante no estaba conforme
con la respuesta de la denunciada en las negociaciones que
sostuvieron para poner término al juicio RIT T-24-2015
seguido ante el mismo Tribunal por Juez no inhabilitado. Es
decir, redujo a su mínima expresión las peticiones y
argumentos de este denunciante, hecho que finalmente se puede
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apreciar en los argumentos y razonamientos de su sentencia,
donde sigue con el mismo argumento, habiendo caído en un
prejuicio desde el comienzo del proceso.
-Opina el recurrente que si un empleador hace
diferencias no justificadas entre sus trabajadores que
afecten su oportunidad en el empleo o perjudiquen su
situación laboral, se está en presencia de una conducta de
acoso laboral. Preferir a otros abogados para ocupar un
puesto de trabajo, aunque eso implique millonarios
desembolsos de dinero público, y desoír una indicación médica
para un trabajador, es necesariamente una diferencia
arbitraria que se traduce en que se perjudique la situación
laboral de un trabajador, más allá de cualquier otra
consideración que la norma indicada no contempla, y esto es
acoso laboral para la ley, sin discusión alguna.
Lamentablemente no lo fue para la sentenciadora.
Respecto a la infracción al número 1 del artículo 454
del Código del trabajo.
-La norma indicada señala que "La audiencia de juicio se
iniciará con la rendición de las pruebas decretadas por el
tribunal, comenzando con la ofrecida por el demandante y
luego con la del demandado.
“No obstante lo anterior, en los juicios sobre despido
corresponderá en primer lugar al demandado la rendición de la
prueba, debiendo acreditar la veracidad de los hechos
imputados en las comunicaciones a que se refieren los incisos
primero y cuarto del artículo 162, sin que pueda alegar en el
juicio hechos distintos como justificativos del despido.
“El orden de recepción de las pruebas será el siguiente:
documental, confesional, testimonial y los otros medios
ofrecidos, sin perjuicio de que el tribunal pueda modificarlo
por causa justificada."
Reprocha que la sentenciadora no respetó esta norma,
específicamente el inciso 3 final, alterando sin
justificación alguna el orden legal de recepción de la
prueba, pero fue puntillosa y severa en que este denunciante
presentara su prueba, lo que efectivamente hizo, pero que no
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satisfizo a la magistrada. Al ocurrir este hecho, desbalanceó
completamente la igualdad de oportunidades en el proceso en
perjuicio de esta parte, dejándolo sin un medio de prueba
esencial que fue la prueba testimonial. En este capítulo
reitera lo argumentado sobre el mismo tema respecto la causal
de infracción de la garantía constitucional del debido
proceso.
Infracción al inciso 2 del N° 3 del artículo 454 del
Código del trabajo
-Entiende el recurrente que la norma exige a quien se le
delegue la facultad para confesar, tener las mismas calidades
que indica el artículo 4 del Código del Trabajo. Para saber
esto, cuando existe delegación, es esencial conocer al
confesante para determinar si se encuadra en la norma
indicada, la sentenciadora impidió tal examen, de manera
injustificada y arbitraria.
En este respecto, se suscitaron los siguientes hechos:
a) la denunciada presentó antes del inicio de la
audiencia, no al inicio, una escritura pública donde su
representante legal, el Director general de la Corporación,
confería poder mediante escritura para absolver, a Alejandro
Díaz Letelier, Director jurídico de la Corporación, quien fue
presentado por la abogada de la contraria como Director
general subrogante, y él mismo antes de ser preguntado,
señala ante la pregunta de la magistrada que era Director
Jurídico y Director General subrogante.
b) La contraria junto con la escritura pública de
delegación, acompañó un documento, consistente en una
Resolución del Director general de la Corporación, de
diciembre del año 2015, el que contiene el orden de
subrogación para el caso de ausencia del Director general
titular, estando el Director jurídico en el primer orden de
subrogación. Este documento de dos hojas, no está autorizado
ante Notario y no es íntegro, puesto que la última línea es
ilegible y no consta su continuidad en la segunda hoja, hecho
que hizo presente a la Magistrada por lo cual no podía ser
aceptarlo en un juicio. Agregó que ante muchísimos organismos
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públicos cuando se les presenta una escritura de poder, debe
a lo menos estar autorizada, lo que en este caso no ocurría.
