INTRODUCCIÓN

El nacimiento del Derecho Peruano debió ser simultáneo a la Declaración de la Independencia, pero no fue así. Por razones diversas, entre ellas la continuación de la lucha por la independencia, hasta muy avanzada la República, la legislación, la enseñanza forense y la práctica jurídica y contractual del Virreinato seguían rigiendo en el país.

  Esto se debió también, a la accidentada etapa por la que atravesó el país durante las primeras décadas de la República y a "la cascada de constituciones", como llamó el historiador Jorge Basadre a las sucesivas constituciones que iban dictando los gobernantes de turno.

  "No fue con el último disparo de fusil en el campo de batalla de Ayacucho, que desapareció todo vestigio de la vida colonial en el Perú", dijo el escritor Ricardo Palma en una de sus tradiciones.

  Y en efecto, los historiadores coinciden en afirmar que la sociedad peruana que siguió a la ruptura con España, a pesar de haberse legislado prontamente para dotar a la nueva república de un sistema judicial propio, no se distinguió mayormente de la sociedad de la colonia, porque la estructura económica, las jerarquías estamentales, las costumbres, creencias, convicciones y hasta las leyes eran las mismas que antes de declararse la independencia.

  Más aún, dice la historia que muchos echaban de menos las épocas pasadas y que la intelectualidad republicana osciló durante largo tiempo entre la añoranza del pasado y el anhelo de un futuro diferente.  

Consecuentemente, luego de la independencia del Perú, en los primeros años de la República, el Poder Judicial siguió aplicando las leyes heredadas de la época de la colonia. Situación que, por otro lado, fue coincidente con la que atravesaban los otros países de América que recientemente se habían emancipado.

  Muchos historiadores afirman que los países hispanoamericanos, luego de casi cuatro siglos de haber sido colonia de España, recién comenzaron a formular leyes con características propias hacia finales del siglo XIX.

  Contradiciendo esos postulados, otros historiadores recuerdan que desde su llegada al Perú, en Setiembre de 1820, hasta la instalación del primer Congreso Constituyente en Setiembre de 1822, el Libertador General José de San Martín, realizó una importante obra legislativa.

  En lo referente al Derecho Público, los documentos más importantes con los que se inicia la época republicana en el Perú, datan de un tiempo anterior a la proclamación de la Independencia.

  Sin embargo, el Reglamento Provisional de Huaura, del 12 de febrero de 1821, meses antes de proclamarse la independencia del Perú, fijó las primeras reglas para la organización judicial del país y declaró como su objetivo "no dejar en la incertidumbre y sin sistema judicial a las autoridades y expuestos los derechos particulares a los riesgos de una jurisdicción indefinida".

  Hay que recordar también que fue Bolívar, con la ayuda del insigne patriota don José Faustino Sánchez Carrión, quien apenas apagados los ecos del fragor

de la Batalla de Ayacucho, con la que se consolidó definitivamente la independencia del Perú, creó, el 22 de diciembre de 1824 la primera Corte Suprema de la República, como la más alta instancia del Poder Judicial en el país.

  Anteriormente, el Libertador, siempre con el apoyo de Sánchez Carrión, el 26 de marzo de ese año, había creado la Corte Superior de Trujillo, ciudad a la que distinguió y eligió como capital del Perú para efectos de su gobierno, itinerante a causa de la guerra.

  Actualmente, la administración de justicia en el Perú, goza de autonomía e independencia y su gestión, regida por la Constitución y las leyes, está encuadrada en el marco de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dictada en 1993.

La Corte Suprema de Justicia

La gesta libertadora que lideraba Don Simón Bolívar, en la que lo acompañaba José Faustino Sánchez Carrión, en su calidad de Ministro General, seguía su marcha indetenible. El cuartel general del Libertador, inicialmente instalado en Huamachuco, para fines de reclutamiento y apertrechamiento de tropas, debía emprender su marcha y fue en los primeros días de mayo de 1824, cuando se ofreció una solemne Misa de Campaña al Ejército Patriota y Bolívar y sus huestes comenzaron a recorrer los abruptos terrenos de los Andes.

  Caraz, Huaraz, Huánuco, Huariaca, Cerro de Pasco, Huancayo, Huamanga, Huancavelica, Jauja y Chancay fueron los lugares donde tuvo su sede el gobierno itinerante de Bolívar y, posteriormente, la tuvo en los nuevos territorios que fue conquistando su ejército, antes de llegar triunfante a Lima, el 7 de diciembre.

  Faltaba la batalla final de Ayacucho, que tendría lugar el 9 de diciembre, para la que Bolívar había planeado toda la estrategia y había nombrado Comandante en Jefe del Ejército al Mariscal José Antonio de Sucre.

Al empezar esa gesta, que culminó con la victoria del ejército peruano, Sucre arengó a su ejército y les dijo: “Sobre vuestros esfuerzos de hoy, descansa el destino de América. Este será un día de gloria, que coronará vuestras largas luchas. Soldados, ¡viva el Libertador! ¡Viva Bolívar, salvador del Perú!”.

Al terminar esa batalla, la guerra en el Perú había terminado. Y Bolívar, luego de las celebraciones del triunfo, siguió gobernando, contando todavía con la ayuda de Sánchez Carrión, quien estaba decidido a completar la organización del Poder Judicial en el Perú independiente.

  Redactó el Decreto Dictatorial provisorio del 19 de diciembre, estableciendo en Lima la Corte Suprema de Justicia, tal como lo establecía el artículo 98 de la Constitución.  

Se desprendió así el gobierno dictatorial de las máximas facultades judiciales y se completaba así, el ordenamiento jurídico de la república, por cuanto existía un Poder Legislativo, ejercido por el Congreso, próximo a ser reunido; el Poder Ejecutivo, que ejercían el Libertador y sus ministros y el Poder Judicial, que se acababa de estructurar con la creación de la Suprema Corte, compuesta por un Presidente, cuatro Vocales y un Fiscal, nombrados por el gobierno.

  Por decreto del 22 de ese mismo mes se creó la Corte Suprema de Justicia de la República, la que absorbía a la Alta Cámara fundada por San Martín.

  Posteriormente el día 1° de febrero de 1825, se crearon la Corte Superior de Cuzco y la de Arequipa.

