interponen recurso de queja por casaciÓn...
TRANSCRIPT
INTERPONEN RECURSO DE QUEJA POR CASACIÓN DENEGADA.
Excma. Cámara Nacional de Casación Penal:
David Baigún, Tº XXI, Fº 797, C.S.J.N., en mi calidad de
miembro del Comité Directivo del Centro de Investigación y Prevención de
la Criminalidad Económica (CIPCE) y Presidente del Instituto de Estudios
Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP); Alberto Binder,
Tº XXVI, Fº 974, C.S.J.N., en mi carácter de miembro del Comité Directivo
del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica
(CIPCE) y de Vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en
Ciencias Penales y Sociales (INECIP); Pedro Biscay, Tº 88, Fº 117,
CPACF, en calidad de Director Ejecutivo del Centro de Investigación y
Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE); y Claudio Javier
Castelli, Tº 31, Fº 412, CPACF, en carácter de letrado asesor del Centro
de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), con
el patrocinio letrado de Cecilia Fernanda Vazquez Tº 106, Fº534,
CPACF, todos con domicilio constituido en Talcahuano 256, piso 2º, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la causa Nº 509/05
(en trámite ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Federal
nº3), caratulada “DADONE ALDO Y OTROS S/ DEFRAUDACIÓN
CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”, nos presentamos y
respetuosamente manifestamos:
I. OBJETO
Que en los términos de los artículos 476 y 477 del Código
Procesal Penal de la Nación venimos a interponer formalmente recurso de
queja por casación denegada contra la resolución dictada por el Tribunal
Oral en lo Criminal y Correccional Federal nº3 con fecha 8 de julio de
2011, notificada a CIPCE el día 13 de septiembre del corriente. En esta
resolución se decidió no hacer lugar al recurso de casación interpuesto
por el CIPCE el 22 de junio pasado contra la resolución dictada por el
T.O.C.F. nº3 el 27 de mayo del corriente, en la cual no había hecho lugar
a nuestro pedido de decomiso definitivo.
II. ACREDITAN PERSONERÍA
El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad
Económica -CIPCE- es el fruto de una alianza de organizaciones no
gubernamentales (INECIP, CEPPAS, UEJN y el Instituto Ambrosio L.
Gioja), tal como surge del Convenio de Colaboración suscripto. CIPCE es
una organización de la sociedad civil que realiza actividades tendientes a
lograr el desarrollo de políticas de prevención y persecución de la
corrupción y la criminalidad económica, con especial énfasis en el
recupero de activos de origen ilícito. En ese marco, lleva a cabo acciones
para medir el daño social causado por este tipo de criminalidad, elabora
proyectos de reforma, se relaciona institucionalmente con otros
organismos y se presenta en causas donde se investiguen hechos de las
mencionadas características (como ocurre en el caso de marras).
Al presente escrito se adjuntan: el convenio de creación y
desarrollo del CIPCE; el instrumento de creación del INECIP y su estatuto
y reformas, junto con la resolución de la Inspección General de Justicia
(IGJ) mediante la cual autoriza al INECIP para funcionar con carácter de
persona jurídica; el acta constitutiva del CEPPAS con su respectivo
estatuto, y la resolución de la IGJ mediante la cual autoriza al CEPPAS
para funcionar con carácter de persona jurídica.
III. HECHOS
Mediante sentencia de fecha 12 de mayo se homologó el
acuerdo de juicio abreviado (que contó con la participación del CIPCE),
mediante el cual se solicitó al Tribunal que condenara a Alfredo Alberto
Aldaco, Mario Jorge Dadone, Genaro Antonio Contartese, Hugo Gaggero,
Gustavo Adolfo Soriani, Carlos Cattáneo y Alejandro De Lellis, y
absolviera de culpa y cargo a Ricardo Orfidio Martorana. Por otra parte,
también se resolvió: intimar a Mario Jorge Dadone a que depositara a la
orden del Tribunal en el “Banco de la Ciudad de Buenos Aires” la suma de
trescientos cuarenta y cuatro mil pesos ($ 344.000) en el término de diez
días hábiles de quedar firme la sentencia; intimar a Hugo Gaggero a que,
dentro de los noventa días corridos de quedar firme la sentencia,
depositara la suma de trescientos cincuenta mil pesos ($ 350.000) en el
“Banco de la Ciudad de Buenos Aires”, a la orden del Tribunal; y disponer
el decomiso del dinero secuestrado en autos, (U$S 4.441.507 en una
cuenta congelada), proveniente de las confesiones realizadas por los
condenados Aldaco y Contartese, y ordenar su oportuna transferencia a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Cattaneo, De Lellis y Soriani recurrieron la sentencia por la
que se homologó el acuerdo, pero Dadone, Gaggero, Aldaco y Contartese
no ejercieron ese derecho, dejando pasar el tiempo establecido en el
CPPN para impugnar, por lo cual la sentencia quedó firme respecto de
ellos con autoridad de cosa juzgada. El valor de cosa juzgada agrega el
carácter de inmutabilidad a la condena, concluyendo de este modo el
proceso y haciendo ejecutable la sentencia.
En base a esto, con fecha 19/4/2011 el CIPCE se presentó
en la causa solicitando: se decomisen definitivamente las sumas de
dinero que se encuentran en la cuenta del Banco Ciudad; se intime a
Hugo Gaggero y Mario Dadone a que entreguen el dinero en concepto de
decomiso voluntario que ordena la sentencia condenatoria dictada el 12
de mayo de 2010; y se proceda a la entrega social del dinero decomisado.
En respuesta a esto, el TOCF nº3 decidió el 27/5/2011 no
hacer lugar a nuestro pedido, notificando la resolución mediante cédula el
día 7 de junio. En esa oportunidad, se sostuvo como único argumento que
nuestra solicitud “sobrepasa” y “excede el marco de la autorización
conferida”. Frente a esto, el 22 de junio el CIPCE interpuso formalmente
recurso de casación, que fue denegado por la resolución del 8 de julio
(notificada finalmente el 13 de septiembre).
