INFORME FINAL DE DIAGNÓSTICO DEL DAÑO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE USUARIOS CAMPESINOS (ANUC) EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE REPARACIÓN

COLECTIVA DE CASOS NACIONALES Fecha de elaboración del informe Septiembre 15 de 2015 Elaborado por: Juan Guillermo Ferro Medina Juan Felipe García Arboleda PRESENTACIÓN DEL INFORME El presente informe de diagnóstico del daño colectivo de la ANUC, realizado por el equipo de acompañamiento técnico de la Pontificia Universidad Javeriana, tiene como punto de partida la estructura para la construcción del informe contenido en el documento de trabajo de la Unidad de Víctimas titulado “Metodología de diagnóstico y caracterización del daño colectivo”. El documento, en primer lugar, inicia con una descripción del sujeto que hace énfasis en la magnitud cuantitativa de la organización en los primeros años de creación (5,5% de la población colombiana) y la disminución paulatina de esta magnitud después de la implementación de las prácticas de exterminio a las que fue sometida, llegando en algunos momentos de su historia a pensarse en su desaparición. En esta descripción también se subraya la diversidad de la organización, dado la diversidad misma de la nación colombiana, e identifica como elemento común, el proyecto político de reforma agraria y defensa de la vida campesina que representa la ANUC. En la segunda sección, el informe presenta los hechos que produjeron el daño colectivo. Los hechos son presentados en dos escalas (global – nacional). La exposición de esta doble escala hace posible comprender que la estrategia nacional de constitución de la ANUC (organización de la población campesina) era una de las piezas estructurales en la consolidación global del Estado-nación contemporáneo. La historia de la ANUC se presenta como el pacto permanetenemente incumplido por parte del Estado de reconocer el lugar del campesino en el corazón de la vida nacional, en beneficio de otros actores sociales que han estimulado su marginalización por medio de tres olas de violencia que aún no terminan, y que constituyen un ataque sistemático contra la forma de vida campesina. En aras de la función pedagógica de este informes, se han resaltado siete macroeventos que definen la historia de la ANUC. En la tercera sección, se describen de manera detallada los daños que sufrió la ANUC, los cuales se asentuaron en la tercera ola de violencia referida. El daño a la organización es expuesto como un proceso de 1) descampesinización del Estado o daño a la participación de la ANUC en la política pública sobre el campo en Colombia, 2) descampesinización de la sociedad, o daño a la libertad de asociación del movimiento social campesino,

1 DESCRIPCIÓN DEL SUJETO La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (en adelante ANUC) se constituyó formalmente el 2 de mayo de 1967 mediante el decreto 755 del ministerio de agricultura. Este decreto hacía parte de una campaña gubernamental de organización nacional de la población campesina en un contexto de implementación de la reforma agraria establecida por la Ley 135 de 1961. Al cierre del período presidencial de Carlos Lleras Restrepo, en agosto de 1970, la campaña gubernamental logró asociar a un millón de campesinos (Ministerio de Agricultura 1971. Citado en Bagley 1979, p. 221), en un país cuyo censo nacional en 1964 estaba compuesto por 18’337.973 habitantes (DANE 1964), es decir, que los miembros afiliados a la ANUC constituían el 5,5% de la población colombiana, aproximadamente, sin incluir los familiares de dichos miembros. Dada la condición nacional de la organización, y la especial diversidad regional colombiana, el sujeto colectivo se caracteriza por su pluralismo político, religioso, étnico y de género, encontrando la unidad en la promoción de su objetivo general que consiste en “organizar, capacitar y representar a los campesinos de Colombia y actuar como su interlocutor válido, como órgano asesor y consultor ante el gobierno y la sociedad para gestionar, defender y reivindicar sus derechos económicos, políticos, sociales y culturales asegurando el total respeto y cumplimiento de las garantías que le otorgan la constitución y la ley” (ANUC 2014). En la actualidad, la ANUC cuenta con un número modesto de afiliados, en relación con las proporciones cuantitativas del momento de su creación. A los encuentros regionales que se han realizado para la preparación del presente informe han asistido en su mayoría personas de reciente afiliación a la ANUC, siendo la excepción, la participación de miembros con larga trayectoria en la organización. Para una descripción detallada de las personas que concurren a los mencionados encuentros, pueden revisarse las relatorías que sirven como anexos a este informe. 2 HECHOS Los hechos en una escala global Después de la segunda guerra mundial (1945) los estados europeos, tanto a nivel interno como en el ámbito comunitario (1957), implementaron una política pública que consagró prerrogativas a favor de los campesinos europeos. Esto derivó en una política agraria proteccionista que incluyó, entre otras medidas (Van Molle, Segers and Brassley 2012): - Control de precios de los alimentos por encima de los precios internacionales - Privilegio de los productores de alimentos sobre los consumidores - Subsidios directos al campesino - Investigación agrícola estatal transferida gratuitamente a los campesinos

- Ejecución de una política crediticia especial dirigida a los campesinos para el estímulo de la maquinización e industrialización de la producción agrícola - Participación política directa en la legislación y ejecución de la política agraria - Agencias estatales que paulatinamente llevaran al campo las condiciones de vida de la ciudad al campo y que acompañaran los procesos migratorios de los campesinos a la ciudad. Más que por razones de estricta eficiencia económica, dichas medidas se justificaron en un consenso político que consideraba que era necesario pagar un costo social para lograr la estabilidad en un escenario de transición hacia la paz y a la industrialización de la sociedad, porque los campesinos habían sido (Van Molle, Segers and Brassley 2012): - Víctimas directas de la guerra - Héroes de la guerra, porque a pesar de ésta, siguieron alimentando a la población civil y a las tropas - Víctimas de un cambio estructural (el proceso de urbanización) decidido como modelo nacional de desarrollo - Responsables de mantener la soberanía alimentaria de la nación En Inglaterra, por ejemplo, bajo el lema “Lest we forget” (No lo olvidemos), idéntico al epitafio que se escribe sobre las tumbas de los héroes caídos en combate, en 1947 se promulgó la Ley de Agricultura mediante la cual se apoyó al campesino inglés a través de la modernización de la industria agrícola, proyecto de interés nacional que encarnó el espíritu de la nueva Inglaterra, la Inglaterra de la reconstrucción. Privilegiando los intereses de los productores campesinos antes que el de los consumidores urbanos, la ley de agricultura fue fundamental en el período de transición de industrialización del campo, construyendo una nueva imagen del campesino, quien pasó de ser visto como un personaje perteneciente a una forma de vida rústica a un sujeto que tenía una lucrativa profesión (Griffiths, 2012). Por su parte, en Alemania, la consolidación de dicha protección se llevó a cabo a través de la promulgación de la llamada “Ley Verde” del parlamento alemán en 1955. El objetivo principal de la misma fue asegurar la participación equitativa de los campesinos en el crecimiento económico de la nación alemana. La “ley verde” promovió una directa injerencia en la inversión en el campo, la cual representó el 2.1% del presupuesto nacional en 1955, 3.9% en 1956 y 5.8% en 1957. Gracias a la ley verde, los campesinos fueron integrados a la sociedad industrial sin desaparecer como un grupo social, el cual permanece hasta la actualidad. (Gerhard, 2012) El proyecto de transición europea de la guerra a la paz y de transición agraria fue apoyado financieramente por el Plan Marshall desde Estados Unidos. Después de la revolución cubana (1959) Estados Unidos preparó un plan análogo para afrontar el problema de la avanzada comunista en Latinoamérica denominado “La Alianza para el Progreso” (1961). Este plan condicionaba el respaldo económico y político a los gobiernos de la región a la implementación de una reforma agraria institucional que transformara al campesino en

