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FORMULA ALGUNAS PRECISIONES SOBRE LOS HECHOS IMPUTADOS
SR. JUEZ:
Mario Alejandro Hilario CAFIERO, denunciante en
la causa caratulada “WALSH, PATRICIA Y OTROS S/ DENUNCIA PENAL”
con el patrocinio del Dr. Eduardo Alberto BLANCO, con domicilio
constituido en Lavalle 1566 Piso 3º “E” de esta ciudad, a V.S.
me presento y digo:
I. EXORDIO
Que sin perjuicio que la causa se encuentra
pendiente de resolución en cuanto a la competencia del Tribunal
que finalmente entenderá, ello no impide que pueda ampliar la
información brindada en la denuncia sobre algunos hechos que
hacen a la investigación.
Muchos de estos hechos ya gozaban de notoriedad
antes la denuncia y otros han tomado estado público
posteriormente. Es el caso de documentos recientemente
desclasificados y de acceso a información documental donde es
posible hilvanar las conexiones entre el proceso represivo y el
plan económico.
Se intenta aquí exponer y encuadrar esos hechos
desde una perspectiva que permita visualizar la relación
concreta entre el “plan sistemático de represión” llevado a
cabo en el período 1976-1983 y el “plan económico-financiero”
que le diera vital apoyo y que sin su concurso hubiera sido
imposible llevar a cabo ese plan represivo.
A partir de estos nuevos elementos podemos
sostener de manera más fundamentada lo que fuera nuestra
denuncia original, que puede sintetizarse en el hecho que sin
la participación de determinados sectores civiles, intereses
económicos y de actores políticos –externos e internos-, no
hubiera sido posible el proceso de represión genocida durante
la dictadura. Y también podemos afirmar que, sin ese proceso
genocida, no hubieran sido posibles las transformaciones
económico-sociales que se instrumentaron para beneficiar a
determinados sectores internos y externos.
Asimismo entendemos que una investigación
judicial que se profundizara desde esta perspectiva podría
empezar a dar respuesta a una pregunta clave en toda
investigación criminal ¿Cuáles fueron los móviles del crimen?.
En este caso, dentro del complejo proceso político y económico
de nuestra historia, ¿cuales fueron los móviles para llevar a
cabo un plan genocida? ¿Quiénes contribuyeron en esta
asociación ilícita con fines de persecución y exterminio de
opositores políticos? ¿Quiénes a la postre se beneficiaron con
ese plan criminal?
II. LOS NEXOS ENTRE PLAN REPRESIVO Y PLAN
ECONÓMICO:
Debieron pasar muchos años para que se empezara
a resquebrajar el manto de impunidad del que gozaban los
represores.
A esta altura de los acontecimientos resulta
ocioso señalar que esos crímenes se cometieron en el marco de
un “plan sistemático” de desaparición y eliminación de
personas.
Para que este “plan sistemático” de “terrorismo
de Estado” pudiera instalarse y sustentarse políticamente,
financieramente y socialmente, fue necesario evidentemente la
participación y/o complicidad no solo de militares sino de
otros actores, internos y externos, con distintos niveles de
participación, responsabilidad e información.
Uno de los aspectos más siniestros del llamado
“Proceso de Reorganización Nacional” radica en el ocultamiento
deliberado de información sobre las víctimas que diariamente
producía. Surge formalmente la categoría del “desaparecido”.
Baste recordar la declaración pública del dictador Videla
argumentando que el desaparecido “no tiene entidad, no está ni
muerto ni vivo...”
El proceso económico iniciado simultáneamente
con el represivo tuvo también una deliberada metodología de
ocultamiento de información.
El célebre economista norteamericano Paul
Samuelson, Premio Nóbel de Economía, en una conferencia que
pronunció en México a fines de septiembre de 1980, calificó a
aquella dictadura como un “fascismo de mercado” o, con más
claridad, como un régimen fascista destinado a promover, una
economía de libre empresa, sin consideraciones sociales de
ningún tipo. En coincidencia con este punto de vista, el ex
Secretario de Estado Guillermo Walter Klein, quien fuera el
colaborador más próximo a Martínez de Hoz, ha declarado, según
consta en el diario “Clarín” del 5/10/80, que el programa
económico aplicado desde marzo de 1976 “es incompatible con
cualquier sistema democrático y sólo aplicable si lo respalda
un gobierno de facto”.
He aquí todo un reconocimiento de la necesaria
vinculación entre la naturaleza del plan económico que se
quería implantar y un plan político-represivo, que
necesariamente debía implantarse para poder alcanzar aquellos
objetivos económicos.
Paradójica y también trágicamente para la
sociedad argentina, en las mentes de los dictadores y sus
aliados político-económicos, estaba el convencimiento que para
alcanzar un modelo de supuestas libertades económicas había que
previamente suprimir las libertades políticas y lograr un
disciplinamiento social, anulando el derecho de gentes de
quienes disintieran con estas políticas.
El Plan represivo, ha sido recientemente
calificado en el fallo contra Etchecolatz como “genocidio”. La
Real Academia Española define al GENOCIDIO como el exterminio o
eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza,
de etnia, de religión, de política o de nacionalidad.
La propia definición nos dice que el genocidio
no es un fin en sí mismo, que en este caso se trató de un
instrumento para alcanzar un determinado objetivo político.
Estos crímenes de lesa humanidad tenían un motivo, había un
móvil político. Es imposible escindir la cuestion de la
violación de los derechos humanos de la cuestión política.
Cuales fueron los sectores sociales y políticos
– externos e internos- que alentaron, apoyaron han usado esas
conductas para alcanzar determinados objetivos políticos y
consecuentemente determinados beneficios económicos.
Este enfoque para develar la verdad, hacia un
análisis profundo de los hechos y sus causas profundas, hasta
ahora ha sido obturado. Han sido políticamente más fuertes los
intereses por ocultar esta faceta, que las intenciones de
develarla. Esos intereses se han valido de una política de
distracción y ocultamiento de hechos claves, especialmente en
todo lo relacionado a la trama urdida por actores económicos
nacionales e internacionales que propiciaron y sustentaron a la
dictadura.
Hasta ahora el juicio histórico-político y
judicial-penal ha determinado responsabilidades entre personal
militar o de seguridad, mientras tanto permanecen impunes los
integrantes del poder económico (que sostuvo y que se benefició
con los crímenes que estas cúpulas ordenaron).
Parece subsistir un pacto de impunidad para no
investigar ni juzgar a quienes fueron los partícipes necesarios
de delitos de lesa humanidad, que no provenían de los cuadros
militares ni de las fuerzas de seguridad, sino del cuerpo
diplomático, de claustros universitarios nacionales y
extranjeros, de los Bancos y empresas transnacionales, de los
propios Organismos Internacionales de Crédito y de aquellos
gobiernos extranjeros que ejercieron y ejercen el control
político de estas instituciones.
Los últimos tiempos parece surgir un renovado
dinamismo judicial en importantes causas vinculadas a la
represión y al terrorismo de Estado. Incluso se ha avanzado en
la investigación de las conexiones internacionales y de la
responsabilidad de gobiernos extranjeros en el denominado Plan
Cóndor. Mediante el cual se coordinó el accionar de las fuerzas
represivas para eliminar a disidentes políticos en la región.
Pero esta dinámica judicial contrasta con la inacción y
desinterés por el avance de varias causas penales referidas al
costado económico-financiero de esas dictaduras. La soledad y
sordina en que se tramitó la llamada “Causa Olmos” es una
prueba acabada de este contraste. Sumergida en la misma actitud
de desinterés aparece el Congreso Nacional que, luego de seis
años de la resolución recaída en julio del 2000, esquivó
permanentemente cualquier resolución al respecto y jamás
decidió crear una Comisión Investigadora de la deuda externa.
Lo mismo podemos decir de los sucesivos gobiernos elegidos a
partir de 1983, que pese a tener que lidiar con una pesadísima
herencia de una deuda generada en la dictadura, jamás alentaron
decididamente su esclarecimiento.
Es modesta finalidad de esta presentación,
señalar que la prescripción de defraudaciones en perjuicio del
Estado Nacional es un tema vinculado, pero distinto a la
participación necesaria que se imputa a los actores económico-
financieros de aquellos aciagos días.
Lamentablemente existe la sensación
generalizada de que muchos funcionarios han pasado por la
función pública para enriquecerse cometiendo toda serie de
delitos económicos en detrimento de fondos públicos. Sin
embargo, si a una serie de “delitos comunes” se los observa
como partes indisolubles de un “plan económico-financiero
sistemático”, es decir no como uno o más ilícitos aislados sino
enderezados (incluso junto con otros actos de “apariencia
lícita”) con la finalidad sostener un régimen dictatorial, que
comete crímenes aberrantes e imprescriptibles, las
consecuencias deben ser distintas a las deparadas para el
“delito común”.
Para precisar los términos definimos el “plan
económico-financiero sistemático” como una serie de mecanismos
por los cuales se coordinó el accionar de instituciones
financieras multinacionales y privadas para dar apoyo y sostén
a la dictadura.
Pero no solo ese ”plan económico-financiero
sistemático” apuntó a sustentar la “aceptación” internacional
del régimen represivo, sino que éste último posibilitó la
aplicación de aquél tal como admitió al diario Clarín el
jerárquico funcionario de facto aludido en párrafos anteriores.
Es decir que solo a partir de la existencia de ese plan
represivo pudieron implementar profundas “reformas económicas”,
que tuvieron una clara intención de modelar la estructura
económica del país al servicio de determinados intereses
locales y externos.
Este es el quid de la cuestión. Veremos como la
sospecha se va tornando en verdad ante la cantidad abrumadora
de pruebas e indicios vehementes y concordantes que se enuncian
y que se seguirán ampliando.
Se propone analizar y relacionar aquí una
importante cantidad de información documentada que abona la
tesis expuesta.
Esta información ha sido obtenida de distintas
fuentes, por ejemplo: 1) Archivos de prensa; 2) Archivos
desclasificados del Departamento de Estado de los EE.UU; 3)
Archivos desclasificados del F.M.I.; 4) Documentos de distintas
ONGs. 5) Archivos de la Cancillería argentina.
III. UNA BREVE CRONOLOGIA DE LAS RELACIONES Y
VINCULACIONES ENTRE EL PLAN REPRESIVO DE LA
DICTADURA Y EL PLAN SISTEMÁTICO ECONÓMICO-FINANCIERO
DE APOYO A LA DICTADURA:
III. 1 – El primer apoyo internacional que
cosechó la dictadura fue la efectivización de un préstamo del
FMI.
Luego del golpe militar del 24 de marzo de
1976, una de las primeras manifestaciones de reconocimiento
internacional explícito al nuevo gobierno provino del Fondo
Monetario Internacional (FMI), el cual aprobó un crédito por
127,6 millones de dólares para la Argentina a fines de ese mes,
como respuesta al pedido realizado al Director Ejecutivo del
FMI Johannes Witteveen por el coronel Joaquín de la Heras,
delegado de la Junta en el M de Economía. Dicho préstamo había
sido gestionado en 1975 por el gobierno constitucional
derrocado y su efectivización había sido demorada
injustificadamente por parte del FMI.
El coronel Joaquín de las Heras duró tan solo
seis días en el cargo y fue reemplazado el 29/3/76 por José
Alfredo Martínez de Hoz. A juzgar por su eficacia, su brevísima
gestión debería ser parte de algún libro de record Guinnes,
pero esta observación irónica no hace más que poner de relieve
el hecho de peguntarnos cómo un coronel del Ejército, de un
gobierno de facto recién asumido, pudo lograr en 24 hs.
destrabar el desembolso de un préstamo, que hoy equivaldría a
1.000 millones de U$S, con una simple llamada telefónica al
Director Ejecutivo del FMI.
