Guatemala, del 08 de marzo al 10 marzo de 2014

EL PERIÓDICO

Un oferente para millonario contrato de video de la PNC Redacción Pese a las carencias que padece la Policía Nacional Civil (PNC) y sus agentes, el Ministerio de Gobernación pretende contratar un servicio de transmisión de video en tiempo real para 1,900 patrullas que costaría unos Q357.2 millones. De acuerdo con el concurso NOG 2989344, publicado el 29 de octubre de 2013 bajo la modalidad de cotización, el único oferente fue un consorcio de varias empresas que no se identifican, las cuales presentaron su propuesta como Participación Conjunta Soluciones de Video Innovadoras creada el 3 de febrero pasado, que ofertó el servicio por Q357.2 millones por 48 meses. El consorcio, cuyo representante legal es Mario Roberto Jop del Pinal, tiene como dirección una bodega en el complejo El Cortijo III, Zona 12. Se contactó vía telefónica a Jop del Pinal para aclarar las dudas sobre la oferta técnica y económica y las sociedades a las que representa; sin embargo, indicó que no hablaría por teléfono del tema y que se le contactara durante la semana para concertar una cita. Conocidos del ministro Mario Roberto y su hermano, Eduardo José Jop del Pinal, son socios en varias empresas de telecomunicaciones. Eduardo Jop fue compañero de estudios y socio de Álvaro Sinibaldi Aparicio, hermano del actual Ministro de Comunicaciones, en la empresa panameña AGS Imports Inc., creada en 2007, de la cual fueron directores. Las empresas en las que los hermanos Jop del Pinal son socios son Libertel, Cel Center y Soluciones Celulares, las cuales reportan como dirección varias bodegas en El Cortijo III, Zona 12. Consultado sobre el único oferente, Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación, comentó que “Guatemala es un pañuelo” y conoce a Eduardo Jop. “Ha estado en el campo de la tecnología, pero no sé sí está vinculado a la empresa. Lo único que sé es que no es un extraño. Maneja equipos de tecnología y telecomunicaciones”, añadió. Bases limitaban participación

Aunque al menos cuatro empresas se interesaron en participar en el concurso, entre ellas Comunicaciones y Sonido México, solo se presentó una oferta. Comunicaciones y Sonido de México solicitó el 10 de diciembre pasado una prórroga de la fecha de entrega de la propuesta técnica, sin embargo, la respuesta que recibió de la PNC fue que “debido a la urgencia y necesidad… no es posible realizar dicha prórroga”. Jhony Lurquin, representante de Comunicaciones y Sonido de México, explicó vía telefónica que con “las respuestas que nos dieron la empresa se dio cuenta de que iba a implicar un desarrollo que no estábamos dispuestos a seguir, y por eso se decidió no participar”. López Bonilla opina que “el hecho de que haya participado una empresa no implica que se deba botar un proceso; no se puede obligar a nadie, si la gente participa es porque tiene capacidad”. Algunos cuestionamientos de las empresas interesadas eran que las bases pedían que “el programa fuente estuviera inscrito en el Registro de la Propiedad Intelectual”, así como que “el oferente cuente con un mínimo de 20 años de estar inscrito en el Registro Mercantil”, lo que impedía la participación de muchas empresas. López Bonilla autorizó el pasado martes una prorroga de 10 días hábiles a la Junta de Cotización para analizar si adjudica el contrato al único oferente. Pruebas de campo El pasado 25 de febrero, la Junta Calificadora solicitó a la única oferente realizar las pruebas de campo del servicio solicitado, para esto debía instalar en dos vehículos el equipo de video y transmisión de datos en tiempo real. Fuentes internas de la Policía manifestaron que las pruebas no habrían sido muy exitosas. Al respecto, López Bonilla dijo: “tengo que conocer esos resultados... Si no hay una prueba de campo satisfactoria no nos sirve y se volvería a el proceso de licitación”, ofreció. Para Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, en esta licitación “se ve un descaro total, es un proceso que a todas luces está arreglado, amañado para que gane una sola empresa y se beneficie gente afín a los funcionarios de turno”. “Es increíble, el mercado de la tecnología es muy diverso y hay mucha oferta. No puede ser que solo participe una empresa”, concluyó.

La PNC recibe primeras armas R. González El lote fue adquirido en diciembre del año pasado, mediante un Acuerdo de Excepción 340-2013. El Ejecutivo destinó un monto de Q87 millones, para la adquisición de 17 mil 242 armas. El armamento incluye fusiles, pistolas, subametralladoras, subametralladoras Uzi y las Prieto Beretta. Según Mauricio López Bonilla, jefe de la cartera del Interior, las armas fueron enviadas a la Dirección General de Control de Armas y Municiones, (Digecam), en donde fueron registradas con número de serie y huella balística de cada agente que las utilizará. “Cada agente u oficial tendrá un arma asignada. No la podrá transferir a nadie y cada quien será responsable de su número de registro y huella balística”, explicó el funcionario. López Bonilla agregó, “a partir de hoy recibiremos semanalmente 2 mil 500 armas, hasta completar el lote de 14 mil 146 armas nuevas. Esto permitirá, que la promoción (de 1,600 agentes) que se gradúa el próximo 18 de marzo saldrá de la Academia con su arma asignada” Agentes motorizados Del grupo de los graduandos, el Ministerio de Gobernación tiene designada una tercera promoción de agentes motorizados, que patrullarán las carreteras. “Es un grupo de 40 agentes del Grupo de Reacción Inmediata, –Los Lobos– que ya recibieron su curso y estarán trabajando en abril, días previos a la Semana Santa.

Las cartas del Ejecutivo para el Ministerio Público Redacción El Ejecutivo tendría ya a sus candidatos favoritos para ocupar el cargo de Fiscal General del Ministerio Público (MP). Si bien el proceso para la elección del próximo jefe del organismo responsable de investigar los delitos de acción pública y promover la persecución penal ante los tribunales de justicia inició el pasado viernes, los operadores del actual gobierno parecen tener sus ojos puestos ya en dos de los 30 aspirantes. Thelma Esperanza Aldana Hernández, actual magistrada de la Corte Suprema de Justicia, (CSJ), que además integra la Cámara de Amparos y Antejuicios, es considerada una de las aspirantes con mayores posibilidades, impulsada por grupos fundamentales en el Gobierno y el Partido Patriota.

Se le señala de tener una verdadera simpatía con el actual gobierno. Quienes se refieren hacia ella como una mujer “enérgica y eficiente”. Fuentes allegadas al Ejecutivo, refieren que se habló de su candidatura para Jefa del MP desde que se ventilaron las diferencias en la CSJ para nombrar al presidente del Organismo Judicial (OJ). “Se dice que en el paquete negociaron que ella quedaría frente al MP, a cambio de lograr que Luis Pineda fuera nombrado presidente del OJ”, refieren varios integrantes de las organizaciones sociales que fiscalizan el proceso. La funcionaria, que tiene 27 años de ejercicio profesional, fue presidenta del OJ y de la CSJ en 2011 y 2012. Fue Viceministra de Trabajo en 1988, durante el gobierno de Vinicio Cerezo. La otra favorita sería la actual viceministra de Gobernación a cargo del área antinarcóticos, Eunice del Milagro Mendizábal Villagrán, de quien destacan sus vínculos con el actual gobierno, la estrecha relación que mantiene con organismos de EE. UU. en la lucha contra el narcotráfico, y su trabajo con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La funcionaria recibió el ofrecimiento de ser Viceministra de Gobernación por parte de la vicepresidenta Roxana Baldetti, quien en declaraciones en diciembre de 2011, aseguró: “Ella nos va a apoyar en los esfuerzos por combatir las drogas, y el 14 de enero se integrará al equipo de Otto Pérez Molina”. Mendizábal inició su carrera en el Organismo Judicial como oficial, comisario, entre otros. También fungió como procuradora en un bufete jurídico. Ingresó al MP en 2004, como agente fiscal en la Unidad de Bancos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado. En ese periodo realizó investigaciones por el caso de peculado del expresidente Alfonso Portillo, las cuales lo llevaron ante la justicia. Portillo dijo en su momento: “Es una fiscal capaz. Hacía su trabajo de forma correcta, pero se dejó manipular por personas que hicieron de mi proceso algo político”. Así también conoció el proceso por la muerte de siete reos que fueron ejecutados extrajudicialmente en septiembre de 2006, en el interior de la Granja de Rehabilitación Pavón y tres en la cárcel de máxima seguridad de Escuintla, en 2005. En 2008 llegó a la Fiscalía Especial de la CICIG, y en junio de 2010 fue promovida para jefe de dicha instancia. Tres meses después de estar frente al cargo, daba declaraciones sobre la captura del exjefe de seguridad presidencial del gobierno de Portillo, Jacobo Esdras Salán Sánchez, en la finca Cartago, en Puerto Barrios, Izabal.

