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proceso de amparo demanda la reposición o restitución asu centro de trabajo. pretensión contra la cual la UniversidadNacional de Cajamarca excepciona la falta de agotamientode la vía administrativa y contestan la demanda negándolay contradiciéndola en los términos expuestos en susescritos de fajas cuarenta y cinco a cuarenta y nueve.

Tercero.- Que. en relación a la excepción deducida. lasentencia dictada por el a-qua, hace mención en su segundoconsiderando sobre la excepción de falta de agotamiento de lavía administrativa, en donde se precisa, conforme han sidoexpuestos los hechos, pues la acción de amparo busca asegurarel goce de un derecho violado. de manera eficaz, eficiente yoportuna, por lo que no se hace necesario agotar la vía previa,en consecuencia dicha excepción debe ser desestimada.

Cuarto.- Que, estando a las resoluciones emanadas por elSupremo intérprete de la Constitución, especifícamente en lasentencia del Tribunal número 0206-2005-PA- publicada en elDiario Oficial El Peruano el día veintidós de diciembre del dos milcinco. y en ei marco de su función de ordenación y pacificaciónque le es inherente, y en la búsqueda del perfeccionamiento delproceso de amparo, ha precisado con carácter vinculante. loscriterios de procedibilidad de las demandas de amparo enmateria laboral del régimen privado y público.

Quinto.- Que, en atención a la reiterada jurisprudenciaemitida por el Tribunal Constitucional y conforme a loscriterios de procedencia establecidos en los fundamentoscinco. seis y siete de la citada sentencia, que constituyenprecedente vinculante, y en concordancia con lo dispuestoen el artículos VII del Título Preliminar y artículo quinto,inciso seguncio del Código Procesal Constitucional. sedetermina que para casos como el presente, la pretensiónde la parte demandante resulta improcedente por existiruna vía procedimental específica, igualmente satisfactoriapara la protección de los derechos constitucionalessupuestamente vulnerados, siendo que dicho órganoconstitucional ha establecido que por ser el asuntocontrovertido materia del régimen laboral público, sean losjueces de dicha materia, los que deben adecuar talesdemandas, observando los criterios sustantivos en materiade derechos constitucionales que el Tribunal Constitucionalha consagrado en su jurisprudencia para estos casos,(Fundamentos veintiuno. veintidós y veintitrés de la STC Nº0206-2005-P AlTC).

Sexto.- Que. asimismo. este colegiado considera que enel presente proceso existen hechos controvertidosrelacionados con las pretensiones del demandante, noaceptadas por las demandadas. que hacen necesario laactuación de medios probatorios a fin de poder determinarla veracidad. falsedad o la adecuada calificación de lasimputaciones hechas por el actor, lo que evidentemente nopuede dilucidarse a través del proceso de amparo existiendouna via procedimental específica, igualmente satisfactoriapara la pretensión de los derechos constitucionalessupuestamente vulnerados.

Por estas consideraciones, y en atención a lajurisprudencia vinculante referida; CONFIRMARON lademanda en todos sus extremos. al declarar improcedentela Excepción deducida por la Universidad Nacional deCajamarca; IMPROCEDENTE la demanda y con lo demásque contiene; en los seguidos por Segundo HuaripataCasas con la Universidad Nacional de Cajamarca sobreproceso de amparo. ORDENARON la remisión delexpediente a su juzgado de origen para que proceda a suadecuación al proceso contencioso administrativo;MANDARON que consentida y/o ejecutoriada que sea lapresente se publique en el Diario Oficial El Peruano por elplazo legal, y lo devolvieron; Se deja constancia que lapresente sale con dos firmas. al haber firmado el proyectoel señor Moreno Zalaveta, de conformidad con lo dispuestoPOi el articulo 149º de la Ley Orgánica del Poder Judicial;Ponente: Albán Rivas.

SS.

ALBAN RIVASMORENO ZAVALETA.LEON GARCIA.

W-17663

PROCESO DE HÁBEAS CORPUSTERCERA SALA ESPECIALIZADA EN LO PENAL

PARA PROCESOS CON REOS LIBRESCORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

HÁBEAS CORPUS N2 33-07

Lima, siete de junio del dos mil siete.

VISTOS: Interviniendo como ponente el señor VocalJerí Cisneros; oído los informes orales conforme dejaconstancia Relataría a fajas setecientos cincuenta y siete.

ASUNTO:

Es materi? de grado la apelación interpuesta por MARíAJANINE LEON PIZARRO [Fiscal Provincial Titular de laDécima Octava Fiscalía Provincial Penal de Lima] y por elProcurador Público a cargo de ios Asuntos Judiciales delMinisterio Público contra la sentencia de fajas seiscientoscuarenta y seis. su fecha ocho de mayo del dos mil siete, queFALLA: DECLARANDO FUNDADA la demanda de HábeasCorpus interpuesta por Rocío DEL PILAR SALCEDOMACHADO a favor de CLEBER ROCHA VIEIRA contraMARíA JANINE LEÓN PIZARRO, Fiscal Provincial Titular dela Décima Octava Fiscalía Provincial Penal de Lima; por lasupuesta amenaza a la libertad individual, en vulneración delos Derechos Constitucionales conexós, Tutela JurisdiccionalEfectiva, Debido Proceso, Principio de Legalidad MaterialPenal y al Derecho de obtención de resolución jurisdiccionalmotivada en derecho; en consecuencia se declara NULA laresolución de fecha veintidós de enero del dos mil siete.mediante la cual la Décima Octava Fiscalía Provincial Penalde Lima formalizó denuncia penal contra CLEBER ROCHAVIEIRA; asimismo. NULA la investigación preliminar seguidaante la División de la Policía del Ministerio Público; yreponiendo las cosas al estado anterior a la violación oamenaza de los derechos constitucionales, se ordena seREMITA la denuncia de parte a la mesa única de partes delMinisterio Público para que siga su trámite ordinario y contodas las garantías constitucionales; y pueda el beneficiarioejercer su derecho de defensa y obtener una nuevainvestigación y decisión fiscal apegada a la Constitución.