un propietario productivo a través de la distribución estatal de las tierras que se encontraran en manos de propietarios improductivos. En efecto, en la “Declaración de los Pueblos de América” firmada en Punta del Este, Uruguay, (17 de agosto de 1961) los países signatarios se comprometieron a “impulsar, dentro de las particularidades de cada país, programas de Reforma Agraria integral orientada a la efectiva transformación, donde así se requiera, de las estructuras e injustos sistemas de tenencia y explotación de la tierra con miras a sustituir el régimen del latifundio y minifundio por un sistema justo de propiedad, de tal manera que, mediante el complemento del crédito oportuno y adecuado, la asistencia técnica y la comercialización y distribución de los productos, la tierra constituya para el hombre que la trabaja, base de su estabilidad económica, fundamento de su progresivo bienestar y garantía de su libertad y dignidad” (Citado por Morales Benitez 1966). Sin embargo, después de la Conferencia de Punta del Este de 1967, bajo los gobiernos de Johnson y Nixon, la posición de Estados Unidos frente a la reforma agraria, como condición del respaldo económico y político, varió significativamente. El énfasis en la redistribución de la tierra fue abandonado y fue sustituido por un acento en el crecimiento de la producción. Se afirmó que la reforma agraria era demasiado costosa e implicaba un decrecimiento en la productividad. Por ello, era necesario enfocarse en el estímulo a la inversión privada en el campo y aumentar la producción de alimentos para suplir la demanda en un contexto de urbanización e industrialización de la sociedad (Petras y LaPorte 1971). Esta variación se puede explicar por la profundización de la guerra anti-comunista a través de la Doctrina Johnson (1965) que se enuncia públicamente para justificar la intervención militar de los Estados Unidos en la guerra civil de República Dominicana y que apoyó a quienes dieron el golpe al gobierno de Juan Bosch, electo democráticamente. Dicha doctrina, además de afirmar que las revoluciones domésticas no eran un asunto local, establecía que las sociedades latinoamericanas eran inestables e inmaduras y no estaban preparadas para la extensión popular de las garantías democráticas. Doctrina aplicada, también, en el caso chileno en el que Nixon perfeccionó las prácticas para contrarrestar el “enemigo interno” que amenazaba la “seguridad nacional” (Petras y LaPorte 1971). En los años noventa, esta reorientación en la política global estaudinense tiene continuidad en dos acciones clave. Por un lado, el afianzamiento del consenso de Washington que implicó la estandarización de la política económica latinoamericana en términos de reducción del gasto público y de liberalización del mercado (lo que retiró la inversión pública del campo y puso a competir a campesinos golpeados por la violencia y sin apoyo estatal, en el caso colombiano, con grupos de productores agrícolas estimulados estatalmente por más de cuatro décadas). Por otro lado, a mediados de los noventa, Estados Unidos postuló la guerra contra las drogas como un asunto de seguridad nacional. A través del diseño y ejecución del Plan

Colombia estableció que el éxito de esta lucha “dependería en delante de la solución al problema guerrillero. De este modo se fue configurando una nueva estrategia –la de las <<dos guerras>> o la de la <<guerra ambigua>>- mediante la cual se borraban las fronteras entre los combatientes y los no combatientes, entre los campesinos cultivadores de coca, los narcotraficantes y las guerrillas y se conformaba la tesis del enemigo <<narcoinsurgente>>. Esta nueva estrategia implicaba también un reforzamiento de la tendencia a involucrar de manera creciente a las fuerzas armadas estadounidenses en las operaciones antinarcóticos, pese a la ambivalencia del Pentágono de intervenir más de cerca en una situación tan compleja como la colombiana (Rojas 2015, 33). Mientras en 1998 se profundizaba la intervención de un actor internacional en la guerra que se llevaba a cabo en el campo colombiano, Colombia firmaba –con una reserva para su aplicación de siete años- el Estatuto de Roma que le daba poderes a la Corte Penal Internacional para investigar los crímenes de su competencia. En este período, igualmente, el sistema interamericano de derechos humanos de la O.E.A. inició un trabajo sistematico de investigación sobre la responsabilidad del Estado colombiano en el incumplimiento de sus obligaciones internacionales para la garantía de los derechos humanos. La globalización de la guerra colombiana a finales de los años noventa y principio del siglo XXI, y la consolidación de los sistemas de responsabilidad estatal y penal para los actores que participan en ésta, incidió notablemente en la construcción de un nuevo modelo de transición en el que los derechos de las víctimas de la guerra adquieren un rol fundamental. 2.3 Los hechos en una escala nacional 2.3.1 La primera ola de violencia y la transición hacia la paz del Frente Nacional (1930 – 1974) A finales de los años veinte, en distintas zonas del país, los campesinos se organizaron para reclamar el derecho a trabajar la tierra. Especialmente se recuerdan los movimientos campesinos en las zonas cafeteras del centro del país, la lucha de corte indigenista de Manuel Quintín Lame en el sur, y finalmente, el emblemático movimiento en la zona norte que impulsó la huelga en Ciénaga (Magdalena), y que terminó en la tristemente célebre “masacre de las bananeras”. En los treinta grupos de campesinos se volcaron a ocupar haciendas improductivas exigiendo que quienes se reputaban propietarios exhibieran los títulos idóneos para demostrar la propiedad, y el Estado les respondió con escuadrones de Policía que se ponían al servicio de los hacendados para la práctica de los desalojos. Frente a este orden de cosas, el Estado colombiano expidió la ley 200 de 1936, que consagró la presunción de propiedad privada de los predios que eran explotados

económicamente, lo que convirtió al campo colombiano en un botín de guerra en donde el más poderoso imponía su ley, pues para reputarse propietario bastaba con alinderar arbitrariamente, colocar ganado o cultivos extensivos hasta donde el músculo económico lo permitiera, y defender a sangre y fuego lo alinderado, lo que desató un período que fue denominado como “la época de la violencia”. Los efectos de este período, pueden ser sintetizados en tres: - Exacerbación de la violencia física como fórmula de resolución de conflictos y recurso a prácticas de exterminio del contradictor (político – económico – religioso) - Desinstitucionalización, falta de confianza en las autoridades y quebramiento de la legitimidad del Estado - Pobreza de la mayoría de la población y carencia de una planificación económica Partiendo de la idea que la violencia era preponderantemente de carácter partidista, los conservadores y los liberales construyeron un plan de transición hacia la paz basado en tres objetivos, los cuales, a su vez, estaban acompañados de medidas concretas para realizarlos: el primer objetivo, consistía en eliminar la violencia como medio para acceder al poder, lo que se pretendió lograr estableciendo la paridad política, la alternancia en el poder y una mayoría cualificada de dos tercios en el congreso para aprobar las leyes. El segundo objetivo, aspiraba a la construcción de confianza de la población en las instituciones para arropar de legitimidad la autoridad del estado; la fórmula para llevarlo a cabo era la implementación del programa de acción comunal que animaba a las personas en el nivel más local (las veredas en el sector rural y los barrios en el sector urbano) a apropiarse de la ejecución de los proyectos de desarrollo que se diseñaban desde el nivel central. Finalmente, el tercer objetivo se fundamentaba en elevar las condiciones económicas de la población por medio de la construcción de una burocracia de Estado efectiva que pudiera ejecutar los planes de desarrollo diseñados desde las oficinas de planeación técnica del nivel central (Bagley 1979). Mientras este diseño institucional de tránsito hacia la paz -denominado Frente Nacional- se ponía en marcha, los campesinos despojados de sus tierras iniciaron un proceso autónomo de recuperación de tierras. Desde el gobierno de Alberto Lleras Camargo, primer presidente del Frente Nacional, este proceso se trató de canalizar por medio de la expedición de la Ley 19 de 1958 que formalizaba el Programa de Acción Comunal y que autorizaba a los vecinos de las veredas y los barrios a fundar las juntas de acción comunal para autogestionar sus intereses comunitarios. Para los campesinos despojados, esta medida gubernamental no satisfacía sus necesidades de recuperación de las tierras arrebatadas en el período de la violencia, más aun cuando las juntas de acción comunal empezaron a ser capturadas por los gamonales

de los partidos políticos y los acaparadores de grandes extensiones de tierras que habían participado como actores de dicha violencia. En este contexto de inconformidad, y en algunos casos, de convulsión de los campesinos, el gobierno de Alberto Lleras Camargo, después de su respaldo a la Alianza para el Progreso en la Conferencia de Punta del Este (17 de agosto de 1961), promovió en el Congreso la Ley 135 de reforma agraria, la cual fue sancionada el 13 de diciembre de 1961, y fue bienvenida por el propio John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos, en su visita a Bogotá el 17 de diciembre de dicho año. El siguiente presidente del Frente Nacional, Guillermo León Valencia, derogó los decretos reglamentarios mediante los cuales el INCORA iniciaba la aplicación de la Ley 135 de 1961. Para sustituirlos, profirió nuevos decretos estableciendo estándares diferentes para la negociación entre el Estado y los propietarios de más de 100 hectáreas, quienes estaban facultados para realizar un autoavalúo para la compraventa, restringiendo significativamente el accionar del INCORA en la adquisición de tierras para la reforma. Frente a unos campesinos cada vez más organizados en torno a la demanda de darle cumplimiento a la reforma agraria, el gobierno de Valencia respondió 1) incentivando las juntas de acción comunal supervisadas y controladas por el gobierno, 2) promoviendo acciones cívico-militares que colocaba en función de la Fuerza Pública la ejecución de obras de infraestructura como carreteras, puentes, escuelas, hospitales, y 3) combatiendo militarmente fuerzas radicales que proclamaban autonomías territoriales que desconocían la autoridad del Estado central. Carlos Lleras Restrepo, quien había sido el senador promotor de la reforma agraria en el Congreso de 1961, invitó directamente a los campesinos a apoyar su candidatura presidencial a cambio de la implementación definitiva de la reforma en su gobierno. Una vez en la presidencia, Lleras Restrepo promovió un proyecto de ley en el Congreso para revivir la reforma y se encontró con fuertes sectores de oposición. Como fórmula de contrapeso a estos sectores políticos y de control del descontento campesino por el aplazamiento de la ejecución de la reforma, lleras Restrepo promovió una campaña nacional de organización del movimiento campesino. Fruto de esta campaña profirió el Decreto 755 de mayo 2 de 1967 y la resolución 061 de 1968 que le dan vida formal a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. La expedición de la ley 1ª de 1968 significó la reactivación del INCORA que funcionaba como el ente institucional que avalaba el proceso de recuperación de tierras de los campesinos. Estos explican que el proceso consistía en ocupar masiva e intempestivamente un predio para hacer evidente que quienes se reputaban propietarios de esas grandes extensiones de tierra, o no tenían los títulos jurídicos para demostrar la cantidad de área que explotaba, o bien registraban una cantidad inferior ante el fisco para evadir impuestos. Una vez se realizaba la ocupación, el INCORA intervenía para avalar la negociación en la que entraban campesinos y propietarios.

