DIRECTOR: BENEDICTO JIMÉNEZ “EL SHERIFF” denuncias@juezjusto.com A Ñ O 2 N º 3 6 DEL 24 AL 30 DE mARzO DE 2014

Semanario que lucha contra la injusticia, la corrupción y el abuso de poderS/.1.00

LÁGRIMAS DE ESCLAVITUD Trabajó 36 años como empleada sin recibir un sueldo digno y ahora la quieren echar a la calle.

DESPLUMÓ A LOS MAESTROS Expartidaria aprista Juana Ucañán se apropió del dinero de sus colegas.

EN BUSCA DE LA IGUALDADDentistas y obstetras exigen que la ministra midori de Hábich homologue los sueldos de todos los profesionales de la salud.

¿HASTA CUÁNDO, DRA. MILLONES?

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Un periodista pucallpino recogió picantes testimonios de tres reclusos que afirman haber sido conminados para pagar un soborno a cambio de que el actual vocal de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, Dr. René Martínez Castro, los favoreciera con sus sentencias. ¿Será esa la

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razón por la que el magistrado puede darse el lujo de adquirir un valioso inmueble en La Molina cuando su sueldo no da para eso? El vocal ya ha sido denunciado por los delitos de tráfico de influencias y asociación ilícita para delinquir.

¿EL ORIGEN DE SU FORTUNA?

LIMA, del24 al30 de marzo de 2014LIMA, del24 al 30 de marzo de 2014

2 3ActualidadEditorial

•Algunos empresarios representantes de marcas famosas parecen haberse contagia-do de los piratas que reproducen sus pren-das. O sencillamente se han rendido ante la pasividad de las autoridades encargadas de combatir ese flagelo.Sorprendentemente, algunas exclusivas casas de fabricación de ropa realizan rema-tes cada cierto tiempo que dejan con la boca abierta a los compradores: 50, 60 y hasta 70% de rebaja hacen que cualquier hijo de vecino pueda lucir un polo o un pantalón con el distintivo de algún jugador. No se trata de marketing de venta, ni cambio de estación. Sucede que estos piratas disimula-

dos mezclan prendas originales con las que fabrican para ellos unos confeccio-nistas al margen de la ley. En otros casos, lo que hacen es reeti-quetar prendas confeccionadas en la China haciéndolas pasar por auténti-cas. Hasta se ha dado el caso que ropa incautada por la policía en batidas contra la piratería han terminado en tiendas de las marcas falsificadas: el Jockey Plaza o el Centro Comercial de Chacarilla.Estaremos atentos a estos tramposos para denunciarlos y así evitar que sigan engañando a los consumidores.

E l ministro del Interior, Walter Albán, ha expresado a los medios que para luchar contra la incompetencia, ineficacia, ineptitud e inmorali-dad de gran parte de la Policía Nacional es necesario realizar una gran “limpieza” o, lo que es lo mismo, una “gran

fumigación” para retirar a los malos elementos po-liciales que desprestigian la imagen institucional.

Para conseguirlo, Albán necesita que le den luz verde o consenso político para iniciar este proceso de depuración en la PNP a fin de expectorar a los efectivos indeseables y quedarse solo con los ne-cesarios o indispensables.

Planteada así la tesis y el único camino para lograr la reforma policial, el ministro va a dedicar todas sus energías para concretar esa “brillante” iniciativa ante el Acuerdo Nacional y el Congreso de la República a fin de lograr el consenso político por-que, según él, se requiere ir más allá de las simples invitaciones al retiro o separar de la institución al personal a través de las invitaciones anuales. Al-bán quiere ir más allá, quiere llevar a cabo una gran poda, así la PNP se quede con 10 mil policías de los 120 mil que son ahora.

Al parecer el titular del Interior ha llegado a dicha cartera con una consigna: desaparecer a los pocos policías inteligentes que quedan. Lo que no se sabe es a qué obedece esta medida, qué piensan los generales de la policía –si es que todavía les queda algunas células cerebrales activas y no adormecidas –, qué tiene que ver esta medida con la tan promovida reforma policial, qué piensan o que proponen las decenas de oficiales superiores que están en los órganos de asesoramiento y estado mayor, así como los coroneles que estudian en el Ins-tituto de Altos Estudios Policiales (INAEP). ¿Les habrá pedido el ministro Albán algunas sugerencias a todos ellos?

La verdad no comprendo cómo es que algunos generales, de los rescatables que aún existen, no opinen sobre este tema tan sensible y que genera tanta in-certidumbre en la PNP y esperan ser invitados para recién hacer conocer sus voces de protesta. ¿Es que acaso no pueden decirle al ministro Walter Albán que el problema de la corrupción en el país no es solo policial, sino es algo generali-zado, sistémico, que está enquistado en la mayoría de las instituciones del país?

No se sabe si esta medida es una cuestión personal -odio o venganza con-tra la policía– o si realmente obedece a una verdadera reforma policial que si-gue los lineamientos del Gobierno trazados por el presidente de la República. El último 28 de julio Ollanta Humala abordó el tema de la seguridad ciudadana tan solo cinco minutos y se refirió al impulso de la reforma policial, al Plan de Seguridad Ciudadana 2013-2018 que se tomaría como eje para impulsar esa reforma inyectando una partida de 250 millones para gobiernos locales y re-gionales (único anuncio) a fin de que concursen en proyectos sobre seguridad ciudadana, recuperación de espacios públicos, lucha contra la corrupción po-licial, unidades de élite contra el crimen organizado, centro de comando y uso de tecnologías. Además, prometió la compra de 2 mil patrulleros y 2 mil motos patrulleras y la construcción de 8 penales y la remodelación de 11 cárceles en el interior del país.

Lo que percibo es que Albán ha perdido la visión estratégica del problema que empezó cuando a unos días de que el presidente Ollanta Humala respon-sabilizara a la “corrupción policial” por el irregular resguardo en la vivienda de Óscar López Paredes, adelantó que una de las prioridades de su gestión sería la de “echar” a policías “que no son confiables”. ¿Qué culpa tienen todos los policías del affaire López meneses cuando sabemos que si hubo una orden para otorgarle resguardo policial, esta vino de las esferas más altas del Gobier-no? La policía solo cumple órdenes, sin dudas ni murmuraciones.

Las directrices para mejorar el tema de seguridad ciudadana están dadas, pero Walter Albán prefiere llevar a cabo una gran poda en la PNP, como si todo el problema de la inseguridad ciudadana se limitara en desprenderse de miles de policías que considera corruptos y no llevar a cabo realmente una gran re-

forma policial que tiene muchas aristas. Lo único que se le pide al jefe de ese portafolio,

si es que logra su obsesiva poda policial, es que se respete a los efectivos en su dignidad, el debido proceso y se respete sus derechos, porque tam-bién son ciudadanos que gozan de la protección constitucional. Además, no todos los policías son corruptos ni incapaces ni indisciplinados. Existe de todo como en todas las instituciones públicas del Estado.

El exministro del Interior, Remigio Hernani me-loni, ha dicho que “los policías también tienen de-rechos humanos y que, si bien es fundamental combatir el flagelo de la corrupción, no puede ha-ber lugar para abusos, atropellos, ni vendettas po-líticas”.

Todos los expolicías de corazón exigimos al Go-bierno un poco de respeto para los integrantes de esa institución, con la autori-dad que nos da el hecho de que fueron policías los que iniciaron la pacificación nacional cuando el 12 de setiembre de 1992 capturaron al líder de Sendero Lu-minoso, Abimael Guzmán.

Finalmente, debe tomarse en cuenta que los procedimientos para dar de baja o retirar a cualquier trabajador del Estado debe hacerse respetando el principio de equidad y dignidad, porque las bajas en estas condiciones no sólo lesiona al policía en su estabilidad laboral, sino también constituye un agravio a su moral y dignidad.

Entonces, si se da esta gran poda o fumigación, se espera que ese sea tan solo el primer paso para que suceda lo mismo en otras entidades del Estado como el Poder Judicial, la Fiscalía, el INPE, las Fuerzas Armadas, entre otras, porque existen muchas instituciones que se caen a pedazos por la corrupción. Ya basta de solo poner la mirada en la policía cuando de corrupción se trata, pues muchos de sus integrantes sí se fajan en la lucha contra el crimen organi-zado y el terrorismo.

EL GRAN FUMIGADOR DE LA PNP

BENEDICTO JIméNEz

DIRECTOR: BENEDICTO JIMéNEz • JEFE UNIDaD DE INvESTIgaCIóN: martha Silva Cárdenas • REDaCCIóN: Willy Retis, Emilio Gonzáles Q. , Jorge Gallegos, Jorge Jiménez • DISEñO, EDICIóN, PRE PRENSa: Elar Vega (Estudio Gráfico MACPRENS: www.facebook.com/macprens) • DISTRIBUCIóN: Carlos Jara • Editado por JUEz JUSTO TV SAC • Av. Guardia Civil 835 San Isidro. Teléfono: 775-2585 • Impreso en DGRáFICOS SAC. / Jr. Francia 942-A La Victoria • Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2013-13439

Año 2 Nº 36, del 24 al 30 de marzo de 2014

› PIRATERÍA OFICIAL

› FAVORITISMO BANCARIO

El ministro del Interior, Walter Albán, intenta ser recordado con ese título porque alista una gran poda, tal vez más grande y significativa que las

anteriores.

• Las asociaciones de policías han piteado como tren de sierra en contra del Decreto Supremo 010-2014-MEF, que no permite depositar en las mutuales y cooperativas de dicha institución los recursos que les descuentan por diversos conceptos rela-cionados a sus beneficios. Según ellos, el ministro de Economía y Finanzas, Luis Mi-guel Castilla Rubio, ha dispuesto mediante ese decreto que solo los bancos privados puedan captar ese dinero, obviamente favoreciéndolos con el ingreso a sus arcas de esos recursos. Pero los policías no contentos con reclamar ante su propia institución, han presentado una acción de amparo con el fin de que se declare inconstitucional ese Decreto Su-premo y que los 260 millones de soles que por concepto de beneficios se les descuenta no vayan a parar a manos de la banca pri-

vada, sino que se respete lo que establece la última Ley de Presupuesto.Estos banqueros deben adoptar lo dicho por el expresidente Alan García: “La plata llega sola”.

• El fiscal Fredy Eloy Vizcarra Villegas ha sido denunciado por Benedicto Jiménez Bacca ante la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima, que ha dis-puesto abrirle investigación preliminar otorgándole cinco días para su descargo y ello debido a que el mencionado fiscal, aprovechándose de su cargo emitió dos resoluciones mediante los que dispuso se investigue preliminarmente a nuestro director por el delito de defraudación tributaria vinculada al Lavado de Activos en presunto agravio del Estado.Todo ello sin que exista un solo indicio que apunte

al delito fuente, entre otras resoluciones igual de prevaricadoras, pues al parecer el fiscal sólo pretende quedar bien con el congresista autor de la denuncia sin fun-damento, nada menos que don ‘Pinocho’, perdón ‘Vitocho’ (Víctor Andrés García Belaunde) quien pretende a como dé lugar convencer al mundo entero de que existe una organización criminal tan grande que abarca a casi todo el país, incluidas todas

las instituciones públicas. Si el parlamentario usara su frondosa imaginación para proponer proyectos de ley que redunden en un beneficio para la socie-dad, otro sería el cantar.

Walter Albán, titular del Ministerio del Interior.

› MI FAMILIA ES PRIMERO•Ya es un hecho consumado que el rector de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV), Luis Cervantes Liñán, se llevaba en camión la plata de esa casa de estudios. Ganaba, según datos ciertos, más de dos mi-llones mensuales. Además, su esposa, hija e hijo político tampoco se quedaban atrás con sus emolumentos. No obstante, Cervantes no era tan generoso

con sus colaboradores. Por ejemplo, encon-tramos en el diario oficial El Peruano, corres-pondiente al 5 de marzo de este año, que la actual jefa de la OCMA, la Dra. Ana María Aranda Rodríguez, que es profesora de la UIGV, sólo declara su modesto sueldo del Poder Judicial que asciende a 23 mil 217.20 soles. En el rubro sector privado declara no recibir suma alguna. ¿Raro, no?

Dra. Ana María Aranda Rodríguez y su declaración jurada.

Titular del MEF, Luis Castilla Rubio, y un evidente guiño a la banca privada.

Fiscal Fredy Eloy Vizcarra Villegas.

› INVESTIGACIÓN PRELIMINAR CONTRA FISCAL VIzCARRA VILLEGAS

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54 Atropellos Atropellos

una silla de ruedas desde hace tiempo.Según nos contó su esposa Marcela Grán-

dez Cárdenas, cuando la policía irrumpió su vivienda obligaron a su cónyuge a que se pare y camine pues decían que se esta-ba haciendo en inválido. Cuando se dieron cuenta de que no era así, optaron por subirlo a la tolva de una camioneta con todo y silla de ruedas.

Otro de los detenidos fue el exburgo-maestre de Monzón, Iburcio Morales Bal-tazar. El alcalde también dormía cuando fue sacado en vilo con lo que tenía pues-to. Morales Baltazar murió en octubre de 2012, en el Hospital Hipólito Unanue pro-ducto de una cirrosis en fase terminal que lo aquejaba.

Iburcio Morales había sido evacuado al

hospital desde el penal Castro Castro, donde permanecía recluido cerca de dos años bajo los cargos de narcotráfico y supuesta cola-boración con el terrorismo. Según el certi-ficado de necropsia emitido por el Instituto de Medicina Legal, las causas de la muerte fueron un “edema cerebral severo y con-gestión multivisceral, falla multiorgánica y cirrosis hepática”.

Todas las detenciones producidas en el denominado “Operativo Eclipse” dejaron una secuela de pánico y dolor en los familia-res de los afectados, pues las escenas vividas fueron comparadas con las que se experi-mentó durante la década del terrorismo. El Estado peruano tiene una deuda con los inocentes detenidos injustamente, que tarde o temprano tendrá que pagar. w

Las secuelas del “Operativo Eclipse”

La procuradora y la camioneta

En el instante de ese operativo, va-rios ciudadanos fueron sorprendi-dos cuando descansaban plácida-mente en sus hogares, derribaron

sus puertas y fueron sacados con violencia con lo que tenían encima, sin que ninguno de ellos comprendiera bien lo que estaba pa-sando. Peor todavía, 42 de ellos fueron, sin explicación alguna, trasladados a la capital acusados de colaborar con el narcotráfico y el terrorismo.

En el “Operativo Eclipse” fueron deteni-dos alrededor de 150 personas. Para demos-trar los excesos cometidos y la violación de los derechos humanos en esa intervención policial, basta con dar a conocer lo sucedido con el agricultor Onores Maldonado Vargas quien sufre de paraplejia y se encuentra en

• Los familiares y habitantes de las ciudades de aucayacu, Monzón y Tingo María, en la región Huánuco, han denunciado al expresidente alan garcía, al exministro del Interior Miguel Hidalgo y al entonces director de la policía Carlos Morán, por el famoso “Operativo Eclipse” (noviembre 2010), pues afirman que en esa diligencia policial se cometieron una serie de abusos y tropelías contra varios pobladores de esas zonas.

