mapa de riesgo de corrupción de san martín

8/8/2019 Mapa de Riesgo de Corrupcin de San Martn

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Mapade Riesgosde la CoRRupCin Regin san MaRtn


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Mapa de Riesgosde la CoRRupCin

Regin san MaRtn

prc

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Mapa de riesgos de la corrupcin - Regin San MartnDocumento de trabajoSerie: Mapa de riesgos de la corrupcin N 5

ProticaConsejo Nacional para la tica Pblica(Captulo Nacional de Transparency International)Telonos: (511) 446-8941, 446-8943 y 446-8589

Teleax: (511) 446-8581Correo electrnico: [email protected] Cpac 826, Lima 18 - PERwww.proetica.org.pewww.transparency.orgwww.transparency.org/tilac

Primera impresin1000 ejemplares

Mayo de 2008Impreso en: Tarea Asociacin Grca Educativa


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Contenido

1. Introduccin

2. Resea metodolgica

3. Corrupcin y sociedad en San Martn3.1. La corrupcin como problema3.2. Instituciones y corrupcin3.3. Experiencias de corrupcin y denuncias

4. Mapeo de riesgos de corrupcin4.1. Sector Educacin

4.1.1. Principales problemas de corrupcin identicados4.1.2. Anlisis de riesgos de corrupcin

4.2. Sector Salud4.2.1. Principales problemas de corrupcin identicados

4.2.2. Anlisis de riesgos de corrupcin4.3. Tala ilegal4.3.1. Anlisis de riesgos de corrupcin

5. Conclusiones generales


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Mapa de riesgos de la corrupcin - Regin San Martn

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1. Introduccin

Protica es una organizacin no gubernamental que viene trabajandodesde el ao 2002 en la promocin de la lucha contra la corrupcin enel pas. El 28 de agosto de 2007 suscribi un convenio de cooperacincon el Gobierno Regional de San Martn para promover mecanismosde lucha contra la corrupcin en la gestin.

Para lograr los objetivos del convenio, y tal como ha venido haciendo enlas otras regiones en donde interviene, Protica inici sus actividadesen San Martn elaborando un diagnstico de la situacin de los riesgosde corrupcin; es decir de las condiciones que constituyen un marcode accin que posibilita que los actos de corrupcin sean cometidoscon xito.

El Mapa de Riesgos de Corrupcin de la regin San Martn es un

estudio que parte de la identicacin de los principales problemas decorrupcin percibidos por los actores locales uncionarios pblicos,autoridades, periodistas, uncionarios de ONG entre otros paraluego pasar a analizar los riesgos que explicaran la presencia yreproduccin de stos. El estudio se concentra en tres sectores queson clave dentro de la dinmica social regional: educacin, salud y elorestal. Esta ocalizacin responde a tres actores:

i) La experiencia acumulada en los cinco mapas de riesgosanteriores permiten concluir que hay tres grandes riesgos que


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recurrentemente pueden encontrarse en todas las instituciones ysectores, en las cinco regiones, y que explican los diversos problemasde corrupcin recogidos en todas ellas. Estos riesgos son la altade transparencia y de rendicin de cuentas, la ineciencia paracontrolar y sancionar, y la debilidad de la vigilancia ciudadana.

ii) A travs de las acciones de Protica en distintas regiones, as comoproducto de las cuatro encuestas nacionales sobre corrupcin(2002, 2003, 2004 y 2006), se concluye que los sectores sociales(educacin y salud) son aquellos particularmente ms sensiblespara la poblacin en materia de corrupcin, bsicamente por lacercana entre los prestadores de los servicios y los usuarios. Detal manera que una proundizacin en stos, tomando como marcode reerencia las conclusiones sobre los tres riesgos de corrupcinsealados, sera ms productivo para empezar planteandoacciones sobre estos dos.

iii) Hay consenso en que el problema de la tala ilegal es muy grave,

en trminos de impacto econmico y ambiental para el Estado yla regin en particular. Sin embargo, ha sido muy poco estudiadodesde el enoque de la corrupcin. No es objetivo de la accinde Protica tener un eecto inmediato en este campo, pues lasrespuestas del Estado al respecto dependen mucho ms delgobierno central que del regional, con el cual se ha suscrito elconvenio de colaboracin. Sin embargo, s queremos aprovecharla oportunidad para encarar un enmeno tan complejo como ese,

aportando a su comprensin desde el punto de vista de los riesgosde corrupcin que lo generan.

Como se mostrar en el desarrollo del estudio, los tres riesgos decorrupcin generales sealados se presentan tambin en los tressectores elegidos de la regin San Martn, aunque con algunasparticularidades, contra las cuales las autoridades y la sociedadregional debern lidiar, adaptando los modelos anticorrupcin

correspondientes a la realidad local.

Antes de describir los riesgos de corrupcin se har una exposicin


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Introduccin

y anlisis de los datos para la regin de la Encuesta Nacional sobreCorrupcin de Protica ms reciente (2006). Ello permitir enmarcarla lectura de los datos objetivos recogidos en las percepciones yvivencias de los habitantes de Tarapoto y Moyobamba (ciudadesdonde se aplic la encuesta) con respecto a la corrupcin.

Despus se pasar a exponer los resultados del estudio realizadosobre los sectores educativo, de salud y orestal de San Martn. Enlos dos primeros se empezar describiendo los que son los problemasms importantes para los actores involucrados entrevistados, paraluego dar paso al anlisis de riesgos que permitiran la reproduccinde esos problemas. En el caso del sector orestal se ir de rente alanlisis de los riesgos, pues ste gira exclusivamente en torno al granproblema de la tala ilegal.

Al nal, se recapitula las principales conclusiones y se elabora algunasrecomendaciones a ser discutidas con ms detalle y detenimiento porlos actores locales.


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Resea metodolgica

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2. Resea metodolgica

El mapa de riesgos de San Martn se ha planteado como un estudioexploratorio que ha tenido dos objetivos:

1) Sistematizar los problemas de corrupcin percibidos por lasociedad local en los sectores educativo, de salud y orestal. Seentiende corrupcin como el aprovechamiento indebido deun poder pblico para obtener benecios privados que de otramanera no se habran producido.

2) Identicar las condiciones especcas en materia de alta detransparencia y rendicin de cuentas, ineciencia para controlary sancionar, y debilidad de la vigilancia ciudadana, que como seha mencionado son los tres riesgos generales que avorecen lareproduccin de esos problemas de corrupcin.

Para lograr estos dos objetivos se recurri al uso de herramientas derecojo de inormacin cualitativa, particularmente entrevistas, perotambin revisin de documentacin.

Las uentes entrevistadas ueron uncionarios y autoridades deinstituciones relacionadas con los tres sectores, as como miembrosde organizaciones sociales que intervienen en ellos. En total se hizo

entrevistas a 127 personas.


