grupo cgi - consultoría. determinación del coste real de los servicios públicos

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A partir del año 2017, las entidades locales, además de informar sobre el coste efectivo de los servicios que presta (art. 116 ter de la LRBRL), los municipios de más de 50.000 habitantes y las demás entidades locales de ámbito superior deberán acompañar a la cuenta general una memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos (art. 211 del TRLRHL). La definición de criterios de distribución de costes, el tratamiento de los datos, la generación de informes a presentar y la remisión de los mismos son, más allá del cumplimiento de la legalidad, una oportunidad para avanzar hacia una verdadera contabilidad de costes. Consultoría en Gestión Innovadora Ficha de Servicios Consultoría Marzo 2016 Los servicios incluyen Soporte experto de economistas especialistas en contabilidad pública, en local y en remoto. Diseño conceptual, tanto en lo que respecta al control presupuestario como a la identificación de los costes directos o indirectos a un servicio o actividad, la determinación de los criterios de distribución de los mismos, los aspectos a considerar para el cumplimiento de la normativa, etc. Definición de un Cuadro de Mando Integral de Gestión para evaluar los possibles desvíos en la gestión de los servicios o actividades. Definición de los circuitos y procedimientos administrativos para garantizar el correcto registro, control y supervisión de los costes. Establecimiento de los criterios de extracción de datos de la contabilidad pública y acompañamiento a los Ayuntamientos para la correcta configuración de las herramientas informáticas contables. Elaboración de los informes de los costes reales a enviar al MINHAP. Los municipios de más de 50.000 habitantes están obligados a presentar al MINHAP la información detallada de costes de los servicios, mientras que en municipios entre 5.000 y 50.000 habitantes sólo deben reflejarlo en la cuenta general Determinación del Coste Real de los Servicios Públicos Locales

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A partir del año 2017, las entidades locales, además

de informar sobre el coste efectivo de los servicios

que presta (art. 116 ter de la LRBRL), los municipios

de más de 50.000 habitantes y las demás entidades

locales de ámbito superior deberán acompañar a la

cuenta general una memoria justificativa del coste y

rendimiento de los servicios públicos (art. 211 del

TRLRHL).

La definición de criterios de distribución de costes, el

tratamiento de los datos, la generación de informes a

presentar y la remisión de los mismos son, más allá

del cumplimiento de la legalidad, una oportunidad

para avanzar hacia una verdadera contabilidad de

costes.

Consultoría en Gestión Innovadora

Ficha de Servicios

Consultoría

Marzo 2016

Los servicios incluyen

• Soporte experto de economistas

especialistas en contabilidad pública,

en local y en remoto.

• Diseño conceptual, tanto en lo que

respecta al control presupuestario

como a la identificación de los costes

directos o indirectos a un servicio o

actividad, la determinación de los

criterios de distribución de los mismos,

los aspectos a considerar para el

cumplimiento de la normativa, etc.

• Definición de un Cuadro de Mando

Integral de Gestión para evaluar los

possibles desvíos en la gestión de los

servicios o actividades.

• Definición de los circuitos y

procedimientos administrativos para

garantizar el correcto registro, control y

supervisión de los costes.

• Establecimiento de los criterios de

extracción de datos de la contabilidad

pública y acompañamiento a los

Ayuntamientos para la correcta

configuración de las herramientas

informáticas contables.

• Elaboración de los informes de los

costes reales a enviar al MINHAP.

Los municipios de más de 50.000 habitantes están

obligados a presentar al MINHAP la información detallada

de costes de los servicios, mientras que en municipios

entre 5.000 y 50.000 habitantes sólo deben reflejarlo en la

cuenta general

Determinación del Coste Real de los

Servicios Públicos Locales

Ficha de Servicios

Consultoría

Marzo 2016

www.cgi.es

[email protected]

Ventajas para el Ayuntamiento

• Contar con un soporte experto que colabore con el área de intervención en

una temática de alto impacto.

• Cumplir los plazos en los envíos de información.

• Asegurar la remisión de información correcta al MINHAP.

• Alineamiento entre la definición de la estrategia y la operativa de la

corporación para ejecutarla.

• Mejora de la eficiencia de las actividades que lleva a cabo la corporación,

gracias a su análisis.

• Rapidez en la toma de decisiones por el hecho de disponer de indicadores

y resultados de todos los procesos y actividades, de forma integrada.

• Capacidad de análisis, a nivel ejecutivo y según diferentes perspectivas,

de los impactos que pueden suponer decisiones estratégicas.

• Potenciación de la colaboración corporativa.

• Posibilidad de definir modelos de mejora continua.

• Implantación de estructuras de costes eficientes.

Las aplicaciones de contabilidad

pública facilitan una aproximación

a los costes y a los informes

necesarios, pero pueden no ser

suficientes si no se han diseñado y

aplicado correctamente los

criterios de distribución de costes

de los servicios.

Aunque algunas herramientas

informáticas de contabilidad pública

están incorporando funcionalidades

que cubren, en parte, los requisitos que

la nueva legislación ha impuesto a los

ayuntamientos en este ámbito, se hace

imprescindible un soporte especializado

que permita establecer los criterios de

asignación de costes más adecuados en

cada caso, para poder obtener una

imagen lo más ponderada y fiable posible

de la realidad de los servicios públicos

municipales. Ello implica profundizar en las

cuentas locales.

La división de Consultoría de CGI cuenta con numerosas

experiencias en municipios de diferentes tipologías y tamaños, en

los cuáles ha analizado los costes de los servicios, en muchos

casos con un objetivo de optimización, pero que en todo caso han

permitido a las entidades locales solidificar su información y poder

presentar con más agilidad y certeza dicha información tanto al

MINHAP (determinación del coste efectivo) como a la propia

ciudadanía.