• Carlos Francisco vásquez Jurado, un empresario que se dedicaba con mucho éxito en la zona a la comercialización de gaseosas, todavía purga prisión luego de haber sido apresado en el llamado “Operativo Eclipse” realizado el 26 de noviembre de 2010. Esto a pesar de las pruebas que ha podido presentar en el proceso para demostrar su inocencia. a él se le acusa de ser colaborador de narcotraficantes y terroristas en el Huallaga.

Su abogada, N i k i t i n a Hidalgo Ro-bles, confía

en que el nuevo juez que revisará el caso de su defendido, el Dr. Marco Aurelio Tejada, “un magistrado más

experimentado en el derecho penal”, tome la decisión de resolver el pedido de comparecencia solicitado y se lo conceda. Asimismo, la letrada comenta ampliamente cómo fue que la camioneta incautada a su patro-cinado terminó en manos de la procuradora Julia Príncipe y de cómo esta funcionaria hizo de todo para no soltarla pese a que ya había un mandato expreso de que lo haga por el mal uso que estaba dándole a ese bien incautado. ¿En qué circunstancias fue detenido el señor Carlos Vásquez?Fue arrestado en el denominado “Operativo Eclipse” (2010) durante el gobierno del expresi-dente Alan García. Allí se detuvieron a alrededor de 150 personas, dentro de las que hubo un sin-número de ciudadanos inocentes como el caso de mi patrocinado. Después de eso, mediante la resolución MLDD 295-2010 de fecha 15 de no-viembre de ese año, la jueza del Primer Juzgado Penal Supraprovincial, Dra. María León Yarango decidió declarar procedente la medida limitativa de detención preliminar hasta por quince días contra mi defendido y todos los demás detenidos.¿Quiénes ejecutaron esta medida de detención preliminar y qué otras medidas adicionales se dictaron?El fiscal Cristian Genaro Alfaro Cáceres y otros 60 miembros de la PNP ejecutaron esa medida limitativa de detención preliminar. Pero eso no es todo, pues el referido fiscal además de detener a mi patrocinado, con abuso de poder y desco-

nocimiento del Decreto Legislativo 299 dispuso llevarse la camioneta de placa A4G.273 a pesar de que en la tarjeta de propiedad aparecía como propietario el Banco Continental, y pese a que en las pruebas de campo no se encontró ninguna prueba del delito de Tráfico Ilícito de Drogas ni indicio alguno del delito de colaboración con el terrorismo.¿Qué ocurrió después?Después de la medida de detención preliminar el juez Manuel Loyola Florián, del 3er Juzgado Penal Nacional, dispuso el Auto de Procesamien-to (12-12-2010) contra mi cliente por la presunta comisión de esos delitos. El problema es que el magistrado abrió proceso sin pruebas que acrediten el hecho criminal atribuido contra Vás-quez Jurado.El abuso queda acreditado cuando dispone en una resolución posterior al auto de procesamiento que la camioneta incautada A4G-273 quede bajo la responsabilidad de la Fiscalía Supraprovincial. Después de tres años, el fiscal de la 4ta fiscalía Supraprovincial no sabía dónde estaba la camioneta.¿Cuál es la verdadera historia de la camioneta incautada a su defendido?La camioneta había sido adquirida a través del Banco Continental mediante contrato de Leasing por la señora María Ramón, en junio del 2010, pero recién el banco se lo entregó en setiembre de ese año. Cuando sucedió el operativo, en no-viembre, la camioneta solo había estado dos meses en poder de María Ramón y uno en manos de Carlos Vásquez, quien utilizada ese vehículo para distribuir bebidas gaseosas. Cuando la policía irrumpe contra el domicilio de mi cliente, la camioneta estaba en la cochera. Bastaba con que el fiscal Alfaro Cáceres y los 60 policías que participaron en esa incautación revisaran la tarjeta de propiedad para comprobar que el vehículo no era de propiedad de mi patro-cinado y, por lo tanto, jamás debió ser incautada.¿Cómo termina entonces esa camioneta en poder de la procuradora Julia Príncipe?Una vez que la camioneta fue incautada, la Comi-sión Nacional de Bienes Incautados (CONABI) o la Oficina Ejecutiva de Control de Drogas (OFE-COD), no lo tengo muy claro, entregó el vehícu-lo a la procuradora de lavados de activos Julia Príncipe Trujillo.¿Pero qué tenía que ver Príncipe con este caso?Es lo que todos nos preguntamos. Todo es muy extraño. Peor todavía si tiempo después la fun-cionaria fue descubierta haciendo mal uso de la camioneta al utilizarla para llevar a su hija a su centro de estudios o para hacer sus compras en tiendas y mercados. Durante los últimos tres años la procuradora usó a su gusto la camioneta,

a pesar de todas las irregularidades que se han visto en el proceso.Cuando la procuradora Príncipe Trujillo es descubierta haciendo mal uso de esa camioneta que le fue asignada, ¿qué ocurre ante esa comprobación?A raíz de esas denuncias aparecidas en varios medios de comunicación, el 21 de enero del 2013 el juez del 3er Juzgado Penal Nacional, el Dr. Ma-nuel Loyola, consideró que la procuradora estaba dándole un mal uso del bien incautado, por lo que no tuvo más remedio que otorgarle la propie-dad a su legítimo dueño: el Banco Continental. De esa manera, dispuso levantar la medida de incautación de la camioneta y desafectarla en registros públicos.Pero la procuradora no se quedó tranquila…No. La Dra. Príncipe Trujillo le pidió al procura-dor de asuntos de terrorismo, Mirko Alberto Ruiz Espinoza, que apele lo inapelable y defienda lo indefendible. En los argumentos de la apelación dicen que mi patrocinado pretende salvaguardar su propiedad, cuando está demostrado que la camioneta no es suya. Felizmente, el fiscal supe-rior Víctor Cubas Villanueva emitió un dictamen con argumentos sólidos. Sin embargo, tuvo que

pasar un año para que se cumpla ese dictamen, tiempo en que la procuradora siguió usando indebidamente ese vehículo. O sea, se negaba a devolver la camioneta. ¿Qué argumentó CONABI?No quisieron entregar la camioneta, le dijeron a la señora María Ramón “no te la podemos en-tregar porque ya hay una apelación y porque la procuradora Julia Príncipe dijo que no se la pue-den quitar porque ha apelado”. Claro, su amigo Mirko se había encargado de eso y la procuradora seguía usando la camioneta que María Ramón pagaba puntualmente al Banco Continental. Lo increíble es que una persona sigue pagando el contrato de Leasing de una camioneta que usa la procuradora pública¿El Banco Continental reclama la camioneta?El banco solicitó la devolución de la camioneta ante el Juez del 3er Juzgado Penal Nacional en agosto de 2012. Sin embargo, cuando se resolvió levantar la medida de incautación del vehículo

(21-1-2013), la entidad bancaria le entregó un poder a la señora María Ramón y le dan un poder inscrito ante los Registros Públicos donde el banco le da poder para que recoja la camioneta, pero allí es cuando el CONABI le dice que su pedido no procede. ¿Qué va pasar con el tiempo transcurrido en que la procuradora usó indebidamente la camioneta?Estamos a la espera de que se confirme el le-vantamiento de la incautación dictada por la primera instancia y que la sala opine de la misma forma que el fiscal superior Víctor Cuba Villanueva. Si eso sucede, la señora María Ramón con sus abogados ejercitarán el dere-cho a las indemnizaciones correspondientes en contra del Estado peruano representado por Julia Príncipe Trujillo.

¿Cuánto tiempo tuvo en su poder la procuradora esa camioneta? Tres años y medio. Como es obvio, el uso que deben haberle dado trae también como con-secuencia el deterioro del vehículo, por eso es

que lo más justo es que haya una indemniza-ción de por medio por los perjuicios ocasio-nados a los que con mucho esfuerzo han ido pagando el costo de ese vehículo. ¿Quién debe resolver esta situación?El caso está en manos de los magistrados de sala penal nacional: Valladolid Zeta, Inga Michue y Vásquez Bustamante. Ellos tienen en sus manos resolver conforme a ley y declarar infundada la apelación formulada por el procurador Milko Alberto Espinoza y confirmar la resolución del 21 de enero de 2013 que dispuso levantar la medida de incautación de la camioneta. Por otro lado, ¿en qué parte del proceso está el caso de su patrocinado? Mi cliente, un empresario honesto que desde antes de su detención era el único distribuidor de la Corporación Lindley S.A. en Huánuco, Tingo María y Ucayali, sigue purgando cárcel injustamente, pese a que ya se acreditó una pericia de identificación facial que concluyó que la descripción que los testigos hacen de mi defendido no concuerdan con las carac-terísticas de mi patrocinado. Ahora estamos a la espera de un nuevo pronunciamiento de la autoridad que ahora verá este caso: el Dr. Marco Aurelio Tejada, un magistrado más experimentado en el derecho penal y que estoy convencida accederá a concedernos la solicitud de comparecencia que hemos solicitado. w

Julia Príncipe y la camioneta que usó (en algunos casos para actividades ajenas a su función) durante más de tres años.

Abogada Nikitina Hidalgo. “Durante los últimos tres años la procuradora Príncipe usó a su gusto la camioneta, a pesar de todas las irregularidades que se han visto en el proceso”.

Carlos Vásquez Jurado.

UNA VEz qUE LA CAMIONETA FUE INCAUTADA, LA COMISIÓN NACIONAL DE BIENES INCAUTADOS (CONABI) O LA OFICINA EJECUTIVA DE CONTROL DE DROGAS (OFECOD), NO LO TENGO MUy CLARO, ENTREGÓ EL VEHÍCULO A LA PROCURADORA DE LAVADOS DE ACTIVOS JULIA PRÍNCIPE TRUJILLO.

Por: Willy retis

Días después del operativo, pobladores de esa zona salieron a las calles para reclamar la libertad de los apresados, entre ellos el

exburgomaestre del distrito de Monzón, Iburcio Morales

Baltazar.

Exalcalde Iburcio Morales Baltazar. Murió en octubre de 2012 producto de una cirrosis en fase terminal que lo aquejaba. Para él no hubo indulto.

LIMA, del24 al30 de marzo de 2014LIMA, del24 al 30 de marzo de 2014

6 Atracos 7Atracos

SESDIS significa Servicio Social del Director y Supervisor y fue creada como una institución de auxilio mutuo, algo así como la Derrama

Magisterial. Por eso, inicialmente se llamaba la Derrama de los Directores porque en sus filas agrupaba sólo a directores o exdirectores, sub directores y supervisores de colegios.

SESDIS fue fundada en el año 1970 durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Con el tiempo fue creciendo y hoy agrupa alrededor de 17 mil aportantes a quienes tiene como propósito brindarles una serie de ser-vicios, una de los cuales es el de otorgarles préstamos.

Los recursos del SESDIS se constituyen por los aportes de cada uno de sus integrantes, quienes mensualmente aportan mediante los descuentos que le hacen en sus boletas de pago. Los directivos de esa entidad son los que administran los fondos recaudados de los aportes, así como de los alquileres de locales que la organización ha adquirido en el trans-curso de estos más de 40 años de existencia.

Todo era felicidad entre ellos. SESDIS cada cierto tiempo elegía a sus directivos que ad-ministraban diligentemente los recursos, los invertían convenientemente, informando re-

gularmente a sus asociados. Pero esa felicidad acabó hace unos 12 años aproximadamente cuando Juana Rosalía Ucañán Anstrong asu-mió la presidencia.

Ucañán Anstrong no solo ha prolongado su mandato más allá de lo permitido por los esta-tutos, sino que administra los recursos de una manera poco transparente. Ante esa situación, han surgido denuncias contra ella no solo por la violación de las normas estatutarias y leyes de creación, sino por sus malos manejos, lo que acarrea la participación en la justicia penal de todos los integrantes de la directiva presidida por la mencionada presidente del SESDIS.

Cada socio del SESDIS aporta religiosa-mente 24 soles mensuales, que como ya hemos mencionado se descuenta por planilla y se deposita en una cuenta del Banco de la Nación a nombre de la institución. Echando pluma y multiplicando esos 24 nuevos soles por los 17 mil sufridos profesores, tenemos la cifra de 408 mil soles al mes. Al año, esa entidad per-cibe alrededor de casi cinco millones de soles.

A esos cinco ‘palos’ hay que sumarle los inte-reses por los préstamos, certificados, ingresos a locales, alquileres de tiendas y galerías, lo que hace una suma superior a los 10 millones de soles que cada año administran un grupo

• Ser profesor en el Perú es una profesión bastante ingrata. Los gobiernos siempre postergan sus esperanzas de mejoras salariales, sus pensiones son magras, las condiciones en las que trabajan son deplorables y encima también son expoliados y burlados por una organización que ellos mismos crearon para supuestamente beneficiarse. Sepa esta indignante historia en donde está involucrada una exmilitante aprista que estaría siendo apoyada por el expresidente del Congreso César Zumaeta para librarse del castigo que merece por sus malos actos.

Todos se aprovechan de los maestros

de dirigentes que desde hace unos años y luego de la defenestración de Juana Ucañán, se valen de acciones de amparo, hábeas corpus, deman-das de nulidad y cualquier otro recurso que puedan encontrar en el código procesal para perpetuarse en el poder.

TODA UNA JOyITAJuana Ucañán, no sabe el porqué, quizá en previsión de lo que pudiera pasarle algún día, tenía dos identidades, dos DNI e incluso dos nacionalidades. Ella fue elegida como la mandamás del SESDIS en el año 2003 y se quedó durante dos periodos a pesar de la prohibición de reelegirse.

En el 2008, y ante tanta denuncia, inter-viene por fin el Poder Judicial y al allanar el domicilio de Juana Ucañán encontraron que guardaba debajo de un armario en sobres de manila más de 100 mil soles. Cuando se le preguntó el origen de ese dinero, Ucañán Anstrong admitió que pertenecía al SESDIS. Según ella, guardaba el dinero en su casa por-que se estaba produciendo muchos robos (sic) y quería tenerlos seguros y la mano.

Parecida explicación fue la que dio cuando en el escritorio de su oficina encontraron en un cajón 472 mil soles del dinero aportado por los profesores. La presidenta del SESDIS no tenía caja fuerte y consideraba más seguro tener ese dinero en una gaveta que en un banco.

Pero eso era lo de menos, porque en otros casos no se encontró ni un sol. Por ejemplo, Juana Ucañán se había apropiado de 150 mil dólares para “llevar ayuda” a los damnificados del terremoto que asoló el sur del país el año 2007, sin que hasta la fecha se sepa a ciencia cierta quién o quiénes recibieron tal ayuda.

Por esa misma época, adquirió dos ómni-bus para SESDIS por un precio mucho mayor del que verdaderamente costaban. Uno de ellos, verbigracia, lo compró por siete mil soles, lo pintó y se lo vendió a la institución que pre-sidía como si fuera recién salido de la fábrica por 42 mil dólares.

Asimismo, un terreno que había adquiri-do la institución de fondos mutuos -de una extensión de nueve mil metros cuadrados- y donde se planificó levantar viviendas para los profesores, lo revendió a los dos meses sin importarle siquiera que ya alrededor de 50 asociados del SESDIS habían pagado la cuota inicial por la supuesta casita que les construiría la señora Juana Ucañán.

