DIP. Laura I. Ballesteros Mancilla. __________________________________________________________________ C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL P R S E N T E.- Los suscritos, integrantes de los distintos Grupos parlamentarios en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con fundamento en los artículos 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso g) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción XI, 46 fracción I del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; artículo 10, fracción I, 17 fracción IV, 88 fracción I, 89 párrafos primero y segundo de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 85 fracción I y 86 primer párrafo del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, someto a la consideración del pleno de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE REPARACIÓN DEL DAÑO CAUSADO POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En junio de 2011, se publicaron una serie de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Derechos Humanos. Estas importantes reformas quedaron plasmadas entre otros artículos, en el Artículo 1º, en la cual quedaron estipuladas las obligaciones del Estado mexicano de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por México. En ese contexto, la obligación de garantizar significa también el deber del Estado para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.; y aunque estas obligaciones ya están descritas en los tratados internacionales de Derechos Humanos de los que México es parte, estas reformas impulsan su cumplimiento por parte de todas las autoridades en los tres órdenes de gobierno. Estas reformas a la Constitución representan uno de los esfuerzos más grandes que se han realizado para la protección efectiva de los Derechos fundamentales en México. De estas reformas cobra importancia las relativas a la reparación del daño por violaciones a los Derechos Humanos. El artículo 113 de Constitución, en su segundo párrafo menciona que:

“La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes” En un Estado democrático, es primordial que la protección de los derechos humanos se garantice y que el daño sufrido por las violaciones a estos derechos, ya sea por la acción u omisión de los órganos de gobierno o de los funcionarios públicos, se repare de manera integral. Y aunque parece que nos enfrentamos a la paradoja de reparar lo irreparable, en palabras de Rodrigo Uprimny Yepes, debemos buscar un “componente de restitución integral válido, que sea acompañado de otras medidas, para tratar de corregir los impactos de la violación a los derechos humanos”. México es parte del sistema de Naciones Unidas y como Estado fundador, desde 1945, participa activamente apegado a los principios del organismo, y a los del Derecho Internacional. Es parte también, en casi 50 instrumentos de Derechos Humanos (http://www.sre.gob.mx/tratados/index.php) y ha reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional, además recibe recomendaciones específicas por parte de distintos mecanismos: en la actualidad existen 1,567 recomendaciones y 6 sentencias Corte Interamericana de Derechos Humanos vigentes destinadas a nuestro país (http://www.recomendacionesdh.mx/ ) . Por otra parte el próximo año, en la 17 ª reunión del Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal que tendrá lugar del 21 octubre al 1 noviembre, México será uno de los países examinados y entre los temas que rendirá cuentas se encuentra la armonización de su legislación federal y local en materia de reparación del daño. De acuerdo con los estándares internacionales, las víctimas de violaciones a derechos humanos tienen derecho a recibir una reparación del daño adecuada, integral y proporcional a la naturaleza del acto violatorio y del derecho violado en la que se contemple, una justa indemnización, rehabilitación, restitución, satisfacción y medidas de no repetición. Estas medidas las encontramos, entre otros instrumentos en los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las víctimas de violaciones manifiesta de las normas internacionales de Derechos Humanos y de las violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Estos principios representan el trabajo que realizaron diversos expertos, defensores de los Derechos Humanos, activistas, Estados miembros y ONG´S por más de quince años y que culminaron en 2005 con la resolución 2005/35. Cabe destacar que México como Estado miembro de la Comisión de Derechos Humanos (CHR por sus siglas en inglés) participó como copatrocinador de la Iniciativa y mostro su voto a favor. Los Principios y Directrices Básicas sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y del Derecho

Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparación, cuyo principio 20 establece: “La indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario, tales como los siguientes: a) El daño físico o mental; b) La pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; c) Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; d) Los perjuicios morales; e) Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales”; principio 22 establece como medida reparadora del daño causado: “Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades”, Ahora bien, aunque a nivel federal hemos tenido un gran avance con la aprobación de las reformas a nivel constitucional, en el ámbito local no podemos ser ajenos al proceso de armonización legislativa al que debemos darle impulso en esta honorable asamblea. A nivel local, la competencia del Ombudsman para declarar que se han violado derechos humanos y señalar qué servidor público o autoridad los ha violado, va unida a su atribución para solicitar o recomendar la reparación del daño causado por esa violación; es decir, cualquier Estado tiene una serie de obligaciones y compromisos con ciertas formas o mecanismos para resolver situaciones desde una perspectiva del Derecho Internacional Humanitario o Internacional de los Derechos Humanos. En el caso del Distrito Federal, para lograr la reparación del daño derivado de las violaciones a los derechos humanos por la actuación irregular de las autoridades, la víctima debe plantear la reclamación ante el órgano jurisdiccional competente e iniciar una serie de trámites administrativos y burocráticos que, por un lado reflejan la pobre visión de la reparación del daño limitándola a una indemnización monetaria y por el otro se evidencia la ineficacia del Estado para resarcir los daños a las victimas por violaciones a los derechos humanos. Anteriormente el Código Financiero del Distrito Federal, en los artículos 389, 390, 391 y 392 preveía por lo menos un mecanismo para la reparación monetaria: “ARTÍCULO 389.- De conformidad con la legislación aplicable y lo establecido en la Constitución y Estatuto, el Distrito Federal tiene la obligación de pagar los daños que se causen en los bienes o derechos de los particulares, con motivo de su actividad administrativa que no cumpla con las disposiciones legales y administrativas que se deben observar. Los pagos de indemnización se efectuarán una vez que se haya comprobado que efectivamente le corresponde al particular la indemnización. Dichos pagos atenderán a las disposiciones de este Código y estarán a cargo del presupuesto

