Prof. RODRIGO UPRIMNY YEPESAbogadoUniversidad Nacional de Colombia

PETUNIAJuss.P. violacea Lindl.SolanaceaeZonas cálidas de Norteaménca y Sudaménca

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I 5 de mayo de 1994, la Corte Constitucional excluyó del ordena-miento jurídico colombiano dos artículos del estatuto de estupefa-cientes que penalizabanel consumo de sustanciaspsicoactivas: el ar-tículo 5 I que imponía arresto hasta por un año a quien portara paraconsumo sustancias como la marihuana, la heroína o la cocaína; y,el artículo 87 que permitía someter a tratamiento médico forzosoa quien, sin haber cometido ningún delito, se viera afectado por elconsumo de esasdrogasl. Esta decisión judicial provocó fuertes crí-ticas de los medios de comunicación, los gremios y la élite políticadel país. Todos ellos manifestaron su temor por los graves efectosque, según ellos, la sentencia podría tener sobre la salud pública yla seguridad de los colombianos, y plantearon la realización de unreferendo para restablecer la penalización del consumo de esasdro-gas. Posteriormente, el Presidente Samper abandonó la idea del re-ferendo, pero no porque pensara acatar y desarrollar la decisión dela Corte. Todo indica que el gobierno consideró que la consulta po-pular tenía costos y riesgos excesivos-, por lo cual prefirió recurriral Congreso para reformar, con mayor tranquilidad y menor debate,la Constitución.

La despenalización de las drogas ha sido entonces un asuntode interés para todos los colombianos. Además es una discusión quetrasciende el problema estricto del consumo, a nivel interno, y se

1. Ver Corte Constitucional. Sentencia C·221/94. MP Carlos Gaviria D íaz.

2. En efecto, conforme al artículo 378 de la Carta una reforma constitucional por víade referendo requiere no sólo el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los sufra-gantes sino, además, la participación de al menos una cuarta parte de los ciudadanosque integran el censo electoral. En un país en donde las elecciones para Presidente raravez logran convocar más de140% de los votantes, era altamente riesgoso intentar la

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liga -aun cuando no se confunde- con uno de los másgraves problemas de la sociedad colombiana: el narco-tráfico. En efecto, poner en cuestión la penalización delconsumo implica reflexionar también sobre la pertinen-cia de las actuales políticas prohibicionistas a nivel inter-nacional.

Este texto pretende entonces contribuir al debatesobre la despenalización, mostrando que la crimina-lización del consumo de drogas es no sólo ilegítimaen una democracia fundada en la autonomía individual(1) sino que además es inconveniente (11).Eso me per-mitirá a su vez desvirtuar otras objeciones a la sentenciade la Corte (111),y mostrar las contradicciones de lapolítica criminal en este campo (IV). Por todo lo anteriorconsidero que, a pesar de los interrogantes que elladeja en el aire, es necesario defender esta decisiónde la Corte Constitucional porque abre una vía paraestructurar una política frente a las drogas democráticay humanista.

lA IlCGITII'1IDADOh l_A PCNALlZAClor'\jDCl CONSUMO lOS ARGUM~J~TOSOClA CORTCy lA DCP;:NSAOCLA AUTONOMIA PCRSONAl

La Corte consideró la penalización del consumode ciertas drogas viola el principio de igualdad, y des-conoce la autonomía individual y el libre desarrollo delapersonalidad, principios medulares del Estado de derecho.

Así, para la Corte, estas normas establecían unadiscriminación puesto que, sin razón que lo justificara,consagraban un tratamiento diferente entre quienesconsumieran alcoholo tabaco y quienes utilizaran ma-rihuana, heroína o cocaína. Este primer argumento esconsistente, pues no existe ningún estudio que demues-tre, de manera contundente, que las sustancias psi-coactivas ilegales son siempre más peligrosas o generanmayor adicción que las legales. Así, drogas suprema-mente tóxicas no son penalizadas o lo son muy le-vemente, mientras que drogas menos tóxicas recibenfuertes sanciones, tanto a nivel del uso como en loque respecta a su producción y comercialización. Unejemplo ilustrativo es el caso del opio en donde, comolo muestra Sebastián Scherer, hubo una criminalizacióndiferencial, puesto que en 1909, en Estados Unidos,se prohibe fumar opio pero no se criminal iza el consumode otras formas de opiáceos como la morfina y la heroínaque parecen ser mucho más dañinos en términos desalud. Concluye entonces Sherer: "El tipo menos pe-ligroso de consumo en términos de salud, es decir,fumarlo, fue rápidamente sujeto a criminalización, mien-tras que el más peligroso (inyectarse heroína) fue el

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último en ser definido públicamente como problemasocial'". Esta criminalización diferencial respondería amo-tivaciones puramente sociales: "Había que desplazar ala mano de obra china -únicos fumadores en esa época-cuando sevolvió amenazante competencia en el mercadode trabajo. Así observamos como para su criminalizaciónpredominó el interés económico sobre el médico?'.

