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GÉNESIS Y EVOLUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA

Alejandro CARRILLO CASTRO

SUMARIO: I. Introducción. II. La estructura y funciones básicas de la administración pública. III. Enfoque global.

IV. Análisis dependencia por dependencia.

I. INTRODUCCIÓN Habremos de partir de la idea de que la administración pública es el medio o instrumento del que se vale el gobierno de un Es-tado para el cumplimiento de los fines o atribuciones que tiene asignados por ley. Tradicionalmente se define a la administra-ción pública como el conjunto de dependencias y entidades paraestatales adscritas directamente al titular del órgano o Po-der Ejecutivo de un gobierno. En esta exposición habremos de analizar exclusivamente la génesis y evolución de las depen-dencias del Ejecutivo federal que constituyen lo que se denomi-na la administración pública centralizada.

En 1821 existían en México sólo cuatro dependencias para auxiliar al titular del Ejecutivo; hoy su número se ha elevado a veinte. Pero la evolución de las dependencias de la administra-ción pública en estos 184 años no ha sido sólo cuantitativa sino también cualitativa, pues su diferente estructura y funcio-nes han obedecido también a una evolución del concepto de gobierno y del Estado mismo, a lo largo de vida del México in-dependiente.

Por lo general, cada vez que evoluciona o se modifica el con-cepto de Estado, o cada ocasión que cambia el propósito y la forma del gobierno, evoluciona y se transforma también la for-ma y funcionamiento de la administración pública. Por ello puede hablarse de una génesis y una evolución de la adminis-tración pública.

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ALEJANDRO CARRILLO CASTRO

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II. LA ESTRUCTURA Y FUNCIONES BÁSICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Muchos estudiosos de la teoría del Estado sostienen que to-

da organización gubernamental o estructura de gobierno re-quiere cumplir, cuando menos las siguientes funciones básicas:

a) Ejercer la forma de gobierno soberanamente adoptada al

interior de su territorio. (relaciones interiores). b) Establecer relaciones con otros estados del planeta para

buscar la coexistencia pacífica y soberana del Estado propio frente a los demás. (relaciones exteriores).

e) Contar con la capacidad de imponer las decisiones políti-cas soberanas, por la fuerza si llega a ser necesario, tanto al interior del territorio como frente a quienes las quisieran des-conocer desde el exterior; (seguridad nacional y defensa); y fi-nalmente,

d) Allegarse los recursos financieros para cumplir adecua-damente las tres funciones anteriores. (hacienda pública).

Esta sería la estructura básica de toda administración pú-

blica. Pero los detalles de la evolución de la estructura adminis-trativa de un gobierno a través del tiempo, es lo que constituye la parte más interesante y amena de la historia de cualquier administración pública. Y eso es lo que veremos el día de hoy al intentar el análisis de la evolución de la estructura y función del ejecutivo mexicano desde 1821 a nuestros días. ¿Qué ha pasado en estos 184 años de cambios y rectificaciones del apa-rato instrumental del gobierno de México en la búsqueda del cumplimiento más efectivo de sus sucesivos objetivos históricos?

Podría iniciarse este “comentario” sobre la génesis y evolu-ción de la administración pública centralizada señalando que, si bien estas cuatro funciones básicas estuvieron presentes desde la primera estructura administrativa de gobierno del Mé-xico independiente, su distribución entre las distintas depen-dencias del Ejecutivo respondió a las características que pre-sentaba el país en esa época. Por ello, si bien fueron también cuatro las primeras “secretarías de Estado y del despacho” de los asuntos públicos —como entonces se las denominaba— dos





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de las funciones básicas, la de relaciones interiores y la de rela-ciones exteriores, se agruparon bajo una misma estructura o dependencia que llevó precisamente ese nombre, de relaciones exteriores e interiores. Las otras dos funciones básicas, defensa y recursos financieros contaron cada una con una estructura administrativa específica, una denominada Secretaría de Gue-rra y Marina y la otra que, desde esa época, lleva el nombre de Secretaría de Hacienda. Y debido a que entonces existían, ade-más del civil, diversos fueros como el militar y el religioso, y no se había separado todavía a la iglesia del Estado, la cuarta se-cretaría creada en 1821 se denominó precisamente de Secreta-ría de Justicia y de Negocios Eclesiásticos.

El análisis de como fueron evolucionando estas cuatro de-pendencias básicas u originales desde 1821 hasta convertirse en las veinte que integran actualmente la administración públi-ca federal, podría realizarse de muy variadas maneras. Una primera forma consistiría en utilizar una visión de conjunto, “macroadministrativa”, del bosque, por así decirlo, y analizar su evolución por épocas o “capas arqueológicas”, valga la ex-presión, como lo podría intentar un antropólogo administrativo o un mero cronista de la administración pública, que es el caso del que habla. Otra manera de hacerlo sería tomar una a una las dependencias del Ejecutivo como si fueran árboles o univer-sos completos en sí mismos --lo que desde 1965 se ha denomi-nado en México como análisis “microadministrativo”--.

III. ENFOQUE GLOBAL

Pasemos ahora a analizar, así sea en líneas muy generales, la evolución de la administración pública federal empleando el método de la visión global o macroadministrativa. Para ello, habremos de proponer, de manera un tanto arbitraria, las épo-cas o períodos que utilizaremos en la revisión de la evolución histórica de la administración pública centralizada, que no es sino una forma más de estudiar la apasionante historia de nuestro país.





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1. El Siglo XIX En el siglo antepasado se podrían distinguir, “grosso modo”,

tres etapas que irían, la primera, de la consumación de nuestra Independencia, en 1821, hasta el inicio de la Reforma en 1854. Una segunda etapa o período abarcarla el conflicto entre libera-les y conservadores, la lucha contra el Imperio de Maximiliano y el restablecimiento de la República, bajo la presidencia de Benito Juárez. Y un tercer período abarcaría las continuadas presidencias, formalmente republicanas, de Porfirio Díaz, que los estudiosos denominaron la dictadura o el Porfiriato.

Durante el primer período, de 1821 a 1854, la estructura administrativa del gobierno mexicano, ya sea bajo su forma de Imperio, República Federal o República Centralista, contó con cuatro, a veces tres y excepcionalmente cinco dependencias directas del Ejecutivo. Esta estructura tenía a su cargo las cua-tro funciones básicas que ya se han mencionado y que, por ser las mínimas que requiere la administración de todo Estado o “polis”, se les conoce como atribuciones de “Estado-polis-ía” o “policía” o también de “Estado-gendarme”.