A pesar de que el Partido Aprista Peruano, al que pertenecía la trujillana Juana Ucañán, la expulsó en vista de que dijo con desparpajo que la plata le había llegado sola a su casa, el administrador judicial José Meléndez Rodrí-guez denunció que militantes de ese partido, encabezados por César Zumaeta, presionaban a jueces y fiscales para ayudarla a librarse de los castigos que merecía por sus tropelías y

despilfarros. En efecto, una mano misteriosa y salvadora la ha estado librando de las acusa-ciones que pesaban sobre ella.

Trabajadores judiciales han declarado haber visto en los pasillos del Poder Judicial a Zumaeta hablando por su excompañera de partido y con el presidente de la séptima sala civil donde se ventilaba una medida cautelar con la que pretendía volver a la administración del SESDIS. En la 15 fiscalía provincial penal que investigaba la malversación de fondos, el enriquecimiento ilícito y los delitos contra la fe pública de la Ucañán, también las investi-gaciones caminaban a paso lento.

SITUACIÓN ACTUALPor estos días, dos personas pugnan por la dirección del SESDIS, y esa disputa se ven-tila tanto en juzgados de Lima como de pro-vincias. Por un lado está el profesor Ernesto Jiménez Quiroz, quien tiene acusaciones hasta de maltrato familiar, pero que no ha sido sacado de la presidencia mediante una acción de amparo por ese motivo, sino por-que se aduce fue expulsado por el Directorio Central del SESDIS mediante resolución N° 175-2006 de fecha 4 de mayo del año 2006. Contra dicha resolución Jiménez interpuso apelación ante la Asamblea Nacional Ordi-naria de Delegados realizada en Cusco en febrero del 2007, la misma que rechazó su apelación confirmando su expulsión.

No obstante, resulta sorprendente que estando expulsado, Ernesto Jiménez haya ocupado la presidencia del SESDIS hasta el año 2012. Según un comunicado de la actual directiva que preside el profesor Juan Fran-cisco Ortega Choz, Jiménez logró inscribir su directiva de manera ilegal en el asiento registral A00030 de la partida de la institución.

Ortega Choz, trujillano al igual que Juana Ucañán y al parecer también miembro del partido aprista al que sirvió como director re-gional de Educación en La Libertad, ha logrado mediante una sentencia del sexto juzgado es-pecializado en lo Civil de Trujillo, en el proceso de Amparo N° 791-2012, que se declare nula la resolución de la Séptima Sala Civil de Lima que reconoció al directorio de Jiménez.

Pero Jiménez también contraatacó judicial-mente y en el expediente N° 222-2012 sobre Ministración de cargo, obtuvo una resolución el 17 de enero de este año mediante la cual se ordenaba que le entregaran la administración del SESDIS. Ortega, siempre litigando desde el norte, a pesar de que el local principal queda en Lima (en el distrito de Lince) consiguió que el Juzgado de Trujillo, en el expediente 543-2014, suspendiera el 25 de febrero último los efectos de la resolución conseguida por Jiménez.

¿Cuáles serán los próximos pasos y pro-

cesos judiciales que anularán resoluciones y otorgarán administraciones? Nadie lo sabe, salvo por supuesto los abogados que contraten cada una de las partes en litigio en el convenci-miento de que los recursos de la institución de los profesores son un baúl sin fondo.

¿qUé HACER?El Estado, que participa no sólo mediante el Banco de la Nación que tiene las cuentas del SESDIS, sino porque descuenta de las plani-llas del Ministerio de Educación los aportes de los directores y profesores, no puede seguir permitiendo el caos y desgobierno en una institución de tanta importancia.

El patrimonio del SESDIS se calcula en más de 40 millones de dólares. Además de los aportes mensuales y cuotas de ingreso, tienen inmuebles muy importantes en todo el país. Para darnos una idea de su fortuna, les conta-remos que el mercado de artesanías ubicado en la avenida Petit Thouars (en Miraflores) y algunos terrenos adyacentes a dicho local son de propiedad del SESDIS, que le proporcionan recursos por concepto de alquiler que son in-cluso mayores que los aportes de sus socios habiéndole servido en ocasiones para efectuar los préstamos a sus asociados al tener en mu-chas oportunidades bloqueada, por problemas judiciales, sus cuentas bancarias.

Se suma al manejo poco claro que han te-nido los recursos las quejas de muchos profe-sores, quienes han denunciado que les han im-pedido retirarse del SESDIS en vista de tanto problema, y que pese a haber renunciado, se les sigue descontando de su planilla mes a mes.

La Superintendencia de Banca y Seguros no puede tampoco cerrar los ojos ante una enti-dad que se comporta como financiera para lo cual capta dinero y lo presta a sus asociados. Lo mismo podría decirse de otras instituciones del Estado, como la SUNAT, quien debería aclarar si en las compras y ventas de inmuebles se están pagando los tributos correspondientes.

El Ministerio de Educación, ante tanto cubi-leteo judicial, que pone y saca directivas cada cierto tiempo, también tendría que intervenir en este asunto exhortando ante el Poder Judi-cial a fin de que no se preste a favorecer los in-tereses de 5 ó 6 personas que manejan ingentes recursos sin control alguno, permitiendo, como lo hemos señalado en el caso de la expresidenta Juana Ucañán, la impunidad frente al despil-farro del patrimonio de una institución que nació para ayudar a miles de profesores y ha terminado enriqueciendo a unos pocos.

Por su parte, los profesores no quieren ni a Jiménez ni a Ortega. Reclaman, además, que si es que no se puede elegir a una nueva junta directiva, que las autoridades intervengan y nombren a un administrador e incluso un liquidador si no se está cumpliendo los fines para los que se creó el SESDIS. w

Juana Rosalía Ucañán Anstrong, una expartidaria aprista que asaltó a mano armada al SESDIS.

Excongresista César Zumaeta. Testigos afirman haberlo visto en los pasillos del Poder Judicial intercediendo por su excompañera de partido.

Profesor Juan Ortega Choz liderando una marcha contra el expresidente del SESDIS, su colega Ernesto Jiménez Quiroz.

El ministro de Educación, Jaime Saavedra, debería intervenir en este asunto y exhortar al Poder Judicial que no se preste a favorecer los intereses de 5 ó 6 personas que manejan los ingentes recursos del SESDIS.

de la resolución de extinción de la comunidad y, adrede, solicitó ante el entonces Programa Especial de Titulación de Tierras PETT-Lima la revisión del expediente de reconocimiento de la comunidad, además de realizar distin-tas gestiones para lograr un ejemplar de estos documentos.

Pero el Ministerio de Agricultura nunca se dejó engatusar y cada vez que Víctor Cuya les pedía que reconozcan los planos en conjunto de las tierras de la comunidad campesina, le respondían que conocían de la existencia de la resolución de extinción de la comunidad pese a la inscripción registral fraudulenta que logró en el 2002.

NO, SEÑOR El 23 de enero de 2003, Víctor Cuya Martínez solicitó copia de certificado de documentos al Ministerio de Agricultura-Programa Especial de Titulación de Tierras PETT-Lima , mencio-nando que con fecha 20 de octubre de 2002 solicitó el levantamiento de planos en conjunto (Ley 24657) mediante notificación N° 150-2006, pero le denegaron su solicitud en razón que mediante Resolución Suprema de fecha 28 de octubre de 1949 se derogó la personería jurídica de la comunidad campesina de Pacha-camac y se ordenó que la Dirección General de Asuntos Indígenas anule su inscripción del registro oficial de comunidades indígenas.

El PETT, con Informe Técnico N° 004-2005-AG-PETT-OPERLC-CCl del 21 de agosto de 2004, rubricado por el Sr. César Castro Cisneros, del Área de Comunidades Campesi-

nas, informó al ingenie-ro Gianfranco Salvatierra Cubas,

responsable del área de Saneamiento Físico –OPERLAC, que la Comunidad Campesina de Pachacamac, si bien fue reconocida mediante Resolución Suprema N° 49 de fecha 27 de marzo de 1946, posteriormente fue derogada mediante Resolución Suprema de fecha 28 de octubre de 1949, estando esta comunidad sin reconoci-miento oficial por lo que no es posible aprobar el plano presentado por Víctor Cuya Martínez.

El 27 de enero de 2005, el Ministerio de Agricultura le notificó al presidente de esa co-munidad que esta se encontraba derogada desde 1949 y su inscripción en los Registros Públicos se había realizado sin tener en cuenta la resolución suprema que la deja sin efecto.

Según información técnica del Ministerio de Agricultura, que data desde el año 2007, el Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural, Oficina PETT Regional de Lima y Callao, sostuvo que si bien la referida comunidad fue reconocida mediante Resolu-ción Suprema N° 49 del 27 de marzo de 1946, posteriormente fue derogada por Resolución Suprema del 28 de octubre de 1949.

NO HAy MÁS qUE DECIRLos antecedentes más remotos de esta negativa provienen de la década de los cincuenta del siglo pasado, cuando a través de la Resolución Suprema que extingue a la comunidad expe-dida por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas, cuya copia certificada existe en el Archivo General de la Nación. Asimismo, fue incorporada en copia certificada en el expe-diente judicial N° 19935 de 1948, tramitado ante el Segundo Juzgado Civil de Lima, incluso se le interpuso en su contra medios impug-natorios a favor de la comunidad que fueron denegados en su momento en el año 1950.

Del tenor del indicado documento (Resolu-ción N° 266 de fecha 18-09-1950 suscrita por

Julio Pereyra Arroyo, Director General de Asuntos Indígenas del Ministerio de Trabajo y Asun-tos Indígenas) se aprecia que dicha resolución da por concluido el procedi-miento ad-ministrativo en el cual se derogó la Resolu-ción de 27 de marzo de 1946, que otorgó personería jurídica a la titulada comunidad de indígenas de Pachacamac, mediante la Resolución Supre-ma del 28 de octubre de 1949.

La Tercera Sala del Tribunal Registral , cuando dirimió el conflicto sobre las resolu-ciones supremas de 1946 y 1949 , se sustenta en los informes del Ministerio de Trabajo y Asun-tos Indígenas para dictaminar a través de la Resolución N° 1727-2011-SUNARP-TR-L que la SUNARP inserte el título N° 2011-00270791 que obra en el asiento A00023 de la partida N° 11359434, sosteniendo que la resolución que declara extinta a la Comunidad Campesina de Pachacamac , existe en razón a que se le sumi-nistró información de diversas instituciones.

En resumen, la Comunidad Campesina de Pachacamac nunca obtuvo la aprobación de los planos de conjunto de sus supuestas tierras comunales por parte del Ministerio de Agricul-tura y el COFOPRI, a pesar de que estuvo persi-guiendo ese objetivo durante casi una década.

Menos aún logró inscribir sus 107 mil 164.40 hectáreas en los Registros Públicos porque según el expediente administrativo de reconocimiento de personería jurídica, obrante

en el Archivo Central de la Oficina Zonal de Lima y Callao de COFOPRI, existen copias de la Resolución Suprema de fecha 28 de octubre de 1949 que extingue a dicha comunidad.

De haberse aprobado el plano de conjunto de las 107,164.40 hectáreas que la Comunidad Campesina de Pachacamac refiere que son suyas porque el virrey Amat y Juniet firmó la Real Cédula Española de 1746 adjudicándole dichas tierras, en estos momentos esta ficticia comunidad, que no es dueña ni de un centíme-tro de esos terrenos, se habría apropiado de parte del territorio de los distritos de Chorri-llos, Santiago de Surco, San Juan de Miraflo-res, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Pachacamac, Lurín, Cieneguilla, La Molina, Punta Negra, Punta Hermosa y San Bartolo. ¡Increíble! Solo esto puede pasar en nuestro país surrealista. w

• Los intentos de la ficticia Comunidad Campesina de Pachacamac para lograr la aprobación de sus planos en el COFROPI.

las 107 mil 114.40 hectáreas era muy extenso y se insertada en las partidas registrales de 12 distritos de la capital, y exigía se adjunte el plano de conjunto de la Comunidad Campesina de Pachacamac debidamente firmado por un funcionario autorizado de ese ministerio.

PARA REDONDEAR LA ESTAFAComo ya lo hemos advertido en nuestras edicio-nes anteriores, los integrantes de esa comuni-dad habían inventado un plano de sus tierras en base a la falsa Cédula Española de 1746 y ahora necesitaban redondear la faena estafadora logrando el aval del Ministerio de Agricultura.

El operador de este intento de lograr una segunda maniobra fraudulenta fue Víctor Ma-nuel Cuya Martínez, quien pretendía que el Ministerio de Agricultura le apruebe el plano en conjunto de su imaginaria Comunidad Campe-sina de Pachacamac, para lo cual se esgrimió la Resolución Suprema de fecha 27 de marzo de 1946, sin mencionar para nada sobre la Reso-lución Suprema de 1949.

Pero Cuya Martínez y los suyos se dieron un portazo pues el Ministerio de Agricultura

La Comunidad Campesina de Pachacamac ya había realizado una serie de acciones delictivas para darse una apariencia de legalidad. A partir del 2002, empezó a elaborar documentos en los cuales se acreditaba presuntas asambleas generales por parte de los comuneros de la Co-munidad Campesina de Pachacamac- los cuales eran falsos- con el objetivo de otorgar poder para vender predios de terceros, así como logró inscri-bir sus juntas directivas anuales en la SUNARP.

Estos espurios documentos eran insertados en minutas, escrituras públicas e incluso en asientos registrales para acreditar poderes y compra-ventas de predios de terceros cometien-do falsedad genérica o falsedad de uso.

NO ENGAÑARON AL MINISTERIO DE AGRICULTURALa junta directiva había llevado a cabo toda una bien montada estrategia para engañar a la SUNARP y lograr su inscripción después de medio siglo de haberse extinguido la comuni-dad, pero les faltaba culminar la fina estrategia en el Ministerio de Agricultura.

Víctor Cuya Martínez conocía la existencia

8LIMA, del24 al 30 de marzo de 2014 LIMA, del24 al 30 de marzo de 2014

Historias

detrás del crímen

9

Histo

rias

detrás d

el crím

en

Historia del tráfico de tierras más grandeen el sur de Lima (4ta parte)Unidad de investigación

Por:

El modus operandi de Pazos Holder

para adjudicarse 300 hectáreas

A partir del año 2002, cuando la ficticia Comunidad Campesina de Pacha-camac, a través de una maniobra fraudulenta, logró inscribirse en la

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) empezó a vender o regalar a título de “adjudicación” tierras del sur de Lima sin ser dueña de ningún centímetro de esos territorios, apropiándose de más de 107 mil 164.40 hectáreas que abarcaban 12 distritos del sur de Lima, siendo el principal beneficiado como adjudicatario de un aproximado de 300 hectáreas, el empresario Jorge José Pazos Hol-der, dueño de los institutos CESCA y CICEX .