Esta violación de la igualdad pone entonces enevidencia las grandes contradicciones e hipocresías dela política criminal contemporánea frente a las sustanciaspsicoactivas, las cuales se manifestaron durante los ata-ques a la decisión de la Corte Constitucional. En efecto,esas críticas, muchas veces desbordadas", contrastaroncon las moderadas posiciones que casi todos esos mis-mos actores habían tenido en el pasado frente al abusode las drogas legales, a saber el alcohol y el tabaco.Así, pocas semanas antes de la sentencia se había pro-puesto en el Congreso reducir el impuesto a la cervezadel 48% al 20%. El proyecto perdió apoyo político,pero no por consideraciones sanitarias, sino por su im-pacto en las finanzas de departamentos como Boyacá,en donde este impuesto representa más del 50% delos ingresos corrientes. A esta objeción, la industriacervecera respondió que la disminución del impuestono generaría una reducción de los ingresos departa-mentales, porque el consumo de cerveza se vería es-timulado por la baja del precio. Y ello no provocógrandes escándalos. A muy pocos pareció importar quese pudiera agravar así el abuso del alcohol que ha sido,como lo muestran todos los datos del Ministerio deSalud, no sólo el principal problema de drogadicciónen el país sino también un comportamiento fuertementeasociado a hechos de violencia",

De otro lado, el gobierno Gaviria, mientras am-bientaba la idea del referendo, propuso que se redujerala carga tributaria sobre el cigarrillo del 124% al 44%,argumentado que ello era necesario para atacar el con-trabando. Y mantuvo la propuesta a pesar de que unestudio de la Universidad de los Andes había concluidoque tal reducción podría implicar un crecimiento del13% del número de fumadores, en especial de niñosy adolescentes que son los más sensibles a las dis-minuciones de precios, con lo cual se agravaría al abusodel tabaco", que es el segundo problema de adicciónen Colombia.

3. Citado por Rosa del OLMO. La cara ocuha de la droga. Bogotá Temis, 1986, p. 9.

4. Op·cít., p. 9.

5. Algunos medios y columnistas calificaron de "sicarios morales" a los magistra·dos Que habían suscrito la sentencia.

6. Ver El Tiempo. 1 de mayo de 1994, pp. 1B Y 2B.

7. El tiempo. 15 de mayo de 1993, p. 11C.

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Sin embargo, creo que la violación de la igualdadno es un argumento contundente, ni ética ni jurídi-camente, en el debate sobre la penalización puestoque sólo podría conducir a que se exigiera un trata-miento jurídico similar -ya sea represivo, ya sea deotra naturaleza- para sustancias de similar dañosidad.Por ello considero que el argumento más importantey definitivo de la sentencia de la Corte es la radicaldefensa de la autonomía personal.

Así, el interrogante que subyace al debate sobrela legitimidad de la penalización del consumo de drogases el siguiente: écuál es el 'papel del derecho penalen un régimen constitucional fundado en el respetode la dignidad humana?Y la Corte, recogiendo los ele-mentos libertarios de la tradición clásica del derechopenal, simplemente señaló que un Estado, fundado enel pluralismo y respetuoso de la autonomía de las per-sonas, no puede imponer a sus ciudadanos modelosde virtud. o formas de vida y de realización personal.Esto significa que los Estados democráticos no puedentener una política criminal "perfeccionista", esto es, uti-lizar el derecho penal para combatir vicios que sóloafectan al propio individuo. Por ello la tradición clásicadel derecho penal considera que el Estado no puedepenalizar a un individuo por hacerse daño a sí mismo,pues el orden jurídico se limita a regular las conductasque afectan los derechos de terceros. El Estado nopuede entonces criminalizar conductas autorreferentesde la propia persona, ya que el derecho penal debelimitar su intervención a evitar que unos ciudadanosdañen a otros. La doctrina contemporánea resume loanterior al señalar que el Estado sólo puede definircomo delitos aquellas conductas que.sean materialmen-te antijurídicas, esto es, que efectivamente vulnerenderechos de terceros o afecten de manera grave con-diciones esenciales de la convivencia social

Esta limitación del rol del derecho penal es unaconsecuencia ineludible del respeto de las libertadesindividuales y del reconocimiento del pluralismo éticoy cultural, propio de lassociedades secularizadas, puestoque corresponde a cada persona -y no al Estado- di-señar su propio modelo de virtud y su plan de realizaciónpersonal. En ello consiste precisamente el derecho allibre desarrollo de la personalidad, consagrado por elartículo 16 de la Constitución, y que no es más queuna formulación contemporánea del viejo principio kan-tiano de la autonomía. En esta disposición -que nopor casualidad es originaria el constitucionalismo alemánde la post-guerra, puesto que nace como reacción altotalitarismo nazi-lo importante es el calificativo "libre"más que la expresión "desarrollo de la personalidad.En efecto, esta norma pretende proteger el derechode toda persona a definir de manera autónoma -esto

es, sin interferencias e imposiciones de otros- comoquiere estructurar su personalidad. No pueden los de-más encarcelar a esa persona o infligirle otras penassimplemente porque consideran que esa decisión cons-tituye un vicio o comporta una degradación moral, yaque se desvirtuaría el pluralismo, puesto que deter-minadas opciones de vida serían excluidas del orde-namiento jurídico y perseguidas por la ley penal.

