municipal

Lambayeque- Per

3/16/2015

Facultad del Derecho y Ciencias Polticas

DOCENTE :

YARLAQU BANCES, Jos

ALUMNAS :

CABANILLAS VENTURA,

Karen Lizet

SNCHEZ ROMERO, Sandra

Edelmira

UNIVERSIDAD NACIONAL

Pedro Ruiz Gallo

Derecho de Sucesiones

LA INCERTIDUMBRE DEL REAL CMPUTO DEL PLAZO RESPECTO A LA ACEPTACIN Y LA

RENUNCIA DE LA HERENCIA DE CARA A LOS

ERRORES MANIFIESTOS EN EL ARTCULO 673

DEL CDIGO CIVIL PERUANO

UNIVERSIDAD NACIONAL Pedro Ruiz Gallo

Facultad de Derecho y Ciencias Polticas

CONTROL Y DEFENSA DE LOS INTERESES DEL GOBIERNO REGIONAL

1

INTRODUCCIN

Casi de manera sistemtica el Estado Peruano ha permanecido durante los

aos de la Repblica en condiciones desventajosas en relacin a la defensa de sus

intereses, frente a hechos legales coyunturales, y de trascendencia.

Esta especie de prolongada situacin desprovista de mecanismos adecuados

para enfrentar, en unos casos, procesos judiciales y, en otros, para asumir la

representacin legal como sujeto de derecho procesal, se ha originado en actos de

negligencia de altos funcionarios y en los crculos de corrupcin institucionalizada

durante los gobiernos denominados neoliberales.

Un paso importante para corregir esa realidad se dio, actualmente, con la

aprobacin del Decreto Legislativo 1068, vigente desde el 28 de diciembre del

2008, que con la designacin del primer Procurador del Estado, quien tendr la

representacin jurdica pblica para promover, defender y precautelar los intereses

del Estado.

Constitucionalmente, la Procuradura en nuestro pas tiene caractersticas

especiales en relacin a otros donde esta institucin representa tambin a la sociedad

y a los ciudadanos. Sin embargo, la divisin que se ha dado, en este caso, puede ser

considerada beneficiosa en la perspectiva de que la Procuradura defender judicial y

extrajudicialmente los intereses del Estado asumiendo representacin jurdica en las

acciones judiciales y administrativas. Es decir, que tiene un campo de accin

claramente sealado en la defensa exclusiva del Estado y de sus intereses.




2

Entre otras funciones est la de evaluar y velar por el ejercicio de las acciones

de las unidades jurdicas de la administracin pblica y en los procesos ante

autoridades jurisdiccionales y administrativas.

La Procuradura es un paso importante en la reorganizacin institucional del

pas que, como se ha dicho, siempre ha estado indefenso legalmente y de manera

repetida ha perdido los juicios que le instauraban ocasionando al Estado la erogacin

de enormes sumas de dinero.

En hora buena la Procuradura. En el caso que cualquier sector

del Estado requiera representacin legal ante un rgano jurisdiccional, el encargado

de la defensa de los derechos e intereses del Estado lo realiza el Consejo de Defensa

Judicial del Estado mediante los Procuradores Pblicos.

Este consejo fue creado mediante Decreto Ley N 17537 y es un rgano del

Ministerio de Justicia. Su funcin es de defender de una mejor manera y de forma

permanente los intereses del estado, a travs de trabajo minucioso y en equipo.

El Procurador Pblico es un funcionario que por mandato constitucional, en el

artculo ejerce la defensa de los interese del Estado, Gobiernos Regionales,

Organismos Constitucionales autnomos y dems dependencias del Estado. Resulta

siendo el Abogado del Estado y defiende a las entidades del Estado en los Juicios que

ellas promueven contra terceros o que se promueven contra este.

Tiene la misma jerarqua que un Fiscal Superior y goza del ejercicio de

sus funciones con las prerrogativas de dicho magistrado.




3

CAPTULO I

ASPECTOS GENERALES

REFERENTES AL CONTROL Y

DEFENSA DE LOS INTERES DEL

ESTADO




4

CAPTULO I

ASPECTOS GENERALES REFERENTES AL CONTROL Y DEFENSA DE

LOS INTERES DEL ESTADO

SECCIN I

CONTROL GUBERNAMENTAL

1. Concepto

El control gubernamental consiste en la supervisin, vigilancia y

verificacin de los actos y resultados de la gestin pblica, en atencin al

grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economa en el uso y destino de

los recursos y bienes del Estado, as como del cumplimiento de las normas

legales y de los lineamientos de poltica y planes de accin, evaluando los

sistemas de administracin, gerencia y control, con fines de su mejoramiento

a travs de la adopcin de acciones preventivas y correctivas pertinentes.

El control gubernamental es interno y externo y su desarrollo constituye un

proceso integral y permanente.

2. Clasificacin

2.1. Control interno

El control interno comprende las acciones de cautela previa,

simultnea y de verificacin posterior que realiza la entidad sujeta a

control, con la finalidad que la gestin de sus recursos, bienes y

operaciones se efecte correcta y eficientemente. Su ejercicio es previo,

simultneo y posterior.




5

El control interno previo y simultneo compete exclusivamente a

las autoridades, funcionarios y servidores pblicos de las entidades

como

responsabilidad propia de las funciones que le son inherentes,

sobre la base de las normas que rigen las actividades de la organizacin

y los procedimientos establecidos en sus planes, reglamentos, manuales

y disposiciones institucionales, los que contienen las polticas y mtodos

de autorizacin, registro, verificacin, evaluacin, seguridad y

proteccin.

El control interno posterior es ejercido por los responsables

superiores del servidor o funcionario ejecutor, en funcin del

cumplimiento de las disposiciones establecidas, as como por el rgano

de control institucional segn sus planes y programas anuales,

evaluando y verificando los aspectos administrativos del uso de los

recursos y bienes del Estado, as como la gestin y ejecucin llevadas a

cabo, en relacin con las metas trazadas y resultados obtenidos.

Es responsabilidad del Titular de la entidad fomentar y

supervisar el funcionamiento y confiabilidad del control interno para

la evaluacin de la gestin y el efectivo ejercicio de la rendicin de

cuentas, propendiendo a que ste contribuya con el logro de la misin

y objetivos de la entidad a su cargo.

El Titular de la entidad est obligado a definir las polticas

institucionales en los planes y/o programas anuales que se formulen, los

que sern objeto de las verificaciones a que se refiere esta Ley.




6

2.2. Control externo

Se entiende por control externo el conjunto de polticas,

normas, mtodos y procedimientos tcnicos, que compete aplicar a la

Contralora General u otro rgano del Sistema por encargo o

designacin de sta, con el objeto de supervisar, vigilar y verificar la

gestin, la captacin y el uso de los recursos y bienes del Estado. Se

realiza fundamentalmente mediante acciones de control con carcter

selectivo y posterior.

3. Accin -control

La accin de control es la herramienta esencial del Sistema, por la cual

el personal tcnico de sus rganos conformantes, mediante la aplicacin de las

normas, procedimientos y principios que regulan el control gubernamental,

efecta la verificacin y evaluacin, objetiva y sistemtica, de los actos y

resultados producidos por la entidad en la gestin y ejecucin de los recursos,

bienes y operaciones institucionales.

Las acciones de control se realizan con sujecin al Plan Nacional de

Control y a los planes aprobados para cada rgano del Sistema de acuerdo a

su programacin de actividades y requerimientos de la Contralora General.

Dichos planes debern contar con la correspondiente asignacin de recursos

presupuestales para su ejecucin, aprobada por el Titular de la entidad,

encontrndose protegidos por el principio de reserva.

Como consecuencia de las acciones de control se emitirn los informes

correspondientes, los mismos que se formularn para el mejoramiento de la

gestin de la entidad, incluyendo el sealamiento de responsabilidades que,




7

en su caso, se hubieran identificado. Sus resultados se exponen al Titular de la

entidad, salvo que se encuentre comprendido como presunto responsable civil

y/o penal.

4. Responsabilidades y sanciones derivadas del proceso de control

Para la determinacin de responsabilidades derivadas de la accin de

control, deber brindarse a las personas comprendidas en el procedimiento, la

oportunidad de conocer y hacer sus comentarios o aclaraciones sobre los

fundamentos correspondientes que se hayan considerado, salvo en los casos

justificados sealados en las normas reglamentarias.