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Resea metodolgica

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3. Corrupcin y sociedad en San Martn

En este punto se va a hacer una presentacin de las principalesvariables analizadas por las encuestas nacionales sobre corrupcinde Protica, particularmente la ms reciente, presentada en octubrede 20061.

3.1. La corrupcin como problema

Los peruanos identican la corrupcin como uno de los principalesproblemas del pas. A nivel nacional, el desempleo es visto como elms importante de los problemas que aectan al Per, seguido de lapobreza. En San Martn, es sta la que tiene el protagonismo, porencima del desempleo. La delincuencia y la corrupcin siguen enla lista, tanto en el pas como en la regin. Estos datos se pueden

apreciar en el grco 1.Esta apreciacin cambia cuando la pregunta se enoca sobre losproblemas que aectan al Estado peruano (grco 2). An cuando enla regin el dato no es tan contundente como en el caso del promedionacional, s es sucientemente claro como para establecer que siguela tendencia de entrevistados en el resto del pas de identicar a lacorrupcin como el principal escollo que el Estado debera enrentar

1 Protica, IV Encuesta Nacional sobre Corrupcin 2006. Lima: Protica, 2007. Eltexto puede descargarse de: www.proetica.org.pe


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y superar si es que quiere asegurar el desarrollo de todos losperuanos.

Grco 1

Principales problemas del pas

(% de menciones espontneas)

Grco 2

Principal obstculo que enfrenta el Estado

para asegurar el desarrollo de todos

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San Martn

Nacional

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Delincuencia

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Ineficiencia

Desidia

Falta de

recursos

Corrupcin

San Martn

Nacional


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Resea metodolgica

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Los datos de esta pregunta muestran algunas discrepanciasinteresantes entre el promedio del pas y San Martn en cuanto a losotros obstculos. As, para el conjunto de peruanos, la inecienciaes claramente el segundo gran problema, mientras que la escasezde recursos (particularmente econmicos) y la desidia o desinterspor las personas se ubican en tercer y cuarto lugar. Mientras queen la regin, estos dos elementos adquieren resultados similares,ubicndose despus de la corrupcin, datos que ponen de relieve lapercepcin de la pobreza del Estado en la regin y la sensacin de queste no se ocupa de servir a las personas.

Otro aspecto a considerar es que no solo hay una percepcin extendidade la corrupcin como problema, sino que no hay muchas expectativasde que se pueda superar la situacin, ni en el pas (grco 3) ni en laciudad en que habitaba el encuestado (grco 4).

Grco 3

En su opinin, en cinco aos la corrupcin en el pas...

Ntese tambin que los habitantes de San Martn son menos optimistas

con respecto a la corrupcin de la localidad que los peruanos conrespecto a la corrupcin del pas. Una lectura que puede ser pertinente

30%

36%

21%13%

habr aumentado

seguir igual

habr disminuido

...no precisa


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tiene que ver con el periodo en que se hizo el trabajo de campo. Deun lado, a septiembre de 2006 no haban pasado dos meses desdeque el gobierno del APRA entr a conducir el pas, y las medidasque tom el presidente Garca apenas empez su gestin ueronmuy impactantes en trminos de opinin pblica: austeridad ypuntualidad, contrastando con el gobierno de su antecesor, AlejandroToledo, cuya gestin haba estado marcada por el destape constantede casos de corrupcin, as como rivolidad en el manejo de la imagenpresidencial.

Grco 4

En su opinin, en cinco aos la corrupcin en esta ciudad

Por otro lado, aunque por entonces tambin estaba en marcha lacampaa electoral en los niveles regional y municipal, todavaquedaba el recuerdo resco de una gestin regional marcada por lacorrupcin: el presidente regional elegido para el periodo 2003-2006(que casualmente era del partido aprista) haba sido deenestradoprecisamente por actos de corrupcin. Esa imagen negativa podra

haber estado marcando la opinin pblica regional entonces.

36%

40%

13%

11%habr aumentado

seguir igual

habr disminuido

no precisa


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Corrupcin y sociedad en San Martn

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3.2. Instituciones y corrupcin

Otro punto de inters que la encuesta arroja es la percepcin sobrecorrupcin en instituciones. Al respecto llama la atencin que al sercomparadas con la percepcin promedio nacional, el Poder Judicialy la polica, que encabezan la lista, no son calicadas con tanto rigor(grco 5).

Grco 5

Percepcin de corrupcin en instituciones

Este es un enmeno inusual en las regiones, y sera interesante poder

saber si tal percepcin responde a que eectivamente hay menos signosde corrupcin en ellas que en el resto del pas o si, por el contrario, sedebe a que hay ms tolerancia de parte de la ciudadana.

Haciendo un anlisis de instituciones un poco ms proundo segnel nivel de gravedad de la corrupcin en cada una de ellas, se observaque el enmeno sealado muestra otra aceta: en ninguna de lasinstituciones por las que se pregunt la gente encuentra que la

corrupcin sea un problema muy extendido (grco 6).

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Municipios

G. Regional

Congreso

Polica

P. Judicial

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Nacional


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Grco 6

Percepcin de gravedad de la corrupcin en instituciones pblicas

De otra parte, la encuesta tambin presenta inormacin sobre laconanza de la poblacin en algunas instituciones para lucharcontra la corrupcin. Al igual que con las dos variables previas,las respuestas se muestran de manera ms positiva que respecto alpromedio nacional (grco 7). Basta tomar en consideracin que hay

un 39% de peruanos que no conan en ninguna institucin pblica oprivada para luchar contra la corrupcin, mientras que ese porcentajese reduce bastante cuando se mira solamente San Martn: 14%.Adems, en el caso de ninguna institucin los habitantes de la reginconan menos que el promedio nacional.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sector educacin

Gob. Central

Municipios

Congreso

Gob. Regional

Polica

P. Judicial

Muy corrupta Corrupta Poco corrupta

Nada corrupta No precisa


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ni un solo encuestado dijo que denunci a la persona que le pidi lacoima.

Las razones esgrimidas por los aectados que no denunciaron sepueden apreciar en el grco 82. Se puede sostener, a partir de estedato, que hay una extendida percepcin de que el Estado no estpreparado para recibir, atender ni procesar denuncias de corrupcin,particularmente en cuanto a proteger a quien denuncia a algncorrupto.

Grco 8

Razones para no denunciar un acto de corrupcin conocido

Este dato se relaciona con otro: la evaluacin de eectividad dedenunciar un acto de corrupcin. Los encuestados (toda la muestra,no slo los aectados directamente por corrupcin) muestranuna opinin muy negativa rente a las denuncias por corrupcin,alimentando la percepcin de que no tiene sentido denunciar a loscorruptos, pues la impunidad va a prevalecer (grco 9).

