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Edito
rial
En principio, las que más han accedido al ejercicio pleno de sus derechos y a cargos de poder, son las mujeres adultas de clase media y alta. No obstante, la conformación de organizaciones, redes y articu-laciones de mujeres jóvenes, de mujeres afrodescendientes, de indígenas, lesbianas, adultas mayores,
campesinas o rurales han obligado a atender políticamente diferencias que la teoría de género consideró desde sus inicios […].
Line Bareiro et al., La inclusión de las mujeresen los procesos de reforma política en América Latina.
El rumbo de la nación, en las elecciones, lo definimos las mujeres: cifras del Instituto Federal Electoral, en los comicios de 2009, señalan que las mujeres votamos más y cons-tituimos poco más de la mitad del padrón electoral.
Sin embargo, esta seña contundente de que las mujeres estamos preocupadas y ocupa-das en los asuntos del bien común, pareciera insuficiente para garantizar la igualdad de oportunidades en las candidaturas a puestos de elección popular a nivel federal, estatal y municipal.
Es ésta una de las motivaciones principales de la conmemoración del 60 aniversario del voto femenino, un derecho conquistado en 1953 que en la práctica dista mucho de haber-se convertido en la piedra angular para alcanzar la igualdad en el acceso a los puestos de decisión.
En particular, para 2013, esta fecha conmemorativa gira en torno a las mujeres de los pue-blos originarios, para quienes ejercer sus derechos políticos parece aún una utopía. Muchos son los obstáculos que han anulado sus posibilidades de participar como representantes en cargos de elección popular: usos y costumbres anacrónicos, discriminación, condiciones de vida precarias, además de la violencia de pareja, comunitaria e institucional, dobles y triples jornadas, entre otros factores de género.
Por ello, este número lo dedicamos a la participación política de las mujeres de los pueblos originarios, quienes exigen nuestra atención para analizar y proponer acciones articuladas que les garanticen el ejercicio de este derecho humano sin limitaciones ni usos y costumbres anacrónicos.
Actualmente no sorprende que las mujeres lideren, aunque no en la proporción deseable, instituciones, partidos o congresos. En contraste, resulta intolerable que en pleno siglo XXI para las mujeres de los pueblos originarios la política sea un ámbito prácticamente vedado por las costumbres y por una precariedad que no debemos permitir más.
Tenemos la certeza de que quienes hemos alcanzado importantes cargos de decisión, lo-graremos concretar los cambios necesarios para que por fin todas las mujeres mexicanas tengamos las mismas oportunidades y logremos representar los intereses de la nación.
Sen. Diva Hadamira Gastélum BajoPresidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del
Senado de la República
Lic. Lorena Cruz Sánchez Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres
EN LA MIRA
Participación política de las mujeres indígenas y sus derechos
Hacia la construcción de una democracia que incluya a las mujeres indígenas
Participación política de las mujeres indígenas: la revolución pendiente
SABÍAS QUE...
Mujeres en la mira...
REPORTAJE
Mujeres indígenas y sus derechos políticos
LO QUE VIENE
contenido
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17
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COMISIÓN PARA LAIGUALDAD DE GÉNERO
MUJERES TRABAJANDO
Se pronuncia Senado por combate a la trata de personas en México
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RECOMENDACIONES 31
DATOS CURIOSOS 32
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DE CORTE INTERNACIONAL
Mujeres indígenas latinoamericanas y política: prácticas “diferentes para”
EL EJEMPLO DE
Génesis del voto femeninoen México
número 4, septiembre-octubre de 2013
igualdad de género es una revista de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República
Torre de Comisiones, piso 10, oficina 1. Av. Paseo de la Reforma 135, Col. Tabacalera Del. Cuauhtémoc , Ciudad de México, C.P. 06030Tel: 5545-3000 ext. 5270 [email protected] Mesa Directiva
Sen. Raúl Cervantes AndradePresidente
Presidenta de la Comisión para la Igualdadde Género
Sen. Diva Gastélum Bajo
SecretariasSen. Martha Elena García Gómez Sen. Angélica de la Peña Gómez
Integrantes de la ComisiónSen. Ivonne Liliana Álvarez GarcíaSen. Ma. del Rocio Pineda Gochi Sen. María Lucero Saldaña PérezSen. Rosa Adriana Díaz LizamaSen. Gabriela Cuevas BarronSen. Mónica T. Arriola Gordillo
Presidenta del Instituto Nacional de las MujeresLic. Lorena Cruz Sánchez
Dirección Editorial Edith Carbajal Triano
FotografíaDiego Fuentes (ANICM)Jonathan Ruiz Torres
DistribuciónSenado de la RepúblicaInstituto Nacional de las Mujeres
Publicación bimestral gratuita, editada por la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República, Legislatura LXII. Ejemplar Volumen I, Número 04, agosto-septiembre 2013. El contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva de los autores y no refleja necesariamente la opinión de los editores. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial del material publicado, por cualquier sistema o método físico, electrónico, sin el consentimiento por escrito de los editores.
