Las Plataformas en Defensa de la Ley 39/2006, conocida como Ley de Dependencia, de la Comunidad Valenciana se solidarizan con la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y denuncian la persecución a que está sometido su presidente José Manuel Ramírez por el Ayuntamiento de Marbella, así como en su caso a cualquier otro miembro de dicha asociación por las administraciones públicas.

Las Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia de la Comunidad Valenciana quieren hacer público, una vez más, su compromiso con la aplicación de la Ley y por ello reconocen y valoran la contribución de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales en la información, estudio y análisis de su implantación plasmados en los diferentes dictámenes e informes técnicos.

El principal objetivo de la Asociación ha sido mostrar los aspectos positivos de la Ley, destacando como beneficia a muchas personas en situación de dependencia y a sus familiares, y el esfuerzo de muchas CC.AA y entidades locales para mejorar su implantación. Y, de la misma manera, criticar a aquellas pocas CC.AA., insensibles ante la situación en que se encuentran sus ciudadanos, utilizando las necesidades de estas personas como “arma” en sus estrategias de enfrentamiento partidista.

El que algunas personas no tengan claro todavía el concepto de democracia y para colmo se sientan capacitados para ponerle topes a la información veraz, no va a impedir que tanto la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales como las Plataformas en defensa de la Ley de Dependencia continúen desenmascarando a aquellos que utilizan la política para sus propios intereses partidistas a costa de los derechos y del bienestar de los ciudadanos a los que deberían servir.

Las Plataformas en Defensa de la Ley 39/2006 o Ley de Dependencia de la Comunidad Valenciana consideramos necesario para la transparencia de las políticas sociales, y en este caso la garantía de la correcta implementación de la Ley de Dependencia que existan órganos externos a las administraciones públicas que desde la honestidad, imparcialidad y en aras de ofrecer una información contrastada y veraz nos ofrezcan Informes periódicos sobre dicha implementación de la ley en nuestra comunidad. Ya nos gustaría a las plataformas en defensa de la Ley de la Dependencia que tras el primer dictamen del Observatorio, la Comunidad Valenciana fuera valorada como la primera comunidad en la aplicación de la ley

Por todo lo expuesto desde las plataformas de la Comunidad Valenciana queremos manifestar el apoyo a José Manuel y solicitar al Ayuntamiento de Marbella que reconsidere y rectifique la decisión llevada a cabo contra José Manuel por ejercer el derecho de expresión con una alta profesionalidad.

Valencia, 22 de febrero de 2010