La Magistrada resolvió que le bastaba la escritura pública de
delegación y que ella "entendía" que dicha persona se
encontraba en el caso del artículo 4 del Código del Trabajo.
Sin embargo ello no es posible sin recabar antecedente alguno
y sin permitir que se investigue ese punto. Ante la
insistencia de su parte, mantuvo su decisión.
d) Agrega el recurrente que al comenzar el
interrogatorio intentó preguntar al confesante por sus
funciones con el fin de saber de si reunía las calidades del
artículo 4, pero la Magistrada impidió tales preguntas
aduciendo que ese punto estaba resuelto. Alcanzó a contestar
una, dijo el absolvente que en otros juicios contra la
Corporación había concurrido como testigo y en otros, como
absolvente. Es decir, quedó establecido que el absolvente no
reunía dichas calidades, pues no es lógico que a veces
represente a la Corporación y absuelva posiciones en tal
calidad, y otras, sea un mero testigo imparcial respecto de
dicha institución. Y menos lógico es aún que la Magistrada
impida arbitrariamente que se indague quién es la persona que
absolverá en forma delegada, y qué funciones cumple en la
empresa y si tiene las calidades del artículo 4 del Código
del Trabajo. Al hacerlo así, incorpora una prueba que no
debió tomarse, perjudicando arbitrariamente la posición del
denunciante.
e) Explica que durante el interrogatorio el absolvente
se mostró hostil, no contestaba derechamente preguntas de muy
fácil comprensión, como se puede apreciar del audio
respectivo; más aún cuando aquella persona es abogado y
Director jurídico de una Corporación. Al contrario de la
obligación de un Juez tomar de oficio las medidas para evitar
la nulidad de un proceso, hacer que la prueba ofrecida se
rinda, la Magistrada nada hizo para que rectificara su
conducta y sólo a petición de esta parte, intervino, cuando
era evidente que el absolvente no quería contestar.
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f) Agrega que en la interrogación, solicitó incorporar
como prueba un oficio que había llegado y que ella había
ordenado incorporar al final. Le explicó la necesidad de
mostrar el documento al confesante y adelantar una prueba, lo
que sería inocuo para el desarrollo del proceso, pero no
obstante que no hubo oposición contraria, negó lugar y sólo
autorizó la lectura, al absolvente, de los pasajes
específicos, lo que no tiene la misma eficacia que leerlo
personalmente. En definitiva impidió que tomara correctamente
la prueba confesional, aun cuando no debió tomarse.
g) Reprocha que insólitamente, la Magistrada, al
interrogar al absolvente y a los testigos, realizó preguntas
referidas a las causas que esta parte quiso ingresar como
prueba documental, pero que se negó por impertinentes. La
pregunta entonces es por qué no ingresó las causas contra la
denunciada como medio de prueba, aduciendo su impertinencia,
si luego en el interrogatorio a los testigos y al confesante,
les preguntaría sobre el estado de los juicios contra ella.
Opina el recurrente que se puede apreciar, en los dos
últimos casos de infracción de ley, que de no haberse
incurrido en tales vicios, la sentencia debió tener un
sentido distinto. De esta manera el error influye en lo
dispositivo del fallo.
Así, el aplicar de manera errónea las normas legales, la
llevó a rechazar la denuncia, no debiendo hacerlo. En efecto,
la sentenciadora al obviar la definición de acoso laboral,
restringiéndola sólo a la primera parte de la norma
correspondiente, dejó afuera el acoso laboral por perjudicar
la situación laboral del trabajador o sus oportunidades en el
empleo, que es lo que su parte sometió a consideración del
Tribunal. Al hacerlo así, claramente se inclinó por rechazar
la denuncia, cuando debió acogerla si hubiese considerado
este tipo de acoso laboral.