Cuando se identifique responsabilidad administrativa funcional, la

Contralora General adoptar las acciones para la determinacin de

responsabilidad y la imposicin de la respectiva sancin, conforme a las

atribuciones establecidas en la presente Ley. Por otro lado, de identificarse

responsabilidades de tipo civil o penal, las autoridades competentes, de

acuerdo a ley, iniciarn ante el fuero respectivo aquellas acciones de orden

legal que correspondan a dichas responsabilidades. En el caso de

responsabilidades de naturaleza penal, el jefe del rgano de Auditora Interna

comunicar sobre las responsabilidades simultneamente al procurador

pblico para que este ltimo accione cuando el titular de la entidad no haya

cumplido con actuar inmediatamente de tomado conocimiento de dichas

irregularidades.

La ejecucin de las sanciones por responsabilidad administrativa

funcional impuestas por la Contralora General o el Tribunal Superior de

Responsabilidades Administrativas es de obligatorio cumplimiento por los

titulares de las entidades, en un plazo mximo de cuarenta y cinco (45) das




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calendario, bajo responsabilidad del mismo.

5. Sistema Nacional De Control

5.1. Concepto

El Sistema Nacional de Control es el conjunto de rganos de

control, normas, mtodos y procedimientos, estructurados e integrados

funcionalmente, destinados a conducir y desarrollar el ejercicio del

control gubernamental en forma descentralizada.

Su actuacin comprende todas las actividades y acciones en los

campos administrativo, presupuestal, operativo y financiero de las

entidades y alcanza al personal que presta servicios en ellas,

independientemente del rgimen que las regule.

5.2. Conformacin- rganos del Sistema.

El Sistema est conformado por los siguientes rganos de control:

5.2.1. La Contralora General:

Concepto

Es considerado el ente tcnico rector, dotado de

autonoma administrativa, funcional, econmica y financiera,

que tiene por misin dirigir y supervisar con eficiencia y

eficacia el control gubernamental, orientando su accionar al

fortalecimiento y transparencia de la gestin de las entidades,

la promocin de valores y la responsabilidad de los

funcionarios y servidores pblicos, as como, contribuir con

los Poderes del Estado en la toma de decisiones y con la

ciudadana para su adecuada participacin en el control

social.




9

Atribuciones

Son atribuciones de la Contralora General, las siguientes:

Tener acceso en cualquier momento y sin limitacin a los

registros, documentos e informacin de las entidades, aun

cuando sean secretos; as como requerir informacin a

particulares que mantengan o hayan mantenido

relaciones con las entidades; siempre y cuando no violen

la libertad individual.

Ordenar que los rganos del Sistema realicen las acciones

de control que a su juicio sean necesarios o ejercer en

forma directa el control externo posterior sobre los actos

de las entidades.

Supervisar y garantizar el cumplimiento de las

recomendaciones que se deriven de los informes de

control emanados de cualquiera de los rganos del

Sistema.

Disponer el inicio de las acciones legales pertinentes en

forma inmediata, por el Procurador Pblico de la

Contralora General o el Procurador del Sector o el

representante legal de la entidad examinada, en los casos

en que en la ejecucin directa de una accin de control se

encuentre dao econmico o presuncin de ilcito penal.

Asimismo, ejerce la potestad para sancionar a los

funcionarios o servidores pblicos que cometan

infracciones contra la administracin referidas en el

subcaptulo II sobre el proceso para sancionar en materia




10

de responsabilidad administrativa funcional.

Normar y velar por la adecuada implantacin de los

rganos de Auditora Interna, requiriendo a las entidades

el fortalecimiento de dichos rganos con personal

calificado e infraestructura moderna necesaria para el

cumplimiento de sus fines.

Presentar anualmente al Congreso de la Repblica el

Informe de Evaluacin a la Cuenta General de la

Repblica, para cuya formulacin la Contralora General

dictar las disposiciones pertinentes.

Absolver consultas, emitir pronunciamientos

institucionales e interpretar la normativa del control

gubernamental con carcter vinculante, y de ser el caso,

orientador. Asimismo establecer mecanismos de

orientacin para los sujetos de control respecto a sus

derechos, obligaciones, prohibiciones e

incompatibilidades previstos en la normativa de control.

Aprobar el Plan Nacional de Control y los planes anuales

de control de las entidades.

Efectuar las acciones de control ambiental y sobre los

recursos naturales, as como sobre los bienes que

constituyen el Patrimonio Cultural de la Nacin,

informando semestralmente sobre el resultado de las

mismas y sobre los procesos administrativos y judiciales, si

los hubiere, a las comisiones competentes del Congreso

de la Repblica.

Emitir opinin previa vinculante sobre adquisiciones y




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contrataciones de bienes, servicios u obras, que conforme

a ley tengan el carcter de secreto militar o de orden

interno exonerados de Licitacin Pblica, Concurso

Pblico o Adjudicacin Directa.

Otorgar autorizacin previa a la ejecucin y al pago de

los presupuestos adicionales de obra pblica, y de las

mayores prestaciones de supervisin en los casos distintos

a los adicionales de obras, cuyos montos excedan a los

previstos en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado, y su Reglamento respectivamente, cualquiera sea

la fuente de financiamiento.

Informar previamente sobre las operaciones, fianzas,

avales y otras garantas que otorgue el Estado, inclusive

los proyectos de contrato, que en cualquier forma

comprometa su crdito o capacidad financiera, sea que

se trate de negociaciones en el pas o en el exterior.

Designar de manera exclusiva, Sociedades de Auditora

que se requieran, a travs de Concurso Pblico de

Mritos, para efectuar Auditoras en las entidades,

supervisando sus labores con arreglo a las disposiciones

de designacin de Sociedades de Auditora que para el

efecto se emitan.

Requerir el apoyo y/o destaque de funcionarios y

servidores de las entidades para la ejecucin de

actividades de control gubernamental.

Recibir y atender denuncias y sugerencias de la ciudadana




12

relacionadas con las funciones de la administracin

pblica, otorgndoles el trmite correspondiente sea en el

mbito interno, o derivndolas ante la autoridad

competente; estando la identidad de los denunciantes y el

contenido de la denuncia protegidos por el principio de

reserva

Promover la participacin ciudadana, mediante

audiencias pblicas y/o sistemas de vigilancia en las

entidades, con el fin de coadyuvar en el control

gubernamental.

Participar directamente y/o en coordinacin con las

entidades en los procesos judiciales, administrativos,

arbitrales u otros, para la adecuada defensa de los

intereses del Estado, cuando tales procesos incidan sobre

recursos y bienes de ste.

Recibir, registrar, examinar y fiscalizar las Declaraciones

Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas que deben

presentar los funcionarios y servidores pblicos obligados

de acuerdo a Ley.

Verificar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones

sobre prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios

y servidores pblicos y otros, as como de las referidas a

la prohibicin de ejercer la facultad de nombramiento de

personal en el Sector Pblico en casos de nepotismo, sin

perjuicio de las funciones conferidas a los rganos de

control.

Citar y tomar declaraciones a cualquier persona cuyo




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testimonio pueda resultar til para el esclarecimiento de

los hechos materia de verificacin durante una accin de

control, bajo los apremios legales sealados para los

testigos.

Dictar las disposiciones necesarias para articular los

procesos de control con los Planes y Programas

Nacionales, a efecto de visualizar de forma integral su

cumplimiento, generando la informacin pertinente para

emitir recomendaciones generales a los Poderes Ejecutivo

y Legislativo sobre la administracin de los recursos del

Estado, en funcin a las metas previstas y las alcanzadas,

as como brindar asistencia tcnica al Congreso de la

Repblica, en asuntos vinculados a su competencia

funcional.

Emitir disposiciones y/o procedimientos para

implementar operativamente medidas y acciones contra

la corrupcin administrativa, a travs del control

gubernamental, promoviendo una cultura de honestidad

y probidad de la gestin pblica, as como la adopcin

de mecanismos de transparencia e integridad al interior

de las entidades, considerndose el concurso de la

ciudadana y organizaciones de la sociedad civil.

Establecer los procedimientos para que los titulares de las

entidades rindan cuenta oportuna ante el rgano Rector,

por los fondos o bienes del Estado a su cargo, as como

de los resultados de su gestin.

Asumir la defensa del personal de la Institucin a cargo




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de las labores de control, cuando se encuentre incurso en

acciones legales, derivadas del debido cumplimiento de la

labor funcional, aun cuando al momento de iniciarse la

accin, el vnculo laboral con el personal haya

terminado.

Establecer el procedimiento selectivo de control sobre las

entidades pblicas beneficiarias por las mercancas

donadas provenientes del extranjero.