ANTECEDENTES:

1. La accionante inicia el proceso constitucional deHábeas Corpus contra la demandada, imputándosele quese han vulnerado el debido proceso y la tutela procesalefectiva en agravio de Cléber Rocha Vieira, por los siguienteshechos:

a. La investigación preliminar fue realizada por unaunidad policial no competente [División de Policía delMinisterio Público] para asumir de manera directa unainvestigación, la que llevó a cabo pese no contar con laautorización del Ministerio Público que así lo ordenase,afectándose lo dispuesto por la Ley Nº 27934. Se señalaque la denuncia de parte fue presentada directamente antedicho órgano no competente, división policial que actuó sinexistir comunicación con el Ministerio Público. o mandatoprevio a éste de irregular avocamiento. en evidentedesviación de trámite ordinario.

b. La investigación preliminar se llevó a cabo pese alcuestionamiento de la competencia de la división de policíadel Ministerio Público. no existiendo intención de lademandada a retomar la investigación en su condición detitular de la acción penal. con apartamiento del grupopolicial del mismo al encontrarse parcializado. omisión quehabría afectado el contenido del dictamen fiscalcuestionado.

c. Omisión en la individualización del hecho en que seconcreta la imputación y calificación del delito que seatribuye, omitiendo incluso la individualización de pruebasque sustenta la imputación. Sostiene que es arbitraria ladescripción impersonal izada de los delitos imputados.asumiéndose hechos genéricos que son expuestos sinindividualizar la participación que tendrJa ei beneficiario,siendo ésta circunstancia Iimitadora del ejercicio del derechoa la defensa.

d. Otorgamiento de valor de prueba a las afirmacionessubjetivas efectuadas por los denunciantes que impulsarona la división de policía del Ministerio Público a iniciar lainvestigación. Sostiene que la demandada no requirió lapresentación de documentación pertinente que pudiesegenerar el esclarecimiento del caso investigado, por lo queobró sin contar con las pruebas necesarias.

e. La denuncia formalizada por la demandada exponehechos manifiestamente atípicos, violando de esa manerael contenido esencial del derecho a la tutela procesalefectiva del beneficiario al haberse expuesto la motivaciónaparente de la tipicidad. hecho que incluso constituyeafectación del príncipio de legalidad material

f. El accionante ampara su proceso en lo narmado porlos artículos 11.1 de la Declaración Universal de los DerechosHumanos. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles yPolíticos, XXVI de la Declaración Americana de los Derechosy Deberes del Hombre, 8 del Pacto de San José de CostaRica; en lo dispuesto por el artículo 200.1 de la Constitución,artículos 1ª, 4ª Y 25ª (in fine) del Código Procesal

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Constitucional, concordado con lo señalado por el artículo139ª incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado.

2. La demandada sostiene que es falso que hayaviolado derechos constitucionales del beneficiario, ni sea atentado contra el debido proceso, pues actuó conformelo previsto por el artículo 159º incisos primero y quinto dela Constitución Política del Estado, lo previsto en elartículo 94º de la Ley Orgánica del Ministerio Público,inciso segundo y de lo previsto por extensión en el artículo77º del Código de Procedimientos Penales. Sostiene quesu actuación ha sido imparcial y con independencia decriterio, para io cual esta facultad a, en tanto en lasinvestigaciones preliminares existían los elementosprobatorios pertinentes que permiten configurar los delitosque se le atribuye al beneficiario, existiendo la fundada"presunción de la auto ría, más aún, que su reiteradanegativa de comparecer a esclarecer los hecnos Idenunciados para ejercer su derecho de defensa son de .su entera responsabilidad: Asimismo, afirma que laapelada quiebra ia independencia e interfiere en elejercicio funcional cortando un procedimiento en trámite,desconociendo la potestad de control difuso que laConstitución le ampara al Juez que ha calificado ladenuncia y que actualmente ha emitido auto deprocesamiento. De otro lado, sostiene que la función delrepresentante del Ministerio Público es ilustrativa yrequeriente, no teniendo facultades coercitivas nisancionatorias, no pudiéndose por ello atribuir violaciónal debido proceso, y, sin haberse establecido de maneracierta y de inminente realización que exista la amenazade violación contra la libertad, lo cual es la naturalezapropia del proceso de Hábeas Corpus, conforme reza elartículo 2º del Código Procesal Constitucional vigente.

3. El Aquo declara fundada la demanda de hábeascorpus, sosteniendo que se encuentra probada lavulneración a los derechos a la tutela jurisdiccional efectiva- debido proceso por desviación de trámite y avocamientoindebido, pues se encuentra en duda la imparcialidad dela parte demandada con el proceder en que incurrió alrealizarse una investigación por órgano no competente ysin dirección fiscal desde un inicio. Respecto a la afectacióndel derecho a la defensa afirma que se encuentra probadoque efectivamente la demandada formalizó denunciapenal en términos genéricos y de manera impersonalizada,limitando al beneficiario a un pleno y adecuado ejerciciode SJJ derecho a la defensa; por último, colige que seencuentra probado también que la denuncia formalizadapor la demandada carece de la necesaria motivación quesalvaguarde la configuración constitucional del principiode legalidad, al no haber especificado los elementos deltipo y el razonamiento respecto de la subsunción de lasconductas en el ilícito.

