informeanualdefensordelpuebloecuador2010

I. INTRODUCCIÓN:

Consideraciones generales, la acción institucional en el Ecuador, panorama interna-cional, proyecciones ----------------------------------------------------------------------------------------- 5

II. PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEFENSORIAL:

Planes, programas y proyectos que marcan el quehacer institucional ------------------ 13

III. UNA VISIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LA NATURALEZA:

La gestión defensorial en favor de los habitantes del Ecuador y de nuestros y nuestras compatriotas en el exterior. ------------------------------------------------------------------------------ 25

IV. INCIDENCIA INTERNACIONAL PARA APUNTALAR EL TRABAJO INSTITUCIONAL:

Cooperación y relaciones internacionales desplegadas. ------------------------------------- 63

V. CONSEJO CONSULTIVO DE DERECHOS HUMANOS: UN ESPACIO DE COLABORACIÓN EFECTIVA ENTRE EL ESTADO Y LA SOCIEDAD CIVIL.

Caminando junto a los actores sociales -------------------------------------------------------------- 71

VI. IMPULSANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA Y LA INFORMACIÓN PÚBLICA:

Visibilizando al Estado para consolidar la democracia ----------------------------------------- 77

VII. COMUNICÁNDONOS DINÁMICAMENTE PARA ACERCARNOS A LA GENTE

Creando, difundiendo y vinculándonos con la sociedad ------------------------------------ 89

VIII. EL TRABAJO DE LAS UNIDADES DE APOYO EN EL ENGRANAJE DEFENSORIAL.

La administración de los recursos en pro de la eficiencia ----------------------------------- 111

IX. COORDINANDO LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

Trabajando coordinadamente para ser mejores ----------------------------------------------- 123

X. ANEXOS

Anexo A. Directorio Institucional ---------------------------------------------------------------- 153

Anexo B Ejecución presupuestaria de ingresos y gastos ----------------------------- 157

Anexo C Organigrama ---------------------------------------------------------------------------- 184

Anexo D Funcionarios y funcionarias DPE --------------------------------------------------- 185

Anexo E Auditoría Interna ----------------------------------------------------------------------- 191

ÍNDICE

CONSEJO EDITORIAL

Dr. Fernando Gutiérrez Vera

DEFENSOR DEL PUEBLO

Dr. John Morán Cárdenas

PRIMER DEFENSOR ADJUNTO

Ab. Telmo Jaramillo Ramírez

SEGUNDO DEFENSOR ADJUNTO

Este informe fue elaborado por:

La Defensoría del Pueblo de Ecuador

Producido por la Dirección de Comunicación Social con base en la información proporcionada por las

diferentes Unidades de la Institución

SEGUNDA EDICIÓN

IAN - TIN - RN

Defensoría del Pueblo de Ecuador

Av. de la Prensa N54-97 y Jorge Piedra.

Telefax: (5932) 3301115/112

ext- 305 - 308

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MMX

I. INTRODUCCIÓN

Informe Anual y Rendición de Cuentas 2009-2010

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La Defensoría del Pueblo tiene por mandato constitucional la obligación de promover y proteger el cumpli-miento de los derechos fundamentales de los ecuatorianos y ecuatorianas que habitan dentro y fuera

del país, así como los derechos humanos establecidos en los estándares internacionales, que incluyen los derechos a vivir en un ambiente sano, derechos de las personas y grupos de protección prioritaria, de las comunidades, pueblos y nacionalidades, de la libertad y de participación.

Además del mandato supremo que le otorga nuestra Constitución, de velar por la naturaleza a quien se da la particularidad de ser sujeto de derechos -cambiando de esta manera la visión antropocéntrica por una visión biocéntrica-, se evidencia una segunda implicación que es la protección a la naturaleza, demandán-donos como Institución un replanteamiento conceptual y material1.

Entre las facultades determinadas principalmente en el Art. 215 de la Constitución, se encuentran las acciones defensoriales: el patrocinio de oficio o a petición de parte de las garantías jurisdiccionales, tales como acciones de protección, habeas corpus, acceso a la información pública, habeas data, acciones de incumplimiento, acción ciudadana, reclamos por mala calidad o indebida prestación de servicios públicos o privados2, contando para esto con el marco legal adecuado a través de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y además determinar medidas de cumplimiento obligatorio. Sin contar que somos miembros importantes de la Función de Transparencia y Control Social.

Para cumplir con esta gama de competencias, ha sido necesario emprender un proceso de reestructu-ración institucional, cuya herramienta central ha sido el Plan Estratégico 2010-2014, plenamente articulado con los procesos actuales de planificación del Estado, y que ha permitido proyectarnos con una misión y visión específicas, y con un conjunto de líneas estratégicas a implementar3; así como con un nuevo modelo de gestión regulado por el Reglamento Orgánico Funcional y el Plan Operativo Anual 2010 elaborado por las diferentes direcciones nacionales4.

Esta reestructuración entró en vigencia a partir de agosto del 2009, dándose oficialmente por terminada la estructura anterior que estaba compuesta de comisiones temáticas, siendo reemplazadas en el plano op-erativo por la Dirección Nacional de Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza, que cuenta con tres Coordinaciones Nacionales que abarcan los Grupos de Protección Prioritaria, los Derechos Económicos Sociales y Culturales, y de la Naturaleza y Ambiente; y la Dirección Nacional de Promoción de los Derechos Humanos y de la Naturaleza que cuenta con las Coordinaciones de Políticas Públicas, de Educación, y Trans-parencia y Acceso a la Información Pública. Claro está que para el cierre de procesos ha sido necesario pasar un periodo de transición, iniciando labores de acuerdo al nuevo modelo a partir del 20 de enero del 2010.

Estas dos direcciones nacionales conjuntamente con sus respectivas coordinaciones buscan promover y garantizar la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, bajo los principios de informalidad, inme-diatez y gratuidad, a través de una estructura orgánica que dé respuesta a la interdependencia, jerarquía e indivisibilidad de derechos.

1 La Defensoría del Pueblo del Ecuador, Un nuevo modelo de gestión para la protección, elaborado por Patricio Benalcázar Pág. 12 Constitución de la República del Ecuador, aprobada en septiembre del 2008, Art. 2153 La Defensoría del Pueblo del Ecuador, Un nuevo modelo de gestión para la protección, elaborado por Patricio Benalcázar Pág. 14 Informe Anual Agosto 2009-junio2010, Dirección Nacional de Protección de Derechos de Derechos Humanos y de la Naturaleza, elaborado por Dr. Patricio Benalcázar, Pág. 1

Visión Institucional actual de la Defensoría del Pueblo.


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Además, con el afán de servir a las ecuatorianas y ecuatorianos, se han conformado Comisiones Regionales, (las que prontamente entrarán en funcionamiento), sin contar con el esfuerzo y trabajo que vienen desple-gado las 24 delegaciones provinciales, nueve delegaciones cantonales y las dos existentes en el exterior, una en Houston-Texas en los Estados Unidos y otra en Europa en la ciudad de Roma-Italia. Por otro lado, es importante recalcar que tenemos firmados convenios de cooperación con instituciones análogas en otros países como el Defensor del Pueblo de España y las Defensorías Cívicas en Italia, entre otros, quienes nos han brindado su apoyo en diversos asuntos vinculados con ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos.

Dentro de ese panorama la Defensoría del Pueblo debió haber merecido una atención preferente del Es-tado, dado el encargo constitucional que tiene. No ha sido así, y hemos debido soportar severas limitaciones presupuestarias para cumplir nuestra misión. La consigna: “trabajar con los instrumentos que se tienen a la mano sin esperar circunstancias óptimas”, ha sido seguida fielmente durante el tiempo de mi encargo como Defensor del Pueblo, y así hemos podido hacer más con menos recursos.

Relaciones con la sociedad civil

Otro aspecto importante que recalcar es la creación del Consejo Consultivo Ciudadano, que cuenta con personas del más alto nivel en su conocimiento, experiencia y trayectoria en la defensa de los derechos, quienes representan a diversas organizaciones sociales y han servido de enlace directo entre la defensoría y la comunidad.

Como se puede apreciar, este último año ha sido lleno de retos al implementar un nuevo proceso y dejar atrás viejas estructuras, logrando cambios importantes, que han traído consigo el trabajo conjunto de todos y todas aquellas personas que laboramos en esta Institución, y, como todo cambio, no ha sido fácil, el reto está en seguir adelante construyendo juntos una Defensoría del Pueblo que asegure el ejercicio y protección de los derechos humanos cumpliendo de esta manera el rol que nos ha sido encomendado.

El Ecuador actual

El Ecuador vive actualmente una etapa especial de su historia caracterizada por los singulares cambios que se están introduciendo a nivel del Estado, a partir de la vigencia de la actual Constitución. El carácter eminentemente protector y garantista de los derechos humanos que identifica a la Carta Magna, es fruto y resultado de varias décadas de luchas sociales y refleja lo mejor de las aspiraciones del pueblo ecuatoriano.

La dinámica histórica de los últimos 60 años ha estado marcada por la irrupción de nuevos actores sociales que progresivamente han ido elaborando sus aspiraciones hasta convertirlas en reivindicaciones concretas y de allí en propuestas políticas. Tal ha pasado con movimientos sociales en defensa de los derechos de la mujer, de la niñez, de la adolescencia, de los derechos humanos en general, de organizaciones que repre-sentan intereses de minorías étnicas, como indígenas y negros, amén de varios otros que reflejan intereses concretos de diversos sectores de la sociedad ecuatoriana.

La generalidad de estos sectores vio afectados sus legítimos intereses en aras de aquellos propios de las clases dominantes de nuestro país, fenómeno que se acentuó durante los años en que se aplicaron políticas neoliberales restrictivas de los derechos de los sectores pobres y medios. Pero la lucha del conjunto del pue-blo ecuatoriano finalmente fructificó en los cambios políticos que significaron una diferente integración de los poderes del estado y finalmente la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi, cuyo producto concreto, la Constitución del 2008, recoge en buena parte el resultado de las citadas luchas sociales. Por eso su carácter protector y garantista de los múltiples derechos humanos y de la naturaleza incluidos en el catálogo constitucional.


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Otra cosa es el variable cumplimiento efectivo de esos derechos.

La política de fuerte inversión social que se lleva en el actual período de gobierno, ha rendido frutos positivos en materia de derechos humanos económicos, sociales y culturales, que en la concepción ideológica de la Constitución configuran el sumac kausay, sinónimo de las condiciones de vida digna que merece todo ser humano de las que habla la Declaración Universal de Derechos Humanos; pero no ha producido los cam-bios estructurales que la sociedad ecuatoriana requiere para obtener justicia y equidad en la distribución de la riqueza y, consecuentemente, en el acceso a los bienes materiales e inmateriales necesarios para todos en el marco de una sociedad auténticamente democrática. Una revolución se define por la modificación que introduzca en las relaciones de producción, a partir de la apropiación de la tierra, el capital, la técnica y el control del trabajo propio, por parte de las mayorías desposeídas, a la par que del conocimiento y de los factores culturales que le permitan a esas mayorías ejercer real capacidad de decisión sobre los procesos económicos, sociales y culturales.

El gobierno actual ha destinado recursos económicos muy voluminosos a la inversión social. Al comparar cifras encontramos que en la década que recién terminó la cifra consolidada de gastos pasó de 449 a 1.934 millones de dólares en el 2006 y se incrementó a 3.910 millones en el 2009, con un gasto proyectado a 4.714 millones en el 2010. Similar situación constatamos al examinar la ejecución de la inversión social como por-centaje del PIB, que en el período indicado pasó del 2,92% al 7,40%.

En términos de derechos eso ha significado una mejora sustancial en la satisfacción de derechos tan básicos como educación, salud, vivienda, alimentación, bienestar, cultura popular y otros de carácter económico, social y cultural. En otras palabras, la atención primaria de salud, el acceso a la educación básica, la con-strucción de soluciones habitacionales, el suministro de alimentos básicos y otros derechos de esta clase, se han incrementado a niveles no comparables con registros históricos anteriores.

Pero el impulso a la participación ciudadana en el ejercicio individual y colectivo de los derechos políticos es escaso, y en esa medida se dificulta el ejercicio activo de tales derechos para vencer la permanencia de antiguas prácticas políticas concentradoras. Este ejercicio activo de ciudadanía es lo único que asegura que se den los avances democráticos necesarios para la plena vigencia de los derechos humanos. Mientras tal participación ciudadana activa y masiva no se produzca, estaremos viviendo una democracia a medias, pues la democracia que solo se legitima con resultados electorales, es incompleta si los ciudadanos y ciu-dadanas no la sostenemos a través de nuestra participación activa en las decisiones de gobierno a niveles nacional y local.

Lo dicho se demuestra con el actual clima de intolerancia mutua entre actores políticos que solo podría ser superado con una fuerte presencia popular organizada en partidos y movimientos políticos y en movimien-tos sociales, que representen y canalicen adecuadamente los intereses de diversos sectores del pueblo.

Otros limitantes para la plena vigencia de los derechos humanos

Uno de los principales problemas, que afecta la vigencia de los derechos humanos en el Ecuador, es el creciente panorama de violencia social cuyo peor reflejo se da en el crecimiento delicuencial. Dos impor-tantes informes recientes, el de la Comisión de la Verdad y el presentado por el Profesor Philip Alston, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, han puesto de manifiesto la gravedad del problema por las severas limitaciones de la institucionalidad del Estado para enfrentarlo. La extensa y manifiesta impunidad en la que van quedando delitos de todo tipo cometidos contra la vida, la libertad y la integridad de las personas, incluyendo crímenes de lesa humanidad, como ejecuciones sumarias y desapari-ciones forzadas, demuestran la anómala situación que se produce en instituciones como la Policía Nacional y las que forman parte de la Administración de Justicia.

Las propuestas que están surgiendo desde diferentes sectores, y con más fuerza desde el propio estado para endurecer las penas y disminuir la edad de punición, incluyendo a los menores entre los 16 y 18 años, son in-constitucionales por el fondo y por la forma pues no responden ni al respeto a los Convenios Internacionales que son de rango constitucional, ni al espíritu de la Carta Magna; peor aún resultarían ineficaces, pues lo que disuade la Comisión de los Delitos no es la magnitud de la pena, sino la certeza de su aplicación.


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Debido a las evidentes deficiencias en la Administración de Justicia, no se ha estado garantizando un eficaz acceso a la justicia, ni la tutela judicial efectiva de los derechos de las personas, especialmente de las ca-pas más pobres de la población, a pesar de los positivos enunciados constitucionales al respecto. De esta manera se ha estado ocasionando amplia desprotección a los ciudadanos y ciudadanas cuyos derechos estaban siendo vulnerados, en mayor medida mientras aumenta la pobreza, ahondando así diferencias de clase que de por sí son inaceptables.

Tal situación marca un negativo contraste con la creciente violencia social, que se expresa principalmente a través de fenómenos delictivos, siendo especialmente preocupante el crecimiento de la delincuencia organizada que va adquiriendo cada vez más características de internacionalización; esta situación ha producido importantes reclamos ciudadanos por seguridad, que se satisfacen muy parcialmente debido a la débil respuesta de los órganos de seguridad del Estado, especialmente de la Policía Nacional.

Como aparece de los informes antes citados, se han producido varios casos de abusos policiales, algunos de ellos extremadamente graves, pues se han producido ejecuciones extrajudiciales y desapariciones for-zadas, aún no aclaradas, con una secuela de visible impunidad. El presente informe contiene la cita de algunos casos relevantes al respecto.

Represión y criminalización de protestas sociales

Está claro que el respeto a los derechos de libre expresión de pensamiento, respetuosa de la honra ajena, y a la libre manifestación pacífica en sitios públicos, son básicos para el funcionamiento democrático de una sociedad. En general la libertad de conciencia, de pensamiento, de expresión, de organización, reunión y manifestación, constituyen lo que René Cassín llamaba “las libertades del espíritu”, protectoras del ejercicio de otros derechos humanos. En la situación del Ecuador durante el período informado, el clima de intoleran-cia mutua a que hemos aludido, no ha favorecido el respeto a esos derechos.

La agitación producida en algunos sectores sociales por la dictación de algunas leyes polémicas, no siem-pre ha sido respondida con el indispensable diálogo, produciéndose entonces una agudización de los con-flictos y la utilización de medidas represivas. La criminalización de la protesta social ha surgido, en algunas ocasiones, como un camino absolutamente inconveniente, con acusaciones de delitos tan graves como el sabotaje y el terrorismo, remedio éste que no cura la enfermedad sino la potencia. La Defensoría del Pueblo ha expresado, en varias ocasiones, su oposición al empleo de estos métodos.

Derechos de la Naturaleza

En relación con la protección de los derechos de la naturaleza hay que destacar de manera superlativa la iniciativa Yasuní, destinada a la protección de la naturaleza en el Parque Nacional que lleva este nombre. El Yasuní es una de las áreas con mayor biodiversidad en el planeta Tierra; renunciar a la explotación del petróleo que yace en el subsuelo, es un sacrificio para el país, pero señala una dirección digna de ser imita-da y que no debe tener marcha atrás, para la protección de la vida natural en sus diversas manifestaciones. Esa dirección debe ser continuada para su aplicación en otras áreas en donde sea posible y necesario.

La inminencia de nuevos contratos de exploración petrolera, la debilidad de las medidas de precaución ambiental relacionadas con la explotación de petróleo, de bosques y de fuentes de agua y el inminente comienzo de las explotación minera a gran escala hacen temer que se produzcan afectaciones a la natu-raleza, y en grado grave. Ello vuelve indispensable un reforzamiento significativo de las políticas estatales en material de protección de los derechos de la naturaleza, e implica un desafío para nuestra Institución en el sentido de ampliar y precisar los límites y métodos para tal protección; ese camino se ha iniciado ya con-forme se verá en el capítulo correspondiente del presente informe.

Contexto Latinoamericano y mundial

No es posible considerar el panorama de los derechos humanos en el Ecuador actual, sin tomar encuentra el contexto internacional, pues la dimensión de estos derechos es universal y la creciente interdependencia entre las sociedades nacionales y regionales en el planeta, requiere una visión amplia e integrada para


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su protección. Tal consideración se hace muy visible en las relaciones de frontera, que pesan significativa-mente en la vulneración de derechos, como se ve claramente en la frontera entre Ecuador y Colombia, directamente influida por la guerra interna en el país hermano, y que produce un aumento de graves fenó-menos, como el narcotráfico, la trata y tráfico de personas y otros igualmente negativos en un marco de delincuencia organizada internacional. Afrontar esta situación ocasiona al Estado de Ecuador un enorme esfuerzo humano, económico y político. Para afrontarlo desde el desempeño de sus deberes la Defensoría ha desarrollado una amplia labor en cooperación con ACNUR, entidades eclesiásticas, ONGs y organiza-ciones sociales en las provincias fronterizas; de lo cual también hay información detallada en este informe.

Aprovechando el favorable momento de integración que vive el continente latinoamericano y singular-mente Sudamérica, hemos establecido y seguimos desarrollando un amplio programa de colaboración entre defensorías que se ve reflejado en la firma de múltiples convenios bilaterales, que tienen un enfoque preferencial en el fenómeno de movilidad humana, especialmente migraciones, con fructíferos resultados. Y hemos procurado una vigorosa reinserción en las organizaciones de carácter continental y mundial que reúnen a instituciones nacionales de defensa de los derechos humanos, para utilizar la terminología corriente en el sistema de Naciones Unidas. Al mismo tiempo, se ha fortalecido de manera significativa la relación con la oficina de Representación de la ONU en el Ecuador, y particularmente con la del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, así como de las diferentes Agencias de la ONU presentes en nuestro país. Agradece-mos efusivamente el apoyo recibido por parte de ellos a varios proyectos que hemos presentado.

II. PLANIFICACIÓN DE LA

GESTIÓN DEFENSORIAL


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Hablar de programas, proyectos, planes, matri-ces es imprescindible cuando tratamos de or-ganizaciones modernas que buscan éxito en

su gestión. La Defensoría del Pueblo no esta ajena a este planteamiento y al igual que el resto del sector público busca organizar sus acciones con los recursos financieros y humanos que posee.

Mediante Resolución Nº 110-D-DP-2009, el Defensor del Pueblo de Ecuador aprobó el Plan Estratégico Institucional de la Defensoría del Pueblo con enfoque en Derechos Humanos 2010-2014, cuyo contenido narra la declaración de misión, visión y valores como: Excelencia y Transparencia, Liderazgo y Equidad, In-tegridad y Honestidad, Pluralismo y Solidaridad; siete lineamientos estratégicos y seis objetivos estratégicos, que señalan un camino a seguir para consolidar la au-toridad moral de la dpe.

En la Resolución Nº 057-D-DP-2009, el Defensor del Pueblo expide el Reglamento Orgánico Funcional de la Institución, mismo que establece que la Defensoría estará integrada por los niveles: Ejecutivo, Estratégico, Consultivo y Asesor, Operativo y de Apoyo.

PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEFENSORIAL

Mediante Resolución Nº 110-D-DP-2009, el Defen-sor del Pueblo de Ecua-dor aprobó el Plan Es-tratégico Institucional de la Defensoría del Pueblo con enfoque en Dere-chos Humanos 2010-2014, cuyo contenido narra la declaración de misión, visión y valo-res como: Excelencia y Transparencia, Lideraz-go y Equidad


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Conforme establece el Capítulo II, Nivel Estratégico, Sección Primera, corresponde a la Unidad de Planifi-cación y Desarrollo Institucional:

a) Generar propuestas y lineamientos institucionales la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de la planificación institucional, e impulsar el desarrollo institucional para la efectiva promoción y protección de los derechos humanos y de la naturaleza. Entre su Deberes y Atribu-ciones vale mencionar:

b) Elaborar propuestas, coordinar, supervisar y dirigir la ejecución de los lineamientos estratégi-cos y las políticas institucionales determinadas por el nivel ejecutivo, para la formulación de los planes plurianuales y anuales de la Defensoría del Pueblo, manteniendo vigente la desconcen-tración territorial y el modelo de organización por resultados;

c) Coordinar la elaboración de manuales de procedimientos e indicadores de gestión de a-cuerdo con la reglamentación de la Defensoría del Pueblo.

d) Coordinar las actividades de planificación, con los órganos estatales competentes para el cumplimiento de los objetivos y metas nacionales;

e) Elaborar y presentar al Defensor del Pueblo, informes periódicos de seguimiento y evaluación de la ejecución del Plan Estratégico de la Defensoría del Pueblo.

f) Recomendar e implementar los mecanismos de mejoras continuas, a partir del seguimiento y evaluación de las diferentes unidades de la Defensoría del Pueblo;

g) Remitir periódicamente la información relacionada con la actualización de la página Web de la Institución, y particularmente lo relativo a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP);

h) Mantener las bases de datos, de la documentación y de los archivos, generados en el ámbito de sus competencias; y,

i) Otras delegadas por la Defensora o Defensor del Pueblo, la ley y reglamentos.

INFORMACIÓN LOTAIP.-

Se entregó la información correspondiente a los años 2009 y 2010, requerida por la Coordinación Nacional de Transparencia e Información Pública, a través de la Dirección Nacional de Promoción de Derechos Hu-manos y de la Naturaleza, en lo referente a la Resolución 023-DP-2010, que expide el Reglamente Interno que regula la Recopilación, Selección, Análisis y Levantamiento de la Información Pública de la Defensoría del Pueblo en el portal web Institucional; así mismo, se realizó un análisis de los requerimientos que le corre-sponde cumplir a la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional, conforme lo establece el Art. 7 de la LOTAIP.

CONVENIOS SUSCRITOS.-

- El 8 de febrero del 2010 se presentó el Proyecto de Convenio y Carta de Entendimiento entre FLACSO y la Defensoría del Pueblo de abril del presente año, se suscribió dicho convenio entre la Defensoría del Pueblo y FLACSO.

- En mayo del 2010 se suscribió convenio con la Superintendencia de Compañías.

- En junio se concluyó con la elaboración del Proyecto de Convenio entre la Superintendencia de Bancos y Seguros y la Defensoría del Pueblo.


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ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS.-

Durante los meses de marzo y abril, la Dirección Nacional de Planificación y Desarrollo Institucional trabajó en la elaboración de Procedimientos Internos para: Contratación Pública (Anexo 1 flujograma) y Seguimiento del POA Institucional (Anexo2 flujograma).

El 28 de abril del presente año, se presentó el Procedimiento para Contratación Publica y el 5 de mayo el Procedimiento para Seguimiento del POA Institucional, los mismos que contienen directrices basadas en el cumplimiento de normas, leyes y reglamentos vigentes, para que las diferentes unidades administrativas puedan ejecutar actividades en el menor tiempo posible.

Para esto se delinearon flujogramas y se establecieron indicadores y variables de medición para la obten-ción de resultados.

PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.-

Previo al requerimiento de la información para elaborar la matriz consolidada del POA 2010, se realizó el 2, 3 y 4 de marzo, un taller de capacitación dirigido a todas las unidades administrativas sobre el “Mode-lo de Gestión, Plan Estratégico 2010-2014 y POA 2010”, con el objetivo de elaborar el POA Institucional 2010.

Una vez que las unidades administrativas cumplieron con la entrega de la información, la Dirección Nacional de Planificación y Desarrollo Institucional procedió a dar seguimiento a temas de capacitación, difusión y consultoría y puso en conocimiento de la Comisión del Plan Anual de Compras (PAC).

En junio del 2010, se realizaron ajustes al POA 2010, de acuerdo al presupuesto asignado a la Institución, con la finalidad de llevar en forma coordinada las actividades planificadas en referencia al presupuesto.

En lo referente a la entrega de información a SENPLADES para el seguimiento y evaluación POA 2010, nuestra Institución cumplió con el requerimiento, de acuerdo a lo solicitado en el primer y segundo trimestres por dicha Institución.

Se elaboró el informe de evaluación de cumplimiento de actividades POA 2010, después de la solicitud de la información a las diferentes unidades administrativas.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INTERNA PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.-

En abril del presente año, se solicitó a las diferentes unidades administrativas, un informe de logros y avances alcanzados durante el primer trimestre del 2010.

Nueve unidades administrativas proporcionaron la información requerida para poder elaborar el seguimien-to y evaluación correspondiente al primer trimestre.

Para este efecto, en el mes de mayo, se elaboró las respectivas matrices de seguimiento y evaluación del primer trimestre, en las que constan las actividades planificadas y ejecutadas por cada unidad, así como algunas recomendaciones.

Para seguimiento y evaluación del segundo trimestre, el 20 de mayo de 2010, se realizó una reunión de trabajo con las unidades administrativas, con el propósito de proporcionar directrices para seguimiento de actividades POA 2010 y 2011, POA 2010 aprobado y elaboración del POA 2011.

Posteriormente, se envió la matriz correspondiente a cada una de las unidades, como guía para el envío del informe de actividades, correspondiente al segundo trimestre, conforme proyectos y presupuesto por ellos planificado.


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En julio del presente año, se elaboró las matrices de seguimiento y evaluación del primero y segundo trimes-tres POA 2010, de seis unidades administrativas que no entregaron la información en las fechas establecidas, con la información por ellas proporcionada para la consolidación del POA 2010.

PLAN DE CAPACITACIÓN.-

Desde enero de 2010, la Dirección Nacional de Planificación y Desarrollo Institucional, dentro de las fun-ciones que le fueron asignadas tuvo a su cargo la Capacitación Interna.

Conforme al Plan Nacional de Capacitación 2010, entregado por las unidades administrativas en diciembre del 2009, se efectuaron varias actividades de capacitación durante eI primer semestre,

PLAN OPERATIVO ANUAL 2011.-

Previo al requerimiento de la información para elaborar la matriz consolidada del POA 2011, en el mes de mayo se realizó una reunión de trabajo con todas las unidades administrativas, con la finalidad de propor-cionar las directrices necesarias para la presentación de la información, mediante matrices con las que se facilitó la consolidación de la información.

Una vez que las unidades administrativas cumplieron con la entrega de la información, la Dirección Nacional de Planificación y Desarrollo Institucional procedió a elaborar el POA 2011, la misma que fue entregada a la Dirección Nacional Financiera el 28 de junio del presente año, como base para la elaboración del pre-supuesto 2011, conforme lo establece la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal, en su Art. 2 que dice: “Cada Institución del Sector Público no financiero elaborará el Plan Plurianual Institucional para cuatro años, y Planes Operativos Anuales, que servirán de base para la Programación Pre-supuestaria y remitirá al Ministerio de Finanzas con las proformas presupuestarias correspondientes.

RESULTADOS

Este periodo de seis meses, en el que la Defensoría del Pueblo, por primera vez cuenta con un Plan Estraté-gico y una Dirección Nacional de Planificación y Desarrollo Institucional, como parte de un nuevo modelo de gestión, enfoca un esquema que contempla la definición del marco filosófico, monitoreo del entorno, definición de la situación actual y generación de objetivos estratégicos, de manera participativa y consen-suada para que tenga acogida por la ciudadanía y el personal de Institución.

Por otra parte, debemos señalar que una buena planificación combinada con un seguimiento y una eva-luación eficaces, puede desempeñar un rol importante para mejorar la efectividad de los programas y proyectos que desarrolla la Institución.

Una buena planificación nos ayuda a tener un buen uso de los recursos económicos, ya que hoy en día es-tamos obligados a realizar de una Planificación estratégica y operativa que refleje los planes y programas, puesto que es el camino por el cual los líderes de las organizaciones prevén el futuro deseado y desarrollan los procedimientos y operaciones necesarias para alcanzar el escenario requerido.

Es importante destacar que para conseguir los resultados esperados en la ejecución de la planificación, debe realizarse un análisis real y objetivo de la situación organizacional con la participación y compromiso activo de los funcionarios, directivos y autoridades.


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III. UNA VISIÓN INTEGRAL PARA LA

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS

DERECHOS HUMANOS

Y DE LA NATURALEZA


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UNA VISIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LA NATURALEZA

La Defensoría del Pueblo por mandato constitu-cional tiene la responsabilidad de tutelar y prote-ger los derechos humanos de todos los habitantes

del Ecuador, así como la defensa de los derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior; a ello se suma que en el catálogo de derechos establecidos en la Constitución se prevé los derechos de la natu-raleza, haciendo extensiva su protección y promoción a la Institución Nacional de Derechos Humanos.

Para cumplir con el mandato constitucional, en ma-teria de protección la actual administración inició un proceso de reestructuración institucional cuyas herramientas centrales han sido el Plan Estratégico 2010 – 2014 plenamente articulado a los procesos de planificación del conjunto del Estado; así como con un nuevo modelo de gestión regulado por el Regla-mento Orgánico Funcional1 y un Plan Operativo Anual 20102 de las diversas direcciones nacionales.

1 Incorporado en la Resolución 057-D-DP-2009, del 5 de agosto de 2009.2 Para el período 2010, La Dirección Nacional de Protección, cuenta

Para cumplir con el man-dato constitucional, en ma-teria de protección, la ac-tual administración inició un proceso de reestructuración institucional cuya herrami-enta central es el Plan Es-tratégico 2010 – 2014


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Desde el 5 de agosto de 2009 entró en vigencia el Reglamento Orgánico Funcional y formalmente se instituy-en las Direcciones Nacionales de Protección y Promoción de Derechos Humanos y de la Naturaleza; sin em-bargo, para desarrollar el cierre adecuado del modelo pasado, expresado en la existencia de Comisiones Nacionales temáticas3, desde agosto hasta diciembre de 2009, continuó su funcionamiento pero dentro de un período de transición hacia el nuevo modelo.

Es a partir del 20 de enero de 2010, que efectivamente se da inició a la implementación de un nuevo modelo de gestión, donde se destaca la naturaleza de las instituciones nacionales de derechos humanos dirigida a la protección y promoción de éstos; estableciéndose en la estructura defensorial las dos direcciones nacio-nales anteriormente mencionadas.

EL NUEVO MODELO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DE LA NATURALEZA

La Constitución de la República en el artículo 215 establece las atribuciones4 defensoriales y destaca de manera particular:

• “El patrocinio, de oficio o a petición de parte, de las acciones de protección, habeas corpus, acceso a la información pública, habeas data, incumplimiento, acción ciudadana y los recla-mos por mala calidad o indebida prestación de los servicios públicos o privados.

• Emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de protección de los dere-chos…

• Investigar y resolver, en el marco de sus atribuciones, sobre acciones u omisiones de personas naturales o jurídicas que presten servicios públicos.

• Ejercer y promover la vigilancia del debido proceso

• Prevenir e impedir de inmediato la tortura, el trato cruel, inhumano y degradante en todas sus formas5.”

El nuevo modelo dispone que la Dirección Nacional de Protección promueva la interposición de las acciones constitucionales y defensoriales para tutelar los derechos humanos de las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos en el país, la defensa de las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior, con un Plan Operativo Anual, que incorpora los proyectos, acciones, indicadores, responsabilidades, recursos y cronograma que permitirán im-plementar los Programas previstos en el Plan Estratégico 2010 – 2014. Así la Dirección Nacional de Protección con la finalidad de cumplir con los dos Programas determinados en el Plan Estratégico implementará 6 proyectos en el año 2010, todos íntimamente relacionados y articulados:PROGRAMA I: SERVICIOS DE ACOGIDA, ADMISIBILIDAD Y DESPACHO ACTIVO AL PÚBLICO.

1. PROYECTO “Determinar los lineamientos y directrices de admisibilidad, acogida, despacho al público y el sistema de referencias y contrareferencias de casos”2. PROYECTO: “Revisión y cierre de casos de expedientes para archivo pasivo y organización de expedientes de archivos activos”

3. PROYECTO: “Atención y seguimiento de casos con carácter nacional, apoyo a las delegaciones provinciales y del exterior y elabo-ración de proyectos de resolución de los recursos de revisión”

PROGRAMA II: PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, DE LA NATURALEZA Y AMBIENTALES Y DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

4. PROYECTO “Sistematización recopilación de lineamientos y estándares en derechos humanos de los grupos de atención prioritaria, DESC y derechos de la naturaleza”5. PROYECTO “Mejoramiento de competencias para la protección de derechos humanos y derechos de la naturaleza”6. PROYECTO “Elaborar, homologar y estandarizar los mecanismos de protección de la DDP, informes temáticos, investi-gación y pro-nunciamientos defensoriales y medidas de cumplimiento obligatorio”

3 El anterior modelo desarrollaba su trabajo a través de Comisiones Nacionales que abordaban diversos temas, lo que dificultaba un abordaje integral de los casos y situaciones desde la conexidad e interdependencia de los derechos. Podemos destacar las Comisiones Nacionales de Dere-chos Individuales y Género, Pueblos Indígenas, Movilidad Humana, Procedimientos Defensoriales y Acciones Constitucionales, entre otras.4 La Constitución de la República faculta también a la Defensoría del Pueblo para presentar proyectos de ley, conforme lo dispone el artículo 134 numeral 4 en el ámbito de sus competencias5 Información sobre esta atribución será tratada con mayor profundidad en el acápite desarrollado por la Adjuntía Segunda


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así como los derechos de la naturaleza. Para el efecto, cuenta con tres Coordinaciones Nacionales6: de Protección Prioritaria7, Derechos Económicos, Sociales y Culturales8; y Derechos de la Naturaleza; así como con dos delegaciones en el exterior, una en los EE.UU. con sede en Houston - Texas, sitio cercano a los cen-tros de detención en el Sur de los EE.UU.; y, en Italia, en la ciudad de Roma, en estrecha coordinación con el Servicio Diplomático y consular ecuatoriano en Italia. Este esfuerzo se complementa por la presencia de las 24 Delegaciones Provinciales y 9 Delegaciones cantonales en aquellas provincias que lo demandan.

