1EXAMEN

PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN

n septiembre conmemoramos un aniversario más de la revo-lución de independencia, es un mes significativo porque para la me-moria colectiva representa el fin de una etapa histórica y el inicio de otra; el final de tres siglos de dependencia colonial para dar paso a una nueva sociedad y a la formación de un Estado Nacional sobera-no, reconocido por la comunidad internacional.

El tránsito no fue fácil, mucho menos rápido, requirió de grandes cambios y transformaciones en las estructuras, políticas y programas gubernamentales heredados del pasado, en el diseño de nuevas ins-tituciones y procesos, en la definición de nuevos fines para un nuevo país y una nueva sociedad.

El siglo XIX fue de lucha y conflicto social entre dos regímenes, el colo-nial y el liberal, el monárquico y el republicano, el federal y el central, pero en el fondo se trataba de un conflicto moral en cada individuo para formar una nueva conciencia ética y cultura nacional.

La sociedad mexicana hubo de recorrer más de seis décadas para asumir un nuevo conjunto de valores, para identificarse con un nue-vo sistema de creencias basadas en las libertades civiles, políticas, económicas y de pensamiento; muchas vidas costó al país obtener garantías individuales, abolir la esclavitud y profesar la religión que más acomodara a las personas.

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CÉSAR CAMACHO

El siglo XX inicia con una amplia inconformidad social que reclamaba mayores libertades políticas, democráticas, el reparto de la tierra y un nuevo régimen laboral. Lo condujo a una nueva lucha armada que ocasionó estragos al país; entonces ocurrieron nuevos cambios y transformaciones en las estructuras de la vida nacional. Destacada-mente pasamos de la etapa de los caudillos a la de las instituciones, del militarismo al civilismo, hecho singular que libró al país de las expe-riencias dictatoriales de los países latinoamericanos.

El Estado asumió nuevas funciones para superar el rezago; los suce-sivos gobiernos emanados de la revolución diseñaron y llevaron a cabo políticas públicas para inducir el desarrollo nacional; ejemplo de ello han sido el abatimiento del analfabetismo, el paso de una economía agraria a una industrial y de servicios, la reivindicación a favor de la nación de los recursos naturales, el desarrollo de obras de infraestructura para la integración nacional, la creación de institucio-nes financieras para regular el mercado de capitales. Fue necesario acudir a la expropiación, la nacionalización de empresas para ejer-cer el pleno derecho que corresponde a la Nación sobre sus recur-sos naturales; diseñar y operar políticas públicas para el desarrollo el sector privado mexicano, prácticamente inexistente a principios del siglo XX, atender nuevos reclamos sociales derivados del desarrollo estabilizador.

Fue una época, la keynesiana, en que se justificó la intervención estatal para lograr el pleno empleo, sin embargo los problemas económicos como la inflación y el déficit fiscal llevaron a los paí-ses a la reforma del Estado para definirle un papel de rector del desarrollo. En ese contexto el gobierno federal decidió desincor-porar el sector paraestatal, retirarse de la conducción del proceso electoral, trasladar el manejo del distrito federal a órganos locales, ahondando con ello en la vida democrática nacional, adentrarse en los principios del gobierno abierto y la apertura de datos corres-pondientes al manejo de los asuntos públicos, entre otros aspectos más que muestran que el cambio ha sido una constante en la vida nacional.

El Partido Revolucionario Institucional asumió el cambio como un proceso necesario para adaptarse a las cambiantes circunstancias internacionales y a las condiciones sociales del país. Apegado en todo caso al marco de legalidad, se promovieron reformas constitu-cionales en diversos campos de la vida económica, política y social. El artículo 27 fue objeto de numerosas reformas, lo mismo que el 123, relativo al trabajo.

3EXAMEN

PRESENTACIÓN

El siglo XXI, presenta nuevos retos, amenazas y oportunidades para la vida de la Nación mexicana, las administraciones panistas mantu-vieron las estructuras administrativas y políticas heredadas de las dé-cadas pasadas, sin embargo no lograron mayores resultados salvo el crecimiento sin comparación de la inseguridad pública, por lo que el electorado mexicano otorgó un nuevo voto de confianza al PRI y su entonces candidato, hoy presidente democrático, Enrique Peña Nieto.

Fiel a sus principios y ética política, Enrique Peña Nieto asumió com-promisos para responder a esa confianza social, y desde su inicio acudió a un pacto con las distintas fuerzas políticas, de manera que se fortaleciera la certidumbre en el gobierno, y así se han trazado las grandes metas nacionales: México en paz, incluyente, con educa-ción de calidad, próspero, con responsabilidad global.

Lograr estas metas requiere de cambios y transformaciones en los principios jurídicos, estructuras administrativas y políticas, por ello es que debemos apoyar, no sin discusión, reflexión prudente y ponde-rada, todas las reformas transformadoras que a este país le urgen, y que hoy se debaten en el Congreso de la Unión, y mañana lo harán las legislaturas locales.

Es necesario que, en el diálogo, encontremos los puntos de coinci-dencia con una actitud resuelta y generosa, con ganas de escuchar al otro.

El país vive hoy un momento crucial en el proceso de reformas trans-formadoras, impulsadas por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien ha demostrado ser un líder a la altura de su tiempo.

La reforma energética propuesta por el Ejecutivo al Congreso de la Unión requerirá de un largo proceso de maduración, impulsa un cambio cultural respecto al petróleo como insumo básico de la vida nacional, requiere de un esfuerzo sostenido durante el resto del sexe-nio. Implica no sólo cuestiones de carácter financiero; contiene retos importantes en la parte técnica, jurídica y en una, que es quizá la más delicada: la transformación cultural y de mentalidad, para mantener un recurso tan valioso como los es el petróleo.

El petróleo y los energéticos en general, son y seguirán siendo de los mexicanos, por ello, la reforma es una manera de seguir apro-vechándolos para bien de ésta y de las futuras generaciones.

César Camacho

4 SEPTIEMBRE 2013

NACIONAL

El petróleo en MéxicoArmando Carrazco López

La reforma que más impacta al crecimientoJesús Cano Vélez

Iniciativa de Ley que adiciona el párrafo sexto del artículo 27 constitucional. Lázaro Cárdenas

Iniciativa de Decreto por el que se reforman los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Enrique Peña Nieto

Doce puntos sobre la Reforma Energética Francisco Labastida Ochoa

La reforma energética en Méxicoy la legislación en los principales paísesdel mundo. Gabino Robledo

......................................................7

................................................................20

............23

........27

..................................................51

...........................................55

César CamachoPresidente del Comité Ejecutivo Nacional

Ivonne Ortega PachecoSecretaria General del Comité Ejecutivo Nacional

Jesús A. Rivero CovarrubiasCoordinador del Comité Nacional Editorial

y de Divulgación

Roberto F. Morales CuadrielloCoordinador Técnico y Enlace Administrativo

Roberto Rives SánchezDirector Editorial

Gabriel Torres EspinozaBernardo Octavio Infante

Editores Adjuntos

Raúl Fraga JuárezArturo Huicochea Alanís

José Trinidad Padilla López Emilio Vizarretea Rosales

Consejo Editorial

José Apolinar VelázquezYelena Olivera García

Francisco Escalante MartínezDiseño: Varia Visual Creativos

Leticia Hernández SaucedoAsistente del Departamento Editorial

Jesús Reyes ZamudioCarlos Salomo Ruíz

Distribución

Examen, revista mensual, septiembre de 2013. Publicación editada por el Comité Nacional Editorial y de Divulgación del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Ave. Insurgentes Norte No.

59, Edificio 2, Subsótano,Col. Buenavista, Delegación Cuauhtémoc, 06359, México, D.F., teléfonos: 5729-9669 / 5729-9600 ext. 4636,

E-mail: examen@pri.org.mx

Número de Certificado de Reserva. 04-2007-092009272900102 Número de certificado de licitud de título: 14113

Número de certificado de licitud de contenido: 11686 ISSN: En trámite

Imprenta: Promodel Diseño S.A. de C.V. Juárez 18-A Tlacopac San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01040, México, D.F.

El tiraje de este número de Examen es de 6,000 ejemplaresseptiembre de 2013. México

El material de este número puede reproducirse Siempre y cuando se cite fuente y autor

Los artículos firmados son de la exclusiva responsabilidad de los au-tores y no representan necesariamente la opinión del PRI

Autorización como correspondencia de Segunda Clase, publicación periódica, registro No. 010-0190, características 228731209, del Servicio

Postal Mexicano

Se publica en cumplimiento de lo ordenado por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe)

en su artículo 28, inciso H.

DIRECTORIOPARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

5EXAMEN

CONTENIDOCONTENIDO

INTERNACIONAL

Participación de México en el Grupo de los 20

Los sentimientos de la Nación: Un puente a la Revolución. Humberto Roque Villanueva

El Profesor Alberto Patishtán: Un alegato a favor de su liberación. Narcedalia Ramírez Pineda

Impacto de la sentencia Avena, de la Corte Internacional de Justicia, en el Derecho Mexicano. Ramón Xilotl Ramírez

ARTE CIENCIA Y CULTURA

Di sí a la lectura: ¿Qué es una Nación?Ernesto Renán

......63

.......65

..........68

.......................................70

....................................................................76

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NACIONAL

7EXAMEN

a desinformación, es el arma más po-derosa que tienen aquellos a quienes no les conviene o simplemente se resisten al cambio con el objeto de manipular a base de engaño y miedo a la opinión pública. Si bien es cierto que es responsabilidad de todos informarnos, también es responsabilidad de quienes tienen el conocimiento y el poder de difundirlo, y ha-cerlo de manera responsable. Lo que ahora el país necesita es un cambio, PEMEX es uno de los grandes ejemplos de ello. Evitar prota-gonismos, manipulación y desinformación es esencial. El esfuerzo propagandístico genera-do por las defensas de todos los frentes y pro-puestas, harán un esfuerzo por defender su

posición, aquí el mío por tratar de esclarecer un poco más el panorama.

A diferencia de los países en que el desarrollo económico se dio a base de empresarios pri-vados; en México y en general Latinoamérica, el desarrollo económico debió ser promovido por el Estado, así tenemos el caso del Banco de Avío para favorecer la industria textil; la dirección de fomento de mitad del siglo XIX, la política de concesiones para el tendido de vías férreas, la explotación de recursos natu-rales como las minas, pues el petróleo no al-canzaba aún la importancia que tuvo en el siglo XX para la economía mundial. Un ejem-plo de la nueva importancia del petróleo, lo da Churchill cuando decidió sustituir el carbón por el petróleo para dinamizar sus barcos. En cambio, en, México Manuel Gómez Morín se quejaba de la falta de empresas y empresarios

EL PETRÓLEO EN MÉXICO

Armando Carrazco López*

* Politólogo. Coordinador de Acuerdos Políticos de Presidencia Nacio-nal Canacintra.

EL PETRÓLEO EN MÉXICO

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mexicanos en la década de los años veinte, por ello el gobierno federal diseñó y puso en práctica una política para inducir el desarro-llo del sector privado desde los años cuarenta, conocida como la sustitución de importacio-nes. Bajo ese contexto, a continuación se pre-senta una breve reseña de la evolución del petróleo en México.

En el año 1901 Porfirio Díaz expide la Ley del Petróleo, para fomentar la exploración y explo-tación del petróleo. Entre los primeros empre-sarios dedicados a ello está el inglés Weetman D. Pearson, comienza a desarrollar activida-des al sur de Veracruz. Los señores Doheny y Canfield, consultaron al Ing. Ezequiel Ordóñez, geólogo mexicano, quien les recomendó la perforación de un pozo en una región volcá-nica, conocida como Cerro de la Pez, donde se encontraban dos chapopoteras muy gran-des. El pozo, La Pez 1, se terminó el 3 de abril de 1904, e inició con una producción de 1,500 barriles de petróleo por día. Este fue el primer pozo comercial que se dio en México.

En 1906 Pearson recibe la mayor concesión otorgada, por 50 años, para explorar y explo-tar tierras nacionales en el estado de Veracruz

(el Gobierno recibiría el 7% de regalías por toda la producción y el esta-do de Veracruz el 3%), y obtiene resultados in-esperados en San Die-go de la Mar, Veracruz, al brotar el pozo de Dos Bocas, con 100 mil barri-les diarios, demostrando con ello la riqueza pe-trolera del país. Pearson inicia operaciones en Mi-natitlán, Ver., una planta de refinación de 2,000 barriles diarios con todo lo cual inicia la organiza-ción de la Compañía “El Águila”.

A una década de distan-cia, en 1910, el pozo Casiano 7, de la Huasteca Petroleum Company, brota con 60 mil barriles diarios. Nuevamente, Pearson, tiene éxito con el pozo Potrero del Llano 4, de la Compañía “El Águila”, que brota con más de100 mil barriles diarios, en una zona conocida como la “Faja del Oro”, al noroeste de Tuxpan, Veracruz.

Al incrementarse notablemente el volumen de producción, en 1911 se inician las exportacio-nes de petróleo mexicano a Estados Unidos, Europa y América Latina. La producción gene-ral de la industria se triplicó, llegando a 12.5 mi-llones de barriles. Siendo presidente Francisco I. Madero expidió un decreto para establecer un impuesto especial del timbre sobre la pro-ducción petrolera y posteriormente, ordenó que se efectuará un registro de las compañías que operaban en el país. Una reseña más detallada en Aguirre Botello Manuel. Pemex cronología, estadísticas, expropiación. méxicomaxico.org, así como en PEMEX, Me-moria Institucional 1976.

El gobierno de Carranza encontró desorga-nización en el ramo del petróleo, por lo que cuando desglosó este rubro de la Secretaría de Fomento ante el Congreso de la Unión, declaró que “uno de los primeros trabajos del

NACIONAL

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gobierno constitucionalista fue la organización administrativa del Departamento del Petró-leo, y en virtud del acuerdo del 29 de agosto de 1914 se procedió a revisar los expedientes declarando nulos todos los contratos, conce-siones, etc. tramitados durante la usurpación. Además, “En virtud del Decreto del 7de enero de1915 se dio al gobierno el control de la ex-plotación industrial del petróleo, Por otro lado se expidieron las circulares necesarias para que todas las compañías que se dediquen a la explotación del petróleo en cualquiera de sus ramos, se registren en la Secretaría de Fomen-to para reconocerles personalidad y se les im-puso una cuota bimestral... por concepto de gastos de inspección”. Fuente: México a través de los informes presidenciales (MATIP) Informe del presidente V.Carranza al Congreso de la Unión en 1918.

Con el artículo 27 de la Constitución Política se restituye a la Nación la propiedad de tierras, aguas y las riquezas del subsuelo. En respuesta, las compañías petroleras forman la Asociación de Productores de Petróleo. El 19 de febrero de 1918 Carranza expidió una ley de impues-to sobre los fondos petrolíferos, estableciendo una renta anual de cinco pesos por hectárea y el señorío equivalente al 5% de producción, mientras se expide la ley reglamentaria del ar-tículo 27. En la citada ley de 1918 se establece el impuesto sobre los terrenos destinados a la exploración y explotación petrolera, y se gra-van los contratos celebrados.

Hacia 1920, existían en México 80 compañías petroleras productoras y 17 exportadoras, cuyo capital estaba integrado en un 92% por empresas anglo-norteamericanas. Durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, en no-viembre de 1925 se promulga la primera Ley reglamentaria del artículo 27 constitucional y se crea la dependencia Control de Adminis-tración del Petróleo Nacional para sustituir al Departamento del Petróleo.

En 1927, la Huasteca Petroleum Company cons-truye el primer gasoducto de la república, que va de Cerro Azul a Mata Redonda, donde el gas natural es utilizado como combustible.

A finales de esa década, y debido a la agita-ción política registrada en México, y a la crisis de 1929, la producción petrolera continúa su descenso, a casi la cuarta parte de lo que se producía en 1921. En 1932 se inaugura el oleo-ducto Tampico-Azcapotzalco, propiedad de la Compañía “El Águila”, poniendo en opera-ción la refinería de Azcapotzalco con una ca-pacidad de 7 mil 500 barriles diarios. En los años treinta, la industrialización de la economía empezó a ser notoria, el gobierno centró su atención en el problema de los ener-géticos, pues éstos constituían la base e infraes-tructura necesaria para alimentar el proceso económico en general. El entonces presidente Cárdenas buscó dar coherencia a la Ley de In-dustria Eléctrica, expedida en 1933, creando la Comisión Federal de Electricidad, pues según él, esto obedecía a la “necesidad de contar con mayor cantidad de energía eléctrica y de bajar las tarifas para que se facilite el desarro-llo industrial”. MATIP, El Sector Paraestatal, p. 51. En su último año de gobierno, Lázaro Cárdenas reformó la CFE., aumentando sus recursos financieros, pues “la carencia de energía eléctrica en relación a la demanda creciente del consumo, especialmente con vista a la electrificación de diversas industrias, ha estimulado al gobierno para seguir una política encaminada al aumento considerable de aquella producción, a fin de suministrar energía eléctrica a precios reducidos y ramificar su abasto en todo el país”. Ib. p. 51. Véase la Ley de creación de la Comisión Federal de Electricidad en MATIP, La Administración Pública, vol. 5, tomo IV, pp. 229-231. En su artículo 7 señala: Este organis-mo tendrá preferencia sobre los particulares para el uso de aguas u otros bienes nacionales aplicables a la industria eléctrica

Otro renglón de primer orden dentro de los energéticos era el de los hidrocarburos; la na-cionalización del subsuelo era una necesidad planteada desde 1917, debido a que la explo-tación del petróleo estaba en poder de empre-sas extranjeras. Si con los grupos del comercio y la banca extranjeros el arreglo fue rápido, con el del petróleo fue más largo y difícil. Las empresas petroleras se ampararon en contra de la nueva ley petrolera y dejaron pasar todo el año de 1926 sin presentar al gobierno mexi-cano su petición para la confirmación de sus derechos adquiridos según los nuevos términos

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de la ley. La empresa “El Águila”, cuyas inversio-nes representaban casi 30% del valor de la in-dustria, estuvo muy tentada a someterse a las nuevas disposiciones y negociar un arreglo con el gobierno mexicano, pero la presión de las compañías petroleras norteamericanas la llevó finalmente a mantenerse unida a éstas en su ne-gativa, y al iniciarse 1927, los petroleros presen-taban un frente unido y en franca rebeldía ante el gobierno de Calles. Esta decisión de las em-presas contaba con el apoyo del embajador norteamericano en México, del Departamento de Estado y del propio presidente Coolidge. La crisis diplomática México-Estados Unidos se de-sató entonces con toda su fuerza. Meyer Lorenzo y Morales Isidro. La política petrolera en México 1900-1987. FCE, México 1990. p. 75-76

La producción había descendido constante-mente en los años veinte; a mediados de los treinta los trabajadores demandaban fuerte-mente (hasta el ejercicio de la huelga) mejoras salariales y un contrato colectivo de trabajo. En el año 1934 se crea Petróleos de México, A. C., para fomentar la inversión nacional en la industria petrolera. Este conflicto con las em-presas extranjeras alcanzó su punto álgido en 1937, fecha en que se sometió, con carácter de económico, a la Junta de Conciliación y Ar-bitraje. Las empresas se negaron a aceptar el laudo emitido, y el problema rebasó la línea de la relación capital-trabajo, llegando a desafiar al orden jurídico y al poder público. Este proce-so culminó con la Ley de Expropiación, en 1938, sobre los bienes de las compañías condenadas a implantar nuevas condiciones de trabajo. Véase el decreto que expropia a favor del patrimonio de la nación los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a las compañías petroleras, en MATIP, La Admón. Pública, vol, 5, tomo IV, pp. 301-302.

Cárdenas señaló que: “La expropiación de los intereses que representan las compañías petro-leras, no puede dar origen al pago de ninguna compensación o indemnización por el petró-leo, ni por los demás carburos de hidrógeno que haya en el subsuelo, puesto que pertene-cen al dominio directo de la nación... Tampoco puede originar un derecho de compensación o indemnización por cuanto a los perjuicios que

aleguen los concesionarios, es decir, por la pri-vación de las ganancias que hubieran podido obtener al seguir en el disfrute de las concesio-nes, porque al otorgarse éstas la única causa tenida en cuenta por la nación fue la de que hubiera una inversión de los concesionarios que hiciera posible la explotación de la riqueza pe-trolera, que siempre ha sido considerada como de utilidad pública. Las concesiones se otorgan por un plazo largo justamente para que los con-cesionarios puedan recuperar sus inversiones y el importe de éstas es lo único que el Estado se encuentra obligado a garantizar. Por lo tanto, como la rebeldía que asumieron las compañías petroleras las invalidó para seguir haciendo uso de sus concesiones y mantener la explotación para proseguir recuperando sus inversiones, el Estado debe reconocer que esta invalidación general de las concesiones, sólo causa a los concesionarios un daño equivalente a las inver-siones debidamente justificadas, que no haya sido aún recuperada por ellos, daño por el cual se les ha de compensar”. MATIP, El Sector Paraesta-tal, pp. 52-53.

En consecuencia, por decreto del 20 de julio de 1938, se creó la institución denominada Petróleos Mexicanos, encargándosele el ma-nejo de los bienes expropiados, así como los procesos de exploración, explotación, refina-ción y almacenamiento, y otorgándole facul-tades para celebrar contratos y actos jurídicos. En este mismo decreto se creó otra institución encargada exclusivamente de la distribución del petróleo y sus derivados, denominada Dis-tribuidora de petróleos Mexicanos. Consúltense estos decretos en MATIP, La Admón, Pública, vol. 5, tomo IV, pp. 317-320

A consecuencia de la expropiación hubo al-guna fuga de capitales de la economía na-cional, la moneda se devaluó frente a la divisa estadounidense y el Estado asumió la explo-tación directa de estos recursos naturales. Se formularon programas de conservación y me-joramiento de las instalaciones, se hicieron es-tudios de producción y de mercados, etc.

En agosto de 1940, por medio de otro decre-to, se derogaron las instituciones señaladas,

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11EXAMEN

y se modificaron algunos artículos del decreto que creó a “Petróleos Mexicanos”, reuniendo en ésta las atribuciones de producción y distribución. Decreto del 9 de agos-to de 1940 que deroga los que crearon la Distribuidora de Petróleos Mexicanos y la de Administración General del Petró-leo Nacional, y a su vez modifica el que creó la institución denominada “Petróleos Mexicanos”, integrado por un consejo de administración compuesto de 9 miembros, 5 de ellos designados por el ejecutivo fe-deral y 4 por el sindicato. Ib. pp. 353-354.

La situación de la industria petro-lera se volvió muy difícil, dado que las empresas extranjeras pudieron sacar las refacciones y materias primas de las plantas y también dieron de baja a sus técnicos califi-cados. Ante esa situación PEMEX se vio obligado a refinar crudo en el extranjero, para poder cumplir con la demanda interna.

Por decreto presidencial y ante la urgencia de formar profesionistas y técnicos calificados, se autoriza la formación de las carreras de Inge-niero químico petrolero e Ingeniero metalúrgi-co, dentro de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacio-nal, de reciente creación.

El 9 de noviembre de 1940, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto reformando el artículo 27, párrafo sexto, disponiendo:

Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos no se expedirán concesiones y la Ley Reglamentaria respectiva determinará la forma en que la Na-ción llevará a cabo las explotaciones de esos productos. Véase La reforma constitucional en Méxi-co, UNAM

En complemento a ello, siendo presidente Ávi-la Camacho, el 18 de junio de 1941, se publicó en el Diario Oficial la Ley reglamentaria, que en su artículo 4 establece:

La Nación llevará a cabo la exploración y explota-ción del petróleo, en la siguiente forma:

I. Por trabajos que realice el gobierno a través de su órgano correspondiente

II. Por conducto de las instituciones públicas pe-troleras que al efecto cree la ley y

III. Mediante contratos con particulares o socie-dades.

Y en su artículo 8 lo siguiente:

En el caso de la fracción tercera del art. 6º podrán celebrarse contratos con particulares o sociedades para que lleven a cabo los trabajos respectivos, a cambio de compensaciones en efectivo o de un porcentaje de los productos que se obtengan.

El 20 de abril de 1943 se reunieron los presiden-tes Franklin D. Roosvelt y Manuel Ávila Cama-cho, con el objeto principal de negociar las futuras exportaciones del petróleo mexicano y la entrada simbólica de México al lado de los países aliados en la II Guerra Mundial.