La respuesta a este interrogante hay que
encontrarla en la reunión del 26 de marzo del departamento de
Estado (1), cuando al analizar la situación en la Argentina
después del golpe Henry Kissinger dice: “Cualquiera que sea la
chance que ellos tengan, ellos van a necesitar un pequeño
ánimo… porque yo quiero animar a ellos. Yo no quiero dar la
sensación que ellos están agobiados por los Estados Unidos”
Ese mismo día el FMI autoriza el giro de un
préstamo concedido al gobierno anterior, pero aún no
efectivizado.
Este debe ser entonces el pequeño ánimo que
mencionaba Kissinger. Obviamente se conocía que sería Martinez
de Hoz y no el ignoto Joaquín Las Heras quien tendría el timón
económico de los años venideros.
Esta primera “ayuda” del gobierno de los EEUU
sería un preanuncio de que el auxilio financiero del exterior
se instalaría en el centro de las relaciones de política
internacional, no solo de la Argentina con los EEUU, sino de
nuestro país con el “mundo”.
Cabe aclarar, que no hay que medir la
importancia de la ayuda externa solamente desde el punto de
vista macro económico o de las cuentas fiscales, sino
fundamentalmente lo que representaban en cuanto un fuerte apoyo
o aval político externo a la gestión de la dictadura frente a
la opinión pública interna. Las crónicas periodísticas de esos
días dan cuenta de ello (2).
III.2) Acerca de la evaluación en el
departamento de Estado de la situación postgolpe en la
Argentina y la conveniencia de dar apoyo financiero a la
dictadura militar:
El mencionado documento desclasificado de la
reunión del 26 de marzo en el departamento de Estado, contiene
otras informaciones esclarecedoras de la visión y
posicionamiento que tenían los EEUU respecto a la dictadura en
la Argentina.
El Secretario Asistente para Asuntos
Hemisféricos William Rogers informa al Secretario de Estado
Henry Kissinger que los generales argentinos harán "un esfuerzo
considerable para implicar a los Estados Unidos ---
particularmente en el plano financiero" respecto de los planes
del nuevo gobierno militar”. Kissinger responde: "Si, pero eso
está dentro de nuestros intereses."
Esta respuesta de Kissinger desnuda claramente
quién se beneficiaría a la larga con el hecho de implicar a los
EEUU en un esfuerzo de ayuda financiera. Kissinger en realidad
estaba aplicando la doctrina y política de Estado que practican
los EEUU en materia de relaciones exteriores, conocida como la
“diplomacia del dólar”.
La política exterior de los EEUU hacia América
Latina y El Caribe a principios de siglo XX se caracterizaba
por intervenciones militares directas en los asuntos internos
de nuestro continente. Pero es durante la presidencia de
William Howard Taft (1909-1913), en la que se implementó una
forma más refinada de injerencia, bajo la célebre frase
"dólares en vez de balas".
Se inauguró así una era en la política exterior
usamericana que analistas e historiadores han denominar
“Diplomacia del Dólar”, donde el objetivo fundamental habría
sido adquirir preeminencia financiera para favorecer los
intereses económicos de comerciantes, banqueros y empresarios
norteamericanos con inversiones en la región.
A partir de la creación del FMI y de otras
instituciones multilaterales financieras como el Banco Mundial
y Banco Interamericano de Desarrollo (BID) esta “diplomacia del
dólar” entró en una nueva fase más profunda y global. El FMI,
actuando prácticamente como Banco Central mundial y como ya
dijimos controlado por los EEUU, va a permitir potenciar
geométricamente dicha “diplomacia del dólar”, para ser
transformada en un instrumento de tutela sobre los países
acreedores, en directo detrimento de su soberanía.
Esta “diplomacia del dólar” potenciada, se basa
en la estrecha coordinación de las decisiones del FMI, BM, y
BID, el departamento del Tesoro y el departamento de Estado, a
los efectos de imponerle a otros Estados políticas y
condicionamientos económicos. Esa estrategia de subordinación a
los intereses norteamericanos, mediante mecanismos financieros,
ha sido denunciada recientemente por John Perkins, un ex agente
de National Security Agency, en su libro “Confesiones de un
Economic Hit Man”.
La historia de la evolución de la deuda externa
argentina (y de la mayoría de los países periféricos) le da
enteramente la razón a Kissinger: los préstamos en dólares
serían más en interes de los EE.UU. que del país deudor. Los
préstamos externos han servido como formidables instrumentos
de condicionamiento político. Esas primeras dosis de préstamos
externos han ido enfermando a las economías y haciéndolas cada
vez más lábiles y adictas a vivir de prestado, a la par que
(con la liberalización de capitales mediante) se fugan los
prestamos ingresados.
Así es como la dependencia financiera, conlleva
a la dependencia económica, y por ende el disciplinamiento o
alineamiento político del país en cuestión. O sea conlleva la
perdida de soberanía propia de un “Estado-Nación”, que de esta
manera se transforma en un “Estado fallido”, con la
reminiscencia que trae esto en relación al término de
empresario o comerciante “fallido”, que solo puede operar bajo
una tutela judicial externa.
La investigación y el fallo de la Justicia
Argentina sobre el endeudamiento externo de la dictadura que se
efectuara a partir de la denuncia de Alejandro Olmos (Causa
14467) es concluyente en esta materia, cuando en su resolución
dice que:
“Es por estas razones que remitiré copia de
la presente resolución al Honorable Congreso de la Nación para
que, a través de las comisiones respectivas, adopte las medidas
que estime conducentes para la mejor solución en la negociación
de la deuda externa de nación que, reitero, ha resultado
groseramente incrementada a partir del año 1976 mediante la
instrumentación de una política-económica vulgar y agraviante
que puso de rodillas el país a través de los diversos métodos
utilizados, que ya fueran explicados a lo largo de esta
resolución, y que tendían, entre otras cosas, a beneficiar y
sostener empresas y negocios privados -nacionales y
extranjeros- en desmedro de sociedades y empresas del estado
que, a través de una política dirigida, se fueron empobreciendo
día a día, todo lo cual, inclusive, se vio reflejado en los
valores obtenidos al momento de iniciarse las privatizaciones
de las mismas. En efecto, debe recordarse que el país fue
puesto desde el año 1976 bajo la voluntad de acreedores
externos y en aquellas negociaciones participaron activamente
funcionarios del Fondo Monetario Internacional, con lo cual
aparecería de buen grado una nueva asistencia que mejorara
sustancialmente la actual posición económica que luce el país,
dando así razón a su controvertida existencia”.
III.3) El departamento de Estado decide apoyar
a la dictadura a sabiendas de la existencia de un plan criminal
represivo:
En la misma reunión mencionada W. Rogers apuntó
que "Si tienen [la Junta] una oportunidad de triunfar y no nos
piden poner mucho sobre la mesa, lo que trataremos de hacer,
cuando y si es que ellos nos presentan un plan tal, es lo que
hemos estado listos para hacer hace seis meses. Habíamos
elaborado como intermediarios un programa razonable de
asistencia internacional, usando los bancos privados y las
instituciones monetarias."
Seguidamente Rogers explicó que aunque la
opinión publica argentina e internacional consideraban hasta
entonces al golpe militar muy moderado, "es de esperar una
cantidad substancial de represión, probablemente mucha cantidad
de sangre en Argentina muy pronto. Creo que van a tener que
entrarle fuerte no sólo contra los terroristas sino contra los
disidentes de los sindicatos y sus partidos…”
La opinión del Departamento de Estado era que
la dictadura iba a iniciar un camino criminal (iter criminis)
que la llevaría a violar masivamente derechos humanos, al punto
de calificar lo que iba a suceder como “un baño de sangre”,
dirigido contra todo tipo de disidentes, y no solo contra
guerrilleros.
Pese al conocimiento expreso de ese iter
criminis, lejos de reprobarlo, la conducta del máximo
responsable del Departamento de Estado fue hacer un notable
gesto de apoyo financiero a esa dictadura, que recibió
inmediatamente apoyo del FMI.
No solo hubo una actitud de omisión a reprochar
ese plan criminal que estaba en su momento preparatorio, sino
por contrario hubo una clara actitud de apoyo al mismo,
mediante una asistencia financiera que en definitiva respondía
a los intereses de EEUU.
Esto deja abiertamente planteada la cuestión,
si en definitiva ese plan criminal de eliminación de
disidentes, que en la totalidad de los casos manifestaban
posturas adversas o críticas a los EE.UU., también revertía en
interés de los EE.UU., tal como la asistencia financiera
acordada simultáneamente, como instando a llevar adelante ese
plan de exterminio de disidentes.
Esta actitud perversa de apoyar financieramente
a la dictadura teniendo el conocimiento de que se violaba
masivamente derechos humanos, fue una constante en las
relaciones entre los EE.UU. y la dictadura argentina, por lo
que bien se puede suponer la existencia de una complicidad al
respecto.
Como veremos más adelante, esta complicidad se
agravó al momento de sugerir el gobierno de los EEUU, la
necesidad de hacer rápidamente el trabajo sucio de la
represión, para mostrar una Argentina limpia de disidentes, y
por lo tanto “confiable” para los inversores extranjeros. O sea
que el prerrequisito para la venida del capital extranjero, era
la pronta eliminación de los disidentes.
De esta manera la “diplomacia del dólar” se
complementaría con la “diplomacia del silencio cómplice” acerca
de los brutales crímenes de la dictadura, en un siniestro pacto
que se podría resumir con esta frase: “Los dólares los ponemos
nosotros, ustedes encárguense primero de las balas, y háganlo
rápido.”
El antecedente del fracaso del Plan económico del Rodrigazo y la inviabilidad del plan en democracia y
con libertad sindicalCabe resaltar que en esa reunión Rogers menciona que ese programa de asistencia internacional “se había intentado aplicar seis meses antes”. Rogers se está refiriendo indudablemente al plan conocido como “Rodrigazo”.
Respecto del mismo W, Rogers dice que: “Nosotros habíamos trabajado como intermediarios de un programa práctico de asistencia internacional, usando los bancos privados y las instituciones monetarias”. O sea el “programa práctico” ya había sido concebido con anterioridad. Esa primera experiencia fallida de instalar un esquema basado en el endeudamiento externo y en las políticas del FMI, fue el plan que el ministro de Economía Celestino Rodrigo y su asesor Ricardo Zinn, lanzó en junio de 1975.
Este plan de ajuste conocido como Rodrigazo (devaluación, tarifazos y baja del salario real) quedó abortado al mes siguiente, por la fuerte resistencia social y gremial que despertó.
Las movilizaciones populares de rechazo al plan terminaron finalmente echando a dicho ministro de Economía de Isabel Perón.
III.4) Las evidencia que el plan criminal
represiva estaba en marcha:
A pocos días del golpe un telegrama de la
embajada EEUU del día 16/04/1976, informó al Departamento de
Estado que en su anunciada “guerra contra la subversión” los
militares estaban haciendo pocos arrestos legales y por el
contrario parece que la mayoría de los arrestos han sido
ejecutados por fuera del marco legal establecido por la propia
Junta. (3)
En los primeros días de mayo aparece la
información que la línea moderada de Videla no puede mantener
el control de la situación. En un telegrama de la Embajada de
los EEUU al Dep. Estado del 11/05/76, se informa que el
gobierno militar no se está manteniendo dentro de la ley, como
lo prometió. Que Videla es bien intencionado, pero no tiene
autoridad. Que los comandantes de áreas hacen lo que quieren.
