2 

 

México, la gran esperanza

Un Estado Eficaz para una democracia de resultados

ENRIQUE PEÑA NIETO

3 

 

Grijalbo

México, la gran esperanza

Un Estado Eficaz para una democracia de resultados

Primera edición: noviembre, 2011 D. R. © 2011, Enrique Peña Nieto Fotografías de interiores: archivo del autor

D. R. © 2011, derechos de edición mundiales en lengua castellana: Random House Mondadori, S. A. de C. V. Av. Homero núm. 544, col. Chapultepec Morales, Delegación Miguel Hidalgo, 11570, México, D. F.

www.rhmx.com.mx

La digitalización de este libro es sin fines de lucro, sólo es un esfuerzo de algunos ciudadanos que creemos que mediante la difusión del conocimiento y el debate de ideas, podremos hacer de México un país mejor.

ISBN 9786073107655

Impreso en México / Prínled in Mexico

4 

 

A mi familia, a mi esposa Angélica y a mis hijos, quienes son mi mayor inspiración

5 

 

Agradecimientos

Entre enero de 2010 y julio de 2011 en distintos medios nacionales e internacionales como El Universal, Reforma y Financial Times, publiqué una serie de artículos con el fin de contribuir al debate nacional en torno a la necesidad de cambiar el rumbo del país. Tomando esos artículos como base, decidí escribir este libro para profundizar en el diagnóstico y, sobre todo, en las posibles soluciones a los grandes retos que enfrenta el país.

Para la realización de este libro agradezco la ayuda en la investigación, búsqueda bibliográfica, el análisis de información y la elaboración de gráficas y tablas a Fernando Galindo Favela, Jorgina Gaxiola Lezama, Francisco Guzmán Ortiz, Isabel Moctezuma Barbará, Aurelio Ñuño Mayer, Gabriel Rivera Conde y Castañeda yJorgeTamayo Castroparedes.

De igual forma, toda mi gratitud y reconocimiento a Cristóbal Pera, Andrés Ramírez y todo el equipo de Random House Mondadori México por su apoyo y por la eficacia para trabajar con calidad y rapidez.

6 

 

Nota aclaratoria

Este libro no es una oferta de gobierno sino un conjunto de ideas para el futuro del país y fue elaborado en estricto apego a la legislación electoral vigente

7 

 

Índice

Agradecimientos 5

Nota aclaratoria 6

Introducción. La construcción de un Estado Eficaz 11

I. Que los derechos pasen del papel a la práctica

II. Que el país crezca conforme a su verdadero potencial económico

III. Recuperar nuestro liderazgo como potencia emergente

Capítulo 1. ¿Por qué tenemos un Estado ineficaz? 21

I. Una transición incompleta

II. Incapacidad para realizar reformas

Capítulo 2. Lograr una "democracia de resultados" 27

I. Formación de mayorías

1. Eliminar la cláusula de ingobernabilidad

2. Eliminar 100 diputados plurinominales

II. Mejorar la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo

III. Acercar el sistema político a la sociedad

1. Participación ciudadana directa

2. Candidaturas independientes

IV. Rendición de cuentas efectiva

8 

 

Capítulo 3. Acelerar el crecimiento económico sustentable 38

I. Promover la competencia económica

II. Impulsar una nueva reforma energética

III. Financiamiento para el desarrollo

IV. Invertir en infraestructura física y digital

V. Detonar el potencial turístico

VI. Reactivar el campo

VII. Impulsar un desarrollo sustentable

1. Transitar hacia una economía baja en carbono

2. Replantear el manejo hídrico del país

3. Detener la pérdida de biodiversidad

4. Mejorar la gestión de residuos

5. Impulsar una cooperación internacional eficaz

Capítulo 4. Construir una sociedad del conocimiento 56

I. Desarrollar nuestro capital humano

1. La educación en el siglo xxi

2. Cada eslabón cuenta: del preescolar a la educación superior

3. Flexibilizar la movilidad entre el sistema educativo y el mundo laboral

II. Un México innovador

1. Invertir más en innovación, ciencia y tecnología

2. Una política industrial para aumentar el valor agregado de la producción

3. Repatriación y atracción de "cerebros"

9 

 

Capítulo 5. Un México sin pobreza 72

I. Una política social insuficiente e ineficaz

II. Fortalecer y ensanchar la clase media

III. Derechos sociales universales y subsidios focalizados

IV. El piso básico: la Seguridad Social Universal

V. Combatir la pobreza dura: la dispersión y el aislamiento rural

VI. Una sociedad más equitativa

VII. Una nación multicultural

VIII. Integrar plenamente a la sociedad a las personas con discapacidad

Capítulo 6. Seguridad pública efectiva y sistema de justicia eficiente 96

I. Política de prevención y participación comunitaria

II. Policía profesional y justicia eficiente

1. Reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública

2. Lavado de dinero y control de armas

III. Enfocar acciones según las prioridades

IV. Estrategia consensuada y adecuado respaldo presupuestal

Capítulo 7. México, actor global 107

I. El contexto internacional

II. México en el mundo

III. Siete áreas de acción estratégicas

1. Impulsar una mejor integración con la región de América del Norte

2. Fortalecer la cooperación con Centroamérica y el Caribe

10 

 

3. Recuperar la interlocución efectiva con América del Sur

4. Consolidarnos como potencia cultural iberoamericana

5. Consolidar la alianza con Asia-Pacífico

6. Impulsar un multilateralismo efectivo

7. Dinamizar y profundizar la relación con la Unión Europea

Capítulo 8. Que todos paguemos lo justo: reforma fiscal integral 120

I. Ampliar la base tributaria

II. Reducir al máximo las exenciones y privilegios fiscales

III. Simplificar el sistema fiscal

IV. Ejercer un gasto público eficaz y transparente

V. Redefinir las obligaciones tributarias entre los tres órdenes de gobierno

Reflexión final 130

11 

 

Introducción

La construcción de un Estado Eficaz

Es inadmisible que México esté a la deriva, sumergido en la violencia y el deterioro económico. No acepto que en nuestro país a pesar de sus grandes fortalezas, capaces de sustentar un gran futuro para sus hijos prive ahora un clima de incertidumbre y preocupación. Nuestra generación tiene el reto de acabar con el miedo y renovar la esperanza.

Y tiene la capacidad para hacerlo. Bajo esa densa capa de preocupaciones, temores y tristezas que se le ha impuesto a nuestro país en la última década, prevalece en México una voluntad y un impulso de transformación: en toda la República se percibe la necesidad de un cambio. Se ha extraviado la conducción, pero tenemos proyecto. En estos años, un Estado disfuncional nos ha arrastrado por una pendiente al ser incapaz de crear las condiciones mínimas de seguridad pública, crecimiento económico, empleo digno, educación y seguridad social de calidad; aun así, contamos con la fuerza para alcanzar un nuevo pacto social que construya un Estado Eficaz que, en los hechos, nos permita a todos los mexicanos gozar de la libertad para realizar el proyecto de vida que nos propongamos sin que la violencia, el origen familiar, regional, de género o étnico sean barreras para alcanzarlo.

Un Estado Eficaz que tenga la capacidad de alcanzar tres grandes metas nacionales, claras y concretas, que nos sirvan de brújula para encauzar los diversos esfuerzos de la sociedad y las autoridades: í) que los derechos de todos los mexicanos no sean sólo ideales plasmados en la Constitución, sino que en verdad los disfrutemos en la vida cotidiana; es decir, que pasen del papel a la práctica; 2) que el país crezca conforme a su verdadero potencial económico, y 3) recuperar nuestro liderazgo como potencia emergente.

12 

 

I. QUE LOS DERECHOS PASEN DEL PAPEL A LA PRÁCTICA

El mayor valor al que debe aspirar una república es la verdadera igualdad de derechos entre sus habitantes. Una igualdad de derechos que sea capaz de crear las mismas oportunidades para todos; que se convierta en el motor de una sociedad sustentada en el mérito, el esfuerzo, el trabajo y el talento de cada quien, de manera que sumados generen una fuerza extraordinaria para el crecimiento, la innovación y el progreso del país, la población y sus familias.

Un Estado Eficaz en nuestro país debe tener un objetivo claro: garantizar todos los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En México se vive una contradicción inaceptable: se reconoce legalmente una serie de derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales; sin embargo, en la práctica, un gran número de mexicanos no disfruta de estos derechos básicos.

El ejercicio efectivo de los derechos individuales y sociales no es una abstracción teórica. Por el contrario, es una realidad práctica que se cristaliza en la vida cotidiana de todos los habitantes: es una forma de vida que permite ejercer una libertad plena y realizar un proyecto de vida sustentado en el mérito y el trabajo de cada quien. Alcanzar este objetivo tampoco es una aspiración utópica. Se puede conseguir con reformas y políticas públicas concretas.

Cuando decimos que el derecho a la seguridad pública pase del papel a la práctica, significa que todos, sin excepción, podamos salir a las calles sin el temor a ser asaltados, o que los padres y las madres de familia puedan dormir tranquilos porque tienen la certeza de que sus hijos regresarán a casa. Significa que ningún mexicano viva con miedo a ser secuestrado o asesinado. Implica que todos, sin excepción, podamos acceder a un juez que de manera rápida y honesta resuelva una sentencia en la que sean los culpables, y no los inocentes, quienes reciban un castigo por haber infringido la ley. Significa que todos tengamos la certeza de que nuestros bienes, propiedades e inversiones estén a salvo porque existe un sistema legal que garantiza los derechos de propiedad y resuelve con eficacia las disputas comerciales o civiles.

Lograr que los derechos a la seguridad y a la justicia sean una realidad será posible a partir de una nueva Estrategia Nacional para Reducir la Violencia que siga cuatro principios básicos: i) fortalecer la prevención del delito y la participación comunitaria para atender las causas de la delincuencia y no sólo sus consecuencias; 2) profesionalizar y mejorar la eficacia del sistema de justicia en general, y en especial del penal, teniendo una policía, así como una procuración y administración de la justicia, de calidad; 3) focalizar las acciones del gobierno federal para recuperar el control y reconstruir el tejido

13 

 

social de los municipios con mayor criminalidad, y 4) construir una verdadera política transexenal con un adecuado respaldo presupuestal.

La importancia de que el derecho al acceso a la salud se ejerza en la realidad significa que todos podamos ingresar a un hospital cercano a nuestra residencia, con suficientes médicos y medicinas de calidad. Significa que no haya niños que mueran de diarrea por falta de atención médica, o madres a quienes no les detectaron a tiempo un cáncer de mama porque no tuvieron acceso a un hospital, o ancianos que fallezcan porque no encontraron un tratamiento oportuno contra la diabetes. De igual forma, que la seguridad social sea para todos significa que, además de la atención para la salud, todos los mexicanos reciban una pensión básica para tener una vejez digna y que los desempleados reciban un ingreso temporal mientras encuentran trabajo.

Que el acceso a la salud y a la seguridad social sean una realidad para cada mexicano se puede conseguir a través de un nuevo Sistema de Seguridad Social Universal que garantice a toda la población un piso básico de protección social, que incluya atención médica de calidad, seguro de desempleo y de riesgos de trabajo, así como una pensión para la vejez. Este nuevo sistema universal deberá ser financiado progresiva y mayoritariamente por impuestos generales, en lugar de cuotas, como las que se pagan al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que "castigan" el salario de los trabajadores formales y el esfuerzo de los emprendedores. De esta forma se reducirían los incentivos para ingresar o permanecer en la economía informal. Con una proporción mayor de personas trabajando en el sector formal, además, aumentaría la calidad de los empleos, la productividad y el crecimiento económico.

Cuando afirmamos que la educación de calidad es un derecho universal significa que todos los niños, sin importar su origen o lugar de residencia, asistan a una escuela en la que además de aprender matemáticas, español e historia, puedan acceder a una computadora, aprender inglés y hacer ejercicio. Significa que ningún joven abandone la preparatoria por falta de recursos, o que se quede sin ir a la universidad porque no haya lugares suficientes para todos.

Por ello, asegurar el acceso real de todos los niños y jóvenes a una educación de calidad requiere, por un lado, fortalecer la capacitación de los maestros para que enseñen a aprender, en lugar de memorizar, y sepan utilizar las nuevas tecnologías de la era digital. De igual forma, se necesita trabajar junto con los maestros para hacer de los sistemas de evaluación un mecanismo transparente y efectivo de rendición de cuentas a los padres de familia, garantizar que los estímulos económicos de los profesores estén ligados a la calidad de la enseñanza y no a los puestos burocráticos, así como separar los temas relacionados con la enseñanza de los temas acerca de las condiciones laborales de los profesores.

Por otro lado, se requiere una cruzada para que las escuelas de todo el país ofrezcan Jornadas Escolares Completas, es decir, de ocho horas de duración, en las que los niños

14 

 

cuenten con desayunos y almuerzos suficientes y nutritivos, puedan aprender inglés y cada alumno tenga acceso a una computadora. En el caso de los jóvenes, tenemos que alcanzar la cobertura universal en preparatoria y otorgar becas para evitar la deserción, así como ampliar la oferta de educación universitaria de calidad, incorporando nuevas modalidades como la educación a distancia.

Es evidente que ninguna de estas reformas y políticas públicas se podrán concretar si no tenemos los recursos públicos suficientes. Cualquier propuesta, por pequeña o grande que sea, debe contar con el respaldo de la hacienda pública o de lo contrario se convierte en demagogia pura. Todos los derechos, tanto individuales como sociales, cuestan dinero. Por ello, al final del día, el ejercicio cotidiano de la libertad y los derechos depende de los impuestos y la capacidad fiscal del Estado.

La capacidad recaudatoria de México es una de las más bajas del mundo. Es inferior a la de los otros países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), pero también a la de naciones con un desarrollo similar al nuestro, como lo son Argentina y Brasil. Por esta razón, es fundamental realizar una reforma hacendaría integral guiada por cinco principios: 1) ampliar la base tributaria; 2) reducir al máximo las exenciones y privilegios fiscales; 3) simplificar el sistema fiscal; 4) ejercer un gasto público eficaz y transparente, y 5) redefinir las facultades tributarias entre los tres órdenes de gobierno.

El epicentro de un nuevo pacto social debe ser un gran acuerdo entre la ciudadanía y sus diversas fuerzas económicas, sociales y políticas con los distintos niveles de gobierno, para hacer efectivos los derechos a través de una reforma hacendaría integral que los pueda financiar.

II. QUE EL PAÍS CREZCA CONFORME A SU VERDADERO

POTENCIAL ECONÓMICO

Sin crecimiento económico no hay empleos suficientes y, por lo tanto, parte de la población ve cancelada la oportunidad de construir con su trabajo una vida digna. En la última década, México ha tenido el crecimiento económico más bajo de los últimos ochenta años: 1.7% en promedio anual.1 Esa cifra es inferior tanto al promedio de América Latina (3.4%) como al desempeño de China (10.5%), India (7.8%), o Perú (5.7%), por utilizar algunos ejemplos de otros países en vías de desarrollo.2

Este mediocre crecimiento está muy por debajo de nuestro potencial. Por un lado, México cuenta con un "bono demográfico" que inició a principios de este siglo y durará otros veinte años, ya que la proporción de mexicanos en edad de trabajar es mayor a la proporción de la población dependiente (niños y adultos mayores). Sin embargo, al no

15 

 

generar las condiciones económicas necesarias para crecer, estamos desperdiciando uno de los recursos clave para aumentar la riqueza y desarrollo de nuestra sociedad: tener una fuerza laboral de gran tamaño. La mejor prueba de que estamos desperdiciando esta valiosa oportunidad es que a lo largo de esta década tanto la tasa de desempleo de la población en general como la de los jóvenes en particular se han duplicado, pasando de 2.5% a 5.3%3 y de 4.8% a 10%,4 respectivamente.

Además, nos enfrentamos a un drama social: muchos de nuestros jóvenes ingresan a la economía informal, en lugar de incorporarse a las filas del empleo formal; otros se van a trabajar a Estados Unidos; sin ninguna duda el peor escenario ocurre cuando, ante la falta de oportunidades, ingresan a las filas del crimen organizado. En ese sentido, es urgente actuar para no desperdiciar las siguientes dos décadas, ya que de seguir por la ruta actual, además de perder una oportunidad histórica para salir adelante, llegaremos al año 2030 con una sociedad más vieja, más pobre e insegura, y no tendremos ni la capacidad ni los recursos para hacer frente a sus necesidades. Ya perdimos una década, tenemos que reconstruir el presente para recuperar el futuro.

Por otro lado, la falta de condiciones para generar crecimiento económico se refleja en la caída de la inversión extranjera directa (IED), que pasó de casi 30,000 millones de dólares en 2001 a menos de 19,000 millones de dólares en 2010, es decir, una disminución de 37%. En contraste, durante el mismo periodo, Brasil aumentó su captación de IED en 118%, al pasar de 22,000 a 48,000 millones de dólares.5 Este fenómeno agudiza el círculo vicioso en el que estamos entrampados: al no generar las condiciones para incrementar la inversión, crecemos aún menos, ya que el volumen de capital que se destina para crear inversiones productivas es la base del crecimiento económico.

¿Qué hacer para retomar el crecimiento? Requerimos una alianza para el crecimiento que se concentre en ocho acciones: 1) mantener la estabilidad macroeconómica como precondición para el crecimiento acelerado; 2) profundizar la competencia económica para aumentar la oferta de productos y servicios de mejor calidad a menor costo e impulsar procesos de innovación; 3) impulsar una nueva reforma energética para dinamizar y aumentar la productividad y transparencia de Petróleos Mexicanos (Pemex); 4) aumentar el nivel de crédito para financiar áreas estratégicas del desarrollo; 5) construir más y mejor infraestructura para reducir los costos de transporte; 6) reducir la economía informal para aumentar la calidad de los empleos; 7) aumentar la productividad y la innovación para desarrollar productos con alto valor agregado, y 8) diseñar una nueva estrategia de comercio exterior para superar el reto que representa competir con China e India en los mercados internacionales.

Por supuesto, para alcanzar estos objetivos también es necesaria una reforma fiscal integral que incremente la inversión en rubros como la infraestructura o la ciencia y la tecnología, sectores fundamentales para incrementar la productividad. Asimismo, es fundamental mejorar la seguridad en todo el país y contar con un sistema de justicia eficiente. Sólo así se alienta y no se inhibe— la inversión y se reducen los costos de transacción tanto de las empresas como de las personas.

16 

 

La obsesión por mirar al pasado ha sido un obstáculo para el crecimiento. Es momento de volcarnos al futuro y encauzar la energía de las distintas fuerzas productivas del país para alcanzar las metas que nos permitan crecer conforme a nuestro verdadero potencial económico.

III. RECUPERAR NUESTRO LIDERAZGO COMO POTENCIA EMERGENTE

En la última década el mundo ha cambiado de manera radical. Si bien Estados Unidos se mantiene como potencia hegemónica, nuevos actores globales como China e India han irrumpido en la escena internacional. La globalización financiera se multiplicó sin límites para luego estallar y generar una depresión económica sólo comparable con la crisis de 1929. La Unión Europea y su moneda única, el euro, que se había constituido como el modelo de integración más avanzado, se encuentra en una fuerte crisis derivada de los altos niveles de endeudamiento registrados por algunos de sus países miembros. Internet y la era digital revolucionaron el conocimiento, el comercio y la comunicación del planeta.

El terrorismo internacional se ha convertido en la principal amenaza para la estabilidad mundial. El calentamiento global ha producido efectos devastadores en algunos puntos del planeta. La propagación de pandemias representa un reto de salud pública para todos los países, particularmente los más pobres y vulnerables. La proliferación nuclear se ha convertido en un riesgo real ante los proyectos atómicos de Irán y Corea del Norte. Y una cuarta ola democrática se avizora en las rebeliones del Norte de África y Medio Oriente, por mencionar únicamente algunos de los principales acontecimientos.

En este contexto de cambios vertiginosos, México se ha desdibujado. El despegue de Brasil se contrasta reiteradamente con el estancamiento de nuestro país. Perdimos visión y rumbo. Mientras otras naciones consolidaban alianzas dentro y fuera de sus regiones para promover sus intereses, México se automarginó. Se convirtió en simple observador del surgimiento de nuevos protagonistas globales.

México dejó de ejercer el liderazgo que le dio prestigio y le ganó el respeto de la comunidad internacional en el siglo xx. No debemos olvidar que nuestro país desempeñó un papel central de intermediación y orquestación de iniciativas regionales y multilaterales para resolver situaciones delicadas en tiempos de crisis, como en el caso del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe, mejor conocido como el "Tratado de Tlatelolco", en el contexto de la Guerra Fría, o la creación del Grupo Contadora en la década de los ochenta para propiciar la paz y la reconciliación en Centroamé rica. Asimismo, nuestro país organizó la primera Cumbre Iberoamericana que reunió en 1991, por primera vez en la historia, a 21 jefes de Estado y de gobierno de los Estados de América y Europa de lengua española y portuguesa para examinar oportunidades y retos comunes. Por otra parte, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), promovido por México, fue el primer acuerdo regional de libre comercio entre un país en desarrollo y dos naciones industrializadas. Estas acciones de liderazgo audaz y responsable también le permitieron a México una mejor protección y promoción de sus intereses a nivel internacional.

17 

 

Por ello, como parte de la construcción de un Estado Eficaz, es fundamental, para recuperar y potenciar el liderazgo internacional de México, definir qué clase de nación queremos ser en el siglo xxi. Necesitamos definir si queremos seguir siendo un observador de los cambios del mundo o si, por el contario, con realismo y pragmatismo, queremos incidir en ellos. Debemos decidir si estamos dispuestos a asumir nuestra responsabilidad internacional para ser un actor global que participe tanto en las definiciones estratégicas del rumbo de las distintas regiones a las que pertenecemos como en las que determinen el futuro del sistema internacional en su conjunto.

Estoy convencido de que México debe convertirse en un actor global. Una condición necesaria para asumir un papel internacional relevante es la fortaleza interna. Si continuamos por la ruta de un Estado disfuncional, difícilmente seremos tomados con seriedad en el mundo. Por ello, el primer paso para que México sea un actor global es lograr que los derechos pasen del papel a la práctica para tener una sociedad más fuerte y justa, así como lograr que el país crezca conforme a su verdadero potencial económico para proyectar con contundencia nuestro dinamismo, hoy adormecido.

Sin embargo, aunque necesaria, esta condición no es suficiente. Para que México alcance un liderazgo clave en el mundo del nuevo milenio, también necesitamos definir y consolidar una red de alianzas estratégicas, con agendas claras y diferenciadas.

En este esfuerzo, el Ejecutivo federal, apoyado en el profesionalismo de nuestro prestigiado cuerpo diplomático, deberá liderar una coordinación sin precedentes entre los distintos niveles y poderes de gobierno, el sector empresarial, las comunidades científicas y académicas, y las organizaciones de la sociedad civil para concretar siete acciones prioritarias: i) impulsar una mejor integración de América del Norte; 2) fortalecer la cooperación con Centroamérica y el Caribe; 3) recuperar la interlocución efectiva con América del Sur; 4) consolidarnos como potencia cultural iberoamericana; 5) consolidar una alianza con la región de Asia Pacífico; 6) impulsar un multilateralismo efectivo, y 7) dinamizar la relación con la Unión Europea.

Si logramos conjugar un proceso de fortalecimiento interno —a través del ejercicio real de derechos universales y de altas tasas de crecimiento con una estrategia de alianzas guiadas por estas siete prioridades, sin lugar a dudas México se podrá reposicionar como líder de las potencias emergentes, alcanzando con ello dos objetivos centrales: traer más oportunidades y mejores condiciones de vida para los mexicanos e incidir en las decisiones que definen el rumbo de las relaciones internacionales.

En este libro, a través de ocho capítulos, me propongo explicar cómo podríamos construir un Estado Eficaz y dejar atrás el Estado disfuncional al que nos ha llevado la interrupción del proceso de transformación de nuestras instituciones que debió de ir asociado a la transición democrática. En el primer capítulo, "¿Por qué tenemos un Estado ineficaz expongo? la paradoja de tener un país con un enorme potencial y, al mismo tiempo, un Estado ineficaz que no puede cumplir con sus obligaciones básicas. Parto de la tesis de

18 

 

que México se quedó a medio camino entre el siglo xx y el siglo xxi, ya que ha pasado más de una década sin conseguir reformarse debido a dos factores centrales:

1. Por un lado, el país se democratizó, lo que afortunadamente generó mayor pluralidad y fragmentación del poder político. Sin embargo, algunas estructuras económicas y sociales que se conformaron en el contexto del régimen posrevolucionario no se transformaron, lo que permitió que algunas de ellas mantuvieran una gran concentración de poder frente a un sistema político desconcentrado, alcanzando la capacidad para bloquear reformas que consideran contrarias a sus intereses.

2. Por otro lado, en la última década, los gobiernos panistas se han dedicado a mirar al pasado en lugar de construir el futuro, lo que ha tenido como consecuencia que no logren alcanzar acuerdos mayoritarios para transformar a México. En este capítulo, también señalo lo que a mi juicio fueron los éxitos y aciertos del PRI, pero también sus errores, así como la visión de una nueva generación de priístas que nos hemos formado bajo la convicción de principios democráticos.

En el segundo capítulo "Lograr una'democracia de resultados'" destaco la urgencia de reformar nuestro sistema político para que realmente tenga la capacidad de transformar nuestra realidad y explico cómo podríamos cimentar una "democracia de resultados". Parto de cuatro principios para lograrlo: a) construir mayorías estables en el Congreso de la Unión; b) mejorar la relación y la comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo; c) abrir nuevas vías para ampliar la participación ciudadana, y d) promover la efectiva y permanente rendición de cuentas a la ciudadanía. Asimismo, comparto algunas experiencias de mi gestión como gobernador del Estado de México, particularmente mi diálogo cotidiano con los mexiquenses a través de la definición y el cumplimiento de mis compromisos de gobierno.

En el tercer capítulo, "Acelerar el crecimiento económico sus tentable", de inicio planteo los que a mi juicio son los principales diques que le impiden a México crecer de acuerdo con su verdadero potencial económico. Posteriormente expongo mi visión sobre cómo se pueden superar estos obstáculos a partir de una mayor competencia económica, incrementar el nivel de crédito para financiar el desarrollo, contar con un plan estratégico de infraestructura, potenciar el turismo, reactivar el campo mexicano y alcanzar un desarrollo sustentable. Entre esas acciones, destaco con especial importancia la necesidad de transformar a Pemex para que, manteniendo la propiedad estatal de la empresa, se le permita mayor flexibilidad para buscar asociaciones con inversionistas privados. También propongo lograr que la hacienda pública sea menos dependiente de Pemex, de manera que pueda invertir parte de la renta petrolera en energías renovables, para que sea el propio petróleo la fuente de financiamiento de la inevitable transición energética que vivirán México y el mundo en las próximas décadas.

En el cuarto capítulo, "Construir una sociedad del conocimiento", planteo que pasar de una economía maquiladora a una del conocimiento es el eje para que México pueda transitar exitosamente del siglo xx al siglo xxi. Para lograr esta transformación, propongo

19 

 

consolidar una educación básica de calidad y más equitativa; lograr la universalización de la educación media superior; profundizar la cobertura y la calidad de la educación superior;

implementar una política industrial pragmática, y desarrollar un proyecto común en los campos de la innovación, la ciencia y la tecnología, basado en principios compartidos que le garanticen un impulso y una vitalidad que trasciendan a la alternancia sexenal del poder político.

En el quinto capítulo, "Un México sin pobreza", el planteamiento central es que la política social debe estar anclada en el ejercicio de derechos sociales universales y ser complementada con subsidios bien focalizados para los grupos más vulnerables de la sociedad. De manera particular, planteo la necesidad de construir un Sistema de Seguridad Social Universal que integre el hoy fragmentado sector salud, otorgue una pensión básica a todos los adultos mayores del país, así como un seguro de desempleo y de riesgos de trabajo. También discuto el problema de la dispersión poblacional en las zonas rurales y cómo este aislamiento es un obstáculo para el desarrollo, así como la necesidad de construir políticas públicas con enfoques amplios que den prioridad al desarrollo humano de los pueblos indígenas, y alcanzar, finalmente, una plena equidad de género, así como una plena integración de las personas con discapacidad a la sociedad y a la economía productiva del país.

En el sexto capítulo, "Seguridad pública efectiva y sistema de justicia eficiente", el planteamiento fundamental es que debemos pasar de una estrategia centrada exclusivamente en el combate al narcotráfico a una estrategia integral de seguridad y justicia enfocada en reducir la violencia y proteger a los ciudadanos. El objetivo primordial de esta nueva estrategia debe ser reducir de manera significativa los homicidios, los secuestros, las extorsiones y la trata de personas. Para lograrlo, planteo que el nuevo paradigma debe construir una seguridad pública más democrática, fortaleciendo la prevención, la participación ciudadana y el rediseño de los modelos policiales y de justicia con pleno respeto de los derechos humanos.

En el séptimo capítulo, "México, actor global", desarrollo de manera más extensa el argumento de que para volver a ser una potencia emergente y alcanzar la categoría de "actor global" necesitamos fortalecernos internamente, adoptar un liderazgo mucho más activo en el mundo y crear una red de alianzas con agendas claras y diferenciadas con los países y regiones prioritarias para alcanzar un mayor desarrollo de nuestra población y del país en general. Entre las acciones a impulsar destacan la necesidad de replantear la actual integración de América del Norte para fortalecer la competitividad, la seguridad y el bienestar de nuestros países y ciudadanos; la importancia de estrechar la cooperación regional con Centroamérica y el Caribe; la enorme oportunidad de consolidarnos como potencia cultural iberoamericana y la necesidad de participar con mayor conocimiento y decisión en la región más dinámica del mundo: Asia-Pacífico.

20 

 

En el octavo capítulo, "Que todos paguemos lo justo: reforma fiscal integral", el planteamiento básico, y por ello lo reservo para el final, es que para lograr todas las transformaciones que se proponen se requieren mayores recursos. Como lo mencioné con anterioridad, cualquier propuesta que no tenga un respaldo real en la hacienda pública es demagogia pura. Por ello, en gran medida, la transformación del país requiere sustentarse en una reforma hacendaría que permita tener los recursos suficientes para financiarla. Si México no emprende el camino de financiar su desarrollo mediante una reforma hacendaría integral, cualquier proyecto de transformación se quedará en el papel y nunca pasará a la práctica.

Por último, presento una reflexión final en la que expreso mi total convicción de que México saldrá adelante de la actual situación de estancamiento y desesperanza. Estoy convencido de que nuestro país es capaz de superar la adversidad. El temblor de 1985, por ejemplo, colapso a gran parte de la Ciudad de México, pero hizo surgir fuertes lazos solidarios entre todos los mexicanos que nos permitieron salir adelante. Por ello, estoy convencido de que nuestra generación acabará con el miedo y renovará la esperanza.

21 

 

1

¿Por qué tenemos un Estado ineficaz?

México tiene un enorme potencial: con 112 millones de habitantes, somos la décimoprimera economía del mundo. Junto con Rusia, tenemos el mayor PIB per cápita de los principales países emergentes. Contamos con una posición geopolítica y comercial estratégica: somos puente entre América Latina y América del Norte. Tenemos acceso al Pacífico, el Atlántico y el Caribe, así como una diversidad biológica y cultural incomparable.

Contamos con una red de tratados de libre comercio con más de 40 países de América del Norte, América Latina, Europa y Asia que nos dan acceso preferencial a más de mil millones de consumidores potenciales con ingreso equivalente al 60% del PIB mundial. Disfrutamos, además, de estabilidad macroeconómica, pluralidad política y una democracia electoral sólida para elegir el rumbo del futuro.

Sin embargo, a pesar de estas fortalezas, como lo demuestran diversos estudios de opinión, la mayoría de los mexicanos piensa que el país va por el camino equivocado, que México es un "barco sin rumbo". ¿Por qué? Probablemente porque todos sabemos que el país no avanza de acuerdo con su verdadero potencial. Porque tenemos un Estado ineficaz que no puede cumplir con sus obligaciones básicas. En nuestro país, los derechos individuales y sociales que consagra la Constitución siguen sin ser una realidad cotidiana para la mayoría de los mexicanos.

El derecho a la seguridad se quebranta a diario con ejecuciones que, tan sólo en este año, se estiman en más de nueve mil. El derecho a la justicia se diluye cuando más de 98% de los delitos quedan impunes. El derecho a la salud es una ilusión cuando 35.8 millones de mexicanos no pueden acceder a ella y más de la mitad de la población no tiene seguridad social.

