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MATRIUSKAS DE TERROR… 01 por WALDO ANSALDI

1. UNA METÁFORA COMO PUNTO DE PARTIDA “ 2. LA DOCTRINA DE LA SEGURIDAD NACIONAL, FUNDAMENTO IDEOLÓGICO DE

LAS DICTADURAS 03 3. LAS DICTADURAS, SIMILARES Y DISÍMILES 05 4. LA BÚSQUEDA Y LA CONSTRUCCIÓN DE LEGITIMIDAD DE EJERCICIO 10 5. EL MODELO ECONÓMICO, CAMPO DE DIFERENCIACIÓN CLAVE ENTRE LAS

DICTADURAS 13 -. COLOFÓN 16 -. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS “

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MATRIUSKAS DE TERROR. ALGUNOS ELEMENTOS PARA ANALIZAR LA DICTADURA ARGENTINA

DENTRO DE LAS DICTADURAS DEL CONO SUR *

por WALDO ANSALDI UNA METÁFORA COMO PUNTO DE PARTIDA Según es bien conocido, la matriuska es una popular muñeca rusa caracteri-zada por el hecho de ser, en realidad, no una sino varias, cada una de ellas contenida en una de mayor tamaño o, para decirlo en sentido inverso, dentro de cada muñeca se encuentra una de menor tamaño. Al desplegarlas sobre una mesa, todas las muñecas se apre-cian similares en diseño y colores, va-riando tan sólo sus respectivas dimen-siones físicas.

Al igual que las matriuskas, las dic-taduras instauradas en países de Amé-rica del Sur en las décadas de 1960 y 1970 –y prolongadas hasta fines de la de 1980- se observan similares en su aspecto y diferentes en su tamaño (en este caso, mejor, su dimensión tempo-ral o duración, pero también sus conte-nidos). Pueden verse como unidades independientes, pero sólo se explican como conjunto. La metáfora, entonces, alude a esta cuestión, es decir, no debe tomarse literalmente y creer que lo úni- *

Agradezco a Alfredo Pucciarelli la cor-dial invitación para compartir este vo-lumen.

[Este artículo fue publicado origina-riamente en soporte papel en Alfredo Pucciarelli, coordinador, Empresarios, tecnócratas y militares. La trama cor-porativa de la última dictadura, Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires, 2004, pp. 27-51. ISBN 987-1105-72-X ] Waldo Ansaldi, Matriuskas de te-rror...

co que diferencia a la dictadura brasile-ña de la argentina, la chilena y/o la uru-guaya es sólo una cuestión de tamaño.

Por otra parte, tal metáfora es útil también para plantear una cuestión im-portante: el análisis comparado de las dictaduras sudamericanas extendidas entre mediados de los años sesenta y finales de los ochenta es, todavía, una asignatura pendiente, ya que no abun-

dan los trabajos al respecto. 1

Es cierto que las dictaduras instauradas y ejerci-das en América Latina en el tiempo se-ñalado han sido objeto de numerosos estudios –muchos de muy buena inves-tigación periodística-, aunque tal vez menos que los procesos de transición de ellas a las democracias. La mayoría de los estudios académicos son políti-cos y económicos. Son menos los so-

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Él análisis comparado de las dictaduras militares de período indicado será obje-to de una investigación a realizar duran-te el bienio 2004-2005, por un equipo bajo mi dirección. El proyecto –Los so-nidos del silencio. Dictaduras y resis-tencias en América Latina, 1964-1989- es de una sociología histórica del tiem-po presente dedicado a analizar las dic-taduras institucionales de las Fuerzas Armadas instauradas, entre 1964 y 1976, en Brasil, Argentina, Chile y Uruguay, comparándolas entre sí y con la larga dictadura sultanística-prebendaria paraguaya (1954-1989).

WALDO ANSALDI 2

ciológicos y mínimos, sobre todo en Ar-

gentina, los históricos. 2

Nuestra hipótesis es que las dicta-

duras institucionales de las Fuerzas Armadas, en América Latina, pretendie-ron ser correctivos de lo que considera-ban “vicios de la democracia”, particu-larmente los generados por el populis-

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Entre los trabajos más importantes pue-den citarse, a modo ilustrativo, los de Hugo Quiroga (1984), Enrique Vázquez (1985), María de los Ángeles Yannuzzi (1996), Marcos Novaro y Vicente Pa-lermo (2003)-, en Argentina; Alfred Stepan (1974), Maria Helena Moreira Alves (1984) y Thomas Skidmore (1988) en Brasil; Genaro Arraigada (1998) y Carlos Huneuus (2000), en Chile, y Gerardo Caetano y José Rilla (1987), en Uruguay. Puede citarse, tam-bién, el estudio de los partidos en situa-ción de dictadura –en los casos de Ar-gentina, Brasil y Uruguay- realizado por un equipo dirigido por Silvia Dutrénit (1996). La larga dictadura de Stroessner (1954-1989) sigue siendo un tema poco conocido, al igual que las de Bolivia y Guatemala. En cambio, reitero, es casi inexistente el análisis comparado de ellas como expresión de dictaduras ins-titucionales de las Fuerza Armadas y/o como confrontación entre éstas y las más clásicas, de tipo sultanístico-prebendario (caso paraguayo) y sólo re-cientemente se han conocido los prime-ros estudios sobre la acción represiva conjunta que los dictadores realizaron mediante el “Plan Cóndor”, tales los de Stella Callón (1999 y 2001), Francisco Martorell (1999) y Alfredo Buccia Paz et all (2002). También hay un amplio campo de análisis en materia de resis-tencias a las dictaduras por parte de or-ganizaciones de la sociedad civil, donde existen numerosos trabajos dedicados a movimientos y acciones puntuales, mas no a todos ellos como totalidad.

mo (Brasil, Argentina), el reformismo socialista (Chile) y/o la amenaza poten-cial de la izquierda revolucionaria (Uru-guay, Argentina). En su práctica, terro-rismo de Estado incluido, llegaron a una coordinación supranacional de la repre-sión, incluso por encima de diferencias importantes en otros campos (como las vinculadas a las hipótesis de guerra en-tre sí). Esa pretensión nació de la au-sencia de un principio de legitimidad propio, específico, no cubierto por la apelación a la Doctrina de la Seguridad Nacional. Más tarde o más temprano, las respectivas sociedades civiles gene-raron acciones que, rompiendo el mie-do, recuperaron la primacía de la políti-ca mediante demandas, movilizaciones y acciones de diferente índole, limitadas a los espacios nacionales y sin co-nexión supranacional. La forma en la que se resolvió la dialéctica entre dicta-duras y resistencias condicionó la pos-terior transición a la democracia políti-ca.

El presente capítulo es, entonces, apenas una primera aproximación a una cuestión que será objeto de estudio pormenorizado en el próximo bienio. A los efectos del caso, aquí considerare-mos sólo las cuatro dictaduras institu-cionales de las Fuerzas Armadas esta-blecidas en Brasil (1964-1985), Argen-tina (1976-1983), Uruguay (1973-1985)

y Chile (1973-1990). 3

El objetivo es ofrecer un marco comparativo que per-mita comprender mejor, dentro de un contexto regional, el tema central del li-bro, la dictadura miliar argentina, con-forme los resultados obtenidos por el

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En nuestro proyecto de investigación, también analizaremos la dictadura ar-gentina de 1966-1973, la cual dejamos de lado en este capítulo por razones que hacen a la estructura y los contenidos propios del libro.