Adicionalmente, en al ámbito de la Protección existe la facultad de:

◦ Emitir pronunciamientos defensoriales;

◦ Monitorear el trabajo de los equipos de protección provinciales, regionales y en el exterior, en coordinación con la Adjuntía Segunda;

◦ Preparar proyectos de resolución sobre recursos de revisión de resoluciones de las delegaciones provinciales; y enviarlos a la Dirección Nacional Jurídica para la firma del Defensor del Pueblo

◦ Recomendar al Defensor del Pueblo la adopción de medidas de cumplimiento obligatorio, informes temáticos y acciones constitucionales,

◦ Recomendar la suscripción de contratos, convenios y demás instrumentos relativos al área de protección; y,

◦ Coordinar acciones con instituciones públicas y organizaciones de derechos humanos9.

Desde agosto de 2009 hasta el 19 de enero de 2010, tiempo en el cual funcionaban las Comisiones Nacio-nales temáticas10, se atendió un total de 153 causas11; en el período que corre desde el 20 de enero hasta fines de junio de 2010 bajo la Dirección Nacional de Protección se han atendido un total de 156 causas12, estas últimas divididas en casos de garantías jurisdiccionales13, expedientes defensoriales y vigilancia del de-bido proceso14, nuevas atribuciones defensoriales15, recursos de revisión16 y gestiones a favor de ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior17; dando un total en el período anual de 309 casos atendidos18.

Para el desarrollo del trabajo de la Dirección Nacional de Protección de Derechos Humanos y de la Natu-raleza, se abordarán dos grandes acápites: Acciones para la Protección; y, otras atribuciones de la Direc-ción de Protección.

6 El trabajo de la Dirección Nacional de Protección y sus coordinaciones se desarrolla en un ejercicio permanente de integración de sus equipos para la discusión, sistematización, elaboración de estándares, informes, propuestas de acción frente a los casos y situaciones, así como el mejora-miento del talento humano; siempre articulado a las diversas unidades de la Defensoría7 Cuestiones de género, generacionales, colectivas y étnicas, personas en movilidad u otros grupos que requieren atención o sean víctimas de otras formas de exclusión y vulneración de derechos por sus condiciones específicas8 Denominados Derechos del Buen Vivir en la Constitución.9 Ver artículo 33 del Reglamento Orgánico Funcional del 5 de agosto de 2009.10 Comisión Nacional de Derechos Individuales y Género, Comisión Nacional de Movilidad Humana, Comisión Nacional de Pueblos Indíge-nas……..11 Datos que arroja el sistema “El Defensor”12 Datos cruzados entre el sistema “El Defensor” y el registro personificado de Excel que maneja la Dirección de Protección con cada Coordi-nación Nacional y con cada funcionario y funcionaria.13 10 casos14 77 casos15 8 casos16 26 casos17 35 casos18 La Coordinación de Protección Prioritaria reporta en el semestre la atención de 49 casos; la Coordinación de Derechos Económicos, Socia-les y Culturales 21 casos; la Coordinación de Derechos de la Naturaleza 25 casos; y la Dirección Nacional directamente y con el apoyo de una abogada un total de 61 casos (35 de ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior)


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ACCIONES PARA LA PROTECCION

Expedientes de investigación defensorial, pronunciamientos públicos y vigilancia del debido proceso.

Históricamente la Defensoría del Pueblo desarrolló su mandato a través de la recepción de causas y situa-ciones por las cuales se atiende las peticiones de eventuales vulneraciones y afectaciones a los derechos humanos y actualmente de los derechos de la naturaleza; para el efecto, se abren expedientes de investi-gación que pueden concluir en pronunciamientos defensoriales, en el patrocinio de garantías jurisdiccion-ales, en la emisión de medidas de cumplimiento obligatorio, en la vigilancia del debido proceso, o, en su archivo si la causa no justifica razonable y legítimamente la afectación o vulneración de un derecho.

El período de transición que aún vivimos, arroja algunas conclusiones del manejo de los expedientes en el modelo anterior respecto del modelo de gestión de protección y promoción que promovemos en la actual administración.

Un primer elemento central es de orden conceptual y de enfoque de derechos humanos; puesto que se evidencia que hay una inmensa cantidad de causas procesadas en años pasados e incluso en el presente, que no constituyen ni afectación, ni vulneración a los derechos humanos, por ser conflictos de orden particu-lar o cuya competencia recae en otro ámbito institucional; así por ejemplo, se han atendido casos relativos a linderos, a deudas u obligaciones provenientes de contratos entre particulares; a la restitución internacio-nal de menores donde la autoridad central es el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, entre otros.

Frente a esa situación, la Defensoría del Pueblo ha iniciado un proceso de formación en materia de dere-chos humanos y derechos de la naturaleza, así como de los mecanismos y herramientas para su protección a nivel nacional, dirigido fundamentalmente a clarificar el rol de la Defensoría del Pueblo. En materia de protección de derechos humanos y de la naturaleza se ha pretendido generar criterios para que a nivel nacional se ubique con mayor precisión aquellas causas que deben ser admitidas como tales, promoviendo mecanismos de referencia y contra referencia en aquellos casos que deben tomar otra vía jurídica o institu-cional.

El nuevo modelo de gestión, en su reciente proceso de implementación, destaca la necesidad de que las causas que llegan a la Defensoría del Pueblo deben ser miradas desde una óptica de derechos humanos, por la cual se debe observar si la petición expresa, la afectación o vulneración de un derecho constitu-cional, si frente a estas hay la responsabilidad del Estado por acción o por omisión; o si son particulares y actúan con la autorización estatal o prestan servicios de interés social o público; se plantea estudiar si existe una li-mitación legítima al derecho, sea por suspensión o restricción del mismo; y, finalmente, si la eventual violación genera obligaciones internacionales, entre otras la de reparar el daño ocasionado.

El proceso de transición que vive la Defensoría del Pueblo es complejo y ciertamente difícil; pues la pro-tección de derechos humanos bajo un enfoque diferente, no depende exclusivamente de la formación y educación en la materia y por lo tanto en el mejoramiento de competencias; sino en la transformación de prácticas y actitudes que reflejan un tratamiento estanco de los derechos y por lo tanto una mirada parcial y limitada; ha eso respondían las Comisiones Nacionales temáticas que desde su extrema especificidad no establecían nexos conductores y un abordaje desde la conexidad e interdependencia de los derechos hu-manos y los derechos de la naturaleza.


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De enero a junio de 2010, en relación a los 77 expedientes defensoriales, se evidencia que el principal dere-cho demandado es el debido proceso legal, requerido en un 36%, a continuación están los derechos de los consumidores y usuarios con el 21%; el derecho a la integridad personal con el 12%, derecho a la igualdad formal y material y no discriminación con un 8%, derecho a la libertad con el 5%.

Los órganos demandados principalmente son la Administración de Justicia y órganos de la Función Ejecu-tiva.

Por otra parte, el estado de las causas revela que más del 50% se encuentran en trámite, sin embargo, hay un importante 25% que son expedientes con pronunciamiento de la Dirección de Protección, sea con resoluciones, recomendaciones, observaciones o informes motivados; 17% han sido archivados sea por que ha concluido la vigilancia del debido proceso o los casos tienen abandonados; en esta parte, debemos mencionar que se realiza un importante esfuerzo por cerrar los procesos debidamente. Finalmente, se repor-ta un 8% de casos que son declarados inadmitidos por no ser de competencia de la Defensoría del Pueblo, inadmisiones que son motivadas y notificadas a los peticionarios.


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CASOS RELEVANTES

Caso Guipuzcoa.- Expediente 44487-CNDHIG-MGAO.- Este caso se iniciò en septiembre de 2009 en la ex Comisión Nacional de Derechos Humanos y Género. La peticionaria es Karen Barba Acosta, en calidad de delegada del Club Femenino, Cultural y Deportivo Guipuzcoa de la Liga Deportiva Parroquial La Floresta. La mayoría de las integrantes del Club son mujeres lesbianas, quienes desde el año 2004 hasta el año 2009 relatan el hostigamiento y discriminación que han sido objeto por integrantes y dirigentes de otros clubes e incluso por parte de los dirigentes de la Liga Parroquial, quienes determinaron la sanción de un año calen-dario; circunstancias que dieron lugar para que la Dirección Nacional de Protección luego de la respectiva investigación defensorial, emita un pronunciamiento en el que se afirma que ha existido afectación y vulne-ración a la igualdad formal y material, y discriminación lesbofóbica, en conexidad con la vulneración de otros derechos, como el derecho a la recreación, a la práctica del deporte y al uso del espacio público, a una vida libre de violencia en todos los ámbitos, a la integridad personal, a la intimidad y libre desarrollo de la personalidad y al debido proceso. La Defensoría del Pueblo ha requerido en este pronunciamiento al Minis-terio del Deporte, al Consejo Nacional de Igualdad de Género, a la Federación de Ligas Barriales Parroquia-les de Quito, a la Asamblea Nacional y a la Liga Deportiva Parroquial La Floresta para que, en el ámbito de sus competencias, tomen las acciones destinadas a garantizar los derechos conculcados a las integrantes del Club Liga Deportiva Guipuzcoa, así como las medidas que deben implementarse a nivel nacional para que este tipo de conductas de discriminación y odio sean prevenidas y sancionadas.

El caso se encuentra actualmente en conocimiento de la Administración de Justicia, por una acción de pro-tección interpuesta por las integrantes del Club Guipuzcoa, por la cual, la Dirección Nacional de Protección presentó un escrito de Amicus Curiae.

Caso Pambilar.- Expediente 47045-DNPrt-FH.- El Predio Pambilar en la Provincia de Esmeraldas (Quinidé) ha estado en conflicto por 12 años aproximadamente entre la empresa maderera ENDESA - BOTROSA y la comunidad. Finalmente, fue revertido al Estado pero el problema socioambiental se mantiene. Por petición expresa de la Asociación de Trabajadores Ecuador Libre, Centro de Derechos Económicos, Sociales y Cul-turales, Acción Ecológica, INREDH y CEDHU se denuncia que se continua con actividades de deforestación, criminalización de personas que se resisten a que se siga explotando madera en la zona, acaparamiento de tierras, no ejecución de setencias de la Administración de Justicia y de la Corte Constitucional. La inves-tigación se encuentra abierta en relación a los problemas socioambientales, protección de defensores de derechos humanos y vigilancia del debido proceso.

PATROCINIO DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES

Esta atribución constitucional está prevista en la Constitución de 1998, así como en la actual; sin embargo, el modelo de protección pasado, en el período agosto a diciembre de 2009, no reporta saldos positivos respecto a la interposición de estas garantías; salvo dos acciones interpuestas por la Comisión Nacional de Movilidad Humana, instituida como tal en noviembre de 2008, la cual reporta dos acciones protección; una dirigida a garantizar el derecho de acceder a servicios financieros por parte de la población refugiada19 y otra dirigida a garantizar el licenciamiento profesional de nacionales de la región andina.

En el período enero a junio de 2010, con la implementación del nuevo modelo de gestión se han patroci-nado 10 acciones vinculadas a las garantías jurisdiccionales en aplicación a la normativa dispuesta en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Cons-titucional. Así se ha requerido medidas cautelares a la administración de justicia en 4 causas de trascendencia nacional, vinculadas a los derechos de los pue-blos indígenas en aislamiento voluntario20, a la integridad del pueblo Sarayacu y la asociación Kutucahi21; a la protección de derechos humanos de defensoras de víctimas de trata22; y a la protección de las personas con adicciones maltratadas en los centros para farmacodependientes23.

19 Juicio No. 2009-2653, Juzgado Primero de la Niñez y Adolescencia de Pichincha. Noviembre de 2009 Resolución favorable20 Expediente defensorial No. 46978-EG. Junio 201021 Expediente defensorial No. 47517-EG. Mayo 201022 Juicio No. 2010-0184, Juzgado Quinto de lo Civil de Pichincha, febrero de 2010. Resolución favorable23 Expedientes defensoriales 47700-JV y 47753-JV. Junio 2010


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Por otra parte, se han presentado tres escritos de amicus curiae24, en el marco de dos acciones de hábeas corpus por la detención arbitraria de inmigrantes y refugiados25, producida en la implementación del Plan de Operaciones Identidad por parte de la Policía Nacional en las ciudades de Quito, Guayaquil y en otras partes del territorio nacional, obteniendo la libertad de las personas; y, dentro de una acción de protec-ción por el derecho a una vivienda segura, adecuada y digna26, que pese a que fue negada en primera instancia, la sentencia dispuso al Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, difundir información sobre el adecuado manejo de los calefones al interior de las viviendas.

Se patrocinó una acción de hábeas corpus27 por detención arbitraria de inmigrantes y refugiados, dentro del marco del mencionado Plan de Operaciones Identidad, obteniendo la libertad de las personas involu-cradas.

Finalmente, se inició con el procedimiento previo a la presentación de dos acciones por incumplimiento. En los dos casos se toma como antecedente las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Hu-manos relativas a los casos Zambrano Vélez28 y Suárez Rosero29, dirigidas al inicio de las investigaciones que determinen los responsables de las violaciones a los derechos humanos, en el marco de la administración de justicia. Al decurrir el término de 40 días del reclamo previo30, previsto en la Ley Orgánica de Garantías Juris-diccionales y Control Constitucional, se iniciará la acción por incumplimiento ante la Corte Constitucional.

El patrocinio de garantías jurisdiccionales, ha abordado en más de un 42% casos relativos a abusos al dere-cho a la libertad e integridad, seguido por causas cuyo fin es la justicia en un 17%, así como la igualdad formal y material y no discriminación en un porcentaje similar, como gráficamente mencionados a conti-nuación.

24 Los “amicus curiae”, consisten en presentaciones que pueden realizar terceros ajenos a una disputa judicial —pero con un justificado interés en la resolución final del litigio—, a fin de expresar sus opiniones en torno a la materia, a través de aportes de trascendencia para la sustentación del proceso judicial.25 Juicio No. 17401. Juzgado Primero de Inquilinato y Relaciones Vecinales de Pichincha. Junio de 2010. Resolución favorable. Juicio No. 09455-2010-0133- Guayaquil, Juez Quinto de Tránsito de Guayas. Junio 2010. Resolución favorable.26 Expediente defensorial 46801-MCS. Marzo 2010. Se negó la acción de protección en primera instancia, pero el Juez dispuso al Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, tome acciones de difusión del manejo de los calefones al interior de las viviendas.27 Juicio 0671-2010. Juzgado Segundo de Garantías Penales de Pichincha. Junio 2010. Resolución favorable.28 Expediente defensorial 47644-MCS. Junio 201029 Expediente defensorial 47995-MCS.Junio 201030 Artículo 54 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional


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Los resultados obtenidos de esta intervención defensorial, dan cuenta de procesos en trámite en un 41%, puesto que a la fecha del presente informe, aún no resolvían algunas acciones jurisdiccionales, sin embargo, en un 42% se lograron resultados positivos en la protección de los derechos en juego, y en un 17% fueron desfavorables, como lo expresa el siguiente cuadro.

Para el siguiente período semestral y anual, se espera desarrollar esta atribución defensorial con mayor pro-fundidad y a escala nacional, por lo cual tanto la Adjuntía Segunda cuanto la Dirección Nacional de Protec-ción impulsarán un acompañamiento técnico y monitoreo de los procesos que se lleven en las Delegaciones Provinciales de la Defensoría del Pueblo.

CASOS RELEVANTES.

Acción de Protección: Caso refugiados y acceso a los servicios financieros.- Juicio No. 2009-2653, Juzgado Primero de la Niñez y Adolescencia de Pichincha, 30 de noviembre de 2009.- El ciudadano colombiano JOHNY ALBERTO SOLANILLA MARULANDA, quien ostenta la calidad de refugiado en nuestro país, portador del carné de identificación 840000480-3 concurrió al Banco del Pacífico de esta ciudad de Quito con el fin de aperturar una cuenta bancaria, frente a lo cual autoridades de dicha entidad financiera le negaron esa posibilidad, por su condición de refugiado. Frente a este hecho, mediante oficio No. 005620, de 08 de julio del 2009, suscrito por el Dr. Patricio Benalcázar Alarcón, Comisionado Nacional de Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo, se ofició al Gerente del Banco del Pacífico, solicitándole remita a esta Comisión un Informe Técnico-Jurídico detallado sobre cómo procedió el Banco del Pacífico en este caso. Con fecha 22 de julio del 2009, Rebeca Zenck, Ejecutiva Staff Negocios Banco del Pacífico S.A y Ab. Alejandro Lazo Mora, remiten un informe donde indican lo siguiente: “…previo a la decisión de abrir o no una cuenta, se hace indispensable analizar si la persona reúne o no el perfil que se requiere para que se le pueda abrir dicha cuenta, como parte de la política CONOZCA A SU CLIENTE. “En general los Extranjeros gozan de los mismos derechos que los ecuatorianos en cuanto a la adquisición y goce de los derechos establecidos en las leyes.., se hace necesario señalar que la apertura de una cuenta en una institución financiera, implica la firma de dos partes, esto es, tanto del banco como del solicitante de la apertura, para formalizar la relación jurídica. Dentro el ámbito de las relaciones privadas, la firma de todo contrato implica la intención LIBRE Y VOLUN-TARIA de cada una de las partes de querer firmar el contrato. “Nuestra políticas internas, que se basan en la normativa vigente, y de manera especial en las normas relativas al lavado de activos, las que de hecho y por su naturaleza demandan un extremo cuidado y análisis de nuestros eventuales clientes, nos impiden lamentablemente la apertura de cuentas a personas con status de refugiados, siendo este un tema debida-mente explicado a todo solicitante de una cuenta”.

Ante esta negativa se interpuso una acción de protección que recayó en el Juzgado Primero de la Niñez y Adolescencia de Pichincha, el mismo que con fecha 30 de noviembre de 2009, dispuso en sentencia aper-turar en forma inmediata, la cuenta de ahorros solicitada, sustentado en la procedencia de la acción de protección contra todo acto discriminatorio cometido por cualquier persona.


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Medidas cautelares: Juicio No. 2010-0184, Juzgado Quinto de lo Civil de Pichincha.- Con fecha 2 de febrero de 2010, aproximadamente a las 08h00, la Dra. Thania Moreno Romero, Fiscal de la Unidad de Delitos Sexua-les, Violencia Intrafamiliar y Trata de Personas de Pichincha, encontró sobre su escritorio un sobre, el mismo que contenía una hoja, que hacía mención al capitán de Policía Edwin Tufiño de la Policía Especializada en menores de la DINAPEN, señorita Verónica Supliguicha, defensora de derechos humanos de víctimas de trata de explotación sexual y laboral y a la Dra. Thania Moreno, amenazándolos, con frases como: “espera-mos que te hayas enterado de la noticia, estábamos esperando que te reintegres; hemos sido absueltos, te vamos hacer la vida imposible a ti, a tu familia y a tus amigos”. En días pasados – el 20 de enero de 2010 – la Segunda Sala de la Corte Nacional de Justicia casó la sentencia del conocido Caso “La Luna”, por lo cual se dejó en libertad a personas involucradas en el delito de trata de personas.

Por estos hechos, la Dirección Nacional de Protección requirió a la Administración de Justicia medidas cau-telares de protección a favor de Verónica Supliguicha y las víctimas de trata involucradas en el caso “La Luna”, las mismas que fueron concedidas por el Juez Quinto de lo Civil de Pichincha el 18 de febrero de 2010.

Hábeas corpus: Expediente No. 47750-FH.- Juicio No. 0671-2010, Juzgado Segundo de Garantías Penales de Pichincha.- Caso Doll House.- El 10 de junio de 2010 se realizó el operativo en el centro nocturno Doll House, en el marco del Plan de Operaciones Identidad, implementado por la Policía Nacional, por el cual se detuvo aproximadamente a 30 personas, 5 de ellas eventuales víctimas de trata, sin que se tome recaudos de pro-tección debido a eventuales víctimas de trata, procediendo y disponiendo se inicien procesos de depor-tación en la Intendencia General de Policía de Pichincha. Razón por la cual, la Dirección Nacional de Pro-tección interpuso la acción de Habeas Corpus que recayó en el Juzgado Segundo de Garantías Penales de Pichincha, signado con el No. 0671-2010. Dicho juzgado emitió resolución favorable el 23 de junio de 2010, en el cual dispuso la libertad de las 5 personas de nacionalidad cubana. Debemos recalcar que situaciones análogas se produjeron en todo el país, por lo cual el Defensor del Pueblo visitó al Ministro de Gobierno – ac-tual Ministro del Interior – para manifestar su preocupación por la implementación de operativos que están significando detenciones arbitrarias. A la fecha de este informe, la Dirección Nacional de Protección habrá emitido un pronunciamiento público sobre los hechos ocurridos en todo el territorio nacional.

Amicus Curiae: Juicio No. 17262-2010-0263, Juzgado Segundo de Garantías Penales de Pichincha.- Inter-puesto dentro de la acción de protección para YANINA EULALIA RODRÍGUEZ LEÓN y CHRISTIAN XAVIER MON-CAYO CÁRDENAS, padres del menor fallecido José Luis Moncayo Rodríguez, en contra del Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Augusto Barrera y Procurador Judicial Dr. Fabián Andrade Narváez; el Gerente General y representante legal de la Compañía EDIFICAR SA, Ing. Luis Alfredo Jaramillo Arguello; y la Ing. Janeth Díaz, Administradora del conjunto residencial “La Alhambra del Edén”, en razón que dicha residencial cuenta con los calefones al interior de las viviendas y en tal sentido ocasionan riesgos a la integri-dad y vida de sus moradores. Frente a esta causa la Dirección Nacional de Protección presentó un escrito de amicus curiae, en el cual desarrolla detenidamente los estándares de derechos humanos relativos al derecho a una vivienda seguridad, adecuada y digna. El Juez que conoce la causa, no admitió la acción de protección, pero de manera novedosa, solicito al Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, promueva el adecuado uso de los calefones en toda su jurisdicción.

Acción por incumplimiento.- Expediente 47644-MCS.- Con fecha 4 de junio de 2010, la Subsecretaria de Derechos Humanos y Coordinación de Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Doc-tora Patricia Salazar, remite al Director Nacional de Protección, con oficio NO. 02385, una sentencia expe-dida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 4 de julio de 2007, misma que declara al Estado ecuatoriano responsable de la ejecución extrajudicial de Wilmer Zambrano Vélez, Segundo Olmedo Caicedo Cobeña y José Miguel Caicedo Cobeña. La señora Subsecretaria solicita al Director de Protección inicie las acciones jurisdiccionales que franquea la Constitución. Con fecha 22 de junio de 2010, dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 54 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se realiza un Reclamo Previo al Fiscal General del Estado, a fin de que inicie las investiga-ciones correspondientes para identificar, juzgar y sancionar a los responsables de la ejecución extrajudicial mencionada. A la fecha de este informe, la Fiscalía ya informó a la Dirección Nacional de Protección el inicio de las investigaciones.


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MEDIDAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

Para cumplir con el mandato constitucional relativo a la emisión de medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato, es preciso definir criterios, directrices y estándares para su adecuado manejo a nivel nacional. Ese proceso lo lleva adelante la Adjuntía Segunda en el marco de la reforma integral de la Ley Orgánica de nuestra institución. Sin embargo, eso no obsta para que su aplicación sea posible aún sin esa base jurídica y procedimental, amparados en los principios de aplicación de los derechos humanos y de la naturaleza, consagrados constitucionalmente.

En el ejercicio del nuevo modelo de gestión, la Dirección Nacional de Protección ha sugerido al Defensor del Pueblo, emita unas medidas de cumplimiento obligatorio a favor del biólogo Alfredo Luna; requiriendo a Conservación Internacional cumpla con garantizar el derecho a la salud y al debido tratamiento de recuper-ación, de quien fue su funcionario y en ese ejercicio sufrió un accidente aviatorio años atrás; adicionalmente se requiere al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, de seguimiento y establezca las medidas necesarias para que esta agencia de cooperación internacional cumpla con su responsabilidad.

RECURSOS DE REVISIÓN DE PRONUNCIAMIENTOS DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES

El Reglamento Orgánico Funcional vigente, dispone en el artículo 33 litera f) que la Dirección Nacional de Protección debe “Conocer los recursos de revisión y preparar el proyecto de resolución para conocimiento de la Defensora o Defensor del Pueblo”, en tal sentido, esta Dirección ha recibido en el período enero a junio de 2010, 26 causas de revisión, las mismas que han sido despachadas para la revisión previa de la Dirección Nacional Jurídica y la firma final del Defensor del Pueblo. Debemos destacar que el tiempo aproximado que lleva la revisión de los expedientes subidos en grado es de 8 días, término que se emplea para garantizar de manera eficiente y eficaz el ejercicio de los derechos humanos en conflicto.

El reporte de revisiones, establece que el 38% de las causas hacen relación al derecho al trabajo, seguido por el derecho a la salud en un 11%; la propiedad y el ambiente en un 8%; constituyendo en un referente importante respecto a la situación de país, en particular por los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en consideración.


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Los entes demandados ante la Defensoría del Pueblo, en el marco de los recursos de revisión interpuestos son principalmente los municipios en un 23%; las Direcciones Provinciales de Salud 15%; Petroproducción 8%, Seguro Social y Universidades Estatales en un 7%.

Las provincias de las cuales se reporta los recursos de revisión son principalmente Sucumbíos 23%, Pichincha 19%, Loja 15%, Azuay 11%, Esmeraldas 8%; datos relevantes para conocer el estado de la situación de los derechos humanos y de la naturaleza a nivel nacional; pero también importantes para indagar con mayor detenimiento lo que ocurre en otras partes del país, donde no se reporta requerimientos de revisión.


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Los procesos de revisión, nos han permitido plantearnos el mejoramiento de las competencias institucion-ales de cara a la admisión de causas y un cada vez más adecuado tratamiento de los casos desde una perspectiva de los derechos humanos; eso se refleja en el 38% de casos de revisión en los que se plantea su rectificación.

NUEVAS ATRIBUCIONES DEFENSORIALES

La Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional, expedida en septiembre de 2009, Registro Oficial 2S 52: 22 de octubre de 2009; prevé en el artículo 12 la figura del amicus curiae, por el cual cualquier persona o grupo de personas que tenga interés en una causa podrá presentar este escrito para contribuir a la resolución del juzgador en el marco de las garantías jurisdiccionales; en ese sentido, como lo mencionamos en el acápite referente a las garantías, la Dirección Nacional de Protección ha utilizado este medio para hacerse presente en la protección de los derechos humanos.

Por otra parte, esta misma Ley Orgánica, prevé en el artículo 21, que la Jueza o Juez podrá delegar el se-guimiento de cumplimiento de las sentencias o acuerdos reparatorios de las garantías jurisdiccionales a la Defensoría del Pueblo; quien deberá informar de manera periódica sobre su cumplimiento a la jueza o juez correspondiente.

Finalmente, el artículo 436.6 de la Constitución de la República, dispone entre otras competencias de la Corte Constitucional, “expedir sentencias que constituyan jurisprudencia vinculante…” respecto de las acciones de garantía jurisdiccional que sean seleccionadas; y en otros casos para su revisión; por lo que, para su cumplimiento, el artículo 25 de la Ley Orgánica mencionada, prevé la selección de sentencias y el numeral 5 señala que “La Defensora o Defensor del Pueblo…podrá solicitar la selección de la sentencia tomando en cuenta los siguientes criterios: gravedad del asunto, novedad del caso e inexistencia de pre-cedente judicial, negación de los precedentes judiciales fijados por la Corte Constitucional, o, trascenden-cia nacional del asunto resuelto en la sentencia.

Bajo estas consideraciones, la Dirección Nacional de Protección ha presentado 8 petitorios amparados en las atribuciones defensoriales otorgadas en la Ley de Garantías Juris-diccionales y Control Constitucional, 6 relativas a la revisión de sentencias de acciones de protección; y 2 dando seguimiento al cumplimiento de sentencias de acciones de protección.


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Tanto la selección de sentencias, cuanto el seguimiento del cumplimiento de las mismas, hacen relación en un 75% al derecho al trabajo y en un 25% al debido proceso.

Principalmente, han sido demandados gobiernos municipales y provinciales 74%, CONESUP 13% y Dirección Regional del Trabajo en un 13%

Las gestiones defensoriales, arrojan que el 88% de casos están en trámite ante la Corte Constitucional, lo cual refleja también, los complejos procesos y dinámicas de la Justicia Constitucional en el Ecuador.


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CASOS RELEVANTES.

Revisión ante la Corte Constitucional.- Expediente 47489-MSM. El señor Didio Valarezo, manifiesta haber pres-tado sus servicios en el Gobierno Autónomo Provincial de Morona Santiago, por dos años y posteriormente despedido, por lo que interpuso una Acción de Protección, que en primera instancia fue aceptada, poste-riormente revocada por la Corte Provincial de Morona, por lo que pide a la dpe solicite a la Corte Constitu-cional la revisión de la Sentencia de protección emitida por la Corte Provincial de Morona Santiago. Con fecha 26 de mayo de 2010, se emite auto de admisión de la queja, y al amparo de lo preceptuado en los Art. 24 y 25, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, la DNPrt solicita a la Corte Constitucional la Revisión de la Sentencia.

Seguimiento de sentencias de garantías jurisdiccionales.- Expediente No. 47432-MSM.- Mediante oficio No. 146-2010-JQTG de 10 de mayo de 2010, el señor Juez Sexto de Tránsito del Guayas, Ab. Luís Luna Coello, conforme lo dispone el artículo 21 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, delega el seguimiento al cumplimiento de la sentencia emitida por la Primera Sala Civil, Mercantil, Inquili-nato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, recaída en la Acción de Protección interpuesta por el Ing. José Barrezueta Becherel, Canciller de la Universidad Metropolitana de Guayaquil. Mediante oficio No. 01311-DNPDHN-47432-2010-MSM, de 25 de mayo de 2010, se solicita al Presidente del CONESUP, Dr. Gustavo Vega Delgado, informe sobre las acciones llevadas a cabo para dar cumplimiento a dicha sentencia. Con oficio No. 002813 de 15 de junio de 2010, el Dr. Reinaldo Valarezao García, Asesor Jurídico Encargado CONESUP, da contestación y señala que han dado cumplimiento a la sentencia emitida por la Jueza Séptima de Garantías Penales de Pichincha. Con oficio No. 01583-DNPDHN-47432-2010-MSM, de 23 de junio de 2010, se informa y notifica a Juez Sexto de Tránsito del Guayas, con la respuesta del CONESUP, a fin de que arbitre medidas que le franquea la ley.

LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS ECUATORIANAS Y ECUATORIANOS EN EL EXTERIOR

El mandato constitucional señalado en el artículo 215, hace relación también a la defensa de los derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos que estén fuera del país. Al respecto surgen algunas interrogantes: ¿es que la Constitución otorga jurisdicción y competencia extraterritorial a la Defensoría del Pueblo?; ¿estará facultada esta institución por si y ante si para intervenir a favor de nuestros compatriotas ante autoridades de los países de tránsito o destino?; ¿la defensa de los derechos enunciada hace relación a todos los derechos o cuando se hayan vulnerado los derechos humanos?.

Estas interrogantes y otras aún están presentes después de dos años de aprobada la Constitución de Monte-cristi; sin embargo, a nuestro entender, la protección de los derechos humanos es extraterritorial en virtud del desarrollo de los mismos en el marco de la comunidad internacional y por el conjunto de obligaciones que los Estados se han planteado de cara a las personas que habitan sus territorios31.

Hay que afirmar que la obligación de protección de los derechos humanos de las ecuatorianas y ecua-torianos que están fuera del país, es una obligación del Estado ecuatoriano frente a la comunidad inter-nacional y frente a los países sean de tránsito o destino migratorio, esto significa que el Estado ecuatoriano puede actuar legítimamente para resguardar los derechos humanos de sus connacionales a través de los canales e institucionalidad reconocida para el efecto, en otras palabras, a través de la representación ofi-cial diplomática o consular existente; en ese sentido, el rol de la Defensoría del Pueblo, como de cualquier otra institución, es coadyuvante y cuando sea del caso de observancia a nuestra institucionalidad, cuando sus acciones u omisiones den lugar a la vulneración de los derechos humanos.

Es en esa perspectiva que la Defensoría del Pueblo coordina y complementa acciones con el Servicio Exte-rior ecuatoriano y con la Secretaría Nacional del Migrante, así como con otras instituciones estatales cuando la situación lo amerita; para el efecto, las delegaciones de la Defensoría del Pueblo en los EE.UU. y en Europa en comunicación permanente con la Dirección Nacional de Protección de Derechos Humanos y de la Natu-raleza y por su intermedio con las Delegaciones Provinciales, brinda apoyo, realiza gestiones, asesora casos

31 Aunque debemos reconocer que pese a estos avances, los Estados aplican y con firmeza el principio de “soberanía”, las razones de “seguridad nacional”, el otorgamiento de “ciudadanía” o no a los “no nacionales” bajo sus propias regulaciones nacionales o máximo regionales; en fin, las concepciones del Estado – nación superviven fuertemente inclusive en nuestro país, pese a las pro-clamas de “ciudadanía universal” que ya tienen rango constitucional.


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y requiere el desarrollo de acciones dirigidas a promover y proteger los derechos de nuestros compatriotas en el exterior y de sus familiares dentro o fuera del país.

Otro mecanismo utilizado con los mismos fines, tiene relación con los vínculos cada vez más cercanos con las instituciones nacionales de derechos humanos en los países de tránsito y destino migratorio; en ese marco debemos destacar los acuerdos de cooperación que hemos firmado con el Defensor del Pueblo de España, las Defensorías Cívicas Regionales en Italia, la Defensoría del Pueblo de Venezuela, Perú, Argentina, y los compromisos asumidos con las Procuradurías y /o Defensorías de Derechos Humanos de Guatemala, Nica-ragua, México, Colombia, Bolivia, entre otras.

El primer semestre del 2010, se brindó apoyo a un total de 35 casos, beneficiando a 53 personas, lo cual se ve ampliado por la incidencia que esto conlleva en las estructuras familiares que se encuentran en Ecuador o en el exterior. Durante este período los casos han provenido de 14 países32, el 25% son de Italia, 22% de los EE.UU., seguido por España con el 11%, Colombia con 9% y Holanda con 6%.

Los derechos demandados por nuestros compatriotas en un 26% hacen relación a la unidad familiar, sea por que las personas privadas de libertad en los países de destino cumplen con los requisitos para beneficiarse del proceso de repatriación de personas sentenciadas, cuya competencia es del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; o por retornar voluntariamente al Ecuador por razones laborales, de salud o estricta-mente personales; por otra parte, el 17% sienten vulnerado su derecho al libre tránsito y a la no discrimi-nación, pues vinculan los procesos de detención migratoria y deportación con acciones de discriminación por su origen nacional y su condición jurídica; luego sigue con un 14% la demanda del derecho a la libertad en aquellos casos en los que se han visto involucrados en procesos penales y un porcentaje similar por su integridad personal.

Con un 11% se demanda tanto el derecho a la salud, como a la integridad personal; este último ligado a algunas causas, una de ellas es la discriminación en los países de destino migratorio, pero otras tienen que ver con las relaciones inequitativas de género en el Ecuador y la ruptura de las relaciones familiares y ge-neracionales que estos procesos generan.

32 EE.UU., Italia, Colombia, España, Venezuela, Bolivia, Paraguay, El Salvador, Guatemala, México, República Dominicana, Holanda, Rusia, Turquía.


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Por otra parte el 75% de los compatriotas son hombres y el 25% son mujeres; de este total el 70% son mayores de 18 años, 20,5% menores de 18 años y 9,5% adultos mayores, ratificando los hallazgos de investigaciones académicas de la última década respecto a la presencia de la población económicamente activa en ex-terior; así como, la cada vez más constante presencia de miembros de la familia menores de 18 años, sean los nacidos en Ecuador o quienes nacieron en los países de destino migratorio con las consecuencias de orden trasnacional que esto provoca.

Las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior demandan en un 37% a la administración de justicia en los países de destino; reflejando los conflictos de cara a la legislación y a las políticas migratorias en los países centrales, especialmente en Europa y los EE.UU.; sin embargo, 24% demandan una acción más efectiva de la Secretaría Nacional del Migrante y en un 12% del Servicio Exterior ecuatoriano; lo cual sugiere una acción cada vez más concertada entre las instituciones del Estado dirigida a consolidar un sistema de protección y promoción de derechos humanos de nuestros compatriotas en el exterior.