De igual forma, el derecho a la educación está incompleto cuando la mayoría de los alumnos asisten únicamente cuatro horas a la escuela y no tienen acceso a una computadora, ni pueden aprender otro idioma. El derecho al trabajo es relativo cuando en la última década el desempleo se ha duplicado y los empleos informales han aumentado hasta abarcar a casi 30% de la población económicamente activa.

Además, el crecimiento económico de la última década ha sido el más bajo de los últimos 80 años, paralizando la movilidad social y expulsando a más de dos millones de migrantes a buscar mejores oportunidades en Estados Unidos. A pesar de que el presupuesto para combatir la pobreza se ha incrementado en más de 162%, hoy hay cinco millones de mexicanos más viviendo en esta condición de los que había en el año 2000, pues el número de mexicanos que vive en alguna situación de pobreza aumentó de 52 a 57 millones en este periodo.

22 

 

Por otro lado, mantenemos un sistema fiscal ineficaz que no redistribuye la riqueza, lo que nos sigue colocando como uno de los países más desiguales del planeta. Además de lo anterior, más de la tercera parte del gasto promedio de los mexicanos se pierde por la falta de competencia económica, lo que agudiza aún más la pobreza y la desigualdad.

Nos rezagamos en innovación, ciencia y tecnología ya que apenas destinamos a este rubro la quinta parte de la inversión promedio de los países de la OCDE. También nos quedamos atrás en educación superior: mientras en México tenemos una cobertura de 28% de la población y un gasto por alumno de 7 mil 500 dólares, Brasil ha alcanzado una cobertura del 34% y un gasto por alumno de 11 mil 600 dólares. Como resultado de este estancamiento, entre 2001 y 2011 hemos caído 16 lugares en el índice de Competitividad Global que elabora el Foro Económico Mundial.

En el escenario internacional, Brasil y España nos han desplazado del contexto iberoamericano; hemos sido excluidos del grupo de potencias emergentes. En los países "BRIC", acrónimo de las principales economías emergentes (Brasil, Rusia, India y China), la "M" de México quedó fuera. China nos ha superado como segundo socio comercial de Estados Unidos pese al TLCAN.

¿Cómo llegamos a esta situación? Desde mi punto de vista, existen dos grandes razones, interconectadas entre sí, que explican este estancamiento y desilusión, a pesar de nuestro enorme potencial.

I. UNA TRANSICIÓN INCOMPLETA

En primer lugar, no hemos culminado la transición del México del siglo xx al México del siglo xxi. Si bien construimos una democracia electoral, estabilizamos nuestra economía, nos abrimos al comercio con el mundo y cambiamos nuestro perfil demográfico, no hemos sido capaces, por ejemplo, de transformar un sistema fiscal que mantiene una estructura que tuvo sentido durante la pacificación del país después de la Revolución y durante el posterior proceso de industrialización, pero que en la actualidad es obsoleto e insuficiente para financiar las necesidades de un Estado que está obligado a garantizar en la práctica derechos universales como la seguridad, la justicia, la salud y la educación de calidad a una población mayoritariamente urbana que requiere un nivel de bienestar y habilidades que le permitan competir en la globalidad.

Como consecuencia del actual sistema fiscal obsoleto, tampoco hemos sido capaces de reformar el sector energético, particularmente a Pemex. Esta empresa, debido a la cantidad de recursos que transfiere a la federación para solventar la incapacidad fiscal del Estado, y por la rigidez de las leyes para que pueda buscar asociaciones estratégicas con el sector privado, se ha quedado sin recursos para explotar las reservas petroleras del país.

Además, nuestro rezago en educación, innovación, ciencia y tecnología ha provocado que nuestra productividad se haya frenado y que nuestra inserción en los mercados

23 

 

internacionales, particularmente en Estados Unidos, palidezca ante la irrupción de China que, al igual que nosotros, produce manufacturas de medio o bajo valor agregado, lo que ha ocasionado que el ritmo del crecimiento de nuestras exportaciones haya disminuido.

De igual forma, a pesar de algunos avances, los órganos de regulación, como la Comisión Federal de Competencia (CFC), siguen sin tener las herramientas suficientes para propiciar mayor competencia económica.

II. INCAPACIDAD PARA REALIZAR REFORMAS

En segundo lugar, esta incapacidad para transformar al país se debe a la falta de consensos para realizar las reformas que pongan a México en sintonía con el siglo xxi, lo que a su vez se explica por dos factores centrales:

í. Si bien transitamos a una democracia electoral y esto, afortunadamente, nos condujo a una mayor pluralidad, el poder político se fragmentó, mientras que las estructuras de otros actores económicos y sociales no se reformaron, ocasionando que estos actores ganaran una gran capacidad para bloquear reformas que consideran contrarias a sus intereses. Como lo explica Carlos Elizondo,"lo que hoy queda del arreglo corporativo anterior, que antes servía para gobernar, ahora representa un obstáculo para el crecimiento".14

No hay que olvidar que el sistema político posrevolucionario se sustentó en una gran coalición informal que inicialmente sirvió para pacificar al país y después para gobernarlo. Este régimen actuó bajo la lógica de incluir a amplios grupos organizados de campesinos, obreros, líderes locales y empresarios en los procesos de toma de decisiones políticas, bajo la coordinación de un gobierno centralizado. Lo anterior permitió, en el contexto de una economía cerrada, que este sistema tuviera la capacidad de generar altas tasas de crecimiento económico, así como elevar de manera significativa los niveles de vida de la población.

El éxito alcanzado por nuestro país después de la Revolución particularmente si se compara con el siglo xix o con la ruta que siguieron el resto de los países latinoamericanos durante el siglo pasado— es evidente. No sólo se consiguió subordinar a los militares al poder civil, alcanzando una estabilidad política envidiada por cualquier país al sur de nuestra frontera al no tener golpes de Estado ni padecer regímenes militares, sino que también se produjo un desarrollo económico y social sin precedente en nuestra historia independiente.

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), México, durante el siglo xx, experimentó un "progreso social sin parangón en la historia".15 En palabras de Carlos Fuentes, el PRI "vigiló el mayor ascenso social que México haya conocido".16

Por supuesto que durante los múltiples gobiernos del PRI también se cometieron errores y abusos inadmisibles que tuvieron serias consecuencias para el país, como las injustificables represiones a los movimientos estudiantiles, las crisis económicas e

24 

 

inaceptables actos de corrupción. De igual forma, a pesar de la estabilidad y la gradual apertura del régimen, México no fue una democracia electoral plena sino hasta los últimos años de los gobiernos priístas.

La derrota electoral del PRI en el año 2000, a pesar de que se debió a múltiples factores, evidentemente estuvo relacionada con los errores y el desgaste de tantos años de gobierno. La nueva generación de priístas, si bien estamos orgullosos de los logros de nuestro partido durante el siglo xx, también estamos conscientes de sus errores y abusos. Sin duda hemos aprendido de ellos para no repetirlos. Pero, lo más importante, es que entendemos a ca balidad que el México y el mundo de hoy son muy diferentes al México y el mundo que enfrentaron los diversos gobiernos del PRI en el pasado.

Para empezar, nuestra generación es producto de la democracia. Aprendimos a hacer política compitiendo en elecciones reñidas, bajo reglas equitativas sancionadas por organismos autónomos e independientes. Aprendimos, también, a gobernar en un contexto de mayor transparencia, plena libertad de expresión y bajo la vigilancia de una sociedad cada vez más informada y participa tiva. Nuestros valores son los del respeto y la pluralidad. En suma, nosotros queremos, sin ambigüedades, un México democrático porque somos demócratas.

También entendemos que los contextos económico, demográfico e internacional de nuestro tiempo requieren leyes y políticas públicas distintas a las que tuvieron éxito en el pasado. Aunque compartimos objetivos como alcanzar una justicia social plena y un desarrollo económico pujante, entendemos que los cimientos del México del siglo xxi tienen que ser diferentes a los del siglo xx.

2. Por otro lado, a pesar de algunos avances de las administraciones panistas como la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) O el haber continuado con políticas de estabilidad macroeconómicas, los gobiernos del PAN se han dedicado a mirar al pasado en lugar de construir el futuro. En muchas ocasiones, pareciera que se quedaron atrapados en los ochenta y noventa, hablando de una transición a la democracia electoral que, como dice José Woldenberg, es ya "un hecho del pasado",17 en lugar de concentrar sus esfuerzos en negociar, pactar y construir una agenda para el México del siglo xxi.

Su misión no ha sido transformar a México, sino derrotar al PRD en 2006 y ahora al PRI. Pareciera que no han asimilado una lección básica de la democracia y del comportamiento democrático: no hay ni ganadores ni perdedores permanentes. En la democracia a veces se gana y a veces se pierde. Las elecciones no deben de ser una batalla "a muerte", ni mucho menos deben dominar las decisiones públicas durante todo un sexenio. Sin embargo, esta obsesión los ha llevado a polarizar al país, cruzando la frontera de un debate y un lenguaje democrático, al utilizar expresiones que tienen más tintes autoritarios que de tolerancia, como acusar a un partido y a un candidato de ser "un peligro para México", o a otro partido de ser "una regresión autoritaria."

25 

 

Los gobiernos panistas tampoco han sabido hacer alianzas duraderas y estratégicas, ya que no han sido capaces de realizar una lectura realista de la distribución de fuerzas para saber identificar aliados y comunicar con efectividad los objetivos que se han trazado. De igual forma, han confundido la responsabilidad de gobernar con la lucha electoral: pueden tener un acercamiento con un partido para negociar, y posteriormente desconocerlo y declararlo su enemigo acérrimo.

La tarea de gobernar requiere tener claridad del momento histórico que vive el país y el mundo. Los gobiernos del PAN no han tenido dicha claridad. Al parecer, no han comprendido a cabalidad que México se quedó a medio camino entre el siglo xx y el siglo xxi y que, por ello, el proceso de reformas tiene que ser profundo e integral, mirando al futuro y no al pasado.

Más allá de algunas buenas intenciones, no han tenido una visión estratégica de las transformaciones estructurales que requiere el país, y la interconexión que existe entre las diversas reformas. Como resultado, a lo sumo se han producido pequeños cambios aislados, que han servido de "parches" en lugar de proponer soluciones integrales. Por ejemplo, nunca se le ha explicado con claridad a los mexicanos las razones para una reforma fiscal. Se limitan a decir que el gobierno recauda poco, pero nunca nos han dicho con precisión para qué quieren los recursos. No han tenido jamás la contundencia para plantear, por ejemplo, una reforma integral que incluyera una transformación tanto de la estructura fiscal como del sistema de seguridad social y las relaciones laborales, cuando un cambio de fondo tanto en la productividad como en la expansión de los derechos sociales depende de una combinación de las tres reformas; con una sola no es suficiente.

Sin embargo, los gobiernos del PAN optaron por soluciones a medias: crearon, por ejemplo, el Seguro Popular, que si bien ha permitido incrementar la cobertura de servicios de salud, lo ha hecho con una calidad deficiente. Además, al mantener en paralelo un sistema de seguridad social vinculado al mercado laboral y financiado por cuotas, como son el IMSS y el ISSSTE, se ha fomentado la informalidad, deteriorando la productividad y, por ende, el crecimiento económico.

De igual forma, con valor y buenas intenciones, se declaró una "guerra" contra el narcotráfico. Sin embargo, el gobierno no buscó ni conocer la opinión ni obtener el respaldo de la sociedad, los gobiernos locales y los partidos políticos. Tampoco se plantearon soluciones integrales: la prevención de los delitos, hasta hace muy poco, estuvo ausente del discurso público, y en la práctica han estado muy lejos de implementar una estrategia de prevención como la de Colombia e Italia, por ejemplo. No se focalizó la estrategia en la reducción y contención de la violencia, que es el principal daño que causa el crimen organizado a la sociedad. De manera inexplicable, tampoco le han dado la prioridad que merece a la reforma del sistema de justicia penal, cuando todos sabemos que la impunidad es una de los principales causas de la violencia y el crimen.

Sin claridad histórica y estratégica, así como con falta de una visión de futuro, no se pueden superar los enormes retos de gobernar y transformar a un país que requiere un

26 

 

salto inteligente, dinámico y audaz del siglo xx al siglo xxi.Ya llevamos más de una década de retraso, no podemos esperar más. Mucho menos podemos seguir obsesionados con el pasado. Tenemos que volcarnos hacia el futuro.

Además de esta falta de visión, la incapacidad para transformar al país, como explicaré a mayor profundidad en el siguiente capítulo, también ha estado relacionada con barreras institucionales que impiden la formación de mayorías en el Congreso de la Unión, ante el contexto de un sistema de tres partidos dominantes como el nuestro.

De igual forma, las prácticas de debate público —y en esto tenemos que ser autocríticos los miembros de todos los partidos políticos— no han sido orientadas a reducir la polarización de los temas más álgidos de la discusión pública.18 Por el contrario, en lugar de propiciar debates informados y bien estructurados, la agenda pública ha estado dominada por ataques sustentados, en muchas ocasiones, por rumores. Si realmente queremos realizar las grandes transformaciones que requiere el país, tenemos que cambiar nuestra manera de debatir.

Para salir de esta dinámica que nos impide activar el potencial del país, como lo expliqué en la introducción, tenemos que crear un Estado Eficaz que se sustente en una serie de reformas y políticas públicas concretas que expondré con detalle en los capítulos siguientes.

27 

 

2

Lograr una "democracia de resultados"

A lo largo de por lo menos dos décadas, México transitó de manera pacífica, tersa y exitosa hacia una democracia electoral plena. Gracias a esta transición, por primera vez en muchas décadas, sino es que por primera vez en nuestra historia, el derecho al sufragio universal se ejerce en la práctica con plena efectividad: existe una férrea competencia entre partidos bajo reglas equitativas, al mismo tiempo que los ciudadanos, independientemente de su género, raza, condición social, política o económica, acuden sin contratiempos a emitir su voto. A su vez, en el conteo electoral participa un gran despliegue de ciudadanos sin vinculación con los partidos políticos, ofreciendo transparencia y confiabilidad en los resultados.

Es un logro extraordinario: los mexicanos, de manera real, somos iguales ante las urnas. Sin embargo, vivir en democracia no es sólo lograr la igualdad ante las urnas, sino lograr una igualdad de oportunidades ante la vida.

Por ello, hoy, la cuestión central es hacer que a través de la democracia se logren distribuir los frutos del desarrollo de manera más equitativa y garantizar la universalidad de los derechos constitucionales. Necesitamos, con urgencia, iniciar una segunda transición: pasar de una democracia meramente electoral a una democracia de derechos plenos.

Sin embargo, para lograr esta transformación requerimos también una democracia eficaz. Desafortunadamente, la democracia mexicana está paralizada en temas sustantivos: nuestra democracia "gobierna pero no transforma".

Tener una democracia que no da resultados, que es incapaz de transformar la realidad, puede poner en riesgo a la propia democracia. Como plantea el ex presidente de Brasil, Fernando Henri que Cardoso, "la incompetencia de los gobiernos o su incapacidad de satisfacer las expectativas de la sociedad pavimenta el camino para el surgimiento de demagogos, de 'salvadores de la nación'". Un compromiso profundo con la democracia únicamente puede surgir cuando la toma de decisiones se refleja en reformas y políticas públicas concretas que expanden la igualdad de oportunidades a través del ejercicio real de derechos universales, así como de mejoras sustantivas en el nivel de vida de la población a través de una economía sólida y dinámica.

Cuando la democracia se queda en la retórica o en leyes bien intencionadas, pero no se refleja en el bienestar cotidiano de la población, la gente termina por perder la paciencia.Y como bien sabemos, a pesar de sus retos, la democracia es la mejor forma de gobernar y organizar a la sociedad. Simple y sencillamente, no nos podemos dar el lujo de poner en riesgo nuestra democracia por la falta de eficacia.

En México, la desilusión con la democracia es preocupante. De acuerdo con la encuesta Latinobarómetro 2010, nuestro país tiene el nivel más bajo de satisfacción con esta forma

28 

 

de gobierno en América Latina (tabla 1). Unicamente 27% de los mexicanos se dice satisfecho con la democracia, mientras que el promedio de satisfacción de la región es de 44%.4

Esta marcada insatisfacción con la democracia en México está relacionada con las altas expectativas que generó la alternancia y su posterior fracaso para plantear una agenda estratégica de transformación del país, que tuviera el respaldo de una mayoría en el Congreso.También se debe a un alejamiento, cada vez mayor, entre los partidos políticos y la sociedad.

TABLA 1.

POBLACIÓN SATISFECHA CON LA DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA

Uruguay 78%

Costa Rica 61%

Chile 56%

Panamá 56%

Venezuela 49%

Argentina 49%

Ecuador 49%

Brasil 49%

América Latina 44%

El Salvador 43%

República Dominicana 39%

Colombia 39%

Nicaragua 36%

Honduras 35%

Paraguay 35%

Bolivia 32%

Perú 28%

Guatemala 28%

México 27%

Fuente: Latinobarómetro, Informe 2010.

29 

 

En este sentido, considero que las cuatro transformaciones clave para alcanzar una democracia de resultados son: la construcción de mayorías estables en el Congreso, mejorar la relación y el diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo, crear una vinculación mucho más estrecha entre el sistema político y la ciudadanía, así como profundizar la transparencia y la rendición de cuentas.

Falta de un liderazgo capaz de entender el momento histórico que vive México, también se deriva de un sistema institucional que dificulta su construcción. Como dice Leo Zuckermann, "el problema con las reglas actuales del sistema mexicano es que el presidente está prácticamente condenado a no tener nunca mayoría en el Congreso".

En los últimos dos años se ha desatado un intenso debate entre académicos, analistas, periodistas y políticos sobre la pertinencia o no de crear reglas que fomenten la formación de mayorías. Simplificando un poco, diría que existen dos grupos: quienes pensamos que necesitamos reglas que generen incentivos para que el presidente tenga mayoría en el Congreso y quienes piensan que debemos seguir por la ruta de los gobiernos divididos.

Los primeros pensamos que, tanto por la experiencia de los últimos 15 años6 como por la envergadura de las reformas que necesita el país, requerimos modificar parte de nuestro marco institucional para aumentar la probabilidad de que el Ejecutivo tenga mayoría en el Congreso, por lo menos en los primeros tres años de su sexenio. Como plantea Jorge Castañeda, "el país tiene un gran futuro sólo con reformas de gran calado. Por eso, hoy en día, se necesita un sistema que dé al presidente la posibilidad de aplicar el programa por el cual fue electo".

Para los segundos, es más importante mantener el sistema actual, diseñado para que en un sistema tripartidista como el nuestro, nadie alcance una mayoría clara en el Congreso. Para quienes están en este grupo es preferible mantener al país paralizado, o en una lógica de pequeños cambios, que apostar por un presidente con gran capacidad transformadora. Piensan que una presidencia sólida pondría en riesgo la democracia y la pluralidad del país.

Desde mi punto de vista, como lo expresé en párrafos anteriores, el verdadero riesgo para la democracia está en la parálisis: en la incapacidad para generar los grandes cambios que el país necesita. En México, afortunadamente, la democracia electoral es sólida. Un presidente con mayoría simplemente tendría una mejor oportunidad de llevar a cabo su programa de gobierno.

Contar con una mayoría legislativa, como lo atestiguan numerosas democracias en todo el mundo, no equivaldría ni a nulificar la división de poderes ni a evadir el duro juicio de las urnas en la siguiente elección. En México, por un lado, el Poder Judicial de la Federación es sólido e independiente; por su parte, el Congreso ha adquirido una capacidad institucional propia. Al mismo tiempo, como lo hemos visto a lo largo y ancho

30 

 

del país, el electorado mexicano sabe utilizar el poder de su voto: castiga a quienes gobiernan mal y premia a quienes gobiernan bien.

Sin embargo, en un sistema democrático, el gobierno necesita mayorías para ser eficaz. Sin mayorías, se pierde la capacidad de decidir y transformar, lo que termina por erosionar la capacidad para gobernar.

Los mexicanos tenemos la convicción de vivir en democracia, pero no de vivir en la parálisis. Vivir en democracia es encontrar mecanismos que, dentro de la pluralidad, permitan crear mayorías.

Dentro del grupo de los que pensamos que es necesario crear mecanismos institucionales para fomentar la formación de mayorías, también existen diferencias sobre cuáles deben ser estos mecanismos.

Por ejemplo, para algunos, la segunda vuelta presidencial es un mecanismo funcional para crear coaliciones de gobierno y, por ende, mayorías. Para otros, la ratificación del gabinete presidencial por el Congreso sería el vehículo más efectivo para alcanzarlas. Sin embargo, coincido con Jaime Sánchez Susarrey en que ninguno de estos dos instrumentos es realmente efectivo.8

En el caso de la segunda vuelta, si bien la experiencia de los países que cuentan con este sistema de elección comprueba que es una regla eficaz para crear coaliciones electorales, no hay evidencia contundente de que estas coaliciones se traduzcan posteriormente en mayorías para gobernar. Ni siquiera la concurrencia de la segunda vuelta presidencial con las elecciones legislativas asegura que una elevada votación para el presidente se traduzca después en mayorías legislativas para su partido.

En el caso de la ratificación del gabinete al margen de otras ventajas que pudiera tener esta propuesta tampoco es una fórmula que garantice la formación de mayorías, ya que la aprobación de un funcionario por el Congreso no implica necesariamente un respaldo posterior al programa de gobierno del Ejecutivo. Lo que es más, parlamentarizar en exceso un sistema presidencial con reglas como que el Congreso pueda destituir a los secretarios de Estado podría crear un caos indeseable.

Desde mi punto de vista, en realidad, existen dos mecanismos efectivos que fomentarían la formación de mayorías en México: i) eliminar la llamada cláusula de ingobernabilidad,9 y 2) disminuir el número de diputados de 500 a 400, eliminando 100 diputados plurinominales.

1. Eliminar la cláusula de ingobernabilidad

La democracia mexicana tiene la particularidad de contar con una barrera constitucional (artículo 54, fracción V) la cual, para efectos prácticos, impide, en el contexto de tres partidos dominantes, que alguno de ellos obtenga la mayoría en el Congreso, aunque la haya alcanzado al combinar el número de representantes de mayoría relativa y de

31 

 

representación proporcional que ganó en las urnas, al limitar de manera arbitraria en 8% la sobrerrepre sentación de los partidos en la Cámara de Diputados.

Por ello, considero fundamental eliminar esta regla que fue creada en la reforma electoral de 1996. En el contexto político de entonces tenía sentido, pero en la situación actual de plena competencia democrática se ha convertido en un gran obstáculo para la formación de mayorías parlamentarias y, por ende, en un dique para crear una democracia de resultados.

2. Eliminar 100 diputados plurinominales

Otra alternativa que, aunque ha sido marginal en la discusión, también favorecería la formación de mayorías sería la eliminación de 100 diputados de representación proporcional. Esta medida aumentaría la probabilidad de alcanzar mayorías ya que se incrementaría la proporción de diputados electos por el principio de mayoría relativa, facilitando al partido que gane el mayor número de distritos alcanzar más del 50% de la representación en la Cámara de Diputados.

En el pasado, los diputados plurinominales se crearon para darle representación a las minorías. Sin embargo, ante nuestra actual diversidad y pluralidad, considero que la representación de las minorías quedaría asegurada a través de 100 diputados de representación proporcional, en lugar de 200 como sucede actualmente, al mismo tiempo que se facilitaría la creación de mayorías al existir una Cámara de Diputados compuesta por 400 diputados, en lugar de 500, de los cuales 300 serían de mayoría relativa. Esta reforma permitiría crear un nuevo equilibrio funcional entre mayorías y minorías, que impediría que estas últimas tuvieran una representación desproporcionada y, por ende, un poder de veto injustificado, lo que permitiría crear una Cámara de Diputados más funcional y eficaz, así como menos costosa para los contribuyentes.

II. MEJORAR LA RELACIÓN ENTRE EL EJECUTIVO Y EL LEGISLATIVO

Un mecanismo que permitiría mejorar la relación y la comunicación entre el presidente y el Congreso sería la iniciativa preferente del Ejecutivo. Este instrumento es utilizado en diversos sistemas presidenciales como Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. La esencia de este mecanismo consiste en que el Congreso está obligado a pronunciarse sobre los temas que el presidente de la República considere fundamentales para su programa de gobierno.

Cuando el Ejecutivo presenta una iniciativa preferente, los legisladores están obligados a discutirla y votarla, ya sea a favor o en contra, en un periodo de tiempo preestablecido. De esta forma, se obliga al Congreso a concentrarse en el análisis y debate de los puntos centrales del programa de gobierno del presidente sin dilaciones y evitando que se puedan "congelar" temas sustantivos para el gobierno.

La iniciativa preferente ayuda a romper la parálisis en temas sustantivos, ya que el Ejecutivo logra avanzar su agenda o, en caso de ser rechazada su iniciativa, tiene la

32 

 

certeza de que si quiere gobernar con eficacia tiene que reencauzar su propuesta. Esta dinámica ayuda a tener un diálogo más claro y transparente entre el Ejecutivo y Legislativo.

En México, para alcanzar una democracia de resultados, nos urge mejorar el diálogo entre poderes, así como romper con las indefiniciones que, en muchas ocasiones, terminan ahogando de manera silenciosa el proceso de toma de decisiones democráticas y condenan al país al estancamiento y la irresponsabilidad. Por ello, considero que la iniciativa preferente es una herramienta que debemos adoptar para darle agilidad a nuestro sistema presidencial.

III. Acercar el sistema político a la sociedad

Se ha vuelto una práctica común referirnos a los "ciudadanos" y a los "políticos" como si fueran grupos de personas totalmente distintos, en oposición unos con otros, casi como si estuvieran en pugna. En muchas ocasiones, hasta pareciera que provienen de sociedades diferentes.

Me parece que esta forma de expresión tan cotidiana está equivocada. De entrada, los políticos también somos ciudadanos; a la vez, un buen número de quienes son clasificados como "ciudadanos" se dedican a actividades políticas, como es el caso de quienes participan en organizaciones de la sociedad civil (ose) o en diversos movimientos organizados. Todos, "ciudadanos" y "políticos", somos mexicanos. Crecimos en México y pertenecemos a una misma sociedad y a una misma cultura.

Sin embargo, también me parece que esta forma de expresión no es del todo arbitraria. Refleja, a fin de cuentas, una cierta separación entre quienes detentamos un cargo público y/o somos activos en algún partido político y quienes no participan en este tipo de actividades. Esta división, en gran medida, proviene de que, a menudo, quienes militamos en partidos políticos y/o tenemos cargos públicos parecemos más preocupados en atender nuestros propios problemas que los del resto de la población.

Siempre he pensado que no se puede gobernar con eficacia si no hay un diálogo constante, cotidiano, con toda la población. Los diversos desafíos nunca se podrán superar si no se escucha a quienes los enfrentan a diario y no se explican clara y permanentemente las acciones que se emprenden para superarlos. De igual importancia es explicar con posterioridad los resultados obtenidos.

Por ello, cuando fui electo por mi partido para ser candidato a gobernador del Estado de México, tomé la determinación de hacer una campaña diferente. Si bien, tanto a través de mi experiencia profesional como del análisis riguroso de la realidad del país y del Estado de México tenía una visión de cómo enfrentar diversos retos y, en conjunto con mi equipo

33 

 

de trabajo, teníamos claro cómo los podríamos solucionar, decidí que esto no era suficiente.

Para poder tener una visión integral de cómo gobernar tenía que escuchar, de manera directa y sincera, a los mexiquenses. Escuchar sus problemas y retos, pero sobre todo, las soluciones que ellos mismos planteaban a sus problemas cotidianos. Estaba convencido de que eran los propios habitantes de las comunidades, colonias y municipios quienes mejor sabían si lo que necesitaban era un hospital o una carretera, un puente o una escuela. Y por ello, que no habría mejor definición de ciertas políticas públicas que las que incorporaran las opiniones de los propios habitantes de esas colonias, comunidades y municipios.

De esta manera, estaba convencido de que, por un lado, debíamos resolver los "grandes" retos del gobierno: aumentar la recaudación, reducir la deuda, incrementar la inversión pública, ampliar los servicios de salud, crear proyectos para cerrar la brecha digital, o desarrollar una política industrial que vinculara a la academia con las empresas. Por el otro, había que tener la capacidad de resolver problemas cotidianos a través de las visiones locales de qué problemas y qué obras se deberían priorizar. Sólo mediante la atención a estas dos vertientes lograríamos tener un gobierno más eficaz y una democracia más funcional.

A partir de esta reflexión fue que decidí que haría compromisos concretos con los mexiquenses: escucharía cuáles eran sus prioridades y me comprometería con ellos a realizarlas. Sin embargo, sabía que, desafortunadamente, un compromiso de palabra no sería suficiente. No había confianza en la palabra de un político. La gente ya sabía que en campaña se hacen muchas promesas, pero después se cumplen pocas. Se necesitaba otro elemento que le diera certidumbre a los mexiquenses. Así que consideré necesario ir más allá de la palabra y firmar esos compromisos ante notario público: así nacieron los 608 compromisos de mi propuesta de gobierno. Compromisos que fueron cumplidos de manera cabal.

Durante los seis años de mi gobierno informé de manera clara, permanente y accesible sobre los avances de mis compromisos y regresé a los municipios, colonias y comunidades a rendir buenas cuentas. De esta exitosa experiencia confirmé que gobernar es conjugar soluciones "macro", a partir del análisis riguroso de los "grandes" problemas económicos y políticos que enfrenta un Estado o una nación, con soluciones "micro", a partir de los problemas cotidianos de la gente. Y que la única forma de lograr soluciones integrales es escuchando a la gente, acercando a los partidos políticos y a los gobiernos a la realidad de las familias, los estudiantes, las amas de casa, los trabajadores, los empresarios, a toda la comunidad en su conjunto.

Por ello, estoy convencido de que un sistema político sin canales de comunicación con la sociedad pierde eficacia. Tener gobiernos y partidos políticos cerrados y opacos, que no escuchan ni rinden cuentas a la sociedad los lleva a tomar decisiones, por decir lo menos, poco efectivas. Y, lo que es peor, genera que la población pierda la confianza en sus

34 

 

representantes, al ver los como personas ajenas a su realidad: conduce a que hablemoS de "políticos" y "ciudadanos" como si se tratara de dos grupos totalmente distintos, prácticamente en pugna permanente. Al final del día lleva también a perder confianza en la misma democracia.

Por lo tanto, estoy convencido de que tenemos que hacer un gran esfuerzo para acercar al sistema político a la sociedad. Es un acercamiento que se logra, en parte, por medio de un diálogo cotidiano con la población: cumpliendo compromisos concretos. Pero también se logra con reformas institucionales que abran el sistema político a la sociedad, a través de mecanismos legales que permitan a la población tener una mayor participación en los debates y decisiones públicas.

En este sentido, considero que para tener una democracia de resultados también tenemos que hacer reformas que incluyan vehículos de participación ciudadana directa.

1. Participación ciudadana directa

Cualquier reforma que busque ampliar los derechos políticos de los mexicanos me parece positiva. En este sentido, considero que la iniciativa ciudadana es una herramienta adecuada, ya que permitiría a cualquier grupo de mexicanos, no nada más a los partidos políticos, participar en la generación de ideas y propuestas para transformar la legislación, como ya ocurre en el Estado de México. De esta manera, la ciudadanía podría introducir nuevos temas en la agenda legislativa, fomentando una discusión directa con los legisladores, lo que permitiría acercar la relación entre representantes y representados.

Por otro lado la consulta popular o referéndum permitiría a ciudadanía opinar sobre temas trascendentales para la nación. Eso significa estimular la participación política de los ciudadanos más allá de las elecciones, al permitirles intervenir en la discusión pública de temas de relevancia nacional que ameriten un pronunciamiento explícito de la sociedad.

Sin embargo, para evitar que la consulta popular pueda ser utilizada como una tentación autoritaria, considero que se deben excluir de este mecanismo los derechos individuales y sociales que consagre la Constitución, así como la reelección presidencial. Por otro lado, se debe limitar su uso para que no se convierta en una alternativa a la responsabilidad legislativa que tiene el Congreso. Ambos instrumentos deben ser mecanismos complementarios, pero no sustitutivos de la representación política.

