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21 de diciembre de 2013 • Número 75

Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver

Suplemento informativo de La Jornada

ARMANDO BARTRA

TEMA DEL MES

ADIÓS A LA SOBERANÍA “SERÁ NUESTRA HERENCIA UNA RED DE AGUJEROS”

Páginas 10 y 11

21 de diciembre de 20132

La Jornada del Campo, suplemento mensual de La Jornada, editado por Demos, Desarrollo de Me-dios, SA de CV; avenida Cuauhtémoc 1236, colonia Santa Cruz Atoyac, CP 03310, delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal. Teléfono: 9183-0300.Impreso en Imprenta de Medios, SA de CV, avenida Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, delegación Azcapotzalco, México, DF, teléfono: 5355-6702. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, por cualquier medio, sin la autorización expresa de los editores. Reserva de derechos al uso exclusivo del título La Jornada del Campo número 04-2008-121817381700-107.

Suplemento informativo de La Jornada 21 de diciembre de 2013 • Número 75 • Año VII

La defensa del territorio ¿nueva etapa del movimiento campesindio?

En los lustros recientes –y notablemen-te este año- los combates en defensa del territorio y el patrimonio han co-brado una excepcional intensidad al

punto de que hoy conforman no una suma de acciones sueltas y dispersas sino un gran mo-vimiento rural en formación. Oleada de lucha que va definiendo una nueva y distinta etapa del secular movimiento campesindio mexicano.

Me doy cuenta de que hay aquí una parado-ja. Cientos de comunidades a lo largo y ancho del país se oponen a presas, minas, carrete-ras, ductos, urbanizaciones… defendiendo el terruño de las amenazas corporativas, sin embargo de los 26 millones de hectáreas de tierras cultivables que tenemos en México, 12 millones están abandonadas, mientras que la abrumadora mayoría de los jóvenes rurales se aparta física o espiritualmente del campo. Nunca en nuestra historia las nuevas genera-ciones del agro se habían sentido tan alejadas de lo rural… Y al mismo tiempo nunca había sido tan decidida la defensa del terruño.

La contradicción es sólo aparente. Nada impide que quienes toman distancia del mundo de vida de sus padres estén al mismo tiempo dispuestos a defender con todo la integridad de ámbitos de los que fervientemente desean escapar: lugares entrañables quizá sin futuro pero con mucho pasado, espacios significativos en los que se fin-can identidades profundas. Todos hemos oído del cubano que se fue a Miami pero regresaría a la isla para defenderla con su vida si la amenaza-ra una invasión. Y así nuestros balseros de tierra firme; así los rústicos mexicanos que se van: en las capas superficiales de la conciencia no quie-ren saber nada del campo pero en las más pro-fundas siguen apegados a los valores que vienen de atrás y a los lugares donde están sus raíces.

No afirmo que la generalizada compulsión peregrina de los jóvenes rurales no debilite la defensa del campo de las amenazas corporati-vas. Tengo claro que sin un porvenir campesi-no por el cual luchar, el arraigo que otorga el pasado es insuficiente. Sostengo, sí, que la con-dición campesina es un hueso duro de roer y que la tan anunciada descampesinización, que sedujo a los “proletariastas” de hace 40 años y a los “neoruralistas” de hace 20 es más lenta y sinuosa de lo que aparenta. Me parece que los campesinos mexicanos -aun los que se van- quieren seguir siendo campesinos. Más aún, creo que deciden irse precisamente porque desean seguir siendo campesinos. Cuantimás estarán dispuestos a defender el terruño.

El movimiento rural avanza por oleadas y en cada una los ejes de la movilización son distintos. En los años 70s del siglo pasado un generalizado combate contra el latifundio y por el acceso a tierras agrícolas puso en pie a millones de campesinos en toda la República, muchos de los cuales ocuparon pacíficamen-te grandes propiedades obligando al gobierno a repartir cientos de miles de hectáreas.

En los 80s del mismo siglo los pequeños agricul-tores agrupados en organizaciones económicas impulsaron una lucha por apropiarse asociati-

vamente del proceso productivo, tomando en sus manos financiamiento, cultivo, transforma-ción agroindustrial y comercialización.

En los 90s, el combate por los derechos au-tonómicos de los pueblos originarios activó a cientos de miles que, con el respaldo de mu-chos más, forzaron un acuerdo con el gobier-no -la llamada Ley Cocopa (de la Comisión de Concordia y Pacificación)- a la postre mi-nimizado por los legisladores.

En el arranque del siglo XXI, en una conver-gencia conocida como El Campo no Aguanta Más, multitudes campesinas se movilizaron contra los aspectos agrarios del Tratado de Li-bre Comercio de América del Norte (TLCAN) y para tratar de imponer un viraje en las políti-cas públicas para el agro. El movimiento logró forzar un importante Acuerdo Nacional para el Campo, que sin embargo el gobierno no honró.

En lo que va de este siglo, el reiterado in-cumplimiento por parte del gobierno de los acuerdos a los que había llegado, primero con los indios y luego con los campesinos, conven-ció a muchas organizaciones rurales de que mientras gobernara la derecha nada importan-te se iba a lograr y que para salvar al campo ha-cía falta un cambio de régimen político. Así, en 2006 una coalición de 27 organizaciones agrupadas en torno a una plataforma titulada “Un nuevo pacto nacional por un mejor futu-ro para el campo y la Nación” apoyó la can-didatura de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la Presidencia de la República. Seis años después, éstas y otras 70 organizaciones formularon el Plan de Ayala para el Siglo XXI, con el que AMLO también se comprometió.

Durante los 40 años pasados los campesindios mexicanos han dado cuando menos cinco grandes batallas nacionales convocadas por diferentes reivindicaciones unificadoras. En la pasada centuria fueron: la tierra, en los 70s; la producción económica, en los 80s, y los de-rechos autonómicos indios, en los 90s, y en los primeros años de este siglo fue la reorientación del modelo agropecuario, mientras que en las coyunturas electorales de 2006 y 2012 cobró fuerza el movimiento por el cambio del régi-men político. En rigor, estas diversas vertientes no se suceden, más bien se traslapan. Pero, en perspectiva, el ascenso de una va acompañado por el reflujo y pérdida de visibilidad de otras.

Mi hipótesis -o más bien mi apuesta, pues lo que suceda dependerá de lo que hagamos para hacerlo suceder- es que en los años recientes la defensa territorial de los comunes se volvió la

tendencia dominante de la lucha rural y está definiendo una etapa nueva y distinta del mo-vimiento campesino. ¿Qué lo caracteriza?

La defensa del patrimonio familiar y co-munitario responde a una gran diversidad de amenazas: minas, presas, carreteras, gran turismo, urbanizaciones, eoloeléctricas, tala-montes, narcotraficantes, erosión del genoma, usurpación del espectro electromágnetico, pri-vatización de la cultura… Agresiones múltiples pero convergentes que, de no pararse a tiempo, estrecharán los espacios agroecológicos, econó-micos, sociales y culturales de la vida comuni-taria al punto de hacerlos por completo inha-bitables. Lo que está en riesgo es la existencia misma del mundo campesino e indígena.

La resistencia en los territorios es ancestral y marcó la segunda mitad del siglo XX; sin em-bargo, en los tres lustros recientes los despojos asociados a la neoterritorialización del capital han multiplicado las resistencias. No estamos ante una simple continuidad, sino ante un salto de calidad; una etapa nueva del activis-mo campesino e indígena.

En pocos años el movimiento devino nacional y en todos los estados de la República hay accio-nes en defensa del territorio. Pero además está en ascenso y las convergencias se van imponiendo a la dispersión inicial: Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, Red Mexicana de Afectados por la Minería, Asamblea Nacional de Afectados Ambientales…

Aun si mayoritariamente plebeya, la defensa de la tierra es multiétnica, transclasista y a veces moviliza sociedades regionales enteras. Los territorios son ámbitos de enconos, con-flictos y rencillas, pero al ser amenazados pue-den convertirse en espacios de reconciliación y unidad donde la pluralidad de saberes y capa-cidades enriquece y fortalece la convergencia.

El grado de participación popular en las luchas por el territorio depende sobre todo del arraigo. La fuerza y profundidad de los lazos que unen a la gente con los lugares en que habita es lo que le da identidad y razones para luchar. Muchos crecen y hasta florecen en un territorio, pero no todos tienen en él raíces profundas que les per-mitan resistir el vendaval. Por eso la lucha indí-gena por sus ámbitos ancestrales es tan potente.

Arraigo es un concepto con tres dimensiones temporales complementarias: pasado, presen-te y futuro; en él la profundidad histórica, la densidad organizativa y el proyecto se fusionan para conformar la más potente palanca de los movimientos territoriales. El pasado remite a las raíces mítico-culturales de un poblamiento; el presente, a la intensidad, solidez y calidad de las relaciones sociales vivas, es decir al grado y tipo de organización de la que disponen los que se movilizan; el futuro remite a las expectativas que tengan los participantes de poder edificar un mejor porvenir en su territorio, el futuro es la es-peranza. Y sin raíces, organización y esperanza, es decir sin arraigo, no hay mucho qué hacer.

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COMITÉ EDITORIAL

Armando Bartra Coordinador

Luciano Concheiro Subcoordinador

Enrique Pérez S.Lourdes E. RudiñoHernán García Crespo

CONSEJO EDITORIAL

Elena Álvarez-Buylla, Gustavo Ampugnani, Cristina Barros, Armando Bartra, Eckart Boege, Marco Buenrostro, Alejandro Calvillo, Beatriz Cavallotti, Fernando Celis, Luciano Concheiro Bórquez, Susana Cruickshank, Gisela Espinosa Damián, Plutarco Emilio García, Francisco López Bárcenas, Cati Marielle, Yolanda Massieu Trigo, Brisa Maya, Julio Moguel, Luisa Paré, Enrique Pérez S., Víctor Quintana S., Alfonso Ramírez Cuellar, Jesús Ramírez Cuevas, Héctor Robles, Eduardo Rojo, Lourdes E. Rudiño, Adelita San Vicente Tello, Víctor Suárez, Carlos Toledo, Víctor Manuel Toledo, Antonio Turrent y Jorge Villarreal.

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ASALTO A LA NACIÓN

Los heraldos negros

César Vallejo

Hay golpes en la vida tan fuertes… ¡Yo no sé!Golpes como el odio de Dios, como si ante ellosla resaca de todo lo sufridose emponzoñara en el alma… ¡Yo no sé!

Son pocos pero son… Abren zanjas oscurasen el rostro más fi ero y en el lomo más fuerte.Serán tal vez los potros de bárbaros atilaso los heraldos negros que nos manda la muerte.

¿Le muevo la panza?Hace tiempo había en las playas de Acapulco chama-cos que para que les dieras un veinte te movían la pan-za. Lo hacían por necesidad, sin humillarse.

Hoy los políticos del PRI y el PAN le mueven la panza a las trasnacionales a cambio de que se decidan a venir. Lo hacen con sumisión y desvergüenza.

Si entregan los hidrocarburos a las corpo-raciones extranjeras -y están empeñados en entre-garlos-, cada vez que pagues la gasolina o te subas al transporte público; cada vez que vayas por el kilo de tortillas; cada vez que compres unos calcetines, unos calzones o una pelota para el bebé le estarás dando tu dinero a Shell, a Exxon Movil, a Chevron Corp… Porque en todo lo que consumimos hay petróleo en forma de combustibles, fertilizantes, plásticos, fi bras… Y en el precio del petróleo va la renta.

El crudo sale del subsuelo. La renta no; la renta sale de tu bolsillo y del mío cuando pagamos algo en cuya fabricación o transporte se empleó petróleo. Del precio de la gasolina quizá el 70 por ciento es renta, del precio del transporte el 50 y así.

Mientras los hidrocarburos fueron nuestros, gran parte de ese dinero lo recibía Pemex, y de ahí lo tomaba el gobierno para el gasto público. Entonces podíamos cuando menos exigir que se gastara bien y sabíamos que un nuevo gobierno de ideas distintas contaría con esa renta para fi nanciar los cambios. Pero cuando la exploración, la extracción, la refi nación, la distribución y la venta de los hidrocarburos pasen a manos de las trasnacionales, saquearán los recursos naturales del país y bolsearán a sus habitantes.

Y nos atracarán por partida doble, pues la par-te de los recursos para gasto público que el gobierno perderá cediendo renta petrolera a las trasnacionales la va a reponer con mayores impuestos. Así los mexi-canos, además de quedarnos sin combustibles fósiles, desembolsaremos dos veces el monto de la renta: al pagar los bienes y servicios que contienen petróleo y al rendir más contribuciones.

Lo que están entregando con la reforma energética no son sólo los combustibles fósiles y su cadena produc-tiva, es la economía mexicana toda: la nacional y la familiar.

Los mueve panzas dicen que, cuando menos mien-tras esté ahí abajo, el petróleo seguirá siendo nuestro. Mentira. En términos económicos, el dueño de algo es quien lo valoriza, quien lo puede capitalizar. López Por-tillo pudo endeudar al país porque nuestro petróleo era la garantía. Como lo fue de los cuantiosos fondos inter-nacionales que le permitieron a Zedillo rescatar a los bancos. Con la reforma de Peña Nieto las corporacio-nes extranjeras podrán reportar en la bolsa de valores los benefi cios que esperen del crudo contratado, con lo que aumentará el valor de sus acciones y su capaci-dad fi nanciera. Entonces ¿de quién será el petróleo?

Y por si alguien quiere seguir protestand o, el Con-greso aprobó para el Distrito Federal una Ley de ma-nifestaciones públicas, que las acota severamente y permite sancionar a quienes participen.

P.D. La hermosa gente. El día de la vergüenza ya no eran muchos los que permanecían en el mitin de Cecilio Robelo y Rovirosa. Pero eran los mejores. Porque los últimos en retirarse de los cercos al Congreso serán los primeros en integrarse al gran cerco nacional contra la oligarquía, la nueva gesta ciudadana que hoy comienza.

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“Los cambios cons tucionales son necesarios para dar cer dumbre a los inversionistas”.E P N . P R

“Le incomode a quien le incomode, las legislaciones secundarias que hemos hecho en materia de energía no nos han dado los dividendos que los mexicanos estamos esperando, y por ello se debe reformar la Cons tución”.D P , PRI

La energía no se crea ni se destruye, sólo se priva za.T

De nada sirve la soberanía, enterrada en el fondo del mar.F C , PRI

“Es un sistema de contratos y puede haber muchos pos de modalidades. Puede haber contratos de u lidad compar da, de producción compar da y de licencia (...) mientras mayor fl exibilidad tenga el Estado es mucho mejor “.P J C ,

E

“México invierte la historia y permite la entrada de capital privado en la lucra va industria petrolera (...) que ene un valor de 95 millones de dólares anuales“.R F

“Con las dos tanquetas an mo nes (situadas junto a San Lázaro), que arrojan agua a presión, la tác ca es mojar a los manifestantes primero, para que se les abran los poros. Después se les arroja gas pimienta o lacrimógeno. Abiertos sus poros, el gas penetra más fácilmente”.A C D

Parafraseando a José Saramago.“Ustedes quieren priva zar y están con este ánimo de los empos nuevos; pues priva cen los sueños, la ley, la jus cia; pero si quieren que realmente haya una priva zación a fondo, vayan y priva cen a la puta madre que los parió. Y eso sería mejor que lo hicieran, porque al menos esa es suya. Esta patria no les pertenece, no se la merecen”.L S , M C

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EL CAMPO EN TIEMPOS DE PEÑA NIETO Víctor Suárez Carrera Director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) Twitter: @victor_suarez

La reforma hacendaria aprobada en noviembre pasado fue calificada por expertos como una

miscelánea fiscal. ¿Por qué darle un calificativo peyorativo a la bús-queda por mejorar la capacidad recaudatoria del Estado? La res-puesta que yo encuentro es: por-que una reforma hacendaria debe involucrar mecanismos eficaces, tanto del lado del ingreso como del gasto público y garantizar que el destino del mismo se dé en los proyectos con la mayor rentabili-dad social.

Desafortunadamente, sólo se dio incremento de impuestos sin imbricar elementos obligatorios de transparencia, contabilidad gubernamental, evaluación de desempeño y rendición de cuen-tas a las decisiones de gasto, para cualquier nivel de gobierno. En otras palabras: es una miscelánea fiscal porque no hay nada que pre-mie o castigue las buenas y malas prácticas en el ejercicio del gasto público.El retorno del PRI a la Presidencia de la República no ha representado cambio alguno respecto de las políticas agrarias y agroalimentarias llevadas a cabo por el PAN en los sexenios de la alternancia (2000-2012).

En este sentido, el gobierno de EPN se ha caracterizado por ser el gobierno de la continuidad panis-ta, de la continuidad neoliberal. Es el gobierno del “cambio” para que nada cambie. El retorno del PRI a la Presidencia, como estaba previsto, augura otro sexenio per-dido para el campo mexicano.

A continuación se presentan algu-nos de los indicadores y resultados más sobresalientes de la gestión de Enrique Peña Nieto en el sector agrario y agroalimentario en su primer año de gobierno.

1. El campo carece de rumbo y no es prioritario para el gobier-no.- La continuidad neoliberal, la administración sectorial inercial y la inacción pública han carac-terizado el primer año del gobier-no de Peña Nieto en sus políticas hacia el campo. No existe el tan anunciado “nuevo rumbo” para el campo, ni siquiera retóricamente. Por el contrario, se mantiene el mismo rumbo de los sexenios an-teriores; es decir, el que determina el interés de los grandes consor-cios agroalimentarios trasnaciona-les y el interés de Estados Unidos (EU). El rumbo es no tener rum-bo. Para el gobierno federal priista como para los panistas, el campo no es prioritario. Lo que sí ha sido prioritario y urgente para el nue-vo gobierno peñista han sido las llamadas “reformas estructurales” o, más bien dicho, las contra-re-formas de la agenda corporativa:

la reforma laboral, la educativa, la de telecomunicaciones, la fiscal y la energética.

