laicidad de la pluralidad e inclusión...

El jueves 11 de febrero de 2010, el pleno de la Cá-mara de Diputados aprobó una sencilla y polémicaenmienda al artículo 40 de la Constitución mexi-cana, que establece y hace explícito el carácter laicodel Estado mexicano. Con una votación de 363 afavor, uno en contra y 8 abstenciones, la aproba-ción de esta enmienda a la reforma constitucionalse remitió a la Cámara de Senadores para su estu-dio y, en su caso, aprobación. El texto queda de lasiguiente manera: “Es voluntad del pueblo mexica-no constituirse en una República representativa,democrática, laica, federal, compuesta de estadoslibres y soberanos.” Algunos miembros de la jerar-quía católica y panistas conservadores han cuestio-nado dicha iniciativa, argumentando regresionesanticlericales, sobre todo limitaciones a la libertadreligiosa y una falta de definición clara en torno ala definición del Estado laico. El senador EmilioMadero, con sarcasmo bizarro expresó: “los panis-tas somos laicos pero no ilusos”. Mostró que lospanistas tienen más músculo en la cámara alta yque la enmienda no iba a pasar así. Hasta elmomento de escribir este artículo, el senadorPablo Gómez del PRD ha ofertado en la Cámara deSenadores, ampliar las condiciones y libertadespolíticas para los ministros de culto, eliminandoincisos restrictivos, como el inciso “e” del artículo130 de nuestra Constitución.1 Tarde o temprano,la laicidad llevará a que los ministros de culto nosólo tengan plenas sus libertades políticas sinoparticipar activamente en los procesos electoralescomo cualquier ciudadano, como lo hacen losministros de culto en la mayor parte de los paísesdemocráticos. Independientemente del resultadofinal, existe un falso dilema que flota en el debatepolítico entre los legisladores, bajo el supuesto deque a mayor laicidad del Estado menor libertad a

las iglesias, en especial a la iglesia católica. La disputa inmediata de fondo sobre el carácter

laico del Estado viene de tiempo atrás. En la discu-sión en torno a la despenalización del aborto en2007, en el DF, encontramos el primer encendidode los focos rojos y la alerta católica. En respuesta,un segundo y álgido momento, durante 2009, demanera casi sigilosa y sin debates, los congresos de17 estados del país modificaron su legislación parasancionar el aborto. Operadores de la iglesia cató-lica y del PAN contaron, como todos sabemos, conel apoyo de legisladores locales del PRI quienes a suvez, recibieron orientación de su dirigencia na-cional. Si durante el gobierno de Vicente Fox hubomuchas provocaciones simbólicas y mediáticas alEstado laico, especialmente protagonizadas por elpropio presidente, ahora en la administración deFelipe Calderón se han operado acciones que hantrastocado el orden jurídico. El debate reciente entorno a los matrimonios gay y la posibilidad deque estos adopten volvió a levantar los rituales delas descalificaciones, amenazas y chantajes mediá-ticos de los diferentes actores. La polarización seagudiza, no por la discusión ni por los contenidosde los argumentos mismos sino por la crispaciónde sus actores. Por ejemplo, cuando el cardenalNorberto Rivera entra a escena, afirmando lasupremacía de la ley divina sobre el orden secularrealmente existente, despreciando el ejercicio delpoder Legislativo, emerge con posiciones teocráti-cas exaltando la vieja intransigencia católica de talsuerte que la cuestión sobre los matrimonios depersonas del mismo sexo y las adopciones, puntocentral de la querella, en momentos pasaba asegundo plano.

Otro elemento que ha enrarecido el debate, hasido el pragmatismo político del PRI. La obsesión

L a i c i s m o , E s t a d o

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Laicidad de la pluralidad e inclusión socialB E R N A R D O B A R R A N C O V . Sociólogo especializado en religiones. Articulista de La Jornada,

conductor desde hace quince años del programa radiofónico

“Religiones del Mundo” de Radio Red.

por recuperar Los Pinos le ha llevado a asumir unprotagonismo, en el caso de su apoyo a los cam-bios constitucionales en las 17 entidades, que des-dibuja su tradición laica y liberal. Sin embargo, noexisten argumentos razonables, en términos decosto-beneficio político que expliquen la posturapriista. Nada menos que María de las Heras intentaresponder a esta interrogante, a través de susencuestas: “Yo en lo personal –dice–, como casi 80por ciento de los electores, no puedo creerles quelo hagan por cuestiones éticas o ideológicas, perotampoco le encuentro la lógica electoral por nin-gún lado”.2 Efectivamente, su sondeo arroja durascríticas del propio electorado a la postura del Revo-lucionario Institucional y en especial a su presi-denta Beatriz Paredes, de quien, comenta, por sermujer y presumirse liberal se podría esperar todo,menos que contemplara impávida lo que los legis-ladores de su partido han hecho en más de lamitad de las entidades federativas. Al parecer exis-ten entretelones y juegos de poder que, según dife-rentes analistas, estaría comprometiendo elproceso electoral de 2012, o al menos la postura dela iglesia de cara a la sucesión presidencial. De ahíque ante las severas críticas de abandono de lasbanderas liberales y laicistas que han configuradola historia del PRI, muchos vean ahora represalia ocompensación al añadir el carácter “laico” al ar-tículo 40. Es decir, hay un proceso de continua ten-sión y de beligerancia en el que los sectoresconservadores perciben un retorno a viejas formasde anticlericalismo y anticatolicismo.

El debate es fundamentalmente político. Por des-gracia sigue atrapado en las coordenadas del sigloXIX en torno a la discusión sobre la incidencia ecle-siástica en las políticas públicas y la separaciónentre Estado e iglesias, más que en las tensionesentre la moral católica y la ética secular. Por ello,hemos insistido en desclericalizar el debate y ubi-carse con una mira mucho más amplia que ofrecela laicidad en el presente.3 Creemos necesario ubi-carnos en un nuevo terreno que se abre con elsiglo XXI, esto es, la realidad de un mundo plurali-zado que propicia, entre otros fenómenos, el reco-nocimiento de nuevas identidades sociales, demovimientos emergentes y de diversidades multi-culturales que demandan espacios sociales y exi-gen derechos hasta ahora inéditos. Los cambios enla sociedad y en la cultura nos lleva a repensar

temas que han estado presentes en la constitucióndel Estado laico como la libertad de conciencia.4

Ante un mundo contemporáneo complejo pode-mos estar desperdiciando la enorme oportunidadque ofrece la laicidad en el ámbito de las libertadesemergentes y en el terreno del respeto a las mino-rías. Siendo la laicidad un proceso dinámico serequiere una nueva recepción.

Repolitización de lo religioso

El debate en torno a la laicidad del Estado no esexclusivo de nuestro país. Desde fines del siglopasado, contra los pronósticos de la extinción delo religioso, nos encontramos frente a un fenó-meno inesperado: la repolitización de la religión.Existen claras evidencias de la irrupción política delas religiones en los entramados sociales de paísescomo España, Estados Unidos, Italia, Turquía,Francia, India, Tailandia, Brasil, Venezuela y porsupuesto en México. Lo religioso, según los teóri-cos de la secularización, parecía recluirse al planodel individuo y se reducía al ámbito de la concien-cia de las personas. Sin embargo, los hechos hanvenido sacudiendo las teorías de la secularización,al grado que en caso de la revolución islámica en1979, encabezada por el legendario ayatolá Jomei-ni, con ironía se le denominaba como “la revanchade Dios”.6

Fundamentalismos e integrismos se hacen pre-sentes en las grandes religiones, sobre todo des-pués del 11 de septiembre, lo que lleva a unamayor preocupación y consideración analítica. Lasposturas neoconservadoras se revitalizan. Las reli-giones no sólo conservan sino que acrecientan sufuerza social, cultural y política en la conforma-ción de las identidades colectivas y en la con-figuración de prácticas sociales. En muchos países,las convicciones religiosas se han articulado comodemandas sociales y políticas; dichas demandas seimbrican corporativamente con otras y su impactodepende del alcance y vínculos que las iglesias hanalcanzado en la sociedad. La convergencia de lasidentidades duras de lo religioso con lo político,en un contexto de sociedades democráticas es unacuestión compleja y plantea importantes desafíos ala laicidad democrática y del Estado.

La globalización nos ha mostrado que dentro delas diversidades culturales, las religiones siguen

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teniendo una importante cualidad en la vida socialy política de las comunidades, así como en la cons-titución de las identidades colectivas y en la orien-tación de los comportamientos sociales. Sinembargo, no debemos olvidar que toda religiónsacraliza, por decirlo de manera simple, la cons-trucción ética, moral y las diferentes formas decohesión social que ha ido construyendo y ava-lando. En contraste, se debe admitir que la socie-dad moderna no ha cejado en los últimos 150años de desacralizar el orden existente creado oinspirado por la religión.También ha generado reaccio-nes como la reactivación degrupos anticlericales, laicistasy jacobinos; la dimensión deconflicto se hace latente ytensiona la paz pública.

Desde hace unos años se haactivado en el polo católicouna reconceptualización de lalaicidad, encabezada por elpropio pontífice. El papaBenedicto XVI percibe el laicismo como una hosti-lidad antirreligiosa que busca confinar a Dios a loprivado y negar a la comunidad cristiana cualquierposibilidad de expresarse social y políticamente.Así lo dijo el sábado 9 de diciembre de 2006, antela Unión de Juristas Católicos Italianos, cuestio-nando el laicismo en los siguientes términos: “Enla base de tal concepción existe una idea antirreli-giosa de la vida, del pensamiento y la moral: unavisión en la cual Dios no tiene un lugar; esa (idea)parece ser el emblema de la posmodernidad, enparticular de la democracia moderna”. El papa pro-pone la redefinición de una “sana laicidad”, defi-niéndola en los siguientes términos: “la sanalaicidad, la cual implica que las realidades terrenasciertamente gozan de una autonomía efectiva de laesfera eclesiástica, pero no del orden moral”.6

La moral y la normatividad social se han conver-tido así en una áspera arena de confrontaciónideológica y política. En diferentes países de mayo-ría católica, se han reactivado grupos de cristianosneoconservadores que presionan para que el Esta-do legisle de acuerdo con sus convicciones e inter-pretaciones de la moral y de la ley naturalcondensadas en la doctrina cristiana, tal como lodefine la jerarquía. Así la moral, la ética y los valo-

res sociales se han convertido no sólo en un frentede batalla sino en el campo donde la jerarquíacatólica concentra la mayor parte de sus energías.Hay comportamientos de confrontación al Estadolaico y se operan estrategias de presión política ysocial sobre los políticos cristianos que llegan alpoder para que desde él legislen según una deter-minada concepción de la moral cristiana aplicadaa las diversas situaciones de orden público.

Si bien a nombre del Estado laico se han genera-do acciones y actitudes anticlericales, el laicismo

no puede ser considerado nicomo antirreligioso ni muchomenos como anticatólico. Laslibertades modernas tienenmayor garantía en un Estadolaico; por ello se debe tenermucha precisión en el diseñode nuevas marcos legales de laconvivencia y de normativi-dad, incluso política, ante lacreciente pluralidad y diversi-dad de una sociedad que se

reconoce cada vez más global.La laicidad es instrumento de convivencia pacífi-

ca, sin embargo, no significa anular las diferenciasni mucho menos desarraigar las discusiones odebates que se presenten en la sociedad. El princi-pal objetivo de todo Estado laico en la sociedadcontemporánea es hacer valer la equidad y ladefensa de todos los derechos y libertades de todoslos ciudadanos. Es importante tener presente quela laicidad no debe reducirse a la libertad religiosasino abrirse a todas aquellas libertades que elmundo moderno ha venido reconociendo: la liber-tad de conciencia, las libertades políticas, la liber-tad de expresión, los derechos sexuales yreproductivos, étnicas, discapacidad, ancianidad,etcétera.