2. Candidaturas independientes

Los partidos políticos son centrales para tener una democracia funcional. Sin partidos, la democracia se vuelve vulnerable. La representación política en sociedades modernas requiere agrupar demandas e intereses complejos que necesitan acciones colectivas coordinadas por organizaciones como lo son los partidos políticos. No es casualidad que las democracias más consolidadas y eficaces del mundo también tengan sistemas de partidos sólidos. En contraparte, donde los partidos políticos son débiles, la democracia

35 

 

está en constante acecho por liderazgos demagógicos, proclives al autoritarismo, o se encuentra condenada a una inestabilidad crónica.

No obstante, como también lo demuestran diversas experiencias internacionales, un sistema de partidos sólido no significa que éstos deban tener el monopolio de las candidaturas y la representación popular. Es posible tener un sistema de partidos bien estructurado y funcional, que conviva con candidaturas independientes.

En México, las candidaturas independientes impulsarían la competitividad de los partidos políticos al obligarlos a estar más cerca de la ciudadanía y atender más efectivamente las demandas sociales. De igual forma, abrir el sistema político ayudará a traer aires más frescos a los debates políticos, así como a los procesos de toma de decisiones y a la rendición de cuentas.

Sin embargo, para que las candidaturas independientes sean funcionales y no erosionen el sistema de representación y a la propia democracia, sería conveniente poner especial atención en la regulación de temas potencialmente problemáticos, como las fuentes de financiamiento de dichas campañas.

IV. RENDICIÓN DE CUENTAS EFECTIVA

Una democracia de resultados exige niveles de transparencia y rendición de cuentas veraces y oportunos por parte de todo el sistema político. Sin ellos, difícilmente podemos brindar a nuestro régimen democrático condiciones de mayor confianza, modernidad, eficiencia y eficacia en su actuar frente a los ciudadanos.

Como lo he señalado, las grandes metas de transformación nacional, como garantizar en la vida cotidiana de todo mexicano el ejercicio de sus derechos, requieren importantes recursos y, por lo tanto, necesitan contar con el respaldo de la sociedad para llevarlas a cabo. Por ello, nuestra democracia debe generar la confianza que exigen los ciudadanos respecto al manejo y beneficios individuales y sociales de sus impuestos en particular, así como de la gestión pública en general.

Me parece evidente que una sociedad mejor informada, con fácil acceso a publicaciones y resultados de los distintos órdenes y poderes de gobierno, con mecanismos para dialogar, evaluar e incidir en la gestión pública, apoyará y participará con mayor interés en las propuestas que enriquezcan el andamiaje democrático y social del país. Esto se puede lograr fortaleciendo la transparencia, la fiscalización y la evaluación rigurosa del ejercicio público, mismos que contribuyen a la efectiva rendición de cuentas del sistema político a la ciudadanía.

Un Estado, para ser eficaz, también necesita generar y facilitar el acceso a la información de calidad. Ello porque es un insumo fundamental para el diagnóstico, la planeación, la ejecución y la evaluación de los resultados de las políticas públicas. Por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) destaca la información de calidad como un elemento central de su propuesta de política de seguridad y justicia.10

36 

 

Asimismo, los indicadores públicos, como los de gestión de buen gobierno, abren ventanas de oportunidad para la participación y vigilancia ciudadana, la atracción de inversiones y la investigación académica.

Sin duda alguna, nuestro país ha logrado, con el esfuerzo conjunto de sociedad y gobierno, importantes avances en el andamiaje legal e institucional en la materia. Sin embargo, el esfuerzo por ampliar una cultura de rendición de cuentas y transparencia como mecanismo de eficacia gubernamental y de combate a la corrupción en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana no ha tenido los resultados deseados.

Especialistas advierten que "los ciudadanos que son la causa, razón y motivo de estas reformas no reconocen la existencia de instituciones gubernamentales más democráticas, más efectivas o más responsables."11 Estudios internacionales confirman este sentir. Por ejemplo, entre 2001 y 2010 México cayó 47 posiciones en el "índice de Percepción de la Corrupción" elaborado por la organización Transparencia Internacional al descender del lugar 51 al 98 de una evaluación de 178 países (tabla 2).12

Por ello, es fundamental dar un impulso renovado a la efectiva rendición de cuentas en México. La mayoría de las voces en la academia señala que una de las principales debilidades de nuestro sistema de rendición de cuentas es su fragmentación y su falta de coherencia a nivel nacional, estatal, municipal y entre los poderes del Estado. Por lo anterior, resulta conveniente articular un sistema nacional de rendición de cuentas que integre y adecúe los sistemas de cada uno de los poderes de gobierno y armonice el desempeño de las instituciones involucradas.13

Estoy convencido de que, para dar buenos resultados, el ejercicio de gobierno debe perseguir en todo momento la mayor eficiencia y rentabilidad social de sus acciones, es decir, hacer más con menos. Para ello, es necesario fortalecer a los órganos de fiscalización, tanto federales como estatales, para vigilar el uso y destino de los recursos, y se apliquen las sanciones correspondientes cuando se haga necesario. Con respecto a organismos de evaluación como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), sería conveniente que sus recomendaciones en materia de desarrollo social sean de carácter vinculante para la elaboración del presupuesto público y el diseño de políticas sociales. Además, un camino que debemos explorar es incrementar la participación ciudadana, particularmente de la academia y las organizaciones de la sociedad civil, en el actuar de estos organismos.

37 

 

TABLA 2.

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, 2001- 2010

México 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Posición 51 57 64 64 65 70 72 72 89 98

Calificación 3.7 3.6 3.6 3.6 3.5 3.3 3.5 3.6 3.3 3.1

NOTA: El índice mide la percepción de corrupción en una escala del 0 al 10 en donde 0 es "muy corrupto" y el 10 es "sin corrupción". FUENTE: Transparencia Internacional.

El gobierno debe poner el ejemplo y ser el principal promotor de prácticas que inhiban la corrupción. Por ejemplo, debemos promover la generalización de códigos de ética para los servidores públicos e impulsar la participación de los testigos sociales en compras gubernamentales relevantes para dejar debidamente certificada la pulcritud de las adquisiciones.

Un punto que no podemos dejar de lado es la asignación clara de responsabilidades en todos los niveles gubernamentales para que los funcionarios deshonestos sean sancionados y los ineficientes sean relevados de su cargo. La rendición de cuentas tiene que ser una obligación, un proceso cotidiano e institucionalizado en toda la administración y para todo servidor público. En este sentido, un Estado Eficaz es necesariamente un Estado transparente y abierto, un Estado observado, evaluado y fiscalizado.

En conclusión, necesitamos traducir nuestra democracia electoral en una democracia de resultados. Para obtenerlos, nuestro sistema político necesita reformarse para ser eficaz. Debemos construir mayorías para tener la capacidad de cambiar la realidad. Necesitamos un dialogo más claro, transparente y fructífero entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. También tenemos que abrir el sistema político para que todos los mexicanos —no nada más los militantes de los partidos políticos y los funcionarios públicos— tengan voz en los debates y las decisiones públicas. De igual forma, necesitamos una rendición de cuentas efectiva que inhiba la corrupción y dé más poder a los ciudadanos. México requiere una democracia de resultados que haga realidad, en la vida cotidiana de todos sus habitantes, los derechos que nuestras leyes establecen.

38 

 

3

Acelerar el crecimiento económico sustentable

A pesar de que el siglo xxi tiene un dinamismo sin precedentes, México parece moverse en cámara lenta. Necesitamos acelerar nuestro desarrollo construyendo un Estado Eficaz que impulse un crecimiento económico observando tres premisas fundamentales: que sea sostenible, sustentable y que propicie mayor equidad.

La importante estabilidad macroeconómica alcanzada desde hace más de una década es básica, pero ha sido insuficiente para crear empleos de calidad, elevar los ingresos de los hogares y generar mayor bienestar para toda la población.

En esta última década, México tuvo el peor crecimiento económico de los últimos 80 años (gráfica 1), lo cual ha tenido fuertes impactos negativos en el desarrollo del país.

La comparación con nuestros vecinos latinoamericanos ilustra claramente la importancia del desempeño económico en el bienestar social. Entre 2001 y 2010, América Latina creció en promedio a una tasa dos veces mayor a la de México (tabla 1). Asimismo, Argentina, Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Panamá, Colombia y Venezuela redujeron significativamente los niveles de pobreza de su población (tabla 2). Brasil, por ejemplo, logró sacar a más de 18 millones de personas de la pobreza.1 En contraste, entre 2006 y 2010, 12 millones de mexicanos dejaron los estratos medios y cayeron en pobreza patrimonial, de los cuales cinco millones lo hicieron en los últimos dos años (20082010). En ese mismo periodo, tres millones de mexicanos más ingresaron a las filas de la pobreza multidimensional2 para sumar 52 millones de personas en esta condición.

GRÁFICA 1. CRECIMIENTO PROMEDIO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (%)

FUENTE: INEGI, México en el siglo xx (Panorama estadístico), 2000; Banco de Información Económica, 2011.

39 

 

Claramente, ésta no fue la década del empleo (gráficas 2 y 3). Entre 2001 y 2010 se duplicaron tanto la tasa de desempleo general como la de desempleo juvenil. La primera aumentó de 2.5% a 5.3% y la segunda creció de 4.8% a 10%.4 Para muchos jóvenes, la transición hacia el mercado laboral se ha convertido más en una experiencia de frustración e incertidumbre que en una oportunidad de desarrollo personal y profesional. Asimismo, los altos niveles de informalidad se incrementaron: 60% de las personas que se emplearon en estos años lo hicieron en la precariedad de la economía informal.5 Esta dura realidad ha dificultado enormemente la posibilidad de vivir un presente digno y de construir un futuro próspero para millones de mexicanos.

TABLA 1.

CRECIMIENTO ECONÓMICO PROMEDIO ANUAL EN AMÉRICA LATINA, 2001- 2010

PAÍS PORCENTAJE

Panamá 6.3

Perú 5.7

República Dominicana 5.4

Ecuador 4.6

Argentina 4.6

Costa Rica 4.2

Paraguay 4.1

Colombia 4.1

Honduras 4.1

Bolivia 3.9

América Latina 3.9

Chile 3.7

Brasil 3.6

Guatemala 3.3

Venezuela 3.3

Uruguay 3.3

Nicaragua 2.9

El Salvador 2.0

México 1.7

FUENTE: Banco Mundial, World Development Indicators 2011; INEGI, Banco de Información Económica.

40 

 

Desde hace años, los demógrafos advirtieron que en las primeras tres décadas del siglo xxi México tendría una oportunidad única para acelerar su desarrollo: la proporción de mexicanos en edad de trabajar, generar riqueza y transformar al país excedería a la proporción de la población dependiente (niños y adultos mayores), gracias a las políticas de planificación familiar iniciadas desde la década de 1970 (gráficas 4 y 5). Esta transición equivaldría a tener a un "bono demográfico" que permitiría a México converger con los países desarrollados.

TABLA 2.

POBREZA EN AMÉRICA LATINA DURANTE LA ÚLTIMA DÉCADA (PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN)

PAÍS PORCENTAJE

POBLACIÓN EN POBREZA (MILLONES)

2002A 2009B 2002A 2009B DIFERENCIA

México 50 51.3 50.4 57.7 7.3

Panamá 36.9 26.4 1.1 0.9 0.2

Uruguay 15.4 10.7 0.5 0.3 0.2

Chile 20.2 11.5 3.1 1.9 1.2

Colombia 54.2 45.7 22.2 20.8 1.4

Perú 54.7 34.8 14.4 10.1 4.3

Venezuela 48.6 27.6 12.2 7.8 4.5

Argentina 45.4 11.3 17.1 4.5 12.6

Brasil 37.5 24.9 66.3 48.1 18.2

a Excepto Chile (2000). Brasil y Perú (2001). b Excepto Venezuela (2008) y México (2010). Aunque existe una nueva metodología del Coneval para medir la pobreza desde 2008, toma en cuenta el dato de pobreza patrimonial para fines comparativos

FUENTE: Coneval, Medición de la pobreza, 2010; Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Panorama Social de América Latina 2010.

41 

 

Sin embargo, el futuro nos alcanzó. Esta "ventana de oportunidad" se abrió desde el año 2000 y está siendo desaprovechada. La falta de crecimiento económico, el desempleo y la baja calidad educativa están dejando a México sin gran parte de su potencial fuerza transformadora. Tenemos que corregir el rumbo. En 2020, la proporción de la población en edad laboral llegará a su punto máximo y comenzará a descender debido a nuestro paulatino envejecimiento.

Si seguimos por este camino, el bono demográfico terminará por convertirse en un pagaré demográfico. Si se cierra esta ventana sin haber aprovechado nuestro potencial, no sólo habremos desperdiciado una oportunidad histórica para salir adelante, sino que también seremos una sociedad más vieja, con mayores retos que enfrentar (enfermedades, necesidad de cuidados y altas demandas de pensiones), y no tendremos ni la capacidad ni los recursos para atenderlos.

GRÁFICA 2. TASA DE DESOCUPACIÓN A MITAD DE AÑO

42 

 

NOTA: A diferencia de la pirámide de 1970 que puede apreciarse más ancha en la base, la pirámide poblacional de 2020 se muestra claramente ensanchada en los segmentos poblacionales intermedios. En tanto que en 2050, se aprecia el pronunciado envejecimiento de la población.

FUENTE: Conapo, Proyecciones Poblacionales 20052050; INEGI, Censo de Población y Vivienda 1970.

43 

 

Por ello es necesario volver a crecer. El crecimiento de la economía debe ser un objetivo nacional compartido, casi "obsesivo". De ahí que la primera pregunta evidente sea ¿por qué no crecemos? Me parece que existen seis grandes causas:

1. Insuficiente competencia económica: de acuerdo con cifras del Foro Económico Mundial, entre las 142 economías analizadas, ocupamos el lugar 120 en efectividad de las políticas antimonopolios, y el 84 en la intensidad de la competencia local. Brasil, en cambio, se encuentra dentro de los primeros 50 lugares en el ranking de esos mismos indicadores.

2. Bajo nivel de crédito para financiar áreas estratégicas del desarrollo: en nuestro país el nivel de crédito interno al sector privado es limitado, ya que representa 23% del producto interno bruto (PIB), mientras que en naciones como Brasil e India, dicho porcentaje es cercano a 50% del PIB. En economías como la chilena, casi alcanza 100% y en China llega hasta 127% del PIB.

3. Infraestructura insuficiente y deficiente: según el ranking de infraestructura elaborado también por el Foro Económico Mundial, entre 2007 y 2011, México cayó del lugar 61 al 66 de las 142 naciones comparadas, al tiempo que pases de desarrollo similar o menor que el nuestro han avanzado a una mayor velocidad.

4. Economía informal creciente: como señalé al inicie del capítulo, la mayoría de los empleos generados en la última década han sido en el sector informal, lo que ha provocado que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadifica y Geografía (INEGI), casi 30% de los trabajadores del territorio nacional se encuentren en este sector.

5. Baja productividad: la cobertura y calidad de la educación, así como la inversión en investigación, innovación y desarrollo tecnológico son elementos que tienen un impacto directo en la productividad de una economía. Entre los países miembros de la OCDE, México es el que más recursos destina a educación como proporción de su gasto total (21%); sin embargo, si se mide el gasto por alumno, ocupa el último lugar. No resulta sorprendente entonces que cuente con niveles deficientes en los indicadores de aprovechamiento. Asimismo, el gasto público que muestra nación destina a la investigación científica y el desarrollo tecnológico equivale a menos del 0.4% del PIB, un porcentaje muy inferior al que otorgan otros países como India (0.88%), Brasil (1.1%) y China (1.44%).8

6. Ausencia de una estrategia comercial: en los últimos años se han desaprovechado las ventajas comparativas para incrementar la participación de México en los mercad« internacionales, a diferencia de otras economías coma China. En la década de los noventa, el valor de las exportaciones de nuestro país representó, en promedio, 60% de Has realizadas por el gigante asiático; ese porcentaje ha disminuid® drásticamente hasta ser de 19% en 2009.9

44 

 

NOTA: La linea de la población dependiente (en color negro), que suma la población menor a 15 años y mayor a 60, disminuye a un mínimo de 55 dependientes por cada 100 personas en edad laboral entre 2015 y 2020, maximizando los beneficios del bono demográfico; sin embargo, de acuerdo al Conapo, las ventajas que ofrece esta situación se aprecian a partir del año 2000 y hasta el 2030.

FUENTE: Conapo, Proyecciones Poblacionales 20052050; INEGI, Censos de Población y Vivienda 1950 a 2000.

La conjunción de estos elementos ha provocado una sensible disminución en la competitividad. De acuerdo con el ranking de competitividad global que publica el Foro Económico Mundial, México pasó de la posición 42 en 2001 al lugar 58 en 2011. En los últimos años, México ha sido rebasado por Brasil (53) e India (56), y se ubica por debajo de China (26) y Chile (31).

La segunda pregunta es ¿qué tenemos que hacer para volver a crecer? Por un lado, además de mantener la estabilidad macroeconómica, necesitamos construir un Estado fuerte y eficaz que, sin ser intrusivo, regule la competencia de los mercados, impulse una nueva reforma energética y fomente la profundización de los servicios financieros a través de la banca comercial y de una banca de desarrollo efectiva. El objetivo sería fortalecer el mercado externo y reactivar el interno, así como dotar al Estado de la capacidad para invertir en infraestructura física y digital para reducir los costos de transporte e información. De igual forma, es fundamental que pueda detonar el crecimiento del campo y el turismo, ya que son dos sectores en los que tenemos un gran potencial, pero que en los últimos años se han desarrollado por debajo de su capacidad.

45 

 

Otro aspecto crucial es elevar la productividad de los trabajadores para generar empleos mejor remunerados. Para ello, requerimos una reforma integral de las relaciones laborales, la seguridad social y el sistema fiscal. La meta debe ser que todos los mexicanos, por el simple hecho de serlo y sin importar el tipo de vinculación que tengamos con el mercado laboral, podamos tener acceso efectivo a la salud y a una pensión digna, a través de un nuevo Sistema de Seguridad Social Universal que, por medio de una reforma fiscal, pueda ser financiado con impuestos generales. De esta manera, además de unlversalizar derechos sociales, dejarían de existir incentivos para ingresar o permanecer en la economía informal, lo que aumentaría la productividad y la calidad de los empleos.

De igual forma, se requiere ampliar la cobertura y calidad educativa, así como invertir mayores recursos en la innovación y el desarrollo científico. Debemos vincular este sector a la adopción de nuevas tecnologías en los procesos productivos, que nos per mitán desarrollar una nueva estrategia de comercio exterior, sustentada en productos con alto valor agregado en lugar de manufacturas con bajo valor.

El reto, sin embargo, es hoy todavía más complejo. Sin duda, tenemos que crecer incorporando a una estrategia de desarrollo nacional todos los elementos antes mencionados, pero lo debemos hacer también de forma sustentable. Recientemente, un grupo multidisciplinario de premios Nobel —entre ellos Mario Molina y Amartya Sen publicó un memorándum en el que se dimensiona el peso de nuestra responsabilidad: somos la primera generación en la historia de la humanidad que cuenta con evidencia científica del cambio climático. Es decir, ya no podemos actuar como si fuera un mito. En nosotros recae la responsabilidad de cambiar nuestra relación con el planeta y de impulsar un desarrollo sustentable para el bienestar actual y de las futuras generaciones.10 Actuar hoy es menos costoso que hacerlo dentro de unos años más. También se trata de un deber ético, como lo ha señalado reiteradamente Mario Molina.

Además, el crecimiento económico debe ser también equitativo. En un contexto de profunda desigualdad social, regional, étnica y de género, México tiene que impulsar el desarrollo de los sectores de su población y sus regiones menos favorecidos. Abatir la desigualdad regional "es la gran parte de la historia" faltante, enfatizaba Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, al mencionar las acciones para convertir a México en la siguiente "historia de éxito". la competitividad del país y beneficiar el poder de compra de los consumidores, con bienes y servicios de mejor precio y calidad. Sólo así México podrá crecer y desarrollarse conforme a su verdadero potencial.

Un estudio reciente sobre el consumo de productos básicos arrojó que más de una tercera parte del gasto promedio de los mexicanos se pierde por la falta de competencia. Concluye, además, que la población más afectada es la de menores ingresos. La falta de competencia afecta a todo el país, pero es más pronunciada en las regiones con menores niveles de desarrollo, contribuyendo a la persistencia de la pobreza y a los altos niveles de desigualdad social y regional.

46 

 

El impacto de la competencia en el crecimiento económico es evidente. La OCDE señala que Australia ha incrementado el tamaño de su economía en 2.5 puntos porcentuales gracias a su Política Nacional de Competencia. Los beneficios son tangibles: hacia 2003 cada familia australiana había incrementado su ingreso alrededor de siete mil dólares anuales, tan sólo siete años después de haber sido implementada.

Además, la competencia es un motor para la innovación al exigir y alentar la introducción permanente al mercado de nuevos productos, tecnologías, métodos de producción y formas de organización para poder ser realmente competitivos. La innovación, como veremos en el siguiente capítulo, es decisiva para el crecimiento o el estancamiento de una nación.

De lo anterior resulta claro que uno de los principales retos de México es promover una mayor competencia económica. Recientemente se han dado pasos significativos en la materia con las reformas a la Ley Federal de Competencia Económica y el establecimiento de la figura de acciones colectivas. Sin embargo, falta mucho por hacer.

Debemos seguir trabajando para fortalecer las instituciones reguladoras y propiciar su independencia y efectividad. Asimismo, se deben impulsar acciones para que nuevas empresas participen en industrias donde ahora existen pocas condiciones de competencia. Además, la incorporación de nueva tecnología debería ayudar a que más empresas brinden alternativas de servicios a la población y evitar, en consecuencia, que éstas se utilicen para consolidar el poder de mercado de las compañías existentes.

Estoy convencido de que un Estado Eficaz debe garantizar que más empresas puedan ofrecer sus productos y servicios sin que las actualmente dominantes impidan su distribución o transmisión. Paralelamente, el Estado debe poner el ejemplo al asegurar que sus paraestatales ofrezcan bienes y servicios con calidad y precios óptimos, comparables con estándares internacionales. En suma, se necesita más mercado y más Estado. Más competencia y mejor regulación.

II. IMPULSAR UNA NUEVA REFORMA ENERGÉTICA

México tiene que desarrollar su sector energético con mayor dinamismo. El volumen de producción de petróleo y nuestras reservas de crudo registran una tendencia de franco declive, mientras que las importaciones de gasolina se han incrementado sustancialmente generando una significativa presión sobre las finanzas públicas.

Mientras en 2004, el volumen promedio de producción de crudo alcanzó un máximo histórico de 3,391 barriles diarios, en diciembre de 2010 sólo se producían 2,576 barriles diarios. Asimismo, las reservas de crudo equivalente disminuyeron de 58.2 miles de millones de barriles en 2000, a 43.1 mil millones en 2010. En cambio las importaciones de gasolina incrementaron su valor de 772 millones de dólares en el año 2000 a más de 10 mil millones de dólares a partir de 2008.

47 

 

Actualmente, Pemex se desenvuelve en todas la actividades del sector, lo que implica invertir en actividades de menor rentabilidad como refinación y petroquímica, cuando nuestra ventaja competitiva se encuentra en extracción de crudo y gas natural.

Es necesario tomar medidas mucho más audaces para revigorizar nuestro sector energético; para lograrlo tendremos que despojarnos de las ataduras ideológicas que impiden detonar el potencial de Pemex como gran palanca del desarrollo nacional.

México deberá examinar los mecanismos utilizados exitosamente en otros países para que, sin renunciar a la propiedad pública de los hidrocarburos ni a la rectoría y conducción del Estado en materia energética, esta empresa se pueda beneficiar de asociaciones con el sector privado para dinamizar su producción, así como aumentar su rentabilidad y transparencia.

De igual forma, debemos realizar una reforma fiscal integral, misma que abordaré en el capítulo 8, para reducir los recursos que Pemex transfiere al gobierno (33% de los ingresos federales).17 De esta manera, la empresa podría invertir parte de la renta petrolera en el desarrollo de energías "limpias". En pocas palabras, que el propio petróleo financie un nuevo modelo energético sustentable.

III FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Un Estado Eficaz debe promover la ampliación de créditos y profundizar la cobertura bancaria del país. México vive una paradoja: tiene una banca sólida y bien capitalizada pero también tiene uno de los niveles más bajos de crédito empresarial, lo que incide en un bajo crecimiento de la productividad.

Como lo mencioné anteriormente, el crédito destinado a la iniciativa privada es de solamente 23% del PIB, cuando en Brasil es de 54%. Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) son las principales afectadas por la falta de acceso al crédito, y en muchas ocasiones tienen que recurrir a canales de préstamo informales o sumamente costosos que afectan su productividad. Por otro lado, los bancos consideran como costoso y altamente arriesgado prestarle a las Mipymes debido a las altas tasas de morosidad. Por ello, es necesario mejorar el marco regulatorio sobre protección y garantías de crédito para facilitar el cobro de los préstamos y disminuir el costo de los mismos.

También es necesario que fortalezcamos el papel de la banca de desarrollo, que actualmente presta sólo 5% del PIB, monto inferior al 8.9% que presta la banca de desarrollo brasileña.18 Una banca de desarrollo robusta permite incrementar el potencial crediticio y compensar las caídas en el crédito privado en épocas de crisis o recesión.19 Asimismo hay que impulsar, como recomienda la OCDE,20 que la banca de desarrollo esté más abocada al cofinanciamiento y coordinada con la banca privada, por ejemplo, a través de garantías de crédito.

48 

 

Además de la ampliación del crédito, un Estado Eficaz debe profundizar la cobertura bancaria en el país. El 57% de los municipios los cuales son predominantemente rurales— no cuenta con sucursales bancarias,21 y 26% de la población económicamente activa (PEA) no tiene acceso al sistema financiero formal.22 Para disminuir estos rezagos, como menciono más adelante, hay que reforzar la política de corresponsales bancarios, fomentar el crecimiento de las instituciones de microfinanzas bajo la estricta vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) , y fortalecer el desarrollo de cajas rurales.

IV INVERTIR EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DIGITAL

El desarrollo de infraestructura es básico para el crecimiento del país. Su impulso detona un círculo virtuoso al generar fuentes de empleo, estimular el mercado interno y facilitar el acceso a servicios y mercados, con lo cual se amplían las oportunidades de desarrollo local, regional y nacional. Igualmente, el desarrollo de infraestructura atrae inversiones, articula cadenas productivas y logísticas, y aumenta la competitividad de los sectores económicos.

En los últimos años se ha incrementado la inversión en el sector, tanto a nivel federal como en entidades, como el Estado de México. Sin embargo, ante las necesidades del país, la inversión pública se debe fortalecer, invitando al sector privado a participar de manera complementaria en la realización de las obras necesarias.23

En México necesitamos un Estado Eficaz que conjugue capacidad técnica, financiera y política para desarrollar decididamente la infraestructura que requiere el país. Capacidad técnica, principalmente ingenieril, para realizar proyectos con visión de largo plazo, articulando criterios técnicos, económicos, sociales y ambientales. Capacidad financiera para invertir a través de una mayor recaudación fiscal, de una banca de desarrollo fortalecida y de mecanismos de financiamiento públicoprivado. Capacidad política para construir consensos entre los distintos órdenes de gobierno, el sector privado y las comunidades locales en las que se realizarán los proyectos.

Este último punto es clave para el éxito de los grandes proyectos de infraestructura. Hace unos años Alfredo Elias Ayub comentaba que, según su amplia experiencia: "Son más los (proyectos) que se ven frenados por desatención de los problemas sociales que los que están frenados por falta de capacidad técnica o falta de capacidad financiera." Así que, al planear y realizar las grandes obras regionales y nacionales, se debe crear una estrecha relación con la población local que de alguna forma se verá afectada por las mismas, para así poder encontrar formas en que se beneficie directamente. Por ejemplo, programas de capacitación, empleo temporal y obras complementarias de infraestructura como caminos vecinales, puentes y obras de agua y saneamiento.24

En particular, México puede y debe transformarse en un país de excelencia logística para el comercio nacional e internacional.25 Para ello, debemos fortalecer nuestra infraestructura física y digital. En el corto plazo, se puede avanzar mucho promoviendo la

49 

 

eficiencia portuaria y aeroportuaria y simplificando los trámites que consumen tiempo y aumentan los costos comerciales. En el mediano plazo, debemos crear corredores de infraestructura multimodales de norte a sur y del Atlántico al Pacífico fortaleciendo y articulando la extensión, calidad y capacidad de nuestros puertos, vías férreas, carreteras y aeropuertos.

Es prioritario integrar a la región SurSureste en este proceso para detonar inversiones productivas y crear empleos de calidad en esta rica región con tantos rezagos frente al resto del país. Además, el fortalecimiento de la infraestructura en esta región nos permitiría facilitar de manera más eficiente y segura los flujos comerciales, laborales y turísticos con Centroamérica, en aras de un desarrollo regional más vigoroso.

Estoy tan convencido del efecto multiplicador que genera la infraestructura en la economía que, en el Estado de México, le dimos prioridad al desarrollo de infraestructura en todos los sectores y logramos ser la entidad federativa con mayor densidad carretera del país. Durante mi gobierno, se aprobó e implemento con éxito la primera ley en México para permitir las asociaciones público privadas de largo plazo para la prestación de servicios mediante la construcción, mantenimiento y operación de infraestructura. Otro dato que apuntala lo anterior es que el Aeropuerto Internacional de Toluca fue el de mayor crecimiento a nivel nacional.

Por otra parte, el desarrollo de las telecomunicaciones es fundamental para facilitar el intercambio de información a gran velocidad y a costos competitivos. Las nuevas tecnologías informáticas generan un "efecto multiplicador" al permitir la creación, expansión y comercialización de una enorme variedad de productos y servicios públicos y privados. Un Estado Eficaz debe fortalecer la competencia efectiva, la convergencia tecnológica y la extensión de la cobertura del sector para cerrar las brechas digitales entre México y los países desarrollados, y superar los rezagos en el interior del país.

México debe encontrar la mejor forma de unlversalizar el acceso a internet de banda ancha, herramienta básica para participar plenamente en la vida contemporánea. Alrededor del mundo están produciéndose valiosas experiencias de las que podemos aprender. En 2009, el gobierno australiano puso en marcha lo que llamó el proyecto de infraestructura más ambicioso de su historia: el acceso a internet de alta velocidad, a precios asequibles, en cada casa, escuela y negocio de su territorio. En colaboración con el sector privado, inició la construcción de una red nacional de banda ancha que conectará a 90% de la población, y se cubrirá al 10% restante que habita en zonas rurales con tecnología inalámbrica y satelital. Finlandia, por su parte, es el primer país en establecer el acceso a internet de banda ancha (mínimo IMb/s), también a precios accesibles, como un derecho constitucional.

En México debemos debatir y definir la manera más justa y eficiente de unlversalizar el acceso al mundo digital. Es decir, de contar con una sólida y segura infraestructura de información de banda ancha, disponible en todo el territorio, accesible y asequible para todos los mexicanos.

50 

 

V. DETONAR EL POTENCIAL TURÍSTICO

El turismo es un sector particularmente favorecido por la globali zación, para el que tenemos vocación y claras ventajas comparativas. Tenemos la más amplia y variada gama de atractivos naturales, históricos y culturales que cuentan con un gran potencial para transformarse en desarrollo para todos.

Mientras el turismo internacional a nivel global crece y países con menores recursos turísticos atraen cada día a más visitantes, México se ha estancado. Según datos de la Organización Mundial del Turismo, desde hace poco más de una década el número de turistas internacionales que visitan nuestro país ha permanecido relativamente "estable", mientras que países como Turquía y Costa Rica lo han triplicado. Por su parte, el Banco de México reporta en la Cuenta de Viajeros Internacionales que durante los últimos cinco años, el número de excursionistas fronterizos se redujo en 23 millones, lo que representa una disminución de 31%. Esto se debe, en parte, a una infraestructura obsoleta, insuficiente y desarticulada, así como a la carencia de una política pública integral y estratégica.

Evidentemente, la seguridad pública, tanto real como percibida, es una condición básica para atraer turismo. Garantizar la seguridad de ciudadanos y extranjeros en todo el territorio es una obligación apremiante, que será abordada en el capítulo 6.

En cuanto a la importancia de la infraestructura en el sector, el Reporte de Competitividad de Viajes y Turismo 2011 del Foro Económico Mundial señala que, a pesar de que México cuenta con más de 30 sitios considerados patrimonio de la humanidad por la UNESCO, la baja calidad, densidad y conectividad de su infraestructura, al igual que la del transporte (aeropuertos, caminos, vías férreas y puertos), impactan negativamente en su competitividad turística.