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equipo liderado por Alfredo Pucciarelli. Las lectoras y los lectores y los lectores en-contrarán, entonces, el planteamiento de problemas a investigar más que respues-tas más o menos contundentes.

LA DOCTRINA DE LA SEGURIDAD NACIONAL,

FUNDAMENTO IDEOLÓGICO DE LAS DICTADURAS Las dictaduras son la negación de la política y se caracterizan por eliminar toda forma de disenso. Son la reduc-ción de la polifonía a una única voz monocorde e incluso al silencio. De allí que el punto de inflexión de la historia de las dictaduras suele encontrarse en el momento en el cual sectores impor-tantes de la sociedad pierden el miedo, salen a la calle y hacen oír sus voces, hecho ya señalado en algunos textos de Norbert Lechner, Guillermo O’Donnell y Juan Rial.

Las dictaduras carecen de principio de legitimidad y se colocan en la para-dójica situación de pretender legitimar-se con el argumento de ser restaurado-ras de las democracias conculcadas por las prácticas viciadas de los malos políticos. La cuestión de la búsqueda de legitimidad de ejercicio para suplir la ilegitimidad de origen tiene un compo-nente importante en la fundamentación ideológica. Las que analizaremos recu-rrieron, en ese sentido, a la Doctrina de la Seguridad Nacional, aun con diferen-cias, incluso sustanciales, en su aplica-ción nacional.

En efecto, una de las características comunes de las dictaduras instituciona-les de las Fuerzas Armadas fue la de intentar constituir un fundamento ideo-lógico a partir de la Doctrina de la Se-guridad Nacional (en adelante, DSN). Permítaseme una digresión respecto de ésta. Maria Helena Moreira Alves (1984: 33) señala que, según Margaret E. Crahan, los antecedentes más leja-nos de la DSN se encuentran en Brasil, ya en el siglo XIX, y en Argentina y Chi-le, a comienzos del XX. Comenzó a elaborarse a partir de teorías geopolíti-cas, antimarxistas y de las tendencias

conservadoras o de extrema derecha del pensamiento social católico de or-ganizaciones tales como el Opus Dei,

en España, y Action Française. 4

Con el comienzo de la Guerra Fría, elementos de la guerra total y de la confrontación inevitable entre las dos superpotencias –los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión de Repúblicas Socialistas So-viéticas- y sus respectivos bloques mili-tares –la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN o NATO, según sus siglas en inglés) y el Pacto de Var-sovia)- se incorporaron a la ideología de la seguridad nacional en América Latina. La forma específica asumida por ella, en la región, enfatizaba la “seguri-dad interna” frente a la amenaza de “acción indirecta” del comunismo. Así, mientras los teóricos norteamericanos de la seguridad nacional privilegiaban el concepto de guerra total y la guerra nu-clear, y los franceses, envueltos en la guerra contra los guerrilleros comunis-tas en Indochina, primero, y en la Gue-rra de Argelia (por la independencia), después, concentraban su atención en la guerra limitada como respuesta a la “amenaza comunista”, los latinoameri-canos, preocupados por el crecimiento de movimientos sociales de clase obre-ra, enfocaban la amenaza de la subver-

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Margart E. Crahan, “National Security Ideology and Human Rights”, ponencia presentada en el X Congreso Interna-cional de Filosofía, organizado por la Sociedad Interamericana de Filosofía y la American Philosophical Association, Florida State University, Tallahassee, 18-23 de octubre de 1981,

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sión interna y de la guerra revoluciona-ria.

Para los teóricos de la DSN, la bipo-laridad del mundo constituida tras la Segunda Guerra Mundial llevaba a la desaparición de las guerras convencio-nales y a su reemplazo por guerras ideológicas disputadas dentro de las fronteras nacionales de cada país. A escala mundial, la confrontación entre el “mundo libre, occidental y cristiano” y el “totalitarismo comunista ateo” dejaba en las fuerzas armadas norteamerica-nas la responsabilidad de evitar even-tuales conflictos armados entre sus aliados y encabezar una confrontación con la URSS y el Pacto de Varsovia. En esa escala, la guerra sería, entonces, una guerra contra el comunismo inter-nacional y se entablaría en todos los frentes: militar, político, económico, cul-tural e ideológico. En cada uno de ellos, las fuerzas armadas debían combatir y para hacerlo debían prepararse para un enfrentamiento no convencional, puesto que la subversión internacional actuaba en todos esos frentes. Esa tarea exigía una actitud vigilante y una preparación o capacitación especial, de la cual ca-recían, a juicio de los ideólogos de la DSN, los políticos y la propia democra-cia.

La DSN comenzaba con una teoría de la guerra. Al respecto, definía cuatro tipos de guerra: 1) guerra total; 2) gue-rra limitada y localizada; 3) guerra sub-versiva o revolucionaria; y 4) guerra in-directa o psicológica. En la guerra revo-lucionaria no había más línea del frente de batalla pues el enemigo estaba en todas partes.

La teoría de la guerra total, en tanto se basaba en la estrategia de la Guerra Fría, concebía al conflicto armado mo-derno como total y absoluto. Habida cuenta del inmenso poder destructivo de las armas nucleares y de la inevita-ble confrontación entre las dos super-potencias, decían los teóricos de la guerra total, la guerra no se limitaba al

territorio de los países beligerantes, o a sectores específicos de la economía o de la población. En palabras del gene-ral do Couto e Silva, de guerra estric-tamente militar se pasó a guerra total, tanto económica, financiera, política, psicológica y científica como guerra de ejércitos, escuadras y aviaciones; de guerra total a guerra global; y de guerra

total a guerra indivisible y permanente. 5

En rigor, la formulación más elabo-

rada de la DSN, tal como se la conoció y aplicó en las décadas de 1960 y 1970 (sobre todo, pero no exclusivamente), comenzó con la experiencia de los mili-tares franceses en sus guerras colonia-les en Indochina y Argelia, la primera desarrollada sobre todo en terreno sel-vático y la segunda, en urbano. Ambas terminaron con el fracaso de Francia, quien perdió ambas colonias La “técni-ca” de desaparición de personas y el accionar de los “escuadrones de la muerte”, usuales en la América Latina de dichas décadas, fueron “invencio-nes” de los militares franceses que combatían al Frente de Liberación Na-cional, en Argelia. Desde mayo de 1958, los procedimientos aplicados por las tropas colonialistas francesas se convirtieron en materia de enseñanza y estudio en el Centro de Entrenamiento en Guerra Subversiva, creado por el ministro de Defensa galo, Jacques Cha-ban-Delmas, participando de los cursos oficiales de su país, a los que luego se sumaron portugueses (en guerra contra los independentistas en sus colonias africanas, como Angola, Mozambique, Guinea-Cabo Verde), israelíes, nortea-mericanos y latinoamericanos, entre otros. Los cursos incluían un mes de práctica en territorio argelino. Un coro-

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Golbery do Couto e Silva, Conjuntura política nacional. O Poder Executivo & Geopolítica do Brasil, , Rio de Janeiro, Libraría José Olimpo Editora, 1981, p. 24.

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lario de los mismos fue la firma de acuerdos de cooperación militar que so-lían incluir la creación de una misión mi-litar francesa en el país contraparte.