EL PETRÓLEO EN MÉXICO

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En los años cuarenta, luego de realizar tra-bajos para incrementar la capacidad de refinación a 50 mil barriles diarios, Petróleos Mexicanos inauguró, el 20 de noviembre de 1946, la refinería “18 de Marzo”, en Azcapot-zalco. Nuevos yacimientos petroleros son des-cubierto por PEMEX, como el de denominado Camargo, Valdecasas, Reynosa, Brasil, Fran-cisco Cano, Presidente Alemán y Alazán en la zona norte y los campos de Fortuna Nacional y Tortuguero en la zona sur. En forma simultá-nea se inaugura el oleoducto, de 450 kilóme-tros de longitud, de la ciudad de Poza Rica, Ver., a Salamanca, Gto.

En 1951 se descubre el más importante de los yacimientos de gas y de hidrocarburos líquidos, llamado “José Colomo”, en Macuspana, Ta-basco. En julio de 1955 se inauguran 7 nuevas plantas de destilación en Azcapotzalco y se lle-ga a una capacidad de 100,000 barriles diarios. El 22 de febrero de 1956 se inaugura la nueva Refinería “Gral. Lázaro Cárdenas del Río” en Mi-natitlán, Ver., con capacidad de 50,000 barriles diarios, que incluyó la primera planta de desin-tegración catalítica que existió México.

El 29 de noviembre de 1958, Adolfo Ruiz Corti-nes, publica una nueva Ley reglamentaria del ar-tículo 27 en materia de petróleo, que confirma el dominio exclusivo de la Nación sobre todos los hidrocarburos, incluyendo los derivados petroquími-cos básicos:

Salvo lo dispuesto en el ar-tículo 3o., el transporte, el almacenamiento y la dis-tribución de gas podrán ser llevados a cabo, previo permiso, por los sectores social y privado, los que podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos, en los términos de las disposi-

ciones reglamentarias, técnicas y de regulación que se expidan.

En el artículo 6 se dispuso:

Petróleos Mexicanos podrá celebrar con perso-nas físicas o morales los contratos de obras y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiere. Las remuneraciones que en dichos contratos se establezcan, serán siempre en efectivo y en ningún caso concede-rán por los servicios que se presten o las obras que se ejecuten, porcentajes en los productos, ni participación en los resultados de las explota-ciones.

Siendo director de Pemex, Jesús Reyes Hero-les, el 23 de agosto de 1965 se creó el Institu-to Mexicano del Petróleo, con el objeto de fomentar la investigación petrolera y formar recursos humanos que impulsaran el desarrollo de tecnología.

En 1966 Petróleos Mexicanos deja de exportar crudo por primera vez en su historia, reducien-do sustancialmente las exportaciones de de-

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rivados y gas natural. Además, la producción nacional ya no permitía satisfacer plenamente la demanda interna

El año 1974 resulta trascendente por el hecho de alcanzar un nuevo record de producción anual de petróleo crudo, con 209,855 millones de barriles, superando, la marca del año 1921. El18 de marzo de 1976 se inaugura la refinería “Miguel Hidalgo” en el estado de Hidalgo, con capacidad para procesar 150,000 barriles dia-rios. Se amplían las refinerías de Azcapotzalco, Madero, Minatitlán y Poza Rica produciendo 105,000, 185,000, 270,000 (incluye la fracciona-dora de gasolina) y 38,000 barriles diarios res-pectivamente. La conclusión exitosa del pozo Chac-1 en la sonda de Campeche, confirmó la existencia del manto petrolero de Cantarell, sexto más grande en el mundo, al noroeste de Ciudad del Carmen.

Desde la administración cardenista, y has-ta mediados de los años setenta, la política petrolera del gobierno federal se debatió en-tre dos tendencias: una fue la de aceptar la participación de capital privado en la indus-tria, y la otra, la de cerrar definitivamente la inversión privada y mantener la oferta de hi-drocarburos al nivel exigido por la demanda interna. En términos generales, lo que rigió en los hechos fue que los incrementos en la pro-ducción deberían responder al crecimiento de la demanda interna y no orientarse hacia los requerimientos internacionales; es decir, se debía exportar de manera marginal, una vez satisfecha la demanda interna. El ejemplo claro de ello fue la directriz marcada por An-tonio J. Bermúdez, director de PEMEX en los sexenios 1946-58, cada vez que afirmaba que ‘el petróleo en México constituye una fuente de energía, no una fuente de divisas’. Bermúdez Antonio J. La política petrolera mexicana. edición con-memorativa, Petróleos Mexicanos 1988. Meyer Lorenzo y Morales Isidro. La política petrolera en México 1900-1987. FCE, México 1990

Para contar con el apoyo del sindicato petro-lero, la administración de PEMEX le concedió la facultad de concertar los contratos con parti-culares nacionales. En el gobierno de Alemán

se permitió al sindicato petrolero realizar obras o ser intermediarios con las empresas privadas, lo que derivaría en fuente de corrupción, tanto en el sindicato como en la empresa, durante las siguientes décadas. Angélica Alonso y Roberto López. El Sindicato de trabajadores petroleros y sus relacio-nes con PEMEX y el Estado.1970-1985. pp 78-90. El Colegio de México 1986.

Para 1973 cuando se produce el incremento en los precios del petróleo, México era toda-vía importador neto de hidrocarburos y deri-vados; En la administración de Luis Echeverría, seguía vigente el principio de expandirse para cumplir con el objetivo del suministro energéti-co, al mismo tiempo que utilizaría criterios de racionalidad con relación a la explotación y conservación de los recursos petroleros, y pugnando por mantener a la empresa con cierta autonomía frente al Estado, sobre todo en cuanto a las decisiones de orden técnico. Sin embargo, debido a los problemas econó-micos por los que el país atravesaba, y al in-terés que EE.UU. ejercía; el gobierno se inclinó por establecer una política más dinámica de exportación, lo que llevó a un enfrentamiento con los grupos que se oponían a tal medida dentro de PEMEX. Morales Isidro, Escalante Cecilia y Vargas Rocío. La formación de la política petrolera en México 1970-1986. pp 54-62. El Colegio de México. 1988. Durante el sexenio de Luis Echeverría, y como resultado del avance que había tenido la petroquímica, así como de los descubrimientos de petróleo, se difundió el con-cepto de que el mejor uso que se les podía dar a los ex-cedentes de hidrocarburos no consistía en exportarlos, sino en transformarlos en productos de elevado valor agregado. “Se puede decir que si un barril de petróleo crudo da utilidades de un peso, ya refinado da diez pe-sos y transformado en materias petroquímicas básicas da utilidad de $500 pesos”

Sin embargo en el sexenio de José López Por-tillo se dio un cambio drástico en materia de política petrolera, al modificar el programa tra-dicional orientado hacia el mercado interno, por otro que hizo de la exportación uno de sus objetivos centrales. Con ello se esperaba que el Estado alcanzaría la autodeterminación fi-nanciera, y un crecimiento alto y sostenido del producto global mediante la inversión amplia-da en los sectores clave de la economía, la

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disminución del endeudamiento externo y me-jorar la satisfacción de los mínimos de bienestar de la población. Para continuar con el proce-so de desarrollo el gobierno de López Portillo contaba con tres alternativas a seguir: el cre-cimiento económico sin exportación petrolera, el crecimiento petrolizado, y una estrategia global donde el petróleo permitiría alcanzar un desarrollo integral. La primera alternativa, consistía en establecer una cuota de pro-ducción en función de la demanda interna; conservando las reservas para el futuro, por lo tanto, el crecimiento económico descansa-ba en las fuentes tradicionales de desarrollo. La segunda opción, consideraba intensificar la producción con el objeto de incrementar la exportación para acelerar el proceso de crecimiento. La tercera alternativa, busca-ba mediar entre las dos anteriores, asignaba al petróleo un papel de primera importancia para adecuar los problemas estructurales de la economía mexicana, sin llegar a petrolizarla, usando la exportación de petróleo como un medio para establecer condiciones suficiente-mente favorables para retomar el rumbo del crecimiento y desarrollo. García Páez, Benjamín. La política de hidrocarburos en el proceso de reordenación económica 1981-1983.p.291 y ss. Facultad de Economía, UNAM 1989.

El entonces director de PEMEX, Jorge Díaz Serra-no, influyó en el rumbo que la política petrolera tomó en ese entonces, gracias, por un lado, a los descubrimientos del conjunto de Cantarell en la sonda de Campeche (hechos por el pes-cador Rudesindo Cantarell), cuya explotación se inició en 1979, y por otro lado, a la difusión de las estimaciones de reservas probadas de hidrocarburos; así en poco tiempo México se convirtió en una nación exportadora de petró-leo. El ritmo de crecimiento de los ingresos era espectacular; sin embargo, el descubrimien-to espectacular dio pie a una interpretación errónea de sus verdaderas dimensiones y limi-taciones; así quienes coincidían con este plan-teamiento consideraban que los hidrocarburos debían garantizar los flujos financieros para hacer frente a las necesidades del proceso in-dustrial, de la distribución del ingreso, del pago

de compromisos monetarios contratados en el exterior e incluso, fungir como importante ins-trumento de negociación en las relaciones co-merciales con otros países.

Para 1978 la región petrolera de Chiapas, Tabasco y la Sonda de Campeche, proveía el 79% de la producción total del país, con-virtiéndose consecuentemente en el centro principal de reservas. La riqueza petrolera se tradujo en una prórroga al modelo de de-sarrollo en la medida en que permitió la re-producción del crecimiento industrial bajo la sustitución de importaciones, sin embargo, nuevos problemas estaban ya en gestión, y se necesitaban cambios más profundos que los existentes. La propuesta hecha por Pemex no contemplaba ningún análisis respecto a las posibles consecuencias que una mayor ex-portación de crudo podría causar en el mer-cado internacional.

En un primer momento las principales objecio-nes a la política seguida por Pemex. provinie-ron del secretario de Patrimonio y Fomento Industrial, que era a la vez presidente del Con-sejo de Administración de Pemex; quien afir-mó en varias ocasiones, que el desarrollo de la industria petrolera no debía constituir un fin en sí mismo, sino que tenía que estar sujeto a la industrialización del país. Sin embargo, para el 18 de marzo de 1980, el presidente de la Republica modificó sus planes originales y pi-dió incrementar la producción hasta 2.75 mi-llones de barriles diarios (MMBD) al final de su mandato y tener una disponibilidad de expor-tación de 1.5 MMBD de petróleo y productos derivados. Tales afirmaciones no dejaron de provocar desconcierto, sobre todo en los par-tidos y grupos de oposición, pues no quedaba claro en la planeación del director, como be-neficiaria al país el crecimiento de la produc-ción petrolera. Ibid p 79 y 97. México con su política petrolera incorporó desde un principio la estrategia esta-dounidense y de los grandes consumidores que buscaron debilitar la posición de la OPEP. Así, al no existir un diseño en materia de política petrolera de acuerdo a los intere-ses nacionales; Petróleos Mexicanos en vez de esperar las señales provenientes de las reuniones de la OPEP para fijar precios, como lo venía haciendo, y estar preocupado por

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trazar una política exterior petrolera bien fundamentada para la defensa irrestricta de los intereses nacionales, se apresuró a tomar una decisión aparentemente unilateral. Ibid p. 111.

Sin embargo, los giros de bonanza petrolera, que habían favorecido a la política exterior mexicana, se frustraron cuando la debilidad del mercado de crudos hizo evidente la vulne-rabilidad de la expansión externa de la indus-tria petrolera, en los drásticos meses de junio y julio de 1981. Desde abril de ese año, México tuvo que disminuir los precios del barril de pe-tróleo maya, porque algunas compañías esta-dounidenses no querían seguir comprándolo, dado que la capacidad de almacenamiento de estas era prácticamente nula. Así, Díaz Se-rrano debía escoger entre reducir la produc-ción o recortar el precio, optando finalmente por la segunda opción; decisión que condujo a la renuncia como director de Pemex en junio de 1981.

El final era drástico: para 1977, de las ven-tas totales de la industria petrolera, el 69%

era por ventas internas y el 31 % por ventas externas. Para 1982, de las ventas totales, el 15% correspondía a ventas internas y el 85% a las ventas externas. En la historia de Petró-leos Mexicanos nunca se había enfrentado a una debilidad semejante en sus activos; el deterioro financiero de la empresa se había acelerado. En 1978, el pasivo representó el 86% del patrimonio, en 1979 lo superaba en 21%, en 1981 continuaba siendo superior en 18% y, en 1982 el pasivo era 194% más alto que el patrimonio.

Los descubrimientos de yacimientos y las nuevas plantas siguieron, en 1979 con la perforación del pozo Maloob1, quedando como el segundo ya-cimiento más importante del país, después de Cantarell. El18 de marzo se inaugura la Refinería “Ing. Héctor R. Lara Sosa” en Cadereyta, Nue-vo León con una capacidad de 100,000 barriles diarios. Durante la perforación del pozo Ixtoc a 3,616 metros de profundidad, el 3 de junio de 1980, se incendió y el percance, demostró la enorme riqueza petrolera de la zona cuando se

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calculó que derramaba alrededor de 35 mil ba-rriles de petróleo por día, lográndose controlar el derrame hasta marzo de 1980.

Para el año 1980, las reservas totales de pe-tróleo ascienden a 45,803 miles de millones de barriles (MMB). El 29 de abril, se inauguró el com-plejo petroquímico “La Cangrejera” con capa-cidad para procesar 113,000 barriles diarios de crudo y líquidos, los que sumados a la puesta en operación la planta Combinada No. 2, de 135,000 barriles diarios en la refinería de Cade-reyta, nuestro país se coloca en el undécimo lugar como refinador, con una capacidad de proceso de 1,476,000 barriles diarios de petróleo crudo y líquidos procedentes del gas.

En el año 1982, y ya bajo el contexto de la crea-ción de la Organización de Países Exportado-res de Petróleo (OPEP), se registra una caída generalizada de los precios internacionales del petróleo, lo que afecta seriamente a la econo-mía mexicana, pese a los nuevas instalaciones y capacidad productiva, (en 1984 se amplían la refinería de Poza Rica, con capacidad de 72,000 barriles diarios, la refinería de Salaman-ca, con capacidad de 235,000 barriles diarios, y en 1987 las refinerías “Francisco I. Madero, la

“Miguel Hidalgo” en Tula, Hgo, y la “Ing. Antonio Dovalí Jaime” en Salina Cruz, Oax.) el precio del barril de petróleo empieza a descender de los $33 pesos con que se vendía en 1980 a $11 pe-sos en 1986, $12 pesos en 1988 y $13.80 pesos en 1994. La evolución histórica de los precios del petróleo en; Secretaría de Energía, Sistema de infor-mación energética.

Bajo este contexto, en el año 1992 se llevó a cabo una re-organización de la empresa Pemex con su nueva Ley Orgá-nica de Petróleos, en la que se determina la creación de un órgano corporativo y cuatro or-ganismos subsidiarios, que es la estructura orgánica bajo la cual

actual opera actualmente: PEMEX Exploración y Producción (PEP), PEMEX Refinación (PXR), PEMEX Gas y Petroquímica Básica (PGPB), PE-MEX Petroquímica (PPQ).

En el periodo de 1994 a 1998 se llevan a cabo innovaciones tecnológicas en los procesos con el inicio de operaciones de las plantas reduc-toras de viscosidad, de isomerización, hidro-desulfuración, de desintegradora Catalítica y otras más.

Con la llegada del nuevo milenio el precio in-ternacional de la mezcla mexicana del barril de petróleo crudo empieza una carrera ascen-dente, de $18.61 pesos en el año 2001 pasó a $24.77 en 2003, $ $42.68 en 2005, $53 en 2006, $84 pesos en 2008, $101 pesos en 2011 y 2012, y el volumen de ventas alcanzado llegó a los $50mil millones de dólares. Contradictoriamen-te el precio de la gasolina en el país subió pro-gresivamente. Todo esto ocasionó quejas de legisladores y otros actores políticos por el uso dado a los excedentes petroleros que terminó en gasto corriente.

A la infraestructura y capacidad de produc-ción lograda a lo largo de las décadas se su-

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maron, en el año 2003, la inauguración de las obras de reconfiguración de la refinería “Francisco I. Madero”, en Ciudad Madero, Tamaulipas las cuales tuvieron un costo de más de 18 mil millones de pesos. Se incremen-tó la capacidad de proceso de crudo en 23%; de elaboración de gasolina en 134% y de destilados intermedios en 51%. Se inició el programa de reconfiguración de la refinería Lázaro Cárdenas, en Minantitlán, Veracruz, incrementando la capacidad de proceso de crudo de 186,000 barriles diarios hasta 350,000 barriles diarios. En el año 2004 se es-tablece nueva marca anual de extracción de crudo, llegando 1,234 millones de barriles. En el año 2006 PEMEX lanzó al mercado na-cional la gasolina Premium ultra bajo azufre. Para ese año, PEMEX Exploración y Produc-ción reportó un total de 364 campos produc-tores, de los cuales 214 eran de aceite y 150 de gas; 246 se localizan en la región Norte, 88 en la región Sur, 13 en la marina noreste (Cantarell y Ku-Maloob-Zaap) y 17 en la ma-rina suroeste. Véase Aguirre op cit.

En la última década, dentro de agenda na-cional se posicionó el caso de la industria petrolera, planteándose que para que PE-MEX continúe siendo un factor fundamental en el desarrollo de México y pueda superar los retos que se le presentan, es necesario realizar los cambios que le permitan enfren-tarlos con éxito. Ante este reto, en abril de 2008, el Ejecutivo Federal envió al Senado de la República un paquete de reformas al sector hidrocarburos; en su exposición de motivos señaló que con las iniciativas se busca dotar a PEMEX de mayor autonomía de gestión, ampliar la transparencia en su administración y la rendición de cuentas, aprovechar mejor los recursos tecnológicos disponibles, multiplicar su capacidad de operación y, al propio tiempo, garantizar que el petróleo que existe en el territorio na-cional continúe siendo propiedad exclusiva de la nación, y una fuente de ingresos du-radera para el país. Esta iniciativa fue mo-tivo de una amplia discusión entre partidos políticos, legisladores, empresarios, técnicos

y especialistas, todo lo cual derivó en la or-ganización de un debate en torno al petró-leo en México, lo cual fue llevado a por el Senado de la República, durante 71 días, en los que se organizaron 21 foros, sede de numerosas ponencias, y que finalizó a me-diados de julio del 2008. En él se plantearon sustancialmente los siguientes puntos:

• El principal yacimiento petrolero del país, Cantarell, llega a su etapa de declive, en el año 2003 produjo 2.2 millones de barriles diarios, y para el año 2008, 1millón 50 mil barriles al día. La producción total de PE-MEX en el primer semestre del 2008 llegó a 2.8 millones de barriles diarios, un 10% me-nos que en el mismo periodo del año 2007. PEMEX debe emprender nuevos y diversos proyectos para enfrentar el descenso de producción, además de presentar proble-mas de saturación en sistemas de transpor-te marítimo y productos, la infraestructura no se ha modernizado en los últimos veinte años.

• La mitad de los recursos prospectivos de pe-tróleo se encuentran en aguas profundas del Golfo de México, se estiman unos 30mil millones de barriles.

• El robo de petrolíferos desde tomas clan-destinas ha ido en aumento, solo en el año 2007 se encontraron 300 casos de ello.

• PEMEX sigue enfrentando situaciones de opacidad en su administración y licitación de contratos.

• PEMEX sigue importando petrolíferos tales como gasolinas.

En su segundo informe de gobierno, el presi-dente Calderón reflexionó sobre esta paraes-tatal:

“El programa de inversiones en las activida-des de exploración y producción primaria de PEMEX, tiene el propósito de aumentar las reservas probadas, mejorar sustancialmente

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la tasa de restitución de éstas, y sostener los niveles de producción en el mediano y largo plazos.

Al 31 de diciembre de 2007 las reservas to-tales de hidrocarburos (3P), probadas, pro-bables y posibles, ascendieron a 44,482.7 millones de barriles de petróleo crudo equi-valente, de las cuales 33.1% son reservas probadas, 34% probables y 32.9% posibles. (Se define 1P como reserva probada, 2P es la suma de reserva probada más probable y 3P es la suma de reserva probada, más pro-bable, más posible).

La inversión impulsada anual autorizada, que excluye el pago de intereses PIDIREGAS, fue de $217,862.2 millones de pesos, 13.5% presu-puestaria y 86.5% de PIDIREGAS, siendo esta cantidad la más alta en los últimos años. Este monto representa 28.7% más del total ejercido en 2007… Bajo la modalidad de PIDIREGAS, PEMEX y sus organismos subsidiarios invirtie-ron $70,685 millones de pesos, monto 1.3% menor en términos reales con relación a lo erogado en los primeros seis meses de 2007. Los recursos se destinaron a 25 proyectos, de los cuales 22 fueron de Pemex-Exploración y Producción y uno de cada organismo subsi-diario restante. Del total de esta inversión, Pe-mex- Exploración y Producción ejerció 94.2% de los recursos, 4.6% Pemex-Refinación, 1.1% Pemex-Gas y Petroquímica Básica, y el restan-te 0.1% Pemex-Petroquímica… Con recursos provenientes de los fondos para la inversión de PEMEX se ejercieron $2,212.1 millones de pesos, los cuales se destinaron principalmente a la amortización de intereses capitalizables del registro PIDIREGAS.

Del volumen total, 1,451.9 miles de barriles dia-rios se destinaron a terminales de exportación, 1,228.6 miles de barriles diarios al Sistema Na-cional de Refinación (SNR), 128.6 miles de ba-rriles al Complejo Petroquímico La Cangrejera, y la diferencia correspondió a empaque, di-ferencias de inventarios y diferencias estadís-ticas.

El total de petróleo crudo fue de 3,081.7 mi-llones de barriles diarios (mbd), de ellos el de tipo ‘pesado’ asciende a 2,045.4, el tipo ‘ligero’ 837.7 y el tipo super ligero 198.6. Por regiones marinas, están: la Noreste 2,023.7 Cantarell 1,496.5 Ku-Maloob-Zaap 527.2. La Suroeste 505.9 Abkatún-Pol-Chuc 312.3 Lito-ral Tabasco 193.6. La Región Sur 465.2 Cinco Presidentes 44.6 Bellota-Jujo 190.0 Macuspa-na 10.4 Muspac 33.6 Samaria-Luna 186.7. La Región Norte 86.9 Poza Rica-Altamira 85.1 Ve-racruz 1.8 mbd.

Con objeto de dar viabilidad a la industria petroquímica a partir del gas natural, en particular a la cadena de producción eta-no-etileno-polietileno, el Gobierno Federal ha desarrollado el Proyecto Etileno XXI con una inversión privada que se estima en 2 mil millones de dólares. Entre las principales acciones para reducir el envío de gas a la atmósfera se encuentran la puesta en ope-ración de la unidad de recuperación de ni-trógeno en el Complejo Procesador de Gas de Ciudad PEMEX.” Segundo Informe de Gobierno, Felipe Calderón

Frente a esta situación de una de las empresas públicas más importantes de la vida nacional, los partidos políticos elaboraron sus propias ini-ciativas mismas que fueron enviadas al Con-greso de la Unión.

Ante un nuevo contexto político, en agos-to del 2013, el presidente Enrique Peña Nieto envía una iniciativa de reforma constitucional a los artículos 27 y 28 planteando cinco ejes en materia petrolera y otros cinco en energía eléctrica,

En el caso de los hidrocarburos destaca el pro-yecto de utilidad compartida, esquema que en países como Noruega ha dado buenos re-sultados, así como la reestructuración adminis-trativa de Pemex con solo dos subsidiarias, un nuevo régimen fiscal y reglas de contenido na-cional para sus compras. Con ello se propone que las empresas públicas y privadas trabajen unidas para generar energía, inversión, em-

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pleo y competitividad. El secretario de Ener-gía, Pedro Joaquín Coldwell, destacó que el sector petrolero representa el 7.6% del PIB pero impacta en 92.4% debido a las cadenas pro-ductivas que genera este sector. La meta es alcanzar los 3 millones de barriles diarios para el año 2018. En cuanto a energía eléctrica, se diagnostica que actualmente el 33% de la producción nacional la generan particulares, como por ejemplo los ingenios azucareros que aprovechan el bagazo de la caña para dicha producción.

