Proteccin de derechos ciudadanos en las investigaciones judicialesLos manifestantes insultaban a Compagnon como si ya estuviera condenada por graves delitos. Solo a la salida, nueve horas despus, se dispuso una escolta de carabineros...El anuncio pblico del da y la hora en que Natalia Compagnon deba concurrir a declarar en el marco de la investigacin del caso Caval produjo una situacin que vale la pena considerar con detencin. La esposa de Sebastin Dvalos y su abogada ingresaron por la puerta comn, segn el criterio establecido por la fiscala, y en el corto trayecto desde el auto que las transportaba se vieron rodeadas por un gran nmero de reporteros y de manifestantes. Mientras los primeros desplegaban sus equipos para cubrir la noticia, lo que estuvo cerca de provocar la cada de sus protagonistas, los segundos insultaban a Compagnon como si ya estuviera condenada por graves delitos. Solo a la salida, nueve horas despus, se dispuso una escolta de carabineros para cubrir el breve trayecto, y aun bajo este resguardo la situacin estuvo caracterizada por la violencia fsica y verbal contra la declarante.Si bien es positivo que las causas que se relacionan de algn modo con personas de perfil pblico sean objeto de un escrutinio ms intenso, resulta un contrasentido que, al menos en situaciones como la descrita, el nuevo sistema procesal penal carezca de dispositivos apropiados para proteger los derechos de las personas, en especial de aquellas que se encuentran amparadas por la presuncin de inocencia.Ya sea espontneamente o como reaccin a la forma de actuar de algunos defensores privados, la fiscala viene utilizando un despliegue comunicacional importante como apoyo a sus investigaciones e, incluso, en el contexto de las audiencias judiciales, tal como ocurri con el mensaje en redes sociales de la fiscala durante las audiencias de formalizacin en el caso Penta. Este despliegue es en principio legtimo, pero debe conjugarse con los dems intereses y derechos en juego. As, por ejemplo, un testigo o imputado en una causa penal tiene que estar dispuesto a soportar las interferencias que provoca en su vida una investigacin, pero estas no pueden exceder el lmite de la proporcionalidad. Por ejemplo, nadie tiene derecho a conocer aspectos de la vida profesional de un testigo, o de sus negocios, que no guarden directa relacin con su posible contribucin al esclarecimiento de los hechos delictivos que se investigan. Menos an puede exigirse a un testigo o a un imputado que ponga en peligro su integridad fsica o moral para cumplir con las cargas que le impone el procedimiento.La suma de los difcilmente evitables trascendidos, la utilizacin de estrategias procesales que apuntan principal o exclusivamente a la opinin pblica, la potencia multiplicadora de las redes sociales y otros factores similares hacen que la proteccin de los derechos ciudadanos enfrente nuevos desafos y necesite ser actualizada en su operatividad. Reconocer la existencia de estos problemas es el primer paso para solucionarlos y restablecer entre la publicidad y los derechos de los ciudadanos un equilibrio que, en perjuicio de estos ltimos, se ha ido perdiendo.