Otras cartas del Ejecutivo En el listado de 30 aspirantes al cargo también figuran otros candidatos cercanos al actual gobierno, como Julio César Rivera Clavería, quien fue viceministro de Seguridad en el Ministerio de Gobernación del actual gobierno. Rivera es vinculado con el grupo de Ricardo Bustamante, militar retirado y secretario Técnico del Sistema Nacional de Seguridad, quien tiene una fuerte influencia alrededor del presidente Otto Pérez Molina. La exdiputada Gladys Anabella de León Ruiz, quien dirige el Registro General de la Propiedad, fue nombrada por el presidente Otto Pérez Molina. En varias entrevistas, De León reiteró que el MP no ha avanzado en investigaciones, y que necesita ser dirigido por personas altamente calificadas y con voluntad. Por los grupos de derechos humanos sería apoyada la actual fiscal general, Claudia Paz y Paz. Los simpatizantes de la Fiscal impulsarán una campaña para reunir firmas en busca de que la Comisión de Postulación la incluya en la lista o nómina de seis candidatos para el cargo. “Creemos que tiene méritos suficientes para ser electa nuevamente”, manifestó Iduvina Hernández, de la agrupación Seguridad en Democracia. Trabajan en el Gobierno Eunice Mendizábal, Julio Rivera Clavería, Anabella de León, Acisclo Valladares, Óscar Rolando Contreras Hernández y Jorge Luis Donado Vivar. Los que trabajan en el MP Claudia Paz y Paz, Ronny López, Aura Marina López, Silvia García Guzmán, Luis Arturo Archila, Rigoberto Quiñónez, Cecilia Barrios Ortega y Marco Antonio Cortez. Los que trabajan en la CS Thelma Aldana, Amílcar Colindres y Marco Antonio Villeda. Profesionales independientes William Méndez, Erick Rosales Orizaba, Ingrid Soto Cruz, Ronald Urrutia Padilla, Manfredo Velásquez Gallo, Baudilio Portillo Merlos, María Consuelo Porras, Edgar López Sosa, Jaime Osorio Alonzo, Moisés Galindo Ruiz, Danilo Roca Barillas, Edgar Lemus Orellana y Leopoldo Liu González.

Cuándo una mujer dice: ¡Basta!, y denuncia Claudia Méndez Villaseñor Sobrevivir, proteger a los hijos o el orgullo herido son algunas de las causas que mueven a mujeres, víctimas de violencia intrafamiliar, a buscar ayuda y denunciar a su victimario en el Ministerio Público (MP), según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). Las clínicas de la institución atienden cada día entre dos y 20 víctimas, con el propósito de sustentar el caso abierto en el MP, explicó Silvia Ocampo, psicóloga del Inacif. “Después de que señalan al agresor comienza el proceso y les hacemos una entrevista clínica, que revela lo que les ha ocurrido”, indicó la profesional. De esta manera, Ocampo conoció la historia de Teresa, de 15 años, y Alma, de 26, las dos agredidas y violentadas por su parejas. Cuando la psicóloga las recuerda se le eriza la piel. “Las dos sufrieron abusos de hombres en los que ellas confiaron y las atacaron brutalmente física, emocional y hasta financieramente”, agregó. La pequeña Teresa La adolescente se crió con una abuela violenta, luego de que su madre la abandonara al nacer, recordó Ocampo. “La maltrataba y le pegaba, y por eso Teresa huyó de su casa con el novio de 23 años, que recién había conocido”, explicó. En la casa del hombre, lo que menos encontró la muchacha fue la armonía y el afecto que buscaba. “Le prohibió salir y le pegaba con cualquier pretexto, muchas veces en presencia de la madre de él, que vivía con ellos”, mencionó la psicóloga. “Para Navidad, la suegra la llevó a comprar ropa, lo cual provocó la ira del hombre y comenzó a torturarla y violarla todos los días. La quemaba, la ultrajaba y sodomizaba con recipientes de desodorantes de roll-on”, recordó. A principios de enero, Teresa tomó valor y decidió huir de su agresor para salvar su vida. “Corrió y pidió ayuda, pero le dio vergüenza decir lo que había sufrido y dijo que la habían asaltado”. Una tía salió en su auxilio y la acompañó al MP a presentar la denuncia. Hoy la muchacha vive en la provincia, mencionó Ocampo. En este caso, el Inacif sugirió la elaboración del perfil criminal del agresor. La dulce Alma

A diferencia de Teresa, Alma lo tenía todo. Padres amorosos y prestos a cumplir los deseos de su hija, una carrera profesional, automóvil propio y un trabajo bien remunerado. En la oficina conoció a un hombre divorciado de 35 años, del cual se enamoró. “Al principio la trataba con cariño, hasta cuando comenzó a pedirle dinero prestado para pagar la manutención de los hijos. Ella lo ayudaba y trataba de comprender lo que a él le ocurría, hasta el momento en que la obligó a entregarle el dinero”, relató Ocampo. Tenía que darle una mensualidad y comprarle todo lo que pedía. Incluso vendió su vehículo para pagar las deudas acumuladas del hombre. “La amenazaba y la atacaba sexualmente para que ella lo obedeciera”, relató la psicóloga. No satisfecho con explotar a Alma, decidió hablar con los padres de ella (expertos panaderos) y les pidió que le rentaran un equipo para hornear que no utilizaban, para abrir una panadería. Pero, en lugar de abrir el negocio vendió los utensilios, hornos y mezcladoras que le habían prestado. Alma no sabía qué hacer, hasta que una amiga le enseñó unas fotografías en las que aparecía su pareja con otra mujer. “Se casó con otra”, refirió la psicóloga. “No podía creer que se vistiera para la boda con el traje, la corbata, los zapatos, calcetines y el reloj que ella le compró”, añadió Ocampo. Alma lo denunció a principios de enero por estafa y violencia contra la mujer. Del 1 de enero al 18 de febrero pasado, 432 mujeres recibieron auxilio médico y psicológico por lesiones compatibles con abuso, y a otras 884 se les practicó un reconocimiento por delitos sexuales.

Baja participación caracteriza postulación a Fiscal General Carmen Quintela La lista de aspirantes a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP) ya está cerrada. La Comisión de Postulación, encargada de elaborar la nómina de seis candidatos que debe presentar al Presidente de la República, ya tiene en sus manos los nombres de los 30 abogados que optarán al cargo. La cifra se aleja de los 40 abogados que dejaron su papelería en septiembre de 2010 y de los 48 que se presentaron en 2006, año en que José Amílcar Velásquez Zárate fue juramentado en el cargo. En 2002, cuando resultó electo Carlos David de León Argueta, la cifra llegó a 62.