Las derrotas francesas en Indochina y Argelia significaron un traspaso de la influencia en la formación de oficiales de Francia a Estados Unidos, en mo-mentos en que este país comenzaba a involucrarse en la que será la Guerra de Vietnam y enfrentaba, en América Latina, los múltiples desafíos genera-dos por la Revolución Cubana. Ahora bien, los militares norteamericanos fue-ron instruidos por colegas franceses, tras los acuerdos alcanzados con el mi-nistro de Defensa de Francia, Pierre Messner, en 1960. Por ellos, el país eu-ropeo envió a Estados Unidos oficiales en calidad de asesores en materia de

guerra revolucionaria. Actuaban en Fort Bragg y entre ellos se destacaba el ge-neral Paul Aussaresses, considerado uno de los mejores agentes galos en la

materia. 6

Finalmente, la tarea formativa de los

franceses fue transferida en América Latina a los norteamericanos. Éstos realizaron parte de su tarea en la Es-cuela de las Américas, establecida, en 1946, en la zona estadounidense del Canal de Panamá y especializada, a partir de mediados de los años sesenta, en la guerra antisubversiva. Se estima en 60.000 el número de oficiales de los ejércitos latinoamericanos que recibie-ron entrenamiento. Se la conoce tam-bién como “Escuela para dictadores”.

LAS DICTADURAS, SIMILARES Y DISÍMILES En el sur de América Latina, las dicta-duras fueron ejercidas con notables di-ferencias, pese a tener como común denominador sus fundamentos en la

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El general Paul Aussaresses publicó, en 2001, un libro de contenido terrible, Services spéciaux. Algérie 1955-1957, Perrìn, Paris (200 páginas). Presentado como “mi testimonio sobre la tortura”, renovó el debate sobre la cuestión. Dos años después, en 2003, se conoció el vi-deo documental Escuadrones de la Muerte. La Escuela Francesa, realizado por la periodista Marie-Monique Robin, de alto impacto en países europeos y la-tinoamericanos. El film se difundió por primera vez el 1 de septiembre de 2003, a través del canal Plus, de Francia, en este país y en otros once de Europa. En Argentina se conocieron fragmentos del mismo a través del diario Página 12 y el canal 11 de televisión abierta, quienes prestaron mayor atención a los segmen-tos que implicaban a militares argenti-nos.

Doctrina de la Seguridad Nacional. En efecto, las cuatro siguieron rumbos dife-rentes en política económica, en el tra-tamiento de la oposición política y so-cial y en la magnitud de violación de de-rechos humanos y ejercicio del terro-rismo de Estado. El contraste es nota-ble entre la dictadura brasileña (política económica desarrollista mediante una alianza tecnoburocrático-militar, con importante intervención estatal; ejerci-cio de la dictadura con formato repre-sentativo; menor grado de violencia en la represión de los opositores) y las res-tantes, pero también en éstas se en-cuentran, pese a mayores niveles de coincidencia, algunas diferencias signi-ficativas (por ejemplo, el éxito en la aplicación de políticas neoconservado-ras en Chile, y su fracaso en Argentina y Uruguay).

En materia de aplicación de la vio-lencia sobre los opositores, las dictadu-ras argentina y chilena, en ese orden, fueron las más duras, aunque sin al-canzar, pese a su magnitud, los niveles

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terribles de Guatemala. 7

En el caso chi-leno, impactó el alto número de victima iniciales, en los primeros días del golpe de septiembre: más de dos mil muertos, prisión, fuga o exilio de unos 9.000 diri-gentes y simples partidarios de la Uni-dad Popular (Gazmuri, s.f.: 2 y 5). En el argentino, el de desaparecidos (30.000, aunque este proceso comenzó, de ma-nera sistemática, casi dos años antes del golpe y se prolongó más allá del primer año de dictadura). Las cuatro dictaduras coincidieron en la coordina-ción de la persecución de los disiden-tes, a través de la Operación Cóndor, un plan secreto que coordinó tareas de inteligencia, persecución y asesinatos de opositores a las dictaduras realiza-das por organismos represivos de Ar-gentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay –el Mercosur de la muerte, según la ajustada expresión de Martín Sivak, o una corporación internacional de la muerte, si se prefiere la de Jack Anderson-, pero que incluso actuó fuera de las fronteras de estos seis países. Stella Calloni (2001: 21) sostiene que “Estados Unidos proporcionó inspira-ción, financiamiento y asistencia técnica a la represión, y plantó la semilla de la Operación Cóndor. La CIA promovió una mayor coordinación entre los servi-cios de inteligencia de la región. Un his-toriador estadounidense atribuye a un

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Las cifras del genocidio guatemalteco son escalofriantes: 200.000 personas muertas, en su mayoría asesinadas, 70.000 desaparecidos, 1.000.000 de desplazados, más de 600 masacres rea-lizadas por el ejército en aldeas indíge-nas y campesinas. Para comprender me-jor la magnitud de estas cifras, digamos que Guatemala, un país de sólo 108.889

km2

(un poco menos que la provincia argentina de Catamarca, que mide casi

111.000 km2) tenía, en 1994,

10.322.000 habitantes.

operativo de la CIA la organización de las primeras reuniones entre funciona-rios de seguridad uruguayos y argenti-nos para discutir la vigilancia de los exi-liados políticos. La CIA también actuó como intermediaria en las reuniones entre los dirigentes de los escuadrones de la muerte brasileños y los argentinos y uruguayos (...) La división de servicios técnicos de la CIA suministró equipos de torturas eléctrica a brasileños y ar-gentinos, y ofreció asesoramiento sobre el grado de shock que el cuerpo huma-

no puede resistir”. 8

En lo atinente a la organización del

ejercicio del poder político, las diferen-cias fueron más que las coincidencias, si bien unas y otras se dieron dentro del compartido carácter de dictaduras insti-tucionales de las Fuerzas Armadas. Carlos Huneeus afirma que los militares debieron definir un problema recurren-te, el del establecimiento de una estruc-tura política apta para un largo ejercicio del poder. Se trata de una situación común a los cuatros casos que anali-zamos aquí. Huneeus (2000: 267-268), siguiendo a Juan Linz, sostiene que los militares golpistas tenían ante sí tres al-ternativas de institucionalización políti-ca: 1) la legitimación carismática; 2) al-guna fórmula corporativista, como la “democracia orgánica”, sin organizar un partido único; 3) un sistema de partidos, sea unipartidario o multipartidario; en la segunda variante, mediante un partido oficial, dominante, y uno, o más, expre-sión de una oposición consentida y marginal dentro del régimen político. La primera de las opciones era objetada por los militares debido a “la excesiva personalización del poder en un indivi-duo y por ser incompatible con su alto nivel profesional”, mientras la tercera

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El historiador al que alude Calloni es A. J. Langguth, autor del libro Hidden Te-rrors New York, New York, Pantheon, 1978, que sirve de fuente a la autora.

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generaba recelos por la mala imagen que los militares tenían de los partidos políticos (posición que compartían los militares argentinos y chilenos, y con la que discrepaban los uruguayos y brasi-leños).