4. Notificada la resolución estimatoria del Hábeas Corpus,tanto la demandada como el señor Procurador Público acargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio Públicosustenta su apelación alegando que: a) el Fiscal no tienefacultades de dictar medidas restrictivas de libertad o dederechos conexos, por lo que su actuar no configura unaamenaza o vioiación de algún derecho tutelable por elHábeas Corpus; b) la denuncia formalizada contra elfavorecido ha sido construida sobre la base de lasinvestigaciones efectuadas a nivel de despacho de laseñora Fiscal accionada, así como de los documentosaportados a nivel policial; e) todos los denunciantes se hannegado sistemáticamente a concurrir a las diligenciasrealizadas por el Ministerio Público a través de la PolicíaEspecializada.

FUNDAMENTOS:

Preámbulo

1. Es pertinente precisar que el hábeas corpus es unproceso constitucional autónomo, en el cual el Juezconstitucional asume una función tutelar del derechofundamental a la libertad personal y de los derechosconexos a él [artículo 200, 1, de la Constitución Políticadel Perú]. En concordancia con ello, el artículo 4º delCódigo Procesal Constitucional establece que ei hábeascorpus procede cuando una resolución judicial firmevulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutelaprocesal efectiva. No obstante, desde una perspectivarestringida, el hábeas corpus se entiende vinculado,únicamente, a la protección del derecho fundamental a lalibertad personal y a un núcleo duro de derechosfundamentales que se concentran en torno a dichoderecho, tales como el derecho a la seguridad personal[a;tfculo 2, 24, de la Constitución]. a la libertad de tránsito[artículo 2, 11, de la Constitución]. y a la integridadpersonal [artículo 2, 24,h, de la Constitución].

Petitorio

2. Se cuestiona en este proceso constitucional la probableIrregularidad de la investigación preliminar en el que elbeneficiario figura en la condición de denunciado por losdelitos de Estafa, Defraudación, Falsificación deDocumentos, Falsedad Genérica, Falsedad Ideológica ySupresión, Destrucción u Ocultamiento de Documentos,Fraude Procesal, Denuncia Falsa, Desobediencia yResistencia a la Autoridad y Asociación lIícita para Delinquir;hecho que habría ocurrido al haber sido incluido en unadenuncia inmotivadamente y pese a que la investigaciónpreliminar lo realizó una unidad policial que no estabadebidamente autorizada para ello.

3. Es motivo de cuestionamiento la regularidad de lainvestigación preliminar que sirvió de sustento para que lademandada formalice la denuncia penal, al sostenerse quela División de Policía del Ministerio Público al no contar con:a resolución autoritativa del Ministerio Público para iniciar lainvestigación no estaba capacitada para efectuar indagaciónalguna, hecho que incluso lleva a plantear la falta deimparcialidad. De otro lado, se cuestiona el dictamen queformaliza la denuncia por los siguientes aspectos: a) noexiste individualización del hecho imputado al describirse demanera impersonalizada y abarcando a todos losdenunciados indistintamente, incluso omitiendo ladescripción de la participación ilícita específica que tendria;b) omisión del proceso de subsunción en la caiificación delos delitos; e) omisión en la individualización de las pruebasque sustentan la imputación; y, el) el hecho denunciado esatípico.

Antecedentes que generaron el presente proceso

4. De manera preliminar a la dilucidación de la presentecontroversia, consideramos pertinente precisar algunosaspectos en torno a los antecedentes del presente proceso:a) A fojas sesenta y nueve, obra la denuncia penai de parteinterpuesta ante el Coronel de la Policía Nacional del Perú,Jefe de la División de la Policía del Ministerio Público su fechanueve de setiembre del dos mil seis; b) A fojas doscientossetenta y cuatro, la Accionada resuelve iniciar la investigaciónpreliminar, su fecha diecinueve de diciembre del dos mil seis;e) A fojas doscientos setenta y tres, obra el oficio número

doscientos treinta y cuatro, remitido por el Jefe de la Divisiónde la Policía del Ministerio Público a la accionada, su fechaonce de setiembre del dos mil seis, mediante el cual lecomunica la denuncia de parte referida anteriormente; y d)La resolución autoritativa, expedida por la accionada obraa fojas doscientos setenta y cuatro, su fecha diecinueve dediciembre del dos mil seis.

La Investigación Preliminar y control constitucionalde los actos del Ministerio Público. Interdicción de laarbitrariedad

5. La Constitución Política señala':

...que le corresponde al Ministerio Público conducirdesde su inicio la Investigación del delito y que con talpropósito la Policia Nacional está obligada a cumplir susmandatos en el ámbito de su función, reconociéndosepor ende en éste último, la condición de entre auxiliar delFiscal en la administración de justicia. Así, el MinisterioPúblico tiene la responsabilidad del ejercicio público dela acción penal y el deber de la carga de la prueba,asumiendo la dirección de la investiqación que ejercecon plenitud de iniciativa y autonom/a.

Éste postulado impide que cualquier autoridad ajena odistinta al titular de la acción penal se encuentre Impedidode llevar a cabo actos de investigación preliminar, .salvo queactúe bajo delegación como órgano de apoyo. Esta laborindagatoria preliminar se encuentra amparada por un ampliocatálogo de garantías que se erigen para evitar laarbitrariedad, incluso reconociéndose éste por el TribunalConstitucional como un límite de control para garantizar eldebido proceso [Cfr. STC Nº 561-2007-PHCITC CasoFernando Melcíades Zevallos Gonzales].