Dr. Manuel Lorenzo de Vidaurre

El doctor Manuel Lorenzo de Vidaurre fue nombrado Presidente de la Corte Suprema; Don Francisco Valdivieso, Don José Cavero Salazar, Don Fernando López Aldana y Don Tomás Ignacio Palomeque fueron nombrados vocales y Don José María Galdeano fue designado Fiscal.  

La Corte Suprema de Justicia fue instalada el 31 de diciembre de 1824 en una ceremonia solemne en la cual el doctor Sánchez Carrión pronunció un discurso en el que anunció que “un nuevo orden de cosas va a abrir en el Perú la grande

época de las transacciones judiciales, que antes oscilaban entre la libertad y las cadenas”.  

Y dirigiéndose a los magistrados les dijo: “Sublime es el oficio de la magistratura, pero muy alta también es su responsabilidad”.

Dr. José María Galdeano

  El 8 de febrero de 1825, Bolívar nombró a Sánchez Carrión Vocal de la Suprema Corte de Justicia y el nuevo magistrado procedió a instalarla en la Sala de Acuerdos de la época virreinal de Palacio de Gobierno, que había sido especialmente preparada para tal función.

  Al completar y perfeccionar el Poder Judicial, Sánchez Carrión expresó que con la instalación de la Suprema Corte, adquiría nueva soberanía, porque antes era el Supremo Gobierno el que intervenía en varios asuntos contenciosos por las circunstancias de la guerra, “siendo un tiempo el regulador de la conciencia de los magistrados y el instituidor de la ley”.

El discurso que en esa ocasión pronunció Sánchez Carrión, es considerado una pieza de oratoria y se ha considerado que el mismo constituye un “mensaje a todas las generaciones”.

Discurso pronunciado por el doctor Faustino Sánchez Carrión en la ceremonia de instalación de la Corte Suprema de Justicia Señores:

  Hoy es el día en que, organizado en todas sus relaciones, el Poder Judiciario de la República, recibe el complemento de su soberanía con la instalación de esta Corte. Hasta aquí, ha tenido que intervenir el gobierno por la exigencia de nuestras mismas instituciones, en varios actos contenciosos, siendo a un tiempo el regulador de la conciencia de los magistrados y el institutor de la ley, ante quien debiera ser responsable. Más, de hoy para en adelante, queda levantado un muro entre la potestad directiva del Estado y la que se va a pronunciar sobre los desagravios de la justicia.

  Ciertamente, señores, sancionada la voluntad de los pueblos, mejor diré, dirigida la voz de la naturaleza por el sendero de la conveniencia pública, la ley es un ente, que para asegurar su imperio sobre la conducta social de los

hombres, requiere un brazo independiente del resto de la administración, brazo que naciendo desde el juez de paz, y terminando en el primer jefe de este cuerpo, forman un orden progresivo de ministros, cuyos altos ministerios están encerrados en la reproductiva oblación de sacrificios por la inmunidad de los derechos individuales.

  Pero todo esto, y cuanto pudiera decirse sobre el divino arte que enseñó a analizar la supremacía nacional y a fijar los límites de sus departamentos, dotando a cada uno con la fuerza que le haga valer por sí mismo, no saldría de la esfera de un teorema político, si los funcionarios, a quienes se encarga el augusto poder de que hoy hablamos, no se penetran de la alteza de su ejercicio, de la sublimidad de sus funciones, de lo que, bajo tal carácter deben a la patria, en cuyo obsequio, los sacrificios más puros, las privaciones más ilimitadas y la consagración más ardiente, no son más que justos tributos de que, a ella, es deudor el ciudadano.

  La Constitución señala, pues, las atribuciones de la Corte; por ellas, le corresponde hacer efectiva la responsabilidad del primer magistrado de la Nación, de los ministros de Estado y de las Cortes Superiores; a ella le toca consultar las dudas sobre la inteligencia de las leyes y ella debe conocer a las grandes causas que conciernen a los negocios diplomáticos. ¡Qué encargo, señores! Toda la Nación está librada a vuestro juicio; porque sin responsabilidad, sin poder coercitivo, sin el idioma claro de la ley, no hay sociedad. ¿No parece que hombres de distinta especie a la que hasta aquí han aparecido, debieran encomendarse de tales juzgamientos? Así es, señores y yo soy incapaz de aceptar con el lenguaje que exprese propiamente el género de sabiduría, de incorruptibilidad y de los otros dotes que en eminente grado os cumplen.  

¿Qué podré deciros al depositar a nombre del Gobierno en vuestra balanza de oro el honor, la vida y la hacienda de nuestros conciudadanos, cuando el fiel de ella ha de decidir, para siempre sobre estos bienes inefables, cuando ya no queda esperanza de remedio, si por desgracia, algún pequeño escrúpulo alterase el paso? Por cierto que al detener la consideración sobre este pensamiento, no habrá alma interesante en las transacciones patrias, que no se transporte a una región, de la que no puede volver sino estáticamente sumergida en un nuevo cúmulo de perplejidades.

  Independiente, libre y soberano el Perú, ¿qué tiene ya que apetecer? ¡Leyes! Por bárbaro que haya sido un pueblo, nunca ha dejado de tenerlas buenas. ¡Costumbres! Ellas sí que van a formarse bajo la dirección de este Areópago. A él se le presenta una bella oportunidad de rectificar y dirigir la conciencia civil de los pueblos, teniendo por consiguiente en su mano el origen de la humanidad, de la moderación y de las demás nobles pasiones que conduzcan al corazón humano tras el supremo anhelo de ellos, cuales son el amor a la gloria y el hábito de la proposición industrial a los llamamientos de la patria, cuando ésta se halla en un estado de insolvencia.

  No hay duda, acostumbrados los hombres a ser justos, a no pedir más de lo que la ley les permite o les concede la República reposa sobre bases firmes. Pues toda es obra vuestra, señores; ella costará, ya se vé, tanto trabajo, cuanto difícil es desarraigar añejas habitudes y moralizar un pueblo tiranizado tres centurias. El camino es nuevo: jamás se han ventilado en esta región los altos negocios de justicia. Estaba reservado al General Bolívar, en contraposición de su ilimitado poder, hacer práctica la absoluta separación de la potestad judiciaria. ¡Oh! ¡Y qué gloria tan colmada resplandece en torno de su dictadura!