de la dependencia, órgano desconcentrado, delegación y entidad, a los que se hayan encontrado adscritos los servidores públicos que los causen. Tratándose de servidores públicos de los órganos a que se refiere el artículo 448 de este Código, los pagos estarán a cargo del presupuesto de los órganos en que se encuentre adscrito el servidor público que haya causado el daño. Los pagos a que se refiere este precepto, estarán sujetos en todo momento a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal de que se trate.” “ARTÍCULO 390.- Para efectuar los pagos a que se refiere el artículo anterior el documento justificante del gasto, según el caso, será: I. La resolución firme en que la Contraloría reconozca la responsabilidad de indemnizar la reparación del daño en cantidad líquida, y en consecuencia ordene el pago correspondiente, siempre y cuando ésta no sea impugnada, por la autoridad competente; II. La recomendación de la Comisión que haya sido aceptada por alguna dependencia o entidad en la que se proponga la reparación de daños y perjuicios; III. La resolución firme del Tribunal de lo Contencioso que declare la responsabilidad de indemnizar la reparación del daño y por lo tanto condene a su pago; IV. La resolución que haya quedado firme, dictada por cualquier órgano judicial competente, declarando la responsabilidad de indemnizar y por lo tanto ordene su pago, y V. La recomendación de la Procuraduría Social del Distrito Federal, que haya sido aceptada por alguna área, unidad, órgano desconcentrado o entidad, en la que se proponga la reparación de daños y perjuicios.” “ARTÍCULO 391.- En los casos señalados en el artículo anterior cuando no se hubiese determinado en cantidad líquida el monto de la indemnización, la Procuraduría Fiscal, con base en la información proporcionada por las dependencias, delegaciones y entidades, determinará en cantidad líquida dicha reparación y lo hará saber a la Secretaría para que ésta ordene su pago.” “ARTÍCULO 392.- El Distrito Federal exigirá de los servidores públicos el pago de la indemnización hecha a los particulares, a que se refiere el artículo 389, mediante el procedimiento administrativo de ejecución.” Estos preceptos se derogaron en el artículo sexto transitorio de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de veintiuno de octubre de dos mil ocho. Con estas reformas, se dio un paso atrás para que las víctimas de violaciones a sus derechos humanos pudieran exigir la Estado la reparación integral del daño ocasionado, violando así el principio de no regresividad contenido en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, pues el mecanismo de reparación se concentró meramente en una indemnización por parte de la autoridad, derivada de una sentencia jurisdiccional que podría tardar años en darse.

Según información de la propia Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en los últimos años, diversas autoridades han mostrado poca disposición para acatar, tal como son emitidas, las Recomendaciones: “De forma sistemática, rehúsan aceptar en su totalidad estas resoluciones y con frecuencia condicionan el cumplimiento de los puntos recomendatorios que deciden si aceptar, sin reparar en que estas prácticas implican evadir la responsabilidad que tienen frente a las víctimas. En reiteradas ocasiones utilizan argumentos de extremo formalismo jurídico para cuestionar la valides (sic) o el contenido de las recomendaciones; por ejemplo, se suele señalar que este Organismo carece de facultades para conocer de temas abordados en algún instrumento recomendatorio, se niega la existencia de violaciones a derechos humanos o se somete la aceptación a la determinación de procesos judiciales o administrativos. También ha sido recurrente la tendencia a interpretar “a modo” las recomendaciones que deciden aceptar. (…) Por lo anterior, esta Comisión considera oportuno hacer un llamado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que cada entidad cumpla con las atribuciones y deberes conferidos por la ley de forma tal que se establezcan mecanismos de garantía a fin de evitar el abuso del poder, promover las buenas prácticas que del Gobierno de la Ciudad se espera en apego a los instrumentos internacionales en los que se prevén los más altos estándares de protección a derechos humanos (PRONUNCIAMIENTO DE LA CDHDF SOBRE EL RECHAZO E INCUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS 26-IV-2011). En este sentido, el Ombudsman capitalino declaró recientemente que en esta administración menos del 10% de las recomendaciones emitidas han sido aceptadas plenamente. En el 2011, por ejemplo, de las 13 recomendaciones emitidas, ninguna se aceptó íntegramente, y en todas, los puntos relativos a la reparación del daño fueron rechazados. De hecho, en marzo de este año, la CDHDF emitió el boletín 84/2012 en el que señala su preocupación por esta situación y solicita la intervención de la Asamblea Legislativa, señalando las autoridades que han rechazado las recomendaciones, específicamente con motivo de la negativa a reparar el daño: Para la CDHDF, es alarmante que las autoridades del Distrito Federal supediten la reparación del daño, vía indemnización o disculpa pública, a la determinación de la responsabilidad penal y/o administrativa de los servidores públicos involucrados en las violaciones a derechos humanos. Esa ha sido la postura de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) con respecto a las Recomendaciones 3/2011, por retardo injustificado en la integración y determinación de una averiguación previa; 4/2011, 10/2011, 11/2011 y 12/2011, sobre diversos casos de tortura.