6. Es importante precisar que la,investigación que asumeel Ministerio Público obligatoriamente debe estar revestidade los principios de independencia funcional, imparcialidad,objetividad y respeto a los derechos fundamentales de laspersonas, pues aún cuando en ésta etapa se f,ncuentren

En el artículo 159.4 de la Carta Fundamental

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pruebas contra el imputado, éste goza del derecho a quese lo presuma inocente. Ahora bien, la Ley Nº 27934 regulala intervención de la Policía en la investigación preliminar deldelito, estableciendo que:

...esto ocurrirá cuando el Fiscal se encuentreimpedido de asumir de manera inmediata la direcciónde la investigación debido a las circunstancias decarácter geográfico o de cualquier otra naturaleza,pudiendo realizar las siguientes acciones: recibirdenuncias escritas y sentar actas de denunciasverbales, vigilar y proteger el lugar de los hechos conla finalidad que no se borren voluntaria oinvoluntariamente los vestigios y hueffas del delito,practicar registros personales, etc.

Esto permite aclarar que las facultades que otorga laacotada Ley, no significa que la autoridad policial vaya arealizar las acciones mencionadas sin conocimiento y aespaldas del Fiscal, pues éste debe fundamentar el motivopor el delega a la Policía a asumir la investigación.

7. Es importante subrayar que la conducción regular de lainvestigación preliminar asume relevancia en la decisión finaldel Fiscal Provincial para articular la acción penal, pues elrespeto del derecho a la presunción de inocencia, derecho ala defensa, derecho al ne bis in idem, derecho a la legalidad,derecho de obtener de las autoridades decisorias resolucionesmotivadas, derecho a la imparcialidad en las actuacionesinvestigatorias, entre otros que constituyen el contenido de latutela procesal efectiva, influyen de manera sustancial para laInterdicción de la arbitrariedad. El criterio discrecional queadopta el fiscal implica un juicio de reproche penal sustentadoen actividades investigatorias y de valoración de pruebas, nosiendo ésta una decisión que vincula al Juez, pues la funcióndel Ministerio Público como parte en el proceso penal únicamentees requ!riente, no determinante, ni decisoria, mucho menossancionatoria, al carecer de facuitades coactivas y de providenciadirecta en la decisión judicial, pues ésta se emite con la garantíade independencia en el ejercicio de la función jurisdiccionalprevista por el artículo ciento treintinueve inciso uno de la CartaFundamental, esto es, libre de cualquier "influencia extraña"que no sea influencia que derive del mérito de las pruebas queaparecEin en los actuados.

8. Esta ha sido la posición asumida por el TribunalConstitucional en Innumerables sentencias, no obstante,ello no le otorga inmunidad al Ministerio Público paraactuar desapegado a las garantías procesales en perjuiciode los investigados, pues también le ha proporcionadoun grado de discrecionalidad para que realice lainvestigación -sobre la base de la cual debe determinarsi existen elementos suficientes que justifiquen sudenuncia ante ei Juez penal- y éste al encontrarse susactos sometidos a principios que prohíben: a) actividadescaprichosas, vagas e infundadas desde una perspectivajurídica, b) decisiones despóticas, tlránicas y carentesde toda fuente de legitmidad; y e) lo que es contrario alos principios de razonabllidad y proporcionalidad juridica[Cfr. STC Nº 6167-2005-PHCfTC Caso FernandoCantuarias Salaverry].

9. En tal sentido, no resulta del todo cierto lo arguidopor la recurrente al sostener que la labor del Fiscal no tienemayor injerencia .en la decisión del Juez en vista que susatribuciones solamente son postulatorlas y sus actos nogeneran peligro inminente al derecho a la libertad personal.Si bien esta afirmación asume un margen parcial decerteza, debe ser entendido bajo consideración delcontenido esencial del derecho a la libertad personal, esdecir, atendiendo a la tutela del principio de la supremacíade la constitución y a la Vigencia efectiva de los derechosfundamentales2; pues, los juicios de valor expresados enun dictamen fiscal realmente constituyen un importanteindicativo para el Juez, el cual puede ·ser inducido a errorsobre la base de una denuncia abiertamente arbitraria,"orientada a conseguir que el presunto autor del hechodefictivo sea procesado"'.

10. Se cuestiona la posibilidad que el Ministerio Público,en el ejercicio de sus funciones, puede'comportar amenazao violación a la libertad personal o a sus derechos conexos,en tanto ella es requiriente, postulante y en ningún casodeclsoria ni sancionatoría habida cuenta que no tienefacultades coactivas ni de decisión directa para la aperturade instrucción penal. El artículo 11 del título Preliminar delcódigo Procesa! constitucionai, atiende a la tutela delprincipio de la supremacía de la constitución, atiende a latutela del principio de la supremacia de la constitución y ala vigencia efectiva de los derechos fundamentales que eipropio Tribunal Constitucional ha establecido, al referir quela procedencia del Hábeas Corpus en control constitucionalde los actos del Ministerio Público, se basa en que, "lafacultad discrecional reconocida por el poder reconstituyenteal Ministerio Público, en tanto órgano constitucional

constituido y por ende sometido a la Constitución, no puedeser ejercida, irrazonablemente, con desconocimiento de losprincipios y valores constitucionales, hi tampoco al margende los derechos fundamentales, exigencia que se deriva dela naturaleza misma de nuestro estado constitucional ydemocrático, si se considera que dos elementoscaracterizadores de este tipo de Estado'son la supremacíajurídica de ia constitución y la tutela de los derechosfundamentales" .