Una de las postulaciones más esperadas fue la de la actual fiscal general, Claudia Paz y Paz, que llegó a la sede de la Comisión 45 minutos antes de que se cerrara el plazo. Paz y Paz se presentó a la reelección a pesar de que la Corte de Constitucionalidad (CC) todavía no había resuelto entonces cuándo finalizaba su periodo. Preguntada al respecto, la Jefa del MP comentó que “para mí era muy importante contar con una sentencia de la CC”. Al no darse la misma dentro del plazo de recepción de expedientes, decidió presentarse, con el fin de dar continuidad a los procesos iniciados en el MP. “Era necesaria mi postulación”, indicó. Planes de trabajo Algunos aspirantes comentaron los planes que llevarán a cabo de llegar a ocupar el cargo. Eunice Mendizábal, viceministra Antinarcóticos, explicó que mejorará debilidades como “el delito común”, que no han sido atendidas. “Ampliar métodos especiales de la Ley contra el Crimen Organizado, entregas vigiladas de agentes encubiertos, ampliar la cobertura del modelo de atención integral a las fiscalías, y llevar la tecnificación del trabajo en la escena del crimen a todo el país”, propuso Paz y Paz. Anabella de León, actual registradora de la Propiedad, que se mostró “preocupada” porque el actual MP realice persecución penal “solo de delitos de alto impacto social”, comentó que la institución está dañada por lo que presentó su plan de siete puntos. Repiten postulación Varios candidatos presentados se habían postulado también en el último proceso de 2010. Además de Paz y Paz, llegaron Julio César Rivera Clavería, Leopoldo Liu, Edgar Enrique Lemus Orellana, Óscar Rolando Contreras, Marco Antonio Cortez Sis, Edgar Abel López Sosa y Marco Antonio Villeda Sandoval. Solo la Fiscal General, Lemus Orellana y Villeda Sandoval conformaron la nómina de seis aspirantes que la postuladora presentó al Presidente de la República hace cuatro años.

Guatemala, México y EEUU crean alianza contra el crimen Redacción La "mesa trinacional de seguridad" evaluará el intercambio de información, inteligencia y riesgos fronterizos para el combate a la trata de personas, tráfico de armas ilegales y drogas en la región, explicó el ministro del Interior, Mauricio López. Durante la primera reunión de la instancia, realizada este viernes, se estableció la "ruta de trabajo" para cumplir los objetivos de seguridad, agregó el funcionario.

"Lo importante es que estamos discutiendo los problemas conjuntos. La labor trilateral fortalece las relaciones y crea una nueva visión compartida", explicó de su lado el subsecretario de Asuntos Internacionales del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, Alan Bersin. Para enfrentar la criminalidad en común, uno de los puntos acordados en el primer acercamiento de la "mesa" fue la disposición para que las policías de Guatemala, México y Estados Unidos establezcan protocolos de intercambio de información y flujos migratorios. Guatemala sufre una ola de violencia que deja unas 6.000 muertes violentas, de las cuales casi la mitad es atribuida a las violentas pandillas y a la operación de poderosos cárteles mexicanos de la droga apoyados por capos locales, según las autoridades. En 2013 Guatemala creó con apoyo de Estados Unidos una fuerza especial integrada por policías, soldados y miembros de la institución gubernamental tributaria para combatir el narcotráfico, el crimen organizado y el contrabando en la frontera con México (oeste). / AFP

CC otorga amparo definitivo a Sagastume: Claudia Paz y Paz se va en mayo Tulio Juárez La Corte de Constitucionalidad (CC) ha resuelto esta noche que el periodo de Claudia Paz y Paz como Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público concluye el 18 de mayo próximo, anunció en conferencia de prensa el presidente del alto organismo, Héctor Pérez Aguilera. El pleno de magistrados votó de manera unánime, explicó. Por lo tanto, elnuevo responsable de la FGR y MP debe tomar posesión el 19 de mayo. El mandatario Otto Pérez Molina lo nombrará de entre seis abogados que la Comisión de Postulación le enviará en lista a más tardar el 2 del mismo mes. Paz y Paz sostuvo que los cuatro años de su gestión para los que fue nombrada por Álvaro Colom vencían en diciembre de 2014, por cuanto ella no completó la el periodo de Conrado Reyes, quien fue destituido por la propia CC en 2010. La máxima Corte no lo consideró así y le recorta siete meses.

Claudia Paz y Paz va por la reelección como Fiscal General Carmen Quintela La fiscal general, Claudia Paz y Paz, se postulará para ser reelegida. Así lo confirmaron fuentes cercanas a la Fiscal General, quienes aseguraron que la Jefa del Ministerio Público (MP) llegará hoy a la sede de la Comisión de Postulación para presentar su expediente. Paz y Paz solicitó la semana pasada al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) los tres documentos que la postuladora exige de esta institución: la constancia de colegiación activa, de años de ejercicio y de carencia de sanciones del Tribunal de Honor. Jorge Arturo Sierra, presidente de la Comisión, aseguró que la postulación de la Fiscal General será recibida igual que todas las demás, y que no se darán diferentes privilegios. “No se harán distinciones”, afirmó. Entregan documentación Cuatro abogados acudieron ayer a lo largo del día al vestíbulo del OJ para dejar sus expedientes y su solicitud para participar en el proceso de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público. Se trata de Jorge Luis Donado Vivar, Julio César Rivera Clavería, Silvia Jeanette García Guzmán y Edgar Abel López Sosa. Rivera Clavería, que integró la nómina de seis candidatos en el primer proceso de 2010 del que salió electo fiscal general Conrado Reyes, comentó que entregó su finiquito, a pesar de que este documento no está entre los requisitos iniciales de la Comisión. Sierra indicó que requerirá el documento de todos los aspirantes a la Contraloría General de Cuentas. Las personas que quieran optar al cargo tendrán hasta hoy a las 15:30 horas para presentar su papelería. Según información del CANG, 29 abogados llegaron en estas dos últimas semanas a solicitar sus constancias. Entre los nombres que destacan están el fiscal contra el Crimen Organizado del MP, Ronny López; el exfiscal general Conrado Reyes; la directora del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), Blanca Stalling; y Anabella de León, registradora de la Propiedad. La Corte de Constitucionalidad (CC) todavía no ha resuelto en definitiva el amparo presentado por el abogado Ricardo Sagastume, sobre la finalización del cargo de la actual Fiscal General. El procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, presentó ayer una carta en la CC, en la que mostró su preocupación al respecto.

Opinión: El TSE idóneo Édgar Gutiérrez No hay gran debate, pero quienes conocen el Tribunal Supremo Electoral (TSE) coinciden que está a un punto de la extenuación. No ha contenido la campaña anticipada que desde 2013 desataron a todo galope varios partidos, ni la ilegal campaña oficial financiada abiertamente con el presupuesto del Gobierno Central. Y si le gana la inercia, el próximo año estaría en serios aprietos de garantizar unas elecciones fiables. Además, con esa tendencia cada día más acentuada de los políticos de descalificarse mutuamente induciendo la persecución judicial, el régimen político no tardará en ser dominado por fuerzas centrífugas, desbaratando lo que encuentre cerca. Por eso, la renovación del TSE cobra una importancia crítica. No se trata de cualquier cambio. Se requiere una integración del Tribunal con magistrados de capacidades complementarias, que recuperen la confianza y autoridad de la primera generación que lideró Arturo Herbruger. Es indispensable alguien con experiencia en la mecánica electoral. Algún profesional sólido en Derecho Constitucional para evacuar con certeza la lluvia de amparos que suele caer, y ahora con mayor intensidad, en periodo electoral. Se demanda compromiso con el fortalecimiento institucional, sacándole el jugo a las facultades que la Ley Electoral actual, a pesar de estar rebasada, le concede al TSE y que están sub-ejecutadas, además de una administración interna que supere los fallos que exhibió el Tribunal actual. Pero, a la vez, magistrados con convicción de reforma. Y, por supuesto, el liderazgo que afirma el respeto e independencia del Tribunal. Se ha dicho que la Comisión de Postulación nominó el recurso humano necesario para esa tarea del TSE. Parece que en gran medida los observadores tienen razón. En el listado de los 40 hay buenos constitucionalistas, profesionales con experiencia en la organización electoral y otros con espíritu renovador. De lo que conozco de la lista preliminar de cinco magistrados titulares y cinco suplentes, que surgió de un primer acuerdo de los diputados el jueves pasado, hay personas idóneas. Eugenia Mijangos, por ejemplo, es una profesional íntegra, comprometida con el desarrollo institucional y vocación de servicio público. Ella fue subcalificada formalmente por la postuladora, pero quienes vieron la documentación ampliada, aunque no modificaron su punteo; sin embargo le votaron. Julio Solórzano es el mejor conocedor sobre la mecánica electoral. Y Aquiles Linares es un profesional de sólida formación. Sin duda habrá más talento que desconozco. En la calidad de esa selección el Congreso se juega su propia gobernabilidad de corto plazo.