¡Con qué nuevo carácter envía hoy el Libertador en la historia de los raros hombres, a quienes el cielo fió el mundo, cuando le ha tenido por amigo, sólo Bolívar ha podido dar este ejemplo verdaderamente exótico en los anales del mundo! Que las asambleas deliberantes dicten lecciones de liberalismo, que exalten el poder del pueblo y que ofrezcan otros brillantes testimonios de regularización social, está en el orden de su misma institución; pero que un Gobierno libre de toda traba y que no conoce más ley que su voluntad, porque así lo dispuso la Nación, dé un paso de esta especie, sin tener ejemplos que seguir, ni responsabilidades que absolver, es un fenómeno tan peregrino, como que la dictadura sea el libro de las leyes.

  ¿Qué le resta pues, al Libertador para dignificar la magistratura peruana, para comprobar el deseo que le devora por el triunfo de la justicia? Que su confianza tan bien desempeñada, como puros son los votos de su corazón. Por fortuna, yo hablo a unos miembros que, versados en las sublimes tareas de una continuada judicatura, conocen su deber.

  ¡Perú! ¡Tierra destrozada ayer por mil facciones diferentes y convertida hoy en mansión de paz por el soplo del primer hombre del nuevo mundo de Colón! gózate al ver descender sobre tal suelo a la justicia con todo su ropaje, con todos sus atavíos. Nada le falta: el supremo Poder Judicial está constituido por el héroe Dictador, tan generoso como él solo, lo depone hoy en este cuerpo.

 Conciudadanos, a él debéis ocurrir como a la primera fuente de la justicia.

 El Tributo de los Indios

Uno de los más notorios cambios en las leyes vigentes hasta antes de la proclamación de la República, fue la de eliminar el tributo personal que pagaban los indios al Estado. Sin embargo, en la Constitución de 1826, se restableció ese tributo, que solo fue abolido en 1854 durante el gobierno del Mariscal Ramón Castilla, el mismo que también abolió la esclavitud a la que estaban sometidos los negros traídos del Africa y sus descendientes.  

Entre otras importantes disposiciones para el manejo legal y judicial del Perú, el Reglamento Provisorio estableció la Cámara de Apelaciones de Trujillo, instancia que fue abolida al convertirse Lima, en la capital del Perú y al crearse, el 4 de Agosto de 1821, la Alta Cámara de Justicia que estaba compuesta por un Presidente, ocho Vocales y dos Fiscales, uno para lo civil y otro para lo criminal.

  Además de las atribuciones que tenía la Alta Cámara de conocer de las causas civiles y criminales, reasumía también las funciones judiciales del Tribunal de Minería, que durante el régimen colonial tenía jurisdicción, tanto administrativa como contenciosa, para todos los asuntos del ramo.

  Prueba de la trascendencia de la Alta Cámara de Justicia, a la que sucedió luego la Corte Suprema, fue el decreto dictado durante la Junta Militar presidida

por el General del Ejército, Juan Velazco Alvarado que, en agosto de 1971, instituyó como "Día del Juez", el 4 de agosto, rememorando la fecha en que fue creada por San Martín. Esa celebración se inició el año siguiente.

  Al asumir, mediante el Estatuto Provisorio, las facultades legislativas y ejecutivas para gobernar el país, San Martín prometió, en una muestra de respeto hacia el Poder Judicial, que se abstendría de mezclarse "en el solemne ejercicio de las funciones judiciarias, porque su independencia es la única y verdadera salvaguardia de la libertad del pueblo".

  En Abril de 1822 fue dictado el Reglamento Provisional para el régimen de los Tribunales de Justicia en los departamentos libres, en cuya parte introductoria decía que "la administración imparcial de justicia es el cumplimiento de los principales pactos que los hombres firman al entrar en sociedad". Agregaba ese documento que "los gobiernos despóticos no existirían sobre la tierra, por más depravados que fueran los que dirigen la fuerza pública, si pudiesen preservarse del contagio, los que administran justicia".

La Primera Constitución

Dr. Manuel Pérez de Tudela

     

r. Nicolás de Aranivar

Dr. Justo Figuerola

Entre los miembros del primer Congreso Constituyente, que promulgó la primera Constitución del Perú el 12 de Noviembre de 1823, estuvieron legistas como don José María Galdeano, don Manuel Pérez de Tudela, autor del Acta de la Independencia; don Nicolás de Araníbar y don Justo Figuerola. Cada uno de ellos desempeñaría después el cargo de Presidente del más alto tribunal de justicia del país.

 

Estaba también entre los constituyentes, don José Faustino Sánchez Carrión quien, posteriormente, fue nombrado por Bolívar como Vocal de la Corte Suprema, cargo que, por razones de salud, nunca llegó a ejercer.  

La Constitución, que realmente no llegó a regir a plenitud, debido a la continuación de la lucha entre patriotas y realistas y luego por los poderes otorgados a Bolívar, establecía que las principales funciones del Estado,

estaban divididas entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, ninguno de los cuales podría ejercer, jamás, ninguna de las atribuciones de los otros dos.

  Especificaba ese documento que, el Poder Judiciario, como lo llamaba, debía ser ejercido exclusivamente en los tribunales de justicia y juzgados subalternos, "en el orden que designasen las leyes" y establecía una Corte Suprema de Justicia en la capital de la República.

 Consolidada en forma definitiva la independencia del Perú, el Libertador Simón Bolívar dictó el Decreto Supremo del 19 de Diciembre de 1824, que declaraba establecida la Suprema Corte de Justicia.

  La primera Suprema Corte de Justicia, como la denominó el decreto que la creara, se instaló el 8 de Febrero de 1825.

Cascada de Constituciones

Luego de la entrevista de San Martín y Bolívar, en Guayaquil, San Martín decidió renunciar a su condición de Jefe Supremo de la nueva república y alejarse del Perú, para evitar un conflicto. Para cumplir con ese propósito, convocó e instaló el primer Congreso Constituyente y ante él presentó su irrevocable dimisión.