IV. LA DENEGACIÓN DE LA VÍA RECURSIVA.
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Federal
denegó el recurso de Casación argumentando que “los recurrentes
carecen de legitimación para intervenir en la presente al no revestir el
carácter de parte”, restringiendo este carácter únicamente al ministerio
público fiscal, el imputado, la parte querellante, el civilmente demandado y
el actor civil. Consideraron también los magistrados que el CIPCE
pretende, “aunque en forma elíptica, revisar el alcance de la intervención
otorgada […], amén de destacarse que si alguna participación tuvieron los
quejosos en el acuerdo de juicio abreviado al que arribaron
oportunamente las partes, no fue otorgada por este tribunal sino por la
fiscalía actuante”.
A continuación se demostrará por qué el presente recurso
resulta admisible y cuáles son los fundamentos que hacen al fondo de la
cuestión; en lo que respecta a los argumentos del TOCF 3, se cuestionará
el restrictivo concepto de “parte” que utilizan para negar nuestro interés
legítimo, como así también lo referente a nuestra participación en el
acuerdo de juicio abreviado.
V. ADMISIBILIDAD
La resolución causa un agravio evidente a los peticionantes,
viendo así frustrado el interés legítimo de litigar activamente en un caso
de manifiesto interés público, que involucra hechos de corrupción que
afectan a la sociedad en su conjunto.
A criterio del CIPCE, la vía recursiva interpuesta es
procedente porque se encuentran reunidos los requisitos objetivos y
subjetivos que soportan nuestro derecho impugnatorio, según lo establece
el Código Procesal Penal de la Nación. Además de ello, también se
encuentran reunidos los motivos exigidos para su procedencia. A
continuación se acreditarán los requisitos objetivos y subjetivos de
procedencia.
V.a. Impugnabilidad objetiva
Toda vía impugnatoria exige la acreditación de una serie de
consideraciones objetivas que hacen admisible su interposición dentro del
proceso. Sin perjuicio de que en materia procesal los recursos se
conceden en los casos expresamente establecidos por ley (taxatividad
recursiva), la jurisprudencia han reconocido situaciones que por reunir
condiciones excepcionales ameritan la apertura de la vía recursiva. De
esa forma, es necesario analizar qué resoluciones son pasibles de ser
equiparadas a una sentencia definitiva. En materia penal, por ejemplo,
se ha admitido la procedencia del recurso de casación en casos de prisión
preventiva, juzgado que sus efectos hacen a esta sentencia equiparable a
una definitiva.
De la Rúa sostiene que la ley “equipara con la sentencia
definitiva a los ‘autos que pongan fin a la acción, a la pena (528), o hagan
imposible que continúen las actuaciones’. También aquí se atiende al
efecto de la resolución sobre la suerte del proceso, al determinar su
extinción. Por ello, no interesa que la causa extintiva sea de naturaleza
sustancial o formal: es suficiente que el auto tenga la virtualidad de
ponerle fin o impedir su continuación”1.1 Fernando DE LA RÚA, La casación penal, Depalma, 1994, Lexis Nº 5301/001286 p. 2.
En el caso en cuestión, el auto que resuelve no hacer lugar
al pedido de decomiso efectuado por el CIPCE, si bien no pone fin a la
pena ni hace imposible que continúen las actuaciones, sí encuadra en el
restante supuesto de los mencionados. Como ya se mencionó, la
intervención del CIPCE en los procesos judiciales tiende a la recuperación
de activos extraídos de las arcas públicas. A su vez, la forma idónea de
lograr esto consiste en el decomiso de los bienes producto del ilícito y su
posterior aplicación a un fin social, puesto que la condena penal no
implica per se el resarcimiento para la sociedad del daño causado
mediante el hecho investigado. De esta forma, más allá de la mencionada
condena, el decomiso de los bienes cuya ilicitud ya se ha probado se
convierte en el objetivo principal que persigue el CIPCE en las causas
judiciales en las que interviene: nuestra acción se dirige específicamente
el recupero de activos. De lo expresado se deduce que la resolución
impugnada, en tanto deniega nuestro pedido de decomiso, resulta
equiparable a una sentencia definitiva, puesto que por sus efectos pone
fin a nuestra acción en el proceso.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a
través de sus sentencias, fue dando fisonomía al estándar de gravedad
institucional, considerándolo un presupuesto objetivo, suficientemente
idóneo para abrir la vía impugnatoria del Recurso Extraordinario Federal.
La Corte ha sostenido que existe gravedad institucional cuando lo resuelto
“excede el interés individual de las partes y atañe también a la
colectividad” (Fallos 247:601, consid. 3 y 268:126, consid. 3)
“proyectándose sobre la buena marcha de sus instituciones” (Fallos
308:2060; 310:167; 311:667), “vulnera un principio institucional básico y la
conciencia de la comunidad” (Fallos 300:1102) o “puede resultar
frustratorio de derechos de naturaleza federal con perturbación de la
prestación de servicios públicos” (Fallos 259:43 e ítem 8° del dictamen de
Fallos: 306:1472). En igual sentido, la CSJN ha sostenido que existe
gravedad institucional si en el caso se encuentran afectadas instituciones
fundamentales de la Nación (Fallos 248:232; 253:465; 256:94) o se
encuentra comprometida la percepción de la renta pública e incluso los
legítimos intereses de la economía nacional (Fallos 279:291).
El desarrollo de este estándar también ha sido aplicado para
abrir el recurso de casación en aquellos supuestos donde, a pesar de
existir obstáculos procesales para recurrir el fallo, los hechos del caso
comprometen el desempeño de instituciones esenciales del Estado. Al
analizar la procedencia de la causal de gravedad institucional, Augusto
Morello ha sostenido que para su admisión deben reunirse dos
condiciones: a. que lo decidido exceda el interés individual de las
partes y ataña, de modo directo, al de la comunidad y, b. se
encuentren afectados principios fundamentales del orden social,
atinentes a instituciones básicas del derecho2.
Ambos supuestos se encuentran reunidos en el caso sub
examine. En la causa se condenó a siete procesados por acreditadas –y
reconocidas- maniobras delictivas que involucran el desempeño de
funcionarios públicos en la administración de la cosa pública, y de
empresarios beneficiados por dicho accionar. Específicamente, los
hechos versan sobre la realización de maniobras destinadas a lograr que
la empresa IBM Argentina S.A. fuera contratada para ejecutar el “Proyecto
Centenario” (los servicios destinados a actualizar el sistema informático
del Banco Nación, tanto en su casa central y como en sus sucursales de
todo el país). El pago de sobornos realizado por la empresa a funcionarios
de alta jerarquía dentro del banco fue canalizado utilizando una sociedad
fantasma, CCR, que fue contratada por IBM mas nunca prestó servicio
alguno. Mediante este pago (que alcanza los 21 millones de dólares), la
empresa se aseguró la obtención del contrato que además implicaba un
monto desproporcionado, rondando los 250 millones de dólares (de los
cuales se estima un sobreprecio de entre 80 y 120 millones).