Este informe refleja claramente que la supuesta intención de
Videla de garantizar una represión legal era insostenible. El
peligro era que los duros alimentaran una reacción de apoyo
hacia la guerrilla. (4)
Estas informaciones demuestran el conocimiento
cabal que las autoridades del gobierno de los EEUU tenían de la
tremenda ferocidad de plan represivo, del desapego total a
procedimientos legales para la represión y de la evidencia que
el gobierno dictatorial estaba violando masivamente los
derechos humanos. Pero esta situación no impidió la puesta en
marcha de un operativo de apoyo financiero internacional a la
dictadura, como demostraremos seguidamente.
III.5) El OPERATIVO de apoyo financiero
internacional a la dictadura: la estrategia coordinada entre
organismos multilaterales de crédito, bancos internacionales,
departamento de Estado y del Tesoro.
III.5.1) LA OPERACIÓN APOYO DESDE EL BID:
El visto bueno de las Instituciones Financieras
Internacionales (IFIs) (FMI, BANCO MUNDIAL Y BID) para la
gestión económica de Martnez de Hoz, fue el primer operativo
para instrumentar el apoyo financiero internacional.
Ese primer operativo comienza usando como
ariete al BID. El BID estableció contactos inmediatamente con
la nueva conducción económica. En mayo de 1976 envió a Buenos
Aires una misión "exploratoria" con el objeto de conocer los
detalles del plan económico y analizar la posible participación
de esa entidad en la financiación de diversos proyectos. La
misión de BID estuvo integrada por el gerente de análisis de
proyectos Guillermo Moore y otros funcionarios de alto nivel
del banco, que mantuvieron entrevistas con Martinez de Hoz y su
equipo económico. Se hizo saber a la prensa que los créditos
estarían destinados al proyecto Yaciretá, electrificación rural
y planes de vivienda. (5) Clarín 6/5/76.
Luego de esta promocionada visita, a fines de
ese mes se realiza la Asamblea de Gobernadores del BID en
Cancún (México). Este escenario es usado como foro para
presentar a la “comunidad financiera internacional” a Martinez
de Hoz y a su nuevo programa económico.
A su regreso en conferencia de prensa Martinez
de Hoz explicó que “El interés que generó mi exposición fue tal
que la sala se llenó. Al concluir mi mensaje recibí un aplauso
inusualmente sostenido, prácticamente una ovación que los
funcionarios del BID no recuerdan en toda la historia de la
institución”. Afirmó que hubo alegría en los representantes
americanos y en los banqueros, tradicionalmente amigos de la
Argentina, de ver a nuestro país en la senda del progreso,
emergiendo del caos económico en que había caído. (6) Fuente
Clarín 22/05/76
En esa conferencia de prensa flaqueado por tres
oficiales de las FFAA, Martinez de Hoz también informó que:
“las mayores preocupaciones se centraron en la guerrilla y la
continuidad del plan económico. Creo que los hechos irán
demostrando que esta vez las cosas van en serio…”
Una manera elíptica de M. de Hoz para referirse
a la dureza de la represión y a que en la Argentina se había
instalado una dictadura y no una “dictablanda”, como se
calificaba a anteriores gobiernos militares. Como dijo M de
Hoz, los hechos fueron demostrando que esta vez las cosas
fueron en serio y que el gobierno tenía la suficiente autoridad
y estabilidad para imponer sus decisiones.
CLARIN 22 DE MAYO DE 1976
III.5.2) LA OPERACIÓN DE APOYO DESDE EL
DEPARTAMENTO DEL TESORO DE LOS EEUU:
En esa conferencia M de Hoz anuncia que
adelantara su próximo y primer viaje oficial a Washington y que
sería ideal contar con la nueva ley de Inversiones extranjeras
antes del viaje. Anuncia también su propósito de reestructurar
la deuda externa y de una nueva filosofía en materia de
hidrocarburos, o sea tres temas económicos claves para la
relación con los EEUU.
En esa misma conferencia, M de Hoz declara su
“asombro” porque sus planes de gobierno coincidían en un todo
con el pensamiento del influyente Secretario del Tesoro W.
Simon con quién se había entrevistado en Cancún. O sea M de Hoz
se llevó la “sorpresa” que “su” plan e ideas económicas eran
iguales a las ideas de “ellos”, el gobierno de los EEUU. Una
abyecta y ridícula manera de intentar disfrazar la política
colonial que se disponía a implementar.
III.5.3) LA OPERACIÓN DE APOYO DEL FMI Y EL BANCO MUNDIAL:
Las negociaciones con el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial se formalizaron a partir de
mayo de 1976. Ambas instituciones enviaron a Buenos Aires una
misión coordinada para estudiar la situación del país y el
nuevo programa económico. El jefe de la delegación del FMI Jack
Gunther puntualizó a la prensa que las gestiones iniciadas por
M. de Hoz habían sido “muy bien recibidas”. (7)
Resumiendo: este primer operativo de apoyo se
materializó en el “éxito” por la “ovación” en la reunión del
BID en Cancún, que creó el clima propicio para las visitas del
FMI y del BM al BCRA, y para poner en marcha los apoyos
financieros de los organismos multilaterales a la dictadura.
III.6) EL ENCUENTRO KISSINGER-GUZZETTI Y LA
PREPARACION DEL VIAJE DE MARTINEZ DE HOZ A LOS EEUU:
El encuentro entre Kissinger y Guzzetti tuvo
lugar el 10 de junio de 1976 en Santiago de Chile, donde se
realizaba la Asamblea General de la OEA. El encargado de tomar
notas durante la reunión fue el actual secretario general
adjunto de la OEA, el funcionario estadounidense Luigi Einaudi.
Junto con Guzzetti asistieron el embajador en la OEA, Julio
César Carasales, y el director de Política Exterior de la
Cancillería, Ezequiel Federico Pereyra, embajador que como
veremos más adelante tendría un rol importante en las
directivas políticas dentro de la Cancillería.
Guzzetti planteó que “Nuestro principal
problema en la Argentina es el terrorismo y constituye la
prioridad del gobierno que asumió el 24 de marzo. Para
solucionarlo, el primer aspecto es garantizar la seguridad
interna y el segundo resolver los problemas económicos más
urgentes en los próximos 6 a 12 meses.” Para ello “necesita la
comprensión y el apoyo de los Estados Unidos”, dijo. Kissinger
respondió que deseaba que el nuevo gobierno tuviera éxito y que
haría lo que pudiera para ayudarlo. Agregó que entendía que el
gobierno necesitaba afirmar su autoridad, en un momento en el
que “las actividades políticas, delictivas y terroristas
tienden a confundirse, sin una clara separación”. “Entiendo que
ustedes no tienen otra opción que restaurar la autoridad
gubernamental, pero también es claro que la falta de
procedimientos normales será usada en contra de ustedes.”
–Queremos restablecer las libertades
republicanas. Por ahora tenemos que derrotar al terrorismo y
resolver los problemas económicos. Eso lleva tiempo –dijo
Guzzetti.
–En el frente terrorista no podemos ayudarlos
mucho –respondió Kissinger.
En cambio, agregó, “podemos hacer algo en el
campo económico”. Ya sabía que la semana siguiente Martínez de
Hoz haría su primera visita a Washington. “Es un buen hombre”,
terció el viceministro de Kissinger, William Rogers. A pedido
de Guzzetti, Kissinger prometió que lo recibiría durante 15
minutos, como un gesto simbólico, y que usaría su influencia
sobre el sector privado para ayudarlo. “Voy a llamar a David
Rockefeller (del banco Chase) y a su hermano el vicepresidente”
(Nelson Rockefeller).
Guzzetti se quejó por la incomprensión
internacional ante la virulencia terrorista y Kissinger
contestó que “los gobiernos militares no siempre son los más
efectivos para enfrentar esos problemas”. Quienes no entienden
la situación “comienzan a oponerse a los militares y la
situación se complica”. Por eso los chilenos estaban “cada vez
más aislados”. Lo mismo podía ocurrirle a la junta argentina.
“Si tienen que hacer ciertas cosas, háganlas rápido y vuelvan
lo antes posible a la normalidad”, les aconsejó “hablando como
amigo”. Luego de haber obtenido esa luz verde para apurar los
métodos clandestinos, Pereyra defendió la coordinación
represiva regional. “La subversión interna está conectada con
otros países.” Por eso se necesitaba de esa “unidad regional”.
Kissinger insistió en que centrarse sólo en el terrorismo
empeoraría los problemas para el gobierno y recordó que en
Estados Unidos “recibimos fuertes presiones internas para hacer
algo por los derechos humanos”. Agregó que deseaba el éxito de
la dictadura y que no haría nada para molestarla. “Eso
significa que me molestarán a mí. Pero descubrí que cuando los
ataques personales pasan de cierto nivel, uno se vuelve
invulnerable.” (8) Pagina 12 27/08/2004
III.7) LA MISION DE M DE HOZ EN LOS EEUU
18/6/76
III.7.1) EL APOYO A MARTINEZ DE HOZ DE LOS
EEUU.
Martínez de Hoz realizó una gira en junio de
ese año por los principales centros financieros de Estados
Unidos y Canadá para gestionar apoyo financiero . Recordemos
que el poderoso William Simon le había “pedido encarecidamente”
a M. de Hoz que anticipara su viaje a Washington.
Llamativamente, al anticipar su visita, la gira de M de Hoz a
EEUU coincidiría “casualmente” con una audiencia organizada por
el congresista Donald Fraser, donde se abordaría la situación
de los derechos humanos en la Argentina, con el importante
testimonio de Wilson Ferreira Aldunate (Uruguay) respecto a la
desaparición en Buenos Aires de Michelini y Gutierrez
Martinez de Hoz llevaba en su portafolio el
anteproyecto de ley de Inversiones Extranjeras, primera
concesión que la “comunidad financiera” le impondría al
ministro. (10)
De acuerdo a la información del diario Clarín
en esa gira M de Hoz mantiene las siguientes entrevistas:
Entrevista con Charles Robinson subsecretario
del Departamento de Estado. Entrevista Kissinger y Martinez de
Hoz (Llamativamente en los documentos desclasificados por el
departamento de Estado no hay ninguno publicado donde se haga
referencia a estas gestiones y solo en un documento se hace
referencia a una entrevista de M de Hoz con el asistente del
Secretario de Estado Shlaudeman quien le expresa al ministro su
preocupación por la situación de los derechos humanos.)
Entrevista con Mac Namara Presidente del Banco
Mundial y sus principales asesores.
Entrevista con Ortiz Mena Presidente del BID.
Entrevista en el FMI.
Entrevista en el Departamento del Tesoro con
Gerald Parsky, a cuyo término se emite el siguiente comunicado:
Simon “indicó que este enérgico programa merece apoyo y aunque
esta gran reestructuración de la economía lleva tiempo, los
datos más recientes demuestran que el programa está
funcionando. EL Secretario (Simon) y el Ministro (M de Hoz)
convinieron en mantener contactos estrechos a través de sus
asesores, tanto en Washington como en Buenos Aires, a fin de
seguir de cerca el progreso de Argentina bajo el programa
estabilizador” (11) Clarín 18/6/76
III.7.2) EL OPERATIVO EN LOS MEDIOS DE NY:
En el diario New York Times del 17/6/76 se
publica un aviso de apoyo a la dictadura firmado por la Cámara
de Comercio Argentino- Norteamérica con el título: “Esta es la
Argentina que los norteamericanos deben conocer” que al final
refiriéndose a “una pequeña banda de fanáticos y criminales”
dice que existe un clamor generalizado “para que se elimine esa
plaga”. (12)
III.7.3) LA AUDIENCIA POR LA SITUACION DE LOS
DERECHOS HUMANOS EN LA ARGENTINA EN EL CONGRESO NORTEAMERICANO:
El mismo día de la visita de M de Hoz estaba
prevista una Audiencia en la Cámara de Representantes, de esa
audiencia da cuenta muy escuetamente el diario Clarín (13)
En su testimonio Wilson Ferreira Aldunate
señaló que Michelini y Gutierrez habían pedido una visa para
viajar a los EEUU en la embajada en Buenos Aires y que esa
gestión había sido comunicada a la dictadura uruguaya por
intermedio de la embajada norteamericana en Montevideo, lo que
había constituido en la práctica una sentencia de muerte para
los dos exilados.