Las Fuerzas Armadas chilenas op-taron, dice Huneeus, “por un régimen militar tradicional, con una Junta de Gobierno como autoridad máxima, pero con un importante grado de concentra-ción del poder en el general Pinochet, quien ejerció simultáneamente las fun-ciones de Presidente de la República, presidente de la Junta de Gobierno hasta 1980 y comandante en jefe del Ejército” (Huneeus, 2000: 268). El De-creto-Ley Nº 572, del 26 de junio de 1974, otorgó a Pinochet el título de Jefe Supremo de la Nación, denominación que en diciembre fue suprimida, retor-nándose al tradicional de Presidente de la República. Meses después, el 4 de diciembre del mismo año, el Decreto-Ley Nº 788 dispuso que la Junta de Gobierno tenía potestad de modificar, a su arbitrio y retroactivamente, la Consti-tución Nacional de 1925. La Junta ad-quiría, así, funciones de Poder Legisla-tivo y Constituyente (Gazmuri, s.f.: 3) La personalización en el ejercicio del poder, característico de la dictadura chi-lena, no le quita a ésta, según mi pare-cer, el carácter de institucional de las Fuerzas Armadas.

En Argentina, el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional, dado a conocer el mismo día del golpe, el 24 de marzo de 1976, creó una Junta Militar, integrada por el comandante en jefe de cada una de las tres armas (Ejército, Marina y Aviación), y depositó en ella la condición de “órgano supremo

del Estado”. 9

En tal calidad, le asignó el poder de elegir al Presidente de la Re-

9

El texto del Estatuto puede verse en Clarín, Buenos Aires, 25 de marzo de 1976.

pública –que debía ser un oficial supe-rior- y de revocar su mandato “cuando por razones de Estado lo considerara conveniente, designando a su reempla-zante”. La Junta también concentró al-gunos poderes y funciones asignados por la Constitución Nacional a Presi-dentes de derecho (entre ellas, la con-ducción de las Fuerzas Armadas), e in-cluso se convirtió en el órgano que de-bía dar acuerdo a la decisión presiden-cial de designación de ministros del Ejecutivo, gobernadores de provincias y jueces ordinarios. El Estatuto estable-ció, a modo de reemplazo del disuelto Congreso Nacional, una Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), inte-grada por tres oficiales de cada una de las fuerzas, uno de los cuales ejercía la presidencia, anual y rotativa. La CAL tenía como función preparar los proyec-tos de ley. Las Fuerzas Armadas se distribuyeron en partes iguales (un ter-cio para cada una) todos los espacios de poder y administración que ocupa-

ron. 10

Empero, la presidencia de la Re-pública siempre fue ejercida por un ofi-cial del Ejército, sumando cuatro jefes, de los cuales sólo uno –Jorge Rafael Videla, el primero- completó su manda-to, dos –Roberto Eduardo Viola y Leo-poldo Fortunato Galtieri- fueron releva-dos y el cuarto –Reynaldo Bignone- fue

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Marcos Novaro y Vicente Palermo (2003: 49-50) acotan: “La decisión de militarizar casi todos los niveles y ám-bitos del Estado (a excepción de los municipios, que en gran parte siguieron administrados por civiles), constituyen-do un gobierno directo y efectivo de las Fuerzas Armadas, y de lotizar entre las fuerzas las áreas de influencia, los car-gos y las funciones, era algo inédito en la historia de las intervenciones milita-res argentinas. Y completaba un diseño tendiente a establecer una separación ta-jante entre los militares y los actores so-ciales”.

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designado tan sólo para administrar la transición a la democracia. A diferencia del caso chileno –y al igual que el brasi-leño y el uruguayo-, el argentino puso especial énfasis en eludir la personali-zación del poder, insistiendo en el ca-rácter institucional que las Fuerzas Ar-madas daban a una crisis también insti-tucional.

Las Fuerzas Armadas uruguayas se diferenciaron de las otras en materia de ejercicio del poder, en tanto no ejercie-ron el formal de manera directa, al me-nos durante los dos primeros tercios de la duración de la dictadura. Fue sólo en el tercio final cuando un oficial (del Ejército) accedió a la jefatura del Esta-do: el elegido fue un oficial retirado. En efecto, el teniente general Gregorio Ál-varez –Comandante del Ejército en 1978-1979, condecorado con la “Gran Cruz del Libertador Bernardo O’Higgins” y la “Orden Libertador Gene-ral San Martín”, por los dictadores Pi-nochet y Videla, respectivamente- re-cién fue designado Presidente, por la Junta de Oficiales Generales, en sep-tiembre de 1981, con la misión de llevar adelante un proceso de transición a la democracia que debía culminar (como efectivamente ocurrió) en la realización de elecciones libres el 25 noviembre de 1984 y la asunción del nuevo presiden-te electo en ellas el 1 de marzo de 1985. Incluso el golpe de Estado –que, en rigor, se ejecutó en dos momentos, febrero y junio de 1973- no fue perpe-trado directamente por los militares, si-no por el propio presidente constitucio-nal, José María Bordaberry. El 27 de junio de 1973, éste decretó la disolu-ción del Congreso bicameral, el cual fue reemplazado por un novel Consejo de Estado, permaneciendo él en el ejerci-cio de la presidencia, a la cual había accedido al ganar las elecciones de no-viembre de 1971, con apenas 22.8 % de los votos y en medio de una fuerte

crisis partidaria. 11

Tras el golpe de 1973, la base programática adoptada fue, también aquí, la Doctrina de la Se-guridad Nacional. La primera etapa de la dictadura uruguaya –el período de la llamada, por Luis Eduardo González, dictadura comisarial- duró tres años. La segunda, denominada por el mismo au-tor la del ensayo fundacional, se exten-dió entre 1976 y 1980; durante ella la presidencia fue ejercida brevemente por el doctor Alberto Demichelli y, des-de el 1 de septiembre de 1976, por el doctor Aparicio Méndez, un viejo políti-co de larga militancia en el Partido Na-cional, circunstancia que no fue óbice para que firmara, el mismo día, un de-creto prohibiendo, durante quince años, todas las actividades políticas autoriza-das por la Constitución Nacional. Álva-rez gobernó durante la fase de la dicta-dura transicional (1980-1984/1985).

En el caso brasileño, una de las primeras disposiciones de la dictadura militar fue la promulgación del Ato Insti-tucional Nº 1, el 9 de abril de 1964. Me-diante él se procuró dotar de bases le-gales a la nueva situación política e ins-titucionalizar la "revolución": se mante-nían la Constitución del mismo año 1964, salvo en materia de los poderes del Presidente de la República, y el fun-cionamiento de los partidos y el Con-greso Nacional -cuya legitimidad ema-naba, ahora, del propio Ato Institucional y era resultado "del ejercicio del Poder Constituyente, inherente a todas las re-voluciones"-, si bien aquél fue depurado en su composición y limitado drástica-

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Bordaberry, del Partido Colorado, in-tentó inicialmente lograr un amplio acuerdo político que garantizase la go-bernabilidad del país, pero fracasó. Sólo le acompañaron la fracción colorada quintista, de Jorge Batlle –que aportó los tecnócratas neoliberales encargados de la economía-, y minoritarios sectores de la derecha nacionalista.

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mente en el ejercicio de sus facultades. El Presidente asumía importantes facul-tades, arrebatadas al Legislativo. El ins-trumento legal apuntaba a una nueva centralización y concentración de poder en el Ejecutivo, medida estimada nece-saria para "la reconstrucción económi-ca, financiera, política y moral de Brasil" y para alcanzar el objetivo de "la res-tauración del orden interno y del presti-gio internacional de nuestro país", so-cavados por la acción del gobierno de-rrocado, que "estaba deliberadamente intentando bolchevizar el país" [sic!].