En síntesis, si se admite que el Estado prohibau ordene a alguien efectuar una conducta sólo porqueésta es perjudicial para su propia salud, o porque elEstado la considera inmoral, se habrá eliminado todolímite a la interferencia estatal en la autonomía de laspersonas. Habrán desaparecido las libertades. Mañanase podrá penalizar el homosexualismo, consumir cho-colates o leer determinados libros, si el Estado consideraque se trata de conductas inmorales o que afectan laintegridad moral de la persona.

Lo anterior no implica -como lo señala CarlosNino-, "que el envilecerse y degradarse no deba sercondenado en contextos no jurídicos; sólo significa que,como decía Carrara, las funciones de un legislador queno degenere en tiránico, no deben confundirse conlas de un moralista; tal legislador debe poder decira los súbditos, en palabras de ese autor: 'Sed viciosossi os place; tanto peor para vosotros; yo no tengoderecho a infligiros penas por ello"'s. El Estado no puedeentonces imponer modelos de virtud a sus ciudadanos.Puede educarlos, incluso orientarlos por medios per-suasivos hacia aquellas conductas que son consideradasmás dignas de ser seguidas. Pero el Estado no puedeimponer esas formas de vida por medio de la fuerzadel derecho penal, porque ello es contrario al derechode autodeterminación de los individuos en una sociedaddemocrática. Lasya centenarias palabras de John StuartMili sobre este punto siguen teniendo entonces plenavigencia. Decía el filósofo inglés:

"La única finalidad por la cual el poder puede, con pleno dere-cho, ser ejercido sobre un miembro de una comunidad civili-zada contra su voluntad, es evitar que perjudique a los demás.Su propio bien, ñsico o moral, no es justificación suficiente.Nadie puede ser obligado justificadamente a realizar o no re-alizar determinados actos, porque eso fuera mejor para él,porque le haría feliz, porque, en opinión de los demás, hacerlosería más acertado o más justo. Estas son buenas razones paradiscutir, razonar y persuadirle, pero no para obligarle o cau-sarle algún perjuicio si obra de manera diferente. Para justificaresto sería preciso pensar que la conducta de la que se trata dedisuadirle producía un perjuicio a algún otro. La única parte de

8. Carlos Santiago Nino. ¿Es la tenencia de drogas con fines de consumo personaluna de las acciones privadas de los hombres? en Jonatahn Miller y otros. Consti·tución y derechos humanos. Jurisprudencia nacional e internacional y técnicas parasu interpretación. Buenos Aires: Astrea, 1991, p. 573.

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la conducta de cada uno por la que se es responsable ante lasociedad es la que se refiere a los demás. En la parte que leconcierne meramente a él, su independencia es de derecho,absoluta. Sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y espíritu elindividuo es soberano (...) Cada uno es el guardián natural desu propia salud, sea física, mental o espiritual. La humanidadsale más gananciosa consintiendo a cada cual vivir a su maneraque obligándole a vivir a la manera de los demás,q .

En ese contexto, la Corte consideró que el con-sumo de drogas no es una conducta que afecte, porsí misma, derechos de terceros, por lo cual no puedeser penalizada, ya que es una decisión privativa delindividuo, relacionada con el libre desarrollo de su per-sonalidad. Sin embargo, algunos objetan la anterior ar-gumentación porque consideran que todo consumo dedrogas es en sí mismo dañino y vulnera los interesesde los demás miembros de la sociedad.

De un lado, por los eventuales delitos que losconsumidores pueden cometer. Pero este argumentono es convincente porque existen muchos usuarios dedrogas ilegales que llevan una vida perfectamente nor-mal, sin afectar los derechos de terceros. Es pues ne-cesario distinguir con nitidez, como bien lo hace laCorte, el consumo de droga como tal, de los eventualesdaños a terceros cometidos por los consumidores dedroga. En efecto, la sentencia no legitima cualquier delitoo cualquier conducta cometida por los consumidoresde droga, puesto que expresamente señala que éstospodrán ser sancionados cuando efectivamente su con-ducta desconozca derechos de otras personas; peroello no autoriza que se penalice el consumo como tal,porque se estaría sancionando de manera ilegítima unapoblación que no ha causado daño a terceros.