Es evidente el daño que este tipo de delitos –y éste en
particular- genera al erario público, comprometiendo las bases financieras
del Estado e impactando ello en la sustentabilidad y eficacia de las
políticas públicas. Sin embargo, la lesión no se limita al aspecto
económico, puesto que también se ve afectada de manera directa la
legitimidad del sistema democrático, tanto por los privados que corrompen
como por los funcionarios públicos que se apartan de sus obligaciones
legales en pos de obtener un beneficio personal (a costa del Estado y la
sociedad en su conjunto).
En su artículo 36, la Constitución Nacional sabiamente
expresa que “…atentará asimismo contra el sistema democrático quien
incurre en grave delito doloso contra el Estado que conlleve
enriquecimiento…”. El sentido de la norma constitucional demuestra
claramente que la investigación de hechos de corrupción no puede
2 Augusto Morello, Recursos Extraordinarios, ed. Hammurabi, pp. 582.
considerarse una cuestión circunscripta solamente a las partes dentro del
proceso, puesto que involucra en sí misma una materia de
institucionalidad trascendente. El preámbulo de la Convención
Interamericana contra la Corrupción expresamente establece que “la
corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta
contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el
desarrollo integral de los pueblos […] el combate contra la corrupción
fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la
economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social”
La gravedad que la corrupción adquirió a lo largo de los
últimos años ha ocasionado que el Estado Nacional incurra en costos de
diferente tipo (financieros, materiales, de recursos humanos, policiales,
judiciales, etc.) para prevenir y sancionar estos hechos. La Oficina
Anticorrupción ha sostenido también que la corrupción “…afecta la
igualdad toda vez que distorsiona los mecanismos de toma de decisiones
colectivas e impide la participación –ya formal, ya sustancial- en los
procesos sociales […] no sólo debe ser identificada como un atentado a
la legalidad por constituir conductas violatorias de la norma que establece
que no se deben utilizar los recursos comunes en beneficio de una
parcialidad, sino también como una fuerte vulneración de la legitimidad,
toda vez que a través de ella se degeneran los mecanismos establecidos
para la toma de decisiones. […] La corrupción implica la interrupción del
dialogo social, por cuanto se introducen premisas que no buscan
validación más allá de los intereses particulares de quien las emite,
privilegiándose estos en detrimento del interés general…” (CICC – Serie
Estrategias para la Transparencia, editado por la Oficina Anticorrupción,
pp. 86 y 87).
La contundencia de la cita demuestra la gravedad,
trascendencia e importancia institucional que posee esta problemática
para el correcto funcionamiento del Estado democrático, la vigencia de la
legalidad y el bienestar de la comunidad. En virtud de estos motivos y del
rol esencial que la participación de la sociedad civil posee en el
seguimiento y monitoreo de estos casos, CIPCE entiende que las
circunstancias y hechos investigados en la causa configuran una causal
de gravedad institucional manifiesta que torna procedente el remedio
procesal interpuesto.
V.b. Impugnabilidad subjetiva.
Por otro lado, también se encuentran reunidos los requisitos
de admisibilidad subjetiva en la medida que las organizaciones poseen un
interés legítimo y directo en asumir la vía interpuesta. Tal como
sostenía Beling, el interés es la medida del recurso, significando ello que
debe existir un agravio que pueda traducirse en una situación restrictiva
de derechos o libertades del peticionante. De allí que el agravio es
atendible siempre que exista un perjuicio al interés alegado, producido por
la decisión judicial puesta en crisis por medio de la impugnación. En
palabras de De la Rúa, “[d]esde el punto de vista objetivo, para que
exista un interés, la resolución debe tener un contenido
desfavorable para el impugnante, a los efectos del ordenamiento
jurídico, concretamente y no según su apreciación subjetiva. Debe
ocasionarle un gravamen, esto es, un perjuicio o una desventaja,
consistente en una restricción a su derecho o su libertad. […] El perjuicio
debe consistir en la decisión dañosa para el interés del sujeto, contenida
en la parte resolutiva de la sentencia”3 (el resaltado es propio).
El criterio sostenido por el TOF 3, en tanto no hace lugar a
nuestro pedido de decomiso definitivo en un caso donde se ventilan
cuestiones de interés público y se ha probado la defraudación a la
Administración Pública por sumas millonarias, impide el ejercicio de
nuestros derechos a participar activamente en casos de corrupción
como parte de la sociedad civil, defender el erario público -y por ende,
proteger los recursos que pertenecen a toda la población-, peticionar
ante las autoridades y gozar de una libertad de expresión, y en general
todos los derechos reconocidos a la sociedad civil por el bloque
supralegal anticorrupción4 que exige la participación de aquélla para
combatir este flagelo que dificulta el desarrollo de los pueblos y afecta
derechos humanos básicos. Estos derechos, que poseen una clara
esencia federal, no pueden restringirse manera irrazonable.
Como ya se explicó, un punto esencial del accionar del
CIPCE consiste en la recuperación de activos en casos de corrupción, el
cual implica la manera más eficiente de acercarse a una reparación del
3 Fernando DE LA RÚA, La casación… op. cit., p. 4.4 Convención Interamericana contra la Corrupción y Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción
daño causado a la sociedad. La decisión de rechazar nuestro pedido de
decomiso (medida que, es menester recordar, fue incluida en el acta del
juicio abreviado y homologada por este Tribunal) implica una afectación a
los derechos de la sociedad en su conjunto, y del CIPCE en particular
como ONG de la sociedad civil que canaliza los reclamos de ésta.
El Preámbulo de la Convención Interamericana contra la
Corrupción (CICC) explica los efectos nocivos de la corrupción, la cual
“socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la
sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo
integral de los pueblos”; ilustra también la relación de exclusión existente
entre la corrupción y la democracia representativa, exigiendo la segunda
la lucha contra la primera. En el mismo sentido, expresa “la necesidad de
fortalecer la participación de la sociedad civil en la prevención y la lucha”
contra este mal.