  Inicialmente, el Congreso nombró una Junta Gubernativa y poco después designó al Mariscal José de la Riva Agüero como primer Presidente del Perú. Poco tiempo después al ser Lima ocupada por el ejército realista español, los congresistas decidieron invitar a Bolívar a ejercer la suprema autoridad politica y militar del país.

  Adulado por muchos ciudadanos notables, Bolívar estableció un régimen presidencial vitalicio que entró en vigencia el 9 de Diciembre de 1826, fecha en la que se conmemoraba la Batalla de Ayacucho. Pero, la Constitución Vitalicia que Bolívar quería implantar no fue sancionada por el Congreso, por lo que el nuevo dictador, la sometió al consenso de los Colegios Electorales que la aprobaron.

  Pero ese documento, inspirado en el Código Napoleónico, proclamado en Francia en 1804, en el Código Civil Español, que a su vez se inspiró en el de Francia y en los proyectos del General don Andrés de Santa Cruz sobre el establecimiento de la Confederación Peruano Boliviana, sólo rigió hasta Enero de 1827, porque la reacción nacional había sido contraria a la sanción de dicha Carta Política y a la decisión del Consejo de Gobierno de proclamar a Bolívar como Presidente Vitalicio del Perú.

  En esta coyuntura histórica, célebre es la actitud de don Manuel Lorenzo de Vidaurre, quien había sido uno de los más fervientes admiradores del Libertador Bolívar y cuya devoción por él había sido considerada por muchos, como exagerada y a veces excesiva e innecesariamente complaciente. Al querer Bolívar regir los destinos del país, en forma dictatorial y vitalicia, entró en conflicto con los liberales que habían sido quienes mayor apoyo le habían dado. Ante esas pretensiones, Vidaurre, se convirtió en uno de sus principales detractores y pronunció una frase histórica: "Libertador le adoro, tirano le aborrezco".

  Por ley del 16 de Junio de 1827, se declaró nula "y sin ningún valor ni efecto", la Constitución de 1826, aprobada en plebiscito por los Colegios Electorales de la República y el 18 de Marzo de 1828 el Presidente de la República, Mariscal don José de la Mar, promulgó la nueva Constitución aprobada por el Congreso Constituyente convocado cuando Bolívar se alejó del Perú.

  Esa nueva Constitución disponía que hubiera en la capital de la República una Corte Suprema de Justicia, cuyos Vocales serían elegidos, uno por cada departamento, estableciéndose así que estuviese compuesta por 7 Vocales y un Fiscal, pudiendo el Congreso aumentar el número, según conviniese.  

El Presidente de la Corte Suprema sería elegido de su seno, por los Vocales de ella y la duración de su mandato sería de un año.

  La Constitución de 1828, aparte de ratificar la independencia del Poder Judicial, estableció que los jueces serían vitalicios en el cargo, salvo sentencia legal de separación. Aunque no llegó a regir a plenitud, esta Constitución tuvo una larga influencia intelectual que duró más de un siglo.

El Tribunal de los Siete Jueces 

Para hacer efectiva la responsabilidad de los miembros de la Corte Suprema, cuando alguno de sus miembros faltase al desempeño de su oficio o abusara del poder que la República le había confiado, la Constitución de 1828 estableció el Tribunal de los Siete Jueces, que entró en vigencia en 1831 y que estaba integrado por jueces que tenían que ver las faltas de los magistrados supremos y también conocer de las causas criminales que se formasen contra la Corte o sus miembros.  

Cinco años duró esa Constitución que fue reemplazada en 1834, por otra que, con pequeñas diferencias, era a decir de los expertos, casi una copia de la anterior.

  En lo referente a la administración de justicia, la Constitución de 1834 mantenía la independencia del Poder Judicial y su organización. Admitía también la vigencia del Tribunal de los Siete Jueces, que debían ser nombrados por el Consejo de Estado y reforzaba que los jueces sólo podían ser destituídos por juicio y sentencia legal. Fue esa Carta Magna la que instituyó que "el Poder Legislativo se ejerce por un Congreso compuesto de dos Cámaras".

  En el campo político, nuevos acontecimientos sacudían las bases de la nueva república peruana. Gobernaba el país, el General José Luis de Orbegoso, como Presidente Provisional, quien se había aliado con el General Santa Cruz, Presidente de Bolivia, que propugnaba la conformación de la Confederación Peruano Boliviana.  

El 2 de Mayo de 1836, Orbegoso declaró disuelta la Corte Suprema y decretó la formación de un Tribunal Supremo de Justicia en el Estado nor-peruano, con igual número de miembros y con carácter provisional. Desaparecida la Confederación, en 1839, el Congreso de Huancayo declaró traidor a Orbegoso y lo puso fuera de la ley, privándolo de todos sus derechos políticos. El General Santa Cruz fue declarado "enemigo capital del Perú" y al mismo tiempo se enalteció a don Agustín Gamarra, a quien se le dio el cargo de Presidente Provisorio del Perú.

  El flamante régimen restituyó los poderes de la Corte Suprema y siguió manteniendo la vigencia del Tribunal de los Siete Jueces. Pronto surgieron diferencias entre ambas instituciones, por lo que el Consejo de Estado dictó regulaciones que hicieran más eficiente la labor del Tribunal, pues su ineficacia era una de las objeciones que le hacía la Corte.

  Un nuevo reglamento para el funcionamiento de la Corte Suprema se promulgó en 1845, siendo Presidente del Perú el Mariscal don Ramón Castilla, el cual seguía manteniendo en vigencia el Tribunal de los Siete Jueces.

  Durante el segundo gobierno de Castilla, con ocasión de una memoria presentada ante la Convención Nacional, en 1855, el Ministro de Justicia, don Pedro Gálvez dijo: "La administración de justicia es la primera necesidad social y para satisfacerla se requieren las condiciones más difíciles y complicadas. En ella se reflejan, más notablemente que en ninguna otra institución, todas las influencias de la época y puede decirse que es el resultado preciso de la civilización y de la moral de un pueblo".

  A pesar de que, desde la emancipación, se habían dictado muchas nuevas leyes, el primer Código Civil del Perú comenzó a regir en 1852 y estuvo inspirado en la legislación de España y de Francia.