2. Desplome en la actividad eco-nómica del sector agropecuario.- En el primer semestre de 2013, de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Ine-gi), el crecimiento del PIB agro-pecuario fue únicamente de 0.4 por ciento, en comparación con el de por sí muy bajo crecimien-to promedio de 1.8 del periodo de la alternancia panista (2001-2012). De enero a octubre del presente año, la actividad económica del sector agropecuario fue de 2.4 por ciento a tasa anual, de acuerdo con el Índice Global de la Activi-dad Económica (IGAE) del Inegi. Baste recordar que durante el pe-riodo previo a las políticas neoli-berales, el sector creció a un pro-medio anual de cinco por ciento (1940-1975).

El desplome del campo en el pri-mer año de EPN es consecuencia de la nula inversión pública produc-tiva, la falta de política de fomento productivo para la autosuficiencia alimentaria, la escasez y el enca-recimiento del crédito, la continui-dad de la política de dependencia alimentaria, la administración iner-cial y el subejercicio presupuestal en la Secretaría de Agricultura, Ga-nadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

3. Se mantiene la misma tenden-cia de las importaciones agroa-

limentarias y forestales respecto de los años previos. De enero a mayo de 2013, de acuerdo con el Banco de México y el Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) de la Secretaría de Economía, las importaciones agropecuarias, agroalimentarias y forestales fueron de cuatro mil 966.2 millones de dólares, ocho mil 832.7 millones y cuatro mil 976.1 millones de dólares respec-tivamente, en comparación con las correspondientes al periodo homólogo del año anterior que fueron cinco mil 856.8 millones, nueve mil 708.7 y cuatro mil 611.1 millones de dólares, respectiva-mente. Lo anterior, no obstante la desaceleración de la economía observada en el primer año del go-bierno de Peña Nieto -al pasar el pronóstico oficial de crecimiento de 3.1 a 1.2 por ciento- y la caída en 25 por ciento promedio de los precios agrícolas internacionales observada en el primer semestre del año con respecto al periodo homólogo del 2012.

4. Nula inversión pública en el campo y subejercicio presupues-tal en la Sagarpa.- La inversión pública productiva en el campo ha sido prácticamente nula en el primer año del gobierno de EPN. Lo anterior, como consecuen-cia de una aprobación inercial del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013. Por si esto fuera poco, la Sagarpa subejerció durante el primer semestre del presente año, de conformidad con

la propia Secretaría de Hacienda, poco más de tres mil millones de pesos. De acuerdo con la misma SHCP, la Sagarpa dejó de aplicar en inversión física la cantidad de cinco mil 15.1 millones entre ene-ro y septiembre del presente año, lo que representa 40.9 por ciento menos que el monto invertido el año anterior (La Jornada; 5 de no-viembre de 2013).

5. Crecimiento de la pobreza y la malnutrición en el sector rural.- Frente al crecimiento de la po-breza y malnutrición en el medio rural, el gobierno de Peña Nieto ha optado por impulsar la llamada Cruzada contra el Hambre en 400 municipios del país para atender a 7.4 millones de personas. Dicho programa reproduce las políticas fallidas de combate a la pobreza de los 20 años recientes, está res-tringido a únicamente una cuarta parte de la población con caren-cia alimentaria de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) y además está impregnado de una intencionalidad político-electoral absolutamente inaceptable. Por si fuera poco, y para demostrar una vez más cómo el actual gobier-no federal está capturado por los intereses de las grandes corpora-ciones trasnacionales, se incor-pora a Pepsico y a Nestlé a dicho programa insignia de la actual administración.

Lo que el país requiere para com-batir la desigualdad y la pobreza y

erradicar la malnutrición es otra po-lítica económica, agrícola y alimen-taria con base en derechos y una política de Estado social, sustenta-ble y nacionalista de largo plazo.

6. Continuación del despojo de los recursos territoriales de los ejidos y comunidades.- Con el retorno del PRI al poder, se han radicalizado los procesos de des-pojo y apropiación de recursos naturales en los territorios de los ejidos y las comunidades a lo largo y ancho del país. En este sentido, es clara la continuidad entre el actual gobierno y los gobiernos pa-nistas en materia de megaproyec-tos hidráulicos, eólicos, turísticos, comerciales e inmobiliarios, en abierta violación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los pobladores rurales y en la lógica de continuar impulsando un modelo extracti-vista de nuestro recursos natura-les en beneficio de un pequeño grupo de grandes corporaciones multinacionales.

Por si esto fuera poco, con la ac-tual administración se ha pro-fundizado la criminalización de las luchas sociales contra los me-gaproyectos depredatorios, per-mitiendo la vinculación perversa entre las empresas y el crimen organizado e incrementándose la persecución y el asesinato de diri-gentes sociales.

7. En contraposición, aumentan las utilidades de las grandes cor-poraciones agroalimentarias en México.- A la par que se estanca la economía y crecen desigual-dad, la dependencia alimentaria, la carestía de la vida, la pobreza y la malnutrición, las ganancias de las grandes corporaciones agroali-mentarias se han visto incremen-tadas significativamente en el pri-mer año de la administración de Peña Nieto. Así, por ejemplo y de acuerdo con los reportes enviados a la Bolsa Mexicana de Valores, la utilidad de operación del Grupo Gruma (Maseca) pasó de 702 mi-llones de pesos en enero-junio de 2012 a mil 118 millones en el mis-mo lapso de 2013, esto es creció en 59.2 por ciento.

Por su parte, las utilidades de Ba-choco se dispararon en 333 por ciento de enero a junio del presen-te año en comparación con el mis-mo periodo de 2012, al pasar de 316 millones a mil 371.7 millones de pesos, no obstante -o más bien gracias- al incremento de entre 50 y 66 por ciento que experimentó el precio del pollo y del huevo de-bido al brote de gripe aviar y a la especulación que le siguió.

Por su parte, el Grupo Bimbo vio incrementadas sus utilidades antes de otros ingresos y gastos en

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PROGRAMA SECTORIAL AGROPECUARIO 2013-18: BUENAS INTENCIONES, PERO SIN LOS CÓMOS: VÍCTOR SUÁREZ

El Programa Sectorial de Desarrollo Agro-pecuario, Pesquero y Alimentario 2013-18

presenta buenas intenciones, buenas reflexiones, pero carece de consistencia en las formas de concretar eso con instrumen-tos de política de Estado reales, afirma Víctor Suárez Carrera, di-rector ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comer-cializadoras de Productores del Campo (ANEC).

Ese programa, que se deriva del Plan Nacional de Desarro-llo y que fue publicado el 13 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), seña-la Suárez, “hace un reconoci-miento implícito del fracaso del modelo neoliberal en el campo, que da preminencia al mercado y desaparece la responsabilidad del Estado en la conducción, regula-ción y fomento de la actividad agroalimentaria, y se plantea la necesidad de un nuevo modelo agroalimentario”.

Ello resulta valioso pues a par-tir de allí el Programa establece metas sectoriales cualitativas orientadas a cumplirse en el transcurso de los próximos cinco años, y entre ellas destacan: a) un incremento de la la producción de alimentos –en particular de granos y oleaginosas- para redu-cir la dependencia que México tiene de las importaciones de 42 por ciento a no más de 25 por ciento en el 2018, y b) un creci-miento medio anual del PIB agropecuario de tres por ciento, en comparación con el prome-dio del crecimiento de los años recientes, de 1.5 por ciento, y de 1.6 en este 2013, y c) que al final del sexenio se tenga un equilibrio en la balanza comercial agroali-mentaria, esto quiere decir que se disminuirán las importaciones y aumentarán las exportaciones. Hoy tenemos un déficit comer-cial agroalimentario de alrede-dor de cuatro mil 500 millones de dólares por año, señala Suárez Carrera en entrevista y destaca que es muy positivo que el Pro-grama considere que las impor-taciones agroalimentarias deben ser complemento y no competen-cia para la producción nacional.

Para el directivo, resulta también destacable que el Programa Sec-torial plantee el tema de la inno-vación tecnológica y la vincula-ción con la pequeña y mediana producción como motor de la productividad y del fomento pro-ductivo, y que establezca que la pequeña y mediana producción

agropecuaria podrá impulsarse a condición de que se promuevan asociaciones entre los campesi-nos para todos los procesos que implica la actividad: compras en común de insumos; ventas en co-mún de cosechas, y provisión en común de servicios financieros, técnicos y logísticos. Resalta ade-más que el Programa prevé in-centivos a la producción agrícola sustentable, cuidadosa del medio ambiente.

“Y en ninguna parte del Progra-ma se habla de la desaparición del minifundio como total ni del ejido y la comunidad como tal. Pero hay que estar pendientes de que así sea”.

Respecto de esa preocupación, cabe señalar que el Programa Sectorial tiene un apartado don-de habla de “el minifundio y la baja escala productiva”, donde se-ñala que cerca del 80 por ciento de quienes producen en el campo poseen predios menores a cinco hectáreas, lo que implica que no cuentan con escala productiva y que además presenten problemas de organización que limitan en gran medida su productividad y competitividad”. Dice también que los minifundios no están destinados a producir productos de alto valor, carecen de acceso a tecnologías y procesos de produc-ción modernos.

Sin embargo, dice Suárez, “lo que observo es como aspectos negativos e insuficientes es que no hay centralidad ni prioridad en el fomento productivo de la agricultura pequeña y mediana escala, de la agricultura familiar; no hay un programa único ni concentración de recursos hacia esta prioridad (…) El Proagro Productivo no establece ningún

lineamiento particular respecto a imponer un tope hasta 20 hec-táreas del apoyo por predio. Esa omisión me parece grave, pues en el diagnóstico sí se habla de la pequeña y mediana producción, pero en las estrategias no hay su-ficiente centralidad, ni compro-miso de asignación de recursos. Y lo más sintomático es que no habla nada acerca de las nuevas orientaciones del Proagro”.

Otro aspecto que resulta “insu-ficiente, incoherente y grave”, según Suárez, es que el interés manifestado en el Programa de impulsar la producción y dismi-nuir las importaciones no está acompañado de medidas efecti-vas de regulación de parte del Es-tado. “Sólo se habla de un tablero de control, que no es más que un sistema de información, pero que no tiene carácter vinculante; no se habla de recuperar el control del Estado sobre el comercio exterior agroalimentario, no se habla de una reserva pública de alimentos ni de un sistema de compras gubernamentales para garantizar en todo caso un siste-ma de precios y de abasto frente a la especulación y desorden de los mercados y frente a las im-portaciones descontroladas. En los hechos se mantiene en esen-cia la idea del libre mercado y el control de los monopolios sobre precios y mercados”.

Un tercer punto que a decir de Suárez resulta “peligroso y am-biguo” es el énfasis que se le da a la política de agroparques y clusters.

“Esto puede ser una reedición de la política que impulsó Car-los Salinas y que el gobierno ha estado impulsando en los 20 años recientes, de agroasociaciones,

asociaciones en participación, la Ley de Fomento Agropecuario de Salinas, el proyecto de Vaque-rías, todos estos esquemas que al final de cuentas buscan proveer de materias primas baratas a los monopolios agroalimentarios y que los subsidios y recursos públi-cos sirvan solamente para alinear a todos los demás eslabones al servicio de los monopolios para acrecentar su poder y su influen-cia económica y política.

Por último, dice el entrevistado, no hay una definición explícita del Programa Sectorial a favor de la protección y el cuidado de la agrodiversidad, particular-mente de la diversidad de maíces nativos y por tanto no contiene un pronunciamiento en contra de la siembra de transgénico; tampoco hay un pronunciamien-to a favor. “Pero esta omisión me parece grave”.

“Entonces, más allá de algunos elementos positivos, interesantes en los enunciados del programa sectorial, no hay claridad ni defi-nición sobre los instrumentos es-tratégicos, sobre los cómo llevar a cabo las cosas, y sigue habien-do una gran dispersión: hay más de 50 componentes de diversos programas, y parece que el presu-puesto se maneja de manera feu-dal por cada subsecretaría y cada dirección general, no se ve cómo van a romper con la burocracia y los intereses que existen en la Secretaría de Agricultura y en las instancias regionales y delegacio-nales de esta Secretaría. Además, no hay claridad respecto de cómo evitar el uso clientelar, político de los recursos públicos y no hay claridad respecto de un sistema de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del presu-puesto público”. (LER)

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41.5 por ciento en el primer semestre del año en comparación con el mismo periodo del año pre-vio. Asimismo, mientras el Grupo Bimbo tiene una utilidad de ope-ración de menos 41.5 por ciento en “Iberia” (España y Portugal), en nuestro país reporta una cifra positiva de 35.5 por ciento.

A su vez, el Grupo FEMSA repor-tó un incremento de sus utilidades de operación del 9.1 por ciento, mientras que Coca-cola FEMSA y FEMSA Comercio experimen-taron un crecimiento de 9.15 y 6.7 por ciento, respectivamente.

Si a las grandes corporaciones agroalimentarias les va muy bien aun con el estancamiento econó-mico y el crecimiento de la des-igualdad, pobreza y malnutrición en el país, ¿cuál es el incentivo para cambiar el modelo neolibe-ral de economía, agricultura y alimentación?

8. Resistencias campesinas en as-censo y el campesinado aún sin cabeza.- Frente a la continuidad y profundización de las políticas neoliberales hacia el campo, las resistencias campesinas y rurales se han multiplicado a lo largo del territorio nacional. Han destacado las luchas contra los megaproyec-tos mineros, eólicos e hidráulicos, así como las movilizaciones de los productores de café, caña de azúcar y granos básicos frente a la caída de los precios, el desorden y monopolización de los mercados y la pasividad gubernamental. Des-taca también en este aspecto la iniciativa de la campaña Sin Maíz no hay País y de la Unión de Cien-tíficos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) para impulsar exitosamente una acción colectiva contra la siembra de maíz transgé-nico que derivó en la resolución de medidas cautelares por un juez federal.

Por su lado, las organizaciones campesinas nacionales y sus convergencias (CONOC, FAC, Conorp y CAP) no han podido unificarse y actuar en torno a una agenda común de cambios de fon-do. Después del movimiento El Campo no Aguanta Más y el Plan de Ayala Siglo XXI, desafortuna-damente aún no hay suficiente claridad de la importancia de la construcción de una “cabeza” au-tónoma y con proyecto histórico del campesinado mexicano y, por el contrario, sigue prevaleciendo el protagonismo, el inmediatismo, el clientelismo y la subordinación a los partidos políticos (Pacto por México).

No obstante, en el México rural profundo la resistencia, la organi-zación, la construcción de alterna-tivas (organizativas, económicas, productivas, etcétera) y las movi-lizaciones contra la continuidad neoliberal y el retorno del PRI continúan en franco ascenso.


LOS AGUJEROS NEGROS DE LA REFORMA HACENDARIAMariana Carmona Ambriz Investigadora y consultora para la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social, AC

La reforma hacendaria aprobada en noviembre pasado fue calificada por expertos como una mis-

celánea fiscal. ¿Por qué darle un calificativo peyorativo a la búsque-da por mejorar la capacidad recau-datoria del Estado? La respuesta que yo encuentro es porque una reforma hacendaria debe involu-crar mecanismos eficaces, tanto del lado del ingreso como del gasto público y garantizar que el destino del mismo se dé en los proyectos con la mayor rentabilidad social. Desafortunadamente, sólo se dio incremento de impuestos sin im-bricar elementos obligatorios de transparencia, contabilidad guber-namental, evaluación de desem-peño y rendición de cuentas a las decisiones de gasto, para cualquier nivel de gobierno. En otras pala-bras: es una miscelánea fiscal por-que no hay nada que premie o cas-tigue las buenas y malas prácticas en el ejercicio del gasto público.

Así, diversos aspectos de esta re-forma quedan sujetos a escruti-nio ya que, aunque se eliminaron regímenes especiales que permi-tían la elusión de empresas gran-des incluyendo algunas del sector primario, también es cierto que los sectores cautivos –como los asala-riados- pagarán más impuestos, sin que por otra parte se haya hecho lo necesario para incorporar al 64 por ciento que vive en la economía in-formal. Asimismo, porque es una política fiscal que se instrumen-tará en un contexto de nulo cre-cimiento económico, contracción del consumo y precariedad en los ingresos y, pese a esto, se solicita transferir más recursos del sector privado al público.

Más aún, porque fue infame que como parte de las justificaciones para el incremento de la tasa al impuesto sobre la renta, se argu-mentara que sólo uno por ciento de la población caería en el su-puesto de ingresos superiores a los 40 mil pesos mensuales, cuando esto debe ser motivo de oprobio, porque evidencia la abominable desigualdad del ingreso y la inca-pacidad que han tenido los gobier-nos mexicanos para incrementar la riqueza nacional y que ésta se distribuya equitativamente.

Análisis más, análisis menos, para 2014, el gobierno federal, estados y municipios tendrán ingresos por 4.47 billones de pesos y la pregun-ta es: ¿cómo se van a gastar ingen-tes recursos? Y aquí el panorama se torna nebuloso, porque, como sociedad, no hemos entendido que el problema del sector público no es la falta de recursos, sino qui-zá su abundancia, la cual alienta el dispendio y la ineficiencia, au-nado a una inexistente rendición de cuentas en donde no importa lo mal que se gaste porque la ra-

cionalidad burocrática es: “gastar-lo todo para que el próximo año no lo recorten y quizá hasta lo aumenten”.

Para muestra un botón: el Progra-ma Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) que en 2014 tendrá 338.7 mil millones de pesos y desde hace más de una década incrementa su pre-supuesto real año con año. ¡A pesar de esto, el PEC no ha logrado redu-cir la pobreza rural que prevalece en 16.7 millones de personas!

La realidad es que si se sigue gas-tando como hasta ahora, no logra-rá bajar la pobreza ni en un siglo, porque la reforma hacendaria no rellenó los agujeros negros para la rendición de cuentas, con amenazas creíbles, para que un funcionario público, del nivel que sea, no tome malas decisiones, ni siquiera con sus pensamientos. Y no rellenó esos agujeros a pesar de contar con las instituciones necesarias y que sólo hacía falta facultarlas para operar coordinadamente, a saber: el Con-sejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) y las eva-luaciones de impacto vinculadas a las decisiones presupuestarias; la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para revisar el ejercicio físico-financiero, y la Secretaría de la Fun-ción Pública (SFP), para remitir a las autoridades a quienes cometan actos de corrupción. Tampoco se dieron mecanismos para que los programas lleguen a quien los necesita median-te el estableciendo de garantías para el acceso equitativo a subsidios y fi-nanciamientos públicos.