De otro lado, otras personas jusitifican la pena-lización por el dolor o la incomodidad que causan losdrogadictos a sus familiares o allegados, por su particularestilo de vida. Sin embargo, ese dolor o esa incomodidadno constituyen, en sentido estricto, un daño a derechosde terceros, ya que si se admite que este tipo de efectoses suficiente para penalizar una conducta, habríamoseliminado el pluralismo. Así, hay muchos modos devida de otras personas que pueden incomodarnos oincluso ocasionarnos dolor, pero eso no los hace ile-gítimos o autoriza su criminalización, ya que nuestrasopciones vitales también pueden incomodar o acongojara otras personas.

Esto no significa que el Estado -yen particularla sentencia de la Corte Constitucional- legitime, fo-mente o estimule el uso de drogas, cuando precisamentela Corte aboga por políticas preventivas educativas fren-

9. John Stuart MilloSobre la libertad. (Trad. Pablode Azcárate). Madrid: Darpe,1984, pp. 37, 38 Y41.

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te al abuso de las sustancias psicoactivas. Lo que pasaes que, según la Corte, un Estado fundado en la dignidadhumana no puede "escamotear su obligación irrenun-ciable de educar, y sustituir a ella la represión comoforma de controlar el consumo de sustancias que sejuzgan nocivas".

Además, la Corte en ningún momento cuestionóla facultad del Estado de reglamentar, en virtud delpoder ordinario de policía, las formas de consumo,pudiendo entonces establecer restricciones al mismo,cuando éste resulte socialmente nocivo o inadecuado.Pero lo que no puede un Estado democrático y liberales prohibir todo consumo de drogas por las personascuando éste no afecta los derechos de terceros. Porello, es necesario distinguir tres fenómenos diferentes:

- el uso de drogas, que no puede ser penalizadoen una sociedad respetuosa de la autonomía pero quesí puede ser reglamentado.

- el uso indebido, que puede ser restringido yaún penalizado en ciertas cirunstancias. Así habría quesancionar -corno se hace con el alcohol- ciertos usosindebidos de las drogas que puedan afectar a terceros,como conducir un auto totalmente "trabado".

- y, finalmente, el abuso de drogas, que deberecibir respuestas de ayuda, profesional de parte dela sociedad y de las autoridades públicas. y, siguiendolas sugestivas ideas del psiquiatra colombiano LuisCarlosRestrepo, estos programas deben estar orientados afortalecer la autonomía misma de los sujetos! o .

LA 1~~COf~V[NIGf\IC!p,DG LA PGf\L~LlZAClOI"J DGL COf\!SUf1CDGDROGAS

A pesar de lo anterior, muchos pueden considerar,con base en argumentos utilitarios, que la penalizaciónde las drogas es legítima, debido a los enormes costos,en términos de bienestar general, que provoca el usoy abuso de estas sustancias. Sin embargo, creo quees una vana pretensión intentar controlar estos con-sumos por medio del derecho penal. En otro textohe intentado mostrar en detalle que esas estrategiasprohibicionistas son perjudiciales, y antiéticas, inclusodesde una perspectiva utilitarista!! , pues sus costos -entérminos de criminalidad, violencia, corrupción, auto-ritarismo, restricción de libertades individuales, sobre-

10. Ver LuisCarlosRestrepo."La fruta prohibida: aproximaciónecológicaal pro·blemade las drogas" envariosautoresla legalizaci6n de la droga. Bogotá: Edicio·nesRadar,UniversidadNacional,Congresode la República, 1994.

11. Ver"Más alládelprohibicionisrno:pollticas alternativas enmateriadedrogas"en varios autores.la legalizaci6n de la droga, loc·cit.

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carga del aparato judicial, inestabilidad institucional, de-terioro de las relaciones internacionales e incluso des-protección del consumidor- superan con creces suseventuales beneficios en la disminución de abuso desustancias psicotrópicas. Además, el fracaso de esasestrategias no proviene de problemas coyunturales defalta de recursos o de eficiencia, sino que son estruc-turales. El mercado de la droga termina siendo un mer-cado prohibido (declaratoria de ilegalidad) pero conuna baja tasa de represión efectiva (operaciones exitosasde control por las autoridades), lo cual deriva, en primertérmino, de la naturaleza de este mercado: sus técnicasrudimentarias, las posibilidades geográficas casi infinitasde producción, su carácter productivo, etc. Pero esosfracasos están igualmente ligado al sentido que debetener el derecho penal en una sociedad democráticaya las dificultades de establecer una prohibición absolutaorientada a erradicar "vicios" socialmente aceptadosy a evitar que una persona se haga daño a sí misma.En efecto, el derecho penal no fue creado para reprimir"vicios" con una tal aceptación social que llegan a es-tructurase como mercados. En tales casos la prohibiciónpenal es contraproducente, por una doble razón. Deun lado, porque lejos de reprimir esos mercados, laprohibición los dinamiza pero sin controles externosprovocando así múltiples efectos perversos. De otrolado, porque la legitimidad democrática de una tal pro-hibición es cuestionable ya que afecta esferas privativasdel individuo relacionadas con el libre desarrollo desu personalidad.