Respecto a esta audiencia, llamativamente no se
han encontrado mayores referencias a esta audiencia en los
documentos Desclasificados. Ni se ha encontrado los
requerimientos de Donald Fraser sobre la situación de los DDHH
en la Argentina
Resumiendo: la visita de M de Hoz a EEUU reveló
que la actitud del gobierno de Estados Unidos fue de un claro
respaldo oficial a la dictadura y le allanó el camino para las
gestiones financieras multilaterales y privadas. Asimismo la
visita de M de Hoz a los EEUU se anticipó en la fecha
inicialmente prevista para hacerla coincidir con la Audiencia
en la Cámara de Representantes sobre la situación de los DDHH
en la Argentina.
III.7.4) EL OPERATIVO CON LA BANCA PRIVADA
INTERNACIONAL y LA RESERVA FEDERAL:
La respuesta de la banca privada también fue
lógicamente alentadora para Martinez de Hoa: un grupo de bancos
se reunieron con el ministro en las oficinas de la RESERVA
FEDERAL se mostró interesado en aportar alrededor de 500
millones de dólares (14) (pag6 y pag 7). También el tema del
petroleo fue objeto de reuniones reservadas, aunque algo se
filtró a la prensa (15)
III.7.5) EL APOYO DEL GRUPO ROCKEFELLER EN EL
COUNCIL OF AMERICAS.
Como cierre de su gira el Council of Americas y
la Cámara argentino Norteamericana organizaron una reunión en
el lujoso hotel Pierre y un banquete de honor. Diario Clarín
tituló. MARTINEZ DE HOZ OFRECIÓ GARANTIAS AL CAPITAL EXTERNO.
(16 y 17 Clarín 23/06/76).
En esa reunión quedó en claro quién se hacía
cargo del control de la economía argentina cuando le
preguntaron a Martinez de Hoz ¿Qué inversiones están previstas
en su país? a lo que contestó: “Eso es lo que estoy tratando de
saber aquí”.
III.3.8) EL OPERATIVO DE APOYO FINANCIERO EN
EUROPA:
A mediados del mes de mayo Martínez de Hoz
inicia una gira a Europa que abarcó Alemania, Holanda, Bélgica,
Francia, España, Italia, Gran Bretaña y España. Incluyó
contactos con las autoridades de esos países, con grupos
empresarios y con la banca privada, y tuvo por objetivo central
sondear la posibilidad de obtener préstamos y poner en marcha
algunos mecanismos de inversiones externas (licitaciones de
áreas petroleras, pesca). (18)(Clarín 16/7/76)
A finalizar su gira europea los diarios
informan que se barajaba una cifra de 1.000 millones de dólares
en préstamos. (19)(Clarín 27/7/76 pag6 y pag7).
Mientras Martinez de Hoz cosechaba apoyos
financieros en Buenos Aires, los representantes consulares y
diplomáticos expresaban su preocupación por las violaciones a
los derechos humanos. Así da cuenta un documento desclasificado
(20) ARGENTINE POLICE/MILITARY AUTHORITIES del 20/05/1976 donde
el Cónsul de los EEUU George Huey informa al funcionario de la
embajada Maxwell Chaplin que en la Mesa de los Miércoles que
reúne a embajadores de 43 paises, se ha planteado que el
gobierno argentino esta violando el art 36 de la Convención de
Ginebra. Los países presentes en esa reunión de diplomáticos
extranjeros fueron EEUU, REINO UNIDO, AUSTRALIA, FRANCIA,
NORUEGA, SUDAFRICA, FINLANDIA, SUECIA, GRECIA, URSS, FILIPINAS
Y BULGARIA. Allí se sugiere que intervenga el Nuncio de la
Iglesia Católica.
Asimismo en el entre el 20 y el 27 de mayo de
1976 visita la Argentina el Dr Gilbert Jaeger, representante
del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas,
quien realiza varias gestiones en la preocupación por la suerte
de los refugiados políticos en la Argentina. A instancias de
Jaeger, el embajador de Noruega realiza una reunión con
diplomáticos de EEUU, Cánada , Australia y Europa donde Jaeger
expresa la “atmósfera hostil” que ha encontrado en el gobierno
argentino y su preocupación por la situación de miles de
refugiados políticos en la Argentina, que recordemos habían
huido de las dictaduras chilena, uruguaya, paraguaya, etc. (20
bis)(VISIT OF UNHCR REPRESENTATIVE del 07/06/1976 Origen:
Buenos Aires Destino: State Categoria: Telegramas)
Estos documentos demuestran que no solo el
gobierno de los EEUU conocía las violaciones a los DDHH sino
también era información que manejaban los gobiernos europeos.
III.3.9) UN APOYO CLAVE PARA LA DICTADURA: EL
PRIMER ACUERDO STAND BY CON EL FMI
En un documento de la Embajada de los EEUU del
23 de julio de 1976 donde se analiza la situación del gobierno
de la dictadura después de cuatro meses (21) THE MILITARY
GOVERNMENT AFTER FOUR se describe con mucha claridad como el
plan económico de Martinez de Hoz necesitaba imperiosamente de
inversiones extranjeras y estas no iban a venir en tanto no se
garantizara un clima de seguridad.
Textualmente en su punto 2 este documento
señala que: “Finalmente, su programa (el de M de Hoz) no podrá
se totalmente exitoso sin los inputs de inversion extranjera
directa, y esta resulta que no se materializará hasta que
exista una marcada mejora en la situación de la seguridad. (De
esta forma, estos dos objetivos primarios están fuertemente
interrelacionados)”
Aquí aparece la íntima relación entre un plan
represivo que debía ser rápido y que a la vez evitara el
escándalo (de allí que se optara por desapariciones y centros
clandestinos de detención en vez de una represión legal y
abierta) y la llegada de inversiones extranjeras.
También sería indispensable contar con la
aprobación del FMI al plan económico de Martinez de Hoz, como
una llave para abrir la puerta de los inversores
internacionales.
A principios del mes de agosto el Fondo
Monetario Internacional acordó a la Argentina un (22) crédito
contingente sobre la utilización del segundo y tercer tramo de
su cuota (i.e., autorización para girar sobre ella) lo cual
permitió formalizar los acuerdos con la banca privada para
refinanciar las obligaciones financieras del año 1976. Dicho
crédito contingente implicaba asistencia financiera sobre la
base de un programa económico que el Fondo consideraba adecuado
para superar los desequilibrios económicos existentes. Al
respecto, dicha institución calificó el programa de Martínez de
Hoz como "serio" y consideró que sus ejecutores "gozaban de un
respaldo que aseguraba la aplicación continuada del mismo"
(23)clarín 2/8/76
El FMI concedió un préstamo stand-by
equivalente a 260 millones de dólares en Derechos Especiales de
Giro (aproximadamente 300 millones de dólares).
El préstamo es aprobado en base a un informe
confidencial aprobado por Jorge del Canto y elaborado por un
staff encabezado por Jack Gunther e integrado entre otros por
Vito Tanzi (por el Departamento de Asuntos Fiscales).
La carta de intención suscripta contemplaba la aplicación de la
cláusula "gatillo" (i.e., el desembolso de monedas extranjeras
a medida que la Argentina cumpliera con los objetivos de
política económica acordados) y la existencia de metas
cuantitativas en materia presupuestaria, de emisión de moneda y
de pagos externos (24)(CLARIN 7/8/76).
Sería importante conocer cuales fueron las
instrucciones que el gobierno de los EEUU, quién conocía
acabadamente la situación argentina, dio a su representante en
el FMI.
III.10) EL FONDO SE COMPROMETE A FONDO: LA
DESIGNACION DE UN FUNCIONARIO DEL FMI PARA ASESORAR A LA
DICTADURA SOBRE DEUDA EXTERNA Y ARANCELES
Las relaciones entre el FMI y la dictadura
fueron más profundas que las normalmente existen entre el staff
y los países miembros. Un documento desclasificado del FMI (25)
revela que el gobierno de la dictadura pidió el nombramiento de
un asesor del FMI para las cuestiones sensibles de
endeudamiento externo y aranceles. La persona designada fue
Claudio Loser, quién posteriormente tuviera importantes
responsabilidades en la relación FMI-Argentina en la década del
90.
III.11) LOS PRESTAMOS DE LA BANCA PRIVADA
EXTRANJERA:
De acuerdo con el anuncio oficial, el
financiamiento global obtenido alcanzó exactamente los 1.300
millones de dólares (incluidos los 300 millones otorgados por
el FMI), discriminados según su origen de la siguiente manera:
500 millones aportados por los bancos norteamericanos, 66
millones concedidos por los bancos canadienses y 358 por la
banca europea
El Chase Manhattan, actuando como banco agente,
realizó el mayor aporte: 75 millones de dólares. Dentro del
grupo norteamericano lo siguieron el Manufacturer Hannover
Trust (55 millones), el City Bank (50 millones), el Morgan (50
millones), el Bank of America y el Chemical (ambos con 40
millones). De los 66 millones obtenidos en Canadá, 21
correspondieron al Royal Bank of Canada. Dentro del grupo
europeo sobresalieron 11 bancos británicos que aportaron
alrededor de 60 millones (encabezados por el Lloyds Bank
International, con un aporte de 15 millones), mientras que la
banca francesa proveyó 30 millones; la alemana, 90; la
española, 35; la suiza, 61,3; la holandesa, 20; la escandinava,
10,5; la belga, 16,2; la italiana, 25 millones; la austríaca,
10. Cf. Clarín, 01/10/76, pag6 y pag7.(26)
Se trataba de préstamos a pagar en un plazo de
cuatro años, con uno de gracia, a una tasa de interés del 8%.
El ministro Martínez de Hoz enfatizó en esa oportunidad que
este paquete de préstamos no significaba un mayor endeudamiento
para el país, sino una reestructuración de su deuda externa, la
que al 30 de junio de 1976 alcanzaba los 8.102,4 millones de
dólares (excluidos los intereses).
De acuerdo a lo que me han informado en la
Biblioteca del BCRA no se encuentran disponibles los contratos
de estos préstamos. Habiéndolos solicitado por nota formal a la
Presidencia del BCRA, aunque aún no tuve una respuesta formal,
de manera oficiosa me han comunicado que no se encuentra en el
BCRA ninguna documentación al respecto. Parece increíble, que
después de 30 años, no sea posible acceder a estos contratos
que fueron claves para el apoyo financiero de la dictadura.