Al finalizar el período presidencial, el gobierno de Lleras Restrepo había logrado el objetivo de formalizar una organización de carácter nacional. Dicha organización estaba fundada en juntas veredales y municipales que elegían una mesa directiva que los representaba ante las asambleas regionales (En total 28, 22 departamentos y 6 territorios nacionales). A su vez, las asambleas elegían mesa directiva que hacían parte de la asamblea nacional, constituida por 140 delegados (5 representantes por cada asamblea regional). La asamblea nacional elegía a los cinco integrantes del Comité Ejecutivo Nacional. El 7 de julio de 1970, Carlos Lleras Restrepo inauguró el I Congreso Nacional de la ANUC cuyo objetivo central era evidenciar la fuerza del movimiento campesino y dejarle claro, al presidente electo –Misael Pastrana Borrero- la necesidad de continuar progresivamente con la implementación de una reforma agraria que distribuyera la propiedad de la tierra. Lo anterior, en el contexto de una profunda crisis de legitimidad, dada las denuncias generalizadas sobre el fraude electoral a través del cual había sido elegido el nuevo presidente. En este ejercicio de contextualización, sistematización y síntesis proponemos comprender este significativo evento (I Congreso Nacional de la ANUC, 7 de julio de 1970) como la consolidación de un pacto entre el Estado y el movimiento social campesino para transitar hacia la paz y lograr la estabilidad de la sociedad por medio de una institucionalidad orientada prioritariamente a favorecer la vida campesina, lo que en último término, llevaría a la contrucción de la legitimidad del Estado en el campo. (Macroevento 1) Sin embargo, el gobierno siguiente desconocería ese pacto. Mediante el Decreto 2098 de noviembre 4 de 1970, Pastrana Borrero constituyó el CERA (Comité Ejecutivo de Reforma Agraria), un comité compuesto por representantes de los partidos políticos, sin participación de la ANUC, y que tenía como misión generar un reporte de recomendaciones sobre la situación de la reforma agraria., el cual fue entregado el 30 de enero de 1971. En este reporte se hacía énfasis en el replanteamiento de la reforma agraria restándole importancia a la distribución de la tierra y estableciendo la necesidad de aumentar la productividad. Ante este giro del nuevo gobierno, la ANUC realizó una de las más memoradas acciones, que demostró su capacidad de coordinación a nivel nacional: el 21 de Febrero de 1.971 se llevó a cabo una movilización que permitió a los campesinos recuperar 1250 haciendas y latifundios improductivos. El 5 de junio de 1.971 la Junta Directiva nacional realizó una reunión en Villa del Rosario de Cúcuta, en la cual promulgó un documento titulado “Plataforma Ideológica de la ANUC”, y en un acto demonstrativo de autonomía e independencia, el 22 de Agosto de 1.971, se vuelve a reunir en Fúquene, Cundinamarca, para proclamar “el primer mandato campesino”. En este documento la A.N.U.C rompe relaciones con el gobierno y con todos los partidos políticos, proclamando que el INCORA es inoperante y no tiene voluntad política “para adelantar un proceso de Reforma Agraria, democrático, masivo y rápido, que transforme radicalmente la actual estructura agraria colombiana, y la sustituya por un sistema justo de propiedad, tenencia y explotación de la

tierra que al mismo tiempo garantice la justicia social en el campo y el desarrollo económico del país” (A.N.U.C., 1971). En enero de 1972 se realizó, con todos los sectores de los partidos políticos salvo el liberal “llerista”, el pacto de Chicoral, en el que se construyó el consenso sobre la modificación de la ley 135 de 1961 redefiniendo el significado de una explotación adecuada, estableciendo estímulos para la inversión privada y fortaleciendo las herramientas para la actuación de la fuerza pública y la fuerza privada para responder a las “invasiones” de los campesinos. El pacto de Chicoral fue convertido por el Congreso en la ley 4ª de 1973 la cual recibió el apoyo de todos los sectores de los partidos, incluyendo el “llerismo”. La transición propuesta por el frente nacional, que había sido pactada de 1958 a 1974, fue incapaz de construir legitimidad entre la población campesina, pues las medidas de la acción comunal, de la reforma agraria y, finalmente de la ANUC, fueron bloqueadas por los partidos políticos, cortando el proceso de inserción del campesinado en la vida nacional, condición fundamental para lograr la transición hacia la paz en el estado moderno global. Dicho bloqueo se explica por una decisión deliberada de los mismos partidos políticos que habían pactado el frente, de impedir que estas iniciativas derivaran en el fortalecimiento de un movimiento campesino que ganaba independencia política frente a dichos partidos. Así como el I Congreso de la ANUC de julio de 1970 puede ser comprendido como un evento de consolidación del pacto entre el Estado y los campesinos (macroevento 1), el Pacto de Chicoral, realizado en los primeros días de enero de 1972, puede ser entendido como la ruptura de esa alianza, configurando una matriz de pensamiento o un paradigma sobre el campo que prioriza los intereses de los partidos políticos y de los inversionistas del campo sobre los intereses de los campesinos que lo habitan (Macroevento 2). En el nivel más alto de poder organizativo y de reconocimiento social de la ANUC, lo que los miembros más antiguos denominan “el momento de esplendor”, el gobierno de Pastrana Borrero, con su ministro de agricultura Hernán Jaramillo Ocampo, decide subrogar las normas de la reforma agraria, avanzando en el desmantelamiento de la asociación: reunida la Junta Directiva nacional en Tolú en los primeros días de enero de 1972, el ministro Jaramillo Ocampo condiciona el apoyo institucional a la organización, si ésta se adhiere públicamente al denominado Pacto de Chicoral. El cambio de paradigma sobre la relación del Estado con el cambio colombiano se basaba en la idea según la cual, aquellos campesinos que se apartaban de las directrices del gobierno estaban siguiendo los lineamientos de la subversión armada que habían capturado al movimiento campesino. La idea se expandió a nivel nacional en los medios de comunicación fortaleciendo una imagen que equiparaba al campesino independiente del gobierno (que en la práctica significaba un campesino que pedía que se cumpliera lo que se había prometido en la transición: la reforma agraria) con un miembro de la subversión.

En esta encrucijada, del 20 al 24 de junio de 1972, los miembros de la ANUC que consideraban la necesidad de mantener su posición de independencia realizaron el II Congreso de la organización en la ciudad de Sincelejo, mientras que aquellos que decidieron mantenerse abrigados por el apoyo del gobierno, realizaron un congreso paralelo en la ciudad de Armenia, el 21 de noviembre de ese año; emergiendo, de esta manera, la división de la organización en las llamadas “línea Sincelejo” y “línea Armenia”, respectivamente. Esta división, propiciada bajo el consenso de los partidos políticos, afectó profundamente el reconocimiento social de la organización, y preparó el terreno para la “justificación” de la nueva ola de violencia que tuvo que sufrir la ANUC. Igualmente, esta división produjo la fragmentación del movimiento en diferentes tendencias, que respondieron de diversas maneras (inclusive con las armas) a este ataque sistemático. 2.3.2 La segunda ola de violencia y la transición hacia la paz de Betancur y Barco (1974 – 1986) A pesar de ser del partido liberal, y haber apoyado a Carlos Lleras Restrepo en las elecciones de 1966, Alfonso López Michelsen apoyó el Pacto de Chicoral de 1972. Los miembros fundadores de la ANUC explican esta aparente contradicción narrando un episodio que, aunque tiene carácter regional, resulta ser central a la historia nacional de la ANUC: se trata de la recuperación de tierras en una hacienda que se extendía desde Plato, Magdalena, hasta Bosconia, Cesar. El administrador de la finca se llamaba Sinforiano Restrepo y su propietario era el mismo López Michelsen. Así que miembros de la ANUC viajaron hasta Bogotá para negociar directamente con López, quien se negó a cualquier tipo de negociación. Los campesinos también se negaron a desalojar las tierras, razón por la cual, Restrepo ordenó a una banda de criminales llamada “Los Méndez” que se encargara del desalojo, asesinando a varios de los campesinos que participaron en la recuperación. Una vez como presidente de la República, Alfonso López Michelsen, dio continuidad a la política agraria establecida por el gobierno de Pastrana creando el DRI (Desarrollo Rural Integral), un programa que tenía como fin estimular los créditos y la asistencia técnica para modernizar la agricultura, pero que no incluía ningún tipo de medida de redistribución de la tierra. El 30 de agosto de 1976, la ANUC respondió realizando el Tercer Congreso nacional en la ciudad de Bogotá, a donde llegaron más de 60.000 campesinos de todas las regiones del país. En este Congreso se hicieron evidentes las profundas divisiones del movimiento, y los mismos miembros de la Asociación denunciaron la infiltración de múltiples grupos (intelectuales – políticos – subversivos) que no hacían parte directa de la organización campesina. Asimismo, se denunció la malversación de fondos provenientes de una