Regresando al caso del campo mexicano, los campesinos y pe-queños productores llanamente no acceden a los subsidios, excepto a las transferencias al ingreso. Sin entrar en temas escabrosos de cuo-tas a organizaciones por color, bas-ta con irse a lo más sencillo: ¿acaso son accesibles y prácticas las reglas de operación de los programas de la Secretaría de Agricultura? Ha-bría que cursar, por lo menos, un diplomado antes de poder entender ese inextricable cúmulo de costos de transacción. Ahora imagine-mos un campesino, con primaria incompleta, intentando hacerse de apoyos para asistencia técnica, ca-pacitación, paquetes tecnológicos y esquemas de comercialización…

Por estas y otras razones, la reforma hacendaria dejó pasar la oportuni-dad para romper las causas estructu-rales de nuestra mala hacienda públi-ca. Ahora, es deber de la ciudadanía empujar estos cambios y no quitar el dedo del renglón hasta tener transpa-rencia absoluta sobre el uso de los re-cursos públicos, porque como me lo repetía un antiguo profesor en la uni-versidad: el Estado somos Todos.

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Habría que cursar, por

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CRECIMIENTO CONSTANTE DEL PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTELourdes Rudiño

Para el 2014, el Congreso aprobó un monto 338 mil 670.9 millones de pesos al Presupuesto Especial

Concurrente para el Desarrollo Rural (PEC), que involucra re-cursos de 18 ramos, entre ellos 13 secretarías de Estado, y más de 150 acciones y programas de gobierno. En términos nominales, esto signi-fica un aumento de 7.93 por cien-to, o sea de 24 mil 881.1 millones de pesos respecto del PEC de 2013, que fue de 313 mil 789.8 millones.

El recurso aprobado avanza en la línea ascendente que ha seguido el PEC desde que se estableció como estructura dentro del presu-puesto federal, a partir de defini-ciones de la Ley de Desarrollo Ru-ral Sustentable (LDRS). En 2003 el PEC sumó 116 mil 122 millones de pesos.

Del PEC 2014, destaca el hecho de que –a diferencia de años previos,- la propuesta del Ejecutivo, de 326 mil 18.7 millones de pesos, resultó superior al monto del PEC del año previo, lo cual, según expresiones de algunos analistas mencionados por la prensa diaria, fue positivo pues evitó prácticas inadecuadas, como el hecho de que la Cámara de Diputados corregía al alza, de manera improvisada e incorporan-do gastos en “programas de dudosa efectividad”, según un análisis del Grupo Consultores en Mercados Agrícolas citado por El Financiero.

Las vertientes y ramos en los que el PEC 2014 presenta los mayo-res incrementos respecto de 2013 son: Infraestructura en el medio rural, con 11.27 por ciento; Medio ambiente y recursos naturales, con un 32.9; Trabajo y previsión social, con un 40 por ciento; Educación, con un 16.2, y Turismo, con un 15.31 por ciento.

Pero históricamente, la vertiente del PEC que más recursos recibió hasta 2009 fue la de Competiti-vidad, y después estaban, en ese orden, Infraestructura y Social. A partir de 2010 eso cambió. Ese año Infraestructura se colocó en primer lugar y a partir de 2011 es la vertiente Social la que está a la cabeza. Ello ha generado críticas en el sentido de que hay desequi-librios entre los programas asis-tenciales y los de apoyo producti-vo (implicados en la vertiente de Competitividad).

En el PEC 2014 la vertiente So-cial cuenta con 92 mil 612.4 mi-llones de pesos (arriba de los 87 mil 752.4 millones de 2013 y de los 12 mil 749 millones de 2003); la de Infraestructura cuenta con 70 mil 263.7 millones (sobre los 63 mil

144.8 de 2013 y los 16 mil 56 millo-nes de 2003), y la de Competitivi-dad tiene asignados para 2014 un total de 62 mil millones de pesos (en comparación con 58 mil 228 millones de 2013 y con 30 mil 629 millones de 2003).

Las otras vertientes del PEC son la Financiera, con tres mil 121 millones de pesos para 2014; la de Medio ambiente, con 14 mil 855.7 millones; la Educativa, con 35 mil, 609.5 millones; la Laboral, con mil 125.6 millones; la de Sa-lud, con 47 mil 231.1 millones; la Agraria, con mil 308.1 millones, y la Administrativa, con diez mil 543.3 millones de pesos.

Análisis elaborados por el Centro de Estudios para el Desarrollo Ru-ral Sustentable y la Soberanía Ali-mentaria (CEDRSSA) destacan el hecho de que dentro de estas vertientes seis grandes programas absorben el 88 por ciento de todo el PEC 2014. Son el Programa de Infraestructura en el medio rural, con 70 mil 263.7 millones de pe-sos; el de Atención a la pobreza en el medio rural, con 58 mil 886.3 millones; el programa de Fomento a la inversión y productividad, con 52 mil 411.4 millones; el Programa de atención a las condiciones de salud en el medio rural, con 47 mil 231.1 millones; el Programa de educación e investigación, con 35 mil 609.5 millones, y el Programa de derecho a la alimentación, con 33 mil 726.1 millones de pesos.

De las dependencias participantes en el PEC, la Secretaría de Agri-

cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sa-garpa) es la que obtiene el mayor monto. La asignación con que cuenta en el PEC 2014 es de 82 mil 901.3 millones, esto es 24.4 por ciento de todo el PEC.

Destaca que en su propuesta de PEC 2014 el Ejecutivo planteó tres nuevos programas dentro de la Sagarpa, en línea con el con-cepto anunciado por el presiden-te Enrique Peña Nieto el cuatro de noviembre pasado en Nayarit, de “Un nuevo campo para Méxi-co”, cuyo objetivo, dijo, es elevar la productividad de los peque-ños productores y darles acceso a más fertilizantes y semillas, por medio de varias estrategias, pero destacando los “agroparques” y “clusters”.

Sin embargo, la Cámara de Di-putados decidió bajar los montos propuestos por Ejecutivo en dos de esos programas. El primero, dentro del rubro de Productividad y competitividad agroalimentaria, es el Sistema Nacional de Agropar-ques, donde el Ejecutivo solicitó mil 154.3 millones de pesos y se le autorizaron mil 74.3 millones; el segundo, dentro del rubro Integral de desarrollo rural, es el programa de Agricultura familiar, periurbana y de traspatio, con donde tanto la propuesta como lo autorizado suma 482.6 millones, y el tercero, dentro del rubro de Fomento a la agricul-tura, es el programa Desarrollo de cluster agroalimentario, para el cual el Ejecutivo pidió 977.7 millo-nes de pesos y el monto autorizado por el Congreso fue 56.3 por ciento menor, de 427.3 millones de pesos.

Por otro lado, en el PEC se reali-zó un ajuste en los grandes rubros que contiene. En el 2013 éstos sumaban 15; en 2014 son 14, pues surgió un nuevo rubro-programa: Programa de comercialización y desarrollo de mercados, y a cam-bio desaparecieron Procampo pro-ductivo y Programa de desarrollo de mercados agropecuarios y pes-queros e información, y cambió de nombre el Programa de apoyo a la inversión en equipamiento e in-fraestructura; ahora se llama Pro-grama de fomento a la inversión y productividad.

Fuera de eso los demás rubros que-daron igual: Programa de finan-ciamiento y aseguramiento al me-dio rural; Programa de prevención y manejo de riesgos; Programa de desarrollo de capacidades, innova-ción tecnológica y extensionismo; Programa de sustentabilidad de los recursos naturales; Programa de educación e investigación; Pro-grama de mejoramiento de condi-ciones laborales en el medio rural; Programa de atención a la pobre-za en el medio rural; Programa de derecho a la alimentación; Progra-ma de infraestructura en el medio rural, Programa de atención a las condiciones de salud en el medio rural; Programa para la atención de aspectos agrarios, y Gastos ad-ministrativos.

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EL PEC Y SUS VERTIENTES

(Millones de pesos)

2003 2006 2013 2014

PEC Total 116,122.8 154,889.2 313,789.8 338,670.9

Financiera 10,721.3 1,345.7 2,965.4 3,121.0

Compe vidad 30,628.8 40,201.0 58,227.9 62,000.6

Medio ambiente 7,341.7 6,086.7 1,014.5 14,855.7

Educa va 19,872.1 28,404.3 31,114.8 35,609.5

Laboral 2,605.8 1,759.4 2,178.4 1,125.6

Social 12,749.2 21,877.4 87,752.4 92,612.4

Infraestructura 16,055.6 27,346.5 63,144.8 70,263.7

Salud 7,036.9 17,148.5 44,243.5 47,231.1

Agraria 562.2 1,430.70 1,441.2 1,308.1

Administra va 8,549.1 9,289.0 8,707.0 10,543.3

Fuente: CEDRSSA


TLCAN: UN MAR DE PROMESAS INCUMPLIDASMarcy Kaptur Congresista, Noveno Distrito del Congreso de Ohio

Acuerdos de libre comercio (TLCs) significan dife-rentes cosas para diferen-tes personas. En general,

se supone que buscan mejorar el bienestar económico de los países participantes. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fue el primer acuerdo comercial entre los países desarro-llados y en desarrollo. Este nuevo tipo de modelo de comercio pre-tendía hacer grandes cosas para cada nación y muchas promesas surgieron, incluida la de mejorar el bienestar económico de las na-ciones participantes. En realidad, las promesas de los promotores del TLCAN se han roto una y otra vez. Me gustaría repasar algunas de las promesas claves hechas cuando se impulsó el TLCAN:

Promesa hecha: el TLCAN sig-nifica empleos. El presidente Bill Clinton dijo durante la firma del TLCAN: “El TLCAN significa puestos de trabajo. Empleos en Es-tados Unidos (EU), y empleos bien pagados en Estados Unidos”. Espe-cíficamente, el gobierno de Clinton dijo que el TLCAN crearía 200 mil puestos de trabajo. Gary Hufbauer y Jeffrey Schott, del Instituto Peterson de Economía Internacional, pro-yectaron que el TLCAN crearía 170 mil nuevos puestos de trabajo netos en EU. La Administración Clinton frecuentemente citó esas cifras tam-bién. Además, el entonces presiden-te mexicano, Carlos Salinas, afir-mó que el TLCAN aumentaría la capacidad de México para exportar productos. Esto a su vez ayudaría a crear empleos en México.

Promesa rota: la pérdida de em-pleos del TLC. La pérdida de em-pleos en Estados Unidos a partir del TLCAN se puede medir de mu-chas maneras. Un estudio del Insti-tuto de Política Económica estima que un millón de empleos netos se han perdido desde que entró en vi-gor el Tratado. Según datos oficia-les del Departamento del Trabajo de Estados, desde entonces en EU se han perdido: casi cinco millones de empleos en la manufactura; 200 mil en la manufactura de partes de vehículos de motor; cien mil más en la manufactura de vehículos de motor, y 170 mil empleos en explo-taciones agrícolas familiares.

En este renglón México también ha sufrido como resultado del TL-CAN. El desempleo en México se duplicó prácticamente entre 2000 y 2004. De 1993 a 2004, se perdie-ron casi dos millones de empleos agrícolas en México. Tan sólo en la producción de maíz en México se han perdido más de un millón de puestos de trabajo.

Promesa: superávit comercial. Los promotores del TLCAN, par-ticularmente Hufbauer y Schott,

dijeron que éste permitiría gran-des superávits comerciales para Estados Unidos. El presidente Clinton afirmó que EU se benefi-ciaría debido a un mayor acceso al mercado de consumo de México. Dijo literalmente que el Tratado conduciría a un “boom de las ex-portaciones a México”.

Promesa incumplida: déficits comerciales. Los déficits comer-ciales se producen cuando un país está aceptando o importando más bienes extranjeros de lo que pro-duce para vender en los mercados extranjeros. En términos genera-les, las importaciones desplazan a los productos producidos en el país por los trabajadores locales. Los déficits comerciales acumulados desde que inició el TLCAN son alarmantes. Los déficits comercia-les comenzaron inmediatamente después de que el TLCAN entró en vigor. En 1993, el año previo al TLCAN, EU tenía un superávit comercial de mil 600 millones de

dólares con México. Un año des-pués de iniciado el TLCAN, ese superávit se convirtió en un déficit de 15 mil 800 millones. Hoy, EU tiene un déficit comercial de 61 mil 600 millones con México.

He aquí más datos reveladores sobre los déficits comercial ocu-rridos desde que el TLCAN entró en vigor en 1994: 1.5 billones de dólares de déficit comercial acu-mulado de EU con sus socios del Tratado; 757 mil millones de dó-lares déficit comercial acumulado de EU con México; 800 mil millo-nes de dólares en déficit comercial acumulado de EU con Canadá, y el déficit comercial de EU pasó de 98 mil millones de dólares a 534 mil millones durante el TLCAN.

El desequilibrio en el comercio entre los socios del TLCAN per-siste hoy día. A partir de 2012, Estados Unidos tiene un déficit comercial con México en las si-guientes industrias: 31 mil millo-

nes en vehículos de motor; 13 mil 700 millones en piezas de vehícu-los de motor; 11 mil 400 millones en equipos de audio y video, y ocho mil 400 millones de dólares en equipos de comunicaciones.

Cuando el TLCAN se debatió, argumenté que debía implicar un modelo democrático de de-sarrollo del comercio, respetuoso del Estado de Derecho, tal como ocurre con Europa, Canadá, Nueva Zelanda y Australia, que se unen con el objetivo de elevar los niveles de vida de la gente de cada país. Lo que se hizo fue exac-tamente lo contrario. Economías mucho muy diferentes se vieron obligadas a integrarse, y esto ha producido daños colaterales a las personas y comunidades.

Como resultado de décadas de subsidios gubernamentales, la agricultura de EU fue más eficien-te y ocupó una posición mejor que la de México antes del TLCAN.

Por lo tanto, los ganadores fueron las multinacionales comercializa-doras de granos y los perdedores fueron los pequeños agricultores de México, que estaban entre los más pobres del continente. El TL-CAN hizo a estos agricultores aún más pobres y en muchos casos los despojó de su tierra. El TLCAN creó incentivos para que la indus-tria automotriz estadounidense enviara al exterior su producción principal. En consecuencia, casi 40 por ciento de todos los empleos de automóviles en el continente se encuentran en México. Esos empleos pagan a los trabajadores mexicanos mucho menos que un salario digno y ello perpetua el ciclo de la pobreza, misma que su-puestamente iba a ser enfrentada por el TLCAN. Mientras tanto, en EU los trabajadores del sector automotriz vieron que sus fábricas eran cerradas y trabajos sindicali-zados de la clase media se desva-necieron junto con los contratos de trabajo. Esto se repitió en una industria tras otra en ambos paí-ses. El TLCAN fue un gran ne-gocio para las corporaciones mul-tinacionales. Se golpeó a la clase obrera industrial.

Estados Unidos debió haber se-guido el modelo de la integración de España y Portugal en la Unión Europea, con la asistencia para el desarrollo integrado en el acuerdo como un precepto fundamental. Así, el comercio creciente habría producido los ingresos necesarios para la infraestructura y la inver-sión en el progreso y bienestar de las personas. Desafortunadamen-te, el modelo de EU apostó por lo bajo, no por lo alto.

A medida que nos acercamos a los 20 años de TLCAN, espero que demos a conocer sus fracasos y promesas incumplidas, con el fin de estimular la acción para hacer los cambios necesarios. Los pue-blos de Estados Unidos y de Méxi-co se merecen algo mejor. FO

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EL TRATADO, LA MIGRACIÓN Y LOS MEXICANOS EN EUGaspar Rivera-Salgado Universidad de California, Los Ángeles / Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB)

Cuando se aprobó la versión final del Trata-do de Libre Comercio de América del Norte

(TLCAN), no contenía definicio-nes específicas sobre el proceso de migración de trabajadores mexica-nos a Estados Unidos (EU), algo por demás insólito en un tratado internacional cuya ratificación en el Congreso estadounidense dependía en gran medida en la promesa de que controlaría el flujo de trabajadores indocumen-tados de México a su territorio. Se hizo evidente muy pronto que el TLCAN era una propuesta de “zona de libre comercio” debido a que las reglas que dispone definen cómo y cuándo se eliminarán las barreras arancelarias para conse-guir el libre paso de los productos y servicios entre las tres naciones participantes. Los acuerdos bilate-rales en torno al medio ambiente y a trabajo tampoco tomaron el tema de migración directamente.

Habría que recordar que el deba-te sobre el TLCAN se daba en el contexto de una sostenida migra-ción de trabajadores migrantes a EU que fue de 170 mil anuales en los años 80’s a un promedio 500 mil para finales los 90’s.

Después de cuatro décadas de migración de mexicanos hacia EU sostenida desde los 70’s, que implicó a más de 12 millones de personas —más de la mitad de ellos indocumentados—, final-mente el flujo migratorio neto ha parado. Sin embargo, a 20 años de su implementación, vale la pena reflexionar sobre el efecto que el TLCAN ha tenido sobre esta migración.

La ortodoxia económica neolibe-ral falló. La premisa de que un aumento del flujo comercial entre los dos países propiciaría una re-ducción del flujo migratorio probó ser errónea desde el principio de la implementación del TLCAN, cuando el promedio del flujo de migración pasó de un promedio anual de 330 mil entre 1990-93 a 370 mil en 1994, el año en que entró en vigor el acuerdo comer-cial. Para el 2000, el flujo había aumentado a un promedio anual de 550 mil.

Hoy es un lugar común pen-sar que el TLCAN fue un mal acuerdo para México, pues eso se desprende al revisar los indica-dores más importantes sobre cre-cimiento económico, producción de empleo, efectos negativos en la agricultura e índices de pobreza a escala nacional. Ni qué decir de la creciente dependencia de la eco-nomía mexicana de la estadouni-dense. Todo esto sin los beneficios que debió traer la creciente inver-sión directa extranjera al país. El

mapa de la economía mexicana cambió después de la implemen-tación del TLCAN. Walmart abrió su primera tienda mexicana

en 1993; ahora esta empresa es el mayor empleador privado de Mé-xico con más de 200 mil trabaja-dores y más de 700 sucursales en

más de 60 ciudades del país. Por supuesto, la demanda de empleo rebasa la oferta, y el sueldo real se ha mantenido estancado por más de una década. También se estima que unos 28 mil negocios media-nos y pequeños han cerrado como consecuencia directa de esta ex-pansión agresiva de Walmart en México.