11. Por ello, el control constitucional que se efectúa sobrela actuación de la demandada asume correcta legitimidadpues la protección judicial se erige como límite del ejercicio delpoder estatal y la Constitución no ha excluido la posibilidadde realizar un razonable control constitucional de los actos delMinisterio Público mediante este proceso; en tal sentido, secolige que el debido proceso se proyecta también al ámbitode la etapa prejurisdiccional de los procesos penales, esdecir, en aquella cuya dirección compete al Ministerio Público.En éste orden de apreciaciones, éste Tribunal al analizar elcaso concreto, efectivamente verifica la existencia de unavocamiento indebido de la División de laPolicía del MinisterioPúblico a la investigación realizada contra el beneficiario,pues los actos de investigación fueron ilegítimos al no habersido autorizados previamente por el Ministerio Público, actosque se extendieron en una lapso aproximado de 3 meses,fecha después del cual para intentar retraer la irregularidadse expidió la resolución autoritativa recién el 19 de diciembredel 2006 conforme se aprecia de folios doscientos setenta ycuatro.

12. La recurrente no ha probado que la resoluciónautoritativa haya sido expedida consignándole por errormecanográfico una fecha de emisión distinta de la real, estoes, que realmente sea del 19 de septiembre del 2006,coligiendo que dicho argumento ha sido arguido con elpropósito de sostener que los actos de investigaciónrealizados por el grupo policial si tenían un marco, delegitimidad al haber sido autorizados oportunamente. Estaafirmación es ajena a lo que materialmente se acredita deautos, pues la previsión del hecho contrario durante lainvestigación preliminar, se verifica con el oficio de de foliosdoscientos setenta y tres que se puso en conocimiento de ;la demandada el indebido avocamiento del grupo policial a 'una investigación no autorizada por el Ministerio Público. Lafalta de legitimidad para obrar en un caso particular dada lainexistencia del mandato del titular de la acción penal paraproceder a desarrollar el sumario, des legitima todos losactos de investigación que el grupo policial haya efectuado,pues la ausencia de control y verificación fiscal pone en dudala garantía de imparcialidad.

13. El conocimiento de la denuncia de parte y lainvestigación preliminar no estaban justificadas, pues noconcurre el impedimento de carácter geográfico o de cualquierotra naturaleza que origine que la denuncia sea recibidadirectamente por la División de Policía deJ Ministerio Públicocuando el trámite ordinario es por Mesa Unica de Partes delMinisterio Público, coligiéndose por ende un direccionamientoque debe ser objeto de investigación en la instanciacorrespondiente. lntencionalmente se habría direccionadola presentación de la denuncia en la referida unidad policialpara facultar el manejo de la investigación preliminar sinconocimiento oportuno del representante del MinisterioPúblico, trámite irregular que habría tenido un propósitooscuro a favorecer intereses espurios que deben serdebidamente identificados.

14. En este orden de apreciaciones a éste nivel, seconcluye que el avocamiento indebido de la autoridadpolicial no autorizada por el Ministerio Público ante denunciade parte, constituye vulneración del debido proceso portransgresión del procedimiento preestablecido, hecho queafecta también la tutela procesal efectiva en vista delquiebre de garantías que debe observarse en todo procesopenal. Sin embargo, el cuestionamiento que puede suscitarse

Cfr. STC 6204·2006·PHC/TC Caso Jorge Samuel Chavez Sibina: "FJ. 6 ... la

facultad discrecional reconocida por el poder constituyente al Ministerio

Público, en tanto órgano constitucional constituido y por ende sometido a ia

Constitución, no puede ser ejercida, irrazonablemente, con desconOCimiento

de los principios y valores constitucionales, ni tampoco al margen de losderechos fundamentales, exigencia que se deriva de la naturaleza misma de

nuestro Estado constitucional y democrático, si se considera que dos

elementos caracterizadores de este tipo de Estado son la supremacia juridica

de !a constitución y la tuteia de los derechos fundamentales"Ver fundamento Nº 40 de la STC Nº 6167-2005-PHC/TC Caso Fernando

Cantuarias Salaverry.

PROCESOS CONSTITUCIONALES El Peruano

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'como. consecuencia, respecto a una falta de imparcialidadde la demandada al emitir el dictamen cuestionado, a criteriode éste Tribunal no puede ser reputado, pues recién a partirQ~119 de diciembre del 2006 tomó conocimiento de la noticiacriminal y de los actos de indagación llevados a cabo,-emitiendo su dictamen el 23 de enero del 2007, No obstante

. :é'1I0, asume responsabilidad por no haber revertido lairregularidad con alguna forma de control de la arbitrariedadque la Ley Orgánica del Ministerio Público le permite, más~un si ésta circunstancia le fue informada oportunamentep.or la parte afectada.

La garantía de motivación en la denuncia fiscal

15. De otro lado, se ha identificado como segundo grupode análisis el referido estrictamente al dictamen fiscalcuestionado que formaliza la denuncia penal contra elbeneficiario. Así, se estableció que dicho documento adolecede: a) individualización del hecho imputado al describirse demanera impersonalizada y' abarcando a todos losdenunciados indistintamente por el mismo hecho, incluso.omitiendo la descripción de la participación ilícita especifica'que tendria; b) del proceso de subsunción en la calificaciónde los delitos; e) la individualización de las pruebas quesustentan la imputación; y, el) el hecho denunciado esatípico.