2 Debido a la poca cantidad de casos en San Martn se presenta solo el datonacional.

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0 10 20 30 40

No saba dnde

Hay impunidad

Falta de tiempo

Temor a represalias

Falta de pruebas

Para no hacerme problemas

No sirve de nada


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Corrupcin y sociedad en San Martn

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Grco 9

Percepcin de efectividad de denuncias de corrupcin

Como se puede apreciar en la serie de datos que se ha presentadohasta aqu, el contexto social que hay en San Martn muestra una

opinin pblica bastante descreda con respecto a los esuerzos quese pueda hacer en contra de la corrupcin; que adems considera quela corrupcin est bastante extendida en la regin y, particularmente,en las instituciones pblicas, al punto que a las personas les dadesconanza acercarse y plantear las denuncias de los actos decorrupcin que puedan conocer o aectarlas directamente.

Estos datos de la subjetividad social deben servir no solo como teln

de ondo del anlisis que se har a continuacin sobre las condicionesinstitucionales que permiten los actos de corrupcin; sino tambin,y principalmente, como lnea de base de los esuerzos anticorrupcinque emprendan las autoridades regionales en el corto plazo.

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Bastante

efectivas

Algo

efectivas

Poco

efectivas

Nada

efectivas

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Nacional

San Martn


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Mapeo de riesgos de corrupcin

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4. Mapeo de riesgos de corrupcin

Como ya se ha adelantado, los riesgos de corrupcin son entendidoscomo las condiciones existentes en el plano de la institucionalidadque, en conjunto, conorman un escenario propicio para que se denactos corruptos.

Es importante hacer aqu la precisin de que hay dos tipos deriesgos de corrupcin: los riesgos objetivos, que se pueden registrara travs de un anlisis de la naturaleza de la institucionalidad y lanormatividad; y tambin existen los riesgos subjetivos, que son lascondiciones personales de la ecuacin: tolerancia hacia la corrupcin,motivaciones, clculos individuales del costo y del benecio deactuar de manera corrupta, experiencias pasadas, entre otras. Losactos de corrupcin suceden cuando el escenario avorable paraactos de corrupcin es aprovechado por individuos con motivacionescorruptas.

En alguna medida los datos presentados a partir de la encuesta deProtica muestran algunos rasgos de la subjetividad social, pero noconstituyen un estudio de las condiciones subjetivas que permiten lacorrupcin, pues no ue planteada como tal.

Primero se har la exposicin del sector educacin. Partiendo de losms graves problemas de corrupcin identicados por los actores

entrevistados, se har el anlisis sectorial de riesgos objetivos. Luegose har lo mismo para el caso del sector salud. Y, para terminar,


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se analizar los riesgos, en materia de corrupcin, que permitenque se produzca la tala ilegal de los bosques de la regin. Debetenerse presente que los riesgos especcos para cada sector se hanordenado segn pertenezcan a alguno de los tres grandes riesgosgenerales: alta de transparencia y rendicin de cuentas, inecienciade los mecanismos de control y sancin, y debilidad de la vigilanciaciudadana.

4.1. Sector Educacin

Al igual que en el resto del pas, este sector social es muy amplio,en distintos sentidos. Para el ao 2007 tuvo un presupuesto deS/. 232 millones, de los cuales S/. 208 millones provinieron delGobierno Regional (poco ms de la mitad del presupuesto total deesta institucin para el periodo)3. Tambin como en otras regiones, lamayor parte del monto se destin para el pago de las remuneracionesde los ms de 9 mil docentes que ocialmente laboran en San Martn4,

distribuidos en 864 centros educativos iniciales, 1,180 colegiosprimarios (250 polidocentes, 520 multigrado y 410 unidocentes) y 253secundarios. Del total de 2,374 centros o programas educativos, el35% se encuentra en zonas urbanas y el 65% en zonas rurales.

Aunada a las caractersticas geogrcas de la regin, a las dicultadesde acceso, a los problemas de inraestructura, al bajo nivel proesionalde los proesores, a los escasos materiales educativos, entre otros ms,

la corrupcin en la administracin del sector y en las escuelas atentacontra la posibilidad de contar con una educacin de calidad.

3 De acuerdo con los datos consignados en el portal de transparencia econmicadel Estado (SIAF), el presupuesto del GR San Martn para 2007 ue de S/.414519,824.00.4

9,159 docentes en la educacin pblica bsica regular ueron consignados enel sistema de inormacin del Ministerio de Educacin (ESCALE: http://escale.minedu.gob.pe/escale/inicio.do?pagina=333).


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De acuerdo a los datos ociales el nivel de comprensin de lecturasuciente slo ue alcanzado por el 8,1% en 6to de primaria y por el7,1% de los alumnos de 5to de secundaria en la Evaluacin Nacionalde 2004. La situacin ue an ms crtica en relacin al razonamientomatemtico, pues slo el 3,5% de los alumnos de 6to de primariaalcanz un nivel suciente, mientras que ni un solo alumno de 5to desecundaria alcanz el nivel suciente5.

El Proyecto Educativo Regional est planteado en el sentido de superarestos enormes problemas de rendimiento, a travs de la mejora de la

calidad de la educacin. El PER se ubica tambin en un proceso alargo plazo, en tanto busca que el impacto positivo de la mejora de laeducacin contribuya al desarrollo regional.

Ello no ser posible, sin embargo, si no se redimensiona la problemticade la corrupcin y las estrategias de lucha en su contra. Este mapeode riesgos de corrupcin quiere hacer un aporte a organizar elconocimiento existente al respecto.

4.1.1. Principales problemas de corrupcin identifcados

Contratacin de personal por coimas o relaciones personales.- Hastaebrero de 20086, los distintos actores involucrados en la educacin,incluyendo a las propias autoridades educativas, reconocan quepor lo amplio del sector y los distintos tipos de presiones (polticas,sociales de amistad o amiliaridad) el ingreso de personal estabaplagado de actos de corrupcin.

Reasignaciones de personal docente por coimas o relaciones personales.-Las uentes entrevistadas reportaron que las decisiones sobre lasreasignaciones de los maestros estn recuentemente infuenciadaspor las relaciones de stos con las autoridades o uncionarioscompetentes o por pagos de soborno a estas personas.

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http://escale.minedu.gob.pe/escale/inicio.do?pagina3576 El trabajo de campo termin antes del concurso para nombramientos y plazasdel verano 2008.


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Inasistencia docente.- Los maestros se aprovechan de la alta decontroles para no asistir a dar sus clases o para llegar tarde. Esteproblema tiene que manejarse con cuidado porque en muchos casoslas inasistencias se justican debido a que el maestro, particularmenterural, debe desplazarse durante mucho tiempo para ir a la ciudadms cercana a realizar trmites. Tambin hay otros casos en que esasituacin se repite todas las semanas. Hay que precisar adems que,siguiendo la denicin de corrupcin utilizada, el benecio indebidoproducido no sera monetario sino de una naturaleza muy distinta:no estar en el campo, aislado. Por otra parte, las inasistencias en lasescuelas de las ciudades se explican por el aprovechamiento de laalta de controles eectivos.

