hvcm csyp 4f.indd 1 11/11/14 2:26 pmccciencias.mx/libroshdvcm/05.pdf · 2017-01-24 · 9 hacia...

HVCM_CSyP_4F.indd 1 11/11/14 2:26 PM

Hacia dónde va la Ciencia en MéxicoCiencias Sociales y Políticas Públicas



Agustín Escobar Latapí

Coordinador

MÉXICO, 2014


Primera edición, 2014

D.R. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Av. Insurgentes Sur 1582

Colonia Crédito Constructor

México, D. F.

ISBN Colección: 978-607-8273-01-0

ISBN Volumen: 978-607-8273-07-2

D.R. Academia Mexicana de Ciencias, A. C.

Los Cipreses S/N

Pueblo San Andrés Totoltepec

México, D. F.

ISBN Colección: 978-607-96209-8-1

ISBN Volumen: 978-607-8379-06-4

D.R. Secretaría Ejecutiva del Consejo Consultivo de Ciencias

San Francisco 1626-305

Colonia del Valle

México, D. F.

ISBN Colección: 978-607-9138-08-0

ISBN Volumen: 978-607-9138-14-1

Portada: “Cloud Word”, estudio de frecuencia de palabrasque aparecen en los títulos de las ponencias en las mesas.Hacia dónde va la Ciencia en México.Realizado por Centro Geo.

[email protected]

haciadondevalaciencia.org

Impreso en México, 2014

Printed in Mexico

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra —incluido el diseño

tipográfico y de portada— sea cual fuere el medio, electrónico o mecánico,

sin el consentimiento por escrito de los editores.


7

ÍNDICE

Hacia dónde va la Ciencia en México Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1. Introducción Agustín Escobar Latapí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2. Ciencias sociales y políticas públicas: círculos virtuosos y viciosos Luis F. Aguilar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

3. Política social e investigación en ciencias sociales Fernando Cortés Cáceres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

4. Comunidades de conocimiento y evaluación de políticas públicas Agustín Escobar Latapí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

5. Demograf ía, estudios de población y política pública en México Rosario Cárdenas Elizalde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

6. Semblanzas de los autores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

7. Líneas de acción para el futuro de las ciencias sociales y las políticas públicas en México . . . . . . . . . . . 73

8. Hacia dónde va la Ciencia en México Créditos del programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

9. Instituciones de adscripción de los participantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87


9

HACIA DÓNDE VA LA CIENCIA EN MÉXICO

PRESENTACIÓN

En febrero de 2012, la Academia Mexicana de Ciencias, amc, el Conse-jo Nacional de Ciencia y Tecnología, Conacyt, y el Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República, ccc, decidieron realizar un pro-yecto que analizara el estado de la ciencia mexicana en el mundo con el fin de detectar áreas de oportunidad para su mejor desarrollo y obtener propuestas específicas que contribuyeran al avance nacional.

Con ese propósito, se consideró pertinente usar la palabra ciencia para describir las actividades de investigación y desarrollo practicadas de mane-ra seria y sistemática en todos los campos del saber. Se decidió, asimismo, organizar —en el marco del Convenio Tripartita amc-Conacyt-ccc— un conjunto amplio de mesas redondas en alrededor de 30 áreas del conoci-miento vistas desde tres perspectivas: la académica o disciplinar, la tecno-lógica o instrumental, y la sectorial o de aplicación.

Para ello se conformó un comité organizador que invitó a sesenta re-conocidos especialistas en todas las áreas del conocimiento, para que cada uno de ellos coordinara al menos una mesa redonda sobre un tema espe-cífico, en la que participaran otros cuatro especialistas con el fin de cubrir de mejor manera cada tema y obtener visiones diferentes. Se insistió en que por cada tema se convocaran al menos dos mesas redondas: una en el área metropolitana del Valle de México y otra fuera de ella. Esto es, se procuró recabar también la visión de las personas que trabajan fuera del centro del país.

En la mayor parte de los casos la respuesta fue no solo positiva, sino entusiasta; ha habido ocasiones en que los invitados propusieron más


10 HACIA DÓNDE VA LA CIENCIA EN MÉXICO. CIENCIAS SOCIALES y POLíTICAS PúBLICAS

mesas sobre un tema, e incluso en que sugirieron presentaciones en torno a temas no considerados inicialmente. Así se llevaron a cabo 96 mesas redondas.

Este proyecto generó gran interés en la sociedad. A las mesas asistieron varios miles de personas.

Por la relevancia y riqueza de las ideas y propuestas formuladas, el Co-nacyt, la amc y el ccc decidieron publicar una serie de libros que presentan el panorama de hacia dónde va y debe ir la ciencia en México.


13

INTRODUCCIÓN

Agustín Escobar Latapí *

Para explorar el futuro de la relación entre ciencias sociales y políticas pú-blicas en México no hay nada más aleccionador que la historia. Una admi-nistración pública efectiva (que cambia la realidad en el sentido deseado) y eficiente (que lo hace con los recursos mínimos necesarios para cumplir con su fin), requiere de las ciencias sociales. Pero exactamente cómo lo hace, con qué tipo de relación técnica, política y cultural con las ciencias sociales, y con qué fines “de Estado” (cambiar la sociedad para liberarla, dominación burocrática, apoyo a la acumulación, “inteligencia” política, reproducción de la maquinaria estatal) es algo profundamente debatible. y más aún si se exploran las estructuras de poder y dominación compara-tivamente pequeñas (por contraste con las políticas o las económicas) del mundo académico.

Las visiones que han guiado la producción de conocimiento académico para influir en la acción del Estado —o para servirle— han sido motivo de apertura y cierre de instituciones y asociaciones, de deportación o exilio, de modificación de subsidios, y explican los poderes unitarios-autoritarios o plurales que dominan en mayor o menor medida sobre distintas ciencias sociales en distintos puntos del tiempo. Como lo afirma Aguilar en este volumen, dichas visiones y dicha relación alteran también la producción de conocimiento social.

Se corre un escaso o nulo riesgo de exagerar al decir que hay en México diferencias importantes en las ciencias sociales entre las distintas compren-siones de la relación entre conocimiento social (político, cultural) y Estado,

* Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.



encarnado en la discusión entre ciencias sociales y políticas públicas. A partir de la reconstrucción iniciada en 1920 y hasta los años setenta, en México se planea, establece y dirige un modelo de política pública en estre-cha consonancia con un modelo de conocimiento social. Pero ese periodo ya no existe, y la relación actual es bastante más compleja.

Al terminar el conflicto armado revolucionario, un pequeño conjunto de jóvenes intelectuales, profesionales de leyes, antropología, medicina y sociología colaboran entre sí y con la Secretaría de Instrucción (después Educación) Pública para refundar la Universidad Nacional de Mexico, reunir en ella diversas escuelas existentes, y crear en su seno un instituto que pro-dujera, reuniera y sintetizara el conocimiento de los problemas nacionales.

A diferencia de los grupos profesionales en ciencias sociales de las es-cuelas evolucionista y positivista de fines del siglo xix, esta nueva elite, y en especial Daniel Cosío Villegas, Manuel Gamio, José Vasconcelos, Lucio Mendieta y Núñez y Alfonso Caso, plantearon que el conocimiento social te-nía la misión de definir, observar, ponderar y explicar problemas que debían ser tomados por el Estado para recibir atención prioritaria y ser superados. El diagnóstico o el gran lienzo de la diversidad nacional (étnica, racial, social o económica) por sí mismo no tenía sentido. Solo con el acto de juzgar el diagnóstico desde el punto de vista del cambio necesario este adquiría im-portancia nacional, y solamente así se podía justificar el esfuerzo fiscal y hu-mano, en un país apenas convaleciente, de fundar y fortalecer instituciones relativamente privilegiadas (Roberts, González de la Rocha y Escobar, 2013).

El Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam) fue creado en 1930. El periodo 1930-1939 fue de penuria económica y su contribución institucional al desarrollo de México ha sido prácticamente olvidada. Pero a partir de 1938-1939 esta institución junto con otras facultades de la unam (en particular derecho y economía), el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Casa de España en México, y un manojo de otras instituciones capitaneadas por una elite académico-política aun más restringida, persistente y autoritaria, definió los principales problemas nacionales e influyó decisivamente en la creación o reestructuración de instituciones estatales para superarlos y lo-grar el desarrollo del país.


INTRODUCCIÓN 15

En suma, desde fines de los años veinte del siglo pasado hasta algún momento de los años sesenta, la relación entre ciencias sociales y política pública fue explícitamente orientada por esta elite que gobernó, tanto las secretarías como los institutos, y que en ambos tipos de institución dirigió el sentido del conocimiento. En ese periodo las ciencias sociales no infor-maron al Estado para que el Estado decidiera: lo educaron, lo orientaron, y se hicieron cargo de los programas e institutos que debían desarrollar al país. No era aceptable cuestionar el contenido valorativo del conocimiento, aunque sí lo era el valor específico de un problema o de una política. Sin embargo, el debate era aceptable solo en círculos relativamente estrechos. La incipiente política partidaria de los años treinta y cuarenta contaba con pocas herramientas, adeptos y permisos para intervenir en la discusión de los asuntos públicos y para hacer públicas sus visiones alternativas de na-ción. Las escuelas universitarias formaban profesionales con una función social específica. Los medios impresos y la radio podían ser ambientes de debate y reflexión, pero no era rara la censura.

Aunque este bosquejo simplifica la situación, hay consenso sobre el pro-pósito que daba sentido, extensión y forma al conocimiento social en esa época, la cual concluye por una conjunción de fenómenos. La expansión del mundo universitario hizo posible que la reflexión social desbordara los límites de “los problemas nacionales” definidos por un grupo restringido de intelectuales revolucionarios. La proliferación de instituciones de educación superior en las principales ciudades del país y las debidas a la iniciativa de grupos empresariales y religiosos condujeron a una pluralidad de visiones sobre la sociedad, la economía, la vida política y sus respectivas carencias.

Las disciplinas evolucionaron como visiones de mundo sustancial o parcialmente incompatibles, a veces por razones nada académicas. y final-mente, la crítica del poder surgida desde la izquierda universitaria mostró que el Estado, que se definía como pro-socialista y de izquierda, era mucho más Estado que izquierda. Defendía su poder por sobre todas las razones, cosas y personas.

Si bien estas tensiones irrumpieron en la conciencia nacional en 1968, marcaron la siguiente década con negociaciones, enfrentamientos y escar-ceos. Sin embargo, los mecanismos de financiamiento y de gobierno de las



universidades y de la actividad científica se estaban abriendo y democrati-zando. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) creó me-canismos de financiamiento para la investigación sobre la base del mérito exclusivamente científico de las propuestas y con una creciente influencia de los grupos de pares en las decisiones. El criterio de la administración pública como determinante de la actividad científica se debilitó. El inicio de los años ochenta coincidió con la mayor crisis económica y fiscal en el país. Aunque hubo una disminución sustancial de los fondos para las universida-des y del valor real de los salarios, el Estado mantuvo su compromiso con el desarrollo de la educación superior y de la ciencia. El Sistema Nacional de Investigadores compensó una parte del salario perdido, pero en condiciones de evaluación de pares y de estímulo a la productividad, que si bien otorgan fuerza a los cuerpos académicos, no han dejado de ser cuestionadas.

A partir de los años noventa se renueva el crecimiento sistemático, si bien lento, del financiamiento federal a la educación superior y la ciencia en el país. Al mismo tiempo crecen mucho la matrícula y el empleo en univer-sidades en general y particularmente en las privadas, aunque no en centros científicos privados. El fin o apaciguamiento de las crisis económicas repeti-das de 1982 a 1994 realzó la necesidad de contar con una política científica. No una ciencia abocada a dirigir la política pública, sino lo contrario: una instancia que permitiera a la presidencia, junto con el Conacyt, la Academia Mexicana de Ciencias (entonces llamada de la Investigación Científica) y un cuerpo de pares, formular y aplicar una política pública para el desarrollo científico. El Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia adquirió ese rol: no el del gobierno centralizado de la ciencia, sino el de coordinador de las decisiones en ciencia y tecnología con el concurso de los mejores cientí-ficos y tecnólogos del país.

En la dirección contraria, sin embargo, la relación del Estado con las ciencias sociales cambió también radicalmente, no solo en términos del go-bierno y la estructura de esas disciplinas, sino en el sentido que dicho cono-cimiento otorga a la acción del aparato estatal. Después del rompimiento del bloque Estado-Universidad durante los años setenta, el primero siguió de-mandando profesionales y científicos sociales para sus múltiples tareas, pero la incorporación de estos no le imprimió al Estado el sentido de su acción.


INTRODUCCIÓN 17

La política económica del gobierno quedó en manos de un círculo pe-queño que rodeaba al presidente. Dicha política seguía siendo de orienta-ción mixta, con un liderazgo sustancial del Estado, y de férrea regulación. Pero desde los años setenta el Estado decidió correr en gran medida solo los riesgos que conllevaban las decisiones económicas. La distancia entre ciencias sociales y política pública era diversa: muy estrecha colaboración en la atención de las “áreas marginadas” y en política social; muy escaso diá-logo en políticas de precios, nacionalización de empresas, alzas salariales, política financiera y fiscal. Para este fin el Ejecutivo contaba con un legisla-tivo e instituciones financieras no autónomas. El ámbito del conocimiento relevante, no obstante, era nacional.

La crisis de 1982 cambió la relación entre ciencias sociales y cono-cimiento mediante la irrupción de las instituciones internacionales en la redefinición, a la fuerza, de la política pública. Una vez más, el cono-cimiento social no se presentó al Estado como un auxiliar informativo para su decisión. Se presentó como conocimiento acabado y objetivo con valores incuestionables, y acompañado del mazo formidable de los ban-cos internacionales y los fondos multilaterales. Si bien desde los años setenta había crecido la distancia entre las universidades, los centros de investigación mexicanos y la política pública, en este momento el equili-brio cambió drástica y estructuralmente.

El Estado mexicano intentó primero reforzar sus mecanismos de pro-piedad y de regulación de la economía: en 1982 nacionalizó una banca privada que había funcionado relativamente bien. Después, entre 1982 y 1986, cedió lo menos posible en términos de su visión del desarrollo. Las privatizaciones de empresas nacionales, por ejemplo, fueron numerosas, pero poco importantes. Sin embargo, para este último año, una segunda crisis de pagos con devaluación condujo a dos cambios sustanciales: se dio luz verde a un grupo de inversionistas binacionales para que inicia-ran, en privado, pláticas para establecer un tratado de libre comercio con Estados Unidos, y se forzó al gobierno a adoptar los protocolos de comercio internacional abierto y libre (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, gatt; ahora Organización Mundial del Comer-cio, omc).



El cambio en la política solo se menciona para comprender cómo se modificó su relación con las ciencias sociales. A partir de esta irrupción internacional, el establishment de las ciencias sociales se dividió y así per-dura. Por una parte, hay grupos importantes que opinan que las reformas liberales eran imprescindibles y que se requieren más. Por la otra, quienes observan que las reformas y el debilitamiento del Estado se relacionan con el escaso desarrollo a partir de los años ochenta, la pérdida de gobernabili-dad, y la incapacidad de disminuir la pobreza sustancialmente.

La historia no acaba allí. Desde mediados de los años noventa, y luego de una nueva crisis económica, se fortalece desde el ejecutivo, y desde un congreso autónomo, la necesidad de hacer transparente y eficaz la acción pública. Dicho esfuerzo se concreta en la creación de un sistema amplio, complejo y técnicamente independiente de evaluación de la política social. Ese sistema es regulado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Polí-tica de Desarrollo Social (Coneval) en coordinación con las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública. Este nuevo periodo re-articula las ciencias sociales con un sector de la política pública, y ha vuelto a generar una dinámica nacional (endógena) de creación de conocimiento para mejorar y transparentar las políticas públicas. Esta sola situación es un activo fundamental para el país: con el Coneval, las universidades, los centros de investigación y las entidades evaluadas contamos con una diná-mica nacional de generación de conocimiento y de reflexión sobre nuestro gobierno. Quienes han tenido la oportunidad de trabajar en la creación de estos sistemas en otros países saben que es extremadamente dif ícil hacerlo, y que por lo tanto es necesario proteger y desarrollar este sistema.