El tema de fondo en esta reactivación política delos sectores conservadores es la relación entredemocracia y religión. El choque entre laicismo yla dimensión pública de la religión atraviesa la his-toria de la construcción de las democracias y encada caso, dependiendo de las configuraciones delEstado se ha resuelto de diversas maneras. En esesentido, el politólogo español, Rafael Díaz-Salazar,nos planeta esta tensión en los siguientes térmi-nos: “La democracia implica el paso de la sacrali-


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zación de la vida social desde una única cosmovi-sión y normatividad moral a la inevitable desacra-lización de éstas por el surgimiento y protecciónjurídica de diversas cosmovisiones, ideología y sis-temas de valores. Según aumenta la complejidadsocial, se requieren nuevas formas de organizaciónde la vida colectiva. En este proceso las institucio-nes religiosas han sido progresivamente desplaza-das del centro de la vida pública por el Estado yotras instituciones sociales y culturales que reivin-dican el pluralismo.”7

La laicidad a la mexicana

La genealogía de nuestra laicidad se fue cons-truyendo bajo grandes tensiones y enfrentamientossociales. Sentar las bases y la construcción del Esta-do moderno supuso el acotamiento y relegamientode la religión de la esfera de la toma de decisionespúblicas. Ante una iglesia autoritaria y poderosa, elEstado liberal desarrolla igualmente sesgos arbitra-rios, opone al régimen de la catolicidad un régi-men de una anticlericalidad dúctil, flexible enmomentos y radical en otros. En nuestra historia,el catolicismo era la religión del Estado colonial yde los primeros regímenes independientes. Estapérdida de centralidad política, supuso que la laici-dad se convirtiera en laicismo, porque se fue cons-truyendo en oposición a la religión, sin embargo,su definición no se constituye por esta confronta-ción sino por la superación de los desencuentros,es decir, la laicidad tiene que trascender los antago-nismos e ir más allá de la propia religión.

En efecto, el laicismo surge históricamente ennuestro país como reacción a un orden social don-de la iglesia detentaba parte significativa del poderdel Estado; en sus primeras etapas, dicho laicismose nutrió del pensamiento liberal cientificista quepugnaba por la separación entre la iglesia y el Esta-do. Juárez confecciona y opera dicho proceso queprovocará enconos, antagonismos, revanchas y elchoque de trenes que representó la guerra deReforma. El laicismo se fortalecerá con aportacio-nes de diferentes logias masónicas, tan pujantes einnovadoras durante el siglo XIX. La paz porfirianasupuso pragmáticos acuerdos con la alta jerarquía;sin embargo después de la revolución mexicana,en particular, la cruenta guerra cristera de 1926-29,favorecerá la incorporación al laicismo de diferen-

tes corrientes socialistas, comunistas y anarquistasque fervorosamente se manifiestan contra toda for-ma de concesión clerical. El laicismo, el anticlerica-lismo y el anticatolicismo si bien son esferasdiferentes han interactuado en nuestra historia. Elpunto de equilibrio vino con la simulación de losllamados Acuerdos; la hipocresía política, la discre-cionalidad de los regímenes posrevolucionariosfrente a la cuestión religiosa dieron estabilidad yconstruyeron un sistema de contrapesos en que losactores, aun los clericales, participan e inciden porsus intereses en el establecimiento de políticaspúblicas.

Ha existido un laicismo verbalmente anticlericale ideológicamente excluyente. Ese laicismo queinvoca y cuestiona la iglesia católica como desafíocentral se ha debilitado, casi no existe de maneraimperante. En contraparte, existen palpables ame-nazas que radican en la debilidad de las insti-tuciones mexicanas, especialmente en los partidospolíticos. La languidez conceptual y la falta de me-moria histórica de la clase política, propicia ten-taciones por procurar alianzas y legitimidades enlas iglesias. Más que un problema de las iglesias,muestra la flaqueza e inseguridad de los actorespolíticos. Cuando éstos acuden a pactar y cabilde-ar, bajo intereses y condiciones de corto plazo, vul-neran el Estado laico. El uso político y faccioso delo religioso es un factor de riesgo en toda democra-cia moderna; al igual que los actores religiosos,que rompen con el orden establecido, como el car-denal Norberto Rivera que en reiteradas ocasionesha declarado la supremacía de la ley divina sobreel orden constitucional, incluso reivindicando ladesobediencia civil. La laicidad supone, pues, res-peto a las reglas y normas establecidas y suponetambién, niveles mínimos de civilidad.

En un régimen de libertades laicas, el Estado nopuede impedir que una iglesia haga valer sus prin-cipios y visiones en el conjunto de la sociedad.Ninguna sociedad que se aprecie democrática pue-de impedir que una jerarquía religiosa ejerza su de-recho a realizar cabildeos para posicionar su doc-trina religiosa sobre la vida y los principios que asu parecer deben conducirse como principios en lasociedad. Desde esta perspectiva la jerarquía católi-ca hace su trabajo, mandatado desde Roma. Loque un Estado laico no puede permitir es que tan-to funcionarios como legisladores antepongan sus

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posiciones religiosas personales o intereses parti-culares, como trayectorias políticas, en detrimentode otras posiciones aun si éstas son minoritarias.

Lo que ha venido definiendo nuestra laicidad,incluso antes del uso del concepto, es precisamen-te la confrontación al monopolio de una religión.Las opiniones religiosas de una u otra iglesia, decada ciudadano es que todos los ciudadanosgozan de iguales derechos independientemente desus creencias filosóficas, políticas o religiosas. Lasinstituciones laicas deben tener conciencia claraque el catolicismo como cualquier otro sistemareligioso, posee un corpus doctrinal y de verdadesabsolutas; dicho corpus es, en cierta manera, unsistema de exclusión, mientras la laicidad se definecomo un sistema de inclusión donde hay espaciopara todos.

La peculiaridad del Estado laico es que impulsa acoexistir a la diversidad con civilidad aun cuandohaya posiciones y maneras de pensar diferentes yhasta antagónicas. Sin embargo no se trata de idea-lizar esta condición secular de la laicidad, exaltan-do que bajo la laicidad la paz está garantizada. Porsí misma la laicidad no concilia lo irreconciliablecomo por arte de magia, ni puede borrar confron-taciones históricas.

Los diversos liberalismos reivindicaban la sobe-ranía popular como fuente sustancial de legitimi-dad de las nacientes instituciones republicanas,secularizando los resortes del sustento del poderque ejercía, hasta entonces, el binomio entre eldominio de la corona y la potestad eclesiástica. Lalaicidad de todo Estado moderno, más allá de seruna herramienta jurídica, es un instrumento políti-co de convivencia en un espacio geográficocomún. El Estado laico actual como ya se ha seña-lado, debe en primer lugar garantizar la autonomíade lo político frente a lo religioso. También el Esta-do laico es aquel que refrenda y asegura la libertadde creencias en el sentido amplio, así como lalibertad de no creer que tengan los individuos queintegran la sociedad. Un Estado laico, por último,debe garantizar la equidad, es decir, la no discrimi-nación, y proteger los derechos, principalmente delas minorías, es decir, la libertad de conciencia;esto último en el futuro será determinante ennuestra sociedad, porque el Estado reconoce atodos la libertad pública de conciencia como solu-ción a la creciente heterogeneidad y a los proble-

mas inherentes a una sociedad compleja y hetero-génea, dividida a veces irreconciliablemente. Puedeser que el gobierno, como ha ocurrido, no respetetodas las creencias, pero está obligado cumplir yrespetar a todos los creyentes.

Laicidad y libertad de conciencia

Los historiadores de la laicidad la sitúan como unproceso más que un concepto. Surge como necesi-dad ante sociedades que se reconocen más pluralesen el terreno de las creencias religiosas, pero ahorase extiende a nuevos ámbitos de las libertades. Porello la laicidad va al parejo de otros conceptoscomo la tolerancia, la pluralidad y las libertades.Así es como se abre a nuevos actores.

Tenemos un claro ejemplo en el caso de Jaliscoen 2008. Como se recordará, causó mucha polémi-ca los donativos del gobierno estatal por más de90 millones de pesos para la construcción de untemplo cristero, “Santuario de los Mártires”, enca-bezado por la iglesia católica de Jalisco. La llamada“megalimosna”, generó una ola de cuestio-namientos sociales y mediáticos que desembo-caron en nuevas denuncias por cuantiosos apoyosa diversas organizaciones sociales e iniciativascatólicas por parte del gobierno de Emilio Gonzá-lez Márquez, en el que, al parecer, se destinanrecursos desde el erario público, privilegiando a laiglesia católica y atropellando, por tanto, la equi-dad de iglesias minoritarias y diferentes iniciativassociales.8 Lo novedoso de la tormenta que azotó al“gober piadoso” es la repercusión y oposición denumerosas organizaciones de la sociedad civil, deintelectuales, mujeres, ambientalistas, homosexua-les, círculos académicos y medios de comunica-ción. Hubo más de seis mil demandas ante laComisión Estatal de los Derechos Humanos, nutri-das manifestaciones callejeras e irritación social enun estado en donde ha imperado tradicionalmentela religión católica. Paradójicamente la defensa dela equidad y por tanto de la laicidad, se dio en unaregión abrumadoramente católica. Ante la presiónsocial, los donativos fueron suspendidos. La nove-dad, reiteramos, radica en la entrada a escena denuevos actores que percibieron en la defensa delEstado laico, la defensa de derechos no sólo reli-giosos sino también la libertad de conciencia y laposibilidad de defender la alteridad y la diversidad


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frente a un gobierno sesgado e inclinado por locatólico. Son estos mismos sectores que han sidodespreciados con descortesía por el propio carde-nal Juan Sandoval. Aquí, el laicismo ya no fueencabezado ni defendido por liberales, masones nijacobinos. Un nuevo entramado se construye en lainteracción de los actores; entre lo viejo y lo nuevose están edificando nuevas síntesis.

Por ello, es importante ir más allá en la discu-sión del Estado laico que se centra en lo político.No focalizar el debate sólo en la “sana” distanciaque debe existir entre las iglesias y el Estado, entreel poder religioso y el poder secular de la autori-dad. La laicidad es un concepto dinámico. Es nece-sario, por tanto, recrear una recepcióngeneracional de cara al siglo XXI. No basta confor-marnos con un laicismo de herencia, éste no es unADN en nuestra cultura política, la noción tiene queser retrabajada desde la realidad actual, y estageneración de políticos, así como la sociedad,tenemos la oportunidad de recrear asertivamentela laicidad del Estado, porque es parte esencial dela democracia que queremos construir. Sin laicidadno hay democracia, así como tampoco podráhaber reforma política, así de sencillo.