financiación internacional que cada vez se hacía más difícil de determinar su procedencia y su justificación. En este contexto de convulsión política y de desintegración del movimiento campesino, Alfonso López Michelsen declara el estado de sitio el 7 de octubre de 1976 (mediante los decretos 2194-2195-2578 de 1976, y el 0070 de 1978), con el fin de intervenir el orden público a través de una profunda restricción de las libertades públicas (Macroevento 3). En ese sentido, la convocatoria, preparación y asistencia al IV Congreso de la ANUC, el 21 de Febrero de 1977 en Tomala (Sucre), fue realizado en la clandestinidad. Para las elecciones de 1978, el ex presidente Lleras Restrepo invitó a una nueva campaña presidencial a los líderes de la ANUC que lo habían apoyado en 1966. Sin embargo, el movimiento campesino estaba profundamente dividido y diezmado para llevarlo al poder. Además, su contendiente, Julio César Turbay Ayala, contaba con el apoyo de López Michelsen, y de poderosos sectores económicos (en la legalidad y la ilegalidad) que suministraron fuertes sumas de dinero usadas para generalizar, en todo el país, la práctica de compraventa de votos. Después de un mes en la presidencia, Turbay Ayala expidió el Decreto 1923 de 6 de septiembre de 1978, conocido como el “Estatuto de Seguridad”, el cual recogía las normas de orden público del gobierno López, y le daba a la Fuerza Pública amplias libertades para implementar los procedimientos necesarios para exterminar al “enemigo interno” que amenazaba la “seguridad nacional”, todo ello en sintonía con las prácticas que ejecutaban, en el mismo período, los gobiernos militares de países latinoamericanos como Chile, Argentina y Uruguay (Macroevento 3). Una de las medidas adoptadas en el marco del “Estatuto de Seguridad” fue la militarización de las zonas rurales donde había tenido mayor fuerza la ANUC (Sucre – Córdoba – Urabá – Magdalena Medio – Cauca – Caquetá – Tolima – Huila). En estas zonas los miembros de la ANUC fueron perseguidos sistemáticamente y fueron sometidos al siguiente tipo de violaciones a los derechos humanos: - Exigencia de porte de salvoconductos expedidos por el ejército para la movilización - Restricción de la compra y venta de alimentos - Presentación periódica a los cuarteles o puestos de control - Allanamientos sin autorización judicial a los domicilios - Prohibición de reuniones comunitarias - Arrestos ilegales - Torturas - Juicios ante tribunales militares - Homicidio de líderes locales - Desapariciones forzadas - Obligación al exilio de líderes - Abandono y despojo de predios

- Venta de predios a bajos precios - Prohibición del trabajo comunitario Al final del gobierno de Turbay Ayala, un hecho conmocionó a la organización. Se trató de la incriminación de Froilán Rivera Meza, uno de los dirigentes históricos de la ANUC, en el secuestro de Gloria Lara de Echeverri el 28 de junio de 1982. La investigación asumida por la justicia militar estableció, bajo un amplio despliegue mediático, que los autores del secuestro y asesinato de Gloria Lara eran unos militantes de la Organización Revolucionaria del Pueblo (ORP), ligada a la ANUC. El proceso adelantado por la jurisdicción ordinaria, prescribió en sede de casación de la Corte Suprema de Justicia sin que se haya esclarecido oficialmente la verdad sobre este emblemático evento dejando un manto de duda sobre la participación de miembros de la ANUC en el mismo. Después de esta ola de violencia en contra de los miembros de la ANUC los gobiernos de Betancur y Barco intentaron plantear nuevas medidas para transitar hacia la paz. Los viejos objetivos de la transición del frente nacional estaban vigentes (eliminar la violencia como medio para acceder al poder, construir legitimidad del Estado, y elevar la condiciones económicas de vida de la mayoría de la población), pues después de dicha experiencia, el no uso de la violencia para atacar al contradictor político aplicaba solo para las relaciones entre los partidos políticos, la legitimidad seguía resquebrajada entre una población rural que sentía que el Estado y la clase política que lo gobernaba había incumplido su pacto de insertar a los campesinos en la vida nacional, lo que llevó, precisamente, al estancamiento económico de los campesinos. En otras palabras, desde la perspectiva de los campesinos la transición del Frente Nacional había hecho posible lograr los tres objetivos para una sociedad preponderantemente urbana, pero en lo que se refería a la sociedad rural, la guerra continuaba viva. En esta nueva transición, se diagnosticaba que el principal agente de la violencia eran los grupos subversivos armados que surgieron en el período del Frente Nacional, razón por la cual, se consideró que una de las principales medidas era proferir una ley de amnistía general para dichos grupos (Ley 35 de1982) y establecer un Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) para contribuir a programas de reinserción a los guerrilleros amnistiados en 1982 (Decretos 3286 -3287- 3289 de 1982). En la presidencia de Virgilio Barco, quien había hecho parte del gabinete de gobierno de Alberto Lleras Camargo, se estableció que el PNR debía ser direccionado a cumplir los otros dos objetivos frustrados del Frente Nacional: legitimidad entre la población rural y su crecimiento económico. En una alocución televisada el 5 de noviembre de 1986, Barco explicó que “el PNR es, por tanto, una de las estrategias fundamentales del Gobierno para asegurar el carácter integral de la Reforma Agraria. Con tal fin el Gobierno presentó el proyecto de ley agraria que agilizará la adquisición de la tierra para ponerla al alcance de los campesinos sin tierra. El congreso tiene la responsabilidad de concretar esa iniciativa sin dilaciones y sin obstrucciones” (Presidencia de la República 1990).

Además de intentar revivir el proyecto de la reforma agraria, que derivó en la expedición de la ley 30 de 1988, Barco revivió el proyecto de acción comunal con especial énfasis en las zonas de rehabilitación nacional (302 municipios – 18 departamentos), creando los consejos de rehabilitación. En palabras del presidente estos consejos “permiten la plena participación de las organizaciones populares, campesinas e indígenas; de la Iglesia, de todos los partidos y de los gremios, en la ejecución y control de este plan. Así la comunidad fiscalizará directamente el correcto y eficaz aprovechamiento de estos recursos para que lleguen oportunamente, no se desvíen y así, cumplan su propósito” (Presidencia de la República 1990). Finalmente, el gobierno de Barco realizó un reconocimiento público de la profunda marginalización a la que fue sometida históricamente la población campesina por el Estado colombiano, y a través de la Directiva Presidencial No. 8 de marzo 30 de 1987, dirigida a los Gobernadores, Alcaldes, Gerentes de Institutos descentralizados y de Corporaciones Regionales, estableció que uno de los principales objetivos de la transición consistía en reconstruir el lugar del campesino en la vida social de la nación (Macroevento 4). En la mencionada directiva se puede leer: “Las familias campesinas que se asientan en todo el territorio nacional (casi dos millones) constituyen uno de los estratos más pobres del país y más abandonados por los servicios del Estado y la sociedad. A pesar de su importancia para la producción económica y la estabilidad institucional del país, sus necesidades no son adecuadamente atendidas. Su falta de organización, su dispersión y su misma situación precaria, les hace difícil reclamar los servicios a los cuales tienen derecho. Esta falta de atención a los campesinos pobres es una de las causas de graves problemas que afectan nuestra organización social. Se mantienen así condiciones de <<pobreza absoluta>> que afectan a una porción muy gran de nuestros compatriotas y generan descontento e insatisfacción en los campos. Es propósito de mi gobierno que esta situación se modifique radicalmente a través de los planes y programas que para el sector campesino estamos poniendo en práctica y para lo cual requerimos su decidida contribución. Durante largos períodos en el pasado la política agropecuaria de sucesivos gobiernos se caracterizó por el tratamiento marginal de problemas de las familias campesinas. Para esta administración, la cuestión campesina será la preocupación central del esfuerzo estatal en el sector rural” (Plan Nacional de Rehabilitación 1987). En la directiva presidencial se establecía que el apoyo a los campesinos para su recuperación a la vida nacional debía basarse en 6 acciones, a saber: - Apoyo a las organizaciones campesinas - Fomento de los servicios en beneficio de las organizaciones campesinas