Por lo tanto, como lo he expuesto, debemos fortalecer nuestra infraestructura para que el turismo, tanto doméstico como internacional, tenga un mayor impacto en el desarrollo nacional. En particular, vislumbro tres acciones prioritarias: recuperar la competitividad de los destinos existentes, diversificar la oferta turística por toda la República, y diferenciarnos con respecto a otros países.

México tiene un gran camino andado en el turismo, principalmente en el de "sol y playa", gracias a proyectos como los Centros Integralmente Planeados que crearon destinos como Cancún y Los Cabos hace más de tres décadas. Es importante modernizar la infraestructura turística de estos sitios, atender las necesidades de infraestructura básica y servicios de la población local, y fortalecer la infraestructura ambiental para asegurar la sustentabilidad de esta industria.

México es mucho más que sus principales enclaves de playa. El país ofrece una rica variedad de sitios arqueológicos, ciudades coloniales y modernas, desiertos, bosques y selvas, así como otras atracciones culturales de primer nivel. Al mismo tiempo, hay una

51 

 

demanda nacional e internacional poco explotada que se interesa en estos otros atractivos, pero que en ocasiones enfrenta dificultades para acceder a ellos. Tenemos que hacer que al turista le sea más fácil y seguro trasladarse entre distintos destinos construyendo redes de transporte que articulen rutas turísticas a nivel regional.

Como México no hay dos. Nuestra hospitalidad y nuestra diversidad deben impactar de manera significativa la oferta turística para diferenciarla de la del resto del mundo. Por ello, es necesario impulsar mercados de nicho como el ecoturismo y el turismo rural, que requieren infraestructura poco costosa pero de gran impacto económico para la población local.

Finalmente, junto con el desarrollo de infraestructura debemos fortalecer las instituciones del sector turismo. Es necesario dotar a la Secretaría de Turismo de mayores facultades para liderar este esfuerzo y realizar, a través del Consejo de Promoción Turística, campañas más efectivas que levanten la mermada imagen del país.

El siglo xxi lleva más de 10 años en marcha. Aceleremos el movimiento del país para no seguir desaprovechando nuestro gran potencial turístico.

VI. REACTIVAR EL CAMPO

Si aspiramos a detonar el crecimiento económico de México de forma sustentable y con equidad, necesariamente debemos impulsar la reactivación del campo mexicano. Hoy más que nunca es fundamental revalorar su importancia para superar los grandes desafíos de nuestro tiempo, como la erradicación de la pobreza extrema, la seguridad alimentaria, la migración internacional y el calentamiento global. Por ello, debemos construir un Estado Eficaz que detone un campo justo, productivo, rentable y sustentable.

Si bien México dejó de ser un país predominantemente rural desde 1960, cerca de 25 millones de mexicanos viven en el campo. Una característica común de las mujeres y los hombres que habitan en el medio rural es su franca desventaja frente a la población urbana para gozar derechos como el acceso efectivo a la salud, a la educación de calidad, a la seguridad social, a una vivienda digna y al trabajo. Estas limitantes los condenan a vivir en pobreza o bien a migrar a ciudades nacionales o a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades.

La situación es insostenible. Como país, no sólo estamos desaprovechando el potencial productivo, creativo e innovador de más de una quinta parte de la población, sino también nuestros recursos naturales, y estamos acentuando nuestra dependencia alimentaría del exterior en un momento en que los precios de los alimentos están en aumento. Debemos construir una política de Estado de largo plazo que incluya a gobierno, centros de investigación, organizaciones campesinas, productores y comercializadores para alcanzar cinco objetivos concretos:

1. Un campo justo, en el que a través de la Seguridad Social Universal, cuya propuesta desarrollaré en el capítulo 5, garantice que todos los mexicanos tengan un piso mínimo de

52 

 

protección ante enfermedades, el desempleo y la vejez. Esto, además, incentivaría el relevo generacional de propietarios de tierra en edad avanzada para quienes su parcela es su única "pensión", contribuyendo a retener en el campo a la población más joven, emprendedora y propensa a migrar.

2. Un campo productivo, en el que se generen empleos locales y se eleven los ingresos de la población rural. Se debe impulsar la penetración de servicios financieros en las comunidades rurales y canalizarlos hacia sectores productivos como el agropecuario. El micro financiamiento es aún incipiente. Según el último Censo Agrícola (2007), menos de 5% de las unidades de producción agropecuaria o forestal cuenta con mecanismos de crédito o seguros para desarrollar sus actividades productivas.

En la práctica, quienes están financiando gran parte del desarrollo rural, a un muy alto costo individual, familiar y social, son los migrantes mexicanos que trabajan en Estados Unidos. Por ello, se debe fomentar el financiamiento rural mediante esquemas innovadores de crédito, fomento al ahorro y seguros. Hoy en día, el desarrollo tecnológico facilita la expansión de los servicios financieros a través de los llamados "corresponsales bancarios", un papel que puede desempeñar cualquier tienda de abarrotes y cuyo alcance puede ser mayor si se apoya en los teléfonos celulares como medio de acceso.

Debemos focalizar los subsidios gubernamentales al campo para que lleguen a los pequeños productores con me ñores recursos. Es necesario revertir la tendencia actual de tratar a los campesinos como "pobres", y no como "productores". Es decir, los pequeños productores sí reciben apoyos gubernamentales para mitigar la pobreza, pero no son beneficiarios de programas productivos para generar riqueza. Además, la baja productividad del minifundismo se puede superar a través de nuevas formas de asociación y cooperación entre pequeños y medianos productores para generar economías de escala, así como mediante esquemas innovadores como la economía social,26 que permitiría una asociación más "democrática" entre pequeños productores y jornaleros, aumentando las ganancias individuales y, a su vez, el compromiso de los trabajadores con su propia empresa.

3. Un campo rentable, en el que el sector agroalimentario se vuelva más eficiente y competitivo a través de la articulación y la competencia de cada eslabón de las cadenas productivas de valor. Asimismo, se debe consolidar un sistema de información sobre preferencias y precios del mercado accesible a todos los productores para incentivar la reconversión productiva de cultivos de poco valor comercial hacia otros de mayor rentabilidad.

4. Un campo sustentable, en el que los rendimientos de las cosechas no se incrementen a costa de la destrucción de bosques y selvas, sino a través de la innovación científica, tecnológica y organizativa. En el que la extensión de los sistemas de irrigación vaya acompañada del uso eficiente del agua y se fortalezcan las actividades productivas alternas al sector agropecuario como el turismo, el comercio de artesanías, la gestión forestal sustentable y el pago por servicios ambientales.

53 

 

5. Garantizar la seguridad alimentaria de la población. Esto no es sólo un requerimiento básico para el bienestar de todos los mexicanos, sino también una condición fundamental para la soberanía y la estabilidad política y social del país.

Reactivar el campo mexicano es un reto y a la vez una oportunidad. En América Latina, países como Chile y Brasil han aprovechado la creciente demanda internacional de materias primas a su favor. Brasil, por ejemplo, que desde hace décadas invierte de manera prioritaria en el desarrollo y aplicación de tecnología agrícola, pasó de ser un país importador neto de alimentos a convertirse en un exportador agroindustrial líder en el mundo. Hoy en día, Brasil tiene relación con mercados como la Unión Europea, China, Estados Unidos y Japón,27 y el sector agroindustrial es un importante motor de su economía, aportando 25% del PIB y empleando a uno de cada tres trabajadores brasileños.28

Hoy más que nunca está claro que un futuro próspero es inviable sin el desarrollo de la población y el medio rural. Es tiempo de devolver la mirada y los recursos al campo.

VII. IMPULSAR UN DESARROLLO SUSTENTABLE

El cambio climático es un reto global que sociedad y gobierno debemos enfrentar juntos. Es necesaria una nueva cultura y compromiso ambiental que modifique nuestro estilo de vida, la forma en que producimos, consumimos e incluso desechamos. En particular, un Estado Eficaz debe lograr (a lo largo de la próxima década) cinco transformaciones estructurales en nuestro modelo de desarrollo.

1. Transitar hacia una economía baja en carbono

México necesita cambiar su "metabolismo industrial" a favor del crecimiento verde.29 Para lograrlo, debemos mejorar nuestra eficiencia energética y reducir nuestra gran dependencia de los combustibles fósiles, principales responsables del calentamiento global. Además, resulta insostenible que nuestro modelo energético siga dependiendo del petróleo, un recurso no renovable cuya producción en México está en descenso.30

En contraparte, México tiene un gran potencial para generar energía a partir de fuentes renovables. El desierto del norte de México, por ejemplo, tiene una de las máximas radiaciones solares del mundo. Como lo planteó Al Gore en los Foros de Reflexión Compromiso por México, en los próximos cinco años el costo de la energía solar descenderá significativamente, lo que abre una oportunidad para que el país invierta en la investigación científica y el desarrollo de tecnologías solares y disminuya la generación de electricidad con combustibles fósiles.

Como lo mencioné anteriormente, la modernización de Pemex podría permitir que parte de la renta petrolera se invierta en el desarrollo de energías renovables. Que sea el propio petróleo la fuente de financiamiento de las energías del futuro.

2. Replantear el manejo hídrico del país

54 

 

La poca disponibilidad natural de agua en los centros de mayor concentración poblacional, la contaminación y sobreexplotación de los mantos acuíferos, aunadas a las pérdidas por fugas y el desperdicio, exigen modificar la gestión actual del agua.

El agua de lluvia debe ser un recurso, no una amenaza. Se debe invertir más en infraestructura para la captación y el almacenamiento del agua pluvial y promover que cada casa, escuela y comercio cuente con sistemas locales para el mismo fin. De igual forma, tenemos que incrementar el volumen de aguas tratadas y reutilizadas. Estas acciones deben ser complementadas por un cobro justo por el servicio de agua para alcanzar dos objetivos: reducir su desperdicio y obtener más recursos para abastecer a los millones de mexicanos que aún no cuentan con suministro.

3. Detener la pérdida de biodiversidad

La crisis ambiental amenaza la biodiversidad, lo cual es particularmente grave para México, ya que somos una potencia en la materia. En menos de 1.3% de la superficie del planeta tenemos casi todos los ecosistemas del mundo y nos situamos entre los primeros lugares en variedad de reptiles, mamíferos, anfibios y aves. Sin embargo, la destrucción de su hábitat pone en riesgo su existen cia.Y aunque México es uno de los países que más áreas naturales protegidas ha decretado, lo cual tiene mucha relevancia mediática, sin una adecuada integración de los planes de manejo de las áreas mencionadas que permitan su verdadera protección legal, la declaratoria carece de relevancia ambiental.

En el país, anualmente se deforestan 155 mil hectáreas, superficie mayor al Distrito Federal.31 Un mecanismo sencillo pero eficaz para revertir la deforestación y aumentar la recarga del agua es el "Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos". Bajo este esquema, los usuarios del servicio de agua potable destinan una parte de su pago para compensar económicamente a los dueños de las áreas forestales quienes, a cambio, se dedican a proteger y explotar de manera racional sus bosques. Este sistema funciona con éxito en el Estado de México, ya que permite el desarrollo económico de las comunidades al mismo tiempo que protege al medio ambiente.

4. Mejorar la gestión de residuos

El 14.4% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el país provienen de la basura.32 Por ello, es necesario reducir el volumen de desechos que generamos e incrementar su reutilización. Asimismo, debemos aumentar la infraestructura para recolectar, separar, reciclar y aprovechar el potencial de los residuos. Transformar la basura del país en energía es un objetivo que debemos alcanzar en la próxima década.

5. Impulsar una cooperación internacional eficaz

El calentamiento global es uno de los mayores desafíos compartidos por el planeta entero. Los "Acuerdos de Cancán", alcanzados en la 16a Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP16), representan un avance importante en materia de financiamiento y transferencia

55 

 

tecnológica de los países industrializados, quienes históricamente han contaminado más al planeta, hacia las naciones en desarrollo, que necesitan alcanzar mayores niveles de bienestar para fortalecer sus capacidades de adaptación y mitigación de los efectos del calentamiento global. Vale la pena destacar también el acuerdo de las naciones en desarrollo para impulsar Acciones de Mitigación Apropiadas a Nivel Nacional dentro de un marco de desarrollo sostenible, respaldadas y facilitadas mediante tecnología y financiamiento, con el fin de lograr una desviación de las emisiones con respecto a los niveles que se registrarían en 2020 si no se adoptara ninguna medida. Toca ahora diseñar, poner en marcha y aprovechar lo acordado con un sentido de urgencia.

Asimismo, debemos trabajar para que en la COP17, a celebrarse en Durban, Sudáfrica, a finales de este año, sí se alcancen compromisos vinculantes y justos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y así definir el rumbo a seguir, ya que el primer periodo de acuerdos del Protocolo de Kioto vence en 2012.

Los temas que he tratado en este capítulo son fundamentales para el desarrollo del país. Sin embargo, además de ellos, hoy en día, el principal motor que permite dar a las naciones saltos cualitativos y cuantitativos en su desarrollo es la capacidad de innovar. Por ello, un objetivo prioritario que nos debemos plantear es construir una "sociedad del conocimiento", punto que abordaré en el siguiente capítulo.

56 

 

4

Construir una sociedad del conocimiento

Uno de los grandes objetivos que nos debemos plantear como país es pasar de ser una economía maquiladora a ser una economía basada en el conocimiento. En el siglo xxi, el acceso, la generación y la aplicación de conocimiento constituyen la clave para el desarrollo de las sociedades y el éxito de los individuos. Además, otorgan márgenes importantes de soberanía.1 Las naciones que más han avanzado en lo económico y en lo social son aquellas que han cimentado su progreso en el conocimiento, tanto en la educación formal como en la investigación científica.2

¿Por qué? Porque una economía basada en el conocimiento es más competitiva, más sólida y más equitativa. Es más competitiva porque detona mayor innovación y atrae más inversiones privadas que generan empleos y elevan los ingresos de la población. Es más sólida porque cuenta con un fuerte capital humano. Es menos desigual porque los desarrollos científicos y tecnológicos permiten poner al alcance de amplios sectores de la población mejores servicios, como los médicos o educativos, y bienes de consumo que elevan su nivel de vida.

Recientes experiencias internacionales, como la de los "tigres asiáticos",3 demuestran que la inversión en ciencia, tecnología e innovación representa una palanca para acelerar el desarrollo nacional y elevar el nivel de vida de sus habitantes. Corea del Sur, por ejemplo, en cuestión de décadas pasó de ser un país con una fuerza laboral analfabeta a ser una de las naciones con mayores niveles educativos del mundo.4 Asimismo, de ser un país agrícola se transformó, primero, en un país manufacturero y hoy en día se encuentra dentro de los líderes en la sociedad del conocimiento.

El contraste entre México y Corea del Sur es notable. En 1980 el PIB per cápita de México era casi el doble del coreano. Hoy en día, el PIB per cápita de Corea del Sur duplica el nuestro (gráfica l).5 En el transcurso de estas tres décadas, Corea multiplicó por seis su inversión en innovación, ciencia y tecnología al pasar de 0.55% a 3.37% de su PIB, mientras que México ha mantenido una insuficiente inversión cercana al 0.4% de su PIB (gráfica 2).

57 

 

FUENTE: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Corea; Foro Consultivo Científico y Tecnológico, Futuros del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Perspectiva México Visión 2030, 2010; OCDE, OECD

Factbook 2010.

58 

 

El gobierno coreano entendió oportunamente que su fortaleza radicaría en el fortalecimiento del capital humano y de sus propias capacidades científicas, tecnológicas e innovadoras. Por lo tanto, alineó su estrategia de desarrollo en esa dirección.

Hoy México debe dar el salto hacia la sociedad del conocimiento. Necesitamos darle valor agregado a nuestra economía para competir ventajosamente en el mercado global, a fin de poder fortalecer nuestra participación en el mercado estadounidense y diversificar el destino de nuestras exportaciones. Debemos aprovechar nuestra extensa red de tratados de libre comercio con más de 40 países y nuestra estratégica posición geográfica para exportar productos con alto contenido de conocimientos y encadenamientos nacionales.

Si bien es cierto que México es un líder exportador, el crecimiento de nuestras exportaciones ha perdido su dinamismo y nos hemos rezagado en nuestro principal mercado: en la última década China nos desplazó como segundo socio comercial de Estados Unidos (gráfica 3).

La composición de las exportaciones de México y China es muy similar (gráfica 4). No debemos seguir corriendo por la misma pista que el "gigante asiático ".Tenemos que diferenciar nuestras exportaciones de las suyas, incorporándoles mayor valor científico y tecnológico.

Para dar el salto a la sociedad del conocimiento necesitamos un Estado Eficaz que garantice en la práctica el acceso universal a la educación de calidad y que establezca una política de Estado con visión de largo plazo en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. La estrecha colaboración en la definición y ejecución de esta política entre los gobiernos federal, estatal y municipal, el sector empresarial, las instituciones de educación superior y los centros de investigación del país será decisiva para alcanzar este objetivo.

La innovación es un proceso que se detona regionalmente a partir de la especialización en sectores en los que se tienen ventajas comparativas existentes y potenciales. Esta especialización define la inserción de cada región del país en la economía global. Por ello, es fundamental potencializar esfuerzos regionales aumentando las capacidades estatales y locales.

Si bien la educación superior es clave para la sociedad del conocimiento, México necesita contar con una sólida educación básica y media superior para tener más y mejores cuadros en las universidades y centros de investigación.

I. DESARROLLAR NUESTRO CAPITAL HUMANO

La educación es el centro de toda estrategia de desarrollo nacional. Su trascendencia es decisiva ya que, como decía Jesús Reyes Heroles, "en la educación, en buena medida, se decide el destino de la nación".

59 

 

60 

 

Todos los diagnósticos educativos, tanto nacionales como internacionales, coinciden en que, pese a innumerables esfuerzos, los niños y jóvenes no están aprendiendo lo que necesitan para desarrollar sus capacidades creativas y productivas, llevar a cabo sus proyectos de vida y competir ventajosamente en los mercados globales.

El desempeño en materias básicas como lectura, matemáticas y ciencias es, por decir lo menos, deficiente. México ocupa el último lugar de rendimiento entre los 34 países de la OCDE evaluados por la prueba PISA.7 Además, el bajo aprovechamiento se acentúa entre los sectores más pobres de la población, principalmente los habitantes de localidades rurales aisladas y comunidades indígenas, alimentando así un círculo de pobreza permanente.

Por ello, tenemos que acelerar la transformación del sistema educativo. Debemos mejorar significativamente la calidad, pertinencia y relevancia de la educación en beneficio del desarrollo humano de cada estudiante y cada familia, de nuestras regiones y del país en conjunto.

Debemos recordar que "el maestro es la espina dorsal de cualquier sistema educativo". De su capacidad depende la forma en que las generaciones venideras enfrenten las oportunidades y los desafíos del futuro.8 Por ello, el gobierno tiene que fortalecer su relación con los maestros para concretar estos cambios. El experto en educación de la OCDE, Andreas Schleicher, ha recomendado a México dejar de utilizar a los sindicatos magisteriales como una excusa para justificar las deficiencias educativas y buscar las formas de fortalecer la profesión docente: "Al final del día los sindicatos son la organización de los maestros, y creo que es menos un asunto de negociación y más un asunto de apoyo a los maestros".

Se debe apoyar la profesionalización de los maestros a través de programas competitivos de capacitación y actualización continua e impulsar mejores esquemas de remuneración ligados al desempeño educativo de los alumnos y no a los puestos burocráticos. Asimismo, se debe fortalecer la evaluación educativa como un mecanismo de rendición de cuentas a los padres de familia, las autoridades educativas y la sociedad en su conjunto para medir avances y retrocesos en la calidad educativa y poder mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Se debe distinguir y separar la política educativa de la política laboral en la relación entre el gobierno y el sindicato para poder avanzar en la primera, en la que hay importantes objetivos compartidos, mientras se dirimen diferencias naturales de la segunda.

1. La educación en el siglo XXI

Hoy en día, el papel tradicional del maestro se enfrenta al reto que representa educar en un contexto en el que los avances tecnológicos permiten acceder a un universo de información de una manera nunca antes vista. La figura del maestro debe transformarse, dejar atrás el papel tradicional que desempeñaba como simple transmisor de conocimientos, y asumir un rol más próximo al de un facilitador del conocimiento. Dicho

61 

 

cambio no será sencillo debido a que la mayoría de los maestros no fueron capacitados para ello, de ahí la importancia que tiene impulsar la formación y actualización de los docentes de cara a las nuevas exigencias educativas del siglo xxi.

Además, somos testigos de cómo las fronteras del conocimiento se amplían constantemente. Lo que hoy es novedad, mañana es obsoleto. Por eso, el sistema educativo, más que enseñar a memo rizar, castigar y reprobar, debe dar herramientas a los estudiantes para que "aprendan a aprender" a lo largo de toda su vida.

El sistema educativo debe estimular en los estudiantes el gusto e interés por aprender y desarrollar en ellos las actitudes, competencias y habilidades necesarias para entender, aplicar y generar conocimiento, es decir, para innovar.

1.1. Cuadernos, plumas, libros, computadoras e internet de banda ancha móvil: herramientas básicas para aprender

En México sólo dos de cada 10 hogares cuentan con acceso a internet. Entidades como Nuevo León y Quintana Roo se encuentran por arriba del promedio (tres de cada 10) y Chiapas y Guerrero por debajo (uno de cada 10). En contraste, 7 de cada 10 hogares de los países miembros de la OCDE cuentan con acceso a internet. Corea del Sur encabeza la lista con 9.6 de cada 10.

El sistema educativo puede y debe contribuir a mitigar estas desigualdades y democratizar el acceso a la información y el conocimiento. Un objetivo del siglo xxi debe ser asegurarnos que todos los niños tengan acceso a una computadora con internet de banda ancha. Para conseguirlo, se pueden emprender diferentes estrategias para cerrar la brecha digital y unlversalizar el acceso a la sociedad del conocimiento; una de ellas es la que emprendió Uruguay en 2007. El llamado "Plan Ceibal" otorga a cada niño y docente de escuelas públicas una laptop con contenidos educativos y dota a todos los centros escolares con conexión inalámbrica. Las primeras evaluaciones del programa indican que ha habido impactos positivos en el aprendizaje y la motivación tanto de los niños por adquirir información y conocimientos como de los maestros por enseñarlos. Además, las laptops, que son propiedad de cada estudiante, suelen ser utilizadas por otros miembros de su familia, con lo que sus beneficios se extienden a miles de hogares. Si bien México tiene una población escolar mucho mayor que la de Uruguay, también cuenta con más recursos, existentes y potenciales, que permitirían evaluar la pertinencia de un proyecto similar.

Este proyecto aporta dos ventajas a la educación: por un lado, permite que una nueva generación entre de golpe y sin mayor "trámite" a la era digital; por el otro, al conseguir que cada niño de primaria, sin excepción, tenga una computadora con internet de banda ancha, manda una señal tangible de igualdad y de modernidad fundamental para el futuro de un país que busca ser más justo e innovador.

62 

 

Otra estrategia que puede funcionar, por separado o complementando a la anterior, es la iniciativa que se impulsó en el Estado de México para disminuir la brecha digital. El programa conocido como la Red de Innovación y Aprendizaje (RÍA), estableció una red de centros equipados con computadoras y atendidos por instructores especializados, distribuidos estratégicamente en localidades con desventajas económicas, facilitando a un nuevo sector de la población el acceso a las tecnologías de la información, así como a la capacitación sobre su uso y manejo.

Hace casi 50 años, el presidente Adolfo López Mateos y su secretario de Educación Jaime Torres Bodet impulsaron una cruzada nacional por la educación y la equidad al crear los libros de texto gratuitos. En su momento, los esfuerzos del Estado mexicano por alcanzar esta meta fueron titánicos. Las autoridades educativas tuvieron que recorrer las ciudades, montañas, selvas y bosques del país para garantizar que cada estudiante mexicano, sin importar su origen socioeconómico o ubicación geográfica, tuviera acceso a esta herramienta educativa.

En pleno siglo xxi, las circunstancias han cambiado pero la meta es la misma. El acercar a cada estudiante de primaria una computadora con conexión a internet representa, sin lugar a dudas, un reto mayúsculo, pero es una acción fundamental para crear mayores condiciones de equidad en un contexto de enormes desigualdades. Como plantean Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda: "Si el nuevo silabario del mundo es internet, mantener a los niños que estudian fuera de él es mantenerlos en una forma moderna de analfabetismo." Por más grande que sea el reto, no podemos permitir esta nueva forma de exclusión.

1.2. Un gasto educativo más eficaz y transparente

Necesitamos un gasto educativo mucho más eficaz y transparente. Mientras en los países de la OCDE 79% del presupuesto en educación se destina al pago de nómina, en México destinamos más de 93% a este rubro. Esta situación tiene que cambiar; las escuelas deben disponer de mayores recursos para mejorar la calidad educativa, en particular en las zonas más pobres y aisladas del país, sin afectar los sueldos de los maestros.

Además de gastar con mayor eficacia, también es necesario aumentar los recursos educativos. A pesar de que en términos del PIB hemos alcanzado un gasto igual a la media de los países de la OCDE, en términos de gasto por alumno seguimos muy rezagados. México invierte tres veces menos en cada estudiante de primaria que el gasto promedio de los países miembros de la OCDE. Además, de acuerdo a nuestra legislación, el monto anual que el Estado —federación, entidades federativas y municipios— debe destinar al gasto en educación pública y en los servicios educativos debe ser de al menos 8% del producto interno bruto del país,(meta que al día de hoy no se ha cumplido). Desde luego, el incremento en los recursos para la educación deberá ser acompañado de mayor transparencia y rendición de cuentas.

63 

 

1.3. Acciones locales, resultados nacionales: las escuelas como centro de la transformación educativa

La OCDE y expertos en la materia recomiendan a México fortalecer la autonomía de gestión y el financiamiento de las escuelas.16 Nadie conoce sus propias necesidades mejor que la comunidad educativa de cada escuela. Por ello, las comunidades educativas deben tener mayor autonomía para que, siguiendo estándares nacionales de calidad, tengan facultades y recursos para tomar decisiones cotidianas y concretar acciones que tengan gran impacto en el rendimiento educativo de cada uno de sus estudiantes. Acciones que van desde reponer un vidrio roto hasta organizar tutorías extras para apoyar a alumnos con dificultades de aprendizaje, capacitar a maestros u otorgar incentivos a profesores y alumnos con buen desempeño. Esto funciona en potencias educativas como Suecia o Finlandia, así como en comunidades marginadas de Centroamérica, y permite una mejor rendición de cuentas hacia los alumnos y los padres de familia.

2. Cada eslabón cuenta: del preescolar a la educación superior

2.1. Fortalecer la educación preescolar

La educación preescolar, el "arranque" de la educación formal de los niños, es considerada una de las inversiones con mayores retornos sociales y familiares a la inversión pública y familiar.17 En un contexto socioeconómico tan desigual como el nuestro, una buena educación preescolar puede ayudar a mitigar las desventajas de los hogares de cada niño, estimulando el desarrollo de sus habilidades afectivas, cognitivas, físicas y sociales. La cobertura de educación preescolar es de cerca de 80%, por lo que debemos redoblar esfuerzos hacia su universalización.

2.2. Jornadas Escolares Completas

Requerimos modificar sustancialmente el modelo educativo para implementar, en todo el país, Jornadas Escolares Completas. Esta estrategia ampliaría y fortalecería las oportunidades educativas de los alumnos, reduciría el impacto de las diferencias en los recursos destinados a la educación en cada hogar y permitiría aprovechar al máximo cada día del calendario escolar.

Los esfuerzos por aumentar las jornadas escolares, como el Programa de Escuelas de Tiempo Completo de la SEP son un paso en la dirección correcta. Sin embargo, es todavía un programa pequeño que atiende a cerca del 1% de las escuelas públicas de educación básica del país. Debemos extender las oportunidades de aprendizaje de nuestros estudiantes ampliando la jornada escolar a ocho horas diarias. La meta es que los alumnos cuenten con el tiempo suficiente para fortalecer sus conocimientos en las materias que se les dificulten o que despierten su interés en el desarrollo de habilidades artísticas, deportivas y digitales, así como para el aprendizaje del inglés.

Además, en una jornada completa, los niños recibirían tanto desayunos como almuerzos balanceados, con lo que mejoraría su alimentación y sus condiciones de aprendizaje. Esta

64 

 

medida impactaría de manera positiva en el ingreso familiar, ya que facilitaría que los padres en general, y las madres en particular, se incorporen al mercado laboral sin preocuparse por dejar a sus hijos solos en casa o en la calle.

Este objetivo puede alcanzarse gradualmente en el transcurso de la siguiente década aprovechando el bono demográfico del país. Sin embargo, se requerirá una fuerte inversión en infraestructura para atender a todos los alumnos en un solo horario, ya que un alto porcentaje de las instalaciones educativas se utilizan para atender dos turnos escolares.

2.3. El "eslabón más débil": acceso y permanencia en educación media superior

Los jóvenes no son sólo el futuro de México, son su presente. Constituyen más de la mitad de la población, 30% de la fuerza laboral y, desgraciadamente, su participación en la actual ola de violencia es cada vez más evidente, ya sea como víctimas o como victimarios. Mientras que países europeos enfrentan serios problemas por el envejecimiento de su población, nosotros estamos desaprovechando nuestro bono demográfico.

La mayoría de los jóvenes que abandonan la escuela lo hacen entre los 15 y los 17 años. Es esta etapa la que tenemos que "atacar" para evitar que trunquen sus expectativas por necesidades económicas, adicciones o embarazos no planeados.

Los alarmantes niveles de "ninis" son simplemente inadmisibles. De acuerdo a cifras de la OCDE, en México existen 7.3 millones de jóvenes de 15 a 29 años de edad que no estudian ni trabajan. Esta cifra equivale a uno de cada cuatro jóvenes, la tercera proporción más alta entre sus países miembros (gráfica 5).

65 

 

Necesitamos invertir fuertemente en los jóvenes para facilitar y apoyar su permanencia en el sistema educativo y con ello desarrollar el capital humano que México necesita para crecer. Estudios recientes sugieren que mientras las oportunidades de educación básica se han vuelto más igualitarias, la influencia del origen social para acceder a niveles más altos de educación ha crecido a través del tiempo.18 Mientras la cobertura en educación primaria es de 100% y la de secundaria es de 95.9%, la de educación media desciende a 66.7%, y la de educación superior es inferior a 30% (gráfica 6).

NOTA: La cobertura en primaria es de 6 a 12 años, en secundaria de 13 a 15 años, media superior de 16 a 18 años y superior de 19 a 23 años. El porcentaje de graduados de licenciatura, maestría y doctorado son de la OCDE, Education at a Glance 2011 [Panorama de la Educación 2011] y corresponde al año 2009.

66 

 

El principal motivo por el que se abandona la escuela es la necesidad de trabajar para contribuir al ingreso familiar. Esto es particularmente grave tanto para los jóvenes como para el país en general, puesto que el ingreso temprano al mercado laboral se da casi siempre a través de la economía informal, caracterizada por salarios precarios, baja productividad, poca competitividad y evasión del sistema fiscal. Según la Encuesta Nacional de Juventud, otros motivos para dejar la escuela son la pérdida de "gusto por estudiar", la falta de apoyo de los padres y la necesidad de cuidar a la familia.10 Un importante número de jóvenes y padres de familia comparten la percepción de que seguir en la preparatoria es una mala inversión familiar, una pérdida de tiempo, dinero y oportunidades.

Por lo tanto, queda claro que tenemos que mejorar su pertinencia y rentabilidad apoyando el desarrollo de habilidades que serán requeridas y retribuidas con mayores ingresos en el mercado laboral. Afortunadamente, está en marcha el proceso legislativo para reformar los artículos tercero y 31 de la Constitución, a fin de establecer la obligatoriedad de la educación media superior y alcanzar su universalidad en los próximos 10 años, lo cual es un paso fundamental para la equidad educativa.

2.4. Educación superior: formar a los profesionistas, investigadores y empresarios que aceleren la transición a la sociedad del conocimiento

La educación superior es clave para la sociedad del conocimiento. El futuro de México depende en buena medida de las universidades públicas, de la formación de nuevos profesionales de calidad y con compromiso social, de la investigación científica y del desarrollo tecnológico que se realiza en estas instituciones. Es fundamental contar con una población con altos niveles de educación para tener, como sociedad, una mejor base para la incorporación oportuna del progreso técnico, la innovación, y para aumentar la competitividad y productividad.20 De ahí la gravedad de tener una cobertura que tan sólo abarque 28%, mientras que en Brasil es de 34% y en Chile de 55%.21 Es decir, únicamente tres de cada 10 mexicanos en edad de asistir a la universidad tienen la oportunidad de hacerlo (gráfica 7).