No pienso volver en este artículo sobre esos ar-gumentos generales contra el prohibicionismo. Quierosimplemente mostrar que la penalización no es unaprotección contra el abuso de drogas sino que es unailusión de protección, que tiene graves efectos per-versos.

De un lado, con penalización o sin ella, en Co-lombia cualquier joven puede acceder a la marihuanao la cocaína si así lo desea. Es falso entonces creerque esas normas mantenían a los jóvenes al margende las sustancias psicoactivas. Lo que sí producían erauna relación más problemática por las condiciones deilegalidad en que se relacionaban con ellas: amenazasde cárcel, posibilidades de chantajes policiales, etc.

De otro lado, porque estas normas sólo se uti-lizaban de manera selectiva contra ciertos grupos mar-ginales, como lo señalaron los psiquiatras y psicólogosque se desempeñaban como peritos en estas materiasen Medicina Legal de Bogotá. Según ellos:

"En la práctica. como se ha descrito. el rigor de la ley penal eneste campo ha recaído sobre sectores marginales y desposeí-dos no sólo de bienes. sino de sus derechos más elementalesy de cualquier beneficio social. Consumidores de capas medias

o altas sólo excepcionalmente resultan encausados. y esto serefleja en que prácticamente nunca sean llevadas a MedicinaLegal personas bajo acusación de consumo de clorhidrato decocaína (hábito que requiere alguna solvencia económica).pero sí personas acusadas de consumo de basuco (la cocaínade los pobres)"12.

y en el fondo, personalmente creo se trata de nor-mas promulgadas para ser utilizadas de esa manera: ¿Oimaginan ustedes la congestión carcelaria y judicial si efec-tivamente se aplicaran tales disposiciones a los más de400.000 colombianos que, según el último estudio delMinisterio de Salud, han consumido drogas ilegales enel último añO?13.Habría que multiplicar al menos porquince la capacidad carcelaria en nuestro país.

En síntesis, hay que ser bastante ingenuo paracreer que nuestras cárceles son beneficiosas para queun consumidor de droga enfrente sus eventuales pro-blemas. La combinación de tratamiento médico obli-gatorio con la amenaza de sanción penal termina pormarginar al consumidor. Y en gran medida esa mar-ginalidad, más que el uso de la droga en sí misma,es la que provoca los efectos más graves. Así, la mar-ginalidad del consumidor de heroína lo obligaba a utilizarjeringas usadas, lo cual produjo un aumento alarmantedel SIDA en esta población. Además, la prohibiciónevita un control de la calidad de los productos porel Estado, lo cual es muy grave para la salud pública.Supongamos que el alcohol estuviese prohibido. En talcaso, uno no podría comprar tragos certificados enexpendios controlados si no que uno tendría que recurrira compras clandestinas en "ollas". lImaginan ustedeslas cantidades de muertes o de personas ciegas portrago adulterado con alcohol metílico? Pues eso exac-tamente sucede en el mercado de drogas ilícitas. Así,en España, en el 90% de los casos de muertes porsupuesta sobredosis de heroína, las personas han sidoencontradas con la jeringa aún en el brazo. Eso parecieraindicar que no se trata de una sobredosis, pues "elshock opiáceo no es fulminante sino que provoca unlargo coma respiratorio del que se puede salir"!". Entales casos, lo más probable es que la persona hayamuerto envenenada por las sustancias tóxicas con lasque los traficantes habían cortado el producto, lo cualparecer confirmado por el siguiente hecho: entre 1920y 1930, en la misma España, la morfina y la heroína

12. Jorge Enrique Buitrago Cuéllar y otros. Carta abierta al Director de la RevistaColombiana de Psiquiatría del 25 de mayo de 1994.13. Enefecto, según tal estudio, 18 de cada mil colombianos de edad comprendidaentre 12 y 60 años consumieron drogas ilegales en último año. Ver Ministerio deSalud. "Salud mental y consumo de sustancias psicoactiva, 1993" en varios. lalegalización de la droga. Bogotá, Ediciones Radar, Universidad Nacional, Congresode la República, 1994, pp. 277 Y ss.