- Adecuación y equipamiento de las “Casas Campesinas” para ejecutar el programa de abastecimiento de alimentos - Participación de los campesinos en la gestión de los organismos del Estado - Protección de los derechos de los campesinos - Celebración del día del campesino (7 de julio) La reorientación de la política pública para la protección de los intereses de los habitantes del campo del gobierno de Virgilio Barco fue una reacción a los actos de violencia que se perpetraban en el campo. En el informe de Aministía Internacional de 1985 se establecía: “Según informaciones, el 29 de marzo la dirigente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) Isabel Caicedo, de 54 años de edad, fue detenida y muerta por la Policía, al igual que sus dos hijos David y Gilfredo Palacios. De acuerdo a versiones de testigos, Isabel Caicedo había sido acusada de ser un "correo" del EPL. Los vecinos de Punta de Piedra ocuparon la sede municipal en el vecino pueblo de Turbo, exigiendo una investigación en torno a las muertes y dijeron a funcionarios del Ministerio Público que la Policía antinarcóticos había sido la responsable. El 14 de abril, 11 pequeños agricultores fueron muertos y siete heridos en el curso de una incursión en Punta de Piedra. Portavoces del Ejército afirmaron que las muertes habían sido perpetradas por el EPL. Sin embargo, las pruebas a disposición de Amnistía Internacional indicaban que unos 30 ho (Amnistía Internacional 1985)mbres en uniforme de la Policía antinarcóticos habían pasado por puntos de control del Ejército en tres camiones militares, habían penetrado al poblado al amparo de la oscuridad y dado muerte a sangre fría a los pobladores con armas automáticas. Se recibieron informaciones de torturas y malos tratos a detenidos, provenientes de zonas de intensa actividad contrainsurgente y desde zonas rurales donde se produjeron detenciones relacionadas con conflictos sobre tenencia de tierras” (Amnistía Internacional 1985). En síntesis, la reorientación de la política pública para el campo, en cabeza del presidente Barco, dirigida a proteger los intereses de los campesinos fue acogida por la ANUC, y es recordada por mucho de sus miembros como un renacer de la organización. Sin embargo, este renacer se presenta en un contexto en el que los narcotraficantes, los paramilitares y las guerrillas han adquirido un poder de tal magnitud en el campo, que hacen inocuas las fórmulas de transición que diseña el gobierno en sus esquemas de planificación nacional. 2.3.3 La tercera ola de violencia y la transición actual (1986 – 2015) Como se advirtió arriba, la transición propuesta por los gobiernos de Belisario Betancur y Virgilio Barco fue contestada por múltiples actores (narcotráfico, paramilitarismo y guerrilla) con la exacerbación de las acciones violentas. A partir de 1988, las masacres en el campo colombiano se convirtieron en una práctica sistemática de uso de la violencia (Macroevento 5). Tratando de comprender la dinámica de ésta, y tomando como ejemplo la masacre de “La Mejor Esquina”, la Revista Semana escribía: “tiene sus orígenes en un nuevo tipo de conflicto entre los terratenientes y los campesinos de la región. Si en la década pasada la pelea era por las invasiones hechas por los campesinos y los desalojos

promovidos por los terratenientes y realizados por la fuerza pública, ahora las cosas son a otro precio. Tanto los unos como los otros se han enredado en episodios no muy ortodoxos. Los terratenientes tradicionales han tenido que recibir como vecinos a algunos miembros de la pesada del narcotráfico. (…) Por su parte, los campesinos tradicionales han visto llegar también visitantes esporádicos de la guerrilla que han ganado algunos simpatizantes para su causa, y quienes se dedican unas veces a organizar al campesinado, y otras a utilizarlo como enlace para sus actividades” (Revista Semana 1988). En efecto, el poder de los narcotraficantes se había fortalecido y expandido por todo el territorio nacional. Este enseñoramiento se configuró desde los años setenta frente a los ojos de la sociedad, los partidos políticos, las guerrillas, los paramilitares, e incluso, los militares. Durante los ochentas, todos estos actores construyeron, en algún u otro sentido, alianzas funcionales con el narcotráfico quien, en una de sus estrategias de aspiración al control de la soberanía, emprendió un gigante proceso de acaparamiento de las tierras más productivas del país. Este proceso de acaparamiento implicaba una primera etapa de lavado de activos asegurada por la compra de un bien lícito. En la segunda etapa del lavado, se realizaba una configuración territorial para una actividad productiva de tipo legal y de altas inversiones (ganadería extensiva, palma de aceite, caña de azúcar, banano, etc.), estableciendo proyectos económicos rentables o salir a la venta en un mercado altamente valorado (Reyes Posada 2009, 77). A finales de los ochenta y principios de los noventa el mapa político del narcotráfico sufrió una reconfiguración, pues muchos de sus máximos líderes fueron perseguidos tanto por competidores del negocio como por la fuerza pública en un replanteamiento de la guerra contra las drogas a nivel global. Esta reconfiguración implicó la fragmentación y difuminación del ejercicio de soberanía, lo que fue aprovechado por las guerrillas. Estas entraron a disputar territorios estratégicos permitiendo que los campesinos realizaran ocupaciones de grandes extensiones de tierras a la vieja usanza de la recuperación de tierras. Sin embargo, estas ocupaciones de tierras no lograron consolidar la economía campesina, pues a nivel nacional se promovió una política pública sobre el campo colombiano que no la favorecía. Como fue señalado arriba, a principios de los años noventa se diseño una política económica que introdujo medidas de reducción del gasto público y de liberalización del mercado (lo que retiró la inversión pública del campo y puso a competir a campesinos golpeados por la violencia y sin apoyo estatal, en el caso colombiano, con grupos de productores agrícolas estimulados estatalmente por más de cuatro décadas) (Macroevento 6). En aquellas zonas en las que la guerrilla logró establecer el control militar sobre el territorio, los líderes de la ANUC y los demás miembros, eran sometidos a obedecer las pautas de conducta impuestas por los grupos subversivos, y a quienes mostraran signos

de independencia se le castigaba con la expulsión de la región o con la pérdida de la vida misma. A mediados de los noventa, fue esta presencia de los campesinos en las tierras que habían sido acaparadas por el narcotráfico y que se encontraban ahora bajo la influencia del poder guerrillero, lo que llevó a los narcotraficantes que se reagruparon bajo el nombre de AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) a declarar a la ANUC como objetivo militar. En una estrategia de recobro del poder y de las tierras perdidas, los paramilitares aliados con diferentes sectores de la sociedad y del Estado -que se beneficiaban con la continuidad del modelo de propiedad de las tierras configurado en los ochentas- recurrieron a la vieja práctica de justificación de la violencia que equipara el ser miembro de la ANUC con ser miembro de la guerrilla (Ronderos 2014, 178). Es en este contexto, a finales de los años noventa y principios del siglo XXI, que los Estados Unidos entran en la guerra colombiana a través de la implementación del “Plan Colombia” (Macroevento 7). En el 2002, el gobierno entrante decretó el estado de conmoción interior, y “por medio del decreto 202 del 9 de septiembre de 2002 se establecieron lsa dos primeras zons de rehabilitación que abracaban 27 municipios de tres departamentos (…) para los cuales fueron nombrados comandantes militares como autoridad suprema. Se trataba de zonas con alta presencia guerrillera y paramilitar, donde se habían presentado graves alteraciones al orden público en los últimos años. El decreto otorgaba facultades excepcionales a las autoridades militares, y alos gobernadores y alcaldes de estas zonas para reestablecer la seguridad. Las medidas incluían la restricción a los derechos a la circulación y residencia, la suspensión de permisos para porte de armas y los toque de queda. Además, se penalizaban los desplazamientos no autorizados y la permanencia de personas extranjeras quedó sujeta a permisos especiales (Rojas 2015, 131). El escalonamiento del conflicto en el campo hizo que el campesinado colombiano en general, y la ANUC como ícono de la mayor organización que los había representado históricamente, se convirtieran en unas víctimas de excepción, pues ellos no solo conservaban en su memoria el proyecto frustrado de la reforma agraria, sino que, además, preservaban la memoria de las relaciones de propiedad en el campo colombiano -más allá de las escrituras-, de las relaciones de las alianzas políticas con actores legales e ilegales, y finalmente, de los responsables de las acciones de violencia en el nivel local, el escenario concreto de la guerra. Por esta razón, en esta tercera ola de violencia todos los actores que intentaban lograr ejercer soberanía territorial (narcotraficantes, paramilitares, guerrillas, militares) contribuían a la consolidación de prácticas de exterminio contra la ANUC, cuyo nombre había sido convertido en anatema o estigma, así como su su proyecto político de reforma agraria y de defensa de los derechos de los campesinos. Esta política de exterminio tenía como objetivo la difusión generalizada del terror, doblegando la voluntad de los miembros de la organización y despertando los sentimientos de desarraigo y pérdida de identidad