El 27 de octubre de 1965 se firmó el Ato Institucional Nº 2 (válido hasta el 15 de marzo de 1967, fecha de finalización del mandato del presidente Castelo Branco), instrumento que introdujo nue-vas enmiendas constitucionales y pro-fundizó el proyecto gubernamental de institucionalización del Estado. En su parte resolutiva, el instrumento legisla-ba sobre tres áreas, dos de ellas ati-nentes a las relaciones entre los tres Poderes del Estado:

1. el control del Poder Legislativo por el Ejecutivo, que fue reforzado aún más;

2. el incremento del número de miem-bros del Supremo Tribunal Federal, incorporando ministros favorables a las posiciones del Ejecutivo, y la transferencia de los procesos judi-ciales por razones políticas a los Tribunales Militares;

3. el control de la representación polí-tica.

En materia de representación políti-ca, el AI-2 eliminó la elección directa del presidente y el vicepresidente de la república, reemplazándola por la indire-cta a través de un Colegio Electoral in-tegrado por la mayoría absoluta de miembros del Congreso Nacional y re-unido en sesión pública, en la cual los electores emitirían su voto nominal y públicamente.

Finalmente, por su artículo 18º, el AI-2 dispuso la extinción de los partidos políticos existentes (que por entonces eran trece) y la observancia de rígidas exigencias para constituir nuevos parti-dos, fijadas por el Estatuto de los Parti-dos (ley Nº 4.740, del 15 de junio de 1965) y Actos Complementarios. El 20 de noviembre del mismo año fue pro-mulgado el Ato Complementar Nº 4, el cual estableció las reglas o normas pa-ra la creación de nuevos partidos políti-cos, que no podían llevar denominacio-nes de antiguos partidos. Los nuevos partidos se formaron de arriba hacia abajo, a partir de una situación dada (representación parlamentaria previa), y no a la inversa, según movimientos en el interior de la sociedad civil: fueron partidos del Estado. Así surgieron la Aliança Renovadora Nacional (ARE-NA), el partido oficial, y el Movimento Democrático Brasileiro (MDB), de opo-sición. Ambos existieron hasta 1979, cuando una nueva resolución los disol-vió para dar lugar a un sistema pluripar-tidario.

Un tercer Ato Institucional, el AI-3, del 5 de febrero de 1966, dispuso que de ahí en más los gobernadores esta-duales se elegirían indirectamente por mayoría absoluta de votos de las res-pectivas asambleas legislativas, me-diante votación pública y nominal. A su vez, la designación de los prefectos de todas las capitales estaduales sería pri-vativa de cada gobernador, mientras que en las restantes prefecturas podrí-an serlo por voto popular secreto.

La dictadura militar brasileña pre-senta, pues, sus singularidades respec-to de las otras tres. Una de ellas es su opción por un régimen político que in-cluyó, al menos como petitio principii, el funcionamiento de partidos políticos y el Congreso y la periódica convocatoria a elecciones. Dicho de otra manera, fue una dictadura que no negó totalmente la política y que, al dejar un pequeño espacio para ésta, no radicalizó la in-

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compatibilidad entre dictadura militar y política. Es cierto que la actividad parti-daria estuvo fuertemente condicionada (sobre todo hasta 1979-1980) y que las reglas del juego electoral fueron modifi-cadas toda vez que ellas mismas se volvían contra el propio partido oficial y, por ende, la dictadura. Con todo, puede decirse que se trató de una dictadura con formato representativo. Es posible que esa opción, manifestada como una preocupación a veces obsesiva por la legitimidad, guarde alguna relación -a modo de "enseñanza"- con la experien-cia del Estado Novo y su esfuerzo por encontrarle una al régimen, al menos "para uso externo", como ha sugerido Aspásia Camargo, o bien a la "inaltera-ble veneración por las formalidades le-gales" o la "propensión de los militares brasileños por la legitimidad formal", como prefieren Alves (1984: 144, n. 5) y Skidmore (1988: 170). No deben subes-timarse razones de otra índole, como las características personales de los principales jefes militares con poder de decisión. En este plano, las variables micropolíticas no son desdeñables: así, las posiciones del general Humberto Castelo Branco, en Brasil, explícitamen-te favorables a la democracia (o a su retorno) o, en Argentina, las apetencias personales del almirante Emilio Masse-ra por construir un soporte político apto para llegar a la presidencia (más que para instaurar la democracia). Por otra parte, en el caso brasileño, tampoco debe olvidarse que la opción por la vi-gencia electoral no fue de aceptación

unánime dentro de las Fuerzas Arma-das, donde se impuso como conse-cuencia de una correlación de fuerzas favorable y mediante la resolución de conflictos de diferente magnitud y fre-cuencia.

En cuanto a duración, las dictaduras militares argentinas fueron las más bre-ves: las dos duraron sólo siete años cada una, menos que los doce de la uruguaya, los diecisiete de la chilena y los veintiuno de la brasileña. Y suman-do las dos, apenas superan la duración de la uruguaya. No deja de ser curioso que, en los cuatro países objeto de nuestra atención, los militares con ma-yor tradición golpista –esto es, con más golpes de Estado en su haber- sean, al mismo tiempo, los que registran el me-nor tiempo de ejercicio de la dictadura (desde 1930 hasta 1983, nunca supe-rior a los siete años y meses). ¿Fortale-za de la sociedad civil y capacidad de resistencia de sus organizaciones? ¿Debilidad e incapacidad de los milita-res? No hay una respuesta única y las que se puedan formular no son simila-res para la autodenominada “Revolu-ción Argentina” y para el también auto-denominado “Proceso de Reorganiza-ción Nacional”. Tampoco, claro está, para las dictaduras anteriores. En con-traste con la mayor participación de los militares argentinos en la interrupción de la vida constitucional, sus camara-das uruguayos, chilenos y brasileños tuvieron, a lo largo del siglo XX, menor incidencia, aún más baja en ejercicio di-recto del gobierno.

LA BÚSQUEDA Y LA CONSTRUCCIÓN DE LEGITIMIDAD DE EJERCICIO He dicho antes que las dictaduras no tienen un principio de legitimidad propio y, paradójicamente, tienden a autofun-damentarse precisamente en aquello que su práctica niega, la democracia: las dictaduras se instalan, dicen los dic-tadores y sus intelectuales, para restau-rar las democracias conculcadas por

las prácticas corruptas, demagógicas y degeneradoras de los políticos, las cua-les habían devenido creadoras de con-diciones para la “subversión marxista”, o bien para instaurar una nueva demo-cracia. Los testimonios no son escasos. Aquí sólo citaré unos pocos, a modo ilustrativo.

MATRIUSKAS DE TERROR 11

En Chile, el mismo 11 de septiembre de 1973, el Decreto-Ley Nº 1, hacía saber que el propósito del golpe era “restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionali-dad quebrantada”. El general Augusto Pinochet prometió, unos días después:

“Chile volverá a su tradicional sistema democrático” 12

En Argentina, el general Jorge Videla expresaba, en los inicios de la dictadura:

Si hubiera que definir el aspecto negativo más importante contra el cual de-bemos luchar todos, que ha ensombrecido el panorama argentino en los úl-timos años, podríamos hacerlo con una sola palabra, según mi punto de vis-ta: demagogia (...) La demagogia, agitada con fines puramente electorales a través de slogans, rótulos y frases hechas, no hizo más que enfrentarnos en antinomias estériles y confundirnos profundamente, al punto tal que es difícil distinguir dónde está el bien y dónde está el mal. Esa demagogia, además, por ser complaciente dio origen a la corrupción (...) Esta corrupción -justamente por ser generalizada- motivó el trastrocamiento de los valores tradicionales, es decir, subversión. Porque subversión no es más ni menos que eso: subversión de los valores esenciales del ser nacional.