Pero si queremos ver políticas pú-blicas que en verdad tienen efec-tos en el tamaño y la forma del flujo de la migración de trabaja-dores mexicanos deberíamos con-siderar las políticas de migración implementadas unilateralmente por Estados Unidos y no los tra-tados comerciales bilaterales.

No ha habido ningún esfuerzo plenamente bilateral en asuntos migratorios desde el Programa Bracero que se puso en marcha de manera semi coordinada a escala binacional entre 1946 y 1964 y en el que participaron casi cinco mi-llones de trabajadores mexicanos sufriendo un número enorme de injusticias y violaciones a sus de-rechos laborales (http://braceroar-chive.org).

La siguiente reforma migratoria importante se implementó en 1986 con la llamada Ley de Con-trol y Reforma de la Inmigración (IRCA, por sus siglas en inglés), firmada por el presidente Reagan, con la que aproximadamente tres millones de trabajadores indocu-mentados lograron legalizarse, 2.3 millones de ellos eran mexi-canos. La IRCA, al igual que el TLCAN, no disminuyó el f lujo de trabajadores migrantes sin papeles. De manera paradójica, en 2007 el Pew Hispanic Center (http://www.pewhispanic.org/) estimaba que había en Estados Unidos 12.2 millones de indocu-mentados, 52 por ciento de los cuales, o sea más de seis millo-nes, eran mexicanos.

La administración del presidente Obama, en un intento por res-ponder al incremento del flujo de trabajadores indocumentados, ha hecho uso de múltiples medidas administrativas, la principal son los cuerpos de policías munici-pales en cientos de entidades en EU, por medio de convenios con la Secretaría de Seguridad de la Nación (Homeland Security). Las deportaciones han aumento de manera sin precedente al grado de que han alcanzado 400 mil en promedio anual y han rebasado ya los dos millones en lo que va de su administración, en los pasados cinco años. Se calcula que casi 75 por ciento de los migrantes depor-tados son de origen mexicano.

Claramente, el TLCAN ha fra-casado y no ofrece un marco de coordinación binacional mínima para tratar el complejo asunto mi-gratorio. Las deportaciones masi-vas bajo la administración del pre-sidente Obama son el indicador más claro de esto. Sin embargo, no basta que existan situaciones tan dramáticas como las que ex-perimentan las innumerables fa-milias separadas por estas depor-taciones masivas para que se los gobiernos, tanto en México como en Estados Unidos, rompan con la inercia colectiva en la que nos en-contramos. Esto es trágicamente una falla de la imaginación colec-tiva y del coraje para proponer me-didas como la renegociación del TLCAN para mejorar los destinos de las mayorías de las poblaciones en ambos países.

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ADIÓS A LA SOBERANÍA “SERÁ NUESTRA HERENCIA UNA RED DE AGUJEROS”Armando Bartra

Desde hace 30 años los gobiernos de México, además de pro empre-sariales, han sido priva-

tizadores, es decir omisos, ausentes e irresponsables en lo tocante a las funciones sustantivas que la Cons-titución le asigna el Estado. El ac-tivismo de las sucesivas administra-ciones no fue para hacer sino para deshacer: no para conducir la Na-ción sino para soltar el volante, no para ocuparse de la función pública sino para vaciarla de contenido. Por-que la ausencia del Estado gestor y no su presencia es lo que interesa a los cultores del libre cambio.

Desafanados, indolentes, apoca-dos, los gobiernos privatizadores ceden lo sustantivo al mercado y sus tiburones; autoritarios, torvos, ninguneadores los gobiernos priva-tizadores ignoran o reprimen a los desafectos. Así, las cinco adminis-traciones federales recientes han tenido en común ser a la vez omi-sas y persecutorias: ausentes cuan-do se trata de cumplir sus funcio-nes primordiales y represivas con quienes reclaman su abandono.

Soberanía menguante. Por lo ge-neral se busca descifrar el destino del país en sus entrañas económi-cas, sociales, políticas o culturales. Sin desdeñar esos acercamientos intentaré aquí avanzar por un atajo: el diagnóstico del estado de nuestra soberanía, el añejo y aún vigente pilar de toda nación digna de tal nombre.

México se ha vuelto sinónimo de subordinación, de soberanía mer-mada. Los procesos mundiales ciñen cada vez más a los naciona-les, pero aquí el condicionamiento universal devino particular modo de ser. Saldo de la vecindad con Es-tados Unidos, pero también del des-arme económico, social, político y cultural emprendido por nuestros gobiernos desde hace 30 años, es la dependencia estructural de México respecto de la potencia contigua.

En el marco de una gran crisis que pone en entredicho el modelo neoliberal, el modo capitalista de producir y la propia civilización occidental, en los pasados tres lustros América Latina avanzó ha-cia otro modelo socioeconómico. México no. Aquí la vocación ren-tista de un capital que en vez de atenerse a las solas ganancias de la inversión productiva, se empeña en valorizar especulativamente los mercados de privilegio y los recur-sos escasos de los que se ha apro-piado, coincidió con la vocación de los seis gobiernos recientes por privatizar bienes públicos y ceder soberanía nacional.

Así, por más de 30 años el Estado incumplió la obligación constitu-cional de conducir la economía en beneficio de los mexicanos y mediante la planeación democrá-tica, de modo que en las últimas décadas no hemos tenido más política económica que la de obe-decer ciegamente los designios del mercado. En el mismo lapso se consumó la reprivatización de

un sistema bancario y financiero, que hoy además de abrumadora-mente trasnacional es ineficiente y medra con la deuda pública. Se conformó una minería rapaz y contaminante que tiene conce-sionado un cuarto de la superficie del país y donde predominan las inversiones extranjeras. Se fortale-ció una industria energética para-lela a la pública, que, violentando la Constitución, privatiza cada vez más la renta petrolera y las que ge-nera el sistema eléctrico nacional. Se renunció a la soberanía y segu-ridad alimentarias descobijando a los campesinos y a la agricultura de mercado interno, y cediendo a las trasnacionales tanto la in-troducción de insumos agrícolas como el acopio de cosechas, lo que incluye el creciente uso de se-millas transgénicas que amenazan el genoma maicero. Se consolidó un sistema de telecomunicaciones privado casi monopólico y junto a él embarneció un duopolio te-levisivo que no sólo tiene copado el espectro electromagnético y el imaginario colectivo, sino que lu-cra políticamente con su posición dominante. Se fue estableciendo un extenso sistema formado por cadenas trasnacionales de tiendas de autoservicio que barren con el pequeño comercio, estrangulan a los proveedores y nos inundan de productos chatarra pues tienen en sus manos el abasto familiar. Sin olvidar al vertiginoso negocio del narcotráfico, que resulta inextir-pable entre otras cosas porque está entreverado con infinidad de acti-

vidades económicas lícitas, con el sistema financiero y con el nego-cio de la política.

En suma, en México padecemos un sistema económico monopolis-ta, predador y especulativo donde la inversión productiva más que fin en sí misma es medio para rea-lizar las rentas, incluyendo las que genera la ilegalidad y capitaliza el

narco. Una frase resume el curso reciente del país: pérdida de sobe-ranía, renuncia a la soberanía, ce-sión de soberanía, vaciamiento de la soberanía nacional y popular.

Dimensiones de la desnacio-nalización. El artículo 39 de la Constitución dice: “La soberanía nacional reside esencial y origi-nariamente en el pueblo. Todo poder político dimana del pue-blo y se instituye en beneficio de éste”. Precepto que es letra muerta pues en las últimas décadas se han venido ahuecando tanto la sobe-ranía popular como la pensaba Juan Jacobo Rousseau, dado que los mexicanos decidimos cada vez menos sobre nuestro destino en to-dos los ámbitos; como la soberanía nacional en el sentido que le dio la Asamblea Constituyente fran-cesa de 1789, pues los sucesivos

gobiernos han amputado al Esta-do de muchas de sus atribuciones fundamentales establecidas en la carta magna.

La pérdida de soberanía es a veces por renuncia: abandono de la con-ducción de la economía; otras por cesión: recursos del subsuelo y ge-neración de energía, y otras más por incapacidad para ejercerla: pérdida de control territorial ante el narco.

El vaciamiento del Estado que desde los 70s del siglo pasado nos recetó un neoliberalismo hoy desacreditado, está siendo llevado hasta el límite por los gobiernos recientes que por entrega, omisión o impotencia han ido renuncian-do a la soberanía en todos los ám-bitos. Veamos.

Economía. Los gobiernos del PRI y del PAN desertaron de la conducción de la economía na-cional que por más de 30 años prácticamente se estancó, además de que el sistema financiero dejó de ser nacional pues la gran ma-

yoría de los bancos pasó a manos de extranjeros. En el nefasto 2013 la abulia llegó al extremo pues en un contexto de atonía económica no se tomaron medidas contrací-clicas para inducir el crecimiento, además de que se dejó de ejercer presupuesto y se desfondó la in-dustria de la construcción que mucho depende del gasto público. El saldo fue recesión, aumento del desempleo, inflación, fuga de ca-pitales, caída de la bolsa, déficit de la balanza comercial, devaluación del peso, concentración del ingre-so, más pobreza... Hoy en México la empresa más boyante es el Na-cional Monte de Piedad, que en 2013 tuvo cerca de diez millones de clientes, “más que en toda su historia”, dice su director general.

Energía. Nuestra seguridad ener-gética se comenzó a erosionar con

cambios en las leyes secundarias que violentaban la norma consti-tucional por la que exploración, extracción, transformación y co-mercialización de hidrocarburos, así como generación y distribu-ción de energía eléctrica son ex-clusivos del Estado. El resultado es que hoy nuestras prioridades ener-géticas son las de Estados Unidos, además de que importamos casi la mitad de los combustibles y los ge-neradores privados ya predominan en el abasto de energía eléctrica. Hasta ayer esto hiba en contra de la Constitución, pero la reforma energética de Peña Nieto cambió los artículos 27 y 28 de la carta magna con el fin de que quitarle el freno a la privatización legali-zándola por completo.

Minería. La entrega a particula-res de los recursos del subsuelo se aceleró con las modificaciones de 1993 a la Ley Minera, que le dan prioridad a la extracción so-bre cualquier otra actividad, y por las que hoy casi una tercera parte del territorio nacional está con-cesionado para exploración a un puñado de grandes empresas, la mayoría extranjeras. Corporacio-nes que prácticamente no pagan impuestos, pero que además son ambientalmente predadoras y la-boralmente rapaces, pues cuando operan a cielo abierto cubren la tierra de cráteres lunares y cuando son subterráneas llenan los soca-vones de cadáveres.

Alimentación. Hoy compramos en el exterior cerca de la mitad de lo que comemos, pues la segu-ridad en básicos se perdió cuan-do Salinas decidió que exportar campesinos e importar alimentos era un buen negocio. Veinte años después Peña Nieto sigue sus pa-sos impulsando una socialmente ineficaz pero políticamente clien-telar Cruzada Nacional contra el Hambre, de carácter asistencial, mientras que no se hace nada para recuperar la producción sostenible de alimentos básicos.

Trabajo. La Constitución estable-ce el derecho al trabajo seguro y bien remunerado, pero desde que los tecnócratas decidieron que los empleos los asigna el mercado y si sobra mano de obra hay que ex-portarla, el Estado no tutela este derecho. Así, en los 90s del pasa-do siglo los mexicanos empezaron a migrar masivamente a Estados Unidos en una estampida que se contuvo en 2008 por la recesión en el país vecino. Las otras opcio-nes son el trabajo informal y la de-lincuencia silvestre u organizada. En un país de jóvenes que nece-sita crear más un millón de


puestos de trabajo al año para ocuparlos, es un crimen dila-pidar el efímero “bono demográ-fico” por falta de empleos dignos.

Educación. La obligación del Es-tado de garantizar el derecho de los mexicanos a la educación cien-tífica y laica se abandonó cuando, al tiempo en que crecía el número de niños y jóvenes en la población, se estancaba el gasto público en to-dos los niveles del sistema educati-vo, al punto de que en la segunda década del siglo XXI sólo tres de cada diez de quienes estaban en edad de acceder a la educación superior podían hacerlo. Tenden-cia que el regreso del PRI al poder reforzó impulsando en 2013 una reforma que, lejos de comprome-ter al Estado con la calidad y co-bertura de la educación pública, se orienta a la represión laboral de los maestros de educación básica.

Ciencia y tecnología. La inver-sión en investigación básica y apli-cada nunca ha sido prioritaria en el gasto público, de modo que en tiempos de la “economía del cono-cimiento”, México seguirá impor-tando soluciones tecnológicas ge-neradas fuera del país y no siempre adecuadas a nuestras necesidades.

Vías de comunicación. Los go-biernos neoliberales privatizaron la red ferroviaria y concesionaron la construcción y operación de ca-rreteras y vendieron las aerolíneas y los aeropuertos. En cuanto al espacio aéreo, que es propiedad de la Nación, se cedió a empresas comerciales sin impulsar un pro-yecto aeronáutico nacional.

Telecomunicaciones. El espectro de las frecuencias electromagné-ticas es propiedad de la Nación, sin embargo ha sido ampliamen-te concesionado a particulares, y su empleo soberano se perdió por completo desde que, con la lla-mada Ley Televisa, el duopolio televisivo impuso sus condiciones. Peña Nieto anunció que el Estado recuperaría el control, pero la Ley de telecomunicaciones de 2013 en los hechos consolida el poder de Televisa y Televisión Azteca. Así el Estado ha renunciado a ejercer la soberanía en el ámbito de la infor-mación pública, que hoy recibimos sesgada por los intereses particula-res que la controlan. En la telefo-nía, desde que el gobierno Salinas le vendió Telmex, casi toda la red esta en manos de Slim, y los lla-mados de otras empresas a romper el monopolio no son más que una rebatinga por la renta que genera.

Patrimonio biocultural. Los go-biernos recientes han desatendido su responsabilidad en la preser-vación tanto de la flora y fauna como de la diversidad cultural, que son patrimonio de todos los mexicanos. Por un lado, pese a las fundadas exigencias de aso-ciaciones civiles, organizaciones sociales y expertos en el sentido de

que debe ser rechazada, sigue su curso la solicitud de autorización para la siembra comercial de maíz transgénico que han presentado trasnacionales como Monsanto. Y en otro ámbito, se sigue permi-tiendo que los mercachifles del espectáculo trivialicen la cultu-ra y hagan palenque de los sitios arqueológicos.

Territorio. Desde 2007 el Estado Mexicano libra una guerra contra el narco, que los estadounidenses quieren mantener fuera de su país y que nos vienen imponiendo so-bre todo desde el gobierno de Calderón, que inauguró la masa-cre. En la torpe confrontación, el gobierno ha perdido el control so-bre extensos territorios donde los cárteles de la droga y no el Estado son soberanos: cobran impuestos, controlan aduanas ingresando al país precursores de drogas de diseño y exportando minerales que ellos mismos extraen, vigilan caminos e imponen su ley. Ante esto, algunas comunidades han asumido de manera autogestio-naria su propia seguridad e im-partición de justicia. Situación que en 2013 se salió de control, al multiplicarse autodefensas ar-madas de origen dudoso. El go-bierno comenzó a desarmarlas y a detener a sus dirigentes, pero curiosamente lo hizo en las regio-nes de Guerrero, donde la Policía Comunitaria ha sido más exitosa y está más consolidada. Además, con la excusa de la Cruzada Na-cional Contra el Hambre los sol-dados comenzaron a llegar a estas poblaciones utilizando la pobreza para militarizar.

Justicia. A la incapacidad para mantener el orden público, se suma la de impartir justicia. El impresentable juicio Cassez se revirtió por intervención del go-bierno francés. Por corrupción o torpeza, los ministerios públicos y jueces dejan ir a delincuentes como los genocidas de Acteal y el narcotraficante Caro Quintero -a quien primero liberan y lue-go persiguen, pero por presiones estadounidenses- mientras que mantienen en la cárcel por más de una década a inocentes como el maestro Alberto Patishtán.

Y mientras el Estado recula, otros avanzan: Cargill, Monsanto, Syngenta y otras corporaciones en lo alimentario; Shell, Texaco, Chevron, Halliburton, Iberdrola, Femosa, Asarco, Firt Majestic… en recursos del subsuelo; Telmex, Televisa y Televisión Azteca en telecomunicaciones; el cártel del Golfo, el cártel del Pacífico, los

Zetas y los Caballeros Templarios, en el territorio.

Soberanía popular. Que la na-ción haya perdido soberanía sobre el territorio, sobre los recursos na-turales, sobre la conducción de la economía, sobre el sistema finan-ciero, sobre el sistema energético, sobre la red de comunicaciones, sobre el espectro electromagnéti-co, sobre gran parte del sistema de

salud, sobre gran parte del sistema educativo, sobre el desarrollo de la ciencia y la tecnología, sobre la biodiversidad, sobre el paisaje y el patrimonio cultural, más lo que esta semana se acumule… por obra de gobiernos que desmante-laron sistemáticamente al Estado mexicano privatizando los bienes públicos, es muy grave.

Y sin embargo uno pensaría que tiene remedio. Todo consiste en seguir el camino de numerosos países latinoamericanos: cambiar el régimen político antinacional y oligárquico por uno nacionalista y progresista avanzando con vistas a un cambio de modelo económico

y social. Desfondada la soberanía nacional encomendada al Estado, hay que apelar a la soberanía po-pular. Cedida o perdida la sobera-nía sobre ámbitos y bienes nacio-nales decisivos, al pueblo le queda el máximo atributo soberano de decidir quién y cómo debe gober-nar, y con ello tratar de enderezar el rumbo del país.