Apena esa comunidad consiguió engatusar a las autoridades de la SUNARP y tras obte-ner reconocimiento como persona jurídica, la primera tarea a la que se abocó Víctor Cuya Martínez, presidente de esa falsa comunidad, fue la de también lograr el reconocimiento en el Programa Especial de Titulación de Tierras (PETT-Lima ) del Ministerio de Agricultura, ya que la SUNARP, con Informe Técnico N° 03540-2007 –SUNARP-ZX.R.N.N°IX-OC del 30 de mayo de 2007, observó que el ámbito de

Víctor Cuya Martínez. Hizo de todo para sorprender al Ministerio de Agricultura pero no lo consiguió.

resultó ser un hueso duro de roer y cada intento de ellos por llevar adelante sus ilícitos planes tenía el mismo resultado: negativo.

Los funcionarios a cargo del Programa Es-pecial de Titulación de Tierras (PETT-Lima) del Ministerio de Agricultura habían detectado que existía la Resolución Suprema del 28 de octubre de 1949, que declaraba que no era admisible considerar la existencia legal de una ficticia comunidad indígena que indebidamente ob-tuvo su reconocimiento e inscripción oficial en el 2002.

Notificación del Ministerio de Agricultura donde le informan a Cuya Martínez que “no resulta atendible su solicitud de plano de conjunto”.

Otra notificación del Ministerio de Agricultura, esta vez de enero de

2005, dirigido a Víctor Cuya donde le indican que la existencia legal y

personería jurídica de la Comunidad Campesina de Pachacamac

ya ha sido derogada. O sea, esa comunidad ya no existe.

El Sr. César Castro Cisneros, del Área de Comunidades Campesinas, afirma claramente que la falsa comunidad de los Cuya había sido derogada por la Resolución Suprema del 28 de octubre de 1949.

Siguiente edición:

LIMA, del24 al 30 de marzo de 2014

10 Indulgencias

q uizá sabiendo que su suerte estaba echada, Javier Alejandro Castro Cruz no asistió a la lectura de su sentencia.

Antes bien, prefirió entrar a la clandestinidad. En otras palabras, está prófugo y el Poder Ju-dicial ha ordenado su captura, la que se hará efectiva en la medida que Castro no tenga re-cursos para esconderse y pagar por su libertad.

Castro Cruz, quien fuera alcalde del distrito de Leonardo Ortiz en Chiclayo, se coludió con dos empresas, en particular con Constructora Siglo XXI SRL, para llevar a cabo trabajos de arreglos de pistas en diferentes calles de su distrito. Las pistas o no se hicieron o se hicieron mal y dieron como resultado que a los pocos meses los “arreglos” tuvieran que hacerse de nuevo. La máxima autoridad edil no sólo no cumplió con revisar la calidad de las obras que según los peritajes no se realizaron bajo los criterios de calidad, costo y eficiencia, sino que se pagó por ellas más de lo que hubiera costado un verdadero trabajo. Es decir, se hizo una obra de parchado de calles que era un adefesio y sin embargo se pagó como si se hubiera construido una supercarretera.

El perjuicio a la municipalidad se ha estima-do en casi un millón de soles, que sólo incluyen los pagos en exceso y lo que ha costado reparar parte del trabajo hecho por los amigotes del exburgomaestre.

Por esta razón es que la Procuraduría ha re-clamado contra la sentencia dictada por la Sala Penal Liquidadora de Lambayeque, que preside

tiene penas de hasta 15 años, fue la empresa Constructora Siglo XXI SRL, pero como las compañías no pueden cometer ilícitos, sino sus representantes, se procesó a los gerentes de dicha constructora, Darío Acuña Peralta (hermano de César Acuña, alcalde de Trujillo) y Junior Santa Cruz Acuña.

La pena que se les ha impuesto a los empre-sarios mencionados causó una gran hilaridad no sólo a los presentes en la Sala de la vocal

• La Procuraduría Pública anticorrupción Descentralizada del Distrito Judicial de Lambayeque ha interpuesto recurso de nulidad contra la sentencia emitida en el expediente N° 067-2006 en la que se “condenó” al exalcalde del distrito de Leonardo Ortiz de Chiclayo, Javier Castro Cruz, a seis años de prisión, pero absolvió a otros funcionarios de dicha municipalidad. Por si fuera poco, a los cómplices del burgomaestre, Darío acuña Peralta y Junior Santa Cruz acuña, solo se les impuso una pena de 208 jornadas de prestación laboral.

la doctora Magdalena Chávez Mejía. Si solo el daño comprobado es de 975 mil 648.88 nuevos soles, ¿cómo se explica que la reparación fijada en la sentencia de Magdalena Chávez ordene el pago de 100 mil soles? Dicho sea de paso, ese monto tendrá que ser pagado de forma so-lidaria entre varios condenados. En el supuesto caso de que pagaran esa cifra, ese dinero no serviría ni para arreglar tres cuadras de las decenas que comprenden las obras realizadas deficientemente.

LOS CÓMPLICES DEL ALCALDE EL exalcalde Castro, que como hemos dicho está prófugo, ha sido condenado por el delito de Colusión. O sea, se puso de acuerdo con unos contratistas para engañar a la munici-palidad, perjudicándola económicamente. Es un delito en el que tiene que haber con-certación del funcionario y del particular. Te pago por una obra más de lo que cuesta, no la haces y nos repartimos el dinero, parece ser el modus operandi.

La otra involucrada en este delito, que

Chávez el día que se emitió la sentencia, pues fueron sancionados solo con 208 jornadas de prestación laboral. Sí, como lo lee, quienes se coludieron con el exburgomaestre Castro Cruz para perjudicar al municipio de Leonar-do Ortiz, solo tendrán que presentarse a una parroquia para limpiar los baños y pintar pa-redes, mientras disfrutan del dinero a costa de los tributos de los pobladores de ese distrito.

Es cierto que la pena de jornadas laborales está contemplada en el nuevo código, pero se aplica a delitos menores, no a quienes han co-metido delito de colusión, que es el más grave que contempla el Código Penal en agravio de la administración pública. Pero además, dicha pena a pesar de los esfuerzos normativos, ca-rece de eficacia, no se aplican cabalmente, lo que las convierte en penas simbólicas. No son castigo, son simulaciones de cuando se quiere favorecer a algún procesado, pero se aparenta una sentencia condenatoria.

Pero no sólo la condena a trabajar en nada causa indignación. Hay partes de la sentencia que merecerían estar en el libro de Historia Uni-versal de la Infamia. Por ejemplo, cuando dice: “El colegiado considera que las irregularidades advertidas en la etapa de ejecución de la obra no tienen contenido penal…” Dichas irregula-ridades, no consideradas delitos por la Sala, son entre otras haber ordenado el pago de montos adicionales por la obra que no se habían realiza-do, ampliar los plazos de ejecución de los trabajos estando prohibido o aprobar pagos por labores deficientes ejecutados por la contratista.

LA PALABRA FINALLa Procuraduría Pública Anticorrupción Des-centralizada del Distrito Judicial de Lamba-yeque, reforzada por la Procuraduría Anti-corrupción de Lima, está preparándose para dar la batalla en la Corte Suprema a donde ha sido elevada la sentencia para su revisión.

Sin embargo, teniendo en cuenta los vín-culos de Darío Acuña Peralta, que tiene un hermano congresista, otro presidente de la región Lambayeque y el tercero alcalde de Trujillo y dueño de una universidad, la batalla también tendrán que darla en contra de este clan familiar que tiene como lema pertenecer a una raza distinta que ahora más que nunca sabemos a lo que se refiere.

Se espera, eso sí, que en la Corte Suprema no participen los vocales que enseñan en la Universidad César Vallejo o que han seguido sus “doctorados” en esa misma casa de estu-dios. w

qué tal raza (distinta)

Exalcalde del distrito de Leonardo Ortiz, Javier Castro Cruz.

Darío Acuña Peralta y Junior Santa Cruz Acuña. Municipalidad del distrito de Leonardo Ortiz.

EL PERJUICIO A LA MUNICIPALIDAD SE HA ESTIMADO EN CASI UN MILLÓN DE SOLES, qUE SÓLO INCLUyEN LOS PAGOS EN ExCESO y LO qUE HA COSTADO REPARAR PARTE DEL TRABAJO HECHO POR LOS AMIGOTES DEL ExBURGOMAESTRE.

LIMA, del24 al30 de marzo de 2014LIMA, del24 al 30 de marzo de 2014

1312

• ¿Cómo se puede tener un valioso inmueble en la zona más exclusiva del distrito de La Molina y otras propiedades con un sueldo de diez mil soles mensuales? Eso es lo que nos preguntábamos cuando nos enteramos de los predios que están a nombre del actual vocal de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, Dr. René Martínez Castro. Una seria denuncia en su contra nos daría la respuesta a esa interrogante.

Indicios Indicios

W agner Lanchi Villacrez, pe-riodista pucallpino, había oído varias veces murmuraciones de que internos del penal de

Pucallpa se quejaban de ser víctimas de extor-siones por parte de jueces y vocales de la corte de esa ciudad. En cierta ocasión, cuando tuvo que hacer una visita a la cárcel (ubicada en el

se precia como tal, Wagner Lanchi no podía contentarse sólo con rumores y cuando tuvo la oportunidad de conversar con algunos reos supuestamente chantajeados, estos efectiva-mente le narraron sus vicisitudes y para que no quedara duda alguna de sus versiones firmaron declaraciones juradas de sus testimonios.

HABLAN LAS VÍCTIMAS DEL VOCALStevi Solano Shuña, de 27 años, se encuentra cumpliendo una condena por delito de robo agravado. Este muchacho, natural del distrito de Irazola, ya había sido sentenciado por el juzgado especializado penal. Sin embargo, apeló su sentencia ante la Sala Penal Liqui-dadora de la Corte Superior de Justicia de Ucayali que preside el vocal Martínez Castro.

Fue entonces que se le acercó un abogado que dijo llamarse Lúper García a quien había visto en otras ocasiones en el penal, proponiéndole que a cambio de 15 mil nuevos soles conseguiría su libertad mediante la absolución. Solano Shuña no pudo conseguir el dinero por lo que hasta ahora se encuentra recluido.

Por su parte, Wilnner García Cárdenas, de 39 años, también acusado de robo agravado, fue condenado por el juzgado de Padre Abad en Aguaitía, a pena de prisión efectiva. El reclu-so presentó la apelación respectiva contra esa sentencia, la misma que llegó a la Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Ucayali que sabemos preside René Martínez Castro.

Semanas antes de que dicha sala se pronun-ciara sobre la mencionada apelación (que se pro-dujo el 21 de mayo de 2009), García Cárdenas recibió al emisario del vocal y afirmó que este le solicitó el pago de 50 mil nuevos soles para dejarlo en libertad. La familia del reo, creyendo que esta era una inmejorable oportunidad para que Wilnner recuperara su libertad, trató inútil-mente de conseguir ese monto. En consecuencia, Wilnner García Cárdenas fue condenado a 15 años de prisión.

Donald Paredes Rodríguez, de 34 años, es el nombre de otro recluso que al igual que los anteriores fue condenado por el delito de robo agravado en el expediente 01208-2010 por el Juzgado de Coronel Portillo. Tal como sucedió en los dos casos que ya hemos mencionado, la apelación de la condena de Paredes Rodríguez

DE SU FORTUNA?

El comentario que tanto él como otros pe-riodistas de la zona habían atendido tenía que ver con la exigencia que hacía el doctor René Eduardo Martínez Castro a fin de que los proce-sados en su sala de la Corte Superior de Ucayali pagaran cierta cantidad de dinero a cambio de

kilómetro 11.8 de la carretera Federico Basadre del distrito de Callería en la provincia de Coronel Portillo) para elaborar un cuadro estadístico de los casos más sonados de corrupción, aprovechó la oportunidad para indagar sobre los rumores escuchados sobre el reclamo de los presos.

subió a la Sala Penal Liquidadora de Ucayali lo que originó que pocos días después el recluso recibiese al heraldo ya conocido.

“Lúper García” lo buscó y, como en los otros casos, se presentó como representante del vocal Martínez Castro exigiéndole que a cambio de hacerse de la vista gorda y ver su caso perso-nalmente, debía abonar 50 mil nuevos soles, entregándole como una señal de seguridad una copia del proyecto de sentencia. Al no poder pagar la suma pedida que García le decía era el valor de su libertad, Donald Paredes Rodríguez fue condenado a 30 años de prisión.

VINCULACIONES DEL OPERADOR y EL VOCALEl periodista Wagner Lanchi Villacrez, ade-más de obtener las declaraciones juradas,

incluidas las huellas digitales de los presos, se preocupó por identificar al personaje que se le conocía como “Lúper García” y sus esfuerzos dieron resultados. Lanchi Villacrez descu-brió, luego de indagar tanto entre los reclusos del penal de Pucallpa como en los ambientes judiciales de la zona, que el aparente operario del Dr. René Martínez Castro era el abogado Lúper García Sandoval.

El trabajo del hombre de prensa no quedó allí y decidió presentar una primera denuncia contra el vocal René Martínez. Hace unos días, amplió su denuncia comprendiendo al abogado García, pidiendo se acumulen ambos casos a fin de de-mostrar que existía no sólo la comisión del delito de Tráfico de Influencias, sino de Cohecho Pasivo propio y lo que es más grave una Asociación Ilícita para Delinquir, constituida por una red

criminal a nivel de la Corte de Ucayali que se dedica a comercializar la justicia

a fin de obtener beneficios indebidos a costa de las per-

sonas que han cometido un delito e incluso de inocentes que al carecer de recursos y no

poder pagar lo que les exigen, reciben penas injustas.

Como es de esperarse, la fiscalía debe investigar a fondo este caso, teniendo elementos suficientes para hacerlo como

son los testimonios de los pro-pios presos, extorsionados y

muchos otros casos más que irán saliendo por la labor periodística y del Ministerio Público.

¿Cuánto dinero se habrá obte-nido de quienes siendo culpables de graves delitos han pagado para lo-

grar su libertad mediante sentencias absolutorias compradas, los mismos

que precisamente por haber abonado una respectiva suma no será fácil que confiesen dicho pago?

SIGNOS ExTERIORES DE RIqUEzASin duda, examinar los signos exteriores de riqueza de los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público, ayudaría muchísimo a esta investigación que recién empieza.

Así como hemos comprobado que el vocal René Martínez Castro es propietario de un va-lioso inmueble en el distrito de La Molina, lo que ha originado ya una investigación fiscal, ¿cuán-tos otros jueces tendrán fortunas ganadas por conductas deshonrosas? Ayudemos a descubrir esas riquezas mal habidas que muchas veces son puestas a nombres de parientes o testaferros a fin de ocultar la mugre de quienes en lugar de hacer justicia se dedican a robar gracias a que tienen un cargo poderoso. w

verse favorecidos en sus sentencias.Los internos que se atrevieron a hablar sobre

este asunto señalaron como el operario del vocal Martínez dentro del penal a una persona a quien se le conocía como “Lúper García”. Según ellos, “Lúper” buscaba a quienes tuvieran un caso en la sala de su cómplice y una vez ubicada la presa, les solicitaba una suma de dinero, gene-ralmente elevada, a cambio de influenciar ante el magistrado.

Una vez que los interesados hacían el pago respectivo, les salía la resolución favorable. Si por desgracia el recluso procesado no tenía el dinero en la fecha que tenía que entregarlo, salía una sentencia en su contra. Los presos sabían que inexorablemente sufrirían una larga condena si no aceptaban las exigencias extorsionadoras del emisario del vocal.