Opinión: Elecciones justas Mario Fuentes Destarac l Artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana (OEA) dispone: “Son elementos esenciales de la democracia representativa (…) la celebración de elecciones periódicas,

libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo (…)”. Son elecciones justas cuando están regidas por el principio de igualdad ante la ley, es decir, bajo la premisa de la igualdad de derechos, que es un elemento esencial de la democracia republicana; y, por consiguiente, se compite en igualdad de condiciones y no existen privilegios, prerrogativas o ventajas para ninguno de los competidores, que supongan una discriminación o menoscabo de los derechos de los otros. Por tanto, son elecciones justas aquellas en las que a cada competidor se le reconocen, conceden y garantizan sus derechos políticos de elegir y ser electo, en un plano de equidad (igualdad de trato). Resulta fundamental para la celebración de elecciones justas la existencia de una autoridad electoral con independencia funcional y económica, lo que supone que esté en capacidad de organizar, supervisar y dirimir conflictos con suficiencia y absoluta imparcialidad e independencia de criterio. De ahí la importancia de que dicha autoridad electoral no esté supeditada o subordinada administrativa o financieramente a ninguna otra autoridad u órgano estatal. La igualdad de trato y condiciones exige que todos los competidores se rijan por las mismas reglas del juego y que ninguno tenga ventajas o preeminencias sobre los otros. Son elementos clave en este contexto: 1) La regulación, limitación y control del financiamiento político; 2) La regulación de la publicidad oficial; 3) Los programas sociales del Gobierno deben, además de institucionalizarse, objetivarse, transparentarse y optimizarse, sujetarse a participación ciudadana y auditoría social; y 4) La plena vigencia de la libertad de expresión de ideas y el libre juego de opiniones. En todo caso, el financiamiento ilícito debe ser efectivamente sancionado, la publicidad oficial no debe beneficiar al oficialismo ni premiar o castigar a determinados medios de comunicación, debe impedirse, bajo efectivas restricciones y severas sanciones, que los programas sociales degeneren en clientelismo político (intercambio de favores por votos o apoyo) y la pluralidad y desconcentración mediáticas deben estar plenamente garantizadas. En mi opinión, no puede considerarse democrática la celebración (y su resultado) de elecciones que no sean organizadas y supervisadas por una autoridad electoral imparcial y neutral en el juego político-partidista, en que se permita que el oficialismo eche mano de los recursos públicos a su antojo (incluyendo la publicidad oficial), así como donde se tolere el clientelismo político y se restrinja el pluralismo mediático y el libre juego de opiniones.

Editorial (sábado 08): Inmunda repartija del TSE En nuestro Editorial del jueves de esta semana denunciábamos una maniobra más de la partidocracia gobernante para aferrarse a toda costa al poder. Esta vez, repartiéndose las

magistraturas titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral de acuerdo a “cuotas políticas”, burlando a las claras el mandato constitucional que exige la elección de estos magistrados con base en el mérito, capacidad, honradez e idoneidad. Haciendo una caricatura del sistema de pesos y contrapesos de nuestro sistema republicano, al pretender elegir personas con claras vinculaciones y afinidad política con los partidos de turno. Afortunadamente para Guatemala, la maniobra fracasó por el rápido y oportuno rechazo de la sociedad civil, la prensa y otros sectores que todavía creen que una Guatemala diferente es posible. Además, claro está, por las inconformidades surgidas dentro de algunos diputados que, en un acto de aparente arrepentimiento, se alejaron del “inmundo pacto” entre el Partido Patriota y sus aliados, diferencias que surgieron por haber incluido en la repartija elaborada por el PP a candidatos que previamente habían sido descartados por ellos. Esta forma de llegar a acuerdos sobre la base de reparto de cuota política también se dio en 2008 para la elección del TSE, afectando no solo el buen desempeño de la institución, sino también su credibilidad e imagen. Muy lejos han quedado los tiempos en que el TSE era dirigido por don Arturo Herbruger y sus demás magistrados titulares y suplentes. Por todo lo anterior, debe reencauzarse el proceso de elección de los magistrados, mediante votación nominal, en donde se sepa quién vota por quién, y responder así al anhelo general de los guatemaltecos que solo lleguen a dirigir las instituciones –especialmente si se trata de órganos de control– aquellas personas que reúnan las mejores credenciales y sin cuestionamientos de ninguna clase. Es importante reconocer que el fraude, tal y como sucede en Venezuela, no ocurre el día de la elección, sino cuando se eligen a las autoridades electorales. Entregar el control del TSE a la partidocracia gobernante sería una herida de muerte para nuestra joven democracia.

PRENSA LIBRE

Postuladora del MP deja fuera a Portillo Merlos Redacción

La comisión explicó que Portillo Merlos presentó antecedentes policíacos y penales de 2012, pero estos deben ser recientes para determinar la probidad de las personas. El abogado fue titular de la Procuraduría General de la Nación entre abril de 2008 a agosto de 2009; se desempeñó como director de la Policía Nacional Civil (PNC) en los primeros días del gobierno de Alfonso Portillo; también trabajó como asesor legal de la Secretaría General de la Presidencia, y fue juez de Primera Instancia y presidente del Tribunal Tercero de Sentencia. Para optar por el cargo, los aspirantes deben cumplir con 47 requisitos entre ellos ser mayor de 40 años, encontrarse en el pleno goce de sus derechos, haber desempeñado un período completo como magistrado de la Corte de Apelaciones o de los tribunales

colegiados que tengan la misma calidad o haber ejercido la profesión de abogado por más de 10 años.

Trata de infantes se observa a diario Luis Ángel Sas Tiene que estar alerta, porque los motoristas que circulan entre los automóviles —a pesar de la prohibición legal— han estado a punto de atropellarla en varias ocasiones. A sus 5 años, Évelyn no sabe nada más que vender sus productos a automovilistas de la calzada La Paz, zona 5. Lo hace con otros dos niños y una mujer. Estos no responden a preguntas y la mujer las evade. Como Évelyn hay decenas de niños que a diario son explotados laboralmente por sus padres o por personas que los utilizan no solo para que pidan limosna, sino para que vendan productos o limpien vidrios de automotores. Recogen a menores El procurador general de la Nación, Vladimir Aguilar, explicó que hay evidencias de que niños y jóvenes son obligados a esas labores. A veces les pagan. “No somos los que investigamos. Somos encargados de velar por los menores que están en las calles, pero sí hemos encontrado evidencias que nos sugieren que hay niños explotados laboralmente, y no por sus padres, sino por terceros”, indicó Aguilar. El año pasado, la Procuraduría General de la Nación (PGN) recogió de las calles a 66 niños que pedían dinero o vendían productos de diferentes tipos. Desde enero último van cinco menores rescatados de las calles por las autoridades. Érick Cárdenas, procurador de la Niñez y Adolescencia, de la PGN, explicó que siempre rescatan a niños de las calles, y en muchas ocasiones las personas que los tienen pidiendo dinero o limpiando vidrios aseguran que son sus hijos, pero no presentan documentos que respalden ese extremo. “La Unidad de Rescate es la que se encarga de estos temas, y tratan de determinar si se están violando los derechos de los menores”, puntualizó.

Capturan a seis vinculados a "Los Sierras", entre ellos tres PNC Redacción

Según la PNC, el agente Giovanny Castro de la Cruz, es sindicado de asesinato y asociación, fue capturado en San Diego, Zacapa; mientras que en Jutiapa, fueron detenidos los policías Érick Roberto Trigueros Carrillo y Carlos Enrique Archila Sánchez, sindicados de asociación ilícita. Los otros tres detenidos son Alexander Oswaldo Díaz Martínez, de 23 años; Rony Estuardo Melgar Velásquez y Rogelio Gil Quezada, oriundos de Amatitlán, en donde fueron capturados, siendo trasladados a la Torre de Tribunales.