El México actual ya no es monolítico, nunca lofue. Se han operado ya importantes cambios en lacultura. Y ello es resultado del derecho que lademocracia reconoce a los ciudadanos para elegirlibremente sus orientaciones ideológicas y religio-sas. El mayor pluralismo político y el pluralismoreligioso conviven bajo la tutela del Estado laicoque debe velar por los derechos fundamentales dela persona. Es necesario reconocer la diversidadcultural y religiosa como un rasgo irrenunciable eirreductible de nuestra experiencia colectiva. Deahora en adelante, no sólo debemos acostumbrar-nos al hecho de que somos una sociedad plural,sino que tendremos que adecuar nuestras insti-tuciones públicas para que sean capaces de hacerconvivir a esta heterogeneidad en el marco de unrégimen de leyes. Como señalara Gilberto RincónGallardo, distinguido defensor de las libertades yla equidad: “México es un país verdaderamenteplural, sobre todo en los aspectos más signifi-cativos: plural en formas de vida, en visiones de lamoralidad, en proyectos sociales, en creencias reli-giosas. Necesitamos por ello reconstruir el Estadolaico para que sea capaz de convertir esta plurali-

dad en riqueza social y no en fragmentación yenfrentamientos. Esta pluralidad política, culturaly religiosa, debe acompañarse de un marco de-finido de convivencia y bienestar común a los dife-rentes grupos, asociaciones o religiones quecomponen el mosaico plural de creencias en nues-tro país.”9

La laicidad es instrumento de convivencia pacífi-ca, sin embargo, no significa anular las diferenciasni mucho menos desarraigar las discusiones o de-bates que se presenten en la sociedad. El principalobjetivo de todo Estado laico en la sociedad con-temporánea es hacer valer la equidad y la defensade todos los derechos y libertades de todos los ciu-dadanos. La laicidad no debe reducirse a la liber-tad religiosa sino debe abrirse a todas aquellaslibertades que el mundo moderno ha venido reco-nociendo. Emile Poulat, indiscutible autoridad enla materia, plantea que no debemos opacar la laici-dad desde el conflicto de la iglesia con el Estadosino abrirla al advenimiento de la libertad de con-ciencia para todos los individuos. Esto significaque hay un tercero en discordia; además del Estadoy las iglesias hay un tercer jugador que son las dife-rentes iniciativas ciudadanas que postulan libertadde conciencia, libertades civiles y su derecho a ejer-cerlas. Una de las dimensiones, en la que Poulatinsiste en su libro sobre la laicidad actual,11 es eljuego a tres, en que paradójicamente, se dan com-binaciones. A veces el Estado y las iniciativas ciu-dadanas están de acuerdo para luchar contra elmonopolio de la iglesia; en otras ocasiones estasiniciativas se alían con la iglesia para luchar contraun Estado totalitario o inoperante. El tercer juga-dor es un florecimiento de la libertad y también esuna cuestión política de primera magnitud en tér-minos de gobierno. Cuando no hay libertad esfácil de gobernar. Cuando se reconoce la libertadde todos, la gobernabilidad se convierte en un ejer-cicio complicado, a veces contradictorio pero pre-ferible al pensamiento autoritario y absoluto y alEstado paternalista.

1 El inciso e) del artículo 130 de la Constitución Polí-tica de los Estados Unidos Mexicanos señala: “Los

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ministros no podrán asociarse con fines políticos nirealizar proselitismo a favor o en contra de candida-to, partido o asociación política alguna; tampocopodrán en reunión pública, en actos del culto o depropaganda religiosa ni en publicaciones de carácterreligioso, oponerse a las leyes del país o a sus insti-tuciones ni agraviar de cualquier forma los símbolospatrios”.

2 El País, 23 de noviembre de 2009.3 “Desclericalizar el debate sobre la laicidad”, La Jorna-

da, 3 de febrero de 2010.4 Preferimos la utilización del termino “laicidad” al

“laicismo”, más actual y menos cargada de viejosdogmas ideológicos que el laicismo ha cosechado;éste se suma a las militancias de los “ismos” queparecen hoy adormecidos y erosionados como el

anaquismo, el comunismo, el marxismo, el liberalis-mo y catolicismo; tantas otras posturas absolutas yexcluyentes.

5 Gilles Kepel, La revancha de Dios, Alianza Editorial,Madrid, 1991.

6 Benedicto XVI, discurso el 9 de diciembre de 2006 al56 Congreso Nacional de la Unión de Juristas Cató-licos Italianos, Ciudad del Vaticano.

7 Rafael Díaz-Salazar, Democracia laica y religión pública,Ed. Taurus, Madrid, 2007, p. 15.

8 El Universal, 25 de mayo de 2008.9 Gilberto Rincón Gallardo, “El reto del laicismo en

México”, Cámara de Diputados, DF, 18 de mayo de2004.

10 Emile Poulat, La Solution Laïque e ses problemes, BergInternational Editeurs, París, 1997.


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El espíritu laico no es en sí mismouna nueva cultura, sino la condiciónde convivencia de todas las posiblesculturas.

Norberto Bobbio

En el año 2000 daba inicio en México el llamado“sexenio del cambio democrático”. Ello representa-ba la derrota del partido hegemónico en el poderdurante setenta años y el estreno de un gobierno dederecha. Quizás alertando lo que podría significareste tipo de gobierno, en alianza tácita con la iglesiacatólica –digo tácita porque en México se reconocejurídicamente la separación de las iglesias y el Esta-

do–1 y anticipando las posibles consecuencias enmateria civil y educativa, se comenzó a enfatizar através de los medios y de la comunidad intelectualla importancia de la laicidad y de algunos valores yprincipios afines: la tolerancia, la pluralidad, laseparación entre lo público y lo privado, la libertadreligiosa y el proceso de secularización.

Tal énfasis resultaba especialmente importanteen un fin de siglo y el inicio del siguiente, en loque se advertía sobre el hecho de un cuestiona-miento creciente de la laicidad: “Desde hace algu-nas décadas –decía el sociólogo RobertoBlancarte–, es notorio el proceso de recuperaciónde espacios públicos por parte de las religiones yno sólo en las áreas de mayor presencia católica; lo

Laicidad y razón pública

R O D O L F O V Á Z Q U E Z

Departamento Académico de Derecho, Instituto Tecnológico Autónomo de México.

vemos en el islam, en el hinduismo y en los diver-sos cristianismos. La crisis de la utopía de lamodernidad, la incapacidad de ésta para dar res-puesta a todos los problemas sociales y de sentidode los individuos, la ausencia de una legitimidadde muchas instituciones políticas, ha conducido aun nuevo planteamiento del papel de las religionesy de las instituciones eclesiales en la actualidad.”2

La apreciación de Blancarte era correcta para elcaso de México. Los seis años del gobierno foxistay el tiempo que lleva el actual presidente FelipeCalderón han sido una confirmación de lo quepodríamos llamar un reposicionamiento de la reli-gión y un debilitamiento de la laicidad.3 Mencio-no algunos ejemplos.

Hace poco se abrió el debate en México en tornoal tema de la laicidad educativa en las escuelaspúblicas. Se argumentó, entonces, nada menos quepor el ombudsman nacional, que la prohibición dela enseñanza religiosa en las escuelas era una for-ma de discriminación negativa hacia los padres defamilia que sin tener recursos suficientes paraenviar a sus hijos a escuelas privadas confesionales,debían enviarlos, contra sus convicciones, a escue-las públicas laicas.4 En el mismo sentido, para elactual presidente del Episcopado mexicano, lasleyes mexicanas deben garantizar la libertad reli-giosa, que es mucho más amplia en su contenidoque la libertad de creencia y culto. Hacer valer lalibertad religiosa es hacer valer el derecho de lospadres a que sus hijos sean educados conforme asu fe y el Estado debe asegurar las condiciones ylos recursos para que tal libertad religiosa no se vealimitada.5 No está de más considerar la advertenciade Claudio Magris con respecto a las consecuenciasque se podrían seguir de este argumento: “En nom-bre del deseo de los padres de hacer estudiar a sushijos en escuelas que se funden en principios (reli-giosos, políticos o morales), surgirían escuelas ins-piradas en los diversos harapos ocultistas de cadavez mayor difusión, en conventículos estrafalariose ideologías de todo género. Hay ciertamentepadres racistas nazis, estalinistas deseosos de edu-car a sus hijos (a nuestras expensas) en el culto desu Moloch; padres que pedirían escuelas en las quesus pimpollos no se sienten junto a condiscípulosmeridionales. Nacerían probablemente escuelassatanistas, otras prestas a llamar como ‘expertos’ acartománticos y magos y así sucesivamente.”6

Por supuesto, no es objeto de debate el hecho deque en materias como historia y educación cívicase explique el fenómeno religioso y se enseñe unahistoria comparada de las religiones. Pero la pre-tensión del prelado va más lejos en el sentido deincluir la enseñanza de una religión como partedel currículum escolar y financiarla por el Estado.A esta pretensión se añaden otras demandas: elvoto pasivo de los ministros de culto; el derecho aexpresar sus opiniones en materia política y a aso-ciarse con fines políticos; que las asociaciones reli-giosas posean medios de comunicación masivos; yque las iglesias reciban subsidios públicos median-te la recaudación de un impuesto especial querecogería y distribuiría el Estado. Al comentar estasdemandas, un católico progresista como PabloLatapí consideraba que: “[…] se habla de un ‘Esta-do confesional’ que vendría en sustitución del‘Estado laico’. […] A los católicos que vamos depu-rando nuestra idea de la iglesia en la direccióncontraria –como una comunidad de fieles en la fecuya seguridad no estriba en el poder temporal,sino en la confianza en Dios, como aparece en elEvangelio– nos chocan profundamente estasdemandas de la jerarquía eclesiástica.”7

En el debate sobre el tema de la clonación tera-péutica y la posibilidad de investigación deembriones humanos, algunos dirigentes de la Con-ferencia del Episcopado Mexicano manifestaron supreocupación sobre el voto de México en lasNaciones Unidas a través de un desplegado publi-cado en octubre de 2004. Lo que llama la atenciónde este pronunciamiento, en palabras de RobertoBlancarte, es que: “No era usual que los obisposexpresaran sus puntos de vista sobre temas contro-vertidos de políticas públicas de manera abierta”; yagrega: “Ellos, a partir de consideraciones de valory de una cierta idea de la vida, pretendían ponerleun freno a cierto tipo de investigaciones. Pocoimportaba si con ello se coartaba la posible cura-ción de muchos males que aquejan a la humani-dad, como la diabetes, el cáncer o el Alzheimer.”8

Finalmente, pese a sendos comunicados enviadospor asociaciones civiles, entre ellas por el Colegiode Bioética, a la Secretaría de Salud y de RelacionesExteriores, México decide cambiar su intención devoto inicialmente permisiva, por una prohibitiva.

El 28 de agosto de 2008, la Suprema Corte deJusticia de la Nación resolvió en sesión plenaria

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por ocho votos contra tres validar constitucional-mente las reformas legales promovidas por laAsamblea Legislativa del Distrito Federal mediantelas cuales se despenaliza el aborto en las primerasdoce semanas de embarazo. Es una decisión degran relevancia social y, por supuesto, progresistaen el concierto de nuestros países latinoamerica-nos. Lo que me interesa destacar para los propósi-tos de este ensayo es que los órganos queinterpusieron las acciones de inconstitucionalidaden contra de tales reformas fueron la ComisiónNacional de Derechos Humanos a través de suombudsman con alegatos claramente metafísicos yreligiosos; y la Procuraduría General de la Repúbli-ca, órgano del poder Ejecutivo federal.

En junio de 2009, el presidente de la República,Felipe Calderón, afirmó categóricamente –con oca-sión de la muerte de un cantante pop, que el mismopresidente atribuyó precipitadamente al consumode fármacos– que la raíz de nuestros males se debe aque nuestra juventud padece de un desconocimien-to de dios: “Una juventud que por sus condicionessociales, familiares, educativas, por falta de oportu-nidades, tienen pocos asideros trascendentes, tienenpoco que creer, no creen en la familia, que tuvieron;no creen en la economía o en la escuela, no creenen Dios porque no lo conocen.”9

Y podríamos continuar con los ejemplos seña-lando la complicidad del gobierno con la jerarquíaeclesiástica en los casos de sacerdotes pederastas; olas “macrolimosnas” otorgadas a la iglesia católicapor un gobernador estatal en franca violación a laLey de Asociaciones Religiosas y Culto Público; ola más reciente y férrea oposición del gobiernofederal y las iglesias para legalizar la unión de dospersonas del mismo sexo alegando acciones contranatura e interponiendo una acción de inconstitu-cionalidad, de nueva cuenta, por la ProcuraduríaGeneral de la República.