La dificultad está en que aquí esta vía ha sido intransitable. En Méxi-co no hay democracia electoral, ya no digamos participativa, hemos perdido -o quizá nunca tuvimos- el derecho soberano de elegir a quie-nes han de gobernarnos. Pese a las reformas legales que desde los 80s del pasado siglo permitieron que se pluralizara la representación polí-tica y en 2000 abrieron paso a una “alternancia” que no modificó en nada la condición oligárquica del gobierno mexicano, el hecho es que aquí la vía electoral está clau-surada para candidatos y proyectos que pongan en riesgo el dominio político de unos cuantos y el mo-delo económico pro empresarial.

Que a la izquierda la puerta comi-cial le ha sido cerrada quedó claro con los fraudes y manoseos electo-rales del cuarto de siglo reciente. En 1988 se “cayó el sistema” de re-cuento de votos para que llegara al gobierno el priista Salinas y no el opositor Cárdenas, en 2006 se ma-nipuló el conteo de los sufragios para declarar ganador al panista Calderón y no al perredista López Obrador, y en 2012 el PRI empleó

millones de pesos en comprar los votos necesarios para frenar a Ló-pez Obrador y regresar a la Presi-dencia de la República. ¿Por qué?

Nacida tras la Revolución de 1910, la oligarquía mexicana creció a la sombra del Estado. Los gobiernos posrevolucionarios favorecieron su enriquecimiento con políticas pro empresariales pero también contubernios, topillos y francas transferencias de recursos fiscales como contratos de obra pública de costos inflados y acceso gratuito a tierras beneficiadas por el riego. El enriquecimiento a la sombra del poder y la acumulación buro-cráticamente inducida son escan-

dalosos durante todo el pasado siglo y alcanzan un nuevo pico en los 90s con las privatizaciones y “salvamentos” financieros opera-dos por los gobiernos neoliberales de Salinas y Zedillo.

El régimen político mexicano es patrimonialista pero nuestra gran burguesía es, además, una clase cleptómana, una aristocracia la-trofacciosa. A diferencia de las que surgieron de procesos de enrique-cimiento más tersos, nuestra clase empresarial primero tuvo al Estado como padre dadivoso, luego como cómplice de sus raterías y al final como solícito sirviente. Acostum-brada al amasiato con la adminis-tración pública, a la gran burguesía mexicana no le basta con que las políticas públicas propicien la acu-mulación de capital, necesita el control directo del gobierno con el que hace negocios turbios e ilegales.

El mensaje político que con los fraudes dan los poderes fácticos es nítido: se acabó, olvídense, la izquierda debe dar por cerrada la vía electoral. En los años recientes algo ha quedado claro: en México la izquierda no ganará elecciones sólo preparándose para las elec-ciones. Por lo visto para vencer en los comicios y que el triunfo les sea reconocido, las fuerzas progresistas necesitan construir poder social: una constelación de fuerzas que impida los fraudes. Y esto, que recientemente se ha visto en países de América Latina que viraron a la izquierda gracias a una combinación de movimientos sociales y batallas electorales, se llama poder popular. Cuando el país avanza hacia el vaciamiento de la soberanía nacional en todos los ámbitos, no queda más que re-cuperar la soberanía del pueblo, la soberanía popular.

PD Cuando escribo esto los le-gisladores están aprobando la ini-ciativa energética de Peña Nieto. Con la entrega de los hidrocarbu-ros y toda su cadena productiva a las trasnacionales culmina la progresiva cesión de soberanía ini-ciada hace 30 años. Antes de este último golpe hubiera bastado un cambio de gobierno y de políticas para enderezar el rumbo, pues aun disponíamos de los recursos ma-teriales e institucionales necesa-rios. Ahora que se han cedido los energéticos, es más necesario que nunca mudar de régimen. Pero eso ya no bastará. Para desencallar el barco necesitaremos un nuevo Constituyente y una verdadera revolución de reconstrucción na-cional aún más ardua y profunda que la del general Cárdenas, pues los intereses que lucran y lucrarán con nuestra postración son mucho más poderosos que las petroleras de hace 80 años. Saldremos a flo-te, cómo no, pues somos muchos los que estamos en la tarea. Pero habrá que darse prisa porque cada día que pasa avanzan un poco más los heraldos negros…


LOS TRANSGÉNICOS EN MÉXICO. UNA DE CAL POR LAS QUE VAN DE ARENAAdelita San Vicente Tello Directora de la Fundación Semillas de Vida, A.C. [email protected]

Transcurrido un año de la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República, el tema de los

transgénicos sigue en el aire, sin una postura del gobierno sobre el tema.

Unos días después de asumir sus funciones como titular de la Se-cretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan José Guerra Abud, “recono-ció que existen presiones de todos lados, y por ello se dejará a un grupo de expertos que hagan una recomendación, a partir de la cual las secretarías involucradas en el tema tomarán una resolución que se entregará al presidente Enrique Peña Nieto antes de que comience el próximo ciclo de siembras” (La Jornada, Angélica Enciso, 20 de diciembre de 2012),

El 14 de diciembre de 2012 la Comisión Intersecretarial de Bio-seguridad de los Organismos Ge-néticamente Modificados (Cibio-gem) “acordó integrar un grupo especial de trabajo que proponga una política pública sobre el maíz transgénico con investigadores de la Universidad Nacional Autóno-ma de México (UNAM), del Cen-tro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécni-co Nacional (Cinvestav), del Cole-gio de Posgraduados, de Chapingo y del Colegio de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN)” (La Jornada, Blanca Juárez, 15 de diciembre de 2012).

Un año después no hay noticiade este grupo de científicos, ni de debate alguno.

Los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sa-garpa) y de la Secretaria de Salud (SS) se han mantenido en silencio respecto al tema. En lo oscuro, el gobierno de Peña sostiene a funcio-narios de los niveles intermedios del sexenio pasado, quienes conti-núan operando la misma política desarrollada por el gobierno de Cal-derón. Ni siquiera han podido avan-zar en la publicación de la Norma Oficial Mexicana que establezca los requisitos de información que debe contener el reporte de resul-tados de la realización de las activi-dades de liberación experimental y programa piloto de organismos ge-néticamente modificados (OGM) en relación con los posibles riesgos para el medio ambiente; la diversi-dad biológica, y la sanidad animal, vegetal o acuícola. La industria se niega a ser regulada e impide el avance de este instrumento.

Cero en la cancha gubernamen-tal. En el otro extremo, la moviliza-

ción contra la introducción de esta tecnología crece en nuestro país. Nuevos actores se suman de manera creativa, los argumentos se incrementan y la esperanza se fortalece. Van nuestros goles:

1.- El 2012 acabó con el del triunfo de los apicultores en México. Non GMO Project reconoció entre los diez logros más importantes del año contra los transgénicos en el mundo la demanda de los apicul-tores en la Península de Yucatán. En agosto, un juez falló a favor de una coalición de 59 apicultores, científicos y ambientalistas para que no se cultivaran 250 mil hec-táreas de soya transgénica en ocho estados de la República Mexicana. El argumento es que el mercado europeo suspendió la compra de miel de Yucatán y Campeche en espera de que se demostrara que la miel no estaba contaminada.

2.- La entusiasta incorporación de los jóvenes a la campañ Sin Maíz no hay País fue un gran logro este año. Surgió así el Carnaval del

Maíz como un espacio combativo y festivo que se sumó a la marcha contra Monsanto convocada para el 25 de mayo de 2013 en todo el mundo. Desde México se decidió hacer un Carnaval porque en nues-tro país no sólo estamos contra esta empresa y lo que representa, sino que tenemos muchas propuestas que conforman una alternativa al modelo que nos impone el capita-lismo. El Carnaval del Maíz plan-tea una revolución alimentaria como un modelo alternativo, pro-positivo y de lucha; en este espacio las y los jóvenes hablan su propio lenguaje y utilizan los nuevos me-dios de comunicación.

3.- En agosto de 2013, la ciberac-ción que anunció la autorización de la siembra comercial de maíz transgénico en una página espejo de Monsanto como parte de un ejercicio social de difusión, de-mostró el estrecho vínculo entre el gobierno y la empresa. En un comunicado de prensa Monsanto escribió al secretario de Sagarpa desmintiendo la autoría y mencio-

nando con claridad el tipo de re-lación que tienen: “entendemos la importancia de una comuni-cación confidencial basada en un mensaje elaborado de acuerdo a los requerimientos y exigencias del Gobierno Federal…”

4.- En lo jurídico, el gran golpe que asestamos este año fue la demanda de Acción Colectiva, presentada el cinco de julio por 53 personas, entre las cuales se encuentran expertos en el tema; defensores de derechos humanos; personalidades, y 20 organizacio-nes de productores, indígenas, de apicultores, de derechos humanos, ambientalistas y consumidores. La colectividad demandó a Sagarpa, Semarnat, Monsanto, Syngenta, Dow Agrosciences y Pioneer, y solicitó que tribunales judiciales declaren que los límites y res-tricciones establecidos en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados son ineficientes, pues existe evidencia científica de contaminación trans-génica de maíces nativos.

Con la demanda se solicitaron medidas precautorias, las cuales fueron concedidas por el juez fe-deral décimo segundo de distrito en materia civil. Éstas ordenan a Sagarpa y Semarnat abstenerse de realizar actividades tendientes a otorgar permisos de liberación al ambiente de maíz genéticamente modificado, prescindir de efectuar procedimientos para la liberación comercial, piloto y experimental al ambiente de OGM de maíz, y suspender el otorgamiento de per-misos de liberación experimental, piloto y comercial de OGM de maíz, mientras dura el juicio.

5.- La Unión de Científicos Comprometidos con la Socie-dad (UCCS) publicó las Cápsu-las sobre el maíz transgénico, un compendio que da respuesta a las preguntas centrales sobre esta tec-nología. De esta manera se cuenta con información de científicos sin conflicto de interés, quienes han manifestado su disposición a un debate de altura.

6.- A lo largo del año el Tribunal Permanente de los Pueblos realizó múltiples pre-audiencias en torno al tema del maíz, con lo cual se corroboran y fundamentan las ac-ciones del Estado mexicano con-tra el maíz.

7.- Se recolectan firmas para la iniciativa ciudadana por el eti-quetado obligatorio de alimentos con transgénicos impulsada por jóvenes. Asimismo, se mantiene la iniciativa Maíz Libre generada por varias organizaciones campesinas y Greenpeace, que ha reunido 120 mil firmas para modificar la ac-tual Ley de Bioseguridad con el fin de proteger al maíz.

8.- Finalmente, acaba el año con la incorporación de importantes personalidades a la lucha. Por una parte, el maestro Francisco Tole-do apoyó la publicación del docu-mento científico mencionado, y él, junto con Elena Poniatowska, Jesusa Rodríguez y Mauricio Gó-mez-Morín, fungirá como jurado en el Concurso de Arte por Nues-tro Maíz.

Por otra parte, Botellita de Jerez presentó su nuevo tema Sin maíz no hay país. Esta canción es, según la banda, “un manifiesto airado, encanijado, frente al gandalla pro-yecto de infestar el campo mexi-cano con maíz transgénico”. ¡Dis-frútala junto con nuestros triunfos que son de todas y todos!

http://is.gd/OYYXPS

Non GMO Project. Página electrónica consultada: http://is.gd/fqIduS

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NUEVA ORIENTACIÓN DE FONAES-INAES, LA PRIORIDAD: POBRES Y JÓVENES: CARLOS ROJASLourdes Rudiño

El tránsito del Fondo Na-cional de Apoyo para las Empresas en Solidari-dad (Fonaes) a Instituto

Nacional de la Economía Social (Inaes), ocurrido con el cambio de gobierno, no ha sido sólo una mo-dificación de siglas o de membrete.

Es una transformación profunda en la forma de operar, afirma Car-los Rojas Gutiérrez, titular del Inaes y quien durante el gobierno de Car-los Salinas encabezó la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). En entrevista, explica que Fonaes, de-dicado fundamentalmente a finan-ciar proyectos productivos de gente del medio rural y también de las colonias populares, trabajaba con “un concepto que no comparto en absoluto, que es atención por la vía de la llamada demanda libre, que es un concurso donde las instituciones se convierten en mera ventanilla de trámite, reciben proyectos, miles por cierto, y los califican, evalúan, y dependiendo de los recursos de que disponga la institución, se admiten los que pueden ser financiados.

“Este modelo, cuando se trata de proyectos para el medio rural o para campesinos pobres y en un país tan desigual y hetereogéneo como Mé-xico, se vuelve un mecanismo que favorece la desigualdad y la injusti-cia. El que sabe hacer proyectos o llega primero y se privilegia a los de siempre, a los más preparados”. Además, este modelo fue propicio “para que se generaran muchos in-tereses en despachos y consultorías que en muchos sentidos engañaron a la gente con la supuesta posibili-dad de acceder a recursos públicos”.

Durante el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, el Inaes ha venido cambiando esto, aunque en un proceso lento y con dificulta-des. “La ley nos impidió modificar reglas de operación, y en muchos sentidos tuvimos que preservar al-gunas de las prácticas que se venía haciendo los últimos años”.

Una primera decisión fue canali-zar los recursos prioritariamente a las zonas más pobres del país. El presupuesto total del Inaes “es muy modesto y no hay que esperar gran-des respuestas de una institución de esta naturaleza”. Pero hoy la mitad de ese presupuesto se destina ya a los diez estados con mayores índices de pobreza. Chiapas en 2012 tuvo un presupuesto de 50 millones y este año lo triplicó. “Ya le dimos una di-rección diferente al gasto público”.

Según Rojas Gutiérrez los cam-bios implican también que el Inaes acompaña a las agrupaciones, orga-nizaciones y comunidades en la for-mulación de sus proyectos. Rechaza

que haya una intencionalidad polí-tica en la función del organismo.

“Nos orientamos por la vía de la cir-cunstancia socioeconómica de los municipios. En Guerrero, por ejem-plo, concentramos el trabajo en La Montaña y no me importa si las or-ganizaciones allí son de izquierda o derecha, del PRI o del PRD. Antes no sucedía así. El año pasado en Guerrero se presentaron alrededor de 500 proyectos, ni el diez por cien-to era de la región de la Montaña”.

Otro viraje del Inaes –que “lamenta-blemente” no fue posible concretar el primer año debido a restricciones legales- es enfocar su atención a los jóvenes, debido a las circunstancias particularmente difíciles que vive este sector, por ejemplo el hecho de que representan la mitad de las personas en prisión o el que 25 por ciento del total nacional no estudia ni trabaja. “He propuesto que ten-dencialmente el Inaes se dedique a trabajar con los jóvenes”.

Son tres las vertientes en que tra-bajará el Inaes con jóvenes: una con los que están en la escuela en educación media y superior, dado que esa etapa es muy productiva y porque hay altos índices de deser-ción escolar. “Vamos a formular con los jóvenes el anteproyecto y paso a paso construiremos los proyectos con ellos; estimularemos a los mucha-chos con recursos y en su momento con la financiación del proyecto. Ya hicimos algunas pruebas este año, básicamente en Chiapas, y han sido

un exitazo, maestros y jóvenes ven que pueden abrir nuevas posibilida-des. La segunda vertiente es con los jóvenes que están en los polígonos que señala la Secretaría de Gober-nación, del Programa de Prevención del Delito. “Estamos hablando de colonias populares marginadas, allí es mucho más complejo trabajar”. Ya Inaes realizó talleres de formulación de proyectos, y “hemos detectado incongruencias de las instituciones, por ejemplo que no se podían dar apoyos a quienes carecen de Registro Federal de Causantes, o la condición de que los jóvenes den una aporta-ción al proyecto, cuando ellos no tienen activos qué aportar. Son cosas que tendremos que resolver en la marcha”. La tercera vertiente es con algunos estados y municipios que tie-nen proyectos de jóvenes; “ya trabaja-mos con el gobierno de Chihuahua y

el municipio de Ciudad Juárez para hacer trabajo en las colonias. En Chihuahua, por ejemplo participan los empresarios pero no quieren em-plear a los jóvenes, les tienen temor; allí formulamos proyectos para que los jóvenes produzcan y abastezcan insumos a las empresas”.

Señala por otra parte que el Fonaes se había inclinado hacia la chan-garrización. Esto es, considerando que se calificaba mejor a Fonaes en la medida que tuviera más proyec-tos financiados, “lo que se hizo fue pulverizar los apoyos y empezaron a financiar el salón de belleza, la pa-nadería, la estética…” Hoy estamos tratando de construir otro tipo de proyectos que tengan continuidad y posibilidades de largo aliento, so-bre todo enfocados al campo y a los jóvenes. Y estamos trabajando con todas las organizaciones campesi-nas reconocidas del país, del CAP, Conorp, FAC y las que están agru-padas en estas tres grandotas”.

Carlos Rojas comenta que al llegar él a la institución observó que el en-tonces Fonaes gastaba “decenas de millones de pesos” en pagar cues-tiones de asesoría y capacitación, que en realidad eran un engaño. Esos recursos estaban comprobados con facturas falsas, apócrifas y con fotografías de un mismo evento en diversos ángulos que querían ha-cerse aparecer como si correspon-dieran a varios eventos. “Me parece inaceptable que sucedan cosas así, y tomé la decisión de cancelar todos estos apoyos en 2013. Esto puede ser

una decisión autoritaria, pero no estoy dispuesto a seguir sostenien-do organizaciones con procesos así, que no son reales ni correctos (…) Sí se requiere la capacitación pero construyámosla de otra manera”.

Explicó que eso condujo al Fonaes a una situación de judicialización. “Hay miles de demandas, por fac-turas evidentemente trampeadas, pero también algunas que son muy injustas contra grupos que por su propia circunstancia geográfica o socioeconómica estaban impedidos de comprobar correctamente los recursos. Hoy todas esas demandas, que llegaron a sumar unas 10 mil, están en proceso de depuración.

Se le comenta a Carlos Rojas que la pobreza es una condición creciente en la población de México y al pa-recer el modelo económico lo que busca es sólo administrarla.

“En lo personal creo que este mo-delo económico, que es injusto, mantiene una relativa estabilidad en el marco macroeconómico pero no lleva beneficios a los mexicanos. Mientras sigamos teniendo creci-mientos mediocres, simplemente lo que tenemos es un problema grave de desempleo, que impide que el país se desarrolle adecuadamente. No hay que pedirle de más a los programas sociales, a los programas productivos. Sí, ayudamos en algo nosotros, pero lo cierto es que el pro-blema de a de veras, de fondo, es de concepción del modelo económico, para decirlo con toda claridad”.