Trabajo de aspirantes da lugar a objeciones Manuel Hernández y Andrea Orozco Alejandro Balsells, del Centro para la Defensa de la Constitución, cree importante que se revisen las acciones de los postulantes por la violación de derechos humanos cometidas por el Estado, tanto durante el conflicto armado interno como en la actualidad. También dijo que se debe revisar el trabajo para combatir la corrupción. “Hay que tomar en cuenta qué actitud tomará frente a la corrupción y qué independencia tiene para actuar en esa situación”, apuntó. Los aportes de cada candidato para fortalecer el sistema de justicia y su capacidad para enfrentar el crimen común también son importantes, afirmó. Señalamientos Nery Rodenas, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (Odhag), indicó que los candidatos a fiscal general que pueden tener alguna objeción son “quienes hayan defendido algún tipo de casos donde se vincula al crimen organizado o por violaciones a los derechos humanos”. Rodenas mencionó a Moisés Galindo, “señalado de participar en actos fuera de la ley como lo que sucedió con lo del Banco del Ejército”, aunque de este caso fue desligado, y porque ha sido abogado defensor de personas que han cometido violaciones a los derechos humanos. También se refirió a Jorge Luis Donado, quien supuestamente fue señalado de no haber ejercido buena labor cuando estuvo a cargo de la Fiscalía contra el Crimen Organizado.

En el caso de Anabella de León, directora del Registro General de la Propiedad, según Rodenas, su vinculación con el partido oficialista le podría causar alguna objeción, ya que su imparcialidad estaría en juego. Lo mismo ocurriría con Julio Rivera Clavería, quien fue viceministro de Seguridad y contaría con el apoyo del Ejecutivo, “lo que podría hacer dudar de su objetividad e imparcialidad, principios que fundamentan a un fiscal general”, agregó. Acisclo Valladares es señalado por el directivo de la Odhag de haber bloqueado la investigación sobre el asesinato y desaparición de Efraín Bámaca, al oponerse a una exhumación en un destacamento militar. Actualmente Valladares es embajador de Guatemala en el Reino Unido. Honorabilidad Nery Baten, abogado de la Fundación Sobrevivientes, dijo que ese grupo presentará esta semana objeciones contra unos cinco u ocho candidatos, cuyo principal obstáculo es la falta de honorabilidad. “Hay un fiscal con 19 años de trayectoria que, sabemos, no ha cumplido como debe con su función y enfrenta algunos procesos judiciales”, añadió. Sobre la intención de reelección de la fiscal general, Claudia Paz y Paz, Baten expresó que, aunque no darán un apoyo directo, tampoco se oponen. Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación contra el Terrorismo, considera que sus objeciones serían por cuestiones ideológicas contra Paz y Paz.

Mujeres desafían estigmas sociales José M. Patzán Ana Carolina Roldán Ibarra es una joven de 24 años, y durante cinco ha conocido cada rincón de la capital en los patrullajes que efectúa. Su belleza física atrae la mirada de sus colegas cuando camina por los corredores de la Dirección General de la Policía Nacional Civil (PNC), zona 1, pero quienes la conocen son testigos de la valentía y fuerza que demuestra en los operativos. Roldán Ibarra es madre, y su esposo también pertenece a las filas de la PNC. Muy animada, responde que a pesar de tener una familia que la espera todos los días, no vacila cuando se trata de cumplir su labor.

“Algo que no olvidaré es lo que me ocurrió el 1 de noviembre del 2012, cuando junto a mis compañeros perseguimos a unos robacarros en Mixco. Pensé que todo había terminado cuando interceptamos el automotor, pero nunca imaginé que los maleantes empezarían a disparar. Me sentí nerviosa, pero al mismo tiempo me armé de valor y disparé”, refirió. El suceso ocurrió en San Cristóbal zona 8 de Mixco, cuando detuvieron a los agresores y un policía resultó herido. Artesana Heydi Janeth Corado, 41, tiene 20 años de pertenecer a la institución policial. En 1993 comenzó en la Guardia de Hacienda, y al crearse la PNC, continuó en las oficinas administrativas. Transcurridos los años, vio cambios significativos en la participación de la mujer, pues recuerda que años atrás era difícil observar a una fémina con uniforme de policía, debido a la poca participación y a las críticas sobre su capacidad. “Mi familia siempre me apoyó, lo que me motivó a enlistarme en la Policía. Fue la intención de servir a mi país, aunque enfrente turnos largos y cansados”, expresó. Su tiempo libre lo ocupa en la fabricación de artículos de barro con un grupo de mujeres. Primera comisaria Milagro López Aguilar, 45, fue la primera mujer que se graduó de comisaria en la PNC, en el 2002, después de una serie de tropiezos y días de frustración. A pocos años de haberse jubilado, dice tener muchas historias que contar de su trabajo en la calle, pero lo que más recuerda es cuán difícil fue para ella lograr cada rango jerárquico en esa institución. “Las mujeres muchas veces son consideradas como amenaza, pero están más preparadas, son más conscientes de su trabajo y tienen más capacidades, porque deben velar por su familia”, manifestó. López Aguilar se jubiló a los 38 años, y ahora es asesora en el Instituto de la Defensoría Pública Penal. Valor Marielos Ramos tiene 29 años de edad y seis de trabajar como guardia en el Sistema Penitenciario. Ha participado en requisas y durante varias trifulcas de las reclusas.

“Estuve en un motín en la cárcel de Santa Teresa. No me quedó más que actuar y ayudar a engrilletar a las que estaban haciendo escándalo”, indicó. Añadió: “A las mujeres les digo que luchen, que se armen de valor y que demuestren que pueden desempeñar cualquier cargo. Lo que deben tener es valor y carácter”.

LA HORA Inacif: 1,140 análisis por violencia sexual Mariela Castañón El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) realizó 1 mil 140 evaluaciones médicas por delitos sexuales en contra de mujeres, en los dos primeros meses del año. El Observatorio de Salud Reproductiva (Osar) lamenta que estos casos no provoquen acciones o compromisos sociales fuertes para contrarrestar esta problemática. Según los datos oficiales, en enero se realizaron 511 análisis médicos de mujeres que fueron víctimas de violación sexual, en tanto, en febrero la estadística era de 629. De acuerdo con Mirna Montenegro, del Osar, la violencia sexual conlleva todo un proceso, que inicia con entender que no se es culpable por ese acontecimiento. “Las sobrevivientes de violencia sexual comentan que aprenden a vivir con la idea que han sido víctimas de violencia sexual, no tanto es un proceso en el que se pueda perdonar, olvidar, sanar, es un proceso que tiene mucho que ver con la aceptación de un acontecimiento y que no se tiene la culpa de ser víctimas de violencia sexual” explicó la profesional. La entrevistada dijo que en las terapias de grupo se puede evidenciar que es más difícil reconstruir la vida de una niña que sufrió abusos sexuales, principalmente cuando el agresor pertenece a su entorno familiar. Por otro lado, la profesional lamentó que los casos de violencia sexual no provoquen acciones o compromisos sociales para contrarrestar la problemática. “La violencia sexual es un tema que no arrastra acciones o motiva a alianzas sociales fuertes, en el tema de embarazos en niñas hemos visto, que a lo mejor porque el embarazo es físico y ver a una creatura embarazada conmueve y hace que haya cambios sociales, pero en los casos de violencia sexual no es así”, reiteró. A criterio de Montenegro, es necesario evaluar en cuántos de los 1 mil 140 casos de

violencia sexual ya existen procesos abiertos en contra de los responsables de esos hechos ilícitos, pues se evidenciará que el porcentaje es muy bajo. Víctimas Informes de la Policía Nacional Civil (PNC) destacan que semanalmente se reportan más de tres violaciones sexuales o se detienen a sindicados por este delito. El 26 de febrero fue aprehendido Edwin Rolando López Car, de 27 años, en la colonia Las Ilusiones II zona 2 de Chimaltenango, sindicado por abusar sexualmente de una adolescente de 17 años frente a su novio. En tanto, el 16 de febrero una joven de 23 años, fue agredida sexualmente dentro de un mototaxi en Gualán Zacapa, presuntamente por Marvin Estuardo de Paz Suchité, de 28 años y por otro hombre que se dio a la fuga. Los sindicados habrían embriagado a la afectada. Mientras que el 14 de febrero fueron víctimas de abusos sexuales dos jóvenes de 25 y 26 años, en la 33 calle y 21 avenida de la zona 5. Los agresores fueron varios hombres.