Por desgracia las actitudes dogmáticas han mos-trado la peor cara de las religiones y de las institu-ciones. No es extraño que esta situación hayaprovocado una polarización de las críticas y éstasse hayan deslizado hacia formas de “laicismo”, queno de laicidad. Norberto Bobbio caracteriza al “lai-cismo” por su tono beligerante, por un “lenguajeinsolente, de rancio anticlericalismo, irreverente y,para decirlo en una palabra, nada laico, emotivo yvisceral, que no se expresa con argumentos y, por

lo tanto, parece querer rechazar cualquier forma dediálogo…”, es decir, aquel laicismo que necesita“armarse y organizarse” degenerando, también, enintegrismo, fundamentalismo y radicalismo.10

Digamos que ésta sería la otra cara de la moneda,que también ha encontrado en México manifesta-ciones claras de rechazo, impugnación y en ocasio-nes de violento repudio a cualquier manifestaciónpública de religiosidad.

¿Qué es la laicidad?

Entiendo por laicidad la doctrina que sostiene laimparcialidad del Estado ante las diversas creenciasde los ciudadanos en materia de religión o de con-vicciones metafísicas. Esto quiere decir que: 1) lascreencias religiosas o metafísicas, su transmisión yenseñanza se localizan en el ámbito privado; 2) entanto expresión de un derecho individual, el Esta-do debe proteger la libertad ideológica, que semanifiesta también en la no profesión de creenciareligiosa alguna, así como las ideas antirreligiosaso antimetafísicas; 3) las faltas a la moral de inspi-ración religiosa no tienen trascendencia política ymás bien el Estado debe definir los delitosmediante criterios universalizables; 4) se debe pri-vilegiar el criterio de argumentación y consenti-miento de los individuos, la razón pública, frente ala pretensión de la custodia de verdades reveladaspor la divinidad a través de sacerdotes y jerarquíaseclesiásticas o comunidades fundamentalistas.11

Con respecto a lo público y lo privado, debeaclararse que si bien el ámbito primordial de lascreencias religiosas es el privado, la libertad religio-sa comprende también el derecho a expresar eintentar expandir las propias creencias en el ámbi-to público: “desde la construcción de lugares deculto y de enseñanza religiosa hasta las procesio-nes y el proselitismo casa por casa”.12 Lo queimporta entender es que el perímetro correcto delejercicio de esos derechos debe situarse estricta-mente dentro de la sociedad civil y no traspasar ala utilización del Estado. Éste debe mantener unaposición de imparcialidad frente a todos los cultos,sin privilegiar alguna confesión religiosa por enci-ma de las demás.

También conviene aclarar que imparcialidad noes sinónimo de neutralidad entendida como inac-ción. En palabras de José Ramón Cossío: “Mante-


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ner que la neutralidad estatal frente a las variadascreencias de los ciudadanos exige al Estado noactuar o no pronunciarse es olvidar que, en unagran cantidad de ocasiones, esa abstención no hacesino convalidar un estado de cosas profundamenteasimétrico desde el punto de vista de los derechosy libertades de las partes. […] lo que la Constitu-ción exige fundamentalmente es imparcialidad, noinacción, y que el principio de separación entre lasiglesias y el Estado consagrado en el artículo 130de la Constitución Federal no exime en muchoscasos a los órganos estatales del deber de regularen distintos niveles (legislación, reglamentación,aplicación judicial) cuestiones que se relacionancon la vida religiosa de las personas.”13

Esta laicidad “activa”, en términos de imparciali-dad y no de neutralidad, debe distinguirse de laidea popularizada por Sarkozy en la visita de Bene-dicto XVI a Francia (septiembre de 2008) sobre lalaicidad “positiva”. Esta última en términos de unode sus críticos es “aquella fórmula institucionalque respeta la libertad de creer o no creer (en dog-mas religiosos, claro) porque ya no hay más reme-dio, pero considera que las creencias religiosas nosólo no son dañinas sino beneficiosas social ysobre todo moralmente.”14 Apoyándose en JeanBaubérot, Fernando Savater critica con razón taltipo de laicidad porque significa: “una forma deneoclericalismo, confesional, pero no confeso. Yeso porque un Estado realmente laico no sólo nopuede dejarse contaminar por ninguna religión, niprivilegiar ninguna de las existentes sobre lasdemás, sino que tampoco puede declarar preferibletener una religión o no tenerla”.15

Pero quisiera detenerme en la cuarta característi-ca señalada por Ruiz Miguel, la de privilegiar laargumentación y el consentimiento de los indivi-duos, la razón pública, en una sociedad democráti-ca representativa, por encima de la custodia yeventual imposición de verdades reveladas o con-vicciones metafísicas por parte del Estado, en colu-sión abierta o solapada con las autoridadeseclesiásticas. Es claro que el pluralismo de creen-cias últimas en materia religiosa es seguramenteinevitable pero, como afirma el autor: “los inten-tos de imponer una u otra posición en esta materiapor otras vías que no sean la argumentación racio-nal y razonable o el ejemplo de la coherencia y laprobidad de las conductas, son una clara negación

de la libertad religiosa a la que todos los sereshumanos tienen derecho”.16

Religión y razón pública

En términos de Cristina Lafont, la cuestión a deba-tir sería la siguiente: “¿Es posible realmente articu-lar una noción de lo ‘racionalmente aceptable’ quetodos los ciudadanos puedan compartir a pesar deno coincidir en una visión del mundo o en unaconcepción del bien homogénea?”17

En Liberalismo político John Rawls propone suconocido “consenso sobrepuesto”.18 Esta noción seapoya en el supuesto de que la razón común atodos los seres humanos es suficiente para descubriry justificar nuestras obligaciones morales y políticas.El consenso obtenido con respecto a la DeclaraciónUniversal de los Derechos Humanos de la ONU seríaun claro ejemplo de consenso sobrepuesto.

A partir de tal consenso Rawls distingue entrerazón pública y razón privada, distinción necesariapara responder la cuestión de qué tipo de argu-mentos son aceptables e inaceptables en la delibe-ración pública. Para Rawls nada impide que losciudadanos que participan en la deliberaciónpública política ofrezcan razones procedentes delas doctrinas comprehensivas, metafísicas o religio-sas en las que creen, pero siempre y cuando ofrez-can además razones generalmente accesibles atodos los ciudadanos que justifiquen dichas doctri-nas. Si estas doctrinas comprehensivas no puedenapoyarse en razones públicas paralelas debenexcluirse de la deliberación. El problema de estaconcepción salta a la vista: ¿se puede pedir a unciudadano que sacrifique sus aspiraciones decorrección sustantiva para satisfacer las aspiracio-nes de legitimidad democrática? Quien no estuvie-ra dispuesto a hacerlo mantiene su sinceridad acosta de ser excluido o autoexcluirse de la delibera-ción pública; quien estuviera dispuesto a hacerloapelaría a razones prudenciales para incluirse en eldebate democrático, pero a costa de una buenadosis de sinceridad.

En los últimos años Jürgen Habermas ha dedica-do algunos trabajos a esta temática retomando ycriticando la propuesta de Rawls19 y debatiendo,entre otros, con Joseph Ratzinger.20 Habermascoincide con Rawls en el sentido de que al deter-minar las medidas políticas coercitivas que vayan a

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adoptarse, sólo cuentan las razones generalmenteaccesibles, las “razones seculares”. Pero a diferenciade Rawls, Habermas distingue entre una esferapública informal y una esfera pública formal o ins-titucional. Esta última propia de los funcionariosadministrativos, legisladores y jueces. En la prime-ra los ciudadanos pueden apelar a razones exclusi-vamente religiosas en la deliberación siempre ycuando reconozcan la obligación de traduccióninstitucional. Sólo las razones religiosas que pue-dan traducirse con éxito en razones secularespodrán pasar el filtro institucional y aspirar a sercoercitivas. Con esta distinción, la propuesta deHabermas permite a los ciudadanos en la esferapública informal expresar y justificar sus conviccio-nes en un lenguaje religioso si no pueden encon-trar traducciones seculares para ellas. De estamanera Habermas solventa el problema de la des-honestidad y permite a los ciudadanos religiososentender la deliberación pública como un procesocognoscitivo genuino. ¿Pero hacer esta distincióntan radical entre ciudadanos religiosos y ciudada-nos seculares no pondría en peligro los prerrequi-sitos de la deliberación pública en términos desimetría de los participantes?

Habermas responde, de acuerdo con las condi-ciones formales de todo discurso racional, que notiene ningún sentido permitir la inclusión derazones religiosas en las contribuciones a la deli-beración pública sin el requisito correlativo deexigir que los demás participantes tomen en seriotales contribuciones. Esto es posible si se puedeesperar de todos los ciudadanos que no nieguenen principio todo posible contenido cognitivo aesas contribuciones. De aquí que, sorpresivamen-te, los ciudadanos seculares tienen que cumplircon dos condiciones: 1) abrirse cognitivamente ala posible verdad de las creencias religiosas y 2)ayudar a traducir el contenido de las mismas quepueda ser expresado en un lenguaje secular y justi-ficado con argumentos seculares. Habermas esexplícito en este punto en su conversación conRatzinger: “Los ciudadanos secularizados, en tantoque actúan en su papel de ciudadanos del Estado,no pueden negar por principio a los conceptosreligiosos su potencial de verdad, ni pueden negara los conciudadanos creyentes su derecho a reali-zar aportaciones en lenguaje religioso a las discu-siones públicas. Es más, una cultura política

liberal puede incluso esperar de los ciudadanossecularizados que participen en los esfuerzos paratraducir aportaciones importantes del lenguajereligioso a un lenguaje más asequible para elpúblico en general.”21

Sin embargo, resulta que ahora a diferencia delos ciudadanos religiosos, los ciudadanos secularesson los que no pueden adoptar públicamente laperspectiva cognitiva que se corresponde con susverdaderas creencias si éstas resultan ser de tiposecular. Estaríamos tratando a los ciudadanos secu-lares no bajo un criterio normativo sino instru-mental y, por supuesto, caeríamos en el mismodilema de la sinceridad que ya hemos visto enRawls, nada más que ahora aplicado a los ciudada-nos seculares. Más aún, si después de todo esteesfuerzo no se encuentran traducciones secularespara las convicciones religiosas, pues éstas quedanexcluidas para adoptar las políticas coercitivas quevayan a adoptarse.

Todo lo anterior sin profundizar en la idea de“potencial de verdad”, o contenido cognoscitivo,de los conceptos religiosos. Pensemos un instantecuál sería el potencial de verdad de conceptos reli-giosos como la encarnación de Cristo, el pecadooriginal, la transubstanciación, la virginidad deMaría, la resurrección, el juicio final, y así por elestilo, al menos en la confesión cristiana. ¿De quérecursos epistemológicos podría echar mano elciudadano secular para traducir este lenguaje reli-gioso al público en general? Si Habermas no tieneen mente este tipo de verdades de fe en los cristia-nos al momento de ingresar a la deliberaciónpública y las descarta como no traducibles a unlenguaje secular, y por lo tanto imposible de serinstitucionalizadas, entonces el remanente suscep-tible de traducción es irrelevante. Así, por ejemplo,si un cristiano afirma que “todos somos hijos deDios” y con ello se interpreta que “todos somosiguales en dignidad”, o bien se trivializa lo que enla fe cristiana significa ser “hijo de Dios”, o bien seabusa de la analogía entre “hijos de Dios” y “dig-nidad humana”. No encuentro ninguna relaciónposible entre el concepto de “dignidad humana” yla idea de ser “hijo” de un ser divino trascendentey espiritual, con todos los atributos infinitos.Mucho menos, que por ser todos hijos de unpadre con tales cualidades, seamos humanamenteiguales.