POR QUÉ ENFOCARSE EN LOS JÓVENES?La decisión del Ins tuto Nacional de la Econo-mía Social (INAES) de favorecer fundamental-mente a los jóvenes, considera varios factores socioeconómicos, contenidos en un análisis elaborado por el propio Ins tuto, “Jóvenes, su problemá ca e inclusión produc va en México”. Entre esos factores están:

-En la actualidad, México posee el “bono demográfi co” más grande de su historia, o sea la etapa en que la población en edad de trabajar -15 y más años- alcanza su mayor peso rela vo respecto de la población depen-diente –menos de 15 y más de 64 años-. Den-tro de ese bono se incluye a la población jo-ven, de entre 15 y 29 años, que está integrada por 31.2 millones de personas equivalentes al 26.3 por ciento de la población nacional.

-En el futuro, por cambios en la pirámide poblacional, la población ac va deberá man-tener en términos económicos a un número creciente de adultos mayores dependientes.

-Del segmento de jóvenes en México, 53 por ciento son económicamente ac vos y 47 por ciento son inac vos. Destaca el hecho de que los jóvenes desocupados representan más de ocho por ciento del total, o sea tres puntos más que

la desocupación nacional, lo que revela la des-ventaja del estrato social de jóvenes. Del total de la población ocupada de jóvenes, sólo 38.9 por ciento cuenta con un empleo formal. El res-to, 61.1 por ciento labora de manera informal.

-La desocupación juvenil duplica a la adul-ta, es creciente y afecta en mayor proporción a los jóvenes de más alto nivel de escolaridad. “Es preocupante que a mayor escolaridad ma-yor desempleo juvenil”.

-Los jóvenes son más propensos a expe-rimentar la pobreza, debido a las incer -dumbres caracterís cas de la transición de la niñez a la edad adulta y a la discriminación basada en la edad en los mercados laborales.

-El ingreso laboral promedio en el país se mantenido estancado en el curso de la déca-da reciente.

-En dos décadas México ha padecido el mayor éxodo de población en su historia, con casi ocho millones de personas que emigra-ron al exterior, en especial Estados Unidos (EU) ante la imposibilidad de subsis r en su erra. Una alta proporción de ellos son jóve-

nes. Las remesas registradas en los diez años recientes sumaron en promedio anual 20 mil millones de dólares, “que han servido para mi gar la pobreza”. Los envíos, sin embargo, se han reducido desde 2008 por problemas económicos y fi nancieros de EU.

-El l27 por ciento de la población entre 15 y 29 años no ene acceso a la salud, mientras que en el resto de la población la proporción es de 21.5 por ciento.

-Resulta sumamente grave que la prin-cipal causa de muerte entre los jóvenes son los homicidios, que representan el 27.9 por ciento del total, mientras que los acci-dentes ocupan el 24.2 por ciento y los suici-dios el 6.6 “Es lamentable que los jóvenes, además de padecer exclusión y vulnerabili-dades, estén pagando una cuota de sangre por la expansión del narcotráfi co y el crimen organizado”.

-“El Ins tuto Nacional de Geogra a y Esta-dís ca precisa que 33.7 por ciento de la po-blación mayor de 12 años que come ó suici-dio estaba sin empleo o sin estudiar”.

-Aunque no hay estadís ca precisa, se considera que más de la tercera parte de los delitos ocurridos en México en 2011 fueron a manos de población de entre 15 y 29 años de edad. Los principales ilícitos en que se in-volucran en relación con el total de los mis-mos, son asalto en la calle y el transporte pú-blico (6.12 por ciento), lesiones por agresión (64.37), violación sexual (63.26), hos gamien-to e intento de violación (49.81), amenazas verbales de personas (47.25), y secuestro para exigir dinero y bienes (43.92 por ciento).

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LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE, A UN AÑOJulieta Ponce

La Cruzada Nacional con-tra el Hambre se publicó vía un decreto presiden-cial en los primeros 60

días de este gobierno para garan-tizar el derecho a la alimentación; el costo de esta premura ha sido entorpecer el planteamiento y sólo se ha reportado hasta el momento un conjunto de acciones inespecí-ficas y desarticuladas.

La garantía del derecho a la ali-mentación implica un abordaje integral de la situación alimenta-ria y nutricional desde una visión sistémica donde la persona es el centro; en cambio, “combatir el hambre” es una visión parcial del problema como fruto de un árbol de otros problemas del mal co-mer con raíces en la pobreza y la desigualdad.

Conceptualmente, la Cruzada recibió críticas por la ausencia de definiciones, entre ellas “hambre” e “inseguridad alimentaria”. Así, atendiendo conceptos del Conse-jo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), definió hambre como “la situación que en-frenta una persona al encontrarse en pobreza extrema y con carencia alimentaria”, es decir, la población sin posibilidades de adquirir ni la canasta alimentaria más dos caren-cias sociales y además con un nivel de inseguridad alimentaria grave o severa según la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2012 reporta 69 por ciento de la población ur-bana con algún grado de insegu-ridad alimentaria y 80 por ciento en zonas rurales, y se estima que menos de la mitad de los hogares en inseguridad moderada o seve-ra reciben programas sociales de ayuda alimentaria.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Ali-mentación y la Agricultura (FAO), los alimentos se abarataron 14 por ciento a escala internacional du-rante el primer trimestre de 2013, en particular el maíz; sin embar-go, en México los precios siguen aumentando. La Organización para la Cooperación y el Desarro-llo Económicos (OCDE) reportó una inflación promedio menor al dos por ciento en alimentos en los 34 países que la conforman, pero destacó a México como el tercer país con mayor inflación del gru-po, 4.1 por ciento general y ocho por ciento alimentaria, sólo supe-rado por Islandia y Turquía. La inflación afecta más a la leche y el huevo (12.6 por ciento), mientras el refresco se mantiene casi sin cambio (0.5 por ciento) en nuestro país. La disminución del poder ad-quisitivo es en realidad el factor de cambio dietético.

Casi la mitad de la población su-fre pobreza. Con menor prevalen-cia se encuentra Nuevo León (23.2 por ciento) y el más pobre es Chia-pas (74.7). Sin embargo, al sumar la pobreza con los 28 millones en carencia alimentaria, más caren-cias sociales y la población vulne-rable por ingresos, se ve afectado 80.2 por ciento de la población na-cional; la población objetivo de la Cruzada es atendida entonces sólo en 6.5 por ciento, equivalente a menos de dos millones de hogares.

Según la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH), desde 1994 la propor-ción del gasto en alimentos per-manece estable en todos los quin-tiles. De ello se deriva que ante el alza de precios las familias ajustan al comprar lo más barato con buen aporte de calorías, aunque sacrifi-quen calidad nutricional. Por lo tanto, cualquier nivel de pobreza afecta la alimentación, es decir, ocho de cada diez mexicanos po-drán tener afectaciones en su ali-mentación, como riesgo de obesi-dad o de desnutrición.

Entre los objetivos de la Cruzada se plantea para la niñez “erradicar la desnutrición aguda”. Pero la des-nutrición crónica, caracterizada por la estatura baja, es la deuda so-cial más apremiante, porque Mé-xico debió resolverla hace más de tres décadas. La baja estatura afec-ta todavía a 13.5 por ciento de los menores de cinco años, pero esta cifra se multiplica en zonas rura-les, en el sur del país, y aumenta to-davía más entre pueblos indígenas; además, las personas con menor estatura padecen más obesidad.

La obesidad está íntimamente ligada a la desnutrición y al daño metabólico. La carencia nutri-cional transita a la obesidad con mayor rapidez por el consumo de refresco, comida chatarra y alco-hol. Aun sin sobrepeso, México se expone al daño metabólico por la concentración de azúcares, en

particular el jarabe de maíz de alta fructosa, por la vía de 166 litros per cápita de consumo de refrescos y galletería industrial, y más en zo-nas rurales.

Datos oficiales demuestran que las familias rurales gastan cuatro mil pesos anuales en refresco, galle-tas, sopa de pasta, aceite y azúcar. Difícilmente se explica por qué la Cruzada formalizó convenios con Pepsico, cuando el consumo de sus productos es parte causal del mal comer entre los más pobres, y con Nestlé, la principal desalen-tadora industria de la lactancia materna.

El Primer Informe de Gobierno señaló como principal resultado de la Cruzada la afiliación de 288 mil familias y la entrega de 250 mil tarjetas para adquirir una lista de alimentos de venta en tiendas Diconsa. Cabe resaltar el esfuerzo de Diconsa, de clasificar 84 pro-ductos por su calidad nutricional, por medio de un semáforo en el anaquel, para orientar el consumo de básicos, aunque nunca debió ser distribuidor de chatarra y me-nos en poblaciones rurales.

Los huracanes recientes apresura-ron a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a improvisar co-medores comunitarios, que bien podrían transformarse en un pro-grama durante este gobierno. Pero de producción de alimentos, nada.

La Secretaría de Agricultura, Ga-nadería, Pesca y Alimentación (Sa-garpa) se hizo presente en la Cru-zada sólo por medio del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimen-taria (PESA), y nada nuevo. Sigue reportando resultados de progra-mas ya existentes con apoyos iner-ciales a la agricultura comercial, y eso es algo deliberado pues de forma pública los funcionarios de Sagarpa declaran: “México debe sembrar lo que se vende”.

Si la Cruzada enfoca todos sus es-fuerzos a resolver el hambre, se es-perarían medidas estructurales, ya sea para incrementar el poder ad-quisitivo, o para asegurar alimen-tos básicos a pesar de la inflación. En pocas palabras, a producir alimentos nutritivos para consu-mirlos en México y mejorar el es-tado nutricional por derecho. En términos de derecho, la seguridad alimentaria se logra cuando se ga-rantiza el consumo de alimentos nutritivos, suficientes y de calidad.

La pregunta es: ¿la Cruzada tie-ne la capacidad para incidir en el modelo económico? Tal vez no, sin embargo, la misión oficial de Sedesol es: “Lograr la superación de la pobreza mediante el desarro-llo humano integral incluyente y corresponsable, para alcanzar nive-les suficientes de bienestar”, según lo que establece en su portal web.

A un año del torpe camino de la Cruzada, faltaría a) un diagnóstico del derecho a la alimentación en México por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para re-definir los objetivos de la Cruzada y trasformar su enfoque,

y b) elevación del nivel de planea-ción y ejecución, para transformar la estrategia en política pública con capacidad de crear un Sistema Nacional de Alimentación y Nutri-ción, y activar como primer punto la producción de alimentos para desencadenar procesos virtuosos en toda la cadena del sistema vida.

Lo urgente es:

1. Generar una estrategia es-pecial para población en los primeros mil días; falta la in-tervención en el tiempo crítico en la vida de los niños y niñas.

2. Definir los alimentos nutriti-vos, suficientes y de calidad. Una lista de alimentos priorita-rios o el diseño de una canasta con componente nutricional.

3. Caracterizar el derecho a la alimentación en quienes pue-den sembrar o pescar y auto-consumir o intercambiar sus alimentos.

4. Definir indicadores claros para estimar la garantía del derecho a la alimentación: desnutrición crónica, ingreso, producción y distribución de alimentos nutritivos; creación de empleos, y recuperación de tierras para siembra.

5. Diseñar un programa especial del derecho a la alimentación para pueblos originarios y con lengua indígena.

Cada día que pasa es valiosoporque el hambre no espera. La obligación de garantizar el acce-so a los alimentos nutritivos, sufi-cientes y de calidad es del Estado. La disyuntiva es: se eleva esta obli-gación al más alto nivel ejecutivo para enfrentar la situación de ma-nera estructural y articulada, o a prepararse, lo peor del mal comer está por venir.

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ÉXITO DE LA CRUZADA SE MEDIRÁ CON LA PRODUCTIVIDAD CAMPESINA: OMAR GARFIASLourdes Rudiño

El hecho de que ningún gobierno antes haya pues-to en la agenda pública los retos del hambre y

de la alimentación es indicativo de que “se estaba postergando el tema del campo”, pues no había preocu-pación ni por los productores, ni por la cadena productiva, ni por la comercialización. Ahora la Cru-zada Nacional Contra el Hambre (CNCH) coloca como uno de sus cinco objetivos, y de manera desta-cada, la elevación de la productivi-dad de los campesinos pobres, esto es busca “democratizar la producti-vidad”, y el éxito de la Cruzada se observará o no en la medida que esa producción se incremente.

De acuerdo con Omar Garfias, se-cretario técnico de la CNCH, dos factores claves de esta estrategia –que implica 70 programas (serán 74 en 2014) de 11 secretarías de Es-tado- son que el hambre se reco-noce como un problema nacional y la Cruzada viene a concretar el derecho a la alimentación en su nivel constitucional, y que hay un deliberado interés por impulsar la producción de campesinos pobres.

“Hay más de un millón de unida-des de producción rural (UPR) que son de autoconsumo sin con-tacto con el mercado y otra canti-dad similar de autoconsumo con cierto contacto con el mercado, y encontramos que los titulares de esas UPR eran solamente bene-ficiarios de Oportunidades y no de programas de incremento de la producción, de apoyo tecnoló-gico o asesoría, ni siquiera de los programas de transferencias eco-nómicas cuyo requisito es sólo ser productor: el 49 por ciento de los beneficiarios de Oportunidades que tienen tierra no habían recibi-do el Procampo”, señaló el funcio-nario de la Secretaría de Desarro-llo Social (Sedesol).

Entonces, agregó, la Cruzada ha iniciado una reforma institucional que está enlazando a los beneficia-rios de Oportunidades –el progra-ma principal de ataque a la pobre-za- con los esquemas de desarrollo productivo, y “esto no es cualquier cosa, es ofrecer a la población una alternativa para que genere sus in-gresos y deje de estar en la pobreza”.

Esa reforma también ha generado tres programas nuevos en la Secre-taría de Agricultura (Sagarpa) espe-cíficos para insertarse en la CNCH en 2014 –que además apoyarán a campesinos de zonas periurbanas, mismos que han sufrido el mayor abandono-, e implica la incorpo-ración de diez mil extensionistas que contratará en 2014 la propia Sagarpa. “Recuperar la figura del

extensionista rural, que acompaña y aconseja al campesino, es uno de los mecanismos que tendremos para alcanzar nuestras metas”.

Y tal reforma institucional determi-nó cambios en el programa de Op-ciones Productivas de la Sedesol, pues se operaba a partir de un es-quema de demanda, esto es que las entidades del gobierno generaban convocatorias en internet y la pobla-ción que quisiera acceder a los apo-

yos tenía que registrarse. “Hoy es-tamos haciendo un planteamiento de oferta, esto es que tenemos que ir a buscar a la población que ve-mos como objetivo y construir con ellos, pues esta población no entra al internet, no llena requisitos, no hace planes de negocios ni corridas financieras”. Los que realmente se venían beneficiando de los apoyos eran intermediarios, que además desviaban a otros fines los recursos.

“La reforma es que hoy acudire-mos a la población que está en condiciones de pobreza, la busca-remos y trabajaremos con ella, y ve-remos quienes quieren desarrollar proyectos productivos, de mejora tecnológica y con eso se abrirá una ventanilla única a partir de planes municipales de generación de in-greso y de incremento de produc-ción, donde se definan por muni-cipio cuáles son las actividades y las líneas económicas que deben desarrollarse, y cuáles no deben desarrollarse, ya sea porque afecten al medio ambiente, o no haya con-dición de producción, o no haya

condición de comercialización, y a partir de eso los promotores y los extensionistas, hagan el trabajo con la población y los lleven a una ventanilla única, donde la oferta institucional se acomode a lo que se está necesitando en el campo”.

De acuerdo con el entrevistado, el conjunto de estos cambios institu-cionales será benéfico, “pues hoy algunos beneficiarios de Oportu-nidades a quienes se les ha plan-teado el esquema dicen: ‘me vas a dar un recurso y luego, si empiezo a ganar más, me vas a sacar del programa; no estoy de acuerdo’. Entonces les decimos que vamos a darles un acompañamiento y sólo saldrán de programa cuando con-

tundentemente salgan de la pobre-za. Esto tendrá que ser en el largo plazo”. Y es que, comenta, “hemos visto que ocho de cada diez que dejan de recibir Oportunidades, salieron del programa en forma muy precariamente sustentable, ya sea porque de pronto alguien de la familia se había ido a Estados Uni-dos y regresó y sus ingresos volvie-ron a descender, o hizo una activi-dad económica y vino el huracán y la crisis y sus ingresos cayeron”.

La visión ahora es que “tendre-mos que hacer un seguimiento más formal que implique años, y decirle: ‘bueno, tendrás unos años de gracia para que puedas seguir en el programa a pesar de haber mejorado, y luego darte de baja’”.

El funcionario subrayó que el ob-jetivo final de la CNCH es que el derecho a la alimentación sea un ejercicio real y sobre todo para las personas que tienen ingresos por debajo de la línea de bienestar mí-nimo, o sea debajo de lo que cuesta una canasta básica, mil 120 en zo-

nas urbanas y 800 en zonas rurales y que además tienen otras carencias sociales (tres, de acuerdo con los criterios de selección de población objetivo de la Cruzada) que les im-piden salir por su propio esfuerzo de la condición de hambre. “Esa es nuestra población potencial, objeti-vo”: suman siete millones de perso-nas y están ubicadas en los todos los municipios del país. En la primera etapa, la Cruzada está atendiendo a tres millones 600 mil personas ubi-cadas en 405 municipios.

Señaló también que la CNCH integra esfuerzos de diversos sec-tores de la sociedad: por vía de convenios con universidades, la Sedesol ha logrado atraer a alum-nos y exalumnos que actúan como promotores en el acompañamiento a población objetivo, para que jun-tos y, en la escala municipal, gene-ren la demanda de los apoyos de la Cruzada; asimismo, ha firmado acuerdos con empresas, como el que en su momento fue muy cri-ticado, con Quaker (filial de Pep-sico) –el cual consiste en que la empresa desarrolle una galleta con sabor agradable para que funcione como suplemento nutricional para niños beneficiarios de la Cruzada.