Las modificaciones o reformas a la estructura administrativa del gobierno durante este primer período consistieron básica-mente en la división de las funciones de Relaciones Exteriores e Interiores en dos dependencias distintas, pues con frecuencia estuvieron asignadas a una sola secretaría o ministerio. En 1843 se estableció una quinta dependencia encargada de la Instrucción Pública y la Industria. Diez años después, en 1853 se creó, una sexta dependencia central, el Ministerio de Fomen-to, Colonización e Industria y Comercio, a sugerencia de Lucas Alamán, quien lo tuvo a su cargo durante la última presidencia de Antonio López de Santa Anna, quien la ejerció bajo el con-cepto de una República Centralista.

Un segundo período podría considerarse a partir del triunfo de la Revolución de Ayutla, cuando se restableció la forma fede-ral del gobierno de la República y el Presidente Juan Álvarez intentó poner orden en la esfera gubernamental acudiendo a distinguidos liberales para que lo auxiliasen en esta tarea. A guisa de anécdota vale referir que, en 1855, cuando el Presi-dente Álvarez invitó a Melchor Ocampo a ocupar la cartera de Secretaría de Relaciones Exteriores, éste último aceptó la en-





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comienda para renunciar quince días después, exponiendo un razonamiento vigente hasta nuestros días. Ocampo explicaba en su carta de renuncia, que había discutido el programa de gobierno con el Secretario de Guerra y Marina, Ignacio Comon-fort, quien luego ocuparía él mismo la presidencia de la Repú-blica, y que, si bien estaba básicamente de acuerdo en los obje-tivos de gobierno que ambos se habían propuesto, disentía radicalmente en los medios administrativos que se habían es-tablecido para tratar de cumplirlos en la práctica. Profética-mente Ocampo escribió en dicha carta de renuncia al Presiden-te Álvarez: “En la administración, una vez que se ha conocido y fijado el fin (el objetivo), los medios son el todo”. Y al advertir que la dependencia a su cargo no habría de contar con los me-dios requeridos para cumplir los objetivos que se le habían en-comendado, consideró que lo más honesto era presentar su renuncia al presidente.

Al triunfo del grupo liberal se suscitó la llamada “Guerra de los Tres Años” contra los conservadores, y al terminar ésta, con la victoria de los liberales, Juárez tomó muy en cuenta aquellas proféticas palabras de Melchor Ocampo. Se propuso entonces, en 1861, realizar la primera gran reforma administrativa del gobierno mexicano. El Presidente Juárez, en un manifiesto de su gabinete expresó que:

El instinto de la nación […] ha comprendido que las revo-luciones serán estériles y los elementos conquistados en el terreno político y social no darán fruto mientras no se corone la obra con la revolución administrativa, (con) la reforma administrativa que viene a coronar la reforma po-lítica y social.

Juárez y la generación de la reforma se propusieron enton-

ces llevar a la práctica el nuevo contenido político de la Consti-tución Liberal de 1857. Se acordó la separación de la iglesia del Estado y se creó el Registro Civil. Sin embargo, poco después el grupo conservador solicitaría la intervención extranjera en apo-yo de sus objetivos políticos y este proyecto de reforma admi-nistrativa anunciado por Juárez en 1861, tendría que esperar hasta el próximo siglo para volver a intentarse en la forma en que él lo había concebido.





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Un tercer período se iniciaría a la muerte de Juárez y abar-caría los gobiernos de Lerdo de Tejada, el primero de Porfirio Díaz, el de Manuel González y las sucesivas reelecciones de Díaz hasta el inicio de la Revolución Social de 1910. Como con-trapartida de los innumerables cambios de funcionarios que se produjeron en los primeros veintinueve años de vida indepen-diente, en los que se sucedieron veinticinco presidentes de la República y varios secretarios de Estado duraron en su encargo sólo unos cuantos días, como ocurrió con don Melchor Ocam-po, durante este último periodo muchos secretarios del despa-cho duraron en su encargo décadas enteras, como fue el caso de Ignacio Mariscal quien, con alternancias, permaneció veinti-cinco años al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por no mencionar al propio Porfirio Díaz, quien formalmente estuvo al frente de la presidencia por algo más de veintinueve años.

En este último período del siglo XIX se registraron sólo tres cambios a la estructura administrativa del Ejecutivo federal. En 1891 se creó una nueva Secretaría, la de Comunicaciones y Obras Públicas, para apoyar el desarrollo portuario y ferrocarri-lero que promovió Porfirio Díaz, con la idea de fomentar las in-versiones extranjeras y la exportación de los recursos naturales del país, como parte de la nueva política de desarrollo económi-co de apertura al mundo que privó en esa época. En ese mismo año (1891) se separaron nuevamente las funciones de Fomento de las de Justicia e Instrucción Pública, restableciéndose la Secretaría de Fomento como entidad autónoma. En 1905, las funciones de Justicia se separaron de las de Instrucción Públi-ca dando nacimiento a la octava dependencia del Ejecutivo, la Secretaria de Justicia, y se agregaron a la de Instrucción Públi-ca las de fomento de las Bellas Artes. Estas ocho dependencias constituyeron la estructura administrativa del gobierno de Por-firio Díaz hasta su renuncia a la presidencia en 1911, al triunfo de la revolución popular encabezada por Francisco 1. Madero.

2. El Siglo XX Por lo que toca al siglo XX, cabría utilizar una clasificación

por períodos presidenciales, a partir de la consolidación del grupo triunfante de la primera revolución social de esa centu-





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ria. Podrían definirse convencionalmente seis períodos en los que se produjeron cambios significativos a la estructura admi-nistrativa del Ejecutivo federal, en tanto que en otras gestiones presidenciales la organización administrativa del gobierno per-maneció inalterada en lo básico, o sólo sufrió modificaciones marginales

Procederemos a comentar, así sea brevemente, lo que a nuestro juicio constituyen los seis momentos más relevantes del siglo pasado, por lo que se refiere a la evolución de la es-tructura y funciones de la administración pública federal du-rante ese período, dejando para un capítulo aparte el análisis de las últimas modificaciones que deben adscribirse a la adminis-tración del Presidente Fox y al siglo XXI que apenas comienza.