Acosos y violaciones sexuales en las escuelas.- Aunque son casos que seregistran ocialmente en pequea medida, los actores entrevistadossostienen que los acosos y chantajes sexuales a proesoras y alumnasson bastante corrientes en la regin, y no solo en el mbito urbano.Los directores de las escuelas y los maestros abusan de su poder

rente a proesoras o alumnas.

Ventas de notas.- Las pequeas transacciones entre maestros yalumnos o padres de amilia que se dan para que los estudiantes seanaprobados en un curso o en el ao tambin ueron mencionadas demanera recuente por las uentes entrevistadas. Para estas personas, lagravedad de estos casos, a pesar de su pequeez (pagos de pocos soleso de animales pequeos u otros productos), est en que los alumnos

son directamente involucrados en la lgica de la corrupcin.

4.1.2. Anlisis de riesgos de corrupcin

Los problemas mencionados se pueden dar y reproducir por lapresencia de varios elementos objetivos identicados, que se sealana continuacin:


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Falta de transparencia y rendicin de cuentas

i) Desorden en la generacin y organizacin de la inormacin.- El sectorha descuidado la transparencia de su gestin. Esto parte desde losproblemas para sistematizar la propia inormacin que se genera.Si esta est desordenada no es posible que puedan rendir cuentas ala poblacin de cmo estn avanzando en los distintos programas.El desorden en el manejo de la inormacin es el primer obstculoque una gestin interesada por ser transparente debera enrentar.De lo contrario, tal como mencionaron actores de la sociedad civilentrevistados, quienes realizaron solicitudes de inormacin al amparode la ley correspondiente, las principales instituciones administrativasdel sector educativo (DRE y UGEL) no pueden cumplir con los plazosestablecidos y no entregan la inormacin.

Particularmente ahora, con los ondos entregados para la adecuacinpreventiva de los centros educativos, hay mucho dinero que rendir.De otro lado, problemas como las plazas antasmas seran ms ciles

de identicar si hubiera un manejo apropiado de la inormacin queel propio sector produce. Lo mismo sucedera con la distribucin demateriales y asignacin de recursos econmicos a las IE para atendersus servicios bsicos.

ii) Insufciencia en la rendicin de cuentas.- Otro elemento que permitearmar que hay descuido en transparentar el sector es la pocaimportancia dada a los procesos de rendicin de cuentas. Al respecto,

las propias autoridades sectoriales reconocen que la audienciaque seala la ley resulta ser un espacio que queda corto y que solopermite brindar alguna inormacin muy general de los avances de lagestin. Se necesita brindar a la poblacin mayor inormacin sobrela ejecucin del presupuesto en el sector, las estadsticas sobre losdocentes, centros educativos, los proyectos y planes educativos y lasituacin de la educacin en la regin. Datos que, en los tres niveles(DRE, UGEL y escuela) le permitan a la sociedad civil acercarse a la

problemtica del sector.


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iii) Criterios poco claros sobre las reasignaciones de personal docente.-Otro riesgo de alta de transparencia es la presencia de criteriospoco claros para tomar decisiones con respecto a las reasignaciones.Estos tienen que ver con que los puntajes contemplan valores queresponden a una evaluacin cualitativa realizada por la Comisinde Reasignacin de cada UGEL, que en la prctica da ampliadiscrecionalidad a los miembros de sta, y que es el marco dentro delque se pueden camufar los actos de corrupcin identicados. Comohan sealado varios uncionarios del sector entrevistados, muchosdocentes uerzan el rompimiento de relaciones en sus escuelas parapoder ser reasignados hacia otra. Como los CONEI no uncionande manera apropiada (como se ver en el punto sobre debilidad dela vigilancia ciudadana), no se puede recurrir a una uente conablepara establecer las condiciones en las que se produjo el rompimiento:si ue causado por el docente de manera premeditada o si ste ue lavctima del conficto.

Inefciencia de mecanismos de control y sancin

iv) Difcultad para controlar tardanzas e inasistencias.- Desde laadministracin del sector es poco lo que se puede hacer para controlarel problema de las tardanzas e inasistencias. En primer lugar, eldirector o el responsable encargado no llena de manera apropiadalas hojas de asistencia. En las escuelas visitadas y en la experienciatransmitida por los entrevistados, esto signica que no se apunta lahora real de llegada o se encubren las inasistencias injusticadas. En

segundo trmino, los consolidados que tienen que llevar los directoresa las UGEL para que el encargado de planillas realice el descuento alos proesores que hayan incumplido sus horas de dictado, no sonexigidos ni revisados con minuciosidad. No existen sanciones paraaquellos directores que se demoren en entregarlos, lo que signica enla prctica que puedan entregar estos consolidados cada dos o tresmeses, generando mayores condiciones para alterarlos y encubrir alos docentes que han cometido las altas y tardanzas.


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v) Debilidad de los entes de control.- En cuanto a las sancionesadministrativas oportunas y disuasivas, an hay una gran dicultadpara articular ecientemente los tres principales entes involucrados:CADER, OCI y comisiones de procesos administrativos. Las altas decoordinacin, la escasez de recursos para hacer buenas investigaciones,la elevada cantidad de denuncias y la alta de autonoma generan quelos procesos suran una serie de transtornos, siendo el ms grave laprescripcin.

El caso del proesor de educacin sica acosador

En noviembre de 2006 hubo una denuncia por parte de unas alumnasde una escuela de la jurisdiccin de la UGEL San Martn que consistaen que el proesor de educacin sica las acosaba sexualmente. LaCADER de la IE remiti un inorme al director, quien llev la denunciahasta la UGEL San Martn. La denuncia se deriv al OCI, debido aque no exista an CADER ah. El OCI solicit mayor inormacin

al director de la escuela, quien respondi que toda la inormacinestaba en posesin de la Fiscala (paralelamente la denuncia tambinestaba siguiendo el camino judicial). El OCI entendi la actitud deldirector como un desacato y le abri un proceso por obstaculizar lainvestigacin. Eso ue todo lo que hizo el OCI al respecto. Tuvieronque pasar ms de seis meses para que, luego de que se instalara laCADER en la UGEL, se retomara la denuncia. El 16 de mayo de 2007ingres el caso a la CADER. El 14 de junio pas a la Comisin de

Procesos Administrativos. Las investigaciones en esa instancia seiniciaron el 31 de julio. Finalmente, el 26 de septiembre se emiti laresolucin de sancin. Dos das despus el acusado ue noticado y el1 de octubre realiz su apelacin (situacin en la que se encontraba elcaso al momento de ser recogido para este estudio). Por el momento,al proesor se le tiene destacado en las instalaciones de la UGEL,rmando todos los das un cuaderno de asistencia, sin que se hayapodido contratar a otro docente que ocupe la plaza abandonada.