Omar Garfias señaló que hay otros convenios con empresas, como Bimbo y Devlin, aunque dijo des-conocerlos con precisión –pues es un tema que no le toca- y conside-ró que si hay rechazo a estos acuer-dos es por razones ideológicas (por animadversión a las trasnaciona-les), pero lo que está recibiendo la Cruzada de parte de las empresas es “a cambio de nada”. En el caso de Quaker afirmó que la empresa donará la fórmula de la galleta y en dado de que así se decida, el gobierno producirá la galleta para darla a los niños.

Dijo que la Cruzada es una pro-puesta que tiene que ir reconstru-yendo la relación entre el gobierno, la sociedad y esta población y re-construir a partir de que los bene-ficiarios tomen decisiones y hagan planes de desarrollo comunitario.

“Y lo importante de la Cruzada es que además es una estrategia in-tegral, en que no sólo los estamos considerando como productores, sino como lo que son, personas que además no están pudiendo ejercer sus derechos. Entonces la Cruzada implica acciones en tér-minos de salud, educación, segu-ridad social, trabajo, alimentación e ingreso. Es un esquema mucho muy amplio; nunca habíamos te-nido una estrategia que hiciera coincidir a todas las dependencias en un mismo proceso en forma sostenida y evaluable”.

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Omar Garfi as, secretario técnico de la CNCH

El hambre se reconoce

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viene a concretar

el derecho a la

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impulsar la producción

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POBREZA CON HAMBRE Y OBESIDAD; PARADOJA DEL DESARROLLO NEOLIBERALAbelardo Ávila Curiel Investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”

Al asumir la Presidencia de la República el uno de diciembre de 2012, Enrique Peña Nieto dio

a conocer “13 decisiones para ini-ciar el camino hacia la verdadera transformación de México”. La cuarta decisión decía a la letra: “He dado instrucciones a la Secre-taría de Desarrollo Social (Sede-sol) para que ponga en marcha, en los próximos 60 días, la Cruzada Nacional Contra el Hambre”.

En un principio la “cuarta de-cisión” provocó tanto simpatías como suspicacias. Las prime-ras en razón del reconocimiento explícito del grave problema de pobreza extrema, hambre y desnu-trición, consecuencia del fracaso de las políticas públicas basadas en transferencias condicionadas (Progresa 1997-2002 y Oportuni-dades 2002-2012). Estas políticas públicas prometieron romper la trasmisión intergeneracional de la pobreza mediante el desarrollo de capacidades de los niños que vivían en situación de extrema po-breza y su acceso en igualdad de oportunidades a la generosa oferta laboral que el modelo económico liberal generaría mediante la pri-vatización de las empresas públi-cas, la liberalización del mercado y el ingreso al Tratado de Libre Comercio de América del Nor-te (TLCAN). Ninguna de estas promesas se cumplió: el mediocre crecimiento económico, la nula creación de empleos y el desastre del sector rural imposibilitaron el abatimiento de la pobreza extre-ma. Mientras que el resto de las naciones latinoamericanas pre-sentaban crecimiento económico y mejoras sustanciales en la dismi-nución de la pobreza, sobre todo los países que se resistieron a la aplicación dogmática del Consen-so de Washington, México, disci-plinado seguidor a ultranza de los principios neoliberales, se hundía en el estancamiento económico, la crisis de inseguridad pública, la pérdida de la seguridad alimenta-ria y el incremento de la pobreza.

Reconocer la gravedad del proble-ma y dar a su solución la mayor prioridad parecían la expresión de una decidida voluntad política para alcanzar el abatimiento de la pobreza extrema. Sin embargo, la forma en que 53 días después se hizo el anuncio de la Cruzada no dejó de levantar suspicacias. El mismo nombre de cruzada contra el hambre denotaba más un interés de generar impacto de imagen favorable para la nueva administración, que de formular un programa que efectivamente pudiera incidir en el abatimien-to de la pobreza extrema. Ambos

términos, cruzada y hambre son más metafóricos que descriptivos, ya no digamos objetivos. La invo-cación al muy cuestionable éxito humanitario por el imaginario ca-tólico respecto a la brutal carnice-ría que representaron las cruzadas medioevales, y al también cuestio-nable éxito rotundo del Programa Hambre Cero de Brasil, devela la preeminencia de lo mercadotécni-co sobre la calidad técnica de la propuesta.

Lejos de partir de un análisis obje-tivo de las circunstancias que con-dujeron al fracaso del modelo de desarrollo y de la política social, la Cruzada simplemente asumió en una mala selección y traduc-ción los objetivos de la iniciativa Hambre Cero dada a conocer en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Soste-nible realizada en Río de Janeiro en junio de 2012.

Las acciones que definieron el arranque de la Cruzada fueron por demás erráticas: alineamiento de 70 programas ya existentes desarro-llados por 11 secretarías de Estado; definición de la población objetivo como la intersección de la población con ingreso menor al costo de la ca-nasta alimentaria y de la población con carencia alimentaria; selección con diversos criterios de 400 muni-cipios como escenario de la primera fase de la Cruzada; firma de con-venios con empresas fabricantes de comida chatarra, y conformación de un Consejo Nacional y un Comité de Expertos sin funciones claras.

La Cruzada antecedió al Plan Na-cional de Desarrollo, lo mismo que a los programas Sectorial y Nacio-nal de Desarrollo Social; es decir no se diseñó desde una lógica de planeación estratégica basada en bienestar y distribución más equi-tativa del ingreso como lo mandata

el marco legal, sino que arrancó como un intento de alinear los programas que se habían generado desde la lógica de un modelo de de-sarrollo que concebía al libre mer-cado y a la erosión del papel rector del Estado como la base de la polí-tica pública. En los primeros meses de operación, la Cruzada naufragó en las indefiniciones, atrapada en la inercia de los programas existen-tes, el desgaste de las capacidades institucionales y una gran descoor-dinación intersecretarial y de nive-les de gobierno para llevar realizar las acciones requeridas a fin de enfrentar eficientemente los de-terminantes de la persistencia y el incremento de la pobreza extrema y la inseguridad alimentaria.

El modelo mexicano de desa-rrollo neoliberal generó graves distorsiones en la condición ali-mentaria de la población. Los es-quemas asistencialista de combate

a la pobreza han quedado amplia-mente rebasados; ahora los pobres no sólo padecen hambre, desnu-trición e inseguridad alimentaria, también padecen obesidad y las graves enfermedades asociadas a ella. Las transferencias económicas y los privilegios fiscales de las gran-des empresas embotelladoras de refrescos y fabricantes de alimentos chatarra ocasionaron una grave cri-sis de salud al financiar con dece-nas de miles de millones de pesos el acceso y el consumo abundante de estos productos por parte de las familias en situación de pobreza. La destrucción de la economía campesina imposibilitó también la disponibilidad de alimentos salu-dables de producción local.

Sin haberse logrado abatir la des-nutrición en las primeras etapas de la vida, una grave epidemia de sobrepeso y obesidad se extendió, durante este mismo periodo de po-líticas neoliberales, entre las capas más pobres de la población. La gran masa de población obesa en condi-ciones de pobreza presenta un daño a la salud extraordinariamente ma-yor por diabetes, hipertensión, car-diopatías, daño renal, y ciertos tipos de cáncer debido a la programación metabólica que ocurre en el orga-nismo cuando padeció desnutrición en las primeras etapas de la vida; a esto debe agregarse su falta de acce-so a servicios de salud, diagnóstico oportuno y seguridad social. De for-ma inédita, en México la población vulnerada por la desnutrición infan-til es al mismo tiempo la población con mayor vulnerabilidad por enfer-medades crónicas no transmisibles asociadas con la obesidad.

La única manera de enfrentar la gravísima situación de mala nutri-ción de la población mexicana es mediante una política de Estado in-tegral basada en derechos, que arti-cule todos los determinantes reque-ridos para lograr el pleno bienestar de la población en materia de ali-mentación, salud, producción sus-tentable de alimentos saludables, empleo y distribución de ingreso.

Un análisis detallado de esta situa-ción y de las alternativas viables de políticas públicas puede encon-trase en los documentos del Foro Nacional para la Construcción de una Política Alimentaria y Nutri-cional en México. (http://fonan.nutricionenmexico.com/), realiza-do en junio de 2012. Ante las nu-merosas críticas formuladas a las insuficiencias técnicas de diseño, operación y evaluación de la Cru-zada Nacional contra el Hambre, la Sedesol ha respondido que se-rán corregidas en el Programa Na-cional México Sin Hambre; habrá que esperar hasta abril de 2014. IL

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EN GUERRERO LA MUERTE TIENE PERMISOCentro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Cuando la Organización de Campesinos Ecolo-gistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de

Catalán (OCESP), decidió dete-ner los camiones de las empresas madereras, se topó con el poder caciquill de Rogaciano Alba y Ber-nardino Bautista, quienes tenían en el ejército y la policía ministe-rial a sus mejores aliados.

Fue en 1998. Por aquellos años el ejército se encargó de detener y torturar a los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. Más adelante, los caciques encarcela-ron con falsedades al ecologista Felipe Arriaga. Y el 19 de mayo de 2005, Albertano Peñaloza Domín-guez, miembro de la OCESP, fue víctima de un atentado en el que perdieron la vida dos de sus hijos. Esta acometida inició el éxodo de decenas de familias de la Sierra.

En los albores del nuevo milenio, la Costa Grande se convirtió en el

campo de batalla entre los cárteles de la droga. Los viejos cacicaz-gos perdieron su hegemonía y los presidentes municipales en turno optaron por plegarse a los dictados de los nuevos jefes de las plazas. En el Guerrero de la alternancia todo cambió para mal: las autori-dades sucumbieron ante la embes-tida delincuencial y dejaron iner-me a la población. Con los años, ese modelo se extendió a toda la entidad y es el que priva hoy. En la simbiosis entre narcotrafican-tes, judiciales, policías, militares, funcionarios y alcaldes se incubó la calamitosa violencia que hoy azota al pueblo guerrerense.

Para las organizaciones sociales, el realineamiento de amplias franjas del aparato estatal de justicia y segu-ridad con los intereses del crimen or-ganizado ha multiplicado los riesgos de la lucha. La mezcla de los intere-ses políticos con los delincuenciales gestó una alianza perversa para en-frentar a los movimientos sociales.

Desde 2009, cuando en Ayutla fueron desaparecidos y después ejecutados los líderes Na Savi Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Ro-sas, la descomposición ha sido ver-tiginosa. Las desapariciones forza-das de los ecologistas Eva Alarcón y Marcial Bautista en diciembre de 2011 se dieron en este marco de impunidad. Esto lo acepta el Esta-do, pues ha responsabilizado de la autoría material de los hechos a un comandante de la corrupta Policía Ministerial estatal. Por esos días, hay que recordar, la misma Procu-raduría a la que pertenece esa poli-cía se vio exhibida en su intento de sembrar un arma a un joven para atribuirle la ejecución extrajudicial de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, cuya muerte recordamos apenas esta semana.

Las ejecuciones han sido recu-rrentes. El 31 de mayo de 2012 Fabiola Osorio Bernaldez, defen-

sora del medio ambiente de la organización Guerreros Verdes, fue asesinada en Acapulco. Ha-bía mantenido una lucha férrea contra las autoridades del estado, por oponerse a la construcción del muelle de Pie de la Cuesta, a la deforestación de los manglares y al ecocidio de la laguna de Coyuca de Benítez.

En la comunidad de la Laguna, municipio de Coyuca de Cata-lán, donde la población ha sido víctima de múltiples asesinatos, Juventina Villa abanderó la lucha de las familias desplazadas. Con el apoyo de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, emplazó a las autoridades del estado para que asumieran su responsabilidad. Su clamor se hizo añicos: fue em-boscada junto con su hijo adoles-cente Reynaldo Santana el 28 de noviembre de 2012 por más de 30 personas armadas, a pesar de que contaba con protección policiaca.

En Iguala, Arturo Hernández Cardona, líder de la organización campesina Unidad Popular (UP), había mantenido una relación rís-pida con la nueva administración municipal en el 2012. La animad-versión contra Cardona crecía en la medida que hacía visible las amenazas del edil. En este contex-to, la UP organizó el 29 de mayo de este año una protesta. Después de concluir el evento, sus integran-tes fueron interceptados por un grupo armado que bajó a Arturo y a siete compañeros del vehículo en el que viajaban y se los llevó con rumbo desconocido. El 30 de mayo de 2013 fueron encontrados sin vida los cuerpos de Arturo, Fé-lix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez.

Unos meses después fue asesina-da Rocío Mesino Mesino, funda-dora de la Organización Campesi-na de la Sierra del Sur (OCSS) e incansable denunciante de la ma-sacre de Aguas Blancas. A ella la asesinaron cuando buscaba víve-res para llevarlos a las comunida-des devastadas por las tormentas. Rocío apoyaba en la construcción de un puente provisional y gestio-nó la instalación de un comedor comunitario. Pero un pistolero puso fin a su labor: fue asesinada a quemarropa y a plena luz del día el 19 de octubre.

Más recientemente, el 10 de no-viembre de 2013, fueron asesina-dos Luis Olivares Enríquez, diri-gente de la Organización Popular de Productores de la Costa Gran-de, y su compañera Ana Lilia Ga-tica, en la colonia Emiliano Zapa-ta de Coyuca de Benítez, también a plena luz del día. Luis había de-nunciado un poco antes que había sido amenazado, pero no se adop-taron medidas para protegerlo.

Este somero recuento evidencia que en Guerrero la muerte tiene permiso para segar de un tajo las vidas de defensores de derechos humanos, luchadores sociales y ac-tivistas. Y en una entidad que cerró el 2012 siendo el estado más violen-to del país, con municipios que se encuentran entre los más peli-grosos de México -como Acapul-co-, hoy le es fácil a los poderosos deshacerse de las voces incómodas y atribuir las ejecuciones al río re-vuelto de la crisis de seguridad.

Esta situación no cambiará mien-tras el estado procure impunidad. Al no esclarecerse las ejecucio-nes y al no sancionarse a los res-ponsables, el mensaje es claro: la muerte de estudiantes, defensoras y activistas es aceptable. Cuando se analiza la acción de la justicia guerrerense, el contraste es brutal: mientras que ninguna persona se encuentra en prisión por los crímenes cometidos contra los estudiantes de Ayotzinapa, 13 acti-vistas de la policía comunitaria se encuentran encarcelados enfren-tando acusaciones por delitos tan graves como el terrorismo. Peor aún: tres de ellos -Arturo Campos, Gonzalo Molina y Nestora Salga-do- se encuentran encerrados en cárceles federales. Para los policías comunitarios, acusaciones despro-porcionadas y prisiones de alta seguridad; para quienes matan ac-tivistas, total impunidad.

En el campo de la lucha social guerrerense, la pregunta que an-gustia hoy es: ¿quién sigue? Es po-sible que se emprendan acciones penales contra los opositores a La Parota para revivir ese proyecto depredador con el disfraz del Plan Nuevo Guerrero; que se encarce-le a más policías comunitarios en penales federales, o incluso que se presenten atentados contra defen-sores de derechos humanos. No importa: en Guerrero, para las au-toridades, la muerte tiene permiso.

La reacción de la sociedad es aún incierta. Como lo ha señalado con su característica precisión Adolfo Gilly: la “violencia cotidiana pesa como una fuerza de desorganiza-ción para intimidar, desmoralizar, paralizar y disolver resistencias y respuestas”. Pero el pueblo guerre-rense no se arredra: ahí está, por ejemplo, la valiente lucha que ha emprendido desde la Montaña la comunidad Me’phaa de San Mi-guel Del Progreso contra el emba-te de la minería trasnacional.

Lo cierto es que hoy Guerrero se debate entre la violencia cotidiana y las expresiones de lucha social que hacen frente a los poderes de siempre; ¿cuál será el resultado de esa pugna?, es una pregunta que, en estos días aciagos, nadie alcan-za a responder.

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SALDOS DE LA GUERRA VS EL NARCO; DECENAS DE MILES EN ESTADIO DE SUPERVIVENCIAVíctor Ronquillo

La estrategia ha sido la mis-ma: desplegar la violen-cia, un malogrado inten-to de recuperar el control

territorial de municipios sometidos por el crimen organizado impo-niendo la ley de la violencia y la corrupción. El saldo dejado en el campo mexicano por la política de seguridad en este primer año del gobierno Enrique Peña Nieto es el de miles de muertes, el de vidas rotas sometidas a la esclavitud que imponen las trasnacionales del narcotráfico a sus jornaleros y sica-rios. Policías corruptas, presiden-tes municipales al servicio de los grupos criminales que establecen el férreo control de plazas, rutas y de centros de almacenamiento. El negocio del narcomenudeo exten-diéndose por pequeños poblados y aun por comunidades serranas. La extorsión obligando al abandono del escaso patrimonio, de la casa, de la tierra, del modo de vida. La guerra del narco ha sembrado el terror en el campo, exacerbado la violencia, generado distintas for-mas de corrupción, provocado la desolación, la muerte y el deterioro institucional.

1.- Los desplazados. Nadie sabe cuántas personas han huido ante la acechanza de la violencia. Cen-tenares de miles de personas for-man un ejército de desesperados que hacen la vida donde pueden. Muchos de ellos proceden de las zonas rurales de Chihuahua, Du-rango, Guerrero y Sinaloa. Tam-bién de Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas y Michoacán.

Severine Durán, investigadora del Centro de Investigación y Es-tudios sobre Antropología Social (CIESAS), a partir de establecer

relaciones y cálculos entre las ta-sas de viviendas deshabitadas, la tasa de homicidios y el índice de víctimas posibles, estima que sólo en Baja California, Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas existen 330 mil desplazados.

En abril de 2012, Antonio Guerra, alto comisionado de la Organiza-ción de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), afirmó que en México la violencia de las drogas había ocasionado el desplazamiento forzado de 160 mil personas.

2.- El incremento del cultivo de amapola coloca a México como uno de los grandes productores de la planta en el mundo. Desde hace un par de años, la Junta Inter-nacional de Fiscalización de Estu-pefacientes de las Naciones Unidas pulsó el botón rojo de la alarma ante el extendido crecimiento de la producción de amapola en nues-tro país. Se estima que existen alre-dedor de cinco mil hectáreas culti-vadas de esta planta, de la que se

derivan el opio y la heroína. Desde 2003, México es considerado el tercer productor más importante de amapola en el mundo.