A. La administración de Venustiano Carranza Empecemos por los cambios realizados en 1917 por Venus-

tiano Carranza. Quizás la modificación más importante a la forma de organización de la administración pública fue la crea-ción de los primeros departamentos administrativos, los cuales, a diferencia de las Secretarías de Estado, deberían tener a su cargo sólo funciones de apoyo administrativo para el aparato gubernamental en su conjunto. Esto es, no tendrían asignadas funciones sustantivas o políticas de gobierno, sino las de apoyo técnico o administrativo, como serían las de abastecimientos generales, y los de establecimientos fabriles y militares, o de contraloría. La idea era que los titulares de estos departamen-tos administrativos no serían políticamente responsables ante el órgano Legislativo, como lo son los secretarios de Estado.

Esta diferencia entre las secretarías de Estado y los depar-tamentos administrativos se fue precisando gradualmente, pues todavía a principios de ese año, en abril de 1917, Venus-tiano Carranza promovió la creación del Departamento Judicial en lugar de la Secretaría de Justicia, que no podría considerar-se como de mero apoyo técnico. Aquí cabría decir que, al desa-parecer la Secretaría de Justicia, Carranza dio un paso muy importante para fortalecer, como ahora se pretende también, la llamada división de Poderes a nivel del gobierno federal, pues remitió al Poder Judicial los tribunales de circuito y los juzga-dos de distrito, que antes dependían de esta secretaría, y pro-





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movió que los juzgados menores y civiles quedaran a cargo de los ayuntamientos. El nuevo Departamento Judicial quedó a cargo de un procurador general.

También se creó en esa fecha el Departamento Administrati-vo de Salubridad, desprendiendo sus funciones de la Secretaría de Gobernación. Cabría señalar que Carranza decidió desapa-recer la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, para crear en su lugar el Departamento Universitario y de Bellas Artes. Esta medida no tenía por objeto un mero cambio de nombre; lo que pretendía Carranza era lo que hoy se conoce como la descentralización o “federalización” de la educación pública en el país, regresando la función educativa a las admi-nistraciones municipales, sin que el gobierno federal tuviera ya injerencia en este campo. Algunos estudiosos de estos asuntos explican también esta medida por el hecho de que Carranza, cuando fue gobernador de Coahuila, había tenido problemas con Justo Sierra, el entonces secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes. Como se sabe, esta reforma no prosperó debido a la falta de recursos con que contaba el nivel municipal, y fue el gobierno de Álvaro Obregón el que regresó o volvió a centrali-zar esta facultad al nivel federal, restableciendo en 1921 la Se-cretaría de Educación Pública, bajo la responsabilidad de José Vasconcelos.

También en abril de 1917 Venustiano Carranza promovió la creación, aunque sólo por unos meses, de la llamada Secretaría de Estado, para ocuparse tanto de las relaciones exteriores co-mo de las interiores del país, de manera similar a lo que ocurría en el gobierno federal de los Estados Unidos. Sin embargo, en diciembre de ese mismo año, el propio Carranza volvió a sepa-rar las funciones de la Secretaría de Gobernación y la Secreta-ría de Relaciones Exteriores, las que desde entonces han per-manecido cada una con su respectiva función específica.

Ya para diciembre de 1917, Carranza había perfeccionado su idea de que los departamentos administrativos debían ser ór-ganos encargados sólo de las funciones de apoyo técnico y ad-ministrativo y no de los asuntos políticos del gobierno. Y, bajo este criterio, fueron creados el Departamento de Aprovisiona-mientos Generales, el de Contraloría, y el de Establecimientos Fabriles y Militares.





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Resulta muy significativo que cuando se creó el Departa-mento de la Contraloría, en el diario oficial apareció un comen-tario editorial, como se estilaba en esa publicación guberna-mental, firmado por Alberto J. Pani, en el que se ponderaba la creación de esta nueva dependencia, señalando que dicha me-dida constituía un avance importante para la modernización de la administración pública en México. Pani subrayaba lo critica-ble que era el hecho de que el propio ministro de hacienda au-torizara, con la mano derecha, el dinero del presupuesto, y con la mano izquierda verificara los comprobantes justificatorios de dicho gasto.

Sin embargo, fue el propio Pani quien reintegró las funciones de contraloría a la Secretaría de Hacienda cuando posterior-mente ocupó la titularidad de esta dependencia.

B. De Álvaro Obregón a Lázaro Cárdenas Con este mismo enfoque fueron creados, en 1923, bajo la

presidencia de Álvaro Obregón, el Departamento de Estadística Nacional, así como, en 1928, el Departamento del Presupuesto, por el presidente Plutarco Elías Calles. Sin embargo, en ese mismo año, el presidente Calles promueve una modificación a la Constitución que establece que el Gobierno del Distrito Fede-ral estará a cargo del presidente de la República. El Presidente Emilio Portes Gil promulga la nueva Ley Orgánica del Distrito Federal, crea el Departamento del D. F. y en la Ley de Secreta-rias y Departamentos promulgada por Abelardo L. Rodríguez en abril de 1934 aparece ya como una dependencia del Ejecutivo el Departamento del Distrito Federal.

En 1932, durante la presidencia de Abelardo L. Rodríguez, desapareció el Departamento de Presupuesto y en 1934 el de contraloría, pero en este último año se crearon dos nuevos de-partamentos administrativos: el del trabajo, cuyas funciones se desprendieron de la Secretaria de Industria, Comercio y Traba-jo, a la cual se denominó entonces, como se volvió a hacer re-cientemente, Secretaría de la Economía Nacional y se le adscri-bieron las funciones que tenía anteriormente a su cargo el Departamento de Estadística Nacional; y el Departamento Agrario, para apoyar al presidente en el cumplimiento de las funciones asignadas en el Artículo 27 Constitucional. Al Depar-





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tamento Judicial se le cambia el nombre a Procuraduría Gene-ral de la República.

C. La administración de Lázaro Cárdenas Al inicio de lo que fue el primer sexenio de un presidente de

la República en el período postrevolucionario, de 1934 a 1940, el General Lázaro Cárdenas se encontró con una estructura administrativa compuesta por ocho secretarías de Estado, seis departamentos administrativos y la Procuraduría General del la República, quince dependencias en total, casi el doble de las que había tenido Porfirio Díaz hasta 1910.