Es convicción de este Organismo Defensor, que la obligación de reparar se deriva de la responsabilidad objetiva por la violación a derechos humanos, esto es, de que se haya acreditado la existencia de la misma y el daño causado, independientemente de la adjudicación de ésta a un servidor público determinado. Es ese un principio establecido en el marco normativo internacional, contemplado también en el Artículo 113 constitucional y reafirmado vía la reciente reforma en materia de derechos humanos. Es evidente, que con estas reformas, se dio un paso atrás para que las víctimas de violaciones a sus derechos humanos pudieran exigir la Estado la reparación integral del daño ocasionado, violando así el principio de nos regresividad contenido en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, pues el mecanismo de reparación se concentró meramente en una indemnización por parte de la autoridad, derivada de una sentencia jurisdiccional que podría tardar años en darse. Por estas razones la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a través de su Presidente interpuso una controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con motivo de la controversia promovida por la CDHDF, la SCJN se pronunció en diversos sentidos, entre ellos en el que las reclamaciones de indemnización por responsabilidad del Estado derivada de su actuación irregular, se sujetarían a los límites y procedimientos que estableciera la ley ordinaria, esto es, que se facultaba a los órganos legislativos correspondientes a emitir las leyes que fijaran las reglas para efectuar los reclamos en materia de responsabilidad y en materia de indemnización para el caso de violaciones a los derechos humanos. El Ministro Juan Silva Meza, manifestó que no compartía el argumento anterior, en virtud de que presuponía que las reparaciones derivadas de violaciones a derechos humanos, eran en cierta forma, iguales a las reparaciones a otro tipo de daños y añadió que las reparaciones de daños por violaciones a derechos humanos, de acuerdo al marco normativo internacional, iban más allá de las indemnizaciones patrimoniales, pues éstas se encuentran reguladas fundamentalmente en instrumentos internacionales aceptados por México. Lo anterior se refuerza con la reforma constitucional de derechos humanos del 11 de junio de 2011, ya que ahora derechos humanos contenidos en los tratados internacionales, tienen rango constitucional de conformidad con la reforma a la Carta Magna, estableciendo siempre el principio de protección más amplia, mejor conocido con el principio “pro hominem” o “pro persona”. De acuerdo con Mónica Pinto, el principio pro persona es un: “… criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la

norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria.” (1997, 163) De tal manera, es necesario que en un proceso de armonización legislativa y en cumplimiento del principio de no regresividad en materia de derechos humanos, impulsemos las reformas necesarias que garanticen eficazmente la reparación del daño a quienes han sufrido violaciones en sus derechos humanos, tan es así que en Diciembre de 2011, el subsecretario de Gobierno del Distrito Federal el Lic. Juan José García Ochoa señaló que “Es importante reformar la ley respecto a la reparación del daño a víctimas del Distrito Federal, y agregó que hay un compromiso de legislar en la creación de un fondo, para la reparación del daño a víctimas de violaciones de derechos humanos”, esto al participar en el foro sobre “Reparación del Daño causado por violaciones a derechos humanos”, celebrado en la Comisión de Derechos Humanos local. Por ello, la presente Iniciativa pretende expedir la Ley de Reparación del Daño Causado por Violaciones a los Derechos Humanos para el Distrito Federal, estableciendo primeramente los conceptos y las diversas formas de reparar el daño a las víctimas de violaciones a Derechos Humanos, de acuerdo con los estándares internacionales; asimismo se establecerá que independientemente del proceso penal o administrativo que se le finque al servidor público titular de alguna dependencia que haya cometido violaciones a los derechos humanos, el Estado reparara el daño bajo mandato jurisdiccional o la determinación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. De igual manera, el presente proyecto de Decreto crea el Fondo para víctimas de violaciones a derechos humanos, con la finalidad de brindar en todo momento una reparación integral a las víctimas de las violaciones, se establecen los mecanismos de acceso a este fondo. Con esta Iniciativa, daremos un gran paso en el reconocimiento del derecho de las víctimas a que sea reparado el daño. La satisfacción de que incluiremos en la ley el reconocimiento del daño, la aceptación de responsabilidad, el pedir perdón y el que haya justicia. La compensación e indemnización monetaria por los daños físico y moral sufridos, las oportunidades y los proyectos de vida truncados, resarcir, restituir o restablecer trabajos, pensiones, estado legal, propiedades o reputación. Los culpables directos de las violaciones a los Derechos Humanos deben ser penalmente castigados, la reparación no suple al castigo penal, es complementaria.

Por todo lo anterior, someto al pleno de esta soberanía la siguiente:

INICIATIVA DE LEY DE REPARACIÓN DEL DAÑO CAUSADO POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley de Reparación del Daño causado por violaciones a los Derechos Humanos del Distrito Federal:

Capítulo I Disposiciones Generales

Artículo 1º.. La presente ley es de orden público, de interés social y de observancia en todo el Distrito Federal, y tiene por objeto la íntegra reparación del daño a las víctimas por violaciones a sus derechos humanos. Artículo 2º. Para efectos de la presente ley, se entenderá por:

I. Asamblea Legislativa: La Asamblea Legislativa del Distrito Federal II. Comisión: La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal III. Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos IV. Jefe de Gobierno: El Jefe de Gobierno del Distrito Federa V. Reparación integral: La Reparación Integral del daño causado a las víctimas

por violaciones a los derechos humanos. Artículo 3º. En la aplicación de las disposiciones en materia de derechos humanos, las autoridades del Distrito Federal favorecerán en todo momento a la protección más amplia de las personas. Artículo 4º. Se entenderá que una persona fue violentada en sus derechos humanos cuando derivado de la presentación de una queja ante la Comisión, ésta emita resolución que determine las violaciones, así como la recomendación respectiva. Artículo 5º. La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica, conforme a lo siguiente: I. La restitución busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del hecho punible o a la violación de sus derechos humanos; II. La rehabilitación busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa de las violaciones de derechos humanos; III. La indemnización ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los

perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la violación de derechos humanos; IV. La satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas; V. Las garantías de no repetición buscan que la violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir. VI. Para los efectos de la presente Ley, la reparación colectiva se entenderá como un derecho del que son titulares los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hayan sido afectadas por la violación de los derechos individuales de los miembros de los colectivos, o cuando el daño comporte un impacto colectivo. Las medidas colectivas que deberán implementarse tenderán al reconocimiento y dignificación de los sujetos colectivos victimizados; la reconstrucción del proyecto de vida colectivo, y el tejido social y cultural; la recuperación psicosocial de las poblaciones y grupos afectados y la promoción de la reconciliación y la cultura de la protección y promoción de los derechos humanos en las comunidades y colectivos afectados. Las medidas de restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición contempladas en esta Ley proceden, según sea el caso, tanto para las víctimas que individualmente han sufrido la lesión de sus bienes jurídicos o de sus derechos humanos como para las víctimas que han sufrido colectivamente esas lesiones. Artículo 6º. La restitución de los derechos humanos afectados estará orientada a la reconstrucción del tejido social y cultural colectivo que reconozca la afectación en la capacidad institucional de garantizar el goce, la protección y la promoción de los derechos en las comunidades, grupos y pueblos afectados. Artículo 7º. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia de las violaciones de derechos humanos, a efecto de obtener: I. El restablecimiento de las cosas en el estado en que se encontraban antes de cometerse la violación a alguno o algunos de los derechos humanos; II. La restitución de todos los bienes o valores de su propiedad que hayan sido incautados o recuperados por las autoridades incluyendo sus frutos y accesorios, si no fuese posible, el pago de su valor actualizado. Si se trata de bienes fungibles, el juez podrá condenar a la entrega de un objeto igual al que fuese materia de delito sin necesidad de recurrir a prueba pericial; III. La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con derecho a la reparación integral. Se entiende por daño moral, aquellos efectos nocivos de los hechos del caso que no tienen carácter económico o patrimonial y no pueden ser tasados, por ende, en términos monetarios. El daño moral comprende tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas y a sus allegados, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y toda perturbación que no sea susceptible de medición pecuniaria. En los casos en los

que el delito constituye una violación grave a los derechos humanos, se presumirá el daño moral de la víctima; IV. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados; V. El pago de salarios o percepciones correspondientes, cuando por lesiones se cause incapacidad para trabajar en oficio, arte o profesión; VI. En casos de delitos o violaciones graves a derechos humanos al pago de los gastos y costas judiciales del asesor jurídico cuando éste sea privado; VII. El pago de los tratamientos médicos que, como consecuencia de la violación a los derechos humanos, sean necesarios para la recuperación de la salud psíquica y física de la víctima, así como los gastos de transporte, alojamiento o alimentación que le ocasione trasladarse al lugar del juicio si la víctima reside en Estado distinto al Distrito Federal. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante.

CAPÍTULO II Medidas de Restitución, Rehabilitación, Indemnización, Satisfacción y

Garantías de no repetición.

Artículo 8º. Las víctimas tendrán derecho a la restitución, de ser posible, en sus derechos conculcados, así como en sus bienes y propiedades, si hubieren sido despojadas, en cualquier forma, de ellos. Artículo 9º. Las medidas de restitución comprenden, según corresponda: I. Restablecimiento de la libertad, en caso de secuestro, encarcelación ilegal o desaparición forzada; II. Restablecimiento de los derechos jurídicos; III. Restablecimiento de la identidad; IV. Restablecimiento de la vida y unidad familiar; V. Restablecimiento de la ciudadanía y de los derechos políticos; VI. Regreso digno y seguro al lugar de residencia; VII. Reintegración en el empleo, y VIII. Devolución de los bienes garantizando su efectivo y pleno uso y disfrute. En los casos en donde la víctima ha sufrido una condena ilegítima, la restitución comprende, además de la libertad en los términos que lo establezcan las autoridades competentes, la eliminación en los registros de los respectivos antecedentes penales. Articulo 10º. Las medidas de rehabilitación incluyen, entre otras, las siguientes: I. Atención médica, psicológica y psiquiátrica especializadas; II. Servicios y asesoría jurídicos tendientes a cualificar el ejercicio de los derechos de las víctimas y a garantizar su disfrute pleno y tranquilo;

III. Servicios sociales orientados a garantizar el pleno restablecimiento de los derechos de la víctima en su condición de persona y ciudadana; IV. Programas de educación orientados a la capacitación y formación de las víctimas con el fin de garantizar su pleno reintegro a la sociedad y la realización de su proyecto de vida; V. Programas de capacitación laboral orientados a lograr el pleno reintegro de la víctima a la sociedad y la realización de su proyecto de vida; y VI. Todas aquellas medidas tendientes a reintegrar a la víctima a la sociedad, incluido su grupo, o comunidad. Cuando se otorguen medidas de rehabilitación se dará un trato especial a los niños y niñas víctimas y a los hijos de las víctimas y a adultos mayores dependientes de éstas. Artículo 11. La indemnización se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos, incluyendo el error judicial. Estos perjuicios, sufrimientos y pérdidas incluirán, entre otros: I. El daño físico o mental; II. La pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; III. Los daños materiales, incluidos los daños permanentes y la pérdida de ingresos; IV. Los perjuicios morales y los daños causados a la dignidad de la víctima, y V. Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales. Artículo 12. Las medidas de satisfacción comprenden, entre otras: I. La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o para impedir que se produzcan nuevos delitos o nuevas violaciones de derechos humanos; II. La búsqueda de las personas desaparecidas y de los cuerpos u osamentas de las personas asesinadas, así como la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad; III. Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella; IV. Una disculpa pública de parte del Estado, los autores y otras personas involucradas en el hecho punible o en la violación de los derechos, que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades; V. La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones de derechos humanos;