Debido a las posturas diferentes de los partidos políticos, que manifiestan con ello el juego de fuerzas del régimen político, tocará ahora al Congreso de la Unión y a las legislaturas esta-tales abrir un debate serio, responsable, dejan-do de lado intereses electorales, para atender los intereses de la Nación.

Fuentes de información:

Aguirre Botello Manuel. Pemex cronología, estadísticas, expropiación. méxicomaxico.org

Alonso Angélica y Roberto López. El Sindicato de traba-jadores petroleros y sus relaciones con PEMEX y el Esta-do.1970-1985. El Colegio de México 1986.

Álvarez de la Borda, Joel. Crónica del Petróleo en Méxi-co, PEMEX

Bermúdez Antonio J. La política petrolera mexicana. Edi-ción conmemorativa, Petróleos Mexicanos 1988.

Meyer Lorenzo y Morales Isidro. La política petrolera en México 1900-1987. FCE, México 1990

García Páez, Benjamín. La política de hidrocarburos en el proceso de reordenación económica 1981-1983.p.291 y ss. Facultad de Economía, UNAM 1989.

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PEMEX Anuarios Estadísticos.

Rives Roberto. La administración pública de México en su bicentenario, Instituto de administración pública del esta-do de México, 2009.

La reforma constitucional en México, Instituto de Investiga-ciones Jurídicas, UNAM, 2010.

Secretaría de Energía, SIE, Estadísticas Petroleras http/sie.energia.gob.mx

Secretaría de la Presidencia. México a través de los infor-mes presidenciales, tomo 5, La Administración Pública; tomo 6 El Sector Paraestatal. México 1976.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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entro de la agenda de reformas que ha propuesto el Presidente Enrique Peña Nie-to, la reforma energética es aquella cuyo im-pacto en el crecimiento es más directo y en un menor plazo. Dada la incertidumbre económi-ca mundial y su impacto en el crecimiento de México, hoy más que nunca es el momento de aprobarla.

La reforma energética tendría un impac-to directo en el crecimiento económico. De aprobarse, se dará un impulso a la inversión nacional y extranjera, sin precedentes. Actual-mente, la paraestatal invierte alrededor de 20.5 mil millones de dólares (MMDD) anuales y se estima que con la reforma la inversión po-dría alcanzar la cifra de 60 MMDD.

Según estimaciones del gobierno federal (hay otras estimaciones con mayores impactos),

para 2018 este nivel de inversiones incremen-taría la tasa de crecimiento del país en 1%, au-mentaría la producción de petróleo pasando de 2.5 a 3 millones de barriles diarios (MDBD), incrementaría la producción de gas natural en 40% y generaría medio millón de empleos.

¿Cómo se logra esta mayor inversión? En la propuesta se restituye la posibilidad de hacer contratos de utilidad compartida en explora-ción y extracción. Esto significa que la propie-dad sobre los hidrocarburos sigue siendo de la Nación y que, únicamente, las empresas privadas podrán realizar trabajos por cuenta del gobierno federal, por lo cual recibirían una contraprestación. Así mismo, se restablecen las concesiones en refinación, transporte, al-macenamiento y distribución, y se permite la participación de particulares en la generación de electricidad. En pocas palabras, se abre la

Jesús Alberto Cano Vélez

La REFORMA

CRECIMIENTOque más impacta al

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inversión de Pemex a las empresas privadas (incrementando la inversión potencial), pero de una forma estratégica.

Esta apertura estratégica se distingue de lo que propone el PAN. En el caso de la exploración y la extracción (la actividad más rentable) no se permiten las concesiones porque es deseable, incluso en términos geopolíticos, que el Estado mantenga la propiedad de los hidrocarburos. Con la nueva legislación, Pemex podrá deter-minar en qué tipo de yacimientos le conviene ir con privados y en cuáles no. No se entregaría la propiedad de ningún yacimiento, sino que se utilizarían la tecnología, la capacidad y la inversión de empresas privadas para usar cam-pos que hoy no se aprovechan. En contraste, en las actividades de refinación, transporte, al-macenamiento y distribución de hidrocarburos y, la generación de electricidad (actividades no extractivas y de menor rentabilidad), sí se permitirían las concesiones porque Pemex y CFE, la mayoría de las veces, pierden dinero en estas actividades.

La propuesta también se distingue de lo que propone el PRD. Contrario a lo que se pien-sa, a pesar de que es indispensable cambiar el régimen fiscal de Pemex, bajo ninguna cir-cunstancia dicha modificación podría traer, por sí misma, los niveles de inversión deseables.

Como en su momento lo señaló el Director Ge-neral de Pemex, si se le diera a la paraestatal un trato fiscal similar al de las petroleras en Bra-sil o Noruega, se le daría una capacidad de inversión adicional de entre 7 y 10 MMDD, muy por debajo de los 60 MMDD antes señalados. Para alcanzar dicha inversión, sin aprobar la reforma constitucional, tendríamos que recurrir al endeudamiento público, lo cual incremen-taría de forma significativa el déficit y pondría en riesgo la estabilidad financiera del país.

Además, hemos visto que la inversión utilizan-do únicamente a Pemex para la extracción y exploración no ha tenido los resultados desea-bles. A pesar de que la inversión pasó de 10 MMDD en 2004 a 20.5 MMDD en 2013, la pro-ducción cayó de 3.38 a 2.53 MDBD. Pemex no puede hacerlo todo solo, ya que tiene altos costos operativos y una baja productividad, mismos que pueden empezar a atacarse en las reformas secundarias, pero que tendrán un proceso de maduración mucho más lento.

La aprobación de la reforma energética es necesaria porque representa una salida al es-tancamiento económico que el país ha tenido en los últimos años. Sobre la mesa hay una pro-puesta con una visión estratégica, el Congreso tiene la tarea de hacer esta reforma una rea-lidad.

Los cinco países con más reservas son:

1º Arabia Saudita 262, 600, 000, 000 barriles

2º Venezuela 211, 200, 000, 000 barriles

3º Canadá 175, 200, 000, 000 barriles

4º Irán 137, 000, 000, 000 barriles

5º Iraq 115, 000, 000, 000 barriles

México ocupa el lugar 17 10’ 420, 000, 000 barriles

Consumo de petróleo

Los cinco países o zonas económicas que más consumen petróleo son:

1º Estados Unidos 19, 150, 000 barriles*

2º La Unión Europea 13, 730, 00 barriles*

3º China 9, 057, 000 barriles*

4º Japón 4, 452, 000 barriles*

5º India 3, 182, 000 barriles*

México ocupa el lugar 12 2’073,000 barriles*

* barriles de petróleo consumidos diariamente

Compañías de petróleo más importantes del mundo:

1º SaudiAramco de Arabia Saudita

2º National Iranian Oil de Irán

3º Petróleos Mexicanos, Pemex

4º Iraq National Oil Company

5º Exxon Mobil de Estados Unidos

México y el petróleo / Petróleos Mexicanos:

4º Productor de crudo a nivel mundial

11º Compañía integrada nivel mundial

11º En reservas de crudo

15º En producción de gas

13º En capacidad de refinación

Fuentes:

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2174rank.htmlhttps://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2178rank.htmlhttp://www.forbes.com/2010/07/09/worlds-biggest-oil-companies-business-energy-big-oil_slide_2.html

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LA REFORMA QUE MÁS IMPACTA AL CRECIMIENTO

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n ejercicio de la facultad que concede al Ejecutivo Federal la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Uni-dos Mexicanos, por conducto de ustedes so-meto a la consideración de esa H. Cámara la presente iniciativa de Ley Constitucional que tiende a adicionar el párrafo sexto del artículo 27 de la Carta fundamental del país, para es-tablecer que tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o ga-seosos, no se expedirán concesiones; sino que la explotación de esos productos se llevará a cabo por la Nación en la forma que lo deter-mine el estatuto reglamentario que con poste-rioridad se dicte.

El proyecto es una consecuencia lógica tanto del desarrollo que la interpretación del Artícu-lo 27 Constitucional ha tenido desde la época de su expedición, cuanto de las disposiciones dictadas a partir del 18 de marzo de este año, en que se llevó a cabo la expropiación de los bienes de las compañías que tenían bajo su

control la mayor parte de la producción petro-lera de la República.

En efecto, no obstante que en la iniciativa de 25 de enero de 1917 presentada al Congreso Constituyente y que dio la base para el texto aprobado, se dijo que mediante las reformas que se proponían y que fundamentalmente buscaban anudar la nueva legislación con las viejas tradiciones coloniales podría la Nación retener bajo su dominio todo cuanto fuese ne-cesario para el desarrollo social, haciéndose particular referencia al petróleo, y a pesar de que en el texto mismo que surgió del Congre-so se hablaba sólo de que la Nación podría otorgar concesiones a los particulares, con lo que claramente se autorizaba a la Fede-ración para no conferirlas o aún para realizar explotaciones directas, la interpretación do-minante en los primeros años de vigencia del artículo 27 iré en el sentido de que la prioridad nacional sobre el petróleo era simplemente el medio jurídico ideado para permitir una mejor

Presidencia de la RepúblicaC.C. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.

Presentes.

Lázaro Cárdenas:

Iniciativa de ley que adiciona el párrafo sextodel artículo 27 constitucional

23EXAMEN

INICIATIVA DE LEY QUE ADICIONA EL PÁRRAFO SEXTO DEL ART. 27 CONSTITUCIONAL

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distribución de esa substancia entre los parti-culares.

Los Decretos del Presidente Carranza en 1918 estaban apoyados también en la idea de que salvo los impuestos, rentas y regalías que debe-rían de cubrirse a la Federación en las diversas situaciones previstas por ellos, era obligatorio el otorgamiento de las concesiones. Así se ex-plica que el procedimiento que fijaban para la manifestación y el denuncio de los predios considerara nada más la posibilidad de con-troversias entre varios particulares interesados que se disputaban la titulación y no previeran el caso de una negativa del Estado para con-cesionar.

Por esto la jurisprudencia posterior de la Supre-ma Corte de Justicia que reconoció el carácter discrecional del otorgamiento de las concesio-nes dada la fórmula que emplea el Artículo 27, no tuvo eficacia ni trascendencia alguna en beneficio de los intereses nacionales; supues-to que la discrecionalidad que consagraba la Ley Constitucional era después anulada en la legislación secundaria, inspirada, como queda dicho, en el criterio interpretativo que negaba que la nacionalización del petróleo tuviese otro propósito que el de entregar al Estado la regulación de la distribución.

La Ley del Petróleo de 1925 conser-vó todavía el principio de la obli-gatoriedad para la Administración Pública del otorgamiento de las concesiones ordinarias. En cuanto a la extensión de los derechos que esos títulos conferían consagró un sistema notoriamente diverso del que, según opiniones autorizadas, pretendieron fijar los constituyen-tes: en tanto que éstos pensaban en títulos precarios y revocables, la legislación del petróleo siguió muy de cerca la tradición de las leyes mineras. En esto influyó sin duda la peculiar situación tanto inter-na como internacional que existía cuando se dictó esa legislación y que seguramente no pudo ser des-

conocida por sus autores ni dejarse de tomar en cuenta.

Del tal manera llegó a lograr fuerza la asimila-ción de los títulos petroleros a los de propiedad minera, (salvo, naturalmente, en lo relativo a la obligación de efectuar trabajos regulares, que las últimas leyes de Minería anteriores a 1917 ya no consignaban, pero que sí se encontraba en la vieja legislación derivada de la Colonia) que inclusive llegó a elaborarse una respeta-ble doctrina que sostenía que el dominio di-recto a que alude el Artículo 27 no era diverso del dominio radical que el Rey se reservaba en las ordenanzas de 1783. Todavía en 1933 se contendió expresamente ante la Suprema Corte de Justicia la constitucionalidad del sis-tema de reservas federales que, limitado pri-mitivamente a las zonas que particularmente señalara el Ejecutivo, fijó el Artículo 16 de la Ley del Petróleo, y que posteriormente, en Decreto de mayo de 1933, se hizo extensivo, además de a zonas especialmente señaladas, a todos aquellos predios objeto de alguna solicitud de concesión cuando recuperasen el carácter de libres.

Ni siquiera instituciones jurídicas como la del rescate, experimentadas y admitidas por la generalidad de los países, fue incorporada al

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estatuto reglamentario del Artícu-lo 27 en la materia de petróleo. De acuerdo con la doctrina aceptada, las concesiones para el uso exclusivo de bienes del dominio público, pue-den darse por terminadas por razo-nes de interés general.

Prácticamente y salvo en las zonas en que la propiedad superficial co-rrespondía por algún título a la Fe-deración, ésta no guardaba más vinculación de intereses patrimonia-les con la industria del petróleo que a través de los impuestos; la cual era notoriamente insuficiente, ya que para recaudar impuestos no se re-quiere el dominio directo; basta con el mero ejercicio de la jurisdicción que el Esta-do tiene a este respecto sobre todas las perso-nas y los bienes.

Fue a través de la explotación directa de las reservas como la Nación, por conducto de las distintas entidades que ha creado en épocas sucesivas, logró iniciar un aprovechamien-to verdadero de la riqueza del petróleo y no, como sin duda hubiese sido legalmente posi-ble, también en las zonas que, a pesar de no estar reservadas, contenían un petróleo que era del dominio directo de la Nación y que no había sido puesto en duda por la falta de de-rechos creados antes del 1º de mayo de 1917.

La situación apuntada, antes de la expropia-ción acordada el 18 de marzo último, hubiera sin duda podido corregirse mediante una sim-ple modificación de la Ley del Petróleo que alterara el régimen de las concesiones ordina-rias fijado en 1925. Después de la expropiación el problema notoriamente es distinto. Una vez que la Nación ha tomado a su cargo directa-mente el control de las explotaciones en forma tal que no sólo podrá atender las necesidades del país, sino en su mayor parte, las de nuestro comercio exterior el petróleo, no se ve el mo-tivo para permitir que continúen formándose y vigorizándose intereses privados que es de pre-sumirse que llegaran a ser, sino antagónicos, a

lo menos distintos de los intereses generales cuya tutela procurará el Gobierno con todo empeño y energía.

La experiencia de todos conocida, relaciona-da con esta misma materia del petróleo, obli-ga al Gobierno a obrar en lo sucesivo con gran cautela, máxime cuando según se reconoce ya, a través de las concesiones sobre los re-cursos naturales se crean con mayor facilidad vínculos cuya terminación constituye después un problema para el país que otorgó dichas concesiones, pues entonces inclusive sus bue-nas relaciones con otros pueblos se ponen en peligro.

A esto obedece el propósito del Ejecutivo de que termine el régimen de las concesiones. En rigor, y dado el carácter discrecional que para la entrega de la explotación a los particulares ha consagrado hasta hoy el texto expreso del Artículo 27, carácter discrecional que la Supre-ma Corte en reiteradas ocasiones ha recono-cido así, jurídicamente habría podido en ley secundaria fijarse el nuevo principio.

Sin embargo, no se ha decidido el Gobierno por este camino en virtud de que el admite que, según testimonios autorizados, los autores del Artículo 27 no quisieron que el dominio di-recto del petróleo se ejercitase excluyendo a

INICIATIVA DE LEY QUE ADICIONA EL PÁRRAFO SEXTO DEL ART. 27 CONSTITUCIONAL

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los particulares. Y aunque es bien sabido que los textos de la Constitución como los de cua-lesquiera otras leyes son susceptibles de inter-pretaciones renovadas de acuerdo con las exigencias que sus autores no pudieron tener en cuenta en la época en que actuaron, pien-sa el Ejecutivo que una medida de la impor-tancia de la que se proyecta no debe quedar sujeta a las controversias que los interesados muy probablemente provocarían apoyán-dose en aquellos testimonios. Esto indepen-dientemente de que, incorporando al texto constitucional el principio de la explotación di-recta del petróleo que a la Nación correspon-de, se le dá una mayor fijeza y autoridad.

Por las consideraciones preceden-tes, someto a la consideración del H. Congreso la siguiente iniciativa de LEY QUE ADICIONA EL PÁRRAFO SEXTO DEL ARTÍCULO 27 CONSTITU-CIONAL:

“ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el párrafo sexto del Artículo 27 Cons-titucional, para quedar en los si-guientes términos:

“En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el domi-nio de la Nación es inalienable e imprescriptible, y sólo podrán hacerse concesiones por el Go-bierno Federal a los particulares o sociedades civiles o comercia-les constituídas conforme a las le-yes mexicanas, con la condición de que se establezcan trabajos regulares para la explotación de los elementos de que se trata y se cumpla con los requisitos que pre-vengan las leyes.”

“TRATÁNDOSE DEL PETRÓLEO Y DE LOS CARBUROS DE HIDRÓGENO SÓ-LIDOS, LÍQUIDOS O GASEOSOS, NO SE EXPEDIRÁN CONCESIONES Y LA LEY REGLAMENTARIA RESPECTIVA DETERMINARÁ LA FORMA EN QUE LA NACIÓN LLEVARÁ A CABO LAS EX-PLOTACIONES DE ESOS PRODUCTOS”.

México, D.F., a 22 de diciembre de 1938.

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN.

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTA-DOS UNIDOS MEXICANOSLázaro Cárdenas.

EL SECRETARIO DE LA ECONOMÍA NACIONALEfraín Buenrostro. EL SECRETARIO DE GOBERNACIÓNIgnacio García Téllez

27EXAMEN

NACIONAL

on fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción I, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter por su digno conducto, ante esa Honorable Asamblea, la presente Iniciati-va de Decreto por el que se reforman los artí-culos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

I. INTRODUCCIÓN

El acceso incluyente a la energía permite a países dotados de recursos naturales como el nuestro, imprimir dinamismo y competitividad a sus economías, a fin de consolidar un mo-delo de desarrollo generador de progreso sus-tentable para su población. México no puede ser la excepción, y por ello, esta iniciativa de reforma constitucional en materia energética se sustenta en los siguientes ejes estratégicos:

(i) Fortalecimiento del papel del Estado como rector de la industria petrolera: Dotarle de nuevas herramientas para la definición y conducción de la política energética del país, que permitan una adecuada y pru-dente administración del patrimonio pe-trolero nacional.

(ii) Crecimiento Económico: México está lla-mado a aprovechar sus recursos ener-géticos en favor de mayor inversión y generación de más empleos, a partir de iniciativas que promuevan el abasto de energía en cantidades suficientes y a cos-tos competitivos.

(iii) Desarrollo Incluyente: El acceso a la ener-gía permitirá democratizar la productivi-dad y la calidad de vida de la población en las distintas regiones del país.

Presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión

Presente:

Iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Enrique Peña Nieto:

INICITAIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ART. 27 Y 28

28 SEPTIEMBRE 2013

(iv) Seguridad Energética: Se debe aprove-char la disponibilidad de energía primaria en el territorio nacional para lograr la pro-curación continua, diversificada y econó-mica del suministro energético para ésta y las siguientes generaciones.

(v) Transparencia: Garantizar a los mexicanos el adecuado acceso a la información so-bre la administración del patrimonio ener-gético nacional.

(vi) Sustentabilidad y Protección del Medio Ambiente: Es posible mitigar los efectos negativos que la producción y el consumo de energías fósiles puedan tener sobre la salud y el medio ambiente, mediante la mayor disponibilidad de fuentes de ener-gía más limpias.

La iniciativa que se somete a la consideración de esa Soberanía se basa en las ideas funda-mentales de las reformas del Presidente Lázaro Cárdenas consecuentes con la expropiación petrolera de 1938, destacando que la propie-dad y el dominio directo del petróleo y de to-dos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, son y seguirán siendo de la Nación. De forma análoga, se retoman las ideas que guiaron las reformas legales car-denistas en materia eléctrica, que buscaban el desarrollo de un sistema nacional eléctrico basado en principios técnicos y económicos, bajo la conducción y regulación del Estado.

II. PETRÓLEO Y DEMÁS HIDROCARBUROS

II.1. Retos en materia de hidrocarburos

a) Exploración y extracción

La adecuada extracción y transformación sos-tenible de los hidrocarburos que pertenecen a la Nación, representa una oportunidad de desarrollo económico, así como un beneficio para todos los mexicanos, ya que se pretende ampliar la oferta energética a precios compe-titivos. La iniciativa de reforma constitucional que aquí se presenta retoma los fundamentos

cardenistas y dará al país un mayor impulso para aprovechar sus recursos energéticos.

Si bien en los últimos años se ha tenido un ma-yor ritmo de inversión, no se ha traducido en mayor producción. Es decir, se ha gastado más en la búsqueda y extracción de petróleo, pero se ha producido menos. Al respecto, la iniciativa parte de un hecho innegable: el pe-tróleo de fácil acceso se está acabando, tan-to en México como en el resto del mundo.

Cantarell, nuestro principal campo, se está agotando. No obstante, México cuen-ta con reservas probadas para 10 años de producción, ubicadas mayoritariamente en las aguas someras del Golfo de México, en donde Petróleos Mexicanos cuenta con amplia experiencia. Lo anterior da un mar-gen de tiempo suficiente para confirmar la existencia de reservas y recursos prospecti-vos de nuevos yacimientos, y eventualmen-te convertirlos en producción. El mayor reto exploratorio será reclasificar los recursos prospectivos, los cuales en su mayoría están localizados en yacimientos de gran compleji-dad que demandan capacidades de ejecu-ción e inversión que sólo se pueden alcanzar con la concurrencia de diversas empresas petroleras. Además, sería inconveniente que la empresa estatal asuma por sí sola la totali-dad de los riesgos inherentes a estas nuevas actividades.

En materia de producción de hidrocarburos, un reto adicional es el de aumentar el factor de recuperación de los campos maduros, para lo cual se requerirá el uso intensivo de técnicas de recuperación mejorada.

Distintos países han ajustado su legislación ante los retos que representa el nuevo entorno de yacimientos cada vez más complejos, que requieren de grandes inversiones, compartir riesgos, así como desarrollar y aplicar nuevas tecnologías. Las reformas de Brasil, Colombia y Noruega dan muestra clara de ello, al diseñar esquemas que promovieron la producción en yacimientos de petróleo no convencional.

29EXAMEN

NACIONAL

En el caso del gas y crudo de lutitas, los retos técnicos y de capacidad de ejecución son significativamente mayores que los que se enfrentan en yacimientos convencionales, ya que la productividad por pozo es mucho menor, los costos son considerablemen-te mayores y su producción requiere una mayor capaci-dad de ejecución.

México aún está por deto-nar su potencial en yaci-mientos de este tipo y por aprovechar sus beneficios. Si se toma como referencia a nuestro mayor socio comer-cial, en 2012 se otorgaron 9,100 permisos de perforación a 170 empresas en los Estados Unidos de América en yacimien-tos de petróleo y gas de lutitas, mientras que en México se perforaron sólo 3. Asimismo, la pro-ducción de gas de lutitas ha aumentado ocho veces en Estados Unidos desde el año 2000; en la actualidad representa cerca del 40% de la producción de gas natural en dicho país.

Por otro lado, la exploración y extracción de hidrocarburos en aguas profundas (tirante de agua mayor a 500 metros), implica un riesgo significativamente mayor al enfrentado en aguas someras (tirante de agua menor a 500 metros) o en tierra. Adicionalmente, los cos-tos de perforación en aguas profundas son aproximadamente 10 veces mayores a las co-rrespondientes en aguas someras y 100 veces mayores a los de yacimientos terrestres, con probabilidades de éxito relativamente bajas.

Otra manera de dimensionar el reto de capa-cidad de ejecución en aguas profundas, es comparar la actividad que se está realizando en la parte del Golfo de México que corres-ponde a los Estados Unidos, con la actividad llevada a cabo por Petróleos Mexicanos en nuestras aguas territoriales. En Estados Unidos, en 2012 se perforaron 137 pozos con profundi-

dades superiores a 500 metros, mientras que en México esta cifra apenas ascendió a 6. También es importante hacer notar que en Es-tados Unidos participan más de 70 empresas en estas actividades, mientras que en México el riesgo y la responsabilidad recae sólo en una.