14. Ver Cambio 16, 11 de mayo de 1992, p. 45.

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se vendían en farmacia con receta: en esos años -segúnel filósofo Antonio Escohotado- "no se registró ni unaI b d . ,,15

so a muerte por so re OSIS •

Finalmente se olvida que uno de los efectos másgraves de la penalización es que lleva a que la sociedadeluda su responsabilidad en los problemas de abusode drogas, puesto que se cree que con la represióntodo queda en buenas manos: jueces, policías y mé-dicos. De esa manera, la prohibición y el sistemapunitivo y médico erosionan los mecanismos socio-culturales que las propias sociedades podrían desa-rrollar para controlar los abusos. Con razón, "arguyenalgunos liberales, uno de los más significativos costosimpuestos por las prohibiciones gubernamentales esel decaimiento de las normas sociales que a menudooperan más poderosa y efectivamente que las in-

. b I ••16tervencíones gu ernamenta es .Esa penalización selectiva no sólo era injusta sino

que se prestaba entonces a prácticas corruptas y aabusos oficiales. Además, ella implica una dilapidaciónde los valiosos recursos oficiales. En efecto, Colombiaconoce una muy aguda situación de violencia y actividaddelincuencial. ¿No es entonces más conveniente paranuestro paísreservar anuestros policías, jueces y fiscalesa que investiguen conductas como homicidios, masa-cres, desapariciones y secuestros en vez de que con-sagren su tiempo supuestamente a perseguir a los con-sumidores de droga?

Todo esto muestra que, incluso desde un puntode vista utilitario, la penalización de las drogas carecede legitimidad.

D~SP~NALlZAClON D~L CONSUMOy SUMINISTROD~ DROGAS LAS OTRASOHJ~CION~S A LA S~NT~NClA

Según otros críticos, la sentencia es ilógica e in-consistente ya que es absurdo despenalizar el consumode ciertas sustanciasmientras se mantiene la prohibiciónde la producción y tráfico de las mismas. La objeciónes en parte válida, pues si se admite el consumo hayque aceptar, en un momento u otro, formas legalesmuy controladas de suministro. Ellaspueden ser formasde suministro médico o la aceptación de que existanlugares específicos para acceder a ciertas sustancias.Así sucede en Holanda 17, en donde se persigue el

15.lbidem, p. 45.

16. Ethen Nadelmann. "Pensando seriamente en alternativas a la prohibición delas drogas" en Comisión Andina de Juristas. Materiales de lectura ConferenciaIntemacional Drogas y Narcotráfico, Propuestas desde la Región Andina. lima:mimeo, julio 1993, p. 16.

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gran tráfico de drogas, pero se ha despenalizado defacto el pequeño tráfico y el consumo de las drogassuaves como la marihuana, las cuáles pueden ser ad-quiridas en lugares con autorización específica: los lla-mados "coffe shops". Además, se ha evitado sobre-criminalizar al consumidor de drogas duras como laheroína, a quien el gobierno le brinda una amplia gamade programas deapoyo: distribucióngratuitade jeringaspara evitar la extensión del SIDA; suministro de sus-titutos como la metadona para evitar el síndrome deabstinencia; ayuda profesional voluntaria para el dro-gadicto que así lo desee; desarrollo de programas co-munitarios destinados a integrar socialmente al con-sumidor, etc.

Esapolítica holandesa está entonces más centradaen reducir los daños resultantes del abuso de sustanciassicotrópicas y de las propias políticas de control queen eliminar totalmente de la sociedad el consumo detales sustancias, ya que este último objetivo es con-siderado por las autoridades holandesas como pocorealista. Por eso el enfoque holandés de la reduccióndel daño insiste en los derechos humanos de los con-sumidores y busca su "normalización", ya que partedel supuesto de que la mejor manera de minimizarlos daños derivados del abuso de sustancias psicotró-picas es "integrando a los consumidores dentro de lasociedad normal, en lugar de aislarlos en clínicas, pro-

. d . d . ,,18gramas, nen as y vecm arios .y lo más interesante es que esa política holandesa

ha tenido efectos positivos. De un lado, el consumono ha aumentado. En efecto, desde 1977, el consumode marihuana y haschich ha bajado sensiblemente yel número de heroinómanos se mantiene estable 19. Escierto que en los otros países, con regímenes pro-hibicionistas más duros, la evolución ha sido similar.Pero ello prueba que los niveles de consumo y la in-tensidad de la represión parecen ser variables rela-tivamente independientes. De otro lado, los heroinó-manos que pueden llevar una vida más normal y estánen mejor estado de salud que los de otros países. Enefecto, a mediados de los ochenta, los casos de sidapor inyección intravenosa eran de 67% en Italia, 21%en Francia y 8% en Holanda 20. Igualmente, la tasa de

17. Para una descripción de esta política, ver A.M van Kalmouth. "Characteristicsof Drug Policy in the Netherlands" en Hans·Jorg Albrecht, Anton van Kalmthout.Drog Policies in Westem Europe. Freiburg: Institut Max Planck, 1989, pp. 259 Yss. Igualmente ver Louk Hulsman. "La política de drogas: fuente de problemas yvehículo de colonización y represión" en Nuevo Foro Penal. Bogotá, No. 35, ene-ro-marze 1987.