Finalmente, por la relevancia y el activo trabajo de nuestra Delegación en Italia, es importante señalar la situación de las personas ecuatorianas privadas de la libertad en este país. El dato más actualizado data de febrero de 2010, en el que se menciona que se encuentran privadas de la libertad 10 mujeres y 135 hom-bres. Solo un 50% de las personas privadas de libertad desean que se notifique a sus autoridades consulares, según información del Ministerio de Justicia italiano.


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Las personas detenidas se encuentran repartidas en todos los centros de detención a lo largo del territorio italiano, pero el mayor número de detenidos se encuentran en el norte de Italia, el 70% en Milán, Génova, Turín, el 20% en el centro de Italia, Florencia, Roma, Viterbo, y el 10% en el Sur de Italia, Nápoles, Messina, Palermo. Se trata de personas nacidas desde el año 1951 hasta personas nacidas en 1986, es decir, van de 58 años a 23 años. Los delitos más comunes son narcotráfico, violación, molestia sexual y homicidio. En el 2007-2008 las detenciones por narcotráfico bajaron notoriamente.

La mayoría de personas detenidas, participan activamente en las iniciativas culturales y sociales de los cen-tros de detención como talleres de teatro, escultura, manualidades. Lo que implica un beneficio en la buena conducta. Así mismo, la mayoría se inscriben en los cursos de escuela primaria y secundaria con óptimos resultados. Algunos detenidos se han inscrito a cursos para adquirir un oficio como por ejemplo, cursos de cocina.

La Delegada de la Defensoría del Pueblo de Ecuador en Italia, verifica de manera periódica en coordinación con el Servicio Consular ecuatoriano, la situación de salud, tratamientos y exámenes médicos, medicación y operaciones quirúrgicas de nuestros compatriotas. Esta oficina ha llevado casos de enfermos de VIH, de per-sonas que han sufrido intervenciones quirúrgicas como operaciones de apéndice, hemorroides, entre otras.

La forma de operar de la Delegación de la Defensoría del Pueblo de Ecuador en Italia constituye, a nuestro criterio, un modelo de intervención pertinente, puesto que permite una fluida relación con nuestra represent-ación diplomática y consular; y viabiliza las relaciones con otras instituciones del Estado ecuatoriano y con las instituciones y sociedad de los países de destino migratorio.

Debemos destacar que de los casos, la Defensoría del Pueblo ha realizado las gestiones de apoyo ante las instancias competentes o referentes, sean las instituciones ecuatorianas o instancias en los países de destino. A la fecha de este informe el 20% de casos se encuentran en trámite, un 14% fueron asesorías y en otro por-centaje similar se requirió la intervención institucional.

CASOS RELEVANTES.

América Latina. Paraguay.- Expediente 47526-JV.- Por medio de correo electrónico, Pablo Martínez Men-duiño, Encargado de Asuntos Consulares de Ecuador en Asunción – Paraguay, en abril de 2010, pone en conocimiento de la Defensoría del Pueblo y la SENAMI sobre la situación del compatriota Wilmer Antonio Rodríguez, quien se encontraba privado de libertad en cumplimiento de una sentencia por tráfico de dro-gas, pero que, en razón del tiempo transcurrido y su conducta obtuvo la libertad condicional por parte del Juez que conocía su causa. El señor Rodríguez solicitó apoyo para retornar al Ecuador, pues su causa pasaría a sede administrativa, para que las autoridades migratorias dispongan su deportación o su internamiento de no ser posible su retorno por cuestiones económicas. El Servicio Exterior ecuatoriano solicitó apoyo a la SENAMI para que en el marco de su programa para vulnerables se acoja el requerimiento; sin embargo, la


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Secretaría de Estado manifestó que el caso del compatriota no puede ser asistido. La Defensoría del Pueblo, por tratarse del derecho a la libertad de un ecuatoriano en el exterior, abre un expediente y con fecha 25 de mayo de 2010, notifica a la SENAMI, Consulado de Ecuador en Paraguay y a la Subsecretaría de Servi-cios Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que informen sobre los programas de apoyo para nuestros compatriotas en casos análogos. Pese a que el compatriota regreso por el apoyo del Servicio Exterior, con fecha 24 de junio del 2010, la Defensoría del Pueblo cita a una la audiencia, a la cual asisten funcionarios de SENAMI, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos donde se establece que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es el ente competente para hacerse cargo de este tipo de casos; lo cual genera un precedente institucional para casos análogos.

Europa.- España.- Gestión oficiosa.- Caso Milton Efren Macías Zambrano.- El 21 de mayo de 2010, el menor Macías Zambrano, ingresado en el Centro de Protección de Menores Santo Ángel, de la ciudad de Mur-cia, España.Requería que en Ecuador se ubique a su padre y madre biológicos para autorizar su traslado y garantizar el derecho a la unidad familiar. La Subsecretaría de Servicios Consulares del Ministerio de Rela-ciones Exteriores, solicita la Defensoría del Pueblo para que, a través de su delegación en la provincia de Manabí, proceda a ubicar al padre y madre del niño Macías Zambrano. La Delegación manabita facilitó la ubicación de los padres biológicos del niño y este fue trasladado al aeropuerto de Barajas en la ciudad de Madrid, a fin de emprender su retorno al Ecuador. El niño viajó acompañado por María Gisella Moreira Pár-raga, quien posteriormente lo trasladó a Chone, a fin de que se reúna con sus padres biológicos.

EE.UU.- Gestión oficiosa y asesoría.- Caso Lidiana Ríos.- El 23 de febrero de 2010, la Di-rección Nacional de Protección se enteró del caso Lidiana Ríos por intermedio de integrantes de la organización CLADEM – Ecua-dor. La señora Ríos salió del país por violencia intrafamiliar y por encontrarse en una situación de indefensión, por falta de protección de las instituciones de justicia y seguridad en Ecuador. En Houston se encuentra re-quiriendo el estatus de refugiada. La Delegada de la dpe en los EE.UU. ha brindado la asesoría y el acom-pañamiento necesario.

ACCIONES QUE FORTALECEN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS

Coordinación interinstitucional e intersectorial.- La DPE, adicionalmente a la intervención casuística y situa-cional, ha desarrollado una serie de acciones complementarias dentro de éstos procesos, que han permiti-do impulsar acciones de coordinación interinstitucional e intersectorial; así por ejemplo, en el mes de febrero de 2010 promovió sesiones de trabajo en relación a la regularización de la población haitiana en el Ecuador. Posteriormente impulsó mesas temáticas con la participación de instituciones del Estado y de la sociedad civil sobre derecho a la educación,33 seguridad alimentaria34, salud35; consumidores y usuarios36; diversidad sexual37, pueblos indígenas y afro descendientes38, centros de adicciones y derechos humanos39, derechos e la naturaleza y ambiental40, derechos de migrantes y refugiados41, entre otros.

33 Realizado el 19 de marzo de 2010. Contó con la participación de delegados de CONEA, CONESUP, Universidad Intercultural de las Nacio-nalidades y Pueblos Indígenas, Federación de Estudiantes Politécnicos del Ecuador y Federación de Estudiantes Universitarios de Ecuador34 Realizado el 23 de marzo de 2010. Contó con la participación de delegados de la CONAIE, Presidente de la Comisión de Investigación de la Universidad Andina Simón Bolívar, Coordinadora Nacional del Programa Alimentate Ecuador, Dirección Ge-neral del Instituto de Estudios Ecu-atorianos y Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria.35 Realizado el 28 de junio de 2010. Conto con la participación de delegados de las entidades de salud privada con fines de lucro, CODENPE, Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez, OPS/OMS, Departamento de maternidad gratuita y atención a la infancia del Ministerio de Salud, Consejo Nacional de Salud, UNICEF, UNPFA, Director de Sanidad del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Dirección General de Salud, SOLCA, Unidad Municipal de Salud del Norte, Directora de Salud del Area No. 8, Coalición ecuatoriana de personas que viven con el VIH/SIDA.36 Primera reunión realizada con la Tribuna del Consumidor el 25 de febrero de 2010. La segunda reunión se realiza el 14 de abril de 2010. Se contó con la participación de EMAP-Q, SUPERTEL, CONELEC, MIPRO, Superintendencia de Bancos, SENAGUA, Empresa Eléctrica Quito, Tribuna del Consumidor, Comité de usuarios de Bolívar, Asociación de consumidores y usuarios de Pichincha.37 Realizado el 15 de abril de 2010. Contó con la participación de delegados de Centro de Equidad y Justicia de Municipio de Quito, Orga-nización de Mujeres Lesbianas del Ecuador, Proyecto Transg{enero, Fundación Causana, Asociación Alfil.38 Realizado el 21 de mayo de 2010. Se contó con la participación de delegados de CODEMPE, CODAE, Asociación de Indígenas Evangélicos de Pichincha, Secretaría de Pueblos y Movimientos Sociales, Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, Orga-nización MAKIPURASHUM – Otavalo, FODEPI y Centro de Desarrollo y Equidad del pueblo Afro.39 En los meses de abril y mayo de 2010, se sostuvo reuniones con Ministerio de Salud, CONSEP, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y organizaciones civiles para sugerir reformas en el Reglamento que regula los centros de atención a personas adictas. Se cuenta con una propuesta elaborada por la Defensoría del Pueblo.40 Realizado el 15 de junio de 2010. Se contó con la participación de delegados de CEDENMA, CDH Guayas, Observatorio Ambiental Quito, Asamblea Nacional, Ministerio Coordinador de Patrimonio (SPPC), INREDH, APDH, Ministerio de Ambiente, YANAPACUNA, PACHAMA-MA, PAE, CEDHU, IEETM y 7 delegaciones provinciales de la DDP.41 Se realizó en abril de 2010 el Encuentro de las Delegaciones Provinciales de la DDP para aportar en la discusión de la Ley de Movilidad Humana, propuesta por SENAMI y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.


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Informes temáticos.- El nuevo modelo de gestión incorpora, como un mecanismo de protección y promo-ción de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, a los informes temáticos, mismos que están dirigidos a observar y recomendar a cualquier órgano del sector público o a personas privadas que actúen en ejercicio de una po-testad e interés social y público el respeto de estos. Los informes temáticos en el nuevo modelo pueden ser elaborados por las Direcciones Nacionales de Promoción y Protección de Dere-chos Humanos y de la Naturaleza, a través de sus Coordinaciones Nacionales.

A finales del 2009, con el apoyo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR y a través de la ex Comisión Nacional de Movilidad Humana y en el presente año 2010, a través de la Coordi-nación Nacional de Investigación e Incidencia en Políticas Públicas de la Dirección Nacional de Promoción, se impulsó la realización de dos informes temáticos, que dan cuenta de la situación de la trata de personas, la administración de justicia y la impunidad en el Ecuador, así como del derecho a acceder a los servicios financieros por parte de la población refugiada en el país. Estos informes han sido concluidos y socializados y serán publicados por la Defensoría del Pueblo como un aporte a la construcción de políticas públicas in-cluyentes y sustentadas en los derechos humanos42.

Para el año 2010, dentro del nuevo modelo de gestión, se ha institucionalizado la realización de informes temáticos, promovidos tanto por la Dirección Nacional de Protección como por la Dirección Nacional de Promoción; destacando que se cuenta con el resultado final del Informe Temático sobre el Yasuní desarro-llado por la Coordinación Nacional de Derechos de la Naturaleza y Ambientales de la Dirección Nacional de Protección, mismo que será publicado por la Defensoría del Pueblo en este período. Se encuentran en proceso de socialización, dos informes temáticos, uno relativo al derecho al trabajo y diversidad sexual; y, otro sobre la inmigración cubana en el Ecuador, promovidos por la Dirección Nacional de Protección y Pro-moción respectivamente.

Se encuentran en proceso de ejecución cuatro informes temáticos adicionales; uno sobre violencia de gé-nero y administración de justicia; otro sobre personas de otro origen nacional y derecho al trabajo; otro sobre discapacidades y servicio público y, otro sobre el derecho a la consulta previa; los tres primeros promovidos por la Dirección Nacional de Protección y el último por la Dirección Nacional de Promoción.

Adicionalmente, en respuesta a los requerimientos de los organismos del sistema universal de protección, así como de los mecanismos internacionales de coordinación de las instituciones nacionales de derechos humanos se ha enviado los siguientes Informes: “Pueblos Indígenas y Derecho a Participar en la Adopción de Decisiones”43presentado en febrero de 2010; Informe sobre “Buenas Prácticas relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento”44, presentado en mayo de 2010; en ambos casos la coordinación con la Dirección Nacional de Asuntos Internacionales ha permitido su entrega.

Finalmente, la Dirección Nacional de Protección ha recogido dentro de un Informe del primer semestre del 2010, los principales aportes que en esta materia ha desarrollado la Defensoría del Pueblo desde la sede, como una suerte de sistematización del trabajo, lo que muestra los resultados del nuevo modelo de gestión, este producto también será publicado.

Recopilación de estándares de derechos humanos y derechos de la naturaleza y ambientales.- Dentro de la planificación anual, la Dirección de Protección se planteó sistematizar los estándares de derechos humanos que sobre diversos temas le compete abordar, así en relación a grupos de atención prioritaria; derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Hasta la presente fecha se cuenta con la sistematización de estándares en materia de consumidores y usuarios45, migrantes y refugiados, soberanía alimentaria y derecho a la alimentación46; acceso a la educación y ambiente sano, información que ha sido relevante para los procesos de protección, como para las acciones de promoción que la Defensoría del Pueblo lleva adelante.

42 El desarrollo de sus contenidos se encuentra en el acápite de la Dirección Nacional de Promoción.43 Informe presentado a Naciones Unidas a través de la Dirección Nacional de Asuntos Internacionales de la Defensoría del Pueblo en febrero de 201044 Idem, en mayo de 2010.45 Su contenido se desarrollará en la publicación “Aportes Defensoriales: Informe de Protección. Primer Semestre”46 Idem.


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Mejoramiento de competencias y monitoreo de las Delegaciones Provinciales y en el exterior.- Las activi-dades anteriormente mencionadas constituyen fuente de trabajo para promover el mejoramiento de com-petencias de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional; puesto que la información elaborada y los procesos sistematizados son en muchos casos construidos con la participación de las Delegaciones Provinciales de la Defensoría y devueltos para que los derechos humanos y de la naturaleza sean tutelados con mayor pro-fundidad. Esto se complementa con los procesos de formación que la Defensoría del Pueblo lleva adelante, uno de ellos fue el Encuentro Nacional sobre Mecanismos de Protección de Derechos Humanos, realizado en el mes de abril de 2010, en la ciudad de Quito, con la participación de las Delegaciones Provinciales, así como el Encuentro sobre la Ley de Movilidad Humana, promovido por SENAMI con la participación de las Delegaciones de la Defensoría de todo el país; mayor detalle sobre estos procesos se encuentra en el acápite desarrollado por la Dirección Nacional de Promoción.

La Dirección Nacional de Protección de manera periódica y en coordinación con la Adjuntía Segunda toma contacto con las Delegaciones Provinciales de la Defensoría del Pueblo para conocer casos espe-cíficos, recabar información o requerir apoyo; y en algunos casos visita diversas provincias del país, para apoyar el trabajo de las Delegaciones de cara a la protección de los derechos humanos y de la naturaleza, procesos que han sido frecuentes con las Delegaciones de Pichincha, Guayas, Azuay, Santa Elena, Manabí, Esmeraldas, El Oro, Loja, Los Ríos, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Pastaza, Napo, Sucumbíos, Carchi, Imbabura, Cotopaxi47.

Como lo mencionamos anteriormente, la Defensoría del Pueblo cuenta con dos Delegadas en el exterior, una en los EE.UU. (Houston) y otra en Europa, con quienes en materia de protección de derechos humanos se tiene contacto permanente vía internet, mecanismo que facilita las gestiones en relación con los casos de ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior, así como para la intervención interinstitucional con el Servicio Ex-terior y la SENAMI, como para establecer contactos con las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en aquellos países donde se encuentran de tránsito o estadía nuestros compatriotas.

47 Información detallada sobre este proceso se encontrará en el acápite desarrollado por la Adjuntía Segunda de la Defensoría


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COORDINACIÓN, APOYO Y VIGILANCIA DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES.

La Defensoría del Pueblo posee oficinas en todas las capitales provinciales y en algunos cantones de mucha población, lo cual le convierte en una

entidad altamente descentralizada, que en la prác-tica significa realizar un esfuerzo inmenso de coordi-nación entre las oficinas nacionales unicadas en Qui-to y las delegaciones provinciales.

Las delegaciones provinciales de la Defensoría del Pueblo remiten mensualmente a la Adjuntía Segunda los informes de actividades, los cuales son analizados y sistematizados, a fin de elaborar un consolidado na-cional. Para el efecto, el equipo de trabajo confec-cionó una matriz única a fin de homologar la presen-tación de los informes, ampliándose y aclarándose la información solicitada separando, por ejemplo, los datos sobre consultas que realizan las personas con respecto de las peticiones de protección de dere-chos en que debe intervenir la institución, mediante la apertura de un expediente defensorial, o visibilizando las acciones jurisdiccionales y las reuniones que se efectúen con la sociedad civil o instituciones públicas.

SEGUIMIENTO NACIONAL DE LA ACCIÓN DEFENSORIAL

Las delegaciones provin-ciales de la Defensoría del Pueblo remiten mensual-mente a la Adjuntía Se-gunda los informes de ac-tividades, los cuales son analizados y sistematizados a fin de elaborar un consoli-dado nacional

En julio de 2010, el Adjunto Segundo de la DPE, estuvo

en los estudios de Ecua-dor TV, para la grabación

del programa “Nuestros Sueños”


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A continuación consta el cuadro consolidado de enero a junio del año 2010.

De las 10.420 peticiones recibidas en la Defensoría del Pueblo, entre enero y junio del 2010, fueron resueltas 3.924 de acuerdo al siguiente detalle:


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Los datos generales de las consultas y peticiones de protección de derechos, remitidos por las delegaciones provinciales, constan en el siguiente cuadro:


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Este sistema de monitoreo nos permite identificar fortalezas o falencias. A partir de la lectura de estos re-sultados, se ha insistido a los Delegados Provinciales necesidad de incrementar la interposición de acciones jurisdiccionales, pues aún se encuentran arraigados las anteriores formas y mecanismos de trabajo, que con-sistían básicamente en que toda petición era atendida mediante la apertura de un expediente defensorial, desechando el uso de acciones más expeditas. Para fortalecer esta pretensión la Defensoría del Pueblo ya ha ejecutado y tiene planificado ejecutar jornadas de capacitación en el segundo semestre del 2.010.

MONITOREO DE CASOS GRAVES DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS

Permanentemente se pide a los Delegados Provinciales que, de manera inmediata, reporten las acciones defensoriales que han desarrollado, a efecto de realizar el monitoreo, y la existencia de casos graves de violaciones a derechos humanos, especialmente relativos a casos sobre torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, atentados contra la integridad física y emocional de personas privadas de liber-tad y criminalización de la protesta social.

Con ocasión de la visita del Relator Especial de Naciones Unidas Sobre Ejecuciones Extrajudiciales se hizo entrega de la información que sobre este tema posee la Defensoría del Pueblo. A manera de resumen pre-sentamos el siguiente cuadro:


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Actualmente, se está trabajando en un instructivo para los defensores que actúan en los proce dimientos de investigación de violaciones graves de derechos humanos, en los que pudiera existir riesgo para su integri-dad física. Por defensores no entendemos únicamente a los servidores de la Institución sino que también se buscaría que tenga un alcance mayor y que cubra a defensores de derechos humanos en general.

ESTABLECER SISTEMAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS PARA LOS DIFERENTES PROCESOS DE-FENSORIALES DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DDHH.

Uso del Sistema Informático.- Los reportes de actividades que mediante memorandos remiten las de-leg-aciones son confrontados con los datos que constan registrados en el sistema informático de defensa de derechos humanos (EL DEFENSOR) que tiene la Institución desde hace diez años.

Este sistema se mantenía siendo subutilizado por los funcionarios bajo el argumento que el servicio de Inter-net era insuficiente, que no se los había capacitado o no tenían claves de acceso.

El uso correcto de esta herramienta tecnológica permitirá tener indicadores estadísticos al instante. Si bien ha existido un incremento en el uso del sistema informático de defensa de derechos humanos, sin embargo debemos decir que aún no es el óptimo.

FOMENTAR RELACIONES DE COOPERACIÓN MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE DIÁLOGOS, CONVENIOS Y COMISIONES CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL; Y CENTROS EDUCATIVOS SECUNDARIOS Y SUPE-RIORES.

a) Actualización de Convenios.- El equipo de la Adjuntía Segunda procedió a la recopilación y sistematiza-ción de los diferentes convenios que ha suscrito la Defensoría del Pueblo, a fin de establecer la situación de cada uno de ellos y las unidades responsables de dar el respectivo seguimiento. El trabajo realizado se lo remitió a las diversas unidades administrativas.

b) Relaciones con organizaciones.- Se participó en la Asamblea Nacional del Frente Ecuatoriano de Dere-chos Humanos (FEDHU) desarrollada en la provincia de Esmeraldas en el mes de noviembre 2009.

En coordinación con la Dirección Nacional de Protección de los Derechos Humanos y de la Naturaleza se desarrollaron reuniones con representantes del FEDHU, la Universidad Andina Simón Bolívar y el Servicio Jesu-ita de Refugiados, para establecer mecanismos de cooperación.

Se han mantenido reuniones con integrantes de la Fundación para la Rehabilitación Integral de Víctimas (PRIVA) para el desarrollo e impulso de un proyecto de Ley sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

La Defensoría del Pueblo, en el marco de un convenio con la Mesa de Trabajo sobre Migraciones Laborales, ha participado en eventos relacionados sobre el tema en la ciudad de Quito.


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A petición del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos de la ciudad de Guayaquil se coordinó la par-ticipación de funcionarios de la dpe para capacitación a personas que van a ejercer veeduría social ,en temas de derechos humanos y la Ley de Transparencia, el jueves 10 y sábado 12 de junio de 2010.

PROMOVER Y COORDINAR ACCIONES CON OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO ECUATORIANO.

Participación en reuniones preparatorias para el desarrollo del “Foro Nacional de Democracia y Partici-pación Ciudadana” realizado en la ciudad de Quito, el 18 y 19 de mayo, con la participación de Organ-izaciones Gubernamentales y de la Sociedad Civil como la Asamblea Nacional, el Consorcio de Consejos Provinciales, el CONCOPE, Asociación de Municipalidades del Ecuador, Ministerio de Coordinación de la Política, Fundación Terra Nueva, Secretaría de Pueblos, Red Minga Ciudadana, Foro Urbano, Mujeres por la Vida, entre otras.

ACCIONES EN LA REHABILITACIÓN SOCIAL.

Derivada de la participación en el Consejo Nacional de Rehabilitación Social y en virtud de la atribución conferida por el artículo 8, literal i) de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, realizamos el monitoreo de las visitas a los centros de privación de libertad. Entendemos por Centros de Privación de Libertad no únicamente aquellos que están comprendidos dentro del Sistema Nacional de Rehabilitación Social sino cualquier tipo de lugar en que se prive de la libertad contra su voluntad a una persona, como por ejemplo, los denominados centros para el tratamiento de adicciones o cuarteles policiales o militares.


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VISITAS A LOS CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD

PERÍODO AGOSTO – DICIEMBRE 2009


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VISITAS A LOS CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD

PERÍODO ENERO – JULIO 2010

En el 2010 se da un incremento en las visitas realizadas por las Delegaciones Provinciales de la Defensoría del Pueblo a los centros de provación de libertad. De cada visita realizada se elabora un informe con recomen-daciones, o en su caso, de seguimiento a ella.


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El nuevo modelo de gestión defensorial esta trans-formando a la institución, buscando la integrali-dad e innovación. Precisamente, la creación de

la Unidad Nacional dedicada a la Promoción de los DDHH. y la naturaleza. es una de las apuestas fuertes del actual accionar organizacional y que se encuen-tra desarrollado en los siguientes ejes:

• Promoción de Derechos Humanos y de la Naturaleza

• Investigación e Incidencia en Políticas Públicas

• Transparencia, Acceso a la Información Públi-ca y Participación Social

Estas actividades se encuentran en el marco de li-neamientos estratégicos definidos para el cumpli-miento de los objetivos institucionales y que definen escenarios y actores estratégicos para la acción in-stitucional.

PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LA NATURALEZA, IMPRESCINDIBLE PARA CONSOLIDAR LA DEMOCRACIA

Generar propuestas pe-dagógicas para la pro-moción y vigilancia de los derechos humanos y de la naturaleza, en el ámbito de los programas de formación de la De-fensoría del Pueblo, es la meta planteada y traba-jada a lo largo de estos meses

En junio de 2010, se realizó el evento conmemorativo por el día del niñ@. La foto es de la Delegación de la

dpe en Galápagos


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Por lo tanto, los avances logrados en el período noviembre 2009-junio 2010, se exponen a continuación según cada área de actividades, con excepción de la temática de transparencia que merece un capítulo especial en esta publicación.

PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DE LA NATURALEZA

En este campo, se busca generar propuestas pedagógicas para la promoción y vigilancia de los derechos humanos y de la naturaleza, en el ámbito de los programas de formación de la Defensoría del Pueblo, es la meta planteada y trabajada a lo largo de estos meses. Los avances conseguidos son:

a) Generación y socialización de propuestas pedagógicas en derechos humanos y de la naturaleza:

• Para promover de manera participativa un debate institucional dirigido a establecer paráme-tros que en el marco de la protección de derechos humanos y de la naturaleza permita a la Defensoría del Pueblo desarrollar su legislación secundaria, se organizó un Encuentro Nacional denominado “Rol de Protección de DD.HH y Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo”, el mismo que contó con la participación de 52 personas entre delegados/as de las 24 provincias y funcion-arios/as de la planta central.

• Con el fin de dar a conocer el Rol de la Defensoría del Pueblo y sensibilizar a los/as oficiales de la Policía Nacional en el reconocimiento como personas titulares y garantes de derechos, y como actividades previas a la elaboración de la propuesta del Módulo sobre el Rol de la Defensoría del Pueblo y los Derechos Humanos de los/as Policías, se han llevado a cabo entre los meses de febrero y marzo talleres piloto dirigidos a 26 oficiales de Policía, sobre el tema “Rol de la Defen-soría del Pueblo en la Protección de los Derechos Humanos y de la Naturaleza” y 2 talleres en los que se abordaron los temas “Rol de la Defensoría del Pueblo en la Protección de los Derechos Humanos y de la Naturaleza” y “Derechos Humanos de los/as Policías y su Plan de Vida”, dirigido a un total de 135 policías instructores de Derechos Humanos de la entidad policial; quienes a su vez capacitarán en estos temas a otros miembros de la fuerza pública.

• En coordinación con la Organización de Naciones Unidas, se organizó un taller piloto sobre “Derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades del Ecuador” dirigido a los/as funcionarios/as de la Defensoría del Pueblo, en el cual se realizó la presentación del Módulo de Capacitación sobre “Derechos de los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador, para Servidoras y Servidores de la Defensoría del Pueblo”, así los/as funcionarios/as de la Defensoría pudieron comentar y compartir sus observaciones sobre el contenido, la metodología y el enfoque del módulo; con el objetivo final de adecuar el módulo para su futura implementación, a nivel nacional. Se cuenta con un documento borrador de dicho módulo de capacitación, elaborado por Gina Chávez, consul-tora contratada por el Sistema de Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

• Con el objetivo de fortalecer las capacidades de protección y promoción de los derechos humanos y de la naturaleza de la Defensoría del Pueblo en el marco del mandato constitucional y el nuevo modelo de gestión institucional, en abril de 2010, se realizó el Encuentro Nacional “Mecanismos de Protección y Práctica Defensorial”, actividad que fue desarrollada conjunta-mente con la Dirección Nacional de Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza, y contó con la participación de 62 personas, entre delegados de las 24 provincias y funcionarios/as de la planta central.

• En el mes de junio, la Dirección Nacional de Protección, la Coordinación Nacional de Derechos de la Naturaleza y el Ambiente, organizó el Encuentro “Derechos de la Naturaleza, contenido mínimo y su ejercicio efectivo”; que tuvo como finalidad profundizar en el tema y analizar los retos que implica su ejercicio efectivo, el cual contó con la participación de aproximadamente 45 personas entre representantes del Consejo Consultivo Ciudadano de la Defensoría del Pueblo, Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones del Estado y funcionarios/as de la Defensoría del Pueblo de la planta central y de las Delegaciones Provinciales de Pichincha, Sucumbíos, Orel-lana, Napo, Zamora Chinchipe, Azuay y Esmeraldas.


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b) Capacitación y difusión en derechos humanos y de la naturaleza, dirigido a sectores organizados de la sociedad civil:

• En respuesta a la invitación realizada por la Red de Defensores Indígenas, en coordinación con la Asociación Indígena Evangélica de Pichincha (AIEP), Asociación de Indígenas Evangélicos de Tungurahua (AIET) y la Federación Evangélica de Indígenas del Napo (FENAKIN), se desarrol-laron tres talleres en los que se facilitaron los temas “Rol de la Defensoría del Pueblo en la tutela y defensa de los derechos de los pueblos indígenas”, “Procedimiento para el trámite de denun-cias por violación de derechos de los Pueblos Indígenas”, “Derechos del consumidor y Usuario”, “Justicia Indígena” y “Casos Prácticos de Mediación”, dirigido a 47 promotores/as indígenas de derechos humanos.

• Con el propósito de sensibilizar, difundir y promover el respeto de los derechos humanos, se han efectuado cuatro Campañas Nacionales en diferentes fechas conmemorativas, con el desarrol-lo de actividades tales como: casas abiertas, carpas informativas, ruedas de prensa, mensajes radiales, mesas redondas, conferencias, etc, así por ejemplo:

- 61 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (10 de diciembre de 2009): Se desarrollaron diferentes actividades, a nivel nacional, en 18 Delegaciones Provin-ciales y se trabajó en coordinación con organizaciones de la sociedad civil e instituciones del Estado.1

- Día Mundial de Consumidores/as y Usuarios/as (15 de marzo): Se llevó a cabo diferentes actividades conmemorativas en 16 provincias del país, teniendo como eje temático la campaña los “Derechos de Usuarios de la Banca y los Servicios Financieros”, con el slogan “Nuestro Dinero, NUESTROS DERECHOS”. Para el desarrollo de esta actividad, se realizó una alianza estratégica con la Tribuna Ecuatoriana de Consumidores y Usuarios y en las Provin-cias se contó con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil2 e instituciones del Estado.

- Día de la Niñez y Adolescencia (01 de junio). Se contó con la participación e iniciativa de 17 Delegaciones Provinciales y el apoyo de organizaciones de la sociedad civil y el Estado.3

- Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura (26 de junio): se contó con la par-ticipación e iniciativa de 20 Delegaciones Provinciales y el apoyo de organizaciones de la sociedad civil4 y el Estado. Esta actividad tuvo el apoyo financiero de la Fundación para la Rehabilitación Integral de Víctimas de Violencia (PRIVA) y el apoyo técnico de la Dirección Nacional de Comunicación, en el diseño del material comunicacional.

• En el mes de marzo se llevarán a cabo las “Jornadas Sobre Desplazamiento Interno”, mismas que tuvieron como finalidad compartir la información del estudio exploratorio sobre desplazami-ento forzado en Ecuador, para propiciar aportes desde las organizaciones participantes y acuer-dos básicos para acciones conjuntas futuras. Con tal propósito, en coordinación con el Taller Ikal Yuyarina,5 se realizaron 4 eventos, que se llevaron a cabo en las ciudades de Zamora, Portoviejo, Riobamba y Quito, el 11, 18, 25 y 26 de marzo.

1 Comisiones provinciales de derechos humanos, Comité de Defensa de los Pueblos Fronterizos, Red Humana, Frente Ecuatoriano de Dere-chos Humanos, Centro de Protección de Derechos Humanos, Junta Protectora de Derechos, Cruz Roja Ecuatoriana, Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, Secretaria Nacional del Migrante-SENAMI, Consejo Nacional de Discapacidades-CONADIS, Corporación Regional de Derechos Humanos, MIES, Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, Policía Nacional, direcciones provinciales de educación.2 Tribuna Ecuatoriana del Consumidor, Federación Provincial de Comerciantes Minoristas del Oro, Corporación de Solidaridad y Derechos Humanos de Imbabura, Comité de usuarios y usuarios del cantón Tena, Asociación de Defensa del Consumidor, Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP), Asociación de comerciantes mayoristas del mercado de Zamora, medios locales de comunicación, Universidad Estatal de Bolívar, Instituto Tecnológico Vicente Fierro, Intendencia de Policía, Comisaría Nacional, Comisaría Provincial de Salud, Jefatura de Policía, Empresa Eléctrica de Galápagos, Corporación Nacional de Telecomunicaciones, Municipio de Loja, Empresa Eléctrica Regional del Sur, Super-intendencia de Bancos, Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia.3 Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, INFA-MIES, Juzgados de la niñez y adolescencia, Ministerio de Educación, medios locales de comunicación, Asociación Cristiana de Jóvenes, DINAPEN.4 ACNUR, Corporación de Derechos Humanos, Dirección Nacional de Rehabilitación, Policía Nacional, Ministerio de Justicia y Derechos Hu-manos, Centros privados de desintoxicación de drogodependientes, Asociación Cristiana de Jóvenes, Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas-CONSEP.5 Es una agrupación de personas que constituyen un espacio de reflexión y debate en torno a la promoción y protección de los derechos humanos.


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• En coordinación con la Fundación Asylum Access Ecuador6 y en el marco del convenio de co-operación interinstitucional entre la Defensoría del Pueblo y dicha Fundación, se llevaron a cabo dos talleres, entre los meses de abril y mayo, dirigidos a asesores/as legales comunitarios de la Red de Refugiados y Delegados Provinciales de la Defensoría del Pueblo, con el propósito de en-riquecer la relación entre los/as Asesores/as Legales Comunitarios y los diferentes Delegados de la Defensoría del Pueblo de las provincias7 donde Asylum Access Ecuador está implementando el programa de asesoría legal para personas en situación de refugio.

c) En las 24 Delegaciones Provinciales se han desarrollado diversas actividades de promoción de derechos humanos y de la naturaleza, entre las que se encuentran: talleres de capacitación y eventos de sensibiliza-ción.

Entre los talleres de capacitación, se han llevado a cabo a nivel nacional, un total de 72 eventos, con la participación de 6.473 (seis mil cuatrocientos setenta y tres) personas.

En lo que respecta a eventos de sensibilización, a nivel nacional, se han realizado 43 eventos entre casas abi-ertas, carpas informativas, conversatorios, charlas, paneles, cine foros y conferencias, con la participación de 11.759 (once mil setecientos cincuenta y nueve) personas.

Además, se ha impulsado la formación de redes de promotores/as en derechos humanos y de la naturaleza, para lo cual se elaboró el perfil en un proyecto denominado “Fortalecimiento y/o Formación de Redes de Promotoras/es en Derechos Humanos y de la Naturaleza para la Acción Ciudadana”8, que fue conocido y presentado por la Defensoría del Pueblo al Sistema de Naciones Unidas, para una posible cooperación técnica y financiera.

El anteproyecto busca “fomentar la asociatividad en los sectores organizados de promotores/as de dere-chos humanos y de la naturaleza, mediante redes que comparten ‘nuevos’ conceptos, capacidades y visiones de mundo comunes, posibilitando que se activen espacios democráticos de reflexión y crítica con-structiva que fortalezcan la institucionalidad, mejoren la calidad del tejido social y busquen mayor articu-lación público–privada […] en asuntos referidos a los derechos humanos y de la naturaleza”.9

INVESTIGACIÓN E INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS

En este ámbito se ha trabajado en incidir en la formulación y vigilancia para que las políticas públicas res-pondan a estándares nacionales e internacionales de derechos humanos y de la naturaleza es la meta que ha marcado la consecusión de los siguientes avances:

a) Construcción y definición de estándares mínimos para el monitoreo de políticas públicas con enfoque de derechos.