Piden lucha contra la impunidad Saira Ramos En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la alianza política Sector de Mujeres y 65 organizaciones hizo un llamado a las acciones de mujeres para avanzar hacia el buen vivir de una sociedad con igualdad, equidad y justicia. Ante el incremento de violencia en contra de las mujeres, el ataque a la institucionalidad de los Derechos Humanos y la Justicia, los retrocesos en las políticas públicas y la falta de acción en el Congreso son algunos de los reclamos de las distintas organizaciones que marcharon en conmemoración en el día de la mujer. Martha Godínez, del sector de mujeres, indica que llaman a tener una mejor articulación del movimiento en todos los territorios y profundizar en la defensa de los derechos que incluyen a las mujeres, así como la denuncia por las empresas y políticos en las comunidades. “Le hacemos un llamado al Gobierno para que a través de la Comisión Presidencial de la Mujer ejecute proyectos que velen por el fortalecimiento de nosotras las mujeres y no solo privilegie a los militares y a las transnacionales. Además exigimos que la Corte Suprema de Justicia elija a la persona idónea para el cargo de Fiscal General del Ministerio Público.

Nosotras como sector de mujeres apoyamos firmemente a la Fiscal General, Claudia Paz y Paz”, indicó Godínez.

Opinión: ¿Qué intención hay tras finiquitos TSE? Roberto Arias El Diario La Hora con fecha 04 de marzo de 2014 en su página 4 desplegó como titular principal: “CGCN: Solo 25 aspirantes al TSE cuentan con el finiquito”(sic), dice en su entrada “Esta mañana la bancada Encuentro por Guatemala (EG) citó a la Contralora General de Cuentas (CGCN), Nora Segura, quien dio a conocer que 25 candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) han obtenido el finiquito, otros 14 aspirantes aún tramitan el documento y sólo uno se encuentra pendiente de trámite.” En una nota inserta en color lila dice como subtítulo “ELECCIÓN” y el texto indica: “En el tema de la elección arreglado con los partidos políticos, la diputada de Encuentro por Guatemala (EG), Nineth Montenegro, dijo no tener conocimiento de quiénes podrían integrar las diez plazas a aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).” En esta entrega de La Hora, es presumible que la diputada Nineth Montenegro tiene la intención de destacar “finiquitos” en el propósito de elección de magistrados al TSE, escondiendo el garrafal error que cometen ella y Nora Segura, la citada Contralora General de Cuentas, quien ha demostrado su incapacidad para realizar adecuadamente su trabajo en ese puesto. Hay guatemaltecos que se preguntan cómo se les ocurre a estas dos señoras exigir “finiquito” a TODOS los abogados aspirantes a esas honorables magistraturas. El sesgo en la interpretación de la ley en este caso, no deja más que interpretar correctamente la obvia intención de complicar y engañar a la ciudadanía con respecto al mandato de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios Públicos. Si el distinguido lector fuera un abogado aspirante a ser un merecedor magistrado del TSE, en ningún momento sería objeto de entregar un finiquito a la Contraloría General de Cuentas de la Nación, en caso nunca hubiera trabajado con el Estado. Si hubiese trabajado con el Estado en un puesto en el que no hubiera administrado bienes, tampoco sería necesario el finiquito de algo que jamás administró. La ley citada con anterioridad es específica en lo que manda en su Artículo 16, inciso b, que no podrá optar a cargos o empleos públicos aquel que: “habiendo recaudado, custodiado o administrado bienes del Estado, no tenga su constancia de solvencia o finiquito extendido por la Contraloría General de Cuentas”. Es sumamente difícil discernir cómo estas dos esforzadas señoras al servicio de la ciudadanía y del Estado han podido, de una manera impune, desacreditar a muchos profesionales del Derecho que aspiran, con honradez, llegar a una magistratura para

limpiar un poco la podredumbre conocida vox pópuli. La desacreditación tiene fondos obscuros, per se. Mientras tanto, el Diario La Hora, en la misma edición en página 6 destaca que, LA HONORABILIDAD, es mucho más que un requisito. La Constitución Política de la República de Guatemala establece la “reconocida honorabilidad” como requisito para ser magistrado o juez, dice La Hora. Para determinar esto último, La Hora cita al abogado Alfonso Carrillo, quien a partir de un análisis dice, dentro de otros: Acreditaciones: la presentación de documentos o certificaciones; criterios sociales: la buena conducta profesional, la estima gremial, el reconocimiento del foro público, el decoro profesional, entre otros, respetando siempre el principio de presunción de inocencia. Los finiquitos son importantes para quienes manejaron fondos estatales, pero para la mayoría no. ¿Detrás de qué intereses andarán Nineth Montenegro y Nora Segura? ¿Por qué el aspaviento por finiquitos? Esperemos que sean electos abogados idóneos para el TSE y… mejor si tienen experiencia honorable comprobada en el campo electoral. ¡A Guatemala le urge!

Opinión: Labor social de la Primera Dama de Guatemala Grecia Aguilera La Primera Dama de la Nación Rosa María Leal de Pérez y las esposas de los Ministros de Estado ofrecieron el pasado miércoles 5 de marzo de 2014 un desayuno a beneficio de “Las Obras Sociales de la Esposa del Presidente”. Doña Rosita manifestó con beneplácito estar de nuevo al frente de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República y de la SOSEP, expresando con espontaneidad y franqueza lo siguiente: “no hago las cosas porque me mandan, hago las cosas porque me nace... Cuando se trabaja de corazón siempre se tiene una recompensa.” Nació el 9 de diciembre de 1953, se graduó de Maestra de Párvulos y es licenciada en Psicología Clínica. El acto dio inicio con las palabras de la distinguida señora Karla de Archila, esposa del Ministro de Energía y Minas, Erick Archila, quien en representación del grupo de honorables señoras expuso: “Les doy la más cordial bienvenida a todos los que nos acompañan esta mañana y también agradecerles, desde nuestros corazones, la donación que cada uno de ustedes realizó, la cual permitió que 60 personas a nivel nacional se vieran beneficiadas con 60 sillas de ruedas. En estos dos años, la señora Primera Dama, a través de la SOSEP ha beneficiado a miles de niños, mujeres y ancianos con sus programas ‘Mis Años Dorados’, ‘Creciendo Seguro’ y ‘Hogares Comunitarios’... El programa ‘Servicio Social’ promueve y acompaña acciones de educación y salud, incidiendo positivamente a una nueva generación de guatemaltecos sanos y brinda oportunidades de participación a la mujer. Es

increíble cómo a veces no nos damos cuenta de cuánto y cómo podemos cambiar la vida de las personas con un mínimo esfuerzo de nuestra parte. Nosotras, como esposas de los ministros, estamos muy agradecidas con la señora Primera Dama por darnos la oportunidad de colaborar, de ser parte de este cambio de vida y de poder hacerlos partícipes a todos ustedes, de esta gran obra.” A la vez, la titular de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, licenciada Patricia Obando, expresó lo siguiente: “Como siempre he afirmado, existen muchas razones para decir gracias y hoy es un día especial, lleno de bendición. En primer lugar, por tener con nosotros a doña Rosita, quien es una mujer de Fe, quien siempre está tomada de la mano de Dios, poseedora de una admirable fortaleza, un gran carisma y generosidad. Y segundo porque la labor que ella desarrolla a través de las secretarías que lidera, nos hace estar unidos en este hermoso evento para beneficio de muchos guatemaltecos.” La licenciada Obando enfatizó que desde hace dos años se hizo una reorientación en los diferentes programas de la institución como por ejemplo los convenios con FUNDAZUCAR e INTECAP y la alianza con el Ministerio de Economía. Durante la actividad se brindó una merecida mención honorífica a la Embajada de la República de China (Taiwán) en Guatemala, al Excelentísimo Señor Embajador Adolfo Sun y a su esposa, doctora Julia de Sun, por la donación a la SOSEP de 400 sillas de ruedas y 100 jornadas médicas que han beneficiado a 50,000 guatemaltecos y guatemaltecas. Dichas jornadas médicas son coordinadas por doña Rosita por medio del programa ‘Servicio Social’, dando prioridad a través del ‘Pacto Hambre Cero’ a los municipios cuya población vive en pobreza y pobreza extrema, ayudando a mejorar la salud de mujeres, niños, niñas y adultos mayores. En cada jornada fueron atendidas 500 personas con derecho a una consulta general, proporcionándoles a los pacientes la medicina recetada por los médicos. Para este año 2014 la Embajada de Taiwán espera aportar otras 100 jornadas médicas para beneficiar a más familias guatemaltecas y reforzar la labor que realiza la esposa del Presidente Otto Pérez Molina.