Esta inversión no sólo es necesaria sino también rentable. La OCDE enfatiza que las inversiones en educación superior son particularmente rentables para los países, ya que además de aumentar los beneficios para los individuos y las economías, incrementa el número de contribuyentes fiscales. "A pesar del costo de la educación superior, el alto nivel de pagos tributarios y de contribuciones sociales de parte de los individuos titulados por las universidades hacen que la educación superior represente una buena inversión a largo plazo para los gobiernos."22 Los ingresos a largo plazo recibidos por la hacienda pública en los países de la OCDE triplican el monto de la inversión pública por estudiante de educación superior.

67 

 

Necesitamos ampliar la oferta educativa; en particular, las carreras orientadas a la ciencia, tecnología, ingeniería, y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) e incrementar los niveles de graduación de estudiantes de posgrado. De especial importancia es vincular la oferta educativa a las grandes necesidades de investigación para el desarrollo del país: medicina genómica, agroalimentación, eficiencia energética y energías limpias, tecnologías de la información y la comunicación (TICS).

3. Flexibilizar la movilidad entre el sistema educativo y el mundo laboral

En ocasiones, las competencias educativas de los egresados de educación media superior, e incluso superior, no corresponden a las necesidades del sector productivo nacional. Lo anterior genera desempleo y falta de productividad en las empresas. Ante esta realidad, aunada a la necesidad de un buen número de estudiantes por generar ingresos para sus hogares, la CEPAL sugiere fortalecer los esquemas que permitan conciliar la educación y el trabajo para transitar de un círculo vicioso a un círculo virtuoso. El vicioso es el que mencioné con anterioridad, en el que se tiene que abandonar la escuela para trabajar en la economía informal con un ingreso precario. En el virtuoso, por el contrario, se estudia y se trabaja. El trabajo constituye una experiencia inicial, una forma complementaria de aprender en la práctica y una manera de incrementar el capital

68 

 

social y las redes de relaciones. Todos estos elementos sirven para potenciar los logros educativos.

El 70% de los jóvenes mexicanos que no accedieron a la universidad ya no cuentan con la posibilidad de volver a estudiar formalmente. Para darles otras oportunidades se podría crear un sistema nacional de formación y capacitación, con pasantías o prácticas profesionales en empresas, certificación de competencias y conexión con empleadores, técnicamente actualizado y pertinente para los cambios en la oferta laboral, que además se renueve en destrezas propias de la sociedad del conocimiento.

Asimismo, se requiere flexibilizar la rigidez actual del sistema educativo. Se podrían implementar módulos con planes de estudio abiertos y flexibles adecuados a los tiempos de las personas que trabajan o cuidan a su familia en materias como matemáticas, español, computación e inglés para que puedan seguir capacitándose.

La educación a distancia es otra modalidad que debemos fortalecer. La tecnología permite hoy acceder a cursos de alta calidad a través de textos, audios y videos, sin necesidad de asistir físicamente a un salón de clases. Como lo plantea Gabriel Zaid, eliminar la asistencia a un aula permite extender a bajo costo la educación superior y crea oportunidades de estudio para quienes tienen problemas de horario, viven lejos, están inválidos o deben atender a niños o enfermos. La educación a distancia genera grandes ahorros tanto para los alumnos como para las universidades.

II. UN MÉXICO INNOVADOR

Los países que han aumentado su competitividad y acelerado su crecimiento económico son aquellos que han logrado introducir al mercado nuevos y mejores productos, procesos o servicios. Es decir, las naciones que han alcanzado mayores niveles de bienestar son aquellas cuya población y empresas han desarrollado la capacidad de innovar.

En este sentido, la posición de México en las comparaciones internacionales en materia de innovación es preocupante. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial ubica a México en el lugar 76 de 142 países en cuanto a su capacidad para innovar, posición muy por debajo de China (23), Brasil (31), India (35), Rusia (38) o Chile (66). Esto no sorprende, ya que en los últimos años nuestro país se ha rezagado en los rubros que mayor impacto tienen en la capacidad creativa de una nación.

En intensidad de competencia económica, por ejemplo, ocupamos el lugar 84 de 142 países, en patentes de utilidad el 58 y en cobertura de educación superior este año descendimos al lugar 79.27 Según datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en 2008, mientras que en México los residentes mexicanos solicitaron el registro de 685 patentes, los coreanos demandaron en su país 127,114. Si se divide el número de patentes solicitadas entre la población, en México sólo se pidieron seis patentes por cada millón de habitantes, mientras en Corea del Sur fueron 2,599."

69 

 

Si no fortalecemos significativamente las capacidades innovadoras, científicas y tecnológicas del país, seguiremos perdiendo terreno en la economía global, y cada vez será más difícil convertirnos en un país desarrollado.

1. Invertir más en innovación, ciencia y tecnología

Es fundamental que el Estado apoye el desarrollo de la ciencia básica y garantice la absoluta libertad de investigar. Necesitamos crear un Sistema Nacional de Innovación que promueva ésta a través de estímulos efectivos, protección a los derechos de propiedad intelectual, mayor financiamiento y coordinación entre el sector público y privado, empezando por facilitar la movilidad institucional de investigadores y profesionistas entre la academia y la industria.

Necesitamos invertir más y mejor en innovación, ciencia y tecnología (gráfica 8). Más, porque destinamos menos de 0.4% del PIB para este rubro, lo cual está muy por debajo de lo que la propia Ley de Ciencia y Tecnología obliga.29 Nuestra inversión es también inferior a la de Chile (0.67%), una tercera parte de la inversión de Brasil (1.13%) y menos de una quinta parte del promedio de la OCDE (2.28%).30 Para transitar hacia una sociedad del conocimiento tenemos que triplicar nuestra inversión en ciencia, tecnología e innovación en menos de una década. Mejor, porque hace falta focalizar recursos en sectores estratégicos y lograr una mayor distribución del presupuesto a nivel federal para alcanzar un equilibrio regional.

70 

 

2. Una política industrial para aumentar el valor agregado de la producción

No podemos perder de vista, como lo mencioné anteriormente, que la innovación es un proceso que se detona regionalmente. Por ello, es fundamental fortalecer las capacidades estatales y locales en la materia. Se podría federalizar el sistema a través de la creación de un fondo que asigne recursos específicos a los organismos estatales de ciencia, tecnología e innovación, conforme a principios de igualdad, equidad, diversidad y reconocimiento al esfuerzo de cada entidad. En este sentido, se deben destinar mayores recursos a las universidades estatales para fortalecer la formación de recursos humanos de alta calidad en todo el territorio nacional y no sólo en algunas entidades.

En particular, la inversión privada es fundamental para la innovación. Sin embargo, en México es uno de los eslabones más débiles. La mayoría de las empresas emprendedoras, sobre todo las pequeñas y medianas, carecen del capital necesario para asumir los riesgos inherentes que conlleva el proceso de innovar. Es importante que el gobierno resuelva esta falla de mercado, compartiendo con los empresarios estos riesgos financieros mediante una banca de desarrollo especializada en créditos para la innovación.

Por otra parte, necesitamos construir alianzas entre los gobiernos locales y el federal con el sector privado para generar sinergias. Como señalaba Luis Foncerrada, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, debemos rescatar las estrategias conjuntas, sin caer en el proteccionismo de antaño, para fortalecer las industrias nacionales e incrementar el contenido nacional de las exportaciones, ya que en gran medida "exportamos importaciones".

Por ello, debemos tener una política industrial pragmática que, entre otras acciones, impulse la colaboración multidisciplinaria a través de la creación de "clusters"32 de alta competitividad.

En el Estado de México, por ejemplo, el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt) realizó un diagnóstico de las ventajas comparativas de la entidad y determinó que era prioritario invertir en el desarrollo científico y tecnológico de la industria del plástico, ya que es transversal a la industria en general y su absorción tecnológica es de particular importancia para industrias como la automotriz, la farmacéutica y la de embalaje. Con un fondo mixto de los gobiernos federal y estatal se impulsó la creación del Centro de Tecnología e Ingeniería del Plástico, que será el primer centro público de investigación orientado al desarrollo tecnológico y a la innovación de la entidad, así como a la formación de especialistas de alto nivel.

3. Repatriación y atracción de "cerebros"

Asimismo, necesitamos fortalecer nuestra cooperación internacional y dinamizar la "circulación de cerebros" entre México y el mundo. Brasil está a la caza de talento. Recientemente, su gobierno anunció una ambiciosa iniciativa para acelerar su desarrollo

71 

 

científico, tecnológico e innovador y mejorar la competitividad de la industria brasileña. El programa "Ciencia sin Fronteras" ofrece atractivas oportunidades de investigación y trabajo en empresas e institutos brasileños a los jóvenes científicos del mundo y a investigadores con reconocida trayectoria profesional, muchos de los cuales residen en países desarrollados en los que su mercado está saturado y en crisis. El programa busca también revertir la "fuga de cerebros", atrayendo a los brasileños altamente capacitados que se han establecido en el exterior.

En México debemos impulsar este tipo de iniciativas en las que, además, ya tenemos experiencia. Tras la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) e instituciones como la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) abrieron sus puertas a ingenieros, matemáticos, físicos y químicos del antiguo bloque socialista, quienes se enfrentaban a una situación económica precaria y buscaban oportunidades profesionales en el exterior, para que contribuyeran al desarrollo científico y tecnológico del país. Sobra recordar las invaluables aportaciones que, en muy distintas circunstancias, realizaron los refugiados españoles a la ciencia y la cultura en México.

En el México del siglo XXI, el devenir de la ciencia, la tecnología y la innovación ha sido más el resultado de la inercia que de una firme decisión de participar ventajosamente en la globalidad. El país tiene el potencial de dar un salto definitivo hacia el desarrollo a través de la construcción de una sociedad del conocimiento. Es momento de alinear esfuerzos y enfrentar este gran reto. De lo contrario, "nos estamos condenando a la mediocridad, a sacrificar soberanía y a hipotecar parte de nuestro país"

72 

 

5

Un México sin pobreza

México es uno de los países con mayor desigualdad en el mundo. La inequidad en el ejercicio de derechos, en los niveles de ingreso y en el acceso a oportunidades de desarrollo es profunda y persistente. La desigualdad de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la población es de 25 a uno, mientras que en los países de la OCDE, en promedio, es de nueve a uno (gráfica l). En materia de escolaridad, la diferencia entre estos dos extremos es de nueve años de estudio. Asimismo, la movilidad social es muy baja. La "cuna" en la que se nace, o el origen familiar, y no el trabajo o el esfuerzo realizado, determina significativamente el nivel socioeconómico que se puede alcanzar en la vida adulta.

Como ya se mencionó con anterioridad, según el Coneval, el número de personas que se encuentra en pobreza patrimonial se incrementó en los últimos años.4 En 2010, sumaron 57.7 millones de personas viviendo bajo esas condiciones, lo que significa un incremento de 12.2 millones de habitantes en tan sólo cuatro años.3 Este número significa que la pobreza afecta a la mitad de la población, que las desigualdades se reproducen de una generación a otra y que se agudizan aún más entre sectores de la sociedad en donde el territorio, el origen étnico o el género condicionan las oportunidades de desarrollo. En México, nacer en el campo, ser indígena y/o mujer representa una serie de desventajas para el pleno desarrollo. Por ejemplo, 82% de las viviendas urbanas disponen de agua entubada en su interior, mientras que sólo 35% de las localidades rurales cuentan con este servicio básico para la salud. El 40% de la población indígena padece pobreza extrema, mientras que esta condición afecta a 8.5% de la población no indígena; la gran mayoría de los jóvenes "ninis", que ni estudian ni trabajan, son mujeres.

73 

 

Esto es absolutamente injusto, perjudicial y peligroso en cualquier sociedad. Es injusto porque la baja movilidad social desvincula el mérito de las oportunidades reales de bienestar, y la pobreza limita el pleno desarrollo de quien la padece. El Premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, ejemplifica esta limitación con una metáfora en la que menciona que los pobres son como excelentes semillas con todo el potencial de transformarse en árboles grandes, fuertes y frondosos. Sin embargo, ante la falta de oportunidades de desarrollo en su entorno, se convierten solamente en "bonsáis". Es perjudicial porque se desperdicia el potencial productivo y creativo de quienes podrían contribuir al progreso de la sociedad en su conjunto. Es peligroso porque la frustración ante la falta de oportunidades provoca tensiones, debilita la cohesión social y, en algunos casos, hace que las actividades ilegales sean vistas como opciones atractivas para ascender socialmente.

I. UNA POLÍTICA SOCIAL INSUFICIENTE E INEFICAZ

Pese a sus aciertos, los esfuerzos gubernamentales por superar la pobreza son insuficientes, pues no han tenido todo el éxito esperado. A pesar de que el gobierno federal ha incrementado significativamente el gasto social, el Coneval señala que "el aumento en el gasto social se asocia con aumentos del gasto corriente"8 y las políticas de desarrollo social no están guiadas por los derechos sociales. Además, como ha sido señalado, contrario a la tendencia latinoamericana donde la pobreza ha disminuido, en México ésta se ha incrementado.

El gasto social no responde a criterios de equidad, pues asigna más recursos a los hogares de mayores ingresos en lugar de a los que menos tienen. El PNUD nos advierte que sólo 13% del gasto público federal en desarrollo humano (educaciónsaludapoyos al ingreso) llegó a 20% de la población con menores ingresos en 2008, mientras que 32% del gasto benefició a 20% de la población más rica (gráfica 2). Esto obedece, en gran medida, a los subsidios generalizados al consumo, a los apoyos al campo pobremente focalizados y al actual sistema de seguridad social ligado al trabajo formal.

Además, los resultados de Progresa-Oportunidades, el principal programa de combate a la pobreza mismo que ha merecido el reconocimiento de expertos nacionales y extranjeros, corren el riesgo de verse invalidados por la baja calidad de los servicios públicos a los que acuden sus beneficiarios y el mediocre crecimiento económico que no está generando los empleos necesarios para que quienes terminen sus estudios encuentren un trabajo decente.

Por ello, la efectividad de Progresa-Oportunidades enfrenta dos grandes retos. El primero es mejorar la calidad de los servicios de educación (tema que abordé en el capítulo 4) y de salud, asunto al que me referiré más adelante, que lejos de ser óptima es indiscutiblemente "deficiente", particularmente en localidades rurales con alta población indígena.

74 

 

El segundo es la insuficiente generación de empleos productivos, tanto en el campo como en la ciudad, que permitan aprovechar la inversión que el Estado y sus familias han hecho en los beneficiarios del programa. Por ello, requerimos acelerar el crecimiento y la generación de empleos, como señalé en el capítulo 3. Un estudio señala que "los [beneficiarios] más escolarizados son los que se van a vivir y trabajar a los Estados Unidos". Muchos más ingresan a la economía informal, quedando excluidos de la seguridad social y perjudicando la hacienda pública. Es decir, los avances de la política social se ven amenazados por los fracasos de la política económica y la falta de articulación entre las dos.

La base, el piso mínimo al que todo mexicano debe tener acceso, sin importar su condición laboral, es la seguridad social. Esta protección es fundamental tanto para los hogares en pobreza como para los estratos de ingresos medios, como expondré a continuación.

II. FORTALECER Y ENSANCHAR LA CLASE MEDIA

Un amplio sector de la sociedad mexicana ha transformado su nivel de vida de manera importante en las últimas décadas y se autodefine como perteneciente a "la clase media", en función de su nuevo acceso a servicios públicos y privados, a patrones de consumo, y

75 

 

a sus actitudes y aspiraciones, a pesar de que su ubicación relativa en la distribución de ingresos sigue siendo precaria. El polémico e interesante debate despertado por Luis de la Calle y Luis Rubio al argumentar que México es ya un país de "clase medieros" ha sido muy valioso para revalorar y buscar fortalecer a la clase media mexicana considerada "la esencia del desarrollo" de una nación.

El censo 2010 confirma que, a pesar de que aún falta mucho por hacer, en las últimas décadas ha habido un progresivo avance en la cobertura educativa, la atención a la salud y en los servicios básicos en las viviendas como energía eléctrica, agua potable y drenaje. Este es un proceso "íntimamente ligado a la urbanización, condición que en México ya alcanza a casi 80% de los mexicanos".

Por ejemplo, en 1960 el 29% de las viviendas particulares habitadas en México tenía drenaje; la cifra aumentó a 41.5% en 1970, 51% en 1980, 62% en 1990, 75.4% en el año 2000 y actualmente se encuentra en 88.5% (gráfica 3). En cuanto a disponibilidad de energía eléctrica, el porcentaje de viviendas con este servicio aumentó de 59% en 1970, a 65.9% en 1980,87.5% en 1990,95.4% en el año 2000 y hoy se encuentra en 97.8% (gráfica 4). Asimismo, ha crecido el porcentaje de hogares con bienes como refrigerador, lavadora, computadora y automóvil. No podemos desestimar lo que el disfrute de estos nuevos productos y servicios representa en la vida cotidiana de quienes anteriormente carecían de ellos.

76 

 

Es importante identificar los factores que explican estos cambios para poder fortalecerlos y así apoyar el ascenso de un mayor porcentaje de la población mexicana a las clases medias. En particular destacan cuatro elementos: 1) La disminución de la tasa de crecimiento poblacional y de la tasa de natalidad debido a la política de población y control natal iniciada en la década de 1970. ¿Quién no recuerda las frases: "La familia pequeña vive mejor" o "Pocos hijos para darles mucho"?; 2) La estabilidad macro-económica alcanzada desde hace más de una década; 3) La apertura económica, particularmente el TLCAN, que ha aumentado la oferta de productos y servicios a menores costos y de mayor calidad. Lo anterior, aunado al crecimiento del crédito para el consumo, han ampliado el mercado de ciertos bienes para millones de mexicanos; 4) La progresiva, aunque aún insuficiente, expansión de servicios públicos y programas sociales.

A pesar de estos avances, la OCDE advierte que las clases medias en América Latina, y México no es la excepción, no encajan en el estereotipo de estos estratos en los países desarrollados. Al contrario, se caracterizan por su vulnerabilidad, ya que tienen ingresos precarios y empleos inestables. "La pérdida del empleo, un accidente en el coche, la enfermedad del abuelo, un divorcio o la drogadicción de algún hijo pueden convertirse en eventos devastadores" para su patrimonio.

En particular, las clases medias mexicanas han visto empeorar su situación económica desde 2006 (gráfica 5), año en que, según el INEGI y el Coneval, inició el declive en los

77 

 

ingresos de las familias mexicanas y más de 12 millones de "clasemedieros" cayeron en las filas de la pobreza, revirtiendo los esfuerzos positivos que desde hace más de una década habían logrado reducir los niveles de pobreza.

Este retroceso es sumamente preocupante porque México requiere de una clase media fortalecida y en expansión para acelerar su desarrollo. Por ello, se necesita una estrategia que reduzca los riesgos que enfrentan los hogares de clase media de caer en la pobreza y perder el patrimonio que han logrado atesorar con tanto esfuerzo. La universalización de los derechos sociales, y en particular de la seguridad social, crearía una "red de apoyo" para amortiguar el impacto de los cambios que pudieran afectar el bienestar de las familias mexicanas.

III. DERECHOS SOCIALES UNIVERSALES Y SUBSIDIOS FOCALIZADOS

La política social debe estar anclada en el ejercicio de derechos sociales universales y ser complementada con subsidios bien focalizados.19 En particular, los subsidios deben ser dirigidos hacia la llamada "pobreza dura", aquella que, debido a características como el aislamiento geográfico de quien la padece, no se puede erradicar fácilmente, y a grupos que requieren de atención prioritaria como los pueblos indígenas. Para llevar a cabo esta agenda se necesita establecer un nuevo pacto social basado en criterios universales y solidarios.

78 

 

79 

 

80 

 

81 

 

82 

 

83 

 

84 

 

85 

 

86 

 

En particular, la superación de la pobreza tanto urbana como rural y el fortalecimiento de las clases medias del país requieren que el Estado establezca un piso básico y suficiente para proteger a todos los ciudadanos, especialmente a los de menores ingresos, ante situaciones de vulnerabilidad como las enfermedades, la pérdida de empleo o la vejez. Debe garantizar una protección básica universal a partir de la cual cada mexicano tenga la posibilidad y la libertad de desarrollar su proyecto de vida y lograr con ello una mayor cohesión social.

IV. EL PISO BÁSICO: LA SEGURIDAD SOCIAL UNIVERSAL

En México, más de la mitad de la población no tiene seguridad social (gráfica 6).21 Esta situación es inaceptable en un Estado que tenga como objetivo central garantizar los derechos de su población. Por ello, uno de los grandes objetivos que nos debemos proponer es precisamente unlversalizar el acceso a la seguridad social.

A pesar de los importantes logros alcanzados por instituciones como el IMSS y el ISSSTE a lo largo de más de medio siglo, el actual sistema de seguridad social en nuestro país es inequitativo, incompleto e ineficaz. Es inequitativo, porque excluye a la mitad de la población de los servicios de salud, las pensiones, los seguros y demás prestaciones que otorgan las instituciones de seguridad social a su población derechohabiente. Es incompleto porque no ofrece seguro de desempleo. Es ineficaz porque el sistema está fragmentado en diversas instituciones, lo que genera duplicidades tanto de servicios como de beneficiarios, lo cual resulta en un aumento de los costos para brindar servicios. Los datos son contundentes: mientras en México los gastos administrativos de los servicios de salud alcanzan 9.5% del gasto total en atención a la salud, en el Reino Unido o en Australia, países con atención médica universal, son apenas de 3% del total.

87 

 

Esta situación es aún más grave porque con la finalidad de atender a quienes no cuentan con seguridad social se han creado programas, como el Seguro Popular en materia de atención a la salud, que han fragmentado aún más la política social en general y el sector salud en particular, contribuyendo al aumento de los costos del sistema de salud sin mejorar su servicio. Además, el empadronamiento de beneficiarios a estos programas no se ha traducido en una efectiva prestación de servicios. Por ejemplo, según las últimas cifras del Coneval, todavía hay más de 35 millones de mexicanos que no cuentan con el acceso a los servicios de salud.23 Además, como ha argumentado Santiago Levy en diversas publicaciones, la coexistencia de dos esquemas de protección social fomenta la economía informal.24 Por un lado, se cobran cuotas a los trabajadores y a las empresas del sector formal para financiar a las instituciones de seguridad social, lo que en la práctica se traduce en un "impuesto" al trabajo formal que llega a alcanzar hasta 35% del salario de un trabajador. Por el otro, se subsidian con impuestos generales programas sociales gratuitos, o a un muy bajo costo, para los no derechohabientes, como es el caso del Seguro Popular.

En consecuencia, este esquema dual desincentiva el empleo formal, ya que se pueden obtener servicios públicos gratuitos en la economía informal sin necesidad de cubrir las cuotas correspondientes a la seguridad social. Esto obstaculiza el crecimiento económico y frena la productividad, puesto que las empresas informales se caracterizan por tener acceso limitado al crédito, a la capacitación laboral y a tecnologías innovadoras. Además, la evasión de impuestos que se deriva de la informalidad debilita al resto de la economía por la insuficiencia de recursos hacendarlos.

Para corregir esta situación, debemos construir un Sistema de Seguridad Social Universal que otorgue un piso de protección social básico y gratuito a todos los mexicanos. Este sistema debe incluir cuatro elementos fundamentales: acceso efectivo a los servicios de salud, pensión para la vejez, seguro de desempleo y seguro de riesgos de trabajo. En este sentido, la condición de ciudadanía y no la participación en el mercado laboral debe ser el eje del nuevo sistema de seguridad social.

Desde luego, la población afiliada a las instituciones de seguridad social podrá seguir disfrutando de las demás prestaciones a las que tiene acceso. Sin embargo, la protección social básica debe ser un derecho de todos y cada uno de los mexicanos.

El nuevo Sistema de Seguridad Social Universal debe integrar el hoy fragmentado sector salud para alcanzar dos objetivos. Primero, evitar que se dupliquen los servicios para poder reducir el costo total del sistema. Segundo, que los usuarios puedan decidir la clínica y el médico de su elección.

Por su parte, la pensión universal es un reconocimiento a millones de mexicanos que han contribuido con bienestar del país y hasta ahora han sido excluidos de gozar de una vejez digna. Ésta es una pensión mínima otorgada por la condición de ser ciudadano sin importar el tipo de vinculación que se haya tenido con el mercado laboral, que complementaría pero que no sustituiría al actual sistema de ahorro para el retiro ni a las

88 

 

llamadas AFORES, cuyo funcionamiento seguiría sujeto al mercado laboral. Es particularmente importante para la equidad de género porque, al desligar las pensiones del empleo formal, el Estado reconoce las valiosas aportaciones realizadas por las mujeres mexicanas a la sociedad a lo largo de su vida como el cuidado de los niños, de los adultos mayores, de los enfermos, el trabajo doméstico no remunerado o las interrupciones en su carrera laboral para atender responsabilidades familiares. Es desde luego de gran importancia para los trabajadores del sector informal, para los jornaleros agrícolas, para quienes con mucho esfuerzo y sacrificios pasaron parte de su vida trabajando en Estados Unidos y enviaron remesas para el desarrollo de sus familias y comunidades, y para los mexicanos con alguna discapacidad que no pudieron ejercer su derecho a la plena inclusión en los distintos ámbitos de la vida social laboral.

En este sentido, la plena incorporación de los mexicanos con alguna discapacidad al Sistema de Seguridad Social Universal es de gran importancia para romper el nexo entre pobreza y discriminación al que suele estar sujeta esta población.

De igual forma, se debe garantizar que todos los trabajadores tengan seguro de riesgos de trabajo y seguro de desempleo que apoye la capacitación y reinserción laboral. La evidencia empírica en Europa Central y Oriental parece confirmar que el seguro de desempleo ha reducido la pobreza de los desempleados en más de 50% en Hungría y de 45% en Polonia.

El nuevo sistema deberá ser financiado gradual y mayoritariamente por impuestos generales. Esto remplazaría al método actual de financiamiento vía impuestos, cotizaciones y gastos de bolsillo. De esta forma, toda la población, sin excepción, tendría pensión y acceso efectivo a la salud, al mismo tiempo que dejarían de existir los incentivos para ingresar o permanecer en la economía informal, lo que aumentaría la calidad de los empleos, la productividad y el crecimiento económico.

Para hacer realidad este objetivo debemos abandonar la lógica de las pequeñas reformas sin sentido estratégico. Necesitamos una reforma integral en la que, a la par de la creación del Sistema de Seguridad Social Universal, se apruebe una reforma fiscal, misma que abordaré en el capítulo 8, para poder financiarlo. También es esencial la transformación de la legislación laboral para poner en sintonía a empresas y sindicatos con un nuevo esquema de derechos universales y de mayor productividad.

V. COMBATIR LA POBREZA DURA: LA(DISPERSIÓN Y EL AISLAMIENTO RURAL

"Una solución a fondo contra la pobreza extrema es evitar la dispersión poblacional."28 Es un diagnóstico compartido que "a los más pobres entre los pobres no llegan la mayor parte de los programas sociales por su dispersión y la dificultad que conlleva acceder a ellos".29 El censo 2010 reveló que más de 2.2 millones de mexicanos viven en más de 120,000 localidades de menos de 100 habitantes. Esto significa que en promedio, cada localidad tiene 18 habitantes. Esto dificulta y a veces imposibilita la prestación de servicios

89 

 

básicos a esta población, encarece su consumo y la excluye de mercados (laborales, financieros, de bienes y servicios) en perjuicio de su bienestar.

Por ello, es importante plantear la posibilidad de ofrecer a la población actualmente aislada de los centros de servicios la oportunidad de acceder a ellos a través de la creación de nuevos asentamientos rurales que reúnan a las familias hoy dispersas. En estas comunidades sería posible llevar al campo los beneficios asociados a la urbanización y a la expansión de las clases medias, como los servicios de agua y drenaje, hospitales con equipo y recursos humanos suficientes, y escuelas equipadas y conectadas a internet. Además, la integración de familias crearía un mercado que abriría oportunidades de ingreso a muchos de sus habitantes, quienes tendrían más alternativas productivas sin necesidad de abandonar las previas.

VI. UNA SOCIEDAD MÁS EQUITATIVA

Una de las desigualdades más profundas en México es la de género, ya que atraviesa clases sociales y grupos étnicos. En las últimas décadas, la mujer mexicana se ha transformado a pasos agigantados, pero el mercado, el Estado y sus instituciones no lo han hecho a la misma velocidad. Nuestro país difícilmente podrá alcanzar un mayor desarrollo si no construimos una sociedad más equitativa en la que hombres y mujeres contribuyamos y disfrutemos tanto de la vida familiar como de la laboral.

Asumir e impulsar la corresponsabilidad en las actividades reproductivas y productivas entre hombres y mujeres es indispensable para aprovechar el talento y el trabajo de las mexicanas, quienes, aunque han alcanzado niveles educativos sin precedentes al grado de que, a nivel nacional, hemos logrado cerrar la brecha educativa de género—, siguen insertándose en el mercado laboral en condiciones de desigualdad y discriminación. Una realidad inaceptable es que, ante un mismo nivel educativo, el ingreso de los hombres por hora trabajada sea mayor que el de las mujeres.

Es totalmente injusto que el peso del trabajo doméstico no remunerado recaiga exclusivamente en las mujeres, particularmente en los hogares de menores ingresos. Además, la responsabilidad de cuidar a los niños, a los padres ya mayores y a los enfermos también les corresponde principalmente a ellas. Este gran aporte al bienestar social no es remunerado económicamente ni debidamente valorado socialmente. Un estudio del INEGI señala que, de haber realizado el mismo trabajo en el mercado laboral, el valor del trabajo no remunerado en el hogar de cada mujer mexicana equivaldría a un sueldo de 37,300 pesos anuales y a 17.3% del PIB nacional en 2009.

Además, la sobrecarga del trabajo no remunerado representa un obstáculo para que las mujeres puedan ejercer su derecho al trabajo, es decir, su derecho a generar ingresos individuales y familiares para salir de la pobreza y tener autonomía económica.

90 

 

Tiene, además, altos costos para la generación de riqueza en el país, ya que sólo cuatro de cada 10 mujeres en edad de trabajar cuentan con un empleo remunerado, mientras que, por ejemplo, en los países nórdicos dicha cifra es de siete de cada 10.

Esto es particularmente grave para la generación de ingresos en familias de jefatura femenina, las cuales hoy en día representan a uno de cuatro hogares mexicanos. En ocasiones, la exigencia de conciliar las responsabilidades familiares con las necesidades económicas obliga a las mujeres a ingresar a la economía informal, más flexible pero más precaria, sin posibilidad de acceder al sistema actual de seguridad social y con menores posibilidades de ascenso y desarrollo de capacidades.

Esto debe de cambiar. El Estado, el mercado y las familias mexicanas deben asumir un nuevo papel para redistribuir las responsabilidades familiares y laborales. El Estado debe retomar un papel mucho más activo y ampliar la oferta en las prestaciones y servicios a la familia, como el cuidado infantil de alta calidad y las jornadas escolares de tiempo completo que permitirían a los padres de familia, especialmente a las madres, generar ingresos sabiendo que sus hijos están en buenas manos. Asimismo, el Estado debe impulsar el acceso de las mujeres, particularmente las que estén en situación de pobreza, a recursos financieros como el microcrédito y fomentar el desarrollo de sus capacidades para participar en empleos productivos.

Desde luego, un Estado Eficaz debe hacer cumplir la legislación en la materia, misma que ha avanzado significativamente en los últimos años; también debe asegurarse de contar con presupuestos públicos que incorporan la perspectiva de género. Un paso en la dirección correcta fue la aprobación por unanimidad en la Cámara de Diputados de una iniciativa que reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría que, a grandes rasgos, proporciona seguridad jurídica a los beneficiarios de los programas presupuestarios y/o de las inversiones destinadas a la atención de la igualdad entre hombres y mujeres para que cada año cuenten, cuando menos, con la misma proporción del gasto programable que el del año inmediato anterior y se prohíba a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizar reducciones, a lo largo del ejercicio fiscal, en estos programas.