  De España quedaban en la nueva república peruana muchas leyes, costumbres y usos, que necesariamente influyeron al momento de dar normas para regir la vida ciudadana de los peruanos independientes y Francia, constituía un ejemplo revolucionario en el mundo, por haber pasado del régimen monárquico al republicano y porque sus nuevas leyes, compiladas en un Código Civil que comenzó a regir en 1804, el llamado "Código Napoleónico", hablaban de libertad, igualdad y fraternidad, conceptos que eran los ideales que perseguían las nuevas repúblicas de América.

  En 1856, se promulgó la ley que disponía que todas las causas que antes veía el Tribunal de los Siete Jueces, terminaran con la resolución que expidiera la Corte Suprema en última instancia, aunque días después otra ley estableció otro tribunal destinado únicamente a conocer las causas de responsabilidad que se establecieran contra ese órgano de justicia.

  También disponía la nueva Carta Magna, la creación del cargo de Fiscal de la Nación, cuyas funciones según los estudiosos de la Historia del Derecho Peruano, "eran una fusión de las labores del Censor y del Tribuno del Pueblo de la clásica República Romana". Ese cargo, de escasa influencia en la administración de justicia de la nueva república, sería eliminado en la Constitución siguiente, cuatro años más tarde.  

Una reforma de la Constitución de 1856, se planteó en Octubre de 1858, una vez proclamado nuevamente Presidente el Mariscal Ramón Castilla. Se nombró entonces Presidente de la Comisión de Constitución del Congreso a don Antonio Arenas, quien más tarde desempeñó el cargo de Vocal de la Corte Suprema.

  En lo referente al Poder Judicial, la reforma más importante discutida por los constituyentes fue la supresión del artículo 125 de la Constitución de 1856 que establecía el carácter amovible de los cargos judiciales. La mayoría de los constituyentes se pronunció por la inamovilidad, que consideraron indispensable para asegurar la independencia del Poder Judicial y para que los magistrados no quedaran sujetos a las eventualidades de la política.

  En esta Constitución, promulgada en 1860, al tratar sobre la elección de los miembros del Poder Legislativo, se dispuso que no podían ser elegidos legisladores ni los Vocales y Fiscales de la Corte Suprema, ni los Vocales de las Cortes Superiores por los departamentos o provincias en los que ejercieran jurisdicción.

  Como en la Constitución anterior, correspondía a la Cámara de Diputados acusar a los Vocales de la Corte Suprema por infracciones de la Constitución y por todo delito cometido en el ejercicio de sus funciones, siendo la Cámara de Senadores la que debía declarar sí había o no lugar a la apertura de una causa.

  La de 1860, fue la Constitución, de más prolongada vigencia en el Perú, pues duró hasta 1920.

  La Corte Central

Nuevos acontecimientos políticos se sucedieron en el Perú, remeciendo con intensidad la estructura del Poder Judicial. Se trató en esta oportunidad, de la creación, en 1865, de la Corte Central, instancia judicial destinada únicamente a sancionar a los miembros del gobierno del General Juan Antonio Pezet, destituído por una rebelión encabezada por el Coronel Mariano Ignacio Prado.

Pezet había sucedido en el gobierno al Mariscal Miguel de San Román, notable militar que había asumido el poder al término del mando del Mariscal Castilla y durante su gobierno se habían producido incidentes que determinaron la actitud del coronel Prado y que posteriormente llevaron al país a la guerra con España. Al destituir a Pezet, el Coronel Prado, instituyó por Decreto, la creación de la Corte Central, que era una institución "sui generis" , compuesta por siete vocales, cuyos fallos debían ser inapelables.

Los juristas se opusieron a esta medida y alertaron a la ciudadanía que eso podía llevar a crear "códigos de circunstancias" o sea leyes específicas, que fueran creadas una vez ocurridos los hechos lo cual contradecía el espíritu del Derecho.

  Prado hizo diversas reformas en el Poder Judicial: nombró directamente a sus miembros, suprimió las Cortes Superiores de Junín y Ancash y diversas salas de Arequipa y Cuzco, impuso nueva organización en los tribunales, designó a los miembros del Poder Judicial y además designó un Fiscal General que tenía preeminencia sobre la Corte Suprema.

  Las objeciones hechas por los magistrados más antiguos, fueron rechazadas por el Poder Ejecutivo de facto ante el entonces Presidente de la Corte Suprema, doctor Luis Gómez Sánchez y motivaron un documento suscrito por el Secretario de Justicia del gobierno que decía: "Establecida la dictadura de una manera franca y decidida y con el explícito apoyo de los pueblos, no cabe en buena lógica hacerle observaciones legales relativas a la supresión de Cortes y Juzgados, ni al establecimiento de Tribunales de excepción y restablecimiento del de responsabilidad, desde que en el actual orden de cosas, ningún Tribunal tiene otra razón de existencia que el supremo decreto del 29 de Noviembre último, puesto que la misma Constitución no existe".

La Constitución de 1867 y la Guerra con Chile

En agosto de 1867, el gobierno de Prado, que había sido elegido Presidente Provisorio, por el Congreso Constituyente, promulgó una nueva Carta Constitucional, modelada sobre la de 1856. Esta Constitución introdujo modificaciones en lo referente al Poder Judicial, estableciendo el cargo de Fiscal General Administrativo, que sería un consultor del gobierno y defensor de los intereses fiscales y determinando pautas relativas a la designación de los miembros del Poder Judicial.

  La Corte Central fue anulada en 1868, sin haber cumplido ninguna labor, cuando el General Pedro Diez Canseco derrocó a Prado y puso nuevamente en vigencia la Constitución de 1860.  

Vino luego un período turbulento en el que se hizo cargo del poder el Coronel José Balta, ocurrió el levantamiento de los hermanos Gutiérrez, asumió el poder, interinamente, el Coronel Herencia Zevallos y, elegido por el voto popular, se hizo cargo de la Presidencia de la República don Manuel Pardo y Lavalle, que se convirtió así, en el primer civil que ocupaba la más alta magistratura del país.

  Pardo entregó el poder al entonces General Mariano Ignacio Prado, quien había sido elegido para el período 1876 al 1889 y bajo cuyo mandato se inició la Guerra con Chile, conocida también como la Guerra del Pacífico.