Según cifras de la Secretaría de Defensa, el estado de Guerrero es el número uno en la producción nacional de amapola, participa con 60 por ciento del total.

3.- El negocio del cultivo de la amapola florece en el campo mexicano con toda impunidad. Hace algunas semanas la Admi-nistración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) hizo público el informe Evaluación nacional de la amenaza de las drogas 2013. La in-formación presentada en este infor-me procede de las tendencias del consumo, de la oferta y la demanda en el mercado más próspero de las drogas en el mundo, las calles de las ciudades de Estados Unidos.

“La disponibilidad de heroína continuó creciendo durante 2012 debido a los altos niveles de pro-ducción en México y a que los traficantes mexicanos se expan-dieron dentro de los mercados del este y del medio este de Estados Unidos”, dice el informe.

4.- En cuanto a la producción de marihuana ha ocurrido algo similar: “El surgimiento de opera-ciones de producción en áreas que antes eran incultivables, y un au-mento considerable y a gran escala del cultivo de la marihuana por parte de los traficantes mexicanos hacen que esta droga tenga mayor disponibilidad en Estados Unidos”.

En la pirámide de la floreciente industria agrícola de la producción de heroína y marihuana, los jorna-leros ocupan el último peldaño. Enfrentan todos los riesgos, son explotados, su salario apenas les da para sobrevivir. Las trasnacionales del narco, los violentos cárteles mexicanos que operan en las áreas rurales de nuestro país, han esta-blecido una nueva versión de la esclavitud en el campo mexicano.

5.- La aparición de los grupos de autodefensa que se extienden por Michoacán responde a distintos factores: la ausencia de Estado de Derecho de que han sido víctimas productores agropecuarios de la más diversa índole; una nueva ver-sión de la guerra por el control del territorio, por parte de los grupos criminales y sus aliados y protec-tores incrustados en el poder polí-tico; la estrategia del Estado para constituir una nueva forma de lucha para el control político del territorio perdido, mediante una supuesta alianza con la población que mira con simpatía la aparición de estos grupos, y la desesperación de quienes han sido recurrentes víctimas de extorsión y secuestro

por parte de grupos criminales como La Familia y Los Caballeros Templarios.

No se trata de una casualidad que, según datos de la Secretaría de Desarrollo Rural del estado de Michoacán, los grupos de autode-fensa operen en lo que se puede considerar importantes polos de desarrollo agrícola. En Aguililla y Buenavista, donde la producción de limón fue de las más altas en el país el año pasado, o en Tan-citaro, donde se cosecharon 700 mil toneladas de aguacate en 2012. También los llamados grupos de autodefensa han aparecido en el municipio de Los Reyes, donde se cosecharon 212 mil toneladas de caña de azúcar ese mismo año.

6.- En cuanto a la Policía Co-munitaria de Guerrero, conver-tida en los años recientes en un verdadero movimiento de amplia repercusión social, la estrategia fue cooptar, infiltrar, dispersar y corromper. De ser necesario, cri-minalizar. Hasta ahora han sido detenidos 13 de los líderes políticos de las ya distintas policías comuni-tarias, entre ellos vale mencionar a Nestora Salgado, de Olinalá, y Arturo Campos, de la policía co-munitaria de Ayutla.

Para concluir, un par de datos: en los meses recientes, en Guerrero han sido asesinados 13 líderes de or-ganizaciones sociales campesinas. Un nuevo grupo guerrillero irrum-pió hace poco en la entidad, se trata de las Fuerzas Armadas Revo-lucionarias Liberación del Pueblo.

La violencia hace más cruel la pobreza… decenas de miles se encuentran en condiciones de su-pervivencia en el campo, víctimas de la violación del derecho funda-mental a la vida, que el actual go-bierno no ha podido garantizar.

El saldo dejado en el

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en este primer año del

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Comunidades zapatistas, a dos décadas del clarinazo

MARGARITA Y MINGOGaspar Morquecho

La Margarita y el Mingo son una pareja zapatista. A mediados de la década de 1980, Adela y yo fui-

mos invitados por ellos para ser pa-drinos en su boda. Alguna vez na-rré parte de la ceremonia. Ya era noche, no había luz eléctrica y el lugar se iluminaba con velas y ve-ladoras. La Margarita y el Mingo estaban de rodillas sobre un petate y mirando al piso escuchaban los consejos de las y los mayores. No tengo la menor idea del lugar ni de que pasó antes o qué siguió des-pués. La único que recuerdo de la boda de la Margarita y el Mingo es esa imagen de la ceremonia.

Para entonces Margarita y Mingo tenían años Construyendo el Reino desde la Palabra de Dios. Con los pies en la tierra, es decir, pasando de lo simbólico a lo concreto, parti-cipaban activamente en la creación de colectivos en pequeñas unidades de producción agropecuaria que involucraban a las mujeres y a los hombres de varias y pequeñas co-munidades vecinas. Algunos pobla-dores de esas comunidades sentían que la Palabra de Dios y la Cons-trucción del Reino los llevaba al enfrentamiento con los poderosos. En el siglo XX la profecía se seguía cumpliendo: las familias y las comu-nidades se dividían por la Palabra.

Indios tsotsiles migrantes funda-ron esas pequeñas comunidades. Compraron las tierras por ahí de 1920 o 1930. Sus pobladores por siempre han sido indígenas pobres entre los indígenas pobres. Me temo que no han cambiado mu-cho. Sus pequeñas parcelas eran poco productivas, eso los obligó a rentar predios en Tierra Caliente a cuenta de la cosecha de maíz y a buscar trabajo asalariado en los centros urbanos. Las mujeres lavaban ajeno; se empleaban tem-poralmente en la ciudad; vendían manojos de rajas de ocote y algo de fruta de temporada, y recogían del monte varas que vendían para la manufactura de cohetes para las fiestas que se celebran a lo largo del año. Se encargaban de la crian-za de las y los hijos. También de los animales de corral que por lo gene-ral vendían en el mercado ladino.

Abandonando los atuendos de sus lugares de origen, las mujeres adoptaron otra vestimenta que las distingue. Sin fuentes de agua, las mujeres bajaban a la ciudad a abas-tecerse de ella, a hacer aljibes para almacenar algo de agua amarillen-ta o compartir con los animales el agua de lluvia que por ahí en algún bajo quedaba estancada. Algunas comunidades contaban con peque-ños tanques en los que almacena-ban agua de la temporada de lluvia. Las emprendedoras mujeres, más

de una vez, vieron cómo se debili-taba o fracasaba el “colectivo”.

Sin embargo, para sobrevivir en las márgenes no queda de otra que ca-minar y resistir. De otra forma, te hundes. Las mujeres y los hombres de esos pueblos optaron por la or-ganización. Caminan y resisten en medio de grandes dificultades. Ahí están las imágenes de sus jornadas pacíficas en la década de 1980 por tierra, trabajo, alimentación, liber-tad y paz. Demandando caminos, electrificación, centros de salud, sistemas de agua. En su caminar, formaron sus agrupaciones, se alia-ron con otras y fueron testigos de cómo el Estado las partía, como se desintegraban y cómo algunos di-rigentes se doblegaban, se vendían.

Como quiera, continuaron en la resistencia, caminando, luchando por una vida justa y digna. Ahí es-tán las imágenes del 12 de octubre de 1992. Para entonces, la idea de la lucha armada se había encar-nado. Mujeres y hombres de esas comunidades se habían sumado. Conscientes, sabían que estaba en juego la vida de ellos y de sus hijas e hijos. No le entramos pero tam-poco los abandonamos. Quizás por eso nos visitan de cada en cuando. Diez años después, el uno de enero de hace casi dos décadas, cientos de ellas y ellos nos sorprendieron. Con las armas en la mano se hi-cieron ver y escuchar. Las fuerzas armadas federales atacaron a sus comunidades por cielo y tierra.

Veinte años después, me parece que económicamente las cosas en esas comunidades no se han modificado sustancialmente. La fragmentación comunitaria, fami-liar, política y religiosa continúa. Hay algo más de infraestructura y me cuentan que están a punto de terminar la pavimentación de un

camino y que siguen gestionando la construcción de ollas de agua.

Con ese entorno social, las bases de apoyo zapatista construyen su Autonomía. Un Mundo Nuevo. El suyo. Ya no están en las márgenes. Margarita y Mingo están en el afue-ra. Con una historia de un poco más de 30 años de caminar, resistir y luchar por una vida justa y digna. Cuando nos buscan por ahí, com-partimos un poco de café, un poco de pan y la palabra. Recuerdan que en la Chiltak y en casa siempre se abría una puerta y que tienen un lugar en nuestro corazón.

No hace mucho la Margarita y Mingo fueron a visitar a Adela, su madrina. Adela es una mujer con un largo caminar en pueblos campesinos y colonias populares y décadas en comunidades indígenas en Chiapas. En su caminar se hizo feminista, rompió con el feminis-mo institucional y optó por las au-tónomas que más tarde crearon el Movimiento Rebelde del Afuera. Ahí están los aportes de otra Mar-garita, la Pisano. Una mujer de

carne y hueso. Pensante, actuante. Hecha y derecha. Eran unas brujas, necias, radicales… molestas. “Po-demos ser peores…”, era uno de sus amenazantes mensajes impresos en sus playeras. Actuantes y con una mirada crítica pensaron el zapatis-mo. No pocas veces le han de haber zumbado los oídos al Sub Marcos.

Actuante y solidaria, después de los ataques aéreos a las comunidades al sur de San Cristóbal, el ocho de enero de 1994 Adela organizó jun-to con sus compañeras la primera caravana por la paz y llegó a esos parajes. Adela y Gabriel fueron los primeros de la Conferencia Nacio-nal por la Paz (Conapaz) que de-nunciaron en Europa las brutales condiciones de vida de los indios, mismas que los llevaron al levan-tamiento armado. En la Chiltak,

Adela creó una instancia de muje-res que se dedicó a gestionar y ca-nalizar recursos a los pueblos zapa-tistas. Entre otras obras, levantaron una clínica en La Garrucha y re-modelaron la de Morelia. Pero no sólo eso. En la comunidad de Mo-relia le tocaron las corretizas por las entradas del ejército federal y en febrero de 1995 fue al encuentro de las compañeras que se habían refugiado al fondo de la cañada después de la traición del gobierno federal. La falta de tacto de algu-nos mandos militares del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) con el trabajo solidario hizo que Adela se distanciara, que se endurecieran sus críticas al ma-chismo de algunos mandos zapa-tistas y no pocas veces al proceso. No había ocasión que yo hiciera un comentario de Marcos y que ella replicara con firmes argumentos.

Un día la llamé y comentó que ha-bían llegado a visitarla la Margari-ta y Mingo. Días después comimos con los hijos y salió la plática de la visita de los ahijados. Respondí molesto pues días antes me había

enterado que un cabrón de por allá seguía chingando. Adela no paró y me hablaba con entusiasmo de lo que decía y hacía Margarita, de los trabajos en el colectivo: que si la producción orgánica, que si el cui-dado de la tierra y de las semillas, que si producían un abono orgáni-co líquido. Escéptico, respondía que la producción orgánica reque-ría de un trabajo extraordinario y que la productividad estaba en cuestión. De que no habían podi-do recrear y fortalecer los lazos co-munitarios. Que se rompían una y otra vez. La imagen que tenía de la Margarita y del Mingo era de in-dígenas pobres, a veces cansados, a veces enfermos. Que a pesar de eso seguían en la resistencia y que sus hijos eran promotores forjándo-se y forjando nuevas generaciones.

Después de la comida, Adela reto-mó el tema y consiguió que me pu-siera a la escucha. Adela me habló de cómo veía a la pareja zapatista, el lugar que tenía Margarita y su toma de decisiones en la pareja. De su entrega al proyecto de vida zapatista. De la Fe en su quehacer zapatista. Para Adela las palabras de Margarita, sus actitudes, su cara y sus ojos no dejaban lugar a duda de un enorme cambio en las rela-ciones de mujer-hombre, esposa-esposo, madre-padre, mujer-mujer, mujer-comunidad. Adela me estaba narrando una experiencia de cam-bios de vida. La narrativa venía de muy adentro. Estaba conmovida, y emocionada lloró, y con palabras de una mujer digna, me dijo algo así:

Margarita está en el afuera. No quieren nada con el sistema, decía Adela. En un diálogo entre muje-res, en veces, Margarita hablaba, me aconsejaba. En veces me pre-guntaba y escuchaba, decía Adela. Su hija, hace radio y preguntaba y preguntaba el significado de muchas cosas. Quieren aprender más, conocer más, saber más, de-cía Adela. Es claro, digo yo, que las y los jóvenes se están formando y forjando en la práctica. Tal cual y como lo dijeron en La Escuelita de agosto. Adela es sensible. Es-cuchar de ella lo que percibió de Margarita fue un lindo regalo para ella y para el que esto escribe.

Margarita es una de las miles de mujeres que dan vida a un enorme y significativo colectivo antisisté-mico. Anticapitalista. Mujeres que son la base de las bases de apoyo zapatistas. Son la riqueza humana que se construye en el único lugar posible, en el absurdo, en el afuera.

Margarita invitó a Adela a La Es-cuelita. Lo que no sabe Margarita es que Adela ya no necesita ir. La palabra verdadera de Margarita, una digna mujer, ha sido suficiente.

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DESTRUCCIÓN Y DEFENSA DE MÉXICO Jesús Ramírez Cuevas

El régimen político del PRIAN y sus aliados del PRD, con Enrique Peña Nieto y su pacto

contra México por delante, han desmantelado la Constitución po-lítica de 1917 y su dimensión social y popular y han legalizado el co-lonialismo al entregar la riqueza del subsuelo y nuestra soberanía nacional al gobierno de Estados Unidos.

En un año que lleva gobernando Enrique Peña Nieto liquidó el Es-tado emanado de la Revolución mexicana. Con la reforma ener-gética de un plumazo, la mayoría antinacional del PRI y PAN, de es-paldas a los ciudadanos, sin acep-tar que se consultara al pueblo, liquidó el acto de soberanía más importante tomado por el Estado posrevolucionario: la expropiación petrolera decretada por el general Lázaro Cárdenas, que significó una segunda independencia y sen-tar las bases de la soberanía econó-mica nacional.

El petróleo fue el motor del mila-gro mexicano. La reforma a los ar-tículos 25, 27 y 28 constitucionales cede todo el control de la industria petrolera y eléctrica a empresas

privadas extranjeras y termina con la rectoría del Estado y el control nacional sobre los recursos ener-géticos del país. Además, las tras-nacionales operarán país como nuevos actores políticos que busca-rán imponer sus intereses e influir para que haya leyes y gobiernos que los beneficien aún más. Todo esto cambiará por completo la vida nacional, sobre todo porque se le-galizó la entrada de México a la esfera de la seguridad nacional y energética de Estados Unidos.

La destrucción del régimen cons-titucional y el desmantelamiento de la riqueza nacional y de los derechos de los mexicanos comen-zaron en el gobierno de Carlos Salinas, que fue el primero en tras-tocar la esencia de la Constitución al reformar el artículo 27 en 1992 y permitir el despojo y la privatiza-ción de las tierras comunales y eji-dales de indígenas y campesinos. Salinas se atrevió a revertir el lega-do de la reforma juarista y liberal y debilitó el Estado laico.

Con la reforma energética im-puesta por Peña, el PRI y el PAN este fin de año, se terminó por de-moler la esencia social y popular de la Constitución.

Con la reforma energética no se venderá Petróleos Mexicanos (Pe-mex). Pero dejará todas las activi-dades de la industria petrolera en manos extranjeras, desde la ex-ploración, extracción, refinación y hasta la distribución de petrolí-feros. Pemex será desmantelado, al igual que la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Con la re-forma aprobada en medio de pro-testas en todo el país, las ganancias y la producción del petróleo serán

compartidas con las grandes petro-leras trasnacionales. El Ejecutivo federal asignará directamente los contratos y licencias (concesiones en los hechos) por medio de la Se-cretaría de Energía. Por otro lado, las empresas buscarán perforar todo el territorio y el gobierno pro-moverá el uso de técnicas nocivas para la salud de la población y del medio ambiente como la fractura hidráulica (fracking), con lo que no solo llevarán la riqueza del subsue-lo sino que contaminarán el agua y la tierra con químicos, acabando con flora y fauna y matando a la tie-rra, cometiendo un ecocidio.

Como resultado de la reforma energética, disminuirán los recur-sos del erario y el presupuesto para la salud, educación y combate a la pobreza. Y como consecuencia los mexicanos pagaremos de nuestro dinero la privatización del sector energético con el aumento de im-puestos, gasolinas y del precio de la canasta básica.

Y con las demás reformas apro-badas este año (la laboral, la edu-cativa, la fiscal, entre otras), el gobierno de Peña acabará con la educación pública y los derechos laborales, agrarios, culturales, am-

bientales, políticos y económicos de los mexicanos.

Les tomó 20 años a los tecnócra-tas neoliberales derrumbar los pilares de la carta magna (los ar-tículos 3 sobre la educación, 27 el derecho a la tierra y la soberanía nacional sobre la riqueza del sub-suelo y 123 que se refiere al los de-rechos laborales y las garantías so-ciales) donde estaban plasmados los derechos sociales y colectivos de la revolución iniciada en 1910.

Está claro que el actual régimen es corrupto, privatizador, antipo-pular y entreguista. Y hoy está en proceso de desmantelar el Estado y las instituciones públicas y de terminar de vender al país.

Como en el Porfiriato lo hicieron los hermanos Flores Magón, hoy pode-mos considerar que la Constitución ha muerto y los últimos vestigios de la Revolución también. El régimen ha enterrado la soberanía nacional y ha entregado el país a la voracidad trasnacional y a los intereses esta-dounidenses. Es preciso organizar desde ya la defensa de la nación, de la soberanía, del territorio, de los re-cursos naturales, de los derechos y del futuro de los mexicanos.

Con la reforma

energética no se venderá

Petróleos Mexicanos

(Pemex). Pero dejará

todas las actividades de

la industria petrolera

en manos extranjeras,

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