Cárdenas se había comprometido a ejercer su mandato en cumplimiento de un plan de trabajo elaborado por la dirigencia de su partido, el PRM, para todo el sexenio, lo que constituyó el primer plan sexenal de un gobierno surgido de la revolución. Ello significaba dar cumplimiento a los compromisos ideológi-cos plasmados en la Constitución Política de 1917, muchos de los cuales se habían quedado pendientes, particularmente los que se referían a los derechos campesinos, indígenas y obreros. Todo ello obligó quizás al Presidente Cárdenas a intentar, no sólo al inicio, sino a lo largo de todo su sexenio, una serie de cambios y rectificaciones administrativas que podrían conside-rarse como los más amplios y complejos realizados hasta en-tonces en la estructura administrativa y las funciones del Eje-cutivo federal.

Al inicio de 1935, sin prestar mucha atención a los criterios metodológicos propuestos por Carranza en torno a la diferencia entre las secretarías y los departamentos, se crearon tres nue-vos departamentos administrativos. Estos fueron el Forestal, de Caza y Pesca, el de Educación Física, y el de Asuntos Indíge-nas. Cabe señalar que, en contrapartida, y a fin de no hipertro-fiar la estructura administrativa de su gobierno, también desa-parecieron dos departamentos administrativos: el de Abastecimientos Generales, que fue reabsorbido por Hacienda; y el de Establecimiento Fabriles y Aprovisionamientos Militares, reabsorbido por la Secretaría de Guerra y Marina.

Dos años después, en 1937, se crearon tres nuevos depar-tamentos administrativos: el de Prensa y Propaganda (que lue-go cambió su nombre al de Prensa y Publicidad); el de Asisten-





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cia Social e Infantil; y el de Ferrocarriles, este último como re-sultado de la expropiación de las instalaciones y equipos de las empresas privadas que, hasta entonces, los habían venido ad-ministrando. Sin embargo, el Departamento de Ferrocarriles desapareció el mismo año de su creación, para dar nacimiento a un organismo descentralizado con el nombre de Ferrocarriles Nacionales. El Departamento de Asistencia Social e Infantil se elevó al rango de secretaría de estado, con el nombre de Asis-tencia Pública y a la Secretaría de Guerra y Marina se le cam-bió el nombre por el de Defensa Nacional.

En 1938 se llevó a cabo la expropiación de las industrias ex-tranjeras que tenían concesionada la extracción del petróleo en el país. En ese mismo año se modificó el artículo 28 de la Cons-titución, para establecer que sólo el Estado mexicano será el encargado de la explotación, refinación y venta de los hidrocar-buros existentes en el subsuelo esto es, la nacionalización del petróleo

En 1939 se llevó al cabo una tercera reestructuración admi-nistrativa del período correspondiente al Presidente Cárdenas. En ella desaparecieron tres de los departamentos administrati-vos creados durante los primeros años de su gobierno, el Fores-tal, de Caza y Pesca, el de Educación Física, y el de Prensa y Publicidad; pero se estableció un nuevo Departamento, el de Marina Nacional, desprendiendo sus funciones de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El período del Presidente Cárdenas terminó con quince de-pendencias, el mismo número que existía al inició su mandato, si bien no ha vuelto a existir un sexenio con tantos cambios y modificaciones a la estructura y funciones de la administración pública en un mismo sexenio.

D. La administración de Manuel Ávila Camacho Ello explica la casi inexistencia de reformas administrativas

en el período siguiente, del Presidente Manuel Ávila Camacho, en el que sólo se elevó a rango de secretarías de Estado al De-partamento del Trabajo y al Departamento de Marina Nacional; la Secretaría de Asistencia Pública absorbió las funciones del Departamento de Salubridad Pública, que desapareció como tal, y la Secretaría de la Economía Nacional simplificó su de-





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nominación para quedar como Secretaría de Economía sola-mente, como ocurre en la actualidad.

E. La administración de Miguel Alemán Al inicio de su sexenio, el Presidente Miguel Alemán envió al

Congreso de la Unión una iniciativa de Ley de Secretarías y Departamentos de Estado particularmente novedosa, pues en ella se facultaba al titular del Ejecutivo, por la vía reglamenta-ria, a crear, fusionar o desaparecer las dependencias centrali-zadas que le auxiliarían al desempeño de su responsabilidad. Con base en ella se crearon dos nuevas secretarías de Estado. Por una parte, la Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa, y por la otra la Secretaría de Recursos Hidráu-licos cuyas funciones correspondían anteriormente a la de Co-misión Nacional de Irrigación, que dependía de la Secretaría de Agricultura y Fomento, la cual tuvo por ello que cambiar su nombre al de Secretaría de Agricultura y Ganadería. Un año después, en 1947, se volvió a desprender el Departamento de la Industria Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional.

F. La administración de Adolfo Ruiz Cortínes Durante la administración del presidente Adolfo Ruiz Corti-

nes no hubo cambio alguno en el número y funciones de la administración pública centralizada. Si acaso, cabría señalar que la comisión de inversiones que operaba bajo la dirección del secretario de hacienda pasó a depender directamente del presidente de la República.

G. La administración de Adolfo López Mateos Al inicio de la administración del presidente Adolfo López

Mateos se realizó una nueva reestructuración importante del área presupuestal y financiera del Ejecutivo federal. Se creó la Secretaría de la Presidencia, para ocuparse de la planeación del gasto público y la autorización de las inversiones públicas; la de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa se transfor-mó en la del Patrimonio Nacional; la de Economía fue sustitui-da por la de Industria y Comercio; la de Comunicaciones y





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Obras Públicas se dividió en dos, para quedar, por una parte, la de Comunicaciones y Transportes, y por la otra, la de Obras Públicas. Por su parte, el Departamento Agrario cambió su de-nominación por el de Asuntos Agrarios y Colonización y se creó un nuevo Departamento de Turismo.

En 1960 se nacionalizó la industria eléctrica después de ad-quirir, por compra, las acciones de las empresas extranjeras que tenían concesionada hasta entonces, la producción de este importante recurso energético.

H. Los períodos de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez Los siguientes doce años, durante los sexenios de Gustavo

Díaz Ordaz y de Luis Echeverría, el número y funciones de las dependencias directas del Ejecutivo federal no sufrió modifica-ciones importantes. Si acaso debe mencionarse que, en 1974, fueron elevadas al rango de secretaría de Estado los anteriores departamentos administrativos de turismo y el de asuntos agrarios y colonización, que se convirtió en la Secretaría de la Reforma Agraria.