18. Ethan Nadelmann, Op·cit, p. 3.19. En 1976, 10% de las personas de 17 y 18 años habían consumido ocasional·mente haschich o marihuana; en 1983 ese porcentaje había caído a 6%. El númerode heroinómanos no ha aumentado. Cf A. Kalmthout. Op-cit., p. 265.

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mortalidad de los heroinómanos en Holanda es de 0.5%frente a más del 2% en los otros países21.Finalmente,los heroinómanos en Holanda están más dispuestosa aceptar una ayuda profesional que los de otros paísesen donde ese tratamiento es obligatorio, bajo amenazade sanción pen~2.

Esto muestra que quienes critican a la Corte porla supuesta contradicción entre despenalizar el consumoy mantener penalizado el tráfico olvidan tres cosas.De un lado, que no corresponde a la Corte elaborarla política criminal sino controlar que la misma no violelos derechos de las personas, por lo cual no correspondea este tribunal regular esa tensión entre la despena-lización del consumo y la criminalización del suministro.De otro lado, no se tiene en cuenta que la conductadel consumidor -que sólo toca con su propia libertad-es de todos modos diversa a la del traficante que, comodice la Corte, "en función del lucro estimula tendenciasque se estiman socialmente indeseables". y, finalmente,conviene recordar que otros países, como Italia u Ho-landa, viven situaciones similares Y esto deriva de unhecho elemental: la criminalización del tráfico provienedel derecho internacional, por lo cual no puede unEstado unilateralmente modificar la situación. Pero esono implica que tengamos que criminalizar también elconsumo, en vez de buscar salidas más humanas y de-mocráticas para enfrentar internamente el problemadel abuso de sustancias psicoactivas.

l_A pi;r\~ALlZAClON¿U~JAPi;PRi;SION ADICTIVA7

Como vemos, todos esos equívocos muestran queel mayor interés de los medios y los políticos en estedebate sobre la despenalización fue el de apropiarsepolíticamente de un tema que era rentable electoral-mente. O, sobre todo en las esferas gubernamentales,se prefirió mantener una cierta imagen internacionalde lucha frontal contra las drogas. Por eso se han ali-mentado los temores de la población frente a la dro-gadicción en vez de ilustrarla, de manera reposada,sobre los alcances reales del fallo.

Con todo, como lo ha señalado con acierto el psi-quiatra Luis Carlos Restrepo, es poco probable que mu-

20. Citado por Alain EHRENBER, Patrie k MIGON. Drogues politíque et socíété.Paris: Le Monde Editions, Descartes Editions, 1991, p. 11.2 l. Ver Jean·Pierre Jacques. "Le modele Hollandais: des toxico manes nombreuxet en bonne santé" en Psychotropes. Montreal. Vol 111, No 3, 85 Y ss. Esa diversatasa de mortalidad significaría que más del 75% de las muertes de los heroinóma·nos parece provenir de la represión, y no de la heroína en sí misma.

22. Ibídem.

chos de aquellos colombianos que, en gran parte debidoa la manipulación informativa; se opusieron inicialmentea la decisión de la Corte, estén dispuestos a aceptarque sus hijos sean enviados a la cárcel, hasta por unaño, por portar un gramo de marihuana. O a que seles someta a tratamientos médicos obligatorios, inclusocontra la voluntad de los propios padres, si un conceptomédico determina que son toxicómanos. Porque con-viene no olvidar que eso fue lo que se declaró in-constitucional.

Una encuesta efectuada por Dirección Nacionalde Estupefacientes confirma lo anterior. Cuando a losencuestados se les preguntó si las drogas debían estarprohibidas, una gran mayoría señaló que sí; pero cuandose les preguntó si a los consumidores se les debía metera la cárcel, sólo una minoría estuvo de acuerdo conesa opción. Esto parece mostrar que la gente quierees un mensaje simbólico fuerte que evite que la des-penalización sea entendida por los jóvenes como es-tímulo al consumo. Pero para ello no sólo no es necesarioque se penalice el consumo sino que ello sería altamentecontraproducente. Lo que necesitamos es una educa-ción realista en la materia y la existencia de programasde apoyo adecuados para los drogadictos.