Sin embargo, la relación entre ciencias sociales y política pública rebasa con mucho el ámbito de la evaluación. La interacción es múltiple: va desde intensa hasta escasa, colaboracionista hasta crítica, y puntual hasta general. Los trabajos reunidos en este volumen, Ciencias sociales y políticas públi-

cas analizan cuatro facetas de esta interacción. En esta introducción solo se mencionan algunos temas principales.

En primer lugar, Luis F. Aguilar describe cómo ha cambiado la pro-ducción de conocimiento social a partir del énfasis en la evaluación de las políticas públicas. La evaluación es necesaria para contar con una


INTRODUCCIÓN 19

administración pública con logros, pero la demanda de conocimiento mo-difica a su vez los temas, la amplitud, el rigor y los esquemas dentro de los cuales se produce conocimiento. El problema que señala Aguilar es que cierto estilo de formalización, “empaquetamiento” y especialización del co-nocimiento es definido como valioso, mientras que la reflexión general y profunda parece abandonarse.

Fernando Cortés presenta un estudio de caso de las aportaciones es-pecíficas de científicos, académicos e instituciones mexicanos al diseño del programa social más exitoso en la historia reciente: el Progresa, transfor-mado posteriormente en el Programa de Desarrollo Humano Oportunida-

des y por último en Prospera. Una muestra de que la política pública no se hace sólo con “información”, sino que demanda y requiere de la opinión de expertos que anticipan los problemas de una política pública aún inexisten-te y son capaces de prevenirlos.

Agustín Escobar analiza cómo la producción de evaluaciones corre el riesgo de crear comunidades de conocimiento acríticas que justifiquen las ac-ciones del poder y limiten los aportes de las evaluaciones al mejoramiento de las políticas, y cómo el sistema mexicano de evaluación minimiza este riesgo.

Cierra este volumen el trabajo de Rosario Cárdenas, quien muestra la ma-nera en que el conocimiento demográfico debe servir de base para las políticas públicas, que no pueden tener otro sentido que el de mejorar las condiciones de la población. Además, la doctora Cárdenas delinea un conjunto de pro-blemas que se pueden definir como “de población” que reclaman atención y políticas específicas, exitosas y urgentes.

En síntesis: el conocimiento social proporciona las bases para la ac-ción pública, en tanto la población y la sociedad son la razón de ser de esa acción. Sin embargo, el saber no solamente informa las políticas como un análisis imparcial o neutro: tanto en el periodo posrevolucionario como en el neoliberal, el conocimiento social encarnado en grandes visiones teóri-cas justifica y respalda determinadas líneas de acción pública y no otras. A su vez, el Estado ha cambiado la forma de demandar conocimiento.

Este cambio modifica el gobierno de la ciencia, las instituciones de edu-cación superior y la producción de saberes. y la creación de comunidades de conocimiento se da en cualquier proceso de acercamiento y de trabajo



conjunto público-privado, por lo cual el riesgo de generarlo para reforzar el poder, y no para mejorar la atención a la población, está siempre presente y debe prevenirse con mecanismos especiales de apertura, transparencia, renovación de la comunidad e incorporación de la crítica.

El “empaquetamiento” de la ciencia con ciertos valores es, en último término, insuperable: no hay conocimiento que se produzca en un vacío valorativo. El sentido del conocimiento se produce en un entorno de valo-res. Sin embargo, la actual tendencia a conformar sistemas de evaluación independientes, rigurosos y transparentes puede permitir la superación de la apropiación sesgada del conocimiento social y mejorar la calidad de la política y los servicios públicos. Debe favorecer también el diálogo con otras formas de reflexión sobre la política pública, que representen alternativas a la evaluación, pero que también sean producto de trabajos rigurosos que respeten el valor de que, con mucha frecuencia, los análisis más producti-vos, fértiles y potencialmente valiosos son los que no se conforman con las expectativas que tenemos de ellos.


21

CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS PÚBLICAS: CÍRCULOS VIRTUOSOS Y VICIOSOS

Luis F. Aguilar*

Mis consideraciones ofrecen una opinión sobre la relación que observo en-tre las ciencias sociales y la disciplina de políticas públicas, cuya recepción en México tuvo lugar a fines de los años ochenta y cuya expansión acadé-mica y reconocimiento gubernamental y público ha sido tan importante en estos años, que el término política pública se ha extendido en el discurso con diversas denotaciones y usos, muchos de ellos incorrectos.

La disciplina de política pública surge en los años cincuenta en Estados Unidos con la finalidad de hacer posible y asegurar la capacidad y eficacia directiva de los gobiernos para evitar errores de decisión gubernamental que provocan daños sociales de diversa magnitud, como ocurrió en México en 1982 y en 1994, cuando errores de política económica llevaron al Estado a una crisis fiscal que impactó destructivamente en la economía nacional. El objeto y objetivo de conocimiento de la disciplina de política pública es la eficacia directiva de los gobiernos: no busca saber cómo aquellos adop-tan sus decisiones, sino conocer específicamente si el proceso de decisión asegura eficacia y cuáles son los factores que considerar con el fin de que las decisiones gubernamentales sean socialmente eficaces.

En su diagnóstico, la ineficacia no se debe a factores institucionales, re-lacionados con la ilegitimidad política del gobernante o con la ilegalidad de sus decisiones y acciones. La ineficacia es fundamentalmente un problema cognoscitivo, de razón técnica, relacionado con defectos de conocimiento

* Instituto de Investigación en Política Pública y Gobierno. Universidad de Guadalajara.



causal. Ante problemas públicos, complejos y críticos, el gobierno toma con frecuencia decisiones sin información confiable de las situaciones ca-lificadas como problemas públicos, sin definición correcta de la composi-ción y las causas del problema por resolver y, sobre todo, sin selección de las acciones idóneas para producir los fines o las situaciones sociales desea-das, debido a defectos de conocimiento causal, y sin cálculo apropiado de los costos que implica la realización de los objetivos.

El supuesto teórico de la disciplina de política pública es correcto: efi-cacia refiere a causalidad, implica causalidad y, en consecuencia, las deci-siones eficaces de gobierno descansan en relaciones de causa-efecto, que son el terreno y el objetivo del conocimiento científico, cuya actividad con-siste en conjeturarlas, indagarlas, validarlas o invalidarlas. Ser eficaces en el gobierno significa, no solo proyectar fines nobles y objetivos valiosos, sino hacer que los fines de la acción sean efectos de la acción, hechos observa-bles y mensurables. La vinculación que establece entre eficacia y causalidad hace que la política pública pueda presentarse como ciencia, ciencia empí-rica, “Ciencias de política” (Policy Sciences).

Por consiguiente, es necesario y urgente un programa de investiga-ción de dos operaciones cognoscitivas fundamentales: el knowledge of y el knowledge in. Por un lado, se requiere el conocimiento del proceso por el cual el gobierno decide las políticas públicas, conocer cómo los gober-nantes o los dirigentes de la sociedad toman las decisiones en el presente y cómo lo han hecho en el pasado, con cuáles efectos y resultados; particu-larmente es fundamental conocer si las decisiones se basan o no en cono-cimiento, lo que favorece su efectividad, o si hicieron referencia a factores emocionales, ideologizados o politizados.

En segundo lugar, se requiere que los resultados del conocimiento in-cidan en el proceso de decisión, en su análisis, deliberación, y contribuyan a que las acciones de gobierno sean eficaces y produzcan el mayor benefi-cio social. Mejorar la calidad cognoscitiva-técnica de la decisión significa fortalecer el conocimiento causal relacionado con la eficacia de la acción de gobierno, y mejorar la racionalidad económica, relacionada con la efi-ciencia. En consecuencia, la política pública se alimenta del conocimiento de las ciencias naturales y de las ciencias sociales. Como corolario se puede


CIENCIAS SOCIALES y POLíTICAS PúBLICAS: CíRCULOS VIRTUOSOS y VICIOSOS 23

afirmar que el gobierno está en mejores condiciones de tomar decisiones eficaces y conducir con efectividad a la sociedad, en la medida en que en esa sociedad haya un superior desarrollo de los sistemas de información, cien-cia y tecnología. La eficacia directiva no es solo asunto de voluntad política sino de capacidad analítica y de disponibilidad social de conocimiento.

Foto: Juan Antonio López.

Las acciones de gobierno deben ser eficaces y producir el mayor beneficio social.

Debido a factores que deben investigarse cuidadosamente, ha ocurrido en los últimos años un generalizado acercamiento de las ciencias sociales a las políticas públicas, que ha contribuido a tener mayor información y mejor conocimiento de problemas sociales, cuya solución es considerada de interés y beneficio públicos. La contribución de las ciencias sociales ha sido significativa, pues ha ofrecido a la sociedad, a los ciudadanos y a los gobiernos información sobre las características, extensión, composición y desarrollo de determinadas situaciones sociales calificadas como problemas públicos. Ha proporcionado además, conceptualizaciones, tipologías y mo-delos de explicación de esas situaciones problemáticas, así como modelos de



asignación eficiente de recursos, teorías y técnicas de organización y gestión relevantes para el proceso de implementación de las políticas, modelos y métodos de evaluación que, de cara con los resultados producidos por la política emprendida, establecen el grado de cumplimiento de ciertos valores y particularmente el grado de realización de las situaciones sociales desea-das, validando o invalidando los supuestos o hipótesis causales en los que la política pública se sustentó.

En consecuencia, los modelos y métodos de las ciencias sociales han sido una referencia para la adopción de decisiones de política y represen-tan dispositivos de aprendizaje que ayudan a conocer la magnitud de los errores de decisión y operativos; permiten corregir y mejorar las deci-siones de política, definir los alcances de la transferencia o réplica de las políticas en otros contextos sociales y, con mucha frecuencia, propician entender y explicar la aceptación o rechazo social de las políticas.

Foto: Alejandro Juárez.

Las ciencias sociales producen saberes en temas que no eran atendidos hace algunos años.



Todas estas contribuciones han sido valiosas no solo para mejorar la capacidad de dirección y coordinación de los gobiernos sino para la evo-lución del conocimiento de las ciencias sociales. En efecto, al involucrarse en el ciclo de las políticas públicas, estas disciplinas han extendido su co-nocimiento a un mayor número de hechos y relaciones sociales que, no obstante su impacto social negativo, no habían sido estudiadas, o bien lo habían sido de manera insuficiente por las comunidades académicas. Por ejemplo, las ciencias sociales han extendido sus intereses de conocimiento y han producido saberes en asuntos que hasta hace pocos años eran desco-nocidos o conocidos en modo parcial, tales como seguridad pública, infor-malidad del trabajo, equidad de género, discriminación étnica, deserción escolar, pobreza urbana, migración internacional, cambios demográficos, cambios epidemiológicos, asuntos ambientales, fallas de socialización, gestión interterritorial, etcétera. Su vinculación con la política pública ha hecho también que las ciencias sociales hayan favorecido el incremento del número y la calidad de investigaciones empíricas, el incremento de las revistas especializadas, la formación de grupos y redes de investigación disciplinaria e interdisciplinaria, la expansión de posgrados, programas de investigación, tesis de grado en temas de política pública, particularmente en política social.

En este contexto, la primera observación acerca de la interrelación de las ciencias sociales y las políticas públicas en estos años es que ha ido to-mando forma un nuevo tipo de relación y espiral entre el conocimiento y la decisión de gobierno, caracterizada: a) por la valoración de la especificidad del conocimiento, de sus temas y resultados específicos; b) por la indepen-dencia política de la producción del conocimiento; c) por admitir que el gobierno contemporáneo no podrá ser relevante y eficaz sin los resultados de la ciencia social y d) por la conciencia de que la ciencia social se man-tiene fiel a su compromiso y a su capacidad de contribuir a modificar las condiciones sociales indeseadas, a través de instrumentos propios del régi-men democrático y de un gobierno controlado y abierto. Esta es una nueva situación aún en proceso de estabilización y validación.

No muchos años atrás la relación entre producción cognoscitiva y rec-toría política del gobierno (entre la razón y el poder, como decíamos) fue



diversa y polémica. Vivimos por décadas una relación de confrontación y recriminaciones mutuas entre el conocimiento social y el gobierno, entre el conocimiento que se consideraba verdadero, empíricamente probado y valorativamente fundado, y un gobierno que se tenía como cognoscitiva-mente equivocado en sus decisiones y valorativamente despreciable; que no era merecedor de ningún tipo de colaboración intelectual. Sobre todo, la relación entre la comunidad científica y la clase gobernante era más bien de tipo holístico, omnicomprensivo: entre la gran teoría social verdadera y el gobierno de planificación y rectoría totalizadora.


Formación de grupos y redes de investigación interdisciplinaria, efectos de la vinculación ciencias sociales-políticas públicas.

En efecto, el conocimiento social preponderante y determinante era la teoría de la historia y/o de la estructura social, que explicaba y vaticinaba el cambio social total, la revolución social, en la que el gobierno en curso dejaría de ser la agencia directiva cómplice de una sociedad perversa y en la que el mismo Estado estaba destinado a desaparecer al extinguirse las condi-ciones de desigualdad que lo habían producido. Se trataba de dos totalidades mutuamente excluyentes. Hoy el compromiso con el cambio social sigue vigente, pero se orienta a la solución de problemas sociales específicos (sec-toriales o locales), se depura a través de la validación de las hipótesis causales de las investigaciones, y la contribución del conocimiento a la decisión de gobierno se practica con independencia y no como un colaboracionismo



acrítico, tal como lo muestra entre otras actividades la evaluación de las po-líticas, que señala limitaciones, equivocaciones, tareas pendientes.

Personalmente valoro, justifico y defiendo este tipo de relación. Creo que se ha formado un círculo virtuoso: un gobierno que para ser eficaz y responsable requiere de la ciencia social, la fomenta y en ella se apoya. y, por otro lado, un conjunto de ciencias sociales (economía, administra-ción pública, ciencia política, antropología, sociología, etcétera) que evolu-cionan y estudian nuevas materias y enfoques mediante el impulso de las exigencias de un gobierno (ahora democráticamente legítimo) que busca respuestas para estar en aptitud de resolver problemas sociales. El gobierno demanda ciencia para ser eficaz y la ciencia evoluciona también, motivada o incentivada por los problemas y necesidades del gobierno.

Sin embargo, la relación establecida entre ciencias sociales y política pública tiene puntos negativos que deben advertirse y reconocerse, ya que pueden obstaculizar la evolución del conocimiento social.

Tengo la impresión de que el mayor impulsor de la ciencia social en estos años ha sido la demanda del gobierno por conocimientos para estar en condiciones de gobernar y/o la demanda de organizaciones políticas y ciudadanas por conocimientos que justifiquen sus demandas y vindica-ciones. Hoy la ciencia social no se mueve solo del lado de la oferta, a par-tir de los intereses y objetos de conocimiento de los investigadores y de sus comunidades de referencia, sino del lado de la demanda relacionada con rendimientos prácticos de actores gubernamentales, políticos o cívi-cos. Esta situación impulsa una espiral virtuosa, pero ha tenido o puede tener consecuencias negativas, como las que enumero:

La consecuencia más obvia es que las ciencias sociales practicadas del lado de la demanda pueden dejar de lado objetos de estudio más complejos, problemas cognoscitivos o sociales desatendidos o mal respondidos, temas cognoscitivamente más importantes y tal vez decisivos para hacer avanzar teoría y métodos, pero que se quedan sin estudio o no gozan del interés de las comunidades científicas establecidas o no reciben recursos por no ser (o no ser considerados, a veces erróneamente) de utilidad práctica para el go-bierno, o por carecer de utilidad social o de apreciación política inmediata. Esto nos conduce, en corolario, a una segunda consecuencia.




La tecnologización de la ciencia conduciría a valorar solo la producción de datos, conceptos y modelos causales.

