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PUNTO DE ENCUENTRO 1

LA OTRA GUERRA

Camilo Gonzalez Posso

Presidente INDEPAZ

Se han reunido politólogos y astrólogos atratar de explicar las razones del PresidenteUribe para proponer la “recompensa” porerradicación de cultivos de coca, o, enlenguaje llano, la compra de cosechas. La

idea desató la crítica en muchos ámbitos y precipitó laadvertencia del todopoderoso Departamento de Estado:es una mala táctica que no nos consultó Uribe. Y a ren-glón seguido el Presidente, que de tanto en tanto nos sor-prende con ocurrencias, recogió la pita y volvió a reafirmarque durante su gobierno “no se dejará de fumigar un solodía”. Pero para los expertos en parasicología, el fantasmade la “compra de coca” le seguirá dando vueltas al Presi-dente cada vez que le lleguen los informes contradictoriossobre áreas asperjadas y disminución efectiva de las ex-portaciones de cocaína o de los ingresos de las FARC.

Los más exotéricos llegan a suponer, sin fundamen-to, que en el Palacio de Nariño se han preocupado por ladenuncia que ha hecho la Defensoria del Pueblo de ELECUADOR por el impacto dañino de las fumigacionesen las poblaciones de la frontera, sustentado incluso enestudios de un grupo calificado de médicos sobre el efec-to negativo en la salud de niños y adultos sometidos entre2002 y 2004 al impacto de las fumigaciones. Ese alegatoesta llegando a la Corte Interamericana y está animandola documentación ante la Corte Penal Internacional deesta política como una “guerra química” contraria a trata-dos internacionales y susceptible de calificar como crimende lesa humanidad.

Lo cierto es que la inquietud presidencial ha servidode pretexto para reanimar el debate sobre la necesidad debuscar alternativas a la guerra antidrogas y considerar lasdemandas de campesinos e indígenas. La idea de “com-prar la hoja de coca” puede que no les guste a los gringosy que no sea la solución integral al problema de los culti-vos de uso ilícito, pero en cambio si puede ser un elemen-

“… pase la cocay tenga la platica”Fumigar yfumigar hastael crimen delesa humanidad

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to en una política que estimule en Colombia la IndustriaNacional de la Coca, utilizando parte de los cultivos enzonas indígenas y de campesinos pobres para producir aro-máticas, jabones, licores, medicamentos y otros produc-tos que ya se están produciendo en pequeña escala enColombia y a mayor volumen en Perú y Bolivia. Sobreeste tema en la Cámara de Representantes se radicó en lapasada legislatura un proyecto de Ley seriamente susten-tado. (Revista INDEPAZ No 22 Agosto de 2004)1.

Desafortunadamente las fumigaciones se han fun-dido con la guerra antiterrorista y cualquier discusión ra-cional es descartada en los altos círculos que toman lasdecisiones y que llegan incluso a obligar a un Presidentede la República a callar con reverencia. En este dominiotambién hay un “índice” de palabras prohibidas y un testde lenguaje para contemporizadores con el enemigo: “in-dustria nacional de coca sana”, “descriminalización delcampesino cultivador”, “prioridad a la reducción del con-sumo y a la interdicción”, “evaluación del fracaso 20 añosde política antidrogas”, “estudios epidemiológicos de im-pacto en la salud humana”, “daño de fumigaciones conquímicos a las aves, peces, insectos y especies domesticas”y ahora “erradicación manual” y “compra de hoja de coca”.

LA OTRA GUERRASe habla de la guerra antidrogas como la “otra guerra”

para diferenciarla y relacionarla al mismo tiempo con la“guerra antiterrorista”. Las diferencias se han marcado porlos objetivos explícitos de quienes las definieron como partede su estrategia de seguridad, pero con su despliegue en laúltima década y después del 11 de septiembre de 2001, laarticulación se ha hecho mayor y hoy son componentesde una guerra global contra lo que los altos mandos deWashington consideran la amenaza más grande contra elimperio en la llamada posguerra fría.

Llámese “otra guerra” o parte esencial de la estrate-gia militar de seguridad, lo cierto es que se ha llegadolejos desde la original política antidrogas como protec-ción de la salud de los ciudadanos sometidos al riesgo dela adición (Harm Reduction decía Carter) y ahora pri-man las consideraciones de ataque a las finanzas de gru-pos considerados por EE.UU como terroristas concapacidad de amenaza regional. La vieja política antidrogasse despojó de todo ropaje social y se militarizó en sus com-ponentes internacionales.

A Colombia le ha tocado en suerte convertirse en unode los escenarios más importantes de esta guerra. El PlanColombia, aprobado por el Congreso de los EE.UU en juliode 2000, se propuso ante todo “reducir el suministro de drogasilegales hacia Estados Unidos”, “romper los lazos existentesentre los grupos alzados en armas y la industria de la drogaque los apoya”2, golpear el narcotráfico y disuadir a los con-sumidores ante un eventual incremento del precio de la co-caína, la heroína y del opio. Desde el documento original eningles que elaboraron en el Pentágono se dio la convergenciaentre el interés de los estrategas estadounidenses de incorporarel viejo conflicto interno de Colombia en su estrategia regio-nal y global de seguridad y el “ingenio” del equipo del Presi-dente Pastrana en Washington (Alberto Moreno y Jaime Ruiz)de “venderles” la guerra contrainsurgente en Colombia comoparte de la guerra antidrogas. Los diagnósticos sobre elnarcoterrorismo o la narcoguerrilla habían abonado el terrenoa esta internacionalización del conflicto y a esta simbiosisque inició una nueva fase de subordinación de los asuntos deseguridad de Colombia y de manejo del conflicto interno ala conducción estratégica de los Estados Unidos.

Cuando el Plan Colombia le dio paso al Plan Patriotase produjo un replanteamiento radical en tanto ahora laguerra antidrogas se subsumió en la guerra antiterrorista.La genialidad pastranista de meter la contrainsurgencia enla lucha contra el narcotráfico era una camisa de fuerza parala utilización a discreción de los recursos del plan Colombia– incluido el apoyo en ‘inteligencia militar”, actividades delos 400 militares y 400 contratristas – en operaciones abiertasy ofensivas contra la guerrilla. Después de la declaratoriaformal de la Administración Bush de esta nueva guerramundial,3 la alianza privilegiada USA – Colombia focalizasin ambigüedad el enemigo en la amenaza terrorista y lospeligros para la región. La política antidrogas se define comoparte de la política antiterrorista y la guerra anti subversivaen Colombia pasa a ser una pieza de la “guerra global”4

Son muchas las evaluaciones del fracaso del PlanColombia y de la política de fumigaciones en el cumpli-miento de las metas de reducción de la oferta de drogasilícitas e incluso de las finanzas de los grupos armadosilegales o de los empresarios del narcotráfico. Pero sonmenos los balances en cuanto a geopolítica de seguridad,política antisubversiva o contra los paramilitares.

En el primer aspecto se ha demostrado que el nego-cio sigue viento en popa, cerca de 300 toneladas métricasde cocaína siguen entrando cada año a los Estados Uni-dos y más de 270 a Europa y Asia5. Los precios de la co-

1 Dario Gonzalez, Maria M Moreno, Proyecto de Ley de Coca, www.indepaz.org.co2 Contraloría General de la República, Plan Colombia, Primer Informe de Evaluación, agosto de 20013 Recordemos a pocos días del fatídico 11 de septiembre 2001, la impactante imagen en el Congreso de Estados Unidos cuando Bush

anuncio que la Unión entraba en Estado de Guerra.4 La expresión es utilizada por varios analistas. Antoni Negri en La Multitud habla de “globalización armada”; M. Klein de “Guerra por recursos”.5 Ricardo Vargas Narcotráfico, guerra y política antidrogas, Acción Andina – Colombia, junio de 2005; Yamil Abdala, Revista INDEPAZ,

No 22 Agosto de 2004.


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caína han estado relativamente estables en los últimos 10años y las oscilaciones en áreas cultivadas en Colombia sehan compensado con mayor productividad y con impor-taciones de pasta básica desde Ecuador o Perú. ( ver artí-culos en Punto de Encuentro No 28 y 30).

La estrategia de fumigar, fumigar y fumigar, dirigi-da a golpear la oferta en los cultivos más que en el tráficointernacional o la distribución en Estados Unidos, se jus-tificó por la visibilidad del objetivo y la ilusión de unarelación directa entre fumigación, erradicación y oferta,pero al mismo tiempo se inscribió en los planesantiguerrilla en tanto la aspersión aérea con químicos seconvirtió en parte de las operaciones para quitarle pobla-ción y retaguardia social y económica a la guerrilla.

El desplazamiento se volvió funcional a la guerraquitándole población a las zonas consideradas estratégi-cas para la guerrilla y por ello se le dio toda la importanciaa la guerra del SUR donde se localizaba el 30% de loscultivos de coca al iniciar el Plan Colombia. No es extra-ño que las ofensivas de fumigación hayan tenido coordi-nación operativa con las iniciativas del Plan Patriota y queen el último periodo ( 2003 – 2005) se concentren en losdepartamentos de Caquetá, Nariño, Vichada, y Guaviaremientras los cultivos ilegales crecen en Cordoba, magda-lena medio, Meta, Arauca y Norte de Santander en zonasde influencia paramilitar. (Vargas, 2005).

Este Plan de fumigación a la lata, calculó que pro-duciría 200.000 desplazamientos y destinó recursos paraesa contingencia. Las necesidades de esta guerra han con-templado siempre la presión para obligar a grandes movi-mientos de población. Incluso los llamados efectoscolaterales de la guerra química, que con frecuencia signi-fican la fumigación de cultivos de subsistencia campesi-na, cumplen su papel secundario en la intención dedebilitar el abastecimiento de los frentes subversivos.

Si queda establecido que las fumigaciones formanparte de dos frentes de guerra, el de las drogas y la guerraantiterrorista, también puede decirse que en ambos vieneproduciendo resultados que contradicen los objetivos delEstado Mayor del Comando Sur y de sus aliados colom-bianos. El impacto de una reducción de las hectáreas sem-bradas con coca y amapola en Colombia se hará sentir enlas finanzas de las guerrillas y de los paramilitares cuandose baje de 30.000 hectáreas y se bloqueen las importacio-nes desde los países vecinos. Entonces la pasta básica y lascocaína cristalizada localmente subirán sensiblemente deprecios compensando los balances pero sin asfixiar la eco-nomía de guerra de la subversión.

Desde el punto de vista logístico, las FARC puedenllegar a bajos niveles de subsistencia con 15.000 efectivos,no más de us $45.000 mensuales de gasto de funciona-

miento y menos de US$5.000.000 en total al año (incluidauna mínima reposición), antes de entrar en la etapa de de-rrota estratégica6. Justificar las fumigaciones con la idea decortar la yugular de las finanzas a la guerrilla es una ficcióncopiada del profesor Collier del Banco Mundial que no tieneque ver con la flexibilidad de la financiación ilegal de laguerrilla y si mucho con la idea equivocada de que se hantransformado en delincuentes comunes y simples narco-terroristas. Con semejante desenfoque logran en cambiohacerle un favor a la guerrilla en tanto los campesinos fumi-gados y los que no lo son pero que no encuentran respuestasa sus demandas, miran con desconfianza al gobierno y letemen más a sus aviones y políticas de TLC y gran agro-industria exportadora que a la inhumana violencia guerri-llera. Además, esta guerra contraproducente le está regalandoa las FARC y al ELN un nuevo discurso nacionalista y“bolivariano” que es escuchado por sectores de la juventudurbana, sobre todo en las grandes ciudades y en círculos deese 70% de jóvenes desempleados que no encuentran futuro.

Al gobierno y a los que dirigen esta guerra desde Miamiy Washington, estos argumentos no los conmueven. Si seles dice que las fumigaciones con químicos no tienen losresultados esperados por ellos, responden que las van a inten-sificar y aumentan no solo la cantidad de hectáreas hasta elpunto de fumigar 500.000 entre el 2002 y el 2005, sinoque cambian la composición de la sustancia desfoliante demodo que la concentración llega a ser 500 veces superior ala indicada para usos agroquímicos y además se le agregancoadyuvantes para mejorar la puntería y la adherencia queson tanto o mas nocivos que el glifosato denso que estánarrojando contra todo lo que se mueve en las áreas de estaabsurda guerra. Y como quedan dudas sobre la relación entrela magnitud de la desfoliación y el volumen de cocaína dis-tribuida en las calles de las ciudades estadounidenses enton-ces vuelven a desempolvar al hongo fusarium oxysporum yalgunos congresistas de ese país proponen aprobar allá, esdecir donde toca, el recurso a la guerra biológica como expe-rimento acá y no en algunas de las 200.000 hectáreas demariguana que siembran los drogadictos gringos en susjardines y parques naturales.

El día, y ojala no llegue, que se apruebe combinar laguerra química y la guerra biológica como parte de la estrate-gia de seguridad antinarcoterrorista, el Presidente Uribe o elde turno tendrá otra pesadilla y alguna ocurrencia de ocasión.

Entre tanto quedan muchos esfuerzos por hacer paraque se escuchen las voces de campesinos, afrodesdendientese indígenas, como los del Macizo colombiano y de la cos-ta pacifica, que están reclamando políticas de emergenciay cese de fumigaciones o el apoyo a iniciativas como laecuatoriana que llama a la comunidad internacional sen-sible a los derechos humanos a ponerle límites a esta ca-rrera hacia el desastre.

6 International Crisis Group, calcula no mas de US$100 millones/año de ingresos a las FARC/EP.

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La Constitución de Colombia es la Cons-titución más verde del planeta. Sin em-bargo, ella está reducida a la soledad deun texto escrito carente de eficacia prác-tica. ¿Hasta cuándo y por qué?

El examen de la Carta pone de presente la riquezay amplitud de sus disposiciones. Sólo basta leer algunasde sus normas: “Es obligación del Estado y de las perso-nas proteger las riquezas culturales y naturales de lanación” (C.P., art. 8); “Todas las personas tienen derechoa gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la par-ticipación de la comunidad en las decisiones que pue-dan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidade integridad del ambiente, conservar las áreas de espe-cial importancia ecológica y fomentar la educación parael logro de estos fines” ( C.P.,art. 79); “El Estado plani-ficará el manejo de los recursos naturales, para garanti-zar su desarrollo sostenible, su conservación,restauración o sustitución. Además, deberá prevenir ycontrolar los factores de deterioro ambiental, imponerlas sanciones legales y exigir la reparación de los dañoscausados. Así mismo, cooperará con otras naciones enla protección de los ecosistemas situados en las zonasfronterizas” ( C.P., art. 80); “ Son deberes de la personay del ciudadano: 8. Proteger los recursos culturales ynaturales del país y velar por la conservación de unambiente sano” ( C.P. art., art. 95); “El Estado promo-verá la internacionalización de las relaciones políticas,económicas, sociales y ecológicas sobre las bases deequidad, reciprocidad y conveniencia nacional”(C.P.art., 226); “Habrá un plan nacional de desarrollo(…) En la parte general se señalarán los propósitos yobjetivos de largo plazo (…) y las estrategias y orienta-

La soledad de laConstituciónmás verdedel planeta

Eduardo Cifuentes Muñoz

Decano Facultad de DerechoUniversidad de los Andes


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ciones generales de la política económica, social y am-biental que serán adoptadas por el gobierno” (C.P.art.,339); “El Contralor General de la República tendrá lassiguientes atribuciones: (…) 7. Presentar al Congresode la República un informe anual sobre el estado de losrecursos naturales y del ambiente”.

Esta muestra de disposiciones, puramente ilustra-tiva, adquiere una densidad y profundidad de selva nor-mativa cuando a ella se adiciona lo que ordenan tratados,leyes, decretos, resoluciones y actos generales de distintasautoridades territoriales y descentralizadas.

Dos atributos de este imponente edificionormativo son su universalidad y su totalidad. El dere-cho a gozar de un ambiente sano es un derecho de “to-das las personas”. A su turno, el deber de preservar unambiente se impone a “todas las personas”. Las autori-dades de la república tienen el deber de proteger esederecho colectivo y asegurar el cumplimiento de loscorrelativos deberes del Estado y de los particulares. Elalcance de tales derechos y deberes – a la vez colectivosy universales -, cubre el conjunto de las interaccionesdel individuo y de la sociedad con la naturaleza, comoquiera que el principio de desarrollo sostenible se cons-tituye en el eje rector de las mismas.

La universalidad y la totalidad, dado su carácterjurídico y no meramente moral, se proyectan como“deber ser”, vale decir, se proponen moldear la realidadsocial. No se registra hiato alguno a este respecto. Enefecto, son abundantes los medios procesales en el planointernacional y en el interno, para hacer efectivas lasnormas protectoras de la naturaleza. Cabe, pues, agregar,un elemento calificador adicional a la normativa am-biental: ella es plenamente justiciable.

La normativa ambiental – dotada de universalidad,totalidad y justiciabilidad —, reclama sin embargo con-diciones y presupuestos que deben radicarse y fortale-cerse tanto en la sociedad como en los individuos.

La sociedad debe alentar un “conocimiento de loambiental”. La conservación de un ambiente sano, lapreservación y restauración de los recursos naturales, laarmoniosa coexistencia de grupos humanos y de susentornos naturales, no se adelantan inercialmente almargen de un saber específico. Por el contrario, se exigeaquilatar un conocimiento cada vez más profundo sobrelas afectaciones e impactos positivos y negativos y losmedios de mitigación correspondientes. La conexiónque se entabla entre conocimiento y efectividad del ré-gimen normativo ambiental, incorpora la actividadinvestigativa necesariamente como elemento esencial delos derechos y correlativos deberes a los que se ha hecho

mención. La relación con el ambiente, por mandatoconstitucional, no es libre ni espontánea, puesto queestá mediada por deberes y derechos, los que deman-dan como condición intrínseca de su núcleo esencialuna permanente y deliberada apertura al conocimientoambiental, a los riesgos y modos de vida social ajusta-dos a una conservación del ambiente sano.

La Conciencia ambiental es el otro punto de ancla-je del régimen ambiental. La norma jurídica la necesita,la supone y la auspicia. El desarrollo de la personalidadhumana se reputa incompleto si se atiene a una sociali-zación recortada donde sólo caben los seres humanosocupando los espacios del ego y del alter. Ego, alter ynaturaleza como sujetos todos deben integrar el uni-verso del comportamiento ético del sujeto. Para que elrégimen normativo adquiera profundidad y eficaciadeberá penetrar en la conciencia y en la sensibilidad delos titulares de derechos y deberes ambientales, es decir,de todas las personas y autoridades. La prudencia am-biental, la salvaguarda reactiva y preventiva de los recur-sos y bienes de la naturaleza, se apoya en el conocimientoy en la cultivada sensibilidad de las personas.

Llama la atención que la Constitución más verdedel planeta, acompañada de sus desarrollos normati-vos, haya sucumbido a la política gubernamental de erra-dicación de cultivos ilícitos con glifosato. Pese a susdisposiciones, bosques, aguas, fauna y recursos naturales,se extinguen aceleradamente. Las autoridades han inten-sificado la fumigación, afectando más hectáreas. Su pro-puesta es la de superar con creces – mediante la aspersión— la tasa de crecimiento de las áreas que las organiza-ciones criminales del narcotráfico ocupan con dichoscultivos. Al inmenso daño ecológico causado por elnarcotráfico, se agrega ahora el que produce el gobiernocomo consecuencia de su acción persecutoria contra lasorganizaciones criminales que integran sus eslabonesen la fase de cultivo y procesamiento. Estas organiza-ciones, como respuesta, mejoran las técnicas de pro-ducción y, de otra parte, talan proporcionalmente mászonas boscosas y contaminan más fuentes de agua.

Quien defiende la ley, al final, se identifica con quienataca la ley. Ambos, gobierno y organizaciones que selucran del narcotráfico, destruyen la naturaleza, y lo ha-cen en grado superlativo. Ese forzado contubernio con-tra la naturaleza, parece inscribirse en la lógica de la guerra.El vencedor será aquél cuya acción destructora haya su-perado la del adversario hasta el punto de que éste últi-mo quede de hecho desposeído de toda capacidad paraseguir por su parte destruyendo la naturaleza. La partidase juega sobre las selvas, los parques nacionales, los

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ecosistemas frágiles, las cuencas fluviales y demás santua-rios de la presente y de las futuras generaciones.