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Pero, ¿qué significa “tomarse en serio” las razonesde los conciudadanos? Según la interpretación deHabermas, como vimos, tomar en serio las razonesreligiosas a favor de medidas políticas controverti-das requiere que no se niegue de principio la posi-ble verdad de las creencias religiosas. Sin embargo,no resulta nada obvio por qué tendría que ser estoasí. Más bien, tomarse en serio las razones religiosasexige evaluarlas seriamente en función de sus méri-tos: es estar preparados para ofrecer argumentos yevidencias en contra que muestren por qué sonequivocadas si pensamos que lo son. Como ejem-plifica Lafont: “Tomar en serio las razones religiosasen contra del matrimonio homosexual no requierede los ciudadanos seculares que se abran cognitiva-mente a la posible verdad de las creencias religiosassobre la perversidad de los homosexuales. Basta, porejemplo, con que confronten dichas razones con laobjeción de tratamiento desigual que implica negarel derecho al matrimonio a un grupo de ciudada-nos, si eso es lo que ellos creen.”22

Entendámonos bien. No se está negando el dere-cho de todo creyente a creer lo que les parezca másadecuado para organizar su plan de vida personal.Lo que se argumenta es que si son ciudadanos y,por tanto, partícipes en la deliberación pública, ytienen la pretensión de que sus convicciones sean coer-citivas, entonces deben someter los contenidos delas creencias a un escrutinio racional y razonable.La premisa que subyace en el debate es la que pres-cribe que es moralmente correcto ejercitar la coerciónsólo con base en consideraciones públicamente acepta-bles, sin violar el principio de simetría entre losparticipantes. Esta prescripción supone, en térmi-nos de Rawls, un “deber de civilidad”, es decir, laexigencia de no ofrecer ciertas verdades –conside-raciones metafísicas o religiosas– como justifica-ción del ejercicio del poder político.

En esa misma dirección se encamina la propues-ta de Dworkin. El problema hoy día, piensa esteautor, no se ciñe tanto a si el Estado debe ser tole-rante o neutral con respecto a todos los credos reli-giosos pacíficos y también hacia las personas queno profesan ninguna fe, distinguiendo claramenteentre el ámbito público y el privado. Estados Uni-dos es un buen ejemplo en donde casi 70% de losestadounidenses cree que su presidente debe seruna persona religiosa. Más bien, el problema essaber sobre qué base debe asentarse el cultivo de

nuestra tolerancia. ¿Una nación religiosa que tole-ra la falta de fe? ¿O una nación laica que tolera lareligión? Dworkin argumenta, correctamente, afavor de esta segunda opción.23 Veamos.

El modelo religioso tolerante parte de una con-cepción de la libertad religiosa que no incluye, porejemplo, el derecho a abortar, el matrimonio homo-sexual o la eutanasia activa; por el contrario, elmodelo laico tolerante, sí incluye tales derechos. Loque no parece congruente en el primer modelo esdefender la libertad religiosa extendiéndola a losateos y agnósticos y, al mismo tiempo, estrechar tallibertad limitando los derechos que pueden hacervaler estos últimos. Su concepción amplia de la tole-rancia exige una teoría más general de las libertades.¿Cuál sería la estructura de estas libertades?

Dworkin propone una formulación inicial: laslibertades son el derecho a hacer lo que usted quieracon los recursos que son legítimamente suyos. El alcan-ce de estas libertades no es ilimitado, depende deotros ideales, incluido el ideal de justicia distributi-va. Así, las libertades no resultan dañadas cuandoel gobierno decide limitar la libertad si tiene algu-na razón distributiva convincente para hacerlo. Exis-ten dos tipos de justificaciones distributivaslimitativas de la libertad: las justificaciones perso-nalmente estimativas o las justificaciones impersonal-mente estimativas. Las primeras apelan a juicios devalor sobre el tipo de vida que es bueno o malopara las personas de cuya vida se trata; mientras quelas segundas apelan a algún objeto o hecho que esintrínsecamente valioso, independientemente delvalor que posea para las personas. Las primeras nopueden servir de justificación para la coerción esta-tal, a través de la regulación jurídica, porque invo-can fundamentos personalmente estimativos, auncuando éstos pudieran ser mayoritarios. Sólo elmodelo laico tolerante estaría en condiciones deapelar a justificaciones impersonalmente estimativascomo podrían ser los mismos derechos humanos, yen último término el principio de responsabilidadpersonal, que no es sino otra forma de enunciar elprincipio de dignidad de la persona.

Un par de ejemplos del propio Dworkin nos per-mitirán evaluar el alcance de la misma. El hechode que el aborto sea un asesinato no depende de siun feto es un ser humano en algún momento pocodespués de la concepción; más bien depende de si,en esa etapa temprana el feto tiene intereses y por

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consiguiente el derecho a la protección de los mis-mos. Para Dworkin, el feto no tiene intereses pro-pios porque ninguna criatura los tiene a no ser quehaya tenido una vida psíquica capaz de generarlos.Por lo tanto, los fetos inmaduros no tienen dere-chos, ni el aborto es un asesinato. El hecho de notener una vida psíquica que posibilite la protec-ción de la misma es una razón impersonalmenteestimativa que excluye la prohibición del aborto ypermite, a su vez, la protección y expansión de ladignidad de la mujer, que sí tiene una vida psíqui-ca madura, que exige la protección coercitiva a tra-vés de la normatividad jurídica.

Asimismo, los jueces que emitieron votos parti-culares en el Tribunal Supremo de Massachussetsexpresando su disconformidad con la sentenciaque reconocía el matrimonio homosexual sugeríanque la prohibición estaría justificada porque unmatrimonio heterosexual proporciona un mejorentorno para la educación de los hijos. No hay evi-dencia significativa, y menos aún, convincente, afavor de esta opinión. Tal punto de vista refleja unjuicio basado en valores de tipo religioso, que sibien tienen un fuerte arraigo cultural, no constitu-yen una razón impersonalmente estimativa parajustificar su prohibición.

Cada una de las situaciones mencionadas al iniciode este ensayo es, a mi juicio, un claro ejemplo deimposición de razones personalmente estimativas queno tienen justificación racional alguna para unaposible implementación coercitiva. Contra las impo-siciones autoritarias y los fundamentalismos custo-diados por instituciones religiosas hay que recordarcon Lafont que en una democracia con orientacióndeliberativa, “no se puede ni se debe garantizar elderecho a inmunizar las propias creencias”.24

Conclusión

He tratado de defender y hacer explícita una líneade argumentación que justifica la existencia de unEstado laico tolerante y la necesidad de la delibera-ción pública en un régimen democrático. Ello conel fin de ofrecer una respuesta positiva a la pregun-ta de si es posible articular una noción de lo“racionalmente aceptable” que todos los ciudada-nos puedan compartir. Sin duda, esta línea deargumentación reivindica la confianza en la razóny su capacidad argumentativa, y se compromete

con la defensa coercitiva de los derechos humanosy el reconocimiento de la evidencia empírica pro-porcionada por la ciencia, proponiéndolos comolos mejores candidatos a constituirse en razonesimpersonalmente estimativas. Un Estado laico debepartir del reconocimiento de tales premisas.

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-nos, art. 130, totalmente reformado, Diario Oficial dela Federación, 28 de enero de 1992.

2 Roberto Blancarte (comp.), Laicidad y valores en unEstado democrático, El Colegio de México y Secretaríade Gobernación, México, 2000, p. 9.

3 El carácter laico del Estado mexicano se reconoce enuna ley secundaria, la Ley de Asociaciones Religiosasy Culto Público, Diario Oficial de la Federación, 15 dejulio de 1992. Al momento de escribir este ensayo, ycomo respuesta a tal reposicionamiento de la reli-gión, se encuentra en dictamen para turnarse a plenouna propuesta de reforma al art. 40 constitucionalpor la que se agrega la expresión “laica” para quedarcomo sigue: “Es voluntad del pueblo mexicano cons-tituirse en una República representativa, democráti-ca, laica, federal, compuesta de…”

4 Véase una crítica a la posición del ombudsman nacional,José Luis Soberanes, en Jorge Volpi, “Soldados de Cris-to”, Proceso, núm. 1484, 10 de abril de 2005, p. 54.

5 Véase la entrevista de Rodrigo Vera al presidente delEpiscopado mexicano, Carlos Aguiar Retes, en Proce-so, núm. 1574, 31 de diciembre de 2006, pp. 13 ss.

6 Citado por Alfonso Ruiz Miguel, “Laicidad, laicismo,relativismo y democracia”, en Rodolfo Vázquez(coord.), op. cit., p. 165, n. 7.

7 Pablo Latapí, Andante con brío, FCE, México, 2008, pp.37-38.

8 Véase Roberto Blancarte, “Iglesia, clonación y demo-cracia”, en Sexo, religión y democracia, Planeta, Méxi-co, 2008, pp. 135 ss.

9 Véase la crítica de Jesús Silva-Herzog Márquez, “Cal-derón contra el abismo ateo”, en Reforma, 29 dejunio de 2009.

10 Norberto Bobbio, “Cultura laica y laicismo”, texto enrespuesta a los intelectuales italianos que firmaronun “Manifiesto laico” contra el integrismo religioso(17 de noviembre de 1999), publicado en El Mundode España.


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11 Véase Alfonso Ruiz Miguel, “Laicidad, laicismo, rela-tivismo y democracia”, en Rodolfo Vázquez (coord),op. cit., pp. 159-160.

12 Ibid. 13 José Ramón Cossío, “Laicidad del Estado y libertad

religiosa: cómo armonizarlas”, en Letras Libres, abril2008, núm. 112, pp. 64-65. El texto reproduce elvoto concurrente formulado por el ministro CossíoDíaz en el amparo directo en revisión 502/2007,fallado por la Primera Sala de la Suprema Corte el 28de noviembre de 2007.

14 Fernando Savater, “Siempre negativa, nunca positi-va”, en El País, 16 de octubre de 2008.

15 Ibid.16 Alfonso Ruiz Miguel, op. cit., p. 192

17 Cristina Lafont, “Democracia y deliberación públi-ca”, en Rodolfo Arango (comp.), Filosofía de la demo-cracia. Fundamentos conceptuales, Siglo del HombreEditores, Bogotá, 2007, p. 130

18 John Rawls, Liberalismo político, FCE, México, 1995.19 Jürgen Habermas, Entre naturalismo y religión, Paidós,

Barcelona, 2006, especialmente cap. 5, “La religiónen la esfera pública”.

20 Jürgen Habermas/Joseph Ratzinger, Entre razón y reli-gión. Dialéctica de la secularización, Cenzontle, FCE,México, 2008,

21 Ibid., p. 33.22 Ibid., pp. 140-141.23 Ronald Dworkin, op. cit., pp. 90 ss.24 Ibid., p. 144.

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Lo más inútil, más aún, lo más nocivo es volver aluchar las guerras del pasado. La historia tuvo susproblemas, generó discordias que fueron resueltas.Los enfrentamientos del pasado fueron reales en elsentido de que existían antagonismos de carácterfundamental que tenían que ser resueltos. Y lo fue-ron. En el caso de la iglesia y el Estado en la jovenRepública mexicana su resolución fue impuesta auna iglesia derrotada que de muy mala gana tuvoque vivir con la nueva situación.