En el mismo orden de ideas, el Preámbulo de la Convención
de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) expone la
preocupación de los Estados “por los casos de corrupción que entrañan
vastas cantidades de activos, los cuales pueden constituir una proporción
importante de los recursos de los Estados, y que amenazan la estabilidad
política y el desarrollo sostenible de esos Estados”, siendo también
“nocivo para las instituciones democráticas, las economías nacionales y
el imperio de la ley”.
Estas dos exposiciones de ideas dentro de los instrumentos
internacionales relativos a la materia sirven para ilustrar cuál es el
perjuicio concreto que implica la resolución impugnada. No hacer lugar a
este pedido de recuperación de activos implica desconocer no solamente
la relación entre la delincuencia económica y el menoscabo de las
instituciones democráticas y demás elementos mencionados, sino
también dejar de reconocer a la sociedad civil su derecho de participación
en este tipo de procesos judiciales, peticionando ante las autoridades,
promoviendo acciones y persiguiendo el objetivo final y necesario: la
reparación del daño causado. Si bien las condenas a prisión a los
responsables son una medida necesaria, la nota de resarcimiento se
encuentra presente en la medida del decomiso, que restituye a la
sociedad lo que le ha sido quitado ilícitamente.
El CIPCE, como formación surgida de la sociedad civil y
especializada en el estudio y combate de la criminalidad económica,
implica una forma de canalizar el ejercicio de estos derechos, junto con
otros de similar relevancia5. ¿Cuál es el sentido de que se permita a la
sociedad participar en causas de corrupción si se luego se niega el
derecho a una reparación (que ni siquiera será rápida, habida cuenta de
que la afectación a los recursos públicos data de hace casi dos décadas)?
Ésta es, en definitiva, una participación trunca, que desnaturaliza lo
establecido por el orden jurídico nacional e internacional, desconociendo
a la sociedad civil el ejercicio efectivo y acabado de sus derechos y
limitándose a una participación meramente formal, sin incidencia
alguna en la reparación del daño causado.
Dicha participación activa y el derecho al litigio se derivan,
en cierto modo, de dos derechos de jerarquía constitucional: el de
peticionar ante las autoridades, y el derecho a la libertad de
expresión. La afectación a estos derechos es idéntica a la mencionada ut
supra: siguiendo la corriente doctrinaria y jurisprudencial6, el TOCF nº 3
reconoció la legitimación del CIPCE como organización de la sociedad
civil para participar en la causa, a tal punto que intervino en el acuerdo del
juicio abreviado; sin embargo, al momento de exigir el cumplimiento del
mismo, la legitimación es súbitamente desconocida, sin encontrar apoyo
en argumento razonable alguno. Es cierto que el acuerdo involucra
primordialmente al binomio fiscalía-procesados; esto lo señala el TOCF
nº3 al precisar que “si alguna participación tuvieron los quejosos en el
acuerdo de juicio abreviado al que arribaron oportunamente las partes, no
fue otorgada por este tribunal sino por la fiscalía actuante”. Sin embargo,
esto no implica en absoluto una ausencia de intervención del Tribunal en
este tramo del proceso. Por el contrario, son los magistrados quienes
debieron homologar el acuerdo, y en oportunidad de hacerlo mencionaron
la participación del CIPCE en el acuerdo sin expresar reparo alguno al
respecto. De esta manera, por más que haya sido la fiscalía quien
fomentara la participación de la sociedad civil en el acuerdo de juicio
abreviado, ésta nunca fue cuestionada ni puesta en tela de juicio por parte
del Tribunal.
De esta forma, la resolución impugnada limita el ejercicio de
derechos fundamentales sin respetar criterios de restricción que no solo
sean fundados sino que también expliciten la justificación de esa
5 Por ejemplo, en aras de hacer respetar el derecho a la información, el CIPCE accede a causas sobre corrupción y pone a disposición de la sociedad civil la información recolectada, ya sea mediante boletines, comunicados de prensa, su base de datos (http://www.dbcorrupcion.org), su página web (http://www.cipce.org.ar/cipce), etc.6 Ver punto VI.a
restricción. Esto produce el desconocimiento de los derechos a peticionar
ante las autoridades y a la libertad de expresión, afectando por lo tanto la
participación activa y la capacidad de litigar de la sociedad civil,
defendiendo sus intereses y los recursos públicos.
Como se mencionó previamente, en el caso de marras
nunca fue posible determinar con exactitud el monto del perjuicio causado
mediante el sobreprecio que existió en la adjudicación a IBM de las
actualizaciones que debían realizarse en el sistema informático de la casa
central y sucursales del Banco Nación. Sin embargo, en el contrato de
aproximadamente 250 millones de dólares, el perjuicio al Estado se ha
estimado entre 80 y 120 millones, sumado esto a los 21 millones de
dólares de sobornos a funcionarios del Banco, que se canalizaron a
través de la sociedad fantasma CCR. Incluso suponiendo que el monto
del sobreprecio fuera el más bajo del rango estimado (80 millones de
dólares), la totalidad de dinero destinada a sobreprecio y sobornos
ascendería a más de 100 millones de dólares.
Si bien la suma que se decidió decomisar mediante el acta
acuerdo de juicio abreviado ronda los 18 millones de pesos7 (cantidad
notablemente menor a la estimada del perjuicio total), aun así no deja de
ser una reparación sumamente importante para la sociedad.
Especialmente cuando se tiene en cuenta la cantidad de aplicaciones que
podría tener ese dinero (obras públicas, construcción de viviendas, salud
pública, Asignación Universal por Hijo, etc.). Al rechazar el pedido del
CIPCE del decomiso efectivo de estas sumas, el severo perjuicio que se
causa a la sociedad resulta evidente, al dilatar la reparación que le es
debida.