Además, al impedir rendir prueba testimonial al
denunciante y recibir la prueba en un orden distinto, sin
justificación alguna, pero siendo severa con el denunciante
al momento de exigirle su prueba, lo dejó en la indefensión.
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Finalmente, al permitir que compareciera como confesante
alguien que no reunía las calidades del artículo 4 del Código
del Trabajo, lo que incluso se desprende de parte de su
declaración, y haber entendido que sí reunía tales calidades,
sin explicar cómo pudo arribar a tal conclusión, hizo que se
agregara una prueba que nunca debió incorporarse, con el
agravante que impidió que operara la presunción por no
comparecencia del confesante. Al cometer todos estos yerros
normativos, el sentido de la sentencia es lo que es, cuando
si no se hubiera cometidos estos yerros, el sentido debió ser
diverso, es decir, acoger la denuncia.
En la vista de la causa fueron oídos los abogados, el
denunciante, por sí, quien resumió sus argumentos y don Juan
Orlando Bahamonde Pérez, por la denunciada, quien solicitó el
rechazo del recurso en un discurso alineado con los
fundamentos de la sentencia. Contextualiza el tema en la
existencia de otra denuncia previa, por tutela laboral que
solo se diferencia en la causa de pedir, T-24-2015, aún
pendiente, en la cual se resolvió una cautelar no objetada
por su parte, en orden a que a solicitud del actor, el
tribunal acogió suspender la relación laboral, lo que lo
excusa de concurrir a trabajar y con derecho a percibir su
estipendio. La Jueza de la instancia utiliza este elemento
para argumentar en su actual fallo. El año pasado, en T-1-
2015, se ordenó que el denunciante fuera reincorporado en la
oficina laboral, el Abogado laboralista de la Corporación Sr.
Rivera, quien había sido desvinculado, perdió su parte pero
no ha podido cumplir ni acá ni en Santiago, porque él ha
presentado licencias psiquiátricas. Estos dos procesos
previos sirven para ilustrar por qué las causales no debieran
ser tenidas en consideración o que no revisten la gravedad
para anular el fallo.
En cuanto a causal de privación de fuentes de prueba
para corroborar los dichos del denunciante, opina que la
exclusión de prueba es posibilidad legal 453, N° 4 que se
basa en criterios de pertinencia de la acción que se deduce o
cuando el asunto no tiene una relación directa con la
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controversia, facultad que no es antojadiza, se hace uso de
la bilateralidad de la audiencia y se debate y si así se
establece que no son pertinentes o no tienen relación, se
excluye y la ley establece los recursos impugnatorios para
que de alguna manera se conozca en otra instancia la
exclusión de prueba. Por lo tanto aquí no aparece la
infracción.
Respecto la comparecencia de los testigos, es el que
presenta los testigos quien debe verificar si se encuentran
en el tribunal, 380 CPC, si no lo hizo y se continuó
rindiendo la otra prueba, se aplica la preclusión para
avanzar en el procedimiento, por lo tanto el criterio que usó
la magistrada es correcto.
En cuanto a la alteración del orden de la rendición de
prueba, expresa que la Ley faculta al Juez al efecto, por
motivos justificados, lo que sucedió, porque su parte alegó
entorpecimiento respecto la confesión pedida por la otra
parte, para lo cual se fijó otra audiencia.
En cuanto a la segunda causal de nulidad. La infracción
al artículo 2 N° 2 del C.T. la contraria hace consistir el
acoso laboral en el hecho que se prefiera a otro abogado
cuando ha solicitado su reincorporación. Se acreditó que en
T-24-2015, han existido negociaciones entre la parte
denunciante y su parte, que aquel solicita la reincorporación
previo pago de $36.000.000 y otra opción de salida del
denunciante a través de un término de relación laboral de
mutuo acuerdo previo pago de $90.000.000 hasta en 3 cuotas.