Surge y predomina una idea técnica de la ciencia social. Hay una ten-dencia en curso hacia la tecnologización de la ciencia social, que lleva a valorar cognoscitivamente y apoyar financieramente solo la producción de datos, conceptos y modelos causales que son instrumentales, de idoneidad y utilidad práctica para la realización de los fines y objetivos de gobiernos, organizaciones sociales, etcétera. Dicho al margen, la noción convencional y establecida de política pública como un ejercicio de razón técnica más que sustantiva o de razón dialógica, puede provocar que el valor cognoscitivo de las investigaciones sociales se identifique con su valor técnico, su utilidad para diseñar políticas socialmente eficaces y económicamente eficientes.

Esta situación significa suponer que el conocimiento no tiene valor en sí mismo, sino que es un valor relativo a y/o dependiente de otros valores, que pueden ser considerados superiores y no solo diferentes, por lo que el conocimiento es subordinable a ellos o debe subordinarse. Me acuerdo en este momento cómo se ha insistido en el pasado, y todavía en el presente,



en que las ciencias sociales deben dedicarse a los problemas nacionales y solo a ellos, independientemente de la corrección del listado y la defini-ción de los problemas nacionales.

Asimismo, el hecho de que las políticas públicas sean las acciones que gobierno y sociedad emprenden para resolver problemas sociales especí-ficos de su interés, puede dar pie a reducir las ciencias sociales a estudios particulares y aun singulares, correspondientes a las dimensiones y causas de esos problemas, sin colocar los estudios y sus resultados en ámbitos de conocimiento de mayor alcance y profundidad. Las políticas públicas pue-den llevarnos a volvernos expertos en los árboles y no en el bosque, en problemas y no en el problema, en síntomas y no en causas.

En efecto (no sé si por causa de la demanda proveniente de la política pública), veo un abandono de la teoría de la sociedad, de la sociedad como un todo, como un sistema, como un mundo de vida en común. Este abando-no se manifiesta en la desagregación y fragmentación de decenas y centenas de objetos y problemas sociales, estudiados hasta microscópicamente, pero sin correlaciones.

Puede ser sin duda valioso que esos objetos de estudio acotados alcan-cen métodos de procesamiento más rigurosos de información y experimen-tación; explicaciones más precisas y validaciones empíricas más robustas, pero me preocupa que sean objetos o fenómenos sociales tratados de ma-nera autocontenida y autorreferida (pobreza, subdesarrollo regional, deser-ción escolar, desigualdad de género, usos y costumbres predemocráticas de gobierno, etcétera), sin destacar su tejido de relaciones con otros hechos y ámbitos de acción social que representan sus referencias causales más aca-badas. Esto me preocupa particularmente en sociología (tengo un enfoque clásico de ella). Hoy tenemos microsociologías abundantes, innumerables ‘sociologías de’ (la educación, del trabajo, de la salud, del barrio, urbana, de pymes, etcétera), que nos ofrecen todo un mapa de archipiélagos de cono-cimiento pero sin articularlos, integrarlos, ni ofrecernos una comprensión y explicación más compleja y completa de los hechos sociales.

Por último, la actual interdependencia puede ocasionar o forzar que la evolución de las ciencias sociales sea impulsada y dirigida por la dinámi-ca del gobierno y de las relaciones entre gobierno y sociedad, y no por la



dinámica de la producción científica, cuyos productos enfrentan altibajos, padecen anomalías, enfrentan nuevos problemas y nuevos intereses de co-nocimiento. Considero que hay que prestar mayor atención a la dinámica propia de la disciplina, sus discusiones, debilidades y nuevas exploraciones, en el entendido de que la evolución de la ciencia tiene un factor endóge-no: el relacionado con sus cuestiones, replanteamientos, críticas, nuevas interrogantes; y uno exógeno: los problemas que las realidades social y po-lítica nos plantean, susceptibles de respuestas científicas, pero no políticas, morales o religiosas.

En suma, aprecio que la política pública impulse la ciencia social, que le exija nuevos objetos de estudio y la apremie a validar mejor sus hipótesis causales —la política pública es básicamente una hipótesis causal— pero la ciencia social debe preservar su dinámica intrínseca acerca de proble-mas de conocimiento y no únicamente de problemas públicos. Hacemos ciencia porque nos motiva el conocimiento, aun si reconocemos que el conocimiento es la llave de solución de los problemas públicos o, por lo menos, la referencia para aprender a resolverlos incansablemente.


31

POLÍTICA SOCIAL E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES

Fernando Cortés Cáceres*

En el pasado reciente el vínculo entre la investigación académica y la ela-boración, aplicación y evaluación de los programas sociales ha sido estre-cho. Un ejemplo conspicuo fue el papel que desempeñaron los resultados de la investigación social en la operación del Programa Educación, Salud y Alimentación (Progresa), y que hasta septiembre de 2014 se denominó Oportunidades. Debe recordarse que este Programa inició sus operacio-nes después del profundo quebranto económico que padeció México en 1994-95 y del fracaso que experimentó el Programa Alimentación, Salud y Educación (pase) en su fase piloto, en Campeche.

El 6 de agosto de 1997, después de las elecciones celebradas en julio de ese año, fue presentado el Progresa en El Cardonal, estado de Hidalgo. Este era el punto de llegada en el que convergían una serie de investigacio-nes realizadas desde la sociología, la sociodemograf ía, la antropología y los estudios en salud pública, que nutrieron el diseño del Programa, cuyo eje central era combatir la transmisión intergeneracional de la pobreza, sin desconocer la importancia de mitigar la pobreza presente.

Las huellas del conocimiento producido por los científicos sociales mexicanos están claramente estampadas en el diseño y las acciones del Pro-grama. Ante la ausencia de una medición oficial de la pobreza, el Progresa empleó el índice de marginación para seleccionar localidades. Además, la focalización tuvo como objetivo los hogares y no los individuos aislados. Du-rante los años ochenta en la sociología, la demograf ía y la sociodemograf ía

* Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Universidad Nacional Autónoma de México.



se habían producido discusiones acaloradas en relación con la “unidad de análisis hogares”, unidad privilegiada en los estudios antropológicos con raíz chayanoviana (Chayanov, 1985).

La investigación había hecho visible que la etapa de formación, y en particular la llamada de expansión, es la más dif ícil para los hogares. Du-rante ella, en el hogar aumenta el número de consumidores, pero no el de proveedores. Por ello los beneficios del Programa se orientaron hacia aque-llos en condiciones socioeconómicas precarias, pero no a todos. En efec-to, los estudios sobre las estrategias de vida llevados a cabo en el entorno de la crisis de 1982, habían mostrado que en esos hogares los menores no asisten a la escuela o la abandonan en edades tempranas, que la incidencia del fenómeno es diferente entre niños y niñas, también según edades. Los sociodemógrafos analizaron el posible efecto de los apoyos del Programa sobre la fecundidad. Por otra parte, los estudios realizados desde la óptica del “Poder del monedero” mostraron que las mujeres tienden a utilizar el dinero en pro de la familia, a diferencia de los hombres.


Académicos y funcionarios definieron un índice para la medición de la pobreza, utilizado por el Coneval en sus evaluaciones.


POLíTICA SOCIAL E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES 33

El conocimiento acumulado delineó, en gran medida, algunas caracte-rísticas básicas de los apoyos en alimentación, salud y educación. El Pro-grama centró sus acciones en los hogares, no en los individuos. Las becas escolares inicialmente se entregaban a partir del tercer grado de primaria y hasta el tercero de secundaria, con lo que se evitó recompensar la fecundi-dad. En este segundo nivel eran mayores para las niñas que para los niños y los apoyos monetarios para el hogar se entregaron para su administración a las mujeres.

En 2001, al principio del sexenio de Vicente Fox, la Secretaría de De-sarrollo Social (Sedesol) convocó a la formación del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza (ctmp), conformado por académicos y funcio-narios del Consejo Nacional de Población (Conapo), del Instituto Nacional de Estadística, Geograf ía e Informática (inegi)), de la Sedesol y de la Pre-sidencia de la República, cuya tarea principal era construir una medición de la pobreza que si bien no tenía apoyo legal, adquirió legitimidad y fue retomada posteriormente por el Consejo Nacional de Evaluación de la Po-lítica de Desarrollo Social (Coneval).

Hay que destacar que en el ctmp el poder de decisión siempre estuvo en manos de los académicos. Dicho comité propuso a mediados del año 2002 una medición de pobreza por ingresos que originó tres medidas: po-breza alimentaria, de capacidades y de patrimonio. En el mismo año 2002 el Progresa cambió su denominación por Oportunidades y también se mo-dificó su énfasis. En los años que siguen se acentuará la vertiente de aba-timiento de la pobreza por sobre la de transmisión intergeneracional del fenómeno. Este cambio en el acento del Progresa, organismo sectorizado en la Sedesol, hizo recaer en esta Secretaría la responsabilidad de la lucha contra la pobreza. La metodología para su medición, definida por el ctmp, ilustra la relación entre academia y política pública: definió conceptos y umbrales que la Sedesol adoptó para evaluar su desempeño y para diseñar, focalizar y mejorar programas sociales.

A lo largo de los 15 años de operación del programa Progresa/Oportu-nidades ha habido un cúmulo de evaluaciones cuyos resultados permitie-ron afinar y mejorar su funcionamiento. Mercedes González de la Rocha y Agustín Escobar han desempeñado un papel prominente en las evaluaciones



del Programa y en su perfeccionamiento (Sedesol, 2007). Entre ellas figura la evaluación del Esquema Diferenciado de Apoyos (eda), que codirigí junto con ellos. El eda es una forma intermedia de apoyos del programa a hogares que han superado su condición inicial de pobreza; se generó una estimación de los efectos directos del programa Oportunidades sobre la incidencia de la pobreza, la brecha y la distribución del ingreso entre los pobres. Por primera vez se documentaba que los apoyos del Programa tenían escaso efecto sobre la incidencia de la pobreza, pero que sus resultados eran manifiestos en la disminución de la desigualdad en la distribución del ingreso entre los po-bres, y en la brecha promedio entre el nivel de ingreso de un hogar y la línea de pobreza de capacidades definida por el ctmp en 2002. (Esta evaluación del programa también resultó novedosa porque los enfoques cuantitativo y cualitativo se complementaron estrechamente en un solo estudio).

Foto: Agustín Escobar.

A 10 años del programa Oportunidades se sabía su impacto en la permanencia de los menores en la escuela.

Después de alrededor de una década de operación, el programa Opor-tunidades enfrentó el problema de la graduación al dejar de ser elegibles (eufemismo para referirse a dar de baja algunos hogares). Los investigadores



sociales estudiaron las condiciones en que los hogares debían pasar al eda, que en realidad era un punto intermedio en dirección a la puerta de salida del programa. Este problema originó una segunda investigación en que se analizó información panel. Se llegó a una serie de conclusiones útiles para su operación, entre las cuales destaca que el nivel de bienestar de los ho-gares en el Programa varía con su ciclo vital y que el retiro de los apoyos aumentaría la incidencia de la pobreza.

En 2007, a 10 años de iniciado el programa Oportunidades, se disponía de una serie de evaluaciones de “insumos”, como el impacto sobre la perma-nencia en la escuela o sobre la talla para la edad, pero no se había planteado aún la medición de los resultados sobre la transmisión intergeneracional de la pobreza. En ese año se realizó una encuesta que permitió evaluar si efectivamente el Programa había sido exitoso en la ruptura del ciclo de re-producción de la pobreza.

Discusiones sobre el carácter unidimensional o multidimensional de la pobreza signaron los debates sobre el tema durante los años noventa y comienzos de la primera década de 2000. La discusión académica tuvo un papel preponderante en la elaboración de la Ley General de Desarrollo So-cial promulgada en el año 2004, por la que se creó el Coneval. Esta entidad generó la primera medición oficial de la pobreza en México, en cumplimien-to de esa ley. Además de su carácter multidimensional, que no es poca cosa, diferenció entre el plano del bienestar (de carácter primordialmente econó-mico) y el de los derechos sociales (posible por los desarrollos conceptuales logrados en el área de los derechos económicos, sociales, culturales y am-bientales, desca).

La nueva forma de conceptuar y medir la pobreza modifica de raíz el enfoque de ingresos predominante hasta ese momento y subyace al cambio de política a que estamos asistiendo en la lucha contra ese flagelo: (i) hace ver con nitidez que la responsabilidad de la lucha contra la pobreza supera con creces las limitadas atribuciones y recursos de la Sedesol; (ii) la Ley General de Desarrollo Social da al Coneval no únicamente la función de medir la pobreza sino también la de evaluar la política social, lo que lleva a articular ambos campos (pobreza y evaluación), y (iii) la medición permi-te conocer en qué dimensiones son más acuciantes las carencias. La ley y



las acciones para su cumplimiento constituyen otro ejemplo de la relación entre ciencias sociales y política pública: la concepción académica de la pobreza definió la metodología de medición en la ley, y esta, a su vez, rede-finió las responsabilidades de combate a la pobreza en un conjunto amplio de agencias gubernamentales.


El Coneval generó la primera medición oficial de la pobreza en México, con la Ley General de Desarrollo Social.

Referiré ahora brevemente el momento actual que vive la política so-cial en México. El aumento de la pobreza observado en 2010 respecto de 2008 (vinculado con el alza en los precios internacionales de los alimentos y con la crisis financiera que se propagó a la economía real), fue impulsado por la carencia de acceso a la alimentación en el ámbito de los derechos, y por la caída en los ingresos en relación con el valor de las canastas, en el espacio del bienestar.

En la Cruzada Nacional contra el Hambre, centro de la nueva política social, se puede advertir la influencia de la nueva metodología en el cálculo



de la pobreza. Se reconoce y se pone énfasis, primero, en la carencia ali-mentaria, y segundo, en la pobreza extrema. En su organización se recono-ce la responsabilidad del gobierno, al involucrar no solo a la Secretaría de Desarrollo Social sino casi a la totalidad de las secretarías y dependencias cuya función se relaciona con las carencias sociales consideradas en la me-dición de la pobreza.

Desde el punto de vista académico se advierten algunas tendencias in-teresantes para el futuro inmediato:

Por una parte, el progreso en los últimos años de la técnica estadística, así como el desarrollo del modelaje con ecuaciones estructurales, y mo-delos econométricos para tratar los datos provenientes de muestras independientes en el tiempo, como la Encuesta Nacional de Ingresos y Gas-tos de los Hogares (enigh), pero particularmente las relativas al tratamien-to de información de panel, como la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe) y la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (Engasto); y por otra parte, la popularización de computadoras con mayor capacidad de almacenamiento y procesamiento de información, combinadas con pro-gramas y rutinas de cómputo cada vez más poderosos, permitirán profun-dizar en el estudio de los problemas sociales y hacerlo transparente, ya que un estudiante de licenciatura con equipo común dotado de un programa comercial puede calcular y recalcular la pobreza y otros temas.

El municipio es la unidad sobre la que opera la Cruzada y sus efec-tos habrán de medirse por lo menos en esas unidades territoriales. Para emprender dicha tarea se dispone del índice de marginación municipal. Lamentablemente no es posible utilizarlo para este propósito debido a que por construcción, sus valores no se pueden comparar en el tiempo. Sin embargo, esta limitación fue subsanada por la investigación académica que construyó un índice de marginación altamente correlacionado con el del Conapo, cuyos puntajes son comparables en el tiempo. Para construir el índice alternativo se empleó análisis factorial confirmatorio y análisis de clases latentes, procedimientos desarrollados por la vertiente de ecua-ciones estructurales. El trabajo de investigación en ciencias sociales ha generado una vez más conocimiento útil para el perfeccionamiento de la política social.




La investigación en ciencias sociales ha generado conocimiento útil para el perfeccionamiento de la política social.

En la actualidad los estudios de pobreza proporcionan información res-pecto de la incidencia y profundidad del fenómeno cada dos años, excepto en los terminados en cinco y cero, cuando se dispone de datos censales y se realizan mediciones municipales. A partir de 2008, con el aumento en el tamaño de la muestra de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, se avanzó en el dominio de la muestra. Antes de ese año las estimaciones eran válidas solo para la división rural-urbana, en tanto que desde 2008 lo son para las entidades federativas; para los años terminados en cinco o en cero (recuentos censales y censos) el dominio es municipal.