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Debilidad de la vigilancia ciudadana

vi) Debilidad de los espacios ormales de participacin.- El COPARE, losCOPAL y CONEI son espacios clave para la ormulacin de los planesregionales, locales e institucionales, as como para su acompaamientoy monitoreo. No obstante, si bien todas estas competencias estnormalmente reconocidas, en trminos generales, y siguiendo unatendencia apreciada en el resto del pas, no se ha registrado unarespuesta apropiada de la sociedad civil en los distintos niveles paraapropiarse de los espacios y dinamizarlos. Por lo tanto, no se estutilizando las competencias reconocidas por el Estado para vigilardesde la sociedad civil la gestin pblica.

Esta situacin es especialmente preocupante en los CONEI porlas responsabilidades especcas que ya cuentan con respecto ala contratacin de los docentes, campo que, como se ha visto, estidenticado como una uente de actos de corrupcin. Uno de losprincipales problemas con que se ha topado la implementacin de

los CONEI es la presencia bastante consolidada de las APAFA. Enmuchas escuelas siguen siendo estas instituciones las que acompaanlas gestiones de los directores y cumplen con varias responsabilidadesundamentales para su operatividad; y si cuentan con CONEI es slopara cumplir con la ormalidad.

4.2. Sector Salud

En gran parte del mundo el sector salud es muy proclive a que secometan actos de corrupcin. Lo particular de su vulnerabilidaddescansa sobre todo en el desequilibrio de la inormacin que se daprincipalmente entre quien presta el servicio mdico y el pacienteque lo requiere. Este desequilibrio tambin est presente en menormedida, por ejemplo, entre los laboratorios que producen losmedicamentos y los mdicos que los prescriben, o incluso los propios

pacientes pueden tener ms inormacin sobre s mismos que losseguros de salud. Evidentemente, en todos estos casos, la posicin de


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vulnerabilidad a que lleva la alta de inormacin, sienta condicionespara que quien est en situacin de dominio pueda actuar con mayordiscrecionalidad.

A ello se puede agregar que, en el caso del Per, el desequilibrio deinormacin (y hasta un trato discriminatorio) se alimenta tambinde un tipo de ormacin de los proesionales de la salud (en especiallos mdicos) que se caracteriza por dar poca importancia al respetopor los derechos del usuario y a la cultura de los pacientes en zonasrurales.

Hay un segundo actor general que avorece la corrupcin en el sector:la gran cantidad de unidades involucradas en la prestacin del servicioy la dispersin de stas, de tal manera que resulta muy complicadoejercer el monitoreo de la accin de todas las unidades prestadorasy de la calidad de las propias atenciones, as como el control de lagestin de los recursos. En el caso peruano (y otras experienciasparticipativas), esto es posible an a pesar de la existencia de CLAS,

a travs de los que se debera aumentar la vigilancia ciudadana de lagestin de recursos humanos y econmicos.

Y un tercer aspecto es la incertidumbre consustancial a la provisindel servicio de salud, que est relacionada con la ya mencionadadesinormacin, y que en trminos generales hace que el mercadode salud dicilmente uncione de manera ptima7, generandodicultades para, por ejemplo, seleccionar proveedores o monitorear

respuestas de usuarios ante programas de salud.

7 De acuerdo al importante estudio de Kenneth Arrow publicado en 1963 sobreeconoma de la salud (Uncertainty and the Welare Economics o Medical Care. En:American Economic Review N 53, 1963), el mercado de este servicio no uncionade manera normal, pues las elecciones de los consumidores no se relacionandirectamente con el precio o la calidad de los productos y/o servicios oertados;

o sea que un consumidor no puede buscar alternativas y comparar precios, puestoque no est bien inormado de sus propias necesidades. Por el contrario, tiene queconar en lo que encuentra en el lado de los proveedores.


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Los actos de corrupcin producidos dentro de un contexto marcadopor estos tres actores, tienen repercusin sobre la salud pblica endistintos modos. La manera ms directa es que se aectan diversoselementos de la prestacin del servicio. As, al desviarse recursospor esos actos se estn reduciendo los ondos para cubrir salariosapropiados, para adquirir los materiales y equipos necesarios opara darles mantenimiento, o tambin para aumentar la cantidad deestablecimientos y asegurar mejor cobertura.

Pero tambin hay otro tipo de consecuencias: los niveles decorrupcin de un pas (medidos por la percepcin de los ciudadanos)estn correlacionados directamente con las tasas de mortalidadinantil. Una simulacin de la disminucin del nivel de corrupcindemostr que habra una disminucin en la segunda variable8. Sepuede entender que si disminuye la percepcin de corrupcin habruna mejora en la percepcin de la calidad del servicio, aumentandoas la disposicin de las personas a atenderse en el sistema de salud(llevar a sus hijos), en vez de alejarse de ste.

Es claro que la corrupcin en el sector produce ineciencia y, enconsecuencia, la calidad de la atencin baja. Ms an, esta situacin,al ser percibida por la gente, se transorma en prdida de legitimidady alimenta la desconanza hacia las autoridades y uncionarios y, engeneral, hacia el Estado, al igual que el resto de actos de corrupcin.A continuacin se precisar el anlisis para el caso del sector saludde San Martn, tanto la identicacin de los problemas de corrupcin

persistentes como de los riesgos institucionales.

4.2.1. Principales problemas de corrupcin identifcados

Aprovechamiento de los destaques.- La fexibilidad de este mecanismode desplazamiento de personal avorece que el personal insatisechocon la ubicacin de su plaza pueda ser relativamente cilmente

8 Sanjeev Gupta y Hamid Davoodi, Corruption and the Provision o Health Care andEducation Services. FMI documento de trabajo 00/116. Junio, 2000.


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destacado a otro puesto. Se requiere la aprobacin del jee del puestooriginal y del puesto de destino, de tal manera que si se manejanrelaciones personales o incluso sobornos, se puede conseguir quela discrecionalidad de estos uncionarios avorezca la decisin. Seperjudica la poblacin, pues quien logra su destaque se lleva suplaza, o sea que no habr un reemplazo.

Adquisiciones.- Al igual que en el resto del Estado peruano, estasson vistas como oportunidades de actos de corrupcin, debidoparticularmente a lo laxo de los controles y a la alta de planicacineectiva. Muchas de las adquisiciones de material mdico e insumosson pequeas, por lo que no requieren pasar por procesos de licitacinpblica, en donde hay mayor cantidad y eectividad de controles, ascomo transparencia.

Adquisicin y administracin de medicamentos.- La compra demedicamentos suele estar centralizada por la DIGEMID. Sin embargo,las licitaciones suelen orecer problemas o retrasos en la ejecucin,

generando incertidumbre sobre cundo se podrn reabastecer lasregiones. Ante el riesgo de desabastecimiento, las propias gestionesregionales tienen que adquirir pequeos stocks de medicamentos quepermitan superar la situacin, dentro del marco de controles reducidosy poca transparencia que estn presentes en las compras menudas.