En el campo de batalla, como suele ocurrir, los nocombatientes llevan la peor parte. En este caso, la po-blación civil está compuesta por los campesinos pobres– que algo tienen que ver con la reforma agraria quenunca se hizo -, que por sus condiciones de marginalidadhan sido sistemáticamente utilizados y manipulados porla guerrilla y los paramilitares. Las necesidades básicasinsatisfechas de los campesinos y la indefensión de lascomunidades indígenas, han sido explotadas por pro-ductores y procesadores de las sustancias ilícitas. En lu-gar de liberar a esta población de la opresión denarcotraficantes, guerrilleros y paramilitares, el gobier-no no cesa en estigmatizarla y su estatus ciudadano pa-reciera no contar nada. Como simple adherencia a loscultivos ilícitos, así son considerados, campesinos y co-munidades indígenas, no escapan a los bombardeosquímicos del gobierno. En ese momento los persegui-dos, que necesitan un ejército de depredadores, extien-den la mano a los pobres campesinos, que seguirán conellos en la faena destructora de arrasar más bosques. Elgobierno no es capaz de comprender que de este modoterminará por agotar su legitimidad, factor aparente-mente abstracto pero en la realidad muy concreto conel que se ganan o pierden las guerras.

La guerra no puede librarse contra la naturaleza yla gente pobre. No son ellos los enemigos del Estado yla sociedad. Aquí hay un error. La persecución del deli-

to es imperiosa y el gobierno debe diseñar y ejecutarpolíticas para combatirlo. No obstante, las políticas quedecida adoptar no pueden ser aquellas que destruyen lanaturaleza y desconocen los derechos humanos de lagente pobre y de los indígenas. Es una falacia y, en cier-to sentido, un crimen de guerra, sostener que la únicamanera para combatir el narcotráfico y doblegar a laguerrilla y a los paramilitares sea destruyendo a la natu-raleza y atacando a la gente pobre.

Las fumigaciones no han logrado reducir ni la de-manda ni la oferta de drogas. La erradicación químicasólo afecta el eslabón de la siembra y la producción deestupefacientes, el cual apenas representa una pequeñafracción de su precio al por mayor o al detal. Además,de que el efecto es mínimo y fácilmente compensable,las fumigaciones no han tenido ningún impacto finalen términos de aumento del precio, deterioro de la ca-lidad de las drogas o reducción del volumen de la oferta.Por el contrario, en las calles de los Estados Unidos, losconsumidores finales tienen fácil acceso a un volumeninalterado de cocaína y heroína, de buena calidad, y aprecios que desde hace más de 15 años se han reducidode manera sostenida. El supuesto de la política dereducción de la oferta por medio de fumigaciones decultivos ilícitos con glifosato – ideada por las autorida-des norteamericanas e impuestas al gobierno colom-biano -, no se ha cumplido.

Por su parte, pese a la energía y máxima utiliza-ción de recursos empleados por el gobierno nacional,

Es una falacia y, en cierto sentido, un crimen de guerra, sostener que laúnica manera para combatir el narcotráfico y doblegar a la guerrilla y a losparamilitares sea destruyendo a la naturaleza y atacando a la gente pobre.


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los últimos datos disponibles indican que la extensiónde los cultivos ilícitos se mantiene constante. Sin dudaalguna, las organizaciones del narcotráfico, en esta fasedel producto, han mejorado sustancialmente la produc-tividad de las siembras, pero al mismo tiempo han pro-seguido de manera inmisericorde destruyendo y talandobosques con el mismo tesón que ha caracterizado a laacción del gobierno. En suma, las fumigaciones enColombia no han logrado reducir el volumen y la cali-dad de la oferta exportable y exportada de drogas.

La política del gobierno ha perdido toda base ra-cional, si es que alguna vez la tuvo. Los supuestos delmodelo que subyace a la política, han fracasado tantoen el mercado de los Estados Unidos como en Colom-bia. El efecto macroeconómico que se pretendía alcan-zar no se ha conseguido, ni se obtendrá. No se trata decuestionar la acción de persecución del delito. Se im-pone, sin embargo, establecer otras políticas que seanidóneas y dobleguen a la delincuencia, pero sin que elloimplique la destrucción de la naturaleza y el sacrificiode la gente pobre.

El gobierno colombiano se sometió a las políticasnorteamericanas y se mantiene sujeto a ellas. La Cons-titución verde no ha sido tomada en serio. Ningún go-bernante colombiano ha tenido el valor de decirle algobierno de los Estados Unidos que la fumigación decultivos ilícitos violaba la Constitución y ponía en riesgola salud de su población. Más aún, ningún gobernantecolombiano ha señalado que antes de fumigar era ne-cesario adelantar un estudio científico independientey objetivo sobre los efectos de la fumigación en el am-biente y en la salud de las personas. No puede negarsela necesidad de que la cooperación entre los dos esta-dos pueda darse en un plano de racionalidad, concien-cia de los intereses comunes y respeto por los derechoshumanos y la naturaleza. Nuestra Constitución verdeexpresa un consenso ético de la sociedad mundial glo-bal, que también en diversos sectores de la sociedadcivil norteamericana encuentra sólido apoyo. La po-breza de Colombia y su debilidad en muchos campos,no excusa que los presidentes como directores de lapolítica internacional abdiquen de la Constitución anteterceros países. Por el contrario, una forma de adqui-rir peso en la sociedad global es liderando el procesode conformación de la ética que debe presidir los in-tercambios inherentes a la misma. Justamente, en ma-teria ambiental, asunto trascendental para el presentey el futuro del mundo, la posición de vanguardia ladebe asumir Colombia, país que tiene la Constituciónmás verde del planeta y que goza de una situación am-biental privilegiada.

No cabe duda de que la conciencia ambiental enColombia es mayor que en el pasado. Muchas organi-zaciones civiles han asumido resueltamente la defensadel ambiente sano y han hecho uso de los medios pro-cesales que brinda el ordenamiento jurídico. La éticaambiental ha encontrado en muchos funcionarios, par-ticularmente de las agencias de control y en algunosniveles de la administración, celosos guardianes del pa-trimonio natural. Sin embargo, el conocimiento de loambiental y el manejo de los riesgos y su mitigación,exigen esfuerzos ingentes en punto a la investigación,que sin adecuados recursos y falta de voluntad políticason de imposible consecución.

En la cúspide del Estado la voluntad de respetar laConstitución verde ha estado ausente. A este respecto,nulas han sido su conciencia ambiental y su afán poraumentar el conocimiento de lo ambiental para apoyaren él toda política pública que lo pueda afectar.

Por lo anterior, sobre la base de los informes de losorganismos de control, a lo que se agrega la evidencia delfracaso, excesivo costo y desproporcionados efectos de lapolítica de fumigaciones en relación con los derechos alambiente sano y a la salud, sólo cabe esperar que la justicia,en particular, la Constitucional y Contencioso Adminis-trativa, decidan en ejercicio de sus competencias ponerla casa en orden, esto es, ordenar que las políticas públicas,incluidas las encaminadas a la persecución del delito, sesometan a los dictados de la Constitución verde.

…, que el pueblo colombianorecupere la autonomía perdida y

mediante referendo constitucionalproscriba de una vez y para

siempre la fumigación de losbosques de Colombia.

Finalmente, en aras de profundizar la concienciaambiental de todos los colombianos y colombianas, se-ría oportuno y conveniente con el fin de romper el pac-to de sumisión del alto gobierno con el gobierno de losEstados Unidos que ha significado la derogación dehecho de la Carta fundamental, que el pueblo colom-biano recupere la autonomía perdida y mediantereferendo constitucional proscriba de una vez y parasiempre la fumigación de los bosques de Colombia. Deeste modo le pondríamos término a la soledad de laConstitución más verde del planeta.

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1. En el desarrollo del ejercicio de evaluación, no sehicieron estudios de riesgo por exposición directade los cultivadores y personas susceptibles de ser afec-tadas por las fumigaciones aéreas.Para tratar este punto, según el informe: “se estima-ron las exposiciones de personas al glifosato de estu-dios extensos y bien documentados en otrosterritorios y se cree que son precisos con respecto alos circunstantes que recibieron directamente laaspersión. Se consideró que las aspersiones eran pe-queñas y que en todos los casos estuvieron considera-blemente por debajo del umbral de importancia”1.a. El documento no reseña las fuentes de esos “estu-

dios extensos y bien documentados en otrosterritorios” lo cual, a la luz de la deficiencia quetiene el ejercicio frente a los riesgos para las per-sonas expuestas, se constituye un error de fondo,ya que dicha referencia se convierte en los susti-tutos del vacío de experimentación en campodejado por los autores del informe.

b. Surge una pregunta de la inferencia que saca elequipo de la CICAD ¿Bajo qué parámetros se con-sideraron las aspersiones pequeñas? Si así lo fue-ron, entonces ¿porqué se toman como referencia

Ricardo Vargas Meza

Director de la corporación Acción Andina ColombiaInvestigador Asociado Instituto Transnacional -TNI

Algunos comentariospuntuales al estudiode la OEA- CICAD,sobre los impactos

del glifosatoutilizado en elprograma deerradicaciónde cultivos ilícitosen Colombia

1 Véase “Estudio de los efectos del programa de Erradicaciónde Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con el herbicidaglifosato –PECIG- y de los cultivos ilícitos en la salud humanay el medio ambiente.” Informe preparado para la ComisiónInteramericana para el Control del Abuso de Drogas –CICAD-,División de la Organización de Estados Americanos –OEA-,marzo 31 de 2005, página 109.


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justo esas aspersiones para inferir los riesgos delas personas expuestas?

La conclusión en este punto es que el informeadolece de grandes vacíos en esta materia y que el in-tento por llenarlo, descubre serias deficiencias en el tra-tamiento y análisis de la documentación que se tomacomo referencia, tal como se puede apreciar en esa cita. 2. No se reconoce que haya habido una investigación

de campo en Colombia, esto es, en un escenariopropio del trópico, acerca del comportamiento dela mezcla usada en la fumigación sino que se alude aexperimentaciones adelantadas en escenarios distin-tos y no se es claro exactamente si dichasexperimentaciones fueron con la mezcla como tal ocon los ingredientes y surfactantes por separado.

3. Los datos sobre químicos utilizados en la produc-ción y procesamiento de la coca y la amapola son dela Dirección Nacional de Estupefacientes -DNE lacual no ha mostrado hasta ahora, ningún estudioserio de impactos en ese sentido, más allá de un lis-tado de los que se cree, son manipulados en esastareas. Tampoco se conocen actualizaciones sobreun manejo tan dinámico como es el uso de químicos.En otras palabras, se alude a una fuente de muchasgeneralidades y muy poca credibilidad.

4. Se hacen afirmaciones sin sustento como esa de que“la experiencia con el sistema de rociado del utilizadoen Colombia, sugiere (sic) que la deriva de la asper-sión es mínima” y se da como referencia un docu-mento de 1990 cuando las condiciones para lafumigación, tamaño de la gota, altura, concentracióndel glifosato, etc. eran otras muy distintas a las ac-tuales. Además no se precisa cómo se seleccionó lamuestra de los supuestos 22 campos utilizados paramedir errores en la fumigación (en el 2002). El hechode que no se hayan tenido en cuenta las quejas de lapoblación afectada que, en términos generales hablancasi siempre de errores por la aplicación del herbicidaen extensas áreas de pastos y otros cultivos lícitos,deja mucho que desear como argumento sólido para“demostrar” que no ha habido mayores errores y quea partir de allí se infiere que siempre será así 2.

5. El tema de los riesgos por exposición al glifosato, sehace con base en fuentes secundarias bajo condicio-nes de ensayo que muy seguramente son distintas a

las características en cuanto al estado físico de niñosy personas que son colonos, con una situación dealimentación no balanceada y expuestos a enferme-dades propias del trópico (paludismo, diarreas, fie-bres, etc.) escenario en el cual debería establecerse laespecificidad de los impactos en salud por exposi-ción al uso indiscriminado de la mezcla. El estudiono ahonda el análisis bajo estas condiciones y se re-fiere a un tipo ideal de persona que se sustrae total-mente de estas características.

6. En relación con los impactos por la aspersión sobreaguas superficiales que se utilizan para el consumo,se hace una afirmación concluyente: “Las exposicio-nes por el consumo de aguas superficiales no tratadasse consideraron bajas y poco frecuentes, en áreas endonde se realiza la aspersión para la erradicación”3.Sin embargo, a la luz del deficiente muestreo conque se desarrolló el análisis de aguas superficiales,esto es, en zonas periféricas a los escenarios dondese adelantan las fumigaciones, resulta sorprendenteque se llegue a tal dimensión de conclusiones.

El mismo informe reconoce esas deficiencias cuan-do anota que: “La carencia de información sobre la ca-racterización de la exposición radica en la falta demediciones precisas de la proximidad de los camposasperjados a las aguas superficiales y de la proporciónde áreas tratadas que se encuentran en estrecha vecin-dad con esta agua superficiales. El muestreo de las aguassuperficiales solamente se llevó a cabo durante un pe-ríodo de 24 semanas y únicamente en 5 localidades. Setomaron muestras en esta forma. Aunque dos de estasestaban programadas para ser asperjadas, solo un sitiofue tratado durante el período de muestreo. Por razo-nes de logística. no fue tampoco posible obtener mues-tras de sitios cercanos a los de la aplicación. Si sehubieran obtenido muestras de un mayor número desitios más cercanos a los cultivos asperjados y duranteun período más prolongado, se hubieran podido detec-tar residuos con mayor frecuencia”.4

El estudio no muestra la correlación entre la ocu-pación de territorios por parte de la población cultiva-dora de coca, el tamaño de esta, el uso de aguassuperficiales para el consumo, la relación entre zonascultivadoras y presencia de esas aguas (todo lo cual re-quiere de una cartografía que demuestre esas relacio-

2 Informe OEA – CICAD, página 38.3 Ibídem, página 50.4 Ibídem página 108.

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LA OTRA GUERRA

nes, cosa que el estudio no presenta), para luego si de-sarrollar ensayos con base en muestreos de tales aguas yllegar a conclusiones realmente basadas en experimen-tos en campo.

Si bien la referencia que se toma como fuente paraestablecer los impactos por consumo de aguas no trata-das por la aspersión es Norteamérica, los autores creye-ron poner a tono su análisis con las características deColombia, sólo tomando como referencia el incremen-to de la dosis usada en este país. Nuevamente seextrapolan características propias del hábitat norteame-ricano, esto es, sin reconocer las condiciones ambienta-les ni estado de salud de la población cultivadora, entreotras, y estas circunstancias se “superan” en relaciónexclusiva con el tipo de dosis utilizada.

Adicionalmente, en este punto no se tienen en cuen-ta los niveles de concentración del glifosato utilizado enla mezcla para cultivos ilícitos, lo cual deja por fuera cual-quier inferencia obtenida con base en el uso de la formu-lación usada en Estados Unidos o para usos agrícolas.7. El estudio se inscribe en un contexto muy politizado

y bajo la presión de tener que mostrar la inocuidadde la mezcla usada en Colombia, en la aspersión aéreade los cultivos ilícitos. Este tema buscó resolversebajo una obsoleta premisa de “cientificidad” que sereduce a separar los problemas de orden social, eco-nómicos y políticos que están presentes allí, comono calificados (en sí mismos) para ser tratados cien-tíficamente. Esta premisa descalifica la seriedad delmismo informe. Así mismo al crearse este referentede cientificidad y poner todo el empeño en lademostración medible del fenómeno, se dejan porfuera aspectos íntimamente relacionados con estapolítica, como el grave problema del traslado de loscultivos que estimula la misma fumigación gene-rando la consiguiente deforestación y quema desuelos frágiles, con lo cual se incrementan los dañosambientales. En otras palabras, la “ciencia” se robael escenario de definición de objetividad y se insti-tuye – en sí misma – como el gran tribunal que va adecidir quién tiene la razón frente a este debate. Sinembargo, en la práctica los evaluadores se instauracomo juez y parte ya que la evaluación no constituyede ninguna manera, un ejercicio independiente sino,como se desprende a lo largo de su lectura, en una

verdadera búsqueda anticipada por mostrar lainocuidad del Round Up usado para las fumigacionesde cultivos ilícitos.

8. Finalmente pretender que el programa de fumiga-ción se reduce a la acción de esparcir el glifosato esun error craso. Fumigación en Colombia implicatambién, presencia de 5 helicópteros artillados enplan de combate, que se podrían explicar por lapresencia de grupos armados en los campos de pro-ducción ilegal, pero que no justifican el ambientede guerra que se desarrolla también contra los culti-vadores. Fumigación en Colombia implica suinscripción en la lucha antiterrorista y este elementole introduce un contexto político muy particular quegolpea a la población civil y desacredita alternativaspacíficas como la erradicación manual, técnica queresulta tácitamente descalificada en el informe,cuando sus conclusiones no tienen en cuenta estamodalidad de erradicación, la cual es desconocidahoy en Colombia. Como es sabido, esta genera losmenores impactos ambientales y en la salud de loscultivadores y en general de las personas expuestas.Es pues un informe tan “científico” - esto es, hechoen nombre de una pretendida “neutralidad” - queresulta siendo profundamente político, en la medidaen que hay en la práctica, una toma de posición porla guerra química ya que desconoció completamente,entre otras, su contrastación en términos de impactosfrente a otras técnicas como la erradicación manual.

Fumigación en Colombiaimplica su inscripción en lalucha antiterrorista y esteelemento le introduce un

contexto político muyparticular que golpea a la

población civil …


LA OTRA GUERRA

En el pasado mes de junio, la Oficinacontra la Droga y el Delito de Nacio-nes Unidas – UNODC – por sus siglasen inglés- presentó el tan anunciado yesperado censo sobre los cultivos de uso

ilícito en el país1. Distintas voces gubernamentaleshabían advertido que este documento desvirtuaría losreportes de la CIA y de la Oficina de Política Nacionalde Control de Drogas de Estados Unidos -ONDCP2,en los que se planteaba que pese al recrudecimiento delas fumigaciones aéreas en el año 2004 existían 114.000hectáreas de coca en Colombia.

No obstante a que en el informe de la UNODC3

se calcula que en el país existen 80 mil has sembradasfrente a las 86 mil registradas en el año anterior, en elmismo se plantean múltiples inquietudes con respectoa la estrategia del Gobierno colombiano para combatirlas drogas ilícitas.

Cuestionamientosde Naciones Unidasa la estrategiade privilegiar lasfumigacionesaéreas en lalucha contralas drogas

Yamile Salinas Abdala

Asesora INDEPAZ

1 UNODC. “Colombia Censo de Cultivos de Coca, junio de 2005.2 El principal objetivo de la ONDCP es establecer políticas,

prioridades y objetivos del programa nacional para el controlde las drogas cuyas metas son reducir el uso de drogas ilegales,la fabricación y el tráfico de las mismas, el crimen y la violenciarelacionada con las drogas, y las consecuencias que resultandel consumo de drogas en la salud de la población.

3 Realizado en el marco del Programa de Monitoreo de CultivosIlícitos – PMCI, que se adelanta conjuntamente entre UNODC yel Gobierno Colombiano, desde 1999. Su dirección está encabeza del Ministerio del Interior y de Justicia. En el año 2003se modificó el convenio suscrito entre el Gobierno y esa agenciapara incluir nuevas variables (Cultivos en territorios indígenas,parques nacionales y zonas de relevancia ambiental yecológica, entre otras), así como para incorporar nuevastecnologías y herramientas para la elaboración de los censos.

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LA OTRA GUERRA

I. La disminución de las hectáreas sembradasde cultivos de uso ilícito no tiene como únicacausa el incremento de las fumigaciones.El estudio menciona como posibles causas de la

disminución de los cultivos, la combinación entre lasestrategias de fumigaciones con químicos y la puesta enmarcha de programas de desarrollo alternativo y, concre-tamente, del programa de Guardabosques, como sedescribe en la tabla a continuación5. Es decir la inter-relación entre la línea dura y la línea blanda, o lo quedenominó la Defensoría la complementariedad nece-saria entre las políticas públicas que deben regir las actua-ciones de un Estado Social de Derecho.