Si consideramos solamente pozos ultra pro-fundos de más de 1,500 metros, los cuales corresponden más al perfil de nuestras aguas territoriales, encontramos que México apenas comenzó actividades de perforación en 2010. Desde entonces se han perforado anualmente 52 pozos en aguas ultra profundas en Estados Unidos, contra sólo 5 en México.

Por otro lado, los trabajos en aguas profundas requieren del conocimiento para desarrollar, administrar y operar las nuevas tecnologías que se emplean en este tipo de yacimientos. Para dimensionar el tamaño del reto tecnoló-gico, cabe resaltar que las técnicas utilizadas en este tipo de operaciones sólo son compa-rables a las empleadas en la aeronáutica es-pacial, debido a las condiciones extremas que se enfrentan en términos de presión, tempera-tura, corrientes marinas y eventos meteorológi-cos en la superficie.

INICITAIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ART. 27 Y 28

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Ante las grandes inversiones requeridas, el alto riesgo de que la producción no sea co-mercialmente atractiva y la necesidad de un desarrollo tecnológico de alta especialidad, la práctica internacional más extendida es que las empresas realicen operaciones en aguas profundas con esfuerzos compartidos, por lo que debería dársele a Petróleos Mexicanos la oportunidad de actuar en igualdad de condi-ciones que otros operadores petroleros en el mundo. También es conveniente darle al país la oportunidad de contratar a otros operado-res petroleros para campos convencionales y no convencionales, con el objeto de que la ex-tracción de nuestros recursos pueda darse en las mejores condiciones para el país.

b) Seguridad energética de la Nación

La falta de un marco jurídico que responda a la realidad en esta materia ha llevado a una pro-

ducción insuficiente de petróleo y gas natural, lo que junto con las crecientes importaciones de gas natural, gasolinas, diésel y petroquími-cos, ha erosionado la seguridad energética de la Nación. De seguir con la tendencia ac-tual, México se convertiría en un país importa-dor neto de hidrocarburos en tan sólo algunos años.

En relación con el gas natural, las importacio-nes han crecido considerablemente en los últimos 15 años; entre 1997 y 2012, las impor-taciones de gas natural subieron de 3% a 33% del consumo nacional. Este fenómeno se ha incrementado a partir de 2008, debido a la dis-minución del precio del gas natural en nortea-mérica.

Por otro lado, al 31 de diciembre de 2012, la in-fraestructura de gasoductos contaba con una longitud de 11,131 kilómetros y una capaci-dad para transportar aproximadamente 5,000 millones de pies cúbicos diarios. De 1995 a la fecha, la extensión de la red de gasoductos en México se ha incrementado sólo en 18.3% (1,789 km). Es decir, cerca de un punto porcen-tual al año, lo que ha sido insuficiente para el desarrollo del país. En noviembre de 2012, el Sistema Nacional de Gasoductos alcanzó su tope máximo de transporte, lo que ha limita-do la importación de gas natural por ductos y ha resultado en problemas de abasto de gas natural.

En materia de productos refinados y petro-químicos, se está viviendo una paradoja que enfrentan México y otros países con recursos en materia de hidrocarburos. No obstante los grandes volúmenes de hidrocarburos en el subsuelo, o incluso ya extraídos del mismo, se tiene una gran dependencia de combustibles e insumos petroquímicos importados de otros países, en virtud de la limitada capacidad de refinación y transformación en relación a la producción petrolera. En México, en 2012, se contaba con una producción diaria de 2.5 mi-llones de barriles de petróleo crudo y sólo se re-finaron 1.2 millones de barriles al día, teniendo que importar aproximadamente la mitad de

31EXAMEN

NACIONAL

las gasolinas y una tercera parte del diésel que se consumen en el país. Mientras que en 1997 las importaciones de gasolinas representaban el 25% del consumo nacional, para 2012 alcan-zaron el 49%.

Debido a la falta de infraestructura suficiente, parte de los hidrocarburos, en particular los pro-ductos petrolíferos, son transportados de mane-ra poco eficiente y con un costo elevado. El uso de carro-tanques y auto-tanques para el trans-porte de gasolinas, los cuales son, respectiva-mente, 6 y 13.5 veces más costosos que el uso del ducto, aumentó de 9.3% a 11.2% del total de volumen transportado de 2011 a 2013.

En el caso de la petroquímica la situación es similar; las importaciones netas representan aproximadamente el doble de la producción nacional y el transporte de estos productos es ineficiente.

II. 2. Marco jurídico

Difícilmente puede elaborarse un diagnóstico integral de los grandes retos que hoy enfren-ta nuestro país sin analizar la manera en que en el pasado hemos hecho frente a desafíos similares. Hay lecciones en nuestra historia que debemos aprovechar. En materia energética, México cuenta con grandes ejemplos que no sólo definieron la política del sector, sino que contribuyeron a fortalecer nuestro carácter nacional frente al mundo.

La Constitución de 1917 plasmó en su artícu-lo 27 el régimen de la propiedad y dentro de éste, el dominio de la Nación de todos los mi-nerales o sustancias que en vetas, mantos, ma-sas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes del terreno, entre otros, el petróleo y todos los car-buros de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos. Dicha disposición facultaba al Gobierno Fede-ral a otorgar concesiones, figura bajo la cual los particulares podrían aprovechar bienes del dominio de la Nación, con la condición de que se establecieran trabajos regulares para la ex-plotación de dichos elementos. Así, se preveía

la posibilidad de que los particulares extrajeran para su aprovechamiento el petróleo y demás hidrocarburos, bajo la figura de la concesión.

La primera gran reforma energética de Mé-xico fue impulsada por el Presidente Lázaro Cárdenas, quien en un contexto internacional y nacional sumamente complejo, mostró una enorme destreza para promover una transfor-mación fundamental en el sector hidrocarbu-ros. Sin esta transformación, simplemente no es posible entender la consolidación del Estado mexicano moderno. El Presidente Lázaro Cár-denas demostró su convicción patriótica y actuó como un gran estadista, pues no sólo pensó en los beneficios inmediatos, sino que tuvo en mente a las generaciones que hereda-rían el legado de los mexicanos que junto con él, llevaron a cabo la modernización del sector petrolero. Esta visión de largo plazo permitió lle-gar a un gran acuerdo para alinear y equilibrar los legítimos intereses de los trabajadores, del sector privado y del gobierno.

El espíritu de las reformas cardenistas fue nacio-nalista sin duda, pero también modernizador, visionario y pragmático. Un elemento funda-mental de estas reformas fue que garantizaron la propiedad y rectoría del Estado en el control de los hidrocarburos, al tiempo que contem-plaron la participación del sector privado en diversas actividades de la industria.

El primer paso consistió en dotar al país de un marco constitucional sólido en materia de hi-drocarburos, por lo que el 22 de diciembre de 1938, el Presidente Cárdenas envió una iniciati-va de reforma constitucional al Congreso de la Unión. La iniciativa fue aprobada en sus térmi-nos y la reforma se publicó el 9 de noviembre de 1940 en el Diario Oficial de la Federación.

Algunos elementos fundamentales para com-prender la manera en que el Presidente Cár-denas concibió el modelo de hidrocarburos para el país con esa reforma, son los siguientes:

• La exclusividad del Estado sobre la propie-dad de los recursos en el subsuelo.

INICITAIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ART. 27 Y 28

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Se mantiene el régimen de la Constitución de 1917 en el sentido de que corresponde a la Nación el dominio de los recursos del subsuelo, entre ellos, el petróleo y demás hidrocarburos.

• La supresión de las concesiones tratándose del petróleo y carburos de hidrógeno.

Toda vez que la concesión es el instrumento jurídico que confiere derechos a los particula-res para explotar o aprovechar los bienes del dominio de la Nación, al suprimirse las conce-siones se cancela la posibilidad de cualquier derecho de los particulares sobre el petróleo y demás hidrocarburos en el subsuelo.

De la exposición de motivos de dicha iniciativa, se desprende que la reforma se sustentó princi-palmente en que no obstante que de acuerdo con el régimen adoptado por la Constitución de 1917 era posible otorgar concesiones, lo que suponía una facultad discrecional del Estado, la interpretación prevaleciente en la época fue en el sentido de que el Estado es-taba obligado a otorgarlas. De hecho, la Ley del Petróleo de 1925 conservó el principio de la obligatoriedad para la Administración Públi-ca de otorgar concesiones, con lo que la le-gislación del petróleo seguía muy de cerca la tradición de las leyes mineras y prácticamente la Federación no guardaba vinculación de in-tereses patrimoniales con la industria del petró-leo más que a través de los impuestos, lo cual era notoriamente insuficiente.

Sobre esto el Presidente Cárdenas señaló que “la interpretación dominante en los primeros años de vigencia del artículo 27 fue en el sentido de que la propiedad nacional sobre el petróleo era simplemente el medio jurídico ideado para per-mitir una mejor distribución de esa substancia en-tre los particulares.” De acuerdo con la propia iniciativa, esta situación se hubiera podido co-rregir mediante una modificación al régimen de concesiones en la Ley del Petróleo de 1925, sin embargo también hubiera sido objeto de interpretaciones y controversias por lo que, por su importancia, se optó por una reforma cons-titucional.

Como puede apreciarse, con la supresión de las concesiones se buscaba fortalecer la rec-toría del Estado en materia petrolera y el ejer-cicio pleno de sus derechos sobre sus recursos del subsuelo, ya que hasta ese momento se interpretaba que los particulares tenían dere-cho al aprovechamiento de dichos recursos, al considerarse que el Estado estaba obligado a otorgar concesiones para ello.

• El reconocimiento del derecho exclusivo del Estado a explotar el petróleo y los carburos de hidrógeno, así como el establecimiento de una reserva de ley para definir la forma en que llevará a cabo dicha explotación.

Al suprimirse las concesiones sobre el petróleo y demás hidrocarburos del subsuelo, se canceló la posibilidad de cualquier derecho de los par-ticulares sobre dichos recursos naturales. Por tratarse de bienes del dominio de la Nación, la consecuencia necesaria es que ahora sólo el Estado tiene el derecho de decidir sobre la extracción y disposición del petróleo y demás hidrocarburos del subsuelo.

Por ello, la reforma cardenista estableció en el artículo 27 constitucional que la ley reglamen-taria respectiva determinaría la forma en que la Nación llevará a cabo las explotaciones de esos productos; es decir, la forma en que recu-perará dichos recursos del subsuelo y dispon-drá de ellos. Así, es clara la distinción entre el derecho exclusivo del Estado reconocido por la Constitución para extraer y disponer de sus propios recursos, y la forma en que lo hará, que será determinada por la ley, otorgándose para ello el más amplio margen al legislador.

La reforma constitucional de 1940 dotó de un marco claro al sector, al desaparecer las concesiones tratándose de hidrocarburos del subsuelo. Lo anterior, de ninguna manera signi-ficaba excluir a los particulares de las activida-des petroleras, como lo señaló el propio

Presidente Cárdenas en la iniciativa de Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia de Petróleo, que creó instrumentos

33EXAMEN

NACIONAL

contractuales para incorporar a terceros en la cadena productiva del sector hidrocarburos e, incluso, estableció el régimen de concesiones para otras actividades de la industria, como la construcción de refinerías y oleoductos, y la distribución de gas:

“El Ejecutivo, al formular la iniciativa que culminó con la reforma constitucional de que se trata, y después en diversas declaraciones, ha expresa-do su punto de vista de que la exclusión de los particulares del régimen de concesiones que el artículo 27 fija para la explotación de los recursos naturales del dominio público, no implica que la Nación abandone la posibilidad de admitir la colaboración de la iniciativa privada, sino sim-plemente que esa colaboración deberá reali-zarse en el futuro dentro de las formas jurídicas diversas de la concesión que, por una tradición muy arraigada en nuestro sistema legislativo, se supone que, aunque en forma limitada y preca-ria, concede ciertos derechos a la explotación directa del subsuelo, de tal manera que una vez expedida, el Estado se reserva una función casi exclusivamente reguladora y de policía; función ésta enteramente insuficiente en materia de pe-tróleo después de que el Estado por el Decreto de 18 de marzo de 1938 decidió la expropiación de los bienes de las principales empresas petro-leras.

“… conviene indicar que como la Constitución sólo ha prohibido la explotación mediante concesiones del petróleo pero no la posibilidad de la construc-ción de oleoductos, refinerías y sistemas de distribu-ción para gas, el proyecto adjunto conserva estos tipos de concesiones…”.

Con la Ley Reglamentaria, publicada en el Dia-rio Oficial de la Federación el 9 de noviembre de 1940 –el mismo día que la reforma constitu-cional– se creó un marco jurídico claramente innovador que incluía los siguientes aspectos:

• Se incorporó la posibilidad de celebrar con particulares contratos de exploración y ex-plotación. El reconocimiento constitucio-nal de la explotación como un derecho exclusivo de la Nación, permitía que estos

contratos cumplieran su función operativa, sin poner en riesgo los derechos del Esta-do sobre sus recursos. Sobre este aspecto, el Presidente Lázaro Cárdenas señaló en su iniciativa de Ley, que fue aprobada en sus términos, que entre las bases principales del régimen contractual propuesto estaba la “fijación del criterio de que el contratista no adquiría un derecho directo a la explo-tación del petróleo, sino solo a obtener una compensación…”

Así, los artículos 6º y 7º de la Ley previeron que para la exploración y explotación por la Na-ción “podrán celebrarse contratos con los particu-lares, a fin de que estos lleven a cabo por cuenta del Gobierno Federal, los trabajos de exploración y explotación”.

• Se estableció que las compensaciones por esos contratos podían ser en efectivo

INICITAIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ART. 27 Y 28

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o equivalentes a un porcentaje de los pro-ductos obtenidos. Para el otorgamiento de dicha compensación, los contratistas debían recuperar las inversiones y obtener una utilidad razonable. Es decir, se trataba de un contrato impulsado por el interés de los actores privados para obtener mayores ganancias, redituando en una mayor renta para la Nación y alineando, de esta forma, los incentivos entre el Estado y sus contratis-tas.

• Los contratos eran celebrados con el Esta-do bajo los términos que éste consideraba adecuados, garantizando que las activida-des para obtener la riqueza petrolera fue-ran conducidas en todo momento por la Nación.

• Para actividades distintas a la explotación (concepto utilizado en la ley referido a la extracción), tales como las refinerías, oleo-ductos y distribución de gas, se estableció el régimen de concesiones.

Como puede apreciarse, las reformas car-denistas garantizaron cuatro aspectos esen-ciales: 1) Se consolidó la propiedad de la Nación sobre los hidrocarburos; 2) Se eliminó el régimen de concesiones en exploración y extracción; 3) Se creó un sistema de figuras

contractuales para la exploración y extracción de los hidrocarburos, y 4) Se permitió la participación de terceros en refinación, transporte y distribución de hidrocarburos. Este modelo visionario permitiría que la Nación pudiera hacer un uso eficiente de sus recursos para impulsar el desarrollo del país en beneficio de los mexicanos. Se trató de un diseño nacionalista en cuanto a la propiedad, e inteligen-te y pragmático desde el punto de vista de la eficiencia operativa.

Este régimen subsistió cerca de 20 años y es hasta 1958, año en que se expidió una nueva Ley Regla-

mentaria del artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, que se eliminó la posibi-lidad de celebrar contratos con particulares en la explotación que lleva a cabo el Estado y reservó todas las actividades de la industria petrolera sólo a Petróleos Mexicanos o a cual-quier otro organismo que se estableciera en el futuro. Así fue eliminada la contratación como medio a través del cual la Nación puede lle-var a cabo la extracción de los hidrocarburos, y mediante reforma a la Constitución del 20 de enero de 1960, se incorpora la prohibición de contratos en esta materia en el artículo 27 constitucional.

Finalmente, el 3 de febrero de 1983 se refor-maron los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Cons-titución, con el propósito de configurar un derecho constitucional económico al estable-cer en la Ley fundamental los principios y me-dios que debían regir la actuación del Estado en la materia. En dicha reforma se estableció en el artículo 28 constitucional que no consti-tuyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estra-tégicas de petróleo y demás hidrocarburos, así como petroquímica básica, entre otras, y que el Estado contará con los organismos y empre-sas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas y en las actividades de ca-rácter prioritario.

35EXAMEN

NACIONAL

El diseño del régimen jurídico en materia de hidrocarburos impulsado por el Presidente Lá-zaro Cárdenas no corresponde al texto consti-tucional vigente, fruto de reformas posteriores. Por tanto, la recuperación del diseño original cardenista, motivo de la iniciativa que se pre-senta a esa Soberanía, implica necesariamen-te una reforma constitucional.

II. 3. Propuesta de reformas

Dada la situación del sector y la perspectiva que enfrenta, es necesario reformar nuestro marco jurídico para que responda a sus nece-sidades actuales y asegurar con ello el óptimo aprovechamiento de los recursos naturales en beneficio de la Nación.

La propuesta que aquí se presenta es con-gruente y consistente con las ideas fundamen-tales del Presidente Lázaro Cárdenas. Lo es en sustancia, al compartir los principios naciona-listas y modernizadores, y también lo es por la utilización de los instrumentos legales que la re-forma cardenista concibió para la industria, al preverse la colaboración de la iniciativa priva-da mediante formas distintas a la concesión.

El modelo propuesto, al igual que el cardenis-ta, comprende dos esquemas; 1) contratos eficientes para la exploración y extracción celebrados con el Ejecutivo Federal, y 2) par-ticipación de terceros en toda la cadena de valor de los hidrocarburos, a través de autori-zación expresa del Gobierno Federal.

La propuesta de reforma que hoy se somete a consideración: 1) Mantiene la propiedad de la Nación sobre los hidrocarburos en el subsuelo, sólidos, líquidos y gaseosos en todo momento; 2) Mantiene la prohibición de otorgar conce-siones, al basarse en la conducción decidida e irrenunciable de las actividades del sector por parte del Estado, en el entendido de que sólo éste puede disponer de los recursos del subsuelo; 3) Plantea la incorporación de con-tratos, que celebre el Ejecutivo Federal, con organismos y empresas del Estado y/o terceros que permitan expandir y hacer más eficientes

las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, y 4) Autoriza, a partir de permi-sos otorgados por el Ejecutivo Federal, la parti-cipación de terceros en refinación, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarbu-ros sin que se ponga en riesgo la propiedad de nuestros recursos.

Con base en lo expuesto, las reformas propues-tas en materia de hidrocarburos consisten en:

a) Eliminar la prohibición de que el Estado ce-lebre contratos para la explotación de hidro-carburos.

Si bien en su contexto histórico existieron razo-nes para que en 1958 se estableciera que la ex-plotación de la Nación se llevara a cabo sólo a través de Petróleos Mexicanos, la explotación se daba en esa época en condiciones muy diversas a las actuales, partiendo en principio de que se trataba de la explotación conven-cional del petróleo. Sin embargo, como ya se mencionó, el petróleo de fácil acceso se está agotando y cada vez son mayores los desafíos que se enfrentan para su explotación, entre ellos altos riesgos, grandes inversiones, alta ca-pacidad operativa y la necesidad de recursos tecnológicos cada vez más desarrollados.

En el contexto actual, la imposibilidad de que la Nación pueda aprovechar en sus activida-des de exploración y extracción, la participa-ción de particulares, a través de contratos, los cuales podrían aportar precisamente las altas inversiones requeridas, los recursos tecnológi-cos y la experiencia, así como compartir ries-gos, constituye una barrera injustificada que la coloca en desventaja respecto de los demás operadores y que le impide aprovechar en for-ma óptima sus propios recursos en beneficio de los mexicanos.

Por ello, se propone eliminar del artículo 27 constitucional la restricción incorporada en 1960, que le impide al Estado la utilización de contratos en sus actividades de explotación de hidrocarburos, es decir, en su extracción del subsuelo para su aprovechamiento. En este

INICITAIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ART. 27 Y 28

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punto es preciso ser claros. La propiedad de los hidrocarburos del subsuelo es y seguirá siendo de la Nación, por lo que su explotación seguirá estando a cargo de la Nación y en su beneficio, por tanto se conserva la prohibición de otorgar concesiones que confieran derechos sobre nuestros recursos naturales a los particulares.

La eliminación de dicha restricción, genera-rá un marco constitucional idóneo para que, conforme más convenga a los intereses de la Nación, el Estado pueda aprovechar las apor-taciones de terceros para complementar a sus organismos, como lo es Petróleos Mexica-nos, a través de contratos eficientes que ali-neen los incentivos de los contratistas con los del Estado, en las actividades inherentes a la exploración y extracción de dichos recursos, tal y como lo marcaban el espíritu y letra de las reformas realizadas por el Presidente Láza-ro Cárdenas.

México tiene un gran potencial de hidrocarbu-ros, sobre todo en cuencas poco aprovecha-das y con recursos no convencionales, como son las aguas profundas del Golfo de México y el petróleo y gas de lutitas. Esta riqueza en el subsuelo debe aprovecharse para contribuir al desarrollo de la Nación, no existe razón al-guna para que, a diferencia de la mayoría de los países, se limiten los medios a través de los cuales el Estado pueda cumplir con su función de extraer sus propios recursos naturales.

Con la eliminación de esta restricción en la Constitución y manteniendo la reserva de ley prevista, se pretende que la ley reglamentaria determine la forma en que el Estado pueda aprovechar la participación de los sectores social y privado, de modo análogo a las refor-mas cardenistas, a través de contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos en los que puedan pactarse mecanismos de pago en función de los recursos que se obten-gan, mediante compensaciones en efectivo o equivalentes a un porcentaje de los mismos, entre otros, tal como se previó en las reformas cardenistas y atendiendo a las mejores prácti-cas en esta materia.

La política sobre las actividades de explora-ción y extracción de hidrocarburos será dic-tada exclusivamente por el Ejecutivo Federal. Además, el Ejecutivo Federal celebrará con-tratos con organismos y empresas del Estado y con los sectores social y privado, mantenien-do el Estado el dominio sobre los recursos en el subsuelo, sin posibilidad de otorgar derechos a través de concesiones.

Así, se propone retomar en el párrafo sexto del artículo 27 constitucional, en la parte relativa a los hidrocarburos, la reforma impulsada por el Presidente Cárdenas y que estuvo vigente de 1940 a 1960:

“… Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos no se ex-pedirán concesiones y la Ley Reglamentaria res-pectiva determinará la forma en que la Nación llevará a cabo las explotaciones de esos produc-tos...”

Asimismo, se reubica dentro del mismo párrafo sexto del artículo 27 constitucional el mandato, hoy vigente, consistente en que no se otorga-rán concesiones ni contratos respecto de mi-nerales radioactivos, ya que a diferencia de los hidrocarburos, se considera que las activida-des relacionadas con la extracción de dichos minerales, dada su naturaleza y posibles usos, no deben llevarse a cabo por particulares, ni aún bajo la figura jurídica de los contratos.

b) Sustraer de las áreas estratégicas del Estado a la petroquímica básica y dar certeza a ni-vel constitucional para que las actividades de la industria petrolera, tales como el pro-cesamiento de gas natural y la refinación del petróleo, así como el transporte, alma-cenamiento, distribución y comercialización de dichos productos y sus derivados, puedan ser realizadas tanto por organismos del Esta-do, como por los sectores social y privado, a través de permisos que otorgue el Ejecutivo Federal.

Al propiciarse una mayor producción de pe-tróleo crudo y gas natural en el país, es con-

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veniente complementar a Petróleos Mexicanos también en las actividades de refinación, de petroquímica y de transporte, con el fin de que la creciente disponibilidad de hidrocarburos pueda transformarse en un mayor volumen de productos derivados, montos crecientes de inversión y más empleos en el territorio nacional.

Al respecto, el artículo 28 constitucional establece que no constituirán monopo-lios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estraté-gicas de petróleo y demás hidrocarbu-ros, entre otras, es decir, la función de explotar dichos recursos del subsuelo, otorgada en exclusiva a la Nación por el artículo 27 constitucional. Si bien la función exclusiva respecto del petróleo y demás hidro-carburos del subsuelo consiste en su explota-ción, es decir, su exploración y extracción, el artículo 28 constitucional considera también dentro de las áreas estratégicas las funciones que el Estado ejerza en forma exclusiva en pe-troquímica básica.