entre éstos (Steiner 2009). Las siguientes fueron las prácticas sistemáticas que se han podido recaudar en los talleres referentes a este período: - Masacres - Desaparición forzada - Homicidios sistemáticos de dirigentes nacionales, departamentales y municipales - Desplazamiento, despojo, abandono de la tierra (medio de vida) - Impunidad sistemática frente a la profundización de una violencia diseminada y cotidiana - Instalación del miedo como matriz de articulación de la vida cotidiana Como se dijo anteriormente, a la par que se profundizaba la guerra en el campo colombiano, el Estado firmaba el Estatuto de Roma en el que le otorgaba facultades a la Corte Penal Internacional para perseguir los crímenes de su competencia cometidos después de 2005. Igualmente, las investigaciones y condenas en el sistema interamericano de derechos humanos en contra del Estado colombiano, por su incumplimiento de sus obligaciones internacionales consignadas en la Convención Americana, fueron elementos claves en la configuración de un nuevo escenario transicional. En efecto, por un lado se expidió la ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz) que a cambio de beneficios penales intentaba incentivar la desmovilización de las estructuras paramilitares, el esclarecimiento de la verdad sobre la violencia, y la reparación de las víctimas de ésta. El énfasis judicial de la implementación de la ley hizo que estos objetivos se lograran cumplir en bajos porcentajes respecto de la magnitud del fenómeno de violencia (se ha investigado menos del 10% de los hechos denunciados, los porcentajes de juzgamiento son menores, así como los de reparación de las víctimas) (García 2013). En relación con la ANUC, no ha habido una línea de investigación de la Fiscalía General que investigue la planeación, los motivos y la ejecución de la violencia sistemática que sufrió la organización, la cual pueda derivar en el enjuiciamiento de los máximos responsables y los beneficiarios de esta política de exterminio. Por otro lado, en julio de 2011, el Estado profirió la Ley 1448 de 2011 (Ley de víctimas) que ha promovido un especial énfasis en la reparación de las víctimas. La ANUC, como sujeto colectivo de reparación, es precisamente una organización beneficiaria de estas medidas de reparación, de las cuales, es producto el presente informe. Sin embargo, es preciso subrayar que la implementación de estas medidas se realiza en un contexto en el que no se ha logrado el desmonte final de las estructuras que producen violencia en contra de la ANUC y en un ambiente político nada favorable para la reforma agraria y la economía campesina que se ha visto golpeada por políticas de estímulo a la expansión de los monocultivos, la firma de tratados de libre comercio (con claras desventajas para los campesinos). Finalmente, en el actual período de transición se iniciaron unos nuevos diálogos con la guerrilla de las FARC, cuyos avances y relación con el proceso de reparación colectiva de la

ANUC serán analizados de manera independiente en uno de los anexos del presente informe. 3 DAÑOS 3.1 DAÑOS A LA ORGANIZACIÓN 3.1.1 La descampesinización del Estado (daño a la participación en el diseño y ejecución de la política pública sobre el campo) A partir de la información recaudada en los encuentros regionales se puede evidenciar que los campesinos consideran que su condición de víctimas va más allá del conflicto armado, pues también son víctimas en tanto han sido excluidos paulatinamente de la participación efectiva en la política pública sobre el campo lo que, a su vez, desconoce su condición de movimiento social. La representación de la ANUC en las instituciones tuvo poco poder decisorio y con el tiempo fue desapareciendo. Igualmente, en las últimas décadas ha habido un desmonte de las instituciones encargadas del desarrollo rural. Es a esta conjunción de situaciones a nivel institucional a lo que hemos denominado la descampesinización del Estado y la sociedad en relación con el daño organizacional. A continuación algunos ejemplos de este daño a la participación recogidos en los encuentros tenidos en el primer semestre del 2015. Sobre la descampesinización del INCORA como institución clave para la política de reforma agraria, se puede exponer el siguiente caso paradigmático: Los asistentes al encuentro de Cordoba señalaron como una profunda contradicción que lo poco que se hizo de reforma agraria a favor de los campesinos, se haya hecho a través de la afectación a las ciénagas y humedales, lo cual es sin duda uno de los más graves daños que les pudieron haber podido causar. En ese sentido explicaron que se perdieron sistemas de humedales como La Pozona, La Coroza, La Gran China en Ciénaga de Oro y Cereté, Las Ceibitas, El Cerrito y el Caño de Berastegui que recogía aguas que desembocaban en la ciénaga grande. En ese sentido la estrategia del Estado en cabeza del INCODER sirvió para incrementar durante dicho periodo de tiempo la adjudicación a los campesinos de lo que antes eran territorios ocupados por las ciénagas. Fue una estrategia que además permitía evadir la necesidad de intervenir las tierras acumuladas por los terratenientes de la zona. En ese sentido fue uno de los mayores daños causados en la región a manos del estado: se secaron las ciénagas, se adjudicaron dichos espacios a los campesinos y no se intervinieron en lo sustancial predios acumulados. Una situación análoga se puede observar con otras instituciones. De acuerdo a lo desarrollado por los campesinos de la ANUC de los departamentos de Córdoba y Sucre, el IDEMA fue producto de la política norteamericana en el marco de la alianza para el progreso e inicialmente cumplía funciones de cooperativa de manera que su labor era muy importante en la región. Pero el sentido de dicha institución se desnaturalizó y se

convirtió en una plataforma de negociación para los intermediarios, lo cual afectó fuertemente a sectores como los arroceros de la región. Señalaron que también era importante la labor del INA, que si bien no compraba (a diferencia del IDEMA) cumplía la tarea de vender productos básicos en regiones apartadas del país. A través de esa figura había pequeñas tiendas que proveían a los campesinos de arroz, aceite, etc. Pero además cumplía la función de regular el precio de venta de dichos productos y en general regulaban el mercado, pues vendían de acuerdo al número de integrantes de cada familia campesina. En relación con la Caja Agraria, de acuerdo con la explicación de los campesinos, para la década de los 70 dicha institución se encargaba de canalizar los recursos que en efecto el gobierno ponía a disposición del campesinado y en esa medida era una institución oportuna y eficaz. Sin embargo otro sector de participantes señaló que dicha relación no siempre fue positiva y que en muchos casos perjudicó al campesinado pues los llevó a la quiebra a través de las hipotecas y el endeudamiento. Después del año 1975 la corrupción de la institución fue aún mayor y recuerdan por ejemplo que en lugares como San Pelayo Córdoba, se otorgaban préstamos a personas fallecidas. En la región del suroccidente los campesinos pusieron también de presente, la desaparición de instituciones favorables para el campesinado tales como el IDEMA y se puso en evidencia que la política agraria nacional ya no tenía una vocación campesina, lo cual se reflejó en la región por ejemplo en que ya los trigueros no podían venderle los productos de sus cultivos a la empresa Bavaria. Ello causó que muchos campesinos tuvieran que desplazarse a lugares aledaños donde se encontraba en furor el cultivo de la coca. Como lo señalamos en el informe pasado, el periodo del presidente Barco implicó un intento de revivir el pacto entre el estado y los campesinos y esto es reconocido por los campesinos del Cauca. Los asistentes al encuentro de la ANUC en el suroccidente señalaron que el movimiento tuvo episodios positivos de acercamiento entre la ANUC y el PNR (Plan Nacional de Rehabilitación). Aunque las más de 22 casas campesinas, que tuvieron y perdieron en la ola de violencia de los ochentas, no se rehabilitaron en su totalidad, muchas de estas fueron activadas en este periodo. Ese fue el caso de algunas casas campesinas emblemáticas como las de Cajibío, Timba, Morales, Popayán, Piendamó, Santander y Miranda, entre otras. En la zona de los llanos orientales los participantes argumentaron que ya para los años 90´s la Caja Agraria se convirtió en un actor muy negativo. A muchos campesinos les quitaron sus predios y bienes por cuenta de las hipotecas. Por ello iniciaron una movilización en Villavicencio para que se reconsiderara la deuda de 500 campesinos, a la protesta se sumaron campesinos del Huila, Cauca y Tolima formando una gran movilización. La presión sirvió para lograr negociaciones cara a cara con la Caja Agraria y