No podemos entonces perder la oportunidad queabrió la sentencia de la Corte, a saber, que en Colombiaefectuemos una debate libre de manipulaciones sobreeste complejo tema que permita diseñar políticas ade-cuadas para enfrentar los problemas derivados del con-sumo de sustancias psicoactivas, de todas ellas, no sólode las ilegales sino también de las legales, que sonlas que más muertos causan. Como señalaban los psi-quiatras anteriormente mencionados:

"las normas declaradas inexequibles por la Corte Constitu-cional han sido en la práctica inútiles e incluso inconvenientesfrente a las conductas que pretendían corregir y generadorasde consecuencias indeseables, tales como corrupción y delitosasociados a su aplicación. Sería importante, en nuestra opinión,que en lugar de reemplazarlas por otras de similar enfoquerepresivo, a través de mecanismos precipitados o de consultasa una población desinformada, se intentaran alternativas quefueran el resultado de una reflexión serena sobre una proble-mática que es de gran complejidad y que no puede reducirsea planteamientos maniqueístas. Pensamos que podría llegarseasí a la reglamentación y desestimulación del uso de sustancias(incluyendo el alcohol y el tabaco), con énfasis en la educación,en la información objetiva y en la promoción del desarrollo dela personalidad expresado como capacidad de decidir en for-ma autónoma y responsable,,23.

Estas reacciones en contra de las posibilidadesabiertas por la sentencia de la Corte Constitucional

23. Jorge Enrique Buitrago Cuéllar y otros, loc-dt.

REVISTACOLOMBIANADE PSICOLOGIA 149

ETICA

Estas reacciones en contra de las posibilidadesabiertas por la sentencia de la Corte Constitucionalme confirman la validez de una metáfora que utilicehace algunos años. Que tal vez lo único más adictivoque el uso mismo de ciertas drogas sea la represiónde su consumo, su producción y su comercialización 24.

Ladrogadicción genera en el dependiente una necesidadcada vez mayor de consumir unas drogas que le pro-ducen cada vez menores efectos; finalmente, el adictosimplemente consume para evitar el síndrome de abs-tinencia. La represión de las drogas prosigue un caminosimilar: es cada vez mayor la necesidad que experi-mentan los poderes públicos de reprimir ciertas con-ductas, en principio para controlar un consumo en ex-pansión; son cada vez menores los efectos de esarepresión en disminuir la oferta y el consumo de drogasilícitas. Y así, al igual que el drogadicto que frente ala disminución de los efectos de la sustancia decideaumentar automáticamente la periodicidad y la dosisdel consumo, los poderes públicos, al ver el escasoefecto de una represión creciente, deciden aumentarla dosis y la periodicidad de la misma. La represióndeviene entonces adictiva.

Esto muestra la importancia de asumir con menorhisterismo bélico y fundamentalismo moralista -que nopreocupación ética- el debate en torno a las drogas.La falta de ese debate social y la escalada represivade los adictos al control social han llevado a que unproblema social complejo e innegable se haya trans-formado inicialmente en un asunto criminal, el cual,debido a sus ramificaciones ha adquirido dimensionessociopolíticas al imponerse el modelo represivo de se-guridad nacional, ha generado niveles de violencia ex-tremadamente elevados, y ha terminado por "narco-tizar" una parte considerable de las relacionesinternacionales de paísescomo Colombia. Esedesmon-te del discurso dominante tal vez contribuya así a quenos alejemos de esta represión adictiva y, sobre todo,de la "guerra a las drogas" que, como bien lo diceThomas Szasz, es uno de los capítulos más recientesde la historia de la estupidez humana 25. Sin embargo,lo trágico es que es posible que, mediante el mecanismode la profecía que se autocumple, esta cruzada guerrerase convierta en algo cada vez más real en países comoel nuestro. Y así, mientras nos acercamos al siglo XXI,cuando supuestamente estamos entrando en la post-modernidad, las drogas reciben un tratamiento pre-moderno fundamentalista, más digno de época medioe-

24. Ver La guerra a las drogas: ¿Una represión adictiva? Bogotá: mimeo, ComisiónAndina de Juristas, 1990, traducido al inglés y publicado por WOLA. {Washingtonoffice on Latin·America}.

25. Ver Thomas Szasz. "Contra el Estado terapéutico: Derechos Individuales yDrogas" en Nueva Sociedad. Caracas, No. 102, julio·agosto 1989, pp. 173 Y ss.

150 No. 4 Ar'lO MCMXCVu. NACIONAL DE COLOMBIABOGOTA, D.C.

vales. Estamos frente a una nueva cruzada, una nuevaguerra santa, una nueva causa justa. Ello nos recuerdala discusión de Guillermo de Baskerville con el abaddel monasterio en donde se desarollan los aconteci-mientos de la hermosa novela de Umberto Eco:

"Guillermo bajó la mirada y permaneció un momento en si-lencio. Después dijo: - La ciudad de Bréziers fue tomada y losnuestros no hicieron diferencias de dignidad ni de sexo ni deedad, y pasaron por las armas a casi 20.000 hombres. Despuésde la matanza, la ciudad fue saqueada y quemada.- Una guerra santa sigue siendo una guerra.- Una guerra santa sigue siendo una guerra. Quizá por eso nod berí .. ..26 lrJe erran existir guerras santas T

26. Umberto Eco. El nombre de la rosa. Barcelona: Lumen, 1983, p. 188.