En torno al suicidio del magistrado Barrientos Eduardo Villatoto El texto que incluyo en mi espacio de hoy corresponde a un artículo que cuando estaba por enviarlo a la Redacción de La Hora para publicarlo, por alguna razón inexplicable se extravió entre otros documentos archivados en mi carpeta; pero ahora, cuando buscaba afanado un informe específico, ubiqué ese escrito cuyo contenido coincide con la información atinente al lamentable suicidio del jurista César Barrientos Pellecer, magistrado de la Corte Suprema de Justicia., y quien, según un pariente cercano al extinto, se encontraba abrumado aparentemente a causa de problemas familiares y asuntos relacionados con la aplicación de justicia. El texto que se publicaría el lunes 22 de abril de 2012 dice así resumidamente: Hace unos 15 años, aproximadamente, uno de mis hijos fue detenido por agentes de la PNC en horas de la noche, cuando se conducía en una motocicleta hacia una farmacia, encontrándome yo enfermo, postrado en cama.

El muchacho, casi un adolescente, llamó a la casa. Su madre atendió el aparato telefónico y sin avisarme acudió en auxilio de nuestro hijo, habiéndole solicitado apoyo legal a mi querido y recordado amigo y paisano Fredy Alberto de León, más notario que abogado, quien vivía cercanamente. El chico fue acusado de transportarse en una motocicleta robada. Y era cierto. Pero no porque mi hijo hubiese cometido el delito, sino que un amigo suyo le vendió ese vehículo que, a su vez, lo había adquirido de otro sujeto de dudosa reputación. Fredy demostró la inocencia del mozalbete, que salió indemne la madrugada del día siguiente. No fue hasta que mi mujer y nuestro vástago retornaron a casa que me enteré del incidente; pero la madre ya lo había amonestado, porque, aunque ignoraba la procedencia del vehículo, había corrido el riesgo de ser conducido a la cárcel, con sus obvias consecuencias, y habría colocado en entredicho a la familia, para regocijo de quienes me detestan con especial entusiasmo. Guardando las grandes distancias, ahora que el abogado César Barrientos Aguirre es acusado de integrar una banda de trata de blancas, reflexiono acerca de la conducta de los hijos que, cuando se convierten en adultos, no siempre corresponden a enseñanzas y ejemplos de los padres. Si a ese joven letrado le comprueban las imputaciones en su contra, purgará la condena respectiva. Sin aseverar que sea culpable o no, he reflexionado en torno a los sentimientos de su padre, el magistrado César Barrientos Pellecer, especialmente sobre la congoja (como él mismo definió su estado de ánimo) que sufre por la inculpación que pesa sobre su hijo, aunque no fuera presidente de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, porque un padre jamás desea que un hijo suyo sea objeto de graves señalamientos públicos, sin que ello implique que deje de amarlo. Es digno el proceder del doctor Barrientos al mantenerse distante de las diligencias procesales; pero, de todas maneras, atraviesa momentos de amargura, bochorno y desconsuelo. Los que somos padres de familia y que hemos procurado guiar a nuestros hijos por los caminos de la rectitud comprendemos la angustia que oprime al honorable magistrado. (Hasta aquí el texto, sin haber imaginado el desenlace fatal que sobrevendría).

Editorial ¿Qué se conmemora? El 8 de marzo es el Día de la Mujer y se da por celebrar a manera de agradecimiento por el fundamental rol que juega dentro de la sociedad, pero dejamos a un lado las consideraciones profundas que se tendrían que realizar por el papel que en conjunto, como Sociedad y como Estado estamos jugando con ellas.

En Guatemala, la mujer acapara primeros puestos que no son galardones. Es la mujer la más discriminada por razón de género; la más discriminada por la pobreza; lo es la mujer indígena por su raza y es la mujer, madre, la más discriminada por tener que dedicarse sólo a atender a los hijos. El sistema de salud y el educativo no las vuelven su prioridad mientras que la estructura laboral es prácticamente nula en generación de oportunidades de crecimiento. Somos un país en que la mujer ha venido jugando un papel cada vez más importante en el rol familiar por la desaparición de la figura paterna por medio de dos factores fundamentales: migración y violencia. De repente y sin mayor preparación para enfrentarlo, es la madre la que se queda a cargo de mantener y educar a sus hijos mientras por buscar mejores oportunidades en el extranjero o por ser víctima de la irracional cultura de muerte, se quedan sin el padre en su vida cotidiana. Es entonces cuando un día como el que se conmemora hoy debe ser más para analizar nuestra responsabilidad como Nación. Entender que en una cultura tan cerrada y conservadora, no es real la situación de igualdad de la mujer ante los hombres y ante la estructura económica y social. Muchas veces se ha cuestionado si es por decreto o por la pura práctica que se logrará el “equilibrio” de participación en las esferas políticas, económicas, laborales, etc., pero debemos también recordar que mientras esa discusión se mantiene la situación se empeora. Nunca ha sido ni será nuestra intención jugar un papel de machismo paternalista en un tema como tal sino que, sinceramente, debemos entender que no podemos pretender un avance como sociedad mientras mantengamos esas terribles fronteras y cercos a la integración verdadera y activa de la mujer. Guatemala tiene muchas carencias que son parte de la falta de un pacto social que nos permita identificar cuál es el país que queremos, cuánto nos costará y quiénes seremos los responsables en trabajar para realizarlo. Esta exclusión, abandono y discriminación de la mujer, es un pilar fundamental en la imposibilidad de iniciar el proceso de desarrollo del país.

SIGLO 21 Indígenas denuncian exclusión en lista al TSE Natiana Gándara De acuerdo con un análisis de las entidades en mención, el jurista Óscar Emilio Sequén debería ser titular, “dado que la mayor parte de votantes pertenece a esta población”.

Asimismo, señalan relaciones de poder con partidos políticos, búsqueda de intereses de la élite económica del país y control del partido oficial en el proceso de conformación del nuevo TSE. “Si esta planilla fuera nombrada, sería un fracaso en las próximas elecciones 2015, pues no habría elecciones democráticas ni transparentes”, señaló Mario Itzep, del Observatorio Indígena. En las tres magistraturas anteriores hubo un magistrado titular indígena, pero en el que está por terminar no hubo alguno. “El lunes (hoy) nos presentaremos en el Congreso a manifestar estas situaciones”, puntualizó Itzep. Entre los 10 candidatos, únicamente se encuentran 3 mujeres, por lo que también exigen mayor representación de este sector. “Es anticipado” Ante los señalamientos, el jefe de la bancada del Partido Patriota (PP), José Porras, advirtió: “Es un pronunciamiento anticipado ante un listado aún no oficial”. “La planilla de la que habla el Observatorio Indígena no ha sido consensuada en reunión de jefes de bloque. Entiendo la preocupación; sin embargo, ese listado surgió por ser los mejores calificados por la Comisión de Postulación”, enfatizó el diputado. La elección se encuentra ya en manos del Congreso. La semana anterior trascendió una planilla que se habría repartido entre las diferentes bancadas del Congreso. Marielos Fuentes, de Guatemala Visible, expuso que “apelan a una elección de altura por parte de los diputados, aunque han ignorado el trabajo de la Comisión de Postulación”.