Por su parte, las empresas tienen también una tarea importante en materia de equidad de género. Parafraseando un estudio de la OCDE, los países deben encontrar un balance entre preparar a las familias para participar activamente en el mercado laboral y preparar al mercado laboral para la vida de las familias.35 En particular, una contribución de las empresas para las familias consiste en lograr una mejor administración del tiempo de las madres y padres trabajadores. Diversos estudios recomiendan medidas como: flexi bilizar los horarios laborales, establecer una sala de lactancia, permitir el trabajo a distancia si las funciones lo permiten, otorgar licencias para la atención de emergencias relacionadas con los hijos y ofrecer servicios de cuidado infantil durante el periodo de vacaciones escolares. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el PNUD señalan que estas medidas aumentarían la productividad de las empresas al contar con recursos humanos

91 

 

más satisfechos, al retener a personas con talento que no sólo buscan altos ingresos sino buenas prestaciones, y contribuirían positivamente a su imagen pública.

La equidad de género es un fin en sí mismo y un prerrequisito para alcanzar un desarrollo sostenible, superar la pobreza y construir una sociedad más justa.

VII. UNA NACIÓN MULTICULTURAL

El Estado mexicano tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas. Las últimas cifras de pobreza en México confirman lo que ha sido una constante en el desarrollo de nuestro país: los indígenas están mayoritariamente excluidos del mismo. Casi siete de cada 100 mexicanos de tres años de edad y más son hablantes de una lengua indígena (gráfica 7). De éstos, ocho de cada 10 son pobres, la mitad de los cuales vive en pobreza extrema: es decir, en el México del siglo xxi ser indígena prácticamente equivale a ser pobre.

Los indicadores educativos, de salud, vivienda y empleo muestran un rezago brutal entre las oportunidades de desarrollo de la población indígena y de la no indígena (tabla 1).

92 

 

Por ejemplo, 10 de cada 100 niños indígenas de seis a 14 años no asisten a la escuela. Entre los niños no indígenas la cifra es de la mitad (4.7 de cada 100); en promedio, una mujer no indígena tiene el doble de años de escolaridad que una indígena (8.7 vs. 4.5); la desnutrición crónica infantil en niños indígenas es más del triple de la que padecen los no indígenas (38% vs, 12.5%); en cuanto a prestaciones laborales, 80% de la población subordinada y remunerada de habla indígena no recibe ahorro para el retiro, mientras que en los no hablantes de lengua indígena la cifra es de 55%. Más de 70% no recibe vacaciones con goce de sueldo frente a 48% que carece de esta prestación entre los no indígenas.

Estos ejemplos ilustran la marcada desventaja de los pueblos indígenas frente al resto de la sociedad para ejercer derechos básicos, debido a su condición étnica en un contexto nacional cargado de discriminación, racismo, prejuicios y sobre todo de ignorancia. "La discriminación hacia los indígenas que usan su propia lengua o su vestimenta típica, o incluso por sus rasgos físicos, les afecta seriamente, pues muchas veces les impide el acceso a servicios, trabajos y oportunidades que sí están disponibles para otros mexicanos." En este sentido, el combate a la pobreza y la marginación de los pueblos indígenas debe de ir de la mano del combate a la discriminación entre la población no indígena.

TABLA 1.

INDICADORES SELECCIONADOS SOBRE EL REZAGO EN LA POBLACIÓN INDÍGENA

Indicador Indígenas No indígenas

Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela

9.7% 4.7%

Escolaridad promedio (años de estudio) Total Hombres

Mujeres

5.1 5.6 4.5 8.8 8.9 8.7

Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años

38.3% 13.8%

Población subordinada y remunerada No recibe reparto de utilidades Sin ahorro para el retiro Sin vacaciones con goce

de sueldo

80.0% 78.3% 70.8% 61.4% 54.6% 48.1%

FUENTE: INEGI, Estadísticas a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, 2011; Instituto Nacional de Salud Pública, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006.

93 

 

Por ello, todos los mexicanos indígenas y no indígenas debemos promover un desarrollo incluyente y equitativo que nos permita lograr la cohesión social dentro de la diversidad. No se trata, como se hizo en el pasado, de intentar "asimilar" a los pueblos indígenas a la cultura dominante "mestiza", un término por decir lo menos ambiguo. Tampoco de promover el asistencialismo paternalista de antaño.

Como he dicho a lo largo del libro, un Estado Eficaz debe promover el efectivo ejercicio de los derechos de toda su población y el desarrollo de las capacidades de cada mexicano para ampliar sus libertades y opciones de vida. Esto incluye, evidentemente, tanto a los mexicanos que hablan la lengua náhuatl, maya, tzeltal, tzotzil, mix teca, zapoteca u otomí, por mencionar algunas entre las decenas de lenguas indígenas, como a los mexicanos que sólo hablan español.

Desde luego, los pueblos indígenas están incluidos en todos y cada uno de los temas que he planteado para mejorar el bienestar de los mexicanos y contribuir a que estén mejor preparados para participar en la vida nacional y el mundo global. Sin embargo, para que sean incluidos en condiciones equitativas frente al resto de la sociedad, su desarrollo debe ser una prioridad en la agenda nacional y las finanzas públicas.

Es fundamental que la multiculturalidad del país, reconocida legalmente, permee en las instituciones, en las políticas públicas y en la sociedad mexicana,38 para garantizar el ejercicio de los derechos humanos, individuales y colectivos de los indígenas. El objetivo es que los casi siete millones de mexicanos que hablan una de las más de.60 lenguas indígenas que existen en el país no encuentren obstáculos derivados de su condición étnica.

El Estado debe garantizar que la lengua y la cultura indígena no sean una limitante para ejercer derechos como el acceso a la justicia, a través de defensores de oficio y traductores bilingües, o a la educación. El acceso efectivo a una educación bilingüe —es decir, en español y en la lengua indígena del estudiante e intercultural de calidad es básica para garantizar el derecho a la educación de los niños y jóvenes indígenas y ampliar sus oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida, así como para potenciar el desarrollo de sus capacidades humanas.

En el México del siglo xxi, un Estado Eficaz debe hacer todo lo que esté a su alcance para que los indígenas, además de integrarse al desarrollo nacional conservando su cultura, también se puedan integrar en condiciones favorables a la globalidad. Hoy en día miles de indígenas forman parte de los flujos migratorios trasnacionales entre México y, principalmente, Estados Unidos. Por ejemplo, los mixtecos poblanos tienen una importante presencia en Nueva York, los otomíes hidalguenses en Florida y los mayas yucatecos en California. Sin embargo, al igual que muchos otros mexicanos, se tienen que integrar de manera forzada a la globalidad al no poder encontrar oportunidades en su lugar de origen. Los migrantes indígenas, por ejemplo, a la par que tienen que aprender a hablar inglés para poder vivir en Estados Unidos, buscan recrear su cultura. Observan sus

94 

 

tradiciones y hablan su lengua con quienes comparten su identidad, y se las ingenian para seguir comiendo sus platillos tradicionales.

Ellos no se ponen fronteras, pero la estrecha visión dominante de las políticas relacionadas con su desarrollo sí. Estas limitaciones deben quedar atrás. El Estado debe facilitar a los pueblos indígenas las herramientas indispensables para que decidan, desde una posición más ventajosa que la actual, su participación en la globalidad. Por ejemplo, una mayor inversión en infraestructura física y digital les permitiría tener un mayor acceso a mercados locales, regionales, nacionales e internacionales. De igual forma, con las Jornadas Escolares Completas podrían aprender el inglés como tercera lengua.

Igual de importante para promover un desarrollo incluyente es que los niños y jóvenes no indígenas sean conscientes y entiendan nuestra diversidad cultural. Es decir, que los niños no sólo conozcan a los mayas del periodo clásico mesoamericano, sino también a los mayas del siglo xxi, mexicanos con los mismos derechos que ellos. Bien le hará a México contar con ciudadanos —indígenas y no indígenas que, dejando atrás prejuicios y acciones discriminatorias, entiendan la enorme complejidad de los retos y las oportunidades que la multiculturalidad representa para el país.

Como señala la Declaración Universal de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre Diversidad Cultural: "La diversidad cultural, como fuente de intercambios, innovación y creatividad, es tan necesaria para la humanidad como la biodiversidad para los organismos vivos. Constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras".

Uno de los grandes objetivos del Estado Eficaz en el siglo xxi es lograr que los indígenas, logrando mantener plenamente su cultura, tengan en la práctica los mismos derechos y oportunidades que el resto de los mexicanos, y se puedan integrar tanto al desarrollo nacional como global en condiciones plenamente favorables.

VIII. INTEGRAR PLENAMENTE A LA SOCIEDAD A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Una política de igualdad no puede dejar de lado a las personas con discapacidad. Actualmente, una de cada tres personas con limitaciones físicas o mentales no está cubierta por alguna institución de salud40 y el desempleo es uno de los principales problemas que enfrentan. La falta de atención médica apropiada y la dificultad para obtener ingresos propios, además de limitar su derecho a la salud y al trabajo, obstaculizan su derecho a vivir de forma independiente de acuerdo a lo establecido en la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Por ello, es necesario emprender una política nacional para la rehabilitación de las personas con discapacidad; una política de empleo dirigida especialmente a este grupo a través de incentivos fiscales. Asimismo, habrá que impulsar una estrategia nacional de

95 

 

infraestructura urbana que permita garantizar la accesibilidad y facilitar su plena integración a la convivencia social.

México necesita construir una mayor cohesión social para combatir las profundas desigualdades que nos han caracterizado y limitado como sociedad. El Estado mexicano tiene mucho por hacer. La universalización de los derechos sociales, particularmente el derecho a la seguridad social para toda la población es, sin duda, un paso transcendental en la consolidación de una nación más incluyente. Es un proyecto que nos vincularía a todos de forma solidaria y nos permitiría tener un piso de protección básico para el pleno desarrollo de cada mexicano sin distinción: hombres y mujeres; población rural y urbana; trabajadores formales e informales; indígenas y no indígenas; y quienes tienen alguna discapacidad. Es, además, una red de protección para salir de la pobreza y/o para no caer en ella.

Sin lugar a dudas, se requieren otros esfuerzos para promover y garantizar una mayor igualdad de oportunidades. En este capítulo he esbozado algunos de ellos, pero en una sociedad plural como la nuestra, un proyecto de desarrollo incluyente deberá escuchar y atender las distintas propuestas y prioridades de todos los sectores de su población.

96 

 

6

Seguridad pública efectiva y sistema de justicia eficiente

El 50% de la población piensa que la seguridad es el mayor problema del país. El gobierno federal tomó la decisión correcta de enfrentar con determinación a la delincuencia organizada. Sin embargo, la estrategia se centró únicamente en el uso de la fuerza. Se ignoraron las recomendaciones internacionales que sugieren cambiar de paradigma para crear una seguridad pública más democrática con un enfoque integral, basada en la prevención, la participación ciudadana y el rediseño de los modelos policiales y de justicia con el pleno respeto a los derechos humanos.

La parcialidad de la estrategia generó, junto con otros factores, un incremento de la violencia después de casi 20 años de descensos sostenidos en el número de homicidios, como lo confirman las investigaciones realizadas por Fernando Escalante Gonzalbo y cifras del INEGI. Tan sólo entre 2007 y 2010, los homicidios dolosos aumentaron 175% (gráfica l), en tanto que los secuestros lo hicieron en 178%.

Durante 2010, el crecimiento de los homicidios se concentró en 73 de los 2 mil 440 municipios del país, lo que indica que la violencia se recrudece en lugares disputados por organizaciones criminales vinculadas al tráfico o distribución de drogas, fenómeno que debemos atender desde una óptica integral de seguridad ciudadana y no sólo con el uso de la fuerza policial y militar.

97 

 

A la par de un aumento exponencial de los homicidios relacionados con el crimen organizado, también se aprecia un preocupante incremento de las grandes organizaciones delictivas. Al mismo tiempo, se aprecia el surgimiento de muchas otras de carácter local, que al no tener acceso al gran mercado de las drogas en Estados Unidos han incursionado en ilícitos como el narco menudeo, la extorsión, el secuestro, el robo de autos, la trata de personas y la piratería.

El panorama es desolador. Mayor violencia y más grupos criminales han provocado profundos daños en el tejido social y dolor entre sus víctimas, afectando severamente el desarrollo económico y la competitividad del país.

México requiere revertir este proceso de deterioro y violencia; se necesita construir un Estado Eficaz con la suficiente capacidad para implementar una Estrategia Nacional para Reducir la violencia con cuatro objetivos precisos: disminuir de manera significativa los homicidios, secuestros, extorsiones y la trata de personas.

Especialistas en seguridad ciudadana9 nos recuerdan que las causas del crimen no se pueden atacar fortaleciendo solamente a la policía, al sistema de justicia o construyendo más cárceles; es igual de importante atender las desigualdades sociales.

La naturaleza multicausal de este fenómeno es un indicador de que la estrategia tendrá que ser integral. Se deberá recurrir y aprender de experiencias exitosas en otras partes del mundo, pero, sobre todo, se requerirá de la participación de la ciudadanía, así como de todas las dependencias y niveles de gobierno.

Considero que dicha estrategia deberá articularse a través de cuatro pilares:

1. Fortalecer la prevención del delito y la participación comunitaria para atender los factores de la delincuencia, y no sólo sus consecuencias. Ser proactivos y no reactivos.

2. Profesionalizar y mejorar la eficacia del sistema de justicia en general y en especial del penal, teniendo una policía, así como una procuración y administración de la justicia de calidad.

3. Focalizar las acciones del gobierno federal para recuperar el control y reconstruir el tejido social en los municipios de mayor criminalidad o que estén en riesgo de padecer espirales de violencia.

4. Construir una verdadera política transexenal que incluya a la sociedad organizada, a todos los poderes de los distintos órdenes de gobierno, entidades autónomas y los partidos políticos, y que cuente con un adecuado respaldo presupuestal.

98 

 

I. POLÍTICA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Desde la tradicional perspectiva represiva se cree que el buen funcionamiento del sistema penal es capaz de contener el delito. Sin embargo, en los hechos esto no sucede así. De ahí que organismos como el Banco Mundial recomienden generar relaciones entre el Estado y la sociedad con programas de base comunitaria para la prevención del delito a fin de garantizar la seguridad ciudadana.

Desarrollar esta política ha sido una demanda impulsada por varias organizaciones civiles como México Unido Contra la Delincuencia. Recientemente, la UNAM presentó un documento que representa un primer gran esfuerzo colectivo para plantear, en términos prácticos, las bases de una nueva política de Estado para la seguridad y justicia en democracia. El punto central de su propuesta gira en torno a la necesidad de reorientar la estrategia hacia la prevención del delito, algo que también propuse en dos artículos publicados a principios de este año.

Para establecer una verdadera política de prevención se debe reconocer, en primer lugar, que la generación y la reproducción de la violencia están relacionadas con la debilidad del Estado para garantizar las condiciones mínimas para la convivencia social, servicios de salud, educación y empleo.

Un ejemplo desafortunado es Ciudad Juárez. En un estudio elaborado por el Colegio de la Frontera Norte fue posible constatar que las principales colonias donde residen los jóvenes delincuentes de la ciudad son aquéllas con mayores rezagos en servicios públicos, instituciones educativas, áreas verdes y recreativas. Pero estas condiciones no son exclusivas de aquella ciudad; sabemos que se repiten en muchas regiones del país donde el vínculo entre el Estado y la ciudadanía es muy débil.

En las comunidades donde más ha aumentado la violencia se ha debilitado la confianza entre sus miembros, dañando severamente su capacidad para entablar interacciones entre sí. La degradación del capital social en muchas comunidades evidencia la urgencia de reconstruir la confianza como elemento indispensable para que los individuos colaboren y se organicen hacia la concreción de fines comunes. Por ello, resulta de vital importancia dedicar mayor atención al fortalecimiento de las redes sociales y estrechar los vínculos de colaboración en dichas comunidades. Los gobiernos deben facilitar el desarrollo del capital social, alentando el fortalecimiento de la sociedad civil y abandonando la práctica de imponer soluciones de manera vertical. Comparto con María Elena Morera la preocupación respecto a los bajos porcentajes de la población activa en organizaciones civiles en México; sólo un 0.04%, frente a más de 2% en Perú y Colombia, por ejemplo. Apostar por una sociedad más participativa permitirá recuperar pronto las zonas más afectadas, revirtiendo el concepto autoritario que se tiene de la seguridad pública.

No cabe duda de que los jóvenes se llevan la peor parte. Una muestra de las dificultades que enfrentan es el aumento alarmante de la tasa de desocupación juvenil. En el periodo

99 

 

entre 2001 y 2010 se duplicó, pasando de 4.8% a 10%, lo que significa que, como ya se estableció con anterioridad, más de siete millones de jóvenes no estudian ni trabajan.

Cuando los jóvenes no encuentran oportunidades de desarrollo y ven obstaculizadas las posibilidades para un futuro próspero se vuelven más vulnerables. La mayoría de la población, hasta un 59%, piensa que los jóvenes que se enrolan en las filas de la delincuencia lo hacen porque les resulta más fácil eso que optar por una vida honrada y productiva. No debemos estigmatizarlos, pero estoy de acuerdo con Carlos Fuentes cuando señala que el camino fácil tienta más que el difícil, y en ese sentido nuestros jóvenes son más "seducibles". La desigualdad y la pobreza entre los jóvenes explican en parte el incremento de las organizaciones criminales. Como explico en el capítulo 5, es necesario crear una alianza entre el Estado y la ciudadanía para reducir la desigualdad de oportunidades a través de la universalización de la seguridad social, la cual constituye una protección y un vínculo permanente entre el Estado y sus ciudadanos. Para prevenir que los adolescentes se acerquen a las pandillas y a la delincuencia se requiere construir un sistema educativo de calidad con Jornadas Escolares Completas, de forma que estén mejor preparados para participar en el mercado laboral y pasen mayor tiempo en las aulas que en las calles, así como becas que reduzcan la deserción escolar por falta de recursos (véase capítulo 4). Para generar los trabajos que demandarán se necesita reactivar el crecimiento económico (véase capítulo 3), así como diseñar programas de empleo enfocados para ellos. Asimismo, se deben crear canales de expresión para los jóvenes y buscar el modo de que participen más activamente en el desarrollo de sus comunidades.

Un aspecto no menos importante es el de los servicios básicos, como agua potable, alcantarillado, pavimentación, alumbrado público, así como parques y bibliotecas, para que las comunidades desarrollen lazos más sólidos entre sus miembros y con el Estado. Hoy ya no basta con sólo expandirlos, es necesario que se construyan con calidad y con la participación activa de la sociedad.

Sergio Fajardo, ex alcalde de Medellín, gobernó la que alguna vez fue considerada la ciudad más peligrosa de América. Las acciones que emprendió se llevaron a cabo bajo el principio de "lo más bello para los más humildes"; la idea esencial es que las obras físicas más importantes se construyan en aquellas zonas o lugares donde se concentre la mayor violencia y destrucción del tejido social. Comprendió, además, que las raíces entre desigualdad y violencia están entrelazadas, y que ninguna de las dos puede ser resuelta de manera aislada. En una sociedad tan desigual como la nuestra, perseguir a la delincuencia no va a generar en automático las oportunidades de desarrollo que requiere la ciudadanía; también es necesario abrir las ventanas de la oportunidad al mismo tiempo que se cierran las puertas de la criminalidad.

Considero que el enfoque de seguridad ya no puede centrarse sólo en disminuir la violencia por la fuerza. Hay que considerar que las intervenciones sociales son igual de importantes para reforzar un buen trabajo de las policías y el sistema de justicia. Se debe poner más empeño, también, en tratar y prevenir las adicciones.

100 

 

Pretender combatir la violencia sin ampliar la acción social mediante el componente preventivo nos conducirá sólo a más violencia, porque la seguridad no se mide por el número de delincuentes en la cárcel ni por la presencia masiva de policías o efectivos militares en las calles, sino por las condiciones de bienestar y tranquilidad de las personas. Por eso estoy convencido de la importancia de invertir más y mejor en disminuir las desigualdades sociales.

A esto se refería Kofi Annan, anterior secretario general de la ONU, cuando afirmaba que no hay desarrollo sin seguridad ni seguridad sin desarrollo, y que no es posible alcanzar ninguno de los dos sin el respeto a los derechos humanos.

La seguridad ciudadana es en sí misma un derecho humano y precondición para el ejercicio de los otros derechos, por lo que sería contradictorio que su consecución atentara contra éstos. Como dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): "Las políticas de seguridad deben ser evaluadas desde la perspectiva del respeto y garantía de los derechos humanos". Por eso reconozco el valor de las últimas reformas que fueron aprobadas por el Constituyente Permanente en la materia, pues representan un avance adecuado en esa dirección, al constitucionalizar estos derechos y fortalecer el sistema que los defiende.

La CIDH señala, además, que una adecuada política de prevención pasa por garantizar los derechos de aquellas personas o grupos en situación de vulnerabilidad frente a la violencia y el delito. En ese sentido, cobra especial importancia la violencia que se produce al interior de los hogares.

Generalmente se desconoce que la mayoría de las llamadas de auxilio a la policía se deben a la violencia doméstica; quizá por esa misma razón se tiende a subestimar el fenómeno y a considerarse como algo habitual. Las autoridades suelen concentrar su atención en los delitos de "alto impacto", cuando una importante labor de prevención debería iniciar en las casas y en las relaciones vecinales.

Un aspecto de la violencia en nuestro país nace de la discriminación de género. Por eso, en el Estado de México se decidió impulsar un enfoque integral para cumplir con los objetivos de garantizar los derechos de la mujer y generar una nueva cultura de respeto hacia ella.

La discriminación es la peor expresión de la violencia cotidiana que sufren las mujeres. Esa razón motivó la firma, entre el Estado de México y la ONU, del Convenio Interinstitucional para Prevenir; Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, que permitió que la entidad contara con un mejor instrumento para rede finir qué políticas públicas les serían más acordes para defender los derechos de las mujeres con eficacia.

Se impulsó también una política de prevención que incluyó el fortalecimiento de las instituciones de atención a la mujer, la detección de focos rojos en donde existieran

101 

 

situaciones de mayor riesgo, un incremento de los presupuestos destinados a la igualdad de género y la creación de una red de centros para el resguardo de víctimas que requirieran atención y refugio.

Por otra parte, se creó la Subprocuraduría para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género y fuimos el primer estado en tipificar el feminicidio. Dichos esfuerzos permitieron reducir en 33% la tasa de homicidios femeninos entre 2005 y 2009 (gráfica 2), comparado con un aumento de 39% a nivel nacional, y nos permitieron pasar, en ese mismo lapso, del primer lugar nacional por incidencia al noveno. Si bien no es un problema que se resuelve en un sexenio, se dejó el camino trazado para que los próximos gobiernos cuenten con las herramientas para lograrlo.

II. POLICÍA PROFESIONAL Y JUSTICIA EFICIENTE

El objetivo de todos debe ser la construcción de instituciones policiales sólidas, confiables, eficientes y eficaces, cercanas a la sociedad, para que en conjunto se construyan las bases de una convivencia armónica. La carencia de estas instituciones ha obligado a nuestras Fuerzas Armadas a participar en tareas de seguridad pública en las que deben permanecer hasta que existan las condiciones para su retiro. Entre tanto, es prudente que se revise el marco legal que requieren para llevar a cabo sus funciones.

Reconozco la valentía y los aciertos del Ejército y la Armada en esta lucha, pero dichas instituciones no fueron concebidas para las tareas de seguridad pública. La policía nació con la finalidad de cumplir esa misión; como un cuerpo cuya labor es cuidar a la sociedad. Hoy atestiguamos con decepción que la policía no sólo carece de un vínculo con la ciudadanía a la que protege, sino que en ocasiones le infunde temor y desconfianza. La policía es el primer contacto del ciudadano con la autoridad, y su prestigio o falta de él se refleja en la aceptación general del gobierno.

102 

 

Por ello, es fundamental transformar radicalmente a los cuerpos policiacos. De otra manera, cualquier medida será insuficiente. Los modelos policiales reactivos y tradicionales siguen teniendo presencia en algunos países, pero están cediendo lugar a enfoques distintos, basados en la construcción de una nueva relación con la sociedad y la participación comunitaria, de manera que los policías sean proactivos en la prevención. Esto implica combinar la concepción de agentes de la ley con un componente importante de impulsores de prevención social.

De igual forma, también se deben integrar ciudadanos al Consejo Nacional de Seguridad Pública, como lo plantea la UNAM, y a los Consejos Estatales y Municipales. El día que la sociedad se vincule, apoye y evalúe a sus policías recuperará la confianza en ellas.

Para contrarrestar la debilidad de los cuerpos policiacos en todo el país es necesario analizar distintos modelos de organización. En este sentido, comparto la propuesta de crear policías estatales únicas, que eviten la actual dispersión y fragmentación de las policías municipales. Por supuesto, la construcción de estas nuevas policías estatales se deben hacer previo acuerdo con los municipios.

De igual forma, hay que impulsar una genuina carrera de formación policial en todo el país, similar a una de educación superior y garantizar a los policías salarios y prestaciones que estén a la altura de su importante labor.

El enfoque actual se ha centrado en una estrategia reactiva y no en una de investigación criminal y de eficacia de la procuración y administración de justicia; esto desalienta la denuncia ciudadana ante la incapacidad de castigar el delito. Se calcula que en México hasta 87% de los delitos no se denuncian y la impunidad asciende a 98.76%.

El número de detenciones actual es el mayor de la historia y no por eso disfrutamos de un ambiente más seguro para nuestras familias. Según datos del gobierno federal, entre 2007 y mediados de 2010 se capturaron a más de 113 mil personas por delitos contra la salud o vinculadas con el narcotráfico,30 pero la realidad es que la población penitenciaria sólo aumentó en 10 mil 384 personas en el mismo periodo.31 Se detuvo a un número importante de presuntos delincuentes, pero son pocos los que pisan la cárcel.

Si queremos disminuir la impunidad, la corrupción y la ineficacia en la impartición de justicia para recobrar la confianza ciudadana es indispensable contar con policías de investigación, ministerios públicos y jueces profesionales. Para ello, debemos construir un verdadero servicio de carrera que dignifique socialmente la función de cada uno de estos actores y les proporcione la posibilidad de construir un proyecto de vida en torno a su profesión.

103 

 

1. Reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública

No cabe duda de que para modernizar la justicia penal y cumplir con el derecho humano a que sea pronta, expedita, imparcial y transparente es necesario acelerar la instauración en todo el país del nuevo sistema acusatorio y oral.

El Estado de México es una de las primeras entidades en haber adecuado su legislación a esta trascendente reforma penal y es una de las pocas que lo ha implementado en el cien por ciento de su territorio.

La reforma constitucional es muy clara al señalar que los objetivos del nuevo sistema son el esclarecimiento de los hechos, la protección del inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen mediante la agilidad, transparencia y publicidad de los procesos, así como la aplicación de mecanismos alternos de solución de conflictos.

Es necesario el compromiso de las instituciones involucradas del Estado mexicano para lograr estos objetivos mediante una planeación estratégica que propicie el cambio cultural y la aceptación del nuevo esquema constitucional. Pero todo proceso de reforma tiene un costo, y la puesta en funcionamiento de los juicios orales tendrá que venir acompañada de un soporte presupuestad2 que permita la construcción de la infraestructura física y la adquisición de la tecnología de punta que nos ponga a la vanguardia. Esta es una razón más para realizar la reforma hacendaría integral que propongo en el capítulo 8. La legalidad de la actuación en el sistema debe vigilarse mediante el establecimiento de recursos judiciales y controles institucionales efectivos pero, sobre todo, con la participación activa de la sociedad civil.

La mejora en la justicia penal trae consigo beneficios al sistema penitenciario al privilegiar mecanismos alternos de solución de conflictos, disminuir la prisión preventiva y concentrar los procesos y su sanción para aquellos delitos que realmente atentan contra la sociedad y sus valores fundamentales.

Sin embargo, resulta imperativo modernizar el sistema penitenciario para cumplir con el mandato constitucional de la reinserción social y evitar que la prisión se convierta en una escuela del crimen. Nuestras cárceles son insuficientes, su sobrepoblación promedio es casi de 30%, aunque hay casos alarmantes de más de 200%; además, 41% de la población penitenciaria lo componen procesados a la espera de una sentencia.33

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha señalado la violación sistèmica de los derechos de los internos y sus familiares, así como problemas estructurales que permiten el autogobierno, la explotación sexual y laboral al interior, el hacinamiento, la violencia; falta de sanidad, atención médica, educación, trabajo y capacitación para el mismo, así como personal de custodia y técnico mal capacitado.34 Es un deber ético mejorar las condiciones generales de los centros de reclusión y hacer efectivo el respeto a los derechos humanos de los internos.

104 

 

Una parte fundamental de esta reforma es que la ejecución de las penas corresponderá siempre a los jueces y no al personal administrativo, como sucedía en la práctica. El rol del ministerio público será distinto también: en el sistema de juicios orales cada una de las partes involucradas presentará sus pruebas y alegatos de cara al juez, a la víctima, al acusado, a sus abogados, a la opinión pública y a la ciudadanía en general. El principio de máxima publicidad se convierte en una de las principales fortalezas del sistema oral respecto al sistema escrito. Los jueces en este contexto, como afirma Ana Laura Magaloni, tendrán una enorme responsabilidad, ya que la forma en que conduzcan el juicio y su decisión final impactará en la construcción de los referentes sociales básicos sobre lo que significa la justicia y cómo ésta se teje de la mano con el derecho.35 Esta reforma es de gran calado porque cambia el paradigma de nuestro sistema de justicia, con el propósito de conseguir el respeto al debido proceso. Debemos cumplir lo establecido por la Constitución y reglamentar correctamente el nuevo sistema penitenciario del país, colocando como elemento central de esta política a los jueces.

2. Lavado de dinero y control de armas

La nueva estrategia de seguridad y justicia penal debe abordar dos temas específicos: el lavado de dinero y el control de armas. Por ello, debemos emprender acciones de precisión quirúrgica contra las finanzas de las redes criminales para socavar su capacidad económica. En México se lavan entre 19 mil y 29 mil millones de dólares anuales. Solamente entre 2004 y 2009, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda detectó poco más de 28 millones de operaciones "relevantes, inusuales y preocupantes".36 En contraste, en nuestro país el número de personas sentenciadas por lavado de dinero sigue siendo muy bajo: sólo se dictaron 53 sentencias entre 2006 y 2010.37 El Fondo Monetario Internacional ha señalado que el bajo número de sentencias es resultado de fallas en nuestra capacidad judicial y de la debilidad de la evidencia presentada por la Procuraduría General de la República.38 Por eso es necesario reforzar las áreas de inteligencia financiera especializadas en detectar los recursos de procedencia ilícita.

Gabriel Zaid plantea la importancia de recuperar la legalidad en los espacios en que el Estado tiene una ventaja decisiva o estratégica, como son aduanas, bancos, notarías y cárceles.39 Es ahí donde las acciones del Estado podrían probar ser más eficaces, pues sin requerir un gran despliegue policial o militar se pueden lograr resultados trascendentes. También resulta primordial mejorar la vigilancia de nuestras fronteras para atacar la entrada ilegal de armas de Estados Unidos y el tráfico de migrantes y trata de personas provenientes de Centro y Sudamérica.

Pero la justicia no se agota en el ámbito penal. Es de igual importancia modernizar las demás ramas del sistema.40 De ello depende la construcción y vigencia de un verdadero Estado de derecho que brinde seguridad jurídica. Los mexicanos sienten lejana, tardía y compleja la solución pacífica de los conflictos por medio de los tribunales. Los actores económicos desconfían de éstos. Es prioritario impulsar la independencia, imparcialidad,

105 

 

equidad, eficiencia y predictibilidad del sistema de justicia para que pase de ser un obstáculo a un motor del desarrollo.

Por primera vez, debemos construir una verdadera política nacional del derecho que proporcione congruencia a todo el sistema normativo. Asimismo, que contenga las herramientas para evaluar su aplicación, impacto y desarrollo para el fortalecimiento del Estado de derecho, el progreso socioeconómico y promueva la convivencia pacífica y la eficacia del orden constitucional. Debe también poner énfasis en la resolución prejudicial de los conflictos para contribuir a la eficacia y eficiencia del sistema de justicia.

III. ENFOCAR ACCIONES SEGÚN LAS PRIORIDADES

La nueva estrategia en seguridad y justicia debe planificarse para todo el país y deberá implementarse en todo el territorio por los distintos niveles de gobierno. La reconstrucción y eficiencia de los sistemas e instituciones a nivel federal, estatal y municipal debe iniciar inmediatamente, con la celeridad y la solidez que exige la sociedad mexicana.