Una de las actividades que se ha propuesto desarrollar la Coordinación Nacional de Investigación e Inciden-cia en Políticas Públicas es la definición de estándares para el monitoreo de los derechos humanos en las políticas públicas: para ello, se seleccionan ejes temáticos que permitan hacer una reflexión a profundidad, y al mismo tiempo dar una respuesta a la coyuntura actual.

En este sentido, se trabajó un documento de aportes a la Ley de Movilidad Humana, específicamente en lo relacionado a tráfico, trata de personas y refugio; un documento sobre el contenido mínimo de los dere-chos de comunicación y otro, conjuntamente con la Dirección de Protección, sobre el contenido mínimo del derecho humano al agua. 6 Organización No Gubernamental, de carácter internacional que trabaja con personas en situación de refugio y sus derechos.7 Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Tungurahua, Manabí, Santo Domingo, Pichincha.8 Los perfiles de proyectos para la “Elaboración y Validación de Módulos y Cartillas Pedagógicas en Derechos Humanos y de la Naturaleza” y “Fortalecimiento y/o Formación de Redes de Promotoras/es en Derechos Humanos y de la Naturaleza para la Acción Ciudadana”, fueron elab-orados por Oscar Chalá Cruz, Analista 3 de la Defensoría del Pueblo-Dirección Nacional de Promoción de Derechos Humanos y de la Natura-leza.9 Perfil de proyecto “Fortalecimiento y/o Formación de Redes de Promotoras/es en Derechos Humanos y de la Naturaleza para la Acción Ciu-dadana”.


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Además, se trabajó en ciertos temas relevantes donde la Defensoría del Pueblo debe obligatoriamente pronunciarse, a propósito de la discusión en la Asamblea Nacional de las nuevas leyes de comunicación y de recursos hídricos.

• Sobre el primer aspecto, Ley de movilidad humana, la Coordinación de Investigación en Inci-dencia en Políticas Pública ha generado una fortaleza en la recolección y análisis de información sobre la trata de personas, lo cual ha sido aprovechado para realizar varias acciones de inciden-cia y monitoreo de las políticas estatales, con el interés de combatir esta grave pro-blemática.

• Por un lado, la Coordinación juega un rol activo en el Plan Nacional para Combatir la Trata y Tráfico de personas, como parte del Comité de Actualización10 de esta política, para lo cual se ha propuesto que previo a la reformulación de dicho plan, se lleve a cabo un proceso de eval-uación del plan vigente, para ubicar los puntos críticos que han impedido su efectivo cumplim-iento.

• En otro ámbito, se solicitó a la Asamblea Nacional, a través de una exposición pública en el salón del ex Senado, una reforma penal que cumpla con los estándares internacionales con-tenidos en el Protocolo para prevenir, combatir y reprimir la trata de personas, “Protocolo de Palermo”, para de esta forma no se deje ningún resquicio legal que conlleve a la impunidad de este delito. Se insistió, además, en la necesidad de generar mecanismos óptimos de protección y reparación de las víctimas de trata, que trasciendan el campo judicial.

10 El Comité de Actualización está conformado por la Defensoría del Pueblo, Secretaría Nacional del Migrante, Ministerio de Justicia, Comisión de Tránsito hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género, Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia.


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• En cuanto a la Ley de Comunicación, se consideró que el reconocimiento de los derechos de comunicación, en el ámbito constitucional, es trascendental para el significado y vigencia de los derechos humanos, pues compromete al Estado ecuatoriano, abordar todos los aspectos re-lacionados a la comunicación y a la información, desde las obligaciones de respeto y garantía.

• La Constitución de la República de 2008 introdujo, además, una nueva concepción del dere-cho a la comunicación, dejando de lado la tradicional que lo ligaba únicamente con los dere-chos de libertad, tales como la libertad de expresión, libertad de opinión y libertad de informa-ción.

• El actual texto constitucional establece que “Todas las personas, en forma individual o colecti-va, tienen derecho a: 1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos; 2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación; 3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.“11

• De la misma manera, busca “recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, veri-ficada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa, acerca de los hechos, aconte-cimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior; (…) y acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas ”12

• Por último, en relación a la Ley de Recursos Hídricos, se planteó que el derecho al agua, para su regulación legal debe contemplar al menos los siguientes aspectos:

- Coherencia con los principios constitucionales, que entre otras cosas conllevaría una prohibición de restringir el alcance del derecho al agua, previsto en el texto constitucional.

- Garantía de la prelación del uso del agua prevista constitucionalmente, esto es el consumo humano, el riego que garantice la soberanía alimentaria, el caudal ecológico y finalmente, las actividades productivas.

- Protección de los ecosistemas que son fuente y zonas de recarga de agua, medi-ante la implementación de mecanismos de regulación y control efectivos, así como la utilización del principio de precaución.

- La NO privatización del agua, que implica no solamente la prohibición de priva-tización de los servicios públicos relacionados con el agua, sino todas las formas de apropiación mercantil del agua. En este mismo sentido, se consideró que para cumplir con el mandato constitucional deberían preverse procesos progresivos de desprivatización de los servicios de agua y de la infraestructura existentes.

En vista de los alarmantes datos sobre el acaparamiento del agua en pocas personas, se sostiene que la regulación del derecho humano al agua, debe disponer auditorías sobre la tenencia y distribución del agua, para poder formular políticas de democratización y acceso a la misma.

Finalmente, se considera que el debate de la normativa sobre el derecho al agua no puede estar exento de la participación de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios, por lo que tal como lo establece

11 Art. 16, Constitución Política del Ecuador, 2008.12 Art. 18, Constitución Política del Ecuador, 2008.


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la Constitución y el Convenio 169 de la OIT,13 debe llevarse a cabo previo a su aprobación, un proceso de consulta en los términos establecidos en estos instrumentos normativos.

En general, el desarrollo de esta propuesta elaborada por la Coordinación de Investigación e Incidencia en Políticas Públicas sobre este derecho, se basa en la normativa constitucional y en la observación número 15 sobre el derecho humano al agua, del Comité de Derechos Económicos Sociales de Naciones Unidas.14

Cabe destacar que este ejercicio ha constituido un reto para la Coordinación, puesto que por primera vez la Defensoría aborda el derecho humano al agua, lo cual generó expectativas en organizaciones sociales y de derechos humanos, pero además llamó la atención de instituciones académicas que están generando de-bate sobre los nuevos derechos reconocidos constitucionalmente. En este sentido, es importante mencionar la realización de varias jornadas de reflexión conjuntamente con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-FLACSO, Universidad Andina Simón Bolívar, Universidad Politécnica Salesiana, Universidad Central del Ecuador, además de varias organizaciones sociales, en donde la Defensoría del Pueblo, además de ser co-convocante, fue invitada a exponer su posición sobre el contenido mínimo del derecho humano al agua.

b) Incidencia y monitoreo de políticas públicas con enfoque de derechos humanos

En este tema se han desarrollado 2 grandes acciones: investigación-elaboración de informes temáticos y aportes para el pronunciamiento público de la Defensoría del Pueblo en temas coyunturales.

INVESTIGACIÓN E INFORMES TEMÁTICOS

En el ámbito de investigación, se han elaborado dos informes temáticos que tienen como objetivo generar información sobre ciertas problemáticas de derechos humanos, que nos permitan hacer recomendaciones suficientemente argumentadas, a organizaciones estatales que tienen a su cargo la formulación de políticas públicas. En este sentido, las investigaciones realizadas han respaldado las acciones de incidencia en las políticas de movilidad humana y afines. Los informes realizados han abordado los siguientes temas:

• Trata de personas, administración de justicia, impunidad y derechos humanos. Este documento establece la existencia de un nivel de impunidad normativa y otro de impunidad fáctica. En el primer caso, se determina que el fraccionamiento del tipo penal de la trata de personas, con-lleva un tratamiento diferente para la trata con fines de explotación sexual de las otras formas de explotación, se concluye que el sistema de protección de víctimas es insuficiente además que las condiciona a participar en los procesos penales. Adicionalmente, se evidencia que los factores estructurales de carácter cultural, son determinantes en el mantenimiento de la impunidad de este delito. Por lo expuesto, se realizan varias recomendaciones que van desde la adecuación normativa a los estándares del Protocolo de Palermo hasta la implementación de políticas ten-dientes a modificar los factores estructurales que sostienen la explotación de las personas.

• Acceso al sistema financiero de las personas refugiadas en el Ecuador. En esta investigación, se pone en evidencia las limitaciones a los servicios bancarios que enfrentan las personas refugia-das, impidiéndoles de esa forma acceder a mecanismos que les permitiría realizar actividades económicas e insertarse en la sociedad ecuatoriana. Se concluye que estas medidas son ar-bitrarias e inconstitucionales, puesto que los bancos ofrecen servicios públicos que deben ba-sarse en los principios constitucionales, como el de no discriminación. Por lo que se recomienda adecuar las políticas financieras a la Constitución vigente y a las obligaciones derivadas de la ratificación de instrumentos internacionales de protección de derechos humanos.

13 El Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es un acuerdo internacional que han firmado los gobiernos de los países parte de la ONU, y es el instrumento regulador internacional que reconoce a pueblos indígenas el derecho a su territorio propio, cultura e idioma, y compromete a los Estados firmantes a cumplir unos estándares mínimos para cumplir estos derechos.14 Adoptado en Ginebra, noviembre de 2002.


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Aportes para el pronunciamiento público de la Defensoría del Pueblo

Dentro de las tareas de incidencia y monitoreo de políticas públicas, cabe destacar las encaminadas a la ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales-PIDESC, para lo cual se buscó alianzas con organizaciones especializadas en la temática.

La ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, repre-senta un avance importante para la promoción y exigibilidad de los DESC, por lo cual la elaboración de un documento justificativo, promovido y redactado desde la Coordinación Nacional de Investigación e Inci-dencia en Políticas Públicas, es un aporte significativo, ya que brinda aportes jurídicos, técnicos y políticos para la ratificación de dicho instrumento.

Así mismo, se participó en la elaboración de un documento sobre los derechos de la naturaleza, presentado por la Defensoría del Pueblo en Cochabamba, (Bolivia) en el mes de abril, en el marco de la Cumbre de los Pueblos por el Cambio Climático

Cabe mencionar que por pedido de la Agencia Latinoamericana de Información, se elaboró un artículo so-bre el derecho humano al agua, como una estrategia de colocar en la opinión pública los temas que están siendo desarrollados por la Defensoría del Pueblo.

IV. INCIDENCIA INTERNACIONAL

PARA APUNTALAR

EL TRABAJO INSTITUCIONAL


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PROMOCIÓN INCIDENCIA INTERNACIONAL PARA APUNTALAR EL TRABAJO INSTITUCIONAL.

La relevancia que tiene el carácter internacional de la protección y promoción de los derechos hu-manos y de la naturaleza impulso a la Defensoría

del Pueblo a crear, en su nueva estructura, una uni-dad dedicada a fomentar, fortalecer e incidir en las áreas de cooperación y de relaciones internaciones.

La denominada Dirección Nacional de Cooperación y Relaciones Internacionales vincula a la Defensoría del Pueblo en el escenario del cumplimiento de las obligaciones emanadas de su pertenencia a orga-nismos internacionales de protección y promoción de los derechos humanos; además, es la encargada de gestionar la cooperación, asistencia técnica y finan-ciera no reembolsable nacional e internacional que permita a la Institución afrontar sus objetivos, y que en el ámbito de sus competencias, ejerce los siguientes deberes y atribuciones:

1. Proponer y evaluar la ejecución de la política internacional de la Defensoría del Pueblo;

2. Monitorear y evaluar las sentencias, pronun-ciamientos, y recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos principal-mente los relacionados al Estado ecuatoriano;

La Defensoría del Pueblo de Ecuador a desplega-do un conjunto de estraté-gias y acciones que parten del reconocimiento del rol que le corresponde cumplir, en el ámbito internacional, en su calidad de Institución Nacional de Derechos Hu-manos del Ecuador

En Lima, durante una reunión del

Defensor del Pueblo de Ecuador con

el Presidente de la Comisión Andina

de Juristas y de la Corte Interameri-cana de DDHH.

Febrero 2010


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3. Ejecutar los programas que permitan el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores del Plan Estratégico de la Defensoría del Pueblo;

4. Elaborar y presentar a la Dirección de Planificación, informes periódicos de seguimiento y eva-luación, que contengan indicadores de las metas contenidas en el Plan Estratégico de la institución;

5. Establecer relaciones de cooperación técnica y financiera no reembolsable con Instituciones Na-cionales de Derechos Humanos de otros países y otros organismos e instituciones nacionales e interna-cionales, para la promoción y protección de los derechos humanos y de la naturaleza;

6. Coordinar las actuaciones de la Defensora o Defensor del Pueblo para consolidar la presencia de la institución en el contexto internacional;

7. Coordinar con las diferentes unidades de la Institución;

8. Presentar a la Defensora o Defensor del Pueblo estudios de fuentes, recursos y asistencia técnica que permitan financiar los programas y proyectos del Plan Estratégico;

9. Remitir mensualmente la información relacionada con la actualización de la página Web de la In-stitución, y particularmente lo relativo a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP);

10. Mantener las bases de datos, documentación y archivos generados; y,

11. Otras funciones que sean delegados por la Defensora o Defensor del Pueblo, la ley y reglamentos.

La Defensoría del Pueblo de Ecuador ha desplegado un conjunto de estratégias y acciones que parten del reconocimiento del rol que le corresponde cumplir en el ámbito internacional en su calidad de Institu-ción Nacional de Derechos Humanos en el Ecuador, lo que implica una permanente interacción con in-stituciones del mismo orden en la esfera regional o planetaria, así como su permanente interacción en los espacios de coordinación que para el caso se dan en los ámbitos regional, continental y mundial.

El rol defensorial, en estos espacios, se concreta en la posibilidad de realizar acciones de monitoreo de la aplicación de Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos en el país a través de informes re-queridos por el sistema internacional de derechos humanos, participar en los espacios internacionales de discusión, intercambio de experiencias y formulación de nuevos estándares de protección, con su par-ticipación en actividades de la Organización de Naciones Unidas y el Alto Comisionado de NNUU para Derechos Humanos y contribuir con la promoción de los Derechos Humanos y de la Naturaleza constantes en la Constitución de la República, como un modo de realizar acciones de incidencia que permitan la am-pliación de la concepción de derechos humanos que se mantiene a nivel global, enriqueciéndolos con los valores, experiencias y propuestas que surgen desde la visión del buen vivir.

La Defensoría del Pueblo mantiene una permanente relación de trabajo y cooperación con los estamentos de coordinación internacional, que para el efecto son:

a) Consejo Andino de Defensores del Pueblo

b) Federación Iberoamericana de Ombusdman

c) Red Americana de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos

d) Comité Internacional de Coordinación de Institucionaes Nacionales de Derechos Humanos ( CIC).


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A la presente fecha, el Defensor del Pueblo de Ecuador es miembro del Comité Coordinador de la Red Americana de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, espacio dependiente del Comité Internac-ional de Coordinación de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. A través de este, se cumple con el objetivo de promover y promocionar la efectiva vigencia a, nivel internacional, del derecho a la libre movilidad de las personas procurando de forma activa ampliar los compromisos de las INDH del continente para con las personas que están en condición de migrantes.

REALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INTERNACIONALES

La dpe participa en actividades de carácter internacional, lo cual involucra apoyar y coordinar con autori-dades, funcionarios y funcionarias de la Institución para que participen de eventos internacionales, que a continuación se enumeran:

• Evento de revisión del cumplimiento de los compromisos de la Declaración de Durban, Ginebra, abril de 2009.

• Evento internacional sobre protección de Personas en Movilidad realizado del 17 al 19 de septiembre de 2009 en la ciudad de Quito – Ecuador, con la participación de Defensores y Defensoras del Pueblo de Ve-nezuela, Colombia, Perú, Bolivia y Nicaragua. En esta oportunidad se suscribió un Acuerdo Defensorial el 18 de septiembre de 2009 denominado “Primer Encuentro de Defensoras y Defensores del Pueblo de la Región Andina para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos de las Personas en Movilidad y sus Fa-milias”.

• Reunión de la Federación Iberoamericana de Ombudsman celebrada en Madrid– España, a finales de noviembre de 2009.

• Reunión del Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales para la Promoción y Pro-tección de los Derechos Humanos (CIC), efectuada del 01 al 04 de noviembre de 2009.

• Conferencia Americana, Consulta Regional para las Américas, realizada en Washington – Estados Unidos, el 8 y 9 de diciembre de 2009, cuyo objetivo fue fortalecer la cooperación entre los actores nacionales, el mecanismo regional de derechos humanos del continente americano y el sistema de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, mediante el intercambio de información, métodos de trabajo, mejores prácticas y lecciones aprendidas.

• Seminario sobre Educación en Derechos Humanos, organizado por la Secretaria de Educación de México, enero de 2010.

• Organización y ejecución de la reunión de trabajo de la Red Americana de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, efectuada en la ciudad de Quito – Ecuador, el 9 y 10 de febrero de 2010, en la que se acordaron las actividades a realizarse en el año 2010 atendiendo al Plan de Trabajo de la Red y en que participaron delegados de Canadá, El Salvador, Venezuala y Ecuador, todos miembros responsables de la Red Continental. Los acuerdos generales fueron:

> La organización de un encuentro regional sobre movilidad humana que se desarrollará en septiem-bre de 2010 en la ciudad de Quito, con el fin de intercambiar experiencias, conocimientos y estrate-gias para la promoción y protección de los derechos humanos de ese grupo vulnerable.

> Realizar acciones orientadas al mantenimiento y mejora de la página web de la Red a cargo de la INDH de Venezuela.

> Definición de la postura continental respecto de su participación en el 23 Período de Sesiones del CIC, que se realizó en Ginebra, Suiza.


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• Suscripción del Convenio de Cooperación, entra la Defensoría del Pueblo de Perú y la de Ecuador efectu-ado en la ciudad de Lima-Perú, el 24 de febrero de 2010, (Convenio Marco de Cooperación Internacional Para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos de las Personas en Movilidad en Ecuador y Perú)

• Suscripción del “Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Defensoría del Pueblo de Ecuador y la Comisión Andina de Juristas” suscrito el 25 de febrero de 2010, en la ciudad de Lima-Perú.

• Vigésima Tercera Asamblea General del Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacion-ales de Derechos Humanos (C.I.C.), coincidente con la Décima Tercera Sesión del Consejo de Derechos Hu-manos, efectuada en Ginebra-Suiza, del 22 al 26 de marzo de 2010. En estas reuniones el Defensor del Pueblo intervino en representación continental exponiendo las experiencias de las INDH del Continente res-pecto de la ratificación del Protocolo Facultativo contra la Tortura, con énfasis en la experiencia de incidencia que la Defensoría del Pueblo realizó en el país para conseguir dicha ratificación, que se materializó en el mes de agosto de 2010 con el depósito de esta ratificación en Naciones Unidas. En el marco de la Décima Ter-cera Sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Defensor del Pueblo de Ecuador fue invitado a realizar observaciones al informe que el estado ecuatoriano presentó con respecto de la situación de las personas afodescedientes en el país.

• Participación del Adjunto Segundo de la Defensoría del Pueblo en el “Primer Seminario Internacional: Sexu-alidades, Diversidad Sexual y Derechos Humanos, efectuado en Caracas – Venezuela del 5 al 7 de mayo de 2010, promovido y auspiciado por la Defensoría del Pueblo de Venezuela, en cooperación con el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) de Cuba.

• Participación del Defensor del Pueblo en el 4to. Congreso Internacional de Ministros de Justicia, realizado en Roma-Italia, el 17 y 18 de mayo de 2010, organizado por la Comunidad de Sant´Egidio.

• Participación del Adjunto Segundo en el Seminario Taller Internacional sobre Ejecución Penal, “Desafíos del Sistema Garantista en el Derecho Comparado”, efectuado en la ciudad de Lima-Perú, del 17 al 18 de junio de 2010.

INFORMES Y DOCUMENTACIÓN

Como parte del cumplimiento de sus compromisos de carácter internacional, la Defensoría del Pueblo debe pronuncirase sobre los diversos aspectos que supone la vigencia de los derechos humanos; en este contex-to se han preparado documentos técnicos que constituyen la respuesta a compromisos de cumpli-miento obligatorio por parte de la Institución y el Estado ecuatoriano, estos son:

• Cuestionario del Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos - Grupo de Trabajo del CIC sobre Empresas y Derechos Humanos. Mayo de 2010. (*)

• Informe referente a experiencias de las INDH del Continente Americano en el ámbito de la relación con el sistema regional y universal de derechos humanos. 30 de abril de 2010,

• Observaciones de la Defensoría del Pueblo al informe oficial relativo al cumplimiento de la Conven-ción Internacional de Trabajadores Migratorios, enviado el 15 de marzo de 2010(*)

• Informe defensorial sobre Trata de Personas, Impunidad y Derechos Humanos, enviado el 15 de marzo de 2010. (*)

• Cuestionario relativo al estudio que sobre buenas prácticas relacionadas con el acceso al agua po-table y al saneamiento será preparado por Naciones Unidas, enviado el 28 de junio de 2010 (*)

• Informe sobre Seguridad Ciudadana en el Continente propuesto por la Federación Iberoamericana de Ombudman.


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• Complementación de Informes FIO sobre Mujer, Niñez y Salud.

NOTA: Los informes marcados (*) fueron trabajados por la Dirección de Protección de los Derechos Humanos y de la Naturaleza.

OTRAS ACTIVIDADES:

• Propuesta y suscripción del Convenio de Cooperación Técnica entre la Defensoría del Pueblo de Ecuador y la Defensoría del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela.

• Observaciones al Proyecto de Estatuto del CIC presentado por el Grupo de Trabajo sobre Gober-nabilidad – Observaciones del Grupo de América.

• Coordinación para la realización de la conferencia “Nuevo Humanismo Para el Tercer Milenio”, presen-tada por Francesca Scavia, Representante de la Comunidad “Di Sant´Egidio”, en la Universidad Central del Ecuador, el 11 de marzo de 2010.

• Preparación y envío de insumos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México sobre mejores prácticas institucionales, en el ámbito de exigibilidad de cumplimiento de resoluciones defensoriales.

• Preparación de insumos solicitados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, respecto de normativa vigente en Ecuador que servirá para la Actualización de la Ley de esta INDH.

• Acompañamiento y apoyo a las reuniones que las autoridades institucionales mantienen con represen-tantes de entidades internacionales que visitan el Ecuador. En este marco pueden mencionarse la Reunión con la Relatora Especial sobre Nuevas Formas de Esclavitud y la Reunión con representantes de la Organ-ización de Estados Americanos con miras a la participación Institucional que la OEA mantedrá en Ecuador.

• Organización de la IX Asamblea de la Red de las Américas del Comité Internacional de Coope-ración que se efectuó en noviembre del 2010 y contó con la presencia de 14 representantes de las INDH de todo el Continente Americano.

COOPERACIÓN

Este es un ámbito de trabajo nuevo en la Institución y se justifica en cuanto a que la exigencia de elevar los estándares de protección y protección demandan recursos materiales y técnicos con los que la Institución no puede contar por la vía de la asignación presupuestaria del Estado.

En ese sentido, esta Unidad ha prestado apoyo a la gestión que realiza la Adjuntía Segunda para obtener recursos no reembolsables del Sistema de Naciones Unidas, dirigidos a financiamiento de proyectos presen-tados por las áreas de protección, promoción y sistemas de la Institución.

Igualmente, se trata de abrir espacios de Cooperación Técnica con otras entidades del Estado que pueden contribuir a aumentar las capacidades de gestión de los funcionarios y funcionarias de la entidad. En ese sentido, se ha prestado apoyo a las iniciativas presentadas por la Dirección de Planificación para suscribir un convenio de cooperación técnica con la Superintendencia de Bancos en materia de planificación y se apoya también la iniciativa de suscribir un convenio de cooperación operativa para atender a los usuarios del sistema de telecomunicaciones, con la Superintendencia de Telecomunicaciones.

Además, y con el fin de suplir las limitaciones impuestas por el presupuesto asignado por el Estado a la Defen-soría, se han reforzado los lazos con los diferfentes organismos de Naciones Unidas, a través de una intensa gestión encabezada institucionalmente por el Adjunto Segundo, quien mantiene acciones coordinadas con las unidades de Protección y Promoción, que al momento ha permitido tener un apoyo significativo para llevar adelante la gestión institucional, que a futuro se proyecta como muy prometedora.


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En Quito, reunión del Comité Coordinador de la Red Americana de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, Febrero 2010

V. CONSEJO CONSULTIVO

DE DERECHOS HUMANOS:

UN ESPACIO DE COLABORACIÓN

EFECTIVA ENTRE EL ESTADO

Y LA SOCIEDAD CIVIL


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La Constitución de la República prevé1 que en todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de par-

ticipación y para su ejercicio se organizarán, entre otras, audiencias públicas, cabildos populares, consejos consul-tivos.

En respuesta al espíritu democrático del mandato con-stitucional, la nueva administración de la Defensoría del Pueblo instituyó, como parte de su estructura orgánica al Consejo Consultivo Ciudadano, en el cual participan reconocidas personalidades del movimiento de derechos humanos en el Ecuador.

En este contexto, es determinante el rol de la sociedad civil y de la participación ciudadana para que la Defen-soría del Pueblo impulse en el marco de sus atribuciones, las políticas públicas de Derechos Humanos y de la Natu-raleza que la Constitución de la República y el desarrollo de la sociedad le demanda. Para el efecto, el art. 22 del Orgánico Funcional de la institución menciona que este Consejo debe estar integrado por ciudadanos y ciu-dadanas destacados del movimiento de derechos hu-manos y de la naturaleza, convocados como personas naturales por invitación del Defensor del Pueblo y en con-diciones de total autonomía, independencia y ad-hon-oren; por lo tanto no tienen ningún tipo de dependencia contractual o de funcionarios con la Defensoría del Pue-blo y de ningún organismo del Estado. 1 Artículo 100 de la Constitución de la República

UN ESPACIO DE COLABORACIÓN EFECTIVA ENTRE EL ESTADO Y LA SOCIEDAD CIVIL

“El Consejo Consultivo Ciudadano constituye una demanda histórica de vigencia de los dere-chos humanos con los principios de la partici-pación ciudadana y el rol protagónico de la so-ciedad civil.”

En Quito, reunión del Consejo Con-

sultivo Ciudadano.Diciembre 2009


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El funcionamiento e integración del Consejo Consultivo Ciudadano se rige por los principios de la alternabili-dad periódica, participación democrática, inclusión y pluralismo. Se promueve también que el origen y com-posición de sus integrantes sean con equidad de género y generacional; el reconocimiento a la diversidad temática o especialización de Derechos; el equilibrio del origen territorial; la diversidad étnica; y en especial, la representación social y consecuencia con la defensa de los Derechos Humanos y de la Naturaleza.

De acuerdo al Reglamento vigente del Orgánico Funcional de la Defensoría del Pueblo, los deberes y atribu-ciones del Consejo, están normados en su Art. 23:

a) Recomendar los lineamientos programáticos que le permitan definir el mandato legal de la Defensoría del Pueblo en el Ecuador y en el exterior;

b) Transmitir a la Defensoría del Pueblo el sentir del movimiento de derechos humanos al que están vincu-lados, respecto de la actividad Defensorial;

c) Identificar y analizar casos y situaciones relevantes que vulneren los derechos humanos en el Ecuador y de los compatriotas en el exterior;

d) Opinar sobre las políticas generales que, en materia de derechos humanos, habrá de seguir la Defensoría del Pueblo ante organismos nacionales e internacionales; y,

e) Establecer los mecanismos generales que permitan una relación armónica entre la sociedad civil y la Institución.


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El Consejo Consultivo Ciudadano constituye una demanda histórica de vigencia de los derechos humanos con los principios de la participación ciudadana y el rol protagónico de la sociedad civil. Estos organismos también son un aporte trascendental para las Defensorías del Pueblo en América Latina y el mundo, porque esta participación protagónica de la sociedad civil, tiene las constantes de la defensa y promoción de los Derechos Humanos e incorpora los Derechos de la Naturaleza, que más allá de la visión antropocéntrica, constituye una alerta a los riesgos del cambio climático y su amenaza contra la vida del planeta y de toda la humanidad.

Este estamento institucional se constituyó solemnemente el 23 de septiembre de 2009, en el marco del Primer Encuentro de Defensores del Pueblo de Centroamérica y el Área Andina.

Los testigos de honor de esta Sesión de conformación del Consejo Consultivo Ciudadano fueron los Defen-sores del Pueblo de Colombia, Volmar Pérez; de Bolivia, Rielma Mencías; de Venezuela, Gabriela Ramírez; de Nicaragua y Presidente pro tempore de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), Omar Cabezas y el represen-tante de la Defensoría de Perú, César Cárdenas.

Desde su fecha de constitución a junio de 2010, ha mantenido cuatro sesiones ordinarias y 3 extraordi-narias, planteando recomendaciones y participando en iniciativas conjuntas con la Defensoría del Pueblo en los siguientes ejes temáticos: Derechos de la Pacha Mama y Cambio Climático, Exigibilidad y Seguridad Humana; Derechos de Grupos vulnerables, Pueblos y nacionalidades, mujeres y Genero; Juventudes y Ge-neracional; y, Migrantes. Esto se encuentra expresado en la Agenda Nacional de Derechos Humanos y de la Naturaleza elaborada conjuntamente por la Defensoría del Pueblo y los miembros del Consejo Consultivo Ciudadano.

VI. IMPULSANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA

Y LA INFORMACIÓN PÚBLICA


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Promover el derecho al acceso a la información pública y vigilar que las entidades del sector público, así como las del sector privado que presten servicios de interés pú-

blico, la hagan pública y la provean es la meta que se planteo la Defensoría del Pueblo para cumplir con el mandato que la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información entrega a la Institución.

Los avances que podemos mencionar en esta área de trabajo institucional son:

a) Vigilancia para el cumplimiento de los artículos 7 y 12 de la LOTAIP

La Defensoría del Pueblo, desde la Dirección Nacional de Promoción de Derechos Humanos y de la Naturaleza (Coor-dinación Nacional de Transparencia e Información Pública), trabaja en cumplir y hacer cum-plir la LOTAIP,1 para garantizar el derecho de informar y ser informados “como mecanismo para ejercer la participación democrática res-pecto a la cosa pública y la rendición de cuentas a la que están sujetos todos los funcionarios del Estado, y demás entidades obligadas por la Ley”.2

1 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Quito, mayo 2004.2 Congreso Nacional Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información

IMPULSANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA Y LA INFORMACIÓN PÚBLICA

“como mecanismo para ejercer la participación democrática respecto a la cosa pública y la ren-dición de cuentas a la que están sujetos todos los funcionarios del Estado, y demás entidades obliga-das por la Ley”

En el Despacho del Defensor del

Pueblo, se en-tregó el informe

de cumplimiento de la LOTAIP, por

parte del Presidente de la Asamblea Nacional. Marzo

2010


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De ahí que la recolección de la información realizada por la Defensoría del Pueblo, de acuerdo al mandato de la LOTAIP en su Art. 12,3 se la ha realizado de forma sostenida,4dando como resultado inicial el haber recibido 554 informes, que corresponden al 11.51% de instituciones, según el catastro con el que cuenta el Ministerio de Relaciones Laborales,5donde se registran 4.814 instituciones.

Desagregando la información recibida, podemos mencionar que del total de 219 municipios, han entrega-do su informe 69, es decir el 32%.

En referencia a la función ejecutiva (Presidencia, Vicepresidencia y Ministerios), el porcentaje de cumpli-miento es de 93.10%, es decir de 29 instituciones, 27 han presentado su respectivo informe.

En cuanto a la función legislativa (Asamblea Nacional), el porcentaje de cumplimiento es del 100%, mientras que de las instituciones que conforman la función judicial, la instituciones que han entregado su informe son: Corte Nacional de Justicia, Consejo Nacional de la Judicatura y 16 de las 24 Cortes Provinciales de Justicia (67%).Pública, 2004, Considerando, párrafo 1.3 Art. 12.- Todas las instituciones públicas, personas jurídicas de derecho público o privado y demás entes señalados en el artículo 1 de la presen-te Ley, a través de su titular o representante legal, presentarán a la Defensoría del Pueblo, hasta el último día laborable del mes de marzo de cada año, un informe anual sobre el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública, que contendrá: a) Información del período anterior sobre el cumplimiento de las obligaciones que le asigna esta Ley; b) Detalle de las solicitudes de acceso a la información y el trámite dado a cada una de ellas; y, c) Informe semestral actualizado sobre el listado índice de información reservada.4 Es necesario señalar que en este primer momento, solamente se ha contabilizado el número de informes recibidos, y no se de-scribe la calidad en términos de contenido de dichos informes.5 Acuerdo Ministerial No. Mrl-2009-0021 del 8 de Octubre de 2009, mediante el Ministerio de Relaciones Laborales emite catastro de institucio-nes, entidades, empresas y organismos del Estado.


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En cuanto a la función electoral, el cumplimento es del 100%.6 Mientras que en la Función de Transparencia y Control Social, el porcentaje de instituciones que han presentando su informe es de 100%, es decir 6 de las 6 instituciones.7

Por último, a nivel de Prefecturas, el 50%, esto es 12 Prefecturas, han cumplido con la entrega de informes.

En cuanto a las solicitudes de acceso a la información pública aún no se ha creado una metodología para el adecuado manejo y trámite de las mismas; sin embargo, el procedimiento aplicado durante el 2009, fue el de tramitar dichas solicitudes a través de las Delegaciones provinciales de la Defensoría del Pueblo, infor-mación que aún no ha sido procesada.

A más de la atribución con que cuenta la Defensoría del Pueblo por designación constitucional8 y de la LOTAIP,9 de vigilar, promocionar y garantizar el debido cumplimento de la Ley, le corresponde también cumplir, al interior de la misma, por lo cual se implementó la Resolución 023, que organiza en el ámbito interno de la Institución el manejo de la información generada por las distintas unidades, definidas como Unidades Poseedoras de la Información, mismas que entregan la documentación pertinente, tanto digital como física, para mantener actualizado el portal web institucional, garantizando de esta manera el acceso de la ciudadanía a la información que ha generado la institución.

b) Elaboración de los estándares nacionales e internacionales sobre el derecho humano del acceso a la información pública

Una de las metas definidas por la Coordinación Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pú-blica, fue la elaboración de estándares nacionales e internacionales sobre el derecho humano del acceso a la información pública, a lo cual se lo ha denominado “Guía Básica Defensorial”, con la finalidad de que el manejo de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no sea considerada sola-mente como un instrumento técnico-jurídico, sino que garantice un enfoque de derechos humanos. Hasta la fecha, se cuenta con un primer borrador de dicha propuesta, para su discusión y análisis.

c) Convenios interinstitucionales

En el marco de ampliar el horizonte de cumplimiento de los Art. 7 y 12 de la LOTAIP, la Defensoría del Pueblo ha promovido alianzas estratégicas con actores de sociedad civil. En este contexto, se firmó un convenio con la Corporación Participación Ciudadana, tanto para el monitoreo del cumplimiento de la LOTAIP como para generar insumos que aporten a dicho monitoreo.

6 Esta función está conformada por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral.7 Defensoría del Pueblo, Contraloría General del Estado, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Telecomunicaciones8 Art. 214 y 215 Constitución de la República del Ecuador.9 Ley Orgánica de Transparencia e Información Pública, Art. 11 Vigilancia y Promoción de la Ley.