En los últimos años el avance en la cobertura de la medición de la pobreza ha sido inmenso e impensable si no se hubiese recurrido a los desarrollos del conocimiento estadístico en la estimación de variables en áreas pequeñas. A pesar de ello estos adelantos son insuficientes para afinar la intervención social.



Los desarrollos de la técnica estadística, la generación de información de panel (encuestas que siguen a individuos y hogares en el tiempo) y los avances conceptuales permitirán distinguir aquellos hogares o personas que permanecen en la pobreza a lo largo del tiempo, de aquellos que tie-nen caídas esporádicas y de los que entran y salen recurrentemente de esa condición. Lo mismo se podrá saber para diversos indicadores sociales, por ejemplo ¿qué características tienen los hogares que siempre perma-necen en un decil específico? ¿varía la carencia de acceso a la seguridad social o a la salud a lo largo del tiempo? ¿de qué depende que cambie el acceso con el tiempo? ¿cuáles son y qué características tienen los hoga-res que presentan persistente inseguridad alimentaria aguda o modera-da? ¿en qué hogares el fenómeno es recurrente y en cuáles una situación transitoria?

La respuesta a estas y a muchas otras preguntas será de fundamental importancia para diferenciar la política social. Habrá que diseñar accio-nes para quienes viven en una situación de carencia permanente, que con seguridad no serán del mismo tenor, con respecto de aquellas que se di-rijan a disminuir la vulnerabilidad de caer en uno u otro tipo de carencia.

También habrá que dedicar energía intelectual a mejorar las medicio-nes disponibles. En efecto, se sabe que la medición de los ingresos está truncada por ambos extremos de la distribución: los ricos, protegidos por barreras de seguridad, servidumbre y cotos; y los pobres, indígenas mo-nolingües, que están sub-representados en la enigh. Este truncamiento indudablemente afecta las medidas de desigualdad. La pregunta ¿qué se puede hacer al respecto? adquiere plena relevancia así como los esfuerzos para estimar el tamaño del sesgo en la medición de la desigualdad derivado del truncamiento.

En el ámbito de los derechos sociales en la medición de la pobreza, será necesario mejorar los indicadores. Por una parte, en el acceso a la salud y a la seguridad social se mide derechohabiencia: ni acceso efectivo al servi-cio ni el ejercicio del derecho a la salud. Un gran tema de investigación es discernir entre quien tiene el derecho a la salud, pero que no tuvo acceso efectivo ante un padecimiento, y quien llegó al centro médico y fue tratado oportunamente; así como toda la gama intermedia.




Pendiente, mejorar las mediciones en el ámbito de derechos sociales, como salud y educación, para que reflejen con precisión la calidad de los servicios.

También será necesario homogeneizar la calidad de los servicios prestados. Es claro que no todos los sistemas de seguridad social entre-gan la misma cobertura de servicios o intervenciones, ni con la misma calidad. Algo similar ocurre con la educación. ¿Cómo incorporar la cali-dad de los bienes y servicios proporcionados en la medición de la pobre-za y en los programas sociales?

El rendimiento escolar es un fenómeno complejo que solo en parte res-ponde a la calidad de la educación recibida. En efecto, en él se mezclan los efectos de los atributos de los alumnos y de sus familias, con las características de las escuelas y del sistema educativo. La investigación social ha construido modelos que permiten distinguir los efectos de los tres niveles que inciden sobre el rendimiento, de modo que es posible evaluar los efectos de las di-ferencias en la calidad de la educación recibida, y sobre esta base orientar la política educativa para mejorar el rendimiento de los alumnos.

Para responder estas preguntas será necesario emprender nuevas in-vestigaciones sociales que arrojen luz acerca de los derroteros que deberá transitar la política social en los años venideros.


41

COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Agustín Escobar Latapí *

México ha desarrollado un sistema de evaluación de programas y políticas públicas en el ámbito social. Dicho sistema es nuevo y ha probado tener al-cances y consecuencias en el mejoramiento de las políticas, por medio de lineamientos emitidos en conjunto por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), y las secretarías de Hacienda y Crédito Público (shcp) y de la Función Pública (sfp). Esos lineamientos definen un modelo de organización lógica de los programas por medio de matrices de indicadores y evaluaciones de consistencia y resultados (mir y ecr), un sistema de seguimiento anual por medio de evaluaciones específicas de desempeño (eed), evaluaciones de impacto, de procesos y estratégicas, así como otras con distintos diseños propuestos por las agen-cias de evaluación de las secretarías de estado federales.

La Ley General de Desarrollo Social y el Coneval dispusieron medi-das para lograr independencia del ente evaluador (el propio Coneval), de las evaluaciones y de los evaluadores, por medio de la elección de con-sejeros académicos —que mantienen sus plazas de investigación— en el comité directivo del Consejo; también mediante programas anuales de evaluación regulados por el organismo, la contratación de evaluadores externos, independientes de los entes evaluados, y el proceso de aproba-ción y supervisión de los indicadores y mecanismos de evaluación. Por último, las entidades evaluadas se comprometen a atender sugerencias de las evaluaciones, y los compromisos se incorporan al sistema de monito-

* Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.



reo anual de las eed antes mencionadas, con lo cual se hace patente qué se atiende y qué no.

Todo lo anterior redunda en un sistema que reduce el gasto no regulado en evaluación, al tiempo que mejora su eficacia, y hace públicas y transparen-tes las evaluaciones, sus costos y los aspectos susceptibles de mejorar. Asimis-mo, reduce la influencia ejercida por los evaluados sobre los evaluadores. Con estas medidas se han mejorado el rigor y la imparcialidad de las evaluaciones.


Los sistemas de evaluación de programas sociales favorecen la eficacia, transparencia, rigor e imparcialidad de las mediciones.

Sin embargo, además de las presiones políticas o económicas sobre las evaluaciones, existen otros procesos —propios de los grupos que generan conocimiento— que reducen la distancia entre evaluadores y evaluados. Un aspecto de este proceso es positivo: si prevaleciera la desconfianza ab-soluta en la relación de evaluación, esta última dispondría de información muy incompleta o falsa. Sin embargo, también tiene un riesgo: genera con-sensos implícitos que pueden traducirse en “conformismo” de las evalua-ciones. Este capítulo versa sobre estos procesos y valora su impacto sobre el sistema.


COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO y EVALUACIÓN DE POLíTICAS PúBLICAS 43

Utilizaré una noción sociológica vieja y otra reciente para ilustrar ese proceso que ocurre en la producción de conocimiento social sobre las políti-cas públicas, y que opera de manera particular en los sistemas de producción de evaluaciones. El primero —una antinomia creada en 1887— fue expuesto por Ferdinand Tönnies (1947) para ilustrar dos principios de convivencia so-cial: uno, que él llama sociedad, se refiere a los seres humanos que se reúnen de manera contractual, racional e intencional, es decir, se juntan para hacer algo con reglas, medios y fines explícitos y limitados a la intención que los reúne. Por lo tanto, la razón de su asociación es concreta, existe y es recono-cida con mucha claridad entre ellos.

Ferdinand Tönnies reconoció que este era un modo moderno y formal de asociarse, pero que convive con un principio anterior que él llama co-munidad: una forma de co-existir y co-laborar sobre otras bases. En esta otra manera de hacer cosas juntos, los valores y las normas son implícitos, y la relación entre las personas va mucho más allá de una sola intención limita-da y expresa. En esta forma de convivencia se reconoce una afinidad o identi-dad profunda entre las personas, y finalmente lo que pudo ser el sentido y la intención de la asociación deja de ser lo fundamental; lo más importante se vuelve el grupo, que pasa de lo instrumental a tener una razón de ser propia. Así, de constituir una sociedad, el grupo se transforma en una comunidad. Sus miembros desarrollan mecanismos identitarios y de defensa del grupo.

En ese sentido, hablar de la relación entre evaluación, evaluadores y fun-cionarios públicos pasa por este transcurso o proceso de cambio social, en el cual una relación que empieza como instrumental, intencional, racional, y con un objetivo limitado (producir evaluaciones para conocer el estado de la política pública) se va convirtiendo en algo sobreentendido en la conviven-cia entre evaluadores y funcionarios públicos. La interface de evaluación: el punto de encuentro de los mundos de funcionarios y evaluadores, que en principio son mutuamente extraños, se convierte en una interacción habi-tual, un solo mundo y una sola cultura. La distancia se desvanece.

El de interface es un concepto creado por Norman Long (1999) para referirse al encuentro de las culturas y los mundos de vida de los fun-cionarios públicos y de los ciudadanos objeto de las políticas públicas. En la interface, según Long, confluyen entendimientos, normas y fines



diferentes, pero cada sector social hace lo imposible por incorporar dicha interface a sus propios mundos y fines. Según esta visión, las políticas públicas pueden ser funcionales por razones totalmente distintas a las planteadas por las políticas públicas, cuando la población o el grupo so-cial objeto de ellas las incorpora a su cultura.


La relación evaluador-evaluado, separada por una delgada línea entre la distancia crítica y el juicio benévolo.

En la medida en que se crea esta comodidad de la evaluación en la co-munidad de evaluadores y evaluados, se gana algo importante. Es imposible estar cuestionando siempre qué queremos hacer, y si el socio tiene una in-tención aceptable para nosotros. Se ha generado una cultura (un acuerdo tácito sobre normas, concepciones y fines compartidos) que es real y facilita el trabajo porque permite hacerlo sobre una base de confianza. Pero por otra parte, se pueden perder condiciones necesarias que hay que volver a traer a la mesa con crítica de manera continua: el evaluador puede fácilmente perder la perspectiva que le permite observar deficiencias o señalarlas, sin pensar que transgrede las normas de la comunidad, una comunidad que ade-más puede brindarle el sustento. Sin corrupción de por medio, el evaluador pierde la independencia necesaria. Pero también se linda con la corrupción:



si el evaluador recompensa la lealtad que los otros le muestran con juicios benévolos, o si el evaluado retribuye la lealtad del evaluador con dinero o contratos, es muy probable que sí se genere corrupción.

La segunda noción es de un epistemólogo, Paul Feyerabend (1982), que habla de la ciencia en una sociedad libre. La sola lección de este libro es mantener siempre la inquietud de incorporar a la discusión científica al que quiere participar y no es aceptado por su alteridad o porque no cumple con las normas (lealtades, culturas) y requisitos de aceptación. Una buena cantidad de innovaciones y de revoluciones científicas ha sido lograda por medio del rompimiento de los paradigmas (las culturas en el sentido del párrafo anterior) dominantes en la ciencia, es decir, por la incorporación de quienes pensaban radicalmente distinto a la mayoría. La lección de este libro heterodoxo es que nunca se debe marginar a nadie de la discusión científica simplemente porque no participa de nuestras reglas. En caso con-trario, el peligro es crear una comunidad acrítica que se vuelve conformista y no informe sobre la realidad.

Por medio de estas dos nociones: la oposición entre Gesellschaft (so-ciedad) y Gemeinschaft (comunidad) y la tendencia de la ciencia a crear comunidades excluyentes, deseo formular la tesis-advertencia: Cuidado con la comodidad que otorgan el nacimiento de una identidad y de valores comunes, porque esa comodidad atenta contra el conocimiento nuevo y crítico, el que verdaderamente tiene posibilidades de aportar novedades a la política pública.

Como consejero académico del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, estoy convencido de que vivimos un periodo nuevo en la evaluación de políticas públicas en México. No me remonto a los años setenta, cuando tuve mi bautizo en el mundo de las evaluaciones, sino a parteaguas más recientes.

Hasta 2006 teníamos evaluación rigurosa en unos cuantos programas importantes de política pública, pero a partir de ese año, gracias a un marco legal creado por el Congreso, se cuenta con la estructura lógica de un sis-tema de evaluación que hoy nos permite informar qué hace cada programa social y para qué, con qué estructura lógica, con qué estructura personal, territorial; qué actividades emprende y qué cobertura tiene. Naturalmente



esto depende de la calidad de los sistemas de información, que necesitan mantenerse y mejorarse. También informa cuál es la relación entre sus acti-vidades y sus fines (esto era algo que no siempre estaba claro).


Con los actuales sistemas de información, cada año puede saberse si un programa alcanza o no sus metas; sus debilidades y fortalezas.

Cada año podemos tener información sobre si un programa está alcan-zando o no sus metas, y se acumula conocimiento que nos permite saber cuáles son los aspectos débiles y cuáles las fortalezas de esos programas. Por último, lo que hace que el conjunto opere como un verdadero sistema es que hay un punto de retroalimentación: la constitución de un compro-miso de mejora por parte del programa, que es revisado un año después por un evaluador distinto, todo conforme a un procedimiento establecido. Este sistema probablemente sea el mejor en nuestro continente. Sin embargo enfrenta desaf íos:

En primer lugar se constituye un sistema de evaluación de los progra-mas federales en un momento en que más de 70% del presupuesto social del Estado es ejercido por los estados y los municipios. Las normas con las cuales se ejerce este gasto difieren según el fondo, el tipo de transferencia,



y el sector al que va dirigido. Pero queda claro que la evaluación es incom-pleta mientras el gasto no se evalúe integralmente, es decir, desde su origen hasta el beneficiario, independientemente de que este reciba el bien de una entidad federal, estatal, municipal u otra distinta (como los intermediarios financieros, en caso de préstamos).

En segundo lugar, se constituye fundamentalmente para evaluar progra-mas sociales y el adjetivo de “social” es restrictivo. ¿Qué no es social? si un puente no es social, si la política de telecomunicaciones no es social, si una política de subsidio a la colocación de terminales bancarias de cobro en ne-gocios pequeños no es social. Sí lo son porque su razón de ser es el desarro-llo social. Sin embargo todo esto queda excluido. Afortunadamente excluido para un órgano pequeño y de alcances limitados, pero desafortunadamente excluido del sistema de evaluación.

Hasta 2012 lo que tenía México era un sistema de evaluación de pro-gramas y políticas sociales federales. En la Ley General de Desarrollo Social se extiende una invitación a los estados para que constituyan sus propios sistemas de evaluación; se pide al Coneval que invite a las entidades a conformarlos, pero hay diferencias enormes en lo que hace cada uno. En el estado de Jalisco y en otros se han creado consejos y comités estatales de evaluación. Algunos no son únicamente sociales, sino que se aplican al conjunto de la política pública, y esta apertura es bienvenida porque se distingue del sistema federal en que no nace como algo exclusivamente so-cial sino con alcances más amplios. Esperamos que estas iniciativas madu-ren y den frutos.

Un tercer desaf ío se relaciona con la percepción social y académica del conocimiento incorporado en la evaluación. Después 15 años de par-ticipar en esfuerzos evaluativos me sigo enfrentando con la idea bastante extendida aún entre muchos de nuestros colegas antropólogos, sociólogos y economistas, de que participar como evaluador es rebajar la calidad del trabajo científico.

Sigue existiendo la idea de que el evaluador está renunciando a la pu-reza y al rigor de su acercamiento al objeto de estudio porque el evaluado tiene un interés político que lo conducirá a esconder información, sesgar las entrevistas, pedir a sus subordinados que den una falsa impresión, y por lo



tanto persiste la idea de que hay un sistema que reduce el estatus de la inves-tigación cuando se hace evaluación. Esto es un error y hay por lo menos tres maneras de plantearlo. La primera es que el conocimiento aparentemente libre, académico y no aplicado también está sujeto a un conjunto de valores entendidos como prioridades sociales. En México la disyuntiva entre em-pleo y productividad es clásica, pero como esta hay otras.


Desvalorado, el trabajo de evaluación de políticas públicas; se cree que se rebaja la libertad, el rigor y el estatus de la investigación.