13

En el verano de 1977, el mismo dictador aseguraba que el objetivo final del Pro-ceso de Reorganización Nacional –eufemismo inventado para ocultar la dictadura- era alcanzar “un régimen político democrático capaz de gobernar, durante un largo

futuro, una sociedad abierta y pluralista”. 14

En Uruguay, los militares justificaron el desplazamiento del presidente Juan Ma-

ría Bordaberry, a mediados de 1976, con estos argumentos: 1 [E]l presidente de la República no acepta el futuro funcionamiento de los

Partidos Políticos Tradicionales. Entiende que éstos no tienen cabida en el Uruguay del futuro (...) En cambio, las FF. AA: no quieren compartir el com-promiso, la responsabilidad histórica de suprimir los Partidos Políticos Tra-dicionales.

2 El señor Presidente de la República no acepta el pronunciamiento popular a través del voto, porque considera que esa práctica de las democracias ac-tuales es algo superado (...) En contraposición a esto, las FF. AA. sostienen que la soberanía está radicada en la Nación y que, entre otras cosas, una forma auténtica de expresión de esa soberanía, es el voto popular.

3 El señor Presidente de la República intenta responsabilizar a los Partidos Políticos del menoscabo moral y material de la Nación, y no a los hombres que fueron directamente responsables de ese menoscabo, para satisfacer sus apetitos de poder. Las FF. AA., por el contrario, entienden que no debe trasladarse al sistema la responsabilidad de errores y desviaciones persona-les, sino que, en vez, deben administrarse las medidas que impidan que esas influencias negativas continúen en el futuro.

15

12

El Mercurio, Santiago, 17 de septiembre de 1973. 13

Clarín, Buenos Aires, 25 de mayo de 1976 (las cursivas son mías). 14

Clarín, Buenos Aires, 30 de enero de 1977. 15

Comunicado político emitido por las Fuerzas Armadas el 12 de junio de 1976. Citado por Caetano y Rilla (1987: 56-57).

WALDO ANSALDI 12

La señalada apelación a la restau-ración de la democracia no debe velar un cambio significativo que, en mayor o menor medida, comparten las cuatro dictaduras: la de proponerse como momento fundacional de un nuevo ré-gimen político. Ya a comienzos de los setenta, Alfred Stepan (1974: 315-316) había advertido que las experiencias brasileñas y peruana, iniciadas en 1964 y 1968 respectivamente, sugerían que las nuevas intervenciones de los milita-res latinoamericanos en la política se orientaban ya no en la antigua dirección de custodios del sistema, sino en la de “encargados de su transformación”. Las dictaduras de esa década ratificarán el diagnóstico, con independencia del hecho de sus disímiles, y a veces men-guados, resultados inmediatos.

Los militares uruguayos se plantea-ron fundar una democracia limitada y tutelada, a la cual le dieron forma cons-titucional y sometieron el proyecto –siguiendo el procedimiento exitoso de sus camaradas chilenos en 1977 y el mismo 1980- a un plebiscito, realizado el 30 de noviembre de 1980, que per-dieron en una proporción de 3 a 2 (58 % de los votantes lo hizo en contra y 42 %, a favor, concurriendo a votar el 85 % del padrón). La derrota abrió el camino de la transición a la democracia. A jui-cio de Luis Eduardo González (1984: 28], “[e]l resultado del plebiscito de 1980 fue fundamentalmente un voto po-lítico. No una reacción (favorable o no) frente a los resultados de la política económica del gobierno, y en términos relativos las opciones fueron claras: el «sí» fue un voto a favor del orden auto-ritario, y el «no» fue un voto por la re-democratización”.

Las Fuerzas Armadas chilenas, a su vez, abandonaron pronto la supuesta pretensión restauradora de la democra-

cia. Cristián Gazmuri (s.f.: 1) ha seña-lado que, desde octubre de 1973, el sis-tema democrático chileno fue conside-rado por los militares golpistas “la cau-sa misma de la crisis política” del país. El nuevo rumbo quedó fijado por dos documentos, la “Declaración de princi-pios” y el “Objetivo nacional”, dados a conocer por Pinochet el 11 de marzo de 1974. El primero daba cuenta, funda-mentalmente, de la “suspensión de la institucionalidad jurídica consagrada en la Constitución de 1925; intervención y control de la prensa y las universida-des; estado de sitio; toque de queda; persecución de los funcionarios del ré-gimen de la Unidad Popular; prohibición de cualquier manifestación social; prohibición de la actividad sindical; mantención del exilio”. El segundo, en cambio, apuntaba al nuevo modelo económico: el neoliberal impulsado por los Chicago boys chilenos, economistas que llegaron a cargos ministeriales en julio de 1974. La nueva institucionalidad a la que aspiraban las Fuerzas Arma-das era la de una democracia protegida y autoritaria, la cual incluía componen-tes corporativistas tomados del fran-quismo español y fue consagrada en la Constitución nacional de 1980. Huneeus (2000: 39) señala que el nue-vo orden político “tuvo la pretensión de ser una alternativa a la democracia oc-cidental, descalificada por obsoleta de-bido a su incapacidad para «defender-se» de «la amenaza comunista»”. La dictadura chilena prohibió la actividad de los partidos políticos pero no pres-cindió por completo de las elecciones, aun cuando las mismas fueron no com-petitivas (tales, la consulta del 4 de enero de 1978, el plebiscito constitucio-nal del 11 de septiembre de 1980 y el decisivo plebiscito del 5 de octubre de 1988).

MATRIUSKAS DE TERROR 13

EL MODELO ECONÓMICO, CAMPO DE DIFERENCIACIÓN CLAVE ENTRE LAS DICTADURAS

Si bien la DSN fue el sustento ideológi-co de las dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas latinoamericanas, en un marco de notable coherencia, sus contenidos y aplicación no fueron simi-lares en todos los países en los cuales

fue utilizada como tal soporte. 16

En ese

16

Un caso diferente es el de las Fuerzas Armadas peruanas, que también desa-rrollaron, durante las décadas del cin-cuenta y, sobre todo, del sesenta, una doctrina de “progreso social y desarro-llo integrado” de contenido nacionalista y reformista, en la cual se apreciaba la influencia de las posiciones de la Comi-sión Económica para América Latina (CEPAL) sobre la dependencia y el subdesarrollo. La doctrina de los milita-res peruanos –que se autoconsideraban “combatientes contra el subdesarrollo” al lado del pueblo- fue elaborada en el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM) y tenía como nota distintiva concebir la seguridad nacional en tér-minos no sólo militares sino también económicos y sociales, en lo cual coin-cidía con la de los brasileños. Tal doc-trina sirvió de fundamento a la denomi-nada Revolución Peruana, el proceso de reformismo militar encabezado por el general Juan Velasco Alvarado, tras la toma del poder mediante un golpe de Estado perpetrado el 3 de octubre de 1968. La experiencia se prolongó hasta el 29 de agosto de 1975, cuando el pre-sidente fue derrocado por otro golpe mi-litar, encabezado por el general Francis-co Morales Bermúdez. En el ínterin se tomaron decisiones tales como la nacio-nalización de la norteamericana Interna-tional Petroleum Company, la reforma de los aparatos estatales, la reforma agraria, la expropiación de las propie-dades de los grandes terratenientes y la creación del Sistema Nacional de Apo-