El más grave conflicto se desarrolló hace 150años. Su eco, una especie de resonancia históricaterminó hace 80 años tras la época cristera. Los doscontendientes han cambiado de naturaleza. ElEstado es democráticamente maduro –al menosdesde un punto de vista electoral. La iglesia hadejado atrás su prepotencia por decisión propia ensu proceso de adaptación a los nuevos tiempos, en

particular después de que con el Concilio VaticanoII ha reencontrado su respeto a otras opiniones ysu apertura a valores de universalidad y fraternidadque se habían visto oscurecidos. Estado e iglesiason, en la actualidad, entidades distintas de lo quefueron y las disonancias del pasado no existen. Elquerer actuar como si las dos fueran lo que fuerony ya no son acarrea, por desgracia, la posibilidadde revivir un conflicto que ya no existe.

Tenemos que dejarle su lugar a la historia. Enalgunos casos se podrán conservar vestigios mera-mente formales como una especie de manual debuenas costumbres y de respeto que no implicanrevivir el pasado. Los lores hereditarios en Inglate-rra ya no tienen poder, pero conservan respeto.Nadie puede afirmar que el gobierno alemán delpresente esté manejado por la iglesia, sea católica,sea luterana. Sin embargo el Estado paga una

Estado e iglesia en México

H E R M A N N V O N B E R T R A B Economista. Integrante del equipo mexicano que negoció el TLCAN.

Es autor de Y la religión, ¿para qué?

anualidad a cada uno de los obispados y en suproceso fiscal cobra los impuestos eclesiásticos(Kirchensteuer) a los ciudadanos que se han decla-rado libremente como miembros de una iglesia. Esdecir el Estado recibe los diezmos, pasa la charo-la… y lo reintegra a las iglesias. Es anacrónico. Essimplemente una reminiscencia de la unión queexistía en los tiempos en que había “príncipes-obispos” y obispos-electores del emperador –unaunión mucho mayor que la que jamás hubo enMéxico. No implica unión. Se trata de un Estadolaico en el que se respetan algunas tradiciones y lasiglesias se pueden expresar públicamente sobreasuntos de su interés.

Los ámbitos del Estado y la religión

A través de la historia, la relación y la interacciónentre religión y Estado han sido muy complicadas.Al principio de los tiempos toda sociedad era bási-camente teocrática, es decir, gobernada por princi-pios derivados directamente de la religión y confrecuencia hechos valer por la autoridad religiosa.Con el tiempo las sociedades, al desarrollarse, handeslindado sus funciones, se han, por así decirlo,independizado.

Las funciones y las atribuciones de Estado y de laiglesia son ambas de carácter eminentementesocial. Sin entrar en las teorías sobre el Estado, ésteno es en principio más que la sociedad misma encuanto que establece leyes y normas de carácterobligatorio y tiene la capacidad de hacerlas valer.Con ello genera las bases para la paz y la armoníasociales y las condiciones para que las personaspuedan conseguir su mayor bienestar y disfrutar dela mayor libertad sin perjudicar la libertad de losdemás. Por eso se puede decir que es “soberano”.Hay diversas teorías que explican el surgimiento yla necesidad del Estado. Para unos se trata de unaentidad que simplemente ordena y reglamenta lastendencias naturalmente socializantes del queha-cer humano. Para otros se constituye como unarespuesta a una situación de conflicto potencialinherente entre los miembros de la comunidad cu-yo estado natural es una destructiva confrontación.

Las funciones fundamentales de la iglesia hansubsistido porque el ámbito de sus responsabilida-des es requerido por una parte importante de lasociedad pues responde a los interrogantes básicos

que los hombres enfrentan sobre el sentido de suvida y sobre los principios que deben regir sucomportamiento. Si establece leyes, éstas se refie-ren a las actividades y comportamientos de susmiembros aunque tiene una capacidad de externarsus opiniones para la sociedad en su conjunto–como un “grupo de interés” de naturaleza espe-cial, o, pudiéramos decir, como una ONG de carác-ter particular.

Iglesia, por lo demás, es un término aplicablehistóricamente en la religión cristiana y se refiere ala agrupación de todos sus fieles. Con el tiempo seha utilizado con frecuencia también para designarla jerarquía que comanda esas agrupaciones.

Las funciones del Estado y de la iglesia son clara-mente distintas –una se refiere a la paz y prosperi-dad de la sociedad, la otra al interrogante sobre elsentido de la vida y el comportamiento de las per-sonas. Tienen, sin embargo una zona de roce refe-rente a la relación entre ley y moral. La ley, sudefinición, su aplicación y su sanción son atribu-ciones del Estado. La definición de la moralidad espertinente a la religión pero no es de su exclusivi-dad. El Estado, al definir y aplicar la ley, no tiene lapretensión de hacer a las personas moralmentebuenas. Pretende el orden de la sociedad.

Por otra parte la ley es –por así decirlo– negativaen tanto que la moral es de carácter positivo:implica las actitudes que subyacen a los actos. Fre-cuentemente se refieren a los mismos actos –norobar, no matar–, pero en ocasiones conciernenámbitos distintos –no codiciar las cosas ajenas, nohablar mal del prójimo, no fornicar– no sonimposiciones pertinentes al Estado. En algunoscasos la ley se puede referir a concreciones de losprincipios morales. El hablar mal del prójimo pue-de convertirse en difamación que es punible, y elfornicar puede manifestarse en adulterio, motivopara la cancelación de un contrato conyugal. Porlo demás, se refieren a universos distintos. Loinmoral no es necesariamente ilegal –por ejemplola fornicación– y lo legal puede ser consideradoinmoral –el vivir en concubinato o en pareja conotra persona del mismo sexo. Se refieren a univer-sos diferentes y el querer mezclarlos puede originarconflictos innecesarios. El objetivo de la ley no esel comportamiento moral sino la paz de la socie-dad; el objetivo de la moral es orientar el sentidodel comportamiento de las personas.


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En algún poco verosímil caso pudiera haber opo-sición clara cuando la ley obligue a realizar actosconsiderados como inmorales, por ejemplo si laley obligara al aborto. Más verosímil sería el casode una guerra considerada por algunos comoinmoral. Los reclutas deben, sin embargo, luchar ymatar. No obstante para estos casos hay, en casitodos los países, la posibilidad de declarar una“objeción de conciencia” para no verse obligados aparticipar directamente en la guerra. La ley proveeuna excepción relacionada con la moral.

Hay por ello una especie de ámbito de cohabita-ción entre iglesia y Estado si cada cual se atiene asus responsabilidades fundamentales. Más aún,puede haber un reforzamiento del papel del Esta-do de parte de una iglesia que predique la morali-dad del quehacer cívico. El civismo es, al propiotiempo, el principio de coherencia y permanenciade una sociedad sin conflictos y un principio fun-damentalmente religioso y moral de respeto alprójimo.

Los conflictos pueden provenir de que alguna delas dos entidades rebase el límite de su funciónsocial. Normalmente sucede esto por falta de com-prensión de la modificación en su papel en eltranscurso de la historia o por fijaciones mentalessobre condiciones de un pasado irrepetible. Asípor ejemplo –como ha sido el caso reciente– si elarzobispo de México declara que la ley divina essuperior a la de los hombres en la sociedad se tra-ta, al menos, de una expresión poco afortunada.Lo divino es en principio superior a lo humano.¿Qué es lo divino? Si se refiere a que toda ley divi-na –es decir de la iglesia– es superior a la ley socialse llegaría a la ridícula e insostenible afirmación deque por ejemplo la “ley” de que habrá que “comul-gar al menos una vez al año por pascua florida”tiene mayor valor que cualquier ley no emanadade la Iglesia. Si se refiere a que la “ley natural”interpretada por la iglesia es superior, podría tra-tarse de una afirmación correcta en el sentido de laobligatoriedad moral para el individuo, pero esirrelevante respecto de la ley de la sociedad. Si serefiere a que los principios morales deben ser lanorma para el establecimiento de las leyes de lasociedad, se trata de una afirmación injustificableen principio e impracticable en la realidad. Comodijimos, cuando existían los Estados papales en elcentro de Italia estaban, sin embargo, permitidos

los burdeles en la ciudad de Roma. La ley permitíalo inmoral.

Los ámbitos de acción y responsabilidad de laiglesia y el Estado son distintos. No hay razón paraun conflicto. Puede, sin embargo, provenir de ecle-siásticos que se expresan con ligereza o de políticosque con un jacobinismo trasnochado quieran revi-vir y reluchar los conflictos de la historia. Afirmarla laicidad del Estado es correcto y está claro en laley, pero tratar de imponerlo como una afirmaciónagregada a la Constitución es inútil y tiene el únicoefecto de abrir heridas cicatrizadas hace tiempo.

La religión y la sociedad

Toda religión –o al menos la mayor parte de ellaspara no entrar en discusiones irrelevantes para eltema de que se trata– se ha generado como la reli-gión de un pueblo determinado, con la salvedaddel cristianismo impregnado desde su principiopor una concepción universal –“católica” en suacepción etimológica. El escritor romano Celsuscriticaba el monoteísmo universalista del cristia-nismo porque constituía una “revolución política”en contra de la base del imperio romano basadoen la aceptación de las múltiples religiones de losdiversos pueblos que lo constituían.

El caso del islam es claro y problemático en loque concierne a las relaciones entre religión ysociedad política. El fundador del islam, Mahoma,fue simultáneamente un predicador religioso –unprofeta–, un legislador que definía las leyes de lasociedad y un guerrero que organizó la defensamilitar de la sociedad islámica y aun predicó la“guerra santa” contra los infieles. Religión y socie-dad están indisolublemente unidas desde su con-cepción inicial bajo Mahoma.

Quizá sea el islam la religión más cimentada enla sociedad. Tiene un fuerte sentido comunitario.Los propios actos de piedad son comunitarioscomo la oración cinco veces al día en la que seaprecia a centenares de hombres de rodillas incli-nados besando el suelo en dirección a la Meca. Elayuno del Ramadán es esencialmente comunitario.En el islam religión y sociedad están de tal manerafundidas que apenas puede existir una separaciónentre la “iglesia” y el Estado. La ley de la sociedaddebe ser una ley religiosa –la sharia. En ese sentidoel islam afronta graves problemas de definición

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con un Estado abierto como en la Turquía actual.En todo caso la ley y la moral no se refieren aámbitos distintos.

En cambio, en el cristianismo se trata de unaexplícita separación a partir de la enseñanza delpropio fundador, Jesucristo, cuando definió: “dadal César lo que es del César y a Dios lo que es deDios”. Lo propio aparece simbólicamente en lasllamadas “tentaciones de Cristo en el desierto”. Eldiablo le presenta inicialmente dos tentaciones, lade gula y la de presunción que Jesús vence fácil-mente. Como última y más fuerte tentación leofrece todo el poder de los reinos de la tierra si“postrándote me adorares”. Jesús responde: “Sóloadorarás a Dios y a él solo servirás” –es decir, nobuscarás el poder del mundo. Con ello queda cla-ramente establecida no sólo la diferencia entre reli-gión y Estado sino la no utilización del poder polí-tico de parte de la religión y la no sumisión de ellaante los poderes del mundo.