Observatorio, inconforme con candidatos Redacción

Mario Itzep, dirigente de esa organización, explicó que observan exclusión y actitudes de discriminación en dicha propuesta, y refirió que solo hay un indígena como candidato a ocupar una magistratura suplente. Además, los activistas comentaron que, en el tema de género, la presencia de tres mujeres es insuficiente para alcanzar la equidad, ya que de las cinco magistraturas suplentes solo se propone a dos candidatas mientras que para los espacios titulares hay una. El TSE se integra con cinco magistrados titulares y cinco suplentes y duran en sus funciones seis años. Se estima que el Legislativo procederá a la respectiva elección el próximo martes, según declaraciones vertidas por Arístides Crespo, presidente del Congreso.

Rudy Marlon Pineda, Jorge Mario Valenzuela, Julio René Solórzano, Mario Ismael Aguilar Elizardi y María Eugenia Mijangos serían los titulares, mientras que los suplentes serían Augusto Eleázar López, Ana Elly López, José Aquiles Linares, Vilma Tatiana Cabrera y Óscar Emilio Sequén.

Misteriosas presiones mataron a Barrientos Redacción

“Lo amenazaron, lo presionaron, lo criticaron”. “La gente nunca logró separarlo de ese caso”. “Las presiones que tenía eran insoportables”. Las primeras dos frases corresponden a una serie de declaraciones que la activista Helen Mack dio a la prensa al compartir los conflictos y temores que rodeaban al magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) César Barrientos Pellecer. La tercera es una afirmación del tío del fallecido jurista, Guillermo Barrientos Robles. Barrientos Pellecer se suicidó el domingo 2 de marzo con un disparo en la sien derecha, según lo confirmaron los peritajes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). Según Mack, Barrientos había estado triste y frustrado, al punto de haberle planteado su inquietud de renunciar al Organismo Judicial (OJ). El tío también notó esa sensación de soledad y aislamiento, pero asegura que no se trataba solamente de situaciones relacionadas con el trabajo, sino también de un efecto causado por los “ataques” que recibía por el proceso legal que se sigue contra su hijo. El tema de la corrupción no ha podido desvincularse de este fatal incidente. Barrientos Pellecer habría denunciado una serie de posibles actos de corrupción dentro del OJ, particularmente en el Centro de Gestión Penal. A raíz de esto, el presidente de la CSJ, José Sierra, anunció que dio órdenes para que se realice una investigación interna en dicho centro. La entidad a cargo de este proceso es la Supervisión de Tribunales. Afirmó que se someterían a revisión los aspectos de gestión tribunalista y se hará una evaluación de las denuncias y señalamientos que habría hecho Barrientos Pellecer. Rosario González, responsable de Gestión Penal, afirmó estar dispuesta a colaborar con todo el proceso de investigación. Mientras en la CSJ, ponen las barbas en remojo, a la luz de la Ley Orgánica del OJ, se nombró como sustituto de Barrientos ante el Pleno a Juan Carlos Ocaña Mijangos; el jurista desempeña el puesto de presidente de la Sala Primera del Ramo Civil. El desaparecido magistrado, hombre reconocido por sus logros profesionales y por ser el coautor del Código Procesal Penal que está vigente en el país, creó consternación por la forma con que puso fin a su vida. San Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez, quedó marcado por este episodio que no se cerrará hasta que se diluciden las dudas sobre presunta corrupción en el OJ.

Buscan contribuir a la igualdad de oportunidades Jessica Osorio Las autoridades de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca) presentaron esta semana su Política de Género, documento que especifica medidas que permitirán incorporar la perspectiva de género en todas las actuaciones de esa entidad. En la propuesta se busca la promoción de los derechos económicos de las mujeres en el ámbito regional, según los lineamientos generales de la Política Regional de Igualdad y Equidad de Género del Sistema de Integración Centroamericana aprobada en la reunión de jefes de Estado y Gobierno de los países de la región. En un comunicado vertido por la Sieca, se indica que Carmen Gisela Vergara, secretaria general de la organización, manifestó que el lanzamiento de dicha política es un aporte para la transformación de la conducta institucional interna de la citada entidad, y para el ejercicio práctico de la autonomía económica de las mujeres de la región centroamericana.

Críticas a diputados por ignorar a la Postuladora Jessica Osorio Marielos Fuentes, de Guatemala Visible, expone que las reglas son claras en la Ley de Comisiones de Postulación y en la Ley Electoral, por lo que “se apelaba a una elección de altura por parte de los diputados, pero está comprobado que no estamos listos para darles esas capacidades a los miembros del Congreso porque hacen negociaciones ignorando el trabajo que se elaboró”. Una postura diferente sostiene Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, quien considera que los congresistas están en la libertad de realizar una designación política. “La postuladora hizo un buen trabajo y como había que tener 40 candidatos. La selección en una primera vuelta trató de seleccionar a los mejores pero hubo que hacer nuevos intentos. Ojalá pudieran hacer la elección siguiendo el criterio de poner a los más idóneos para el TSE y no para cada partido”, comenta la entrevistada. Pero el criterio de Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala (EG) es más amplio y asegura que se debe a la falta de voluntad: “No pidieron la probidad del candidato (finiquito), pese a que muchos fueron funcionarios públicos”. Al respecto Roberto Moreno, rector de la Universidad del Valle y exintegrante de la Postuladora, manifestó que todos los candidatos presentaron una declaración jurada en la cual indicaron no tener ningún impedimento de ley para optar al cargo.

El ejemplo Orlando Blanco, jefe del bloque UNE, explica que el criterio de selección de su bancada (la cual apoya a Eugenia Mijangos, quien obtuvo el punteo más bajo) no se basa en la calificación de la postuladora, ya que valoran otros aspectos como la “honorabilidad”.

Designan al ente investigador Carlos Mejía “Tratamos de establecer una investigación por medio de una supervisión electrónica, pero por el momento se prepara la plataforma técnica”, explicó el titular del Organismo Judicial. Buscan anomalías Por su parte, Rosario González, coordinadora de Gestión Penal, afirmó que están en toda la disposición de que se investiguen estos supuestos actos de corrupción, y que si encuentra un responsable, que se proceda penalmente. “Del tiempo que tengo de estar a cargo de la unidad, puedo asegurarle que no existe ningún tipo de anomalías, ya que nuestro equipo funciona por medio del Sistema de Gestión de Tribunales (SGP), que de manera equitativa y aleatoria designa los procesos a las diferentes judicaturas”, detalló González. Luis Reyes, presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), afirmó que se debe realizar una investigación a nivel general en el OJ. “Yo no me atrevería a señalar particularmente una sola unidad del Organismo Judicial, desde mi punto de vista esta se debe realizar a nivel general, ya que la corrupción es un mal que ha existido en todas las instituciones del país”, aseveró. A lo que Sierra responde: “Nosotros quisiéramos hacer estas investigaciones en toda la República, pero no contamos con la capacidad humana para realizarlo”. Aseguró que iniciarán con la revisión de aspectos de gestión tribunalista, supervisión de tribunales y se realizará una detallada evaluación de las denuncias.

SOY 502

La Fiscal Claudia Paz y Paz busca la reeleción Evelyn De León

Claudia Paz y Paz, actual jefa del Ministerio Público (MP)presentó este viernes su papelería a la Comisión de Postulación para Fiscal General del MP, en donde buscará la reelección como Fiscal General a pesar de que la Corte de Constitucionalidad (CC) no ha resuelto en definitiva el amparo presentado por el abogado Ricardo Sagastume. La jefa del MP se presentó en el vestíbulo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cuando faltaba una hora para el cierre de la convocatoria. Su presencia eliminó las especulaciones sobre la búsqueda de su reelección. Paz y Paz resaltó que los tres años y meses que posee de experiencia en el cargo al frente del MP han demostrado que es posible "tener una investigación eficiente, desarticulando bandas y respetando el debido proceso". Dentro del plan de trabajo que Paz y Paz presentó como requisito ante la Comisión de Postulación, se encuentra ampliar los métodos especiales de investigación, ampliar las técnicas de agentes encubiertos y entregas vigiladas. Paz y Paz forma parte del listado de 30 profesionales que buscan ocupar el cargo para Fiscal General del MP para el periodo 2014-2018, cuyo período de postulación ha concluido esta tarde.