III.12) LAS GESTIONES POLITICAS ENTRE EEUU Y LA
DICTADURA PARA LA EFECTIVIZACION DE LOS PRESTAMOS DEL BID
Asimismo, hacia mediados de setiembre de 1976
el BID concedió préstamos por valor de 750 millones de dólares,
como parte de una suma global de 2.500 millones que se
destinarían a obras de infraestructura durante los tres años
siguientes (27). Entre esas obras se contaban, por ejemplo,
carreteras en la zona Mesopotámica, obras en Salto Grande,
construcción de silos, producción de celulosa y papel,
forestación, construcción de gasoductos, etc. El anuncio lo
formuló el gerente de operaciones del BID Norman Jones al
inaugurar las obras del puente Fray Bentos y Unzué. (Clarín
20/9/76)
La concreción de este préstamo fue producto de
gestiones en el más alto nivel del gobierno de la dictadura y
la embajada norteamericana, mediante entrevistas personales del
embajador Hill con Martinez de Hoz y el presidente Videla.
En un documento desclasificado ECONOMY
MINISTER'S REACTION TO HUMAN (28) (17/09/1976 Origen: Buenos
Aires Destino: State Categoria: Telegramas), se informa de la
Entrevista Hill-M de Hoz. Una gran parte de la entrevista
estuvo dedicada al tema DDHH. M de H reconoció que en este tema
el gobierno tenía graves problemas. Que Videla estaba
comenzando a poner bajo control el tema. Que en este tema
Videla no tenía la fuerza suficiente frente a militares de
menor rango que quería una represión sin barreras. Que la
situación iba a cambiar pronto.
Hill dijo que el gobierno de EEUU había sido
muy paciente y comprensivo del gobierno argentino. Que el GOA
debía mostrar sus buenas intenciones y que se había hablado de
llevar los casos de excesos ante la justicia pero que casi nada
de ello se había cumplido.
M de Hoz insistió en que la situación iba a
cambiar pronto. Aquellos quienes eran los responsables de la
matanza de Pilar, por ejemplo, estaban orgullosos de esos
asesinatos y sentían que arrojar cuerpos a la vista pública era
una buena táctica. Que los responsables pronto iban a ser
castigados.
M de Hoz dijo que su programa económico no
podía tener éxito sin el financiamiento de los EEUU. Que esto
era vital.
M de Hoz le preguntó a Hill como iba a votar
EEUU en un préstamo de 8 MILLION dólares en el BID. Hill
respondió que no estaba seguro como iba a resultar el voto.
M de Hoz dijo que un voto negativo sería
desastroso para el gobierno de Videla, amenazando la
estabilidad del gobierno. Que EEUU debía votar afirmativamente
y dar al GOA un poco mas de tiempo para controlar la
situación, el suplicó. El requirió que se transmita está visión
al departamento de Estado. Y Hill accedió a hacerlo.
Se concertó una entrevista con Videla.
En el documento MBASSADOR DISCUSSES US-
ARGENTINE (29)(24/09/1976 Origen: Buenos Aires. Destino:
State. Categoria: Telegramas) se informa de la entrevista
Videla-Hill. Allí Hill plantea el tema DDHH, la represión
ilegal. Que se estaba dañando la imagen en el exterior y la
existencia de legislación por la que ningún país acusado de
violaciones a los DDHH puede recibir asistencia alguna, sea
económica o financiera.
Hill le explicó que sucedería si se invocara
la enmienda Harkin contra la Argentina. Que por ahora esto era
posible de evitar. Hill le informa que los EEUU van a votar
afirmativamente en el BID, que quedaba resolver una cuestión de
tasa de interés para una porción del crédito. Hill le dijo que
este voto era probablemente el último evitando al enmienda
Harkin a menos que el gobierno argentino se mueva rápidamente
para demostrar que esta tomando medidas para controlar la
situación de los DDHH.
Hill concluye su cable diciendo que no cree que
Videla pueda controlar la situación.
Queda claro de los reportes de estas cruciales
entrevistas, que a pesar de las innumerables pruebas y razones
para negar la asistencia financiera a la dictadura la decisión
del gobierno norteamericano fue la de creer (¿ingenuamente?) en
las promesas de la dictadura y apoyarla financieramente.
Complementariamente a estos reportes es
importante la visión que para ese momento tenía el departamento
de Estado de la situación argentina. En un documento
ARGENTINA : SIX MONTHS OF MILITARY GOVERNMENT (30) del 30/09/76
elaborado por el Bureau of Intelligence and Research del DE,
preparado por J. Buchanan y aprobado por H. L. Estep se señala
que “no hay ninguna duda que la mayoría, sino todos, los
terroristas de derecha son personal policial o militar que
actúan con el conocimiento o la dirección de altos mandos de
seguridad o del gobierno”.
Respecto de cuales son las implicancias para
los EEUU el documento es claro:” la ayuda financiera y moral,
pública y privada, es imperiosa para un gobierno con tan pobre
desempeño en materia de derechos humanos” (ver Página 10).
III.13) LA VISITA DEL CANCILLER GUZZETTI A LOS
EEUU Y SU ENTREVISTA CON EL VICEPRESIDENTE NELSON ROCKEFELLER:
En octubre de 1976 el Ministro de relaciones
exteriores de la dictadura Almirante Guzzetti, visita a los
EEUU. A su regreso el embajador Hill informa que Guzzetti ha
vuelto eufórico de sus reuniones en el departamento de Estado,
donde habría encontrado consenso para terminar cuanto antes el
problema de la subversión; y de su entrevista con el poderoso y
famoso vicepresidente Nelson Rockefeller (hermano de David,
quién en mayo había agasajado a M de Hoz en el Americas
Society). De acuerdo a lo manifestado por Guzzetti el
vicepresidente de los EEUU le había dicho que había que
terminar el problema terrorista rápidamente, por que los EEUU
quería una Argentina fuerte y quería cooperar con el gobierno
argentino”. Ver FOREIGN MINISTER GUZZETTI EUPHORIC OVER
(19/10/1976 Origen: Buenos Aires Destino: State Categoria:
Telegramas) (31).
Inmediatamente Kissinger envía un cable
relativizando los dichos de Guzzetti, pero esa desmentida
seguramente no llegó a los oídos de Videla,ni de Massera, ni
tampoco a los jefes de área de la represión, sino todo lo
contrario. Ver GUZZETTI'S VISIT TO THE U.S. (20/10/1976
Origen: State Destino: Buenos Aires Categoria: Pol/Econ/Soc)
(32)
III.14) LA AYUDA FINANCIERA A LA DICTADURA EN
EL GOBIERNO DE CARTER:
La administración Carter asume haciendo
hincapié en la cuestión del respeto a los derechos humanos en
sus relaciones internacionales. En febrero de 1977 el
Secretario Cirus Vance anuncia al Congreso que los créditos a
la Argentina por ayuda militar serán reducidos a 15 Millones de
U$S por la situación de los derechos humanos. La dictadura
responde rechazando los créditos.
Pero como argumentaba en esos momentos el
embajador de la dictadura Aja Espil : una cosa era poner trabas
a los “préstamos militares” y otra muy distinta era hacerlo con
los “préstamos civiles”.
Estos últimos, los préstamos financieros, a
pesar de algunos contratiempos y de gestos de protesta de ambas
partes, se mantuvieron durante la gestión Carter.
A pesar que en un documento del DE del 23/5/77
Argentina- Human Rigths (33) redactado por F. H Thomas, se
planteaba la estrategia de usar “la voz y el voto” en los
organismos multilaterales de crédito para que la dictadura
argentina corrigiera su política represiva, la realidad es que:
-En mayo la dictadura recibió un préstamo del
Banco Mundial, el delegado de los EEUU solo hizo una protesta
oral.
-En setiembre de 1977 el FMI otorgó un vital
préstamo stand by,
-en noviembre el BID otorgó un préstamo de 83
millones de U$S y
-nuevamente en ese mes el Banco Mundial otorgó
un préstamo al BANADE, que Martinez de Hoz había especialmente
pedido.
El documento citado refleja con claridad que la
relación bilateral entre los EEUU y Argentina se entablaría en
una negociación que partía de la base de la necesidad de
préstamos externos por parte de la dictadura y la necesidad del
gobierno de Carter de mostrar avances en materia de derechos
humanos, que además estaba obligado a respetar la enmienda
Harkin que establecía la política de votar en contra en los
organismos financieros multilaterales de gobiernos que violaran
los DDHH.
Pero hay que entender que los préstamos no eran
vitales para la dictadura desde el punto de vista financiero,
sino desde el punto de vista de apoyo político internacional o
sea se interpretaban como un aval al accionar del gobierno en
todas sus líneas.
La importancia no era la de tener solamente
fondos, sino de que estos pedidos no se rechazaran. Esta
postura queda clara en el documento desclasificado de un cable
del 6/6/77 de la Secretaría de Estado (0000A168) (34):“Es muy
importante apoyar a Martinez de Hoz (Ministro de Economía)
quién habló a BLUMENTHAL Y BRZEZINSKI y retornó a Buenos Aires
con un fuerte mensaje que el gobierno argentino tiene que
actuar sobre derechos humanos. Una abstención en los préstamos
de Argentina puede debilitar a Videla y M. de Hoz y puede
reforzar a aquellos que argumentan que los EEUU no quiere en
realidad trabajar con el gobierno argentino.(AJA ESPIL siente
que una cosa fue para EEUU demostrar su visión de los militares
argentinos reduciendo los préstamos militares, pero otra cosa
muy distinta es ir en contra de los préstamos “civiles”, lo
cual socavaría la mucha fuerza que estamos sosteniendo”
En algunas ocasiones para no tener que votar
negativamente, los negociadores norteamericanos le pedían a
gobierno argentino que pospusiera los pedidos. Ver Documento
desclasificado United States Argentine Relations del 3/06/77
(35). Es decir se evitaba el rechazo, que suponía una condena.
En definitiva era una actitud complaciente o que indefinitiva
resultó ser cómplice.
Además los requerimientos en materia de avances
en el respeto a los derechos humanos fueron de enorme
subjetividad.
¿Cuáles deberían haber sido los parámetros
concretos para medir si había o no avances? ¿Cuáles podrían ser
los parámetros para medir a un gobierno que no respetaba la
Constitución Argentina, secuestraba, torturaba, hacia
desaparecer personas, mataba impunemente en las calles y en
requisas en los domicilios, no había juicios a los detenidos,
no había listas completas de detenidos , no había ninguna
acción para detener o castigar a las fuerzas paramilitares y
para policiales, etc?.
En los informes desclasificados se observa que
los funcionarios estadounidenses consideraban como avances
hechos como cuando la dictadura anuncia el 14 de julio de 1977
la aparición de una lista de 333 detenidos que no seguirían a
disposición del PEN, que se va a estudiar la posibilidad de
optar para salir del país, el cierre de la revista Cabildo (por
antisemita) o la resolución de algunos casos puntuales de
desaparición de personas.
Es justo reconocer que si no hubiera existido
esa presión del gobierno de los EEUU, quizás ni siquiera esos
pequeños avances se hubiera logrado, pero al mismo tiempo es
necesario decir que a la luz de lo que estaba sucediendo era
como tomar aspirinas para detener a un cáncer.