16. El cuestionamiento del contenido del dictamen nohace sino invocar la afectación de los derecho a esperar ladebida motivación de las decisiones de la autoridadcompetente [artícuio 139.5 de la Carta Fundamental] y elderecho a la defensa [artículo 139.14 de la CartaFundamental], cuyo espectro del contenido esencial enambos casos debe ser interpretado acorde con las normasprocesales penales vigentes. Al respecto, el artículo 779 delCódigo de Procedimientos Penales [modificado por la LeyNº 28117] regula la estructura del auto de apertura deinstrucción y hace exigible la individualización cuyaobligatoriedad' se presenta bajo tres formas: a) subjetiva:con identificación de la identidad de la persona. b) fáctica:con individualización del hecho y de la participación específicadel sujeto, y c) procesal: con identificación de las pruebasde cargo que generan el juicio de imputación .

17. Como elemento que también define el contenidoesencial del derecho constitucional a la motivación de lasresoluciones, se tienen los artículos 14.3 literal b del PactoInternacional de Derechos Civiles y Políticos5 y artículo 8.2literal' a) de la Convención Americana Sobre DerechosHumanos· , concretándose con la última parte del artículo 77del Código de Procedimientos Penales. al establecer que:

"(.•.). El auto será motivado y contendrá en formaprecisa los hechos denuncIados, los elementos deprueba en que se funda la Imputación, la calificación demodo específico del delito o los delitos que se atrIbuyenal denunciado."

18. La necesidad de que las resoluciones sean motivadases un principio que informa el ejercicio de la funciónjurisdiccional y, al mismo tiempo, un derecho constitucionalde los justiciables. Mediante ella, por un lado, se garantizaque la administración de justicia se lleve a cabo deconformidad con la Constitución y las leyes [artículo cientotreintiocho de la Constitución] y, por otro, que los justiciablespuedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa.En la sentencia recafda en el Expediente número 1230­2002-HCfTC, el Tribunal Constitucional ha sostenido quedicho derecho no garantiza una determinada extensión dela motivación; que se tenga que pronunciarse expresamentesobre cada uno de los aspectos controvertidos o alegadospor la defensa, ni excluye. que se pueda presentar la figurade la motivación por remisión .

19. En tal sentido al momento de calificar la denuncia,será necesario, por mandato directo e imperativo de la normaprocesal citada controlar la corrección jurídica del juicio de,imputación propuesto por el Fiscal, esto es, la imputación deldelito debe partir de una consideración acerca del supuestoaporte delictivo' de todos y cada uno de los imputados; estoiJ.ose cola únicamente con la puesta en conocimiento del

, ~jeto pasivo de aquellos cargos que se le imputan, sino quecomporta una ineludible exigencia, cual es que la acusaciónha de ser cierta, no implícita, sino precisa. clara y expresa,):,S decir, una descripción suficientemente detallada de loshechos considerados punibles que se imputan y dei material!y'obatorio en que se fundamentan." Para que una formalización de denuncia penal sea

acorde a la Constitución, deberá contener los hechos yjustificación especifica concreta de cada procesado,ipdividualización de acusación que responde además a loseriterios de razonabilidad que deviene de un estado deqerecho que tampoco resulta proporcional y constitucionalWe la denuncia fiscal se refiere en forma ambigua genérica

de los supuestos de hechos propios de cada investigado yde su aporte delictivo de todos y cada los imputados, conlo que debe expresar clara y precisamente la descripciónsuficientemente detallada de los hechos consideradosprobablemente punibles respecto de cada uno de losimplicados y referirse al material propio que los sustenta .

20. En este orden de apreciaciones, este Tribunal si bien,no es competente para determinar la concurrencia en cadacaso de las circunstancias que legitiman la decisión asumidaque es una tarea que incumbe en esencia a la demandadaen su condición de Fiscal Provincial y se determina por iaspruebas que generan el juicio de imputación, no resultaóbice para efectuar el control constitucional en vista que ala fecha se ha producido la relevancia necesaria con laapertura del proceso penal dispuesta por el 54º Juzgadopenal de Lima por resolución del 23 de marzo del 2007, decara a los cuestionamientos que afectan al debido procesoy la tutela procesal efectiva.

21. Analizando el caso concreto, al evaluar el dictamencuestionado se verifica que al beneficiario se !e imputó losdelitos de Estafa y Defraudación, Falsificación de documentos,Falsedad genérica, Falsedad ideológica. Omisión deConsignar Declaraciones en documentos, Fraude Procesa!,Denuncia Falsa, delito de desobediencia o Resistencia a laautoridad y por el delito de Asociación Ilícita para Delinquir,sin embargo al efectuar la exposición del hecho incriminadoresalta de forma genérica un relato que de por sí no tendríaconnotaciones ilícitas: "aptuando en representación de laCORPORACION JOSE R LINDLEY, participó en lasuscripcIón de contratos de alquiier venta ysubarrendamiento, con las empresas PUBLlBUR S.A ySERVICIOS GENERALES INTEGRALES EIRL,respectivamente". Esta forma de obrar de la demandadaafecta la claridad y contenido de su dictamen con relevanciaen el derecho a la defensa del afectado, en vista que nosolamente el beneficiario está implicado sino una pluralidadde sujetos a quiénes les recae ia misma imputación.