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Cabe mencionar que la Corporación Participación Ciudadana, realiza el monitoreo permanente a 18 institu-ciones (que representa el 0.37% del universo total de instituciones) entre las que se encuentran entidades, organizaciones y empresas que pertenecen a la función de Transparencia y Control Social, al sector público financiero, a las universidades y escuelas politécnicas, y al régimen autónomo descentralizado.10

Para este monitoreo, la Defensoría del Pueblo mediante la Resolución 001, publicada en el Registro Oficial 188 (7 de Mayo de 2010), puso en vigencia los parámetros para la aplicación de los artículos 7 y 12 de la LO-TAIP, con lo cual facilita a las instituciones en general, el tener un instructivo para el adecuado cumplimiento de la Ley.

En el marco de este mismo convenio, se elaboraron manuales para la aplicación de los Art. 7 y 12 de la LO-TAIP, los cuales están siendo socializados y validados por las 18 instituciones monitoreadas.

Esta socialización busca estructurar una metodología que permita el proporcionar a la ciudadanía y orga-nizaciones de la sociedad civil procesos de vigilancia en los cuales hagan uso del derecho de acceso a la información pública. El interés es conseguir que la metodología a implementarse sea producto de un proceso participativo y legitimado por las mismas entidades, así como estandarizar criterios para el adecua-do cumplimiento de los artículos mencionados.

De la misma manera en el marco de alianzas interinstitucionales, se ha avanzado en conversaciones con las Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), con el fin de procurar el cumplimiento de la LOTAIP por parte de todos los municipios, para lo cual AME está creando una plataforma virtual, que facilitará a los municipios cumplir con este cometido.

10 Contraloría General del Estado, Corporación Financiera Nacional, Banco Nacional de Fomento, Servicio de Rentas Internas, Banco Central del Ecuador, Escuela Superior Politécnica del Litoral, Universidad de Guayaquil, Petrocomercial, Corporación Aduanera Ecuatoriana, Cor-poración Nacional de Telecomunicaciones, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Procuraduría General del Estado, Interagua, Empresa Eléctrica de Guayaquil, Municipio de Milagro, Municipio de Daule, Municipio de Santa Lucía.


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VII. COMUNICÁNDONOS

DINÁMICAMENTE PARA

ACERCARNOS A LA GENTE


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COMUNICÁNDONOS DINÁMICAMENTE PARA ACERCARNOS A LA GENTE

El efecto que puede tener un discurso, una de-claración o expresión de una autoridad es funda-mental para ver a donde camina una Institución;

pero, ese efecto solo puede conseguirse si se realiza el esfuerzo creativo necesario para que lo que se dice, hace o proyecta, trascienda.

La Defensoría del Pueblo no posee un gran presupues-to dedicado al desarrollo comunicacional,debido a lo escualido de los recursos financieros existentes, y esta realidad que obligó en este último año a pen-sar, reflexionar y analizar que debíamos hacer más con poco, hacerlo mejor que otros y mostrar nuestro trabajo, a través de la innovación de los canales de difusión.

Organizar la gestión comunicacional de la Institución ha significado visualizar los escenarios donde intervi-ene, y buscar la mejor forma de intervenir en ellos. En el caso defensorial se ha hecho lo siguiente:

Organizar la gestión comunicacional de la Institución ha significa-do visualizar los esce-narios donde interviene y buscar la mejor forma de intervenir en ellos

Equipo de la Dirección de Comunicación So-cial, durante la filmación de un spot contra la tor-tura.


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Portal WEB • Incrementar las relaciones con los medios de comunicación na-cio-nales, regionales y locales, lo cual ha implicado revisar y aumen-tar la base de datos de periodistas de todo el país, y a su vez producir información que pueda ser dis-tribuida fisica y digitalmente.

• Monitorear medios de comuni-cación nacionales, regionales y locales, según las temáticas rela-cionadas con el trabajo defenso-rial.

• Aumentar el contacto con ac-tores ciudadanos (líderes de opinión) que comparten el que-hacer institucional desde sus di-ferentes campos de trabajo, para que a su vez acojan y difundan el mensaje defensorial.

• Mejorar la circulación interna de la información, manteniendo el contacto con los funcionarios y funcionarias de la entidad para que se enteren de las actividades que se desarrollan en todas las oficinas que mantiene la institución en el país.

• Incursionar y optimizar la pro-duccíon impresa, audiovisual, multimedia y web que permita construir contenidos acordes con

el enfoque de derechos humanos y de la naturaleza que maneja la Defensoría, lo cuales pueden ser dis-tribuidos a públicos internos y externos.

• Ampliar la cobertura de las acciones defensoriales en todo el país y registrarlas en audio, video y fo-tografía para poder difundirlas a públicos internos y externos.

• Apoyar comunicacionalmente a las diferentes áreas de la Institución, para que se enmarquen dentro de la óptica de imagen institucional y directrices de la autoridad.

• Vincular y aprovechar las potencialidades que ofrecen las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s) para aprovechar los nuevos espacios generados por la masificación del internet (website, Face-book, Twitter, Blogger, etc.).

La Defensoría del Pueblo ha tomado como práctica comunicacional el generar mensajes institucionales que puedan ser difundidos a traves de impresos, audio, video, multimedia e internet, con lo cual se ha conseguido activar la creación de productos dinámicos que integren el quehacer del día a día, y que son distribuidos-difundidos a través de la diversidad de canales y medios que la época actual pone a nuestra disposición.

La población que habita en nuestro país, los compatriotas en el exterior, la gente pendiente de los medios tradicionales, las personas que incursionan en los medios virtuales o los ciudadanos que no están pen-dientes de las noticias, son parte del gran conglomerado al que la Defensoría del Pueblo debe acercarse y para hacerlo es indispensable hacerlo bien, y si se tienen pocos recursos es obligatorio hacerlo mejor.

Quizás la mejor forma de evidenciar lo realizado es mostrarlo en imágenes, así que a continuación se pre-senta lo hecho a lo largo de estos meses:


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Facebook institucional

Canal en YOUTUBE


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TWITTER

Institucional

INCURSIONANDO EN LOS BLOGS

Las oportunidades que nos ofrece el mundo de la WEB, obliga a toda institución a re-planterar sus estrategias para intercomunicarse con la po-blación interconectada a la red , y que conforme pasan las horas se incrementa día a día.

Estar presente en redes social-es, canales de video, usar los blogs o el microblog, son im-prescindibles al momento de hablar de comunicación en el presente siglo.


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Boletines Electrónicos 2009


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Boletines Electrónicos 2010


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Producción editorial de informes temáticos y aportes defensoriales

El Plan Estratégico 2010 – 2014 aborda la temática que considera de ma-yor relevancia durante los próximos cinco años, a través de la formulación de seis objetivos estratégicos, siete lineamientos estratégicos y dieciséis metas y programas de ejecución.


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Los Informes Temáticos constituyen un mecanismo de protección y promo-ción de los derechos humanos y de la naturaleza que están dirigidos a ob-servar y recomendar a cualquier ór-gano del sector público o a las perso-nas privadas que actúen en ejercicio de una potestad e interés social y pú-blico de respeto de estos derechos y la formulación de políticas y programas acordes con los estándares nacionales e internacionales.

Informes temáticos


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Estos productos son desa-rrol-lados coordinadamente entre las unidades de Protección y Promoción de Derechos Hu-manos y de la Naturaleza, que realizan una exhaustiva inves-tigación que permita posicio-nar el enfoque de derechos en el accionar público.


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Periódico institucional “EL DEFENSOR”

El Periódico Institucional “El Defen-sor”, editado por más de diez años, ha demostrado ser un medio de comu-nicación de amplia difusión entre los funcionarios de la dpe, así como entre los lectores de otras instituciones y or-ganismos estatales.

Es así que con esa perspectiva de aumentar su circulación y lectoría en-tre los públicos de la institución, renovó su imagen y su formato, para captar mayores espacios de divulgación en-tre sus habituales lectores como en los nuevos que requieren de su informa-ción siempre actual y matizada por hechos relevantes del acontecer na-cional defensorial.


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Contenidos dinámicos, con fuerte pre-sencia gráfica, y el uso de infografías que expliquen conceptos o la evolu-ción del trabajo diario, son parte de las innovaciones incorporadas en este tipo de publicación.

El reporterismo defensorial hecho en provincias, permite evidenciar la gestión de nuestras delegaciones y ex-hibirlas periodísticamente.


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MATERIAL DE

DIFUSIÓN

INSTITUCIONAL


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La Defensoría del Pueblo realiza varias actividades de distinta índole, en las cuales suele presentar propuestas comunicacionales a muchas actividades que se planifican y ejecutan conforme a los objetivos in-stitucionales.

Estas actividades cuentan con el soporte de la Dirección de Comuni-cación, la cual facilita productos impresos que buscan concienciar a la población del pleno goce y ejercicio de sus derechos.

Para ello, este año se han preparado varios productos que represen-tan, significativamente, un trabajo mancomunado de todas y todos quienes conformamos la institución.


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PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

Dicen que una imagen vale más que mil palabras y esta premisa motivó a desarrollar y producir sistemáticamente materiales audiovisuales.

Estos productos, como es el caso de los noticieros defensoriales on line, llegan a funcionarios y funcionarias, así como a quienes acceden a ellos mediante el uso del internet, ofreciendo una perspectiva fresca de la ac-ción defensorial.


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Roll ups


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La recordación de la institución du-rante el encuentro de varias personas ya sea en reuniones, ferias, casas abi-ertas u otros eventos masivos, es una característica básica para posicionar el nombre de la dpe en el imaginario colectivo social.

Es por ello que se han desarrollado va-rios productos que se disponen en dis-tintas ubicaciones y durante el tiempo que duren los eventos, para facilitar ese objetivo de posicionamiento y que dis-tingue a la institución sobre otras.


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NOTAS DE PRENSA

La participación en los distintos me-dios de comunicación facilita la di-fusión del trabajo que se desarrolla en la institución, bien sea durante entrevistas, ruedas o conferencias de prensa.

De igual manera, los periodistas cuentan, entres los servidores de la dpe, con varias fuentes informati-vas para sus reportajes con mucho conocimiento y fiabilidad para el trabajo comunicacional.

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1. Defensor del Pueblo atiende a la prensa posterior a un evento. UASB

2. Una de las múltiples entrevistas que son atendidas por funcionarios de la institución en diferentes medios de comunicación. CN3 - Quito

3. Una entrevista realizada a un medio de comunicación escrito. El Universo - Guayaquil 11 de Julio, 2010

4. Nota de prensa. El Universo - Guayaquil. 10 de Marzo, 2010


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1. Nota de prensa. La Prensa - Riobamba 20 de Marzo, 2010

2. Reportaje sobre los derechos de los con-sumidores y usuarios, Expreso - Quito. 4 de Abril, 2010

3. Reportaje, La Hora - Tungurahua. 26 de Abril, 2010

1

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3


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1. Nota de prensa. La Hora - Quito. 6 de Abril, 2010

2. Reportaje. El Comerio - Quito. 1 de Abril 2010

3. Nota de prensa, El Diario - Portoviejo. 15 de Abril 2010

VIII. EL TRABAJO DE LAS UNIDADES DE APOYO EN EL ENGRANAJE

DEFENSORIAL


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Pagar servicios básicos, tramitar permisos de vacaciones, com-prar insumos de oficina, solucionar problemas de electricidad, adquirir computadoras, mantener en funcionamiento la cone-

xión on line de las diferentes oficinas, y muchas otras actividades, son parte de la gestión cotidiana de una Institución.

Desde que la actual administración asumió el mando de la Defen-soría del Pueblo se puso como principio de acción consolidar a la organización mediante el manejo transparente, eficiente y eficaz de los recursos humanos, financieros y tecnológicos

Lo expuesto fue incorporado muy acertadamente al desarrollar un nuevo modelo de gestión institucional, que en la actualidad se está aplicando, y cuyo fin es reorientar los esfuerzos defensoriales a las necesidades de los habitantes del país

Lo que en la estructura conocemos como el área de apoyo, es decir el trabajo administrativo, financiero, de recursos humanos, de sistemas y tecnologías, es lo que permite a una organización marchar, avan-zar, continuar.

Es importante también mencionar el papel jugado por la Dirección Jurídica y la de Auditoría Interna, pues sus oportunas alertas y consejos permiten mantener despejado de problemas el quehacer diario de la Defensoría del Pueblo.

EL TRABAJO DE LAS UNIDADES DE APOYO EN EL ENGRANAJE DEFENSORIAL

El trabajo coordinado im-pulsado por el Adjunto Primero, con las Unidades de Apoyo y la Dirección Jurídica, ha permitido te-ner resultados positivos pese a lo limitado de los re-cursos con los que cuenta la Institución.

...Consolidar a la or-ganización mediante el manejo transparente, eficiente y eficaz de los recursos humanos, fi-nancieros y tecnológi-cos.


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En todo este flujo de gestión, la supervisión desplegada por la Adjunta Primera y, sobre todo, la coordinación de acciones impulsadas para cumplir y optimizar la gestión interna, han permitido mantener coherencia en lo que se ha hecho, se hace y se planea hacer.

Como cualquier organización, la parte financiera marca la capacidad presupuestaria de a dónde que-remos llegar, y si solo se manejan las cifras entregadas por el Estado a la Defensoría del Pueblo se podría visualizar la escasez de recursos entregada a la Institución Nacional de DDHH, siendo el caso que para el periodo 2010 se dieron menos recursos que los otorgados en el 2009.

Sin embargo, el dinero no lo es todo, y es ahí donde tener muy clara cual es la misión y visión defensorial marca la diferencia al momento de encaminar la gestión institucional.

LO ADMINISTRATIVO

Acorde con las nuevas exigencias de la actual Defensoría del Pueblo en esta área, el trabajo se ha concen-trado en la de remodelación de sus instalaciones; empezando con su edificio matriz, el cual es ahora mucho más funcional. Este beneficio se extendió al 75% de las oficinas de las Delegaciones Provinciales, aspirando para el siguiente año completar esta tarea, que redundará en una mejora significativa en las condiciones de atención a las ciudadanas y ciudadanos que concurren a la dpe.

Una segunda preocupación fue dotar de las herramientas de trabajo para el personal, logrando a la fecha cubrir los requerimientos básicos en todo el país de computadores, scáner e impresoras. En el presente año, previo procesos de compras públicas, contaremos con equipos de fotocopiado para cubrir el 70% de esta importante y necesaria herramienta de trabajo.

No obstante a los grandes esfuerzos, limitación en muebles de oficina como archivadores y escritorios; los ya han terminado su vida útil pese al mantenimiento que se le ha dado.

En el presente año, de acuerdo a las disposiciones de las autoridades, se ha privilegiado la atención a las delegaciones provinciales, por lo que ahora contamos en todo el país con el servicio de Internet de banda ancha, en oficinas más amplias y funcionales; es decir las mismas condiciones que las que se tienen en la capital.

Los insumos para el trabajo diario son una constante preocupación, mismos que son dotados desde la ad-ministración central cuando ha medido el proceso de compras públicas, o mediante el uso de caja chica para atender a provincias, de tal suerte que no exista carencia de estos insumos.

A nivel de seguridad, se inició un programa de protección, que implica actualizar el permiso de funcion-amiento que otorga el cuerpo de bomberos y demás planes que dirige la defensa civil y la Cruz Roja Ecua-toriana.

Para ejemplificar lo dicho, que mejor que describir dos procesos interesantes y que marcan un giro del im-pulso administrativo:

- El uno se refiere a las mejoras de las oficinas de Quito y Guayaquil. En ambos lugares era común ver espacios cerrados, donde la luz y el aire no circulaban apropiadamente y donde era normal ver montañas de expedientes arrumados en esquinas que, sumados a alfombras viejas y divi-siones remendadas, producían una sensación poco agradable para que los y las funcionarias desarrollen su trabajo que indudablemente causaban una mala imagen a los y las usuarios que acudían a las oficinas. Esto finalmente pudo ser corregido durante los meses del 2010, y ahora podemos ver oficinas mejor distribuidas en espacio, luz, mobiliario; y todo esto hecho con poca plata, pero bien utilizada.


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- El otro ejemplo aborda la labor de sistemas y tecnología. Es un hecho que el buen uso de los re-cursos informáticos potencian a personas y organizaciones y este era un rubro que desde agosto de 2008 la actual administración de la dpe asumió con decisión. Adquirir servidores, aumentar la capacidad de banda ancha y dotar de este servicio a todas las oficinas de la Defensoría en el país, comprar computadoras desktop y laptop actualizadas, implementar la digitalización de documentos adquiriendo escáners, y mejorar la gestión de datos, son hechos conseguidos en estos meses de arduo trabajo, donde con mínimo personal y escasos recursos económicos se dio un salto para estar totalmente operativos.

En el mismo ámbito administrativo, vale destacar la renovación del seguro medico y de vida, el cual es un beneficio para los funcionarios de la Institución, y la atención dada a las oficinas provinciales, procurando satisfacer sus necesidades y dotarles de conectividad web para mantener contacto con la matriz nacional.

Todo este trabajo estuvo acorde a lo que determina la Ley Orgánica de Contratación Pública para la adquisición de recursos materiales como, suministros, servicios básicos, bienes muebles e inmuebles y equi-pos informáticos para que el trabajo sea ágil y acorde con los procesos modernos de comunicación, a nivel nacional. De esta manera, se pudo proveer oportunamente de bienes y demás servicios necesarios para el funcionamiento de la Institución, en las diferentes delegaciones a lo largo del territorio nacional.


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LO FINANCIERO

Que cada funcionario y funcionaria tengan su sueldo a tiempo, que se paguen a los proveedores, que el IESS este al día o que haya un registro contable del uso de los recursos financieros es una tarea que se realiza cada día, sin descanso.

En términos generales, la Defensoría del Pueblo presenta un presupuesto codificado al 31 de agosto de 2010 por US$. 8.172.500,64, monto superior en US$ 459.244,00, con relación al presupuesto inicial de US$ 7.713.256,64.

Los ingresos recaudados por la Defensoría ascienden a US$ 4.228.191,83, equivalente al 51.74%, valores trans-feridos por la subsecretaría de la Tesorería de la Nación, previo a los requerimientos efectuados por la Enti-dad.

Los gastos devengados alcanzaron a US$. 4.450.373,92, cifra que representa el 54.46% de ejecución frente al codificado al 31 de agosto de 2010 (US$. 8.172.500,64), quedando pendiente para el cuarto trimestre del 2010 la culminación de los procesos, entre otros, de adquisiciones de uniformes, materiales de oficina y mo-biliarios programados para estas fechas.

Los gastos de capital, por el periodo de enero a agosto de 2010, registran una ejecución de US$. 130.082,26 equivalente al 78,93% en relación al total de la asignación de US$ 164.800,00 quedando un saldo por ejecu-tar de US$34.717,74 debido a que se culminará el proceso de adquisición de mobiliarios y otros en septiem-bre de este año.

A lo expuesto vale añadir que el Plan Estratégico Institucional, el Plan Operativo Anual 2010 y el Plan Anual de Compras han servido como marco para ejecutar el presupuesto entregado por el Estado a la Defensoría del Pueblo.


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LOS RECURSOS HUMANOS

Conjuntamente con las Direcciones del Nivel de Apoyo, la Adjuntía Primera ha avanzado en el área de Re-cursos Humanos en los siguientes aspectos:

Cambiar la denominación de los cargos acorde con el nuevo modelo institucional como consta en Resolución No. 104-D-DP-2009, de 29 de octubre del 2010, con la elaboración de las Acciones de Personal para cambio de denominación del cargo y la ubicación de las nuevas unidades.

Implementar la distribución de partidas presupuestarias correspondientes a los cargos de libre remoción como consta en la Resolución No. 109-D-DP-2009, de 30 de octubre del 2010. Además, en el Art. 2 de la men-cionada resolución se crean 10 cargos de libre nombramiento y remoción, a fin de implementar la nueva estructura organizativa aprobada, La Dirección Nacional Financiera se encuentra realizando los tramites necesarios ante el Ministerio de Finanzas para la respectiva asignación presupuestaria de las partidas indi-viduales.

Por el nuevo modelo institucional existió la necesidad de contratar personal que cubran las necesidades que generaron y hasta la presente fecha se siguen generando en las diferentes unidades administrativas de la Defensoría del Pueblo.

Por lo que es necesario realizar un desglose de los diferentes movimientos de personal generados en la Direc-ción Nacional de Recursos Humanos, durante el periodo de agosto del 2009 a julio 2010.

Es necesario indicar que en nuestra institución, el personal se encuentra distribuido de la siguiente forma:

Personal de contrato de servicios ocasionales a nivel nacional.

SISTEMAS Y TECNOLOGÍA

En el año 2010 se inició la implantación, a nivel nacional, partiendo por la compra de equipamiento y la realización de una reingeniería tecnológica desdel de la Matriz y hacia las Provincias, tomando en cuenta las experiencias y aspectos del plan emergente realizado el año pasado para implementar de equipos in-formáticos en las principales provincias del país.


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Es importante destacar, en este aspecto, las siguientes acciones:

- Mantenimiento y Administración de la Plataforma Tecnológica de Sistemas, Equipos de Misión Critica, Comunicaciones.

- Mantenimiento y Administración de la Plataforma Tecnológica existente al 2010 en la Defensoría del Pueblo.

- Administración y Mantenimiento de los Sistemas de Información de las Diferentes Areas y Direcciones.

- Ejecución de Políticas de Seguridad y Backup de las Bases de Datos.

- Administración y Mantenimiento del Sistemas de Comunicaciones de la Planta Central (Nuevo Di-seño).

- Administración y Mantenimiento del Sistema de Telecomunicaciones de la Planta Central (Nuevo Di-seño).

- Diseño e implementación del nuevo Sistema emergente de Potencia para la Planta Central.( diseño Temporal).

- Implementación de la Red de Internet con banda ancha, a nivel nacional, con enlaces en todas las Delegaciones y oficinas de la Defensoría del Pueblo.

- Compra de Equipamiento Informático para la Planta Central y las Delegaciones Provinciales.

- Compra de escaners para la Planta Central y para las Delegaciones en provincias

- Ejecución del Plan Nacional para la implantación del sistema de Información de Derechos Humanos y la Naturaleza, en 13 Delegaciones Provinciales.

- Reingeniería Tecnológica a nivel de las mismas 13 Delegaciones Provinciales.

- Configuración y entrega de equipamiento en las delegaciones de todo el País.

- Configuración y entrega de equipamiento, a nivel de la Planta Central de la institución.


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LO JURÍDICO

La Dirección Nacional Jurídica cumple con las siguientes funciones:

- La absolución de distintas consultas jurídicas internas;

- La tramitación de patrocinio de causas, peticiones y otras que se siguen en contra de la Institución o las que pueda plantear la misma;

- Actuar como delegados del Defensor del Pueblo ante Instituciones Públicas, en grupos de trabajo;

- Estudio de Proyectos de Resolución de Recursos de Revisión. (Es importante señalar que la Dirección Nacional Jurídica no tramita quejas, considerando que las mismas sean remitidas a las correspondi-entes Direcciones y Comisiones de acuerdo al ámbito de su competencia y territorio);

- Elaborar Proyectos de resoluciones administrativas Defensoriales.

En este marco, uno de los objetivos de la Dirección Nacional Jurídica, es la celeridad en el despacho de las distintas causas puestas en directo conocimiento del Defensor del Pueblo, como son criterios Jurídicos, revisión de las Proyectos de Resoluciones de los Recursos de Revisión, etc;

Esta Dirección brinda asesoramiento a varias Direcciones, Comisiones y funcionarios de la Defensoría del Pueblo, elaborando en el presente período 88 consultas y criterios jurídicos.

También ha participado activamente en los procesos de contratación pública, siendo parte de los distintos Comités (Adquisición de computadoras, limpieza, uniformes, suministros de oficina mobiliarios para la Matriz de la DP, etc.), mismos que con la colaboración de otras unidades institucionales miembros, se ha llegado a la elaboración y firma de los contratos de las Empresas adjudicadas de acuerdo a lo que estable la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, procesos que han sido favorables para el normal desenvolvimiento de nuestra Institución.

Participó en la elaboración de 43 contratos de comodato, arrendamiento, compra de suministros y manten-imiento entre la Defensoría del Pueblo y distintos contratados; convenios interinstitucionales y en el proceso de adquisición del Edificio matriz.

Está a cargo de la elaboración y control de las resoluciones reglamentarias y administrativas de la Institución, para su suscripción; actividad dispuesta mediante memorando Nº 356-D-DP-2008, de fecha 27 de agosto de 2008. En el período del presente informe se elaboraron borradores de 164 Resoluciones para la firma de la máxima autoridad de la dpe.

A su vez, ha sido de suma importancia la comparecencia y patrocinio de las acciones de protección y de-mandas administrativas, gestionadas en el Tribunal Contencioso Administrativo, mismas que fueron presen-tadas por ex funcionarios de la Institución.

En coordinación con la Dirección Nacional de Protección, ha asesorado en garantías constitucionales, para plantear acciones de protección, medidas de cumplimiento obligatorio, acciones por incumplimiento, etc.

Adicionalmente, en varios casos se han planteado acciones constitucionales de protección y selección de sentencias a la Corte Constitucional.

IX. COORDINANDO LA GESTIÓN DE

LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA

Y CONTROL SOCIAL


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ANTECEDENTES:

La Coordinación con la Función de Transparencia y Control Social fue creada como producto de la re-estructura institucional de la Defensoría del Pueblo y ante la necesidad de contar con un espacio institu-cional interno que se encargue del seguimiento y ejecución de las tareas derivadas de la pertenecia de la defensoría del Pueblo a la Función de Trasnparen-cia y Control Social, establecida en los artículos 204 y siguientes de la Constitución de la República.

El Reglamento Orgánico Funcional de la Defensoría del Pueblo, en su artículo 21, señala los cometidos de esta Unidad cuando establece: “La Coordinación con la Función de Transparencia y Control Social, en el ámbito de sus competencias, ejercerá los siguientes deberes y atribuciones:

a) Proponer, supervisar y ejecutar los mecanismos para la coordinación y sis-tematización de las actividades que cumple la Defensoría del Pueblo con la Función de Transparencia y Control Social;

COORDINANDO LA GESTIÓN DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

“...los miembros de la Instancia de Coordi-nación discutieron y aprobaron los proyec-tos que han sido el eje de acción entre los que se cuentan el proceso de capaci-tación para funcion-arios y funcionarias de la FTCS,...”

En Quito, los titulares de la Función de Transparencia y Control Social, mantienen una reunión de trabajo.


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b) Participar en la elaboración de planes, programas y proyectos acordados en la Función de Transparencia y Control Social;

c) Coordinar la elaboración del Plan de Acción de la Defensoría del Pueblo, en relación con la Función de Transparencia y Control Social;

d) Remitir informes de Derechos Humanos en el Ecuador a la Función de Transparencia y Control Social;

e) Participar en la elaboración y evaluación de los mecanismos e instancias de rendición de cuentas;

f) Dirigir la ejecución de los programas de coordinación con la Función de Transparencia y Control Social, que permitan el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores del Plan Estratégico;

g) Elaborar y presentar a la Dirección de Planificación, informes periódicos de seguimiento y evaluación que contengan los indicadores de las metas contenidas en el Plan Estratégico de la Defensoría del Pueblo;

h) Remitir mensualmente la información relacionada con la actualización de la página web de la Institución, particularmente lo relativo a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Infor-mación Pública (LOTAIP);

i) Mantener las bases de datos, documentación y archivos generados;

j) Absolver las consultas que le planteen las oficinas provinciales y regionales; y,

k) Otras funciones que sean delegadas por la Defensora o Defensor del Pueblo, la ley y regla-mentos.

La pertenecia de la Defensoría del Pueblo a la Función de Transparencia y Control Social se inició una vez que entra en vigencia la Constitución de la República, aprobada por referendum de 20 de octubre de 2008.

La primera auto convocatoria realizada el 14 de abril de 2008, tuvo como fin establecer los primeros meca-nismos para al organización de esta Función a través de la denominada Instancia de Coordinación de la FTCS. En esta primera reunión, los titulares de la Defensoría del Pueblo, Contraloría General del Estado, Su-perintendencia de Bancos y Seguros, Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Telecomunica-ciones y Consejo de Participación Ciudadana de Transición, eligieron las primeras dignidades de la Función recayendo la Presidencia en Julián Guamán Gualli, Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y la Vicepresidencia en Fernando Gutiérrez Vera, Defensor del Pueblo.

Este periodo que se extendió hasta el 15 de septiembre de 2009, fue marcada por los primeros pasos de or-ganización, se dictó el Reglamento para el Funcionamiento de la Instancia de Coordinación de la Función de Transparencia, se suscribió un convenio marco de cooperación y coordinación entre las entidades que conforman la misma y se constituyó un equipo interinstitucional encargado de trabajar en la matriz de las líneas de acción de la Función que fue aprobado bajo el nombre de “Plan de Acción de Coordinación de la FTCS”, junio de 2008. Adicionalmente, se dieron los primeros pasos para visibilizar a la Función a través del establecimiento de un sitio web, a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y la aprobación de un logotipo.

En esta primera etapa, los miembros de Instancia de Coordinación discutieron y aprobaron los proyectos que han sido el eje de acción, entre los que se cuentan el proceso de capacitación para funcionarios y funcionarias de la FTCS, el establecimiento del número corto de la Función de Transparencia y Control Social; y la aprobación del proyecto de armonización normativa de las entidades que conforman la Función.


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Se realizó un primer intento de formular la Política de Rendición de Cuentas, sin embargo, el proyecto pre-sentado por el Consejo de Participación Ciudadana, no fue aprobado por el pleno de la FTCS.

En sesión de 15 de septiembre de 2009, y una vez que el Consejo de Participación Ciudadana cumplió el tiempo de funciones previsto en el Régimen de Transición de la Constitución de la República, la Instancia de Coordinación se reunió para elegir las primeras dignidades definitivas de la Función, cargos que recayeron en Fernando Gutiérrez Vera, Defensor del Pueblo, para la Presidencia y Gloria Sabando García, Superintend-enta de Bancos y Seguros, para la Vicepresidencia de la Función. El señor Presidente de la FTCS, nombró a Francisco Bonilla Soria, funcionario de la Defensoría del Pueblo como Secretario General de la Función y por tanto, como responsable de la Coordinación con la Función de Transparencia y Control Social en cumplim-iento de las disposiciones constantes en el Reglamento de Funcionamiento de la Instancia de Coordinación.

La creciente actividad de la Función demandó la creación de equipos interinstitucionales de trabajo que permitan desarrollar los temas que se identificaron como prioridades de acción de la Función. En tal sentido, la Instancia de Coordinación resolvió integrar de manera formal e igualitaria las comisiones de:

• Capacitación,

• Planificación,

• Rendición de Cuentas,

• Jurídica, y

• Comunicación

Adicionalmente, se mantuvo un equipo técnico especial a cargo de la Superintendencia de Telecomuni-caciones, con la misión de llevar adelante las acciones para el establecimiento del denominado número corto de la Función, servicio con el que se espera tener un mecanismo común de recepción de denuncias y peticiones por parte de la ciudadanía.

Con estas decisiones, la Instancia de Coordinación estableció la primera forma de estructura funcional propia de la FTCS que se encargaría del trabajo en los proyectos y actividades en las diferentes áreas señaladas, a fin de materializar la ejecución de sus resoluciones.

Uno de los aprendizajes más importantes, fruto del establecimiento de este mecanismo de trabajo, fue la conformación de equipos interinstitucionales de alto nivel técnico, que respondieron a los requerimientos realizados desde la Instancia de Coordinación. La diferencia de roles de cada Institución, jamás constituyó un obstáculo para generar espacios de trabajo donde se privilegió una estructura participativa y demo-crática en la que las opiniones de cada Institución, expresadas a través de los respectivos delegados y delegadas, fueron sumadas para la generación de consensos que quedan plasmados como “ACUERDOS” en los respectivos documentos de trabajo elaborados. La actividad de las Comisiones se convirtió en una fuente de insumos para la discusión y decisiones de la Instancia de Coordinación.

El camino recorrido hasta la presente fecha ha permitido a la Instancia de Coordinación llegar a impor-tantes decisiones. Sin embargo, ha permitido también identificar dificultades y cuellos de botella propios de inicio de una actividad inédita dentro de la organización estatal, que agrupa a seis instituciones, que si bien tienen en común actividades de control, sus prácticas y tradiciones son diferentes.

Dentro de ese marco general, la Función de Transparencia y Control Social ha emprendido las siguientes acciones:


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CAPACITACIÓN:

Una de las primeras tareas de la Instancia de Coordinación presidida por Fernando Gutiérrez Vera, fue eje-cutar el proceso de capacitación a las funcionarias y funcionarios de las entidades que conforman la FTCS, para que este numeroso recurso humano, a nivel nacional, reconozca y unifique criterios respecto de los objetivos, mandatos y funciones que le corresponderían cumplir a cada una de las entidades que confor-man la FTCS.

El proyecto de capacitación, en su primera fase, constó de tres módulos temáticos presentados por capaci-tadores y capacitadoras de las propias entidades de la Función y se repitió en nueve eventos desarrollados en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, con una asistencia promedio de 90 personas por jornada. El eje temático fue la “Ética Pública, Participación Ciudadana y Transparencia en la Gestión Pública” con una malla curricular que se dictó en jornadas de dos días cada una y en las que se impartieron conferencias teóricas, talleres de trabajo, actividades de interacción Institucional y profundización del conocimiento de los roles que le competen a cada entidad dentro de la FTCS.

Esta primera fase también contempló la formulación de compromisos institucionales que se materializaron en innumerables eventos multiplicadores liderados por cada una de las instituciones de la Función, de modo que se amplió el conocimiento social de lo que es la FTCS.

Esta exitosa primera fase de capacitación dio lugar a la propuesta de ejecución de una segunda etapa para ser desarrollada para el 2010. En sesión de 26 de enero de 2010 la Comisión Técnica respectiva pre-sentó dicha propuesta con base en los siguientes objetivos:

1. Posicionar a la Función en sus ámbitos, competencias y plan de acción en la sociedad y ante los mismos servidores públicos.

2. Conformar equipos técnicos interinstitucionales, especializados en procesos de transparencia, rendición de cuentas de gestión pública y la promoción de la participación ciudadana.

3. Apoyar la ejecución de procesos de rendición de cuentas

Con ello se espera:

• Permitir al personal, a los servidores públicos y a la ciudadanía involucrarse con las actividades de la Función y de modo especial con el Plan Nacional Anticorrupción de la Función.

• Obtener una interacción permanente con la ciudadanía.

• Posicionar a la Función con una propuesta de capacitación en los temas de gestión pública transparente, participación ciudadana y control social.

• Especialización de al menos 72 servidores de las instituciones que conforman la Función de Transparencia y Control Social en procesos de rendición de cuentas, participación ciudadana y transparencia en la gestión pública.

Este plan de trabajo, aprobado por los titulares de la Función, ha tenido que esperar para su ejecución por dos motivos: El primero, se relaciona con la decisión de la Instancia de Coordinación de que los procesos de capacitación giren en torno a la temática y contenidos del Documento de Articulación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción de la Función, documento en respuesta al mandato del artículo 205 numeral tercero de la Constitución, preparado por la Comisión Técnica de Rendición de Cuentas y aprobado por la Instancia de Coordinación, en marzo de 2010. Sin embargo, no ha podido ser aplicado por las espe-cialísimas circunstancias provocadas por el período de transición que vive el país, puesto que el Consejo de Participación Ciudadana a través de su Presidenta, solicitó un espacio de tiempo para que los nuevos


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vocales de este entidad se familiaricen con el documento y puedan sugerir cambios. Este pedido, que fue aceptado por la Instancia de Coordinación, implicó que sólo a partir del mes de septiembre del 2010 se cuente con un Documento de Articulación del Plan de Prevención y Combate de la Corrupción definitivo, consensuado por todas las instituciones de la Función y, por tanto, autorizando los contenido que deben ser materia de los procesos de capacitación pendientes.