En segundo lugar, tenemos un conjunto de creencias que también incluyen muchos valores sobre las formas de acercarnos a lo que tene-mos que conocer, es decir, no solo contamos con una epistemología sino creemos que tiene valor cierta forma de acercarse a la realidad, según nuestra formación, nuestra disciplina y nuestra experiencia; y por último tenemos un conjunto de creencias, que también son valores, sobre quién puede cambiar y mejorar la sociedad, es decir, aquellos que piensan que hay que actuar o resistir de manera violenta y presionar por la fuerza a la autoridad; los que piensan que hay que mover las elites porque a partir de



ahí se va a gastar distinto, que el gobierno va a cambiar de opinión; quie-nes sostienen, como los evaluadores tendemos a hacerlo, que hay que ir mejorando las políticas por dentro recomendando cambios puntuales, y finalmente, los que tienen una desconfianza terrible en todos los anterio-res y piensan que ciertas manifestaciones sociales de repudio a distintos grupos de poder son la única o una de las pocas vías que quedan para mejorar la sociedad.

Por último, algunos colegas consideran que la evaluación es un tra-bajo con menor valor científico porque es fácil vender al sector público conocimiento trillado, metodologías anticuadas y fórmulas superadas. Desde luego los funcionarios y sus asesores varían enormemente en su ca-pacidad de crítica de una propuesta de evaluación. Pero sucede de manera creciente que cuerpos técnicos como el Coneval o los comités estatales de evaluación intervienen en el proceso de definición de una evaluación. Mi experiencia personal indica que el evaluador tiene que hacer un esfuerzo significativo para traducir los méritos de su propuesta para un público am-plio, pero que la contraparte tiene preocupaciones sustanciales y válidas que no se toman en cuenta en la formulación de investigaciones académi-cas. En otras palabras, esta traducción, que en sí misma significa trascender o extender una comunidad de conocimiento, es positiva para el rigor y el puro valor científico del trabajo.

Todos estos son valores políticos y por lo tanto toda investigación está sujeta, aunque no se piense como aplicada, a estos valores. Obviamente hay que reconocer que una vez que el investigador se enfrenta al funcionario público, tiene que haber un reconocimiento explícito de los objetivos de este, que consisten no solo en tener éxito en su parcela del sector público, sino también en que él aparezca como alguien que ha hecho los cambios necesarios para que esto sea lo correcto.

No hay una diferencia de calidad o de orden entre los valores y las creencias políticas que se ponen en juego cuando queremos aplicar el co-nocimiento social. La generación de comunidades de conocimiento es un proceso universal de este, no propio de la evaluación, y en el actual sistema mexicano de evaluación se vigilan y se cuidan los factores que pueden tra-ducir esa comunidad en complicidad.




Hay más riesgo de incurrir en aspectos negativos en el ámbito académico que en el de la evaluación.

En el mundo académico “puro”, por el contrario, normalmente no existe ese control: si alguien dialoga solo con quienes piensan de la misma manera que él, es casi imposible forzarlo a que amplíe su círculo. Hay más riesgos de incurrir en los aspectos negativos de las comunidades de conocimiento en la academia que en el mundo de la evaluación. y sin embargo, subsisten formas de influir en las evaluaciones. Algunos ejemplos:

En 2012 el gobierno sostuvo que el Seguro Popular había alcanzado la cobertura universal de las personas que carecían de seguridad social. Sin em-bargo, cuando se analizó el acceso de las personas al sistema, se encontró que hay una gran cantidad de ellas que quisieran tener acceso y no lo consiguen, y otra gran cantidad de quienes sí dispusieron del servicio, pero se desani-maron al experimentarlo y no lo utilizan o lo abandonan. Ambos hallazgos indican que no existe universalidad en el Seguro Popular.

Sin embargo, a finales de 2012 el gobierno sostuvo que el Seguro Popu-lar era universal y cuando fueron cuestionados los funcionarios al respecto, optaron por responder que universalidad no quería decir “para todos” ni



que todos estuvieran incluidos; y no solamente eso, sino que además los subordinados tenían que defender este punto de vista. Nos enfrentamos con una lucha por cambiar el significado de universalidad con un sentido político cuando hacemos evaluación, y esto lo tenemos que reconocer y hacer parte de nuestro trabajo.

Otro ejemplo, el funcionario público que atrae evaluadores con pro-mesas de contratos ulteriores, lo que de entrada mina el rigor y la distan-cia de la evaluación. Esto se manifiesta en expresiones como: “Nosotros realmente necesitamos alguien con su perfil. Queremos forjar una relación de largo plazo para que nos entendamos porque la persona que estaba antes que usted realmente no nos entendía. Tenga usted por seguro que podemos colaborar muchos años”.

Aunque la expresión anterior sea bienintencionada, la relación de trabajo continuada genera una falta de crítica, es decir, se crean valores o entendi-dos, y lo que necesitamos es una vigilancia de nosotros mismos que nos per-mita darnos cuenta de las inercias que están adquiriendo los funcionarios, de modo que podamos tomar distancia de las acciones públicas para poder cambiarlas. Esto sería el análisis de una interface entre políticas públicas y el evaluador. Pero las interfaces generan su propia cultura de contacto, es decir, sus propios entendidos de lo que le decimos al evaluador y de lo que no le decimos. Así, en esa interface tenemos que estar muy atentos para mantener el nivel de crítica y evitar la conformación de una comunidad acrítica.

Hay otro punto que quiero comentar sobre nuestras inercias y que debe mejorar en gran parte de los programas en México: el proceso de genera-ción de indicadores. Exigimos a las políticas públicas que generen cada vez más indicadores; ponemos estos indicadores en las matrices lógicas de los programas, en sus reportes y decimos: “Se atendió 75% de la población que queríamos atender” o “Se graduó 90% de las mujeres del programa de edu-cación para adultos”. Pero no se presta suficiente atención al proceso por el cual se generan esos indicadores, es decir ¿tiene el servidor público las ba-ses de datos confiables y oportunas generadas por personas que lo puedan hacer con el rigor y competencia necesarios para creer en los indicadores que ofrecen los programas públicos?




Falta mejorar el proceso de generación de indicadores en cuanto a su confiabilidad y rigor.

Contamos con conceptos útiles para evaluar si los indicadores son con-fiables, replicables, etcétera, pero el proceso para verificar que cuentan con todas esas cualidades es mucho más complejo que lo que pensamos cuando se diseñó el sistema. Estamos ante una situación en la cual tenemos cada vez más indicadores, pero insuficiente capacidad crítica sobre el proceso que los genera. Hay una inercia en la generación de indicadores, pero también exis-te un proceso de delegación creciente en el que funcionarios con cada vez menos autoridad son los que dan la información que la sociedad necesita; es decir, no hay una persona con alto grado de responsabilidad en evaluación que esté a cargo de verificar que los indicadores sean correctos. Las lógicas burocráticas permiten que las decisiones sobre indicadores sean adoptadas sin la capacitación y la autoridad que el proceso requiere.

El problema con la calidad de los indicadores es parte también de este proceso de autocrítica. Si mejoramos el mecanismo de generación de indi-



cadores no solo tendríamos información pública confiable, sino que, por ejemplo, podríamos evaluar los programas mucho más estrictamente y con menor costo. Una excelente información administrativa permitiría compa-rar las características de la misma persona o el mismo hogar a lo largo del tiempo, con lo cual es posible derivar una idea razonable del impacto de una política, así como modificar factores que pueden mejorarlo.

La ley define un amplio conjunto de programas que están sujetos a re-glas de operación. Se trata de alrededor de 270 programas federales que en conjunto ejercen más de 90% del presupuesto dedicado a programas, aunque hay sistemas, estrategias y otras figuras que no se incluyen en este gasto, tales como el Sistema para la Protección Social en Salud o Seguro Po-pular. Las reglas se convierten en la normatividad más próxima y operativa de un programa y son revisadas anualmente. Dichas reglas deben ayudar a mejorar el desempeño, y deben basarse en los hallazgos de auditorías y evaluaciones. Sin embargo, es necesario mejorar el proceso por el cual di-chos hallazgos se convierten en cambios en las reglas. Con frecuencia los responsables de programas expresan que las reglas manifiestan sobre todo un espíritu de control, no de mejora del desempeño.

Por otro lado, existe un sesgo programático en el sistema de evaluación. Hemos generado un conjunto de instrumentos que nos permiten evaluar programas con bastante rigor, a pesar de los problemas recién enumera-dos. Pero ¿cómo encajan los diversos programas en la política mayor, cómo interactúan, y cómo obtienen más logros que los programas separados? o ¿cómo, por el contrario, se traslapan, se contraponen y provocan desperdi-cio de dinero? Eso es algo que conocemos menos, pero que constituye un desaf ío bastante urgente para la evaluación. Tenemos que reunir las eva-luaciones para saber cómo podemos integrar programas y crear verdaderas políticas coherentes, consistentes y articuladas.

Un desaf ío adicional radica en la interacción con nuevos servidores pú-blicos en cada cambio de gobierno; cada nueva generación de funcionarios trae consigo un conjunto de mitos sobre la evaluación, acerca de los cuales hay que trabajar, articular, informar mejor o descartar.

Un elemento importante que influye en la relación evaluador-evaluado es la alta consideración de que han gozado recientemente las evaluaciones



de impacto. Por una parte, la correcta realización de una evaluación de este tipo debe iniciar por la recopilación de información suficiente de grupos comparables de personas, hogares o empresas, con anterioridad a su incor-poración al programa en cuestión. Normalmente la solicitud de evaluación de impacto se formula cuando las poblaciones ya están recibiendo la cober-tura de los programas, y en este caso la validez de la evaluación disminuye. Hay otros pre-requisitos, y por esta razón el Coneval ha elaborado un guión de factibilidad que previene el gasto en una evaluación semejante, cuando no prometa resultados.

En segundo lugar, una evaluación tradicional de impacto puede reque-rir grandes muestras (del orden de 20 000 sujetos) para tener poder estadís-tico y que la diferencia entre los grupos beneficiarios y no beneficiarios sea significativa. Este tipo de evaluaciones han llegado a costar más de 100 mi-llones de pesos en México. Finalmente, la evaluación de impacto tradicional se hace sin extraer conclusiones sobre el peso de los factores intervinientes, y por lo tanto pueden aportar resultados que no arrojan recomendaciones útiles a los programas. En otras palabras, algunas evaluaciones de impacto construyen intencionalmente una situación experimental (basada en la alta calidad de los servicios o en la supervisión personal del consumo de nuevos suplementos alimenticios, por ejemplo) que poco dice sobre las condicio-nes del mundo real en que operan los programas. Las evaluaciones cualita-tivas de impacto, por el contrario, pueden costar mucho menos y obtener hallazgos sobre dichos factores. Sin embargo, se recurre poco a ellas.

En las condiciones actuales, muchos nuevos directores de programas, con presupuestos de mil millones de pesos, están dispuestos a gastar 50 mi-llones en evaluaciones de ese tipo que realmente no indican qué cambios opera el programa en la realidad. Es decir, el resultado final no será confiable o significativo, pero el gasto sí. Los presupuestos en juego pueden ofrecer incentivos para realizar estas evaluaciones independientemente de que sean útiles para la política en cuestión. Por último, las evaluaciones de impacto tradicionales, dado que se centran en un solo factor de impacto, no favore-cen la reflexión general sobre la interacción entre las políticas y la sociedad en que operan, tal como advierte Aguilar en este volumen.



La formación de comunidades de conocimiento, por cuanto que tienden a crear grupos cerrados de evaluados-evaluadores, también obran en contra de la socialización de las mejores prácticas de evaluación y del crecimiento de los cuadros capaces de diseñar, dirigir y dar seguimiento a las evaluaciones. Es necesario difundir las capacidades de evaluación en las universidades y el sector público, y fomentar la incorporación de jóvenes y de pensamiento crítico sobre las evaluaciones. Este proceso de capacitación y difusión pue-de tener consecuencias altamente positivas en el resto del mundo evaluable: las empresas, las agrupaciones filantrópicas, las organizaciones sociales, o las ciencias experimentales. Debemos contar con jóvenes que tengan las herra-mientas básicas de conocimiento para aplicarlas en el sector público y fuera de él. Este grupo de profesionales jóvenes es el oxígeno que necesita una co-munidad de evaluación saludable, pero autocrítica.


Una comunidad de evaluación autocrítica requiere de jóvenes capacitados para desarrollarse en cualquier institución, empresa o programa.

Me pregunto entonces si más que formar a los nuevos administrado-res públicos de cada sexenio o de cada trienio, no deberíamos incidir más profundamente, por una parte, en el currículum de los administradores



públicos o en el currículum del servicio público de carrera, y por la otra en el sector de educación media y superior. Necesitamos mantener la in-quietud de incluir nuevos puntos de vista en la evaluación. Ha resultado muy positivo crear un sistema de evaluación nacional con cinco o seis tipos básicos, pero se necesita generalizar el principio de evaluar resultados de cualquier institución, programa u organización.

En mi opinión, como consejero del Coneval, el avance de los últimos años es enorme, pero necesitamos seguir incorporando nuevas formas de acudir al otro para estudiar los programas de manera más empírica, y man-tener nuestro interés en las personas y en el contexto real de la sociedad que habitan: hablar con quienes deben ser beneficiados por las políticas públi-cas para entenderlos, y a partir de ahí saber qué es lo que están haciendo o no esas políticas.

La creación de sistemas que burocráticamente funcionen muy bien, pero que se nutren de una información proveniente de cadenas de papeles, de cadenas de hojas de cálculo o de encuestas muy estandarizadas creadas por los mismos grupos año tras año puede acarrear economías de corto plazo, pero fomenta inercias de comunidad que van cerrando poco a poco la posibilidad de saber si la política funciona. Eso es algo que tenemos que seguir vigilando.


57

DEMOGRAFÍA, ESTUDIOS DE POBLACIÓN Y POLÍTICA PÚBLICA EN MÉXICO

Rosario Cárdenas Elizalde*

Al considerar el trabajo que se desarrolla desde las ciencias sociales, pa-reciera natural la aportación de estas a la política pública en general y no solamente a la política social. En este sentido, es dif ícil comprender cómo el conocimiento de las poblaciones no es algo incorporado siempre explíci-tamente como el elemento que da origen a la política pública.

La razón por la cual se identifica la necesidad de una política pública y se adoptan decisiones acerca de esta es porque se está respondiendo a condiciones concretas de la vida de la población. Así, la población es tanto el punto de origen como de propósito de las acciones de política pública y la modificación de sus características el punto central para la evaluación de estas. Es decir, todo programa o intervención propuesto o ejecutado en el ámbito de la política pública aspira a mejorar uno o varios aspectos de la calidad de vida de la población en su conjunto.

En virtud de lo anterior, es particularmente relevante reconocer el vínculo entre política pública y estudios de población porque los produc-tos que de estos emanan le permiten a la primera identificar problemas y articular prioridades. También hacen posible diseñar o plantear programas o líneas generales de intervención, como las incluidas en el Plan Nacio-nal de Desarrollo, o bien muy específicas o particulares como puede ser el caso del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (hoy denomi-nado Programa de Inclusión Social, Prospera). Asimismo permiten esta-blecer estrategias claramente diferenciadas o muy concretas para atender

* Unidad Xochimilco. Universidad Autónoma Metropolitana.



problemáticas puntuales o manifiestamente acotadas en el espacio o en el tiempo. De igual forma, facilitan reconocer cambios, tanto aquellos posi-blemente asociados con la propia política pública como los derivados de la dinámica demográfica, subrayando con ello la importancia de establecer acciones de monitoreo con el fin de dar cuenta de dichas modificaciones y, en última instancia evaluar, mediante las aproximaciones que se prefieran, los resultados específicos de una acción. En el fondo, entonces, la investiga-ción en demograf ía y estudios de población contribuye con la rendición de cuentas y la transparencia de las acciones gubernamentales al tiempo que apunta los beneficios expresados en cómo la población vive y se desarrolla.


Los estudios de población permiten a las políticas públicas identificar problemas y prioridades.


DEMOGRAFíA, ESTUDIOS DE POBLACIÓN y POLíTICA PúBLICA EN MÉXICO 59

Es posible diferenciar la demograf ía de los estudios de población en función del énfasis de su mirada y las aproximaciones metodológicas em-pleadas. El quehacer demográfico responde a la relevancia de caracterizar a la población y su dinámica de una manera eminentemente numérica, mien-tras que los estudios de población se proponen, mediante el desarrollo de la sociodemograf ía y la incorporación de perspectivas traídas desde otras disciplinas, como la antropología o el derecho, explicar, por ejemplo, cómo organiza la población su vida, cómo se estructuran los hogares, cómo se modifican las relaciones en la sociedad.