• circunstancia que coloca en estado de indefensión que sehubiese evitado con la individualización del rolo participacióndelictiva específica con identificación del cargo concreto.Asimismo, la falta de motivación -como contraparte a la

. motivación aparente destacado precedentemente- seI suscita además ante omisión del proceso adecuado de

subsunción del hecho a las normas penales invocadas al no."cumplir con el razonamiento de la concurrencia de todos los

elementos de los delitos en la conducta enjuiciada, Vb. Gr.al caso: del delito de falsificación de documentos, no seidentifica el documento sobre el que recae la acción ¡¡Icita,tampoco si el beneficiario habría hecho uso o solamente lohabría fabricado, obviando además el elemento tantrascendental que constituye la naturaleza del documento[público o privado]; del delito de Fraude procesal, en vistaque no identifica el proceso judicial o administrativo en el quese hubiese desarrollado el acto fraudulento, y la forma enque el beneficiario asume participación; del delito de denunciafalsa, en tanto se omite identificar el escenario delictivoconfigurador del tipo penal, así como el rol del afectado ensu comisión; del delito de asociación i/ícita para delinquir, alno identificar la estructura delictiva organizativa y suscomponentes. El problema concursal es insostenible antetodo por su inadecuado soporte metodológico -se trata deuna interpretación extravagante de las normas concursalesque distorsiona el sentido de la regla de la especialidad-, loque convierte a la interpretación efectuada en imprevisiblepara los destinatarios de la norma; ello sin perjuicio de queel resultado al que se llega pueda o no alcanzarse por otroscaminos, cuestión que sólo a los Tribunales penales competey en la que, por tanto, no puede entrar este Tribunal decompetencia constitucional.

22. De lo sostenido hasta este momento. puede.destacarse que no existe correspondencia entre el hechoexpuesto y los ¡lícitos imputados como cometidos. Dichaconstrucción argumentativa incompleta. ambigua y genérica,afecta la garantía de motivación y el derecho a la defensadel beneficiario en vista que genera un marco de

Cfr STC N' 8817-2005-PHClTC, Caso Cesar Alfonso Ausin De lrruarízaga yotro,

"( ... ) Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en

plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: al A ser Informada, sindemora, en un idioma que comprenda y, en forma detallada, de la naturaleza

y causas de la acusación formulada contra ella".

"Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a ias

garantías minimas: [ ..,]b) Comunicación previa y detallada de la acusaciónformulada"

El Peruano

lunes 20 de agosto de 2007 PROCESOS CONSTITUCIONALES 13757

imputaciones que no tienen como contraparte la posibilidadde ser atacadas, creándose indefensión material proscritapor nuestro sistema de protección constitucional. Se haimposibilitado al beneficiario el pleno y adecuado ejercicioconstitucional del derecho a la defensa, circunstancia quese ha agravado a partir del momento en que el juez del 54QJuzgado Penal de Lima sin cumplir con la obligación demotivación del auto de procesamiento, ha obrado abriendola instrucción contra el beneficiario pese las deficiencias queafectaron derechos constitucionales.

23. Si bien es cierto que la correcta tipificación o no delos hechos denunciados corresponde realizarse en sedeordinaria, sin embargo se tiene establecido por el TribunalConstitucional, que excepcionalmente en sede constitucionalpodrá proceder a controlar la misma si es que ella semanifiesta totalmente arbitraria, irrazonable o extravagante.Que siendo así, la ausencia de razonamiento mínimo deefectiva subsunción de los hechos en el tipo penal invocado,deviene en claramente arbitrario. De autós se advierte lacarencia de reflexión respecto de la subsunción de laconductas del beneficiado en cada tipo penal imputado, loque es a todas luces inconstitucional. Esta conducta omisiva,viola el principio de interdicción de la arbitrariedad en losprincipios de razonabilidad y proporcionabilidad jurídica; Portanto, se ha vulnerado el contenido esencial del derecho ala tutela procesal efectiva del beneficiario, concretamentedel principio de legalidad material.

24. Si bien no ha sido invocada la afectación del principiode legalidad que se erige como un derecho garantizado pornuestra Carta Fundamental, resulta pertinente aclarar losiguiente. La ausencia de razonamiento de adecuación uomisión del proceso de subsunción del hecho en cada tipopenal denunciado, es una expresión de arbitrariedad queafecta le estructura dura del principio de legalidad pues sudimensión subjetiva no puede estar al margen del ámbito delos derechos protegidos por la justicia constitucional frentea supuestos como la creación judicial de delitos o faltas ysus correspondientes supuestos de agravación o, incluso,la aplicación de determinados tipos penales a supuestos nocontemplados en ellos. Es por ello que el TribunalConstitucional estableció que el derecho a la legalidadpenal vincula también a los jueces penales, y su eventualviolación posibilita obviamente su reparación mediante losprocesos constitucionales [STC Nº 2758-2004-HCrrC, CasoLuis Guillermo Bedoya de Vivanco].

25. No resulta adecuado que este Tribunal decompetencia constitucional verifique -conforme la demanda­que el hecho denunciado es atípico, pues ello constituyeuna intromisión en la jurisdicción ordinaria, sin embargo setiene establecido por el Tribunal Constitucional, queexcepcionalmente en sede constitucional puede procedera controlar la misma si es que ella se manifiesta totalmentearbitraria, irrazonable o extravagante. Por ello, se coligerazones suficientes para sostener que el dictamencuestionado expedido por la demandada ha afectado eldebido proceso en fase prejurisdiccional y la tutela procesalefectiva, con visible afectación del principio de legalidad.