Como era de esperarse de un periodista que

¿EL ORIGEN

STEVI SOLANO SHUÑA, DE 27 AÑOS, SE ENCUENTRA CUMPLIENDO UNA CONDENA POR DELITO DE ROBO AGRAVADO. ESTE MUCHACHO, NATURAL DEL DISTRITO DE IRAzOLA, yA HABÍA SIDO SENTENCIADO POR EL JUzGADO ESPECIALIzADO PENAL. SIN EMBARGO, APELÓ SU SENTENCIA ANTE LA SALA PENAL LIqUIDADORA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE UCAyALI qUE PRESIDE EL VOCAL MARTÍNEz CASTRO.

Abogado Lúper García Sandoval, supuestamente el encargado de cobrar las coimas a los reclusos por orden del Dr. Martínez.

Stevi Solano Shuña, Wilnner García Cárdenas y Donald Paredes Rodríguez. Reos que acusan al vocal Martínez Castro y al abogado García Sandoval de pedirles dinero a cambio de favorecerlos con sus sentencias.

Inmueble ubicado en el distrito de La Molina de propiedad del Dr. René Martínez Castro.

Periodista Wagner Lanchi Villacrez y la denuncia que interpuso en contra del vocal Martínez y del abogado García Sandoval por los delitos de tráfico de influencias y asociación ilícita para delinquir.

Lima, del24 al30 de marzo de 2014Lima, del24 al 30 de marzo de 2014

14 15DesaparicionesDesapariciones

• acuérdense de este nombre: Luis Fernández Paredes. Este mayor de la PNP está involucrado en la desaparición del suboficial Rommel Martínez Navarro, sucedido en Huancavelica. La fiscalía lo sindica como autor principal de ese delito porque aparentemente Martínez conocía sus nexos con el narcotráfico. Rosa Inca, la esposa del agente desaparecido, no ceja en su lucha de que se sancione a los culpables.

“En este último viaje a Lima mi hija se enfermó. De pronto, casi delirando, me dijo que había soñado que Diosito estaba correteando a su papito para

que regrese al cielo porque él quería volver con nosotros”, cuenta entre lágrimas Rosa Inca, la esposa de Rommel Martínez Navarro, el suboficial de tercera desaparecido hace casi dos años en la ciudad de Huancavelica.

AGENTE DESILUSIONADORommel Martínez egresó de la Escuela de Suboficiales de Huancavelica en octubre de 2009. Inmediatamente, fue destacado a la comisaría de la provincia de Acobamba, cuyo comisario era el mayor PNP Luis Sebastián Fernández Paredes. Sus conocimientos de mecánica y, sobre todo, su ejemplar compor-tamiento le granjearon en muy poco tiem-po el respeto de sus colegas, en especial del mayor Fernández, quien lo designó como su chofer. Sin embargo, Fernández vio algo más en su agente: era un muchacho humilde y muy sumiso a sus superiores.

Martínez Navarro laboró en la delegación de Acobamba hasta febrero de 2011. En los 16 meses que estuvo bajo las órdenes de Fer-nández Paredes se enteró de muchas cosas y fue testigo de otras tantas. Según Rosa Inca, su esposo de vez en cuando le manifestaba su decepción por el comportamiento de su jefe.

“Mi esposo me contaba amargo y a veces hasta llorando por las cosas en las que estaba metido el mayor Fernández. Me decía que era de lo peor y que no merecía estar en la institución policial. No me daba muchos deta-lles, pero lo notaba bastante desilusionado”, recuerda Rosa.

Las pocas veces que Rommel fue más ex-plícito con su esposa le contó que el mayor PNP Luis Fernández estaba involucrado con

narcotraficantes. La provincia de Acobamba se había convertido en la nueva ruta del nar-cotráfico y esto era gracias a la “colaboración” de algunos “aliados”.

De acuerdo a Rosa Inca, Luis Fernández era uno de ellos. “Una vez Rommel me contó que habían recibido una información de que iba a pasar un cargamento de droga por cierto lugar. El mayor Fernández mandó a todo su personal a ese operativo, pero ni bien salie-ron llamó a los narcotraficantes para que cambiaran de ruta”.

VEN A MI LADORommel Martínez fue relevado a la Comisaría de Mujeres de Huancavelica y se quedó allí hasta enero de 2012. Luego, fue enviado a la Comisaría de Huachocolpa, donde prestó servicios hasta el 11 de abril del mismo año. Cuenta Rosa Inca que desde mucho antes el mayor Fernández llamaba al suboficial para que se viniera a trabajar con él (a la Comisaría de Huancavelica), pero a Rommel esa idea no le agradaba demasiado.

El comisario de Huachocolpa no quería dejar ir a Martínez pues lo consideraba un buen elemento, así que a pesar de que había una orden al respecto, no le hizo su pape-leta de cambio. Esta omisión le ocasionó al comisario no solo una severa llamada de atención, sino que también fue sancionado.

Clama justicia

Así las cosas, Rommel Martínez tenía que presentarse muy temprano el 12 de abril en la delegación de Huancavelica que estaba al mando del mayor Fernández.

Cuando Rommel llegó a Huancavelica le expresó a su mujer su malestar por tener que trabajar de nuevo con el mayor Fernández. Rosa, mujer muy observadora, se dio cuenta que a Rommel le afligía algo más. “Días antes, cuando estábamos jugando con nuestra hija, de pronto la abrazó y muy triste nos dijo qué sería de nosotros si a él le pasara algo. Pri-mero me molesté con él por hablar así, pero después le dije que me cuente lo que lo tenía afligido, pero no quiso hacerlo. Tengo miedo, es lo único que me alcanzó a decir”.

A las ocho de la mañana, el suboficial Martínez se presentó en la Comisaría de Huancavelica y fue asignado como chofer del patrullero de placa PL-7258 y le prometieron que tendría libre al día siguiente. Es decir, el viernes 13 de abril. ¿Extraño, no?

Como recién lo habían cambiado de dele-gación y su casa estaba a solo cinco minutos de la comisaría, Rommel fue a almorzar y a cenar con su familia. En ambas oportunida-des Rosa notó que el entusiasmo del agente no era el mismo. “Ya mañana te cuento”, fue lo único que le dijo a Rosa cuando ella le pre-guntó por qué estaba así.

EMPIEzA LA PESADILLALa última vez que Rosa escuchó la voz de Rom-mel fue a las 10 de la noche de ese jueves 12 de abril. Él le contó que estaba en la móvil esperando alguna diligencia. A eso de las cinco de la mañana, Rosa se levantó con un fuerte dolor de pecho: tenía un mal presentimiento y no dudó en llamar al suboficial, pero el celular de este estaba apagado. “Qué raro, pensó Rosa, él nunca apaga su teléfono”.

Horas más tarde, cuando ella les contó a sus familiares que Rommel no llamaba ni contestaba su celular, estos le dijeron que sería bueno que ella se acercara a la comisaría para preguntar por él. “No fui a la delegación porque no quería incomodarlo, no quería que sus compañeros después lo fastidiaran como saco largo”, dice Rosa con cierto aire de arrepentimiento.

A eso de las dos de la tarde, angustiada y cada vez más temerosa de que algo malo había sucedido, Rosa se fue a la comisaría a preguntar por su cónyuge. Allí no le permi-tieron hablar con el comisario (le dijeron que estaba mal de salud), y quien la atendió fue el jefe de guardia, el técnico Rosales, quien le manifestó que al suboficial Martínez lo habían mandado a su casa a eso de las tres de mañana porque no había cama disponible para que pernoctara en la delegación policial, con la condición de que se tenía que presentar a las siete y media para que firmara su salida.

Preguntas: ¿por qué si ya habían transcu-rrido siete horas desde que el suboficial no se había presentado a la comisaría, el mayor Fernández no dio la orden de indagar su pa-radero? ¿Por qué no fueron a preguntar a la vivienda del agente que estaba apenas a cinco minutos de la delegación?

Desesperada, Rosa recorrió la morgue, hospitales y centros de salud de la zona, pero sus esfuerzos por encontrar a Rommel fueron infructuosos. Entonces, decidió regresar a la comisaría pero obtuvo el mismo resultado de la primera vez: nadie le dio razón del parade-ro de su consorte.

Sospechando que a su esposo lo habían asesinado, Rosa y sus familiares fueron a buscar por diferentes lugares donde posi-blemente lo habrían enterrado. Pasadas las seis de la tarde, cuando ya se disponían a regresar a casa, el mayor Fernández les dio el encuentro y le pidió a Rosa conversar a solas.

“Me dijo que lamentaba lo sucedido con Rommel y que quería ser mi amigo como lo fue de él. Me prometió ayudarme para obtener mis beneficios porque él ya daba por descontado que Rommel estaba muerto. Pero la condición era que yo no saliera a la prensa a decir que él tiene algo que ver con la desaparición de mi marido. Si lo haces, te vas a perjudicar pues la policía va a reportar que tu esposo ha hecho abandono de trabajo”, la amenazó.

Por supuesto, Rosa no aceptó la propuesta de Fernández Paredes y le increpó al oficial por su actitud indiferente por la desaparición de su subordinado.

LA FISCALÍA SE PRONUNCIAEl primero que abordó este caso fue el fiscal adjunto de la Fiscalía Provincial Penal Supra-provincial de Huancavelica y Ayacucho, el Dr. Wilbert Mateo Pumacahua Palomino, quien luego de las investigaciones de rigor no dudó en formalizar una denuncia penal contra el mayor Fernández y tres de sus subordinados.

A Luis Fernández Paredes lo sindica como autor del delito contra la humanidad, en la modalidad de desaparición forzada, en agra-vio de Rommel Martínez Navarro. Al subo-ficial de segunda, Edwin Crispín Enríquez, lo acusa como cómplice primario del mismo delito y a Evert Salcedo Ccama (suboficial de primera) y Gutardo Castillo Mamani (subofi-cial de tercera) como cómplices secundarios de esa desaparición.

De acuerdo a las indagaciones y manifes-taciones recogidas por el fiscal Pumacahua Palomino, un suboficial declaró que el mayor Fernández y otros efectivos, entre ellos Rom-mel Martínez, habían estado bebiendo licor en la oficina del jefe. ¿Cómo el responsable de una delegación policial puede incitar a tomar a un agente que estaba de servicio, como es el

efectivo tenía problemas con su pareja porque ella le exigía que se casara con ella a raíz de que se encontraba embarazada. Además, me han dicho que muy cerca al domicilio de su pareja vivía su ‘trampa’”. Una precisión: Rosa y Rommel ya se habían casado por civil el 28 de diciembre de 2009, un año y medio antes de que nazca la hija de ambos. Por tanto, la versión del mayor carece de validez.

IDAS y VENIDASCuando el expediente fue remitido al Juzgado Penal Nacional, con sede en Lima, a cargo de la Dra. Janet Lastra Ramírez, en primera instancia la magistrada declaró no ha lugar a la apertura de proceso penal en contra del mayor Fernández y los otros tres oficiales in-volucrados en esa desaparición. Sin embargo, cuando el caso fue nuevamente revisado por el fiscal Faustino Ocrospoma Sánchez, de la Fiscalía Superior Penal Nacional, este solicitó que la Sala Superior revoque la decisión de la juez Janet Lastra. Ante esto, el 30 de octubre de 2013, la magistrada Lastra no tuvo otra alternativa que abrir proceso penal a los su-puestamente responsables de la desaparición del suboficial Rommel Martínez.

Hace unos días, la jueza Lastra Ramírez ha sido cambiada de puesto y su lugar ahora lo ocupa la Dra. Ingrid Morales Deza. Es ella ahora quien tendrá a cargo este caso. Rosa espera que esta magistrada la llame para dar su manifestación y allí, asegura, dirá lo que por seguridad no ha mencionado todavía: las actividades ilícitas y más en los que estaría implicado el mayor Fernández.

¿Por qué has esperado tanto tiempo para decir lo que sabes?, le preguntamos. “Por temor a que el mayor tome represalias contra mi vida y contra la de mi hija. Lo conozco y sé muy bien hasta donde es capaz de llegar”. ¿Y hasta donde crees que es capaz de llegar?, insistimos. “Matarme a mí y a mi hija, desa-parecernos a toda la familia. Ese mayor es un verdugo”.

Hasta donde se sabe, el mayor Fernández labora actualmente en Lima en la Escuela de Oficiales de Puente Piedra, pero los demás efectivos implicados siguen en Huancave-lica. ¿En qué momento perdió tu esposo la confianza del mayor?, inquirimos. “Creo que Rommel ya no pudo más y le contó lo que sabía a un colega y este lo traicionó con-tándoselo al mayor. Entonces, mi esposo se convirtió en un estorbo y por eso lo desapa-recieron”, añade.

Rosa termina esta entrevista recordando lo buen padre y esposo que era Rommel Mar-tínez y cuánto amaba pasar tiempo junto a su familia. Y concluye con una frase dura: “Las personas que son honestas no tienen futuro en la Policía”. La realidad que vive la PNP parece darle la razón. w

LA úLTIMA VEz qUE ROSA ESCUCHÓ LA VOz DE ROMMEL FUE A LAS 10 DE LA NOCHE DE ESE JUEVES 12 DE ABRIL. éL LE CONTÓ qUE ESTABA EN LA MÓVIL ESPERANDO ALGUNA DILIGENCIA. A ESO DE LAS CINCO DE LA MAÑANA, ROSA SE LEVANTÓ CON UN FUERTE DOLOR DE PECHO: TENÍA UN MAL PRESENTIMIENTO y NO DUDÓ EN LLAMAR AL SUBOFICIAL, PERO EL CELULAR DE ESTE ESTABA APAGADO. “qUé RARO, PENSÓ ROSA, éL NUNCA APAGA SU TELéFONO”.

caso del desaparecido suboficial? Horas más tarde, a eso de las dos de la

mañana, el mayor le pidió al suboficial de primera Wilder Inga Ingaroca que lo llevara a él y a los agentes Crispín, Castillo y Martínez al centro de la ciudad y los dejó entre las calles Agustín Gamarra y Manco Cápac. En su ma-nifestación, Inga Ingaroca declaró que sintió el aliento a licor de los ocupantes. Luego de eso, Wilder Inga retornó a la comisaría junto con el suboficial Gutardo Castillo.

A partir de este momento, las versiones de lo sucedido después son contradictorias. Según el mayor Fernández, mientras él se fue a la discoteca Latin Rock (donde no le dejaron entrar e incluso lo golpearon por insistir), los otros dos oficiales (Crispín y Martínez) se fueron cada uno por su lado.

No obstante, Crispín ha señalado que los tres agentes intentaron ingresar a la discote-

ca, pero como no los dejaron entrar él se fue a comer algo, en tanto Martínez se fue a su casa. Pero serenos de la Municipalidad Pro-vincial de Huancavelica, que estaban patru-llando esa zona, informaron que a eso de las 2:40 a.m. vieron a dos efectivos totalmente ebrios. Uno de ellos, dijeron, estaba vestido de civil y con un chaleco policial volteado (era Crispín) y el otro tenía puesta su vestimenta policial, pero sin su casaca Mcgregor (era Martínez).