Por ello, se propone reformar el artículo 28 de la Constitución para suprimir a la petroquímica básica como área estratégica que no consti-tuye monopolio y señalar expresamente que tratándose de petróleo y demás hidrocarburos se estará a lo dispuesto por el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución, ya que es dicha norma la que otorga al Estado la función de explotar los hidrocarburos del subsuelo, con-sistente en el derecho de extraerlos de su re-servorio natural y disponer de ellos, lo que será llevado a cabo en la forma que determine la Ley Reglamentaria.

Con ello se asegura un marco constitucional claro que permitirá, como en el modelo car-denista: a) la celebración de contratos del Ejecutivo Federal con organismos del Estado y/o con particulares en actividades de explo-ración y extracción, y b) que además de los or-ganismos del Estado, los particulares participen directamente bajo esquemas regulados en la

cadena de valor después de la extracción, in-cluyendo el transporte, tanto de los productos obtenidos del subsuelo (petróleo crudo, gas natural y sus líquidos), como de aquellos que son resultado de la transformación (petroquí-micos y refinados), siempre en los términos que establezca la legislación secundaria, a través de permisos que otorgue el Ejecutivo Federal.

Nuestro país ya ha dado pasos en esta direc-ción. Mediante reforma a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 1995, se eliminó del catálogo de actividades que comprende la industria petrolera a cargo en forma exclu-siva del Estado, el transporte, almacenamien-to y distribución de gas metano y licuado de petróleo, quedando únicamente como activi-dades estratégicas las necesarias para interco-nectar su explotación y procesamiento. Así, el transporte, almacenamiento y distribución de gas metano y licuado de petróleo se transfor-maron de actividades exclusivas del Estado en actividades que pueden llevar a cabo los par-ticulares mediante permiso.

En la misma dirección, Brasil, Colombia y No-ruega, tienen esquemas de participación de terceros en actividades de transformación y transporte, lo cual ha permitido a los consu-

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midores de esos países tener una oferta cada vez mayor de combustibles e insumos para sus actividades.

Corresponderá a la ley determinar las condi-ciones bajo las cuales puedan concederse permisos a los particulares para llevar a cabo estas actividades, así como la regulación a la que estarán sujetos en su operación, por su in-terés para la Nación.

En conclusión, la reforma que se somete a la consideración de esa Soberanía en materia de hidrocarburos consiste en retomar el mar-co jurídico promovido por el Presidente Lázaro Cárdenas del Río, que fortaleció los derechos de la Nación sobre sus recursos naturales, al mismo tiempo que previó instrumentos para aprovechar la participación de los particula-res en el desarrollo de sus funciones exclusivas –extracción de los hidrocarburos del subsuelo para su aprovechamiento– así como la parti-cipación directa de los mismos en las demás actividades de la industria petrolera.

Finalmente, bajo el esquema propuesto se plantea el fortalecimiento de Petróleos Mexi-canos y redefinir su relación con el Estado mexicano, pasando de una visión estrecha como generador de ingresos públicos en el corto plazo, a una de perspectiva amplia y

de largo plazo. El nuevo régimen fiscal para Pemex que se propon-drá como parte de la Reforma Hacendaria será consistente con este cambio de enfoque.

Hoy en día, el régimen fiscal de Pemex está sustentado en un es-quema de derechos rígidos, los cuales se determinan sin reco-nocer plenamente las necesida-des de inversión de la empresa. En otros países, como Brasil, Co-lombia y Noruega, las empre-sas petroleras nacionales pagan contribuciones más moderadas que las que hoy en día paga Pe-mex y luego, dependiendo de la rentabilidad de la inversión, se

decide de forma más flexible si el remanente se reinvierte en la propia empresa o se transfie-re a la hacienda pública.

La propuesta que se incluirá en la reforma hacendaria estará alineada con la necesi-dad que tiene Pemex de ser más flexible para conseguir mejores resultados. Ello implicará un cambio de paradigma con dos componentes esenciales: primero, un pago de derechos más bajo que en la actualidad y, segundo, el re-manente de ese pago de derechos podrá ser reinvertido en la empresa o una parte podrá ser transferida al presupuesto como si fuera un dividendo que podrá emplearse para gasto en escuelas, hospitales, infraestructura de agua o carreteras. Este nuevo esquema hará que Pe-mex tenga un tratamiento fiscal comparable al de otras empresas petroleras en el resto del mundo. El régimen propuesto, a diferencia del actual, alineará los incentivos entre Pemex y el Gobierno Federal, al mismo tiempo que le per-mitirá a la empresa ser más competitiva.

II. 4. Beneficios esperados

La inversión y los recursos fiscales que se obtengan de concretarse las reformas pro-puestas, permitirán a México consolidar un modelo de hidrocarburos sostenible en el

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largo plazo, pensando en el bienestar de futuras generaciones. Así, con la reforma se plantean los siguientes objetivos de la políti-ca de hidrocarburos:

1. Lograr tasas de restitución de reservas proba-das de petróleo y gas superiores al 100%. Ello significa que el incremento de la producción estaría acompañado del descubrimiento de igual o mayor volumen de reservas.

2. Incrementar la producción de petróleo, de 2.5 millones de barriles diarios actual-mente, a 3 millones en 2018, así como a 3.5 millones en 2025.

3. En el caso del gas natural, la producción aumentaría de los 5 mil 700 millones de pies cúbicos diarios que se producen actual-mente, a 8 mil millones en 2018, así como a 10 mil 400 millones en 2025.

Adicionalmente, la reforma propiciará una mayor integración en la cadena de valor a partir de la extracción de los hidrocarburos, lo que permitirá un abasto suficiente de gasoli-nas, gas metano y gas licuado de petróleo, a precios competitivos.

El incremento en la inversión y la producción incidirá favorablemente en el crecimiento del Producto Interno Bruto y en la generación de empleos, al mismo tiempo que permitirá la ob-tención de recursos fiscales adicionales, que se destinarán fundamentalmente a las siguientes actividades, enfocadas a mejorar la calidad de vida de la población e incrementar la com-petitividad de nuestro país:

(i) Fortalecer nuestro sistema de seguridad social para abatir decididamente a la pobreza extrema y crear mecanismos de redistribución eficaces, combatiendo al hambre y mejorando los servicios de salud pública. Los ingresos fiscales adicionales servirán para que los grupos más vulnera-bles tengan la oportunidad de desarro-llarse, mejorar sus condiciones de vida y contribuir a la competitividad del país.

(ii) Formar a las nuevas generaciones con educación de calidad y desarrollar ca-pacidades profesionales. Así, nuestro país podrá aprovechar su bono demográfico y generar un número creciente de trabaja-dores de alta especialidad técnica. Ade-más, se impulsará el desarrollo tecnológico nacional, dirigiendo claramente los esfuer-zos a obtener soluciones acordes con los nuevos retos geológicos.

(iii) Invertir en infraestructura, para generar un desarrollo incluyente y distribuido para alcanzar todos los rincones del país. Aero-puertos, carreteras y caminos, entre otros activos, serán construidos pensando en el bienestar y productividad de futuras gene-raciones. Un enfoque federalista permitirá alcanzar los mejores resultados de inclu-sión y transmisión de los beneficios.

III. ENERGÍA ELÉCTRICA

III. 1. Situación del sector eléctrico

a) Marco institucional

Una sociedad moderna con oportunidades para todos no puede concebirse sin el ac-ceso a fuentes de energía confiables, limpias y a precios competitivos. En México mientras que las poblaciones de más de 100 mil habi-tantes registran una electrificación superior al 99%, en las localidades más pequeñas y mar-ginadas de menos de 2,500 habitantes esta cifra es de 93.5%. Actualmente, se tienen pendientes por electrificar a cerca de 43,000 localidades, lo que representa a más de 2 millones 200 mil mexicanos. La erradicación de la pobreza energética es un elemento de alto impacto para alcanzar el desarrollo hu-mano. Por ello, uno de los objetivos principa-les de esta reforma es promover un desarrollo incluyente en México. Para que la transfor-mación del sector energético beneficie a to-dos los mexicanos, se requiere establecer el acceso universal a la energía eléctrica como una prioridad fundamental de la política energética.

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Con una cobertura de 98%, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se acerca al cumplimien-to de su misión original. No obstante, crecen los reclamos de la sociedad por los altos costos de la energía eléctrica. Esta situación se da en un contexto en el que las finanzas de la Comisión se han tornado endebles.

En el año 2012, la empresa presentó un déficit financiero de 77 mil millones de pesos. Si bien una parte del déficit se subsanó con la exen-ción del pago del aprovechamiento por el uso de patrimonio del Estado, la CFE tuvo que ab-sorber 33.4 mil millones de pesos mediante de-crementos de su patrimonio. Estos resultados se van agravando: en los primeros seis meses de 2013, el patrimonio de la empresa disminuyó en 35 mil millones de pesos; cifra superior a la registrada en todo el año anterior. De acuerdo con estimaciones de la propia Comisión Fede-ral de Electricidad, de continuar las tendencias actuales, el patrimonio neto de la empresa será negativo al cierre de 2014.

Por otra parte, las tarifas de la CFE no son com-petitivas a nivel internacional. Una compa-ración con nuestro principal socio comercial muestra que, aún con subsidio, en promedio nuestras tarifas son 25% superiores a las de los Estados Unidos de América, con diferencias mayores en segmentos clave de la industria y el comercio. Estos precios representan un freno a la economía mexicana. Respecto de las tari-fas residenciales en el primer trimestre de 2013, las tarifas de la CFE fueron 14% menores a las equivalentes en Estados Unidos. Esta cifra com-prende la tarifa Doméstica de Alto Consumo, que no cuenta con subsidio y es 149% mayor a la tarifa residencial promedio de ese país, así como las tarifas residenciales subsidiadas, que son 24% menores al equivalente en Estados Unidos, resultado que se logra con un enorme sacrificio de las finanzas públicas: el monto del subsidio asignado de 57 mil millones de pesos en el primer semestre de 2013 fue cercano al 0.75 por ciento del Producto Interno Bruto en el mismo periodo. No obstante, las tarifas eléc-tricas representan una proporción importante del gasto de las familias.

Dado que los resultados financieros de la CFE no son sostenibles y que el alza de tarifas no es una opción para restaurar la salud financiera de la empresa, es indispensable reducir los cos-tos de producción. El análisis de cada segmen-to de la industria eléctrica nacional permite identificar áreas de oportunidad significativas para incrementar y distribuir eficiencias y lograr ahorros que redunden en beneficio de la so-ciedad. Para ello, es necesario considerar el entorno en el que se desenvuelve la CFE.

Actualmente, México cuenta con una capaci-dad efectiva de 63 Gigawatts. De dicha capa-cidad, cerca del 64% es operada por la CFE y el 36% restante por terceros bajo los esquemas de Productor Independiente de Energía Eléctri-ca (PIE), autoabastecimiento, cogeneración, pequeña producción, exportación y usos pro-pios.

La creciente participación del sector privado nacional y extranjero en la generación eléctri-ca es resultado de las reformas a la Ley del Ser-vicio Público de Energía Eléctrica, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de di-ciembre de 1992, las cuales permitieron la par-ticipación de terceros en aquellas actividades que no se consideraran servicio público. Me-diante la creación de la Comisión Reguladora de Energía, se estableció un marco regulatorio que ha ido adecuando la reglamentación, to-mando en cuenta los cambios tecnológicos y las demandas de la industria eléctrica nacio-nal.

La apertura limitada a la participación privada ha permitido a los actores privados contribuir a brindar seguridad energética al país, así como ofrecer mejores tarifas a sus clientes. Sin embar-go, el esquema actual se está agotando y los beneficios no están siendo distribuidos a toda la sociedad. Adicionalmente, las condiciones a las que está sujeta la CFE no le han permitido competir en igualdad de circunstancias para captar y mantener a los clientes más rentables, que son los grandes usuarios.

b) Energías limpias

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Aunado a lo anterior, se tiene el objetivo de avanzar en la transición energética. En 2012, se aprobó la Ley General de Cambio Climático, en la cual el país establece como meta la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en 30% para el año 2020 y 50% para el 2050, en relación con la línea base de emisiones del año 2000. Dicha Ley es pre-cisa en cuanto a la contribu-ción que se espera del sector energético, particularmente de la industria eléctrica, la cual deberá promover que al menos 35% de la generación eléctrica del país provenga de fuentes limpias en 2024, y que además se cumpla con lo dispuesto en la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y Financiamiento de la Transición Energética y la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

La CFE tiene por mandato generar energía al menor costo, por lo que históricamente su ope-ración ha privilegiado plantas de generación a base de combustibles fósiles; es decir, ter-moeléctricas, carboeléctricas, duales y ciclos combinados de gas natural. Si bien a partir de los años noventa, la CFE incrementó significati-vamente la generación a base de ciclos com-binados de gas natural, en 2012 el 20.7% de la generación para el servicio público se basó en tecnología convencional que consume com-bustóleo o diésel, que son de cuatro veces a seis veces más caros que el gas natural y tie-nen mayor impacto ambiental.

Se estima que la sustitución de combustóleo por gas natural produciría ahorros sustanciales. Sin embargo, bajo el marco jurídico actual, la CFE ha enfrentado diversas dificultades a la sustitución de esta capacidad debido a sus propias restricciones de planeación, financia-miento y ejecución de proyectos. En los últimos tiempos, el desabasto de gas natural que ha

sufrido el mercado interno ha obligado a la CFE a sustituir gas natural por combustóleo lo que ha tenido un impacto financiero de 18.9 miles de millones de pesos en 2012 y de 8.4 mi-les de millones de pesos en el primer cuatrimes-tre de 2013.

Una matriz energética más limpia y diversifica-da es una condición necesaria para cumplir con los objetivos de mitigación del cambio cli-mático, tener mayor flexibilidad en generación y poder disminuir los costos. México es un país privilegiado por la diversidad de sus recursos naturales. Nuestra Nación cuenta con un gran potencial en materia de energías renovables, particularmente en energía eólica, geotérmi-ca, hidráulica y mini hidráulica, biomasa y so-lar.

Nos encontramos ante una gran oportunidad para aprovechar estos recursos energéticos, tal y como lo han hecho otros países. En 2012, China, Estados Unidos y la India contaban con una capacidad instalada de genera-ción a base de energías renovables, sin incluir hidroeléctricas, de 90, 86 y 24 Gigawatts, res-pectivamente, mientras que México alcanzó apenas 2.4 Gigawatts. A pesar de los esfuerzos, en 2012, la participación de energías no-fósi-

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les en el Sistema Eléctrico Nacional fue apenas de 18.3% de la energía generada, siendo que la meta a alcanzar al 2024 es de 35%. Cabe destacar que en otras latitudes el impulso a las energías renovables se ha visto acompañado por una importante generación de empleos. Entre 2009 y 2012, la creación de “empleos lim-pios” directos e indirectos sumó 1.7 millones en China, 611 mil en Estados Unidos y 350 mil en la India. A nivel mundial, se calcula que de 2006 a 2012 los empleos en la industria de energías renovables, excluyendo a los biocombustibles, pasaron de 1.3 a 4.4 millones.

El Sistema Eléctrico Nacional debe contar con un diseño adecuado para permitir e impulsar el aprovechamiento de las energías renovables. La Comisión Federal de Electricidad fue diseña-da para responder a la necesidad urgente de

electrificar al país e integrar al sistema. Esta vo-cación de origen fue muy exitosa para avanzar en esos objetivos, adoptando un modelo basa-do en grandes plantas de generación termoe-léctrica. Sin embargo, la organización industrial que corresponde a este modelo no tiene la fle-xibilidad necesaria para integrar de manera efi-ciente las energías renovables a gran escala ni la generación distribuida.

La reforma tiene como uno de sus objetivos el corregir las limitaciones del modelo actual para agregar capacidad de energías renova-bles a gran escala mediante la creación de un mercado competitivo de generación, adminis-trado por el Estado a través de un operador independiente, y el establecimiento de certifi-cados de energías limpias.

c) Red nacional de transmisión y distribución

Un elemento fundamental para dar mayor agilidad al sistema eléctrico nacional es la red nacional de transmisión, la cual debe ser modernizada y ampliada. Es necesario incre-mentar la densidad del mallado eléctrico y su capacidad a fin de fortalecer la confiabilidad e integrar las energías renovables a gran escala. Para ello, será necesario resarcir el rezago de in-versión existente en este rubro que se deriva en gran parte de una planeación que no toma en cuenta la generación privada ni las posibilida-des de las regiones de alto potencial renovable.

Actualmente, el 47% de las líneas de transmi-sión de la CFE tiene más de 20 años de anti-güedad. En los últimos 5 años, se ha construido únicamente el 8% de las líneas de transmisión existentes. La CFE tiene programada una ex-pansión del 1.1% anual de la red de transmi-sión, entre 2013 y 2026, periodo en el cual se pronostica un crecimiento de 4.1% anual de la demanda máxima. Este programa de ex-pansión requerirá una inversión del orden de 244 mil millones de pesos, sin embargo no es suficiente para atender la demanda esperada eficientemente y con la participación de ener-gías limpias. Para generar un mercado compe-titivo con acceso a transmisión para los nuevos

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proyectos de energías limpias, es imperativo que la red de transmisión se expanda por enci-ma del crecimiento de la demanda.

Las mejores prácticas internacionales desta-can la importancia de contar con una entidad independiente que realice la planeación y la operación de la red de transmisión, así como el despacho de la energía, es decir, que contro-le la operación del Sistema Eléctrico Nacional. Actualmente, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Ni-caragua, Panamá, Perú, el Salvador y Uruguay tienen un mercado eléctrico con un operador independiente, al igual que la mayoría de los países de la OCDE.

En este esquema, el operador del sistema recibe las solicitudes de interconexión de to-dos los proyectos de generación, indepen-diente de su promotor, y propone las obras requeridas de manera que se optimice para todo el sistema. Asimismo, en la operación del mercado, asegura que los recursos más baratos se despachen primero, minimizando las barreras a la participación para todos los generadores y ampliando los beneficios para los consumidores. El operador estatal inde-pendiente es un elemento fundamental para asegurar el acceso abierto y equitativo a la red de transmisión, permitiendo que los me-jores proyectos de generación puedan sumi-nistrar su producto.

En el segmento de distribución, existe una oportunidad importante de reducir costos y mejorar las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad mediante la reducción de las pérdidas de energía. En 1992, las pérdidas de distribución de la CFE eran de 10%, eleván-dose a 15.3% a finales de 2012. La cifra co-rrespondiente a los países industrializados se ubicaba en un rango de 3% a 8% en el año 2010. Por lo tanto, se estima que una reorien-tación del segmento de distribución, con un enfoque en la reducción de pérdidas, podría resultar en ahorros cercanos al 10% en los cos-tos de generación de la CFE hacia finales de la presente década.

La organización de la industria eléctrica con-cebida a principios del siglo XX plantea un enorme reto para armonizar los objetivos de electrificación y abasto a precios competiti-vos, con el establecimiento de mecanismos adecuados de sostenibilidad y protección del medio ambiente. En materia de electricidad, esta reforma tiene como propósito reducir los costos de producción y las pérdidas técnicas y no técnicas a fin de disminuir las tarifas eléc-tricas y prevenir la pérdida de patrimonio y descapitalización de la CFE, así como diversifi-car la matriz de generación para hacerla más limpia y flexible. Ello permitirá aprovechar con mayor eficiencia el portafolio de recursos con el que cuenta el país, al tiempo que facilitará el cumplimiento de los objetivos de mitigación del cambio climático y desarrollo sostenible que México se ha planteado, y propiciará la generación de cadenas productivas y em-pleos de calidad.

III. 2. Marco jurídico

La historia de las reformas cardenistas ilustra la forma ejemplar en que el Estado mexicano ha sabido anticipar y sentar las bases institu-cionales para responder a los grandes retos del desarrollo de nuestra industria eléctrica. Aun cuando el nivel de desarrollo del sector eléctrico mexicano era incipiente compara-do con el actual –durante la administración cardenista menos de la tercera parte de la población mexicana contaba con servicio eléctrico- varios de los retos que enfrentaba la industria eléctrica del periodo eran similares a los que tenemos actualmente: incrementar la cobertura, reducir el costo del servicio, desa-rrollar una regulación industrial eficiente con bases técnicas y económicas sólidas, y sujetar al interés general el desarrollo de un sector en el que concurren participantes públicos y pri-vados.

Ya desde el Decreto que autoriza al Ejecutivo Federal la creación de la Comisión Federal de Electricidad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 1934, se delinea-ban dos objetivos básicos de la acción estatal

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en el sector eléctrico, a saber: el suministro de la energía eléctrica a precios reducidos y que el sistema de distribución de dicha energía se ramifique en nuestro territorio.

El Presidente Lázaro Cárdenas tuvo la visión de establecer las bases institucionales y consoli-dar los principios fundamentales que servirían de guía para el desarrollo posterior del sec-tor. En la Ley que crea la Comisión Federal de Electricidad publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 1937, el Pre-sidente Cárdenas –quien la expidió en uso de facultades extraordinarias– buscó utilizar a ese instrumento del Estado para dirigir y organizar “un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, basado en princi-pios técnicos y económicos”, y “con la finalidad de obtener con un costo mínimo, el mayor rendimien-to posible en beneficio de los intereses generales.”

Con la publicación posterior en el Diario Ofi-cial de la Federación de la Ley de la Industria Eléctrica el 11 de febrero de 1939, el gobierno cardenista produjo el que –hasta entonces– sería el más complejo cuerpo normativo en la materia. Con esta Ley se refrendó el compro-miso del Estado mexicano con la creación de un sistema nacional basado en la regulación estatal de las actividades de particulares, así como en la participación directa del Estado, a través de la Comisión Federal de Electricidad, en el desarrollo de las actividades de la indus-tria eléctrica.

En su tiempo y circunstancia, la Ley de la Indus-tria Eléctrica de 1939 fue una Ley avanzada, orientada a estimular el desarrollo de la indus-tria eléctrica, con participación pública y de terceros, y a garantizar el mejor aprovecha-miento del recurso natural y el mayor beneficio social. En ese cuerpo normativo se preveían obligaciones de interconexión y contabilidad separada, esquemas normativos dirigidos a tutelar los intereses de los consumidores, y fa-cultades regulatorias fuertes para las autorida-des, cuestiones técnicas y económicas básicas para el desarrollo competitivo de una industria eléctrica con participación pública y privada.

No obstante, en la década de los cincuenta factores como la falta de inversión privada para el desarrollo del sector, posturas que ape-laban a una ineficacia burocrática de los ór-ganos de regulación y un inadecuado nivel de tarifas eléctricas, llevaron al Gobierno Federal a considerar que se ponía en peligro el futu-ro de la industria eléctrica. Es hasta 1960 que se reformó el artículo 27 constitucional, con el objeto de establecer que corresponde exclusi-vamente a la Nación generar, conducir, trans-formar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público y señalar que en esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos na-turales que se requieran para dichos fines.

De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa que dio lugar a esta reforma, ésta fue resultado de la necesidad de incrementar la oferta de energía eléctrica para atender las crecientes demandas en la agricultura, en la industria, en las comunicaciones y transportes, así como en las diversas actividades económi-cas de la población urbana y rural, además de considerar necesario aprovechar adecuada-mente los recursos naturales de que dispone la nación y todos los elementos básicos que re-quiere su integración económica. Este marco jurídico correspondía también a la tendencia internacional del momento en el que la inte-gración vertical y horizontal de la industria per-mitía mayores economías de escala.

III. 3. Propuesta

Como en el caso de los hidrocarburos, la pro-puesta de reforma al sector eléctrico es con-gruente con las ideas fundamentales que guiaron la acción del Presidente Cárdenas: 1) Responde al imperativo fundamental de reducir los costos del servicio eléctrico en beneficio de los intereses generales; 2) Sienta las bases para la organización de un sistema eléctrico nacio-nal basado en principios técnicos y económi-cos; 3) Plantea el desarrollo del sector basado en la participación conjunta de la Comisión Federal de Electricidad y de particulares, y 4)

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Fortalece las faculta-des del Estado para regular el desarrollo del sector e imponer a los participantes obligaciones de in-terconexión, tarifas, servicio universal y electrificación.