Ejercer el control de desempeo de la ejecucin

presupuestal, formulando recomendaciones que

promuevan reformas sobre los sistemas administrativos

de las entidades sujetas al Sistema.

Organizacin:

Designacin del Contralor General

El Contralor General de la Repblica es designado

por un perodo de siete aos, y removido por el

Congreso de la Repblica de acuerdo a la

Constitucin Poltica.

El Contralor General de la Repblica est prohibido

de ejercer actividad lucrativa e intervenir, directa o

indirectamente en la direccin y/o gestin de

cualquier actividad pblica o privada, excepto las de

carcter docente.

Jerarqua del Contralor General

El Contralor General de la Repblica es el funcionario




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de mayor rango del Sistema, y goza de los mismos

derechos, prerrogativas y preeminencias propias de

un Ministro de Estado. No est sujeto a

subordinacin, a autoridad o dependencia alguna, en

ejercicio de la funcin.

En el ejercicio de sus funciones, slo puede ser

enjuiciado, previa autorizacin del Congreso de la

Repblica.

5.2.2. rgano de Auditora Interna:

Todas las unidades orgnicas responsables de la funcin de

control gubernamental de las entidades, sean stas de carcter

sectorial, regional, institucional o se regulen por cualquier otro

ordenamiento organizacional, tendrn necesariamente un rgano de

Auditora Interna ubicado en el mayor nivel jerrquico de la

estructura de la entidad, el cual constituye la unidad especializada

responsable de llevar a cabo el control gubernamental en la entidad.

El Titular de la entidad tiene la obligacin de cautelar la

adecuada implementacin del rgano de Auditora Interna y la

asignacin de recursos suficientes para la normal ejecucin de sus

actividades de control.

El citado rgano mantiene una relacin funcional con la

Contralora General, efectuando su labor, de conformidad con los

lineamientos y polticas que para tal efecto establezca el Organismo

Superior de Control.




16

5.2.3. Las sociedades de auditora externa independientes:

Cuando son designadas por la Contralora General y

contratadas, durante un perodo determinado, para realizar servicios

de auditora en las entidades: econmica, financiera, de sistemas

informticos, de medio ambiente y otros.

5.3. Regulacin de control

El ejercicio del control gubernamental por el Sistema en las

entidades, se efecta bajo la autoridad normativa y funcional de la

Contralora General, la que establece los lineamientos, disposiciones y

procedimientos tcnicos correspondientes a su proceso, en funcin a la

naturaleza y/o especializacin de dichas entidades, las modalidades de

control aplicables y los objetivos trazados para su ejecucin.

Dicha regulacin permitir la evaluacin, por los rganos de

control, de la gestin de las entidades y sus resultados.

La Contralora General, en su calidad de ente tcnico rector,

organiza y desarrolla el control gubernamental en forma

descentralizada y permanente, el cual se expresa con la presencia y

accionar de los rganos a que se refiere el literal b) del artculo

precedente en cada una de las entidades pblicas de los niveles central,

regional y local, que ejercen su funcin con independencia tcnica.




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SECCIN II

DEFENSA GUBERNAMENTAL

6. Consejo De Defensa Judicial Del Estado.

Fue creado mediante Decreto Ley N 17537, y es el rgano del

Ministerio de Justicia encargado de coordinar las actividades de los

Procuradores Pblicos.

Segn lo establecido por Captulo II del Decreto Ley N 17537 - Ley de

Representacin y Defensa del Estado en Asuntos Judiciales, concordante con el

artculo 26 del Decreto Ley N 25993, el Consejo de Defensa Judicial del

Estado es un rgano del Ministerio de Justicia, constituido por los

Procuradores Pblicos titulares.

Segn el Artculo 2 del Reglamento del Consejo de Defensa Judicial del

Estado, este coordina y supervisa la defensa del Estado; adems, es un rgano

de consulta y asesoramiento respecto de las cuestiones legales sobre los

asuntos relacionados con dicha materia. Asimismo, se pronuncia sobre la

creacin de nuevas Procuraduras Pblicas y resuelve

los problemas de competencia que se presenten entre ellas, as como

presta coordinacin tcnica al conjunto de Procuraduras Pblicas, promueve

la dacin de la normatividad necesaria para la mejor defensa del Estado,

sanciona las disposiciones de carcter reglamentario para todas las

Procuraduras Pblicas y centraliza la informacin estadstica de stas. Su

competencia es a nivel nacional.




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En funcin al artculo 4 del referido Reglamento donde establece las

funciones y las atribuciones del Consejo de Defensa del Estado y su presidencia

ms importantes, son:

Formular las polticas relacionadas a la defensa del Estado.

Supervisar y controlar el ejercicio de la defensa de los intereses del

Estado, a nivel nacional, a travs de su presidente llevando para tal fin

un adecuado registro y control.

Aprobar las medidas que sean necesarias para el cumplimiento y

aplicacin del Decreto Ley N 17537.

Dictar las pautas y definir las polticas para uniformizar criterios y

metodologas de trabajo de las Procuraduras.

Elaborar y proponer proyectos de convenios, con organismos pblicos o

privados.

Centralizar la informacin estadstica de las Procuraduras Pblicas.

Recibir anualmente los informes de los Procuradores Pblicos sobre

el movimiento de los juicios.

En general, tiene amplia competencia sobre el ejercicio de la defensa

judicial del Estado.

El Ministerio Pblico est integrado por Consejos y Comisiones, uno de

ellos es el Consejo de Defensa Judicial del Estado, constituido por los

Procuradores, ste emite opinin sobre las cuestiones legales de inters para la

defensa judicial del Estado, ejerciendo esta funcin por encargo del Presidente

de la Repblica como veremos ms adelante, tambin a pedido de los dems

Presidentes de los Poderes Pblicos, del Presidente del Consejo de Ministros,

de los Ministros de Estado.




19

Sirve como rgano de Centralizacin estadstica, asesoramiento y

coordinacin tcnica, interpretacin administrativa de los principios legales y

dacin de normas de carcter reglamentario para todos los Procuradores

Generales de la Repblica.

La actual Constitucin Poltica del Per en su artculo 47 dispone que la

defensa de los intereses del Estado est a cargo de los Procuradores Pblicos

conforme a Ley.

El Procurador Pblico1 es un abogado inscrito en un Colegio de

Abogados que ejerce la representacin del Estado en un proceso judicial en

defensa de sus derechos e intereses.

Muchas personas confunden las funciones de los Procuradores Pblicos,

con la labor de los Fiscales del Ministerio Pblico, por lo que creo conviene

establecer algunas diferencias.

El Procurador Pblico, es el garante para la proteccin de la igualdad de

partes en un proceso judicial, de tal forma que su poderdante, esto es el

Estado no pierda la posibilidad de ejercer sus derechos e interponer recursos.

Al Procurador le corresponde velar por la normalidad del proceso, evitar

dilaciones y obstculos que alarguen el tiempo en un procedimiento judicial.

El Fiscal en tanto es el funcionario pblico, integrante del Ministerio

Pblico a quien le corresponde como funciones principales la defensa de la

1 Tradicionalmente a los Procuradores se les llam Procuradores Generales de la Repblica, pero desde la Constitucin de 1979 (Artculo 147) se les denomina Procuradores Pblicos.




20

legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses pblicos, la representacin

de la sociedad en juicio, para los efectos de defender a la familia, a los

menores e incapaces y el inters social, as como para velar por la moral

pblica, la persecucin y la prevencin del delito2. Esa representacin del ente

social abstracto no comprende la que concretamente tienen los Procuradores

Pblicos respecto de los intereses jurdicos que el Estado tiene como sujeto de

derechos y obligaciones al cual representa en un proceso judicial.

El reciente Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurdica del Estado,

ha clasificado a los Procuradores Pblicos de la siguiente manera:

Procuradores Pblicos del Poder Legislativo, Poder Judicial y de los

Organismos Constitucionalmente Autnomos.

Procuradores Pblicos Ad Hoc, que asumen la defensa jurdica del

Estado en los casos que la especialidad as lo requiera, siendo su

designacin de carcter temporal.

Procuradores Pblicos Especializados, que ejercen la defensa jurdica del

Estado en los procesos o procedimientos que por necesidad y/o

gravedad de la situacin as lo requiera. Estos Procuradores Pblicos

Especializados son:

o Procurador Pblico Especializado en Delitos de Trfico Ilcito de

Drogas.

o Procurador Pblico Especializado en Delitos de Terrorismo.

o Procurador Pblico Especializado en Delitos de Lavado de Activos y

Proceso de Prdida de Dominio.

o Procurador Pblico Especializado en asuntos de Orden Pblico.