I. La administración de José López Portillo Dieciocho años después de la última modificación de cierta

relevancia a la estructura y funciones de la administración pú-blica federal, el Presidente José López Portillo se propuso reali-zar una reforma de fondo, con visión integral, del aparato ad-ministrativo del gobierno. Cabe recordar que José López Portillo presidió durante cinco años la Comisión de Administración Pú-blica, creada en 1965, en la Secretaría de la Presidencia, para realizar un diagnóstico del funcionamiento de la administración pública y sugerir reformas a su estructura y procedimientos con miras a promover el desarrollo del país. La CAP presentó su informe y recomendaciones en 1967.

En su carácter de presidente electo, López Portillo solicitó al presidente Echeverría que presentara ante el Congreso de la Unión una Iniciativa de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que por primera vez incluyó, además de las secretarías y departamentos de Estado, las normas para la creación, coordinación y control de los organismos descentrali-





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zados, las empresas de participación estatal y los fideicomisos públicos. Se otorgó la responsabilidad de coordinación sectorial de las entidades paraestatales a las dependencias del Ejecutivo, precisando sus ámbitos de competencia con la idea de evitar duplicaciones y traslapes de facultades.

A la de Secretaría del Patrimonio Nacional se encomendó el control de la industria paraestatal y el fomento de la industria privada, cambiando su denominación por la de Patrimonio y Fomento Industrial. A la Secretaría de Comercio se le asignó la responsabilidad de fomentar el comercio exterior, función que hasta entonces tenía atribuida la Secretaría de Relaciones Ex-teriores. A la Secretaría de Agricultura se le sumaron las fun-ciones de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, para dar na-cimiento a la de Agricultura y Recursos Hidráulicos; se creó un nuevo Departamento Administrativo de Pesca, que un año des-pués fue convertido en Secretaría de Estado; a la de Obras Pú-blicas, se le encomendó la planeación de los asentamientos humanos, cambiando su nombre por el de Asentamientos Hu-manos y Obras Públicas; y a la de Comunicaciones y Transpor-tes se le adscribieron las funciones de construcción de puertos, que antes estaban asignadas a la Secretaría de Marina.

Para encargarse de las funciones de regulación global de la administración pública se creó la Secretaría de Programación y Presupuesto, en sustitución de la anterior Secretaría de la Pre-sidencia, desprendiendo las funciones de elaboración del pre-supuesto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A la nueva Secretaría de Programación y Presupuesto se le enco-mendaron igualmente las funciones de planeación y evaluación de la administración pública, en su conjunto, y se asigné a las demás dependencias coordinadoras de sector la supervisión y control de las entidades paraestatales relacionadas con el desempeño de sus respectivas funciones sustantivas, esquema operativo que, en lo general, subsiste hasta el presente.

A finales del sexenio se expropiaron los bancos a los particu-lares y se reformó el artículo 28 Constitucional a fin de reservar al Estado la prestación del servicio público de banca y crédito lo que se conoce como la nacionalización de la banca. En no-viembre de 1982, el Presidente López Portillo publicó el último registro anual de entidades paraestatales de su periodo. En este documento se establece que, después de la depuración





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iniciada desde el principio de su gestión, de 818 entidades pa-raestatales registradas en 1977, su número se había reducido a 743 advirtiendo que otras 106 quedaban sujetas a proceso de depuración.

J. La administración de Miguel de la Madrid Podría decirse que en los dos primeros años del gobierno del

Presidente Miguel de la Madrid Hurtado se llevó hasta sus úl-timas consecuencias el modelo de administración pública plan-teado desde el principio del sexenio anterior. Así, en enero de 1983 se elevó a nivel constitucional “sistema de planeación democrática del desarrollo nacional”(artículo 26). Se promulgó la nueva Ley de Planeación en la que la Secretaría de Progra-mación y Presupuesto quedó encargada de elaborar el Plan Na-cional de Desarrollo, así como de supervisar y evaluar la elabo-ración de programas sectoriales e institucionales a cargo de las demás secretarías y departamentos administrativos, y de los eventuales programas regionales y especiales que se hicieran necesarios.

También se modificó la estructura y denominación de algu-nas dependencias centralizadas, como fue el caso de la Secreta-ría de Comercio a la cual le fueron regresadas las funciones de fomento a la industria privada, por lo que su título cambió a Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. A la anterior Se-cretaría de Patrimonio y Fomento Industrial se la circunscribió al fomento de las industrias propiedad del Estado, por lo cual su denominación cambió a Secretaría de Energía, Minas e In-dustria Paraestatal.

Con miras a vincular la promoción del desarrollo urbano con la protección del medio ambiente, la anterior Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas fue transformada en la de Desarrollo Urbano y Ecología. Esta nueva dependencia recibió las atribuciones de protección al medio ambiente que antes correspondían a la Secretaría de Salubridad y Asistencia, la cual cambió entonces su denominación a Secretaría de Salud.

La reforma más significativa dentro del ámbito de la admi-nistración pública centralizada fue sin duda el restablecimiento de una dependencia encargada de las funciones de control de la Administración Pública en su conjunto la cual recibió





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el nombre de Secretaría de la Contraloría General de la Federación.

En esas fechas se incorporaron al Registro de Entidades Pa-raestatales las 467 empresas propiedad de los 56 bancos que habían sido nacionalizados al final de la administración ante-rior, con lo cual el número de entidades paraestatales someti-das al control del Ejecutivo federal se elevó entonces a 1,150.

En 1984 se pusieron a la venta las acciones de las empresas propiedad de los bancos nacionalizados que no se consideraron indispensables para la prestación del servicio público de banca y crédito tales como compañías aseguradoras, afianzadoras y casas de bolsa, hoteles, empresas mineras y de las ramas auto-motriz, petroquímica, comunicaciones y alimentos, entre otras.