VI. La realización de actos que conmemoren el honor, la dignidad, el sufrimiento y la humanidad de las víctimas, tanto vivas como muertas, así como el sufrimiento de las comunidades y la sociedad en general, y VII. La inclusión de un relato preciso de las violaciones de derechos cometidas y del contexto en el cual se produjeron en los textos o programas de enseñanza de las normas internacionales de derechos humanos, así como en el material didáctico a todos los niveles. Artículo 13. Las garantías de no repetición comprenden, entre otras, las siguientes medidas: I. El ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles de las fuerzas de seguridad; II. La garantía de que todos los procedimientos penales y administrativos se ajusten a las disposiciones legales aplicables, así como a los principios de independencia e imparcialidad de las autoridades judiciales y a las garantías del debido proceso; III. El fortalecimiento de la independencia de la función judicial en el Distrito Federal; IV. La limitación en la participación en el gobierno y en las instituciones políticas de los dirigentes políticos que hayan planeado, instigado, ordenado o cometido graves violaciones de los derechos humanos; la exclusión en la participación en el gobierno o en las fuerzas de seguridad declarados responsables de planear, instigar, ordenar o cometer graves violaciones de los derechos humanos; V. La protección de los profesionales del derecho, la salud y la información; VI. La protección de los defensores de los derechos humanos; VII. La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los sectores de la sociedad respecto de los derechos humanos y la capacitación en esta materia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de las fuerzas de seguridad; VIII. La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular los definidos en normas internacionales de derechos humanos y de protección a los derechos humanos, por los funcionarios públicos incluido los de seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios de información, el personal de servicios médicos, psicológicos y sociales, además del personal de empresas comerciales; IX. La promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver por medios pacíficos los conflictos sociales, y X. La revisión y reforma de las leyes, normas u ordenamientos legales que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las permitan. Artículo 14. En el caso de reparación integral del daño por violaciones a los derechos humanos la sola resolución dictada por el órgano jurisdiccional competente o por la Comisión o bien el organismo internacional de protección de derechos humanos al que México le reconozca competencia cuando se trate de violaciones de derechos humanos no tipificadas como delitos, será suficiente para

que la autoridad competente o el responsable proceda al pago o reparación del daño integral en especie que dicho órgano determine. Para tal efecto, la autoridad que sea culpable o señalada como responsable de las violaciones a los derechos humanos del ciudadano quejoso, podrá aceptar o aceptar parcialmente la o las recomendaciones emitidas por la Comisión. De las recomendaciones que no sean aceptadas o en su caso las que sean aceptadas parcialmente, se podrá solicitar su ejecución total ante la autoridad jurisdiccional en los términos señalados en la presente Ley. La emisión de la recomendación no prejuzga sobre la procedencia de las prestaciones que se reclamen como reparación integral del daño causado por violaciones a los derechos humanos en la vía jurisdiccional o contenciosa. La resolución de la autoridad jurisdiccional o sentencia que resuelva el juicio respectivo, será dictada atendiendo a la Constitución, los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos de los que sea parte el Estado Mexicano, las Leyes del Distrito Federal, la experiencia y la sana razón, así como a los Principios Generales del Derecho.

CAPÍTULO III DE LA PREVISIÓN PRESUPUESTAL.

Artículo 15.- En el proyecto de presupuesto de egresos que remita el Jefe de Gobierno a la Asamblea Legislativa, se incluirá el monto de la partida presupuestal que deberá destinarse expresamente para cubrir las erogaciones derivadas de reparación integral de los entes públicos. En la fijación de los montos de las partidas presupuestales, deberán preverse aquellas que no hayan podido ser pagadas en el ejercicio inmediato anterior. Artículo 16.- El monto que se fije en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal destinado al concepto de reparación integral de los Entes Públicos, deberá ajustarse anualmente en una proporción igual al incremento promedio que se registre en dichos presupuestos, salvo que exista una propuesta justificada de modificación presupuestal diferente a la regla general antes prevista. Artículo 17.- Los aspectos de reparación integral de los Entes Públicos que tengan relación con el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, se regirán conforme a las disposiciones conducentes del Código Fiscal. Artículo 18- La Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaría de Finanzas, en los términos del Código Fiscal, conjuntamente con la Contraloría General del Distrito Federal, podrá autorizar el traspaso de los montos presupuestales asignados a las diferentes dependencias o entidades de la administración pública para reparación integral, cuando por la naturaleza de la actividad administrativa de las mismas sea pertinente y se justifique ante las autoridades competentes.

En el caso de las entidades de la administración pública y de los órganos autónomos, los traspasos correspondientes deberán ser aprobados por los órganos de gobierno respectivos. Artículo 19.- Las reclamaciones de indemnización por reparación integral de los Entes Públicos notoriamente improcedentes se desecharán de plano. La autoridad que haya tenido conocimiento de una reclamación en la que se advierta alguna violación a los derechos humanos, tendrá la obligación de hacerlo del conocimiento del Ministerio Público, incluyendo a quienes hayan coadyuvado, asistido, participado o simulado la producción de daños con el propósito de acreditar LA REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO CAUSADO indebidamente la reparación integral de los Entes Públicos o de obtener alguna de las indemnizaciones a que se refiere la presente ley. Artículo 20.- A falta de disposición expresa en esta ley, se aplicarán supletoriamente las disposiciones contenidas en la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Distrito Federal, Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; el Código Fiscal; el Código Civil para el Distrito Federal y los principios generales del Derecho.

CAPÍTULO IV DE POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS.