Resulta de particular relevancia que el
interlocutor con el gobierno de los EEUU en materia de derechos
humanos haya sido permanentemente el Ministro de economía de la
dictadura Martinez de Hoz. (Ver Documento desclasificado GOA
DEMARCHE ON HUMAN RIGHTS (36) de las conversaciones de Martinez
de Hoz y el Secretario Blumenthal y Brzezinski , Ver US
INTEREST IN HUMAN RIGHTS IMPROVEMENTS ) (37). Hasta la
Coordinadora de Derechos Humanos Patricia Derian visitó al
ministro de Economía en agosto de 1977 para abordar estos
temas. Ver DERIAN VISIT WITH ECONOMY MINISTER (38)
III.14.1) PRESTAMOS DEL BANCO MUNDIAL DURANTE
LA GESTION CARTER:
En abril de 1977 comenzó a gestionarse una
nueva línea de préstamos del Banco Mundial. Para ello, los
técnicos del Banco Central elaboraron un informe sobre la
probable evolución de la economía argentina en los siguientes
diez años. El objetivo era que los nuevos fondos sirvieran para
financiar proyectos ya aprobados en el marco de la Ley de
Promoción Industrial, canalizados a través del Banco Nacional
de Desarrollo (BANADE). Más adelante, se preveía obtener un
financiamiento mayor para las obras de la represa Yacyretá-
Apipé (alrededor de 150 millones de dólares), emprendimiento
del cual participaría el Banco Interamericano de Desarrollo,
aportando el 50% del préstamo Otros proyectos en cartera
incluían el equipamiento y reparación de puertos, construcción
de un puerto de aguas profundas y reequipamiento ferroviario.
Ver Clarín 15/4/77 (39)
Una de las consecuencias inmediatas de estas
gestiones fue la firma de un crédito del Banco Mundial (40) en
mayo de 1977, por un monto de 105 millones de dólares, con
destino a proyectos camineros (mejora del tráfico vial e
infraestructura). El préstamo gozaba un período de gracia de
tres años y estaba sujeto a una tasa de interés del 8.5% anual.
Este financiamiento contribuiría también a la realización de un
estudio para el desarrollo agrícola regional en el norte del
país, la elaboración de un plan de transporte nacional, un
estudio sobre el uso del pavimento y un plan de seguridad del
tránsito.
III.14.2) PRESTAMOS DE LA BANCA PRIVADA EN 1977
En septiembre del mismo año un consorcio (41)
de cinco entidades bancarias austríacas concedió un crédito por
10 millones de dólares al Banco Central de la República
Argentina . Se trataba de un préstamo libre, que fue firmado en
Viena por el encargado de asuntos financieros en Europa, el
doctor José María Dagnino Pastore y en nombre del grupo
bancario concedente por Franz Vranitzky y Guido Schnidt-Chiari.
III.14.3) OTRAS VEZ EL FMI CON UN APOYO CLAVE:
NUEVO STAND BY DEL FMI
Al parecer la entrevista de Carter con Videla
en setiembre en ocasión de la firma del tratado del Canal de
Panamá dio buenos réditos a la dictadura, ya que a partir de
ese mes se produce un destrabe de una serie de préstamos,
siendo el más importante el concretado por el FMI.
Una ayuda crucial para la gestión del
programa económico del Proceso, fue que septiembre de 1977 el
Fondo Monetario Internacional concedió un acuerdo contingente o
stand-by (42) por 185 millones de dólares. Si bien el acuerdo
tenía como finalidad prioritaria "lograr una mayor reducción de
la tasa de inflación y la consolidación de la mejora registrada
en la balanza de pagos", fue al mismo tiempo interpretado desde
el punto de vista político como un claro respaldo al gobierno
de facto Fue adjudicado luego de una exhaustiva revisión de los
logros alcanzados desde la iniciación del plan económico y de
las metas comprometidas por el equipo económico para la
siguiente etapa.
III.14.4) NUEVOS PRESTAMO DEL BID EN 1977
El 4 de noviembre de 1977 el Banco
Interamericano de Desarrollo otorgó un crédito de 83 millones
de dólares para financiar programas de provisión de agua
potable en áreas rurales y urbanas. Los fondos se componían de
31 millones de dólares provenientes de los recursos
interregionales, concedidos a una tasa de interés del 8% anual
por un plazo de veinte años, con cuatro años y medio de gracia
después de la firma del contrato, y 52 millones de dólares
provenientes del fondo para operaciones especiales, prestados a
una tasa de interés del 3% anual por un plazo de 25 años, con
cuatro años y medio de gracia (Clarín 4/11/77)(43).
III.14.5) EL PRESTAMO DEL BANCO MUNDIAL QUE
PIDIO ESPECIALMENTE MARTINEZ DE HOZ.
El 7 de noviembre de 1977 el Banco Mundial
aprueba un préstamo de 100 millones de U$S que sumandos a
otros 100 millones de U$S de la banca privada serían utilizados
para ampliar la capacidad operativa del BANADE. Como agente del
consorcio de bancos internacionales actuó el LLoyd Bank y el
consorcio lo integraban además el Bank of America, Nova Scotia,
Grindley Brandts, Libra Bank y Security Pacific (Clarín
8/11/77) (44). Este préstamo había sido pedido especialmente
por Martinez de Hoz.
III.14.6) EL APOYO DE UN BANCO OFICIAL DE LOS
EEUU: PRESTAMO DEL EXIMBANK
El 3 de febrero de 1978 el Banco de Exportación
e Importación (EXIMBANK) anuncia una operación de créditos, por
un monto total de 19.040.000 millones de dólares, a ser
aplicados en la modernización y ampliación de la planta
siderúrgica de Acindar en Villa Constitución (cerca de Rosario)
y la construcción de la empresa Polisur, una de las firmas
satélites del complejo petroquímico de Bahía Blanca (Clarín
3/2/78).(45)
III.14.7) PRESTAMOS DEL BANCO MUNDIAL
El 21 de febrero de 1978 se formalizó la
concesión de un crédito por parte del Banco Mundial, cuya
negociación se había iniciado el año anterior. Se trataba de
105 millones de dólares que serían destinados a financiar el
programa de ampliación de la capacidad de almacenamiento de
cereales, de acuerdo con un plan elaborado por la Junta
Nacional de Granos. Dicho plan preveía la construcción de
veinte elevadores de cien mil toneladas cada uno en importantes
zonas productoras y se complementaba con mejoras ferroviarias
destinadas a facilitar el transporte de la cosecha hacia los
principales puertos de embarque hacia el exterior (LA Opinión
22/2/78)(46).
Además, la misma entidad otorgó en mayo otro
crédito para el agro por un monto de 60 millones de dólares que
se destinarían a un plan de tecnificación agrícola que
afectaría a unos 4.500 agricultores. Los fondos se canalizarían
a través del Banco Nación y serían reembolsados en un plazo de
nueve años, con cuatro de gracia, a una tasa de interés del 6%
anual vencido, ajustable según el índice de precios mayoristas
(Clarín 10/5/78)(47). El representante norteamericano Edgard R
Fried, se abstuvo de endosar la operación aduciendo
“instrucciones precisas” de su gobierno.
Durante todo el año 1978 las cuestiones
políticas continuaron influyendo en la marcha de las
negociaciones económicas, aunque nunca llegaron a convertirse
en un obstáculo insalvable. Algunos sectores del gobierno de
Estados Unidos criticaban por entonces la situación de los
derechos humanos en la Argentina y proponían aplicar presiones
económicas para evitar mayores violaciones a los derechos
humanos. No obstante, no lograron un consenso unánime de la
administración Carter. Así quedó demostrado, por ejemplo, el 27
de setiembre de ese año, cuando el Departamento de Estado
autorizó al Eximbank a respaldar un préstamo de 270 millones de
dólares que permitiría a la empresa Allis Chalmers presentarse
a una licitación internacional para la compra de turbinas
destinadas al proyecto hidroeléctrico argentino-paraguayo
Yacyretá-Apipé. El anuncio se produjo después de una entrevista
entre el presidente del Eximbank John Moore y el ministro
Martinez de Hoz
Este respaldo fue interpretado en ambos países
como una confirmación del mejoramiento de las relaciones
argentino-norteamericanas (LA Opinión 28/09/78)(48).
Unos años más tarde, el 11 de noviembre de 1981
el Eximbank extendió el crédito a 550 millones de dólares, a
fin de contribuir a la exportación de equipos a utilizarse en
la construcción de la represa; la operación se concretó a una
tasa de interés del 7,75% anual, con diez años de gracia y 10
para el repago; la empresa Allis Chalmers fue la encargada del
suministro de 20 turbinas de 135 kilovatios por un valor de 287
millones de dólares, mientras que 242,4 millones fueron
destinados a la adquisición de camiones, topadoras, niveladoras
y aplanadoras y 117,6 millones fueron usados para la provisión
de grúas, bombas, transformadores y equipo electromecánico.
Esta última operación contó con el aval explícito del Congreso
norteamericano (Clarín 12/11/81)(49).
IV: RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS DE LA
CANCILLERIA ARGENTINA EN EL ENCUBRIMIENTO DE LOS CRIMENES DE
LESA HUMANIDAD:
IV.1 La necesidad de desclasificar los archivos
del Estado Nacional, empezando por la Cancillería.
Así como era absolutamente necesario contar con un apoyo
político-financiero internacional para sostener al régimen
dictatorial, sería también crucial, en el plano diplomático,
montar un dispositivo de encubrimiento de la cuestión de las
violaciones a los derechos humanos que se producían en la
Argentina.
En nuestro país parte de las pruebas de esta
aseveración están depositadas en los voluminosos archivos de la
Cancillería y en los archivos de la Biblioteca de las Naciones
Unidas.
En el presente escrito solo mencionaremos
algunos documentos allí encontrados, dado que escapa a nuestras
posibilidades materiales realizar un estudio y revisión
completa de la voluminosa información archivada.
Entendemos que es una clara responsabilidad del
Estado nacional proceder a la desclasificación y compilación de
esos archivos, a fin de poder reconstruir esta parte importante
de nuestra historia y establecer las responsabilidades penales
que correspondieran.
Concretamente entendemos que si existe un
compromiso cierto por parte del Estado en una política de
verdad y justicia en materia de derechos humanos, al menos la
Cancillería debe disponer la inmediata desclasificación de la
documentación obrante en sus archivos.
IV.2 Las directivas secretas para la diplomacia
argentina:
Una rápida revisión de esos archivos nos ha permitido acercar a
este tribunal, como primera prueba, una circular telegráfica
dirigida a todas las representaciones diplomáticas y
consulados, en los primeros días de abril de 1976, firmada por
el Coronel Ernesto Pelaez Subsecretario general de la
Cancillería y titulada Orientación Inicial al Personal, se
establece cual sería la política en la materia: ”Se demandará a
señores funcionarios y empleados del Ministerio de Relaciones
Exteriores esfuerzo y colaboración a fin de contribuir
proyectar al Mundo imagen de un país reencauzado con su destino
histórico”.(50)
En esta primera directiva vemos que se ordenaba
a los funcionarios de la Cancillería a contribuir a “proyectar”
una “imagen” de lo que pasaba en la Argentina. Frente a la
masividad y crueldad del terrorismo de Estado que se avecinaba,
esta directiva iba a ser como pedir ayuda para tapar la luz del
sol con las manos. Pero como demostraremos aquí, importantes
diplomáticos de carrera se sumaron a esta vergonzosa tarea, que
se mantendría a lo largo de todo el período de la dictadura.
Una Circular Telegráfica Secreta del 19/05/76
(51) ya revelaba como iban apareciendo las primeras grietas al
muro de silencio e impunidad: “Se observa una campaña
internacional de desprestigio contra actual gobierno
consistente entre otras cosas en acusaciones de detenciones o
desaparición de individuos. Reitero el cumplimiento de la
Circular Telegráfica Europa 13-14-15 America 19-20-21
procediendo con iniciativa mediante contactos informales con
órganos de difusión y opinión a fin de demostrar el absoluto
respeto de las normas jurídicas…”.