  Los historiadores coinciden en afirmar que en los años previos a ese conflicto bélico, el Perú era una nación profundamente dividida entre civiles y militares, de lo cual aprovecharía el invasor.  

Había ya ocurrido el holocausto de la juventud peruana en las batallas de San Juan y Miraflores y el ejército chileno ocupó Lima el 17 de Enero de 1881. Tres días después, el jefe de las fuerzas de ocupación, General Cornelio Saavedra, se dirigió a don Juan Antonio Ribeyro, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, manifestándole su deseo de que los jueces reasumieran sus labores. El magistrado contestó al jefe de la ocupación militar que, estando de vacaciones todos los miembros del Poder Judicial de la República, de acuerdo a las leyes del país, no era posible alterar el orden establecido.  

Poco después, la Municipalidad de Lima hizo a los magistrados supremos una invitación para concurrir a una asamblea y considerar las apremiantes circunstancias en las que se encontraba la capital. En Sala Plena, la Corte Suprema acordó no reconocer al Alcalde la facultad de dirigirse al Tribunal Supremo, e invitarlo para una reunión de carácter político, no asistir a la Asamblea por cuanto eso implicaría en la Corte una ingerencia manifiesta en cuestiones que rozaban con intereses distintos de los que correspondían al Poder Judicial y que no se respondiese el oficio del Alcalde, concebido en términos imperativos y ofensivos a la dignidad y respeto del Tribunal Supremo.

  Días más tarde, el jefe de la ocupación chilena declaró bajo el imperio de la Ley Marcial a la ciudad de Lima y sujetaba a los Tribunales Militares, el conocimiento de todos los delitos o faltas que se cometieran, incluyendo los que se habían cometido antes de la expedición de dicho bando.

  Eso ocurrió el 9 de Febrero de 1881 y el 12 de Marzo, el Ministro de Justicia, Culto, Instrucción Pública y Beneficencia, don José Miguel Vélez, comunicó a la Corte Suprema la designación como Presidente Provisorio de la República de don Francisco García Calderón, quien se hallaba "firmemente resuelto a prestar al Poder Judicial toda la protección posible y a respetar su independencia en la esfera legal". Expresando su reticencia, dado que los tribunales de justicia no

podían funcionar con la presencia de un ejército de ocupación, el Tribunal Supremo respondió que "fiel a sus tradiciones y celoso del cumplimiento de sus deberes, administrará justicia, oportunamente, cuando puedan conciliarse las exigencias del servicio con la independencia y decoro de uno de los altos poderes del Estado".

  El receso de los tribunales de justicia se mantuvo durante tres años y se reinstalaron el 29 de Octubre de 1883, cuando el ejército chileno hubo desocupado la ciudad de Lima.

  Concluída la guerra con el Tratado de Ancón, durante el gobierno del General Iglesias, el 21 de diciembre de 1883 se estableció una nueva demarcación judicial y el territorio nacional fue dividido en seis distritos: Lima, Arequipa, Cuzco, Ayacucho, La Libertad y Cajamarca.

  Múltiples fueron los problemas que tuvo que afrontar el Poder Judicial al término de la guerra con Chile, pues durante más de cuatro años el país había carecido de una auténtica administración de justicia.

  Durante el gobierno de don Nicolás de Piérola, que había sucedido al General Andrés Avelino Cáceres, el que a su vez había sucedido al Coronel Justiniano Borgoño y éste al General Remigio Morales Bermúdez, el 5 de Diciembre de 1897 se promulgó una ley que establecía modificaciones en el funcionamiento de la Corte Suprema y las Cortes Superiores. En 1905, bajo el gobierno de don José Pardo y Barreda, se establecieron los "Anales Judiciales del Perú", en los que, desde el año siguiente, en la época de apertura de los tribunales debían aparecer los fallos más importantes de la Corte Suprema, precedida de las respectivas vistas fiscales. Posteriormente, se dispuso que también se insertaran en los Anales Judiciales las resoluciones del Tribunal Supremo sobre su propio régimen y el de las Salas, las revisiones de los acuerdos de las Salas Superiores, las órdenes dirigidas a uniformar los usos y prácticas de los juzgados y tribunales, las iniciativas sobre la administración de justicia y sobre reformas en la legislación del ramo, los informes sobre proyectos de ley y decisiones en los casos de contención sobre expropiación forzada.

  Al Presidente Pardo le siguió don Augusto B. Leguía y en su mandato, en 1911, la Cámara de Diputados solicitó la opinión de la Corte Suprema en relación a un proyecto de reforma de la Ley Electoral en la parte que organizaba la Junta Electoral Nacional con miembros de dicho tribunal. El informe fue totalmente contrario a la intervención que al Tribunal Supremo le acordaba el proyecto.  

Vencido el mandato de Leguía, lo sucedió, en 1912, don Guillermo Billingurst, quien en 1914 fue depuesto por fuerza por el Coronel Oscar R. Benavides, quien actuó pocos meses como Presidente Provisorio. A pesar de las objeciones de la Corte Suprema, el Congreso aprobó una ley provisional para las elecciones de 1913 en la que se dio a la Corte Suprema, facultades para revisar los procesos electorales que fuesen impugnados.  

En 1915 volvió al poder don José Pardo, quien gobernó hasta 1919. Fue depuesto y disuelto el Congreso y asumió el poder don Augusto B. Leguía, a quien la Asamblea Nacional, convocada por él, lo eligió Presidente Constitucional de la República, cargo que ejerció hasta 1930, luego de dos reelecciones.  

En 1920, previo plebiscito, la Asamblea Nacional aprueba una nueva Constitución, que fue promulgada por don Augusto B. Leguía, que mantenía el

sistema Legislativo bicameral que había permanecido invariable en todas las constituciones promulgadas desde que fue instaurado en la de 1834.

  Las constituciones de 1933 y 1979 mantuvieron el régimen bicameral del Congreso y éste fue cambiado por la Cámara Unica en la que fue elaborada por el Congreso Constituyente Democrático, convocado en 1992, luego de la disolución del anterior congreso por el entonces Presidente Alberto Fujimori.