2 Artculo 1 del Decreto Legislativo N 052 Ley Orgnica del Ministerio Pblico.




21

o Procurador Pblico Especializado en Delitos de Corrupcin.

o Los que mediante resolucin suprema se designe.

Procuradores Pblicos de los Gobiernos Regionales,

Procuradores Pblicos Municipales.

7. El Estado en Juicio.

Para los efectos de defender sus derechos e intereses, el Estado crea el

Sistema de Defensa Jurdica del Estado y lo define como el conjunto de

principios, normas, procedimientos, tcnicas e instrumentos estructurados e

integrados funcionalmente mediante los cuales los Procuradores Pblicos

ejercen la defensa jurdica del Estado3. Se crea asimismo el Consejo de

Defensa Jurdica del Estado, que es el ente colegiado que dirige y supervisa el

Sistema y est integrado por el Ministro de Justicia y por dos miembros

designados por Resolucin Suprema.

El Consejo de Defensa Jurdica del Estado tiene entre otras atribuciones

dirigir e integrar el Sistema, proponer la designacin de los Procuradores

Pblicos del Poder Ejecutivo, conocer en apelacin las sanciones impuestas

contra los Procuradores Pblicos resolviendo en ltima instancia, as como

proponer la designacin de los Procuradores Pblicos que asumirn la defensa

jurdica del Estado en sede supranacional los que adquieren el nombre

de Agentes, de conformidad al Reglamento de la Corte Supranacional.

Se faculta a los Procuradores Pblicos para demandar y denunciar actos

que lo perjudican, para ello pueden requerir a toda institucin pblica la

3 Artculo 2 del Decreto Legislativo N 1068.




22

informacin y/o documentacin necesaria para cumplir su funcin y estn

facultados para conciliar, transigir o desistirse de las demandas, conforme a los

requisitos y procedimientos establecidos en el reglamento, previa expedicin

de la resolucin autoritativa del titular de la entidad.

El anterior Decreto Ley N 17537, en sus orgenes estableca algunos

privilegios en las actuaciones procesales en defensa del Estado, privilegios que

con el transcurrir del tiempo, se han ido dejando sin efecto paulatinamente.

As tenemos el artculo 59 del Cdigo Procesal Civil, establece

que: cuando el Estado y sus dependencias, o las empresas pblicas y privadas

con participacin econmica determinante de aqul, intervienen en un

proceso civil, cualquiera sea la calificacin o ubicacin procesal que se les

asigne, se sometern al Poder Judicial, sin ms privilegios que los

expresamente sealados en este Cdigo.

Asimismo, la Stima Disposicin Complementaria y Final del mismo

Cdigo Procesal Civil, seala: Salvo disposicin distinta de este Cdigo,

quedan suprimidos todos los procesos judiciales especiales y todos los

privilegios en materia procesal civil a favor del Estado, el Gobierno Central y

los Gobiernos Regionales y Locales, sus respectivas dependencias y dems

entidades de derecho pblico o privado, de cualquier naturaleza.

Y aunque existen cuantiosos casos en los que toca defender al Estado por

actos administrativos incumplidos o como vctima de delitos cometidos por

particulares; tambin es cierto que hay ciertos casos en los que toca defender

al Estado por hechos delictivos cometidos por sus propios funcionarios. Para

ello el Procurador debe tener autorizacin normativa del titular de la entidad,




23

para demandar o denunciar, lo que resulta un filtro para evitar denunciar a

quienes estn vinculados al grupo poltico en el poder, aun cuando estos se

encuentren comprometidos en actos de corrupcin.

8. Procuradores Pblicos

Tienen como funcin principal representar y defender jurdicamente al

Estado en los temas que conciernen a la entidad de la cual dependen

administrativamente o en aquellos procesos que por su especialidad asuman y

los que de manera especfica les asigne el Presidente del Consejo de Defensa

Jurdica del Estado; si bien su labor es protagnica, muchas veces se

encuentran en el camino con barreras que dificultan un desempeo

totalmente eficiente de su labor, como son la dependencia del poder poltico

sobre todo cuando son cargos de confianza designados sin previo concurso

pblico, inexistencia de criterios de seleccin para el ingreso de personal

profesional, tcnico y auxiliar; inestabilidad en el cargo, falta de motivacin

para los profesionales que ocupan ese cargo debido a la inexistencia de

posibilidades de reconocimiento o ascensos, ausencia de reas de

especializacin, falta de apoyo logstico y por ltimo diferencia en las

remuneraciones para cargos de Procuradores de igual nivel.

8.1. Designacin del Procurador Pblico.

La persona que se desempee como Procurador debe tener

especiales caractersticas de idoneidad e independencia al momento de

ejercer la defensa de los derechos e intereses del Estado, lo que pasa por la

forma en que los Procuradores Pblicos de todas las entidades del Estado

deben ser elegidos.




24

La norma que crea el Sistema de Defensa Jurdica del Estado, dispone

que la designacin de los Procuradores Pblicos del Poder Ejecutivo, es

propuesta por el Consejo de Defensa Jurdica del Estado, al Presidente de

la Repblica quien los designa mediante Resolucin Suprema con refrendo

del Presidente del Consejo de Ministros, del Ministerio de Justicia y del

Ministro del sector correspondiente.

Para la designacin de los Procuradores Pblicos del Poder

Legislativo, Poder Judicial y Organismos Constitucionalmente Autnomos,

los titulares de estos entes, proponen una terna que debe ser evaluada por

el Consejo de Defensa Jurdica del Estado, luego de la cual se eleva la

propuesta al Presidente de la Repblica para su designacin.

En cuanto a los Procuradores Pblicos Regionales y Municipales su

designacin o nombramiento se rige por su Ley Orgnica, es decir, en el

caso de los Procuradores Pblicos Regionales, es nombrado por el

Presidente Regional previo concurso pblico de mritos y en cuanto a los

Procuradores Pblicos Municipales son designados por el Alcalde.

Como se puede ver, a excepcin de los Procuradores Regionales, que

para su designacin o nombramiento la Ley Orgnica de los Gobiernos

Regionales, se exige concurso pblico de mritos, en las dems entidades

del Estado la designacin del Procurador Pblico es una facultad exclusiva

del Presidente de la Repblica o del Alcalde en el caso de Procuradores

Municipales, calificndolo en muchos casos como un cargo de confianza,

que puede ser removido en cualquier momento, lo que no garantiza una

total independencia para el cumplimiento de su funcin.




25

En tal sentido, si para la eleccin de fiscales del Ministerio Pblico, se

sigue un procedimiento riguroso a cargo de un ente colegiado autnomo

como es el Consejo Nacional de la Magistratura, el Consejo de Defensa

Jurdica del Estado, debe convertirse tambin en un organismo autnomo,

que rena a todas las procuraduras pblicas, siendo una de sus funciones

la seleccin de los Procuradores Pblicos, mediante concurso pblico de

mritos buscando profesionales idneos, conocedores de la ley y con

valores ticos firmes, conscientes de ser defensores de los derechos e

intereses del Estado y de ser parte del Sistema de Administracin de

Justicia en nuestro pas.

Hay tres tipos de Procuradores, cada uno tiene sus propios requisitos

para la designacin, Procuradores Pblicos, Procuradores Pblicos

Adjuntos y Procuradores Pblicos Ad-Hoc.

Los tres deben ser designados por el Presidente de la repblica, por

Resolucin Suprema del Sector Justicia, con refrendo del Ministro de

Justicia y del Presidente del Consejo de Ministros y7o los respectivos

Ministros.

Estos Procuradores dependen administrativamente, al sector al cual

defienden, es decir, de su Pliego Presupuestal debe partir la remuneracin,

honorarios y otros beneficios que correspondan.

Este Procurador Pblico y Adjunto son parte permanente de cada

Procuradura, por la parte del Procurador Pblico Ad-Hoc este es

designado de manera excepcional y bajo los mismos requisitos del titular y

del adjunto.




26

8.2. Requisitos para ser Procurador Pblico

Ser peruano de nacimiento;

Haber ejercido la abogaca durante quince (15) aos consecutivos,

debiendo acreditar esta situacin con la copia del diploma de

incorporacin al respectivo Colegio de Abogados.