En el espíritu de las reformas cardenis-tas, los cambios que se plantean para el sector eléctrico es-tán basados en el conocimiento téc-nico de la organiza-ción de la industria eléctrica, son cam-bios responsables que se orientan a fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y, a la vez, son respetuosos de la propiedad y de la inicia-tiva privada, se inspiran en una preocupación social que busca utilizar y complementar los esfuerzos públicos y privados en beneficio del interés general. Adicionalmente, y al igual que en el caso de las reformas en materia de hidro-carburos, esta propuesta integra los avances tecnológicos que permiten hoy en día formas más eficientes de organización industrial, im-posibles de imaginar hace apenas unos años.

Es importante señalar que a diferencia de los hidrocarburos, la electricidad no es un recurso natural, por lo que el interés del Estado no es la propiedad sobre la energía, sino que dicha energía llegue a mejores precios a las familias mexicanas e impulse la competitividad del país. Por lo tanto, la reforma que se somete a consideración de esa

Soberanía plantea abrir un mercado de gene-ración para disminuir los costos sin que el Esta-do pierda la rectoría en el control del sistema eléctrico nacional y la exclusividad de transmitir y distribuir la energía como un servicio público indispensable para la productividad nacional y el bienestar social. Permitir la generación de

energía eléctrica por parte de particulares, faci-litará dar a los mexicanos y a los sectores públi-co, privado y social energía más barata.

Por lo expuesto, en materia de electricidad, la iniciativa de reforma constitucional pretende generar un marco constitucional idóneo para que, en atención al interés general, se desa-rrolle un sistema eléctrico nacional basado en principios técnicos y económicos, impulsado conjuntamente por la CFE y por particulares, bajo la conducción del Estado, tal y como lo marcaba el espíritu de las reformas legales rea-lizadas por el Presidente Lázaro Cárdenas.

En consonancia con las leyes del periodo car-denista, se trata de una reforma cuyo fin último es reducir los costos y elevar la productividad y eficiencia del sistema eléctrico, de tal manera que se disminuyan las tarifas eléctricas en be-neficio de la población y de la industria.

Con las reformas propuestas se pretende esta-blecer las bases constitucionales para prever en la legislación secundaria un modelo que se sustenta en los siguientes elementos básicos, que garantizan tanto el desarrollo del sistema eléctrico nacional como el control del Estado sobre dicho sistema:

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a) Se reserva al Estado el control del sistema eléctrico nacional, asegurando que el de-sarrollo de las centrales eléctricas de gene-ración, de la red nacional de transmisión y de las redes generales de distribución tenga lugar de manera eficiente y armó-nica, que responda a las necesidades de todos los participantes, públicos y privados y atienda los intereses fundamentales de los usuarios. Lo anterior permitirá que, confor-me a las mejores prácticas internacionales, se garantice un despacho eléctrico eficien-te de la energía generada por las centrales eléctricas, bajo principios de imparcialidad e independencia, aprovechando la ener-gía de menor costo en beneficio de los usuarios. Del mismo modo, el Estado con-tará con las facultades necesarias para regir la expansión de las redes de transmi-sión y distribución y, en general, para in-tervenir conforme a las mejores prácticas internacionales y asegurar la confiabilidad, calidad, continuidad, sostenibilidad y efi-ciencia del suministro del servicio eléctrico a la población.

b) Se mantiene la titularidad del Estado sobre los servicios de transmisión y distribución eléctrica, a la vez que se reitera su carácter de servicio público. Bajo este marco consti-

tucional la red de transmisión y las redes de distribución de la Comisión Federal de Elec-tricidad que actualmente se encargan de proveer estos servicios públicos, se man-tendrán bajo propiedad del Estado. Adicionalmente, la nueva redacción constitucio-nal permitirá, conforme a las bases que se establezcan en las leyes, que dicha Comisión celebre contratos con parti-culares. De esta manera, la ti-tularidad de esas actividades a cargo del Estado no será obstáculo para que su orga-nismo operador pueda auxi-liarse de terceros para lograr

los fines del servicio público.

Este esquema incentiva la productividad, la competencia y la reducción de costos en be-neficio de la industria y de los usuarios del servi-cio eléctrico. En esta iniciativa tanto el control del sistema eléctrico nacional como la propie-dad de las centrales y las redes de transmisión y distribución de la Comisión Federal de Electri-cidad –que hoy son públicas– se mantienen en manos de la Nación.

III. 4. Beneficios esperados

El modelo promueve la eficiencia en la pro-gramación y desarrollo de proyectos de gene-ración, por lo que el primer resultado que se espera de la reforma es que la generación sea más eficiente, limpia y económica. Con este cambio, será posible acelerar la sustitución de generación de combustóleo y diésel, que ac-tualmente representa el 20.7% de la genera-ción para el servicio público y más del 21% de la generación del Sistema Eléctrico Nacional, por generación limpia y de gas natural, lo que permitirá reducir costos.

La creación de un mercado competitivo de capacidad y energía, junto con un proceso de interconexión que aumente la transparencia y

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NACIONAL

eficiencia en el otorgamiento de acceso a la red de transmisión, permitirá que haya múltiples desarrolladores responsables del aumento de capacidad, colocando a la CFE en condicio-nes de competir y otorgándole incentivos para hacer más eficientes sus propios procesos.

Por otro lado, la reforma brindará certidumbre jurídica a los proyectos de participación priva-da mientras que el mercado les dará mayor seguridad económica. Lo anterior permitirá re-ducir el costo de financiamiento de los proyec-tos privados y, por ende, el costo que pague el usuario final.

En la estructura actual del sector, la ausencia de un mercado que permita vender capaci-dad y energía a clientes distintos a la CFE ha aumentado el riesgo de inversión en el sector y ha concentrado los beneficios de la partici-pación privada en pocos actores, lo que se ha traducido en costos económicos y financieros que se trasladan a los usuarios finales.

Una vez que se establezca un entorno de re-glas claras y seguras para la inversión y la par-ticipación privada, se acelerará la sustitución de combustóleo por energías limpias y gas natural. Asimismo, la CFE podrá competir por los grandes usuarios, propiciando aún más las eficiencias y con ello la reducción de las tarifas eléctricas.

Un segundo resultado positivo será dar garan-tías de acceso y uso no discriminatorio, en tér-minos eficientes, a la red de transmisión, como resultado de la nueva regulación operativa prevista para el Sistema Eléctrico Nacional. Las reformas posibilitarán el desarrollo de nue-vos proyectos de inversión en el sector eléc-trico mexicano, particularmente proyectos de energías limpias. La experiencia internacional muestra que el desarrollo de nuevos proyec-tos de generación requiere certidumbre en el acceso a la red de transmisión, así como tari-fas de porteo transparentes establecidas con base en criterios de eficiencia económica. Lo anterior se beneficia de la imparcialidad y calidad técnica del operador del sistema

eléctrico, cualidades que evitan los posibles conflictos de interés que podrían presentarse de haber una identificación entre el controla-dor de la red de transmisión y el titular de las centrales.

Con un despacho eléctrico operado por un or-ganismo público de manera imparcial e inde-pendiente y con tarifas de porteo transparentes fijadas de manera eficiente, se mandarán las señales correctas para que el sistema eléctri-co aproveche la energía de menor costo en beneficio de sus usuarios. Sobre estas bases, se profundizará el cambio tecnológico puesto en marcha en el sector eléctrico, se propiciarán nuevas inversiones, se mejorarán las posibilida-des de que el país alcance en tiempo y forma sus metas en materia de reducción de emisio-nes de gases de efecto invernadero, y se propi-ciarán menores tarifas eléctricas en beneficio de la población.

Un tercer resultado positivo de la reforma en el sector eléctrico se producirá como consecuen-cia de las leyes que impongan obligaciones en materia de energías limpias, competencia y servicio público y universal. La posibilidad de que las leyes establezcan obligaciones espe-ciales en materia de competencia asegurará que el proceso competitivo avance de ma-nera correcta y sin distorsiones indebidas. Por su parte, los usuarios del sistema eléctrico se beneficiarán del establecimiento de obliga-ciones particulares que aseguren que los fines del servicio público y universal se sostengan, y puedan recibir el apoyo de los nuevos partici-pantes privados.

La experiencia internacional muestra que puede haber una reducción significativa de pérdidas de 10% o más en distribución como resultado de la reestructuración del sector. Con base en las experiencias en varios países de América del Sur, se espera que la reforma permita reducción de pérdidas para la CFE a los estándares internacionales en un periodo de 5 a 8 años, mediante la implementación de un esquema de regulación basado en re-sultados.

48 SEPTIEMBRE 2013

Cabe señalar que se estima que estas reduc-ciones producirán ahorros importantes a finales de esta década, lo cual repercutirá en tarifas eléctricas menos gravosas para los usuarios. En el caso de la CFE, uno de los retos más impor-tantes que afrontamos es revertir el deterioro creciente del patrimonio del organismo. El mo-delo propuesto en la presente iniciativa apun-ta en esa dirección.

Finalmente, se prevé que el Congreso de la Unión establezca la legislación secundaria que permita la aplicación efectiva de las reformas, mismas que determinarán el régimen jurídico bajo el cual podrán participar los sectores pú-blico, social y privado en las actividades en que sea permitido.

En suma, la reforma que se somete a conside-ración de esa Honorable Asamblea tiene por objeto dotar al Estado mexicano de un mar-co constitucional que responda a los retos que enfrenta nuestro país en materia energética, que, al mismo tiempo que mantiene intactos sus derechos de propiedad y rectoría, le permi-tirán el mejor aprovechamiento de sus recursos naturales y la participación de los sectores so-cial y privado en actividades productivas. Se trata, como se ha señalado, de una iniciativa que pretende retomar las reformas impulsadas

en esta materia por el Presidente Lázaro Cár-denas, a efecto de lograr mejores precios en los energéticos en beneficio de los mexicanos y de nuestra economía.

De merecer la aprobación del Constituyente, corresponderá al Congreso de la Unión ex-pedir la legislación secundaria que desarrolle los mecanismos necesarios para concretar los objetivos planteados y que garanticen que las actividades de la industria se lleven a cabo bajo los principios de desarrollo incluyente, la transparencia, sustentabilidad y protección al medio ambiente.

Por todo lo anterior, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71 de la Constitu-ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de esa Sobera-nía, la siguiente iniciativa de

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍ-CULOS 27 Y 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el párrafo sexto del artículo 27 y el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

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NACIONAL

Artículo 27. …......... 27... En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Na-ción es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamien-to de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades cons-tituidas conforme a las leyes mexica-nas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunica-ciones, que serán otorgadas por el Ins-tituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a par-tir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancela-ción de éstas. No se otorgarán concesiones ni contratos respecto de minerales radioactivos. El Gobierno Federal tiene la facultad de es-tablecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos no se expedirán concesiones y la Ley Reglamentaria respectiva determina-rá la forma en que la Nación llevará a cabo las explotaciones de esos productos. Corres-ponde exclusivamente a la Nación el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en dichas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que podrán participar en las demás activi-dades de la industria eléctrica.

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Artículo 28. ………

No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las si-guientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radioactivos y genera-ción de energía nuclear; y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía sa-télite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la so-beranía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el domi-nio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia. Tratándose de electricidad, petróleo y demás hidrocarburos, se estará a lo dispuesto por el artículo 27 párrafo sexto de esta Constitución....... 28...

INICITAIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ART. 27 Y 28

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TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Ofi-cial de la Federación.

Reitero a Usted Ciudadano Presidente, la segu-ridad de mi consideración más atenta y distin-guida.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, a 12 de agosto de 2013.

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOSUNIDOS MEXICANOS

ENRIQUE PEÑA NIETO

51EXAMEN

sistimos hoy a una reunión de la ma-yor trascendencia en la cual sesiona la Comi-sión Política Permanente de nuestro Partido, el Revolucionario Institucional, para considerar la iniciativa del Presidente Enrique Peña Nieto y expresarle nuestro respaldo, su apoyo para la propuesta de modificación de las leyes que ri-gen el desarrollo de la energía en México.

Esta iniciativa es una de las más importantes de los últimos años en México.

El Partido le expresa su solidaridad al Presiden-te, porque la iniciativa de reforma a los artí-

Francisco Labastida Ochoa

culos 27 y 28 constitucionales es totalmente congruente con las modificaciones a los esta-tutos que previamente nuestro Partido había realizado, y por su firme decisión de enfrentar y resolver los problemas más importantes del país.

La iniciativa del Presidente Enrique Peña man-tiene la propiedad de la nación sobre los hidro-carburos y las grandes empresas energéticas: Pemex y CFE. Ni hay concesiones ni contratos de riesgo. El petróleo y el gas son y seguirán siendo de los mexicanos. Pemex y CFE seguirán siendo de los mexicanos.

Amigo César Camacho Quiroz, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro Partido.

Muy queridos amigos senador Emilio Gamboa Patrón y diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, coordinadores de los senadores y diputados federales de nuestro partido.

Amiga Ivonne Ortega, Secretaria General de nuestro Partido; Senador Gerardo Sánchez García, Presidente de la CNC; Diputado Carlos Aceves del Olmo, en representación del Secretario General de la CTM; Senadora María Cristina Díaz Salazar, Secretaria General de la CNOP.

Muy distinguidos señores gobernadores;

Muy distinguidos presidentes municipales;

Amigos todos:

Doce puntosR E F O R M A

E N E R G É T I C Asobre la

DOCE PUNTOS SOBRE LA REFORMA ENERGÉTICA

52 SEPTIEMBRE 2013

La iniciativa de reforma constitucional evita dar concesiones, pero crean nuevos instru-mentos que permiten fomentar la inversión y la tecnología de punta.

Pemex podrá asociarse para explotar áreas como la extracción del petróleo en aguas ul-tra-profundas y el gas shale.

La iniciativa sienta las bases para mejorar la si-tuación actual. No es conveniente para la na-ción ni para los mexicanos que sólo el 16 por ciento del petróleo localizado en el subsuelo se haya extraído, no es conveniente que importe-mos la mitad de las gasolinas, que importemos más de 15 mil millones de dólares de petroquí-mica y la tercera parte del gas que consumi-mos, y es inaceptable que ocurra cuando el país tiene hidrocarburos muy cuantiosos que se pueden producir.

La reforma constitucional es indispensable pero no suficiente, después habrá que trabajar en las leyes secundarias y en los reglamentos.

En mi opinión deberán tener Pemex y CFE ma-yor flexibilidad de operación. Hay que darle certidumbre a las empresas privadas, pero también a las públicas.

Parte importante en la reforma debe ser, estoy seguro, el fortale-cimiento de Pemex y de CFE.

Los cambios darán instrumentos muy poderosos, de gran fuerza, que nos permitirán como nación avances muy importantes. Cito sólo algunos de ellos.

Primero, romper la tendencia a que la producción petrolera dis-minuya; tener seguridad energé-tica y lograr que aumenten los recursos públicos para atender la educación, la salud de los mexi-canos, su seguridad, la construc-ción de infraestructura.

Segundo, reducir las pérdidas en refinación y hacer a la industria más eficiente. Las seis refinerías de Pemex tienen capacidad para procesar más de un millón 600 mil barri-les por día, sólo producen entre un millón 100 y un millón 200. Invertir más en ellas y operarlas mejor pueden reducir notablemente la impor-tación de gasolinas.

Tercero, impulsar la producción nacional de bienes para el sector energético, potenciando así el empleo en el país.

Cuarto, impulsar la producción de gas de lu-titas, el shale gas, recurso natural muy abun-dante en México al grado de considerar que podemos tener existencias para más de 100 años y que cuesta, adicionalmente, menos de la cuarta parte del combustóleo.

Quinto, la disponibilidad de gas de lutitas, esti-man los expertos, pueden multiplicar por tres o más veces las reservas probadas de petróleo por la gran cantidad de líquidos que vienen asociados.

Sexto, disponer de una energía y una materia prima barata puede impulsar fuertemente la petroquímica, de la cual el país importa más de 15 mil millones de dólares al año.

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NACIONAL

El gas barato, puede también, impulsar la producción de fertili-zantes nitrogenados, amoniaco y urea, entre otros.

Se estima que sólo el 30 por ciento de las tierras cultivables del país son abonadas ade-cuadamente. Mayor consumo de fertilizantes es igual a mayor producción de comida. La pro-ducción nacional de fertilizan-tes provocará menores precios, porque se evitan los costos del transporte de importación.

Octavo, el gas natural bara-to reducirá la factura que por compra de gas tienen que pa-gar en todos los hogares mexi-canos.

Noveno, el gas barato significa-rá que la Comisión Federal de Electricidad reduzca sus costos de generación, CFE puede ahorrar del orden de siete mil millo-nes de dólares anuales por usar gas. Los mexi-canos podemos tener energía eléctrica más barata en el futuro.

Décimo, usar gas implicaría, sólo en CFE, que la emisión de CO2 pueda reducirse a menos de la mitad, tendremos energía más limpia.

Onceavo, energía barata es igual a menores costos para las industrias y mayor competitivi-dad. El país impulsará la inversión privada con ello y atraerá inversión para crear más em-pleos.

Décimo segundo, generar más empleos en el país es atacar la pobreza y mejorar el nivel de vida de los mexicanos, sobre todo cuando a los empleos están unidos los servicios médicos que proporciona el Seguro Social, los présta-mos que otorga el INFONAVIT para la vivienda y el acceso a la jubilación para los trabaja-dores.

Estamos conscientes que hay mucho trabajo por hacer para obtener los resultados de una reforma de este tamaño, de esta envergadu-ra, de esta importancia. Estamos conscientes también que hay voces disidentes, nuestro to-tal y absoluto respeto para ellas.

Habrá quienes pedirán más, porque esos son sus intereses, otros de buena fe, porque así lo creen honestamente, habrá quienes dirán siempre no a todo lo que se plantee, habrá otros que dirán que se necesita desde hoy la iniciativa de leyes secundarias, olvidando que los edificios se construyen piso por piso. Habrá algunos a los que sólo el tiempo y los resultados los convencerán.

Pero también estamos conscientes que los pro-blemas no se arreglan solos, ni con la inercia que tenemos que actuar y que la responsabili-dad de nuestro Partido es con México, con los mexicanos, con su mejor futuro y con el Presi-dente visionario y valiente Enrique Peña Nieto.

Gracias, por su atención.

La REFORMA en México

55EXAMEN

y la legislaciónen los principales países del mundo

Gabino Robledo*

a discusión sobre el futuro energético de México supo-ne un espacio de pluralidad en el que únicamente aquellos capaces de convencer, con argumentos sólidos e ideas inno-vadoras, podrán vencer. El PRI, ante la existencia de dos pro-puestas energéticas adicionales a la presentada por el primer priísta de la Nación, está llamado a hacer una defensa inteli-gente de la misma.

– PRI: Proponemos aumentar la renta petrolera que seguirá siendo de los mexicanos, a través de permitir nuevamente los contratos (de utilidad compartida) con empresas pri-vadas para compartir riesgos en exploración y producción petrolera. Modificación al texto original de 1940 del artícu-lo 27. Reforma del artículo 28 para que el sector petrolero y eléctrico sean sectores prioritarios de la economía. Auto-nomía de gestión de PEMEX, necesaria modificación de su régimen fiscal para recapitalización de la empresa.

* Secretario Técnico de la Presidencia del CEN del PRI.

ENERGÉTICA

LA REFORMA ENERGÉTICA EN MÉXICO Y LA LEGISLACIÓN EN LOS PRINCIPALES PAÍSES DEL MUNDO

56 SEPTIEMBRE 2013

– PAN: Proponen modificaciones a los artícu-los 25, 27 y 28 de la Constitución para per-mitir concesiones y contratos (de riesgo, producción compartida y utilidad com-partida entre otros). Definen un modelo de inversiones tanto de concesiones como de contratos para capitalizar a la empresa y aumentar la renta petrolera.

– PRD: Proponen autonomía de gestión y reforma de régimen fiscal de PEMEX, así como fortalecer el papel de la Secretaría de Energía. SIN MODIFICACIONES AL TEXTO CONSTITUCIONAL. No definen un modelo de inversiones que permita la capitaliza-ción de la empresa para dejar de incurrir en contratación de deuda.

Las 3 iniciativas presentadas, han iniciado un debate público nutrido y plural en el cual el PRI se ha comprometido a tomar las calles con ideas y responsabilidad para difundir los benefi-cios de la Reforma Energética. De la pluralidad destacarán las coincidencias; la Reforma Ener-

gética en México será resultado de esta plu-ralidad. Esta Reforma no solamente propone la transformación de dos sectores de nuestra economía, el de hidrocarburos y electricidad, sino que guarda en sí misma la discusión sobre el futuro energético de México.

El marco constitucional vigente obliga a PE-MEX a ejecutar, por su cuenta y por encima de sus capacidades, todo tipo de proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos, así como a sumir todos los riesgos asociados a los mismos. En un mundo de incertidumbre, car-gar a los mexicanos de todos los riesgos para detonar el desarrollo nacional, resulta por de-más irresponsable e injusto.

El marco jurídico de PEMEX ha limitado el desa-rrollo de las competencias de PEMEX, impidién-dole detonar todo el potencial de nuestros recursos naturales para poder crecer y redis-tribuir la riqueza a través de políticas sociales eficaces como el Seguro Social Universal pro-puesto por el Presidente Peña.

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NACIONAL

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NACIONAL

A pesar de que el Estado ha destinado a Pe-mex presupuestos de inversiones cada vez ma-yores, la producción de hidrocarburos no ha podido revertir su tendencia decreciente; esta realidad hace cada vez más necesaria la libe-ración de recursos para destinarlos a PEMEX y actúe como una verdadera empresa nacional y que seguirá siendo de todos los mexicanos.

Hoy los mexicanos producimos diariamente 800 mil barriles de petróleo menos que hace diez años. Esta realidad muestra la pérdida de competitividad de nuestro país frente al mun-do donde empresas con inversión del Estado como Petrochina (4.4 millones de barriles dia-rios) o Statoil (de Noruega que produce 2 millo-nes de barriles diarios) han ganado terreno en el sector energético global durante el tiempo en el que México se ha rezagado.

El efecto de reformas energéticas en otros paí-ses es evidente al comparar la actividad de nuestro país con la de Colombia y Brasil en un período de más de dos décadas, en el cual ambos países sudamericanos han mantenido una tendencia creciente que contrasta con la caída en la producción petrolera de México. En 2004 cuando alcanzamos una producción histórica de petróleo, Brasil producía 1.5 millo-nes de barriles diarios, hoy producen 2.1 millo-nes de barriles diarios mientras que México se ha rezagado en términos de productividad y de ingresos para transformarlos en beneficios sociales.

Aumentar la renta petrolera y que siga siendo de los mexicanos es propuesta fundamental de la Reforma Energética. A través de contra-tos de utilidad compartida permitiremos au-

LA REFORMA ENERGÉTICA EN MÉXICO Y LA LEGISLACIÓN EN LOS PRINCIPALES PAÍSES DEL MUNDO

60 SEPTIEMBRE 2013

mentar la renta petrolera para transformarla en educación de calidad y un Seguro Social Universal en beneficio de todos los mexicanos. PEMEX no se vende ni se privatiza, con la Re-forma Energética, PEMEX se fortalece y mo-derniza. Si continuamos cargando de riesgo e incertidumbre a las familias mexicanas signi-fica que seguiremos limitando a PEMEX para aumentar la renta petrolera en beneficio de todos.

Algunas reformas energéticas han permitido generar recursos fiscales importantes para los gobiernos. En el caso particular de Colombia, prácticamente se triplicó la renta petrolera en-tre 2009 y 2012, en beneficio de la sociedad en su conjunto.

Como afirma nuestro Presidente del PRI, el Dr. César Camacho, en un mundo a contraco-rriente, quien no avanza se rezaga. Hoy México tiene la necesidad de apuntalar la soberanía energética del país.

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NACIONAL

1. Que el Artículo 27 de la Constitución vuelva a decir lo que el Presidente Lázaro Cárdenas dejó escrito.

2. Reestructurar a Petróleos Mexicanos

3. Establecer un nuevo régimen fiscal para Pemex.

4. Fomentar una mayor transparencia y rendición de cuentas en el sector hidrocarburos

5. Permitir que el Gobierno de la Repú-blica otorgue contratos de utilidad compartida a Pemex y empresas pri-vadas para extraer petróleo y gas.

1. Se reforma el Artículo 27, para permi-tir la participación de particulares en la generación de electricidad.

2. El Estado mantendrá, en exclusivi-dad, el control del Sistema Eléctrico Nacional, así como el servicio públi-co de las redes de transmisión y dis-tribución, garantizando el acceso de todos los productores de electricidad a ellas.