sentido, es interesante constatar la va-riante brasileña de tal doctrina, caracte-rizada por el énfasis puesto en la rela-ción entre desarrollo económico y segu-ridad interna y externa, tanto que fue conocida como Doutrina de Segurança e Desenvolvimento (Seguridad y Desa-

rrollo). 17

Esta diferencia se aprecia en la disímil política económica impulsada por las Fuerzas Armadas brasileñas, claramente contrastante con la ad-hesión a las posiciones del llamado, más tarde, Consenso de Washington, de ajuste estructural, neoliberales o ne-oconservadoras, característica de las otras dictaduras del Cono Sur, muy es-pecialmente la chilena. Es cierto que la dictadura brasileña se instauró antes de

yo a la Movilización Social (SINA-MOS). Ciertamente, el reformismo mi-litar peruano no postulaba construir el socialismo sino terminar con la domina-ción oligárquica y desarrollar una de-mocracia con amplia base participativa. Ha sido caracterizado como un proceso autoritario de incorporación de las cla-ses sociales populares urbanas y rurales en pos del objetivo del desarrollo del país. La experiencia peruana comenzó cuando ya estaban instaladas dos dicta-duras institucionales de las Fuerzas Ar-madas en el Cono Sur, la brasileña (1964) y la primera argentina (1966). Significativamente, como señalara Al-fred Stepan en su momento, el CAEM no contó con militares norteamericanos en su cuerpo de profesores, a diferencia de otros países (en Brasil, la misión nor-teamericana se extendió entre 1948 y 1960).

17 El texto más importante para entender la posición de los militares brasileños en la materia es el Manual Básico da Esco-la Superior de Guerra, publicado por su Departamento de Estudios en 1976.

WALDO ANSALDI 14

la aparición de esas posiciones, pero también lo es que ella se prolongó has-ta 1985, tiempo para el cual ya se habí-an llevado adelante las experiencias chilena, argentina y uruguaya. Pero el modelo económico de éstas no sirvió de estímulo a la introducción de cam-bios por parte de los dictadores brasile-ños. Es claro que éstos optaron, tam-bién ellos, por una fuerte apertura a la inversión de capital extranjero, pero no debilitaron al Estado. Así, una de las primeras medidas tomadas por el go-bierno del general Humberto Castelo Branco (el primero de los dictadores) fue –en el marco de la llamada Reforma Administrativa- la creación del Ministe-rio de Planeamiento y Coordinación Económica, al que se encargó coordi-nar y aplicar el modelo económico, faci-litando la inversión extranjera y aumen-tando la tasa de acumulación de capi-tal.

El programa económico global de la dictadura brasileña formulaba como ob-jetivos la racionalización de la econo-mía por la concentración del capital en las industrias más eficientes y el estí-mulo a la penetración del capital multi-nacional más moderno y productivo, en total correspondencia con una de las premisas de la Doctrina de la Seguridad Nacional y Desarrollo en cuanto a los efectos considerados benéficos de la inversión multinacional: la mejor mane-ra de desarrollar a Brasil consistía en transformar a la economía del país en área prioritaria para la inversión extran-jera.

Para los teóricos de la Doutrina de Segurança Nacional e Desenvolvimento -elaborada en la Escola Superior de Guerra (ESG) a lo largo de veinticinco años y entre cuyos autores descolló largamente el general Golbery do Couto

e Silva 18

- no podía haber seguridad

18

La ESG brasileña fue creada en abril de 1949, mediante un decreto del presiden-

nacional sin un alto grado de desarrollo económico, el cual debía incluir la in-dustrialización, el efectivo aprovecha-miento de los recursos naturales, la construcción de una extensa red de transporte y comunicaciones (con la función de integrar el territorio nacional, tarea en la cual se asignaba destacada importancia a las autovías y los ferroca-rriles), el entrenamiento de una fuerza de trabajo altamente calificada y el de-sarrollo científico y tecnológico. Para el logro de estos objetivos, en definitiva, la construcción de un “capitalismo moder-no”, los teóricos de la Escuela Superior de Guerra brasileña consideraban clave la fuerte intervención del Estado en el planeamiento económico nacional, en la inversión en infraestructura e incluso no desdeñaban la eventual apropiación directa de los recursos naturales por parte del propio Estado. Alves (1984: 50) considera que los militares de su país fueron, a lo largo del ejercicio de la dictadura, notablemente coherentes con esos principios. Así, es posible constatar que la participación del Esta-do en el planeamiento y la regulación de la economía alcanzó “niveles inédi-tos de centralización” a partir de 1964, aumentando también considerablemen-te la intervención del Estado en la pro-ducción directa en la explotación de re-cursos naturales mediante empresas de su propiedad (esto es, el Estado como propietario de medios de producción).

Trátase, pues, de un modelo de de-sarrollo capitalista fundado o basado en una alianza entre capitales estatales, privados multinacionales y privados brasileños (o locales y/o nacionales, si

te de la República, el general Eurico Dutra. En ella siempre fue importante el papel de los civiles, incorporados por su formación profesional en las áreas de la industria, la educación, las comunica-ciones y la actividad bancaria. Debían poseer título universitario o equivalente y probada capacidad de liderazgo.

MATRIUSKAS DE TERROR 15

se prefiere). No es sólo una alianza económica, sino también una alianza política entre la tecnoburocracia y el capital industrial. Según Luíz Carlos Bresser Pereira (1985: 103), ella "da especificidad (y fuerza política) al régi-men militar brasileño”. Como alianza, ella “no se vuelve bien definida hasta aproximadamente 1967. Los militares, bajo la influencia de la UDN [Unión Democrática Nacional, el partido de la derecha liberal creado en 1945], bus-can inicialmente, por un lado, aliarse a la tecnoburocracia civil estatal y, por el otro, encontrar apoyo en las clases me-dias pequeño burguesas (tradicionales) y en la burguesía agrario-mercantil. Pe-ro después perciben que la fuerza es-taba con el capital industrial y con el capital bancario, y ambos se alían de forma decisiva".

Pereira añade que "el pacto político autoritario y excluyente" se conforma entre 1964 y 1968, basado en la triple alianza de la tecnoburocracia estatal, la burguesía local y las empresas multina-cionales. "La fuerza de ese pacto reside en la circunstancia de que la tecnobu-rocracia en el poder haya sabido reco-nocer el hecho de que, tanto el capital local como el multinacional eran ya pre-dominantemente industriales. Su carác-ter excluyente se traduce en la exclu-sión radical, de carácter económico y político, de los trabajadores y de am-plios sectores de la clase media asala-riada y de la pequeña burguesía" (Pe-reira, 1985: 104; las cursivas son mí-

as). 19

A juicio de Luiz Bresser Pereira, esa triple alianza es tan importante, es-tratégicamente, que la ruptura, dentro de ella, entre la burguesía local y la

19

Curiosamente, en este aspecto el mode-lo económico de la dictadura brasileña, más allá de las sustanciales diferencias estratégicas, anticipa una coincidencia, también de carácter estratégico, con el de las otras tres del Cono Sur.

tecnoburocracia, a fines de los años se-tenta, constituye un aspecto clave para el proceso de democratización (Pereira,