Están los correos. No es una solicitud pura y simple de
reintegración, su parte tomó la opción N° 2 y llegó a ofrecer
hasta $50.000.000 por la salida. No pueden acceder a la
opción que a la contraria le acomode más, por lo tanto, están
al evento incierto de la litis. Qué de arbitrario e ilegal
tiene que prefieran reincorporar al abogado Sr. Rivera como
ha sido ordenado por la Corte, no es acoso laboral. El otro
abogado tampoco está trabajando. La oficina tiene que dar
continuidad al servicio de defensa judicial, en algún momento
estuvo con un solo abogado trabajando, no puede dejar en
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desamparo a los usuarios, contratar a otro abogado obedece a
razones de servicio más que acoso laboral.
Respecto la infracción al artículo 454 N° 1, reitera la
actora sus argumentos de la primera causal, de manera que
también se remite a los propios sobre el tema.
Respecto la tercera infracción, relativa a la delegación
para absolver posiciones al Asesor jurídico, la prueba se
aprecia conforme a la sana crítica, el artículo 454 N° 3
exige mandato por escritura pública pero no que se acredite
administrativamente su capacidad de subrogar o en qué lugar
puede tomar el lugar o posición jurídica del absolvente
principal, por lo tanto una persona que se desempeña como
asesor jurídico, habitualmente desempeña labores de dirección
respecto de sus subalternos.
La Corte concede réplica al Sr. Ferreira para compensar
lo que se excedió del tiempo presupuestado para sus alegatos
el abogado de la Corporación, oportunidad en que refiere, en
cuanto a la oferta, que la contraria la retiró y así consta
en autos. Nunca hubo una contra oferta que su parte no
hubiera aceptado.
El que va a absolver tiene que tener las calidades, no
pueden mandar a un administrativo a absolver. Si se va a la
formalidad, la Corporación sabe que el trabajador está
perdido. La contraria se va a la formalidad, se queda en el
artículo 454 y no va al artículo 4 que así lo exige.
Asevera que los hechos en las dos causas suyas son
distintos.
El Tribunal les consulta por más antecedentes respecto a
la negociación, si se trató la posibilidad que se reincorpore
sin pago de una suma de dinero. Contesta que el daño que ha
recibido involucró muchos aspectos, pero no se han sentado a
conversar. La parte contraria manifiesta que su parte siempre
tomó la segunda opción, pero asume que podrían conversar.
La Corte llamó a conciliación, audiencia a la cual la
denunciada no compareció sin justificar oportunamente su
ausencia. Posteriormente, por escrito mantuvo su propuesta
anterior, que no se aceptó de contrario.
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Con lo relacionado y considerando:
Primero: que, el objetivo del presente recurso es
verificar si en la tramitación del proceso y en la sentencia
se ha infringido el debido proceso y en subsidio, si en la
sentencia se ha incurrido en infracción de ley en relación
con la parte segunda del inciso 2 del artículo 2 del código
del trabajo; el N° 1 del artículo 454; y el inciso 2 del n° 3
del artículo 454, del Código del trabajo.
Causal de nulidad contenida en el artículo 477 del
Código del trabajo, en relación a infracción de garantías
constitucionales establecidas en el artículo 19 N° 3 inciso 5
de la Constitución política, esto es, debido proceso.
Segundo: que, en una primera parte del desarrollo de
esta fórmula, el recurrente argumenta exclusión de prueba,
pero el recurrente no desarrolla el efecto que esta decisión
tuvo en la decisión final, no explica el impacto de la falta
de estos elementos ni representa el contraste de la
proyección de la prueba en el resultado, en el caso de haber
dispuesto de ellos.
Tercero: que, en una segunda parte de la fórmula,
cuestiona el rechazo de su solicitud de apremiar a los
testigos que no asistieron a la audiencia de juicio para su
comparecencia en una próxima, efectuada al finalizar la
audiencia y antes de fijar un nuevo día y hora para su
continuación, rechazada por preclusión, así como el rechazo
de la reposición de la parte interesada. Al respecto, la
Corte tendrá en consideración en primer lugar que la
denunciada no ha discutido que estos hechos se produjeron,
por lo que constituye un hecho en la discusión. La defensa lo
que propone es justificarlo en el artículo 380 del Código de
procedimiento civil.