Sobre el particular, UNODC reseña:1. Aumento de las actividades de aspersión aérea con

químicos. Durante el año 2004, se fumigaron más136 mil has, cifra record en el histórico nacional6.

Los departamentos en donde se presenta el mayornúmero de hectáreas asperjadas y en los que coincidenalgunas de las situaciones calificadas por Codhes comocausantes del desplazamiento (Plan Patriota yfumigaciones)8, son los siguientes:

Frente a las nuevas cifras de la citada UNODC,las cuales, nuevamente difieren de las del Departamen-to de Estado norteamericano, como se registra en elcuadro a continuación, es conveniente reseñar algunosaspectos del informe, poco mencionados y, por ende,no han suscitado el debate que debería darse sobre ellos.

Cultivos de coca1999 - 2004

Año INCSR4 SIMCI -UNODC

1999 122.500 160.000

2000 136.200 163.000

2001 169.800 145.000

2002 144.450 102.000

2003 113.850 86.000

2004 114.000 80.000

4 Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (International Narcotics Control Strategy Repor t, INCSR, enwww.state.gov/g/inl/rls/nrcptt.

5 Las tablas Nos 2, 4, 16, 18 y 33 que se incluyen en el presente escrito son tomadas del informe de UNODC en comento.6 Entre el año 2001 a 2004 se han fumigado casi 500 mil hectáreas en el país, así: 2001: 94.152 has; 2002: 130.363; 2003: 132.817.

Datos del Informe del Observatorio de Drogas de Colombia – Acciones y Resultados 2003" www.dne.goc.co7 Ministerio del Interior y de Justicia – Dirección Nacional de Estupefacientes. “Observatorio de Drogas de Colombia – Acciones y

Resultados 2003".8 Codhes “Boletín e la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, No. 58", Bogotá, mayo 1 de 2005 en

[email protected].

En el transcurso de los últimos cuatro años – 2001 a2004, se han asperjado con químicos arrojados desdeavionetas en diferentes lugares del país casi 500 milhectáreas, siendo los departamentos más afectadoslos de Putumayo, Nariño, Guaviare y Caquetá, tal ycomo se muestra en los cuadros a continuación, conbase en las cifras de UNODC y el Observatorio deDrogas del Ministerio del Interior y de Justicia7.

Hectáreas fumigadas2001 - 2004

Año Has

2001 94.152

2002 130.364

2003 132.817

2004 136.551

Total 493.884

Departamentos y hectáreas fumigadas2001 - 2003

Año Putumayo Nariño Guaviare Caquetá

2001 32.506 8.216 7.477 17.252

2002 71.891 17.962 7.207 18.567

2003 8.342 36.910 37.493 1.509

2004 17.524 31.307 30.892 16.276

Total 130.263 94.395 83.069 53.604


LA OTRA GUERRA

9 La Contraloría cuestiona dichos programas, en aspectos como los permanentes cambios en su funcionamiento, la falta deacompañamiento social y técnico y los efectos perversos del programa de guardabosques que promueven la siembra de los cultivos deuso ilícito en la medida de que se trata de un requisito para acceder a sus beneficios. Otras situaciones anómalas sobre el programa deguardabosques se han denunciado a través de los medios de comunicación, una de ellas la referida al concejal del Magdalena promotorde dichas iniciativas y ahora vinculado presuntamente a los grupos de autodefensas. Ver: Contraloría General de la República: “PlanColombia – Quinto informe de evaluación”, diciembre de 2004.

10 Sobre el particular, la referida oficina ejecuta en el marco del Plan Colombia, el proyecto “Monitoreo de los Programas Nacionales de DesarrolloAlternativo en Colombia: Familias Guardabosques”. A través del proyecto se busca la erradicación voluntaria de cultivos de uso ilícito y larecuperación de áreas ecológica y socialmente vulnerables. A cada familia participante se le cancela mensualmente, por un término de 2 años,una suma equivalente a (US$ 170). Actualmente se ejecutan aproximadamente 36 proyectos en diferentes regiones del país.

11 En el año 2000, los cultivos de coca en Putumayo representaban el 41% del total nacional en el 2000. Según el informe en comento,para el 2004 correspondían al el 5% del total nacional, con lo que se situaba en el sexto lugar después de Meta (18,740), Nariño(14,154), Guaviare (9,769), Caquetá (6,500), Antioquia (5,168) y Vichada (4.692).

2. Avances y recursos dirigidos a los programas dedesarrollo alternativo y al programa de guardabosques9.Se señala que los recursos destinados a estos fines pasaronde $3 millones en el año 2000 a 78 millones en el 2004.Al respecto, la UNODC, llama la atención en la nece-sidad de dar un compás de espera a los resultados de losproyecto de sustitución de cultivos de uso ilícito, en lamedida en que los mismos requieren mayor tiempo parademostrar sus resultados y ventajas10.

Como una demostración de los resultados de com-binar las dos estrategias: Fumigaciones y proyectos dedesarrollo alternativo, en el informe se destacan las si-

tuaciones de los departamentos de Putumayo11,Caquetá, Norte de Santander y Bolívar. De igual ma-nera, se hace referencia a los departamentos Nariño,Cauca, Guaviare, Guainía, Vaupés y Vichada en loscuales las inversiones en desarrollo alternativo son muybajas, y en los que pese al incremento de las fumigacionesno se observa disminución en los cultivos.

En Caquetá y Putumayo, entre 2000 y 2004, sepresentó una reducción de aproximadamente 82.000has, como efecto de la aplicación simultánea de las es-trategias citadas. Entre el año 2000 y el 2004, las hectá-reas cultivadas de coca en Putumayo pasaron de 66.000

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LA OTRA GUERRA

a 4.400. Por su parte, las hectáreas fumigadas crecieronde 574 en 1997 a 71.900 en 2002. Paralelamente, y endesarrollo del Plan Colombia, se aplicaron en ese de-partamento diferentes estrategias de sustitución de cul-tivos ilícitos, convirtiéndolo en el receptor del mayorvolumen de recursos nacionales e internacionales diri-gidos al desarrollo alternativo. Es de anotar que no seha efectuado un balance de los programas de sustitu-ción de cultivos y desarrollo alternativo en esa regióndel país pese a los ingentes recursos internacionales ynacionales invertidos en los mismos.

En el departamento de Norte de Santander, ade-más de las aspersiones – 10 mil has entre 2000 y 2003– se pusieron en marcha “grandes proyectos de desarro-llo alternativo”, por un monto de US$ 85 millones, apartir de 2004, lo que se afirma contribuyó a la reduc-ción del área sembrada en una tercera parte.

Por su parte, en Bolívar, los sembrados, 3.400 hasse ubican principalmente en la región denominada elSur de Bolívar. A juicio de la referida oficina, la causade la poca extensión se origina en que esta zona ha sidoobjeto de acciones articuladas de las referidas estrategias.En esta revista se incluye una presentación del balanceefectuado por el Programa de Naciones Unidas – PNUDcon la colaboración de la Agencia Sueca en esa región.

En el departamento del Cauca que, según laUNODC presenta características similares a Nariño –”extensa costa marítima, altas sierras y economía rural”-,los cultivos de la citada planta se redujeron entre 2000y 2004 de 6.300 a 1.300 has, no obstante que solamentese fumigaron 3 mil has. Menciona la Oficina de NacionesUnidas que en dicho ente territorial se adelantan progra-mas de sustitución desde 1985. Extraña que esa oficinano destaque como una posible causa de la disminuciónde los sembrados, la fuerte organización indígena queentre sus múltiples acciones se ha manifestado contralos actores del conflicto armado interno, el Tratado deLibre Comercio y el establecimiento de cultivos de usoilícito en sus territorios.

Como ejemplos para desvirtuar que la sola fumi-gación es la forma más eficiente de combatir los cultivosse presenta la situación en los departamentos de Nariño,Cauca, Guaviare, Guainía, Vaupés y Vichada.

En Nariño se incrementaron los sembrados de4.000 has en 1999 a 17.600 en 2004, con lo cual ocupó

el segundo renglón en la lista y representó el 18% deltotal sembrado. En este departamento se recrudeció laaplicación del programa de erradicación forzosa – enlos inicios de 2004 se fumigaron 31 mil has –, pero nose avanzó proporcionalmente en la puesta en marchade programas de desarrollo alternativo. La inversiónrealizada en esa zona del país sólo corresponde al 4%del presupuesto total 1999-2004. Adicionalmente, enese departamento, se hace evidente la constante movi-lidad en la siembra de coca, al señalar “El cultivo decoca en Nariño cobró importancia en 2002, cuando loscultivos de coca disminuyeron en los departamentosvecinos de Putumayo y Caquetá12.

Con relación a los departamentos de Guaviare,Guainía, Vaupés y Vichada, se indica que las inversionesdirigidas al desarrollo no alcanzaron el 1% del total delpresupuesto 1999-2007. Pese a que la aplicación del pro-grama de fumigaciones se fortaleció (“28% en el 2003 yun 24% en el 2004 del total de la aspersión aérea anual”),las hectáreas con coca alcanzaron la cifra de 16.300 hasen 2004, es decir el 20% del total nacional.

Con base en los anteriores análisis, así como en laaceptación de que existe una relación entre la situaciónde pobreza y el establecimiento de cultivos de coca, decuyo comercio depende el mejoramiento de los mediosbásicos de supervivencia de los campesinos que la siem-bran, la referida Oficina concluye: “La sostenibilidad delos esfuerzos para la erradicación de cultivos ilícitos de-pende en gran medida de alternativas reales que se ofrez-can a los campesinos para evitar el desplazamiento de loscultivos a nuevas áreas más alejadas (efecto balón)…”.

“La sostenibilidad de los esfuerzospara la erradicación de cultivosilícitos depende en gran medida

de alternativas reales que seofrezcan a los campesinos paraevitar el desplazamiento de los

cultivos a nuevas áreas másalejadas (efecto balón)…”.

12 El caso de Nariño ha sido explicado por varios analistas como un efecto de la movilidad de los cultivos. En la medida en que seincrementaron las aspersiones con químicos y se adelantaron los pactos de erradicación voluntaria del gobierno de Pastrana, loscultivos se trasladaron a ese departamento, en especial a la zona de Ricaurte que se denominó “Putumayito”.


LA OTRA GUERRA

II. La existencia del denominado efecto“balón”.Según los resultados del censo se advierte “sobre

el aumento significativo del cultivo de coca en nuevasáreas y en áreas previamente cultivadas. En el nivel na-cional, la comparación de la ubicación de los lotes decoca en 2003 y 2004 reveló que cerca del 60% de loslotes son nuevos, lo cual indica una importante movili-dad de este cultivo en Colombia”. Es decir, se reitera laexistencia del efecto globo consistente en el traslado delos cultivos a otros lugares dentro y fuera del país, tal ycomo se refleja en el siguiente aparte del documento.“Sin embargo la tendencia nacional mostró importan-tes variaciones en el nivel departamental. Mientras queentre el 2003 y 2004 las reducciones más importantesse presentaron en Guaviare (-6.400 ha), Nariño (-3.500ha) y Putumayo (-3.200 ha), los cultivos de coca seincrementaron en otros departamentos, particularmenteen Meta (+5.900 ha) y Arauca (+1.000 ha). En el 2004el departamento con la mayor área cultivada con cocafue el Meta con (18.700 ha), seguido por Nariño(14,200 ha), Guaviare (9,800 ha) y Caquetá (6,500 ha)”.Al final se registran los cultivos de coca por departa-mento, según la tabla 4 del informe de UNODC.

III.La existencia de una estrecha relación entreel problema de las drogas y la situación deviolencia en Colombia y su incidencia en laviolación a los derechos humanos y al derechointernacional humanitario.Según las evaluaciones realizadas por esta Oficina

se evidenció una mayor participación de los gruposarmados al margen de la ley en las zonas del país endonde se localizan los cultivos de uso ilícito. Según elinforme, “en los municipios en donde los cultivos decoca fueron identificados, había en promedio aproxi-mado de 100 personas alistadas en grupos armados ile-gales, mientras que en los municipios con ausencia decultivos de coca, había un promedio de 40 personasalistadas en tales grupos”.

Agrega la referida Oficina: “Esta diferencia fueestadísticamente significativa, y apoyó los informes quemencionaban la implicación de grupos armados ilegalescon el narcotráfico. Aunque estuvieran implicados ó no

directamente en los cultivos de coca por sí mismos, losgrupos armados ilegales controlan el negocio y los preciosde la base de coca ofrecidos por los campesinos. Estosgrupos podrían entonces obtener beneficios considerablesdel proceso y venta del clorhidrato de cocaína” 13.

Adicionalmente, UNODC reseña que el mayor volu-men de personas en situación de desplazamiento provieneprecisamente de esas regiones. Se advierte que UNODCno hace referencia a los desplazamientos ocasionados porlas aspersiones aéreas, pese a las denuncias e informes queexisten sobre el particular. La relación entre las fumigacionesy las migraciones fueron previstas en el Plan Colombia,para lo cual se otorgaron recursos a través de la RSS.

IV. Las limitaciones al monitoreoy censo de los cultivosSin desconocer los avances del monitoreo de los

cultivos de uso ilícito en el país, desde el año 2003, aúnsubsisten varias limitaciones y dificultades, las cualeshan sido señaladas por diferentes entidades y organis-mos de control14. A continuación se hace referencia avarias de ellas que se mencionan en el informe en cita:

a. El reconocimiento de que en los anteriores censosexistían áreas no identificadas como zonas de cul-tivos de coca, razón por la cual se avanza en eldesarrollo de un “sistema de alerta temprana paradetectar y prevenir la expansión de los cultivos decoca hacia nuevas áreas”.

b. La aceptación de que persisten las restricciones detiempo y recursos para efectuar la verificación enterreno de parcelas pequeñas y aisladas de cultivo decoca, especialmente de las localizadas por fuera de“las áreas agrícolas establecidas en los departamentossituados en las cuencas de los ríos Orinoco y Ama-zonas”. Como consecuencia de ello, “… el estimadode cultivo de coca en estas áreas se presenta comoindicativo y no se incluye en el resultado final”.

c. El reconocimiento de que aún no se han identifi-cado con precisión los límites de los ParquesNacionales Naturales - PNN, ello pese a los es-fuerzos realizados durante el año anterior, con-juntamente con el Ministerio de Ambiente, “porlo tanto los cultivos de coca estimados en cada

13 Similares afirmaciones se hacen en el Informe del Observatorio de Drogas de Colombia – Acciones y Resultados 2003" www.dne.goc.co14 Pese a que no se indica, en el documento, una de las principales limitaciones continua siendo la carencia de una entidad competente,

idónea, independiente, autónoma y calificada que ejerza la auditoria ambiental de la aplicación del Programa de Erradicación Aérea deCultivos Ilícitos con Glifosato - PECIG, tema que ha sido denunciado permanentemente por la Contraloría y la Defensoría del Pueblo.

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LA OTRA GUERRA

uno de ellos depende de la exactitud de su deli-mitación”. Lo expuesto hace suponer que el datode las 5.400 has de cultivos de coca es todavíauna aproximación. En la tabla a continuación seindican las áreas sembradas de coca en 13 de los50 Parques (7% del total).

d.La comprobación de la incidencia de las condi-ciones climatológicas en las imagines satelitalesque sustentan el censo. Al respecto se indica en elinforme que el incremento del 30% de cultivosde coca en los PNN corresponde a los ajustes rea-lizados en el Parque Nacional de la Sierra de laMacarena, ubicado en el departamento del Meta,en la medida en que: “… las imágenes adquiridassobre este parque ‹para el año 2003› tuvieron un

mayor cubrimiento de nubes”, frente a las de 2004(“con menor nubosidad”). Por esta razón conclu-ye UNODC que “…el incremento entre el año2003 y 2004 [de las hectáreas en los PNN] repre-senta principalmente un ajuste de la cifra más queun incremento real de los cultivos de coca”15.

e. La aceptación de que aún no se cuenta con lasmetodologías para establecer la producción real decocaína y el rendimiento de la hoja de coca en Co-lombia, las cuales se encuentran en construcción conbase en la experiencia piloto adelantada en elGuaviare que se extenderá a las regiones dePutumayo – Caquetá, Sur de Bolívar (departamen-tos de Bolívar, Antioquia y Córdoba) y al Catatumbo(en el departamento de Norte de Santander).

… los grupos armados ilegalescontrolan el negocio y los precios

de la base de coca ofrecidos por loscampesinos. Estos grupos podrían

entonces obtener beneficiosconsiderables del proceso y venta

del clorhidrato de cocaína.

15 En el informe de la agencia de Naciones Unidas no se menciona que durante el periodo en que estuvo vigente la zona de distensión nose monitorearon los cultivos de coca en la misma. Sobre el particular se pueden revisar las cifras de la Dirección Nacional deEstupefacientes.

V. Las fumigaciones no inciden en los preciosni en la disponibilidad de drogas en los

mercados internacionales.El informe reconoce que aún persisten dificultades

para calcular la producción real de cocaína en Colombiaen el 2004, en atención a que “…los cultivos de coca secosechan más de una vez por año y las actividades deerradicación se extienden por varios meses”. Con baseen los estimativos realizados por, UNODC se calculó


LA OTRA GUERRA

que la producción de cocaína en Colombia fue del ordende 390 toneladas métricas durante el año 2004.

En el marco de dichos estimativos, se afirma queentre 2003 y 2004, la producción total potencial de co-caína disminuyó en 50 toneladas métricas. Sin embargo,este dato no significa un éxito de la política antidrogas anivel mundial, dado que dicha disminución “…fue com-pensada por el incremento en la producción potencialde cocaína en Bolivia y Perú, por lo que la producciónglobal potencial de cocaína permaneció relativamenteestable entre 2003 y 2004”. Es decir, que nuevamente seevidencia la movilidad de los cultivos de coca y la pocaefectividad de las aspersiones para combatir la oferta decocaína en los mercados internacionales.

En lo que respecta al precio del kilogramo de basede coca se advierte que, pese a que se presentó un in-cremento en los años 2000 a 2003, probablementeocasionado por la reducción de la hoja – fumigaciones– y el aumento de la interdicción, no sucedió lo mis-mo en el año 2004. La referida oficina expone comouna posible razón el aumento de la importación debase de coca proveniente de Perú. Frente a esta posi-bilidad, la UNODC afirma: “La estabilidad en losprecios de la cocaína en Colombia en los últimos añospuede atribuirse entre otros, al aumento de las impor-

taciones de base de coca peruana para compensar eldéficit y al incremento en las actividades de interdic-ción dentro y alrededor de Colombia. Este resultadomuestra que los incentivos para el cultivo de coca semantienen de alguna manera vigentes, mientras queen años anteriores -sobre todo en la segunda mitad delos años noventa-, las erradicaciones produjeron unincremento en los precios locales de la coca que actua-ron como incentivo para atraer a más campesinos avincularse a estos cultivos”.

VI. El deber de corresponsabilidad de lacomunidad internacional para combatir elflagelo de las drogas.Finalmente, UNODC reconoce el esfuerzo del

Gobierno nacional en los cuatro últimos años para re-ducir la oferta en un 51% (lastimosamente no hace undeclaración similar en torno a las afectaciones causadasen las poblaciones y en los daños ambientales ocasiona-dos como consecuencia de las aspersiones), no obstan-te, reitera que aún subsisten vastos territorios concultivos de uso ilícito, lo que le induce a recomendarmayores esfuerzos de la comunidad internacional paraapoyar las distintas estrategias contra las drogas ilícitas16.

Tablas del Informe

16 Lo anterior corrobora los exiguos avances de las mesas de donantes previstas desde el inicio del Plan Colombia en 1998, situación quegeneró un notable desequilibrio entre los programas dirigidos a la erradicación forzosa frente a los programas de desarrollo alternativo,en las zonas de influencia de los referidos cultivos, tal y como lo cuestionó la Contraloría en el informe ya mencionado.

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LA OTRA GUERRA

La estabilidad en los precios de la cocaína en Colombia enlos últimos años puede atribuirse entre otros, al aumento delas importaciones de base de coca peruana para compensarel déficit y al incremento en las actividades de interdicción

dentro y alrededor de Colombia …


LA OTRA GUERRA

En Estados Unidos, desde hace dos me-ses Dan Burton y Mark Souder, tradi-cionales congresistas republicanos deIndiana, están haciendo lobby para in-tentar modificar el presupuesto de la

oficina del zar antidrogas con el fin de revivir el polé-mico proyecto sobre el uso de micoherbicidas (hongostóxicos) para eliminar cultivos ilegales.