La confrontación en la historia

A través de la historia, sin embargo, este principiono ha servido siempre como guía. En particular ala caída del imperio romano de Occidente la igle-sia católica asumió un importante componente depoder político. Esto estuvo condicionado al estadode anarquía institucional que se dio en Europa trasel derrumbe del imperio. La iglesia poseía la únicaestructura que funcionaba en sociedades fragmen-tadas y por default comenzó a realizar funciones ymanejar un poder normalmente reservado al Esta-do. En contraposición, una vez reestablecido ciertosistema de Estado se inició un proceso de contraa-taque con el problema de las “investiduras”. Con eltiempo llegó a existir una clara confrontación entrelos dos poderes que fue de carácter estrictamentepolítico. Las ciudades y los principados tomabanparte de uno y otro lado del conflicto entre empe-rador y papa. A diferencia del caso del islam, siem-pre permaneció clara la diferencia entre ámbitosde responsabilidad. Como ejemplo claro tenemosel caso del “sacco di Roma” –la ocupación ysaqueo de Roma de parte de los ejércitos de CarlosV, el gran defensor de la unidad de la iglesia católi-ca frente a la rebelión de Lutero.

En muchas ocasiones los Estados pretendieronestablecer una organización religiosa definida en

sus términos, lo que afirmaba las bases de supoder político. Un caso claro es el imperio chinoen el que según el emperador se declarara discípu-lo de Confucio o de Buda, como sucedió en variasocasiones, hubo periodos en los que la religiónoficial obligatoria de China fueron el budismo o elconfucionismo. Algo semejante pasó en Japóndonde alternativamente la religión oficial fue elshintoismo o el budismo según el emperador y sucorte las adoptaran oficialmente. El más claroejemplo fue el del emperador Akbar de la Indiaquien bajo el pretexto de la “tolerancia” pretendióestablecer una nueva religión con elementos de lasdos grandes existentes –el hinduismo y el islam– afin de solidificar la unión de la sociedad en sus rei-nos, es decir, usándola claramente como instru-mento político.

El caso más cercano a nosotros es obviamente eldesarrollo de la relación Estado-iglesia en el impe-rio español, en particular en lo que se refiere a loque sería la República mexicana.

España fue un país particularmente unido a laiglesia. Los musulmanes habían conquistado lamayor parte de la península ibérica a partir del año711 mostrando una clara tolerancia hacia el catoli-cismo prevaleciente. Durante siete siglos, hasta1492, la “reconquista” de la mayor parte del terri-torio de la península definió su historia y su cultu-ra. Se trató de una cruzada en contra de los “mo-ros” mahometanos a los que había que expulsar deuna tierra que habían conquistado. Fue una guerranacional al propio tiempo que una guerra religiosa,lo cual definió la relación simbiótica de las dos ins-tituciones, sin embargo claramente separadas.

La cruzada misma –y el carácter de la población–imprimió un sello de particular y duro nacionalis-mo religioso. No es extraño que la Inquisiciónhaya sido establecida por un español –santoDomingo de Guzmán– y que habiendo sido acep-tada en toda la iglesia de su tiempo fuera en Espa-ña donde actuó con más dureza y fanatismo, aunante las eventuales recriminaciones de algunospapas que criticaron sus excesos.

La iglesia fue, más bien, un instrumento delEstado para su consolidación y no tanto el Estadoapoyo para la expansión de la iglesia. La expulsiónde los judíos en 1492 fue de naturaleza políticaaunque tuvo una contraparte en la legislacióneclesiástica.


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Nueva España llegó a ser la joya del imperioespañol. En cierto sentido el elemento formadordel nuevo país no fue tanto el Estado sino la iglesiaespañola. Fueron los misioneros los que se aden-traron a las regiones más recónditas y los queextendieron las fronteras culturales de lo que seríadespués México. Fueron ellos los que en sus escri-tos preservaron las tradiciones indígenas. Dadasestas condiciones y la tradición española de unaiglesia al mando del Estado no es extraña una vin-culación estrecha entre los organismos: un arzobis-po sustituyendo a un virrey.

Por lo demás, la iglesia, tanto en México comoen Europa, tuvo una función de registro civil. Lainscripción y documentación de nacimientos,matrimonios y muertes eran función de la iglesia.Al respecto es notable cómo en Alemania se des-truyeron los archivos de casi todas las parroquiasdurante la guerra de los Treinta Años y actualmen-te es prácticamente imposible rastrear las historiasfamiliares de aquella época.

Con la independencia la iglesia siguió fungiendode manera similar. Inicialmente el problemamayor se manifestó en lo que se llamó las “manosmuertas” o sea la existencia de múltiples propieda-des eclesiásticas que estaban fuera del mercado, nose podían comprar y con ello impedían el sanodesarrollo de la economía, en particular de la agri-cultura –en la actualidad un concepto semejantepodía ser aplicado a la existencia de los ejidos,auténticas “manos muertas”.

De ahí provino una dura confrontación entre unEstado joven, inmaduro y con débiles institucio-nes, y una iglesia firme y fuerte enraizada en todoel país. Fueron varias las etapas del proceso queculminaron inicialmente en la desamortización delos bienes de la iglesia, luego con la privación de laciudadanía para los sacerdotes y finalmente en laguerra cristera.

La convivencia pacífica

Durante los años siguientes persistió un cinismopúblico con la aceptación de la acción de la iglesiaaun en campos como la educación, claramenteprohibidos. La realidad no fue aceptada sino hastalas reformas del presidente Salinas en las que seotorga personalidad jurídica a las iglesias, se aceptala posibilidad de la educación religiosa en las

escuelas privadas y se conceden las responsabilida-des ciudadanas –el derecho a votar– a los minis-tros del culto.

En los últimos tiempos ha renacido la controver-sia que proviene de algunas expresiones poco cui-dadas de la jerarquía, de la supuesta influencia dela iglesia en la prohibición del aborto en algunosestados de la República y de la presencia de movi-mientos católicos de derecha que han llegado atratar de restringir la expresión pública de afectosexual en algunas ciudades. A esto se añade elhecho de que autoridades locales en lugares remo-tos impongan restricciones a las comunidades cris-tianas minoritarias no católicas y aun las obliguena participar con sus aportaciones en las fiestas delos santos patronos.

Uno puede estar de acuerdo en que los casosseñalados son al menos vituperables, pero no hayen ellos nada que ponga en entredicho la laicidaddel Estado. La función de la iglesia es el definirpara sus miembros una moral que rija su compor-tamiento. Esa moral no tiene por qué llegar aimponerse como ley ni se pretende. Si en la legisla-ción se prohibiera el “matrimonio” entre personasdel mismo sexo esto podría ser probablementeodioso pero perfectamente aceptable en un siste-ma democrático, pues no se referiría a prohibir laconvivencia de esas personas sino a sus derechosmatrimoniales como pareja.

Casos como la imposición de fiestas patronalesa miembros de otras religiones son simplementeel resultado de los “usos y costumbres” de comu-nidades cerradas y el proponerlos como problemade la no laicidad del Estado es al menos pocohonrado.

Por lo demás, la iglesia católica en la actualidad–como reflejo de las condiciones de la vida moder-na y de su propia evolución– abriga en su senomuchas opiniones respecto de asuntos de compor-tamiento social. Respecto del aborto hay muchosque aun afirmando su inmoralidad proponen elno criminalizarlo. El considerar algo como inmo-ral no implica el convertirlo legalmente en delito;el proponer un acto como moral no implica el tra-tar de imponerlo en la ley.

Más aún, existe la sospecha de que quienes tra-tan de “defender el Estado laico” lo que estánhaciendo es más bien defender la imposición deuna moral específica. Algunos grupos gay que pro-

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ponen que la iglesia no intente imponer su morali-dad a la sociedad y por ello afirman que el Estadodebe ser laico, están finalmente tratando de impo-ner a la sociedad su propia moral.

El Estado debe ser laico. Después de las confron-taciones históricas lo hemos recibido como valiosaherencia. El reafirmarlo en la Constitución nodaña. Sin embargo es inútil y el proponerlo impli-ca una falta de comprensión de la función de laiglesia y corre el riesgo de ser una velada posturajacobina que conserva aún odios que quisieramanejar con finalidades políticas.

Se trata de confrontaciones sin sentido enraiza-das en una interpretación de condiciones históri-

cas que ya no existen. Cada una de las dos institu-ciones ciñéndose a su naturaleza no tiene por quégenerar antagonismos inútiles y finalmente dañi-nos para toda la sociedad. Más aún, sin que lleguea convertirse en una alianza, hay muchos aspectosen los que una cohabitación respetuosa sería muyprovechosa para la sociedad. La iglesia puede apo-yar los fundamentos de la paz y la comprensiónsociales promoviendo los principales valores queforman parte de su mensaje y son tan necesariospara el México de hoy: el respeto al prójimo, la res-ponsabilidad de las propias acciones y la civilidaden el intercambio social.


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En medio de las turbulencias que actualmente nosinquietan apareció hace pocas semanas un desple-gado firmado por un numeroso grupo de defenso-res de la República liberal lanzando un urgentellamado a promover la inser-ción de la palabra “laica” enel artículo 40 de nuestra CartaMagna en que se definen lasnotas distintivas de los Esta-dos Unidos Mexicanos.

“Durante 2009, reza lapublicación, se ajustan 150años de la promulgación delas Leyes de Reforma, genuinaconsumación de la indepen-dencia nacional y acta denacimiento del Estado moderno mexicano.” Porello “…resulta necesario revalorar y dar vigenciaplena al Estad laico… ya que el laicismo es la doc-trina que define y defiende la libertad del hombrey de la sociedad… El Estado democrático existe yactúa al margen de toda influencia eclesiástica oreligiosa… El Estado laico garantiza las libertades

ciudadanas…. la sociedad democrática del siglo XXI

es y debe ser laica.” Finalmente, “La democracia oes laica o no es democracia.”

El planteamiento surtió efecto. Se suspendió elajetreado ritmo de los trabajosde la Cámara de Diputadospara dejar a un lado cuestio-nes de tan menor urgenciacomo las reformas política,educativa, fiscal o laboral, lis-tadas en la larga agenda dependientes, para concentrartoda la atención parlamenta-ria en despachar, con singularrapidez, el inaplazable trámitede añadir una modificación

más, la enésima, en este caso para añadir esa sim-ple palabra a nuestra tasajeada Constitución paraasí completar la Reforma iniciada hace casi 150años pero dejada intolerablemente trunca.

La opinión pública, minuciosamente atenta al tra-bajo de sus esforzados representantes par-lamentarios, de los que espera leyes que pongan un

Nuestra renovada república laicaJ U L I O F A E S L E R Fundador del Consejo para la Democracia. Ex embajador de México en India.

poco de orden en la desorientación que vive lapatria, quedó muy agradecida por la increíble celeri-dad con que, en un solo día, sí, uno solo, ese 10 defebrero, el pleno de la Cámara aprobó la indispen-sable enmienda constitucional con 363 votos, úni-camente uno en contra y 8 discretas abstenciones. Elobjeto de tan importante adición fue “evitar que losvalores o intereses religiosos se erijan en parámetrospara medir la legitimidad o justicia de las normas oactos de los poderes públicos (mexicanos)”.

De ahora en adelante, los mexicanos viviremosprotegidos de los abusos políticos del clero, en unrégimen republicano, federal, democrático y… lai-co. Nuestro ingenuo pueblo quedó blindado con-tra los asedios de las jerarquías religiosas y de lasasechanzas de arcaicos fanatismos.