A los pocos días, el 27 de mayo de 1976, el
embajador Ezequiel F. Pereyra (el mismo que acompañara a
Guzzetti en su entrevista con Kissinger) firma la Circular
Secreta -América 49/52 y Europa 44/47-,(52)dirigida a todas las
representaciones argentinas en el mundo, que marca
específicamente las pautas con relación a denuncias sobre
violaciones a los derechos humanos.
En esta circular señala que: “Gobierno Junta
Militar ha ratificado su decisión de respetar Derechos Humanos
tal como lo expresó Presidente Videla su discurso día marzo
30”… “Gobierno Nacional esta aplicando rigurosamente la
Constitución y la ley...”… “Cada caso de detención esta siendo
estudiado detenidamente…”… “Gobierno nacional aprecia interés
demostrado por Gobiernos amigos en defensa Derechos humanos
porque comparte mismos ideales..” para finalizar diciendo que
“Confíase en que Gobierno responsables no se haga eco campañas
de propaganda internacional inspirada precisamente por sectores
que no manifestaron su repudio por asesinatos cometidos por
bandas terroristas subversivas”. Firmado Capitán de Navío
Gualter Allara y Embajador Ezequiel F. Pereyra.
Esta imagen de que el gobierno militar era
respetuoso de la “Constitución” y de los Derechos Humanos, pero
que era objeto de una campaña internacional de desprestigio,
sería la falaz línea argumental que se imprimiría desde la
Cancillería argentina.
Sobre esta línea argumental el 22/7/76 se emite
la circular secreta América 80/86 y Europa 72/78 (53) donde se
fija la misión para las representaciones en el exterior. Ellas
serían: “II. a)Promover en conocimiento del país en el
extranjero en base a noticias reales sobre la situación
existente… b)Llevar a cabo una acción sostenida para lograr un
decidido apoyo internacional en lo económico-financiero…
c)Aprovechar medios propios y extranjeros para cumplimentar las
instrucciones remitidas”. En punto III Coordinaciones Generales
se indica que las embajadas deberán elevar quincenalmente “un
informe detallado de las actividades desarrolladas en
cumplimiento de la presente Circular”.
Sería necesaria la desclasificación ordenada de
los archivos para disponer de esos informes y poder evaluar
como cada embajador por obediencia debida o por convencimiento
cumplió estas deplorables directivas.
Más deplorable aún, es la Circular secreta del
21 de agosto del 76, (América 115, Europa 105), (54) donde se
pide a los embajadores que reúnan información sobre violaciones
a los derechos humanos, en cada país sede, a los efectos de ser
utilizada por la Cancillería “con discreción y en forma
oportuna y no agresiva para hacer comprender universalidad
sufrimiento campañas descrédito gobiernos”. Es evidente que,
con esta circular la dictadura buscaba disponer de información
sobre violaciones a los derechos humanos en otros países, para
contrarrestar las acusaciones de las que era objeto en diversos
foros internacionales. No era solamente negando las violaciones
en la Argentina, sino tratando de hacer conjugar el verbo
violar a toda la comunidad internacional. Yo violo, pero tú
también violas. Nosotros violamos, pero aquellos países
también violan. Todos los países violamos los derechos humanos.
Conocer cual fue el cumplimiento de está
deshonrosa directiva por parte del cuerpo diplomático escapa
los alcances del presente escrito, pero debería investigarse.
Otra directiva interesante es la circular
Secreta (América 116, Europa 106) (55) que se emitió para
intentar atajar la avalancha de denuncias y reclamos se
multiplicaban en las embajadas argentinas. Dicha circular
disponía:
“1.Se considera necesario desvincular máximo
posible nuestras representaciones diplomáticas y consulares de
tratamiento solicitudes de información o notas protesta
referidas eventuales situaciones refugiados y/o detenidos
políticos. Objetivos Políticos y no humanitarios persiguen
mayoría presentaciones con finalidad desprestigio imagen país
en exterior, complican nuestras representaciones en
procedimientos que perturban el normal desarrollo sus tareas
específicas naturales y facilita difusión pública de diálogo
contradictorio con especialistas campañas desprestigio
gobiernos que no están preparadas contrarrestar”
“2, Por lo tanto se ha decidido a partir de la
fecha centralizar y localizar en Buenos Aires diálogo con
eventuales interesados objeto alejar problema nuestras
representaciones y poder contestar con detalle, matices y
oportunidad convenientes a cualquier eventualidad informativa.”
Con esta directiva secreta y la complicidad de
funcionarios de la Cancillería, se monta una parte del sistema
de encubrimiento de desaparición de personas y detenciones, del
que eran víctimas tanto argentinos como muchos ciudadanos
extranjeros.
IV. 3 Las denuncias en las comisiones de la
ONU.
Uno de los ámbitos más conflictivos para
sostener en pié el muro de silencio y mentira de la dictadura
fue la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y
Protección de las Minorías, de la Comisión de Derechos Humanos,
del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.
Que la principal batalla diplomática se diera
en el interior de las Naciones Unidas nos es extraño ya que
como vimos entre el 20 y el 27 de mayo de 1976 visita la
Argentina el Dr Gilbert Jaeger, representante del Alto
Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR) y
este organismo fue uno de los primeros en manifestar su
preocupación tras el golpe, ya que debía velar por la seguridad
de unos 16 mil latinoamericanos que se habían refugiado en la
Argentina para escapar de las dictaduras de sus propios países.
(El Memorando Nro 57 del 10 de mayo de 1976 de la Subsecretaría
de Relaciones Exteriores de la Cancillería, da cuenta de que la
preocupación sobre los extranjeros había llevado a la dictadura
a crear una “COMISION AD HOC para el análisis de la situación
de ciertos extranjeros”).
Como decíamos anteriormente las Naciones Unidas
serían el ámbito institucional más importante donde se
reflejaría la situación de los derechos humanos, a partir de la
labor de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y
Protección de las Minorías, cuyos miembros comenzaron a recibir
informes sobre personas desaparecidas y torturas en nuestro
país.
En la 752° Sesión de la Subcomisión (56) el
jurista holandés Teo van Boven (experto independiente) denuncia
que “Es evidente que existe una situación represiva no sólo en
Chile, sino también en varios países sudamericanos, entre ellos
la Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay y que hay
coordinación y cooperación represiva entre sus diversos
servicios de información, sus fuerzas armadas y su policía. El
propio orador ha dado recientemente testimonio personal
revelando la urgencia de la situación en la Argentina, donde
parece haber de 20.000 a 30.000 presos políticos y donde cada
día se cometen 15 asesinatos políticos.”. A ello se agrega la
denuncia de representante de Francia Sra. Questiaux
“Desaparecen personas y nadie vuelve a saber de ellas. En
realidad, las autoridades legales reconocidas se ven
reemplazadas por otras autoridades secretas. Situaciones así se
dan en Chile, Argentina, Uruguay y Uganda”. El representante
inglés Sr Whitaker señala que “La evolución de la situación en
América Latina es muy inquietante. Al parecer, las fuerzas de
policía y los servicios secretos de Argentina, Uruguay, Brasil
y Bolivia están en connivencia y cooperan entre sí, y se trata
de países en los que se están perpetrando violaciones a los
derechos humanos a escala internacional.”
El 26 de agosto de 1976 cuatro integrantes de
la Subcomisión presentan un proyecto de Resolución (57) donde
se hace un llamamiento al gobierno de Argentina para que
respete las normas internacionales relativas a los derechos
humanos.
El 30 de agosto el Observador argentino
Embajador Gabriel Martinez presenta una declaración de rechazo
(58) en nombre del gobierno de la dictadura argentina. Esa
declaración de rechazo es un fiel reflejo de la obediencia a
las directivas secretas, que vimos anteriormente, emanadas para
encubrir al terrorismo de Estado. En esa declaración el
embajador Martinez argumenta que las denuncia en realidad se
trataban de “una tendenciosa campaña tendiente a desprestigiar
al pueblo y al gobierno argentino”, que su gobierno “ha
declarado y declara su íntegro respeto por los derechos humanos
y que aplica todos los resortes de la ley para el
reestablecimiento del orden” y finalmente rechaza en un todo el
proyecto de resolución. En la 767° Sesión del mismo 30 de
agosto a pesar de la enérgica oposición del Observador de la
Argentina, el embajador Gabriel Martinez, se aprueba por 8
votos a favor, uno en contra y 8 abstenciones el proyecto de
resolución E/CN.4/Sub.2/L.649. El texto de la resolución, en la
forma que fue aprobada, figura en el Capítulo XVII como
resolución 2 C (XXIX)(59)
Perdida esta batalla en la Subcomisión, la
diplomacia cómplice del terror intenta contrarrestar las
denuncias elevando una nota verbal el 15 de marzo de 1977 al
Director de la División de Derechos Humanos, volviendo sobre
los argumentos que se trataba de “una campaña de hostigamiento
al Pueblo y gobierno argentinos”. (60)
Le tocará al embajador Carlos Ortiz de Rozas
una acción de encubrimiento similar cuando el 5 de mayo de 1977
en la 62° Sesión del Comité de Asuntos Sociales (61) exigió a
sus pares diplomáticos de Nueva York prudencia en el
tratamiento de las denuncias por violaciones a los derechos
humanos y advirtió que la Comisión no debe ser un órgano en el
que ciertos grupos utilicen su influencia, directa o indirecta
sino simplemente un lugar donde los países pueden realizar
consultas y negociaciones. Ortiz de Rozas se retiró del
servicio exterior tras ser embajador del gobierno de Carlos
Menem en los Estados Unidos.
En agosto de 1977, la presión de Francia, las
manifestaciones de los exiliados en Ginebra y las denuncias de
Amnesty International hicieron que el enfrentamiento
internacional estallara en la privacidad de la ONU. El 24 de
agosto, en la 785° reunión de la Subcomisión en Ginebra (62) ,
el representante italiano, Antonio Cassese, advirtió que en la
Argentina las autoridades parecen admitir la existencia de dos
mil a diez mil presos políticos, pero Amnesty tiene pruebas de
que en los últimos dos años y medio han desaparecido o han sido
secuestradas en la Argentina unas 15 mil personas. El embajador
Gabriel Martínez, que participaba como observador de la
Argentina calificó al informe de Amnesty de engañoso, dijo que
los miembros de la Comisión Argentina de Derechos Humanos eran
criminales y terroristas y sugirió que la representante
francesa estaba influida por consideraciones políticas.
Temperamental, Questiaux respondió que lo escuchado sólo podía
aceptarlo como un malentendido. Cassese tuvo la astucia de
subrayar que sorprendentemente Martínez no había refutado las
cifras ni los datos aportados por los organismos. El
representante belga consideró que Martínez se había excedido, y
el británico pidió que presente excusas o se retire de la sala.
La sesión se levantó en forma intempestiva. Dos días después,
los votos de Francia, Italia, Bélgica, el Reino Unido y Austria
alcanzaron para aprobar una declaración de la Subcomisión donde
expresaba su preocupación por la situación en la Argentina. Los
países No Alineados y latinoamericanos se abstuvieron o votaron
en contra
Le tocará al embajador Arlia defender a la
dictadura en la 807° sesión de la Subcomisión (63) del 1 de
setiembre de 1978 y al embajador Mario Amadeo hacerlo en la
825° el 13 de setiembre del mismo año (64).
Más adelante corresponderá al embajador Enrique
Ros y al embajador Gabriel Martinez encubrir y defender a la
dictadura en la 36° Sesión de la Comisión de Derechos Humanos
(65) realizada del 3 al 7 de marzo de 1980. En esa Sesión se
aprueba una decisión confidencial referida a la Argentina
invitando al gobierno a cooperar en esclarecer el destino de
los desaparecidos, cuestionando el decreto-ley Nro 22.068 de
desaparición presunta y las condiciones carcelarias.