de acuerdo con los campesinos ello fue un antecedente importante que daría origen a la ley 101 de 1993 . Para los campesinos de la región de Córdoba y Sucre otra forma sistemática de violencia fue la creación de modelos económicos o planes asistencialistas que no atendían ni la realidad ni la naturaleza de la economía campesina. En ese sentido el DRI (surgido en el año de 1974) tuvo efectos negativos sobre el campesinado en la medida en que promovió la financiación de planes de producción individuales lo cual a su vez aumentó la demanda de insumos por parte de los campesinos, minando los beneficios que tenía el modelo de la economía campesina solidaria. Por ejemplo, se priorizó la financiación para la compra de ganado por persona y no por empresa comunitaria, incentivando la desintegración socio-económica del campesinado y se crearon nuevas necesidades, pues al separarse los campesinos tal y como lo explicaron los asistentes al encuentro: “donde se necesitaba un azadón, pasaron a necesitar 30 y así sucesivamente”. Igualmente, uno de los intervinientes aseveró que la estocada final de afectaciones al campesinado se dio bajo el gobierno de Gaviria con la figura de la apertura económica pues fue un modelo económico que atentó directamente contra la forma de producción campesina. Reconocen que si bien es cierto que fue el momento de la Asamblea Constituyente y de una oportunidad histórica de construcción de la paz, finalmente el texto de la constitución representa un mínimo de artículos favorables para los campesinos. Este punto fue reiterado por los miembros dela ANUC en la región del suroccidente del país pues también son muy críticos de la llamada apertura económica. Señalaron que fue un modelo económico pensado absolutamente en detrimento de la economía campesina nacional. En opinión de uno de los participantes, dicho momento histórico causó unos daños muy particulares al movimiento campesino: los obligó a adquirir alimentos que compran por ejemplo en la frontera con el Ecuador y les impidió a las nuevas generaciones que fuera posible la forma de vida campesina, obligándolos por tanto a tomar vías como el alistamiento en las fuerzas militares. Los participantes del encuentro regional llevado a cabo en Popayán señalaron que a partir del año 2000 en adelante sólo se produjeron programas asistencialistas sin ningún enfoque campesino y en esa medida les fueron muy perjudiciales. Citan como ejemplo el Programa de Guardabosques que en opinión de los campesinos, sólo tenía como propósito sacarlos de los baldíos. Una asistente del Putumayo señaló que la década del 2000 lo único que las ha dejado es absoluta pobreza. En su opinión ello se debe al antecedente del Plan Colombia, pues allí se dispusieron una serie de recursos para erradicar la coca pero no se contó con los campesinos para diseñar los planes de inversión. En la medida en que las políticas públicas

al respecto no fueron consensuadas, todo ello desembocó en una repartición de recursos que sólo trajo beneficios particulares. Un ejemplo final de descampesinización fue encontrado por el equipo académico de acompañameinto en la región del Meta, donde en el 2004 se constituyó Carimagua como un centro de investigación de desarrollo agrícola con una extensión de 25000 hectáreas, cuya destinación era campesina, pues había sido pensado como un territorio que debía ser explotado y trabajado por víctimas del desplazamiento de la región. No obstante en el 2008 se trato de cambiar dicha destinación, se proyectó el territorio bajo un diseño de cerrado brasilero y se invirtieron recursos públicos para desarrollar proyectos agroindustriales de palma africana. Analíticamente es fundamental resaltar que, si el macroevento 1 (I Congreso de la ANUC en 1970) había signifciado el símbolo de la campesinización del Estado –la participación efectiva del movimiento social campesino en el diseño y ejecución de la política pública sobre el campo-, los macroeventos 2 y 6 (pacto de chicoral – apertura económica, respectivamente) cambiaron progresivamente la orientación de dicha política pública, eliminando la participación campesina y estableciendo medidas que afectaron directamente sus intereses políticos, contribuyendo a las otras prácticas que buscaban la desaparición de la vida campesina de la sociedad colombiana. Por último, es clave señalar que la descampesinización del Estado produce un daño en la relación entre los campesinos y el Estado. En efecto, el diseño de una política pública para el campo sin participación campesina y en contra de sus intereses, generó un movimiento campesino que no tenía razones para creer en las políticas públicas del Estado, sembrando un profundo sentimiento permanente de desconfianza en sus instituciones y de antagonismo constante. A raíz de ello, en ciertos casos, la ANUC se sintonizó ideológicamente con muchos de los movimientos de izquierda radical del momento. Después de dicho episodio, el abandono del estado al campesinado propició que independientemente de que el movimiento y sus líderes en particular se identificaran con la izquierda radical o no, estos últimos actores se constituyeran en los poderes de hecho en local limitando la decisión autónoma del campesinado. A ello hacen referencia los campesinos que en los encuentros hablaban de “la época oscura de la organización”, para denominar las decisiones que tomaron como estrategia de supervivencia, en contravía de sus principios, durante el final de los años 80 y el comienzo de los 90 mientras diferentes actores cobraban la vida de miles de campesinos. En ese sentido el rompimiento del pacto estado - campesinos crea un escenario nacional propicio para diferentes conflictos posteriores tales como: el conflicto armado interno, la desinstitucionalización, la colonización desbordada y el amplio desarrollo de los cultivos de uso ilícito. 3.1.2 La descampesinización de la sociedad o daño a la libertad de asociación por medio de la desarticulación del movimiento social campesino

Como se señaló en la narración de los hechos, el macroevento 2 (Pacto de Chicoral) generó tres efectos centrales: la división de la ANUC, la estigmatización del movimiento alineándolo a los grupos subversivos, y la atomización de la asociación en múltiples sectores enfrascados en discusiones ideológicas sobre las formas más efectivas de resistencia a las prácticas de exterminio. Este escenario preparado por el macroevento 2 fue el caldo de cultivo para el macroevento 3, la expedición de los decretos de estado de sitio en 1976 y 1978, los caules apadrinaron una política de persecución y criminalización del movimiento social campesino. Parte de dicha persecución fue llevada a cabo también por el Estado, que en múltiples casos fue victimario del movimiento campesino. En los encuentros regionales llevados a cabo durante el 2014 los campesinos dieron cuenta por ejemplo, de capturas irregulares y torturas llevadas a cabo por instituciones como la policía. Una parte fundamental de la violencia ejercida contra la organización campesina, se llevó a cabo a través de dos estrategias: el asesinato selectivo y sistemático de líderes de la Asociación Nacional de usuarios Campesinos y el despojo de las tierras, en particular, de todas aquellas que habían sido recuperadas por el movimiento campesino durante la década de los 70. De acuerdo a la información suministrada por los participantes en los encuentros regionales, dichos actos no fueron episodios aislados de violencia. Mas bien fueron factores que buscaban conjugarse adecuadamente para exterminar al movimiento campesino. (Para frofundizar en la perspectiva regional revisar el anexo A). Lo que quiséramos subrayar en la descripción de este daño, es que la ANUC no es solo una organización, también fue, y pretende volver a ser, un movimiento social. Es por esta razón que caracterizamos el daño como un afetación a la libertad de asociación. La diferencia entre organización y movimiento soial es relevante porque lo que se ha recogido en los diferentes encuentros muestra que los daños causados a la ANUC la han impactado también en su condición de movimiento social. Sabemos que una organización gestiona, coordina, administra, dirige, planifica, en tanto que un movimiento social cuestiona, protesta, resiste, innova, propone, se adelanta a los tiempos y en últimas mueve la frontera política en términos democráticos. Una organización puede estar relativamente quieta pero un movimiento social por definición no puede estar inmóvil. Y es claro que la ANUC tenía esos dos roles. Aquí nos vamos a detener en el rol de movimiento social que tenía la ANUC y que se vio frustrado durante más de treinta años. El principal rol que se vio frustrado con el conflicto armado y con el rompimiento del pacto Estado-campesinos es el de ser el abanderado de la reforma agraria. Algunos movimientos campesinos en América latina han tenido un papel fundamental en la defensa e implementación de las reformas agrarias que en distintos momentos se han propuesto en el subcontinente. El caso más conocido, tal vez por su coherencia y