Estar colegiado y cumplir las obligaciones que le permitan el ejercicio

de la profesin, lo cual se acreditar con la informacin que

proporcione el respectivo Colegio de Abogados sobre su condicin de

miembro hbil; y,

No estar incurso en las prohibiciones e incompatibilidades establecidas

en el Decreto Supremo N 023-99-PCM, para lo cual deber suscribir

una Declaracin Jurada, segn formato elaborado por el Consejo de

Defensa Judicial del Estado.

8.3. Requisitos para ser Procurador Pblico Adjunto

Ser peruano de nacimiento;

Haber ejercido la abogaca durante cinco (05) aos consecutivos,

debiendo acreditar esta situacin con la copia del diploma de

incorporacin al respectivo Colegio de Abogados.

Estar colegiado y cumplir las obligaciones que le permitan el ejercicio

de la profesin, lo cual se acreditar con la informacin que

proporcione el respectivo Colegio de Abogados sobre su condicin de

miembro hbil; y,

No estar incurso en las prohibiciones e incompatibilidades establecidas

en el Decreto Supremo N 023-99-PCM, para lo cual deber suscribir




27

una Declaracin Jurada, segn formato elaborado por el Consejo de

Defensa Judicial del Estado.

8.4. Procedimiento para el Nombramiento del Procurador

Primero se necesita que los Titulares de los Sectores u

Organismos que necesiten la intervencin de un Procurador, deban

proponer la designacin del mismo. Esta propuesta debe ser a travs

del Ministerio Pblico y este se encarga de tramitarla ante el Presidente

de la Repblica, el cual deber, para este efecto emitir una Resolucin

Suprema.

Antes de la designacin, el Presidente del Consejo de Defensa

Judicial del Estado deber emitir una opinin tcnica previa sobre el

cumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo y debe visar la

correspondiente Resolucin Suprema.

Una vez que se suscribe la correspondiente Resolucin Suprema,

se enva copias certificadas de la misma al Presidente del Consejo de

Defensa Judicial del Estado y este la transmite a los letrados y a los

respectivos Titulares del Sector.

Una vez que asumen el cargo, deben juramentar ante el

Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima.

8.5. Funciones de los Procuradores Pblicos

Defender los asuntos del Estado ante cualquier rgano jurisdiccional

de los diferentes Distritos Judiciales de la Repblica, sin necesidad de

previa inscripcin en el registro de las Cortes Superiores distintas a la

de la capital o de los colegios de abogados respectivos. Esta facultad




28

es extensiva al Procurador Adjunto y a los Abogados a los que se

haya delegado representacin.

Solicitar informes, antecedentes y colaboracin de cualquier

dependencia o reparticin del Sector Pblico Nacional.

Intervenir ante todas las instancias del fuero ordinario y privativo.

En materia Penal los Procuradores actuarn como denunciantes o

constituyndose en parte civil segn sea el caso, sin que las

limitaciones que sealan el Cdigo de Procedimientos Penales y el

Cdigo de Justicia Militar para la actuacin de la parte civil, en la

etapa de la instruccin, puedan restringir su labor de cautela y de

defensa de los derechos e intereses del Estado. Para este efecto,

podrn informarse de cualquier diligencia e intervenir en ellas.

Requerir el auxilio de la fuerza pblica a travs de

la autoridad pblica para el mejor desempeo de su funcin

8.6. Actuacin Judicial de los Procuradores Pblicos

Como se ha mencionado antes en el trabajo antes en el trabajo,

los Procuradores Pblicos tienen a su cargo los asuntos Judiciales

comunes o especiales, civiles o penales de algn organismo del Estado.

En caso que sea un proceso Penal, donde el Estado es el

denunciado, el Procurador debe constituirse como Parte Civil, sin que

las restricciones que establecen el Cdigo de procedimientos Penales y

Cdigo de Justicia Militar establecen para la Parte Civil en la etapa de

la Instruccin puedan restringir si labor de cautela y de defensa de los

derechos e intereses del Estado. Es decir, que ante esta situacin, donde

hay casos cuando la ley admite la participacin de la Parte Civil, slo

podran ser el agraviado, su cnyuge, o sus herederos legales




29

constituidos. En estos casos, si el Estado es el agraviado, el procurador

puede constituirse como parte Civil.

Para efectos de defender los derechos e intereses del Estado los

procuradores pueden informarse de cualquier diligencia e intervenir en

ella.

Todas las demandas contra el Estado debern ser interpuestas

ante el Juez de la Primera Instancia Civil del Distrito Judicial respectivo,

segn lo indica el inciso 4) del La Ley Orgnica del Poder Judicial, y la

7 Disposicin Complementaria del Cdigo Procesal Civil, con esta

Disposicin Complementaria se suprimieron los privilegios en materia

procesal que le otorgaba el Decreto Ley 17537 a la actuacin procesal

de los Procuradores Pblicos.

En los casos que el Estado desee demandar y7o formular una

denuncia contra un tercero, es necesario, que se expida previamente

una Resolucin Ministerial autoritativa.

En cuanto a las medidas cautelares que se requieran, los

Procuradores Pblicos, sin necesidad de Resolucin Ministerial, por su

propia iniciativa y con cargo de dar cuenta para los efectos de la

expedicin de la Resolucin Ministerial pertinente. Podrn solicitar que

se dicten medidas cautelares, se decreten y tramiten las diligencias

preparatorias necesarias para defender o promover los derechos del

Estado.

Esta participacin en juicio deber comprender todas las

instancias del fuero ordinario y privativo.

En caso de que el Estado sea parte demandado acusada, los

Procuradores son los nicos que podrn prestar confesin en juicio en

representacin del Estado y adems podrn convenir en la demanda,




30

desistirse o transigir los juicios, solo con la expedicin de la Resolucin

Ministerial autoritativa en los ltimos tres casos.

Cuando el Estado es el demandante, y le hubiera correspondido

la defensa al Fiscal, este, ya sea Fiscal Pblico y en segunda instancia

Fiscal Provincial, este debe instituir en la defensa al Procurador, aun

cuando podrn seguir interviniendo directamente cuando as lo

consideren. Adems est obligado a dictaminar en todas las instancias,

en los litigios donde el Estado sea parte y remitirle al Procurador

Pblico copia de este dictamen para acelerar y facilitar su actuacin

funcional.

Las notificaciones al Estado en juicio se harn al Procurador

Pblico respectivo, en su correspondiente oficina, dentro de horario

oficial.

Las Acciones de Garantas Constitucionales, donde el

demandado es el Estado, tales como Habeas Corpus,

Inconstitucionalidad, Accin Popular, el representante encargado ser el

Procurador Pblico. En los casos de Habeas Corpus cuyos recursos se

presentan ante las Salas Civiles de la Corte Superior, este rgano

oficiar dentro de los 8 das de decepcionado al Procurador General de

La Repblica que tenga a su cargo los asuntos del Ministerio u rgano

respectivo con el objeto que tome conocimiento del caso e intervenga

en representacin del Estado.

En los casos que se infrinjan la Constitucin o la Ley o cuando se

contravenga las Resoluciones y Decretos de carcter general que expide

el Poder Ejecutivo, los Gobiernos Regionales y Locales, se establece la

facultad de reclamar o impugnar mediante Accin Popular. Esto se

ejercita ante la Corte Suprema, la que corre traslado al Procurador




31

General de la Repblica, por el trmino improrrogable de 5 das. Una

vez que conoce el proceso el Procurador y con la Vista del Fiscal ms

antiguo en lo administrativo, se resuelve la demanda en acuerdo de

Sala Plena en el trmino de 8 das, oyendo previamente a las partes en

Audiencia Pblica.

9. Exoneracin de Pagos Judiciales y otros beneficios

La exoneracin de gastos Judiciales al Estado es un Privilegio que se le

otorga basndose en el Artculo 47 de la Constitucin el cual tiene gran

aceptacin en la literatura especializada, entre otras razones, porque es el

propio Estado el que financia la existencia del Poder Judicial.

Recientemente, mediante la Ley N 26599 del 24 de abril de 1996, se

sustituy el Art. 648 del Cdigo Procesal Civil y se establece que

son bienes inembargables los bienes del Estado. Adems se agrega que las

resoluciones judiciales o administrativas, consentidas o ejecutoriadas que

dispongan el pago de obligaciones a cargo del Estado, slo sern atendidas

con las partidas previamente presupuestadas del sector al que correspondan.