Esta disposición establece en lo pertinente: “Siempre
que lo pida alguna de las partes, mandará el tribunal que se
cite a las personas designadas como testigos en la forma
establecida por el artículo 56, indicándose en la citación el
juicio en que debe prestarse la declaración y el día y hora
de la comparecencia.
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“El testigo que legalmente citado no comparezca podrá
ser compelido por medio de la fuerza a presentarse ante el
tribunal que haya expedido la citación, a menos que compruebe
que ha estado en imposibilidad de concurrir.” (…) Después la
norma se refiere a la negativa a declarar y a la
responsabilidad penal del testigo.
Del artículo 432 del Código del trabajo, entre las
reglas comunes, se concluye que precisamente contiene el
derecho procesal que está reclamando el denunciante. No
resuelve directamente el dilema del llamado del testigo o la
verificación si se encuentra en el tribunal a cumplir con la
citación. Sin embargo, al contemplar la coacción por la
fuerza, se entiende que se requiere de alguna actividad del
tribunal, único facultado para imponerse por este medio.
Cuarto: que sin embargo, en materia laboral existe la
disposición que derechamente resuelve el problema, ya que el
artículo 429 del Código del trabajo, entre los principios
formativos, prescribe:
“El tribunal, una vez reclamada su intervención en forma
legal, actuará de oficio.
“Decretará las pruebas que estime necesarias, aun cuando
no las hayan ofrecido las partes y rechazará mediante
resolución fundada aquellas que considere inconducentes. De
esta resolución se podrá deducir recurso de reposición en la
misma audiencia. (…)
La cuestión de si el tribunal estimaba o no necesaria la
comparecencia de los testigos ya estaba resuelta, pues es
otro hecho de la causa que había decretado su citación
judicial. Luego, debía actuar de oficio para llevarla a cabo.
Quinto: que, por consiguiente, la sentenciadora al
aplicar la preclusión impuso a la parte denunciante una carga
procesal a la cual no lo somete la ley, sino todo lo
contrario, se la impone al Juez, quien en materia probatoria
debe actuar de oficio. Al mismo tiempo, se abstuvo de cumplir
esta obligación y a la vez de utilizar la herramienta
coercitiva prevista para la situación que debía resolver.
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Con ello, produjo un perjuicio procesal indiscutible al
actor, cual es, la privación del testimonio de tres testigos
y ello impacta en las consecuencias del juicio puesto que su
declaración se había estimado necesaria, conducente y
pertinente, ya que no habían sido excluidos, sino
incorporados en la estrategia probatoria de la parte que los
presenta.
Por estos fundamentos, la causal en estudio, prospera.
Causal de nulidad contenida en el artículo 477 del
Código del trabajo, en relación a la parte segunda del inciso
2 del artículo 2 y artículo 454 N° 1 y N° 3, inciso segundo,
del Código del trabajo.
Sexto: que, sin perjuicio de poderse decidir el recurso
con lo razonado hasta aquí, por estar los hechos relacionados
e influirse unos con otros, también constituyen la causal
subsidiaria a la que nos referiremos a mayor abundamiento en
algunos de sus aspectos claves.
Entre los considerandos décimo quinto a décimo noveno, y
primera parte del párrafo primero del vigésimo tercero en el
tema de la efectividad que el empleador, ha impedido al
trabajador reasumir sus funciones, la jueza sienta en forma
errónea la base del razonamiento decisorio litis, porque
atribuye la no reincorporación del abogado a sus funciones, a
la medida precautoria despachada en la causa RIT T-24-2015
del mismo tribunal seguida por vulneración de derechos
fundamentales por el Abogado don Hernán Ferreira Ceballos
contra la Corporación de asistencia judicial, Región
Metropolitana, pero no es así, por varias razones de las
cuales explicaremos dos que bastarán, por su peso.