Este debate tuvo gran conocimiento y amplia difusióna finales de la década del noventa cuando, bajo el gobiernodel presidente Bill Clinton, y como parte del Plan Colom-bia, se propuso utilizar el hongo patógeno Fusariumoxysporum forma erythroxyli en los programas de erradi-cación de cultivos ilícitos en regiones como el AltoPutumayo, el Alto Napo, el Alto Caquetá, la Amazoníaoccidental, el Alto Meta, el Catatumbo, las Laderas orien-tales de la Cordillera Oriental, el Magdalena Medio, laSierra Nevada de Santa Marta, el Chocó y Los Andes.

El hongo patógeno Fusarium es un género de hon-gos del cual existen varias especies (entre ellas, F. oxys-porum, F. solanum, F. proliferatum, F. verticillioides),saprofitas de la tierra y patógenas de plantas y animales,causantes de pérdidas para la agricultura y del deteriorode alimentos, entre ellos los granos almacenados(González 2001). Está catalogado en el borrador delProtocolo de la Convención de Armas Biológicas yTóxicas como “agente biológico para la guerra”, queuna vez liberado en el ambiente no puede ser retirado,por lo que “los efectos son impredecibles” (Kintto,2000). Este hongo se reconoce por atacar a una grandiversidad de cultivos como banano, maíz, yuca, floresornamentales y muchos frutales. Además está recono-cido como peste severa para más de 125 especies culti-

Se reabre eldebate del uso demicroherbicidasen las fumigacionesde cultivosilícitos

Elizabeth López González

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LA OTRA GUERRA

vadas incluyendo alimentos básicos en la región comoplátanos, frutales varios, yuca, maíz, etc. En el Ecuadorllevó a la quiebra a la Industria Bananera en la décadade los 50, con su forma conocida como “Mal de Pana-má”, erradicando a la variedad del momento conocidacomo “Gross Michel” y que hoy está bastante diezmada(Constantino, 2002).

Los efectos sobre la salud y sobre el medio am-biente fueron ampliamente documentados y discutidosa finales de la década de los noventa, cuando su posibleutilización tuvo fuertes críticas tanto en Estados Unidoscomo en otros países, sobre todo de América Latina.El sitio web mycoherbicide.info creado por JeremyBigwood, microbiólogo e investigador sobre el programade micoherbicidas del gobierno de Estados Unidos,actualmente radicado en Washington D.C, es uno, entremuchos sitios de internet1 que presenta críticas al pro-grama realizadas por diferentes instituciones y sectoresde la sociedad2.

Dado que el debate con relación a los efectos quepresenta el hongo Fusarium se discutió en su momen-to, ahora que se pone de nuevo el tema sobre la mesa,es importante explicar en qué punto se encuentra ladiscusión en Estados Unidos. Pues en Colombia sólo elviernes pasado Daniel Samper Pizano, en su columnadel periódico El Tiempo3 puso en conocimiento de laopinión pública este caso “... El 17 de julio el senadorJorge Enrique Robledo denunció el plan, y exigió unpronunciamiento oficial al respecto...” Y comenta elcolumnista que no se ha dicho nada al respecto: “mudezen las oficinas públicas, mudez en la prensa...”

Síntesis de la historiaPara entender porqué se reabrió el debate, Bigwood,

2005, hace un recuento de la situación, iniciando desdela década de los 70s, años en los cuales la Administraciónde Control de Drogas de los Estados Unidos –DEA- fi-

nanció abiertamente algunas de las primeras investiga-ciones sobre la acción del Fusarium en la marihuana.

Durante los ochentas y noventas, el Departamen-to de Agricultura de Estados Unidos – USDA- tomó yreprodujo algunas investigaciones clandestinas inicia-das por la Agencia Central de Inteligencia – CIA- y porel Departamento de Energía –DOE- y continuó estu-diando la manera de aplicar el hongo y su precisión almomento de atacar a los organismos que habitaran lasplantas. Una de las conclusiones de estos estudios serelacionó con la capacidad de los diferentes tipos dehongo de afectar cultivos de uso legal.

En el año 1999, el nuevo zar antidrogas de la Flo-rida decidió sacar a flote la idea de usar micoherbicidascontra la marihuana cultivada en ese estado. Dicha ini-ciativa fue bloqueada por opositores del propio Depar-tamento de Protección del Medio Ambiente de Florida,quienes plantearon el tema de la mutación. En informedel Sunshine project, 2000 se puede ampliar informa-ción sobre este tema4.

A finales de los noventa, se propuso la aplicaciónde micoherbicidas, como parte del Plan Colombia. LaSecretaria de Relaciones Exteriores de esa época,Madeleine Albright, incluso, afirmó públicamente queestaba intentando aplicar los micoherbicidas en Colom-bia, a través de un programa de la Organización deNaciones Unidas, ONU (Bigwood, 2005).

De hecho, en el estudio realizado por AdolfoMaldonado5 para la Defensoría del Pueblo de Ecuador,a propósito de las fumigaciones con glifosato desde1986, se detectó, no sólo la presencia, sino el incre-mento del hongo fusarium en los cultivos que son fu-migados con el herbicida RoundUp Ready (maldonado,2003a). Una posible explicación de este hecho fue laposibilidad de que el gobierno de Colombia estuvierautilizando, a escondidas de la opinión pública, el hongoFusarium oxisporum erytroxylum (Maldonado, 2003b).

1 ONG de América Latina que pusieron fuerte resistencia al programa sobre micoherbicidas: Especialmente Mamacoca y otros comoAcción Ecológica, Cultivos Ilícitos, Planeta Paz, Ecoportal, Biodiversidadla, entre otros.

2 Diversas ongs estadounidenses – entre ellas, Earth Justice, Amazon Alliance, Colombian Human Rights Committee, Institute for PolicyStudies, National Organization for the Repeal of the Marijuana Laws, Latin America Working Group, Washington Office on Latin America,y sobre todo, el Sunshine Project, se unieron al coro de los opositores. Por otra parte, afuera de EU, además de la ONU, varios paísesmanifestaron, abiertamente, hostilidad frente a la idea, que se reflejó en sus medios de comunicación.

3 El Tiempo. “Colombia se llama y frita se come”, en http://eltiempo.terra.com.co/opinion/colopi_new/danielsamperpizano/ARTICULO-WEB- _NOTA_INTERIOR-2167947.html

4 Informe traducido por el Grupo Civil de Monitoreo de los impactos del Plan Colombia en Ecuador. Peligros del uso de FusariumOxysporum en fumigaciones previstas por el Plan Colombia. http://www.geocities.com/Eureka/Network/2251/plancolombia2.htm

5 Médico tropicalista miembro de Acción Ecológica, integrante del CIF (Comité Interinstitucional contra las Fumigaciones) designadocomo Perito por la Defensoría del Pueblo de Ecuador dentro del expediente investigativo N° 9067-DAP-2002 instaurado “para determinarlos impactos en el Ecuador, de las fumigaciones realizadas en la zona del Putumayo dentro del Plan Colombia”.


LA OTRA GUERRA

En el año 2000 se excluyó el uso demicoherbicidas del Plan ColombiaA pesar de que en el año 2000, hubo cada vez más

críticas al plan de micoherbicidas, el congresista repu-blicano Burton, junto con otros congresistas continua-ban respaldando el proyecto, promulgando así el PlanColombia en agosto de 2000. El entonces PresidenteClinton firmó la ley, pero, usando un lenguaje muyconfuso, “derogó” el uso de micoherbicidas en Colombia

Una semana después de la “derogación” deClinton, durante una reunión de los gobiernos de laComunidad Andina en Lima, representantes del ComitéAndino de Autoridades Ambientales, CAAAM, “recha-zaron” el uso de los micoherbicidas en un acuerdo queprohibió la erradicación con Fusarium a lo largo de losAndes. Bolivia ya había promulgado un proyecto de leyque prohibía toda erradicación, salvo la que se realizamanualmente. Perú y Ecuador siguieron el ejemplo conedictos presidenciales que prohibieron los programasde erradicación química y biológica (Bigwood, 2005).Afinales de 2000, cuando el programa de micoherbicidasestaba a punto de desaparecer, miembros del Organismode Narcóticos y Aplicación de Leyes Internacionales,

INL, del Departamento de Estado, continuaban impul-sando la idea, con el respaldo de algunos funcionariosde la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga yel Delito, ONDCP. Pero en los años posteriores estaoficina cambió su postura y no había querido emitirninguna declaración al respecto.

Se reabre el debateEl 11 de mayo de este año duranteuna audiencia del Comité de Relaciones Internacionalesde la Cámara de Representantes, el promicroherbicidaDan Burton le preguntó al zar antidrogas de EstadosUnidos, John Walters, por qué el ONDCP no estabaaplicando micoherbicidas en su lucha contra la droga.John Walters respondió que se debía a la preocupaciónque despertaba la controversia con relación a otros agen-tes que ya estaban siendo introducidos en el medio am-biente, agregó que el gobierno colombiano habíamanifestado no estar interesado en este programa y, con-cluyó diciendo que no era posible probar el micoherbicidaen áreas en donde la gente no tenga confianza de queéste no se constituye como algo peligroso.

Un mes después de esta audiencia, Burton y su co-lega Mark Souder del comité que respalda el uso demicoherbicidas, agregaron una enmienda a la Ley deReautorización del ONDCP para impulsar el estudio demicoherbicidas. La enmienda de Burton ordena al direc-tor del ONDCP que le presente al Congreso – dentro delos 90 días de la promulgación de la ley – un plan deacción para asegurar que una evaluación apresurada, com-pleta, y detallada del efecto de los microherbicidas – comoestrategia de eliminación de cultivos ilícitos- sea realiza-da por organismos de investigaciones científicas perte-necientes al gobierno” (Interamerican dialogue, 2005).

Lo paradójico del asuntoEl 14 de junio de 2005, por sexto año consecutivo

la oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y elDelito presentó un informe detallado sobre la situaciónde los cultivos de coca en el país, en el que destacó unadisminución del 51%, durante los últimos cuatro años.De 86.000 hectáreas de coca cultivadas en el 2003, sellegó a 80.000 en el año anterior (Acción Social – Pre-sidencia de la República, 2005).

El informe, aunque atribuye este hecho a la asper-sión aérea (que alcanzó un máximo de 139.200 hectá-

Y esperemos no seguir siendotontos, ciegos, sordomudos...

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LA OTRA GUERRA

reas), señala que uno de los principales factores de estedescenso obedece a las políticas de Desarrollo Alterna-tivo del país, que han concientizado a los cultivadoresacerca del daño que ocasionan a sus familias, a los con-sumidores de cocaína y al medio ambiente (lo que deno-minan “fumigación de cerebros”). Calvani dijo que esimportante que los colombianos se unan, apoyen elDesarrollo Alternativo y compren los productos que secultivan como alternativa legal en el campo (AcciónSocial – Presidencia de la República, 2005) .

Sin embargo y pese a las recomendaciones hechaspor Naciones Unidas, en el Congreso de Estados se insistesobre la posibilidad de reautorizar estudios basados en eluso de micoherbicidas e implementarlos como parte delPlan Colombia para erradicación de cultivos ilícitos(Acción Social – Presidencia de la República, 2005).

Qué sigue?Como se mencionó, la discusión sobre microher-

bicidas tuvo gran importancia y difusión a finales delos noventa e inicios de 2000, y las victorias6, aunqueparciales, obtenidas en ese año fueron producto de lamovilización nacional e internacional de ciudadanos,parlamentarios, académicos, organizaciones sociales yde pueblos indígenas (González, 2001).

Ahora, es necesario que se establezcan alianzas es-tratégicas para poner freno a lo que se viene con la re-aparición de este polémico hongo. Especialmente Eneste momento que los últimos días han estado llenos denoticias alrededor de nuestras relaciones con EstadosUnidos: el nombramiento de Luis Alberto Moreno enel BID, la misión oficial a Washington para defender laLey de Justicia y Paz, la certificación en derechos hu-manos del Departamento de Estado que permite libe-rar importantes recursos de asistencia militar que estabancongelados, la aprobación del Cafta en el congreso es-tadounidense y la reunión de los presidentes Uribe yBush en el Rancho de Texas del segundo7. Y en mediode estas amigables relaciones, y en el marco de la com-placencia que el gobierno colombiano ha mostrado conlas políticas de Estados Unidos (especialmente en loreferente a su plan de lucha contra las drogas; hace ape-

nas dos meses se puso sobre la mesa el debate de fumi-gación con glifosato en parques naturales de Colom-bia), se reabre el debate en Estados Unidos sobreutilización de micoherbicidas para control de cultivosilícitos. Ya en el 2004, sin tener conocimiento de loque se vendría, en una iniciativa que convocó a 135Congresistas colombianos, los Senadores Jorge Roble-do y Jumí, entre muchos otros, renovaron iniciativasparlamentarias por que se debatiera públicamente laaplicación de la medida de fumigación (Moreno, 2004).Esperemos que la iniciativa tenga acogida y que se in-cluya en las discusiones el tema de los micoherbicidas oagentes verdes.

Fuentes BibliográficasAcción Social – Presidencia de la República, 2005. Censo de cultivos

de coca arroja disminución de un 7% durante el último año:desarrollo alternativo principal factor. Bogotá, junio 14 de 2005.http://www.acci.gov.co/Comunicados/Noticia/Noticia41.htm

Bigwood. J., 2005. Mycoherbicide Redux: U.S. CongressmenDeclare Biological War on South America in New AntidrugProposal. http://www.narconews.com/Issue38/article1384.html

Constantino. E., 2002. Probables Impactos de la Aplicación delHongo Fusarium oxysporum para la Erradicación de la Cocaen Ecosistemas Amazónicos. http://www.mamacoca.org/feb2002/abs_constantin_fusarium_es.html

González. D, 2001. Armas químicas y biológicas en el PlanColombia: Interrogantes sobre la estrategia antinarcóticos.h t t p : / / w w w . m a m a c o c a . o r g / f e b 2 0 0 2 /art_gonzalez_armas_quimicas_y_biologicas.html#fnB15

Interamerican Dialogue, 2005. Bur ton, Souder Urge Researchof “Revolutionary” Anti-Drug Herbicide. Junio 17 de 2005.http://www.house.gov/burton/LAA050617.pdf

Kintto. L., 2000. El Impacto del Plan Colombia, Tierramerica, octubrede 2000. http://www.tierramerica.net/2000/1015/noticias3.html

Maldonado. A., 2003a. Daños genéticos en la frontera de Ecuadorpor las fumigaciones del plan Colombia. Noviembre de 2003.http://www.visionesalternativas.com/militarizacion/ar ticulos/pcolom/AE0311.pdf

Maldonado. A., 2003b. Impactos en la salud Ecuatoriana.Fumigaciones fronterizas del plan Colombia. Revista Semillas21. http://www.semillas.org.co/articulos.htm

Moreno. M., 2004. Ríos de glifosato para el canje ambiental.h t t p : / / w w w. m a m a c o c a . o r g / O c t u b r e 2 0 0 4 / d o c /Editorial_fumigaciones_mayo_2004.htm

6 Perú y Ecuador, prohibieron el uso de agentes biológicos para erradicación de la coca. En Colombia, El Ministerio del Medio Ambienterechazó la utilización del hongo Fusarium oxysporum. En agosto, el presidente Bill Clinton declaró que los Estados Unidos no usarán el“Agente verde”. En noviembre de 2000, la UNDCP confirma que no está ejecutando el proyecto de control biológico en Colombia ni enningún otro lugar de los Andes. En el 2001, una Resolución del Parlamento Europeo sobre el Plan Colombia expresó que la UniónEuropea “debe hacer lo necesario para que se abandone la utilización masiva de herbicidas químicos y se impida la introducción deagentes biológicos como el Fusarium oxysporum”.

7 Editorial de El Espectador semana 7 a 13 de agosto de 2003: Las relaciones con Estados Unidos.


LA OTRA GUERRA

Pastrana,¿Proteo?

En 1992, Andrés Pastrana Arango, con-juntamente con otros 15 congresistas semanifestaron en contra de la decisióndel Gobierno de autorizar el uso delGlifosato en las aspersiones aéreas para

combatir los cultivos de coca y amapola. En términos dePastrana y sus colegas de la época, antes de aprobar dichoquímico debía estudiarse “con mayor detenimiento, anali-zando alternativas que no deterioren el ecosistema, niafecten la paz social y ecológica”1. Sin embargo, añosdespués, en su calidad de Presidente se comprometió conel gobierno de Estados Unidos a erradicar, principalmentevía fumigaciones con químicos (glifosato. Coxmo flux yPOEA), el 50% de los cultivos de coca en un plazo deseis años en el marco del Plan Colombia.

Pero también, como Presidente, se opuso a per-mitir que se adelantaran las pruebas experimentales de“micoherbicidas ambientalmente seguras” incluidas enla Ley HR4425 de julio 13 de 2000, aprobada por elCongreso norteamericano, como requisito para autori-zar la ayuda de ese país a Colombia, contemplada en lasegunda versión del Plan Colombia.

La posición del hoy Embajador en Estados Unidos -hijo del Presidente que impulsó el Código de Recursos

“«Eres ingenuo», dije, «Teságoras, si creesque yo me las he arreglado para tener una

sola alternativa a lo largo de todos estosaños y no te das cuenta de que más bien he

adoptado toda clase de giros y he dadotantas vueltas que temo que al final meocurra lo mismo que a Proteo» ¿Y qué le

paso a Proteo?», dijo.«...después de haberagotado todas las figuras ...se convirtió

otra vez en Proteo».

1 Acta Plenaria N° 24, de la sesión ordinaria del 17 de marzo de 1992, publicada en Anales del Congreso del 24 de marzo de 1992.2 Respuesta de Andrés Pastrana Arango, Presidente de Colombia al Defensor del Pueblo José Fernando Castro Caicedo, junio 28 de

2000. Esta posición fue reiterada en pronunciamientos de sus Ministros de Relaciones Exteriores y Medio Ambiente, Guillermo Fernándezde Soto y Juan Mayr Maldonado, respectivamente. Ver: Defensoría del Pueblo. “cultivos Ilícitos. Política Mundial y Realidad en Colombia”,Cápitulo IV, páginas 137 a 184, Bogotá, 2000 y “Octavo Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de Colombia. Enero a diciembrede 2000", páginas 237 a 257, Bogotá, julio 2001.

3 Revista Semana, “Los trapecistas. La opinión pública está sorprendida con las volteretas de los principales políticos colombianos. ¿Selos cobrarán en las urnas?”, edición 1215, agosto de 2005.

Naturales y autor de la primera tesis de medio ambiente enla Universidad del Rosario - fue resultado del debate nacionale internacional suscitado en torno al proyecto “Pruebas ex-perimentales y futuro desarrollo de un agente controladorbiológico ambientalmente seguro para la erradicación de lacoca”, promovido por UNDCP con el aval del gobiernonorteamericano y de varios congresistas de ese país.

Ante el anuncio del proyecto de ley que se tramitaen Estados Unidos para autorizar nuevos estudios dirigi-dos a emplear micoherbicidas contra la coca, sólo quedaesperar a que el actual Embajador no olvide que comoPresidente los rechazó argumentando que “… nuestraspolíticas de erradicación de cultivos ilícitos y ambiental,están adecuadas a nuestros niveles y procesos de desarro-llo acelerado y sostenible y tienen como condición fun-damental la protección del medio ambiente y una mejorade la calidad de vida de los colombianos”2.

Tiene así, Pastrana, la posibilidad de demostrarque su aceptación al cargo diplomático no se reduce nia la jugada maestra que se le ha atribuido al ex - presi-dente Turbay, para acallarlo cuando su regreso amena-zaba con la conformación de un movimiento deoposición a Uribe ni a una voltereta oportunista de lasque tanto están de moda3.

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Hace unos días, el presidente Uribeen un concejo comunitario enVillavicencio sorprendió al paíscon su ofrecimiento de comprarlas cosechas de coca a los cultiva-

dores de Meta. Esta es una medida aparentemente in-geniosa para competir con los narcotraficantes, lasguerrillas y los grupos paramilitares en el negocio ilegaly así disminuir las fuentes de financiamiento del con-flicto armado. Sin embargo, a pesar de su aparente atrac-tivo, esta no es una opción para el gobierno colombiano,pues, de implantarse, crearía un cúmulo de problemasjurídicos y dentro de los mercados ilegales que haríanque no fuera viable.