1978). 20

La economía pergeñada por la dic-

tadura brasileña se diferenció, enton-ces, de las otras tres. En efecto, el mo-delo llevado adelante por ella se inscri-bió dentro del llamado nacional-desarrollista (cuyos mayores logros se alcanzaron, aun sin romper la depen-dencia ni instaurar un capitalismo autó-nomo, en Brasil, precisamente, y en México, más allá de las diferencias en-tre una y otra experiencia). En Brasil, ese modelo se prolongó a lo largo de unos veinticinco años (circa 1955-1980), y tal vez diez más, hacia atrás, si se atienden a ciertas características de la década que sigue a la caída del Es-tado Novo. Sus características principa-les fueron cuatro:

1. El Estado fue el principal sujeto del desarrollo, cumpliendo diferentes funciones (planificación, ejecución de políticas, productor directo);

2. El énfasis fue puesto en la industria-lización del país, dando prioridad al mercado interno, al cual se blindó mediante barreras arancelarias y no arancelarias y un rígido control esta-tal del comercio exterior;

3. Se apeló al endeudamiento externo –en fuentes “multilaterales” (orga-nismos internacionales) y privadas- para cubrir la aducida insuficiencia de recursos internos;

20

La alianza entre tecnócratas y militares estuvo presente en los cuatro casos, aunque no se expresó de la misma ma-nera, o con los mismos sujetos. En Ar-gentina, por caso, la burguesía nacional fue excluida del bloque de poder). El es-tudio comparado de ella(s) constituye un punto central de nuestra investiga-ción

WALDO ANSALDI 16

4. La política industrialista fue sosteni-da por un trípode constituido por empresas estatales, multinacionales y privadas de capital brasileño (na-cional o local).

La dictadura brasileña modificó par-cialmente el modelo al redefinir sobre todo el cuarto componente de la estra-tegia, el que adquirió la forma indicada por Luiz Carlos Bresser Pereira. SI se presta atención, se advertirá inmedia-tamente que las dos primeras caracte-rísticas del modelo nacional-desarrollista fueron cuestionadas radi-calmente por las dictaduras argentina,

chilena y uruguaya, en distinta magni-tud y también con distinto resultado. Como se sabe, Chile avanzó más que ningún otro país –en la etapa de las dic-taduras institucionales de las Fuerzas Armadas- en la desarticulación del Es-tado, aunque conservó para éste el control de un recurso estratégico como el cobre, por ejemplo. La tercera –el endeudamiento externo- se mantuvo e incluso acrecentó, y la cuarta, la alianza entre clases y Estado, se redefinió de diferentes maneras en cada uno de los casos.

COLOFÓN En el tiempo y el espacio dados para esta contribución, he querido plantear algunas –y sólo algunas- grandes lí-neas para un futuro análisis de sociolo-gía histórica analítica, explícitamente comparativa, de las dictaduras institu-cionales de las Fuerzas Armadas. No ha sido mi intención dar cuenta de to-das las cuestiones, ni establecer un or-den de prelación de las mismas. Las aquí tratadas, aún con sus límites, sur-

gen del nivel actual de conocimiento que tenemos de un problema a investi-gar. Aun así, pueden resultar útiles y estimulantes para una mejor compren-sión de todas y cada una de esas dic-taduras y del papel que jugaron en el cambio del patrón de acumulación del capital, y con él, en las formas de ac-ción y resistencia de las clases subal-ternas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ALVES, Maria Helena Moreira (1984):

Estado e oposição no Brasil (1984-1984), Vozes, Petrópolis.

ANSALDI, Waldo (1996): “Dormir con el enemigo. Las organizaciones de la sociedad civil en la transición a la democracia política en Brasil”, en El Príncipe, Año III, nº 5/6, La Plata, setiembre-diciembre, pp. 207-247, y, en Internet, en www.catedras.fsoc.uba.ar/udishal.

ARRAIGADA, Genaro (1998): Por la razón o la fuerza. Chile bajo Pinochet, Edi-torial Sudamericana, Santiago de Chile.

BUCCIA PAZ, Alfredo y otros (2002): En los sótanos de los generales. Los documentos ocultos del Operativo Cóndor, Expo Libro y Servi Libro, Asunción.

CAETANO, Gerardo y RILLA, José (1987): Breve historia de la dictadura (1973-1985), Centro Latinoamericano de Economía Humana-Ediciones de la Banda Oriental, Montevideo, 1ª edi-ción.

CALLONI, Stella (2001): Operación Cón-dor. Pacto criminal, La Jornada Edi-ciones, México DF, 2ª edición revi-sada y actualizada. La primera edi-ción fue publicada en 1999, con el título Operación Cóndor. Los años

MATRIUSKAS DE TERROR 17

del lobo, Peña Lillo, Ediciones Con-tinente, Buenos Aires.

DUTRÉNIT, Silvia (coordinadora), ANSAL-DI, Waldo, CAETANO, Gerardo y TCACH, César (1996): Diversidad partidarias y dictaduras: Argentina, Brasil y Uruguay, Instituto de Inves-tigaciones Dr. José María Luis Mo-ra, México DF.

GAZMURI, Cristián (s.f.): “Una interpreta-ción política de la experiencia auto-ritaria (1973-1990)”, Publicaciones Electrónicas, Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, en www.hist.puc.cl. Descar-gado el 27 de agosto de 2003.

GONZÁLEZ, Luis E. (1984): Uruguay: una apertura inesperada. Un análisis sociopolítico del plebiscito de 1980, CIESU-EBO, Montevideo.

HUNEUSS, Carlos (2000): El régimen de Pinochet, Editorial Sudamericana, Santiago de Chile.

MARTORELL, Francisco (1999): Opera-ción Cóndor. El vuelo de la muerte, LOM Ediciones, Santiago de Chile.

NOVARO, Marcos y PALERMO, Martín (2003): La dictadura militar (1976-1983). Del golpe de Estado a la res-

tauración democrática, Paidós, Bue-nos Aires-Barcelona-México.

PEREIRA, Luiz Carlos Bresser (1978): O colapso de uma aliança de classes, Editora Brasiliense, Sâo Paulo.

PEREIRA, Luiz Carlos Bresser (1985): Pactos políticos. Do populismo a redemocratizaçâo, Editora Brasi-liense, Sâo Paulo.

QUIROGA, Hugo (1984): En tiempo del “Proceso”. Conflictos y coinciden-cias entre políticos y militares 1976-1989, Fundación Ross, Rosario, 1994.

SKIDMORE, Thomas (1988): Brasil: de Castelo a Tancredo 1964-1985, Paz e Terra, Rio de Janeiro.

STEPAN, Alfred (1974): Brasil: los milita-res y la política, Amorrortu editores, Buenos Aires. [La edición original, en inglés, es de 1971].

VÁZQUEZ, Enrique (1985): La última. Origen, apogeo y caída de la dicta-dura militar, EUDEBA, Buenos Ai-res,

YANNUZZI, María de los Ángeles (1996): Política y dictadura. Los partidos po-líticos y el “Proceso de Reorganiza-ción Nacional” 1976-1982, Editorial Fundación Ross, Rosario.

CÓMO CITAR Si usted cita este texto, por favor siga la siguiente indicación para una correcta re-ferencia bibliográfica:

ANSALDI, Waldo: ““Matriuskas de terror. Algunos elementos para analizar la dictadura argentina dentro de las dictaduras del Cono Sur”, en Alfredo R. Pucciarelli, coordinador, Empresarios, tecnócratas y militares. La trama corporativa de la última dictadura, Siglo Veintiu-no Editores, Buenos Aires, 2004, pp. 27-51.

Muchas gracias por su observancia.