Uso del SIS para pagar personal.- Es dicil determinar si este es unproblema de corrupcin. Lo que se ha encontrado es que los

establecimientos de salud son concientes de que estn inringiendouna norma al contratar personal con partidas del SIS, pero si no lohicieran no contaran con ms uncionarios. As, en un centro de saludvisitado, se encontr que destinan la partida para viticos a pagarle auna obstetra 700 soles (se hace a medias con el municipio). A primeravista se est avoreciendo a una persona con un puesto de trabajo,pero no es slo eso, sino que se est mejorando las condiciones parabrindar un mejor servicio (ms personal). En todo caso, aunque no se

ha registrado como un problema extendido, esta arbitrariedad en eluso del SIS s puede prestarse para ser utilizada de manera corrupta.


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Asignacin de guardias.- Las guardias son turnos que el personalmdico cubre uera de sus horas regulares de trabajo para atender lasdemandas de la poblacin. Hasta el 2001 no implicaban una mayorbonicacin a los salarios determinados, por lo que realizarlas era unatarea ms para el personal. Luego hubo un alza en las bonicaciones,primero para los mdicos, luego para las enermeras y obstetrices.Desde entonces la competencia por las guardias apareci, y tambinaparecieron los problemas de corrupcin en la asignacin de lasmismas: la poca transparencia y la discrecionalidad de los encargadosde establecerlas.

Trfco de guardias

El director del Hospital de Tarapoto record que cuando descubrique las obstetras nombradas estaban alquilando sus horas de guardiasa aquellas que estaban impedidas de realizarlas, le consult con al jeede personal si es que l tena tambin conocimiento de este hecho,

a lo que le respondi: Claro. Pero si en el Materno hemos estadohaciendo lo mismo. Esta situacin da inidicios de que se tratara deuna prctica asumida como normal.



i) Portal electrnico de la DIRESA.- Esta herramienta de transparenciaest operativa pero, en la prctica, no es til para inormar dela gestin: muchos enlaces estn muertos; los contenidos estndesordenados; no se seala un responsable del portal; no se puedeacceder a los dispositivos normativos y de gestin; la inormacinsobre adquisiciones est enlazada con el portal del SEACE, pero solose da muy poco detalle de unos cuantos procesos de licitacin sin

mencionar nada sobre compras por menor cuanta; la inormacinpresupuestal, una vez que se puede encontrar, no refeja el avance de


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Inefciencia de mecanismos de control y sancin

iv) Debilidad de los entes de control.- Las condiciones de riesgo encontradasen el sector reproducen las que se ha venido identicando en otrosmapas de riesgos de corrupcin: el OCI no tiene sucientes recursosni autonoma; mientras que la Comisin de Procesos Administrativoses vista como un espacio donde se apaan los actos de corrupcinactuando con dejadez, aunque sus miembros argumentan lo dicil dearticular sus labores regulares con su uncin en ella como la causa delas demoras en el trmite de los expedientes.

v) Falta de mecanismos de control sobre los destaques.- El director deRRHH de la DIRESA reconoci la poca supervisin que se hacesobre los destaques. Una vez que el servidor ha conseguido laautorizacin de las dependencias de origen y destino, la aprobacindel desplazamiento por parte de la sede administrativa es una meraormalidad. El ao 2007, al momento de hacer el trabajo de campopara esta investigacin, la DIRESA no haba cuestionado ninguna

solicitud. Segn este mismo uncionario es muy dicil conocer losverdaderos intereses detrs de los desplazamientos: si realmente esuna necesidad o si se trata de avores ilegtimos que los titulares delos establecimientos hacen a los solicitantes por pagos de coimas orelaciones personales previas.

vi) Falta de planifcacin para las adquisiciones y contrataciones.- Senecesita evitar, en la medida de lo posible, las compras pequeas o a

travs de emergencias, ya que stas son mucho ms propensas a quesean utilizadas para encubrir intereses corruptos. Desde este puntode vista mejorar la planicacin se vuelve una suerte de controlpreventivo.


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Programacin de medicamentos

La programacin se elabora utilizando dos criterios principales:consumos histricos y los perles epidemiolgicos. En el procesoparticipan los prescriptores, los armacuticos y los responsablesde las estrategias sanitarias. Cada establecimiento de salud pasa suprogramacin a las micro-redes, stas a las redes y nalmente stas laselevan a la DIRESA.

El problema con esta cadena es que el los establecimientos, por desidiao incompetencia, presentan programaciones que distan mucho de larealidad de su localidad, generando desbalances importantes entrela demanda y la oerta (tanto por exceso como por carencia). Paraamainar esta situacin, sobre lo estimado se suele agregar un 30%ms de unidades. En San Martn, hay productos para los que seincrementa hasta el 50% de lo programado. Sin embargo, existen casosde variaciones hasta del 200% que no pueden llegar a ser cubiertas de

ninguna manera posible.

vii) Falta de preparacin del personal responsable de las adquisiciones y

contrataciones del sector.- Existe un gran desconocimiento sobre elmanejo del SEACE. En la DIRESA slo hay una persona (de la Ocinade Patrimonio) que sabe cmo ingresar la inormacin al sistema,generando que no se ingrese todos los procesos que se deberan depublicar. La alta de conocimiento vuelve inocuo este sistema decontrol electrnico de las adquisiciones y compras del Estado. Deotro lado, los miembros de los comits especiales de contratacionesy adquisiciones no estn bien capacitados, lo cual se ha refejado enque de los tres procesos programados en el PAAC solo se ejecut unalicitacin, mientras que las otras dos ueron observadas. Como nohay personal con experiencia en este campo, no ha servido de muchorotar al personal que se desempea en esos cargos.

viii) Dbil control sobre las recetas mdicas.- No existe ningn sistema quepermita comparar los medicamentos recetados con los dispensados.


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Esto permite que haya personal de armacia que pueda disponerde stos para venderlos en el mercado negro o para simplementeapropirselos. El negocio sale a cuenta porque estos medicamentosson ms baratos que en las armacias regulares.


ix) Poca participacin de organizaciones sociales.- Se ha constatado queson muy pocas las organizaciones de la sociedad civil involucradascon el tema de la salud en la regin. Menos an son las que se dedicana realizar la vigilancia sobre el sector. En parte, esta carencia se debea las debilidades o desidia de las organizaciones locales, pero en partetambin por la alta de espacios donde se permita y se acilite suparticipacin. La creacin del Consejo Regional de Salud por la actualgestin de la DIRESA caus una gran expectativa entre organizacionessociales y entre los propios uncionarios del sector. Sin embargo, deacuerdo a algunos de sus participantes, las expectativas generadasse han visto venidas a menos luego de que a un ao de su creacin

no se ha podido avanzar en la implementacin del Plan ParticipativoRegional de Salud.

x) Falta de costumbre y promocin para solicitar las boletas de pago.- Lapoblacin no tiene la costumbre de requerir sus comprobantes depago. Ello genera el riesgo de que personal de caja realice cobrosindebidos de ms. Asimismo, hay tambin personal mdico que cobrauera de caja, con la misma intencin de beneciarse corruptamente.