Para empezar, la compra de coca ilegal iría encontravía de las tres Convenciones de Naciones Unidassobre drogas que alteran la mente, la Convención sobreCrimen Organizado y la Convención sobre Terrorismo,que está en proceso de elaboración. En otras palabras, paraimplementar la propuesta del Presidente, el país deberíarepudiar cuatro convenciones y abstenerse de firmar laquinta. No parece que el Presidente haya evaluado las con-secuencias internacionales de una acción de este tipo.

“Eso tiene que ser muy serio.Preste la coca y tome la platica.

Como en la feria: Preste elmarrano, tome la plata …”

Álvaro Uribe Vélez2

La quimera decomprarla cosechade coca1

Francisco Thoumi

Centro de Estudios yObservatorio de Drogas y Delito

Universidad del Rosario

1 Revista Semana, On line, agosto 11 de 2005, www.semana.com2 Consejo Comunal de Gobierno Número 104, Villavicencio, Meta,

julio 25 de 2005. www.presidencia.gov.co


LA OTRA GUERRA

En el ámbito nacional esta medida probablemen-te sería ilegal. No soy jurista, pero creo que sería muydifícil que el gobierno comprara legalmente el productode una actividad delictiva. Mientras el cultivo de cocasea un delito, al comprar la coca el gobierno estaríajugando el papel de un reducidor de artículos robados.Es decir, para comprar la coca, el gobierno debería pri-mero legalizar los cultivos de manera que esta actividadno fuera un delito.

Las implicaciones económicas de un programa decompra de coca no parecen haber sido tenidas en cuen-ta antes de proclamarlo, pues enfrentaría muchos obs-táculos y tendría una serie notable de efectos negativos.Primero, no hay una partida presupuestal para ese fin,por lo que se esperaría que la compra de coca aumenta-ra el déficit fiscal. Segundo, cualquier presupuesto po-dría ser insuficiente. La coca representa menos del unopor ciento del precio de venta de la cocaína al detal enlos mercados de Estados Unidos y Europa. Por consi-guiente, los traficantes podrían pagar varias veces el pre-cio actual sin afectar sustancialmente el precio de ventaa los consumidores o sus ganancias totales. No pareceposible que el gobierno pueda competir en tal caso conla industria ilegal, aunque se puede afirmar que los in-gresos del campesinado posiblemente se aumentarían.Tercero, la compra de coca actuaría como un soportede precios que disminuiría el riesgo de los campesinosy haría a la coca aun más atractiva en relación con losproductos legales, incluidos los de los programas dedesarrollo alternativo. La experiencia de pagar a los cam-pesinos por erradicar coca en el Chapare boliviano esimportante y confirma la afirmación anterior.

Cuarto, en Colombia los programas subsidiados dedesarrollo rural son muy débiles o inexistentes. La com-

pra de coca daría al campesinado una señal errada, puesle demostraría que los cultivos ilegales son un prerrequisitopara lograr atención y ayuda gubernamentales. Quinto,cualquier programa de compra requiere una complejaorganización que garantice que se pague por la coca pac-tada, que esta no sea reciclada en el mercado negro y quelos compradores no engañen al campesinado. Sexto, paraque un programa de esta naturaleza tenga efecto, se re-quiere que sea negociado con organizaciones campesinasque puedan intervenir en los grupos sociales afectados,para que los pactos adquiridos se cumplan. La propuestapresidencial parece reflejar el individualismo del campe-sinado colombiano, y la coca se compraría individual-mente. Colombia, en este caso, está en gran desventajarespecto a Perú y Bolivia donde hay fuertes comunida-des con las que se puede negociar.

En realidad, no sé de algún documento del go-bierno colombiano que respalde la propuesta del Presi-dente, la que parece haber sido formulada en el calordel concejo comunitario. Es cierto que a muchos estaidea les puede parecer de sentido común.Infortunadamente, los mercados funcionan de maneracontra intuitiva y muchas ideas de sentido común lle-van a fracasos notables si se implementan sin tener encuenta todas sus consecuencias.

El fenómeno de las drogas ilegales es muy com-plejo. Los gobiernos de muchos países incluidos Esta-dos Unidos y Colombia han buscado y continúanbuscando soluciones simples que no requieran refor-mas sustantivas dentro de sus sociedades, pero que enel mejor de los casos tienen algunos logros de corto pla-zo. Propuestas como la compra de coca caen en estacategoría: parecen ser el producto de mentes geniales,pero son sólo una quimera.

Iniciativas gubernamentales contra los cultivos de uso ilícito

En lo que va corrido del gobierno de Uribe, además de las intensivas e indiscriminadasfumigaciones, son varias las iniciativas que se han promovido para combatir los cultivos de coca yamapola en el país, en la medida en que las primeras no han demostrado su eficiencia en la luchacontra la oferta de las drogas.

La primera, el Programa de Guardabosques, a través del cual se aspira a cumplir la meta de aislar50 mil familias de esta actividad y de promover la recuperación y protección de los bosques. Noobstante a que no se conocen informes sobre su ejecución, son varias las voces que han denunciadoque tendrá la misma suerte de otros programas de desarrollo alternativo: Vulnerar la confianza ycredibilidad de amplios sectores de la población que se involucran en ellos con la real aspiración decambiar su actividad, pero al cabo del tiempo se ven olvidados por el Estado e, incluso, muchas vecesse enfrentan a ver fumigados sus cultivos alternativos, como ocurrió recientemente en el Cauca con

Notas INDEPAZ

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las plantaciones de café orgánico. Otro riesgo que se advirtió en torno a este programa, es que losrecursos destinados a su ejecución podrían caer en manos de los jefes paramilitares, como parece ser lasituación que se presentó con el concejal samario promotor de la erradicación manual y, presunta-mente, colaborador de Hernán Giraldo.

La segunda, aplicar la extinción de dominio a aquellos campesinos y colonos que siembrancocaína y amapola, ello sin reparar a que este tipo de medidas sólo contribuye a aumentar la vulnera-ción del sector más débil de la cadena del narcotráfico que – ante el abandono estatal - recurre a estoscultivos para garantizar su supervivencia. La referida iniciativa, además, no guarda relación con laineficacia de la medida de extinción de bienes de los grandes narcotraficantes, sean o no paramilitares,tal y como lo ha advertido la Contraloría General de la República

La tercera, dirigida a vincular a 12 mil desmovilizados a programas de erradicación manual,propuesta que, aparentemente no cuenta con los estudios que garanticen su sostenibilidad y viabili-dad y, que por lo tanto, habrá que esperar para evaluar sus resultados.

La cuarta, pagar recompensas, entre 10 a 200 millones de pesos, a quienes entreguen base decoca e insumos o materiales inculados a la siembra y procesamiento de drogas, y de 2 a 200 millonesa los que informen sobre ubicación de laboratorios y cultivos de uso ilícito.

La quinta, recompensas a los que entreguen hoja de coca, propuesta que generó, por inconsultay precipitada, reacciones contrarias en los Estados Unidos, país en donde se definen y financian lasactividades que se adelantan para acabar con los cultivos en mención. Por su parte, en el editorial deEl Tiempo titulado “Por ahí no es la cosa” se anota que: “En medio de la euforia que producen losconsejos comunitarios, sería prudente aconsejarle al Presidente que tenga cuidado con las improvisa-ciones que generan falsas expectativas y desconcierto” (junio 25 de 2005).

La compra de hoja de coca no es una propuesta nueva, los indígenas del Cauca la adquieren paraproducir té, jugos galletas y otros alimentos, en la medida en que se les reconoce sus derechos culturalessobre esta planta. Sin embargo, esta alternativa no es factible frente a los campesinos y colonos, situaciónque condujo a la presentación de un proyecto de ley que se encuentra en el Congreso de la República, enel que se sustenta la propuesta y se definen los mecanismos y limitaciones para su implementación.


LA OTRA GUERRA

Mientras las Altas Cortes de Jus-ticia colombianas sostienen quederechos fundamentales comoel de la vida o la salud no sevulneran por las fumigaciones,

dado que en los expedientes de los casos que han revi-sado “no se evidencia que se hubieren presentado comoefecto de la aspersión aérea, manifestaciones clínicas decontacto o exposición a plaguicidas”, el Tribunal Cons-titucional del Ecuador acaba de emitir un fallo de grantrascendencia en el que da credibilidad a estudios quedemuestran los daños que esta actividad causa en la saludde quienes son expuestos y decide por tanto, ampararsus derechos fundamentales.

AntecedentesEn febrero de 2004 algunas mujeres que participa-

ron en un estudio realizado en el Ecuador y que concluyóque “la totalidad (100%) de mujeres estudiadas que reci-bieron el impacto de las fumigaciones y sufrieron síntomasde intoxicación, presentan lesiones genéticas en el 36%de sus células” presentaron una Acción de Amparo Cons-titucional contra el Estado ecuatoriano con apoyo de laFederación de Organizaciones Campesinas del CordónFronterizo Ecuatoriano de Sucumbíos –FORCCOFES-, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecua-dor –CONAIE- y el Comité Interinstitucional contralas Fumigaciones -CIF – Ecuador-.

Ecuador exigirá Ecuador exigirá Ecuador exigirá Ecuador exigirá Ecuador exigirá aaaaaColombia el ceseColombia el ceseColombia el ceseColombia el ceseColombia el cesede fumigacionesde fumigacionesde fumigacionesde fumigacionesde fumigacionesen la fronteraen la fronteraen la fronteraen la fronteraen la frontera- Justicia ratifica- Justicia ratifica- Justicia ratifica- Justicia ratifica- Justicia ratificagraves daños en lagraves daños en lagraves daños en lagraves daños en lagraves daños en lasalud y mediosalud y mediosalud y mediosalud y mediosalud y medioambiente ambiente ambiente ambiente ambiente porporporporporlas fumigacioneslas fumigacioneslas fumigacioneslas fumigacioneslas fumigaciones

Histórico fallo deltribunal constitucional

ecuatoriano

Comité Interinstitucionalsobre las Fumigaciones1

1 Texto del comunicado del Comité Interinstitucional sobre lasFumigaciones integrado por el Comité Andino de Servicios, laConsultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamientoy el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, julio, 2005.

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Esta acción fue interpuesta en consideración a quepor el incontrolable “efecto deriva” de las fumigacionesque se realizaron en el departamento del Putumayo(Colombia) a finales de 2000, entre enero y marzo de2001, entre julio y octubre de 2002 y en julio de 2003-, la mezcla con la que se asperja en la frontera ha gene-rado impactos graves en la población ecuatorianaexpuesta, especialmente mujeres, niños, pueblos indí-genas y personas de la tercera edad.

La Defensoría del Pueblo de Ecuador había co-rroborado ese mismo año que en la actividad de fumi-gación realizada en la frontera está claro que “concurrenla violación a las disposiciones constitucionales referentesa la protección de la salud de las persona, su derecho altrabajo, a un ambiente sano y equilibrado, el derecho aldesarrollo sustentable e incluso a la inviolabilidad delterritorio ecuatoriano “, por lo que declaró: “Que elEstado de la República de Colombia es el responsablede los daños transfronterizos ocasionados, como haquedado probado; en territorio, personas y ambientede las zonas de la frontera norte del Ecuador, por tanto,de las violaciones de los derechos humanos a la salud, avivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibradoy libre de contaminación, así como el derecho a unacalidad de vida que asegure la salud, alimentación ynutrición, establecidos en el artículo 23, numerales 6 y20 de la Constitución Política del Ecuador”.

Así mismo exhortó al Presidente del Ecuador paraque de forma urgente tomara las medidas necesarias paraprevenir e impedir la realización de nuevas fumigacionesque afecten la zona de frontera y activara “los mecanismosdiplomáticos para que se establezca una franja de diezkilómetros en territorio colombiano como límite terri-torial para la realización de fumigaciones, además, de efec-tuar el control de sobre-vuelos de aeronaves fumigadorasen el espacio aéreo colombiano”.

La labor diplomática desarrollada se concretó en lacreación de una Comisión Técnica Binacional a fin deevaluar estos hechos. Sin embargo, un año después deconformada y tras varias reuniones, no había producidoaún ningún informe concluyente y por el contrario, pa-recía dilatar la toma de decisiones del gobierno ecuato-riano en la materia pese a que los perjuicios que alegabanlos quejosos, persistían “se han agotado los recursos lega-les internos para reclamar del Estado las medidas necesa-rias para proteger a la población de frontera; encircunstancias en que la única e insuficiente respuestapresidencial ha sido la de nombrar una “Comisión Téc-nica’’ de dudosa capacidad y compromiso, que permane-ce alineada a las conclusiones de su similar de Colombia,que mantiene de manera tozuda la ausencia de peligrosi-

dad el producto utilizado en las fumigaciones, muy apesar de las evidencias científicas presentadas por las víc-timas y un conjunto de organizaciones que vienen traba-jando por más de tres años en este tema”.

De esta comisión debe resaltarse la particular aver-sión por discutir el asunto de las fumigaciones con losdetractores de esta política. Su agenda nunca fue públicay en ella no se dio campo a la participación ciudadana nial sano debate científico, social y democrático planteado.

El fallo:El pasado 15 de marzo el Tribunal Constitucional

del Ecuador decidió confirmar la decisión del Tribunalde Instancia que concedió el Amparo a los demandantesordenando, entre otros:

“Que el Gobierno ecuatoriano por intermedio delMinisterio de Relaciones Exteriores, suscriba unMemorando de Entendimiento con Colombia paraque no se realicen fumigaciones en una franja de 10km medidos desde la línea de frontera hacia elinterior de la República de Colombia.

Que el Ministerio de Bienestar Social realice un estudiosobre el número de campesinos e indígenas ecuato-rianos desplazados por las fumigaciones e implementeun programa de retorno.

Que el Ministerio de Ambiente realice un estudio que deter-mine el impacto ambiental provocado por las fumi-gaciones y diseñe un programa de reparación ambiental.

Que se implemente un mecanismo de reparación inte-gral basado en la participación y consentimiento delas comunidades que han sufrido los efectos de lasfumigaciones a consecuencia de la omisión del Esta-do Ecuatoriano”.

Este fallo pasará a la historia como la primera deci-sión judicial en firme tomada a favor de las víctimas delprograma de fumigación colombiano –PECIG-, únicoen su especie aplicado en el mundo. En Colombia sehabía avanzado en esta vía con dos fallos, el primero dela Corte Constitucional en 2003 que ordenó efectuarel procedimiento de Consulta con los pueblos indígenasde la Amazonía que ya habían sido expuestos a la fumi-gación, en desarrollo del convenio 169 de la OIT.

El segundo, del Tribunal Administrativo deCundinamarca que ordenó la suspensión del programatras corroborar el sistemático incumplimiento de leyesen materia de salud y medio ambiente bajo las siguien-tes consideraciones:

“Si bien las fumigaciones aéreas constituyen unriesgo para la salud humana, animal y para el ambienteen general, es necesario que se suspendan, en aplica-


LA OTRA GUERRA

ción del Principio de Precaución, pero ello no significapara el Estado dejar de actuar sobre el problema, lo quese pide es que se cumpla la constitución, la ley el Plande Manejo ambiental impuesto, y todos los actos ad-ministrativos expedidos por las diferentes autoridadescompetentes, en relación con la política ambiental delpaís, significando por ello en estos momentos, un cam-bio de estrategias, determinándose previamente las con-secuencias del glifosato, más POEA más Cosmo Fluxen la salud - vida de los habitantes de Colombia, y delmedio ambiente en general, pudiéndose reforzar hastatanto haya certeza científica de los impactos de los quí-micos mencionados, las soluciones sociales concerta-das, y sostenibles como las del PLANTE, que conduzcana la reducción manual y gradual, pero eficaz, de las siem-bras de cultivos ilícitos, incluyendo políticas que aca-ben con la rentabilidad de esos cultivos”.

Debe anotarse que en este último proceso se tomóla decisión pese a que no se allegó “prueba de carácterdeterminante para la prosperidad de las pretensiones”ya que en Colombia ninguna autoridad ambiental o desalud ha realizado nunca estudios contundentes que dencuenta del nivel de impacto real de las fumigaciones.Sin embargo, tenía razón el tribunal en no centrar eldebate en una prueba técnica de daño, pues el ordena-miento jurídico colombiano en materia ambiental serige por principios universales, uno de ellos, el de pre-caución, que determina que “Cuando exista peligro dedaño grave o irreversible, la falta de certeza científicaabsoluta no deberá utilizarse como razón para poster-gar la adopción de medidas eficaces para impedir ladegradación del medio ambiente”.

Un año después, el Consejo de Estado al resolverla apelación interpuesta contra este fallo por parte delas autoridades antinarcóticos retrocedió en cuanto alanálisis que se había dado al paso y volvió a centrarloen la prueba de daño, resaltando que del material re-caudado “no se infiere, con certeza, que el glifosatoempleado para la erradicación de los cultivos ilícitosproduzca daños irreversibles en el medio ambiente; porel contrario, hay elementos de juicio que permiten con-cluir que la degeneración de las zonas asperjadas se pro-duce en lapso no muy largo, que, en cambio, numerosashectáreas de bosques son destruidas por causa de la talade estos por los cultivadores ilícitos”.

Por tal motivo el Consejo de Estado revocó el fa-llo del Tribunal de Cundinamarca y dio vía libre a lasfumigaciones, que para el 2004 alcanzaron una cifrarécord: más de 133.000 hectáreas asperjadas para obte-ner el pírrico resultado de 114.000 hectáreas, es decir,

las mismas que se registraban al finalizar 2003. Concada hectárea asperjada, se impactaron gravemente de-rechos fundamentales de todos aquellos expuestosindiscriminadamente a su ejecución.

Pero, cabe rescatar que el fallo no fue tomado deforma unánime por parte de dicha Corporación. Por elcontrario, se presentaron varios salvamentos de voto enlos que se plasmaron importantes objeciones productode una reflexión más profunda sobre las implicacionesde continuar con el PECIG.

A continuación nos permitimos transcribir algu-nos apartes de estos salvamentos, resaltando la impor-tancia que tienen, no sólo por su consistenciaargumentativa sino porque, en el contexto actual delegitimación del equívoco enfoque de lucha contra lasdrogas, constituyen un precedente histórico fundamen-tal para demostrar que no todo el aparato Estatal co-lombiano avala tal desafuero.(1) Conclusiones como que “grupos de campesinos en

su labor agrícola utilizan muchos productos quími-cos diferentes del glifosato en sus distintas formas,algunos de los cuales son extremadamente tóxicos yque pueden ser causa determinante de afecciones”,no puede constituir un elemento a tener en cuentapara descartar las pretensiones del actor, porque elhecho de que haya otros agentes contaminantes noavala el uso de otros que también lo sean”.

(2) “En relación con los medios de prueba en los quese funda la Sala para tomar su decisión vale la penaresaltar que los estudios, en su mayoría, fueron ade-lantados en países diferentes a Colombia, por lo queo tienen en cuenta las condiciones particulares enlas que se realiza la fumigación en el país; por estarazón las conclusiones que en ellos se deducen noson aplicables al caso colombiano”.

(3) “Disiento de la decisión mayoritaria de la Sala, pro-ferida en el proceso de la referencia, por cuanto con-sidero que se debió tomar en cuenta de maneraprimordial el principio de precaución (...). Es miparecer que debió traerse al expediente la pruebacompleta y necesaria de lo inocuo de las sustancias“glifosato, más poea, más cosmoflux”.

(4) “Disentimos de lo decidido en la sentenciareferenciada, mediante la cual se revocó la sentenciade primera instancia proferida en este proceso, la quea su vez había dispuesto la suspensión de la fumigaciónaérea por aspersión de los cultivos ilícitos en el país,hasta tanto se concluyeran los estudios ordenados enla misma providencia, siendo que ésta ha debido con-firmarse, fijando un término prudente para dicha

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LA OTRA GUERRA

suspensión, en el cuál debía coincidir con el requeridopara la realización de los referidos estudios”.