Artículo 21.- Las medidas de Restitución, Rehabilitación, Indemnización, Satisfacción y Garantías de no Repetición deberán ser satisfechas como sea indicado en la resolución que así lo determine. La indemnización deberá pagarse en moneda nacional de acuerdo a las modalidades que establece esta ley, sin perjuicio de que pueda convenirse con el interesado su pago en especie o en parcialidades cuando no afecte el interés público. Artículo 22. Las medidas de rehabilitación se buscará sean atendidas en Instituciones Oficiales, pero si esto no fuera posible, el costo que representen las mismas, correrá a cargo de la autoridad respectiva. Artículo 23. La ejecución en las medidas de restitución, deberán ser inmediatas y no podrá iniciarse su ejecución en un plazo mayor a 30 días de aceptada o aceptada parcialmente la recomendación o de notificada la resolución jurisdiccional definitiva y que haya causado ejecutoria o estado. La ejecución de las medidas de satisfacción y garantías de no repetición se llevará a cabo en atención a la lógica, la razón y el derecho, por lo que la Comisión o su caso la autoridad jurisdiccional, tendrán libertad para señalar el plazo máximo de inicio de la ejecución de las medidas correspondientes.

Artículo 24.- En los casos en que la autoridad administrativa o la jurisdiccional determinen con los elementos que hayan tenido a la vista en los respectivos procedimientos, que la actuación de los Entes Públicos causantes a las violaciones a los derechos humanos, hubiesen sido irregulares de acuerdo a los estándares promedio de funcionamiento de la actividad administrativa de que se trate; o bien, si la actuación del servidor público resulta manifiestamente deficiente o ilegal, las medidas a las que se refiere el presente capítulo, deberán corresponder a las previstas como reparación integral. Las indemnizaciones comprenderán el pago del daño emergente, lucro cesante o perjuicio, resarcimiento por daño personal y moral, según los resultados de la actividad administrativa irregular y el daño producido a los bienes o derechos del particular. Artículo 25.- La procedencia de la indemnización por daños y perjuicios materiales se sujetará a lo establecido en esta Ley y será directamente proporcional al daño causado a los derechos humanos de los particulares y conforme a las bases y límites de la Ley. Artículo 26.- Los montos de las indemnizaciones se calcularán de la siguiente forma: I. En el caso de daños emergentes, lucro cesante, daños personales o muerte, la autoridad administrativa o jurisdiccional según sea el caso, calculará el monto de la indemnización de acuerdo al daño causado al bien o derecho del particular afectado, y II. En caso de daño moral, la autoridad administrativa o jurisdiccional, en su caso, calculará el monto de la indemnización de acuerdo a los criterios establecidos por el Código Civil para el Distrito Federal, tomando igualmente en consideración la magnitud del daño. La indemnización por daño moral que el Ente Público esté obligado a cubrir, no excederá del equivalente a 10,000 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, por cada reclamante afectado. Para el cálculo de los montos de las indemnizaciones a que se refieren las fracciones anteriores, las autoridades tomarán también en cuenta el nivel de ingreso familiar del afectado, en caso de muerte de éste. Artículo 27.- La cuantificación de la indemnización se calculará de la fecha en que sucedieron las violaciones a la fecha en que hayan cesado éstos cuando sean de carácter continuo, sin perjuicio de la actualización de los valores al tiempo de su efectivo pago, de conformidad con el Código Fiscal. Artículo 28.- A las indemnizaciones deberán sumarse en su caso, y según la cantidad que resulte mayor, los intereses por demora que establece el Código

Fiscal en materia de devolución morosa de pagos indebidos, o pago del interés legal que determina el Código Civil para el Distrito Federal.+ Los términos para el cómputo de los intereses empezarán a correr 30 días después de que quede firme la resolución administrativa o jurisdiccional, según sea el caso, que ponga fin al procedimiento en forma definitiva. Artículo 29.- Los entes públicos podrán contratar un seguro por reparación integral a efecto de hacer frente a las reclamaciones por violaciones a derechos humanos, la cual preferentemente se hará a través de la Secretaría de Finanzas a efecto de eficientar su contratación. Las indemnizaciones deberán cubrirse en su totalidad de conformidad con los términos y condiciones dispuestos por esta Ley y a las que ella remita. En los casos de haberse celebrado contrato de seguro por reparación integral del ente Público, ante la eventual producción de daños y perjuicios que sean consecuencia de la o las violaciones a los derechos humanos por parte de los Entes Públicos, la suma asegurada se destinará a cubrir el monto equivalente a la reparación integral o de equidad debida, según sea el caso. De ser ésta insuficiente, el Ente Público continuará obligado a resarcir la diferencia respectiva. El pago de cantidades líquidas por concepto de deducible corresponde al Ente Público y no podrá disminuirse de la indemnización. Artículo 30.- Las resoluciones o sentencias firmes deberán registrarse por el ente responsable, ante la Secretaría de Finanzas, misma que deberá llevar un registro de indemnizaciones debidas por reparación integral que será de consulta pública. De igual forma las resoluciones deberán ser remitidas a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a fin de que sea garante de la ejecución de todas y cada una de las medidas de Restitución, Rehabilitación, Indemnización, Satisfacción y Garantías de no Repetición, que deba observar la autoridad respectiva. La Secretaría o el ente público responsable según corresponda deberá realizar el pago de las indemnizaciones en un plazo no mayor a 30 días hábiles posteriores a la fecha de emisión de las resoluciones o sentencias firmes, y solo que existan razones justificadas previa opinión de la Contraloría General, podrá ampliarse por 15 días hábiles más por una sola vez, sin que ello implique la generación de interés o cargo adicional alguno. Para el caso de que sean aceptadas las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, o la aceptación parcial haga referencia al pago de la indemnización, el mismo podrá ser convenido entre la autoridad respectiva y quien deba recibir dicho pago. Para el pago de las indemnizaciones a que se refiere el presente capítulo, se crea el Fondo para el Pago de la Indemnizaciones para Reparación Integral de los entes públicos. La Asamblea Legislativa determinará el monto que se asignará al