Al principio del tercer año de gobierno, y en función de las dificultades económicas por las que atravesaba entonces el país, al igual que el resto de América Latina, el Presidente de la Madrid decidió iniciar lo que él mismo denominó “cambio de rumbo” orientado a la realización de importantes “estructurales que hoy se denominan en todo el mundo como “del Estado”. Por lo que se refiere a la administración pública federal, dichos “cambios estructurales” estuvieron orientados básicamente a la reducción y privatización de un número importante de las enti-dades paraestatales existentes hasta entonces. En febrero de 1985 se anunció “disminución del tamaño del sector público mediante la liquidación, venta, transferencias o fusión de 286 entidades públicas (consideradas) no prioritarias” de acuerdo con los criterios del sistema nacional de planeación del desa-rrollo, establecido constitucionalmente al inicio de la adminis-tración delamadridista. Al año siguiente, en mayo de 1986, se promulgó la primera Ley Federal de Entidades Paraestatales, que excluyó del control estatal a las empresas públicas de par-ticipación estatal minoritarias y los fideicomisos no públicos Como resultado de todas estas medidas, la administración pú-blica paraestatal al final de dicho período quedó integrada por 412 entidades.

A partir de ese momento, los siguientes presidentes de la República han mantenido la decisión de profundizar la llamada Reforma del Estado tendiente a reducir el tamaño y alcances de la participación del Estado en la economía nacional.





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K. La administración de Carlos Salinas de Gortari Sólo hasta mediados de la gestión del Presidente Carlos Sa-

linas de Gortari se modificó nuevamente la estructura de la administración pública centralizada. Se reintegraron a la Secre-taría de Hacienda y Crédito Público las funciones de programa-ción del presupuesto que le habían sido desprendidas 14 años antes. Desapareció así la Secretaría de Programación y Presu-puesto y las funciones de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, que ordena la Constitución, quedaron desde enton-ces a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En 1990 se modificó el párrafo 5° del artículo 28 Constitu-cional que reservaba al Estado la prestación de servicio público de banca y crédito. Meses más tarde se publicó una nueva Ley de Instituciones de Crédito que contenía las bases para la transformación de las sociedades nacionales de crédito e insti-tuciones de banca múltiples en sociedades anónimas previén-dose la posibilidad de que las mismas dejaran de tener el ca-rácter de entidades de la administración pública federal. En ese mismo año la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología fue transformada en la actual Secretaría de Desarrollo Social.

Al final de la administración del Presidente Salinas, el núme-ro de entidades paraestatales pasó de 412 a 216 una reducción de poco más del 50%. Dentro de las privatizaciones más impor-tantes de ese período cabría señalar, además de las institucio-nes bancarias las de las empresas siderúrgicas y Teléfonos de México.

L. La administración de Ernesto Zedillo Ponce de León Durante la administración correspondiente al Presidente Er-

nesto Zedillo Ponce de León, la Secretaría de Pesca fue trans-formada en la del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, que recibió funciones anteriormente encomendadas a la Secre-taría de Desarrollo Social, así como de la Secretaría de Agricul-tura y Recursos Hidráulicos, la cual tuvo por ello que cambiar su nombre por el de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

A la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal se la circunscribió ahora exclusivamente al renglón de energéti-cos, y se modificó su denominación a Secretaría de Energía. A





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la Secretaría de la Contraloría General de la Federación se le incorporaron nuevamente las funciones de modernización ad-ministrativa, por lo que su denominación cambió a la de Secre-taría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. A mediados del sexenio se creó la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, cuyas funciones fueron desprendidas de la Procuraduría Gene-ral de la República, elevándose a veinte el número de depen-dencias del Ejecutivo federal.

Durante esta administración desapareció también el último de los departamentos administrativos dependientes del Ejecuti-vo federal, el que tenía a su cargo el gobierno del Distrito Fede-ral, cuyo titular es ahora elegido por el voto directo de los ciu-dadanos que residen en la capital de la República, reduciéndose así a 19 el número de dependencias centralizadas dentro del Ejecutivo federal. Por su parte, el número de entida-des paraestatales disminuyó de 216 a 203 Cabe destacar en este período la privatización de los Ferrocarriles Nacionales de México.

M. La administración de Vicente Fox Al final de la Administración del Presidente Zedillo, al igual

que ocurrió al término de la del Presidente Echeverría, el Presi-dente electo Vicente Fox, promovió ante los legisladores de su partido que se presentara al Congreso de la Unión una iniciati-va de reformas a la estructura y funciones de la administración pública centralizada que habría de quedar bajo su responsabi-lidad en el siguiente sexenio. En virtud de la no existencia de una mayoría de legisladores del partido en el gobierno, dicha iniciativa fue modificada sustancialmente por el Congreso de la Unión, el cual no aprobó todas las reformas que contenía el proyecto original del Presidente Fox. No obstante lo cual, y a pesar de que formalmente las modificaciones se realizaron to-davía durante la administración presidida por Ernesto Zedillo, las reformas que a continuación habrán de reseñarse se asig-nan, de hecho, al primer período gubernamental del siglo XXI, el correspondiente a Vicente Fox Quesada.

La modificación más destacada al inicio de la administración actual resulta sin duda la creación de la nueva Secretaría de Seguridad Pública, cuyas funciones básicas fueron desprendi-





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das de la Secretaría de Gobernación. Con ello el número de depen-dencias directas del ejecutivo se elevó de nueva cuenta a veinte.

Se realizó asimismo una importante reasignación de funcio-nes entre diversas dependencias ya existentes, algunas de las cuales tuvieron por ello que cambiar de denominación. Así, la Secretaría del Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), cedió algunas de sus atribuciones referentes a la Pesca a la nueva Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desa-rrollo Rural, Pesca y Alimentación (la cual, en vez de SAGADERUPA, como podría habérsele conocido de manera sin-tética fue denominada como SAGARPA).

La anterior Secretaría de Comercio y Fomento Industrial cambió nuevamente de nombre por el de Secretaría de Econo-mía, como ya había ocurrido en 1932, y recibió entre sus nue-vas atribuciones la regulación del abastecimiento de los con-sumos básicos de la población, el apoyo a empresas que asocien a grupos de escasos recursos en áreas urbanas y el fomento al desarrollo del pequeño comercio por sólo señalar las más relevantes.

A lo anterior cabría añadir un número importante de nuevas unidades de asesoría, de apoyo técnico y coordinación que, con base en las reformas que se hicieron al artículo 8 de la Ley Or-gánica de la Administración Pública, el nuevo titular del Ejecu-tivo determinó ubicar en la propia presidencia de la República al inicio de su mandato. La mayoría de estas unidades ha des-aparecido a la fecha.