“Frente al sano e indiscutible propósito de com-batir frontalmente el flagelo degradante de los culti-vos ilícitos en nuestro país mediante aspersión aéreacon el uso de glifosato, se impone proteger preferen-temente la salud - vida, el ambiente y los demás dere-chos conexos de los asociados, afectados con eldesarrollo de las políticas establecidas para el logro delo primero. Se trata de unas prioridades con caráctereminentemente humanístico que encuentran plenosustento en nuestro ordenamiento jurídico, particu-larmente en el entendido de que los programas de fu-migación referidos no han arrojado los informesdivulgados notoriamente en diversos medios de co-municación, de los cuales se reproducen algunas no-tas periodísticas con un criterio meramenteilustrativo”. Como se ve, el debate sobre lasfumigaciones en Colombia no está terminado, tal vezporque dado el nivel de censura y secreto que le ro-dea, ni siquiera ha comenzado. El fallo del TribunalConstitucional del Ecuador, se vislumbra como unabuena oportunidad para abordarlo, para que la obsti-nación autoritaria del actual gobierno en la aplicacióndel PECIG ceda a la apertura de los hasta ahora nega-dos espacios democráticos de debate.

Colombia tendrá que revaluar la política de fumi-gar, fumigar y fumigar - por lo menos por ahora-, enlos aproximadamente 600 kilómetros de frontera conel Ecuador, y por tanto tendrá que apelar a otros métodospara disminuir el número de hectáreas sembradas concultivos de uso ilícito.

Este será un primer gran paso, porque por primeravez, no caben las excusas de inocuidad del glifosato, nilos cálculos que sostienen que el efecto deriva es inexis-tente, ni tendrá sentido apelar a razones de seguridaddel Estado, o a que los cultivadores son unos criminales,porque el sistema de justicia de un país fronterizo hadecidido proteger los derechos humanos de sus ciuda-danos y la inviolabilidad de su territorio, y Colombiatendrá que respetar y asumir esta determinación.

Aunque en Colombia no se ha generado la pruebade daño, damos por cierto que este se produce, a talnivel que incluso los perjuicios han cruzado fronteras.Quienes consideramos que las fumigaciones son unmétodo equivocado y perverso para disminuir cultivosde uso ilícito, celebramos este fallo y anunciamos quecontinuaremos oponiéndonos a ellas en defensa de losderechos humanos y de los derechos de los pueblos,con los instrumentos jurídicos nacionales e internacio-nales con los que contamos a fin de reconstruir la legi-timidad del Estado Social y democrático de derecho.

Colombia tendrá que revaluar la política defumigar, fumigar y fumigar …

La salud y las fumigaciones:Con respecto al fallo del Consejo de Estado que revocó la decisión del Tribunal de Cundinamarca

mediante la cual se ordenó realizar estudios para evaluar los impactos de los químicos que se emplean en lasaspersiones y la salud humana, es de anotar que pese a las exigencias formuladas por el Ministerio de Saluden los años 80 y 90s, las cuales han sido reiteradas por la Defensoría del Pueblo y la CGR, así como variasorganizaciones no gubernamentales, en el país no se cuenta con un plan de vigilancia epidemiológica.

En el informe del Observatorio de Drogas en Colombia, se mencionan como adelanto del “monitoreoen salud”, que: “… El Ministerio de Protección Social con el apoyo del Instituto Nacional de Salud haavanzado en el análisis y las alternativas para abordar la vigilancia de los posibles efectos en la salud humanaque pueda ocasionar la operación del PECIG. En ese sentido se avanzó en la definición de un protocolo paraefectuar evaluaciones del estado de salud de las comunidades del área de influencia del Programa. Esteestudio contempla la toma de pruebas y registro antes y después de la aspersión. Por lo anterior ese Ministerioadelanta gestiones con la Policía Antinarcóticos para caracterizar y seleccionar las zonas a evaluar”.

Esta manifestación de las autoridades encargadas de la política antidrogas le da sustento al fallo deprimera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó suspender las fumigacioneshasta tanto se realizaran los estudios para evaluar sus impactos en la salud humana.

Notas INDEPAZ


LA OTRA GUERRA

En el estudio realizado por DanielFonseca, Omar Gutiérrez y AndersRudqvist, se plantea la situación del surde Bolívar desde la perspectiva desus pobladores y de diferentes actores ins-

titucionales y se formulan recomendaciones a la ComisiónEuropea en la puesta en marcha del Laboratorio de Paz.

Por la importancia que tiene este documento enel análisis y evaluación de las estrategias utilizadas en elpaís para combatir las drogas ilícitas, INDEPAZ reseñaalgunas de las afirmaciones y conclusiones del estudio.

En primer lugar se menciona la poca visibilidadexistente en la región sobre la economía vinculada a laproducción de cocaína antes de 1999, año en que sedio un “fallido” proceso de negociación con el Ejércitode Liberación Nacional – ELN.

Entre las razones del auge de las actividades vin-culadas al narcotráfico, se mencionan:1. El ingreso de las AUC para combatir al ELN, con

lo que se agudizó el conflicto y con ello aumentaronlos desplazamientos de la población de la zona, per-mitiendo el ingreso de otros actores más vinculadosal Magdalena Medio.

2. El posicionamiento que tuvo el Bloque CentralBolívar que de manera integrada intervino en losdiferentes escalones de la cadena del narcotráfico ypromovió los cultivos de coca.

Cultivosde uso ilícito enel sur de Bolívar:aproximacióndesde laeconomía política1

Unidad Investigativa de INDEPAZ

1 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD- yAgencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo– ASDI- “Cultivos de uso ilícito en el sur de Bolívar:aproximación desde la economía política”, abril de 2005.

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LA OTRA GUERRA

3. La poca presencia del Estado en la zona que se ma-nifiesta en carencia de programas y proyectos ajus-tados a las condiciones de la misma: Existencia deuna zona de reserva forestal, falta de reforma agra-ria, problemas en la titulación y propiedad de la tie-rra, características ambientales – ecosistemas frágiles-,y pobreza y marginalidad.

4. La baja efectividad de los programas de erradicaciónvoluntaria adelantadas por el PLANTE y algunasorganizaciones no gubernamentales con recursos delPlan Colombia, los cuales “han sido fuertementecuestionados por los mismos campesinos”.

Como propuestas para la operación del Laborato-rio de Paz formula la puesta en marcha de una “estrategiade desarrollo regional sostenible en medio del conflicto”,participativa y concertada, que debe tener entre suscomponentes acciones dirigidas a:

1. “… ganar confianza y acercar a estos habitantes[del sur de Bolívar] a la legalidad productiva y asu reconocimiento como ciudadanos”.

2. Abordar el ordenamiento territorial y la realizaciónde una reforma agraria, en la medida en que “laexpansión de los cultivos ilícitos y los conflictospor la tierra tienen una estrecha relación”, por lotanto “suena inconsistente insistir en la ‘sustitu-ción de cultivos’ sin asumir las problemáticas aso-ciadas a la tenencia y legalización de la tierra y a suconcentración en pocas manos. Se propone esti-mular las zonas de reserva campesina dentro de lafrontera agrícola, a través de las cuales se dote a loscampesinos de tierras fértiles y vecinas a los nú-cleos urbanos, “donde realmente sea más racionaly competitivo impulsar… proyectos productivos”.

3.Promover proyectos que redunden en la economíalocal y en las condiciones sociales de sus habitan-tes, dado que muchos de los proyectos – ganaderoso agroindustriales – se orientan más a producir paramercados externos sin atender las condiciones dela vida rural y de sus pobladores, como es el casode la minería y los cultivos de palma en Yondó.

4. Incorporar en el plan que se emprenda a los dife-rentes actores que se afectan y/o benefician con laeconomía ilegal, dentro de los cuales menciona alos más afectados por la fumigaciones: Los campe-sinos que ven en la coca es una “oportunidad másde sobrevivir” y los “raspachines” una forma deobtener su remuneración. Otros actores citados sonlos comerciantes y transportadores para quienes lacoca es una manera de obtener excedentes a travésdel otorgamiento de prestamos para la adquisiciónde bienes de consumo, insumos agrícolas o para lasiembra de dicha planta. También recomienda ana-lizar la manera de vincular a aquellos campesinos yproductores que se han negado a participar activi-dades ilícitas y que por lo mismo no son beneficia-rios de los programas gubernamentales; a losempresarios locales de la coca que no ven atracti-vos esos programas y, en muchas ocasiones se opo-nen a su implementación, situación que puede sercompartida por la de los proveedores de insumospara el narcotráfico, y a las autoridades locales, asícomo a los actores armados al margen de la ley.

Para finalizar en el estudio se cuestiona la políticaantidrogas fundada en las estrategias de aspersiones conquímicos y de programas de desarrollo alternativo y erra-dicación voluntaria ejecutados en la región, en aten-ción a que “los actores que se benefician del narcotráficoen el sur de Bolívar y acumulan grandes recursos, queretroalimentan el conflicto armado y agravan la situa-ción de emergencia humanitaria, no han sido golpea-dos de forma contundente ni desarticulados o reducidospor las fuerzas de seguridad del Estado”.

“…ganar confianza y acercar aestos habitantes [del sur de Bolívar]

a la legalidad productiva y a sureconocimiento como ciudadanos”.

“los actores que se benefician delnarcotráfico en el sur de Bolívar yacumulan grandes recursos, que

retroalimentan el conflicto armado yagravan la situación de emergenciahumanitaria, no han sido golpeados

de forma contundente nidesarticulados o reducidos por lasfuerzas de seguridad del Estado


PLAN COLOMBIA: ¿PLAN PATRIOTA?

El plan Colombia y luego el Plan Pa-triota, por sus objetivos y resultados,son una estrategia contrainsurgentecontra la guerrilla y el movimiento so-cial con miras a garantizar, en primer

lugar, la seguridad con militarización privada y el controlterritorial en especial donde están ubicados los recursosestratégicos y la biodiversidad, y en segundo lugar, laejecución en marcha del IIRSA - Iniciativa para la Inte-gración de la infraestructura Suramericana y el TLC -,con los megaproyectos de construcción de obras deinfraestructura, de interconexión energética, de indus-tria extractiva, de turismo, de apropiación de genes yen general del patrimonio ambiental.

En numerosos documentos de Estados Unidos –EU– y en la sustentación del Plan Colombia y del ALCAy el TLC, se han manifestado los intereses geoestra-tégicos de EU para en control territorial y asegurar elacceso a los recursos geoestratégicos por parte de susmultinacionales.

En relación con el petróleo en América Latina y elapoyo a la guerra contra el terrorismo el entonces jefedel comando sur de EU justificaba “La región proveemas del 31% del petróleo importado, mas que todoslos países del medio oriente juntos. La volatilidad deloriente medio hace de la disposición de existencias depetróleo en América Latina y del Caribe, algo muy crí-tico”. Por consiguiente, el petróleo por encima de lalucha antidrogas se presenta como un objetivo de E U

¿Plan Colombia,Patriota IRA,IIRSA, TLC,hacia un nuevoEstado Ilegal?

Martha Alicia Duque G.1

Investigadora, Equipo Académico de Indepaz

1 Economista y Abogada.

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en Colombia. Se hace alusión a la seguridad, en las zo-nas petroleras en producción, así como en las áreas ru-rales con reservas de petróleo donde las compañías deEU puedan iniciar operaciones. Del mismo modo, re-salta la intensificación del ataque de las FARC y delELN en los pozos petroleros2.

Para los EU, el narcotráfico no es un problemacomo ya se había anotado, pues hay que adicionar, queson los que más se benefician y controlan el negocio.Al respecto Rumsfeld, Secretario de Defensa de EU,declaraba en visita a Colombia en 2003 “El narcotráficono es peligroso en si mismo, sino porque alimenta alterrorismo y a redes terroristas”3.

El principal componente, del Plan Colombia sepresenta para el ejército y la policía, destinados a ladenominada lucha antidrogas y a la fumigación masi-va, que para el 2001, el aporte representó el 74% y ape-nas el 26% para la Acción Social.

Para el 2004, en vista de que no se ha logradotocar la estructura básica de las FARC, se diseña y poneen operación el Plan Patriota como una estrategia mili-tar, con la pretensión de derrotarlos.

Acompañada a la acción militar se ha puesto enmarcha, la estrategia de contra el denominado populismo

radical, dirigida al movimiento social y dirigentes. En marzode 2004 “el Comandante de las fuerzas estadounidensesen América Latina (Southern Command, general JamesT. Hill, comunicó al Comité de las Fuerzas Armadas de laCámara de Representantes la voluntad y decisión delgobierno de George Bush, de destruir por la fuerza militarla “amenaza emergente” del populismo radical”4.

La fumigación masiva con glifosfato y el PlanPatriota, han conllevado al desalojo de la población civil,a incrementar el desplazamiento forzado, a la violaciónmasiva de los derechos humanos y al despojo masivo detierras, por parte de los paramilitares, como lo ha seña-lado Codhes, y a la par se esta asistiendo al etnocidio deindígenas y afrodescedientes5.

Es decir, ha sido un monstruoso desalojo de lapoblación civil, a sangre y fuego, de tierra arrasada y deocupación territorial.

Los paramilitares para la lucha contrainsurgente yla acumulación de gigantescos capitales se han finan-ciado en gran medida, con recursos del narcotráfico.Reconocen controlar del orden de 50.000 hectáreas sem-bradas de coca. La caracterización más apropiada seriade narcoparamilitares y entre otras razones porque suslíderes han sido pedidos en extradición a EU, pornarcotraficantes.

En el Informe del Banco Mundial y de otrosorganismos internacionales y nacionales, sobre protec-ción de bienes patrimoniales, concluye que elnarcotráfico ha agravado la violencia y en los 10 últi-mos años, se ha incrementado la relación directa entrenarcotráfico, la lucha por la tierra y el desplazamiento yademás “… En Julio de 1998, se afirmaba que los pro-cesos de acumulación ligados a la economía delnarcotráfico, han provocado un movimiento de relevode elites y de configuración de poderes locales en muchossitos del país”6. El mismo informe dentro de los móvilespara ejercer el control territorial anota “ el interés decontrolar corredores para transito de armas, moviliza-ción y refugio de combatientes, el dominio de recursos

“La región provee mas del 31%del petróleo importado, mas

que todos los países del mediooriente juntos. La volatilidaddel oriente medio hace de ladisposición de existencias depetróleo en América Latina ydel Caribe, algo muy crítico”.

2 Ver: United States House Armed Services Committe. Posture statement of Gneral James T. Hill, United Status Army Comander, UnitedStates Southern Command Befote the 108 Congres House Amed Services Committe .(Washington, 13 March 2003), 2. Tomado en:Ramírez, Maria Clemencia, El Plan Colombia después de tres años de ejecución: Entre la guerra contra las drogas y la guerra contra elterrorismo. P47. Indepaz, Documentos No 22. Seis Años de Plan Colombia-USA, 1998-2004, Año 2004.

3 Revista Semana, Relaciones exteriores giro radical? Bogotá, 25-8-2003- Op. Cit. Ramirez, Maria C. P. 24.4 Dieterich, Heinz, Integración Militar del Bloque Regional de Poder (BRP) Tomado en Internet: www.Rebelión.org- 20-04- 2004.5 Ver: Duque G. Martha Alicia, Indígenas señalan nuevos caminos de resistencia, Le Monde Diplomati que, Edición Colombia. Bogotá, abril de 2005.6 Proyecto Protección de bienes patrimoniales la población rural desplazada y fortalecimiento del tejido social-Apartes-Auspiciado por la

Red de solidaridad social, el Fondo posconflicto del Banco Mundial, la Agencia Sueca de Cooperación internacional para el Desarrollo,la organización internacional par las Migraciones y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, P. 48.En: Indepaz, unto de Encuentro, Tierras en Conflicto, Bogota, Marzo/ Abril de 2005.



naturales, el despeje para la instalación o ampliación deproyectos económicos de gran envergadura y la dispo-nibilidad de tierras para el cultivo y procesamiento ytrafico de ilícitos o la posibilidad de incidir en renovarpoderes locales para garantizar su lealtad a uno u otroactor armado” P. 47.

El gobierno se ha involucrado en una guerra ajenaque responde principalmente a los intereses geoestra-tégicos de E U y sus multinacionales, entregando lasoberanía nacional. La guerra es insostenible en térmi-nos económicos. El país aporta los mayores recursos enel Plan Colombia, el 61% correspondían a Colombiay el 31% a E U, para julio de 20027; los recursos deColombia principalmente comprometen de deuda pú-blica interna y externa con créditos del BID, el BancoMundial y la CAF, agravando la crisis de la deuda y acosta de los pobres y de los trabajadores, con las refor-mas tributarias, pensional, el recorte de las transferen-cias a los municipios entre otras.

Con la extensión del Plan Colombia, a la RegiónAndina, mediante el IRA-Iniciativa regional Andina- seconstituye en una amenaza para la regionalización la guerra,en los países de la zona andina –Ecuador, Perú y Bolivia-

Los paramilitares, tal como lo han denunciado lasorganizaciones de derechos humanos, en estudios, la pren-sa y en el Congreso de la República, el acceso a los go-biernos locales y regionales la utilización de los recursos

públicos, los contratos públicos para la prestación de ser-vicios de salud en la costa atlántica, para su financiacióny acumulación de capitales, han penetrado las institucio-nes del estado en especial, la justicia, los organismos deseguridad como la Fiscalía y el DAS, han venido copan-do las corporaciones públicas (Concejos municipales,asambleas departamentales y el Congreso de la República)usando su poder militar y de intimidación8, implantan-do megaproyectos como el de palma africana, con el apoyodel gobierno, en tierras despojadas y de grupos étnicoscomo en el Choco. Es decir, en esencia se han estructura-do gobiernos locales narcoparamilitares.

Asimismo, en el plano nacional continúan conso-lidándose con inversiones en diversos sectores de la eco-nomía, con ingentes recursos que viene ingresando alpaís provenientes del lavado de dólares, afectando engran medida la caída del precio de la divisa, y se hanbeneficiado de amnistías tributarias, para legalizar susenormes fortunas.

Ante los proyectos presentados por el gobierno y laley de Justicia y Paz, se ha puesto en evidencia, la amena-za de la impunidad y legalización del paramilitarismopor parte, de Naciones Unidas y organizaciones interna-cionales de derechos humanos, un sector del Congresode E U, en su reciente carta al Presidente Uribe, el PbroJavier Giraldo, sectores de organizaciones de la izquierdademocrática y del partido Liberal y connotados exuribistascomo el exministro, senador y jefe del proyecto de Ver-dad Justicia y Reparación, Rodrigo Pardo quien en sucolumna del Tiempo, expresaba9 “Además, elparamilitarismo es un proyecto de acumulación de po-der político y de riquezas económicas a través de las ar-mas. Eso no lo han desmovilizado ni en un solo gramo.¿Cuántos municipios son dominados por paramilitares?No menos de 300, y eso sin hablar de cuántas gober-naciones. Y el poder económico, que, como el político,ha sido obtenido por las armas, tampoco se hadesmovilizado. Nada ha ocurrido con los negocios dechance, ni con las ARS que manejan directa e indirecta-mente los ‘paras’. La gasolina de contrabando o robadade los poliductos es un negocio de los ‘paras’. Ahora nosdicen que están metidos en televisión por cable. Eso sinmencionar la coca. Sí, están dejando armas por miles:pero mantienen lo demás intacto.”

La fumigación masiva conglifosfato y el Plan Patriota,

han conllevado al desalojo de lapoblación civil, a incrementar

el desplazamiento forzado,a la violación masiva de los

derechos humanos y al despojomasivo de tierras, por parte de

los paramilitares, …

7 Op. Cit. Ramírez, Maria C.8 Ver sobre estos aspectos: Op. Cit, Gutierrez, Soraya, Zuluaga, Jaime.9 Pardo R, Rafael. Un Camino aún incierto. La esencia del paramilitarismo no se está desmontando. El Tiempo-01-02-05

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En la entrevista concedida por Marcelo Pollackde Amnistía Internacional y la impunidad que el go-bierno del presidente Uribe estaba concediendo a losvioladores de derechos humanos expresaba10. “En esteproceso de desmovilización, por ejemplo, cuando vemos

“El Plan Colombia no ha sido unplan antinarcóticos sino un plancontrainsurgente y se ha utilizadooficial y legalmente para combatira la guerrilla en una forma en laque el ejército colombiano no

debiera combatirla,estigmatizando a la población

civil como guerrillera osimpatizante de la guerrilla”.

que no ha habido transparencia y que los paramilitaresse reintegran en el conflicto armado a través de nuevasestructuras legales como los soldados campesino, lasredes de informantes o empresas privadas de seguridad.O como sucede en el ejército, donde hay muchos viola-dores de los derechos humanos pero nunca pasa nada.No hay juicios independientes, no hay sentencias, nohay justicia.” Y agregaba: “El Plan Colombia no ha sidoun plan antinarcóticos sino un plan contrainsurgente yse ha utilizado oficial y legalmente para combatir a laguerrilla en una forma en la que el ejército colombianono debiera combatirla, estigmatizando a la poblacióncivil como guerrillera o simpatizante de la guerrilla”.