En una primera instancia, la definición de las políticas públicas requie-re conocer elementos básicos y fundamentales, como el volumen de la po-blación, sus distribuciones por edad, sexo y ubicación en el espacio; los elementos que enlazan los distintos eventos que distinguimos como vitales, es decir, los nacimientos y las defunciones, los que tienen un componente social, como la inserción en el mercado laboral o migraciones, y los fac-tores que explican las transformaciones sociales, económicas, culturales y políticas.

Estos dos espacios propician el reconocimiento de que tanto las aproximaciones cuantitativas como cualitativas ayudan a establecer desde el inicio qué política pública está orientada a atender determinado proble-ma, a reconocer cuáles son las condiciones concretas de vida y trayectoria de la población a la que está dirigida, y a prever la incorporación de estu-dios prospectivos dinámicos que den cuenta de las modificaciones en la composición y condiciones de vida de la población.

¿Cuál es la situación que la investigación sociodemográfica permite distinguir en México en la actualidad? A continuación se mencionan algunos de los rasgos más generales que proporcionan un marco para avanzar en la discusión sobre el papel de los estudios de población en la evaluación y monitoreo de la política pública. Una de las principales preo-cupaciones recientes es haberse percatado de que el índice de fecundidad es superior al previsto para este periodo, lo que significa que las acciones requeridas para dar continuidad a la transformación de los patrones repro-ductivos de la población fueron insuficientes o tuvieron un alcance limita-do. El análisis de la fecundidad deriva elementos de gran importancia para



la política pública y las condiciones de vida de la población al constatar que, pese a que las acciones gubernamentales en materia de planificación familiar han estado vigentes por casi 40 años en el país, el inicio de la vida reproductiva continúa ocurriendo a una edad temprana y la población ado-lescente representa una proporción importante en la estadística total de la reproducción observada en México.

Este hecho no solo inesperado, sino de incumplimiento de lo establecido por la política pública, repercutirá en necesidades y presupuestos públicos mayores en un amplio conjunto de sectores: educación, salud, infraestruc-tura, servicios, entre otros.

Muchas cifras servirían para ilustrar el efecto de no vincular informa-ción poblacional con política pública o no estar haciéndolo suficientemente, pero se enfatiza la necesidad e inclusive la urgencia de mejorar las condi-ciones de vida con una perspectiva de trayectoria.

Los datos sobre nacimientos de hijos en mujeres menores de 15 años exponen esta situación. De los más de dos millones de nacimientos ocurridos en el país en 2011, más de 11 mil correspondieron a mujeres menores de 15 años (estimaciones propias a partir de datos de la Secre-taría de Salud). Aunque en términos de proporción del total es baja, esta cantidad manifiesta la incapacidad de ese sector de la población de ejer-cer derechos fundamentales. Dado que tanto nuestra propia ley como los tratados internacionales demuestran que en México se ha promovido un marco de derechos, estas mujeres ponen de manifiesto que las condicio-nes en que viven limitan el ejercicio de su derecho a la salud, así como por la falta de información, su derecho a decidir si retrasan o no el inicio de su etapa reproductiva. Debe enfatizarse, también, que una parte im-portante de ellas nunca decidió embarazarse a esta edad, sino que fueron víctimas de algún tipo de violencia.

La participación de amplios segmentos de población joven en progra-mas como el de Oportunidades (hoy Prospera) prové un espacio para am-pliar y mejorar los contenidos sobre salud, incluyendo aquellos ligados con la sexualidad y la utilización de métodos anticonceptivos. La fecundidad en adolescentes impide u obstaculiza a este grupo de población el acceso a la educación obligatoria, que en México es el nivel medio superior. Dado que



la ley marca este nivel mínimo obligatorio de escolaridad, quienes han sido padres antes de los 20 años dif ícilmente estarán en condiciones de ejercer su derecho a la educación, lo cual repercutirá en su oportunidad de incorpo-rarse al mercado laboral y en las características del empleo que, en su caso, desempeñen. Adicionalmente, el estudio de la información demográfica ha mostrado la falta del distanciamiento considerado deseable entre embarazos (alrededor de dos años), la adopción de métodos anticonceptivos posterior al inicio de la edad reproductiva y no como un medio para planear la fecun-didad, así como la ocurrencia de nacimientos de primera vez y del embarazo cuarto o posterior en mujeres de 40 años o mayores.


La fecundidad en adolescentes les impide ejercer su derecho a la educación y dificulta su ingreso al mercado laboral.

Estos datos manifiestan las áreas de oportunidad y los rezagos que en-frentan las acciones para garantizar el derecho de la población a definir su re-producción, así como la relevancia de evaluar el desempeño de los programas correspondientes con el fin de que satisfagan el objetivo para el que fueron creados. Por otra parte, el VIH SIDA ha sido un elemento muy importante



para señalar algunas de las carencias en salud reproductiva. El análisis de la dinámica que ha seguido esta enfermedad en el país pone en evidencia aspec-tos de las condiciones de vida de las mujeres. La feminización de la epidemia refleja un problema de acceso oportuno a información y conocimiento sobre esta patología y por lo tanto a cuidados sobre la propia salud.

El examen de los datos sobre mortalidad ha mostrado en años recientes una situación inédita en las condiciones de vida y desarrollo de la sociedad. Las estimaciones de esperanza de vida al nacimiento para la población masculina muestran una reducción de este indicador, y para las mujeres, un freno en su avance; en ambos casos debido al incremento de la violencia, especialmente de los homicidios (Cárdenas, 2014).

Estos hallazgos expresan una situación muy grave, pues la forma cómo se calcula la esperanza de vida al nacimiento recupera la experiencia de mortalidad de todas las edades, de manera tal que la reducción es resulta-do de un efecto negativo que excede los elementos positivos que se hayan podido observar para algunas causas de muerte específicas o en algunas edades.

Un aspecto adicional vinculado con las condiciones de salud y acerca del cual es necesario avanzar es la discapacidad. En la actualidad no conta-mos con elementos suficientes para conocer cuáles son las condiciones de vida de la población que presenta alguna discapacidad, ni cómo se distribu-yen estas entre grupos o en el país y, sin embargo, en términos de derechos, esta es una población particularmente vulnerable y con necesidades muy específicas.

En el ámbito de la migración internacional no se esperaba que la di-námica de este fenómeno estuviera definida por el retorno de migrantes, básicamente desde Estados Unidos. A las razones de su regreso, muchas de índole política, se añade que en algunos casos se produce después de muchos años, con lo cual el desarraigo, la reinserción de la población en sus comunidades y el acceso a satisfactores de todo tipo se vuelven un desaf ío a la atención de sus condiciones de vida y la garantía de sus derechos.

Adicionalmente, la intensificación del flujo de migrantes que intentan entrar al país por la frontera representa un reto en materia de derechos, toda vez que en su dinámica confluyen tanto elementos económicos y políticos



como de violencia, incluyendo el comercio sexual. Es así como el fenómeno de la migración, otro componente fundamental de la dinámica de población, obliga a continuar con el análisis y evaluación de los avances, así como de la necesidad de políticas públicas en esta materia.


El fenómeno de la migración muestra la necesidad de políticas públicas en la materia.

Por otra parte, algunas formas de organización de la población están cambiando, lo que de suyo exige la inclusión de otros elementos en las ac-ciones de política pública diseñadas para atenderla. Por ejemplo, las familias tienen un número menor de integrantes y los hogares presentan composi-ciones muy diversas; la población reside principalmente en áreas urbanas, pero se observa una dispersión en comunidades pequeñas; los grupos de



adolescentes y jóvenes, que funcionan como un motor de la sociedad, no están percibiendo o teniendo oportunidades para su desarrollo e inserción autónoma en la sociedad.


Los jóvenes y adolescentes carecen de oportunidades para su inserción autónoma en la sociedad.

Los procesos descritos están asociados con condiciones socioeconómi-cas que en algunos casos derivan de condiciones de desigualdad, con lo cual la perspectiva de equidad y pertinencia en las políticas públicas se torna especialmente relevante en la reducción de las brechas y la satisfacción del principio de universalidad de los derechos.

Cabe preguntarse qué condiciones enfrentarán la demograf ía y los estudios de población en los próximos años. Desde el punto de vista de la utilización de los resultados de la investigación que se lleva a cabo en estas áreas, uno de los aspectos que subsanar es la limitada familiaridad de los tomadores de decisiones con la relevancia que reviste el conoci-miento sobre la población y sus características como elementos básicos



para la identificación, priorización, diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas. Ampliar los canales de información y divulgación de la investigación, establecer mecanismos de comunicación y colaboración entre los sectores académico y gubernamental, y acadé-mico y legislativo constituyen piezas críticas para mejorar el efecto de las acciones públicas. También lo son los esfuerzos destinados a ampliar la formación de recursos humanos en estas áreas así como la generación de espacios laborales en los ámbitos gubernamental, legislativo y de la socie-dad civil organizada.

La práctica de la demograf ía y de los estudios de población supone la aplicación de habilidades muy específicas cuya utilización contribuya en la resolución de problemas medulares para la sociedad. Se ha comen-tado cómo la incorporación de su quehacer fue un elemento central en la articulación de uno de los programas más ambiciosos para lograr el desarro-llo social del país (véase Cortés pp. 33-34 en este volumen). De igual forma, el hecho de que ambas áreas incorporen una perspectiva dinámica en su trabajo les permite reconocer las características que presentaría la pobla-ción en el futuro en distintos escenarios, con lo que podrían seleccionar y adecuar alternativas de acción, así como distinguir los efectos esperados y su magnitud. Un tercer elemento que acompaña el quehacer de la disciplina es una aproximación multidisciplinaria derivada del hecho de que se trata de entrenamientos de posgrado, con lo cual estas habilidades son incorporadas a la diversidad de enfoques adquiridos mediante los estudios de pregrado. En el país son muy pocas las áreas de preparación de pregrado que no estén representadas en los gremios demográfico o de estudios de población.

Al apuntar en qué consiste el quehacer demográfico, es necesario explicar qué es lo que requiere. Uno de los elementos fundamentales para desarrollar-lo es la información estadística y esta resulta estratégica en la planeación de acciones públicas. México cuenta con instituciones encargadas de generarla y de coordinar la alineación entre ellas. Sin embargo, falta mayor sensibilidad para que el sector público haga uso más intensivo, tanto de los resultados de investigación que ofrecen la demograf ía y los estudios de población como de la información estadística en general. Si esta no es generada y suministra-da en forma oportuna, completa, amplia y periódica, los ámbitos de decisión



no pueden planear, y sin planeación no se está en condiciones de responder a las necesidades concretas de la población.


Indispensable, ampliar la relación academia-poderes de la Unión para mejorar el efecto de las políticas públicas.

Existen diagnósticos parciales acerca de la deficiente calidad de la información estadística, pero en general todas las fuentes de datos re-quieren ser fortalecidas. Algunas funcionan desde hace más de un siglo y su diseño no necesariamente responde a lo requerido para llevar a cabo investigación que dé cuenta de los fenómenos demográficos y su com-plejidad. Pero ello no obsta para que la recolección sistemática de infor-mación, su compilación y divulgación sean la piedra angular que permite caracterizar y estudiar la sociedad, y mediante ello estar en condiciones de señalar los puntos que exigen mayor atención desde los ámbitos legis-lativo o gubernamental.

Es indispensable consolidar un sistema nacional de información esta-dística que renueve los instrumentos existentes en el país e incorpore los



necesarios para reflejar las transformaciones ocurridas. La modernización de los sistemas de información estadística pasa por reconocer que las habi-lidades y capacidades tecnológicas están disponibles, que la experiencia in-ternacional puede proveer elementos útiles para su implementación y que la vinculación entre fuentes, además de los registros universales, son dos aspectos nodales para aprovechar la riqueza que la información estadística representa en la planeación de políticas públicas.

La posibilidad de analizar conjuntamente la cédula censal de pobla-ción con el certificado de defunción, por ejemplo, profundizaría nuestra comprensión de la dinámica de la mortalidad y, con ello, la efectividad de las acciones para reducir el fenómeno. En esta y otras esferas favorecería la identificación de rezagos y su magnitud, suministraría formas adicionales de evidenciar carencias en el ejercicio de derechos y plantearía modalida-des distintas de atención a los problemas.

La articulación de un registro único de población, es decir, de un sistema en el cual cada persona esté representada en los distintos registros estadís-ticos promovería un mejor conocimiento de la dinámica demográfica y de los procesos que la definen y acompañan. Conocer oportunamente las ca-racterísticas globales de los subgrupos que no están acudiendo a la escuela o que demandan o acceden a servicios de salud en forma tardía, sería de gran utilidad para mejorar el desempeño de los programas, reducir desigualdades y lograr mayor y mejor satisfacción de los derechos de la población. Estable-cer un registro único de población es algo factible, indispensable y deseable. Es un elemento que exige impulso para responder a la necesidad de contar con información estadística acerca de un universo de gran heterogeneidad sociodemográfica y con amplias brechas de desigualdad.

Simultáneamente debería trabajarse en generar una cultura de informa-ción estadística, es decir, que la población reconozca que la recolección de datos responde a criterios que la benefician y que por lo tanto no solamente es, de acuerdo con los elementos vigentes, obligatorio proporcionarla sino también conveniente, en tanto deriva en beneficios para la sociedad. La in-formación debe ser vista como un bien público, cuyo uso requiere estar su-jeto a legislaciones muy precisas que de manera efectiva protejan los datos de las personas, dándoles certidumbre absoluta sobre el manejo y disponi-



bilidad de sus pormenores. Si bien ya existen en el país piezas legislativas a este respecto, es necesario estudiar su operación y la aplicación que se haya hecho, en su caso, de las sanciones respectivas.

De igual forma, es necesario ampliar los mecanismos para realizar y fi-nanciar investigación y propiciar que sus resultados sean empleados como insumos para las políticas públicas. Sería deseable, además, que las temáti-cas de investigación incluyan todos los tópicos para los cuales se reconoce un interés nacional o una prioridad regional, local o de subgrupo, por ejem-plo. La armonización entre financiamiento y prioridades, así como entre áreas de especialización o profundización de conocimiento son aspectos que sería conveniente considerar. El planteamiento de perspectivas de cor-to, mediano y largo plazos debería acompañar los esfuerzos por fortalecer la investigación poblacional.

La demograf ía ofrece ventajas: nos permite dar seguimiento a lo que ocurre a través de generaciones y a lo largo de la trayectoria de vida de las personas, de tal forma que la lógica de sus hallazgos obliga a no ceñirse a los ciclos administrativos, los cuales consideran estrategias de tres o seis años, mientras que la inercia demográfica o los ciclos naturales y socia-les comprenden horizontes temporales de distinta duración y pueden ser interrumpidos o modificados por circunstancias coyunturales.

Derivado de lo anterior, es importante construir los puntos de refe-rencia de las poblaciones en el tiempo y enfatizar que la información so-bre comportamientos y cambios pasa por las ciencias sociales en general, y por la demograf ía y los estudios de población en particular. Esto hace que su quehacer constituya un insumo fundamental para la política pública, y que los avances tecnológicos y de conocimiento que provienen de esta y otras disciplinas, sean una respuesta que podamos aplicar al objetivo al cual aspiramos como sociedad: mejorar las condiciones de vida de nuestras poblaciones.



REFERENCIAS

Cárdenas, R. (2014). Mortalidad: niveles, cambios y necesidades en materia de política pú-

blica. En Rabell, C. (Coord.). Los mexicanos: un balance del cambio demográfico (pp.

115-132). México: Fondo de Cultura Económica.

Chayanov, A. (1985 [1925]). La organización de la unidad económica campesina. Buenos

Aires: Ediciones Nueva Visión.

Feyerabend, P. (1982). La ciencia en una sociedad libre. Madrid: Siglo XXI.