El 13 de marzo del 2002, se expidió una nueva Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públi-cos, en cuyo transitorio se modifica el Artículo 37 de la Ley Or-gánica de la Administración Pública Federal para encomendar a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, la facultad de

conducir la política de la Administración Pública Federal para establecer acciones que propicien la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso por parte de los particulares a la información que aquella genere.





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El 11 de junio de ese mismo año se publicó la nueva Ley Fede-ral de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Un año después, en abril del 2003, se aprobó la nueva Ley del Servicio Profesional de Carrera, uno de cuyos artículos transitorios ordena modificar la Ley Orgánica de la Administra-ción Pública Federal para cambiar la denominación de la Secre-taría de Contraloría y Desarrollo Administrativo por la de Secre-taría de la Función Pública, a cuyo cargo se encuentra ahora la instrumentación del nuevo servicio profesional de carrera de la administración pública federal. Como resultado de esta modifi-cación se le adscribieron funciones de administración del per-sonal público en su conjunto que anteriormente correspondían a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También se le asignó la responsabilidad de establecer la política informática del Ejecutivo federal, desprendiendo dicha atribución del INEGI, que hasta entonces la había tenido bajo su cargo.

El 13 de diciembre del 2004, por acuerdo del Ejecutivo fede-ral se redujeron a ocho el número de unidades administrativas dependientes de la presidencia de la República.

Por lo que se refiere a la administración pública paraestatal en lo que va del actual sexenio su número, en vez de reducirse, se ha incrementado de 203 a 237 que incluyen los 27 ingenios azucareros que fueron expropiados en septiembre de 2001.

En virtud de que el período sexenal correspondiente al Pre-sidente Fox se encuentra apenas en su cuarto año, existe la posibilidad que en lo que resta del sexenio se lleven al cabo algunas otras reformas a la estructura y funciones de la admi-nistración pública federal, tanto la centralizada como la paraes-tatal. Habrá por ello que estar muy atentos al alcance y conte-nido de las mismas, para poder intentar una evaluación objetiva y más completa al final del presente gobierno, utilizan-do la misma metodología y criterios que se han venido utilizan-do en esta charla para el análisis de las demás administracio-nes de nuestro país a lo largo de su historia.

IV. ANÁLISIS DEPENDENCIA POR DEPENDENCIA

Hemos realizado una revisión a vuelo de pájaro, de la evolu-ción del número y funciones asignadas a las dependencias del





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Ejecutivo federal empleando el método de análisis que le deno-minaríamos macroadministrativa o global.

Ahora pondremos como ejemplo del método de análisis, mi-croadministrativo o dependencia por dependencia, el caso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se encargara de cumplir una de las cuatro funciones básicas de toda adminis-tración pública.

Esta secretaría surgió en México -como ya se dijo—desde 1821, y así permaneció, sin cambios importantes, los primeros treinta y dos años de vida independiente, hasta que, en 1853, tuvo como ya se dijo, su primer desprendimiento de parte de las funciones a su cargo. En ese año, se creó una sexta depen-dencia, el Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio, con la idea de restablecer la actividad económica del país, devastado hasta entonces por las disputas internas entre los diversos grupos que habían luchado por nuestra Indepen-dencia, así como para promover la colonización del vasto terri-torio del nuevo Estado mexicano.

Esta nueva dependencia, el primer desprendimiento, de la Secretaría de Hacienda merecería ser considerada también co-mo una dependencia básica de la administración pública fede-ral mexicana, pues de ella surgieron a su vez, todo un grupo de dependencias orientadas al fomento del desarrollo económico nacional entre las cuales actualmente se cuentan las secreta-rías de Economía, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de la Reforma Agraria, del Medio Am-biente y Recursos Naturales, de Energía, del Trabajo y Previ-sión Social y de Turismo, entre otras.

Pero esa es otra historia, así que regresemos al análisis de la Secretaria de Hacienda. Puede decirse que, a lo largo de los 183 años de su existencia, esta dependencia ha sufrido diversos desprendimientos de funciones, además de las de fomento a que nos hemos referido, la mayoría de los cuales fueron rever-tidos al paso del tiempo, debido a la gran influencia política y centralizadora que ha tenido y tiene esta secretaría en el ámbi-to institucional del país. Así ocurrió, por ejemplo, con los des-prendimientos periódicos de las funciones de elaboración del presupuesto y las de contraloría y mejoramiento administrativo del gobierno en su conjunto.





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Revisemos primero los diversos intentos de desprendimiento de las funciones de elaboración del presupuesto que ha regis-trado hasta ahora la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de los cuales ha logrado recuperarse con éxito hasta ahora. El primer intento de separar la función de elaboración del Presu-puesto de Egresos ocurrió en 1928, cuando el Presidente Calles promovió la creación del Departamento Administrativo Autó-nomo del Presupuesto, para auxiliarlo directamente en la pla-neación y control del gasto público. Aunque este departamento administrativo fue creado formalmente en una ley, el entonces secretario de hacienda, Luis Montes de Oca, se las ingenió para posponer, en la práctica, la separación real de las funciones presupuestales que permanecieron bajo el control de la Secre-taría de Hacienda hasta que, dos años después, se modificó la ley para regresarle formalmente a esta dependencia las funcio-nes que sólo en el papel le fueron desprendidas.

Varias administraciones después, el Presidente Adolfo Ruiz Cortines decidió poner bajo su dependencia directa la Comisión de Inversiones que la Secretaría de Hacienda había creado du-rante la administración del Presidente Miguel Alemán. Los alentadores resultados del funcionamiento de esta comisión responsable de programar la inversión pública, llevaron al Lic. Adolfo López Mateos, ya como presidente electo, a encargar al Lic. Gabino Fraga, entonces presidente del Instituto de Admi-nistración Pública, la elaboración de un proyecto de una nueva Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, en el cual dicha Comisión de Inversiones se convertiría en un departamento administrativo encargado de la planeación y el presupuesto, como lo había intentado el Presidente Calles en 1928.