Frente a esta alta de ejercicio mnimo de ciudadana, la DIRESAtendr que promover el reclamo de estos comprobantes para reducirlas posibilidades de que su personal pueda aprovecharse del pblicodesinormado.

4.3. Tala ilegal

La tala ilegal es la extraccin de madera bajo ormas no autorizadas

o de espacios no permitidos. Las noticias en medios locales (escritos,radiales o televisivos) acerca de este problema son muy recuentes


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y regulares. Tales noticias suelen destacar, en especial, casos decorrupcin y deorestacin.

El problema de la tala ilegal es bastante complejo y multidimensional.Brevemente se puede sealar que la pequea agricultura (asociada apobreza) es una de las causas inmediatas de deorestacin indebida,pues para adecuar los terrenos a la actividad agrcola los bosques sontalados y quemados por los campesinos.

Esta situacin conocida, aunada a los prejuicios que se tienen sobre lapoblacin proveniente de la sierra y asentada en los campos, generaque los inmigrantes sean considerados, por dierentes actores locales(autoridades pblicas, empresarios, ingenieros orestales, entre otros),los principales responsables de la deorestacin en San Martn. Comoresultado, los empresarios transgresores que descreman los bosquesextrayendo la madera valiosa de zonas ajenas a sus concesiones terminansiendo vistos como el mal menor respecto a este problema.

Adems del problema social existen tambin problemas originados enla manera en que INRENA estableci las unidades de aprovechamientopuestas en concesin, de tal orma que los empresarios que ganaronlas concesiones se encontraron con realidades muy distintas a lasesperadas: muchas zonas ya estaban ocupadas por comunidadesnativas o por produccin cocalera en expansin. Los concesionariosse vieron obligados a invertir en ayuda social para poder convivir conesos grupos y, al mismo tiempo, poder aprovechar los recursos de sus

concesiones. Por ejemplo, un pequeo empresario maderero contque se le dio una concesin en donde el 45% del rea era zona deproteccin, y otro 45% de los cocaleros. Aunque los concesionariosno lo reconocen, se presume que ellos utilizan estas condicionesadversas para justicar sus incumplimientos de la ley, extrayendomadera uera de sus concesiones o, como se ver, tracando con susguas.

Adems, hay que tener en cuenta que la actividad maderera requierede una inversin importante, por lo que se asume que detrs de


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los taladores ilegales se encuentran empresarios que nancian losequipos, el transporte de la madera y nalmente la compra de sta.Las autoridades y las organizaciones de la sociedad civil involucradacon la actividad maderera consideran que la cadena es bastante mscompleja y extensa; en la cual se encontraran desde polticos de Limay los pequeos agricultores de la zona. En este sentido hay muchosintereses de por medio para que la tala ilegal prospere.

La cadena de la tala ilegal

Grandes empresarios madereros relacionados con las altas eseraspolticas nacionales en Lima tienen empresas que actan como brazosilegales, los cuales son amparados por las autoridades pblicas queestn sujetas a las decisiones o infuencias de estos polticos. Para talarla madera, los brazos ilegales recurren a testaerros que tercerizan eltrabajo contratando a maleantes, conocidos como los duros, quienesa su vez contratan a peones, que suelen ser campesinos pobres de la

zona a los que se les paga anticipadamente para tener mayor controlsobre ellos.

Con recuencia tambin son parte de la cadena autoridades locales,cuyo apoyo es comprado por los brazos ilegales de las grandesempresas a travs del nanciamiento de sus campaas o acilitndolesdinero para que realicen obras para su pueblo.

De acuerdo con un alto uncionario policial de San Martn: La talailegal est muy bien organizada. Hay muchas personas involucradas,autoridades de todos los niveles. Varias veces se ha recibido llamadasde Lima o Chiclayo para proceder (hacerse de la vista gorda). Delas veces que yo he intervenido cargamentos, el 70% de las veces herecibido llamadas. Uno tiene que ser diplomtico, porque si no hayrepresalias. En otras situaciones, son los mismos transportistas omadereros los que orecen las coimas.


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La corrupcin aparece ligada a la tala ilegal de muchas maneras.A continuacin se detalla la relacin de riesgos de corrupcinencontrados que ayudaran a la reproduccin del problema.



i) Falta de transparencia sobre situacin de la madera incautada.- Lamadera incautada debera ser subastada o donada; sin embargo no serealizan rendiciones de cuenta que permitan conocer a la ciudadanay a las otras instituciones pblicas de San Martn el empleo de esosrecursos. Explcitamente agentes de la polica entrevistados para esteestudio sealaron que esa alta de transparencia los desanima paraseguir esorzndose para realizar las incautaciones. Segn ellos, lasdesapariciones de la madera son hechos comunes en los almacenesdel INRENA.

Inefciencia para controlar y sancionar

ii) Precaria presencia del INRENA.- Siendo el INRENA el ente rector yel especialista en el tema orestal su intervencin en la lucha contra latala ilegal es clave. No obstante, los recursos con los que cuenta en SanMartn, humanos y econmicos, impiden que pueda desempearseadecuadamente. La alta de personal aecta una actividad crucial: lasvisitas itinerantes a las unidades de aprovechamiento para vericar

que eectivamente sus POA tengan coherencia con las caractersticasde su propiedad, que eectivamente se est extrayendo de su unidadde aprovechamiento y no de zonas aledaas. Esta alta de personalpodra ser compensada con equipos electrnicos (satelitales) quepermitan realizar esta supervisin, pero tambin requieren de unaimportante inversin. En el mismo sentido, tambin es reducidala presencia en la carreteras de la polica. Para evitar sobre todo lapequea tala ilegal (la llamada hormiga).


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iii) Dbil monitoreo de las guas de transporte orestal.- El trco de guases una de las principales condiciones que permite el comercio ilegalde madera, ya que permite blanquear toda la madera que ha sidoextrada de manera ilegal. Se ha tomado conocimiento de trco deguas de los concesionarios y de las de INRENA, as como de ruletas,o sea guas que son usadas varias veces. Tambin se ha recogido lainormacin de que los encargados de sede no conocen bien todos lossellos que debe exhibir un permiso que pase por su sede. Adems,las uentes entrevistadas reconocieron que actualmente no haymecanismos para detectar rpidamente las guas alsas o alteradas.

