Escrito general de descargosy alegaciones frente a un acuerdo de incoación de expediente sancionador.

 

 

A LA CONSEJERIA (OAYUNTAMIENTO) DE ...... :

 

D. ................, mayor deedad, DNI número ..........., con domicilio para notificaciones en .........,calle o plaza ................, número.........., Código Postal........,actuando en nombre propio (o en nombre de ..........., cuya representacióntiene acreditada mediante ....., ante.........., órgano competente, como mejorproceda comparece y

 

DICE:

 

Que en virtud de este escrito,en el expediente número.........., incoado mediante acuerdo (o denuncia) defecha.........., presenta descargos por no estar conforme con los hechos en lostérminos descritos, ni con su calificación jurídica, ni con la propuesta desanción inicialmente formulada, y todo ello de conformidad con las siguientes

 

ALEGACIONES:

 

Que en este procedimientosancionador, se realiza una imputación de hechos que no son del todo exactos,

 

Que la imputación no escorrecta ya que no se dan los elementos constitutivos y definidores de dichainfracción administrativa, por las siguientes razones:............

 

 

Que la propuesta de sancióninicialmente realizada consistente en ............, no resulta adecuada deconformidad con el principio de proporcionalidad y demás criterios quegobiernan el ejercicio de la potestad sancionadora, atendiendo a lascircunstancias expresadas.

 

Que para la demostración de lasafirmaciones anteriormente manifestadas en este escrito de descargos, sepropone la práctica de los siguientes medios de prueba:

 

 

En virtud de lo expuesto, y deconformidad con lo establecido en el artículo 79 de la Ley 30/1992, de 26 denoviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y delProcedimiento Administrativo Común, en relación con el artículo 16 del RealDecreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para elejercicio de la Potestad Sancionadora,

 

SOLICITA:

 

Que se tenga por presentadoeste escrito de descargos dentro del plazo establecido y, previa la practica delas pruebas propuestas y la tramitación que proceda, se dicte propuesta deresolución en la que se acuerde el sobreseimiento del expediente sancionador.

 

Que, subsidiariamente, en casode no estimar la petición de archivo del expediente, se disponga la reducciónde la sanción inicialmente propuesta para adecuarla a los principios de lapotestad sancionadora, sin perjuicio de la interposición de los recursos queesta parte tenga por conveniente.

 

(Lugar, fecha y firma)

 

Normativa.

 

Arts. 127 a 138 de la LRJPAC y Real Decreto1398/1993, de 4 de agosto por el que se aprueba el Reglamento de procedimientopara el ejercicio de la potestad sancionadora

Informacióncomplementaria.

Los interesadosdispondrán de un plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones,documentos o información estimen convenientes y, en su caso, proponer

pruebaconcretando los medios de que pretendan valerse. En la notificación de lainiciación del procedimiento se indicará a los interesados dicho plazo.

Recibidas lasalegaciones o transcurrido el plazo para formulararlas, el órgano instructorpodrá acordar la apertura de un período de prueba, de conformidad con loprevisto en los artículos 80 y 137.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de lasAdministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por unplazo no superior a treinta días ni inferior a diez días.

En el acuerdo, que senotificará a los interesados, se podrá rechazar de forma motivada la prácticade aquellas pruebas que, en su caso, hubiesen propuesto aquéllos, cuando seanimprocedentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 137.4 de la Ley 30/1992, de RégimenJurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento AdministrativoComún.

La práctica de laspruebas que el órgano instructor estime pertinentes, entendiéndose por talesaquellas distintas de los documentos que los interesados puedan aportar encualquier momento de la tramitación de procedimiento, se realizará deconformidad con lo establecido en el artículo 81 de la Ley 30/1992, de RégimenJurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento AdministrativoComún.

Loshechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición deautoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitoslegales pertinentes, tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas queen defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar lospropios administrados.