Sin embargo, en un contexto de recursos humanos y económicos limitados, la intervención del gobierno federal debe concentrarse en los municipios más violentos y en aquellos con mayor riesgo de detonar espirales de violencia. Me refiero a las zonas con poca presencia del Estado y aquellas cercanas a las rutas del tráfico de drogas y disputa territorial de las organizaciones criminales. Por supuesto, debe hacerse en estrecha coordinación con los gobiernos y las poblaciones locales para ser efectivas en las acciones preventivas y de contención de la violencia, a la par de la reconstrucción institucional.

En aquellos lugares donde no hay una crisis de violencia, la estrategia debe tomar como punto de partida esa realidad específica. Habrá de enfocarse entonces en el fortalecimiento de la paz y tranquilidad existentes mediante la modernización de los modelos de seguridad y justicia de los ámbitos estatales y municipales, apoyándose en los principios de un verdadero federalismo cooperativo.

Lo prudente es que el gobierno federal concentre la mayor fuerza e inteligencia en las zonas más violentas y en el combate a los delitos de mayor impacto. Dirigir los esfuerzos a los crímenes que más lastiman a la sociedad refuerza el papel disuasivo del Estado y permite recuperar los espacios en donde el crimen ejerce funciones que sólo deben corresponder a la autoridad, como el uso de la fuerza y el cobro de contribuciones.

Los avances deben ser medidos por la sociedad para lograr su apoyo y confianza, por lo que se tiene que fortalecer la obligación del Estado de entregar información oportuna, sólida y verifica ble de las acciones y los resultados.

Tampoco es posible reconstruir la paz y la justicia si se niega a las víctimas su derecho a la reparación del daño; éste es un paso primordial en la reconstrucción del tejido social. Por ello, es urgente crear un sistema de apoyo para quienes son los primeros afectados en la lucha por la seguridad que tanto anhelamos: las víctimas.

106 

 

Se requiere impulsar una iniciativa que contemple el reconocimiento de las víctimas y su derecho a la indemnización, a la rehabilitación física y psicológica, así como otro tipo de garantías integrales que permitan su reintegración a núcleos sociales de convivencia armónica. Con medidas de este tipo se puede mandar la señal de que el Estado no las abandonará, y se abre el camino para la reconstrucción de la paz y el tejido social.

IV. ESTRATEGIA CONSENSUADA Y ADECUADO RESPALDO PRESUPUESTAL

A fin de cimentar una verdadera política transexenal, que trascienda a fines meramente políticos o electorales, la estrategia de seguridad debe desarrollarse bajo una concepción de Estado que involucre a todos los actores políticos, sociales y económicos, especialmente a las universidades y los centros de investigación.

En una democracia no se puede esperar que una estrategia tenga éxito si no cuenta con el apoyo ciudadano41 y se acompaña de un adecuado proceso de diseño, un diagnóstico confiable, fases de implementación y una evaluación continua de los resultados obtenidos.

Los políticos y la sociedad civil nos necesitamos unos a otros. De ahí la importancia de involucrar a ciudadanos independientes en la seguridad y la justicia, y dejar de verlas como tareas exclusivas del Estado. Esta batalla no es sólo responsabilidad del gobierno en turno, sino que debe ser asumida como un esfuerzo de carácter nacional.42 Claro que los poderes públicos siempre jugarán un papel preponderante, pero deben aprovechar su posición para coordinar e incluir a la sociedad en el diseño de una política integral. De ahí la necesidad de celebrar un pacto amplio, como propone la UNAM, que haga frente a la crisis de violencia que aqueja a nuestro país.43

México, además, debe destinar mayores recursos a la seguridad, de cualquier otro modo será muy difícil financiar la mejora de nuestras policías y fuerzas armadas. Si nos comparamos con Colombia, un país que ha desarrollado una estrategia exitosa en contra del crimen organizado, constatamos que nuestro presupuesto destinado a seguridad es muy bajo. En 2011, nuestro país tiene asignado un presupuesto de 0.98% del PIB,44 mientras Colombia ejercerá un gasto de 5.1% para este mismo año.45

El debate no está en combatir o no al crimen sino en replantear la estrategia. La meta es reducir la violencia, recuperar la seguridad ciudadana, construir un país más justo, hacer del imperio de la ley una constante para garantizar las libertades, el orden y la tranquilidad de nuestras familias.

107 

 

7

México, actor global

En la última década, el prestigio y la presencia de México en la escena internacional se han deteriorado de manera progresiva. Hace apenas unos años, nuestro país ejercía un respetado liderazgo acorde a su peso económico, demográfico y cultural. Era incluso un modelo a seguir para otros países en desarrollo. Hoy, al contrario, la comunidad internacional nos mira con desconcierto y preocupación. Reiteradamente, el despegue de países como Brasil es contrastado con el estancamiento de México.

Perdimos visión y rumbo. Mientras otras naciones emergentes consolidaban alianzas dentro y fuera de sus regiones para promover sus intereses, México se automarginó. Se convirtió en simple observador del surgimiento de nuevos protagonistas regionales y globales. México también se rezagó. Fue superado por China como segundo socio comercial de Estados Unidos y por Brasil como mayor receptor de inversión extranjera directa en la región. Como ya se mencionó, la "M" de México quedó fuera de "BRIC", acrónimo de las principales economías emergentes (Brasil, Rusia, India y China).

Esto se debe en gran parte al pobre desempeño de México en áreas claves para el desarrollo (a las cuales me he referido en los capítulos anteriores) como, por ejemplo, el crecimiento económico.

Si nuestras fortalezas se han debilitado y nuestros rezagos siguen siendo retos pendientes, difícilmente podemos proyectar una imagen más positiva del país hacia el exterior. Por ello la urgencia de realizar las reformas que he planteado a lo largo del libro. Si no construimos un Estado Eficaz, difícilmente recuperaremos nuestro prestigio y liderazgo como actor global.

Asimismo, se debe señalar la falta de claridad histórica y de visión estratégica del gobierno federal al subestimar y desaprovechar la eficacia de la política exterior como una herramienta clave para lograr el bienestar, el desarrollo y la inclusión de todos los mexicanos en un mundo globalizado.

De igual forma, en los últimos años, el gobierno federal perdió de vista que la política exterior es clave para enfrentar amenazas transnacionales en materia de seguridad, como el tráfico ilegal de armas, drogas y personas. Estos y otros fenómenos de capital importancia —como el calentamiento global y las pandemias sólo pueden solucionarse mediante la cooperación internacional. Además, una política exterior eficaz permitiría prevenir y anticipar soluciones a riesgos potencialmente devastadores para los intereses particulares de México y para la humanidad en general, como la proliferación nuclear.

Tras la reciente crisis financiera y económica global, de dimensiones sólo comparables con la Gran Depresión de 1929, la política exterior también desempeña un papel

108 

 

fundamental en la reforma del sistema financiero internacional. Su eficacia será decisiva para prevenir futuras crisis y ofrecer mayor estabilidad y certidumbre a la economía global.

Lograr una política exterior audaz y efectiva requiere contar con tres condiciones. La primera, como señalaba anteriormente, es la construcción de un México más fuerte. La solidez interna genera credibilidad y liderazgo internacional.

La segunda es asumir un rol más proactivo en el escenario internacional, que envíe claras señales de responsabilidad y liderazgo. No debemos olvidar que tradicionalmente México desempeñó un papel central de intermediación y orquestación de iniciativas regionales y multilaterales para enfrentar y resolver situaciones delicadas en tiempos de crisis como el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe, mejor conocido como el "Tratado de Tlatelolco" en el contexto de la Guerra Fría, mismo que le valió el Premio Nobel de la Paz al diplomático mexicano Alfonso García Robles, o la creación del Grupo Contadora en la década de los ochenta, junto con Colombia, Panamá y Venezuela, para propiciar la paz y la reconciliación en Centro américa. Estas acciones de liderazgo responsable le permitieron a México ganar el respeto y respaldo de la comunidad internacional, a la vez que nuestros intereses de seguridad regional fueron cubiertos de manera preventiva.

La tercera consiste en desplegar una política exterior sustentada en una red de alianzas estratégicas con agendas claras y diferenciadas en beneficio de nuestros intereses nacionales. Alianzas bilaterales, regionales y multilaterales que impulsen el desarrollo nacional a través de una mejor inserción de México en el mundo.

Para construir e impulsar estas alianzas será necesario que el Ejecutivo federal, apoyado por nuestro prestigiado cuerpo diplomático, lidere una coordinación sin precedentes entre los distintos niveles y poderes de gobierno, empresas privadas, la comunidad científica y académica y las organizaciones de la sociedad civil para generar sinergias y maximizar el potencial de la política exterior.

suponer que mantendrá su rol protagónico en las próximas décadas. Su producción económica representa cerca de una quinta parte de la producción global y es líder en inversión en ciencia y tecnología y en capacidad de innovación. Además, su perfil demográfico, al que contribuye de manera importante la población de origen hispano, lo convierte en uno de los pocos países desarrollados que tardará en enfrentar los retos del envejecimiento de su población.

Ante estas fortalezas, es claro que, como han señalado algunos analistas internacionales, por lo menos durante los siguientes 50 años difícilmente otra nación superará el poder de Estados Unidos. Sin embargo, también es cierto que estamos experimentando el surgimiento de poderosos nuevos actores globales, particularmente el caso dé China.

109 

 

China es el gran contendiente para equilibrar el poder de Estados Unidos en las siguientes décadas. En los últimos diez años, su crecimiento económico ha sido, en promedio, de 10% anual.2 En 2009 desplazó a Alemania como principal exportador mundial de bienes y en 2010 superó a Japón como la segunda economía del mundo.3 Sin duda alguna, su influencia política y económica es cada vez mayor tanto a nivel regional como internacional. Sin embargo, aún tiene un largo camino que recorrer para lograr un pleno desarrollo. Entre sus principales retos se encuentra enfrentar la aguda pobreza rural y los problemas demográficos derivados de la política de un solo hijo.

De igual forma, también es importante destacar que además de China existen otros jugadores que están reconfigurando el escenario internacional. En primer lugar sobresale el resto de los integrantes del BRIC: Brasil, Rusia e India. Estos países son y serán importantes motores de la recuperación económica global y cuentan con el potencial de convertirse en cuatro de las siete principales economías del mundo. Asimismo, algunos analistas han identificado otro conjunto de países que podrían convertirse en futuras potencias emergentes, entre los que se encuentran naciones tan diversas como México, Corea del Sur, Turquía, Indonesia,

Vietnam, Nigeria, Bangladesh, Egipto, Irán, Pakistán y Filipinas. Su común denominador es el tamaño de su población y el potencial de crecer a 4% anual o más en los próximos veinte años.4

Por su parte, la Unión Europea atraviesa por una etapa delicada debido a su desaceleración económica y el alto grado de endeudamiento de algunos de sus países miembros. Lo anterior ha llevado a algunos analistas a cuestionar la viabilidad del proyecto europeo de integración y del propio euro. Sin embargo, su alto nivel de desarrollo económico, científico y educativo, su capacidad de innovación y su firme compromiso con la democracia y el multilateralismo convierten a la Unión Europea en un bloque de primera importancia en el mundo.

Por otra parte, el escenario internacional presenta serios desafíos en el plano geopolítico. En Medio Oriente, el conflicto irresuelto entre Israel y Palestina además del proyecto nuclear iraní representan puntos de inestabilidad regional y global. Asimismo, la "primavera árabe", si bien representa una esperanza para el florecimiento de la democracia en algunos países del Norte de África y del Medio Oriente, también genera retos en materia de gobernabilidad. En Oriente, el proyecto atómico de Corea del Norte y la competencia por el liderazgo regional entre China, Japón e India, también genera delicados equilibrios regionales. A estos conflictos y tensiones geopolíticas se suman amenazas globales como el terrorismo, el crimen organizado trasnacional, el tráfico de armas, drogas y personas, los efectos del cambio climático, la expansión de pandemias como el VIH/sida y la proliferación nuclear.

110 

 

II. MÉXICO EN EL MUNDO

Dentro de este contexto, México es un país grande, joven, diverso y con enormes recursos. Somos la undécima economía a nivel mundial, el undécimo país más poblado y el decimocuarto en superficie territorial.5 Tenemos una posición geopolítica estratégica. México pertenece tanto a América del Norte como a América Latina y tiene más de 11,000 km de litorales que nos dan acceso al Mar Caribe y a dos océanos que nos conectan con el resto del mundo.

Al mismo tiempo, tenemos un relevante bono demográfico y hablamos uno de los tres idiomas más importantes en el mundo. Formamos parte del G20, grupo de las principales naciones industrializadas y emergentes, y según proyecciones especializadas, si logramos crecer de manera acelerada y sostenida en las próximas décadas, para el año 2050 podríamos estar dentro de las primeras cinco economías del mundo.6

Por ello, además de fortalecernos internamente para potenciar estas ventajas, considero que la política exterior se debe enfocar en siete áreas de acción estratégicas.

III. SIETE ÁREAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICAS

1. Impulsar una mejor integración con la región de América del Norte

No hay relaciones más importantes para México que la bilateral con Estados Unidos y la regional con América del Norte. En el desafiante contexto global, la región debe replantear su integración en beneficio de la competitividad, la seguridad y el bienestar de nuestros países y ciudadanos.

México se ha beneficiado en muchos aspectos de la relación política y económica con Estados Unidos y Canadá. Sin lugar a dudas, el TLCAN ha sido uno de los principales factores de transformación de la economía mexicana. Sin embargo, en la última década América del Norte ha perdido dinamismo. La participación de la región en la producción económica mundial y en el comercio internacional disminuyó, mientras que la de China se incrementó drásticamente, convirtiéndose en el principal competidor de México y Canadá en el mercado estadounidense.

Para recuperar nuestro dinamismo es fundamental acordar una nueva agenda, construida con realismo y pragmatismo que propicie una mejor integración regional sin intentar copiar modelos como la Unión Europea que respondieron a circunstancias geopolíticas e históricas totalmente diferentes a las nuestras, y bajo el entendimiento de que los tres países deseamos salvaguardar nuestra soberanía e independencia. Esta agenda regional podría estar guiada por cuatro ejes.

En primer lugar, debemos buscar el paso de una integración comercial, la cual ha sido importante pero tiene alcances limitados, a una integración productiva. La idea es

111 

 

aprovechar las ventajas comparativas de cada país (recursos naturales, financieros, tecnológicos y humanos) para competir en mejores condiciones en el mercado global.7 Para facilitar esta integración se podría trabajar en dos ejes: un plan de infraestructura regional y el desarrollo de fronteras eficientes y seguras.

En materia de infraestructura, valdría la pena explorar la posibilidad de acordar e impulsar un Plan de Infraestructura y Transporte de América del Norte para la próxima década, financiado por un fondo de inversión regional, en el que se articulen corredores de transporte multimodales desde Canadá hasta el sursureste de México. Este plan desarrollaría y articularía carreteras, puertos, trenes de alta velocidad y aeropuertos, lo cual contribuiría a vigorizar el comercio regional. En este esfuerzo, sería conveniente fortalecer las negociaciones para armonizar regulaciones en materia de transporte.8

Asimismo, necesitamos contar con fronteras eficientes y seguras que reduzcan los tiempos y costos de los cruces para agilizar el tránsito legal de bienes y personas; los esfuerzos focalizados en las fronteras tendrían un mayor y mejor impacto en el resto de la región.

En segundo lugar, necesitamos fortalecer la cooperación y la coordinación en materia de seguridad para combatir de manera efectiva al crimen organizado y al terrorismo internacional. Es preciso desarrollar una relación de mayor confianza que nos lleve a realizar acciones conjuntas que aporten soluciones definitivas a nuestros problemas en este ámbito. Urge llevar del discurso a la práctica el principio de "responsabilidad compartida", traduciéndolo en acciones de cooperación más contundentes para debilitar la capacidad financiera, operativa y bélica del crimen organizado transnacional, frenar los flujos recíprocos de contrabando (drogas, armas, dinero), atender adicciones, así como prevenir y disminuir el consumo de drogas. Incluso, debatir de manera conjunta y con realismo el futuro del innegable mercado de drogas que hay en nuestra región.

Por otra parte, el terrorismo internacional no sólo representa una amenaza para Estados Unidos sino para toda la región. Por ello, México debe realizar mayores esfuerzos de cooperación en la materia.

En tercer lugar, la evidente complementariedad de nuestros mercados laborales debe ser reconocida y puede ser regularizada a través de una gestión regional de flujos laborales que devuelva la circularidad y dignidad al fenómeno migratorio. Esta gestión deberá tener como principios rectores el pleno respeto a los derechos humanos y laborales de los trabajadores migrantes y el reconocimiento de su contribución al desarrollo, tanto de su país de origen como del de destino.

En este mismo sentido, conviene señalar el fuerte contraste que existe entre la gran movilidad internacional de la que gozan los bienes, servicios y capitales con las barreras físicas e institucionales a la movilidad humana. A México le corresponde impulsar, con una visión estratégica y responsable de largo plazo, la gran asignatura posTLCAN: el libre tránsito de personas. Claramente, para que esto suceda, México debe reducir las

112 

 

profundas brechas —en especial la de ingresos, que nos separan de Estados Unidos y Canadá.

Como he sostenido a lo largo del libro, nuestro país debe y puede construir un Estado Eficaz que acelere el crecimiento económico y amplíe las oportunidades de desarrollo de los mexicanos que viven en México. Un esfuerzo de tal magnitud y compromiso contribuiría a equiparar el poder adquisitivo de los mexicanos frente a sus vecinos estadounidenses y canadienses, con lo que sería más fácil y provechoso promover este libre tránsito.

En cuarto lugar, es necesario enriquecer la agenda regional con proyectos estratégicos de desarrollo conjunto como el fortalecimiento de nuestro capital humano a través de intercambios educativos, estancias de investigación y prácticas profesionales en los tres países. Asimismo, es conveniente impulsar una mejor gestión ambiental a través del manejo integral de recursos naturales compartidos en las zonas fronterizas, el aprovechamiento de energías renovables y la creación de empleos verdes.

2. Fortalecer la cooperación con Centroamérica y el Caribe

La segunda gran prioridad de México debe ser reforzar y ampliar los mecanismos de cooperación con Centroamérica y el Caribe en áreas como diálogo político, seguridad, migración, comercio, educación, salud, energía e infraestructura para impulsar el crecimiento económico sostenible, la estabilidad y el bienestar de estas dos regiones estratégicas para el país.

Además de ser nuestras fronteras geográficas, Centroamérica y el Caribe comparten con México una forma similar de inserción en la globalidad, por lo que sus intereses, desafíos y oportunidades son en gran parte los nuestros. En el actual contexto de reconfiguración mundial, se ha distinguido la creación de dos grandes polos de desarrollo en América Latina.9 El primero está encabezado por México y abarca también a Centroamérica y parte del Caribe. A grandes rasgos, se caracteriza por concentrar su comercio con países industrializados exportando manufacturas de bajo y medio valor agregado, ser importador neto de materias primas y tener una alta dependencia de las remesas, provenientes principalmente de Estados Unidos.

El segundo polo comprende la región de América del Sur y está encabezado por Brasil. Se distingue por ser exportador neto de materias primas y servicios hacia grandes mercados emergentes como China e India y tener una baja dependencia de las remesas. La lenta recuperación económica de los países desarrollados y el crecimiento acelerado de la demanda de materias primas en Asia han hecho que los dos polos latinoamericanos caminen a distintas velocidades, siendo el bloque sudamericano el más beneficiado hasta el momento.

En este contexto, la renovación de nuestro compromiso con Centroamérica y el Caribe es fundamental, ya que en las últimas crisis regionales, como la de Honduras, la respuesta

113 

 

del gobierno mexicano ha sido insuficiente. Reconocidos internacionalistas como Moisés Naím han expresado su extrañamiento por el papel secundario que jugó México en dicha crisis, contrastado con el rol protagónico de Brasil, cuando ésta tuvo lugar en nuestro supuesto ámbito de interés e influencia.10 De igual manera, durante las últimas crisis políticas y humanitarias que han azotado a Haití, el gobierno de México ha desempeñado un papel limitado, no obstante los innumerables actos de solidaridad del pueblo mexicano.

Hoy más que nunca, México y Centroamérica deben colaborar estrechamente para enfrentar de manera eficaz dos grandes retos: el crimen organizado trasnacional y la migración laboral. Centroamérica, al igual que nuestro país, es un importante espacio de tránsito de los flujos de droga, principalmente cocaína, entre los principales países productores del mundo (Colombia, Perú y Bolivia) y el mayor mercado de consumidores: Estados Unidos.11 Países como Guatemala, El Salvador y Honduras atraviesan por una delicada etapa de inestabilidad generada por la alta incidencia de actividades criminales como el tráfico de drogas, personas y armas de fuego, con el consecuente incremento en las tasas de homicidios, secuestros, lavado de dinero y corrupción.

Asimismo, México y Centroamérica deben fortalecer su cooperación en materia migratoria para proteger y garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes laborales. México, en su condición de país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, tiene el enorme desafío de contar con una política y gestión migratoria congruente con estas múltiples dimensiones. En particular, debe haber coherencia entre el trato que demandamos para nuestros connacionales en el exterior y el que se ofrece a los extranjeros en nuestro país. Asimismo, debemos de fortalecer la cooperación con Guatemala y Belice para contar con fronteras más seguras y eficientes. Para ello, se requiere invertir en infraestructura fronteriza física y digital, al igual que en el fortalecimiento de las instituciones correspondientes.

Nuestra relación con Cuba, país que históricamente ha tenido una importancia estratégica para México, es un punto central de la agenda en estas regiones. México debe estrechar su cooperación con Cuba en términos de inversión y desarrollo y, sin duda alguna, estar presente en su futuro.

Por último, es importante destacar que México, Centroamérica y el Caribe necesitan un instrumento de diálogo y cooperación más efectivo para afrontar los grandes retos y las oportunidades que enfrentamos de manera común. Sería conveniente explorar la posibilidad de integrar y fortalecer los diversos mecanismos e instrumentos existentes en una sola estrategia que nos fortalezca internamente y de cara al mundo.

3. Recuperar la interlocución efectiva con América del Sur

México y los países de América del Sur tenemos estrechos lazos históricos, culturales y afectivos. Tenemos retos y aspiraciones similares como naciones en desarrollo. México siempre ha buscado acercarse a esta región en sus esfuerzos por diversificar su economía. Incluso, en distintas etapas de nuestra historia, ha sostenido un afán por

114 

 

consolidar la unificación latinoamericana. Sin embargo, la distancia geográfica y en la actualidad nuestras distintas formas de participar en la economía global, presentan grandes retos para lograr una integración más profunda.

Abordando el tema desde una perspectiva realista, México debe reconocer que la región atraviesa por una etapa altamente favorable para su desarrollo económico y social, debido a la alta demanda de materias primas por parte de las grandes economías emergentes. En Sudamérica, el mercado interno está en pleno crecimiento, la población accede a estratos de ingresos medios con mayores niveles de consumo y se vive un incremento de la demanda de productos y servicios que las empresas mexicanas bien podrían satisfacer para sacar provecho de esta coyuntura. Por lo tanto, México debe desarrollar una estrategia clara y agresiva para aumentar su participación económica en América del Sur.

Por otra parte, además del interés comercial está el político. México debe revalorar su doble pertenencia a América del Norte y América Latina y revitalizar su papel de "puente" entre nuestros vecinos del norte y del sur. Con ello fortalecería su capacidad de influencia e interlocución a nivel continental. Esto es de fundamental importancia para promover el desarrollo y la estabilidad regional frente a retos compartidos como la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, el fortalecimiento de la democracia, la seguridad alimentaria o la protección de la biodiversidad. Asimismo, sería conveniente que México impulsara consensos regionales ante foros como el G20 en el que compartimos membresía con Brasil y Argentina, para fortalecer la promoción de nuestros intereses comunes en el exterior.

Este renovado acercamiento requerirá una diplomacia activa y efectiva, ya que hoy nos encontramos más lejos que nunca de América del Sur. Por ejemplo, durante el desarrollo de las tensiones entre Venezuela y Colombia, fue mediante Unasur que Brasil se comportó como intermediario para la solución del problema. México no puede quedar al margen de los acontecimientos y las decisiones que contribuyen a la estabilidad y al desarrollo de la región. Esto implica la necesidad de encontrar, junto con los países sudamericanos, el mecanismo más eficiente para que nuestro país participe en la solución de conflictos en beneficio de la prosperidad regional.

Las alianzas estratégicas que desarrollemos en América del Sur deben estar acompañadas de políticas bilaterales y multilaterales entre las que destaca una alianza con Brasil. México y Brasil podrían construir sinergias mutuamente benéficas. Compartimos intereses que, con voluntad política, podrían llevarnos a un desarrollo mutuo como podría ser la cooperación en materia energética.

Asimismo, Colombia debe ser un aliado central en nuestra política regional, ya que representa un puente entre los dos grandes polos de desarrollo en los que se está reconfigurando la región. En particular, es imprescindible fortalecer la cooperación en materia de seguridad y combate al crimen organizado y aprender de su experiencia en la lucha contra este lacerante fenómeno. De igual forma, Chile es un socio clave de México con el cual tenemos un importante TLC, un Acuerdo de Asociación Estratégica y vínculos

115 

 

institucionales de cooperación en materia de seguridad, cultura, educación, ciencia y tecnología, que tienen potencial para crecer.

La mejor carta de presentación de México en el extranjero es, sin duda, su cultura. Nuestro legado artístico prehispánico y colonial, la gastronomía, las tradiciones mexicanas y las obras de artistas y creadores mexicanos han sido y continúan siendo los mejores embajadores de México. Los eventos culturales mexicanos en el exterior atraen a miles de personas. Por ejemplo, tan sólo en noviembre de 2009, el British Museum de Londres recibió a más de 30,000 visitantes de distintas nacionalidades que querían conocer y participar en las celebraciones del Día de Muertos.

Nuestra cultura es una herramienta clave para posicionarnos en el exterior y es, también, una estrategia de desarrollo. El dinamismo económico de las llamadas "industrias creativas" es enorme. El último reporte de la ONU sobre el tema arroja un dato por demás revelador: en el año 2008, mientras que la crisis financiera y económica mundial provocó una caída en la demanda global y una contracción de 12% del comercio internacional, las exportaciones mundiales de productos y bienes creativos mantuvieron el ritmo de crecimiento alcanzado en los últimos seis años (14%), llegando a generar 592 mil millones de dólares en 2008.

En este sentido, instituciones como el BID promueven y otorgan financiamiento a las industrias culturales para impulsar una "prosperidad creativa" en América Latina debido a su importancia en la generación de empleos, divisas, atracción de turismo y de inversiones. En México, por ejemplo, las industrias culturales contribuyen con casi 5% del PIB nacional. En Estados Unidos, la cifra asciende a 11%.

En el ranking mundial de los 20 principales países exportadores de "productos creativos" elaborado por la ONU, México ocupa la posición 18. Nuestro país es el único de América Latina en figurar en esta lista, y el segundo de Iberoamérica después de España. Entre los países en desarrollo, México se encuentra en la posición número 5, siendo el único país no asiático entre los primeros 10 lugares. Es decir, México tiene ya un mercado importante que demanda y consume nuestros productos culturales, pero aún hay espacio para crecer. Nuestro país tiene el potencial para convertirse en líder del impulso al español y sus productos culturales: cine, libros, radio, prensa, televisión y educación superior.

México es el país más grande de habla hispana. No se trata de una cuestión menor, ya que el español es el tercer idioma más hablado como lengua materna en el mundo, después del mandarín y del inglés. Es el idioma oficial de más de 20 países y es hablado por cerca de 450 millones de personas. Entre los países de habla hispana, México destaca por tener el mayor número de universidades y de matrícula universitaria. Asimismo, rankings internacionales sitúan a la UNAM como la mejor institución de

116 

 

educación superior en Iberoamérica. En número de editoriales, México ocupa el tercer sitio en Hispanoamérica, sólo detrás de España y Argentina.

En este sentido, la población de hispanoparlantes en Iberoamérica y en otros países constituye una poderosa comunidad y un mercado de productos, servicios y cultura en español en cuya oferta México podría tener todavía una mayor participación.

Un ejemplo del potencial de nuestro mercado de productos y servicios culturales se encuentra también en Estados Unidos, donde los hispanos conforman la minoría más grande, integrada por 50 millones de personas, que representan el 16% del total de la población de ese país, y de los cuales más del 60% son de origen mexicano. Además, Estados Unidos cuenta ya con 550 emisoras de radio, 55 de televisión y 600 publicaciones en español, con 20 millones de ejemplares distribuidos diariamente a un público potencial de 40 millones de lectores.

México tiene una gran oportunidad de lograr una mayor proyección internacional y de alcanzar una "prosperidad creativa" a través del idioma y la cultura. Esto será posible con el desarrollo de una sólida política cultural que, a su vez, esté estrechamente vinculada con la política exterior a través de una red de institutos culturales en el extranjero que sirvan como plataforma de la enseñanza del idioma español y de la difusión de sus productos culturales.

5. Consolidar la alianza con Asia-Pacífico

México debe participar con mucho mayor interés, conocimiento y voluntad en la región Asia-Pacifico para posicionarse como un actor clave en una de las zonas de mayor crecimiento económico y dinamismo del mundo. Es de gran importancia impulsar un mayor acercamiento político, mayores vínculos comerciales e intercambios científicos y tecnológicos, tanto bilaterales como multilaterales, en el marco de los foros de cooperación transpacífica como el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, (APEC por sus siglas en inglés) y el Foro de Cooperación América Latina Asia del Este (Focalae).

En particular, Japón es un socio tradicional y estratégico de México. Recientemente conmemoramos los 400 años de amistad entre ambos pueblos y los 120 años de la formalización de nuestras relaciones diplomáticas. El Acuerdo de Asociación Económica México-Japón (AAE) ha tenido impactos positivos en el crecimiento del comercio bilateral y la atracción de inversiones japonesas a México en sectores como el automotriz, el electrónico y el de infraestructura. En particular, empresas trasnacionales japonesas han aprovechado a México como plataforma para la exportación a Estados Unidos.

Sin embargo, todavía hay espacio para consolidar la relación y beneficiarnos mutuamente de la complementariedad de nuestras economías. Ambos gobiernos han reconocido áreas de oportunidad en nuevos sectores como energías limpias, ahorro de energía y la industria aeroespacial. Además, hay potencial para lograr una mayor penetración en el mercado nipón dentro del marco del AAE, principalmente en productos intensivos en

117 

 

mano de obra como los agropecuarios y en la industria del vestido y el calzado. Por otra parte, México y Japón pueden alcanzar mayores niveles de cooperación en el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas mexicanas como proveedoras de las empresas trasnacionales japonesas.

Por otro lado, China se ha consolidado como la segunda potencia mundial. La voz de este país en los principales temas y foros multilaterales es cada vez más influyente. En particular, su ascenso ha representado una amenaza para la industria mexicana, tanto la orientada al mercado doméstico como al exterior. Como señalé en el capítulo 5, México debe diferenciarse y dejar de competir en la misma vía que China a través de la incorporación de mayor valor científico y tecnológico a nuestros productos y servicios. Asimismo, el desarrollo de infraestructura en América del Norte aumentaría las ventajas competitivas de México en un contexto de altos costos para el transporte transpacífico.

Sin embargo, debemos reconocer que también existen oportunidades reales en la relación con China que México podría aprovechar en su beneficio. México podría ofrecer a China la plataforma adecuada para producir automóviles eléctricos área en la que China podría despuntar— y exportarlos al mercado estadounidense. También podría ser un mercado importante para la creciente demanda de turismo chino y ofrecer importantes oportunidades de inversión en materias primas. Por su parte, China ofrece una plataforma relevante para las exportaciones e inversiones mexicanas. Un ejemplo es el área de Binhai, la cual ha recibido inmensas inversiones en telecomunicaciones y otros sectores, y en donde la demanda de servicios, por citar un ejemplo, crecerá de manera exponencial.

Muchos analistas consideran que el diálogo económico y estratégico que Estados Unidos y China sostienen bianualmente constituye un G2 de Jacto para lidiar con los problemas globales. En este sentido, la capacidad de México para posicionarse como un país líder entre economías emergentes y con capacidad de interlocución con el mundo desarrollado dependerá en gran medida de sus relaciones bilaterales con Estados Unidos y China. Esta es una razón adicional por la que debemos construir un acercamiento estratégico con este país asiático.