En la 38° sesión de la Comisión de Derechos
Humanos será nuevamente Gabriel Martinez el defensor de la
dictadura.(66)
En la sesión 39°, llevada a cabo el 23 de
febrero de 1983,(67) será el embajador Alberto Daverede (actual
Director de Europa Occidental Subsecretaria de Política
Exterior) llevar adelante la vergonzosa tarea de encubrir
crímenes de lesa humanidad. En el párrafo 52 de su exposición
Daverede sostiene que el” problema de los desaparecidos
pertenece al pasado” y que esos eventos habían sucedido en un
contexto de “desorden y guerra civil”. Ante las denuncias de
miembros del subcomité de aparición de cadáveres en fosas
comunes, el embajador Davedere en el párrafo 72 dice que “el
descubrimiento de fosas comunes es parte de una infundada
campaña internacional” e intenta explicar que la práctica de
cremación de cuerpos hace muy difícil la búsqueda de
desaparecidos. O sea que en febrero de 1983, el embajador
Davedere cumple a rajatabla con aquellas directivas secretas
emanadas al principio de la dictadura.
IV.4. La designación de funcionarios de la
Cancillería en las Comisiones Asesoras Honorarias creadas por
el decreto secreto 223/1976.
Como introducción a este punto cabe recordar la
carta que Rodolfo Walsh dirigiera a la Junta Militar el
24/3/1977 poco antes de su desaparición. En el punto 6 respecto
a la política económica dice “ Dictada por el Fondo Monetario
Internacional según una receta que se aplica indistintamente al
Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica
de esa Junta sólo reconoce como beneficiarios a la vieja
oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un
grupo selecto de monopolios internacionales encabezados por la
ITT, la Esso, las automotrices, la U.S.Steel, la Siemens, al
que están ligados personalmente el ministro Martínez de Hoz y
todos los miembros de su gabinete”….
Estas afirmaciones de R. Walsh no eran
antojadizas ni inexactas. Por el contrario dan cuenta con
enorme certeza cuales eran los grupos empresarios que estaban
apoyando y recibiendo contraprestaciones por parte de la
dictadura. Para ser tan preciso en su denuncia seguramente R.
Walsh tendría conocimiento de lo que el decreto secreto Nro 223
del 27 de abril de 1976 había dispuesto: la creación de
comisiones asesoras ad honoren en distintas áreas. Esas
comisiones estaban integradas por las siguientes empresas:
AREA COMUNICACIONES. COMISION ASESORA HONORARIA NRO 1: SIEMENS
de ALEMANIA OCCIDENTAL, SIEMENS de Argentina Y COMPAÑÍA
STANDARD ELECTRIC ARGENTINA (del grupo ITT)
AREA INDUSTRIA. COMISION ASESORA HONORARIA NRO 2: IAFA PEUGEOT
SAFRAAR Y NRO 3:SIAM DI TELLA SA Y EDITORIAL CODEX SA
AREA ENERGIA Y COMBUSTIBLES COMISION ASESORA HONORARIA NRO 4:
ESSO S.A.P.A.; NRO 5: SHELL C.A.P.S.A. Y NRO 6: COMPAÑÍA ITALO
ARGENTINA DE ELECTRICIDAD SA
AREA COMERCIO: COMISION ASESORA HONORARIA NRO 7: HILANDERIAS
OLMOS SA Y NRO 8 COMPAÑÍA AZUCARERA TUCUMANA SA
AREA BANCOS: COMISION ASESORA HONORARIA NRO 9: BANCO ARGENTINO
DE COMERCIO SA, BANCO FRANCES Y RIO DE LA PLATA, BANCO POPULAR
ARGENTINO, BANCO ARGENTINO DEL ATLANTICO Y BANCO SANTANDER.
La creación de estas COMISIONES ASESORAS HONORARIAS por parte
de Martinez Hoz tuvo una clara intencionalidad de política
económica y de política exterior. Por un lado el mensaje era
que el gobierno daba cabida a las inquietudes y sugerencias de
los grupos económicos y por otro que las empresas extranjeras
podían confiar en el nuevo gobierno. Los gobiernos de Alemania,
Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Holanda, España, etc.;
seguramente habían tomaban nota que con este decreto 223/76 los
reclamos de sus empresas estaban institucionalmente
canalizados.
Para esta estrategia de “cooperación internacional” era
importante sumar a la Cancillería. Por ello el 29 de abril
Walter Klein solicita que la Cancillería designe funcionarios
en las Comisiones. En respuesta a ese pedido, en una nota
dirigida a Jose Alfredo Martinez de Hoz, el embajador Ezequiel
Pereyra designa a los siguientes funcionarios:
COMISION ASESORA HONORARIA nro 1 Ministro Carlos O. Keller
Sarmiento, nro 2 Secretario Manuel Alvarez, nro 3 Ministro
Salvador Zito, nro 4 Ministro Diego F Medus, nro 5 Ministro
Alberto D. Spagnuolo, nro 6 Ministro Fernando Terrera, nro 7
Consejero Juan Carlos Ibáñez, nro 8 Ministro Francisco a
Minieri, nro 9 Ministro Diego F. Medus. (68)
Entendemos que habría que conocer cuales fueron los resultados
de estas comisiones y cuales los compromisos que se asumieron
frente a los gobiernos extranjeros comprometidos en los
intereses de estas comisiones.
V. Síntesis: de lo aquí expuesto, queda para
nosotros demostrado que el plan represivo de la dictadura contó
con la participación necesaria de:
1)El Ministro de Economía Martinez de Hoz, quién
conociendo cabalmente las gravísimas violaciones a los
DDHH de su gobierno operó como pieza clave para los
apoyos políticos y financieros externos que le dieron
sustento.
2)Los funcionarios responsables de la Secretaria de
Estado del gobierno de los EEUU: recayendo en las
personas de Henry Kissinger y William Rogers la
responsabilidad primigenia, ya que conociendo que se
produciría un “baño de sangre” (destinado a eliminar no
solo contra terroristas sino contra todo disidente),
dieron apoyo financiero a la dictadura. Ese apoyo se
materializó en el desembolso de un préstamo del FMI a los
dos días del golpe.
3)Los funcionarios responsables de las Instituciones
Financieras Internacionales: BID, BANCO MUNDIAL Y FONDO
MONETARIO INTERNACIONAL. Estos organismos proveyeron de
manera sincronizada apoyo político y sustento financiero
al plan económico de Martinez de Hoz. Identificar a todos
los funcionarios de estas instituciones involucrados es
una ardua tarea, pero los que aparecen a priori son el
Gerente de Análisis de Proyectos Guillermo Moore y el
presidente del BID Ortiz Mena. En el Banco Mundial David
Green y su presidente Robert Mac Namara. En el FMI el
jefe de la delegación del FMI Jack Gunther (y el staff
integrado entre otros por Vito Tanzi) y su Director
Ejecutivo Johannes Witteveen.
4) El Secretario del Tesoro William Simon, los
funcionarios representantes de los EEUU en las
Instituciones Financieras Internacionales que votaron a
favor los préstamos a la dictadura y los funcionarios de
la Reserva Federal quienes hasta facilitaron sus oficinas
para las primeras gestiones de Martinez de Hoz en Nueva
York ante banqueros y empresarios.
5) El banquero David Rockefeller (del banco Chase Bank) y
su hermano Nelson Rockefeller (entonces vicepresidente de
los EEUU) piezas claves a nivel oficial y no
gubernamental (como el Council of Americas) del apoyo a
la dictadura.
6) La Cámara de Comercio Argentino- Norteamérica quién en
el diario New York Times del 17/6/76 publican un aviso de
apoyo a la dictadura donde refiriéndose a “una pequeña
banda de fanáticos y criminales” dice que existe un
clamor generalizado “para que se elimine esa plaga”.
7) Los funcionarios de los gobiernos de Alemania,
Holanda, Bélgica, Francia, España, Italia, Gran Bretaña y
España , quienes por intermedio de su representación
diplomática conocían las violaciones a los derechos
humanos que ocurrían en la Argentina y sin embargo en el
mes de mayo de 1976 prestaron apoyo a Martínez de Hoz en
su gira a Europa.
8) El economista Claudio Loser, funcionario del FMI y
nombrado como asesor del BCRA en agosto de 1976 para las
cuestiones de apoyo financiero externo y aranceles.
9) Los bancos privados que prestaron al BCRA 1.000
millones de dólares en setiembre de 1976. Aportados por
los bancos norteamericanos, canadienses y europeos (Chase
Manhattan, Manufacturer Hannover Trust, City Bank,
Morgan, Bank of America,Chemical, Royal Bank of Canada,
Lloyds Bank International,etc). Aunque parezca increíble
estos contratos de préstamos no se encuentran disponibles
para su consulta en el BCRA.
10) El encargado de asuntos financieros en Europa, el
doctor José María Dagnino Pastore, quién gestionó
préstamos de la banca privada austríaca en 1977.
11) El embajador de los EEUU en la Argentina Robert Hill,
quién conociendo cabalmente las violaciones a los
derechos humanos gestionó la aprobación de préstamos
claves como el del BID en setiembre de 1976.
12) El embajador Ezequiel F. Pereyra quien firma diversas
Circulares Secretas montando un operativo diplomático
para encubrir las denuncias sobre violaciones a los
derechos humanos.
13) El Embajador Gabriel Martinez, Observador argentino
ante Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y
Protección de las Minorías, por su tares de
encubrimiento. Del mismo modo que el embajador Carlos
Ortiz de Rozas; el embajador Arlia, el embajador Mario
Amadeo y el embajador Alberto Daverede.
14) Las siguientes empresas designadas por el decreto
secreto 233/76 como asesoras ad honorem del gobierno
dictatorial: SIEMENS de ALEMANIA OCCIDENTAL, SIEMENS de
Argentina, COMPAÑÍA STANDARD ELECTRIC ARGENTINA (del
grupo ITT),IAFA PEUGEOT SAFRAAR , SIAM DI TELLA SA,
EDITORIAL CODEX SA, ESSO S.A.P.A.; SHELL C.A.P.S.A.,
COMPAÑÍA ITALO ARGENTINA DE ELECTRICIDAD SA, HILANDERIAS
OLMOS SA, COMPAÑÍA AZUCARERA TUCUMANA SA, BANCO ARGENTINO
DE COMERCIO SA, BANCO FRANCES Y RIO DE LA PLATA, BANCO
POPULAR ARGENTINO, BANCO ARGENTINO DEL ATLANTICO Y BANCO
SANTANDER.
15) Los siguientes funcionarios de la Cancillería
designados en las Comisiones del Decreto 233/76: Ministro
Carlos O. Keller Sarmiento, Secretario Manuel Alvarez,
Ministro Salvador Zito, Ministro Diego F Medus, Ministro
Alberto D. Spagnuolo, Ministro Fernando Terrera,
Consejero Juan Carlos Ibáñez, Ministro Francisco
Minieri, Ministro Diego F. Medus.
(Este listado no pretende ser ni integral, ni tampoco
actualizado, dado que hay algunas personas que aparecen
nombradas como responsables que sabemos ya han fallecido).
Por todo lo expuesto solicitamos:
1. Se solicite a la Cancillería, al Ministerio de Economía, al
Banco Central de la República Argentina y a todo otro organismo
del Estado Nacional que se entienda corresponda, la apertura y
desclasificación de la documentación relacionada con los hechos
aquí denunciados.
2. Se tenga presente lo aquí expuesto para la prosecución de la
causa.
Será Justicia.