Por otra parte, resta otra consideración para hacer en cuanto
a la legitimación para accionar. Germán Bidart Campos se basa en el
pensamiento de José Almagro Nosete para señalar que detrás de dicha
legitimación subyace la real protección de los derechos y, todavía más, la
filosofía jurídica y política de un ordenamiento, lo que ayuda a asumir
como verdad que los estrangulamientos y negaciones de la legitimación
han de ser valorados como otras tantas deficiencias del sistema
garantista y del control de constitucionalidad8. “Cada día más, nos
7 $350.000 de Hugo Gaggero, $764.000 de Mario Jorge Dadone, y U$S4.441.507 de Alfredo Alberto Aldaco y Genaro Antonio Contartese. 8 BIDART CAMPOS, Germán, El derecho de la constitución y su fuerza normativa, pág. 309. Citado en la querella presentada el 21/9/2010 por la Secretaría de Derechos
convencemos de que toda la doctrina y la praxis de la tutela judicial
efectiva se desvanecen en su esfuerzo cuando procesalmente se
estrangula la legitimación. El aforismo ‘in dubio pro actione’ puede ser
un aditamento útil a la hora de reclamar las mayores ampliaciones
posibles”9 (el resaltado es propio). De esta forma, la restricción de la
legitimación implica una forma de afectar la tutela judicial efectiva, siendo
ésta un derecho de jerarquía constitucional (reconocida, por ejemplo, en
el art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
mencionada expresamente en el inc. 22 del art. 75 de la Constitución
Nacional).
Un ejemplo contundente de la legitimación de una ONG para
participar en un caso de interés público -y de los efectos positivos que
esto acarrea- lo constituye la actuación de distintos organismos de
derechos humanos en las últimas décadas. Puede citarse el ejemplo de
Abuelas de Plaza de Mayo, que ha obtenido reconocimiento para
intervenir en numerosas causas relacionadas con la apropiación de niños
durante la última dictadura militar, siendo prácticamente unánime la
jurisprudencia que reconoce a esta ONG una legitimación para intervenir
como querellante10. De esta forma, uno de los abogados de Abuelas, Alan
Iud, sostuvo en 2008 que “hace unos 4 o 5 años se consolidó la
jurisprudencia en materia penal que admite que se presenten
organizaciones no gubernamentales como querellantes en
resguardo de intereses difusos”11 (el resaltado es propio). Sin perjuicio
de la decisiva trascendencia que poseen los casos de violaciones a los
derechos humanos, es menester destacar que casos como el de marras
también implican un interés público afectado. Por ende, aquí también se
encuentran legitimadas las ONGs especializadas en la temática para
intervenir como querellantes. De modo que si la autorización que se le
concedió al CIPCE cuando solicitó intervenir como amicus curiae ni
siquiera alcanza para exigir el cumplimiento de una sentencia, entonces
correspondería reconocer a la ONG su legitimación para participar como
Humanos de la Nación, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, en la causa por Papel Prensa, en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3 de la Ciudad de La Plata. Pág. 35: http://www.derhuman.jus.gov.ar/politicaddhh/Papel_prensa_querellaysintesis.pdf 9 “Reflexiones constitucionales sobre el acceso a la justicia, el proceso y la legitimación”, Estudio constitucional introductorio de Germán J. Bidart Campos a la obra “La legitimación en el proceso civil” de Osvaldo Gozaíni, pág. 15, Ediar, Bs. As., 1996. Citado en la querella mencionada en la nota anterior, pág. 35.10 Entre otras, la de mayor repercusión en los últimos tiempos ha sido la causa Nro. 7552/01, “Barnes de Carlotto, Estela s/ denuncia”, actualmente a cargo de la jueza Arroyo Salgado.11 Entrevista realizada en octubre de 2008, para la revista “2010”, edición número 22, sección “Derechos Humanos”, Buenos Aires, Argentina.
querellante en el proceso, actuando en defensa de los intereses difusos
que aquí están en juego. La corrupción y el manejo de los recursos que
pertenecen a la sociedad en su conjunto son indudablemente materias
que atañen y afectan a toda la comunidad; aquellos cuyos derechos se
menoscaban no son individuos particulares sino grupos indeterminados,
lo que requiere la implementación de una forma de defensa que permita
resguardar debidamente ese interés difuso. Esa defensa se refuerza y
completa a través de la querella por parte de organizaciones no
gubernamentales que representan a la sociedad civil, por lo cual la
legitimación para participar de esta forma no puede ser negada sin afectar
a toda la comunidad en sus derechos.
Estos agravios y la trascendencia institucional del caso,
detallada anteriormente, son elementos suficientes para excitar la vía
recursiva interpuesta.
VI. MOTIVOS.
La queja por casación denegada encuentra motivación en la
inobservancia de leyes sustantivas en donde se reconocen derechos
subjetivos y principios jurídicos, que al haber sido omitidos configuran
error in judicando en los términos del artículo 456 inc. 1 del Código
Procesal Penal de la Nación.
En su resolución, el TOCF nº3 omitió la aplicación del
derecho al litigio y la participación ciudadana activa en el seguimiento
de casos de corrupción, expresamente reconocido por la Convención
Interamericana contra la Corrupción (en adelante CICC) y la Convención
de Naciones Unidas contra la Corrupción (en adelante CNUCC),
introducidas por medio de las leyes 24.759 y 26.097. La violación al
derecho reconocido en dichas convenciones también involucra la
afectación a principios constitucionales de especial importancia para el
Estado de Derecho, como son los derechos a peticionar ante las
autoridades y la libertad de expresión. Por otra parte, rechazar el
pedido de cumplimiento del decomiso implica una violación al derecho a
obtener una justa reparación del daño causado.
A continuación se expresan los motivos que demuestran la
inobservancia normativa alegada.
VI.a. El derecho de participación activa de la sociedad
civil en el seguimiento de la corrupción, el principio de soberanía
popular, el derecho a peticionar ante las autoridades y la libertad de
expresión.
Los delitos que se investigan en el presente caso afectan las
instituciones democráticas y el correcto funcionamiento del gobierno, y
sus efectos se traducen en el debilitamiento del diálogo ciudadano, los
costos de desafección política y el daño producido sobre las bases
financieras del Estado. Por este motivo, poseen una profunda gravedad
institucional y motivan el interés de seguimiento de la organización
peticionante. La presencia sistemática de la corrupción en la vida política
argentina, los problemas y dificultades para su correcta sanción y el
consiguiente aumento de la sensación de injusticia e impunidad son
razones fundadas que ameritan que las instituciones estatales garanticen
y tornen posible el derecho de acceder a la información mediante la
participación social en el seguimiento de este tipo de hechos, tal como lo
reconocen los artículos previstos en los artículos 3.11 y 14.2 de la
CICC y artículos 5.1 y 13.1 de la CNUCC. La importancia que estas
convenciones asignan al derecho de participación ciudadana está
reflejada en el Preámbulo mismo de ambas convenciones y en punto 8
del Documento de Buenos Aires del Mecanismos de Seguimiento previsto
para que los Estados Partes evalúen el proceso de implementación de las
normas de la CICC.