El otro elemento que limitó el seguimiento del proceso de capacitación se relaciona con la falta de presu-puesto; pues, si bien los gastos operativos de los proyectos han sido costeados con fondos de las distintas instituciones de la Función en partes iguales, esta propuesta demandaba una inversión de USD 120.000,00 monto con el que no contaba la naciente Función del Estado.

Esta situación abrió el debate sobre la necesidad de contar con un presupuesto y estructura organizativa propias de la Función, tema sobre el que, lamentablemente, hasta la presente fecha no han existido acuer-dos, pese a que la Comisión Jurídica, de Planificación y la Presidencia de la Función han presentado proyec-tos que serán detallados en los apartados correspondientes.

PLANIFICACIÓN

Esta Comisión se conformó con el objetivo presentar propuestas de organización y financiamiento de la Fun-ción, en octubre de 2009. Este grupo de trabajo, integrado por técnicos de planificación de las entidades de la FTCS, orientó su actividad al establecimiento de “productos, servicios y procesos”, con base a las dis-posiciones de los artículos 204, 205 y 206 de la Constitución.

Según la metodología de planificación se buscaba definir una cadena de valor, como paso previo al esta-blecimiento de una estructura necesaria para operativizar el funcionamiento de la FTCS.

Con base a la definición de cuatro objetivos estratégicos dictados por la Constitución de la República ori-entados a promover e impulsar el control de las entidades y organismos del sector público y organismos privados que presten servicios o desarrollen actividades de interés público, fomentar e incentivar la partici-pación ciudadana, proteger el ejercicio y cumplimiento de los derechos y prevenir y combatir la corrupción, se definieron seis proyectos:

• Numero corto 159

• Articulación del Plan Nacional Anticorrupción

• Generación de Indicadores de Transparencia y Control Social

• Realización de Estudios de Formulación de Políticas Publicas

• Posicionamiento de la Función

• Capacitación

Estos proyectos y la propuesta de una estructura orgánica que contemplaba la creación de una instancia de administración permanente e instancias de ejecución de proyectos y apoyo administrativo-financiero fueron los elementos que fundamentaron la preparación de una propuesta de proforma presupuestaria cuya presentación no prosperó por las objeciones surgidas en el Ministerio de Economía respecto a que la Función no contaba con una Ley que la regule ni con un órgano que pueda ser el ejecutor presupuestario.

Ante la “Inviabilidad práctica” de esta propuesta la Instancia de Coordinación encargó a la Comisión el rediseño de la estructura de Planificación de la Función; la Comisión entonces redefinió la estructura de procesos buscando mecanismos de operatividad más livianos. Así surgió una segunda propuesta que con-templaba los siguientes niveles:


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1- Titulares generadores de los lineamientos del manejo operativo de la Función;

2- Secretaria General como Instancia de seguimiento;

3- Estamento de administración y gestión de proyectos que sería la parte operativa de la Fun-ción apoyada con elementos de tecnología de información.

En cuanto al financiamiento de los proyectos, la Comisión recomendó definir la asignación de recursos fi-nancieros a cada proyecto, en base a reformas presupuestarias de las entidades que conforman la Función, asignando liderazgos de proyectos a cada Institución. Una segunda propuesta se fundamentaba en la posi-bilidad de contar con un Presupuesto propio por vía de asignación o a través de la gestión de cooperación.

Esta segunda propuesta tampoco fue aceptada al interno de la Función, aduciendo los siguientes motivos:

1. La Función de Transparencia y Control Social tendría como actividad la coordinación y no la ejecución,

2. Pensar en la posibilidad de mantener un Secretario General en un nivel de gobierno, no sería recomendable.

3. La Presidencia de la Función, según el Reglamento Interno, rota cada año, esto supone la permanente rotación del equipo de trabajo.

4. No sería deseable la creación de espacios burocráticos.

5. Los titulares de cada Institución son los únicos representantes de esta Función.

6. Los proyectos deberían estar sustentados por estudios técnicos previos.

Al existir discrepancias de fondo, la propuesta no fue aceptada. Sin embargo, subsisten hasta la presente fecha las dificultades producto de la carencia de recursos que le permitan a la Función trabajar sin tener que depender de la buena voluntad de cooperación de las diferentes Instituciones que la conforman.

En tales circunstancias, la Instancia de Coordinación solicitó al Contralor del Estado presentar una propuesta donde pueda definir con base a una fuerte argumentación jurídica, cual sería un camino definitivo que le permita la FTCS contar con un presupuesto propio. Al respecto, se generó la sugerencia contenida en el oficio DJDJ-2307, de 12 de julio de 2010, que propone:

“…Me refiero al oficio número 035-10-FTCS de 2 de junio del corriente año, en el que, en su cali-dad de Presidente de la Función de Transparencia y Control Social solicita “... la elaboración de un texto de consulta común que contemple los supuestos técnicos y legales, que viabilicen un mecanismo para que las entidades que conforman la Función, puedan destinar recursos de sus presupuestos para financiar las actividades aprobadas por la Instancia de Coordinación”.

Al respecto le manifiesto:

Según o solicitado, todas y cada una de las instituciones que integran la Función de Transpa-rencia y Control Social, destinarían recursos de sus presupuestos institucionales, para financiar las actividades de la Instancia de Coordinación.

En la parte operativa de presupuesto y tesorería, dicha asignación de recursos sería viable me-diante las respectivas “trasferencias”, para lo cual cada una de las entidades involucradas re-alizaría las reformas presupuestarias pertinentes en sus presupuestos, en coordinación y con la aprobación del Ministerio de Finanzas.


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En contrapartida, debería establecerse la entidad que recibiría y administraría tales recursos.

Los titulares de las instituciones integrantes de la Función de Transparencia y Control Social, expi-dieron el “Reglamento Interno de Integración y Funcionamiento de la Instancia de Coordinación de la Función de Transparencia y Control Social”, en cuyo artículo 5 se norma lo referente a la “Secretaría General” de dicha Función, a cargo “... de un funcionario de la entidad integrante cuyo titular haya sido elegido Presidente de la Función...”.

La referida Secretaría General y, por tanto, el funcionario a cargo de la misma, no podrían ser los destinatarios ni los administradores de los recursos provenientes de las transferencias antes mencionadas, por cuanto no son ente contable, ni dispondrían de los mecanismos legales y administrativos (como por ejemplo, las cuentas rotativas de ingresos y pagos, o la estructuración de os sistemas de presupuesto, contabilidad y tesorería) para el manejo y administración de tales recursos, ni estos recursos podrían ser considerados como un simple “fondo a rendir cuentas”.

Además, la particularidad de que la Presidencia de la Función dure un año y sea rotativa (según lo previsto en el literal a) del artículo 2 del mencionado Reglamento), implica que la Secretaría General también sea rotativa, lo cual significa que tras cada elección de Presidente de la Fun-ción, deba realizarse el cambio de funcionario a cargo de la Secretaría General, con las refor-mas presupuestarias que ello conlleva.

Por otra parte, tal alternabilidad no favorece la planificación de actividades a mediano y largo plazo, lo que impediría una oportuna y técnica planificación y ejecución presupuestaria.

Una posible alternativa para la recepción y manejo de los recursos aportados por cada una de las instituciones que integran la Función de Transparencia y Control Social, sería que tales recursos, vía transferencia, sean asignados a la entidad a la que pertenece el Presidente de la Función, para que ésta los maneje como un programa separado del presupuesto institucional.

Sin embargo, respecto de esta opción pueden oponerse los mismos cuestionamientos originados por la alternabilidad de la Presidencia de la Función, y por tanto, de la Secretaría General.

Por las razones antes señaladas, que impedirían formular el documento por usted solicitado, me permito formular la siguiente propuesta:

El primer inciso del artículo 206 de la Constitución de la República establece que “Los titulares de las entidades de la Función de Transparencia y Control Social conformarán una Instancia de coordinación...”.

La transcrita norma constitucional no se refiere a la coordinación de acciones a la que están ob-ligadas las instituciones del Estado, sus organismos y dependencias para el cumplimiento de sus fines y para hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución, conforme lo previsto en el artículo 226 ibídem.

Se refiere a que los titulares de la función de Transparencia y Control Social, “conformarán”, esto es, darán forma, establecerán, crearán, una instancia de coordinación; debiendo entenderse el término “instancia” en el sentido de institución u organismo.

En el contexto señalado, por disposición constitucional, corresponde a los titulares de la Función de Transparencia y Control Social, crear un órgano de la Función distinto de aquellos que lo inte-gran, para ejercer las atribuciones y deberes que el mismo artículo 206 establece.

Este nuevo organismo o dependencia de la Función de Transparencia y Control Social, con fun-ciones específicas previstas en la Constitución, integraría el sector público, al tenor de lo previsto en el numeral 1 del artículo 225 de la Constitución, y debería estar dotado de la correspondiente


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asignación presupuestaria constante en el Presupuesto General del Estado, conforme lo esta-blecido en el artículo 292 de la Constitución, lo cual, además, evitaría afectar los presupuestos propios de las entidades que integran la Función de Transparencia y Control Social.

Para estos fines, uno de los mecanismos legales a utilizarse para su creación, podría ser la reforma antes mencionada “Reglamento Interno de Integración y Funcionamiento de la Instancia de Coordinación de la Función de Transparencia y Control Social”, órgano que podría denominarse “Secretaría Técnica de Coordinación de la Función de Transparencia y Control Social”, dirigida por un Secretario Técnico designado por los representantes de las entidades que integran la Fun-ción, de una terna presentada por su Presidente, por un período de cinco años.

Dicha Secretaría Técnica, a más de las funciones inherentes a la misma, se encargaría de pre-parar los proyectos que viabilicen el cumplimiento de las atribuciones y deberes que a la Ins-tancia de coordinación le asigna el artículo 206 de la Constitución de la República, así como de asegurar el cumplimiento de las resoluciones adoptadas por la Instancia. Adicionalmente, tendría atribuciones para regular el funcionamiento administrativo financiero, tales como la for-mulación del proyecto de presupuesto de la Instancia, designación de personal, etc.

Considero procedente que la propuesta antes manifestada sea conocida por la Función de Transparencia y Control Social reunida en pleno...”

RENDICIÓN DE CUENTAS

El cumplimiento del mandato constitucional contenido en el numeral 3 del artículo 206, respecto de articular la formulación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, requiere de un proceso preliminar, enfo-cado a la creación de un contexto que permita la operatividad de las políticas de Estado, cuya directriz ha sido encomendada a la Función de Transparencia y Control Social.

Es por ello que la Instancia de Coordinación de la Función tomó la decisión de conformar la Comisión Téc-nica de Rendición de cuentas de la Función, que recibió el encargo de diseñar una metodología orientada a la generación del Subsistema de Prevención y Lucha Contra la Corrupción, como parte del Sistema Na-cional de Transparencia y Control Social, mismo que a partir de una visión integral y sistémica se convertiría en el marco de desarrollo de las atribuciones de la Función, del cumplimiento de su rol en la construcción del Estado participativo; así como, de la articulación de los esfuerzos - hoy dispersos- de los diversos actores relacionados con la transparencia y el control de lo público.

La necesidad de la existencia de un subsistema nacional previo a la formulación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, responde a la premisa básica de que la planeación debe responder a un diseño que garantice el desarrollo de acciones en un marco conceptual, estructural y programático, que genere instru-mentos para una integral y eficiente implementación, evaluación y retroalimentación de políticas, planes y acciones.

ANTECEDENTES

Al ser el combate a la corrupción un deber constitucional de la Función de Transparencia y Control Social, la Instancia de Coordinación, espacio de máxima decisión de la FTCS, aprobó la creación de varias comi-siones técnicas; una de ellas, la Comisión de Construcción de la Política Pública de Rendición de Cuentas, recibió el encargo de elaborar una propuesta de articulación del Plan Nacional de Lucha Contra la Cor-rupción1. Ante este pedido, se integró la Comisión con la participación de delegados de las entidades que conforman la Función.

1 Reunión de trabajo de 23 de diciembre de 2009.


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El proceso dio inicio a finales de diciembre del 2009 y culminó en el mes de agosto de 2010, entregando como producto final el documento que se sometió a consideración de la Instancia de Coordinación de la FTCS2, siendo aprobado por este organismo colegiado en sesión de 1 de septiembre del 2010.

BASE JURÍDICA CONSTITUCIONAL DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

El Ecuador, conforme lo establece el Art. 1 de su Constitución, es un Estado constitucional de derechos y justicia, cuyo modelo jurídico político establece cinco funciones: Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.

A través de un estado participativo, la Norma Suprema en su Título IV referido a la Participación y Organiza-ción del Poder, establece como principio fundamental, que el pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano.

En el marco constitucional, corresponde a la Función de Transparencia y Control Social, a través de la Instan-cia de Coordinación, articular la formulación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, responsa-bilidad que involucra a todos los actores públicos y privados, ciudadanos, organizaciones sociales y demás formas de organización ciudadana.

Las normas constitucionales que otorgan competencias a la Función de Transparencia y Control Social y a sus entidades integradas, a través de la Instancia de Coordinación, son los artículos 204 y 206.

El artículo 204 dispone que:

• El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho constitucional a la participación.

• La Función de Transparencia y Control Social:

• Promoverá e impulsará el control de las entidades y organismos del sector público, y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público, para que los realicen con responsabilidad, transparencia y equidad;

> Fomentará e incentivará la participación ciudadana;

> Protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos; y,

> Prevendrá y combatirá la corrupción.

• La Función de Transparencia y Control Social está conformada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las Superintendencias de Bancos y Seguros, Compañías y Telecomunicaciones, así como las demás superintendencias que se creen.

De la misma manera, el artículo 206 de la Constitución de la República dispone que los titulares de las enti-dades que integran la FTCS conformarán una Instancia de Coordinación, la misma que tiene las siguientes atribuciones:

2 Integrada a inicios del 2010, por los titulares de las instituciones que conforman la Función: Dr. Fernando Gutiérrez, Defensor del Pueblo y Presidente de la FTCS; Dr. Carlos Pólit, Contralor General del Estado; Ing. Gloria Sabando, Superintendenta de Bancos y Seguros; Ing. Fabián Jaramillo, Superintendente de Telecomunicaciones; Dr. Pedro Solines, Superintendente de Compañías; y, el Dr. Fernando Cedeño, Presidente (encargado), Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.


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• Formular políticas públicas de transparencia, control, rendición de cuentas, promoción de la participación ciudadana y prevención y lucha contra la corrupción;

• Coordinar el plan de acción de las entidades de la Función, sin afectar su autonomía;

• Articular la formulación del plan nacional de lucha contra la corrupción;

• Presentar a la Asamblea Nacional propuestas de reformas legales en el ámbito de sus compe-tencias; e,

• Informar anualmente a la Asamblea Nacional de las actividades relativas al cumplimiento de sus funciones, o cuando esta lo requiera.

ROLES FUNDAMENTALES DE LA FTCS

Sobre la base de las normas constitucionales que anteceden, los roles fundamentales de esta nueva Función del Estado son:

• Contribuir a la participación democrática en la gestión de lo público

• Control sobre la gestión de lo público que incluye tanto el control institucional como el control social.

• Fortalecimiento de la institucionalidad pública

• Proteger el ejercicio y cumplimiento de derechos, que incluye su defensa, protección, respeto y coadyuvar a su pleno ejercicio.

BASE JURIDICA PARA LA TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL:

Constitución de la República:

a. Artículo 1: Estado constitucional de derechos y justicia.

b. Artículo 3: deberes primordiales del Estado.

c. Artículo 11: principios para el ejercicio de los derechos.

d. Artículos 18 y 91: derecho de acceso a la información y acción de acceso a la información pública, respectivamente.

e. Art. 61: Derechos de participación

f. Artículo 66 numeral 13: derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria.

g. Artículo 82: derecho a la seguridad jurídica.

h. Art. 83: deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos.

i. Artículo 85, que incluye entre las garantías constitucionales a la participación ciudadana, es-


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tableciendo que se garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y nacio-nalidades, en la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos.

j. Título IV Participación y Organización del Poder, Capítulos Primero y Quinto, relativos a la Par-ticipación en democracia y a la Función de Transparencia y Control Social y sus entidades inte-grantes.

k. Artículos 207 y 208 que tratan del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) como organismo promotor e incentivador del ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana y del impulso del control social, en los asuntos de interés público; y con-sagran sus deberes y atribuciones.

l. Artículo 278:, deberes de las personas, colectividades y sus diversas formas organizativas para la consecución del buen vivir. 098263679

Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana:

Que regula la organización, funcionamiento y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Con-trol Social, organismo encargado de la promoción al ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana y al establecimiento e impulso de los mecanismos de control social

Ley Orgánica de Participación Ciudadana

Cuyo objeto es propiciar, fomentar y garantizar el ejercicio de los derechos de participación ciudadana; la organización colectiva autónoma y la vigencia de las formas de gestión pública con el concurso de la ciudadanía; instituir instancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos de deliberación pública entre el Estado y la sociedad, para el seguimiento de las políticas públicas y la prestación de servicios públicos; for-talecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; así como sentar las bases para el funcionamiento de la democracia participativa, iniciativas de rendición de cuentas y control social.

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública:

Esta ley en su conjunto promueve el ejercicio del derecho ciudadano al acceso a la información pública y establecimiento de mecanismos para transparentar la gestión de lo público.

Normativa Internacional:

a. Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, suscrita en el 2003 y ratificada por el Ecuador en el 2005;

b. Convención Interamericana Contra la Corrupción, suscrita en 1996 y ratificada por el Ecuador en 1997; y,

c. Plan Andino de Lucha Contra la Corrupción, constante en la Decisión 668 de la Comunidad Andina de Naciones.

d. Otros instrumentos internacionales en la materia


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MARCO CONCEPTUAL DEL PLAN NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

De acuerdo con el mandato constitucional, que le da a la Función de Transparencia y Control Social la atribución para prevenir y combatir la corrupción y la competencia para articular la formulación del Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción, se proponen los conceptos básicos a partir de los cuales se articu-lará la propuesta de dicho Plan. Estos son: buen vivir, democracia participativa, política pública, misión de la Función de Transparencia y Control Social, sistema nacional de transparencia y control social, plan nacional de lucha contra la corrupción, agendas institucionales concertadas, corrupción y rendición de cuentas.

a) Buen vivir:

De acuerdo con lo prescrito en la Constitución de la República, el Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013, propone una visión del mismo como aquella que:

“… amplía los derechos, libertades, oportunidades y potencialidades de los seres humanos, comunidades, pueblos y nacionalidades, y que garantiza el reconocimiento de las diversidades para alcanzar un porve-nir compartido. Esto implica una ruptura conceptual que se orienta por éticas y principios que marcan el camino hacia la construcción de una sociedad justa, libre y democrática”.4

En este contexto, el Buen Vivir se construiría sobre la base de:

• Una mirada que recupera la identidad histórica, la visión del mundo y de su desarrollo; y,

• La generación de un esquema de convivencia armónico, incluyente y solidario.

Para:

• Promover el desarrollo equitativo, solidario y sustentable;

• Redistribuir de forma equitativa y responsable los recursos y la riqueza;

• Proteger el patrimonio natural y cultural del país; y,

• Promover una cultura de paz, seguridad integral, democracia y una sociedad libre de co-rrupción.

b) La democracia participativa

En armonía con la Constitución de la República y de acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional del Buen Vivir, la democracia participativa parte del principio de la igualdad política de los ciudadanos en la produc-ción de las decisiones públicas que afectan la vida común y supone el mutuo reconocimiento entre indi-viduos, todo lo cual es incompatible con estructuras sociales que involucran niveles flagrantes de exclusión y desigualdad.

“La gobernanza participativa entraña la presencia de una ciudadanía activa y de fuertes movimientos so-ciales que trabajen en redes abiertas con los agentes estatales, en cuestiones locales y en temas nacionales y la institucionalización de múltiples dispositivos participativos, a fin de que aquellos ganen en capacidad de influencia y control sobre las decisiones políticas”5.


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c) Articulación

Es la propuesta conceptual, metodológica, de políticas y lineamientos estratégicos para la Construcción del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, a partir de la construcción del Subsistema de Prevención y Lucha contra la Corrupción.

d) Política Pública

A la Función de Transparencia y Control Social le corresponde dictar las políticas públicas de transparencia, control, rendición de cuentas, promoción de la participación ciudadana y prevención y lucha contra la corrupción.

En tal contexto dichas políticas públicas constituirán una respuesta construida participativamente, que el Estado implementa como estrategia ante la necesidad social de prevenir y combatir la corrupción, con el fin de contribuir a alcanzar el régimen del buen vivir bajo principios, objetivos y metas precisas.

e) Sistema Nacional de Transparencia y Control Social

Se concibe un enfoque de sistema en el marco del cumplimiento del rol de la FTCS orientado a la construc-ción del estado participativo previsto en la Constitución y a una democracia que integre nuevos elementos en la gestión de lo público para contribuir al buen vivir, desde la corresponsabilidad de todos los actores involucrados, sus ámbitos y competencias.

La Función de Transparencia y Control Social contribuye a la construcción del Estado participativo y a la realización de sus fines, a través de la formulación de las políticas públicas en los ámbitos atribuidos en la Constitución en materia de transparencia, control, rendición de cuentas, promoción de la participación ciudadana y prevención y lucha contra la corrupción.

En este contexto, la Función propone la construcción del Sistema Nacional de Transparencia y Control So-cial, como el conjunto de normas, actores institucionales y sociales, públicos y privados, de forma individual o colectiva; que permiten una debida coordinación para articular los programas, acciones, mecanismos y medidas. Por ello, sobre la base de lo previsto en el Art. 204 de la Constitución de la República, este sistema lo conforman los siguientes subsistemas:

• Prevención y Lucha contra la corrupción

• Control desde las instituciones y la ciudadanía

• Protección de derechos

• Participación ciudadana

e) Subsistema de Prevención y Lucha contra la corrupción

Para cumplir con el mandato constitucional de formulación del Plan Nacional de Lucha contra la Co-rrupción, en el marco del Sistema Nacional de Transparencia y Control Social, se iniciará con el desarrollo del Subsistema de Prevención y Lucha contra la corrupción, a través del cual se articularán las políticas que le corresponde formular a la FTCS con enfoque anticorrupción, respondiendo a una visión sistémica.

f) Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción

Es el conjunto de contenidos programáticos, estrategias, procedimientos, actividades y recursos, que per-miten implementar la consecución de los objetivos de prevención y combate contra la corrupción, cons-truido y priorizado a partir de los aportes, deliberación y consensos de los diversos actores involucrados.


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g) Agendas Institucionales Concertadas

Para la articulación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, cada actor relacionado con el tema, elaborará sus programas, proyectos y acciones en el marco de las políticas y lineamientos estratégicos for-mulados por la Función de Transparencia y Control Social.

h) Corrupción

De acuerdo al mandato constitucional, le compete a la Función de Transparencia y Control Social, prevenir y combatir la corrupción, para lo cual, se entiende por corrupción a la acción ilícita o ilegítima encubierta y deliberada de servidores públicos o personas privadas para favorecer intereses particulares, realizada vía cualquier medio o cuota de poder en espacios normativos institucionalizados y estructurados, afectando a intereses públicos, de sujetos colectivos, individuales y a la ética.

i) Rendición de cuentas

La rendición de cuentas, según la disposición del artículo 83, numeral 11, de la Constitución de la República, se plantea como una responsabilidad al establecer que la función pública es un servicio a la colectividad que demanda la rendición de cuentas a la sociedad y a la autoridad de acuerdo con la Ley.

Por tanto, la Rendición de Cuentas se entenderá como el conjunto de elementos funcionales que se sus-tenta en la interlocución Estado – ciudadanía y entre instituciones del Estado, en el que las autoridades y los administradores de lo público exponen y someten al análisis de la sociedad la información relativa a su gestión, al manejo de los recursos que la sociedad les confía, a los criterios que sustentan sus decisiones y a la conducta de sus servidores.

j) Ética pública

Propende a la construcción de un conjunto de principios que orientan la gestión de lo público con funda-mento en la primacía del interés general sobre el interés particular. Es la aplicación de la ética en la gestión de lo público.

k) Gestión de lo público

La que realiza directamente el Estado, la compartida con las organizaciones sociales o el sector privado o la gestionada directamente por éstos, en asuntos de interés público.

l) Participación ciudadana

Es el involucramiento de la sociedad de forma individual o colectiva, en la construcción de los asuntos de interés público. Es un derecho que corresponsabiliza al Estado y a la sociedad en los efectos de la interven-ción mutua en el ámbito de lo público.

m) Control social

Es el derecho y el deber que se sustenta en la participación ciudadana y su objetivo es controlar la gestión de lo público. Es la acción que ejerce la sociedad, de forma individual o colectiva, para evaluar, monitorear o dar seguimiento a los asuntos de interés público.

n) Institucionalidad pública

Se refiere al conjunto de instituciones, normas y relaciones Estado - Sociedad, que de forma dinámica se orientan hacia el cumplimiento de los objetivos sociales sobre la base de la credibilidad y la confianza.


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METODOLOGÍA PARA LA ARTICULACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

El proceso de articulación del Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción se fundamenta en los siguientes elementos para la discusión participativa:

1.- Principios

1.1. Autonomía

En el proceso de articulación para la conformación del Sistema Nacional de Transparencia y Control Social, donde se respetará la autonomía en el ejercicio de los deberes, atribuciones o actividades que correspon-dan al ámbito de acción de todos los actores involucrados en el mismo, de conformidad con el ordenami-ento jurídico.

1.2. Transparencia: Entendida como la visibilización del proceso de la gestión de lo público que debe cum-plirse en la relación entre los distintos actores involucrados, como un mecanismo de control del poder y de legitimidad democrática. Además, como un estado situacional que favorece una gestión eficaz, eficiente y equitativa.

1.3. Interés público: representa el bien público, el interés general.

1.4. Equidad: a través de la cual se garantiza el acceso y distribución de los recursos en la construcción del Sistema de Transparencia y Control Social, dando el mismo trato y oportunidades a los diferentes actores, reconociendo sus características, condiciones y diversidad.

1.5. Inclusión: Busca la integración de manera apropiada de todas las formas de acción, prácticas y con-cepciones del mundo, de aquellos grupos que sufren desventajas frente a otros grupos sociales.

1.10. Independencia: actuación sin presiones o influencias de poderes públicos u otros factores que afecten la credibilidad y confianza.

1.11. Oportunidad: es la conveniencia en razón del tiempo y el lugar, que en una coyuntura determinada demanda acciones de coordinación con la finalidad de cumplir los objetivos y estrategias, cuyo fin es la conformación del Sistema Nacional de Transparencia y Control Social.

2) Criterios de articulación del plan

Para la articulación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, se proponen los siguientes elementos para la discusión participativa:

2.1. Sistémico.- El plan debe ser concebido como un instrumento integrador que relacione tanto las causas como las vías de solución al problema de la corrupción en el Ecuador, considerando lineamientos generales del plan, su objetivo general, sus objetivos específicos, así como sus estrategias, desde una perspectiva holís-tica en donde lo importante sean las relaciones entre sus componentes.

2.2. Complementario.- Implica la cooperación para alcanzar fines comunes, evitando superposiciones. Debe promover la participación coordinada de todas las instancias públicas y la sociedad en general, para el tratamiento de la corrupción de forma integral en todos los ámbitos; lo que permite potencializar los es-fuerzos, recursos y maximizar los impactos generados por la aplicación del Plan.

2.3. Integralidad.- Conjuga todos los elementos relacionados con la transparencia y control social para el combate y prevención de la corrupción, en función del contexto actual a nivel local, regional, nacional y global.


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2.4. Corresponsabilidad Social.- Debe definir los roles y funciones de las diferentes instancias, así como de la ciudadanía, empresa privada y la sociedad en general; lo cual permitirá que se asuman compromisos frente al tema de la corrupción.

Los poderes públicos, los administradores de lo público y los ciudadanos/as, individualmente o agrupados en colectivos contribuyen al bien común o interés general de la sociedad, desde la correlación existente entre garantías, derechos y deberes para el fortalecimiento de la democracia participativa.

2.5. Sustentable.- Se han de generar mecanismos que garanticen la efectiva elaboración, implementación, seguimiento y retroalimentación del Plan, partiendo del análisis oportuno y pertinente de las condiciones necesarias para su adecuada gestión.

2.6. Sostenible.- Significa incrementar las posibilidades de los actores sociales e institucionales para influir en la construcción de lo público en el tiempo, meta que puede alcanzarse reforzando sus capacidades.

2.7. Preventivo.- Se deben fortalecer los mecanismos y propuestas hacia la prevención de la corrupción.

2.8. Democratización de la gestión de lo público.- La construcción del Subsistema de Prevención y Lucha contra la Corrupción se contextualiza en el fortale-cimiento de la democracia para la gestión de lo público.

2.9. Deliberación Pública.- Como procedimiento sustancial en la construcción de consensos sociales.

3. Lineamientos básicos para la articulación

Con el objetivo de articular los esfuerzos institucionales en la lucha contra la corrupción en el Ecuador, la FTCS plantea una propuesta que parte de entender a la prevención y lucha contra la corrupción desde el sistema que lo configura.

Para ello, define lineamientos básicos a partir de los cuales convocará a actores institucionales y sociales a debatir y analizar los problemas y avances del país con relación al tema, desde sus ámbitos, a fin de consen-suar y articular el Plan Nacional de Lucha contra Corrupción.

En este contexto, los lineamientos básicos propuestos son los siguientes:

• Transparencia y acceso a la información pública.

• Control institucional y social de lo público

• Participación ciudadana en el combate y prevención a la corrupción.

• Seguridad jurídica

• Impunidad

• Gestión de lo público eficaz, eficiente y de calidad

• Ética en la gestión de lo público.

• Responsabilidad Social del Estado y demás actores sociales sobre los efectos causados en el ámbito de lo público.

OBJETIVOS


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OBJETIVO GENERAL

Conformar el Subsistema Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción, a través de la articulación de actores, objetivos y políticas, para articular el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción.

Objetivos específicos

OBJETIVO 1: CONSTRUIR PARTICIPATIVAMENTE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ARTICULACIÓN DEL SUBSISTEMA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

ESTRATEGIA 1. Coordinación interinstitucional para la articulación del Plan Nacional de Lucha contra la Co-rrupción a través del Subsistema de Prevención y Lucha contra la Corrupción

ACTIVIDADES:

a) Conformación del Equipo Interinstitucional de Ejecución de la Propuesta (FTCS)

b) Planificar actividades

c) Determinar cronogramas, responsables, sistema de monitoreo y evaluación, y elaborar el pre-supuesto

ESTRATEGIA 2. Análisis preliminar de la corrupción y su combate en el país a partir de los lineamientos básicos previstos en el apartado 3.

ACTIVIDADES:

a) Definir criterios para la recopilación de la información, su análisis y procesamiento

b) Recopilar la información y experiencias

c) Analizar y procesar la información y experiencias

d) Elaborar documentos finales (insumos para la fase de participación)

e) Aprobar documentos finales

f) Desarrollar metodologías y materiales para el proceso participativo

g) Aprobar metodologías y materiales para el proceso participativo

ESTRATEGIA 3: Definición y priorización de temas generales de forma participativa para la conformación del Subsistema de prevención y lucha contra la corrupción

ACTIVIDADES:

a) Convocar actores institucionales, ciudadanos y organizaciones sociales que comprenden comunas, comunidades, pueblos afroecuatorianos y montubios, así como nacionalidades indí-genas, centros, juntas campesinas y demás formas de organización colectiva.


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b) Construir, de forma participativa los temas generales para la conformación del Subsistema de prevención y lucha contra la corrupción

OBJETIVO 2: TRANSFORMACIÓN DE LA INFORMACIÓN

ESTRATEGIA 1: Sistematización y priorización del diálogo ciudadano (de los temas nacionales desde los ejes y de los distintos actores).

ACTIVIDADES:

a) Organización de la información

b) Sistematización de la información

c) Análisis de la información

d) Definición de la problemática nacional en base a los resultados

OBJETIVO 3: FORMULACIÓN DE POLITICAS

ESTRATEGIA 1: Formular las políticas por parte de la Instancia de Coordinación de la Función de Transparen-cia y Control Social

ACTIVIDADES:

a) Encuentro de instituciones públicas sobre la definición de la problemática nacional en base a los resultados del dialogo

b) Generar la propuesta de políticas sobre la base de los temas generales definidos y priorizados en los espacios participativos

c) Someter a consideración de la Instancia de Coordinación de la Función para su aprobación.

ESTRATEGIA 2: Socializar las políticas aprobadas

ACTIVIDADES:

a) Definir la estrategia de socialización y establecer los productos comunicacionales;

b) Aprobar la estrategia

c) Elaboración de productos comunicacionales;

d) Campaña de Comunicación

OBJETIVO 4: ARTICULACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN A PARTIR DE LA CON-FIGURACIÓN DEL SUBSISTEMA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

ESTRATEGIA 1: Conformación del Subsistema de Prevención y Lucha contra la Corrupción


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ACTIVIDADES:

a) Convocatoria a los distintos actores involucrados en el proceso

b) Articulación de compromisos, de forma participativa, sobre la base de las políticas y ejes

c) Conformación del Comité Técnico Impulsor para la articulación y ejecución del Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción (Conformación de instancias interinstitucionales de coordinación permanente)

d) Establecer una metodología para el trabajo del Comité Técnico Impulsor (Diseño de matrices para alineamiento institucional)

e) Construcción del programa de seguimiento y evaluación del Plan Nacional de lucha contra la corrupción

ESTRATEGIA 2: Construcción del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción

ACTIVIDADES:

a) Integración de planes de los distintos actores vinculados al proceso para el levantamiento del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción (Matriz)

ESTRATEGIA 3: Lanzamiento del Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción

ACTIVIDADES:

a) Definir la estrategia de socialización y establecer los productos comunicacionales

b) Aprobar la estrategia

c) Elaboración de productos comunicacionales

d) Campaña de comunicación

Esta actividad macro de la Función puede ser considerada como el mayor producto obtenido en el perío-do, participar en el proceso de elaboración ha exigido prioridad total y las funcionarias y funcionarios des-ignados para esta actividad han cumplido largas jornadas de trabajo, compartidas con las actividades habituales en sus instituciones, para construir este documento que abre las puertas a un diálogo nacional, participativo e incluyente sobre los temas de la prevención y combate de la corrupción.

La creación de este subsistema es un importante avance en la creación de políticas públicas en el país, que abarquen a los actores públicos y privados en torno a la Función de Transparencia y Control Social, que se consolidará como la autoridad nacional en la materia y podrá coordinar planes de trabajo entre todos los estamentos que cumplan mandatos anticorrupción.

ACTIVIDAD JURÍDICA

Fue cumplida a través de la Comisión Técnica Jurídica, igualmente compuesta por delegados y delegadas de todas las Instituciones de la FTCS. Su primer encargo fue realizar un proyecto de armonización jurídica que debía ser operativizado al interno de cada Institución y que perseguía el objetivo de alinear las normativas internas a las nuevas disposiciones Constitucionales que creaban el esquema de coordinación interinstituci-onal que debe mantener la Función.


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Fruto del trabajo y necesidades de las otras Comisiones Técnicas, la Comisión Jurídica abordó otros temas entre los que se cuenta el estudio de competencias entre las entidades del Estado encargadas de ejecutar roles anti corrupción. Especial interés generó la relación que la Función debía mantener con la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión, entidad del Ejecutivo que cumplía con similares roles. Cabe decir que en un principio se generó un choque de posiciones respecto del los requerimientos que realizó esta Se-cretaría a entidades de la Función, hecho que fue abordado desde la Presidencia y Vicepresidencia de la Función para realizar las respectivas aclaraciones sobre los ámbitos de acción de cada una para dejar en claro que si bien esta entidad del Ejecutivo contaba con un mandato contenido en dos decretos ejecutivos, la Función es una entidad de rango constitucional, por tanto, de superior jerarquía y de amplio espectro de acción.