Es preciso mencionar que la casaca del suboficial jamás volvió a aparecer. Según Rosa Inca, por orden del mayor Fernández esa prenda fue incinerada y agrega que hacer-lo tomar a su esposo y llevarlo a la discoteca era la coartada para luego desaparecerlo.

En una de las manifestaciones del Mayor Fernández, este deslizó la posibilidad de que Martínez se haya fugado por problemas fa-miliares. “Tenía conocimiento de que ese

Rosa Inca: “Las personas que son honestas no tienen futuro en la Policía”.

Suboficial desaparecido, Rommel Martínez Navarro.

La jueza Ingrid Morales Deza tiene ahora a su cargo este caso. Estaremos atentos a su veredicto.

Mayor Luis Fernández Paredes.

LIMA, del24 al30 de marzo de 2014LIMA, del24 al 30 de marzo de 2014

1716 ReclamosReclamos

• Miembros del sindicato de cirujanos dentistas y obstetras realizaron un plantón de protesta frente al Ministerio de Salud y exigieron que la titular de ese sector, Midori de Hábich, atiendan sus justificados reclamos, entre ellos la homologación de los sueldos de todos los profesionales de la salud, y que nos los excluyan de la reforma que se pretende ejecutar en ese sector.

Todo el que transita por la avenida Salaverry se

ha topado alguna vez con alguna protesta frente al Ministerio de Trabajo o el de Salud. En los últimos años, los

plantones frente a esa última institución del Es-tado han sido bastante frecuentes. La mayoría de ellos han sido motivados por los magros salarios que reciben los profesionales de la salud y por las promesas incumplidas de las autoridades del sector.

ya que estos no tendrían trabajo en el ejercicio profesional libre.

De igual forma, exigen al gobierno una mesa de concertación en salud con participación de los colegios profesionales y gremios, ya que nin-guna reforma debe hacerse sin participación de los profesionales comprometidos. También pretenden que todos los serumistas accedan al derecho constitucional de que “todo trabajo debe ser remunerado”. Luego consideran que el sueldo de inicio sea de 3 UIT que aseguren una vida digna de los profesionales de la salud y, por último, solicitan como objetivo final que el acceso a la salud sea universal y gratuita en todo el Perú.

PLANTÓN DE PROTESTA PERMANENTEEl pasado miércoles 19 de marzo, alrededor de las 10 a.m., frente a la sede prin-cipal del Minsa (ubicado en Jesús María), se produ-jo un reclamo por parte de varios trabajadores de salud. Asistieron diferen-tes federaciones y sindica-tos que los comprendían cirujanos dentistas, obste-tras, tecnólogos médicos, psicólogos, trabajadores sociales, entre otros, para reclamar sus derechos que no son escuchados desde hace tiempo atrás. Varios miembros de la Policía Nacional estuvieron vigilando con el fin de que no se produzcan disturbios.

La secretaria general de la Federación Nacio-nal de Cirujanos Dentistas, la Dra. Luisa Lozano Guerra, fue una de las voces principales de esta protesta. Lozano Guerra manifestó su indig-nación afirmando lo siguiente: “El Minsa está

emitiendo las normas legales sin el consenso y sin tomar en cuenta la opinión de todos los profesionales de la salud. El tema de la reducción de las guardias hospitalarias va a provocar que la población no tenga donde atenderse y así están atentando contra la salud de ellos”.

A su vez, acusó al ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, sobre los suel-dos que reciben los trabajadores de la salud. “El

ministro Castilla dice que no hay dinero para incrementar los sueldos de los profesionales de la salud. Sin embargo, sí hay dinero para que ellos se incrementen 15,000 soles de un solo golpe sin ningún estudio previo como están haciendo con el sueldo mínimo. Esa actitud del titular del MEF nos parece inmoral”.

Y añadió: “Dicen que el aumento a los mi-nistros y demás funcionarios se debe a que se trata de profesionales altamente capacitados y competentes, pero sabemos que en muchos

casos no es así. Nosotros sí podríamos decir que somos calificados, la mayoría de los que estamos presentes somos titulados. Para poder ejercer la profesión debemos estar colegiados y habilitados, además de hacer el Serum. Te-nemos que hacer el servicio a la comunidad de forma gratuita durante un año, por lo cual son muchas vallas por ingresar al sector salud. En cambio estos señores (ministros), que se dicen ser competentes, pero algunos no tienen ni si-quiera título profesional, con total desparpajo se incrementan sus haberes. En tal caso, nosotros también deberíamos ganar ese emolumento”.

Quien también alzó su voz de protesta fue la secretaria general de la Federación Nacional de Obstetras del Ministerio de Salud, la Dra. Mar-garita Pérez Silva: “Se ha cumplido una primera etapa de remuneraciones aunque no lo que se había quedado. Pero el principal problema es que se están empezando a emitir normas y leyes que están transgrediendo las funciones de los profe-sionales. De esa manera, la calidad de atención de los pacientes se va a ver perjudicada porque serán atendidos por otros trabajadores, ajenos a nosotros, en las guardias que nos quieren quitar”.

De igual forma, Pérez Silva habló sobre la mi-nistra de Salud, Midori de Habich a quien calificó de mentir respecto a la reforma: “La ministra sale a decir de que esta reforma se está haciendo en consenso con los gremios que trabajamos, cuando eso es falso. Hay un diálogo pero que no da resultados. Si nos vamos a reunir para emitir nuestra opinión y finalmente ellos nos dicen que nos han escuchado, pero que no van a cambiar en nada sus propuestas, entonces estamos ante un autoritarismo tremendo”.

RECLAMOS JUSTIFICADOSTodo profesional de cualquier sector merece reconocimiento cuando tiene un trabajo muy sacrificado y en el que ha pasado numerosos obstáculos para poder obtener el título. Este es un privilegio que no muchas personas obtie-nen y les da el derecho de percibir una buena remuneración por su trabajo, siempre y cuando demuestren ser eficientes y capaces.

Los trabajadores mencionados reclaman algo justo desde hace un año, y el Ministerio de Salud no logra cumplir sus expectativas. Asimismo, si van a aplicar un cambio en la re-muneración, entonces que acorten la brecha con los médicos cirujanos, los cuales reciben un sueldo mucho mayor.

Los profesionales participantes en el plantón tienen años de especialización y con justificada razón piden que se les reconozca igual que a los demás médicos. La ministra De Hábich y sus colaboradores deben hacer algo al respecto porque este problema puede desencadenar en una huelga indefinida lo cual afectaría a millo-nes de pacientes en la capital y provincias. Es hora de tomar cartas en el asunto y no agravar la situación en el sector salud. w

Hace unos días, miembros del sindicato de cirujanos dentistas y obstetras organizaron una jornada de reclamo frente al frontis del MINSA porque consideran que su trabajo se ha visto mermado por la reforma que viene ejecutando esa entidad, reforma, aseguran ellos, que no cumple con sus expectativas.

DEMANDASEl tema parte por una discriminación en cuanto al salario. Todos los profesionales de la salud quieren ganar por igual, sin embargo los cali-fican por categorías, algo que los perjudicados rechazan rotundamente. El Minsa, en su última reforma los denominan “otros profesionales de la salud no médicos”, generando controversia no solo con los odontólogos, sino con obstetras, biólogos, psicólogos, tecnólogos médicos, nutri-cionistas e ingenieros sanitarios.

Por si fuera poco, en el proyecto de Decreto Supremo que aprueba las prestaciones comple-mentarias, publicado el pasado 24 de enero de este año, se estarían aumentando aún más bre-chas al establecer el monto de valor hora en base a la remuneración, cosa que varios sindicatos del sector consideran discriminatorio.

Jorge Casaverde, exdirector de la Federación Odontológica del Perú (FOP) en 1997 y actual cirujano dentista en el Hospital Arzobispo Loa-yza, expresó al respecto que “el sueldo en el sector salud es malo. Pero dentro de todos esos

sueldos hay una discriminación bárbara contra otros profesionales de la salud. Al médico ciru-jano le pagan 42 soles por hora, en cambio al dentista 30.”

Asimismo, Casaverde explicó uno de los motivos por el que debe haber mayor equidad en los sueldos con los médicos cirujanos. “No-sotros tenemos la misma responsabilidad que los médicos cirujanos al hacer operaciones de alta complejidad de 8 a 9 horas. Dos elementos principales del riesgo de vida en la falta de respi-ración son mantener el volumen de sangre y las vías aéreas. Hay patologías en estas últimas vías causadas por asfixia y en estos tipos de emergen-

cias interviene el cirujano dentista”. La reforma de salud fue publicada en junio

del 2013, trayendo como consecuencia numero-sas quejas, específicamente en odontólogos no solo en la capital, sino en provincias. La primera ciudad en pronunciarse fue Arequipa, a través del Sindicato de Cirujanos Dentistas de dicha ciudad (SICIDEA). Ellos organizaron un foro para debatir el tema y mandaron un comunicado anunciando sus conclusiones.

Ellos solicitan al Gobierno que se asigne el 15% del PBI al sector salud para que sea una reforma con presupuesto y no están de acuerdo en que se planteen políticas de gobierno, sino políticas de Estado a mediano y largo plazo con la participación de los colegios profesionales y gremios de la salud.

Afirman, además, que la mencionada refor-ma debe considerar la realidad de las regiones y alertan a la población el peligro de la privatiza-ción del sector Salud, cuando plantea el gobierno que “se articulen y se complementen eficazmen-te los prestadores y financiadores del sistema a través del intercambio de servicios”. También rechazan el intento del Estado de regentar la educación universitaria (pre y postgrado) de los profesionales de la salud a través del Minsa y no admiten la incongruencia entre la definición del perfil profesional que quiere asumir dicho ministerio y su capacidad para generar empleo para profesionales con perfil de primer nivel,

En busca de laigualdad

ELLOS SOLICITAN AL GOBIERNO qUE SE ASIGNE EL 15% DEL PBI AL SECTOR SALUD PARA qUE SEA UNA REFORMA CON PRESUPUESTO y NO ESTÁN DE ACUERDO EN qUE SE PLANTEEN POLÍTICAS DE GOBIERNO, SINO POLÍTICAS DE ESTADO A MEDIANO y LARGO PLAzO CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES y GREMIOS DE LA SALUD.

Las obstetras afirman que el Minsa quiere quitarles sus horas de guardia.

Dra. Luisa Lozano Guerra, secretaria general de la Federación Nacional de Cirujanos Dentistas. “El ministro Castilla dice que no hay dinero para aumentar los sueldos de los profesionales de la salud. Sin embargo, sí lo hay para que ellos se incrementen 15,000 soles de un solo golpe”.

Dra. Margarita Pérez Silva, secretaria general de la Federación Nacional de Obstetras del Ministerio de Salud. “Se están empezando a emitir normas y leyes que están transgrediendo las funciones de los profesionales de la salud”.

Ministra de Salud, Midori de Hábich.

Por: Jorge Jiménez

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LIMA, del24 al30 de marzo de 2014LIMA, del24 al 30 de marzo de 2014

1918 InternacionalInternacional

D urante la II Guerra Mundial, un conflicto que asoló a casi toda Europa, la emergente ciudad china de Shanghái se convirtió

en una versión moderna y humanitaria del Arca de Noé, ya que amparó a todos aquellos refugiados judíos que llegaron, sobre todo en barco, huyendo del nazismo.

El drama de los ataques de ácido no es un problema solo en la India, también sub-siste en algunos de los países vecinos, como Pakistán, pero el gigante asiático ha sido el primero de la región que ha dado un paso para afrontarlo con la adopción de una legis-lación específica, de resultados, no obstante, inciertos.

El cambio de marco legal se debe, en buena medida, a una campaña de presión de grupos humanitarios, que apoyaron la reclamación de algunas víctimas para que el Parlamento y el Tribunal Supremo orde-naran restringir la venta de ácido y pusieran coto a su empleo.

“STOP ACID ATTACKS”El ácido es muy accesible en la India, donde el litro solo cuesta medio dólar y suele utilizarse para limpiar tuberías y retretes.

La campaña desembocó en una orde-nanza que estableció, el pasado julio, com-pensar con 5.000 dólares a las personas que sufrieran ese tipo de ataques, y que exige a los vendedores de productos como el ácido sulfúrico que apunten siempre la identidad del comprador.

Pero los sectores de la sociedad civil que impulsaron la campaña consideran que el nuevo marco legal es aún insuficiente, por lo exiguo de la compensación económica y la falta de estadísticas fiables que puedan dar fe de que se ha puesto freno a la lacra.

de estar un tiempo en el Ejército me hice periodista para denunciar la suerte de estas mujeres”, recuerda Dixit, que en la actuali-dad tiene 25 años y se dedica en cuerpo y alma a la ONG.

DENUNCIAR y SENSIBILIzAR A LA POBLACIÓNDixit afirma que “Stop Acid Attacks” única-mente se financia con aportaciones privadas que han permitido a la organización alquilar un pequeño piso en un barrio popular de Delhi desde el que él y sus compañeros despliegan sus campañas de concienciación y atención.

“Aquí viven o vienen con frecuencia una docena de víctimas de la capital, a las que ase-soramos y cuidamos, pero estamos en contacto con otras 50 personas que han sufrido ataques del mismo tipo en toda la India y a las que también prestamos apoyo”, asegura.

lo denunciara, pero yo me empeñé”.También el caso de Shaheen Jahan, de

30 años, es paradigmático. “Me casé por amor. El problema surgió cuando entré a trabajar en una oficina y el jefe empezó a hacerme preguntas incómodas. Me llamaba a su despacho y me hablaba durante horas y horas. Adiviné -explica-, que lo que quería de mí no era otra cosa que sexo”.

“Un día no pude más y se lo conté a mi marido, que fue a ver a mi jefe para que me dejara en paz. Poco después, el 9 de noviem-bre de 2009, mi jefe me atacó con la ayuda de otra persona”, lo que no solo le dejo des-figurada, también le arruinó el matrimonio. “Mi marido se separó de mí”, dice.

Aunque los ataques por cuestiones de género son la inmensa mayoría -y en buena parte no son denunciados por presiones de las familias, tanto de las víctimas como de los verdugos-, tampoco faltan los que tienen su origen en otros litigios humanos.

El caso de Rupa Devi, de 21 años, es dis-tinto a las de sus compañeras de piso en la ONG; a ella le atacó su madrastra.

“Mi madrastra pretendía que hiciera todo el trabajo de la casa pero yo me negaba. Mi verdadera madre murió cuando yo tenía solo dos años de edad. Y, desde que mi padre se casó con ella, mi madrastra nunca nos trató bien, ni a mí ni a mis hermanos”, asevera.

Relata que, tras perpetrar el ataque, el 2 de agosto de 2008 y cuando dormía, su madrastra estuvo año y medio en la cárcel, pero fue liberada tras retirar ella los cargos en su contra, algo que no sirvió para mejorar las relaciones en el seno de la familia.

“Las relaciones con mi padre son malas”, lamenta Rupa, a quien como al resto de perso-nas acoge su ONG. Alok Dixit prefiere calificar de “superviviente” antes que de “víctimas”, en la medida en que todas ellas han sobrevivido a un intento de asesinato emocional. (EFE) w

“Nuestras operaciones consisten en ir adon-de se ha producido un ataque para denunciarlo y concienciar a la población”, anota.