El reconocimiento del derecho de participación activa de la
sociedad civil ha introducido en nuestro ordenamiento jurídico un nuevo
paradigma normativo compuesto por el complejo de normas de
diferentes naturalezas (administrativas, civiles, penales e internacionales)
que conforman las convenciones anticorrupción introducidas por medio de
las leyes 24.759 y 26.097. Este paradigma es manifestación del espíritu
de importantes derechos constitucionales esenciales para el respeto de
las instituciones democráticas. Así, no puede obviarse la intima relación
entre el derecho de participación ciudadana y el control democrático
presupuesto en el principio de soberanía popular y la forma republicana
de gobierno (art. 1 de la Constitución Nacional), el derecho de
peticionar a las autoridades y de ejercer la libertad de expresión y
pensamiento (art. 14 CN), y los derechos implícitos (art. 33 CN). Tal es la
importancia de estos derechos y la necesidad de crear protecciones y
mecanismos de control contra la corrupción que nuestra Carta Magna ha
dedicado su art. 36 a dejar sentado que la corrupción atenta contra el
Estado democrático. Por su parte, la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (CADH) garantiza en sus arts. 8.1 y 13 el derecho a
ser oído en el proceso judicial, y las libertades de pensamiento y
expresión. En el mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (PIDCP) dedica a estos derechos los arts. 14.1 y
19.2. Estos últimos dos instrumentos, a su vez, se encuentran contenidos
en la enumeración realizada por el art. 75 inc. 22 de la Constitución
Nacional, otorgándoles jerarquía constitucional.
Hasta comienzos de la década del ´90, la problemática del
comportamiento de un Estado frente a la corrupción practicada en su
interior era considerada como un asunto de jurisdicción doméstica y, por
ende, regido por el correspondiente ordenamiento jurídico nacional.
Existen muchas razones que llevaron a un cambio de visión respecto a
esta cuestión. Una de las más importantes que han contribuido a la
necesidad de dar un nuevo marco normativo a los delitos de corrupción
ha sido, en el contexto latinoamericano, el proceso de consolidación y
fortalecimiento de la democracia12. Así, es claro que la corrupción
constituye un factor generador de pobreza extrema, y constituye, citando
las palabras de James Wolfensohn, "un impuesto encubierto a los
pobres"13, siendo su consecuencia es un gran debilitamiento del sistema
democrático. Dadas estas circunstancias, es llamativo que en la
resolución cuestionada, el TOCF nº 3 omitiera todo tratamiento del
derecho a la participación ciudadana previsto por la CICC y la
CNUCC.
Resulta claro que obviar este plexo normativo, excluyendo la
intervención de la sociedad civil mediante el rechazo del pedido de
decomiso definitivo previamente ordenado, implica continuar con los
métodos tradicionales de persecución penal de la corrupción, que, tal
como surge del espíritu que inspiró la redacción y ratificación de estos
tratados, se han mostrado completamente ineficaces para terminar con la
12 Edmundo VARGAS, La lucha contra la Corrupción en la agenda regional e internacional, Corrupción y Política en América Latina, Editorial Nueva Sociedad, año 2004.13 James WOLFENSOHN, Preventing Corruption in Bank Projects, New Measures to combat fraud and Corruption, Washington, October 15, 1998.
impunidad. Así, cuando la resolución atacada limita la participación en las
actuaciones de una organización de la sociedad civil especializada en la
materia, no hace otra cosa que dar un certero golpe de muerte al espíritu
que animó el dictado de las convenciones traídas a debate. Es por estas
razones que los peticionantes confiamos en que los jueces sepan
armonizar el juego de normas resultante frente al nuevo paradigma, sin
tornar inviable el ejercicio de los derechos por parte de las organizaciones
de la sociedad civil.
Es necesario destacar que en los delitos de corrupción el
concepto de víctima no se reduce al núcleo medular de la víctima
individual, sino que abarca una extensión mayor, dado que estos delitos
afectan bienes jurídicos colectivos. Maier afirma que “…La ley
procesal se refiere siempre, entre nosotros, al ofendido en el sentido
expresado: el de víctima individual del hecho punible. Como anticipamos,
la existencia de bienes jurídicos colectivos, supraindividuales o
universales ha planteado hoy el problema de la legitimación de las
asociaciones, denominadas intermedias –entre las cuales se destacan las
organizaciones no gubernamentales (conocidas por la sigla ONG)- […] En
esos bienes jurídicos colectivos, sin perjuicio de la existencia de un
ofendido individual con derecho a querellar, las asociaciones constituidas
para su defensa están colocadas, respecto de esos intereses –hoy
llamados difusos, en otro terreno jurídico, por la dificultad para
individualizar ofendidos particulares- en una posición análoga a la de la
víctima individual respecto de bienes jurídicos de este tipo”14. De allí que
si la víctima individual tiene derecho a acceder a las actuaciones, y
obtener información de la causa y de la situación del imputado para poder
participar del proceso, no hay razón alguna para negar dicho derecho a
organizaciones intermedias que acrediten un interés legitimo, por el
simple hecho de la dificultad de identificar ofendidos individuales. Mal
podría toda la comunidad solicitar masivamente el acceso a las
actuaciones judiciales; las organizaciones intermedias cumplen esta
función, y su acceso y participación deben estar garantizados cuando
exista un interés que demuestre razonablemente que no se trata de
extraños al proceso. Aquí se ha garantizado el acceso a la información,
pero, como se evidencia, la participación de la sociedad civil en la causa
ha sido reducida a una participación sin incidencia real alguna.
14 Julio B. MAIER, Derecho Procesal Penal, tomo I: Fundamentos, pág. 684.
Debe señalarse que, jurisprudencialmente, el derecho de la
sociedad civil a la participación en causas de interés público ha sido
reconocido en no pocas ocasiones. Por ejemplo, la Sala II de la Excma.