Descripcin de la garita de control Banda de Shilcayo

Este punto de control es dirigido por un ingeniero orestal de 37 aos,que labora all desde marzo de 2006 y percibe un sueldo de 2 mil soles.Esta ocina unciona como sede y garita de control. Desde abril de2007, por alta de presupuesto, no hay tcnico para la garita por lo que

l se ha tenido que ocupar de ambas unciones. La sede y la garitauncionan en una ocina de 2 mdulos cada uno con dimensionesaproximadas de 3x3. Est inestada de moscas. Para ayudarse conlos dos trabajos, el encargado ha tenido que contratar a una secretariaque, arma, es pagada de su salario (le paga 200 nuevos soles).

El horario de atencin es de 8am a 1pm y de 3 a 6pm. Pero, segn elencargado, el control se realiza todo el da: Si un camin quiere pasar

a otra hora me llaman al celular para que me acerque a la garita y revisela carga. Asimismo, la polica puede llamarme para atender casos enlos que se requiera de mi presencia, como en los decomisos.

iv) Ausencia de sanciones desincentivadoras.- De acuerdo a losuncionarios de INRENA entrevistados, las sanciones establecidaspara aquellos que inringen la Ley Forestal son muy benignas:

multas por altas generales, que varan de 0,1 a 600 UIT segnlos daos producidos y los antecedentes del inractor. No hay un


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sistema de sanciones dierenciado segn actores involucrados en latala ilegal: extractores, transportistas, uncionarios de INRENA quetracan permisos y guas, policas que cobran coimas, autoridadesque otorgan permisos de orma ilegtima, entre varios otros.

En relacin con esto, se ha registrado una ausencia de canales quepermitan realizar denuncias sin que stas luego les signiquen a losdenunciantes un riesgo de verse perjudicados.

v) Dbil control en COFOPRI para la titulacin de tierras.- Los entrevistadoscoincidieron en sealar que al interior de COFOPRI han estadohabiendo irregularidades para la titulacin de terrenos, los cuales sonluego utilizados para la solicitud de permisos orestales. El problemaes bastante complicado debido a que son pocos los propietarios quetienen sus propiedades regularizadas, condicin que es aprovechadapor los madereros ilegales para la extraccin de madera. Comomedida de control, la Direccin Regional de Agricultura ha creadouna Comisin para evaluar las titulaciones.

vi) Falta de control sobre la madera incautada.- La madera puede serincautada por el INRENA, la polica, la polica de carreteras comoagente especco de lucha contra la tala ilegal o autoridades locales.Toda la madera incautada es almacenada por el INRENA, pero endepsitos inadecuados, pues son lugares abiertos y la mayora nocuenta con guardianes que cuiden la madera decomisada. Comose ha mencionado, las uentes entrevistadas sealan que al no haber

control sobre esa madera, se pierde parte de ella.


viii) Falta de inormacin y sensibilizacin de los pobladores sobre laproblemtica.- La poblacin que vive en las zonas aledaas de losbosques no cuenta con inormacin clara sobre los problemas de latala ilegal y, en consecuencia, no tiene una preocupacin sobre el

tema orestal, generando un ambiente en el que, en vez de ayudar a lavigilancia del cuidado de los bosques, en algunos casos terminen como


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cmplices de los madereros ilegales o en extractores directo de madera.Este riesgo es bastante complejo ya que se encuentra enmarcado enun problema mayor: el de la pobreza de las comunidades y la altade oportunidades de trabajo, que vuelven la tala una alternativade supervivencia. En este sentido la sensiblizacin de estaspoblaciones podra generar algunos cambios, pero para que estossean contundentes y duraderos en el tiempo tendrn que consideraralternativas que permitan mejorar las condiciones econmicas deestas personas.


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5. Conclusiones generales

Contexto social.- Los datos brindados por la Encuesta Nacionalsobre Corrupcin de Protica esbozan un trasondo social que, sipor un lado muestra a la poblacin preocupada por la corrupciny pesimista, por otro la muestra en alguna medida relativamentetolerante en comparacin con el resto del pas. En ambos casos,los esuerzos contra la corrupcin desde el Gobierno Regional,otros actores del Estado y de organizaciones sociales van a tenerque ser persistentes y eectivos para erosionar las percepcionesde la gente sobre la corrupcin de la regin.

Riesgos generales de corrupcin.- En los tres sectores estudiadosse ha corroborado la existencia de los tres grandes riesgos decorrupcin: todos tienen problemas de alta de transparenciay para rendir cuentas, todos muestran mecanismos inecientespara controlar los recursos y sancionar a los inractores, y en los

tres es dbil lo que las organizaciones sociales pueden hacer paravigilar la gestin pblica.

Sector educativo.- Lo disperso del sector aecta notoriamentelas posibilidades de controlar al personal, particularmente lasasistencias de los docentes: se tratan de tantos actos que ocurrentodos los das, que con los mecanismos actuales no es posiblehacerlo. Este no es el nico problema pero s uno que sintetiza

los lmites del sector al respecto. En el caso de la vigilancia dela ciudadana, poco se podr hacer en tanto la sociedad civil no


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desarrolle poder para exigir cuentas (no en una connotacinconfictiva, sino como derecho). Esto vale para todos los espaciosormalmente reconocidos de participacin ciudadana (COPARE,COPALs y CONEIs). Finalmente, el sector nunca podr sertransparente si no empieza a dedicarle ms inters a organizarla inormacin generada. Ello puede leerse como una posibleinversin: conocer cuntos maestros hay realmente puede reducirlos pagos a maestros antasma, o saber quines no asistieronpermite hacer eectivas las sanciones econmicas, por ejemplo.

Sector salud.- Siendo los actos de corrupcin en adquisicionesuno de los principales problemas registrados, las debilidades delos controles y de la transparencia sobre esos procesos se vuelvenriesgos muy relevantes. Estos riesgos, particularmente la altade transparencia, tienen tambin otras maniestaciones en otrosmbitos, como en los establecimientos de salud, donde interactanlos prestadores del servicio con los usuarios, y en donde stosmuestran un enorme dcit de inormacin con respecto a los

primeros, pero no slo en trminos mdicos tcnicos sino, enmuchos casos, en cuanto a la propia nocin del derecho a laatencin de salud de calidad.

Tala ilegal.- Si bien la vigilancia ciudadana podra jugar un rolde reduccin de riesgos de corrupcin, como en cualquier campo,tambin es cierto que el problema ms grave, a partir de lo visto,es la clamorosa ineectividad de los controles. Ahora que hay

un proceso de transerencias del gobierno central a la regin,la autoridad regional debera buscar generar las condicionesinstitucionales para revertir las decisiones que, tomadas desdela capital, han venido agravando la problemtica de la tala ilegal(las concesiones dadas por el INRENA, por ejemplo, sobre zonasprotegidas).


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mapa de riesgo de corrupción de san martín

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