Por otra parte, India, la democracia más grande del mundo, es un país al que debemos acercarnos con mayor determinación y explorar conjuntamente las opciones económicas desarrollables. Este país lleva dos décadas experimentando un crecimiento anual promedio del PIB de más de 6.5%, y las proyecciones auguran que lo mantendrá durante los próximos 25 años. Este elevado nivel de crecimiento se traducirá en fuertes inversiones en materia de infraestructura, un área que podría ser cubierta por empresas mexicanas especializadas en el sector.

Asia-Pacífico está adquiriendo una importancia creciente y fundamental en la globalidad. Estados Unidos, China,Japón, Rusia e India son viejos y nuevos protagonistas de un orden económico y político emergente en el que el Pacífico es ya tan importante como el Atlántico. Este fenómeno representa una ventana de oportunidad para que México ejerza un papel más influyente a nivel internacional. Nuestro país tendría que contemplar la

118 

 

conveniencia de impulsar la conformación de una Comunidad del Pacífico, apoyada en APEC, que fortalezca los lazos políticos, económicos y de cooperación entre los países que integran la región. México podría encabezar este esfuerzo con los países del Arco del Pacifico Latinoamericano y así impulsar una nueva etapa de integración de la región.

En este contexto, destaco nuevamente la importancia de que México aproveche su privilegiada ubicación geográfica para convertirse en una plataforma logística del comercio transpacífico, lo cual requerirá, como lo he señalado a lo largo del libro, el desarrollo de infraestructura multimodal suficiente y eficiente con la creación y articulación de puertos, aeropuertos, redes ferroviarias y carreteras.

6. Impulsar un multilateralismo efectivo

México es uno de los 20 países más importantes del planeta. Como tal comparte la responsabilidad de decidir y actuar para enfrentar los grandes retos mundiales. En este sentido, México debe seguir apostando por la cooperación multilateral como el recurso más efectivo para hacerles frente y redoblar sus esfuerzos para fortalecer su estratégica e histórica postura a favor de la construcción de un orden multilateral más justo, democrático y representativo.

En particular, es necesario reconstruir nuestras alianzas globales para tener un papel activo y definitivo en los órganos directivos de los distintos organismos internacionales para enfrentar problemas que requieren soluciones conjuntas como el tráfico ilegal de armas, drogas y personas, el cambio climático y la inestabilidad financiera. Asimismo, debemos redoblar esfuerzos a favor del desarme y la no proliferación nuclear para contener el riesgo de futuras carreras armamentistas.

Está claro que la dimensión económica, demográfica y territorial de nuestro país no corresponde con las acciones concretas de nuestra política exterior. México debe renovarse y estar dispuesto a debatir y asumir nuevas y mayores responsabilidades con la comunidad internacional.

7. Dinamizar y profundizar la relación con la Unión Europea

México tiene una privilegiada relación con la Unión Europea y sus Estados miembros. Está sustentada en valores e intereses compartidos, como la defensa del derecho internacional y el mul tilateralismo, y se fundamenta en el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación (Acuerdo Global). Recientemente, establecimos una "Asociación Estratégica" para reforzar la coordinación en temas de mutuo interés y profundizar los vínculos existentes.

A pesar de que se ha construido un amplio andamiaje institucional, éste no se ha aprovechado a cabalidad. Por ejemplo, con el objetivo de diversificar nuestras relaciones comerciales, desde hace más de 10 años entró en vigor el Tratado de Libre Comercio MéxicoUE. Sin embargo, las exportaciones mexicanas a la Unión Europea representan menos del 5% del total.

119 

 

Por ello, es fundamental traducir el sólido marco institucional que tenemos con la Unión Europea en mayores flujos comerciales, de inversión y turismo. Debemos procurar una mejor promoción de nuestros intereses compartidos a nivel bilateral, regional y multilateral, así como el fortalecimiento de la cooperación educativa, cultural y ambiental, tanto regional como triangular, para que los beneficios de nuestra asociación se extiendan a otras regiones como Centroamérica.

Como es evidente, el mundo está cambiando de manera acelerada. Al no participar en la transformación, México se está rezagando en esta evolución. En el contexto de un mundo cada más competido, con más actores globales, tensiones geopolíticas y amenazas trasnacionales, se necesita, más que nunca, recuperar el liderazgo que hemos perdido.

En este escenario, el asunto central es decidir qué rol queremos adoptar en el contexto global, cuánta influencia queremos ejercer en la construcción del porvenir internacional, y qué tipo de responsabilidades estamos dispuestos a asumir. México necesita del resto del mundo para fortalecerse, y la solución a los grandes desafíos internacionales puede verse beneficiada con la participación de México como un actor global.

120 

 

8

Que todos paguemos lo justo: reforma fiscal integral

A lo largo de este libro he reflexionado sobre distintas transformaciones que requiere México para convertirse en un país plenamente desarrollado en el contexto del siglo xxi. El hilo conductor de mi razonamiento ha sido la necesidad de crear un Estado Eficaz que tenga la capacidad de lograr tres grandes metas nacionales: 1) que todos los derechos, de todos los mexicanos, pasen del papel a la práctica, a través de reformas y políticas públicas concretas como la creación de un Sistema de Seguridad Social Universal, Jornadas Escolares Completas o un sistema de justicia moderno, entre otros objetivos; 2) que el país crezca conforme a su verdadero potencial económico, profundizando la competencia económica, transitando de una economía maquiladora a una del conocimiento, implementando un programa estratégico de infraestructura o reactivando el campo mexicano, entre otras medidas; y 3) recuperar en el mundo nuestro liderazgo como potencia emergente, lo que será resultado tanto de nuestro propio desarrollo interno como de un rol más proactivo en el ámbito internacional a través de un red de alianzas internacionales estratégicas, claras y diferenciadas.

Para que estas transformaciones puedan ser una realidad, se requiere un mayor presupuesto público. Cualquier proyecto que no tenga un respaldo en la hacienda pública se queda en demagogia pura. Por ello, a lo largo de este capítulo explicaré cómo podemos financiar estas grandes metas nacionales.

Sabemos que nuestro sistema tributario recauda poco, es injusto y además es ineficiente. De acuerdo con cifras de la OCDE, México es la nación que menos recauda entre sus países miembros. Según datos de la Secretaría de Hacienda, los ingresos totales del sector público ascendieron a 23% del PIB en 2010, cuando el promedio de la OCDE es de 35%. Nuestra recaudación también resulta inferior si se compara con la de otros países de desarrollo similar como Brasil o Argentina (tabla 1), cuyos ingresos se sitúan en 33.8% y 27.4%, respectivamente.

La debilidad fiscal de nuestro país recae en una baja capacidad tributaria y en la alta dependencia de los ingresos petroleros. Actualmente, México recauda el 10% del PIB en impuestos, una cifra que ha registrado pequeños avances en los últimos 15 años, pero que se ha quedado rezagada frente a lo logrado por otros países, inclusive de América Latina.

En la década pasada, entre 2003 y 2010, nuestro país tuvo los ingresos petroleros más altos de la historia debido al aumento de los precios internacionales del petróleo. Los recursos provenientes de la venta de hidrocarburos promediaron 7.7% del PIB (gráfica 1), el equivalente a un 33% de nuestros ingresos fiscales totales. Sin embargo, la producción

121 

 

y las reservas están en franco declive y todo indica que la abundancia petrolera está cerca de llegar a su fin.

TABLA 1.

INGRESOS TOTALES DEL SECTOR PÚBLICO EN ECONOMÍAS SELECCIONADAS (% PIB)

Promedio OCDE (2006) 35.3%

Brasil (2006) 33.8%

Argentina (2006) 27.4%

México (2010) 22.6%

FUENTE: SHCP, "Ingresos presupuestarios del sector público"; OCDE, Latin American Outlook 2009.

122 

 

Es urgente que la hacienda pública disminuya la dependencia de un recurso no renovable, altamente sujeto a la especulación y más aún en un contexto en el que nuestra producción petrolera en los años recientes mantiene una tendencia a la baja. Esta dependencia de los ingresos del petróleo nos coloca en una situación de vulnerabilidad y pone en riesgo las prioridades de desarrollo de nuestro país, incluyendo la infraestructura básica, los servicios de salud, la educación y el alivio de la pobreza, al no contar con una fuente de financiamiento estable y permanente de largo plazo.

Si México quiere llevar los derechos del papel a la práctica y convertirse en una democracia de resultados, necesitará cuantiosos recursos para financiar los proyectos que requiere para impulsar un desarrollo sostenible con equidad. Por ejemplo, un Sistema de Seguridad Social Universal, como se describe en el capítulo 5 supondría un costo total de al menos 4% del PIB,6 O triplicar el gasto en ciencia y tecnología supondría una inversión de 1.2% del PIB (capítulo 3).

Es claro, como recomienda la CEPAL, que países como el nuestro requieren establecer, dentro de una agenda de la igualdad, pactos fiscales que fortalezcan el papel redistributivo del Estado y su misión como garante de umbrales de bienestar mínimo.

El secreto para una reforma fiscal exitosa consiste en contar con un gran respaldo colectivo y tener la claridad para explicar la forma en que se distribuirá la carga tributaria, de modo que cada ciudadano sepa que todos pagarán impuestos de acuerdo a su capacidad económica, aclarando el uso que se le dará a los recursos y ofreciendo la garantía de que no serán despilfarrados en un gasto corriente injustificable.

En el caso de México, propuestas de reforma fiscal anteriores han fallado porque han ignorado la necesidad de edificar una nueva corresponsabilidad entre ciudadanía y gobierno, y la importancia de suscribir un acuerdo amplio con todas las partes interesadas.

Nos enfrentamos ante la necesidad de construir un pacto fiscal que parta de una nueva relación de responsabilidad compartida. Un pacto implica necesariamente una obligación recíproca. En este caso es necesario construir una relación sólida y confiable entre ciudadanía y gobierno a efectos de pagar impuestos y proporcionar a cambio bienes y servicios públicos de calidad. No sería correcto exigir más recursos a la sociedad si no logramos explicar claramente en qué se van a ocupar.

Para lograrlo se requiere construir un consenso interno, que involucre a empresas, sindicatos y sociedad civil, de modo tal que, entre todos, podamos definir los aspectos de la reforma. Enrique Iglesias, ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, acierta al afirmar que es necesario comprometer a todos los actores sociales, económicos y políticos en un gran acuerdo nacional en materia fiscal.10

123 

 

Para lograrlo, nos enfrentamos ante el gran reto de trazar una reforma fiscal integral que parta de los siguientes elementos:

Ampliar la base tributaria.

Reducir al máximo las exenciones y privilegios fiscales.

Simplificar el sistema fiscal.

Ejercer un gasto público eficaz y transparente.

Redefinir las obligaciones tributarias entre los tres órdenes de gobierno.

I. AMPLIAR LA BASE TRIBUTARIA

Se tiene que ampliar la base tributaria para que la recaudación no recaiga en unos cuantos. México se caracteriza por un bajo cumplimiento de las obligaciones fiscales, inclusive dentro del sector formal.

Hay que reforzar el trabajo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para incrementar el padrón de contribuyentes. Debemos reconocer los esfuerzos realizados hasta ahora. Al término de 2010 se alcanzó una cobertura del 70 por ciento de la población económicamente activa, según el Registro Federal de Contribuyentes.11 Sin embargo, aún hay espacio para mejorar. De acuerdo con estudios elaborados por el Tecnológico de Monterrey y el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la evasión de impuestos equivale a casi una cuarta parte de la base tributaria oficial.12

Seguir avanzando en la ruta correcta dependerá en buena medida de fortalecer las capacidades del SAT, pero también de encontrar la fórmula que nos permita disminuir la informalidad. Según cifras del INEGI, la informalidad equivale a casi 30% del empleo total.13 La baja cobertura de seguridad social y las barreras de entrada al mercado laboral formal son algunos de los principales factores que explican este fenómeno. Parece claro que una disminución del sector informal tendrá que contemplar necesariamente una reforma de fondo al sistema de salud y de seguridad social (capítulo 5).

II. REDUCIR AL MÁXIMO LAS EXENCIONES Y PRIVILEGIOS FISCALES

México tiene tasas impositivas que no distan mucho de las tasas de otras economías (tabla 2). Sin embargo, las innumerables exenciones tributarias, deducciones y regímenes preferenciales son las que debilitan la capacidad del gobierno de generar ingresos.

124 

 

TABLA 2.

COMPARACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO MEXICANO CON OTRAS ECONOMÍAS DE LA OCDE

PAÍS RECAUDACIÓN (%PIB)

IMPUESTO AL INGRESO (ISR)    IVA 

EMPRESARIAL (LÍMITE MAX.)  PERSONAL 

2008  2010  2010  2010 

Italia  43.3  27.5  43  20 

Francia  43.1  34.4  40  19.6 

Alemania  37  30.2  45  19 

Reino Unido  35.7  28  50  17.5 

España  33.3  30  27.1  16 

Canadá  32.3  29.4  29  5 

Japón  28.1  39.5  40  5 

Corea del Sur  26.5  24.2  35  10 

Estados Unidos  26.1  39.2  35  0 

Chile  22.5  17  40  19 

México*  21  30  30  16 

Promedio OCDE  34.8  25.6  35.4  18 

* De acuerdo a la Ley del ISR la tasa aplicable será de 30% para los ejercicios fiscales de 2010,2011 y 2012 , de 29% en 2013 y regresará a 28% en 2014. FUENTE: OCDE, OECD Tax Database, 2010.

En el pasado se establecieron un conjunto de estímulos y exenciones para distintos grupos económicos, cuya utilidad histórica estaba justificada pero que hoy ya no tiene vigencia. Una reforma fiscal debe garantizar que la base tributaria sea tan amplia como sea posible, y que la obligación de pagar sea universal para todos los ciudadanos y todo tipo de actos mercantiles.

Lo que técnicamente se llaman gastos fiscales son una forma de estimar los recursos que dejamos de percibir como resultado de la

vasta madeja de exenciones y tratamientos especiales que nuestras leyes permiten. Los gastos fiscales en nuestro país son cercanos al 4% del PIB, casi un 40% de los ingresos tributarios actuales, según datos de la SHCP. Una cifra similar al costo aproximado de implementar la Seguridad Social Universal.

De acuerdo con las estimaciones elaboradas por el Tecnológico de Monterrey y dadas a conocer en un estudio publicado en enero de 2010, es posible que los gastos fiscales sean aún más elevados de lo que estima Hacienda. Si sus cálculos son correctos, éstos podrían elevarse hasta un rango de entre 8.5% y 9.5% del PIB.

125 

 

En México, la recaudación de impuestos directos tiene un gran potencial que no ha sido debidamente aprovechado. Los impuestos al ingreso de personas físicas y empresas en nuestro país ascienden a sólo 23% de los ingresos tributarios, un porcentaje considerablemente menor al promedio de la OCDE, que se ubica en 34%, y muy inferior al de Estados Unidos, que se sitúa en 43%.

Medido como porcentaje del PIB, nuestro país recauda apenas un 4.8% del impuesto sobre la renta según la SHCP, mientras los países de la OCDE recaudan un porcentaje casi tres veces mayor, y alcanzan un promedio de 13%. Debemos tener claro que la tributación directa es uno de los instrumentos de política económica con mayor potencial redistributivo. Según la CEPAL, los altos niveles de desigualdad están estrechamente relacionados con una baja recaudación directa.

La recaudación del IVA también resulta insuficiente. Al igual que con el ISR, México tiene la capacidad recaudatoria más baja entre los países miembros de la OCDE (salvo Estados Unidos que no lo cobra como impuesto federal). Nuestra recaudación asciende a sólo 3.9% del PIB, cuando el promedio de la OCDE es de por lo menos 11%.

De acuerdo con la OCDE, el IVA que se paga en México sólo abarca a uno de cada tres pesos gastados dentro del consumo nacional total, cuando en casi todos los países miembros ese porcentaje supera el 50%. En algunos otros como Nueva Zelanda, se alcanza una eficiencia del 95% del consumo. Este es un reflejo de la estrecha base impositiva y del bajo nivel de eficiencia que tiene nuestro país en su cobro.

Cabe destacar que si México pudiera aumentar la eficiencia recaudatoria del IVA al promedio de la OCDE, nuestro país lograría un incremento de más de 50% en la recaudación de este impuesto. Sin embargo, nuestros esfuerzos por alcanzar una mayor eficiencia siempre encontrarán un límite que hoy está determinado por nuestras actuales leyes impositivas. El IVA es una importante fuente de recaudación tributaria que debe de ser revisada. Los países con mayor eficiencia en la recaudación de IVA aplican tasas múltiples, más bajas para bienes básicos, o bien compensan al proporcionar beneficios sociales a los grupos más vulnerables. Se tendrá que discutir el esquema que mejor convenga al país.

Para cubrir las necesidades presupuestarias futuras, está claro que se deberá encontrar una combinación que permita ampliar la base impositiva y reducir al máximo las exenciones y tratamientos especiales del ISR e IVA, lo cual permitirá mejorar la recaudación y hacerla más equitativa, contemplando además un periodo de transición que no afecte los programas de inversión de las empresas.

III. SIMPLIFICAR EL SISTEMA FISCAL

Es imprescindible simplificar nuestro sistema fiscal. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, la regulación y las tasas fiscales de nuestro país son algunas de las principales problemáticas identificadas para hacer negocios en México.26 Es en ese sentido que

126 

 

debemos contemplar la fusión del ISR y el IETU para que exista un solo impuesto al ingreso, que incorpore los elementos de mayor eficacia de cada uno de ellos.

Un sistema tributario simplificado desalienta la evasión, reduce el tiempo que las empresas ocupan en pagar impuestos y mejora nuestra competitividad para hacer negocios y atraer nuevas inversiones.

De igual forma, debemos dirigir nuestros esfuerzos para simplificar y homogenizar el esquema de cobro a las personas físicas con actividad empresarial, que tributan bajo el régimen de medianos y pequeños contribuyentes (representan el 36% del total), con la finalidad de promover una menor evasión.

IV. EJERCER UN GASTO PÚBLICO EFICAZ Y TRANSPARENTE

Recientemente, el Informe sobre desarrollo humano en México 2011 nos recordó que la forma en que gastamos no es equitativa, dado que no contribuye a disminuir las carencias sociales de quienes más lo necesitan. Este estudio también señala, como lo mencioné en el capítulo "Un México sin pobreza", que la población de mayores ingresos recibe la mayor proporción del gasto público destinado al desarrollo humano (salud, educación y apoyo al ingreso). Este reparto, lejos de disminuir las desigualdades, las acrecienta. Como ya se mencionó, el informe revela que 20% de la población de mayores ingresos recibe 31.7% del gasto destinado al desarrollo humano, mientras el 20% más pobre sólo recibe un 13.1%.

En el pasado hemos visto cómo se han invertido cuantiosos recursos que no han tenido los resultados esperados. Desde el año 2000 y hasta 2010, en términos reales, los recursos para combatir la pobreza aumentaron en 162%. Sin embargo, dicho gasto no ha podido mejorar las condiciones de vida de los 57.7 millones de mexicanos que, según el Coneval, padecen hoy algún tipo de pobreza.

En los países más desarrollados el sistema fiscal juega un papel clave en la reducción de las brechas de desigualdad. Los impuestos, las transferencias en efectivo y las contribuciones a la seguridad social son herramientas que fortalecen la cohesión social.

El efecto redistributivo del sistema fiscal mexicano es prácticamente nulo. Midiendo la desigualdad a través del coeficiente de Gini (un índice que permite medir la desigualdad en una sociedad, donde 0 equivale a igualdad absoluta y 100 a desigualdad absoluta), observamos que la "desigualdad de mercado" en México (es decir, aquella que no contabiliza el efecto de recaudar impuestos y del gasto público) es de 51 puntos, prácticamente igual que la de países europeos como Alemania y Francia. Sin embargo, en nuestro país, los impuestos y transferencias solamente logran reducir esa desigualdad en 2 puntos (gráfica 2), mientras que en los países europeos se disminuye entre 20 y 25 puntos, es decir, 10 veces más.30 Esto significa que en esos países se utiliza la recaudación fiscal como una herramienta para disminuir la desigualdad social.

127 

 

Una reforma fiscal no sería justa si no se emprende una revisión a fondo del gasto. Debemos asegurarnos de que nuestro país cuente con un gasto público eficaz que promueva la equidad, evite los subejercicios y mejore la transparencia en los tres órdenes de gobierno.

Se tendrá que revisar la política de subsidios para destinar de manera más eficiente los recursos dirigidos al combate a la pobreza y reforzar los programas cuya efectividad ya haya sido comprobada.

Es importante tomar en cuenta la recomendación del Banco Interamericano de Desarrollo de no incrementar el gasto corriente en vano. En tiempos de bonanza se cometió el error de dilapidar recursos en sectores del gasto que no eran prioritarios. Solamente en la década pasada, el gasto corriente aumentó en un 72% en términos reales y el rubro de servicios personales lo hizo en 26%.

No basta con recaudar más si no logramos hacer más eficiente el gasto. Se debe mejorar el funcionamiento de las entidades de fiscalización superior reenfocando sus tareas de monitoreo hacia el cumplimiento de los objetivos del gasto. Debemos otorgar autonomía y fuerza legal a los órganos de evaluación del gasto, como hicimos en el Estado de México, para reducir al máximo la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos. Sólo con rendición de cuentas y transparencia del gasto lograremos fortalecer la moral de pago y la confianza de los contribuyentes.

FUENTE: OCDE, Latin American Economic Outlook 2009.

128 

 

V. REDEFINIR LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS ENTRE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO

La responsabilidad de cobrar más impuestos no puede seguir recayendo casi exclusivamente en el gobierno federal. Debemos re definir las obligaciones tributarias de los tres órdenes de gobierno para tener un pacto fiscal más equitativo y eficaz. Una reforma fiscal sólo podrá considerarse integral si incluye a gobiernos estatales y municipales.

En México no se ha avanzado lo suficiente en la descentralización del ingreso fiscal. El gobierno federal recauda hasta un 90% de los impuestos totales, mientras el promedio de los gobiernos centrales de la OCDE es de 80%. Una dependencia tan alta de las participaciones federales no genera los incentivos necesarios para que los gobiernos locales ejerzan sus poderes tributarios.

Actualmente, los gobiernos locales tienen pocas facultades fiscales y tienen poco margen para incrementar su recaudación. Por ello México debe impulsar las siguientes iniciativas para que los gobiernos locales participen más activamente en la recaudación:

Un nuevo arreglo de facultades fiscales que permita a los estados aumentar su participación recaudatoria.

Incrementar la eficiencia recaudatoria de los gobiernos estatales, como lo hizo el Estado de México, que consiguió incrementar sus ingresos propios en 120% respecto a 2005.

Mejorar el cobro del impuesto predial en los municipios.

La recaudación del impuesto predial en nuestro país también es la más baja entre los miembros de la OCDE. Los ingresos por esta vía equivalen a sólo 0.3% del PIB, un nivel extremadamente bajo si se le compara con Argentina (3.0%), Brasil (1.2%) o Chile (1.2%).

Las principales razones para tan baja recaudación del impuesto predial en México se encuentran en registros desactualizados y cobros muy inferiores al valor real de las propiedades. Con acciones aparentemente sencillas como cruzar el padrón del predial con el registro público de la propiedad se puede mejorar mucho la eficiencia en la recaudación. Sin embargo, muchos municipios no cuentan con la capacidad de actualizar sus registros de propiedad o evitan incrementar los cobros porque constituye una decisión impopular. Una solución es que los gobiernos estatales, que sí cuentan con personal y recursos suficientes, trabajen de cerca con los ayuntamientos para actualizar sus registros. Al formar parte de un programa estatal, será más fácil recaudar un impuesto que puede ser muy útil para el desarrollo local. El impuesto predial puede fortalecer la relación entre el gobierno municipal y la ciudadanía, para que los contribuyentes se involucren activamente en la decisión sobre el uso y destino de los recursos públicos.

129 

 

Los cinco grandes criterios planteados en este capítulo pueden ser considerados una base para delinear la reforma fiscal que México necesita. Se han pronunciado muchos discursos sobre la necesidad de una reforma. Sin embargo, las propuestas anteriores sólo han puesto énfasis tanto en los aspectos técnicos como en la necesidad de recaudar más, pero nunca han explicado con claridad para qué se ocuparían esos recursos.

Ya es tiempo de alcanzar un acuerdo. Es por ello que a lo largo de cada capítulo de este libro he puesto énfasis, primero, en explicar para qué queremos los recursos. Ahora, en este último capítulo planteo una ruta de cómo podríamos obtener los recursos que necesitamos. Ningún esfuerzo será exitoso sin una estrategia clara, con voluntad de negociación y un liderazgo político con la fuerza y la capacidad de construir acuerdos sólidos y duraderos con las fuerzas económicas, sociales y políticas de nuestro país. Sólo con visión y capacidad política lograremos encontrar la fórmula adecuada para financiar nuestro desarrollo en el siglo XXI.

130 

 

Reflexión final

México sabe superar la adversidad. A lo largo de su historia, nuestro país ha salido de cada crisis social, política o económica más fuerte, más unido y renovado. Lo afirmo con el convencimiento de quien, mientras estudiaba en la Ciudad de México a los 19 años de edad, vio derrumbarse parte de la capital del país y presenció el resurgimiento del corazón de México de entre los escombros. Mi generación quedó marcada por la devastación del temblor de 1985 y la solidaridad a que dio origen.

Hoy, México vive momentos difíciles y de preocupación. Estoy convencido de que la inmensa mayoría de los mexicanos no estamos conformes con la situación actual. Creemos que la realidad del país no refleja lo que somos ni lo que hemos sido; mucho menos lo que queremos y podemos ser.

Como planteo al inicio del libro, nuestra generación tiene el reto de transformar el miedo en esperanza. No una esperanza fantasiosa o ingenua, sino una esperanza sustentada en los hechos, que está latente en la vida diaria de los mexicanos.

Es la esperanza que está en los padres de familia que trabajan todos los días de forma honrada e incansable para darle lo mejor a sus hijos; esperanza que está en las madres que en su momento no pudieron terminar la primaria y, ya adultas, además de realizar labores domésticas e incluso participar en el mercado laboral, asisten a clases de alfabetización para poder ayudar a sus hijos a hacer las tareas.

Es también la esperanza que está en la vocación de miles de directores y maestros de escuelas por todo el país que, con dedicación y responsabilidad, se actualizan para ofrecer a sus alumnos el mejor aprendizaje posible. La esperanza que está en los emprendedores que se arriesgan a innovar, a equivocarse y a triunfar; en los empresarios que, en un mundo global, creen e invierten su capital en México.

También está en los productores del campo que se organizan para exportar al mundo productos de la más alta calidad, como la miel de abeja mexicana, que disfrutan los alemanes, o los aguacates, que consumen los japoneses.

Es la esperanza que todos vemos en los niños con altas aspiraciones, que creen en ellos mismos y están convencidos de que sus sueños se pueden hacer realidad. La que vemos en los estudiantes de origen humilde que, contra toda adversidad, cursan una carrera universitaria y tienen un desempeño de excelencia.

Para dar cauce a esa esperanza y toda esa energía, para lograr que se traduzcan en una mejor calidad de vida para todos los mexicanos, tenemos que transformar de manera profunda nuestras instituciones y la forma en que hacemos las cosas.

131 

 

Hay momentos en la vida de las naciones en que, para poder salir adelante, se deben impulsar cambios profundos. México vive uno de esos momentos. Lo fundamental es trabajar con sentido de urgencia, pero de acuerdo a una visión de largo plazo. Tenemos que actuar, sí, con prontitud, pero sobre todo, con eficacia.

De ahí la necesidad de tener una visión pragmática, que permita alinear todos los esfuerzos públicos y privados para construir un Estado Eficaz, capaz de encauzar los esfuerzos de la sociedad y las autoridades, para lograr tres objetivos: 1) que los derechos de todos los mexicanos no sean sólo ideales plasmados en la Constitución, sino una realidad cotidiana de todos los mexicanos; 2) que el país crezca a su verdadero potencial económico, y 3) que México recupere su liderazgo como potencia emergente.

Estoy convencido de que México es un país plenamente viable y una de las naciones con mayor potencial en el mundo. Contamos con recursos, historia e instituciones. Su estratégica posición geográfica, su favorable clima y recursos naturales, su potencial energético, la dimensión de su mercado interno, lo vasto y diverso de su territorio, el bono demográfico que hoy le caracteriza y, sobre todo, su capital humano, son ventajas que no podemos seguir subutilizando.

México no puede conformarse con lo que ya es. Debe activar todas sus fuerzas sociales, aprovechar la creatividad y el talento de sus habitantes; sumar esfuerzos y marchar hacia mejores horizontes. Juntos tenemos que crear círculos virtuosos entre una economía en expansión y una sociedad con mayor calidad de vida.

Debemos decidirnos a crecer con equidad; debemos tomar esta decisión política y establecerla como una prioridad nacional de largo plazo. Sólo a partir de un compromiso mutuo podremos encontrar juntos las fórmulas para crecer aceleradamente, para reducir la pobreza y la desigualdad, para construir un mejor futuro para todos los mexicanos.

Los problemas y retos de México no se deben a las cosas que se han hecho, sino a las que no se han realizado. Por eso, es importante tener una visión clara del futuro en cuya concreción podamos comenzar a trabajar cuanto antes.

Las propuestas que he compartido en este libro tienen la finalidad de aportar una voz más a la discusión sobre cómo construir un mejor futuro para nuestro país. La propuesta se concreta en un Estado Eficaz que nos convoque a todos, que evite la polarización social y la parálisis institucional.

Estoy seguro de que México puede lograr altas y sostenidas tasas de crecimiento económico; aumentar sus empleos productivos y permanentes; construir infraestructura moderna para impulsar la conectividad y cohesión de todas las regiones; reformar la educación para fomentar la igualdad y la competencia; unlversalizar la seguridad social y la cobertura de salud; devolver la tranquilidad y la seguridad a nuestras ciudades, barrios y colonias; reorganizar sus instituciones para que sean eficientes, aliadas del ciudadano y

132 

 

rindan buenas cuentas, así como recuperar su relevancia como un actor fundamental a nivel global.

Todos tenemos que contribuir. La calidad de la educación, la seguridad social, la policía, la justicia o la infraestructura no mejorarán sin una reforma fiscal integral. Eso lo sabemos todos: hay que llevarla a cabo. También sabemos que la reforma fiscal no funcionará sin mayor transparencia y rendición de cuentas. Dejemos de evadir los temas incómodos: tenemos que ser más transparentes y rendir más y mejores cuentas.

Sin competencia económica, tampoco habrá crecimiento. No hay opción, todos tenemos que aprender a competir: políticos, empresarios, profesionistas, sindicatos, trabajadores, maestros, alumnos. Todos. No pueden seguir existiendo excepciones. Tampoco habrá futuro sin una estrategia transexenal en innovación, ciencia y tecnología. No podemos seguir pensando que estos temas son un lujo o son secundarios. Por el contrario, son el centro de la transformación del país. Sin una reforma radical del sistema de justicia no tendremos un Estado de derecho pleno.

De igual forma, todos sabemos que si Pemex sigue por la ruta en la que transita, no tendrá futuro. Sin temor, hagamos las reformas que necesita: que la hacienda pública dependa menos de esta empresa por medio de una reforma fiscal y que, a su vez, Pemex pueda asociarse con capitales privados. No podemos intimidarnos ante las críticas.

Se trata de retos formidables. Por ello, tenemos que hacer cambios radicales aunque se afecten intereses creados. Lo tengo muy claro.

Con la misma claridad, estoy convencido de que sí se puede seguir construyendo a México. Sí se puede tener una democracia de resultados. Sí se puede crecer y ser más competitivos. Sí se puede tener un país más equitativo. Sí se puede lograr que todos los mexicanos gocen de todos sus derechos.

Estoy seguro de que la herencia histórica del país, la fortaleza del Estado mexicano y el espíritu de la sociedad habrán de impulsar a nuestra nación hacia delante. Por ello, debemos estar a la altura de lo que nuestro país representa y asumir el compromiso de trabajar en consecuencia. Seamos una nueva generación de mexicanos que sabe y quiere demostrar que sí se puede.

Así como el temblor de 1985 sacudió a nuestra generación y despertó nuestra solidaridad, es momento de que nuestra generación sacuda al país para recuperar la esperanza y lograr que nuestro tercer siglo de vida independiente sea el más próspero y exitoso de nuestra historia.