La sede de la ONG asimismo acoge de permanencia a víctimas que tras sufrir el ataque padecen abandono familiar o re-chazo social.

Una de esas víctimas es Sapna Kumar, de 21 años y cuyo caso es uno de los más co-munes entre los ataques de esta naturaleza.

“Todavía no sabemos si se han reducido o no los ataques porque la policía los registra junto a otros delitos, como la violación y los acosos y abusos sexuales” explica Alok Dixit, que dirige “Stop Acid Attacks”, una ONG que se dedica a ayudar a las víctimas.

“Tendremos que esperar varios meses

para poder saber si se ha producido un cambio de tendencia”, agrega Dixit, quien apunta, además, que las operaciones de ci-rugía estética pueden costar hasta 50.000 dólares, diez veces más que la compensación comprometida.

Junto a tres amigos, Dixit creo “Stop Acid

Attacks” en marzo de 2013 después de tomar conciencia de la gravedad del problema a raíz de un caso que, en el año 2000, causó un gran impacto en su localidad natal de Kan-pur, cuando él solo tenía once años de edad.

“Desde entonces me interesa el asunto, que no me pude sacar de la cabeza. Después

El drama de los ataques con ácido en la India

• Entre dos y tres ataques con ácido se producen cada día en la India. Según los expertos, esas crueldades no son denunciadas en la mayoría de los casos en que tienen como víctimas a mujeres y de verdugos a pretendientes que han sido despechados y actúan por venganza.

alberto masegosaPor:

“Alguien que tenía diez años más que yo quería casarse conmigo. Pero yo no me que-ría casar porque prefería seguir estudiando. Entonces él empezó a amenazarme por telé-fono y me decía que, si no nos casábamos, me mataría”, recuerda la joven Sapna.

“Hasta que el 7 de agosto pasado, cuando volvía a casa al caer la tarde, él se acercó en moto con un amigo, y me roció el ácido”, agrega, antes de subrayar que “desde el prin-cipio, la Policía quiso convencerme de que no

AUNqUE LOS ATAqUES POR CUESTIONES DE GéNERO SON LA INMENSA MAyORÍA, EN BUENA PARTE NO SON DENUNCIADOS POR PRESIONES DE LAS FAMILIAS, TANTO DE LAS VÍCTIMAS COMO DE LOS VERDUGOS, PERO TAMPOCO FALTAN LOS qUE TIENEN SU ORIGEN EN OTROS LITIGIOS HUMANOS.

EL ÁCIDO ES MUy ACCESIBLE EN LA INDIA, DONDE EL LITRO SOLO CUESTA MEDIO DÓLAR y SUELE UTILIzARSE PARA LIMPIAR TUBERÍAS y RETRETES.

Alox Dixit, el jefe de la ONG

Stop Acid Attacks con su

novia Laxmi, en su oficina

de Nueva Delhi.

Nasreen Jahan y Shaheen Jahan (de izquierda a derecha) en la oficina de la ONG Stop Acid Attacks en Nueva Delhi.

Dos sobrevivientes de los ataques de ácido Sapna Kumari y Rupa Devi (de izquierda a derecha), en la oficina de la ONG Stop Acid Attacks.

Alox Dixit, el jefe de la ONG Stop Acid Attacks, en su oficina de Nueva Deli.

LIMA, del24 al 30 de marzo de 2014

20LIMA, del24 al30 de marzo de 2014

21FatalidadesIngratitudes

• Las miserias y estafas a las que están expuestas miles de mujeres que se desempeñan como trabajadoras domésticas se reflejan en Fredesvinda Cueva. Esta mujer piurana nunca percibió un sueldo fijo por más de tres décadas por parte de sus empleadores. Como si eso no fuera suficiente, en los últimos tiempos ha venido sufriendo constantes agravios y maltratos de quienes ahora la quieren dejar a la deriva.

Es una calu-rosa tarde de marzo y una mujer

de 53 años de edad llega a una clásica vi-vienda del Cercado de Lima, ubicada a pocas cuadras de un

emblemático club de danzas que funge como la sede principal del Sindicato de Trabajado-ras del Hogar del Perú (Sintrahogarp). La señora ya entrada en años viste una falda gris, una blusa blanca y un gorrito típico del norte de nuestro país que cubre un rostro lleno de constantes penurias y tristezas.

Apenas ingresó al local, la voz de la mujer se resquebrajó, sus ojos se llenaron de inter-minables y dolorosas lágrimas, y su respira-ción se aceleró como un caballo de carrera en plena competencia. Esa fémina al borde del colapso era Fredesvinda Cueva Chero, quien en medio de sollozos nos contó su penosa historia.

Cueva Chero, natural del distrito piura-no de Chulucanas, vino muy jovencita a la capital: frisaba apenas los 17 años. Ni bien pisó Lima, inmediatamente fue a trabajar como empleada del hogar en una casa de La Victoria. La familia que la contrató nunca le pagó un sueldo digno (mucho menos fijo). Lo único que recibía de sus empleadores eran miserables y esporádicas propinas que oscilaban entre los 100 ó 200 soles bajo la promesa de que en algún momento le iban a tomar en adopción.

El relato de Fredesvinda, que no deja de gimotear mientras cuenta sus cuitas, es si-milar al de muchas mujeres oriundas del interior de nuestro país que vinieron por estos lares en busca de una vida digna y próspera. Después de haber dedicado más de tres décadas de su vida al servicio de la familia que la contrató, ahora Fredesvin-da Cueva ha tenido que soportar en estos últimos tiempos permanentes vejámenes

y maltratos por parte de los sobrinos de su primera patrona: la señora Hermi-nia Sepúlveda Elías.

“Cada vez que tienen oportunidad me lanzan im-properios: me dicen que soy una sucia recogida, que no soy digna de llamarme perso-na, que no saben de qué basu-ral he salido, entre otras palabras funestas y macabras que jamás qui-siera volver a escuchar y que solo las soportaba por el inmenso cariño que le tenía a la señora Herminia”.

VIVIENDA TERRORÍFICAEl escenario de la interminable y terrorífica pesadilla que vive Cueva Chero es el depar-tamento ubicado en el segundo piso en el pasaje Nauta 2033, urbanización San Pablo (La Victoria) al que ella llegó en aquel lejano año de 1978.Ese inmueble en el que Fredes-vinda ha vivido 36 años, y que está a punto de abandonarlo para siempre, le pertenecía a las hermanas Herminia y Juana Sepúlveda Elías debido a una sucesión testamentaria redactada por Aurelio Alejandro Napam, exesposo de Herminia.

La razón por la que la exempleada habita este domicilio hasta el día de hoy es porque actuó como una indesmayable y dedicada enfermera de Juana Sepúlveda, quien sufría de epilepsia. Según Cueva Chero, los hijos de esa mujer solo se ocupaban de sus medicinas mas no de su atención, a tal punto que jamás

le alcanzaron un vaso de agua. “Quien es-taba al momento de sus ataques, quien

llamaba a una ambulancia y quien la cargaba para bañarla con un brazo

mal herido era yo. Sus hijos la consideraban como un estorbo

porque nunca me pregunta-ron si sufría de colapsos o si necesitaba ayuda médica. Ellos simplemente espe-

raban su muerte para heredar la vivienda”, dice Fredesvinda.

Precisamente, una de las hijas de Juana Sepúlveda,

La explotaron 36 añosy ahora la quierenechar a la calle

21Ingratitudes

Por: Jorge gallegos Ponce

La vulnerabilidad a las que están expuestas las miles de trabajadoras domésticas que realizan sus labores en nuestra capital se refleja en el alto porcentaje otorgado por la secretaria general del Sindicato de Trabajadoras del Hogar del Perú, Adelina Díaz Uriarte. “El 60 ó 70% de las mujeres, sobre todo adolescentes entre 14 y 16 años que acuden a nosotros, nos manifiestan que sufren de permanente acoso sexual por parte de sus empleadores”. Este tipo de vejámenes están representados en su mayoría por tocamientos indebidos o incluso en forzar a estas féminas a tener relaciones empleando contra ellas la violencia física. Esta indignante y escalofriante cifra se ve reflejada en Rosa Chuquinvalqui, una mujer oriunda de Amazonas que arribó a nuestra capital en base a promesas falsas por parte de unos siniestros y macabros empleadores. En ese entonces, Rosa era tan solo una indefensa adolescente de trece años que llegó a la capital con la ilusión de labrarse un futuro. Es así que llegó a una apacible y pacifica vivienda ubicada en la Residencial San Felipe (Jesús María) sin saber que ese lugar se convertiría en el escenario de la peor de sus pesadillas. Resulta que la extrabajadora doméstica (falleció hace unos años) permaneció amordazada y encadenada como un vil animal por más de cuatro años en esa casa por el Dr. José Antonio Cabrejos Álvarez, dentista y catedrático de la Universidad Inca Garcilaso de La Vega.Detrás de esa apariencia de buen profesional, se escondía la verdadera personalidad de un despreciable sujeto que ultrajó diariamente a esa vulnerable mujer, cometiendo contra ella los más viles y desalmados actos sexuales, dejando ver así el monstruo que era en realidad. Sin

embargo, hoy Cabrejos Álvarez está libre. El dentista contrató a Chuquinvalqui para que actúe como una improvisada enfermera de su anciana y maltrecha abuela. Esta circunstancia fue aprovechada por el macabro odontólogo para dar rienda suelta a sus más oscuros y bajos instintos. Sin embargo, por azares del destino Rosa Chuquinvalqui logró escapar de esa demoniaca vivienda y llegó al Sintrahogarp gracias a que uno de los profesores del centro educativo Copérnico la encontró sin ropa, mal herida y desnuda en un parque cercano a la residencial. El caso fue llevado a la Corte Superior de Justicia de Lima, específicamente al 12° Juzgado Penal en el 2005.El juez que tuvo a su cargo este proceso fue el Dr. Alexis Vargas Aliaga, quien dictaminó solo siete años de prisión para Cornejo Álvarez. No obstante, el dentista solo permaneció en la cárcel dos años. En la actualidad, ya nada se puede hacer para que ese monstruo vestido de odontólogo pague sus delitos, pues al fallecer la víctima de esas vejaciones (Rosa murió en el 2012 en su natal Amazonas) este caso ya prescribió. Sin embargo, este historia sirve para demostrar dos cosas: la vulnerabilidad a la que están expuestas las empleadas del hogar y lo putrefacto que está nuestro organismo de justicia.

PESADILLA REAL

quien debería estar agradecida a Fredes-vinda por todo el cuidado que le brindó a su madre, es quien ahora quiere dejarla en la calle. Ella se llama Rosa Yrene Sepúlveda Cañamero, quien es la automática sucesora del inmueble en controversia porque fue nombrada como coheredera en el testamen-to hecho por Aurelio Napam en 1972. Bajo ese atenuante, la salida de Chero Cueva de la residencia en discordia es inminente. La ex-trabajadora del hogar ya ha sido notificada como ocupante precario por la única y legíti-ma dueña. Sin embargo, hay que resaltar que Cueva Chero ha sido invitada a participar a una conciliación entre ambas partes.

NO ES UN CASO AISLADOEste caso que parece ser recopilado de una novela, es solo uno más de los tantos que se sus-citan a diario en nuestra capital y en muchas otras partes de nuestro país. Así lo sostiene la secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar, la señora Adeli-

na Díaz Uriarte. “En el sindicato recibimos constantes casos de acoso y abuso sexual, de despidos intempestivos, de pagos indebidos por las agencias, de agravios raciales, entre otros”. Y añade: “Siempre tomo esos sucesos como míos, porque yo también viví en carne propia lo que es ser una trabajadora del hogar”.

Siguiendo con ese principio inquebran-table, Díaz Uriarte ha tomado el caso de esta exempleada doméstica como si se tratase de un familiar muy cercano y especial para ella. Porque el hecho de acoger a alguien que jamás recibió una remuneración fija, que no cuenta con ningún tipo de seguro médico y que, al parecer, permanecerá el resto de sus días en la calle, la conmueve. “Fredesvinda representa a esas mujeres que no entienden de sucesiones, de percepción de salarios, de seguros médicos y todos los beneficios que

por ley deben recibir todos los trabajadores sin excepción”, señala Díaz Uriarte.

EN BUSCA DE JUSTICIARespecto a la situación de Fredesvinda, una de las soluciones que plantea la secretaria ge-neral del Sintrahogarp es que en primer lugar ella logre conciliar con la parte demandante para que obtenga algún tipo de beneficio de parte de Rosa Sepúlveda, quien, hay que de-cirlo, es la legítima dueña de esa propiedad.

Luego de eso, el sindicato ayudará a Cueva Chero a conseguir lo que a estas alturas parece una utopía: que los nuevos herederos asuman la deuda de todos los años que Fredesvinda jamás fue remunerada. Estamos hablando de más de tres décadas de servicios.

Díaz Uriarte se ampara en un oficio pre-sentado por el abogado asignado por la Sub-Dirección de Asesoría del Trabajador y Defen-sa Legal Gratuita del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, donde se solicita se establezca el monto correspondiente de la re-muneración tomando como referencia el tiem-po que Fredesvinda trabajó en ese domicilio.

EL CUENTO DE NUNCA ACABARComo vemos, las empleadas del hogar si-guen siendo el último escalafón de los trabajadores en nuestro país, ya que casos permanentes de acoso sexual y violaciones a menores de edad que se desarrollan este rubro quedan en el olvido. “Entre un 70 u 80% de las empleadas domésticas sufren constantes insultos raciales y actos discri-minatorios”, agrega Adelina Díaz.

El caso expuesto en este artículo repre-senta al máximo esa eterna desidia por parte de los distintos organismos públicos que de-berían velar por los derechos que le asisten a este tipo de trabajadoras, pues en pleno siglo 21 no se puede concebir que aún existan personas como Fredesvinda Cueva Chero que parecen pertenecer a los más terribles y crueles tiempos de esclavitud. w

Dr. José Antonio Cabrejos Álvarez (izquierda), el dentista que purgó cárcel por violar a Rosa Chuquinvalqui.

“CADA VEz qUE TIENEN OPORTUNIDAD ME LANzAN IMPROPERIOS: ME DICEN qUE SOy UNA SUCIA RECOGIDA, qUE NO SOy DIGNA DE LLAMARME PERSONA, qUE NO SABEN DE qUé BASURAL HE SALIDO, ENTRE OTRAS PALABRAS FUNESTAS y MACABRAS qUE JAMÁS qUISIERA VOLVER A ESCUCHAR y qUE SOLO LAS SOPORTABA POR EL INMENSO CARIÑO qUE LE TENÍA A LA SEÑORA HERMINIA”.

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“Cada vez que tienen oportunidad (los familiares de su expatrona) me lanzan improperios: me dicen que soy una sucia recogida, que no saben de qué basural he salido”, cuenta Fredesvinda.

Fredesvinda Cueva Chero.

Rosa Yrene Sepúlveda Cañamero, la nueva heredera del inmueble donde, todavía vive Fredesvinda.

Adelina Díaz Uriarte, secretaria general del Sintrahogarp. “Fredesvinda representa a esas mujeres que no entienden de sucesiones, de percepción de salarios, de seguros médicos y todos los beneficios que por ley deben recibir todos los trabajadores sin excepción”.