Cámara del Fuero consideró que CIPCE revestía el interés legítimo
alegado –conforme el art. 131 CPPN- para intervenir en la causa nº
26.469 (registro 2829): “…ya se ha sostenido la posibilidad de que un
tercero que no es parte en un proceso judicial tenga acceso a los actos
que, por principio, poseen carácter público, pues aquellos no pueden ser
alcanzados por normas de la naturaleza del artículo 204, último párrafo,
del Código Procesal Penal de la Nación […] es razonable admitir que,
ante este tipo de supuestos, deba optarse por la publicidad de los
contenidos generales que hacen a la cosa pública sobre los que pueda
versar el procedimiento […] este criterio […] responde a los
lineamientos fijados por la CICC y la UNCAC, conforme los cuales el
Estado debe fomentar la participación activa de personas y grupos
que no pertenezcan al sector público, como la sociedad civil, las
organizaciones no gubernamentales y las organizaciones con base
en la comunidad, en la prevención y lucha contra la corrupción,
mencionándose expresamente la necesidad de adoptar medidas que
tiendan a garantizar el acceso eficaz del público a la información…” (el
resaltado es propio).
En otras oportunidades, la misma Sala expresó que
conforme a la Carta Magna, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción,
“el Estado debe fomentar la participación activa de personas y de grupos
que no pertenezcan al sector público, tales como la sociedad civil, las
organizaciones no gubernamentales y las organizaciones con base en la
comunidad, en la prevención y lucha contra la corrupción”15.
Es menester destacar que en un principio se reconoció la
legitimación del CIPCE para intervenir en el proceso e incluso ser
parte del acuerdo de juicio abreviado, al momento de homologarlo
mediante la sentencia de fecha 12/5/2010. En esa sentencia se aludió a la
participación del CIPCE junto con la Asociación Civil por la Igualdad y la
Justicia, estableciendo que el acuerdo se había realizado “en presencia
15 Causa n° 28.106, “Dres. Maurino y Biscay s/solicitud de tomar vista de la causa”, reg. nº 30.326. Y causa nº 26.469, “Dres. Ezequiel Nino y Pedro Biscay s/acceso a las actuaciones”, reg. Nº 28.291.
de los Dres. Ezequiel Nino y Pedro Biscay, representantes de las
organizaciones no gubernamentales Asociación Civil por la Igualdad y la
Justicia (ACIJ) y Centro de Investigación y Prevención contra la
Criminalidad Económica (CIPCE), respectivamente”. Esta mención
efectuada sin ningún tipo de cuestionamiento implica tácitamente el
respeto del derecho de la sociedad civil a tomar parte en el acuerdo
(mediante el cual se pactó la devolución de casi 18 millones de pesos
sustraídos de las arcas públicas), sometiendo el proceso judicial al
escrutinio de la sociedad, y respetando la publicidad y participación social
que exigen las normas relativas a la materia. Como ya se señaló, el
Tribunal, en esta ocasión, no presentó objeción alguna a esto. Sin
embargo, cuando el CIPCE solicitó el cumplimiento de lo acordado y
homologado, el Tribunal consideró que este pedido excedía la
autorización conferida a la organización. De esta forma, las mencionadas
normas de jerarquía supralegal y constitucional se ven desnaturalizadas,
desde que se permite la participación de la sociedad civil para acordar el
decomiso pero no para exigir su posterior cumplimiento. Esto implica una
manifiesta violación de la teoría de los actos propios, contradiciéndose el
Tribunal respecto de su actuación previa en la cual no había objetado ni
hecho ninguna salvedad sobre la participación de las ONG’s en el
proceso y en el acuerdo en particular, por más que fuera la fiscalía quien
invitara al CIPCE a intervenir en el acuerdo. La intervención ciudadana
queda reducida a un elemento que luce muy bien en las formalidades,
pero que no tiene mayores aplicaciones en la práctica, por lo que no
puede hablarse de una participación efectiva en el caso de marras. Es
difícil pensar que la participación a la que refieren estos instrumentos
internacionales no se subordine al principio según el cual quien puede lo
más puede lo menos. Es decir: al CIPCE se le reconoce legitimación para
tener acceso a las actuaciones, tomar conocimiento de lo ocurrido en la
causa e incluso intervenir en el acuerdo del juicio abreviado donde se
decide la devolución de una suma de dinero en concepto de reparación a
la sociedad; pero cuando intenta lograr el efectivo cumplimiento de ese
acuerdo que fue homologado, ¿”sobrepasa” la autorización conferida?
¿No implica acaso una irrazonable restricción a nuestros derechos esta
autorización que permite participar en un proceso con el fin de recuperar
los recursos del Estado, pero que no abarca la posibilidad de exigir el
cumplimiento de la sentencia dictada?
En definitiva, CIPCE considera que el derecho de
participación social en este tipo de causas es restringido de modo
irrazonable por la resolución del TOCF nº 3, toda vez que principios y
derechos constitucionales centrales para el sistema republicano de
gobierno y, por otro lado, derechos subjetivos reconocidos en
tratados internacionales, avalan nuestro legítimo derecho a
participar activamente en la presente causa, representando y
defendiendo los intereses de la sociedad. De esta forma, la
resolución atacada configura un supuesto claro de inobservancia de
la ley sustantiva, al conculcar estos derechos subjetivos impidiendo
una participación efectiva en el proceso.
VI.b. La reparación del daño causado
El art. 31.1 de la CNUCC refiere a la aplicación del
decomiso, con estas palabras: “Cada Estado Parte adoptará, en el
mayor grado en que lo permita su ordenamiento jurídico interno, las
medidas que sean necesarias para autorizar el decomiso: a) Del
producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención o de
bienes cuyo valor corresponda al de dicho producto; b) De los bienes,
equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a utilizarse en la
comisión de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención”.
La norma citada regula la institución del decomiso, que
presenta una doble finalidad: por un lado, pretende impedir que una
persona pueda contar con bienes obtenidos producto de un ilícito; por otra
parte –y esto es lo que tiene mayor incidencia aquí-, tiende a lograr una
reparación del daño causado. Es sabido que las condenas penales que
implican penas privativas de libertad no implican un resarcimiento de
ningún tipo para la víctima del delito, sino un castigo para el victimario.
Por eso suele sostenerse que la rama del Derecho que se ocupa del
resarcimiento es la civil. Sin embargo, la figura del decomiso viene a
cumplir exactamente esta función, permitiendo que el Estado –y por
ende, la sociedad en su conjunto- recupere los recursos que le
pertenecen. El resarcimiento del daño causado es un principio del
Derecho en cualquier parte del mundo, y no existe razón para no tenerlo
en consideración aquí simplemente porque se trate de la sede penal.