efectividad, es el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra - MST- en el Brasil. Gracias a la acción social del MST, en 30 años de existencia, se han distribuido cerca de 7,000.000 de hectáreas entre 350.000 familias campesinas, un área parecida al tamaño del Uruguay (Carter 2010). Estas tierras en su gran mayoría están en plena producción, lo cual hace que se dinamicen las economías locales, se generen más y mejores alimentos para la población, se ayude a resolver el enorme problema del desempleo, no solo rural sino urbano, y se contribuya a disminuir la altísima concentración de la tierra y la desigualdad social en un país “campeón” en esa materia. De esta manera, el aporte del MST a la democratización social y económica del Brasil, en cuanto movimiento social, es enorme, sin contar la cantidad de personas educadas y alfabetizadas dentro del movimiento. Estamos hablando, entonces, de un movimiento social que incluso ha sido capaz de reemplazar al estado en una de sus labores más básicas, de al menos, forzarlo a cumplir con su función social. La ANUC por la dimensión del daño recibido durante el conflicto armado no solo no ha podido cumplir su papel como movimiento social campesino de liderar la democratización del acceso a la tierra sino que ha tenido que ver ante sus propios ojos un proceso creciente de concentración de tierras por vías legales e ilegales. Es decir, no solo no ha podido contribuir a la realización de la reforma agraria sino que ha sido bloqueada para impedir la enorme contra-reforma agraria producida en Colombia (Reyes Posada 2009). Los relatos de los campesinos en las regiones en las que se han realizado los encuentros muestran cómo por las amenazas, por el desplazamiento forzado y, en general, por el contexto generalizado de violencia los campesinos han perdido tierras que fueron adquiridas en procesos de reforma agraria, como es el caso particular de zonas Córdoba, Sucre y Bolívar. Una contrareforma agraria en manos no solo de empresarios sino de narcotraficantes o de testaferros de los actores armados. En el caso de Montes de María es evidente cómo una región de economía campesina en cerca de veinte años se ha convertido en una zona de grandes monocultivos de palma y de teca. Un movimiento campesino no silenciado y reprimido no habría permitido que su tierra pasara en esa proporción a la gran agroindustria y con esa velocidad. Hoy en día, en Montes de María, solo el 11% es territorio campesino. La descampesinización del Estado y el conflicto armado en el campo, en último término, ha sido funcional a la descampesinización de la sociedad. Estos dos factores lograron restarle autonomía al movimiento social campesino, y a su libertad de asociación, lo que beneficiaba a los múltiples actores que recogieron los activos políticos y económicos de la ANUC. En efecto, durante los años noventa, los principales actores ilegales, los paramilitares y las guerrillas, reforzaron sus economías con recursos provenientes directa o indirectamente

de la actividad del narcotráfico. Desde ese entonces, muchos de los movimientos paramilitares se financian con dineros del narcotráfico o cobran, al igual que la guerrilla, un “impuesto” a los narcotraficantes que compran la base de coca en los territorios controlados por ellos. Hacia finales de esa década, el propio Estado también comenzó a reforzar su capacidad ofensiva con los recursos provenientes del Plan Colombia. Es decir, los movimientos sociales, como la ANUC no sólo encontraban fuertes adversarios en los extremos del espectro político sino que éstos crecían en su capacidad económica, militar y destructiva. Los campesinos del Cauca, por ejemplo, comentaron que el presidente López Michelsen “abrió las ventanas siniestras para la legalización del narcotráfico”. En opinión de los participantes fue un momento que incentivó la siembra de marihuana en zonas como Caloto y Bambaló, aparecen en la zona del sur del Departamento del Cauca los grandes cultivos de coca que posteriormente fueron cambiados por cultivos de amapola, apareció la violencia en la zona de Bolívar del sur oriente caucano y en general se generaron nuevos conflictos en torno a la tenencia de tierras, cultivo de drogas y la consecuente obtención de dinero y poder. En esa medida una gran problemática en la región son los efectos causados por las fumigaciones, pues los efectos negativos de las mismas han causado desplazamientos masivos (veredas completas han quedado vacías), daños a los animales e incluso no se han vuelto a cultivar productos como el palmito, que ya no se da en la región. Una de las consecuencias más funestas de este crecimiento de la maquinaria militar de los bandos fue la expansión de la práctica del desplazamiento forzado de personas, familias, comunidades campesinas y poblaciones que, desde la perspectiva de los actores armados, implicaban un obstáculo para sus propósitos políticos. El resultado fue absolutamente crítico no sólo desde una perspectiva humanitaria sino desde sus implicaciones culturales y políticas. Ante todo, la guerra prolongada ha destruido el tejido social en la medida en que ha arrasado con los vínculos sociales, culturales y políticos que se producen en el interior de una comunidad. En particular, la relatoría que presentamos sobre la historia de vida del compositor y cantante vallenato, Máximo Jiménez, muestra cómo los proceso de persecución política sufrida por los miembros de la ANUC o de sus simpatizantes castraron el desarrollo de un género escaso en el país como puede ser el “vallenato protesta”. El recuerda que su acordeón siempre acompañaba al movimiento campesino incluso en los momentos más duros, así, los sones de Máximo estuvieron presentes en las 800 recuperaciones de tierra que impulsaría la ANUC para el año de 1971. Sones como el de “Usted, señor presidente”: Usted señor presidente si está de acuerdo

que acaben los campesinos de su nación? Si sabe que es un esfuerzo que están haciendo para no morir de hambre con su opresión, y manda su gente armada sin corazón pa que vean correr la sangre de un hombre bueno. Dentro de las recuperaciones más emblemáticas Máximo recuerda la de Mundo Nuevo en el Alto Sinú, donde fue asesinado el líder Ismael Beltrán, y la recuperación de la hacienda La Vorágine. Las estrategias de recuperación de tierras se caracterizaban por la identificación de las haciendas con mayor número de hectáreas ociosas, la determinación conjunta de la fecha de la acción y la preparación del material para levantar viviendas en menos de un día, pero tales estrategias quizá hubiesen sido insuficientes sin la música de Máximo quien consideraba que su arte solo tenía sentido si se entendía en servicio de las causas sociales y la lucha campesina. en los años 90`s Máximo Jiménez es objeto de varios atentados a su casa y es cuando decide exilarse en Austria perdiéndose así, durante cerca de 25 años, un compositor e interprete muy importante para la defensa de las causas campesinas. La ANUC deja de contar con uno de sus mejores voceros habida cuenta de la importancia de este tipo de música en todo el caribe colombiano. La guerra fomenta, entonces, el espíritu del “sálvese quien pueda” y desmoviliza la participación en acciones colectivas. Este individualismo forzado, a largo plazo, crea las condiciones culturales y sociales para la aplicación de políticas de corte neoliberal. Desde la perspectiva de los movimientos sociales emancipatorios esta forma de adelantar la guerra ha roto con enorme agresividad los vínculos sociales que se construyen en las comunidades populares, es decir, ha contribuido a acelerar enormemente el proceso de descomunitarización ya de por si avanzado con el desarrollo capitalista, lo cual resulta muy ventajoso para opacar cualquier tipo de resistencia colectiva y para obstaculizar la liberación de todas las formas de opresión. En el encuentro de Meta, Casanare y Guaviare los campesinos advirtieron cómo en la década de los años ochentas a la región llegaron muchos narcotraficantes provenientes de diferentes partes del país, como Carlos Ledher cuya influencia fue nefasta para Puerto Gaitán. Asentados lo narcotraficantes crearon cocinas, puertos de aterrizaje y emprendieron una fuerte estrategia de despojo de tierras, a las que los campesinos llaman “tierras tradicionales de los llaneros”. La presión y en todo caso la rentabilidad de la coca, hizo que muchos campesinos de la ANUC en la región se involucraran en cultivos ilícitos o trabajaran como raspachines. Agregan los de esta región que la conformación del Guaviare como Departamento promovió la llegada de colonos, lo cual significó en la región el aumento de mano de obra campesina para los cultivos ilícitos. Afirman que desaparecieron casi por completo los cultivos de arroz y maíz. El mercado de los cultivos ilícitos era regulado por la guerrilla en asociación con las fuerzas militares y policivas de la zona quienes daban indicaciones en

relación con la repartición de mercancía, el orden de atención a los grandes compradores e incluso la determinación de quiénes podían ser compradores y quienes no. Para los años 90´s la presión de la guerrilla se extiende al ámbito electoral, en ese sentido por ejemplo prohibían completamente que se votara en ciertos municipios. En Puerto Leras para aquella época se fijó dicha prohibición pero un poblador votó y el alcalde quedó electo con un voto. Eso le costó al votante la vida quien fue asesinado a manos de la guerrilla. La toma de control guerrillera se acompañaba además de estrategias de formación en las escuelas, a través de lo que el grupo guerrillero denominó las cátedras de las FARC, que tenían por objetivo uniformar a los niños, insertarlos en prácticas insurgentes como cantar el himno de la guerrilla y formarlos políticamente en sintonía con la ideología del grupo guerrillero. Esta región es un claro ejemplo de cómo los grupos armados de extrema derecha y de extrema izquierda, terminan actuando en detrimento del campesinado y lo colocan en una situación de indefensión y acorralamiento. La extrema izquierda en su esfuerzo por tomarse los territorios de la zona por medios violentos para lograr, entre otras cosas, mantener el poder sobre los cultivos ilícitos y la extrema derecha en su estrategia de violencia desmedida en pro de la protección de los terratenientes En conclusión, constatamos que las comunidades campesinas son las grandes perdedoras de la guerra por: - La pérdida de tierra y territorio. - La descomunitarización, la pérdida del tejido social y político y la individualización forzada - La pérdida de liderazgos tradicionales. - La pérdida parcial del uso del territorio por parte de las comunidades étnicas, sobre todo por la minería a gran escala. - La desarticulación y dispersión de las organizaciones nacionales campesinas. - La migración forzada hacia las ciudades en condiciones muy precarias. - La falta de condiciones de seguridad para el retorno o para la denuncia sobre el despojo.