3. Se fortalece a la Comisión Federal de Electricidad, mediante una mayor flexibilidad operativa y organizacio-nal.

4. Se refuerzan las facultades de pla-neación y rectoría de la Secretaría de Energía y de la Comisión Regula-dora de Energía.

5. La Reforma Energética también es una Reforma Verde porque permite el desarrollo de tecnologías de ener-gía limpia.

Tabla 1Reforma Sector Hidrocarburos

Tabla 2Reforma Sector Eléctrico

En la década de los noventa el valor de las ex-portaciones petroleras llegó a representar sie-te veces el de las importaciones. En las últimas décadas la tendencia ha sido decreciente; cada vez dependemos más del mundo y me-nos de nosotros mismos.

De no revertirse esta situación, México se con-vertirá en importador neto de hidrocarburos en los próximos años dependiendo energé-ticamente de otras naciones aún cuando nosotros tenemos el potencial para explotar nuestros propios recursos naturales de forma racional.

En el sector hidrocarburos en México, es pues necesario complementar el esfuerzo de PEMEX y apuntalar la soberanía energética del país; para ello se propone (tabla 1):

En el sector eléctrico falta de competitividad de las tarifas eléctricas, existen limitaciones y costos en la generación de energía eléctrica, existen limitaciones en la transmisión y distribu-ción de energía eléctrica, hay conflictos de in-terés en nuestro Sistema Eléctrico Nacional, la situación financiera de la Comisión Federal de Electricidad y existen limitaciones en la transi-ción energética; despojarnos de limitaciones para alcanzar todo nuestro potencial de creci-miento es lo que buscamos con esta Reforma, para ello se propone (tabla 2):

El gran momento transformador que vive nues-tro país nos convoca a debatir informada y responsablemente sobre el contenido de esta reforma que es patriótica, indispensable, van-guardista y muy priista. Defendamos lo que es y seguirá siendo de todos los mexicanos.

62 SEPTIEMBRE 2013

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l G-20 es el principal foro de coordina-ción de políticas macroeconómicas entre las economías más importantes del mundo, inclu-yendo a países desarrollados y emergentes. Los líderes de los países que integran este gru-po se reúnen desde 2008.

El presidente Enrique Peña Nieto asistió a la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20, ce-lebrada en San Petersburgo, Rusia, con una agenda que versó sobre los siguientes temas: apuntalar la recuperación económica global; reformas estructurales y estrategias para propi-ciar el empleo y el crecimiento económico in-cluyente, sostenido y equilibrado, así como el fortalecimiento del sistema financiero; alcan-zar consensos en la lucha contra el hambre y el financiamiento a empresas pequeñas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores con-firmó que el presidente Peña Nieto también dará seguimiento a los acuerdos alcanzados en la Cumbre de este grupo que se celebró el año pasado en Los Cabos, Baja California Sur.

en el GRUPO de los

El presidente Enrique Peña Nieto adelantó a los líderes del Grupo de los 20 (G20), los principales aspectos de la reforma financiera que enviaría al Congreso de la Unión.

En su participación en la primera sesión de los trabajos de la Cumbre de Líderes del G20, el mandatario mexicano detalló que su propues-ta consolidará la estabilidad y el crecimiento económico del país. Explicó que al simplificar el sistema fiscal, incrementará la competitivi-dad de la planta productiva, en especial de las micro, pequeñas y medianas empresas. Además, mencionó, fomentará la formalidad de la economía, fortalecerá el federalismo y aumentará la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos. “En la materia tributaria quiero enfatizar que, la coordinación interna-cional puede desempeñar un papel funda-mental para fortalecer los ingresos públicos y la estabilidad económica”, sostuvo.

Por ello, refrendó que México está compro-metido a evitar las prácticas que erosionan la

PARTICIPACIÓN de

México 20

PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN EL GRUPO DE LOS 20

64 SEPTIEMBRE 2013

base gravable y transfieren ganancias para evadir el pago de impuestos (BEPS: Base Erosion & Profit Shifting).

Reconoció la solidez y estabilidad que tiene México que, dijo, es resultado de más de 15 años de políticas económicas responsables. Sin embargo, admitió que esta condición ha sido insuficiente para detonar altas tasas de creci-miento económico, por lo que para hacer fren-te a este reto México emprende una profunda y extensa agenda de cambio estructural.

El presidente Peña Nieto resaltó que reciente-mente se han aprobado reformas en materia de educación, competencia económica y te-lecomunicaciones. Además, continuó, están en proceso de discusión y eventual aproba-ción amplias reformas en materia energética y financiera, esta última que se discute Con-greso, dará jerarquía de Ley a las Reglas de Basilea III y a las recomendaciones del G20, en materia de estabilidad financiera. Por ello, confirmó que en los próximos días, enviará al Congreso una propuesta de reforma fis-cal, que consolidará la estabilidad y el creci-miento económico. Destacó que su gobierno

está en favor de los mecanismos internaciona-les de intercambio automático de información fiscal y financiera.

México ya forma parte de la Iniciativa Multilate-ral del Intercambio Automático de Información en Materia Fiscal, junto con Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido, precisó el man-datario federal. “Además, con Estados Unidos, hemos avanzado de manera importante en un mecanismo para compartir información de cuentahabientes estadunidenses en México y mexicanos en Estados Unidos, que entrará en vigor durante el Ejercicio Fiscal 2014”, reveló.

El Ejecutivo federal advirtió que “la experien-cia de México en las últimas tres décadas nos ha enseñado que la estabilidad económica es una condición necesaria, pero no suficiente para crecer”. Insistió que es imperativo activar un crecimiento elevado y sostenido, que ge-nere buenos empleos y que permita elevar la calidad de vida.

“Ese es el gran objetivo de la agenda de refor-mas transformadoras que estamos impulsan-do”, sostuvo.

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rente al bicentenario del mensaje que, con motivo de la instalación del Congreso de Chilpancingo, pronunciara Morelos bajo el concepto de Sentimientos de la Nación, se im-ponen reflexiones que van más allá de la ce-lebración ritual de la efemérides y reflejan una preocupación crítica en el México de nuestros días.

Se debe a Jesús Reyes Heroles, el gran estudio-so del liberalismo mexicano, la concepción de que el liberalismo político penetró en nuestras clases dirigentes desde los inicios de nuestra guerra de Independencia y se fue afirmando, particularmente, con la Constitución de 1857 hasta alcanzar con la Revolución mexicana una síntesis que incluía la raíz liberal y el senti-do social de las normas constitucionales ema-nadas de dicho movimiento. Reafirmando su visión, para este ideólogo, “La constitución de Apatzingán es jurídica y políticamente liberal”.

Es pertinente recordar que para Reyes Heroles la interpretación liberal que prevaleció fue la de carácter político y que tiene sus orígenes en lo mejor del pensamiento inglés y francés de los siglos XVII y XVIII. La derivación económica de dicho pensamiento ha tenido, en diversos momentos, ciertas reticencias en nuestro me-dio. Recordemos que en pleno siglo XIX John Stuart Mill, reconoció las limitaciones del en-foque económico y enfatizó la necesidad de poner atención al tema de la distribución del ingreso.

Es conocido que nuestra guerra de Indepen-dencia, a diferencia de otras latitudes en la América española, tuvo un profundo conteni-do social y popular. Al respecto, Luis Villoro se-ñala que a partir del pensamiento de Morelos y de Hidalgo, existía una tendencia “a un orden de igualdad y de justicia social fundado en la abolición de privilegios, en la protección de los trabajadores y en la propiedad del labrador sobre la tierra”. De hecho, así como Octavio Paz recuerda que en la América del Sur la li-beración del dominio español se logró por dos

Humberto Roque Villanueva*

*Actualmente es Presidente de la Asociación Nacional de la Unidad Revolucionaria, A.C.

SentimientosUn puente a la revolución

Losde la Nación:

LOS SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN: UN PUENTE A LA REVOLUCIÓN

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criollos con ejércitos relativamente organiza-dos, habremos de reconocer que México resul-tó ser el único país que inició su movimiento de Independencia recurriendo a masas y grupos de indios y mestizos.

Dentro de este contexto, la figura de Morelos es ampliamente resaltada en la historia por su perfil de pionero en los temas de reivindicación social. El destacado jurista Mario de la Cueva señala que “con Don José María Morelos y Pa-vón como capitán general de indios y mestizos (la lucha de independencia) cobró su mayor grado de elevación humana y social”. Este mismo autor reitera que “con Morelos principió la lucha por un derecho constitucional al ser-vicio de la justicia social; su ideario político y jurídico producto de su amor al pueblo y de su educación humanista no se olvidaría por los hombres de México, y está en el principio de la trayectoria que condujo a nuestra declaración de derechos de 1917”.

Al igual que Reyes Heroles, Mario de la Cueva desarrolla con amplitud los conceptos ideológi-cos que han influido a lo largo de nuestra tra-yectoria nacional, concluyendo en el peso que tuvieron las ideas maestras de la filosofía políti-ca de Inglaterra y de Francia. No obstante la in-

fluencia ideológica exterior, el pensamiento de Morelos adquiere un sentido de originalidad que es destacado por el historiador Pedro de Alba: “parecer como si algunas ideas relativas a la mejoría del jornal, a la dignificación del obrero y a la redención del campesino, conce-bidas y expresadas por Morelos en la platafor-ma para el Congreso de Chilpancingo, hubiese dormido el sueño de los siglos para resurgir más tarde, cuando fueron recogidos por algunos constituyentes en la carta de Querétaro”.

En el mismo sentido se pronuncia el historiador michoacano Carlos Herrejón Peredo afirman-do que “el sentimiento más innovador es el 12, al apuntar hacia la equidad socioeconómica, mediante la moderación de la opulencia y la indigencia aumentando los salarios de los po-bres. Ningún caudillo o constitución alguna lo habían considerado, tampoco el Congreso de Anáhuac, ni ninguna constitución del siglo XIX. Hasta la Constitución de 1917 se tomó en cuenta”. Esta afirmación es poco apreciada en nuestro conocimiento histórico promedio; razón por la cual es de resaltarse su origen y su trascendencia.

En esta suma de criterios debe quedar claro que en la visión integral que exponen diversos

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INTERNACIONAL

autores sobre el liberalismo mexicano, el con-tenido social de éste se inicia, pues, con Mo-relos y su pensamiento claramente expresado en los Sentimientos de la Nación. Recordarlos es hacer honor no sólo al hombre que puede estimarse como la figura más señalada de un periodo clave en nuestra historia por su cultura humanista, sus dotes de organizador militar y su profunda identificación con las causas de indios y mestizos, es reconocer, también, el origen del pensamiento social que habría de permear la conciencia histórica de la nación.

Confirmando el enorme prestigio de Morelos y en un acercamiento más sobre lo que constitu-yó su pensamiento y su indiscutible prestigio, el iniciador de la Revolución Mexicana, Francisco I. Madero, en su libro La sucesión presidencial en 1910, apunta que “ninguno de los insurgentes que logró ver a nuestra patria libre, tenía un alma tan grande como él; quizás, si hubiera sobrevivido a la prolongada guerra de Inde-pendencia, nuestra suerte hubiera sido otra, porque con su gloria, su prestigio, su inmenso ascendiente sobre sus compañeros de arma, hubiera dominado todas las ambiciones; con su patriotismo y altos sentimientos cívicos, de que dio prueba en el Congreso de Chilpancin-go, hubiera encarrilado a la República, desde su nacimiento por un camino donde habría encontrado menos tropiezos, escollos y vicisi-tudes”.

Si bien Madero no tuvo oportunidad de abor-dar el tema agrario en su corta gestión como Presidente, a su encomiosa opinión sobre Mo-relos, habría que agregar la de quien sí tuvo la oportunidad de ser, incluso, inspirador intelec-tual del artículo 27 de la Constitución de 1917, Andrés Molina Henríquez. Nuestro destacado intelectual e ideólogo no vacila en considerar que entre las propuestas agrarias de Morelos se encerraba ya “el programa verdadero de la Revolución”. Afirma, también, que “la actua-ción de Morelos, cien veces genial, marca la más alta cumbre de nuestra historia”.

Confirmando el punto de vista del iniciador de la Independencia y el del ideólogo más desta-

cado de la reforma agraria, es de destacarse que en la parte socialmente medular de los Sentimientos de la Nación, Morelos afirma con diáfana intención “que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso debe ser tales, que obligue a cons-tancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto”. La profundidad del compromiso de Morelos se confirma cuando en otro de los puntos del his-tórico documento destaca “que la esclavitud se proscriba para siempre y lo mismo la distin-ción de castas, quedando todos iguales y solo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud.

Estas referencias no solo conectan el pen-samiento libera en lo político y profunda-mente social en lo económico, con lo que finalmente se acordó en el Congreso Consti-tuyente de 1916-1917, sino que van más allá y se constituyen en el mejor ideario que pu-diera postular partido político o grupo social alguno. Conmemoremos, pues, este gran aniversario con la mirada puesta en los altos ideales de Morelos, conscientes de que para alcanzarlos se requerirá de una gran volun-tad política y, sobre todo, una conciencia convencida de que lograrlos es compromiso ineludible de todos los mexicanos que res-peten su historia.

El inescrutable laberinto en la vida de las nacio-nes hace que, en la nuestra, se liguen fechas y acontecimientos. Celebrar hechos históricos como el inicio de la gesta de Independencia y de la Revolución en un mismo año, pero se-parados por un siglo, mueve a la reflexión y a la consecuente acción. Del mismo modo, conmemorar los doscientos años del Congreso de Chilpancingo y el inicio de la etapa cons-titucionalista de la Revolución que habría de contener las simientes del cambio estructural más importante del siglo XX en México, con-firma el enorme valor que para nuestros días tiene el recordar los Sentimientos de la Nación de Morelos.

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ste país no puede acostumbrase y ver con indiferencia las injusticias y agravios que se cometen cotidianamente contra los pueblos originarios. No debemos resignarnos a que en nombre del progreso o de la modernidad el au-toritarismo gubernamental como en el caso de Guanajuato pretenda construir una autopista en medio de los espacios sagrados del pueblo indígena ñañúatropellando y desconociendo sus valores ancestrales. Los indígenas no solo son el sector más pobre, sino el más explotado. No solo se les relega, sino se les desplaza. To-davía se les ve, por muchos, desvinculado de la nación.

No debemos permitir que la verdad y los inte-reses de los más débiles sea sofocada por la arrogancia de quienes gobiernan atropellan-do los derechos de quienes en su humildad solo tienen la impotencia de su protesta aca-llada. Es necesario respetar y restituir a los pue-blos indígenas lo que es suyo, empezando por su dignidad.

Nos preocupa que las iniquidades e injusticias contra los indígenas se acrecienten cada día en lugar de aminorar. De poco ha servido que sus derechos hayan sido fortalecidos y estén tutelados en la Constitución Política de México en su artículo 2º si este mandato poco se cum-ple en la realidad. Los pueblos indígenas son los más vulnerables de nuestra sociedad y ahí crecen las tensiones sociales, las denuncias y las quejas de su indefensión.

Maestra en Administración. Secretaria de Acción Indígena CEN del PRInarapi@yahoo.com

Narcedalia Ramírez Pineda*

El Profesor Alberto Patishtán:

Un alegato a favor de su liberación

69EXAMEN

INTERNACIONAL

Hace 13 años, en el estado de Chiapas un profesor tzotzil bilingüe, Alberto Patishtán cayó preso por un delito que no cometió. Se le im-puta haber participado en una emboscada en la que fueron asesinados siete policías y donde dos personas más resultaron heridas, hecho por el cual fue sentenciado a 60 años de prisión. Así lo relatan reportajes, crónicas y desplegados de innumerables personalida-des internacionales y de México; de organiza-ciones sociales, de grupos indígenas y aún la expresión del propio gobernador de Chiapas Manuel Velazco.

El Partido Revolucionario Institucional a tra-vés de su Secretaría de Acción indígena, no puede quedarse en silencio ni ser ajena a éste grave acontecimiento. Hemos deman-dado desde nuestra posición política y par-tidaria la libertad del profesor Patishtán, por una acusación plagada de irregularidades y la violación al debido proceso por parte de la justicia mexicana. Basamos nuestro alegato en las mismas consideraciones de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Olga Sánchez Cordero, quien Afirmó “que es imposible que tal y como está redactada la sentencia, éste hombre – el Prof. Patishtán -, matase a siete policías federales él sólo. Que los testimonios que le sitúan en otro lugar a esa hora no fueron tomados en cuenta. El úni-co testigo que le sitúa en la balacera lo reco-noce a pesar de que supuestamente llevaba un pasamontañas”.

Una sociedad que permita que se destruya la ley con la arbitrariedad, se destruye a sí mis-ma. En nuestro país existen cientos, por no de-cir miles de indígenas privados injustamente de su libertad, maltratados y vejados en flagrante violación de sus derechos humanos.

Los indígenas como cualquiera que cometa un delito y violen las leyes desde luego que de-ben ser sancionados. Pero es muy importante para bien del país, reconstruir la confianza en la justicia. No es posible que delincuentes peli-grosos adquieran su libertad por el error de un juez, mientras luchadores sociales, especial-

mente los indígenas, sean sometidos a inter-minables juicios, a resoluciones apresuradas o por consigna, bajo la influencia del poder o por venganzas políticas y los castigos, como el caso del profesor tzozil sean aplicados, pa-recería que con verdadera saña.

A nombre de la Secretaría de Acción indíge-na del PRI, me sumo a las voces de artistas, estudiantes, académicos, intelectuales, orga-nizaciones indígenas que piden la liberación del profesor Tzotzil bilingüe, Alberto Patishtán Gómez. En éste caso, hay muchas evidencias del extravío en la aplicación de la justicia, de las graves deficiencias en el proceso como se-guramente están los casos de los cientos de in-dígenas desamparados, sin abogados que los asistan, sin traductores de sus lenguas, sin com-prensión de su cultura, de sus usos y costumbres.

Es indudable que vivimos una crisis moral en la aplicación de la justicia. Se evidencia la corrupción y las fallas del sistema judicial. Muchos de nuestros compatriotas origina-rios de las diferentes etnias se encuentran prisioneros por la falta de recursos econó-micos. La pobreza, la marginación y los factores externos que trastocan sus valores morales, son argumentos que no se pueden soslayar.

Estoy convencida de que la condición del indí-gena va cambiar, porque el país se está trans-formando. El PRI está situando el problema indígena en un lugar importante en el debate por el México del futuro. Con determinación, inteligencia y claridad el Presidente Peña Nie-to está impulsando las Reformas estructurales para mover a nuestra nación. En ese proce-so indetenible, está también el destino de los pueblos indígenas. Ya no queremos que sean un grupo marginal en el desarrollo del país.

Hoy, en este caso concreto, abogar por la li-beración de este indígena, no es un problema político, ni siquiera solo la demanda de una correcta aplicación de la justicia. En el fondo es un problema de conciencia; un problema moral.

IMPACTO DE LA SENTENCIA AVENA

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o hay duda que la interacción entre el derecho interno de un país con el derecho internacional es más frecuente. De parte nues-tra, la Constitución Política considera a los tra-tados internacionales como Norma Suprema de toda la Unión e impone su aplicación por encima de las legislaciones locales. La refor-ma realizada al artículo primero constitucional (10 de junio de 2011) establece una paridad de goce de los derechos humanos reconocidos en la misma Constitución con los definidos en los tratados internacionales de los que México sea parte.

Pero el derecho internacional no está con-formado únicamente con los tratados in-ternacionales, se alimenta también de la costumbre, de los principios generales del

en el derecho mexicano.

* Presidente de la Asociación del Servicio Exterior Mexica-no, A.C. (ASEM).

derecho, de las decisiones judiciales interna-cionales, de las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas nacio-nes, de declaraciones unilaterales de volun-tad con las que se auto-obliga un sujeto de derecho internacional y de las resoluciones o reglamentación de organizaciones espe-cializadas internacionales. Surge entonces la pregunta, si las normas emanadas de dichas fuentes internacionales guardan una relación o complementariedad con el derecho inter-no mexicano.

La Suprema Corte de Justicia resolvió una con-troversia sobre los husos horarios basándola en la costumbre internacional y nuestra legisla-ción lo hace también en la Ley General de Po-blación, o en la de Derechos de Autor. Como principio general de derecho internacional encontramos que la reciprocidad ha sido tam-bién reconocida en la Ley Aduanera o en la misma de Población.

Emb. Ramón Xilotl Ramírez*

Impacto de la sentencia Avena,de la Corte Internacional de Justicia,

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INTERNACIONAL

Sobre las decisiones judiciales internacionales es de traer a colación al artículo 11 de la Ley sobre Celebración de Tratados, el cual dice:

“Las sentencias, laudos arbitrales y demás re-soluciones jurisdiccionales derivados de la apli-cación de mecanismos internacionales para la solución de controversias legales a que se re-fiere el artículo 8º, tendrán eficacia y serán re-conocidas en la República, y podrán utilizarse como pruebas en los casos de nacionales que se encuentren en la misma situación jurídica, de conformidad con el Código Federal de Pro-cedimientos Civiles y los tratados aplicables”.

Ahora, el objeto de nuestro estudio es ver cómo ha llegado a trascender la sentencia de la Corte Internacional de Justica en la de-manda que México presentó el 9 de enero de 2003 invocando la aplicación del Artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares a favor de 52 connacionales y que se conoce como el Caso Avena.

Con su demanda, México argumentó ante la Corte:

1º. Que EUA al detener, arrestar, juzgar, decla-rar culpables y condenar a 52 mexicanos violó obligaciones jurídicas internacionales para con México, en lo relativo a sus pro-pios derechos y con relación al ejercicio de brindar asistencia a sus nacionales en términos de la Convención de referencia.

2º. Que México, por tanto, tiene derecho a la restitutio in integrum.

3º. Que Estados Unidos no puede aplicar la doctrina de la preclusión procesal o cual-quier doctrina de su legislación interna que obstaculice los derechos de la Con-vención de Viena sobre Relaciones Con-sulares, con base en los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que establecen el cumpli-miento de los mismos de “buena fe” y que no se podrán invocar disposiciones de de-recho interno para incumplirlos.

4º. Que en el futuro EUA debe respetar sus obligaciones internacionales. Y

5º. Que el derecho a la notificación consular es parte de los derechos humanos.

Con base en lo argumentado, México solicitó que los EUA:

1º. Restauraran el statu quo ante; es decir que se restableciera la situación preexistente a la violación.

2º. Tomaran medidas para que su derecho in-terno otorgue pleno efecto al artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relacio-nes Consulares.

3º. Que haga una reparación eficaz por la violación de sus derechos, incluyendo cuestiones procesales internas que hubie-ren sido validadas en perjuicio de los que-josos.

4o. Garantizar que no se volverán a presentar violaciones al artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

Complementariamente, México solicitó como medida provisional que ninguno de sus nacio-

IMPACTO DE LA SENTENCIA AVENA

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nales condenado a muerte fuera ejecutado o se le fijara fecha de ejecución, a fin de resguar-dar el derecho de las partes.

Como es ya conocido, la Corte Internacional de Justica dictamino favorablemente la de-manda de México. Vamos a hacer un apreta-do resumen de su resolución:

1º. EUA, al no notificar sin dilación a los mexi-canos en su detención, violó obligaciones internacionales.

2º. EUA, al no notificar sin retraso a la oficina consular, privó a México de su derecho de prestar la asistencia prevista en la Conven-ción de Viena referida.

3º. EUA privó a México de su derecho de co-municarse y tener acceso a sus nacionales “de manera oportuna”, por lo tanto violó obligaciones internacionales.

4º. Que en el caso de 34 mexicanos EUA privó a México de su derecho a “organizar opor-tunamente la defensa de dichos naciona-les”.

5º. EUA, al no permitir la revisión y reconside-ración de los veredictos de 3 mexicanos con fecha señalada de ejecución, violó la Convención.

6º. Para la reparación adecuada, EUA está obligado, “por los medios a su elección” a la revisión y reconsideración de los vere-dictos de culpabilidad y penas dictadas.

7º. Es satisfactorio el compromiso de EUA de que tomará medidas específicas para cumplir con las obligaciones de la Con-vención.