La primera consiste en que una cautela de la naturaleza
de una medida precautoria, no se adopta independiente de los
hechos sino en razón del humus del buen derecho y el peligro
en la demora que emanan de los hechos. La segunda radica en
el objetivo de la medida la cual no lo desvincula, sino que
lo exime de concurrir a desempeñar funciones mientras esté en
vigor, pero mantiene vigente la relación laboral, al punto
que sólo por eso ya se explica que se le reconozca el derecho
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a percibir remuneración íntegra. Esta razón se torna más
gráfica si se piensa que el término de la medida, únicamente
podría traer como consecuencia, legítimamente, sería la
continuidad de las funciones, del desempeño y no el
restablecimiento del vínculo que no se ha cortado.
Séptimo: que, en seguida, se ha de tener en cuenta como
quedó establecido, que de las dos alternativas de la
negociación, la denunciada siempre optó por la segunda, que
versa sobre la desvinculación, de manera que esa ha sido su
intención, señal de la eficacia de la medida precautoria para
la preservación del derecho al trabajo del denunciante.
Luego es del todo erróneo derivar de la existencia de la
medida precautoria evidencia alguna para establecer un hecho
negativo como es que no hayan sido motivaciones de orden
político las que han impedido al trabajador retomar sus
funciones.
Octavo: que, en el considerando vigésimo la
sentenciadora razona sobre el derecho de las partes a la
jurisdicción. Pero a este razonamiento no contribuye la
confesión de Díaz Letelier, que es contradictoria a lo que ha
venido sosteniendo el tribunal, puesto que queda sin
explicación, cómo, una oferta de la empleadora que alcanzó a
$50.000.000 con desvinculación, podría calificarse de seria
si la Corporación no llega a acuerdo en los juicios por no
tener capacidad económica para ello.
Noveno: que, en el motivo vigésimo primero las
reflexiones giran en torno a la situación de la contratación
de un tercer abogado mientras pende resolver la
reincorporación del actor y del Sr. Rivera y concluye no
haber en estos respectos indicios de vulneración de derechos
para el demandante. La sentenciadora pasa por sobre indicios
serios, graves y precisos, porque ya está visto que la causa
de la medida precautoria fue el humus del buen derecho y el
peligro en la demora, o sea, justamente indicios. Pasa por
alto también, la dilación que ha habido en resolver la
situación del abogado Sr. Rivera, respecto a quien, no
solamente se trata de reincorporarlo, sino dónde, en cuál
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región del país, para asegurar su integridad física y
psíquica, decisión que se ha dilatado desde el 7 de julio de
2015, fecha de la sentencia a su favor o al menos desde el
correo del Sr. Donatti de donde se desprende la información,
el 4 de enero de 2016, sin resolver al 5 de agosto de 2016,
fecha de la sentencia en estudio, lo cual constituye un
segundo indicio. Mientras tanto, responsable, la denunciada,
de la situación de inestabilidad laboral de ambos abogados,
paga sueldos a terceros para cubrir las funciones,
incurriendo en gastos inexplicables para una organización,
cuyo asesor jurídico declara, sin capacidad económica. Esta
contradicción es un tercer indicio.
Décimo: que la sentenciadora adhiere al argumento de la
Corporación, relativo a la importancia y trascendencia de la
prestación de un servicio indispensable al usuario, pero esta
misión no juega solo a favor de la denunciada, como lo ve la
jueza, opera también a favor de la denunciante, porque
debiera motivar a la Corporación-Defensoría Laboral, a
enseñar con el ejemplo y garantizar con la mayor premura los
derechos laborales comprometidos de sus abogados. Así,
agregamos otro indicio, la contradicción en la excusa.
Undécimo: que siguen los indicios, con otro configurado
a través de una nueva contradicción en el discurso de la
denunciada, que surge de la justificación dada en la
contestación de la demanda para no reintegrar en sus
funciones al denunciante, según ha transcrito la
sentenciadora en la parte expositiva: “Hacen presente que la
piedra de tope a la negociación, respecto de su reintegro a
la institución es que el actor exige el sobreseimiento de los
sumarios seguidos en su contra, lo que no puede pactarse en
razón de la lectura que de ello puedan tener los
funcionarios de la Corporación, quienes cada vez que se les
instruya un sumario podrían pretender seguir la línea del
actor. En razón de ello es que el reintegro del actor a sus
funciones, sólo puede ser mediante una sentencia judicial.”