fondo a través del Decreto de Presupuesto de Egresos correspondiente, a propuesta del Jefe de Gobierno que se incluirá en el proyecto respectivo y cuya asignación no podrá ser menor al 0.5% de los ingresos propios del Gobierno del Distrito Federal. Los recursos del Fondo serán administrados y operados por la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal. Sólo para el caso de que no hubieren sido utilizados todos los recursos del fondo referido, el porcentaje de asignación en el ejercicio fiscal siguiente podrá ser menor al señalado en el párrafo anterior, Artículo 31.- La Contraloría llevará un Registro de Condenas Reparatorias en el cual serán registradas las recomendaciones, resoluciones o sentencias definitivas por medio de las cuales se condene a las dependencias, órganos desconcentrados, entidades de la administración pública del Distrito Federal y a los órganos político-administrativos del Distrito Federal al pago de la reparación integral del daño. La Secretaría de Finanzas, deberá de remitir a la Contraloría, en un plazo máximo de cinco días hábiles, los pagos de indemnización que se hayan hecho a los particulares, los cuales deberán ser incluidos en el Registro. Los órganos autónomos, deberán llevar registros propios a efecto de implementar mecanismos que prevengan las violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos. En cualquier caso, los Registros previstos por el presente artículo deberán ser publicados en los respectivos portales de Internet de los entes públicos obligados.

CAPÍTULO V DEL PROCEDIMIENTO.

Artículo 32.- Los procedimientos de reparación integral del daño por violaciones a derechos humanos se iniciarán por reclamación de la parte interesada. La parte interesada deberá describir puntualmente los hechos causantes de las violaciones producidas y señalar la cuantía de la indemnización pretendida. La recomendación emitida y que manifieste que han sido violados los derechos humanos, así como el documento con el que se acredite la no aceptación o aceptación parcial de la recomendación, serán documento base de la acción del presente procedimiento contencioso. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, será el que conozca del juicio de nulidad por no aceptación o aceptación parcial de recomendación y deberá suplir en todo momento la deficiencia de los escritos iniciales de demanda. El derecho de acción regulado en la presente Ley no prescribirá.

Artículo 33.- La parte interesada podrá presentar indistintamente su reclamación, ante el ente público presuntamente responsable, según sea el caso, o bien, ante la Contraloría General del Distrito Federal. En caso de que la parte interesada ingrese su reclamación ante un ente público que no sea el responsable de la presunta violación a los derechos humanos, éste tendrá la obligación de remitirla en un término no mayor de 3 días hábiles al ente público competente, por lo que el término de substanciación empezará a correr a partir de que la autoridad competente lo reciba. Artículo 34.- Las reclamaciones por reparación integral que se presenten ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, o bien que deriven del conocimiento de una queja o denuncia ante dicho organismo, deberán ser turnadas a las dependencias, entidades de la administración pública, órgano autónomo u órgano local de gobierno, presuntamente relacionadas con la producción de las violaciones a los derechos humanos. Artículo 35.- El procedimiento de reparación integral deberá ajustarse, además de lo dispuesto por esta ley, a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal, Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, Código Fiscal en la vía administrativa, Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en la vía jurisdiccional. Asimismo en lo que respecta a la substanciación del procedimiento de reparación integral, en el ofrecimiento, desahogo y valoración de pruebas, en lo no previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal se deberá aplicar de manera supletoria el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Artículo 36.- La nulidad o anulabilidad de actos administrativos por la vía administrativa o por la vía jurisdiccional contencioso-administrativa no presupone por sí misma derecho a la reparación integral. Artículo 37 Las violaciones a los derechos humanos que sean consecuencia de la actividad administrativa irregular deberán acreditarse ante las instancias competentes, tomando en consideración los siguientes criterios: I. En los casos en que la causa o causas productoras de las violaciones sean claramente identificables, la relación causa-efecto entre el daño y la acción administrativa violatoria imputable a los Entes Públicos, deberá probarse fehacientemente, y II. En su defecto, la causalidad única o concurrencia de hechos y condiciones causales, así como la participación de otros agentes en la generación de las violaciones reclamadas, deberá probarse a través de la identificación precisa de los hechos relevantes para la producción del resultado final, mediante el examen riguroso tanto de las cadenas causales autónomas o dependientes entre sí, como