Es decir que en adelante los juicios que se ganen al Estado no podrn ser

objeto de medidas pre cautelares a bienes inmuebles que pertenezcan a aqul;

menos an solicitar su remate una vez consentido el proceso. El litigante que

resulte favorecido en el proceso deber contentarse con gestionar ante el

Ministerio de Economa y Finanzas para que incluya el monto indemnizatorio

en el presupuesto del sector, como se sabe, es aprobado en conjunto una vez

al ao. Es decir, si un proceso se gan, por ejemplo en enero de

determinado ao, el titular del derecho beneficiado tendr que esperar a




32

enero del prximo ao, para poder hacer efectiva la resolucin judicial que lo

favoreci. Sin contar el trmite burocrtico que esto conlleva.

Por otro lado, conforme a lo establecido en el inciso 4) del artculo 49

de la Ley Orgnica del Poder Judicial y la 7ma Disposicin Complementaria

del Cdigo Procesal Civil, el Juez de Primera Instancia Civil del Distrito

Judicial respectivo, es competente para conocer los privilegios en materia

procesal, modificando as lo que ha dispuesto Decreto Ley 17537, el cual

indicaba que todas las demandas contra el Estado, debera plantearse en la

capital de la Repblica.

10. Intervencin del Ministerio Pblico

El Ministerio Pblico es el rgano autnomo que tiene como funciones

principales la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses

pblicos.

La declaracin de los estados de emergencia o de sitio, en todo o en

parte del territorio nacional, no interrumpe la actividad del Ministerio Pblico

ni el derecho de los ciudadanos de recurrir o acceder a l personalmente,

salvo respecto de los derechos constitucionales suspendidos en tanto se

mantenga esta situacin.

Para el debido cumplimiento de sus funciones y atribuciones, el Fiscal

de la Nacin y los Fiscales en general ejercitan las acciones o recursos y actan

las pruebas que admiten la legislacin administrativa y judicial; y en caso de

deficiencias de nuestro ordenamiento, el Ministerio Pblico en el ejercicio de

sus atribuciones ha de tener en consideracin los principios generales del

derecho y preferentemente, los que inspiran el derecho peruano (Constitucin




33

de 1979, art. 233 inc. 6, Constitucin de 1993, arts. 158 a 160; L.O. del M.P.

art. 4).

Los fiscales no son recusables, empero deben excusarse,

bajo responsabilidad, de intervenir en un proceso administrativo o judicial en

que directa o indirectamente tuviesen inters o lo tuviesen su cnyuge,

parientes en lnea recta o dentro del cuarto grado de consanguinidad o

segundo de afinidad, o por adopcin, o sus compadres o ahijados o su

apoderado (arts. 19 y 20 letra c)

Al Fiscal Supremo en lo contencioso-administrativo le concierne emitir

dictamen antes de la resolucin fiscal en dichos procesos (art. 86 inc. 1 ). La

ley que regula el ejercicio de esta innovadora accin ha de precisar otros

extremos (Constitucin, art. 240).

Cuando el Estado sea denunciado ante jueces distintos de la Capital de

la Repblica, los Procuradores son sustituidos en la defensa por los Fiscales

Superiores en segunda instancia (Art. 17; L.O. del M.P, Art. 36). Unos y otros

tienen obligaciones de proporcionar informes sobre el estado de las causas

(art. 217).

El Poder Ejecutivo puede tambin designar abogados encargados

temporalmente de la defensa de los intereses del Estado, en

casos excepcionales (Art. 17); cayendo esta situacin dentro de la esfera

discrecional.

Por cierto que las dependencias estatales estn en la obligacin de dar

preferente e inmediata atencin a todos los pedidos que les formulen los

Procuradores o a quienes hagan sus veces (Art. 36); cumplir el mandato

judicial de emitir informes o de remitir documentos y/o actuados

administrativos (art. 36). Ha de recordarse siempre que los autos en trmite

slo pueden ser excepcionalmente pedidos de oficio, mediante resolucin




34

bien fundamentada y bajo responsabilidad del peticionario, (L.O. del P.J.

14650, art. 24, letra b).

En el Ministerio Pblico se constituy una Fiscala Especial encargada de los

Asuntos de Defensora del Pueblo y Derechos Humanos (Constitucin, Art. 16,

8, 12, 67,69 y 70; Ley N 25037, modificando el texto del numeral 112)

(487). Hoy es titular de estas augustas y sempiternas funciones el Defensor del

Pueblo (Ley Orgnica de la Defensora del Pueblo N 26520)




35

CAPTULO II

CONTROL Y DEFENSA DE LOS

INTERESES DEL GOBIERNO

REGIONAL




36

CAPTULO II

CONTROL Y DEFENSA DE LOS INTERESES DEL GOBIERNO

REGIONAL

1. Control del Gobierno Regional.

El Gobierno Regional est sujeto a la fiscalizacin permanente del Congreso de la

Repblica, del Consejo Regional y la ciudadana, conforme a ley y al Reglamento

del Consejo Regional.

La fiscalizacin se ejerce con arreglo a los principios de gestin pblica regional.

CONTRALORA GENERAL

DE LA REPBLICA

RGANO DE CONTROL

INSTITUCIONAL

DIVISIN DE CONTROL

FINANCIERO Y

PRESUPUESTAL

DIVISIN DE CONTROL

OPERATIVO Y OBRAS

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL




37

2. rgano De Control Institucional(OCI)

2.1. Concepto:

El control a nivel regional est a cargo del rgano Regional de Control

Interno, el cual depende funcional y orgnicamente de la Contralora

General de la Repblica conforme a la Ley Orgnica del Sistema

Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica.

El rgano de Control Regional est bajo la Jefatura de un funcionario

seleccionado y nombrado por la Contralora General de la Repblica,

mediante concurso pblico de mritos. Su mbito de control abarca a

todos los rganos del Gobierno Regional y todos los actos y operaciones

conforme a Ley.

El Jefe del rgano de Control Regional emite informes anuales al

Consejo Regional acerca del ejercicio de sus funciones y del Estado del

control del uso de recursos y fondos pblicos. Estos informes son

pblicos.

Las observaciones, conclusiones y recomendaciones de cada accin de

control se publican en el portal del Gobierno Regional.

El responsable del RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI),

mantiene dependencia jerrquica con la controlara general de la

repblica.




38

2.2. Funciones:

Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones de la

entidad sobre la base de los lineamientos y cumplimiento del plan

anual de control, as como el control externo por encargo de la

contralora general.

Efectuar auditoras a los estados financieros y presupuestarios de la

entidad, as como, a la gestin de la misma, de conformidad con los

lineamientos que emita la contralora general.

Ejecutar las labores de control a los actos y operaciones de la entidad

que disponga la contralora general. Cuando estas labores de control

sean requeridas por el titular de la entidad y tengan el carcter de no

programadas, su ejecucin se efectuar de conformidad con los

lineamientos que emita la contralora general.

Ejercer el control preventivo en la entidad dentro del marco de lo

establecido en las disposiciones emitidas por la contralora general, con

el propsito de contribuir a la mejora de la gestin, sin que ello

comprometa el ejercicio del control posterior.

Remitir los informes resultantes de sus labores de control tanto a la

contralora general como al titular de la entidad y del sector, cuando

corresponda, conforme a las disposiciones sobre la materia.




39

Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones de la entidad se

adviertan indicios razonables de ilegalidad, de omisin o de

incumplimiento, informando al titular de la entidad para que se

adopten las medidas correctivas pertinentes.

Orientar, recibir, derivar y/o atender las denuncias que formulen los

servidores, funcionarios pblicos y ciudadana en general, otorgndole

el trmite que corresponda a su mrito, de conformidad con las

disposiciones del sistema nacional de atencin de denuncias y las que

establezca la Contralora general sobre la materia.

Formular, ejecutar y evaluar el plan anual de control aprobado por la

contralora general, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones

emitidas para el efecto.

Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que implemente la

entidad como resultado de las labores de control, comprobando y

calificando su materializacin efectiva, conforme a las disposiciones de

la materia.

Apoyar a las comisiones que designe la contralora general para la

ejecucin de las labores de control en el mbito de la entidad.

Asimismo, el jefe del OCI y el personal de dicho rgano colaborarn,

por disposicin de la contralora general, en otras labores de control,

por razones operativas o de especialidad.




40

Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa

interna aplicables a la entidad por parte de las unidades orgnicas y

personal de sta.

Formular y proponer a la entidad, el presupuesto anual del OCI para

su aprobacin correspondiente.

Cumplir diligente y oportunamente con los encargos y requerimientos

que le formule la contralora general.

Cautelar que la publicidad de los informes resultantes de sus acciones

de control se realice de conformidad con las disposiciones de la

materia.