Lima, del24 al30 de marzo de 2014LIMA, del17 al 23 de marzo de 2014

22 Dilaciones 23Opinión

Dra. Millones?• Una joven madre soltera interpuso una demanda de alimentos contra el irresponsable ¿padre? de sus tres hijos. En la actualidad, una de sus niñas no estudia por falta de recursos y su expareja la presiona para que retire la demanda a cambio de que “ahora sí la ayudará con 300 soles mensuales”. Ese proceso ya lleva nueve meses y hasta ahora la jueza Clara Millones Palacio no se pronuncia. ¿Qué está esperando la magistrada? ¿Por qué tanta indiferencia?

Razón tenía el publicista y escritor es-tadounidense Michael Lavine cuando afirmó que tener hijos no lo convierte a uno en padre, del mismo modo en que

tener un piano no lo vuelve pianista. Palabras pre-cisas para describir a aquellos hombres que creen que porque sus hijos llevan su apellido (aunque hay algunos que hasta eso les niegan a sus vástagos) es suficiente para que se consideren padres. Padre, señores, no es el que engendra, sino que el cría y atiende las necesidades de sus hijos.

Y eso es precisamente lo que no hace William Magno Flores, un sujeto de 36 años que se separó de la madre de sus tres hijos y que incluyó en esa “separación” sus obligaciones como padre. Por tal razón, su exconviviente Jessica Carrón Zúñiga le interpuso una demanda de alimentos pero el proceso judicial, a cargo de la jueza Clara Millones Palacio, camina a paso de tortuga.

CRUEL DESENGAÑOHace más de una década Jessica Carrión traba-jaba en atención al cliente en un conocido mi-nimarket en San Isidro. Por su parte, William laboraba como conserje en un edificio cercano. No pasó mucho tiempo para que se conocieran y entablaran una relación sentimental. Cegada por un sentimiento que ella creía que era amor, quedó embarazada de su primera hija. Al año siguiente, dio a luz a su único hijo varón y cinco años después alumbró a una nueva niña.

Aunque hábil en sus tareas, el problema de siempre de William fue su apego al alcohol y a las fiestas. Cuenta Jessica que su expareja solía tomar demasiado y muy seguido, y en la mayoría de veces tenía “una mala borrachera”. Ella pensaba que la llegada de los hijos iba a hacerlo cambiar, pero nada de eso sucedió. Antes bien, se empezó a evidenciar las primeras señales de un descuido en sus obligaciones como padre.

“Él creía que ser padre se trataba de comprar-les ropa y complacerles algunos caprichos a sus hijos, pero jamás se dio un tiempo para hablarles y aconsejarles. Aunque ahora que lo pienso bien, qué podría haberles aconsejado si era común para

ellos verlo borracho. ¿Qué ejemplo podría darles?”, se pregunta Jessica Carrión.

Después de 11 años de convivencia y cansada de las agresiones físicas y verbales, Jessica tomó valor y hace cuatro años se marchó de ese inestable hogar junto a sus tres hijos. “Claro que tuve temor del futuro, me preguntaba mil veces cómo haría para criar sola a mis hijos, pero preferí tomar ese riesgo que mantenerlos al lado de una persona egoísta, despilfarradora y sin ningún sentimiento sincero hacia ellos”.

FALACIAS PARA NO CUMPLIR CON SU DEBERLos años pasaron y el desamor de William hacia Jessica se extendió hacia sus hijos, a tal punto que, según cuenta ella, el año pasado no le pasó nin-guna ayuda para el sostenimiento de esos niños. Salvo, claro, algunas migajas que con el tiempo fueron empequeñeciendo.

Desesperada por la situación crítica en la que se encontraba (ella se empleó en mil oficios, casi todos de irrisorio sueldo), el pasado 14 de junio de 2013, Jessica le interpuso una demanda de ali-mentos a William Magno “por el abandono moral y económico que tiene a nuestros menores hijos”.

El caso cayó en manos de la jueza Clara Millo-nes Palacio, titular del 3er Juzgado de Paz Letrado de Lima. En primera instancia, la magistrada fijó una pensión anticipada de 600 soles, pero el de-mandado hizo caso omiso a esa obligación.

Aunque eso no es todo, pues en su respuesta a la demanda, y asesorado desde luego por su abogado Manuel Gines Carhuachagua Chávez, abunda en una serie de falacias digno del peor de los políticos. En primer lugar, afirma que siempre ha cumplido con sus obligaciones como padre y que “le entrega-ba (a su expareja) 400 soles mensuales”.

Ese monto, jura William, era muy aparte de lo que él aportaba para los estu-dios, la vivien-da y la salud de sus hijos. ¿Tiene algún compro-bante que pruebe que realmente le daba esa cantidad a Jessica? Si tanto

vela por la educación de sus vástagos, ¿por qué entonces la menor de sus hijas hasta ahora no está estudiando? ¿Por qué debe cuatro meses de pen-sión del año pasado? ¿Por qué sus otros dos hijos, que estudian en colegios estatales, no tienen sus útiles completos? ¿Cuántas veces ha aportado para pagar el alquiler del cuarto donde viven sus hijos?

Asimismo, ese mal llamado padre asegura que las veces que sus hijos se enfermaron “ha es-tado pendiente apoyándolos económicamente…” y asevera que no tiene “abandonados moral ni materialmente a sus hijos”. Preguntas: ¿cuántas veces estuvo al lado de sus hijos cuanto estos más lo necesitaban? ¿Qué tus hijos te vayan a visitar y que te encuentren borracho no es eso un abandono moral? ¿Basta con castigarlos físicamente para que esté cumpliendo con su rol de padre? ¿Basta con dejarlos en casa de la abuela paterna para que ella los vea para decir que te preocupas por ellos?

Por otro lado, William Magno dice que no goza de una solvencia económica pues solo es un “traba-jador eventual fletero” y que no tiene un vehículo propio. Otra gran mentira, pues si bien es cierto ese coche no está a su nombre (por descuido o porque es muy inteligente para no registrar nada

a nombre suyo), sí es de él. ¿Por qué entonces no muestra un recibo del alquiler que paga por ese auto? Además, él hace transporte a madereras cercanas a su domicilio (Cooperativa Monterrey, en San Martín de Porres) por lo que sus ingresos no son esporádicos.

Otra cosa: Jessica asegura que él también es dueño de una mototaxi que la alquila recibiendo un pago diario de aproximadamente 20 soles. Por si fuera poco, no mucho después de separarse de ella, William no perdió el tiempo y se buscó una nueva pareja con la que tiene ahora un nuevo hijo. ¿Un hombre con pocas posibilidades económicas como dice ser él se da el lujo de tener un cuarto hijo?

HORA DE DECIDIR, DRA. MILLONESEn la actualidad, con una niña sin estudiar, su-mado a la rebeldía de la hija mayor y a las preca-riedades económicas que padecen, Jessica está desesperada y se ha visto tentada a aceptar la inaceptable propuesta de William. El sujeto le ha asegurado que si retira la demanda (“gasto mucho en abogado”) “ahora sí” (así, con ese énfasis) la apoyará con 300 soles mensuales “porque más no puedo darte”. ¿Y todo el dinero que no me diste el año pasado?, le preguntó ella. “Olvídate del año pasado, este 2014 será diferente”, le respondió con total desparpajo. ¿No que siempre había cumplido con sus obligaciones paternales?

Los familiares de Jessica le han pedido que aguante un poco más y no claudique en su lucha por conseguir lo que por justicia le corresponde a sus hijos. A principios de este año, el 3 de enero, la defensa de Jessica ha solicitado a la jueza Millones que fije hora y fecha para una audiencia única para que resuelva este caso de una vez. Además, le han pedido que ordene el impedimento de salida de William Magno (tiene familia en Argentina).

Lamentablemente, hasta la fecha la magistra-da Millones no se ha pronunciado. Ya van nueve meses y hasta ahora la funcionaria judicial no resuelve esta demanda. Mientras tanto, los tres hijos de Jessica siguen sufriendo las consecuencias de esta inexplicable demora. ¿Tiene hijos la jueza Millones? ¿Actuaría tan lerdamente si se tratase de algún familiar? Más celeridad, magistrada. Piense en esos tres niños. w

¿Hasta cuándo,

Magistrada Clara Elizabeth Millones Palacio.

Jessica Carrión al lado de sus tres hijos.

William Magno Flores, el mal llamado padre de familia.

El reciente funeral por las víctimas del atentado en madrid hace diez años oficiado por Antonio maría Rouco Varela, un personaje de la reciente historia política de España, resultó un rito demo-

níaco. Rouco consiguió transformar la ceremonia en una expresión personal, una misa de autor, y consiguió mezclar dolor, muerte y violencia. Lo que ya era algo reprobable, una ceremonia religiosa de Estado de una única confesión religiosa, se transformó en un acto verdaderamente par-tidista, sectario y excluyente. Algunas cosas quieren ser una expresión de prepotencia y en realidad hacen visible lo contrario, una debilidad latente. Cuanto más la Iglesia romana abuse de su poder y patrimonialice el Estado, más se desautoriza ante la sociedad.

Con una Iglesia católica como la española, con el papel que jugó a lo largo de su historia en el sostenimiento e im-plicación en la Corona, en España es imposible no identificar religión con esa institución. Pero llegará un día en que se pueda hablar de religión sin pensar inmediatamente en personajes como Rouco ni siquiera en la Iglesia católica. La religión es algo demasiado importante para dejárselo a los curas.

Si tenemos la humildad de considerarnos como lo que somos, una especie animal, comprobare-mos que la inmensa mayoría de los especímenes de nuestra especie que poblaron y pueblan este planeta son seres religiosos. Partiendo de esa constatación, y dejando de lado por un momento la conciencia eurocéntrica y el patriotismo de élites intelectuales que se consideran superiores a los demás, deberíamos inferir que el ateísmo es una peculiaridad ideológica muy infrecuente y muy localizada en ciertos lugares y en ciertas épocas de la historia de nuestra especie.

En el caso español, precisamente por el papel que la Iglesia católica jugó en la historia, el anti-clericalismo es un rasgo constitutivo de del pro-gresismo. Todas las corrientes regeneracionistas tropezaron en mayor o menor medida con el poder de la Iglesia, sus intereses y sus manio-bras políticas. Aún hoy, ahí están las recientes manifestaciones de la ultraderecha católica, o sea el grueso de la derecha, contra el malvado zapatero. Pero quedarse encerrados en esa dialéctica con la Iglesia como institución es caer en su trampa.

Alguna vez leemos a católicos afirmar que esos obispos tan reaccionarios políticamente, tan alejados de la sociedad y tan insensibles no son la Iglesia o no la representan. La verdad es que no creo que tengan razón, hoy por hoy esa es la Iglesia, esas son sus autoridades, sus es-tructuras de poder, su agenda política y también su interpretación de la historia, de la sociedad y del ser humano. Sin embargo, esa reclamación de que el cristianismo es o puede ser otra cosa sin duda tiene todo el fundamento y hay religiosos a nuestro alrededor y por el mundo ofreciendo consuelo y ayuda a oprimidos y marginados. No cabe aquí dilucidar el mensaje de Cristo, aunque si le quitásemos de encima la evolución de la iglesia y, sobre todo, el sesgo que le imprimieron Saulo de Tarso y Agustín de Hipona, descubriríamos una doctrina tan contradictoria y abierta como desconcertante, la de aquel

• El ateísmo es una peculiaridad ideológica muy infrecuente y muy localizada en

ciertos lugares y en ciertas épocas de la historia de nuestra especie. Por otro lado, la religión es algo demasiado importante

para dejárselo a los curas.

LA RELIGIÓN ENTRE

NOSOTROS

sUso de toro*Por:

*Licenciado en Geografía e Historia en la Universidad de Santiago de Compostela, es autor de Otra idea de España y Siete palabras, entre otras novelas.

pueblo a todos los “goyim”, los pueblos “gentiles”. Fue ese sujeto libre, tenso, agónico el que creó la modernidad euro-pea. Bento Espinosa, hijo de judía gallega y judío portugués, exiliado entre exiliados, es el primer intelectual europeo con toda su alegría y desesperación. Si existen el concepto de dignidad personal y el concepto de derechos humanos es porque nacieron del cristianismo.

El Vaticano, esa criatura monstruosa nacida de la coyun-da de la política y la religión, tiene una historia verdadera-mente curiosa y estrambótica que nos debe llevar a ser tan precavidos sobre sus intenciones como escépticos sobre sus admoniciones, pero hace unas décadas se sentó allí un hombre, Angelo Giuseppe Roncalli, de quien Hannah Arendt escribió una aguda semblanza, que arrojó una piedra a un lago de aguas estancadas. La inmovilidad volvió al estanque hasta hacerse hediondo. Este papa Francisco por ahora podemos pensar aún que es un enigma, aunque dudemos mucho de que sea alguien que vaya a arrojar otra piedra a un estanque de aguas ya pestíferas, pero dado el poder que aún tiene la Iglesia romana es inevitable que atendamos más o menos a lo que viene de esa corte.

No hace muchos años el Vaticano pretendió que un texto constitucional de la Unión Europea señalase al cristianismo como inspirador de la legislación. Es una pretensión fundamentalista y con trasfondo político, pero también sería absurdo ignorar que nuestra moral, y por tanto nuestras leyes, se basan en la tradición cristiana europea; no en las “Analectas” de Confucio, por ejemplo. Sin embargo, el cristianismo no es ni la única tradi-ción, está el judaísmo, el Islam y el pensamiento filosófico con su independencia y su crítica de la religión, ni tampoco una realidad tan actuante como lo fue ni tan exclusiva, pues tras las limpie-zas étnicas contra judíos y musulmanes, el Islam es nuevamente una realidad social europea.

Quien cree en que las personas tienen dig-nidad por sí mismas, con independencia de que crea que esta proviene directa o indirectamente de un dios, quien cree en la democracia, por fuer-za aborrecerá el nacionalcatolicismo español o cualquier otra forma de teocracia. Ninguna religión debe imponerse o condicionar la vida de la ciudadanía. No obstante, creo que se debe pensar cual es el papel lícito de la religión, las religiones, en la sociedad. Por todo lo escrito, creo que tampoco es completamente acertado resumirlo en que la religión es algo puramente particular, de algún modo ha de reconocerse su existencia. Aunque, desde luego, no en una cons-titución, como es el caso de la actual y obsoleta constitución española.

Convendría discutir el mismo término de re-ligión y su vecindad con el de “religiosidad” pero también se sale de este lugar. Sin embargo, las mismas artes nos acercan, y en parte sustituyen,

la búsqueda de trascendencia en nuestras vidas, como evidenció Rudolf Otto o como nos muestra el pensamiento, que es una búsqueda poética, de maría zambrano. w

Cardenal Antonio María Rouco Varela.

que, según Lucas, no vino a establecer la paz en la Tierra, sino la disensión. No obstante, no podemos explicar la cul-tura europea, la occidental si se quiere, sin el cristianismo, esa herejía del judaísmo. Es nuestro patrimonio y nuestro fundamento. El judaísmo fue una religión que creó un su-jeto que carga tanto con su libertad individual como con la cadena de la culpa, el cristianismo extendió ese gen de un

LIMA, del24 al 30 de marzo de 2014

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