La tragedia que se vislumbra para la democracia ypara el pueblo colombiano es la emergencia de un nuevosector de clase narcoparamilitar, que viene consolidán-dose desde lo local, para apropiarse hegemónicamentedel poder del Estado, transformándolo en un Estadoilegal de corte narcoparamilitar y la profundización ygeneralización de la guerra sucia, que conllevaría incon-mensurables costos en vidas humanas, económicos,devastación cultural y ambiental, hambre, miseria,despejando por esta vía el camino para los interesesgeoestratégicos de E.U.

10 “El Plan Colombia no ha sido un plan antinarcóticos sino un plan contrainsurgente”. Entrevista a Marcelo Pollack, investigador deAmnistía Internacional para Colombia, Tomado de Internet. Adital mayo de 2004. En la misma sección.



Lamentablemente la ley denominada por el go-bierno de Justicia y paz, ya es un hecho impuesto porsus mayorías en el Congreso, independiente de los vi-cios de inconstitucionalidad que pueda tener. Sin em-bargo, es preciso seguir con la resistencia social,acopiando no solo para un marco jurídico de efectivaverdad, justicia y reparación, para avanzar en caminosde paz, sino para el desmonte de las estructuras militar,económica, económica del narcoparmilitarismo y queestán asociadas a la búsqueda de un modelo alternativoal neoliberal, lo cual rebasa el tema de este trabajo.

Los elementos y propuestas que se recogen, hansido consignados en eventos nacionales e internaciona-les y estudios, incluid la autora.

• Recuperar el monopolio de las armas por partedel Estado, previa depuración y reestructuraciónde las fuerzas armadas y de los organismos de se-guridad y justicia y desmonte de las estructurasmilitares de los narcoparamilitares.

• Definir las bases esenciales de un proyecto de leyde en concordancia con los estándares del dere-cho internacional humanitario, suscritos porColombia, sobre verdad, justicia y reparación quepermita la participación democrática de la pobla-ción afectada por las violaciones a los derechoshumanos y despojo de sus tierras y demás bienesy se establezca la verdad sobre los auspiciadotes yfinanciadotes de los narcoparamilitares.

• Realizar una reforma agraria integral, que asegureen primer término, la restitución de los 5 millonesde hectáreas, arrebatadas a los campesinos, gruposétnicos y demás propietarios, dejando sin valideslas ventas que se han hecho con intimidación.

…surge la necesidad imperativa deuna movilización tendiente aldiseño de un Plan mundial de

combate real de todas las formas decriminalidad que parta de la basede evaluar, los 30 años de fracasoso engaños de los planes y políticas

antidrogas y sus desastres, ….

• Construir democracia desde lo local con organiza-ciones comunitarias y sociales independientes yno como apéndices de los aparatos militares y deseguridad del Estado, que con el apoyo pro activodel gobierno, puedan dinamizar alternativasautogestionarías en el marco de la globalización.

• Proponer como política de Estado la construcciónde una ética social y ciudadana, que trasforme losindividuos en seres solidarios inmersos en unasociedad, enmarcados en las normas de los dere-chos económicos, sociales y humanos.

• Estructurar una organización transitoria para queadelante el proceso de reforma agraria y de restitu-ción de tierras con participación de la comunidady los despojados de sus propiedades. Igualmente,adecuar o estructurar una entidad para incautar orecibir los recursos financieros provenientes delnegocio ilícito, decretando la extinción de domi-nio. Estos recursos deben destinarse para financiarproyectos con la población afectada por la violen-cia, individual y para la recontracción social y eco-nómica de dicha población. En ningún caso debenincautarse o expropiarse bienes de los pequeñoscampesinos y de grupos étnicos que por necesidado intimidación se han visto abocados a sembrarcultivos de uso ilícito, como lo ordenó atrozmen-te el presidente Uribe recientemente.

• Atendiendo a que el narcotráfico y la economíacriminal corresponden al ámbito de intereses in-ternacionales, surge la necesidad imperativa deuna movilización tendiente al diseño de un Planmundial de combate real de todas las formas decriminalidad y parta de la base de evaluar, los 30años de fracasos o engaños de los planes y políti-cas antidrogas y sus desastres, con énfasis en lasde E U, tales como el Plan Colombia-Patriota yel IRA, al igual que la estrategia de NacionesUnidas, UNDOP en 1998, para la eliminaciónde la coca y amapola en el 2008, para lo cual sepropuso hace 5 años y acogida en varios eventosnacionales e internacionales la conformación deuna Comisión Mundial, con expertos internacio-nales y personas independientes de los gobiernosy apoyada por comisiones técnicas11. La evalua-ción debe recoger las propuestas de connotadoseconomistas y premios Nóbel, como MiltonFriedman, Robert Barro y Gary S. Becker sobrela legalización de la droga ilícita.

11 Ver más ampliamente sobre la propuesta de la comisión en: Op. Cit. González P. Darío, Armas químicas y biológicas en el PlanColombia.

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SEGUIMIENTO A LA DESMOVILIZACIÓN DE LAS AUC/PARAS

Las recientes desmovilizaciones colecti-vas de los grupos paramilitares y antetodo la anunciada desmovilización delgrupo más poderoso -el Bloque Cen-tral Bolívar- arrojan una pregunta estra-

tégica: ¿se está poniendo fin al ciclo de formación degrupos de seguridad privada en Colombia? Si se anali-zan los escenarios futuros con base en los indicios dehoy, y no en las lógicas “político-militares” de ayer, esinevitable llegar a una conclusión: habrá una tercerageneración de grupos paramilitares.

Como ya lo había señalado la Revista Semana [1],El Tiempo (agosto 7) reseñó cómo los ejércitos priva-dos de alias “Don Diego” (“Los Machos”) y “Jabón”(“Los Rastrojos”), reconocidos narcotraficantes del nortedel Valle, han decidido autodenominarse como“Autodefensas Campesinas del Valle” y “Rondas Cam-pesinas Populares”, respectivamente. El fin de esta“transformación” es buscar los beneficios jurídicos con-templados en la Ley de Justicia y Paz [2], al parecer sinperspectivas de éxito. El Tiempo tituló ese mismo día:“Ministro del Interior asegura que no habrá más ‘narcos’colados en el proceso de paz”. [3]

A diferencia de “Don Diego”, ‘Jabón’ no compróparte de una estructura paramilitar ya existente sino queutilizó a los hombres de su estructura sicarial para transfor-marla en un bloque paramilitar. Estas mismas versionesseñalan que ambos grupos están reclutando desmo-vilizados, quienes servirían a unos o a otros para combatiren las zonas rurales. La disputa entre ambas bandas dejaun saldo de aproximadamente 1.500 muertos.

La TerceraGeneraciónde GruposParamilitares

Fundación Ideas para la Paz1

1 Informe No. 25, en www.fundacionideasparalapaz.org.co



Hasta la fecha, 15 estructuras paramilitares se handesmovilizado y han hecho dejación de armas en 11departamentos del país. Los resultados son: 8.798 per-sonas desmovilizadas (58% durante este año); 4.686armas entregadas; 3.283 granadas; y 709.234 municio-nes de diferente calibre. Así mismo se han entregado105 fincas, 58 inmuebles, 11 vehículos, 10 lanchas y45 mulas. [4]

Las desmovilizaciones han tenido lugar en los de-partamentos de Antioquia, Córdoba, Cundinamarca,Norte de Santander, Valle, Sucre, Bolívar, Nariño, Caucay la última en Puerto Gaitán, Meta. [5] Se estima queaún faltan por desmovilizar el 60% de las estructuras,que pueden representar entre 10.000 y 12.000 hombres.Están pendientes dos de las más poderosas y numerosasfacciones paramilitares, el Bloque Norte y el BloqueCentral Bolívar (BCB), que actúa en los departamentosde Bolívar, Antioquia, Risaralda, Caldas, Santander,Norte de Santander, Boyacá, Arauca, Vichada,Putumayo y el Caquetá.

Recientemente (julio 7) el BCB anunció la deci-sión de concentrar en las diferentes zonas de operación,la totalidad de los miembros de los estamentos políticoy militar. Como parte de esta declaración, tal como yase reseñó, se desmovilizó el denominado bloqueLibertadores del Sur, que operaba en el departamentode Nariño. [6]

El Estado mayor conjunto del BCB está compuestopor “Julián Bolívar” (Jefe del Estado Mayor Negociadorde las AUC); “Javier Montañez” (“Macaco”); “PabloSevillano” (bloque Libertadores del Sur); “Pablo Mejía”(bloque Vencedores de Arauca); “Sebastián Colmena-res”; “Rafael Meza”; “Eduardo Victoria” e Iván RobertoDuque Gaviria, alias “Ernesto Báez”, este último a cargode la dirección política de las AUC.

Desde el inicio de los acercamientos, el BCB fueel grupo más reacio en entrar a la negociación. Fue elúltimo en declarar el cese de hostilidades. Después dehacer públicas sus consideraciones y criterios para unafutura negociación con el gobierno (agosto 7 de 2003),

el BCB aprueba la conformación de una mesa única denegociación y decide concentrar a sus comandantes enSanta Fe de Ralito (marzo 31 de 2004). El Estado MayorNegociador de las AUC fue así conformado incluyendotres comandantes del Bloque. Según cálculos del pro-pio BCB (agosto de 2003), la organización estaba con-formada por 5.500 hombres y 29 frentes de guerra. [7]

En abril de 2005 se conocieron las primeras ver-siones que hablaban de una estrategia lanzada por elBCB para reclutar hombres en Bogotá. Según El Tiem-po, “‘Macaco’, según las indagaciones, encargó a su veza ‘La Araña’ y a ‘Rubiano’ de liderar la avanzada sobrela localidad de 252 barrios y un millón de habitantes,en la que fueron asesinadas 88 personas en el primertrimestre del año, la cifra más alta desde 1997". [8]Corren rumores similares sobre la presencia del BCBen otras ciudades, como Neiva.

Por otra parte, el reciente Censo de Cultivos de Coca(junio de 2005) de la UNODOC muestra cómo coinci-den las zonas de fuerte presencia del BCB (Nariño,Putumayo, Caquetá, Arauca, Vichada, Santander, Nortede Santander y Caldas) con las zonas de cultivo y expan-sión de la coca. Por ejemplo, “en el departamento deBolívar, el cultivo de coca está concentrado en el áreaconocida como Sur de Bolívar”, lugar donde precisamenteejerce su influencia el BCB. Entre el mes de enero y laprimera semana de diciembre de 2004, según los datosde la Revista Semana, los laboratorios destruidos y lasincautaciones de coca registradas a lo largo del país guar-dan cierta relación con el accionar del BCB. Nariño, porejemplo, presentó la tasa más alta de destrucción de la-boratorios (39) y una de las más importantes en térmi-nos de incautaciones de coca (3.113 k.). En Putumayofueron destruidos 13 laboratorios. En las demás zonasdonde hace presencia el BCB fueron comunes el hallaz-go de laboratorios o la incautación de coca.

En cuanto al proceso de desmovilización en sí, unavez se produce la concentración de los combatientes,procede en breve de la siguiente manera: se hace unlistado de los presentes con nombre y cédula, y se sepa-ran los menores quienes quedan bajo tutela del ICBF.A los mayores se les entrega un kit de aseo y se le haceun taller de atención sicosocial. Luego miembros delCTI (Fiscalía), hacen una identificación de losdesmovilizados (huellas dactilares, placa dental, etc.), yun fiscal les toma declaraciones en versión libre.

Finalmente, cada uno de forma individual iniciael proceso de retorno a su región de origen, al tiempoque empieza a recibir una “ayuda humanitaria” mensualde 1 salario mínimo (358.000 pesos). Esta última etapa,

Hasta la fecha, 15 estructurasparamilitares se han

desmovilizado y han hechodejación de armas en 11departamentos del país.

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propiamente de reinserción, el principal soporte insti-tucional con el que cuentan los desmovilizados son losCentro de Referencia y Oportunidades (CRO). Allí seefectúa, con el apoyo de la OIM, la gestión interins-titucional para la asesoría, información y referenciaciónde los reinsertados. [9]

Las desmovilizaciones han estado acompañadaspor la misión MAPP/OEA, que ha estado presente enla desmovilización y el desarme de trece bloques o frentesde las AUC. Para todo ello cuenta con un total de 20personas para cubrir el territorio nacional. [10] Por ellola MAPP/OEA carece con frecuencia de la capacidadoperativa para permanecer en la zona luego de lasdesmovilizaciones y verificar que en efecto las estructurasarmadas no sigan actuando.

La MAPP/OEA juega un papel importante en eldesarme. Cuando el grupo a desmovilizar llega a la zonade ubicación temporal, el GIAT (Grupo Interinstitucionalde Análisis Antiterrorista, conformado por Ejército, Po-licía y DAS) recibe de cada uno de los combatientes lasarmas, municiones y demás elementos explosivos y sehace un primer conteo que es verificado por la Misión.

El material de guerra es dejado en un armerilloque queda bajo custodia del GIAT y la Misión. De estemodo la tropa concentrada queda desarmada, a excep-ción de un anillo de seguridad que, junto a uno delEjército y de la Policía, componen el esquema de segu-ridad en la zona. Las armas son devueltas a los comba-tientes para la ceremonia oficial del desarme, quienesen un acto público hacen dejación de las armas. Se realizaun nuevo conteo -base para el acta que firma la Misión-y se trasladan a la unidad militar más cercana (Brigada),quien las recibe y las almacena. Hasta aquí actúa la ve-rificación de la OEA en el caso de este material.

Una vez almacenadas las armas en la unidad militar,se realiza un peritaje completo a cada una de las armas.Esta información se constituye en material probatorio yqueda a disposición de la Fiscalía General de la Nación,del gobierno nacional y la MAPP/OEA. La mayoría defusiles son AK-47 y M-16, seguidos, en un menor por-centaje por armas cortas y otras de mayor calibre.

Human Rights Watch (agosto 1 de 2005) ha criti-cado este proceso de desarme: “El gobierno no lleva unregistro de cuáles armas fueron entregadas por cada indi-viduo en las ceremonias de desmovilización. De estamanera, incluso si las armas se examinaran para deter-minar si han sido usadas en atrocidades específicas (hastael momento, esto no ha sucedido) no se podría relacio-nar el arma con la persona que la usó.”[11]

Análisis:- La desmovilización de una parte importante de las

autodefensas -casi nueve mil hombres, según cifrasoficiales- y ante todo la anunciada desmovilizaciónde los dos más grandes bloques -el Bloque CentralBolívar y el Bloque Norte- arrojan un interrogante:¿se está poniendo fin al ciclo de formación de gru-pos de seguridad privada en Colombia? Esa es lapregunta estratégica. La pertinencia de la respuestadepende de la perspectiva que se adopte. El conflic-to colombiano -como muchos otros conflictos dehoy- transita desde hace dos décadas de un polo quese podría llamar ”político-militar” a otro que sepodría llamar “criminal”. La negociación con losgrupos paramilitares se encuentra en el límite entrelos dos, algunos dirán que lo sobrepasa. Si se anali-zan los escenarios futuros con base en los indiciosde hoy, y no en las lógicas “político-militares” deayer, es inevitable llegar a una conclusión: habrá unatercera generación de grupos paramilitares (luego delos grupos del Magdalena Medio a comienzos de losaños ochenta y de la posterior evolución ACCU-AUC-Ralito; o una cuarta o una quinta generación,para quienes quieran cortar más fino).

- La renovación del paramilitarismo depende de variosfactores. En lo inmediato está la suerte de los hom-bres que se están desmovilizando y de las estructurasque hasta ahora los han empleado. Al proceso dedesmovilización se le ha criticado por permitir elreclutamiento a último momento de muchos queinflan las cifras. [12] Pero la pregunta no es sólo sison los que están, sino también si están los que son.En el proceso actual, el comandante entrega la listade sus hombres a la Oficina del Alto Comisionadocomo parte de la negociación, y esa es la base de laconcentración y desmovilización. La oficina la com-para con el orden de batalla que tienen los serviciosde inteligencia, pero es muy poco probable que en

Por ejemplo, “en el departamentode Bolívar, el cultivo de coca estáconcentrado en el área conocida

como Sur de Bolívar”, lugardonde precisamente ejerce su

influencia el BCB.



esos “ordenes” aparezcan con nombre el grueso delos combatientes (con pocas excepciones, no ocurresi quiera en el caso de los frentes de las FARC). Y alos hombres no se les confirma luego su grado depertenencia mediante un interrogatorio, como síocurre en las desmovilizaciones individuales.

- Mientras tanto, por Ralito corre la voz del llamado“setenta - treinta”: desmovilizar el setenta por cien-to de los hombres y guardarse el treinta. Es evidenteque los paramilitares piensan que requerirán unafuerza que garantice su seguridad personal, para neu-tralizar el “dilema de seguridad” (ver Boletín 15).Pero también es muy probable que guarden unafuerza que cuide “el negocio”, y que se despojen delresto. Es decir, el resto que patrulla las zonas, tareaque dejarían a la fuerza pública. Lo que también esuna manera de reducir costos.

- La confusión reinante indica que un porcentaje im-portante de los actuales paramilitares quedarán enla sombra. Ha habido casos de comandantes quepretenden unir su nombre a la desmovilización deotros bloques, para que parezca que se desmovilizany así quedarse con sus propios hombres; de coman-dantes que pretenden desmovilizarse en zonas don-de nunca han actuado, para dejar en casa los suyos.Pequeños detalles apuntan en la misma dirección:el BCB bajó de su página web su flamante organi-grama. Más vale que no quede muy claro ni quiénesni cuántos son.

- Está luego el problema de las estructuras mismas y supoder económico, que en buena medida fue el centrodel debate de la ley de Justicia y Paz. Valga mencionartan sólo el problema de la reinserción económica delos ex combatientes. El comandante Vicente Castañodijo a la revista Semana que están desarrollando suspropios proyectos productivos: “En Urabá tenemoscultivos de palma. Yo mismo conseguí los empresariospara invertir en esos proyectos que son duraderos yproductivos”[13]. ¿Los paramilitares van a hacer supropia reinserción? Eso es lo que está ocurriendo, quees también una forma de mantener su control. ¿Hayotra alternativa? No cuando el gobierno se limita acumplir una función de “broker”, de intermediarioentre los interesados en apoyar proyectos productivosy los paramilitares desmovilizados. No hay ningún

acompañamiento, mucho menos seguimiento de losproyectos. En ese escenario, incluso quienes tienen lasuerte de conseguir un trabajo en un proyecto siempretendrán la opción de dejarlo y regresar a las armas, sila oferta es mejor.

- Por otra parte, ¿qué ocurrirá con los gruposparamilitares que no están en Ralito? Aunque ha ha-bido rumores de una posible participación, ni el po-deroso bloque Elmer Cárdenas, comandado por “elAlemán” en el departamento del Chocó, ni el grupode “Martín Llanos” en el Casanare se han compro-metido formalmente con la desmovilización. Les que-da el campo abierto para aprovechar ”la demanda subjetiva de seguridad”, el nerviosismo que existe enlas regiones por la aparente “desprotección” en quequedan luego de la desmovilización paramilitar. Elmismo BCB alertó hace dos años (7 de agosto de2003) sobre “la no inclusión de la totalidad de losfrentes de autodefensas campesinas” en la negocia-ción: “La pervivencia de un solo bloque, por fuera dela negociación, le confiere una importancia mayús-cula dentro de los centenares de miles de opositores ala desmovilización. Esta circunstancia indudablemen-te favorecerá el fortalecimiento y redoblamiento delbloque supérstite, para convertirlo en poco tiempo,en un fenómeno multiplicador”.