Los diálogos mantenidos permitieron superar estas pequeñas dificultades y a la presente fechaexiste una excelente relación de trabajo que se ha materializado en el estudio y aceptación de la Secretaría de los contenidos del Documento de Articulación del Plan Anticorrupción de la Función, que ha sido materia de elogios y de futuros entendimientos de trabajo en conjunto que deberán concretarse una vez que la Instan-cia de Coordinación haya aprobado el documento final de Articulación.

La Comisión Jurídica dadas las crecientes necesidades operativas de la Función, preparó un conjunto de reformas al Reglamento Interno de Conformación y Funcionamiento de la Instancia de Coordinación que fundamentalmente buscaban generar una instancia de apoyo y gestión permanente, que permita un se-guimiento de las actividades encomendadas por la Instancia de Coordinación. A modo de una secretaria técnica se pretende que exista una instancia que trabaje a tiempo completo en las actividades de la Fun-ción, puesto que si bien las diferentes instituciones han colaborado de manera comprometida con el tra-bajo de la FTCS, las funcionarias y funcionarios que lo han hecho deben dividir su tiempo de trabajo con las actividades de cada entidad, lo que genera que los tiempos de trabajo se extiendan. Este proyecto dio las pautas para que la Instancia de Coordinación en miras a encarar el proceso de Institucionalización de la Función que es una urgencia, decida encargar a la Comisión Jurídica, la preparación de lo que sería la Ley Orgánica de la FTCS, que la Instancia de Coordinación la presentará una vez discutida en la Asamblea Nacional. El conocimiento y sanción de esta Ley, con certeza, permitirá que la Función pueda formalizar su actuación y pueda visibilizarse institucionalmente de mejor manera.

NUMERO CORTO

El número corto es un proyecto de la Instancia de Coordinación de la Función de Trasparencia y Control Social que tiene como objetivo la creación de un canal de comunicación, a través del cual la ciudadanía pueda realizar denuncias relativas a los temas que son materia de control por parte de las entidades que conforman la FTCS.

Así, los temas relativos a la plena vigencia de los derechos humanos, el control del uso de los recursos y bienes públicos, la denuncia de actos de corrupción, el control de los servicios que prestan las entidades bancarias y de seguros, el control de las compañías y la calidad de los servicios de telecomunicaciones po-drán denunciarse a través de un solo canal que internamente direccionará las denuncias a las respectivas entidades de la FTCS, consiguiendo con ello una atención más oportuna, pertinente y especializada.

La propuesta es que a través del número de contacto 159, la ciudadanía pueda acceder de forma gratuita a un sistema de atención, a nivel nacional, que le generará opciones temáticas de atención.Tanto desde teléfonos convencionales como móviles la atención se dirigirá a una central única que direccionará los requerimientos a la Contraloría General del Estado, la Defensoría del Pueblo, el Consejo de Participación Ciudadana y las Superintendencias de Bancos y Seguros, Compañías y Telecomunicaciones, entidades que receptarán las peticiones, las calificarán y darán el trámite legal que corresponda hasta la satisfacción del requerimiento.

Las ventajas que ofrece este sistema de marcación corta son:

• Contar con un mecanismo de acceso universal y gratuito,


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• Ofrecer un solo número de fácil memorización (159) que permitirá el acceso al derecho de petición de la ciudadanía en seis entidades del Estado,

• Las entidades que conforman la Función contarán con un canal de contacto adicional que se suma a los que actualmente ya se manejan,

• En esta primera fase, no serán necesarias modificaciones en los protocolos de atención de cada institución.

Este sistema está siendo implantado para lo cual cada entidad destinó un número telefónico institucional para la creación de la red, que se ligará al número 159. A su vez esta red contará con el apoyo de los o las responsables de los “call centers” institucionales o personal dispuesto para el efecto que serán quienes brinden la atención cuando la llamada sea activada e inicie el ciclo de atención de las denuncias. A me-diano plazo el proyecto se dirige a:

• La creación de un único centro de información de la FTCS;

• El establecimiento de una única unidad asesora, y,

• La implantación de un sistema automatizado de consultas en línea de trámites y denuncias en la FTCS.

La ejecución del proyecto está a cargo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, entidad especiali-zada que usará un número de marcación corta tipo 1XY (159). Al momento, el proyecto se encuentra en su fase de pruebas y se estima que en el corto plazo pueda estar operativo. Inmediatamente, se deberá iniciar el proyecto de socialización y posicionamiento de este nuevo servicio con el que contará la ciudadanía.

COMUNICACIÓN

La Comisión Técnica de Comunicación fue establecida con el fin de mantener un espacio que permita la visibilzación del trabajo de la Función de Transparencia y sus principales cometidos han sido los de generar insumos para la comunicación y el mantenimiento de la página web de la Función.

Con la puesta a punto del Documento de Articulación del Plan Anticorrupción de la FTCS, que será el punto focal de trabajo de la Función en el corto y mediano plazo, la Comisión reactivó su trabajo y redimensio-nado sus objetivos. Es así, que se han dado los pasos para establecer un web máster definitivo de la Función, que estará a cargo de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Como es conocido la estructura de dirección rotativa de las responsabilidades de la Función generaba una gran debilidad en los procesos de acción permanente que se manifestó de manera especial en el mantenimiento de la página web de la Función que estuvo a cargo del Consejo de Participación Ciudadana.

Con ese cometido, la Instancia de Coordinación encargó esta actividad de forma definitiva a la Superin-tendencia de Telecomunicaciones que ha propuesto el reemplazo de la página web por un portal web, que contendrá variada información sobre hechos, servicios y enlaces a los que la ciudadanía podrá acceder a través del dominio www.transparencia.gob.ec.

Otra de las actividades que ha propuesto realizar la Comisión son las Jornadas de Rendición de Cuentas de la FTCS, actividad propuesta por la Supertel a la Instancia de Coordinación y que supone la realización de eventos públicos de la Función, a través de los cuales se procura dar a conocer a la población sobre:

• “QUIENES SOMOS Y QUE HACEMOS”.

• Legitimidad al trabajo de la Función.


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• Rendición de cuentas de los titulares de las instituciones que conforman la FTCS.

Para cumplir con estos objetivos, se pretende:

• Interactuar con la gente de cosas que desconoce sobre la FTCS

• Dar a conocer que la población tiene derechos y que se puede reclamar su cumplimiento

Se espera que este proceso de presentación pública de la Función contribuya a su visibilización y a la pre-sentación de sus proyectos y actividades que no son conocidas.

Finalmente, la Comisión de Comunicación será la encargada en conjunto con las otras Comisiones Técnicas de la FTCS de preparar y diseñar los productos comunicacionales que la Función tiene previsto preparar con motivo de la Ejecución del Subsistema de Lucha Contra la Corrupción de la FTCS.

LA FTCS EN DATOS

REUNIONES DE LA INSTANCIA DE COORDINACIÓN:

• Reunión 15 de septiembre de 2009, en Defensoría del Pueblo

• Reunión 27 de agosto de 2009, en Superintendencia de Bancos

• Reunión 17 de noviembre de 2009 10H00 en la Súperintendencia de Telecomunicaciones - Cuenca

• Reunión extraordinaria 09 de diciembre de 2009 en Defensoría del Pueblo,

• Reunión 26 de enero de 2010 en SUPERTEL.

• Reunión 10 de marzo de 2010, en Superintendencia de Bancos.

• Reunión 11 de mayo de 2010, en la Defensoría del Pueblo.

• Reunión ordinaria de la Instancia de Coordinación de la FTCS, el 20 de julio de 2010, en la Su-perintendencia de Compañías en la ciudad de Guayaquil,

REUNIONES DE REPRESENTANTES DE TITULARES

• Reunión 06 de octubre de 2009

• Reunión 11 de noviembre de 2009, en la Defensoría del Pueblo.

• Reunión 24 de febrero de 2010, en en la SUPERTEL.

• Reunión 27 de abril de 2010, en la Defensoría del Pueblo

• Reunión 30 de abril de 2010, en la Defensoría del Pueblo (Equipos técnicos FTCS y Secretaría Nacional de Transparencia y Gestión)


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• Reunión de 29 de junio de 2010, en la Defensoría del Pueblo, con el fin de llevar a cabo una sesión de trabajo de la Comisión Técnica con el Consejo de Participación Ciudadana.

REUNIONES DE LA COMISIÓN DE CAPACITACIÓN:

Programa de Capacitación en Ética Pública, Participación Ciudadana y Transparencia en la Gestión Pú-blica “Ética en Acción”, Cuenca 15 y 16 de octubre de 2009, Auditorio Universidad Politécnica Salesiana.

Programa de Capacitación en Ética Pública, Participación Ciudadana y Transparencia en la Gestión Pú-blica “Etica en Acción”, 22 y 23 de octubre de 2009- Auditorio de la Superintendencia de Bancos.

Foro sobre la Función de Transparencia y Ética Ciudadana, 26 de octubre de 2009, Regional de la Contra-loría General del Estado – Portoviejo.

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN:

• Reunión 20 de octubre de 2009 – Elaboración de la Propuesta de Pro forma Presupuestaria de la FTCS.

COMISIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

• Reunión de 23 de diciembre de 2009 , en la Defensoría del Pueblo – Quito, para trabajar en la construcción de la Articulación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción.

• Reunión de trabajo el 7 y 8 de enero de 2010, en la Defensoría del Pueblo, para la discusión y diseño del Plan Anticorrupción y de Rendición de Cuentas de la FTCS.

• Reunión de trabajo 14 y 15 de enero de 2010, en la Superintendencia de Compañías, para continuar con el trabajo del Plan Nacional Anticorrupción.

• Reunión de trabajo 21 y 22 de enero de 2010, en la Superintendencia de Bancos y Seguros, para continuar con el trabajo del Plan Nacional Anticorrupción

• Reunión de trabajo a efectuarse el 28 y 29 de enero de 2010 en el CPCCS, a las 09H00, para continuar con el trabajo del Plan Nacional Anticorrupción.

• Reunión de trabajo el 4 y 5 de febrero de 2010 en la sede de la Contraloría General del Estado (Pomasqui), para continuar con el trabajo del Plan Nacional Anticorrupción.

• Reunión 24 de marzo de 2010 en la Dirección de Ética de la Contraloría General del Estado, para una reunión preparatoria.

• Reunión el 26 de marzo de 2010, en instalaciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros, para llevar una agenda de trabajo para la reunión extraordinaria que se realizaría el 29 de marzo de 2010, con la Secretaría de Transparencia de Gestión.

• Reunión de trabajo con los delegados de la Secretaría de Transparencia y de Gestión efec-tuada el 29 de marzo de 2010 en la Superintendencia de Bancos y Seguros, para la presentación de la Articulación del Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción, presentación de la herrami-enta GPR, etc.


147

• Reunión 20 de abril de 2010, en la Defensoría del Pueblo,para continuar con trabajo de comisión relacionada con la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión.

• Reunión de trabajo efectuada el 10 de junio de 2010 en la Sala de reuniones del CPCCS, para la presentación de la Propuesta Conceptual y Metodológica para la Articulación del Plan Na-cional de Lucha Contra la Corrupción.

• Reunión de trabajo efectuada 15 de junio de 2010, en la Defensoria del Pueblo, para revisión y conclusiones técnicas de la propuesta de la Articulación del Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción.

• Reunión de trabajo efectuada el 24 de junio de 2010, en la Defensoría del Pueblo, para analizar la información remitida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

COMISIÓN JURÍDICA:

• Reunión de 20 de octubre de 2009

• Reunión de 11 de noviembre de 2009

• Reunión de trabajo efectuada el 08 de julio de 2010, en le Defensoría del Pueblo, para iniciar el trabajo de construcción colectiva de la propuesta de Ley Orgánica de la Función de Trans-parencia y Control Social.

• Reunión de 5 de agosto de 2010, para continuar la discusión, el delegado de Contraloría co-menta que esta Institución inició un estudio sobre el tema cuyo producto será entregado para conocimiento de la Comisión.

RESOLUCIONES CONTENIDAS EN ACTAS

Sesión de 24 de junio de 2009:

• Aprobación del Plan de Acción de Coordinación de la FTCS.

• Aprobación y suscribción del Convenio Marco de Cooperación y Coordinación Interinstituci-onal entre las Entidades Integrantes de la Función de Transparencia y Control Social.

• Aprobación el documento de “Lineamientos para el Sistema Nacional de Transparencia y Control Social”.

• Acordar que la Secretaría General remita vía electrónica la propuesta de logotipo de la FTCS correspondiente, para aprobación de los titulares.

• Presentación de la propuesta de la página web.

Sesión de 27 de agosto de 2009:

• Aprobación de la primera fase de capacitación a los servidores de las entidades que confor-man la FTCS.

• Aprobación de la primera fase para el establecimiento del número corto de contacto de la FTCS.


148

• Aprobación de la planificación para la armonización del marco jurídico de las entidades de la FTCS.

• Aprobación de integración de la Comisión de construcción de la política de rendición de cuentas con enfoque anticorrupción.

Sesión de 15 de septiembre de 2009:

• Informe de la gestión realizada por Julián Guamán Gualli, Presidente saliente de la Función, con el que rinde cuentas de su labor a la sociedad.

• Elección de las nuevas Autoridades de la Función, designándose a Fernando Gutiérrez Vera, Defensor del Pueblo del Ecuador y a Gloria Sabando García, Superintendenta de Bancos, como Presidente y Vicepresidenta de la Función de Transparencia y Control Social; respectivamente.

Sesión de 17 de noviembre de 2009:

• Discusión del estudio de la propuesta de reforma del Reglamento de Integración y Funciona-miento de la Instancia de Coordinación de la Función de Transparencia y Control Social.

• Presentación del informe de la Comisión de Capacitación de la Función, en la que se señala la realización de tres módulos dirigidos a funcionarios y funcionarias de las entidades que confor-man la FTCS con cobertura nacional, efectuados en Quito, Guayaquil y Cuenca, con la partici-pación de 90 asistentes por cada evento.

• Presentación del informe de la Comisión de Planificación, en la que sus integrantes muestran el plan de la Función, específicamente en lo que se refiere a: número corto, Plan Nacional Antico-rrupción, Construcción de Indicadores de Transparencia y Control Social, formulación de políti-cas públicas, posicionamiento de la función, normativa y capacitación, para lo cual se propone una estructura de gestión y una pro forma. En vista de que algunos miembros manifiestan que la propuesta es elevada y no siendo el afán crear una estructura pesada e independiente, se sugiere un replanteamiento de la propuesta para trabajar bajo el esquema de proyectos.

Sesión de 26 de enero de 2010:

• Presentación y aprobación del informe de avance de la propuesta presentada por la Comisión Técnica, respecto del Plan Nacional Anticorrupción.

• Presentación y aprobación del Plan de Capacitación 2010.

• Presentación de la propuesta de planificación.

• Pedido a la Comisión Jurídica, para trabajar en la elaboración de un proyecto de Ley de la Función, que permita plantear la estructura de la FTCS.

• Consultar al Contralor General del Estado, para determinar la viabilidad de que cada entidad de la Función pueda realizar aportes para la ejecución de actividades de la FTCS.

• Aprobación oficial del número corto 159 para denuncias.


149

Sesión de 10 de marzo de 2010:

• Aprobar por unanimidad el documento denominado “Articulación del Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción”.

• Aprobar la propuesta de conformación de la Comisión que trabajará en adelante en la ejecución del plan, la que estará conformada por el mismo grupo que integró la Comisión Téc-nica de Rendición de Cuentas.

• Se acepta el compromiso del Contralor de elaborar un texto que contemple los supuestos téc-nicos y legales para plantear el texto común.

• Aprobar la propuesta de delegar al Presidente y Vicepresidenta de la FTCS, mantener reunio-nes y determinar las acciones a seguir en lo posterior, se informe cuando sea necesario a los titulares y coordinen con el nuevo Secretario Nacional de Transparencia y de Gestión.

Sesión de 11 de mayo de 2010:

• Aceptar el pedido de la Presidenta del Consejo de Participación Ciudadana de que se abra un espacio para el nuevo estudio de los vocales de esa entidad de la “Articulación del Plan Na-cional de Lucha Contra la Corrupción”.

• Encargar a la Superintedencia de Telecomunicaciones el manejo permanente de la Página web de la Función, en la modalidad de portal web.

Sesión de 20 de julio de 2010, resuelve:

• Organizar un taller de titulares para estudiar los aportes del Consejo de Participación Ciu-dadana a la “Articulación del Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción”.

• Organizar las Jornadas de Rendición de Cuentas de la FTCS, según propuesta presentada por el señor Superintendente de Telecomunicaciones.

En Quito, Rendición de Cuentas de la FTCS, Noviembre 2010


150

En Guayaquil, evento de capacitación para funcionarios de la FTCS, Septiembre 2009

En Cuenca, jornadas informativas de la FTCS, Noviembre 2010


151

X. ANEXOS


154

ANEXO A:

DIRECTORIO INSTITUCIONAL

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AZUAY - Cuenca

Calle Benigno Malo y Presidente Córdova

Edificio San Agustín – Primera Planta

Telfs. 07 2840-568 / 07 2835-988

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BOLÍVAR - Guaranda

Calle Convención 1884 y García Moreno

Telf. 03 2982-180

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CAÑAR - Azogues

Calle Luís Cordero, entre Tenemaza y Gral. Enríquez

Telf. 07 2244-853

Oficina en Cañar

Edificio del Centro Cívico del Cantón Cañar

Telf. 07 2236-400

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CARCHI - Tulcán

Calle Sucre y 9 de Octubre, Edifico Muñoz,

Tercer Piso

Telf. 06 2984-321

DELEGACIÓN PROVINCIAL

DE CHIMBORAZO - Riobamba

España y 10 de Agosto, segundo piso alto

ex edificio del Consejo Provincial de Chimborazo

Telf. 03 2968-576


DE COTOPAXI - Latacunga

Calle Guayaquil 4-20 y 2 de Mayo

Telf. 03 2803-825

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE

ESMERALDAS - Esmeraldas

Calle Rocafuerte, entre Sucre y Bolívar

Telf. 06 2724-450


DE EL ORO - Machala

Guayas, entre Boyacá y Pasaje,

Edificio Imprenta y Suministros del Sur

Telf. 07 2934-366

Delegaciones Provinciales Defensoría del Pueblo de Ecuador


155


FRANCISCO DE ORELLANA - Coca

Calle Ernesto Rodríguez y Quito Esq.

Telfs. 06 2881-578 / 06 2880-106


DE GALAPAGOS - Isla San Cristóbal

Av. Alsacio Northia y Española -

Puerto Baquerizo Moreno

Telf. 05 2520-641

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS - Guayaquil

Lorenzo de Garaycoa 732 y Víctor Manuel Rendón,

Oficina No. 12, Parque Centenario

Telfs. 04 2569-964 / 04 2300-333

Oficina en Daule

Calle José Vélez 919 entre 9 de Octubre

Oficina en Durán

Calle Primavera 1, Manzana Z, Villa 13

Edificio Vargas

Telf. 04 2866-627

Oficina en Milagro

Calle García Moreno S/N y Chile

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA - Ibarra

Calle Sucre 840 entre Pedro Moncayo y Velasco

Telf. 06 2954-488

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOJA - Loja

Calle Sucre 09-61 entre Miguel Riofrío y Rocafuerte

Telf. 07 2572-022


LOS RÍOS - Babahoyo

Calle General Barona y Calderón Esq.

Telfs. 05 2735-841

Oficina en Quevedo

Calle 7 de Octubre 100 y Primera

Edificio Saltos Haon

Telf. 05 2762-337


DE MANABÍ - Portoviejo

Calle 18 de Octubre y Av. 10 de Agosto,

Junto al Hotel Ejecutivo

Telf. 05 2634-499

Oficina en Jipijapa

Calle Febres Cordero y Ximena Esq.

Telf. 05 2603-158


156

Oficina en Manta

Calle 10 Edificio Bedoya

Telf. 05 2626-722

Oficina en Santa Ana

Calle Angel Rafael Alava y Bolívar

Oficina en Chone

Av. 24 de Mayo entre Malecón y Av. 8

Telf. 05 2968-995


MORONA SANTIAGO - Macas

Calle 9 de Octubre y 10 de Agosto

Edificio del Correo Nacional

Telf. 07 2702-077

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE NAPO - Tena

Calle Simón Bolívar y García Moreno

Telf. 06 2886-815

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PASTAZA - Puyo

Av. Francisco de Orellana y Vargas

Telf. 03 2885-355

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA

Quito

Oficina en el Sur

Av. Alonso de Angulo 127 y Cristóbal Tenorio

Edificio JR

Telf. 02 2614-747 / 02 2616-017

Sector La Villaflora

Oficina en el Norte

Av. De los Shyris 4171 y Av. 6 de Diciembre

Edificio Hagok

Telfs. 02 2242-677 / 02 2262-896


SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

Santo Domingo de los Colorados

Calle Río Baba y Mulaute

Telf. 02 2760-260


SANTA ELENA - Santa Elena

Calle Sucre S/N y Colonche

Telf. 04 2942-064


157


SUCUMBÍOS - Nueva Loja (Lago Agrio)

Calle 12 de Febrero y Av. Quito

Telf. 06 2830-411


TUNGURAHUA - Ambato

Calle Castillo entre Sucre y Bolívar

Edificio Clantour, 1er. Piso Alto – Oficina No. 401

Telf. 03 2822-753


ZAMORA CHINCHIPE - Zamora

Calle 10 de Agosto, entre Soasty y Amazonas

Telf. 07 2606-757

www.dpe.gob.ec

MARCA 159 Y COMUNÍCATE CON LAS INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SO-CIAL:

• Defensoría del Pueblo

• Contraloría General del Estado

• Consejo de Participación Ciudadana y Control So-cial

• Superintendencias de:

- Telecomunicaciones

- Bancos y Seguros

- Compañías

www.transparencia.gob.ec


158

ANEXO B:

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS 2009

!"#$%&'(()%*"+",-./0/123"4.")356.787"9"$.:86;.7"9")3<86=>/123"(8378?14>4>"",-./0/123"4.?"#6.70:0.7;8"4.")356.787"@A60:87"&13>=1/87B

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%*+,-./.012.+34*.0<*=*-3>/.0?/-043.0&=.@2@,+2/=*.055A 05;55 0A58B7A;CB 0A58B7A;CB 0A58B7A;CB 05;55 0A58B7A;CB 05;55

D.2.@*=+230EF+=2+30G0!/=3+2/=*.0H56 05;55 078IHB;:5 078IHB;:5 05;55 078IHB;:5 05;55 05;55

"IUTI\ULGE "STHGITEUKLEU "ST\MELFK "STHIFTHHFLIU "KLKK"STHIFTHHFLIUE(EDJ0K00 "STHKGTFGHLGG

INGRESOS

GASTOS

AGOSTO


159


160


161

SEPTIEMBRE


162


163


164

OCTUBRE


165


166


167

NOVIEMBRE


168


169


170

DICIEMBRE


171


172


173

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS 2010

INGRESOS

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL


174

GASTOS

ENERO


175

FEBRERO


176


177

MARZO


178

ABRIL


179


180

MAYO


181

JUNIO


182


183

JULIO


184


185

ANEXO C:ORGANIGRAMA


186

ANEXO D:FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS DPE

APELLIDOS NOMBRES PUESTO MODALIDAD TELEF. EXT. CORREOS ELECTRONICOS OBSERVACIONES

NIVEL EJECUTIVO

DESPACHOGUTIERREZ VERA FERNANDO XAVIER DEFENSOR DEL PUEBLO NOMBRAMIENTO Ext. 301 [email protected]ÑA ENCALADA AURA SILVANIA ANALISTA 3 NOMBRAMIENTO Ext. 313 [email protected]ÑOZ BENITEZ SARA MARIA ASISTENTE DE OFICINA 3 NOMBRAMIENTO Ext. 302 [email protected]

ADJUNTIA PRIMERAMORAN CARDENAS JOHN ANGEL VICTOR ADJUNTO PRIMERO NOMBRAMIENTO Ext. 231 jhon.morá[email protected] TEJENA VICENTE JAVIER ABOGADO 2 NOMBRAMIENTO Ext. 221 vicente.beltró[email protected]ÍREZ CHAVEZ MÓNICA ROCÍO ABOGADO 1 CONTRATO Ext. 223 [email protected] ATIENCIA CARLOS ADRIAN ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2 CONTRATO Ext. 220 [email protected] POLO MARIA GABRIELA ASISTENTE DE OFICINA 2 CONTRATO Ext. 233 [email protected]

ADJUNTIA SEGUNDAJARAMILLO RAMIREZ TELMO EDUARDO ADJUNTO SEGUNDO NOMBRAMIENTO Ext. 201 [email protected] GUAYLLASACA ALEXANDRA ISABEL ASISTENTE DE OFICINA 3 CONTRATO Ext. 203 [email protected] AYALA ANIBAL RAINIERO ABOGADO 2 NOMBRAMIENTO Ext. 205 [email protected] PERUGACHI YAJAIRA TERESA ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2 NOMBRAMIENTO Ext. 202 [email protected]

NIVEL ESTRATEGICODIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MACHADO CASTILLO IVAN MEDARDO DIRECTOR NACIONAL NOMBRAMIENTO PROVISIONAL Ext. 442 [email protected] PERUGACHI GRACE ALEXANDRA ANALISTA 3 NOMBRAMIENTO Ext. 441 [email protected] PALOMEQUE MISCHELLE IVONNE ANALISTA 3 NOMBRAMIENTO Ext. 443 [email protected]

VEINTIMILLA QUEZADA JUAN JACOBO ANALISTA 3 NOMBRAMIENTO Ext. 444 [email protected]

COMISION DE SERVICIO SIN REMUNERACIÓN AL MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE LA POLITICA ECONÓMICA

CAÑAR CUEVA JENNY CECILIA ANALISTA 1 NOMBRAMIENTO Ext. 445 [email protected] CARRION FAUSTO ANTONIO ANALISTA 1 NOMBRAMIENTO Ext. 445 [email protected] GARCIA ILIANA ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2 NOMBRAMIENTO Ext. 444 [email protected]

DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACIÓN

ACOSTA ANDRADE SANTIAGO MISAEL DIRECTOR NACIONAL NOMBRAMIENTO PROVISIONAL Ext. 300 [email protected] DELGADO MELANEA IVONNE ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2 NOMBRAMIENTO Ext. 305 [email protected]

DIRECTORIO INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL

OFICINA MATRIZAV. DE LA PRENSA N54-97

TELFS. 023-301-842 / 023-301-124 / 023-301-112 / 023-301-438 / 023-301-841 / 023-301-857 / 023-301-115 / 023-301-125



OFICINA MATRIZDARQUEA OLVERA HARRY AUREO ANALISTA 2 NOMBRAMIENTO Ext. 304 [email protected] CARRILLO CHRISTIAN FERNANDO ANALISTA 1 NOMBRAMIENTO Ext. 307 [email protected] SILVA ROBERTO SANTIAGO ANALISTA 1 CONTRATO Ext. 308 [email protected] ROMERO FABIAN ALBERTO ANALISTA 1 CONTRATO Ext. 307 [email protected]

DIRECCION NACIONAL DE COOPERACIÓN Y RELACIÓN INTERNACIONAL

BONILLA SORIA FRANCISCO XAVIER DIRECTOR NACIONAL NOMBRAMIENTO PROVISIONAL Ext. 432 [email protected] ANTE MANUEL FRANCISCO ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2 NOMBRAMIENTO Ext. 436 [email protected] BORJA NELLY SILVANA ANALISTA 1 NOMBRAMIENTO Ext. 436 [email protected]

NIVEL CONSULTIVO Y ASESORCONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO

DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA INTERNACAJAMARCA VALLE ARMANDO ARTURO DIRECTOR NACIONAL NOMBRAMIENTO Ext. 410 [email protected] GURUMENDI ELSA ANGELICA ASISTENTE DE OFICINA 3 CONTRATO Ext. 415 [email protected] BOHORQUEZ JOSE JAVIER ANALISTA 1 CONTRATO Ext. 415 [email protected]

DIRECCION NACIONAL JURIDICA

RODRIGUEZ AVILES MARITZA PIEDAD DIRECTOR NACIONAL NOMBRAMIENTO PROVISIONAL Ext. 236 [email protected] VAZCONEZ BYRON ALBERTO ABOGADO 2 NOMBRAMIENTO [email protected] CASTRILLON PABLO CAMILO ABOGADO 2 NOMBRAMIENTO Ext. 234 [email protected] VASCONEZ GABRIELA FERNANDA ASISTENTE DE OFICINA 3 NOMBRAMIENTO Ext. 235 [email protected] MARFA PAULO CESAR ASISTENTE DE OFICINA 3 NOMBRAMIENTO Ext. 232 [email protected]

ASESORÍA NACIONALGARZON ORELLANA JORGE FERNANDO ASESOR NACIONAL NOMBRAMIENTO Ext. 211 [email protected]

NIVEL OPERATIVODIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DE LA NATURALEZA

BENALCAZAR ALARCON PATRICIO VICENTE DIRECTOR NACIONAL NOMBRAMIENTO Ext. 320 [email protected] CAICEDO FRANCISCO XAVIER ABOGADO 1 CONTRATO Ext. 327 [email protected] GONZALON MERY GEOVANA ABOGADO 1 CONTRATO Ext, 325 [email protected]

RENGEL AGUIRRE DIANA SOLEDAD ASISTENTE DE OFICINA 3 NOMBRAMIENTO [email protected]

COMISIÓN DE SERVICIOS SIN SUELDO A LA SECRETARIA NACIONAL DE LOS PUEBLOS

RODRIGUEZ AGUIRRE ELVIA DEL ROCIO ASISTENTE DE OFICINA 3 NOMBRAMIENTO Ext. 317 [email protected]

COORDINACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN PRIORITARIAUTRERAS MIRANDA ROSARIO DE LOURDES COORDINADOR NOMBRAMIENTO Ext. 310 [email protected] SANCHEZ YASHIRA KATERINE ABOGADO 2 NOMBRAMIENTO Ext. 324 [email protected]


187



OFICINA MATRIZGUATEMAL CAMPUES EDGAR WILIAM ANALISTA 1 NOMBRAMIENTO Ext. 316 [email protected] ENDARA JENNY MARGARITA ABOGADO 1 CONTRATO Ext.315 [email protected] OLMEDO MARIA GABRIELA ASISTENTE DE OFICINA 3 CONTRATO Ext. 322 [email protected]

COORDINACIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE LA NATURALEZA Y AMBIENTEPALACIOS DAVILA DIANA ELIZABETH COORDINADOR NACIONAL NOMBRAMIENTO Ext.312 [email protected] MENDOZA EDITH ANNABELL ASISTENTE ADE ABOGACIA NOMBRAMIENTO Ext. 326 [email protected] RIOFRIO GONZALO JAVIER ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2 CONTRATO Ext. 319 [email protected]

COORDINACIÓN NACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS , SOCIALES Y CULTURALESARROYO LEON ALEXANDRA IVONNE COORDINADOR NACIONAL PUESTO EN CREACIÓN Ext.314 [email protected] FALCONI CRISTOBAL EDMUNDO ABOGADO 2 NOMBRAMIENTO Ext. 311 [email protected] ALARCON HAYDEE JACQUELINE ABOGADO 1 NOMBRAMIENTO Ext.321 [email protected] URBANO HECTOR RIQUELME ANALISTA 3 NOMBRAMIENTO [email protected]

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DE LA NATURALEZA

CASTRO RUIZ DESIREE DIRECTOR NACIONAL (E) CONTRATO Ext. 330 [email protected] RODRIGUEZ GEOVANA ELIZABETH ASISTENTE DE OFICINA 2 NOMBRAMIENTO Ext. 333 [email protected]

CHALA CRUZOSCAR SALOMON ANDRES ANALISTA 3 CONTRATO [email protected]

GARBAY MANCHENO SUSY ALEXANDRA ANALISTA 3 CONTRATO [email protected]

COORDINACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓNORDOÑEZ PESANTEZ LEONARDO MARCELINO COORDINADOR NACIONAL NOMBRAMIENTO PROVISIONAL Ext. 334 [email protected] VELASCO DIANA LORENA ASISTENTE DE OFICINA 2 CONTRATO [email protected]

COORDINACIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INCIDENCIAS EN POLITICAS PÚBLICASCARDENAS REYES XIMENA ALEJANDRA COORDINADOR NACIONAL PUESTO EN CREACIÓN Ext. 331 [email protected] SALINAS PEDRO COLON ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2 CONTRATO [email protected]

COORDINACIÓN NACIONAL DE TRASPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICAPAZMIÑO BODERO EMILEFRAN VERONICA COORDINADOR NACIONAL PUESTO EN CREACIÓN (CONTRATO) [email protected] TORRES GLORIA ELENA ASISTENTE DE ABOGACIA NOMBRAMIENTO [email protected] PONCE GENNY DEL PILAR ANALISTA 3 NOMBRAMIENTO Ext. 332 [email protected] ALDAZ PATRICIO FERNANDO ASISTENTE DE ABOGACIA CONTRATO [email protected]

DELEGACIÓN DE PICHINCHA

HERNANDEZ OROZCO JAIME ARTURO DELEGADO PROVINCIAL COMISIÓN DE SERVICIOS [email protected]

COMISION DE SERVICIOS SIN REMUNERACIÓN OTORGADA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN



OFICINA MATRIZOFICINA SUR

Dirección: Av. Alonso de Angulo y Cristóbal Tenorio - Teléfono: 022-614-747 / 022-616-017HINOJOSA BENTANCOURT LINA OFELIA AUXILIAR DE SERVICIOS 3 NOMBRAMIENTO [email protected] LUNA GERARDO INOCENCIO ABOGADO 2 NOMBRAMIENTO [email protected] GUERRERO MARCO HERNAN ABOGADO 1 NOMBRAMIENTO [email protected] DONOSO MARIA PATRICIA ASISTENTE DE ABOGACIA NOMBRAMIENTO [email protected]

OFICINA NORTEDirección: Av. El Inca E13-34 y Los Madroños - Teléfono: 022-262-896 / 022-242-677

MOREANO ZAMBRANO BISMARCK ALEJANDRO ABOGADO 1NOMBRAMIENTO (RESPONSABLE) [email protected]

BARRIONUEVO SILVA NEY ERNESTO ABOGADO 2 NOMBRAMIENTO [email protected] MOLINA JUAN CARLOS ABOGADO 2 NOMBRAMIENTO [email protected]

COMISION DE SERVICIOS EN EL CONSEP

VELASCO TAPIA OLGA JUDITH ABOGADO 1 NOMBRAMIENTO [email protected] MONTEROS MARIA DEL CARMEN ABOGADO 1 NOMBRAMIENTO [email protected] MANCILLA HUGO MARCELO ABOGADO 2 NOMBRAMIENTO [email protected] ZAMBRANO MARLENE DEL CARMEN ABOGADO 2 NOMBRAMIENTO [email protected] ANDRADE WILSON MARCONI ASISTENTE DE ABOGACIA NOMBRAMIENTO [email protected] CORONEL PEDRO ALEJANDRO ASISTENTE DE ABOGACÍA NOMBRAMIENTO [email protected] MALDONADO MARCO ANTONIO ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2 NOMBRAMIENTO [email protected] GUERRA ROSA ANA AUXILIAR DE SERVICIOS 3 NOMBRAMIENTO [email protected] CABEZAS SANDRA MARIBEL ASISTENTE DE OFICINA 2 CONTRATO [email protected]

DELEGACIÓN DE AZUAYDirección: Agustín Cueva 312 y Aurelio Aguilar - Teléfonos: 072-840-568 / 072-835-988 (Cuenca)

VACANTE DELEGADO PROVINCIAL NOMBRAMIENTO [email protected] MURILLO JORGE LUIS ABOGADO 1 (E) NOMBRAMIENTO [email protected] LUZURIAGA LUCIA DEL ROSARIO ABOGADO 1 NOMBRAMIENTO [email protected] BAZANTE BLANCA ALEXANDRA ABOGADO 1 NOMBRAMIENTO [email protected] MEJIA FATIMA PIEDAD ASISTENTE DE OFICINA 2 NOMBRAMIENTO [email protected] OCHOA GERMANIA PATRICIA ASISTENTE DE OFICINA 2 NOMBRAMIENTO [email protected] ANGUISACA PEDRO CRISTOBAL AUXILIAR DE SERVICIOS 3 NOMBRAMIENTO [email protected] VINTIMILLA LAZARO ANTONIO ASISTENTE DE OFICINA 3 NOMBRAMIENTO [email protected]