26. Bajo esta línea de apreciaciones, la demanda deHábeas Corpus a favor del beneficiario es amparable porafectación de sus derechos al debido proceso y a la tutelaprocesal efectiva como derechos conexos del derecho a lalibertad personal, al haber sido sometido a actos deinvestigación preliminar por un órgano de apoyo del MinisterioPúblico que no estaba autorizado para ello, asimismo, porser objeto de formalización de denuncia penal en undictamen con afectación de la garantía de motivación ypuesta en estado de indefensión material, siendo la acciónpersecutoria arbitraria además por vulnerar la garantía derespeto al principio de legalidad. En tal sentido, se amparala decisión asumida por el A-quo al haber sido establecidaconforme a Ley, conviniendo con ésta debiendo integrarsela recurrida para declararse la nulidad del auto deprocesamiento.

27. Si bien se ha acreditado la vulneración de derechos,sin embargo, se evidencia de autos, el ánimo no doloso dela conducta de la demandada, por lo que no es procedentela aplicación del artícule octavo del Código ProcesalConstitucional.

Por las fundamentos precedentes:

RESOLUCiÓN:

l.. CONFIRMARON: la sentencia apelada de fojasseiscientos cuarenta y seis, su fecha ocho de mayo del dosmil siete, que FALLA: DECLARANDO FUND~DA la demandade Hábeas Corpus interpuesta por ROCIO DEL PILARSALCEDO MACHADO a favor de CLEBER ROCHA VIEIRAcontra MARíA JANINE LEÓN PIZARRO, Fiscal ProvincialTitular de la Décima Octava Fiscalía Provincial Penal deLima; por la supuesta amenaza a la libertad individual, en

vulneración de los Derechos Constitucionales conexos,Tutela Jurisdiccional Efectiva, Debido Proceso, Principio deLegalidad Material Penal y al Derecho de obtención déresolución jurisdiccional motivada en derecho; enconsecuencia se declara NULA la resolución de fechaveintidós de enero del dos mil siete, mediante la cual taDécima Octava Fiscalía Provincial Penal de Lima formalizódenuncia penal contra CLEBER ROCHA VIEIRA; asimismQ~NULA la investigación preliminar seguida ante la División dela Policía del Ministerio Público; y reponiendo las cosas alestado anterior a la violación o amenaza de los derechosconstitucionales, se ordena se REMITA la denuncia de partea la mesa única de partes del Ministerio Público para que sigasu trámite ordinario y con todas las garantías constitucionales;y pueda el beneficiario ejercer su derecho de defensa yobtener una nueva investigación y decisión fiscal apegadaa la Constitución.

n.- INTEGRÁNDOLA: DECLARARON NULO el auto deprocesamiento del 23 de marzo del 2007, expedido por el54 Juzgado Penal de Lima, Expediente Nº 195-07.

111.-Consentida o ejecutoríada que sea la presentesentencia, se publique en el Diario Oficial El Peruano deconformidad con la cuarta disposición final de la Ley veintiocho

. mil doscientos treinta y siete "Código Procesal Constitucional";Notificándose a las partes.

SS.

EGOAVIL ABADJERí CISNEROSÁVILA DE TAMBINI

~W-94319-1

PROCESO DE AMPARO

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMACUARTA SALA CIVIL

EXPEDIENTE NQ 169-07

RESOLUCION NUMERO

Lima, veintitrés de abril de dos mil siete

VISTOS: Interviniendo comO Vocal Ponente el señorJaeger Requejo.

MATERIA DE GRADO: Que, es materia de grado laSentencia contenida en la Resolución número catorce defecha veintidós de noviembre· de dos mil seis, obrante adoscientos ochenta en cuanto declaró improcedente lademanda.

y CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, la acción de amparo a fojas veinticuatroy siguientes está dirigida a que: a) se declare sin efecto legalla Notificación NQ 118-3D1200-2005-000684 del quince defebrero de dos mil cinco; b) se declare sin efecto legal lainmovilización y/o comiso de la mercancía objeto de lademanda; e) se declare sin efecto legal cualquier sanciónadministrativa impuesta a su representada comoconsecuencia de la importación objeto de la demanda; d) sereponga el proceso administrativo aduanero al estadoanterior a la violación de sus derechos constitucionales, y enconsecuencia se ordene a la demandada proceda a larectificación de oficio del Manifiesto de Carga, con el objetoque su representada, previo al cumplimiento de su obligacióntributaria aduanera, pueda culminar con los trámites de laimportación, es decir, retirar de los almacenes aduaneros,toda la mercancía importada para su libre comercializacióndentro del territorio nacional; y, e) se ordene a la demandadaconceder el derecho de defensa a la demandante en todoel procedimiento administrativo de importación.

SEGUNDO.- Que la parte demandante manifiesta queen el Expediente NQ118-3D1200-2005-008313-6 de fechilcatorce de febrero de dos mil cinco, Trabajos Marítimos S.A.TRAMARSA, Agencia Maritima, solicitó la rectificación delmanifiesto, adjuntando las respectivas facturas comerciales,con la indicación de los nombres de los cinco propietarios demercancías (consignatarios), el ticket de balanza y las listasde empaque de las mercancías por cada uno de losconsignatarios: asimismo, el día dieciséis de febrero delmismo año presentó la Carta Aclaratoria del Embarcador,respecto del número de consignatarios, número de bultasy peso de la mercancía. '.

TERCERO.- Que sin embargo, mediante Notificación NQ118-3D1200-2005-000684 del quince de febrero de dos mHcinco, la autoridad aduanera comunicó a TRAMARSA qu~había sido denegada la rectificación solicitada y que los