- Pero el problema más grave no es la “demanda sub-jetiva de seguridad”, ni la amenaza de una “recon-quista” por parte de las FARC, que puede ocurrir,pero que no es probable en buena parte de las regio-nes de fuerte presencia paramilitar en el norte delpaís. [14] El problema fundamental es la permanen-cia del negocio del narcotráfico. Esa es la principalfuente de la “tercera generación”.

- El narcotráfico tiene tres requisitos básicos. Requiereun poder coercitivo para asegurar la protección desus operaciones. Requiere además una conexión conuno de los grupos armados que se han dividido en-tre sí los cultivos de coca, y cada vez más las rutas:en Colombia ya no es posible ser un narcotraficanteurbano “a la antigua”, como lo fuera en su momentoJosé Santacruz, por ejemplo; tiene que estar “engra-nado” con uno -o varios- de los grupos armados, esdecir tiene que estar engranado en el conflicto. Yrequiere finalmente un entorno institucional favo-

Mientras tanto, por Ralito corre la voz del llamado “setenta - treinta”:desmovilizar el setenta por ciento de los hombres y guardarse el treinta.

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rable, que es lo mismo que decir que tiene que co-rromper a todos a su alrededor.

- Por todas estas razones parece inevitable que se re-nueve el paramilitarismo, que es precisamente unaestructura de protección. Están en un primer mo-mento los grandes narcotraficantes perseguidos porla justicia que no lograron entrar a Ralito. La revistaSemana informó (septiembre de 2004) sobre cómo“Don Diego” intentó -sin éxito- formar el bloque“Héroes de Rionegro” en Cundinamarca para entrara la negociación. Más adelante surgieron las historiasque recogieron Semana y el Tiempo sobre cómo losejércitos privados de “Don Diego” y Wilber Varela,“los Machos” y “los Rastrojos”, que libran una crudabatalla en el Norte del Valle, al parecer cambiaron denombre, se pusieron el camuflado y comenzaron areclutar desmovilizados del Bloque Calima. Es muyprobable que lo mismo ocurra en otras partes del país,por ejemplo en los Llanos Orientales, donde el Blo-que Centauros estalló en pedazos tras el asesinato desu “comandante”, Miguel Arroyave, el 19 de septiem-bre de 2004, y dejó 4.000 hombres a la deriva. Quiensabe de armas, va a trabajar con el mejor postor. Y elmejor postor es el narcotráfico.

- Están luego los “mandos medios” que no aparecenen los radares de la justicia y que eventualmentepueden decidir quedarse en el negocio y no seguir asus comandantes en la desmovilización. Varios co-mandantes han expresado ese temor, que ya es una

realidad. (En algunos departamentos se dice queluego de las desmovilizaciones, hay más paramilitaresque antes…) Ya sea porque parte de las estructurasactuales se independizan y copan los espacios de susantiguos jefes, o porque el narcotráfico crea nuevasestructuras y aprovecha la desmovilización -abun-dan las historias de paras reclutando en albergues deBogotá-, parece un hecho que surgirán nuevos gru-pos paramilitares. Los mismos “Rastrojos” parecenser un ejemplo de esta modalidad: más que un ejér-cito de Varela, son una asociación de mandos me-dios del narcotráfico que “le trabajan” a Varela yponen sus propias reglas.

- Sin duda se multiplicarán ejemplos como este.El “know-how” paramilitar -cómo conseguir armas,cómo entrenar, cómo corromper al Estado- se“democratizó”. Lo que tendrá graves consecuencias.No sólo se tratará de grupos más numerosos, másanárquicos y probablemente más sanguinarios, sinoque serán grupos sin ninguna pretensión de tenerun mando unificado y menos una agenda política.

El problema fundamental es lapermanencia del negocio del

narcotráfico. Esa es la principalfuente de la “tercera generación”.

La oportunidad que existió de desmantelar las actuales estructurasparamilitares a través de la negociación se perdió.



La actual negociación con los grupos paramilitarespuede ser vista como una salida ante la incapacidadde facto del Estado de perseguirlos penalmente eimponer la ley. ¿Qué hará ante este nuevo escenariode grupos anclados firmemente en el polo “crimi-nal” del espectro y sin ningún discurso político?

- La oportunidad que existió de desmantelar las ac-tuales estructuras paramilitares a través de la negocia-ción se perdió. No queda otro camino que llenar losespacios. Tarea sin duda de envergadura y de largoaliento, pero que en lo inmediato hay que acometeren al menos cinco puntos:• ejercer un control más estricto sobre los desmovi-

lizados y establecer una institucionalidad estatalcapaz de estructurar oportunidades de reinserciónen el campo y de hacerles el debido seguimiento.

• establecer esquemas de seguridad en las regionesque se ganen la confianza de la población ydepurar a la vez la fuerza pública hasta el nivelque sea necesario. Si el paramilitarismo y el

largo alcance así como abundante munición, explosivos yequipos de comunicación.

[6] 593 armas entrega bloque Libertadores del Sur. OACP (30-07-05).[7] Carta abierta al doctor Francisco Santos Vicepresidente de la

República. Bloque Central Bolívar.

(En algunos departamentos se dice que luego de las desmovilizaciones, haymás paramilitares que antes…) Ya sea porque parte de las estructuras actuales

se independizan y copan los espacios de sus antiguos jefes, o porque elnarcotráfico crea nuevas estructuras y aprovecha la desmovilización.

narcotráfico mantienen sus aliados en el Estado,de nada servirá el resto.

• crear mecanismos de verificación que señalen sila actividad paramilitar continúa en las zonasdonde ha habido desmovilizaciones y que conlle-ven las consecuencias del caso para los coman-dantes de esos grupos.

• restituir las tierras y la propiedad en general dequienes han sido despojados de ellas y establecerunos primeros mecanismos de reparación.

• lanzar fuertes campañas educativas. Además deunas instituciones más efectivas, en muchas re-giones se requiere una fuerte pedagogía para quela sociedad aprenda a vivir sin la intervención delos paramilitares.

Estas tareas serían parte de un programa mínimode reconstrucción regional, que no tendría otro propó-sito que comenzar a hacer lo que durante tanto tiempono se ha hecho y que dejó el campo abierto a los gruposparamilitares: sembrar Estado. [16]

Referencias

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En los últimos meses se han presentadosituaciones de carácter internacional,de gran trascendencia relacionadas conla ayuda al Plan Colombia y el procesode desmovilización de los paramilitares

en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Algunas de ellasse refieren al debate en el congreso del país del norte enel que se discuten temas cruciales para la política deseguridad democrática del Presidente Uribe, y a su visitaal rancho de su homologo Bush en Texas. La otra alperiplo presidencial por España e Inglaterra.

En la instancia legislativa norteamericana se de-bate el desembolso de los saldos de la ayuda sancionadael año pasado1 y la aprobación del nuevo paquete delque depende la continuidad del Plan Colombia, queincluye las masivas fumigaciones de los cultivos de usoilícito y la aplicación del Plan Patriota, cuya puesta enmarcha y resultados se ven cuestionados por el accionarde las FARC en Cauca, Putumayo y Caquetá.

La entrega de los 100 millones de dólares corres-pondientes a la ayuda ya autorizada, estuvo enredadaen la medida en que el gobierno colombiano no habíapodido obtener las certificaciones del Departamento deEstado norteamericano, relacionadas con las condicionesque le fueron impuestas en materia de derechos huma-nos. Incluso, varios congresistas de ese país, le solicitarona la Secretaria de Estado, Condolezza Rice, no expedirla respectiva certificación al cuestionar que “no se hanpresentado avances suficientes en suspender, investigar

Plan Colombiay Ley deJusticia y PazDebate en elCongreso deEstados Unidos

Yamile Salinas Abdala

1 Se estima en más de 3.000 millones el valor de la ayudanorteamericana desde el año 2000.



y enjuiciar a miembros de la Fuerza Pública que hansido denunciados de manera creíble por cometer gravesviolaciones a los D.D.H.H. o por haber instigado ysecundado a organizaciones paramilitares”. Según lossenadores, la certificación es fundamental, dado que sedestinan fondos a las fuerzas militares colombianas.

Mencionan entre los casos de más alto perfil enlos que no se observan avances, el del general Rito Alejodel Río acusado de formar grupos paramilitares mientrascomandaba la Brigada 17. De manera similar, los tribu-nales desestimaron la vinculación del oficiales en lamasacre de Chengue en el 2001. En uno de los pocoscasos exitosos de procesos contra sindicalistas, a unmiembro de las fuerzas militares sentenciado por elintento de asesinato del representante y sindicalistaWilson Borja aparentemente le fue permitido escaparde la prisión en noviembre del año pasado. Hasta lafecha ningún miembro de la Fuerza Aérea ha sido juzga-do ni sentenciado a prisión por los bombardeos en SantoDomingo que causaron la muerte a 18 civiles, a pesarde que existe un fallo de la Procuraduría General queresponsabiliza a varios miembros de esa institución.

Hacen referencia a informes de la Oficina del AltoComisionado para los Derechos Humanos de las Nacio-nes Unidas en Colombia en los que se indica que

durante el año 2004 “hubo un incremento de las de-nuncias respecto a ejecuciones extrajudiciales y viola-ciones al debido proceso” por parte de servidorespúblicos incluyendo a las fuerzas de seguridad. Así comoa los que indican el aumento de las denuncias sobreviolencia sexual por parte de las fuerzas armadas y laspresuntas participaciones de miembros del ejército enmasacres ocurridas en Antioquia, Arauca y Boyacá.Denuncian que estos casos son frecuentemente asumi-dos directamente por la justicia penal militar, que,reiteradamente, niega las suspensiones provisionales yabsuelve a los involucrados.

Por último, manifiestan su preocupación sobre loshechos de San José de Apartadó, en los que fueron ase-sinados ocho residentes de esta comunidad, incluyendocuatro menores entre 2 y 17 años y sobre los cuales seha denunciado la responsabilidad de algunos miembrosde las Fuerzas Armada2.

La visita de Uribe a Bush logró desempantanar 70millones correspondientes al último semestre de 2004 yal primero de este año. Sin embargo, aún se mantienencongelados más de 35 millones de dólares cuya entregase encuentra supeditada, no solo al cumplimiento de lascondiciones exigidas a las que hace mención la carta citadasino también a la aplicación de la Ley de Justicia y Paz.

2 Comunicación de 22 senadores a la Secretaría de Estado, julio 1 de 2005. Entre los firmantes se encuentran: Patrick Leahy, RussFeingold, Christopher j Dodd, John Kerry y Eduard Kennedy.

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El compás de espera solicitado por los funcionariosdel Gobierno que se trasladaron a E.U. en vísperas dela aprobación de la Ley, se encuentra presidido por pro-nunciamientos de congresistas en los que cuestionan lacitada norma. A juicio de varios senadores, el procesode desmovilización no parece garantizar, entre otrosaspectos, el desmantelamiento de las estructuras para-militares, de sus fuentes de financiamiento y de su podereconómico, así como la entrega de los bienes adquiri-dos ilícitamente, y el cese de sus actividades criminales.De igual forma, los beneficios que otorga la ley nopueden ser óbice para que se aplique la extradición con-tra quienes son solicitados por el gobierno del norte3.

En lo que se relaciona con el paquete para el 2006por un monto cercano a los 600 millones de dólares,aprobado en la Cámara4, la situación es crítica en elSenado estadounidense. El Comité de Apropiacionesde esta célula legislativa reiteró la decisión de no auto-rizar recursos para el proceso de “desmovilización o rein-tegración de grupos terroristas”, sin la certificación dela Secretaría de Estado sobre el cumplimiento, por partedel Gobierno colombiano, de más de 10 medidas im-puestas, entre las cuales se encuentran:

• Aplicar la extradición de los integrantes de esos gru-pos que hayan sido requeridos por el gobierno nor-teamericano (Mancuso y Don Berna, entre otros).

• Exigir una confesión veraz y completa en la quese incluya información sobre las fuentes definanciamiento de los grupos ilegales, así comosobre su organización, estructuras, rutas y con-tactos en el negocio del narcotráfico.

• Lograr la entrega de todos los bienes y recursosde los grupos y de sus integrantes adquiridos porsu vinculación a actividades ilegales, así como sudesmantelamiento, e impedir que se trasformenen otras formas de violencia y delito.

• Exigir el cese de actividades criminales – narco-tráfico, extorsión y demás violaciones a los dere-chos humanos - y supeditar el otorgamiento delos beneficios penales para los comandantes, alcese de dichas actividades por parte de la totalidadde sus subalternos.

• Imponer la pérdida de los beneficios cuando se esta-blezca que los favorecidos “no entregaron todos los

recursos, mintieron a las autoridades al confesarsus crímenes, se reintegraron a otro grupo terroristao continuaron delinquiendo de alguna manera”.

En el proyecto en curso se crea un grupo de trabajointegrado por varias agencias, al que le corresponde veri-ficar el cumplimiento del gobierno colombiano a lascondiciones impuestas.

El debate continúa en la instancia legislativa nor-teamericana y le corresponderá a una comisión encon-trar los puntos de acercamiento entre las posiciones delSenado y la Cámara. En esta última, con el respaldo delrepresentante Dan Burton, se aprobó en julio pasado,destinar 40 millones de dólares para apoyar ladesmovilización de las autodefensas. Para algunosanalistas, más que las explicaciones que dieron los fun-cionarios gubernamentales (Vicepresidente, Cancillery Viceministro de Justicia-Fiscal) en su intempestivo yveloz recorrido ante diferentes entidades de EstadosUnidos y la “histórica” visita de nuestro presidente al“rancho” en Texas, en el trasfondo de las posiciones afavor de ampliar la cooperación financiera de ese paísse localizan intereses de algunos sectores en los recursosnaturales colombianos, particularmente de la compa-ñía petrolera Occidental para adelantar exploraciones yexplotaciones de petróleo en el Departamento deArauca. Se menciona que esta compañía, que propicióla inversión de 98 millones de dólares dirigida a prote-ger Caño Limón, ha destinado más de 8 millones dedólares a “cabildear” la aprobación de la ayuda finan-ciera con el menor número de condiciones.

En atención a los cuestionamientos sobre ladesmovilización y el real desmantelamiento y cese dehostilidades por parte de los paramilitares - que comose refleja en la investigación de la Fundación Ideas parala Paz incluida en esta revista- ya cuenta con respuestascontundentes: El surgimiento de la “tercera generaciónde grupos paramilitares”, lo único que queda es congra-tular la solicitud formulada por el presidente colombianoa sus homólogos de España y Reino Unido para que leapoyen, ante la Unión Europea en la conformación deuna comisión de alto nivel que se encargue del segui-miento y la verificación del proceso de desmovilizacióny, de la otra, confiar en que los mandatarios RodríguezZapatero y Blair harán efectivo su compromiso de im-pulsar dicha petición, en el menor tiempo posible.

3 Comunicaciones al Presidente Uribe, del 2 de febrero y del 3 de junio firmadas por 6 senadores, entre ellos Kennedy, Leía y Dodd, quienesa su vez suscribieron la misiva a la señora Rice, y del 23 de mayo remitida por Richard G. Lugare del Comité de Relaciones Exteriores.

4 Se aprobaron en junio de 2005.


CONSTITUYENTES PARA LA PARTICIPACIÓN

Cuando la sociedad se organiza, semoviliza y se compromete a trabajarpara encontrar salidas a los problemasde su municipio, departamento o re-gión, está ejerciendo lo que se deno-

mina la “soberanía popular” o el “control social”.Algunas veces esta soberanía popular esta marca-

da por consignas como la de que “no hay que seguirapostándole a la guerra, a la indiferencia y a la corrup-ción” lema del Sexto Encuentro Nacional de Constitu-yentes que se realizó en el municipio de Tarqui el 15,16 y 17 de julio de 2005.

Los procesos constituyentes cambian de objetivo,dependiendo de la situación particular de cada localidad.Es así como unos han nacido con el fin de que los actoresdel conflicto respeten los DDHH y el DIH, como es elcaso del acuerdo humanitario para un desminado enMicoahumado, otros como respuesta por las malas de-cisiones de los gobernantes en materia de política pú-blica, respuesta expresada en la gestión de la comunidadde planes de desarrollo y presupuestos participativos. Ytambién hay experiencias promovidas desdegobernaciones y alcaldías como formas de ampliaciónde la democracia representativa, para la rendición decuentas, presupuestos participativos o contrapesos alclientelismo.

En Colombia las constituyentes han crecidosignificativamente ya que varios municipios han ejer-cido este derecho, que está consignado en el artículo40 de la constitución el cual establece que “Todo ciu-dadano tiene derecho a participar en la conformación,ejercicio y control del poder político.” Y el artículo95 que dice que todo ciudadano está en el deber de

Democraciaparticipativa:Constituyentesun poder popular

Leonardo González Perafán

Asesor Indepaz

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CONSTITUYENTES PARA LA PARTICIPACIÓN

participar: “Son deberes de la persona y del ciudada-no:... Participar en la vida política, cívica y comunita-ria del país”.

Desde el primer proceso que se funda como Cons-tituyente -el de Mogotes en Santander en 1997- hastael presente se han llevado a cabo más de 60 procesosconstituyentes; los cuales se pueden clasificar por sumagnitud territorial, ya que hay desde veredales, comoes el caso de Micoahumado en el Magdalena Medio,hasta municipales como Tarso, Mogotes, Sandoná,Tarqui y La Argentina y departamentales como los deNariño, Huila, Antioquia y Tolima. En estos momentosestán en construcción en Putumayo, Boyacá, Santandery Chocó.

La convocatoria en el Valle a la “constituyentesocial” es un novedoso ejercicio de participación parala elaboración participativa del presupuesto departamen-

tal y para el seguimiento y control de la gestión; esteexperimento es a la vez una forma de ponerle contrape-sos al clientelismo incrustado en las Asambleas Depar-tamentales que quiere reproducir la práctica de negociarcuotas o contratos a cambio del cumplimiento de susdeberes constitucionales.

Por eso es importante apoyar los procesos consti-tuyentes ya que en estos es el pueblo organizado el quegenera nuevas formas de control sobre las políticaspúblicas, fortaleciendo la democracia y ejerciendo de-rechos como el de la paz.

En las constituyentes se puede trabajar, como seviene haciendo en Nariño, en la construcción de Pla-nes de Vida desde la base social con una metodologíaque atienda toda clase de violencias tanto la personalcomo la estructural y la cultural; lo que brindaría solu-ciones de corto y largo plazo.

CONSTITUYENTE SOCIAL EN EL VALLEEl Comité Provisional de Impulso y

Promoción de la Constituyente Socialreunido el 28 de junio de 2005.

CONSIDERANDO1. Que el pasado 11 de junio en el Auditorio Ricardo Maya de la Universidad Santiago de Cali, el Gober-

nador Angelino Garzón propuso establecer la posibilidad de la Constituyente Social, con el fin de socia-lizar los temas económicos y sociales de todos los municipios y regiones del Valle del Cauca para labúsqueda de soluciones colectivas a sus más sentidas necesidades.

2. Que en reuniones posteriores se conformó un Comité Provisional de Impulso a la Constituyente Social,avanzando en la construcción de varios Comités, entre ellos Comité de Promoción, Publicidad y finan-ciación; Comité de Temática y Pedagogía, y Comité de Reglamentación.

3. Que para desarrollar una Constituyente Social los días 13 y 14 de Agosto de 2005, es necesario realizarun gran despliegue publicitario y pedagógico que permita llegar a los 42 municipios del Departamento,con el fin de garantizar el mayor número de representantes que reflejen efectivamente al grueso de lapoblación vallecaucana.

RESUELVE1. Empezar desde ya a promocionar y publicitar la Constituyente Social a través de la prensa hablada y

escrita, procurando llegar a todos los sectores sociales posibles por medio de sus canales propios deorganización como Asambleas Sindicales, Cabildos, Asambleas Comunales, entre otros.

2. Implementar la realización de foros y seminarios en todos los municipios del Valle del Cauca, a fin deavanzar en la comprensión de la base social sobre qué es la Constituyente Social, sus objetivos, susalcances e incluso sus limitaciones.

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