Cautelar que cualquier modificacin del cuadro para asignacin de

personal; as como de la parte correspondiente del reglamento de

organizacin y funciones, relativos al OCI se realice de conformidad

con las disposiciones de la materia.

Promover la capacitacin permanente del personal que conforma el

OCI, incluida la jefatura, a travs de la escuela nacional de control de la

contralora general o de cualquier otra institucin universitaria o de

nivel superior con reconocimiento oficial en temas vinculados con el

control gubernamental, la administracin pblica y aquellas materias

afines a la gestin de las organizaciones.




41

Mantener ordenados, custodiados y a disposicin de la contralora

general durante diez (10) aos los informes de control, papeles de

trabajo, denuncias recibidas y los documentos relativos a la actividad

funcional de los OCI, luego de los cuales quedan sujetos a las normas

de archivo vigentes para el sector pblico. El jefe del OCI adoptar las

medidas pertinentes para la cautela y custodia del acervo documental.

Cautelar que el personal del OCI d cumplimiento a las normas y

principios que rigen la conducta, impedimentos, incompatibilidades y

prohibiciones de los funcionarios y servidores pblicos, de acuerdo a las

disposiciones de la materia.

Mantener en reserva la informacin clasificada obtenida en el ejercicio

de sus actividades.

Coordinar en lo que corresponde con los OCI comprendidos en la

regin, para efectos de formular el plan anual de control, cumplir con

las disposiciones del sistema nacional de denuncias, uniformizar criterios

para la ejecucin de las labores de control, entre otros, con la finalidad

de contribuir a un desarrollo ptimo y uniforme del control

gubernamental.

Integrar y consolidar la informacin referida al funcionamiento,

desempeo, limitaciones u otros de los OCI, comprendidas en la

regin, cuando la contralora general lo disponga.




42

Informar a la contralora general sobre cualquier aspecto relacionado

con los OCI comprendidas en la regin, que pueda afectar su

funcionamiento, as como, lo referente al desempeo funcional de los

jefes de OCI, a fin de ser evaluado por la contralora general.

Emitir el informe anual al consejo regional, conforme a las

disposiciones emitidas por la contralora general.

2.3. Divisin Estructural:

Para el adecuado cumplimiento de las funciones asignadas, el rgano de

control institucional cuenta con unidades orgnicas bajo su mando,

denominadas

2.3.1. Divisin de Control Financiero y Presupuestal.

Sus funciones son las siguientes:

Verificar y ejecutar los actos administrativos referentes a la gestin

financiera y presupuestaria, el cumplimiento de requisitos legales y

reglamentarios mediante el examen de la documentacin

respaldante. Verificar selectivamente loas procedimientos

relacionados con la gestin financiera y presupuestal.

Efectuar el seguimiento y evaluacin de la implantacin de las

recomendaciones relacionadas con los informes emitidos por ste

departamento.




43

Brindar informacin requerida por la Contralora General de la

Repblica y dictaminar en asuntos relacionados con el rea de su

competencia.

2.3.2. Divisin de Control Operativo y Obras

Sus funciones son las siguientes:

Formular el plan anual de control del gobierno regional.

Formular semestralmente y cuando la presidencia regional lo estime

necesario la evaluacin de las acciones ejecutadas.

Ejecutar las acciones de control en el rgano de Control

Institucional.

Evaluar el plan operativo, as como la memoria anual del gobierno

regional.

Ejecutar las acciones de control en las unidades orgnicas que

conforman el gobierno regional Lambayeque.

Ejecutar las acciones de control en las direcciones regionales

sectoriales que no cuenten con oficina de control institucional.

Coordinar la ejecucin de acciones de control en las oficinas de

control institucional de las direcciones regionales sectoriales.

Efectuar el seguimiento y evaluacin de la implantacin de las

recomendaciones relacionadas con los informes emitidos por esta

divisin.




44

3. Procuradura Pblica Regional:

3.1. Concepto:

La defensa de los derechos e intereses del Estado a nivel del Gobierno

Regional se ejerce judicialmente por un Procurador Pblico Regional,

nombrado por el Presidente Regional, previo concurso pblico de mritos.

El Procurador Pblico Regional ejercita la representacin y defensa en

los procesos y procedimientos en que el Gobierno Regional acte como

demandante, demandado, denunciante, denunciado o parte civil, pudiendo

prestar confesin en juicio en representacin del Gobierno Regional y

convenir en la demanda o desistirse de ella o transigir en juicio previamente

autorizados por Resolucin Ejecutiva Regional, con acuerdo de los Gerentes

Regionales.

PRESIDENCIA

REGIONAL

PROCURADURA

PBLICA REGIONAL

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL




45

El Procurador Pblico Regional guarda relaciones de coordinacin y

cooperacin con el Consejo de Defensa Judicial del Estado. Informa

permanentemente al Consejo Regional, del estado de las acciones judiciales

en defensa de los derechos e intereses del Estado a nivel regional y

anualmente formula la memoria de su gestin. Sus informes son pblicos.

3.2. Funciones

Ejercitar en los juicios, todas las acciones y recursos legales que sean

necesarios en defensa de los derechos e intereses del gobierno

regional.

Solicitar informes, antecedentes y el apoyo necesario de cualquier

entidad pblica para el ejercicio de su funcin.

Informar permanentemente al presidente regional, al consejo

regional y al consejo de defensa judicial del estado, sobre los

procesos judiciales iniciados y tramitados en defensa de los derechos

e intereses del gobierno regional.

Delegar, de ser el caso, la representacin para intervenir en los

procesos judiciales, a los abogados de la procuradura regional o a

abogados de otras unidades orgnicas del gobierno regional, cuando

estos se vienen tramitando en provincias distintas a la sede regional.

Formular anualmente su memoria de gestin, a ms tardar hasta el

mes de febrero del ao siguiente al informado, conforme a las

disposiciones que el consejo de defensa judicial del estado establezca.




46

CAPTULO III

ANLISIS DE EXPEDIENTES

JUDICIALES

EXPEDIENTE N 2962-2006






47


Materia: Indemnizacin por daos y perjuicios.

Demandante: Luis Ramn Gonzales Vlez

Demandados: Oscar A. Valdivia Avalos, Carlos A. Cullas Sotomayor,

Pablo F. Urbina Carrasco, Juan V. Hernndez Alcntara, Felipe N.

Larios Vinces, Jolver A. Barrantes Burga, Jorge J. Guanilo Ramrez, y

Jorge Luis Carrasco Chapoan.

1.- VIA ADMINISTRATIVA.-

El referido expediente inicia con un MEMORNDUM por parte de

GERENCIA GENERAL DE PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES

(PEOT), que se le hace llegar a ING. JUAN V. HERNNDEZ

ALCNTARA, memorndum que mediante resolucin gerencial 511-

2006 se impone Sancin Administrativa, la misma que consiste en

SUSPENSION DE 15 DIAS SIN GOCE DE REMUNERACIONES.

JUAN VICENTE HERNNDEZ ALCNTARA, interpone recurso de

reconsideracin contra la resolucin gerencial 511-2006.

Se resuelve: se le Impone sancin administrativa

Asimismo otro MEMORNDUM conteniendo resolucin gerencial

512-2006, se le hace llegar a JUAN V. HERNNDEZ ALCNTARA,

FELIPE N. LARIOS VINCES, JOLVER A. BARRANTES BURGA, JUAN




48

JOSE GUANILO RAMIREZ Y JORGE LUIS CARRASCO CHAPOAN,

el mismo que los sanciona con AMONESTACION ESCRITA.

FELIPE N. LARIOS VINCES, y JORGE LUIS CARRASCO CHAPOAN

formula apelacin contra la resolucin gerencial 512-2006.

Se resuelve: concdase el recurso de apelacin a ambos.

Finalmente mediante resolucin gerencial 513-2006, se les sanciona

con AMONESTACION ESCRITA a JUAN V. HERNNDEZ

ALCNTARA, FELIPE N. LARIOS VINCES y JUAN JOSE GUANILO

RAMIREZ.

FELIPE N. LARIOS VINCES, formula apelacin contra la resolucin

gerencial 512-2006.

Se resuelve concdase el recurso de apelacin.

Sin embargo al ser notificado LA CONTRALORIA GENERAL DE LA

REPUBLICA, de los hallazgos relacionados con la ejecucin de la obra

Construccin de Obras de Cruce Por El Rio Taymi Antiguo Y Obras de

Arte Y Conexin Del Sistema De Drenaje precisa:

Que en razn de todo lo expuesto, se tenga en cuenta los argumentos

mencionados, que seguramente deben se probados por los funcionarios

que aun vienen laborando en el PEOT, y que al suscrito no le es posible

su obtencin por el trmite que debo previamente seguir para poderle




49

hacer acopio a las pruebas.