las posibles interferencias originales o sobrevenidas que hayan podido atenuar o agravar la lesión patrimonial reclamada. Artículo 38.- La reparación integral de los Entes Públicos deberá probarla el reclamante que considere violados sus derechos humanos, por no tener la obligación jurídica de soportarlo. Por su parte, al Ente Público le corresponderá probar, en su caso, la participación de terceros o del propio reclamante en la producción de las violaciones irrogado al mismo; que las violaciones no son consecuencia de la actividad de los Entes Públicos; que las violaciones derivan de hechos y circunstancias imprevisibles o inevitables según los conocimientos de la ciencia o de la técnica existente en el momento de su acaecimiento, o bien, la existencia de la fuerza mayor o caso fortuito que lo exonera de reparación integral o de parte de la reparación integral. Artículo 39.- Las resoluciones o sentencias que se dicten con motivo de los reclamos que prevé la presente ley, deberán contener entre otros elementos, el relativo a la existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público o actividad administrativa y las violaciones producidas y, en su caso, la valoración de las violaciones causadas, así como el las diversas formas de reparación del daño y monto en dinero o en especie de la indemnización, explicitando los criterios utilizados para su cuantificación. Artículo 40.- Las resoluciones de la autoridad administrativa que no acepten o acepten parcialmente las recomendaciones y por lo tanto nieguen la reparación integral, podrán impugnarse mediante recurso de inconformidad en la vía administrativa, o bien, mediante juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Artículo 41.- Cuando de las actuaciones, documentos e informes del procedimiento, el órgano de conocimiento considere que son inequívocas la relación de causalidad entre las violaciones y la actividad administrativa violatoria de los Entes Públicos, la valoración de la reparación integral y el cálculo de la cuantía de la indemnización, podrá acordar de oficio o a petición de parte interesada, un procedimiento abreviado en los siguientes términos: I. Se podrá iniciar antes de la verificación de la audiencia a que se refiere el artículo 57 o correlativo de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; II. Se concederá un plazo de cinco días hábiles al interesado para que ofrezca pruebas, tales como la: documental, instrumental, pericial, reconocimiento e inspección judicial, fotografía, videograbación y las demás que se establezcan en las disposiciones que resulten aplicables; a partir del acuerdo que determine el inicio de dicho procedimiento, tiempo durante el cual las partes, podrán también dar por terminado el procedimiento mediante convenio, y III. Una vez recibidas las pruebas, se desahogarán éstas y las ofrecidas con antelación, dentro de los cinco días hábiles siguientes, y la autoridad deberá emitir la resolución o sentencia en un lapso no mayor a cinco días hábiles, después de concluida aquella, en la que se determinará la relación de causalidad entre la

actividad administrativa irregular de los Entes Públicos y las violaciones producidas; la valoración de las violaciones causadas y la cuantía y forma de la reparación integral, considerando los criterios previstos en la presente Ley. Artículo 42.- El derecho a reclamar la reparación integral del daño por violaciones a los derechos humanos no prescribirá. Artículo 43.- Los reclamantes afectados podrán celebrar convenio con las dependencias, entidades de la administración pública, órganos autónomos u órganos locales de gobierno del Distrito Federal, a fin de dar por concluida la controversia, mediante la fijación, forma y pago de la reparación integral del daño causado por violaciones a los derechos humanos que las partes acuerden. Para la validez de dicho convenio se requerirá, según sea el caso, la aprobación por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, quien actuará como garante de la reparación integral.

CAPÍTULO VI DE LA CONCURRENCIA

Artículo 44.- En caso de concurrencia acreditada, los costos de la reparación integral deberán distribuirse proporcionalmente entre todos los causantes de las violaciones a los derechos humanos reclamados, de acuerdo a su respectiva participación. Para los efectos de la misma distribución, las autoridades administrativas o jurisdiccionales tomarán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios de imputación, mismos que deberán guardarse y aplicarse de acuerdo a cada caso concreto: I. A cada Ente Público deben atribuírsele las violaciones que provengan de su propia organización y operación. A los Entes de los cuales dependan otro u otros Entes, sólo se les atribuirán las violaciones cuando los segundos no hayan podido actuar en forma autónoma. A los Entes que tengan la obligación de vigilancia respecto de otros, sólo se les atribuirán las violaciones cuando de ellos dependiera el control y supervisión total de los entes vigilados; II. Cada Ente Público responderá por las violaciones a derechos humanos que hayan ocasionado los servidores públicos que les están adscritos; III. El Ente Público que tenga la titularidad competencial o la del servicio público y que con su actividad haya producido violaciones a los derechos humanos, responderá de los mismos, sea por prestación directa o con colaboración interorgánica; IV. El Ente Público que haya proyectado obras que hayan sido ejecutadas por otro, responderá de los hechos o actos dañosos causados, cuando los segundos no hayan tenido el derecho de modificar el proyecto, por cuya causa se generó la violación reclamada. Por su parte, los Entes ejecutores responderán de los hechos producidos, cuando éstos no hubieran tenido como origen deficiencias en el proyecto elaborado por otro Ente, y V. Cuando en las violaciones a los derechos humanos concurra la intervención de la autoridad federal y la local, la primera deberá responder del pago de la

indemnización en forma proporcional a su respectiva participación, quedando la parte correspondiente del Distrito Federal a lo que dispone esta Ley. Artículo 45.- En el supuesto de que el reclamante se encuentre entre los causantes de las violaciones cuya reparación solicita, la proporción cuantitativa de su participación en el daño y perjuicio causado se deducirá. Artículo 46.- En el supuesto de que entre los causantes de las violaciones reclamadas no se pueda identificar su exacta participación en la producción de la misma, se establecerá entre ellos una reparación solidaria frente al reclamante, debiéndose distribuir el costo de la reparación integral en partes iguales entre todos los cocausantes.

TRANSITORIOS Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Segundo.- Se derogan todas las disposiciones contrarias a la presente Ley. Tercero.- A partir de la publicación del presente Decreto, el Jefe de Gobierno, gozará de 120 días para la asignación presupuestal correspondiente para el pago de la reparación integral. Cuarto.- En el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2013 se deberán de contemplar los recursos presupuestales suficientes. Quinto.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.

Recinto Legislativo, a los 11 días del mes de octubre de 2012.

SIGNA LA SIGUIENTE INICIATIVA, LOS DIPUTADOS:

FEDERICO DÖRING CASAR JESÚS SESMA SUÁREZ

LAURA BALLESTEROS MANCILLA