  La Constitución de 1920, institucionalizó la innecesaria intervención del Poder Judicial en los asuntos electorales y mantuvo la prohibición de que los Vocales, Fiscales, Jueces y Agentes Fiscales pudiesen ser elegidos senadores por ningún departamento ni diputados por ninguna provincia. Además, reconocía a la Corte Suprema, en asuntos judiciales, el derecho de iniciativa en la formación de las leyes.  

La Carta de 1920 se refiere, por primera vez en la historia de la República, a la carrera judicial, la que sería determinada por una ley que fijaría las condiciones de los ascensos.

  La Reincorporación de Tacna

Creada por ley del 17 de Setiembre de 1856, la Corte Superior de Tacna y Moquegua, había permanecido en receso desde el 2 de agosto de 1880, debido a la ocupación de la ciudad por las tropas chilenas.

  Al reincorporarse Tacna al territorio peruano en virtud del Tratado de 1929, la ley del 1° de agosto de ese año, autorizó al Poder Ejecutivo para que procediera a la organización política y judicial del Departamento de Tacna por lo que el 9 de agosto se expidió un Decreto reorganizando la Corte Superior compuesta por cinco Vocales y un Fiscal.

  Antes de devolver Tacna al Perú, las autoridades chilenas dispusieron, unilateralmente, el traslado a Arica de todos los expedientes existentes en el Juzgado de Tacna, archivo y libros de Secretaría y protocolos y registros notariales.  

Ese traslado se hizo con cargo a que los procesos sobre asuntos pendientes volvieran eventualmente a Tacna para ser sometidos definitivamente a la jurisdicción de la justicia peruana, si alguno de los interesados lo pedia al Juez de Arica y si éste aceptaba la calificación de "asuntos pendientes".  

Informada la Corte Superior de esta disposición, consultó sobre la misma a la Corte Suprema que absolvió la consulta haciendo suyo el informe que hiciera al respecto el Vocal doctor Anselmo Barreto en el que expresaba que la división de Tacna y Arica implicaba para cada país, el dominio del territorio mismo y la posesión de todos los derechos anexos al de soberanía sobre todas las personas y cosas que se encontrasen en dicho territorio, con absoluta exclusión del otro. Eso significaba la potestad de legislar, hacer ejecutar la ley y aplicarla.

  Observaba el doctor Barreto que, a partir del día de la entrega de Tacna, los jueces peruanos eran los continuadores de los jueces chilenos en el conocimiento de los asuntos sometidos a la jurisdicción de éstos, tomándolos en el estado en que se hallaban, pero aplicando el procedimiento de las leyes peruanas. Añadía dicho informe que no se podía reconocer como derecho

adquirido el de ser juzgado por los jueces que cesaron ni por el procedimiento anteriormente vigente.

  Derrocado el gobierno de Leguía, una Junta de Gobierno asumió todas las atribuciones que la Constitución del Estado confería a los Poder Ejecutivo y Legislativo y en uso de esos atribuciones pocos días después de haber promulgado su Estatuto, el 2 de Setiembre de 1930, suprimió la Corte Superior de Arequipa e incorporó ese distrito judicial al de Arequipa. En esa misma fecha declaró que quedaban incapacitados para continuar o reasumir el ejercicio de sus cargos los miembros de la Corte Suprema de Justicia que hubiesen desempeñado la función ministerial durante el régimen anterior y los Vocales o Fiscales que hubiesen desempeñado función política o administrativa y los que desempeñaron su presidencia, a partir de 1922.

  La Junta de Gobierno justificó su medida considerando que el juzgamiento de los actos de la dictadura hacía necesario establecer la más amplia garantía de administración de justicia, encomendada en última instancia a la Corte Suprema.

El Tribunal de Sanción Nacional

En la historia del Poder Judicial en el Perú, se considera que, al producirse la liquidación política del régimen del Presidente Leguía, el hecho más notorio fue la creación del Tribunal de Sanción Nacional, al que se le concedieron las mismas prerrogativas y categoría que tenía la Corte Suprema. Sus atribuciones eran las de juzgar los actos contra el patrimonio del Estado y los deberes de función; la revisión de los contratos de compra y venta y de cualquier otra naturaleza, celebrados entre julio de 1919 y agosto de 1925 por el fenecido gobierno; la revisión de las concesiones o privilegios otorgados por el gobierno o las municipalidades dentro del mismo período y la calificación de enriquecimiento indebido o ilícito hecho en detrimento del Erario Nacional.

  En su libro "Fundamentos de la Historia del Derecho", el historiador Jorge Basadre dice: "El Tribunal de Sanción no creó un precedente y nunca se ha tratado de revivirlo, por más que hayan existido después de 1930 notorios casos de enriquecimiento ilícito. El Perú carece de una legislación eficaz contra ese delito pues la de carácter ordinario peca al respecto de lenta e ineficaz y no puede ser invocada. Si se quisiera en algún eventual momento de revolución nacional, improvisar una legislación extraordinaria, ella correría el riesgo de caer en la arbitrariedad. Lo aconsejable sería que, serenamente, se reformase la legislación ordinaria para hacerla rápida y oportuna".

  Desde la revolución militar del Teniente Coronel Sánchez Cerro el país vivió una etapa de intensa inestabilidad política durante la cual, en el curso de pocos meses, la jefatura del Estado estuvo sucesivamente en manos de diversas personas, entre ellas el Presidente de la Corte Suprema, doctor Ricardo Leoncio Elías, quien había prestado servicios al Poder Judicial desde 1904.

  En esa ocasión, el doctor Anselmo Barreto le dijo al doctor Leoncio Elías: "La Corte Suprema aprecia en todo su valor, el noble y enaltecedor sacrificio que ha hecho usted de sus ideales y tranquilidad, aceptando, sin vacilar, como lo requería la solemnidad del momento histórico, la Presidencia de esa Junta, con plena conciencia de las obligaciones y responsabilidades que el delicado cargo impone".