El artículo citado exige que el Estado adopte las medidas
que sean necesarias para autorizar el decomiso “en el mayor grado en
que lo permita su ordenamiento jurídico interno”. Aquí conviene recordar
lo que el art. 23 del Código Penal establece: “en todos los casos en que
recayese condena por delitos previstos en este Código o en leyes
penales especiales, la misma decidirá el decomiso de las cosas que
han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que
son el producto o el provecho del delito, en favor del Estado […]”. De
este modo, no cabe duda alguna al respecto: nuestro ordenamiento
jurídico interno no solo permite la medida del decomiso sino que además
la impone. Los casi 18 millones de pesos provenientes de los depósitos –
no realizados- de Hugo Gaggero y Mario Jorge Dadone, junto con el
dinero que se encuentra en la cuenta congelada de Alfredo Alberto Aldaco
y Genaro Antonio Contartese, encuadran en el tipo de bienes que deben
ser decomisados. Ésta es la razón por la cual se dispuso el decomiso en
su momento, y por la cual no se encuentra argumento alguno para que no
se cumpla ahora.
Aquí, el valor de cosa juzgada de la sentencia agrega el
carácter de inmutabilidad a la condena, concluyendo de este modo el
proceso y haciendo ejecutable dicha sentencia. Es menester tener
presente que el contenido del título ejecutivo es la obligación de depositar
el dinero objeto de decomiso que se resolvió en la condena. El objeto es
ese título ejecutivo y la finalidad que se persigue con la ejecución de la
sentencia no es nada menos que la efectiva reparación del daño social
producido16, mediante el decomiso de los activos que los condenados se
comprometieron voluntariamente a entregar al Estado Argentino, y del
dinero que se encuentra depositado en la cuenta del Banco Ciudad.
A esto debe agregarse que, al ser el decomiso exigido por
un instrumento internacional, el Estado argentino puede incurrir en
responsabilidad internacional en caso de desoír lo que se encuentra allí
estipulado. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en la
querella presentada el 21/9/2010 en la causa referente a Papel Prensa,
señaló que “el sistema jurídico nacional prevé que una vez agotada la
jurisdicción doméstica, la posibilidad de que toda persona a la que se le
han violado los derechos contenidos en los diferentes instrumentos
16 CLARIA OLMEDO, Jorge, Derecho Procesal Penal, Tomo I, RUBÍNZAL - CULZONI EDITORES, año 1998, p. 230.
internacionales, pueda acudir a la jurisdicción internacional –por ejemplo:
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana
de Derechos Humanos-. Estos organismos internacionales, en su
competencia jurisdiccional, tienen la posibilidad de dictar sentencias
contra los Estados partes, las que son definitivas e inapelables”. De esta
forma, la falta de juzgamiento y aplicación de las penas y medidas
correspondientes a los delitos tratados por estos instrumentos
internacionales “puede implicar sanciones internacionales al Estado
Nacional”17.
Por último, si bien el principal motivo para exigir el
cumplimiento del decomiso se relaciona con la necesidad de reparar el
daño causado a la sociedad mediante la utilización de recursos del
Estado para fines ilícitos, también se erige una razón de política criminal.
Es indudable que la motivación determinante de estos delitos es de
carácter económico: la obtención de un beneficio pecuniario. Mediante el
decomiso, a la sanción privativa de libertad se le agregaría la pérdida del
dinero obtenido mediante la comisión del delito. Esto no solo contribuye al
resarcimiento a la comunidad, sino también genera un efecto disuasivo
y preventivo de la criminalidad económica. Las citadas convenciones
internacionales aluden no solo a la lucha sino también a la prevención de
la corrupción. Se ha probado que la existencia de penas privativas de
libertad no funcionan como factor suficiente –aunque sí necesario- para
disminuir considerablemente la comisión de este tipo de delitos. Esto se
debe a que incluso en el caso de que el funcionario o el individuo del
sector privado llegara a ser condenado, aun así suele conservar el
beneficio económico que ha obtenido. Sin embargo, mediante la
imposición del decomiso, el caso IBM-Banco Nación podría sumarse al
precedente de María Julia Alsogaray18, con la finalidad de empezar a
demostrar que la corrupción no solo acarrea condenas penales
privativas de libertad, sino que también debe implicar la pérdida de
la ventaja económica ilegítimamente obtenida. Estos dos argumentos
unidos podrían generar un efecto de disuasión mucho mayor que el que
genera la prisión por sí sola, fortaleciendo de esta manera la lucha contra
la corrupción y su prevención.
17 Querella presentada… op. cit. Pág. 36.18 Condenada por enriquecimiento ilícito, y con un decomiso sobre el valor de uno de sus inmuebles, rondando los 3 millones y medio de pesos. Causa nº 648, “Maria Julia Alsogaray s/ enriquecimiento ilícito", TOCF nº 4.
VII. RESERVA FEDERAL
Toda vez que en las presentes actuaciones se encuentra en
juego la interpretación que cabe asignarle a normas de naturaleza federal
(arts. 1, 14, 33, 75.22 de la CN; art. 8.1 y 13 de la CADH; art. 14.1 y 19.2
del PIDCP; arts. 3. 11 y 14.2 de la CICC; y arts. 5.1, 13.1 y 31 de la
CNUCC), hacemos en legal tiempo y forma expresa reserva del caso
federal, en los términos previstos en el artículo 14 de la ley 48.
VIII. PETITORIO
Por todo lo expuesto solicitamos a V.E.,
1. Se tenga por acreditada la personería legal
invocada;
2. Se tenga por presentado en legal tiempo y forma
el presente recurso de queja por casación denegada;
3. Haga lugar al presente recurso de queja,
interpuesto contra la resolución pronunciada por el TOCF nº3 en los
presentes actuados con fecha 8 de julio de 2011, notificada a CIPCE el
día 13 de septiembre del corriente;
4. Revoque la resolución impugnada, permitiendo
una plena participación de la sociedad civil en un caso de corrupción, y
dando efectivo cumplimiento al decomiso ordenado oportunamente;
5. Se dé al dinero decomisado un fin social;
6. Se tenga por formulada la reserva del caso
federal.
Proveer de conformidad,
SERA JUSTICIA