Long, N. (1999). The multiple optic of interface analysis. Unesco Background Paper on In-

terface Analysis.

Töennies, F. (1947 [1887]). Comunidad y Sociedad. Buenos Aires: Losada.

Roberts, B. R., González de la R., M. y Escobar L., A. (2013). La cercana y distante relación

entre la antropología y la sociología. En García A, V. y de la Peña, G. (Eds.). Miradas

concurrentes. La antropología en el diálogo multidisciplinario. México: ciesas.

Sedesol (2007). Evaluación externa del programa Oportunidades. Recuperado de: http://

www.oportunidades.gob.mx:8010/

Sistema Nacional de Información en Salud. Bases de datos de certificados de nacimiento,

2013. Distrito Federal: México. Recuperado de www.sinais.salud.gob.mx


71

SEMBLANZAS DE LOS AUTORES

Luis F. Aguilar

Doctor en filosof ía por la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma, Italia.

Realizó estancia posdoctoral en la Universidad Estatal Eberhard Karls de Tubin-

ga, Alemania, donde se especializó en Filosof ía Política. Es considerado el inicia-

dor del enfoque analítico de las políticas públicas en México y América Latina.

Ha sido profesor investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas y de la

Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México

(unam); en la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana

(uam); en El Colegio de México (Colmex), y en el Instituto Tecnológico Autóno-

mo de México (itam), así como en una gran cantidad de instituciones extranje-

ras e internacionales. Es, además, una referencia en temas de política pública y

gestión pública en España y América Latina, donde enseña regularmente sobre

temas de gobierno, gestión y política pública. Ha formado a varias generaciones

de servidores públicos e investigadores sociales especializados en el análisis de

política pública. Es Investigador Emérito del Sistema Nacional de Investigadores.

Rosario Cárdenas Elizalde

Profesora-investigadora en el departamento de Atención a la Salud de la uam,

Unidad Xochimilco. Médica cirujana por la uam, obtuvo la maestría en demo-

graf ía por El Colmex y el doctorado en Estudios de Población y Salud Interna-

cional en la University of Harvard. Investigadora nivel iii del Sistema Nacional

de Investigadores y expresidenta de la Sociedad Mexicana de Demograf ía. Se

especializa en sistemas de salud, sistemas de información de salud y mortalidad

materna e infantil. Su interés de investigación está centrado en el análisis y uso de

fuentes de información estadística de índoles demográfica y social para evaluar

las condiciones de vida de la población, las desigualdades sociales, el acceso a

servicios y en la valoración de su calidad. Es integrante del Consejo Nacional de

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).



Fernando Cortés Cáceres

Doctor en ciencias sociales con especialidad en antropología social por el Centro

de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (ciesas) y licen-

ciado en economía por la Universidad de Chile. Ha sido catedrático en diversas ins-

tituciones académicas, entre las que destacan El Colmex, el ciesas, y en las sedes

de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Santiago de Chile,

Buenos Aires, Río de Janeiro, Quito, San José de Costa Rica y México; asimismo

en el departamento de Ciencia Política de la Universidad de Washington, en St.

Louis Missouri, y en la Universidad de Chicago. Sus áreas de especialización son

la pobreza y desigualdad, y ha desempeñado un papel central en el desarrollo de las

metodologías oficiales de medición de la pobreza en México. Es Profesor Emérito

de la Flacso, Investigador Emérito del sni y consejero académico del Coneval.

Agustín Escobar Latapí

Antropólogo social por la Universidad Iberoamericana; estudió la maestría y el

doctorado en sociología en la Universidad de Manchester en el Reino Unido. Di-

rector general del ciesas para el periodo 2014-2019. Ha escrito sobre mercado

laboral y movilidad social, sobre política social, y sobre migración entre México y

Estados Unidos. Ha sido evaluador de programas sociales, asesor de directores de

evaluación y corresponsable del diseño y desarrollo del sistema mexicano de eva-

luación de programas sociales y política social, desde el Coneval. También tiene

experiencia en políticas públicas desde el enfoque de la migración internacional.

Consejero académico del Coneval, miembro del Sistema Nacional de Investigado-

res con nivel iii y de la Academia Mexicana de Ciencias, institución que le otorgó

el Premio a la Investigación Científica en 1994.


73

Líneas de Acción para el Futurode las

Ciencias Sociales y Políticas Públicas en México


LíNEAS DE ACCIÓN PARA EL FUTURO. CIENCIAS SOCIALES y POLíTICAS PúBLICAS EN MÉXICO 75

Ciencias Sociales y Políticas Públicas

Propósito

Explorar algunas de las principales maneras en que el conocimiento de

las ciencias sociales se ha incorporado a las políticas públicas y definir

cómo pueden fortalecerse y mejorarse dichos mecanismos.

Antecedentes

Desde la década de los años veinte del S. XX hasta los años setenta,

un pequeño grupo de instituciones adquiere un papel central en la

formulación de los problemas nacionales y se convierte en interlocu-

tor de los responsables de las políticas orientadas a resolverlos. Esta

estructura es autoritaria, pero eficaz. A partir de esta última década la

investigación se diversifica y multiplica en varios sentidos, una parte

de las ciencias sociales es crítica de diversas maneras, y el mecanismo

de interacción se hace más complejo y se debilita. Entran en juego

más instituciones, pero también instituciones y expertos internacio-

nales, organismos no gubernamentales y grupos económicos orga-

nizados. El paradigma de la evaluación adquiere relevancia nueva; la

descentralización de la acción pública complica la incorporación del

conocimiento en la acción; las prioridades se multiplican; y la capa-

cidad de diversas instituciones gubernamentales responsables de

orientar las políticas es debilitada. Con todo esto, el panorama se

complica con áreas de diálogo claramente estructuradas y otras des-

dibujadas, ya sea por cambios en la estructura gubernamental o por la

multiplicación de actores con influencia.



Descripción

Crear las condiciones de información y conocimiento que acerquen a las partes y ofrezcan a los responsables de la política la información demo-gráfica y el conocimiento de las ciencias sociales que permitan una amplia reflexión sobre la sociedad mexicana, así como mejores y más económicas formas de evaluar políticas.

• Poderes legislativo, ejecutivo y judicial: legislar y establecer la práctica de requerir consultas con especialistas y científicos sociales expertos en los temas por tratar y las políticas que evaluar, a partir del directorio nacional de conocimientos (infra).

• Poder ejecutivo: aplicar los lineamientos que señalan la necesidad de di-señar pilotos de nuevas políticas y evaluarlas, antes de ampliarlas y aplicar-las a toda la población. Recurrir al Coneval para establecer la pertinencia de una nueva política pública.

• Conacyt, AMC y CCC: a partir del registro del Sistema Nacional de Investigado-res, crear el directorio nacional de conocimientos, que permita identificar y localizar a los científicos expertos para las consultas antes mencionadas.

• Conapo, INEGI: mejorar las estadísticas sociodemográficas de tal manera que sea posible la detección oportuna de cambios sociodemográficos para atenderlos.

• Segob: garantizar la capacidad de los registros civiles para registrar a toda la población y ofrecerle las condiciones de identificación mínimas necesa-rias para acceder a los beneficios y servicios que ofrece el Estado, así como para facilitar el diagnóstico de las poblaciones locales y sus necesidades.

• Poder ejecutivo y Segob en particular: homogeneizar la información de los beneficiarios de las políticas públicas con el fin de ofrecer estadísticas administrativas precisas que permitan mejorar los resultados y disminuir los costos de la evaluación de la política pública. Convertir la CURP en un sistema nacional de identificación y requerirlo por parte de todos los invo-lucrados en la política pública.

• INEGI y Coneval: permitir a estas instancias el uso de información estadís-tica y administrativa de manera conjunta, con salvaguarda de la confiden-cialidad necesaria, para crear las bases de datos que permitan identificar y localizar vulnerabilidades y beneficios, así como evaluar la política.

• Coneval: mantener y mejorar las condiciones del Coneval para decidir qué evaluar y cómo evaluarlo, así como para hacer llegar los resultados a los funcionarios responsables. Mantener la prioridad de las decisiones técni-cas y científicas en su operación. Ampliar su cobertura a las políticas que hoy no evalúa.

• Conacyt, AMC y CCC: financiar y establecer objetivos científicos pertinentes tanto para el conocimiento básico como aplicado, así como el intercambio entre uno y otro. Fortalecer el apoyo a la investigación multidisciplinaria e interdisciplinaria. Crear y realizar el Foro anual sobre México, donde se analicen las condiciones sociodemográficas, económicas y políticas del país que permitan la discusión abierta y oportuna sobre los nuevos pro-blemas nacionales y las políticas que los atienden. Invitar al Foro tanto a científicos “básicos” como “aplicados”. Involucrar en el Foro a los poderes del Estado: presidentes de comisiones del Congreso, magistrados, y altos funcionarios. Estructurar el foro de manera que permita una síntesis final sobre los temas tratados y el estado de la sociedad.


LíNEAS DE ACCIÓN PARA EL FUTURO. CIENCIAS SOCIALES y POLíTICAS PúBLICAS EN MÉXICO 77

Impacto

potencial

Fortalecer la creación del conocimiento sobre la realidad nacional y

mejorar la política púbica.

Instituciones

participantes

Poderes legislativo, ejecutivo y judicial, así como INEGI, Conapo,

Conacyt, AMC, CCC, Coneval.

Tiempo

estimado

Para el directorio nacional de conocimientos: 18 meses y 5 millones

de pesos.

Recursos

necesarios

Para legislar el recurso necesario a los expertos especialistas: una se-

sión legislativa.

Para la operación correcta de los registros civiles: 2 años y 200 mi-

llones de pesos.

Para la homogeneización de la información administrativa: 3 años y

50 millones de pesos.

Para el uso conjunto de información estadística y administrativa:

4 años y 200 millones de pesos.

Para el Foro Anual sobre México: Cinco millones de pesos anuales.


79

Hacia dónde va la Ciencia en México

Créditos del programa


81

HACIA DÓNDE VA LA CIENCIA EN MÉXICO CRÉDITOS DEL PROGRAMA

Comité organizador: Jorge Flores Valdés, Enrique Cabrero Mendoza, José Anto-

nio dela Peña, José Franco, Salvador Malo, Luis Mier y Terán, Sergio Revah, Julio

Sotelo, Jaime Urrutia Fucugauchi, Francisco Valdés Ugalde y José Enrique Villa Ri-

vera.

Comité técnico: Jaime G. de la Garza Salazar, Rigoberto Aranda Reyes, Ana del Río

Guzmán, José Antonio Esteva Maraboto, Karla Rivas Salas, Víctor Muñoz Morales,

Edmundo Álvarez Flores, Martha Beltrán y Tenorio.

Responsables de mesa: Julián Adolfo Adame, Martín Aluja, Carlos Arias, Raúl

Arias Lovillo, Marcelino Barboza Flores, Francisco Barnés de Castro, Teresa Bracho,

Carlos Campillo Serrano, Julia Carabias, Alberto Carramiñana, Rolando Cordera,

Sabino Chávez Cerda, José Antonio de la Peña, Elder de la Rosa, Rodolfo de la

Rosa Rábago, Mayra de la Torre, Raúl Delgado Wise, Agustín Escobar, Elva Esco-

bar, Adrián Fernández-Bremauntz, Héctor Felipe Fix-Fierro, Daniel Flores Curiel,

Ernesto Flores-Roux, Noé Arón Fuentes, Amanda Gálvez, Virginia García Acosta,

Juan Eduardo García García, Carlos Gay, Samuel Gómez Noguera, Jesús González

Hernández, Federico Graef, Luis Felipe Guerrero Agripino, Tonatiuh Guillén, Luis

Miguel Gutiérrez, Adolfo Guzmán Arenas, Alejandro Hernández, Pedro Hugo Her-

nández, Inocencio Higuera, Eusebio Juaristi, William Lee, Soledad Loaeza, Sergio

López Ayllón, Marcelo Lozada y Cassou, José Luis Lucio, Guido Marinone, Ana Ma-

ría Martínez, Alicia Mayer, Marisa Mazari, María Elena Medina-Mora, Francisco Ja-

vier Mendieta, María Isabel Monroy, Dante Morán Zenteno, Pablo Mulás del Pozo,

Guillermina Natera, Francisco P. Navarro Reynoso, Juan Nepote, Adalberto Noyola

Robles, Lorenzo Olguín Ruiz, Sylvia Ortega, Jorge Padilla, Francisco Palomera, Ma.

de Lourdes Patiño Barba, Elaine Reynoso Haynes, David Ríos, Mariano J.J. Rive-

ra Meraz, Rafael Rivera, Oliverio Santiago Rodríguez Fernández, Enrique Ruelas



Barajas, Rosaura Ruíz, Beatriz Rumbos, Mario César Salinas, Antonio Sánchez Ber-

nal, Víctor Sánchez-Cordero, Jorge Santamaría Fernández, Sylvia Schmelkes, Artu-

ro Serrano Santoyo, Xavier Soberón, Julia Tagüeña, Ricardo Tapia Ibargüengoytia,

Fernando Toro, Manuel Torres Labansat, Jaime Urrutia, Francisco Valdés Ugalde,

Javier Velázquez Moctezuma y Guillermo Villalobos Zapata.

Ponentes: Adrián Acosta Silva, Julián Adolfo Adame Miranda, Carlos Aguilar, Luis

Aguilar, Alfredo Aguilar Elguezabal, Ana María Aguilar Argaez, Raúl Aguilar-Roble-

ro, Enrique Aguilar Rodríguez, José Antonio Alcántara, Víctor Alcaraz, Ismeli Alfon-

so, Sergio Almazán Esqueda, Ángel Alpuche Solís, Celia Alpuche-Aranda, Saúl Ál-

varez Borrego, Jesús Álvarez Calderón, Porfirio Álvarez, Jorge Ancheyta, Celestino

Antonioli, Rigoberto Aranda, José Luis Arauz Lara, David Arellano Gault, Itziar

Arextaga, Carlos Arias, Raúl Arias Lovillo, Pedro Arroyo Acevedo, René Asomoza

Palacio, Alfredo Ávila Rueda, Juan Azorín Nieto, José Ramón Azpiri López, Joaquín

Azpiroz, Marcelino Barboza, Francisco Barnés de Castro, Francisco Barnés Reguei-

ro, Hugo Barrera, Rebeca Barriga Villanueva, Roger Bartra, Tim Baumgartner, Enri-

que Bazúa-Rueda, Valeria Belloro, Ricardo Benavides Pérez, Shoshana Berenzon,

Carlos Beyer, Monserrat Bizarro, Martín Bonfil, Marco Borja, Carlos Bosch, Pedro

Bosch, Felipe Bracho, Teresa Bracho, Héctor Bravo-Alfaro, Vicente Bringas, Estrella

Burgos, Gerardo Cabañas Moreno, Enrique Cáceres Nieto, Aleida Calleja, Sergio

Camacho Lara, Carlos Campillo, Alejandro Canales, Fernando Cano Valle, Blondy

Canto, Julia Carabias, Rosario Cárdenas, Sergio Cárdenas, Anabela Carlón, Alberto

Carramiñana, Alma Carrasco, Sergio Carrera Riva Palacio, Laura Carrillo, María Am-

paro Casar, Margarita Casas, Rosalba Casas, Gonzalo Castañeda Ramos, Eduardo

Castañón, Víctor M. Castaño Meneses, Manuel Ángel Castillo, Francisco Castrejón,

Gerardo Ceballos, Jorge Cerdio, Carlos Coello Coello, Rafael Colás Ortiz, César An-

drés Conchello Brito, Óscar Fernando Contreras Montellano, Atilano Contreras

Ramos, Rolando Cordera, Ricardo Córdova Quiroz, Fernando Cortés, Cristina Cor-

tinas de Nava, José Ramón Cossío, Helena Cotler, Carlos Chávez, Sabino Chávez,

Xavier Chiappa Carrara, Lars Christenson, Leonardo Dagdug Lima, Patricia Dávila

Aranda, José de Anda, Romeo de Coss, María de Ibarrola, Camilo de la Fuente,

Juan Ramón de la Fuente, Jaime G. de la Garza Salazar, Guillermo de la Peña, José