DELEGACIÓN DE BOLIVARDirección: Convención de 1884 y García Moreno - Teléfono: 032-982-180 (Guaranda)

BAZANTES ESCOBAR WASHINGTON JAVIER DELEGADO PROVINCIAL NOMBRAMIENTO PROVISIONAL [email protected] HIDALGO LUIS ALBERTO ABOGADO 1 NOMBRAMIENTO [email protected]


188



OFICINA MATRIZBAZANTES ESCOBAR WASHINGTON JAVIER ABOGADO 1 NOMBRAMIENTO [email protected] GUAMAN NORMITA DEL ROCIO ASISTENTE DE OFICINA 2 NOMBRAMIENTO [email protected] CHIMBO ANGEL EUCLIDES AUXILIAR DE SERVICIOS 3 NOMBRAMIENTO [email protected]

DELEGACIÓN DE CARCHIDirección: Calle Sucre y 9 de Octubre - Centro Comercial Jardín del Norte - Teléfono: 062-984-321 (Tulcán)

SANTAMARIA LOPEZ MARCELO VICENTE DELEGADO PROVINCIAL NOMBRAMIENTO 062-981-714 [email protected] MEJIA ARACELY JANNETH AUXILIAR DE SERVICIOS 3 NOMBRAMIENTO [email protected] ENRIQUEZ HUGO GUSTAVO ABOGADO 1 CONTRATO [email protected]

DELEGACIÓN DE CAÑARDirección: Luis Cordero entre Tenemaza y General Enríquez - Teléfono: 072-244-853 (Azogues)

SERRANO SEGUNDO IGNACIO DELEGADO PROVINCIAL NOMBRAMIENTO [email protected] FLORES CRISTOBAL EUGENIO ABOGADO 1 NOMBRAMIENTO [email protected] OCHOA EDI MARCELO ABOGADO 1 NOMBRAMIENTO [email protected]

CANTON CAÑARDirección: Edificio Centro Cívico de la Ciudad de Cañar - Teléfono: 072-236-400

ORDOÑEZ GARATE MILTON EDUARDO ABOGADO 1 NOMBRAMIENTO [email protected]

DELEGACIÓN DE CHIMBORAZODirección: Calle España y 10 de Agosto esquina - Edificio Consejo de la Provincia de Chimborazo - Teléfono: 032-968-576 (Riobamba)

SANCHO GALLEGOS JOSE ALBERTO DELEGADO PROVINCIAL NOMBRAMIENTO [email protected] AYALA MARCO VICENTE ABOGADO 1 NOMBRAMIENTO [email protected] VALDIVIEZO MIRYAM PATRICIA ASISTENTE DE OFICINA 2 NOMBRAMIENTO [email protected] RIVERA MONICA ALEXANDRA ASISTENTE DE OFICINA 2 NOMBRAMIENTO [email protected] RAMOS DIOCELINA YOLANDA AUXILIAR DE SERVICIOS 3 NOMBRAMIENTO [email protected] SALAZAR LUIS EDELBERTO AUXILIAR DE SERVICIOS 3 NOMBRAMIENTO [email protected]

DELEGACIÓN DE COTOPAXI

Dirección: Guayaquil 4-20 y 2 de Mayo - Teléfono: 032-803-825 (Latacunga)PAZMIÑO CORRALES GERMANICO PATRICIO DELEGADO PROVINCIAL NOMBRAMIENTO [email protected] PALLO JAIME FERNANDO ANALISTA 1 NOMBRAMIENTO [email protected]ÑA YANEZ CESAR GONZALO ASISTENTE DE OFICINA 2 NOMBRAMIENTO [email protected]

DELEGACIÓN DE EL ORODirección: Calle Pichincha y Vela esquina - Edificio Romero - Teléfono: 072-934-366 (Machala)

LEON QUINDE FERNANDO EDUARDO DELEGADO PROVINCIAL NOMBRAMIENTO [email protected]



OFICINA MATRIZMIRANDA SOSORANGA VICTOR MANUEL ABOGADO 1 NOMBRAMIENTO [email protected] JAIME KLEBER GEOVANNY ABOGADO 1 NOMBRAMIENTO [email protected] INFANTE CARLOS ELICEO ASISTENTE DE OFICINA 2 NOMBRAMIENTO [email protected] GUTIERREZ JOSE ANTONIO ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2 NOMBRAMIENTO [email protected] VERA SEGUNDO ENRIQUE AUXILIAR DE SERVICIOS 3 NOMBRAMIENTO [email protected]

DELEGACIÓN DE ESMERALDASDirección: Rocafuerte entre Bolívar y Sucre - Teléfono: 062-724-450 (Esmeraldas)

MINA QUINTERO JUAN OMAR DELEGADO PROVINCIAL NOMBRAMIENTO 093-465-154 [email protected]ÑONEZ ORDOÑEZ RAUL EDUARDO ABOGADO 1 NOMBRAMIENTO [email protected] PIMENTEL FABRICIA ALEJANDRA ASISTENTE DE OFICINA 2 NOMBRAMIENTO [email protected] BORJA OSWALDO AUXILIAR DE SERVICIOS 3 NOMBRAMIENTO [email protected]

DELEGACIÓN GUAYASDirección: Lorenzo de Garaycoa 732 y Victor Manuel Rendón - Teléfono: 042-561-419 / 042-566-689 / 042-302-468 / 042-300-333

VILLACRESES PINCAY CARLOS ROOSEVELT DELEGADO PROVINCIAL NOMBRAMIENTO Ext. 102 / 103 [email protected] CALLE TANIA DEL ROCIO ANALISTA 2 NOMBRAMIENTO Ext. 127 [email protected] JULIO TEODORO ABOGADO 1 NOMBRAMIENTO [email protected]

SOLORZANO ZAMBRANO ROSA MARILU ABOGADO 1 NOMBRAMIENTO [email protected]

COMISION DE SERVICIOS SIN REMUNERACIÓN AL EMPRESA ELECETRICA DE GUAYAQUIL

MONTESDEOCA PERALTA MARIANITA DE JESUS ABOGADO 1 NOMBRAMIENTO [email protected]

CARRERA TAIANO MILTON FRANCISCO ABOGADO 1 NOMBRAMIENTO [email protected]

COMISION DE SERVICIOS SIN REMUNERACIÓN AL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS

RAMIREZ VIDAL AUGUSTO NORBERTO ABOGADO 1 NOMBRAMIENTO [email protected]

LATORRE SALAZAR LUIS FRANCISCO ABOGADO 1 NOMBRAMIENTO [email protected]

COMISION DE SERVICIOS SIN REMUNERACIÓN A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

PACHECO ESPINDOLA MARCO EDUARDO ABOGADO 1 NOMBRAMIENTO [email protected] FUENTES JOHN MARIO ABOGADO 1 NOMBRAMIENTO [email protected] MOY-SAN MERCEDES CECILIA ABOGADO 2 NOMBRAMIENTO [email protected] CALDERON HERMINIA SUSANA ABOGADO 2 NOMBRAMIENTO [email protected] PALACIOS MARIA DEL PILAR ABOGADO 2 NOMBRAMIENTO [email protected] ALVAREZ RAQUEL LORENA ANALISTA 1 NOMBRAMIENTO [email protected] DONOSO NANCY DE LOURDES ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2 NOMBRAMIENTO [email protected]

ZAMBRANO VEINTIMILLA CARLOS LUIS ASISTENTE DE ABOGACIA NOMBRAMIENTO [email protected]

COMISIÓN DE SERVICIOS SIN REMUNERACIÓN A LA CORTE CONSTITUCIONAL

NEIRA MEDINA JUAN PABLO ASISTENTE DE ABOGACIA NOMBRAMIENTO [email protected]

COMISION DE SERVICIOS SIN REMUNERACIÓN AL DIRECCIÓN NACIONAL DE REHABILITACIÓN SOCIAL

RODRIGUEZ CAMACHO MARIA ENRIQUETA ASISTENTE DE ABOGACIA NOMBRAMIENTO [email protected] SUAREZ BRIGIDA ALEXANDRA ASISTENTE DE OFICINA 2 NOMBRAMIENTO [email protected] RODRIGUEZ ALBA JACKELINE ASISTENTE DE OFICINA 3 NOMBRAMIENTO [email protected]


189



OFICINA MATRIZPARRAGA VELEZ RAMON MARTIN AUXILIAR DE SERVICIOS 3 NOMBRAMIENTO [email protected] REYES FRANCIA IRLANDA AUXILIAR DE SERVICIOS 3 NOMBRAMIENTO [email protected] GARCIA JAVIER VICENTE AUXILIAR DE SERVICIOS 3 NOMBRAMIENTO [email protected] AYOVI CARLOS EDUARDO AUXILIAR DE SERVICIOS 3 NOMBRAMIENTO [email protected] GARCIA CARLOS JESUS CHOFER NOMBRAMIENTO [email protected]ÑO GARCIA CARLOS ANTONIO CHOFER NOMBRAMIENTO [email protected] QUINTERO MIVIAN LUCCIOLA ASISTENTE DE OFICINA 2 NOMBRAMIENTO [email protected] MARURI ROGERIO MAURICIO ABOGADO 1 CONTRATO [email protected] YEPEZ WALTER ESTUARDO ABOGADO 1 CONTRATO [email protected]

CASTRO CAMBAVICTORIA MERCEDES DEL ROCIO ABOGADO 1 CONTRATO [email protected]

VILLACIS JURADO NINOSKA KATIUZKA ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2 CONTRATO [email protected] VALVERDE ALEXANDER ADRIAN ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2 CONTRATO [email protected] LEONES MONICA ANNABELLE ABOGADO 1 CONTRATO [email protected]

CANTON MILAGRODirección: García Moreno y Chile diagonal a la Cámara de Comercio, Edificio Ruta Milagrosa

MOLINA CONDE GUSTAVO ARMANDO ASISTENTE DE ABOGACIA NOMBRAMIENTO 099-813-903 [email protected]

CANTON DAULEDirección: José Vélez entre 9 de Octubre y Quito

RONQUILLO LEON JUAN JOSE ABOGADO 1 NOMBRAMIENTO 094-785-857 [email protected]

CANTON DURANDirección: Primavera I, Mz. Z, Villa 143, Edificio Vargas

MARIN PAREDES VICTOR ROLANDO ABOGADO 1 CONTRATO 042-866-627 [email protected]

DELEGACIÓN DE GALAPAGOSDirección: Alsacio Northia e Isabela - Teléfono: 052-520-641 (Puerto Baquerizo, Isla San Cristobal)

VACANTE VACANTE DELEGADO PROVINCIAL NOMBRAMIENTO

BECERRA HERNANDEZ JULIA MARLENE ABOGADO 1 (E) NOMBRAMIENTO 097-214-684 [email protected] QUINTERO TERESA GIOMARA ASISTENTE DE OFICINA 2 NOMBRAMIENTO [email protected] ZAVALA SERGIO EFREN AUXILIAR DE SERVICIOS 3 NOMBRAMIENTO [email protected]

DELEGACIÓN DE IMBABURADirección: Calle Sucre 840 entre Pedro Moncayo y Velasco - Teléfono: 062-954-488 (Ibarra)

VACANTE VACANTE DELEGADO PROVINCIAL NOMBRAMIENTO

ANRANGO BONILLA LUIS ALBERTO ANALISTA 3 NOMBRAMIENTO [email protected]

LICENCIA AL HABER SIDO POSESIONADO EN CALIDAD DE ALCALDE DE COTACACHI

FIGUEROA LOPEZ JUAN MARCELO ABOGADO 1 (E) NOMBRAMIENTO [email protected] MEDINA PABLO RENE ASISTENTE DE OFICINA 2 NOMBRAMIENTO [email protected]



OFICINA MATRIZESPINOZA RECALDE ANITA DEL CONSUELO ASISTENTE DE OFICINA 2 NOMBRAMIENTO [email protected]

DELEGACIÓN DE LOJADirección: Calle Sucre 0961 entre Miguel Ríofrío y Rocafuerte - Teléfono: 072-572-022 (Loja)

ARAUJO ROJAS MERCEDES LETICIA DELEGADO PROVINCIAL NOMBRAMIENTO [email protected]ÑO CASTILLO ANGEL JOSE ABOGADO 1 NOMBRAMIENTO jose.briceñ[email protected] JIMENEZ JOSE SERVIO ABOGADO 1 NOMBRAMIENTO [email protected] CARRION XIMENA ALEXANDRA ASISTENTE DE ABOGACIA NOMBRAMIENTO [email protected] SANCHEZ JADZMAN RAFAEL ASISTENTE DE ABOGACIA NOMBRAMIENTO [email protected] OCHOA ADRIANA PIEDAD ASISTENTE DE OFICINA 3 NOMBRAMIENTO [email protected] FLORES ROGER GERMAN ASISTENTE DE OFICINA 3 NOMBRAMIENTO [email protected] ORDOÑEZ PATRICIA REBECA AUXILIAR DE SERVICIOS 3 NOMBRAMIENTO [email protected]

DELEGACIÓN DE LOS RIOSDirección: General Baroha y Abdón Calderón, Primer Piso Alto (esquina) - Teléfono: 052-735-841 (Babahoyo)

FERUZOLA JIMENEZ MARCOS SIMON DELEGADO PROVINCIAL NOMBRAMIENTO 085-695-854 [email protected] RENDON FRANCISCO DANIEL ABOGADO 1 NOMBRAMIENTO [email protected] TIRADO LEONARDO SAMUEL ASISTENTE DE OFICINA 2 NOMBRAMIENTO [email protected]

CANTON QUEVEDODirección: Calle 7 de Octubre 217 entre Tercera y Segunda - Teléfono: 052-762-337

UBE PALMA HELEN MARJORIE AUXILIAR DE SERVICIOS 3 NOMBRAMIENTO 052-762-337 [email protected]

DELEGACIÓN DE MANABIDirección: 18 de Octubre y 10 de Agosto junto al Hotel Ejecutivo - Teléfono: 052-634-499 (Portoviejo)

IZURIETA VÁSCONEZ FRANKLIN EDISON DELEGADO PROVINCIAL NOMBRAMIENTO 092-117-949 [email protected] VERA JOSE ALBERTO ABOGADO 1 NOMBRAMIENTO [email protected] SION JORGE EDUARDO ABOGADO 1 NOMBRAMIENTO [email protected] CEVALLOS GONZALO ALFREDO ABOGADO 1 NOMBRAMIENTO 093-658-148 [email protected] CHICA LEONELA ALEXANDRA ABOGADO 1 NOMBRAMIENTO 099-755-920 [email protected] MEZA JONAS VESPACIANO ABOGADO 1 NOMBRAMIENTO [email protected] MURILLO GLADYS MARIA ASISTENTE DE ABOGACIA NOMBRAMIENTO [email protected]

RIVAS DELGADO ESMERALDAS LIBERTAD ASISTENTE DE ABOGACIA NOMBRAMIENTO [email protected]ÑO ZAMBRANO JESICA LORENA ASISTENTE DE OFICINA 3 NOMBRAMIENTO [email protected] CHILAN ALBERTO ANTONIO ASISTENTE DE OFICINA 3 NOMBRAMIENTO [email protected] ANCHUNDIA MARIBEL RUDCELY ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2 CONTRATO [email protected]

CANTON CHONEDirección: Av. 24 de Mayo entre Malecón y Av. 8 - Teléfono: 052-968-995


190



OFICINA MATRIZBERMUDEZ ABEIGA ALEJANDRO ERNESTO ABOGADO 2 NOMBRAMIENTO 091-529-555 [email protected]

CANTON SANTA ANADirección: Calle Angel Rafael Alava y Bolívar

PRO PROJACQUELINE MONSERRATE ABOGAD0 1 NOMBRAMIENTO [email protected]

CANTON JIPIJAPADirección: Febres Cordero y Ximena esquina - Teléfono: 052-603-158

MURILLO VITERI JOSE ARTURO ABOGADO 1 NOMBRAMIENTO [email protected]

CANTON MANTADirección: Calle 10, Edificio Bedoya - Teléfono: 052-623-920 (fax) / 052-628-638

CEDEÑO MOLINA JOFFRE EUDALDO ABOGADO 1 NOMBRAMIENTO 099-065-460 [email protected] LUCAS AURA LORENA ABOGADO 1 NOMBRAMIENTO 094-922-275 [email protected] CARREÑO ANGELA DEL ROCIO ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2 NOMBRAMIENTO [email protected]

CANTON BAHIADirección: Ilustre Municipio de Bahía de Caráquez

BURBANO GUITIERREZ HERNAN ALEXI ABOGAD0 1 CONTRATO [email protected]

DELEGACIÓN DE MORONA SANTIAGODirección: 9 de Octubre y 10 de Agosto, Edificio del Correo - Teléfono: 072-702-077 (Macas)

MERINO LOPEZ MARJORYE SAYONARA DELEGADO PROVINCIAL NOMBRAMIENTO PROVISIONAL

MERINO LOPEZ MARJORYE SAYONARA ABOGADO 1 NOMBRAMIENTO 080-357-476 [email protected] SAMANIEGO ELMER HOMERO ASISTENTE DE OFICINA 2 NOMBRAMIENTO [email protected] JARAMILLO ADELA MARGARITA AUXILIAR DE SERVICIOS 3 NOMBRAMIENTO [email protected]

DELEGACIÓN DE NAPODirección: García Moreno y Simón Bolívar esquina - Teléfono: 062-886-815 (Tena)

SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL DELEGADO PROVINCIAL NOMBRAMIENTO [email protected] IZURIETA FANNY MARIBEL ASISTENTE DE OFICINA 2 NOMBRAMIENTO [email protected] GUANO JUAN MANUEL AUXILIAR DE SERVICIOS 3 NOMBRAMIENTO [email protected]

DELEGACIÓN FRANCISCO ORELLANADirección: Calle Quito y Ernesto Rodríguez - Teléfono: 062-881-578 / 062-880-106 (Coca)

JIMENEZ VILLARES ANGEL VINICIO DELEGADO PROVINCIAL NOMBRAMIENTO 094-943-682 [email protected] TAPUY IRMA SUSANA ASISTENTE DE OFICINA 2 NOMBRAMIENTO [email protected]



OFICINA MATRIZDELEGACIÓN PASTAZADirección: Av. Francisco de Orellana y Vargas - Teléfono: 032-885-355 (Puyo)

SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL DELEGADO PROVINCIAL (E) NOMBRAMIENTO [email protected] PILCO BETIHD GENOVEVA ASISTENTE DE ABOGACIA NOMBRAMIENTO [email protected] VILLEGAS ENID SUSANA ASISTENTE DE OFICINA 2 NOMBRAMIENTO [email protected]

DELEGACIÓN DE SANTA ELENADirección: Guayaquil entre 10 de Agosto y 9 de Octubre - Teléfono: 042-942-064 (Santa Elena)

CAMPOS CARDENAS FATIMA EUGENIA DELEGADO PROVINCIAL NOMBRAMIENTO [email protected] PRECIADO CARLOS ABOGADO 1 NOMBRAMIENTO 098-867-780 [email protected] MENENDEZ ESTEBAN RAFAEL AUXILIAR DE SERVICIOS 3 NOMBRAMIENTO [email protected] AVILES ERIKA MARIANA ASISTENTE DE ABOGACIA CONTRATO [email protected] VILLAVICENCIO ÁNGELA JENNY ASISTENTE DE OFICINA 2 CONTRATO [email protected]

DELEGACIÓN DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILASDirección: Río Baba y Mulaute - Teléfono: 022-760-260 (Santo Domingo de Los Colorados)

MORA VERA NESTOR GERARDO DELEGADO PROVINCIAL NOMBRAMIENTO 090-080-596 [email protected] POSLIGUA ELBA ALICIA ABOGADO 1 NOMBRAMIENTO [email protected] MEJIA EDISON FRANCISCO ASISTENTE DE OFICINA 2 NOMBRAMIENTO [email protected] ALVARADO SONIA YOLANDA AUXILIAR DE SERVICIOS 3 NOMBRAMIENTO [email protected]

DELEGACIÓN DE SUCUMBIOSDirección: 12 de Febrero y Av. Quito - Teléfono: 062-830-411 (Nueva Loja - Lago Agrio)

RIVADENEIRA MUÑOZ ALBERTO JOSE IGNACIO DELEGADO PROVINCIAL NOMBRAMIENTO 092-601-961 [email protected] SALAZAR JUAN MARCO ASISTENTE DE OFICINA 2 NOMBRAMIENTO 097-006-560 [email protected] ESPINOZA CARLOS ENRIQUE AUXILIAR DE SERVICIOS 3 NOMBRAMIENTO [email protected]

DELEGACIÓN DE TUNGURAHUADirección: Calle Castillo entre Sucre y Bolívar, Edificio Clantour, Primer Piso Alto, Oficina 401 - Teléfono: 032-822-753 (Ambato)

PALATE CRIOLLO MANUEL ELIAS DELEGADO PROVINCIAL NOMBRAMIENTO [email protected] GARCIA MIRIAM EUGENIA ABOGADO 2 NOMBRAMIENTO [email protected] TAMAQUIZA MARIA ESTHELA AUXILIAR DE SERVICIOS 3 NOMBRAMIENTO [email protected]

DELEGACIÓN DE ZAMORA CHINCHIPEDirección: Calle Pío Jaramillo Alvarado - Teléfono: 072-606-757 (Zamora Chinchipe)

RUIZ AGUILAR MANUEL BOLIVAR DELEGADO PROVINCIAL NOMBRAMIENTO [email protected] TELLO MARIETA BOLIVIA ASISTENTE DE ABOGACIA NOMBRAMIENTO [email protected] MARQUEZ JULIO CESAR AUXILIAR DE SERVICIOS 3 NOMBRAMIENTO [email protected] TOLEDO PATRICIA YOLANDA AUXILIAR DE SERVICIOS 3 NOMBRAMIENTO [email protected]


191



OFICINA MATRIZPROCESOS DESCONCENTRADOS EN EL EXTERIORDELEGACIÓN EN EL EXTERIOR (ESTADOS UNIDOS NORTEAMERICA)

ALVAREZ PEREZ CONSUELO AMANDA DELEGADO EN EL EXTERIOR NOMBRAMIENTO [email protected]

DELEGACIÓN EN EL EXTERIOR (ESPAÑA-MADRID)VACANTE VACANTE DELEGADO EN EL EXTERIOR NOMBRAMIENTO

DELEGACIÓN EN EL EXTERIOR (ITALIA)COBO MANTILLA SONIA CATALINA DELEGADO EN EL EXTERIOR NOMBRAMIENTO [email protected]

NIVEL DE APOYOOFICINA MATRIZ

AV. DE LA PRENSA N54-97TELFS. 023-301-842 / 023-301-124 / 023-301-112 / 023-301-438 / 023-301-841 / 023-301-857 / 023-301-115 / 023-301-125

SECRETARIA GENERAL

VILLAREAL ARGOTI JUAN HECTOR SECRETARIO GENERAL NOMBRAMIENTO PROVISIONAL Ext. 120 [email protected] VIVANCO HUGO PATRICIO ANALISTA 3 NOMBRAMIENTO Ext. 110 [email protected] VARGAS MARIANA DE JESUS ASISTENTE DE OFICINA 2 NOMBRAMIENTO Ext. 116 [email protected] MORAN ELSIE YAZMIN ANALISTA 3 NOMBRAMIENTO Ext. 114 [email protected] VILLACIS CORA PATRICIA ASISTENTE DE OFICINA 3 NOMBRAMIENTO Ext. 115 [email protected] SERRANO BRENDA ACCINE ASISTENTE DE OFICINA 2 CONTRATO Ext. 121 [email protected]

DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA

CACERES SANCHEZ ISOLDA DIRECTOR NACIONAL (E) COMISION DE SERVICIOS Ext. 413 [email protected]

COMISION DE SERVICIOS CON SUELDO OTORGADA POR LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

ALTAMIRANO VELASQUEZ GLADYS AMERICA ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2 NOMBRAMIENTO Ext. 412 [email protected] BARBERAN MARIA MARIBEL ANALISTA 3 NOMBRAMIENTO Ext. 414 [email protected] PAZOS JOSE ENRIQUE ANALISTA 1 NOMBRAMIENTO Ext. 417 [email protected] MEDINA MARCELO XAVIER ANALISTA 1 NOMBRAMIENTO Ext. 418 [email protected]

NARVAEZ AMORES FRANKLIN XAVIER ANALISTA 1 NOMBRAMIENTO [email protected] DE SERVICIO EN EL MUNICIO DE QUITO

MASAPANTA PADILLA EDGAR PATRICIO AUXILIAR DE SERVICIOS 3 NOMBRAMIENTO [email protected] FAUSTO VICENTE AUXILIAR DE SERVICIOS 3 NOMBRAMIENTO [email protected] DIAZ IVAN SANTIAGO AUXILIAR DE SERVICIOS 3 NOMBRAMIENTO [email protected] CUASCOTA DORIS IBETH AUXILIAR DE SERVICIOS 3 NOMBRAMIENTO Ext. 113 [email protected] AVILES EDUARDO FABRICIO CHOFER NOMBRAMIENTO [email protected] SANTAMARIA GOETH WASHINGTON CHOFER CONTRATO [email protected] GAVILANEZ NEREYDA JAZMIN ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2 CONTRATO Ext. 411 [email protected]ÑO ANDRADE LUIS ANTONIO ANALISTA 1 CONTRATO Ext. 417 [email protected] LOPEZ JAVIER ANTONIO ASISTENTE DE OFICINA 2 CONTRATO Ext. 100 [email protected]



OFICINA MATRIZPAREDES BALSECA JAIME CRISTOBAL CHOFER CONTRATO [email protected] CASTILLO GABRIEL EDUARDO CHOFER CONTRATO [email protected]

PEÑAFIEL JIMENEZWASHINGTON MARCELO CHOFER CONTRATO [email protected]

TIBANLOMBO CAMBO LUIS MEDARDO AUXILIAR DE SERVICIOS 3 CONTRATO [email protected]

DIRECCION NACIONAL FINANCIERAVILLA VILLA NELLY ANTONIETA DIRECTOR NACIONAL COMISIÓN DE SERVICIOS Ext. 421 [email protected]

COMISION DE SERVICIOS OTORGADA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS

POZO PASTAZ JORGE ROLANDO ANALISTA 3 NOMBRAMIENTO Ext. 420 [email protected] ORBES JORGE ERNESTO ANALISTA 3 NOMBRAMIENTO Ext. 425 [email protected] VINUEZA LUIS ENRIQUE ANALISTA 1 NOMBRAMIENTO Ext. 422 [email protected]ÑADAS MEJIA JENNY ELIZABETH ANALISTA 1 NOMBRAMIENTO Ext. 424 [email protected] TORRES ALBA MAGDALENA ANALISTA 1 NOMBRAMIENTO Ext. 423 [email protected] MOLINA JORGE EDUARDO ASISTENTE DE OFICINA 3 NOMBRAMIENTO Ext. 420 [email protected] MIRANDA SANDRA ADRIANA ANALISTA 1 CONTRATO Ext. 425 [email protected] MONCAYO CARLOS JAVIER ANALISTA 1 CONTRATO Ext. 424 [email protected]

DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS HUMANOSSOLIS OLALLA JENY MARIANELA DIRECTOR NACIONAL NOMBRAMIENTO Ext. 430 [email protected] PAREDES EDWIN WASHINGTON ANALISTA 3 NOMBRAMIENTO Ext. 431 [email protected] PAUCAR JOSE RUPERTO ASISTENTE DE OFICINA 2 NOMBRAMIENTO Ext. 435 [email protected]

ROBALINO GUERRERO LUIS HENRRY ANALISTA 1 COMISIÓN DE SERVICIOS Ext. 433 [email protected]

COMISION DE SERVICIOS OTORGADA POR EL MINISTERIO DE INCLUSION ECONÓMICA Y SOCIAL

SALAZAR ROSERO EDWIN WLADIMIR ASISTENTE DE OFICINA 3 CONTRATO Ext. 433 [email protected] RODRIGUEZ GRACE ELENA ASISTENTE DE OFICINA 2 CONTRATO Ext. 434 [email protected]

DIRECCION NACIONAL DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAVACANTE VACANTE DIRECTOR NACIONAL NOMBRAMIENTO

BARRAGAN PAZ LUIS EFRAIN ANALISTA 3 (E) NOMBRAMIENTO Ext. [email protected] / [email protected]

ZAMBRANO CEDEÑONUBIA DEL ROCIO TEODORA ANALISTA 1 NOMBRAMIENTO Ext. 401 [email protected]

ESMERALDAS SALAZAR ANDRES VINICIO ANALISTA 1 NOMBRAMIENTO Ext. 402 [email protected] GOMEZ ALBERTO VLADIMIR ANALISTA 1 NOMBRAMIENTO Ext. 403 [email protected]


192

DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORíA INTERNA

La Contraloría General del Estado, ha realizado las siguientes acciones de control en laDefensoría del Pueblo:

./ El examen especial a las operaciones administrativas y financieras, por el período del 1de agosto de 2008, al 30 de junio de 2009.

Su informa es el DA1-0051-2009, aprobado el 5 de octubre de 2009; incluye 11

recomendaciones dirigidas al Defensor del Pueblo, de ellas se han cumplido

totalmente 7, que representan el 64% de cumplimiento, y se encuentran en proceso

de ejecución 4, que representan el 36%, cuyo detalle se adjuntan en el Anexo 1.

./ Examen especial a las transferencias para repatriaciones de cadáveres y a los

nombramientos de comisionados en el exterior de la Defensoría del Pueblo, por el

período entre el 1 de enero de 2006 y al 30 de abril de 2007.

Es necesario considerar, que el Registro Oficial 39 del 12 de marzo de 2007, se

publicó el Decreto Ejecutivo 150, que creó la Secretaría Nacional del Migrante

(SENAMI), asignándole "como objetivo fundamental la definición yejecución de las

políticas migratorias, encaminadas al desarrollo humano de todos sus actores, que

servirá de enlace en las acciones de atención, protección y desarrollo del

migrante, conforme a los objetivos del Estado Ecuatoriano."

El informe del examen especial es el DA1-0031-2008, aprobado el 8 de septiembre de

2008; incluye 6 recomendaciones dirigidas a varias autoridades de la Defensoría del

Pueblo, de entre ellas 3 se convirtieron en inaplicables por cuanto las competencias

pasaron a la SENAMI; quedando 3 recomendaciones que se consideran

cumplidas, ya que son actividades incluidas en el actual Orgánico Funcional de laDefensoría .

./ Auditoría Financiera a la Defensoría del Pueblo al 31 de diciembre de 2007 y 2006, Y los

correspondientes estados de resultados, ejecución presupuestaria y flujo del efectivo, y

las operaciones administrativas y financiera al 31 de julio de 2008.

Su informe es el DA1-0010-2009, aprobado el 1 de octubre de 2009; incluye 27

recomendaciones direccionadas a varias autoridades de la entidad, de ellas se han

cumplido totalmente 26, que representan el 96% de cumplimiento, y se

encuentra en proceso de ejecución 1, que representa el 4%, cuyo detalle se adjuntaen el Anexo 1,

ANEXO E:AUDITORÍA INTERNA


193

ANEXO

11

CUMPLIMIENTO

DELA

APLICACiÓN

DELAS

RECO

MENDACIONES

DELA

CONTRALORIA

GENERAL

DELESTADO

INFORM

EGENERAL

DA1-0051-2009

Auditoría

Financiera

delperíodo

1de

agosto

de2008

al30

dejuniode

2009

RECO

MENDACIONES

CUMPLIMIENTO

FECHA

OBSERVACIONES

Recom.

No.

AlDefensor

delPueblo

Elborrador

deeste

Manualse

Dispondrá

alaDirectora

Nacio

nalde

Recursos

Humanos,

actualice

elDe

fensor

delPueblo,

encuentra

enrevisión

delA

djunto

2Manualde

Clasificación

dePuestos,

deacuerdo

alasdisposiciones

dela

Directora

Nacio

nalde

Agosto

31,2010

Segundo

delDe

fensor,antesde

laLO

SCCA

ysu

Reglam

ento.

Recursos

Humanos.

aprobació

nde

lamáxima

autoridad

..Dispondrá

alaDirectora

Nacio

nalpe

Recursos

Humanos,

queprevia

laLa

Directora

Nacio

nalde

Recursos

emisión

denombram

ientos,

secumpla

losprocedimientos

deselección

Defensor

delPueblo,

Humanos

informa

quese

halla

en3

dispuestos

enlaLeyOrgánica

deServicio

Civil

yCa

rrera

Administrativa

yDirectora

Nacio

nalde

Agosto

31,2010

proceso

lareglam

entació

nrelativa

ade

Unificación

yHo

mologación

delasRe

muneraciones

delSector

Recursos

Humanos.

este

tema.

Público

ysu

Reglam

ento.

Defensor

delPueblo,

Enproceso.

Elrecla

mo

tramita

la8

Dispondrá

alaDirectora

Nacio

nalFinanciera

yalosDirectores

Directora

Nacio

nal

Dirección

Nacio

nalJurídica

einforma

el8

Nacio

nales:

Jurídico

yAdministrativo,

realice

nlasaccio

nes

necesarias

Financiera,

Director

Agosto

31,2010

avance

delrecla

mo

alasdemás

conlafinalidad

derecuperar

elvalorde

13167,00

USD

correspondiente

Nacio

nalJurídico

yDirector

direcciones

Financiera

yalagarantía

entregada

alBancodelProgreso

S.A.

ensaneam

iento.

Nacio

nalAdministrativo.

Administrativa.

9Dispondrá

alaDirectora

Nacio

nalde

Recursos

Humanos,

queprevia

aSe

haprocedido

alaentrega

dela

laimplem

entació

nde

losproductos

delaconsultoría

relacio

nados

asu

Defensor

delPueblo,

documentació

nal

Ministerio

de9

área,coordine

conlaSecretaría

Nacio

nalTécnica

deDe

sarrollo

deDirectora

Nacio

nalde

Agosto

31,2010

Relacio

nes

Laborales;

demom

ento

Recursos

Humanos

yRe

muneraciones

delSector

Público

,afin

deRe

cursos

Humanos.

sigue

eltrámite

quecorresponde

adeterminar

queéstoscumplan

conlasnormas

ypolítica

sem

itidas

por

este

proceso.

esta

entidad.

CUMPLIMIENTO

DELA

APLICACiÓN

DELAS

RECO

MENDACIONES

DELA

CONTRALORIA

GENERAL

DELESTADO

INFORM

EGENERAL

DA1-0010-2009

Auditoría

Financiera

delperíodo

1de

enerode

2006

al31

deagosto

de2008

Dispondrá

queelJefe

dePersonal

conjuntamente

conelAsesor

Juridico

,procedan

arealiza

run

análisis

delasremuneraciones

unificadas

enel

distributivo

desueldos

aprobado

porelMinisterio

deFinanzas

conel

Defensor

delPueblo,

Sehalla

enproceso

deaprobació

nel

11cuadro

deVacantes

año2006,

conlafinalidad

deconvalidar

yunificar

Directora

Nacio

nalde

Agosto

312010

Proyecto

deFortalecim

iento

lasdenominaciones

yvalores

ensusdiferentes

escalas,

quienes

pondrán

Recursos

Humanos

yInstitucio

nalen

elcual

seinclu

yeel

aconsideración

delDe

fensor

delPueblo

ydeterminar

lasaccio

nes

que

Asesor

Juridico

.temarecomendado.

deben

realiza

rpara

justificar

losincentivo

sen

caso

deascensos

yprom

ociones.

informeanualdefensordelpuebloecuador2010

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