La Constitución de 1933

En Abril de 1933, diversas medidas tomadas contra algunos funcionarios judiciales motivaron que el Presidente de la Corte Suprema, doctor Ulises Quiroga manifestara que la suspensión o sanción de un juez por una autoridad que no fuera la judicial establecía un precedente que afectaba la independencia de ese poder del Estado, base indispensable para la administración de justicia y que, en los casos de faltas graves de los miembros del Poder Judicial, debía darse cuenta, por el conducto regular, al superior jerárquico, a quien le correspondía proceder de conformidad con las atribuciones que le otorgaban las leyes.

  El 9 de Abril de 1933, poco antes de morir asesinado el Presidente Sánchez Cerro, se había promulgado la Constitución preparada por el Congreso Constituyente. En esa Carta Magna, pocas reformas se referían al Poder Judicial, entre ellas la que condicionaba a una renuncia seis meses antes de las elecciones, la posibilidad de que miembros del Poder Judicial pudieran ser elegidos como Senadores o Diputados.

  También en esa Constitución se crearon los Concejos Departamentales, que tenían la atribución de informar a la Corte Suprema de las faltas cometidas por miembros del Poder Judicial, pero nunca se dictaron las leyes que hicieran posible la aplicación de esa medida.

  Al igual que otras constituciones, en la de 1933 se reitera que entre las atribuciones presidenciales estaba la de requerir a tribunales y juzgados la pronta administración de justicia. La Corte Suprema objetó esa disposición, argumentando que "dicho requerimiento no se concibe sino del superior inmediato".

  Entre las innovaciones de la Constitución de 1933, estaba la de establecer la absoluta incompatibilidad entre la actividad judicial y cualquier cargo dependiente del Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, con excepción de los cargos diplomáticos, la enseñanza universitaria, las comisiones codificadoras o de reforma de las leyes, la participación como delegados del Perú en congresos o conferencias internacionales y las funciones de abogados o árbitros en los tribunales de arbitraje internacional en los que defendiera algún derecho del país.

  El sistema de las ratificaciones judiciales por la Corte Suprema, implantado por la Constitución de 1920, fue mantenido por la de 1933, con el justificado complemento de orden jurídico y moral, de que la no ratificación no constituye pena, ni priva del derecho a los goces adquiridos conforme a ley, pero que sí impide el regreso al servicio judicial.

Las reformas de 1969

Hasta 1969 funcionaron en la Corte Suprema, dos Salas de cinco Vocales cada una, las que se desdoblaron en otras dos, integradas por tres Vocales, con personal de las dos primeras. En esas cuatro Salas se distribuían todos los asuntos que llegaban en recurso de nulidad, así como las competencias y quejas de derecho. Adicionalmente, la Corte contaba con dos Fiscalías en lo Civil y dos en lo Penal.

  En diciembre de ese año, por Decreto Ley del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, se modificó la composición del Tribunal Supremo, suprimiendo las cuatro fiscalías mencionadas y aumentando el número de magistrados supremos. Se establecieron tres Salas de cinco miembros cada una: la primera

encargada de asuntos civiles; la segunda de los penales y la tercera de los contencioso administrativos, laborales y de Derecho Público.

  Esas medidas tuvieron el efecto inmediato de agilizar los trámites y resolver las causas con mayor rapidez, en lo referente a la supresión de las fiscalías, pero no ocurrió lo mismo con la distribución de causas entre las tres Salas.

  Posteriormente, diversas medidas internas dictadas por los mismos magistrados, modificaron favorablemente esa situación.

La Ley Orgánica del Poder Judicial

Promulgada por el Decreto Legislativo N° 767, posteriormente modificada por el Decreto Ley N° 25869 y complementada por el Decreto Supremo 017-93 JUS, esta Ley supone una nueva concepción estructural del Poder Judicial y la ratificación de principios democráticos como que el pueblo es fuente del poder de administrar justicia.

  Hay en este documento un firme propósito de descentralizar la administración de justicia y llevarla a los lugares alejados de su sede central que es el Palacio de Justicia, que se encuentra en el centro de la ciudad de Lima. Así, el artículo 37° de la Ley Orgánica, dispone que las Salas Especializadas o Mixtas pueden funcionar en ciudad o provincia distinta de la sede de las 25 Cortes Superiores, lo que contribuiría a ampliar el alcance de las jurisdicciones de esas cortes.

Igualmente, en la ciudad de Lima, el funcionamiento de las cortes del Cono Norte, en la zona periférica de la ciudad y las cortes de Huaura y Cañete, contribuyen a servir con mayor eficacia y rapidez a los usuarios de esas zonas.

  Después de la emisión de este documento, se nombró en noviembre de 1995, la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, con el encargo de realizar "la Reforma del Poder Judicial", medida que causó malestar entre los magistrados de carrera, que consideraron la medida como una interferencia a la consagrada autonomía de ese Poder del Estado.

  Como consecuencia de esta medida, fue suspendida la vigencia de diversos artículos del Texto Unico de la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que, indudablemente, atentó contra la labor de los magistrados de las diversas instancias judiciales, especialmente porque los dispositivos permitían el nombramiento de autoridades "provisionales", situación contra la que lucharon los magistrados más antiguos y más austeros.

  Al concluir, en diciembre de 1998, el plazo otorgado a la Comisión Ejecutiva para realizar el trabajo que le fue encomendado, la Ley N° 27009, publicada, en el diario "El Peruano", el 5 de diciembre de ese año, amplió su vigencia hasta el 31 de Diciembre del año 2000.

  Sin embargo, los acontecimientos políticos aceleraron la desactivación de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, integrada por personas ajenas a los estamentos jerárquicos establecidos por la ley y se nombró, el 6 de noviembre del 2000, un Consejo Transitorio que se hizo cargo de la Administración del Poder Judicial y fue el encargado de preparar la recuperación institucional de ese organismo.

  El 7 de marzo del 2001, asumió sus funciones el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, instancia administrativa contemplada en la Ley Orgánica.

  En esta breve historia de la evolución del Poder Judicial en el Perú, cuyos magistrados persiguen el objetivo supremo y a veces inalcanzable de buscar continuamente el más perfecto sistema para la administración de justicia, quizá sea bueno recordar la frase del filósofo E. Kant, quien dijo: "Cuando la justicia se derrumba, ya no vale que los hombres vivan, pero cuando ésta fuere lograda o cumplida, la vida de los hombres habría perdido su valor más alto que reside en la constante búsqueda de ella"