Antonio de la Peña, Ramón de la Peña, Sergio de Régules, Rodolfo de la Rosa, El-

der de la Rosa, Mayra de la Torre, Rafael del Villar, Guillermo Delgado Lamas, Raúl

Delgado Wise, Ángel Díaz Barriga, Frida Díaz Barriga, Lorenzo Díaz Cruz, Néstor

Díaz, Rufino Díaz, Alberto Díaz-Cayeros, Eloisa Díaz-Francés, Graciano Dieck Assad,


CRÉDITOS DEL PROGRAMA 83

Paulette Dieterlen, Manuel Dorador González, César Augusto Domínguez, Anahí

Dresser, Saurabh Dube, Jorge Durand, José Ramón Eguibar, Alexander Elbittar, Ar-

mando Encinas Oropeza, Agustín Escobar, Elva Escobar, Federico Escobar Sarria,

Vladimir Escobar, Roberto Escudero, Luis Estrada, Andrés Fábregas Puig, Jesús Fa-

vela Vara, Héctor Felipe Fix-Fierro, Adrián Fernández-Bremauntz, Rafael Fernán-

dez de la Garza, Luca Ferrari, Daniel Flores Curiel, Julia Flores Dávila, Jorge Flores

Valdés, Ernesto Flores-Roux, José Franco López, Noé Arón Fuentes, Isaura Fuentes,

Luis Fuentes, Sergio Fuentes Moyado, Sergio Galina, Amanda Gálvez, Carlos Gar-

cía, Juan Eduardo García García, Mariano García Garibay, Jesús García, Fabián Gar-

cía Nocetti, Carmen García Peña, Martín García Varela, Virginia García Acosta, Ri-

cardo María Garibay, Mario Garza, José Antonio Garzón Tiznado, Carlos Gay, Carlos

Gershenson, Samuel Gitler, Luis Arturo Godínez, Gabriel Gójon, Samuel Gómez

Noguera, José S. Guichard Romero, Tomás González Estrada, Jesús González Gon-

zález, Luis Fernando González Pérez, Jesús Felipe González Roldán, Carlos Gonzá-

lez Salas, José Miguel González Santaló, Jorge González-Sánchez, José Luis Gordi-

llo Moscoso, José Gordon, Andrés Govela Gutiérrez, Federico Graef Ziehl, Manuel

Grajales Nishimura, Víctor Guerra, Luis Felipe Guerrero Agripino, Gilberto Guevara

Niebla, Diana Guillén, Tonatiuh Guillén, Constantino Gutiérrez Palacios, Luis Mi-

guel Gutiérrez, Adolfo Guzmán Arenas, Roberto Guzmán Zamudio, Anne Hansen,

Alejandro Hernández, Carlos Hernández García, Juan Hernández, Onésimo Her-

nández, Pedro Hugo Hernández, Fausto Hernández Trillo, Sergio Hernández Váz-

quez, Luis Herrera Estrella, Ismael Herrera Revilla, Inocencio Higuera, David Hiriart,

Jorge Huacuz Villamar, Guadalupe Huelsz, Miguel Ángel Huerta Díaz, David H.

Hughes, Roberto Iglesias Prieto, Eduardo Iglesias Rodríguez, Salma Jalife Villalón,

Manuel Jiménez Dorantes, Luis Felipe Jiménez García, Héctor Juárez Valencia, Eu-

sebio Juaristi, David Kershenobich, Patricia Koleff, Alberto Ken Oyama-Nakagawa,

Mina Konigsberg, Esteban Krotz, Federico Kuhlmann, Alfonso Larqué, María Isabel

Lázaro Báez, William Lee, Christian Lemaitre, Edgar Leonel Chávez, Gustavo Leyva,

José Luis Lezama, Pablo Liedo Fernández, Alberto Lifshitz, Soledad Loaeza, Lau-

rent Loinard, Sergio López Ayllón, José López Bucio, Lizbeth López Carrillo, Mala-

quías López-Cervantes, Hugo López-Gatell, Jorge López Portillo, Alejandro López

Valdivieso, Yolanda López-Vidal, Rafael Loyola, Marcelo Lozada y Cassou, Fernan-

do Lozano, Jesús Eduardo Lozano Ochoa, Rafael Lozano, José Luis Lucio, Francisco

A. Llano, Salvador Lluch-Cota, Manuel Maass, Susana Magallón, Daniel Malacara,

Salvador Malo, Guido Marinone, Ismael Mariño Tapia, Javier Márquez Diez-Cane-

do, César Martinelli Montoya, Ana María Martínez, Jorge Martínez, Martha



Martínez Gordillo, Alfredo Martínez Jiménez, Manuel Martínez Lavín, Adolfo Mar-

tínez Palomo, Omar Masera, José Luis Mateos Trigos, Alicia Mayer, Marisa Mazari,

Magdaleno Medina Noyola, María Elena Medina-Mora, Enrique Mejía, Jorge Me-

léndez, Francisco Mendieta, Blanca Mendoza, Eduardo Mendoza, Fernando Men-

doza, Víctor Manuel Mendoza, Carlos Merchán Escalante, Horacio Merchant La-

rios, Robert Meyers, Tomás Miklos, Francisco Miranda, Pedro Moctezuma Barragán,

María Isabel Monroy, Alejandro Monsiváis, Luis Montaño Hirose, Ulises Mora Álva-

rez, Dante Morán Zenteno, Alfonso Morales, José Luis Morales, Miguel Ángel Mo-

reles, Luis Moreno, Oscar Moreno-Valenzuela, Enrique Morett, Juan José Morrone

Lupi, Mónica Moya, Pablo Mulás del Pozo, Stephen Mull, David Muñoz, Norma

Patricia Muñoz Sevilla, Juan Carlos Murrieta, Guillermina Natera, Arnulfo Hernán

Nava Zavala, Hugo Navarro, Francisco Navarro Reynoso, Dámaso Navarro Rodrí-

guez, Ana Claudia Nepote, Juan Nepote, Humberto Nicolini, Rolando Nieva Gó-

mez, Cecilia Noguéz, Adalberto Noyola Robles, Juan Núñez Farfán, Octavio Obre-

gón, Patricia Ocampo, Lorenzo Olguín, Marina del Pilar Olmeda, Roger Orellana,

Luis Orozco, Fausto Ortega, Fernando Ortega Gutiérrez, Sylvia Ortega, Benjamín

Ortíz- Espejel, Patricia Ostrosky, Jorge Padilla González, Enrique Pacheco Cabrera,

César Pacheco Tena, Federico Páez-Osuna, Carlos Pallán Figueroa, Francisco Palo-

mera, Víctor Hugo Páramo, María del Carmen Pardo, Raúl Paredes Guerrero, Vicen-

te Parra Vega, Susan Parker, Ma. de Lourdes Patiño, Manuel Peimbert, Eduardo

Peña, Daisy Pérez Brito, Ramiro Pérez Campos, Alicia Pérez Duarte, Edward Peters,

Alonso Picazo, Daniel Piñero Dalmao, Francisco Piñón Gaytán, Alejandro Pisanty,

Gregorio Posada Vanegas, Enrique Provencio, Jean François Prud´homme, Martín

Puchet, Mario Ramírez Cobián, Tonatiuh Ramírez Octavio, Jorge Ramírez-Solís,

Francisco Ramos Gaudencio, Gerardo Ramos Larios, Gaudencio Ramos Niembro,

Jesús Gabriel Rangel- Peraza, Elías Razo Flores, Justino Regalado, Teresita de Jesús

Rendón, Daniel Reséndiz, Hortensia Reyes, Jorge Alejandro Reyes, Enrique Reyn-

aud, Elaine Reynoso, Emilio Ribes, Horacio Riojas, Leonardo Ríos Guerrero, Ernesto

Ríos Patrón, David Ríos Jara, Rafael Rivera, Sandra Rodil Posada, Alejandro Rodrí-

guez Ángeles, Fernando Rodríguez de la Garza, Pedro F. Rodríguez Espinosa, Oli-

verio Santiago Rodríguez Fernández, Roberto Rodríguez Gómez, Luis Felipe Ro-

dríguez Jorge, Ariel Rodríguez Kuri, Roberto Rodríguez, Yosu Rodríguez, Leopoldo

Rodríguez-Sánchez, José Roldán Xopa, Julio Cesar Rolón, David Romero, Fermín

Romero, Miguel Romero, Andrew Roth Seneff, Raúl Rueda, Enrique Ruelas, Lena

Ruiz, Rosaura Ruíz, Beatriz Rumbos, Emilio Sacristán Rock, Gerardo Salazar Chávez,

Mario César Salinas, Armando Salinas Rodríguez, Antonio Sánchez, Federico


CRÉDITOS DEL PROGRAMA 85

Sánchez, Víctor Sánchez-Cordero, Oscar Sánchez Escandón, Aarón Sánchez Juá-

rez, José Luis Sánchez Llamazares, Javier Sánchez Mondragón, Carmen Sánchez

Mora, Francisco Sánchez-Sesma, Juan José Sánchez Sosa, Jorge Santamaría, Víc-

tor Santibáñez Dávila, Saúl Santillán, Carlos Santos-Burgoa, Edgar Santoyo Gutié-

rrez, José Sarukhán, Jaime Sempere Campello, John Scott, Silvia Schmelkes, Rita

Schwentesius, José María Serna de la Garza, Arturo Serrano, Larry Smarr, Xavier

Soberón, Isidro Soloaga, Fabiola Sosa, Plinio Sosa, Julio Sotelo, Luis A. Soto Gonzá-

lez, Horacio Soto, Daniela Spenser, Christopher Stephens, José Emilio Suárez, En-

rique Sucar, Vinicio Suro, Julia Tagüeña, Ricardo Tapia Ibargüengoytia, José Anto-

nio Toledo, Fernando Toro, Miguel Torres, Manuel Torres Labansat, Luis Gerardo

Trápaga Martínez, Fernando Tudela, Rodolfo Tuirán, Rosa Elena Ulloa, Jaime Urru-

tia, Francisco Valdés Ugalde, Luis Valtierra González, Oscar Valle Molina, Luis A.

Vargas Guadarrama, Rafael Vázquez-Duhalt, Gerardo Vázquez Nin, Roberto Váz-

quez Meza, Antonio Vega Corona, Ambrosio Velasco, Jorge Velasco Hernández,

Enrique F. Velázquez Contreras, Javier Velázquez Moctezuma, Salvador Venegas-

Andraca, Basilio Verduzco, Jean-Philippe Vielle-Calzada, Luis Villa Vargas, Juan Vi-

llalvazo Naranjo, Jesús Villar Rubio, Luis Manuel Villaseñor, Guillermo Villalobos

Zapata, Sergio Viñals, Ricardo Viramontes Brown, Cisco Werner, Trevor Williams,

Veronika Wirtz, Rebeca Wong, Luis Zambrano, Guillermo Zárate de Lara, Gisela

Zaremberg, Jorge Zavala Hidalgo, Luis Zavala Sansón, Juan Fidel Zorrilla y Marga-

rita Zorrilla.


87

Hacia dónde va la Ciencia en MéxicoInstituciones de adscripción de los participantes


89

INSTITUCIONES DE ADSCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES

Academia de Ingeniería de México, A. C.

Academia Mexicana de Ciencias, A. C.

Academia Nacional de Medicina

Agencia Espacial Mexicana

Asociación Mexicana de Derecho a la Información, A. C.

Banco de México

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Cámara Minera de México

Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnolo-

gías de la Información

Centro de Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste

Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina

y El Caribe

Centro de Educación Aeroespacial de México en Jalisco

Centro de Estudios Universitarios

Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial

Centro de Investigación Científica de Yucatán, A. C.

Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada,

Baja California

Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C.

Centro de Investigación en Geografía y Geomática Ing. Jorge L. Tamayo, A. C.

Centro de Investigación en Matemáticas A. C.

Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S. C.

Centro de Investigación en Química Aplicada



Centro de Investigación en Sistemas de Salud

Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Peñoles

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica

Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C.

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste S. C.

Centro de Investigaciones en Óptica

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas

Centro Médico ABC

Centro Regional de Enseñanza de Ciencia y Tecnología del Espacio para América

Latina y el Caribe

Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C.

Comisión Federal de Electricidad

Comisión Nacional contra las Adicciones

Comisión Nacional del Agua

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad

Comisión Reguladora de Energía

Consejo Consultivo de Ciencias

Consejo Mexicano de Investigación Educativa, A. C.

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Consejo Puebla de Lectura A. C.

Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España

Coordinación General Institutos Nacionales de Salud

Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, A. C.

El Colegio de la Frontera Norte

El Colegio de la Frontera Sur

El Colegio de México, A. C.

El Colegio de Michoacán, A. C.


INSTITUCIONES DE ADSCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 91

El Colegio de San Luis, A. C.

El Colegio Nacional

El Fondo de Información y Documentación para la Industria

El Instituto de Ecología, A. C.

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A. C.

Grupo Financiero Banorte

Grupo México

Guadalupe de Guaymas, S.P.R. de R. L.

Hacia una Cultura Democrática, A. C.

Hospital General de México

Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro

Industrias Bre, S. de R. L. de C. V.

Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora

Instituto de Investigaciones Eléctricas

Instituto Estatal Electoral de Baja California

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

Instituto Mexicano del Petróleo

Instituto Nacional de Antropología e Historia

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Instituto Nacional de Cancerología

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático

Instituto Nacional de Geriatría

Instituto Nacional de Medicina Genómica

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Politécnico Nacional

Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica A.C.



Instituto Tecnológico Autónomo de México

Instituto Tecnológico de Culiacán

Instituto Tecnológico de la Laguna

Instituto Tecnológico de Sonora

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

International Association of Universities

Internet Society

Nuevas Alternativas Naturales Thermafat S. A. de C. V.

Organización Panamericana de la Salud

Petróleos Mexicanos

Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Secretaría de Educación Pública

Secretaría de Energía

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Secretaría de Relaciones Exteriores

Secretaría de Salud

Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal

Sociedad de Beneficencia Española

Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, A.C.

Sociedad de Química de México

Southwest Fisheries Science Center

Stanford University

Sulfagenix, Inc.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

The University of Arizona

The University of California, San Diego

The University of Texas, Medical Branch at Galveston

Universidad Autónoma de Aguascalientes

Universidad Autónoma de Baja California

Universidad Autónoma de Campeche


INSTITUCIONES DE ADSCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 93

Universidad Autónoma de Chiapas

Universidad Autónoma de Chihuahua

Universidad Autónoma de Guadalajara

Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Universidad Autónoma de Nuevo León

Universidad Autónoma de Querétaro

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Universidad Autónoma de Sinaloa

Universidad Autónoma de Tabasco

Universidad Autónoma de Tlaxcala

Universidad Autónoma de Yucatán

Universidad Autónoma de Zacatecas

Universidad Autónoma del Carmen

Universidad Autónoma del Estado de México

Universidad Autónoma Metropolitana

Universidad de Guadalajara

Universidad de Guanajuato

Universidad de Sonora

Universidad Iberoamericana

Universidad Intercultural del Estado de Chiapas

Universidad La Salle

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Universidad Nacional Autónoma de México

Universidad Pedagógica Nacional

Universidad Veracruzana

University of Colorado

University of Maryland


Ciencias sociales y políticas públicas

de la colección Hacia dónde va la Ciencia en México

se imprimió con el apoyo del Conacyt

en noviembre de 2014 en los talleres

de Grupo Colach Empresarial, S.A. de C.V.

Cerrada de Júbilo 2, colonia Segunda del Periodista

Benito Juárez, México, D.F

El tiraje consta de 3 500 ejemplares.

En su composición se utilizaron tipos de las familias

Myriad y Warnock y se utilizó papel couché de 135 grs.

Coordinación editorial: Ana del Río Guzmán.

Diseño editorial: Asesoría Gráfica.

Cuidó esta edición:

Jaime A. Rosales Domínguez.


hvcm csyp 4f.indd 1 11/11/14 2:26 pmccciencias.mx/libroshdvcm/05.pdf · 2017-01-24 · 9 hacia...

Documents