8º. Que en caso de que los mexicanos llega-ren a ser condenados a penas graves no necesariamente la capital, EUA está obli-gado “por los medios a sus elección” a la revisión y reconsideración de los veredic-tos de culpabilidad y pena.

Dentro de los considerandos de la sentencia, la Corte Internacional de Justicia dictaminó que el artículo 36 de la Convención de Viena “es tan fundamental que su violación tiene Ipso Facto el efecto de viciar la totalidad del pro-ceso penal ventilado en violación a dicho de-recho… sin necesidad de pronunciarse acerca de saber si el derecho en cuestión es o no un derecho humano”. Con esto, México alcanzó un gran objetivo, si bien no se dio carácter de derecho humano al artículo 36, sí se estableció como un derecho esencial para cumplir con el debido proceso.

El fallo de la Corte Internacional de Jus-ticia representa a nivel internacional una interpretación del alcance del artículo 36 de la Convención de Viena. Indepen-dientemente que la demanda presentada contiene la manera en que México invoca y entiende los derechos del artículo 36 de la Convención, surge la cuestión, ¿cómo, a su vez, los ha interpretado y aplicado in-ternamente?

El Poder Judicial Federal ha ido definiendo los alcances. Encontramos1 una resolución que reconoce que al extranjero en prisión preventiva debe dársele a conocer el de-recho que tiene a solicitar la asistencia de su representación diplomática o consular y que si se omitió “es evidente la violación al procedimiento que vulneró la defensa”. Pero la decisión del tribunal, pese a que se dictó 6 años después, contraviene el dicta-men de la Corte Internacional de Justicia, pues concluye que tal situación “no conlle-va a declarar la nulidad de las actuaciones efectuadas durante el procedimiento que en lo general cumplan con las formalidades le-gales; mismas, que en respeto a la garantía de justicia pronta y expedita en la adminis-tración de justicia… deberán permanecer incólumes”.

1 tomo XXXII de la Suprema Corte de Justicia, agosto de 2010, página 2280.

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INTERNACIONAL

Tal resolución, incongruente con la postura de México en el terreno internacional, hubiera ser-vido de prueba a los EUA para descalificar a nuestro país en su demanda en el caso Ave-na. Por fortuna, encontramos la corrección del criterio en una tesis posterior2: “se advierte que para brindar al extranjero privado de la libertad la oportunidad de preparar adecuadamente su defensa debe informársele que cuenta con el derecho a una asistencia consular… debe realizarse al momento en que se le priva de la libertad o antes de que rinda su primera decla-ración, debiendo recabarse constancia en la que se asiente con toda claridad su respues-ta”. Y concluye la resolución “Consecuente-mente, cuando en el procedimiento penal no exista constancia que acredite que se informó a dicho extranjero que cuenta con la mencio-nada asistencia consular o se observa que no se hizo con la oportunidad debida como lo exige el debido proceso legal debe reponerse el pro-cedimiento para que sea juzgado con la correcta observancia de sus derechos”.

Pero hay otra digna de anotar3, pues modifi-ca la postura de la anterior al trasladar la obli-gación de notificación del Ministerio Público al Juez de la causa: “aun cuando la omisión del Ministerio Público de comunicar inmedia-tamente a la representación diplomática o consular correspondiente, respecto de la de-tención o presentación voluntaria del extran-jero… pudiera constituir un acto consumado de modo irreparable, ello no ocurre si quien omite hacerlo es el órgano jurisdiccional que conocerá del asunto, pues está en posibilidad de reparar tal falta de comunicación, al califi-car la detención del indiciado, en virtud de la trascendencia del derecho de defensa de los extranjeros; por tanto,… al constituir la omisión del juez una violación al procedimiento debe ordenarse su reposición a partir del acuerdo

de ratificación de la detención del indiciado, para que el órgano jurisdiccional informe, sin retraso alguno, a la oficina consular compe-tente de la detención del extranjero… sin que obste a lo anterior que por haberse dictado al inculpado auto de formal prisión, se actua-lice la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la citada ley (de Amparo), pues atendiendo al control de con-vencionalidad ex officio, este último precepto debe aplicarse”.

Finalmente, es la sentencia del Amparo Direc-to en Revisión 517/2011 cuyo ponente original4 lo fue el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, la que mejor interpreta la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Hu-manos y el Fallo de la Corte Internacional de

2 Gaceta de la Suprema Corte de Justicia, Libro VII, abril de 2012, Tomo 2, página 1735.3 Gaceta de la Suprema Corte, Libro XIII, octubre de 2012, tomo 4 página 2532.

4 La ponencia fue debatida en la Primera Sala de la Supre-ma Corte de Justicia el 21 de marzo, al no alcanzar la ma-yoría fue desechada para que la Ministra Olga Sánchez Cordero presentara una nueva. En sesión del 23 de enero de 2013, la ponencia de la ministro tampoco alcanzó ma-yoría y retomándose la del Ministro Zaldívar que en esta ocasión fue aprobada por mayoría de 3 votos.

IMPACTO DE LA SENTENCIA AVENA

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Justicia en el caso Avena utilizando argumen-tos y principios propios de nuestra materia pe-nal. Me refiero a la sentencia que amparó a la señora Florence Marie Louise Cassez Crepin.El Ministro Zaldívar parte del significado de “la violación al derecho fundamental a la asis-tencia consular”. Remite a que en materia de derechos fundamentales, el orden jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias: (i) los derechos fundamentales reconocidos en nuestra constitución; y (ii) todos aquellos dere-chos humanos establecidos en tratados inter-nacionales de los que el Estado mexicano es parte. Reconoce que “ambas fuentes gozan de rango constitucional y, por tanto, son normas su-premas del ordenamiento jurídico mexicano”, así que no duda en establecer que “el derecho de los extranjeros a la notificación, contacto y asistencia consular es un derecho fundamen-tal vigente en nuestro país”, que conforma ga-rantías del debido proceso.

Analiza 3 funciones básicas que advierte en la ayuda consular: “La primera es de carácter humanitario. Los funcionarios consulares pro-porcionan a los detenidos el contacto con el mundo exterior, al comunicar la noticia a los familiares o a las personas de confianza del detenido… La segunda función es de protec-ción… coadyuva a disuadir a las autoridades locales de cometer actos en contra de los ex-tranjeros que pueden ser contrarios a su digni-dad humana o que pongan en peligro la suerte del proceso penal al que se verá sometido el

extranjero… la tercera función es la relativa a una asistencia técnico jurídica”, que reduce la distancia que lo separa de los nacionales en cuanto a la protección de un estándar mínimo de derechos y es vital para asegurar una de-fensa adecuada.

Sobre la información al extranjero de su dere-cho a comunicarse con su consulado, preci-sa que “debe ser inmediata y no puede ser demorada bajo ninguna circunstancia”, que debe hacerse a la oficina consular más cerca-na “al lugar en donde se realizó la detención… y realizarse a través de todos los medios que estén al alcance de la autoridad respectiva”.

Sobre los alcances procesales categoriza que la asistencia consular es un derecho subjetivo, cuya finalidad es asegurar la igualdad de las partes y la contradicción en el proceso penal, para “evitar desequilibrios o limitaciones en la defensa del extranjero”. Es una garantía del correcto desenvolvimiento del proceso y una exigencia estructural del mismo. Y agrega: “el derecho fundamental a la asistencia consu-lar de los extranjeros no puede ser concebido como un mero requisito de forma… el derecho a la asistencia consular tiene función propia y diferenciada tanto del derecho de tener un abogado como el del derecho a tener un tra-ductor o intérprete”.

Y conceptúa: “Es… un derecho fundamen-tal reconocido para evitar la indefensión del

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INTERNACIONAL

inculpado…El funcionario consular tiene la encomienda de asegurarse, en primer térmi-no, de que el extranjero no sea simplemente informado de la acusación y de los derechos que le asisten, sino que los comprenda ca-balmente”, es entonces indispensable que el elemento idiosincrasia cultural esté cubier-to, ya que la herencia cultural y social de un extranjero resulta determinante para com-prender el fenómeno jurídico ante el que se encuentra sometido. Y pone 4 posibilidades de reacción del detenido de acuerdo a la cultura del país del que procede: en unos sistemas su declaración ante la policía y su colaboración pueden ser conside-rados actos de buena voluntad en el proceso, para otros es mejor no exter-nar ningún comentario hasta estar en presencia del juez, en otros cooperar con la policía puede ameritar una re-ducción de condena y en otros resulta irrelevante o perjudicial la confesión espontánea del inculpado. Y en este campo, los abogados nacionales en sí mismos no responden a la cultura del defendido y sí lo presupone la asisten-cia otorgada por los funcionarios con-sulares.

El Ministro subraya que la Convención de Viena no habla solamente de con-tacto sino de asistencia, la cual debe ser técnica, real y efectiva. Por tanto el “núcleo fundamental del derecho a la defensa adecuada de un extranjero es preciso ubicarlo, no sólo en la modali-dad de la designación de un perito en Derecho, sino en la efectividad de la defensa”. Añade que si la asistencia no sucede en el momento procesal oportu-no resultaría irrelevante para el proceso, pues convertiría al funcionario consular en un convidado de piedra.

Entonces, para el proceso penal mexi-cano, “la posibilidad de que un extran-jero pueda ser oído públicamente, en condiciones de plena igualdad y con justicia, por un tribunal independiente e

imparcial, depende –de forma absoluta- del presupuesto previo a la asistencia real y efec-tiva de los miembros de la oficina diplomática de su país”.

Finalmente, con la liberación de la señora Cas-sez Crepin, el Ministro Zaldívar reconoció que el efecto de la falta de notificación consular es la restitutio in integrum, por ello dictaminó: “la medida que resulta más acorde con el espíritu restitutorio, tanto del artículo 1º constitucional como del propio juicio de amparo, es la inme-diata y absoluta libertad de la recurrente”.

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e propongo analizar con ustedes una idea, en apariencia clara, que, sin embar-go, se presta a los más peligrosos equívocos. Las formas de la sociedad humana son muy variadas.

Las grandes aglomeraciones de hombres, a la manera de la China, de Egipto, de la más antigua Babilonia; la tribu a la manera de los hebreos, de los árabes; la ciudad a la mane-ra de Atenas y de Esparta; las reuniones de países diversos al modo del imperio aquemé-nide, del imperio romano, del imperio carolin-gio; las comunidades sin patria, mantenidas por el lazo religioso, como la de los israelitas, la de los parsis; las naciones como Francia, In-glaterra y la mayor parte de las modernas au-tonomías europeas; las confederaciones, a la manera de Suiza, de América; parentescos

como los que la raza, o más bien la lengua, establece entre las diferentes ramas de ger-manos y las diferentes ramas de eslavos; he ahí modos de agrupación que existen, o han existido, y que no se podrían confundir unos con otros sin los más serios inconvenientes. En la época de la Revolución francesa se creía que las instituciones de pequeñas ciudades independientes, tales como Esparta y Roma, podían aplicarse a nuestras grandes naciones de treinta a cuarenta millones de almas. En nuestros días, se comete un error más grave: se confunde la raza con la nación, y se atri-buye a grupos etnográficos, o más bien lin-güísticos, una soberanía análoga a la de los pueblos realmente existentes. Tratemos de llegar a cierta precisión en estas difíciles cues-tiones, en las que la menor confusión sobre el sentido de las palabras en el origen del razo-

Conferencia dictada en la Sorbona, París,el 11 de marzo de 1882

¿Qué es una Nación?

Di Sí a la LECTURA

Ernesto Renán

77EXAMEN

ARTECIENCIAYCULTURA

namiento puede producir, finalmente, los más funestos errores.

La nación moderna, es, pues, un resultado his-tórico producido por una serie de hechos que convergen en el mismo sentido. Unas veces la unidad ha sido realizada por una dinastía, como es el caso de Francia; otras veces lo ha sido por la voluntad directa de las provincias, como es el caso de Holanda, Suiza, Bélgica; otras, por un espíritu general tardíamente ven-cedor de los caprichos del feudalismo, como es el caso de Italia y de Alemania. Una pro-funda razón de ser ha presidido siempre esas formaciones. En casos parecidos, los principios se abren paso a través de las sorpresas más inesperadas. En nuestros días, hemos visto a Italia unificada por sus derrotas y a Turquía de-molida por sus victorias. Cada derrota contri-buía al progreso de los asuntos de Italia; cada victoria perdía a Turquía; porque Italia es una nación, y Turquía, fuera del Asia Menor, no lo es. Es de Francia la gloria de haber proclama-do, a través de su Revolución, que una nación existe por sí misma. No debe parecernos mal que se nos imite. Nuestro es el principio de las naciones. Pero ¿qué es, pues, una nación? ¿Por qué Holanda es una nación, mientras que Hannover o el Gran Ducado de Parma no lo son? ¿Cómo Francia persiste en ser una nación cuando el principio que la ha creado ha des-aparecido? ¿Cómo Suiza, que tiene tres len-guas, dos religiones, tres o cuatro razas, es una nación, mientras Toscana, por ejemplo, que es tan homogénea, no lo es? ¿Por qué Austria es un Estado y no una nación? ¿En qué difiere el principio de las nacionalidades del princi-pio de las razas? He ahí algunos puntos sobre los cuales un espíritu reflexivo tiene que fijarse para ponerse de acuerdo consigo mismo. Los asuntos del mundo no se zanjan a través de esta especie de razonamientos; pero los hom-bres cuidadosos quieren introducir en estas materias alguna racionalidad y desenredar las confusiones en que se embrollan los espíritus superficiales.

Es preciso, pues, admitir que una nación pue-de existir sin principio dinástico, y, asimismo,

que las naciones que han sido formadas por dinastías pueden separarse de ellas sin, por esto, dejar de existir. El viejo principio, que no toma en cuenta sino el derecho de los prínci-pes, no podría ya ser sostenido; más allá del derecho dinástico, está el derecho nacional. ¿Sobre qué criterio fundar este derecho nacio-nal? ¿En qué signo reconocerlo? ¿De qué he-cho tangible hacerlo derivar?

La consideración etnográfica, pues, no ha es-tado presente para nada en la constitución de las naciones modernas. Francia es céltica, ibé-rica, germánica. Alemania es germánica, célti-ca y eslava. Italia es el país de más embrollada etnografía. Galos etruscos, pelasgos, griegos, sin hablar de muchos otros elementos, se cru-

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¿QUÉ ES UNA NACIÓN?

zan allí en una indescifrable mezcla. Las islas británicas en conjunto ofrecen una mezcla de sangre céltica y germana cuyas proporciones son singularmente difíciles de definir.

La verdad es que no hay raza pura, y que hacer reposar la política sobre el análisis etnográfico es hacerla montar sobre una quimera. Los más nobles países —Inglaterra, Francia, Italia— son aquellos donde la sangre está más mezclada. ¿Representa Alemania respecto de esto una excepción? ¿Es un país germánico puro? ¡Qué ilusión! Todo el sur ha sido galo. Todo el este, a partir del Elba, es eslavo. Y las partes que pre-tenden ser realmente puras, ¿lo son en efecto? Tocamos aquí uno de los problemas sobre los cuales importa más hacerse ideas claras y evi-tar equívocos.

Lo que acabo de manifestar respecto de la raza, es preciso decirlo también de la lengua. La lengua invita a reunirse; no fuerza a ello. Los Estados Unidos e Inglaterra, América españo-la y España hablan la misma lengua y no for-man una sola nación. Por el contrario, Suiza, tan bien hecha —puesto que ha sido hecha a través del consentimiento de sus diferentes partes—, cuenta con tres o cuatro lenguas. Hay en el hombre algo superior a la lengua: es la voluntad. La voluntad de Suiza de estar unida, a pesar de la variedad de esos idiomas, es un hecho mucho más importante que una semejanza de lenguaje obtenida a menudo a través de vejaciones.

Las lenguas son formaciones históricas que in-dican poco acerca de la sangre de aquellos que las hablan y que, en todo caso, no po-drían encadenar la libertad humana cuando se trata de determinar la familia con la cual uno se une para la vida y para la muerte.

Antes que la cultura francesa, la cultura alemana, la cultura italiana, está la cultura humana. Ved a los grandes hombres del Re-nacimiento; no eran ni franceses ni italianos ni alemanes. Habían reencontrado, a través de su trato con la antigüedad, el secreto de la verdadera educación del espíritu humano,

y se consagraron a ella en cuerpo y alma. ¡Cuán bien hicieron!

La religión no podría tampoco ofrecer una base suficiente para el establecimiento de una nacionalidad moderna. En el origen, la religión mantenía la existencia misma del grupo social. El grupo social era una extensión de la familia. La religión, los ritos, eran los de la familia. La re-ligión de Atenas era el culto de Atenas misma, de sus fundadores míticos, de sus leyes, de sus usos. No implicaba ninguna teología dogmá-tica. Esta religión era, con toda la fuerza del término, una religión de Estado. No se era ate-niense si se rehusaba practicarla. Era en el fon-do el culto de la Acrópolis personificada. Jurar sobre el altar de Aglauro era prestar el jura-mento de morir por la patria. Esta religión era el equivalente de lo que entre nosotros es el jugar a la suerte, o el culto a la bandera. Negarse a participar en tal culto era, como sería en nues-tras sociedades modernas, rehusar el servicio militar. Era declarar que no se era ateniense. Por otra parte, es claro que tal culto no tenía sentido para aquel que no era de Atenas; tam-poco se ejercía algún proselitismo para forzar a los extranjeros a aceptarlo; los esclavos de Ate-nas no lo practicaban. Ocurrió lo mismo en al-gunas pequeñas repúblicas de la Edad Media. No se era buen veneciano si no se juraba por San Marcos; no se era buen amalfitano si no se ponía a San Andrés por sobre todos los otros santos del paraíso. En esas pequeñas socie-dades, lo que ha sido más tarde persecución, tiranía, era legítimo y acarreaba tan pocas consecuencias como el hecho, entre nosotros, de felicitar al padre de familia por su santo y el primer día del año.

Lo que era verdadero en Esparta, en Atenas, no lo era ya más en los reinos que proceden de la conquista de Alejandro; sobre todo, no lo era más en el imperio romano.

En nuestros días, la situación es perfecta-mente clara. No hay más masas que crean de una manera uniforme. Cada cual cree y practica a su antojo, lo que pueda, como quiere. No hay más religión de Estado; se

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ARTECIENCIAYCULTURA

puede ser francés, inglés, alemán, sien-do católico, protestante, israelita, no practicando ningún culto. La religión ha llegado a ser algo individual; atañe solamente a la propia conciencia. La división de las naciones en católicas y protestantes no existe más. La religión, que hace cincuenta y dos años fue un elemento tan considerable en la for-mación de Bélgica, guarda toda su importancia en el fuero interno de sus habitantes; pero ha salido casi ente-ramente de las razones que trazan los límites de los pueblos.

La comunidad de intereses es, con segu-ridad, un lazo poderoso entre los hom-bres. ¿Bastan ellos, sin embargo, para hacer una nación? No lo creo. La comu-nidad de intereses produce los tratados de comercio. Hay en la nacionalidad un lado sentimental; ella es alma y cuerpo a la vez; un Zollverein no es una patria.

La geografía, lo que se llama las fronteras na-turales, contribuye considerablemente por cierto en la división de las naciones. La geo-grafía es uno de los factores esenciales de la historia. Los ríos han conducido a las razas; las montañas las han detenido. Los primeros han favorecido los movimientos históricos; las se-gundas los han limitado. ¿Se puede decir, sin embargo, como lo creen ciertos partidos, que los límites de una nación están escritos sobre el mapa y que esta nación tiene el derecho de apropiarse lo que sea necesario para re-dondear ciertos contornos, para alcanzar tal montaña, tal río, a los cuales se atribuye una especie de facultad delimitadora a priori? No conozco doctrina más arbitraria ni más funes-ta. Con ella se justifican todas las violencias. Y, desde luego, ¿son las montañas o bien son los ríos los que forman esas pretendidas fron-teras naturales? Es indisputable que las mon-tañas separan, pero los ríos, más bien, reúnen. Y además todas las montañas no podrían di-vidir a los estados. ¿Cuáles son aquellas que separan y cuáles aquellas que no separan? De Biarritz a Tornea no hay desembocaduras

de ríos que tengan más que otras un carácter limítrofe. Si la historia lo hubiera querido, el Loi-ra, el Sena, el Mosa, el Elba, el Oder tendrían, tanto como el Rhin, ese carácter de frontera natural que ha hecho cometer tantas trans-gresiones al derecho fundamental que es la voluntad de los hombres. Se habla de razones estratégicas. Nada es absoluto; es claro que muchas concesiones deben ser hechas ante la necesidad. Pero no es preciso que esas concesiones vayan demasiado lejos. De otro modo, todo el mundo apelará a sus conve-niencias militares, y eso sería la guerra sin fin. No, no es la tierra más que la raza lo que hace una nación. La tierra suministra el substrato, el campo de la lucha y del trabajo; el hombre suministra el alma. El hombre es todo en la for-mación de esta cosa sagrada que se llama un pueblo. Nada material basta para ello. Una nación es un principio espiritual, resultante de las complicaciones profundas de la historia, una familia espiritual, no un grupo determina-do por la configuración del suelo.

Acabamos de ver lo que no basta para crear tal principio espiritual: la raza, la lengua, los in-tereses, la afinidad religiosa, la geografía, las necesidades militares. ¿Qué más, pues, hace falta? Por todo lo dicho anteriormente, sólo

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¿QUÉ ES UNA NACIÓN?

me resta pedirles su atención por un momen-to más.

Una nación es un alma, un principio espiritual. Dos cosas que no forman sino una, a decir verdad, constituyen esta alma, este principio espiritual. Una está en el pasado, la otra en el presente. Una es la posesión en común de un rico legado de recuerdos; la otra es el consenti-miento actual, el deseo de vivir juntos, la volun-tad de continuar haciendo valer la herencia que se ha recibido indivisa. El hombre, señores, no se improvisa. La nación, como el individuo, es el resultado de un largo pasado de esfuer-zos, de sacrificios y de desvelos. El culto a los antepasados es, entre todos, el más legítimo; los antepasados nos han hecho lo que somos. Un pasado heroico, grandes hombres, la gloria (se entiende, la verdadera), he ahí el capital social sobre el cual se asienta una idea nacio-nal. Tener glorias comunes en el pasado, una voluntad común en el presente; haber hecho grandes cosas juntos, querer seguir haciéndo-las aún, he ahí las condiciones esenciales para ser un pueblo. Se ama en proporción a los sa-crificios que se han consentido, a los males que se han sufrido. Se ama la casa que se ha cons-truido y que se transmite. El canto espartano: “Somos lo que ustedes fueron, seremos lo que son”, es en su simplicidad el himno abreviado de toda patria.

En el pasado, una herencia de gloria y de pe-sares que compartir; en el porvenir, un mismo programa que realizar; haber sufrido, gozado, esperado juntos, he ahí lo que vale más que

aduanas comunes y fronteras conformes a ideas estratégicas; he ahí lo que se compren-de a pesar de las diversidades de raza y de lengua. Yo decía anteriormente: “haber sufri-do juntos”; sí, el sufrimiento en común une más que el gozo. En lo tocante a los recuerdos na-cionales, los duelos valen más que los triunfos; porque imponen deberes; piden el esfuerzo en común.

Una nación es, pues, una gran solidaridad, constituida por el sentimiento de los sacrificios que se ha hecho y de aquellos que todavía se está dispuesto a hacer. Supone un pasado; sin embargo, se resume en el presente por un hecho tangible: el consentimiento, el deseo claramente expresado de continuar la vida común. La existencia de una nación es (perdo-nadme esta metáfora) un plebiscito cotidiano, como la existencia del individuo es una afirma-ción perpetua de vida.

Resumo, señores: el hombre no es esclavo ni de su raza, ni de su lengua, ni de su religión, ni de los cursos de los ríos, ni de la dirección de las cadenas de montañas. Una gran agregación de hombres, sana de espíritu y cálida de cora-zón, crea una conciencia moral que se llama una nación. Mientras esta conciencia moral prueba su fuerza por los sacrificios que exigen la abdicación del individuo en provecho de una comunidad, es legítima, tiene el derecho a existir. Si se promuevan dudas sobre sus fron-teras, consulten a los pueblos disputados. Tie-nen completamente el derecho de tener una opinión en el asunto.

@Espacio del Lector

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