En el contexto en que se presenta la situación del actor
y en el detalle de antecedentes como éste, la intención de
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poner fin a sus servicios es demasiado evidente y explica la
seriedad y gravedad de la afectación de la libertad de
trabajo que pretende proteger con la presente acción.
Décimo segundo: que en los considerandos vigésimo
segundo y vigésimo tercero la sentenciadora razona sobre la
efectividad que la no reincorporación a sus funciones, del
trabajador, lo sea por razones políticas y concluye que no
hay indicios de ello. Sin embargo aquí también hay un error
de carga probatoria.
En efecto, caídas las bases de análisis de razonamientos
anteriores, y como vamos demostrando, existen indicios, de la
posición de la denunciada de impedir la continuidad de la
relación laboral. Ahora bien, la explicación del denunciante,
que sería por razones políticas, es una hipótesis, pero
innecesaria de analizar, porque establecidos los indicios del
impedimento a la reincorporación, que pesaban como carga del
actor y que ha cumplido, lo que procede es revisar la
justificación de la denunciada sobre la legitimidad de su
actitud, fórmula legal de garantía que ya anunció la
sentenciadora en el considerando décimo catorce.
Décimo tercero: que, en los considerandos vigésimo
quinto a trigésimo tercero la sentenciadora analiza la
cuestión del acoso laboral para concluir que tampoco hubo
indicios de ello. En estas reflexiones, queda en evidencia
que la sentenciadora no entró a la figura del acoso laboral
alegada en la pretensión, por eso vuelve al rol que, a su
juicio, cumple la medida precautoria, sin atender su causa,
así, pasa por alto tanto la responsabilidad de la Dirección
en la prolongación del conflicto del abogado Rivera, como el
indicio de la estrategia pro exclusión del trabajador, en la
negociación con el denunciante.
Décimo cuarto: que a mayor abundamiento en relación con
la efectividad que por razones políticas la denunciada ha
procedido como lo hizo. Lo cierto es, como ya se demostró,
que el empleador ha impedido al trabajador reasumir las
funciones para las que fue contratado, conculcando sus
derechos laborales. Ahora, si lo hizo o no por razones
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políticas, ya no tiene importancia, porque lo importante es
haberlo hecho. Al respecto hay que recordar que al
controvertir, la denunciada negó las razones políticas, pero
no dio alguna otra explicación razonable para hacerlo.
Décimo quinto: que, el cúmulo de actos de que ha sido
objeto, son indicios del acoso laboral que reclama, vale
decir malos tratos contrarios a su dignidad ejercida por el
empleador, contra el demandante, que amenaza y perjudica su
situación laboral y oportunidad de empleo. Ciertamente están
concatenados unos con otros con un mismo fin y han
persistido, actos a que se refiere el artículo 2 inciso
segundo parte final. Lo que no los caracteriza es ser hechos
aislados u ocasionales o solamente posteriores a la medida
precautoria.
Décimo sexto: que, tal como se estableció respecto la
primera causal, la misma infracción constituye vulneración
del artículo 454 N° 2, por no haber ejercido sus potestades
el tribunal para la recepción de la prueba testimonial del
demandante, con las consecuencias señaladas.
Reflexiones que conducen, igualmente a la acreditación
de la causal subsidiaria.
Fundamentos por los cuales, se declara que en el
procedimiento y en la sentencia se ha incurrido en los vicios
denunciados, acoge el recurso de nulidad y se deja sin efecto
la sentencia y el procedimiento hasta la audiencia de juicio
inclusive y se ordena que un Juez no inhabilitado continúe el
procedimiento.
Redacción de la ministra Sra. Pinto.
Regístrese y devuélvase.
Se deja constancia que no firma el Ministro Suplente Sr.
Flores, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo,
por haber terminado su suplencia.
Rol N° 83-2016- Ref. Laboral.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Punta Arenas integrada por Ministra Marta Jimena Pinto S. y
Abogada Integrante Natacha Millaray Oyarzun O. Punta arenas, veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis.
En Punta arenas, a veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario
la resolución precedente.
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