El ahora diputado Juventino Castro y Castro(PRD), ex ministro de la Suprema Corte, explicó lainiciativa que, ya aprobada en la comisión parla-mentaria a su cargo, llegaba al pleno. La adición dela palabra “laico” era necesaria para dejar fuera detoda duda que al Estado no compete imponer a laciudadanía creencia o concepto filosófico algunoviolando el derecho del que todo ciudadano gozade abrazar el credo religioso o adherirse a lacorriente filosófica de su elección. El artículo 24dice: “Todo hombre es libre para profesar la creen-cia religiosa que más le agrade y para practicar lasceremonias, devociones o actos del culto respec-tivo, en los templos o en su domicilio particular,siempre que no constituyan un delito o falta pena-dos por la ley.” Una creencia religiosa, por mayo-ritaria que sea, en una comunidad no tiene porqué ser impuesta al país por ley. De hecho, segúnlas más recientes encuestas, los católicos con-forman alrededor del 85% de nuestra población.

Desde hace tiempo nuestra Constitución con-cuerda con la Declaración Universal de los Dere-chos del Hombre que señala: “Toda persona tienederecho a la libertad de pensamiento, conciencia yde religión; este derecho incluye el de cambiar dereligión o de creencia así como la libertad demanifestar su creencia o religión individual ocolectivamente, tanto en público como en privado,por la enseñanza, práctica, culto y la observancia.”

Si lo religioso ha de constreñirse sólo a la vidapersonal, el Estado garante de las garantías indivi-duales, debe velar por la igualdad de trato a cual-quier creencia religiosa que se dé en la comunidad.

El problema está en que las creencias religiosas nose ciñen al ámbito individual.

La separación de la iglesia y del Estado no se harespetado, denunció ese día el diputado CésarAugusto Santiago (PRI), refiriéndose a que las acti-vidades religiosas están pretendiendo participar enel debate político. Había que impedir que por lavía estatal la iglesia imponga su credo. El diputadoJaime Cárdenas (PT) añadió que “la iglesia militan-te promueve reformas y leyes en varios estados y seopone a otras.”

Hay que hacer notar, sin embargo, que la sepa-ración de iglesia y Estado firmemente aceptada enMéxico, no exenta a éste último de respetar valoresmorales, ni a aquélla de sus obligaciones cívicas.Aunque la autoridad civil se deslinda, correcta-mente, de definir lo que es ético o moral, la Cons-titución sí nos remite a estos conceptos. Así, elartículo 6 dice que “la manifestación de las ideasno será objeto de ninguna inquisición salvo encasos de ataques a la moral”. El artículo 7 señalaque “la libertad de imprenta… no tiene más lími-tes que el respeto a la vida privada, a la moral y ala paz”, y el artículo 34 fija que un “modo honestode vivir” es requisito para ser ciudadano mexicano.

La ética y la moralidad en el comportamientopersonal o público es, pues, exigencia inserta ennuestra ley fundamental. Igual sucede en Chiledonde se instituye el “ejercicio libre de todas lascreencias religiosas que no se opongan a la moral,buenas costumbres o al orden público…”

El concepto de “libertad de conciencia” es unelemento central reconocido en toda sociedadoccidental moderna y madura que debe ser entodo momento defendido por la autoridad y lospoderes civiles. La profesión de fe laica impide queéstos pretendan “imponer” al ciudadano concep-ciones ideológicas o religiosas, ni mucho menosque éste sea sancionado por no aceptarlas.

Es aquí donde la redacción de nuestro artículo 3genera problemas al ir más allá de lo que requierela neutralidad del Estado mexicano. El texto queproviene de los reformadores de 1857, los mismosque desamortizaron, junto con los bienes eclesiás-ticos, las tierras comunales de los indígenas dejan-do a la población rural en total abandono, diceque “garantizada en el artículo 24 la libertad decreencias, la educación que imparta el Estado serálaica… ajena a cualquiera doctrina religiosa”.

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La mencionada admonición, embozada bajouna garantía constitucional, agrede un derecho in-dividual e impide que haya clases de religión si lospadres de familia lo desean. En España tambiénrige el principio de separación iglesia-Estado y nose imparten clases de religión en las escuelas públi-cas salvo cuando, a costa suya, lo dispongan lospadres de familia. En los planteles privados subsi-diados por el gobierno sí las habrá, sin costo adi-cional, cuando los padres o los alumnos lo pidan.

Una cuestión vinculada a la libertad de concienciaque consagra el artículo 24 es la de expresión.

Conforme al artículo 6, compete al Estado garan-tizar el derecho y libertad que cualquier ciudadanotiene de externar sus ideas sobre cualquier asunto.El principio laico no puede negarle a ningún ciu-dadano su derecho a expresar sus convicciones aúnsiendo clérigo. Pero no hay que olvidar que losministros y jerarcas de cualquiera iglesia o religióntienen el deber, en cumplimiento de su misión, demanifestarse en materia de ética y moral, de cos-tumbres y asuntos de carácter social.

Se tipificaría como discriminación por motivosreligiosos el que los obispos no tuviesen la libertadde expresar la doctrina de la iglesia sobre cualquiertema, incluso los de acuciante actualidad en eldebate público como, por ejemplo, matrimoniosentre homosexuales, el aborto o la eutanasia. Elque los ciudadanos tengan el derecho de infor-marse de cualquiera fuente salvo la de su religiónen asuntos de importancia social, es contrario alesquema más elemental de democracia.

El artículo 747 del Código Canónico dice: “Laiglesia tiene el derecho y deber originario, in-dependientemente de cualquier poder humano, depredicar el Evangelio a todas las gentes utilizandoincluso sus propios medios de comunicación.” Elmismo artículo continúa: “Compete siempre a laiglesia proclamar en todo lugar los principiosmorales, incluso los referentes al orden social asícomo dar su opinión sobre cualesquiera asuntoshumanos, en la medida en que lo exijan los dere-chos fundamentales de la persona, o la salvaciónde las almas.”

Las encíclicas papales, por ejemplo, suelen expre-sar la doctrina social de la iglesia, magisterio queella ha ejercido con frecuentes repercusiones políti-cas. Así, el Vaticano denunció la persecución reli-giosa callista, el nazismo hitleriano, el comunismo

marxista y ahora el capitalismo deshumanizado yel consumismo desenfrenado.

Ninguna iglesia puede abstenerse de definir oenseñar lo que son, según su doctrina, las normaséticas de conducta privada o social, incluyendo lasque ciñen a la autoridad civil. La historia universalestá llena de líderes religiosos que han cumplidocon su obligación de predicar o denunciar lasfallas y faltas de los gobernantes, lo que les ha cos-tado la vida o la libertad. Hoy, por ejemplo, la per-secución oficial es frecuente y cruenta realidad enciertos países de Asia y África.

Las posiciones de líderes religiosos que definenlos linderos de ética social serán aplaudidas o con-denadas. El arzobispo de Chihuahua que en 1986se opuso valientemente al fraude electoral en suestado y el obispo de San Cristóbal que en losaños noventa protegió a rebeldes chiapanecos, mo-tivaron controversia. Hoy los jerarcas eclesiásticossiguen definiendo difíciles dilemas sociales, peronadie duda de sus propósitos pastorales.

Es previsible que los partidos que hallan en lospronunciamientos eclesiásticos respaldo para susintereses, festejen su sensatez mientras que cuandolos jerarcas censuran, brota al instante la denunciade inaceptable intromisión.

Otro asunto es el del clero y su acción en políti-ca. Hay repetidas advertencias prohibiendo a lossacerdotes inmiscuirse en la acción política diaria.La iglesia católica establece los límites de estaacción no sólo en esta materia, sino también en lade negocios, sindicales y varias otras. Este “laicis-mo” está además contemplado en el Código Canó-nico vigente en sus artículos 285.3 y 287.2, quedejan clara la prohibición al clero de aceptar car-gos públicos que conlleven potestad civil o partici-par activamente en partidos políticos.

Vienen a la memoria los casos de los hermanosCardenal y del sacerdote católico Miguel D’EscotoBrockmann quienes fungieron como ministros delgobierno sandinista, o del obispo Fernando Lugo,ahora presidente de Paraguay, o el padre Jean Ber-trand Aristide de Haití, o el obispo Carlos FelipeXimenes Belo, de Timor Oriental, entre muchosmás casos que tuvieron que abandonar su ministe-rio sacerdotal para dedicarse a ser líderes políticosde sus pueblos.

La relación entre la iglesia y el Estado ha evolu-cionado mucho desde su primer capítulo en el año


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315 con el Edicto de Milán. Las oscilaciones en losequilibrios de supremacía entre los poderes terre-nales y espirituales atravesaron la reforma protes-tante, la Primera Declaración de los DerechosHumanos en la Revolución francesa, el nacimientode la laicidad como un principio de gobierno, loschoques en nuestro país del siglo XIX y la guerracristera del siglo XX. Las intolerancias han sidointensamente dolorosas y han costado mucho. En1992 Carlos Salinas promovió reformas que abrie-ron el camino para que México reanudara relacio-nes diplomáticas con el Vaticano y se regularizarael estatus de las iglesias y de las asociaciones reli-giosas. Se mantiene la escuela laica y la prohi-bición para el clero de participar en actividadespolíticas u ocupar puestos de elección popular.

El Concilio Vaticano II se acercó a la aceptaciónde este laicismo, que confirma la sentencia deJesús en Mateo, 22, 21: “Dad a Dios lo que es deDios y al César lo que es del César.” Hoy, la iglesiaes la primera en declarar que la separación es lomás conveniente y sano y que su ánimo es de coo-peración. Esto quedó claro en las declaraciones deBenedicto XVI, el 15 de diciembre de 2008, en suvisita a la embajada de Italia ante la Santa Sede,para recordar el Tratado de Letrán de 1929, y don-de expresó: “Reclamando el valor que tienen losprincipios éticos no sólo para la vida privada sinofundamental para la vida pública, la iglesia contri-buye a garantizar y promover la dignidad de la per-sona y el bien común de la sociedad… en estesentido, se realiza verdaderamente la deseada cola-boración entre iglesia y Estado.”

El concepto moderno es, por lo tanto, de coope-ración entre el Estado y la iglesia a través de con-

cordatos o acuerdos con algunos países procuran-do mantener su libertad para expresar el Evangeliosin incurrir en compromisos puramente políticopartidistas.

Dato interesante es el acreditamiento ante la SantaSede de 174 países además de su calidad de obser-vador en la Asamblea General de Naciones Unidas yante varias organizaciones multinacionales.

Pero decir que “la democracia tiene que ser laicao no es democracia” es un equívoco fundamenta-lista de los que promovieron la modificación cons-titucional para acallar censuras eclesiásticas, aveces lamentablemente necesarias en nuestros días.Pretender amordazar al clero es un propósito taninútil como desatender sus reflexiones sobre asun-tos sociales o políticos.

La inserción de la palabra “laica” a la Constitu-ción fue el gran lance para actualizar al siglo XXI lasReformas del XIX. Los que aprobaron la enmiendase distanciaron de los aspirantes a la presidenciaen 2012 que se ufanan en lucir sus acercamientoscon la iglesia como lo hizo cierto precandidatopriista que desplegó una llamativa publicidad tele-visiva con motivo de su reciente visita al papa en elVaticano rodeado de los obispos de su estado aquien generosamente invitó a acompañarlo.

Afirmar que con una simple palabra se eliminala influencia de la iglesia en la sociedad mexicanaes una afirmación ociosa. En realidad, en el centrodel asunto está la arraigada aversión de la posiciónliberal a toda autoridad eclesiástica que frecuente-mente se atreve a rozar el hermético coto de lapolítica. La obsecuente acción de la Cámara deDiputados, empero, llovió sobre mojado. Veremosqué decide hacer el Senado.

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laicidad de la pluralidad e inclusión...

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