2.- VIA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA.

Expediente: 2962-2006

Materia: Indemnizacin por daos y perjuicios.

Demandante: Luis Ramn Gonzales Vlez

Demandados: Oscar A. Valdivia Avalos, Carlos A. Cullas Sotomayor,

Pablo F. Urbina Carrasco, Juan V. Hernndez Alcntara, Felipe N.

Larios Vinces, Jolver A. Barrantes Burga, Jorge J. Guanilo Ramrez, y

Jorge Luis Carrasco Chapoan.

PETITORIO

Solicita ACUMULACION OBJETIVA ORIGINARIA, con la finalidad de

solicitar INDEMNIZACIN POR DAOS Y PERJUICIOS derivada de

responsabilidad funcional en agravio del estado representado por EL

PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES PEOT.

Responsabilidad Civil de los seores, Oscar A. Valdivia Avalos, Carlos

A. Cullas Sotomayor, Pablo F. Urbina Carrasco, por Incumplimiento

u Omisin en ejercicio de sus Funciones como funcionarios del

PEOT se solicita de manera solidaria la suma de s/25,068.70 que es

la cuantificacin del dao patrimonial, intereses legales, costos y

costas del proceso.

Responsabilidad Civil de los seores, Oscar A. Valdivia Avalos,

Juan V. Hernndez Alcntara por Incumplimiento u Omisin en




50

ejercicio de sus Funciones como funcionarios del PEOT se solicita

de manera solidaria la suma de s/15,041.27 que es la cuantificacin

del dao patrimonial, intereses legales, costos y costas del proceso.

Responsabilidad Civil de los seores, Oscar A. Valdivia Avalos, Juan

V. Hernndez Alcntara por Incumplimiento u Omisin en ejercicio

de sus Funciones como funcionarios del PEOT se solicita de manera

solidaria la suma de s/188,015.87 que es la cuantificacin del dao

patrimonial, intereses legales, costos y costas del proceso.

Responsabilidad Civil de los seores, Oscar A. Valdivia Avalos, Juan

V. Hernndez Alcntara, Felipe N. Larios Vinces, Jolver A. Barrantes

Burga, Jorge J. Guanilo Ramrez, y Jorge Luis Carrasco Chapoan,

por Incumplimiento u Omisin en ejercicio de sus Funciones como

funcionarios del PEOT se solicita de manera solidaria la suma de

s/3,464.72 que es la cuantificacin del dao patrimonial, intereses

legales, costos y costas del proceso.

La presente demanda se sustenta en el informe emitido por la

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, debiendo concederse

con expresa condena de costos y costas en caso de contradiccin ,

adems de los fundamentos facticos y jurdicos que se detallan.

FUNDAMENTOS DE HECHO

o Mediante resolucin directoral n 269-2001 -INADE- de fecha 16

octubre 2001, se aprob el expediente tcnico actualizado de las

obras de cruce por el rio Taymi Antiguo y obras de Arte y




51

conexin del sistema de Drenaje D1000, D1400, D1700 y D1520

con el rio Taymi Antiguo.

o El 26 de diciembre del 2001 se suscribe el contrato de ejecucin de

obra construccin de obras de cruce por el rio Taymi Antiguo y

obras de Arte y conexin del sistema de Drenaje D1000, D1400,

D1700 y D1520 con el rio Taymi Antiguo. Entre la DEPOLTI (hoy

PEOT), y la empresa PRO OBRAS SAC, por el monto de S/

2,449,926.23 nuevos soles con un plazo de ejecucin de 96 das

calendarios, aprobado por resolucin directorial N 328-2001

INADE.

o El 02 de enero del 2002 se efectuo la entrega del terreno, y el dia

09 de enero del 2002 fue otorgado el adelanto directo por la

suma de S/. 489, 985.25 nuevos soles, mismo da que se dio inicio

a la obra, correspondiendo el termino contractual el 14 de abril

del 2002 (sin ampliaciones de plazo).

o Que la DEPOLTI (hoy PEOT), mediante resolucin directoral N

177-2002 INADE de fecha 12 de junio del 2002, dispone

resolver el contrato de obra N 062-2001-INADE, por las causales

dispuestas en los incisos a) y b) del art, 143 en concordancia con

los art. 144 y 162 del D.S 013-2001 PCM y el art. 45 del D.S N

012-2001-PCM, referente al incumplimiento de obligaciones

contractuales y, por no contar la contratista con la capacidad

tcnico econmico para continuar la prestacin.




52

o Lo que ocasiono que con fecha 26 de julio del 2002 LA

CONTRATISTA PRO OBRAS SAC, presente demanda arbitral ante

el tribunal arbitral, en la que se fijaron once puntos,

o este proceso concluyo con la emisin de un laudo arbitral de fecha

21 de abril del 2004. Donde se resolvi lo siguientes puntos

controvertidos.

o La resolucin directoral 177-2002 INADE, no tiene efectos legales

por cuanto no se notific por conducto notarial.

o La resolucin directoral 175-2002 INADE, no tiene efectos legales

y corresponde el reconocimiento de la ampliacin de plazo por

20 das calendarios, con sus correspondientes gastos generales de

S/25,068.78 nuevos soles.

o La resolucin directoral 177-2002 INADE, ocasiono daos a la

contratista, en consecuencia le corresponde el reconocimiento y el

pago por concepto de daos y perjuicios, por costo financiero de

la carta fianza por adelanto de valorizaciones, la que deber

calcularse en la liquidacin final, ms intereses legales que

corresponda.

o Si corresponde la ampliacin del plazo por 12 das calendarios y

el reconocimiento de pago de gastos generales por la suma de S/

188,015.87 nuevos soles.

o Si corresponde la ampliacin del plazo de 150 das calendarios y

los gastos generales ascendientes a la suma de S/ 188,015.87




53

nuevos soles.

Asimismo en el laudo arbitral se resolvi que en lo que respecta al

plazo y procedimiento a seguir para la nueva liquidacin, las partes

debern sujetarse a lo dispuesto en el art. 164 del reglamento de la

ley general de contrataciones y adquisiciones del estado.

No habiendo ninguna de las partes interpuesto recurso de apelacin

o de anulacin, el laudo arbitral qued firme y consentido.

o Por lo que en cumplimiento del laudo arbitral, la gerencia general del

PEOT concede a la contratista PRO OBRAS SAC las ampliaciones de

plazo correspondientes en los puntos controvertidos citados

precedentemente.

o Mediante las resoluciones gerenciales N 088 Y 116-2004GR-

LAMB/PEOT/GG respectivamente el PEOT, resuelve aprobar la

Liquidacin Tcnica Financiera de la obra construccin de obras de

cruce por el rio Taymi Antiguo y obras de Arte y conexin del sistema

de Drenaje D1000, D1400, D1700 y D1520 con el rio Taymi Antiguo,

habindose establecido la suma de S/111,565.56 nuevos soles a favor

de la entidad.

o La contratista PRO OBRAS SAC mediante carta notarial 173-2004 de

fecha 10 de noviembre de 2004, mostro su discrepancia y luego con

carta notarial de fecha 02 de diciembre de 2004 solicito arbitraje, en

virtud que la entidad (EL PEOT) no considero en su liquidacin los




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aspectos materia del laudo arbitral, solicitando adems declarar

fundadas sus pretensiones, entre las que mencionan la nulidad de la

resolucin 088-2004LAMB/PEOT/GG, as como la validez y exigibilidad

de la liquidacin que adjuntan en su demanda, para la aprobacin del

tribunal arbitral, que indican que se ajustan a los lineamientos del

laudo arbitral, la misma que arroja un saldo a favor de la contratista

de S/ 515,154.44 nuevos soles.

o En un 2do proceso arbitral se fijaron 5 puntos controvertidos, los

mismos que fueron materia del laudo arbitral, a favor de la contratista

que decreto entre otros, declarar la invalidez legal ni exigibilidad de la

liquidacin elaborada por la entidad (PEOT), as mismo la validez y la

exigibilidad de la liquidacin presentada por la contratista y

determinar que se le page la suma de S/ 515,154.44 nuevos soles como

saldo a su favor en la liquidacin presentada.

o Que el PEOT en discrepancia con el Laudo arbitral interpuso recurso de

municipal

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