Al momento de tomar posesión de la presidencia, el Lic. Ló-pez Mateos remitió a los colaboradores que integraban su gabi-nete el proyecto de nueva Ley de Secretarías y Departamentos de Estado para su refrendo. En dicho proyecto la nueva depen-dencia aparecía ya no como un departamento administrativo, sino como Secretaría de Planeación y Presupuesto. Sin embar-go, el entonces recién designado secretario de hacienda y crédi-to público, don Antonio Ortiz Mena, manifestó su desacuerdo en que la dependencia que iba a estar a su cargo perdiera las facultades para elaborar el presupuesto y logró convencer al Presidente López Mateos de modificar el proyecto de nueva Ley





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de Secretarías y Departamentos de Estado, preservando en la de hacienda la elaboración del presupuesto. Así la nueva de-pendencia ya no podía llamarse de Planeación y Presupuesto y, para sorpresa de muchos, terminó denominándose Secretaría de la Presidencia, reduciendo sus funciones a las de la planea-ción del gasto público y a la autorización de las inversiones públicas, como lo venía haciendo ya la anterior Comisión de Inversiones, que dependía directamente del presidente de la República.

Durante los primeros seis años en que operó esta separación estructural se registraron serios problemas de coordinación entre la nueva Secretaría de la Presidencia, encargada de la autorización de la inversión pública, y la de Hacienda y Crédito Público encargada de su financiamiento. Quizá por ello en la siguiente administración, el Presidente Gustavo Díaz Ordaz trató de evitar esta falta de coordinación designando como sub-secretario de la presidencia al hermano del titular de la Secre-taría de Hacienda. Así surgió la subcomisión de inversión— financiamiento que, en las décadas siguientes, propició una mejor coordinación de las funciones que ambas dependencias tenían a su cargo.

Dieciocho años tuvieron que pasar para que de nuevo se vol-viera a intentar la separación estructural de las funciones de cobro de los ingresos y las de programación y ejecución del pre-supuesto de egresos. Y fue en la Ley Orgánica de la Adminis-tración Pública Federal de 1976, la que por primera vez lleva este nombre, que se creó la Secretaría de Programación y Pre-supuesto, separando orgánica o estructuralmente estas funcio-nes de las encomendadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El Lic. José López Portillo, tomando en cuenta lo ocurrido al Presidente López Mateos en 1958, tuvo buen cuidado, como presidente electo, de solicitar al presidente saliente que el pro-yecto de Ley Orgánica de la Administración Pública fuese apro-bado por el congreso antes de proceder a la designación de los integrantes de su futuro gabinete. La nueva Secretaría de Pro-gramación y Presupuesto, que a partir de 1982 estuvo encar-gada de las funciones de modernización administrativa del go-bierno en su conjunto, tuvo también una existencia relativamente breve. Dos sexenios y dos años después de crea-





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da en 1992, fue absorbida nuevamente por su dependencia de origen, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con las re-formas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal promovidas por el Presidente Carlos Salinas de Gortari.

Cabe mencionar, como dato anecdótico, que tres de los últi-mos cuatro presidentes de la República fueron titulares de la hoy desaparecida Secretaría de Programación y Presupuesto que, como hemos dicho, regresó nuevamente al regazo de su celosa y poderosa dependencia original o “madre”.

Pasemos finalmente a revisar los distintos intentos de sepa-rar las funciones de contraloría y mejoramiento administrativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El primer inten-to lo realizó Venustiano Carranza quien, en 1917, promovió la creación del Departamento Administrativo de Contraloría, al que se encargó también de “estudiar la organización, procedi-mientos y gastos de las dependencias para incrementar la eco-nomía y la eficiencia de los servicios elevando recomendaciones al presidente de la República”.

En esa época, en el Diario Oficial de la Federación se solía editorializar en torno de las nuevas disposiciones jurídicas o medidas administrativas que en él se publicaban. Y por ello, el Ing. Alberto J. Pani, a la sazón Secretario de Comercio e Indus-tria, en un artículo publicado el 24 de enero de 1918, explicaba entusiasmado, que con la creación del nuevo Departamento Administrativo de Contraloría, México entraba de lleno a la mo-dernidad, pues “era inconcebible que hasta entonces, el mismo Secretario de Hacienda que firmaba los cheques del gasto pú-blico con una mano, verificaba la justificación del mismo con la otra”. Lo anterior no tendría mayor relevancia para el análisis que estamos realizando, salvo por lo paradójico que resulta que ese mismo funcionario, años después, fue quien propuso, ya como secretario de hacienda, regresar las funciones de contra-loría a dicha dependencia, ahora ya bajo su mando.

El segundo intento por separar las funciones de control de la Secretaría de Hacienda ocurrió en 1946, con la expedición de la nueva Ley de Secretarías y Departamentos de Estado promovi-da al inicio del gobierno del presidente Miguel Alemán. En ella se estableció una nueva secretaría, creada para desempeñar las funciones que hasta entonces habían tenido a su cargo dos direcciones generales de la Secretaría de Hacienda —las de bie-





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nes nacionales y las de inspección administrativa-, nombre que se dio entonces a la nueva dependencia. Como había ocurrido con el Departamento de Contraloría, en la administración del Presidente Carranza, a esta nueva dependencia se le encomen-dó también “realizar estudios y sugerir al Jefe del Ejecutivo medi-das tendientes al mejoramiento de la administración pública”.

Dicen que “la tercera es la vencida”, y esto ocurrió en 1982, al inicio de la administración del Presidente Miguel de la Ma-drid, quien promovió una reforma a la Ley Orgánica de la Ad-ministración Pública Federal para crear la Secretaría de la Con-traloría General de la Federación. Esta dependencia recibió las funciones de control, fiscalización y modernización de la admi-nistración pública en su conjunto. El cambio de designación para transformarla en la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo se realizó en el sexenio anterior, a propuesta del Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León.

Como ya se señaló, la más reciente reforma administrativa promovida por el gobierno del Presidente Vicente Fox consistió en incorporar a la antigua SECODAM la responsabilidad de dirigir, organizar y operar el sistema del servicio profesional de carrera que estableció la ley recientemente aprobada por el Congreso de la Unión. Para ello se le cambió el nombre por el de Secretaría de la Función Pública, a la cual le fueron enco-mendadas también las funciones de aprobación de las estruc-turas orgánicas y ocupacionales de las dependencias y entida-des de la administración pública federal así como el establecimiento de las normas y lineamientos para la adminis-tración del personal y las políticas del gobierno electrónico. Con la creación del servicio profesional de carrera se atiende un viejo reclamo de muchos estudiosos de las ciencias administra-tivas en nuestro país y en especial del Instituto Nacional de Administración Pública.




gÉnesis y evoluciÓn de la administraciÓn -...

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