76 EL EJEMPLO DE
La conmemoración del 60° aniversario del voto femenino en México constituye una invita-ción a recuperar nuestra historia, a conocer cómo se originaron los avances de los derechos políticos de las mujeres en nuestro país y quiénes hicieron posible darle voz y voto a las
mujeres en la definición del rumbo del país.
Sin duda un protagonista principal a quien debemos la concreción de este hito revolucionario, que marcó un antes y un después en vida de las mujeres mexicanas, es el movimiento feminista, que a partir de la Revolución Mexicana exigió justicia y reconocimiento a los derechos políticos de las mujeres, no obstante que desde 1927 países como Uruguay ya habían reconocido y otorgado este derecho. Otro protagonista es la voluntad política de los presidentes mexicanos, quienes pasarán a la historia como precursores que rompieron paradigmas.
En este parteaguas, también hubo un contexto internacional que favoreció la exigencia de los derechos humanos de las mujeres en materia política: la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (1953), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) (1979), así como las Conferencias Mundiales de la Mujer en El Cairo (1994) y Beijing (1995).
Con miras a reconocer estos importantes aportes, presentamos una breve semblanza de todas y todos los que hicieron posible el sufragio femenino en México.
Todo comenzó cuando…
Hoy día la legitimidad de la participación de las mujeres en la esfera política se encuentra implí-cita en nuestro sistema democrático, en un marco de equidad, justicia y tolerancia. Sin embargo, el talento femenino, ya no sólo en la política sino en todos los ámbitos, tiende a desperdiciarse debido a la falta de apoyo o sensibilización de la condición y posición de las mujeres, de aquí la insistencia en promover medidas afirmativas que garanticen su inclusión paritaria en el desarro-llo político, social y económico del país.
Todo surge en 1916, cuando Chia-pas, Tabasco y Yucatán reconocen la igualdad jurídica de las mujeres para que por primera vez pudieran votar y ser postuladas a puestos públicos de representación popular, y el cual re-presentó un momento coyuntural en nuestra sociedad, una visión distinta de hacer política.
Es en 1922 cuando Yucatán reco-noce el derecho de las mujeres para participar en elecciones municipa-les y estatales; el estado de San Luis Potosí aprueba en 1923 una ley que permite a las mujeres alfabetizadas participar en los procesos electorales. Es hasta 1947, durante el gobierno de Miguel Alemán, que se le reco-noce a las mujeres en todo el país el derecho a votar y ser votadas en pro-cesos municipales.
En 1937 el presidente Lázaro Cárde-nas solicita, a la Cámara de Senado-res, la iniciativa para reformar el ar-tículo 34 constitucional para que las mujeres obtengan la ciudadanía. Es en 1938 cuando la reforma se aprueba por los senadores y por los congresos de la mayoría de los estados.
El 24 de diciembre de 1946, la Cá-mara de Diputados aprueba la inicia-tiva propuesta por Miguel Alemán, en la que se modifica el artículo 115 constitucional para que las mujeres participen en las elecciones munici-pales en igualdad de condiciones que
los hombres, con el derecho al voto y a ser elegidas. La ley entra en vigor el 12 de febrero de 1947.Durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, el 17 de octubre de 1953, se expide la reforma constitucional al artículo 34 y a la fracción I del ar-tículo 115, en la que se otorga total plenitud a los derechos ciudadanos de la mujer mexicana. El 3 de julio de 1955 es la primera vez que la mu-jer mexicana emite su voto en unas elecciones federales a fin de integrar la XLIII Legislatura del Congreso de la Unión.
El producto de una lucha intensa de mujeres y hombres nos ha llevado a estos grandes cambios y transforma-ciones culturales que vivimos actual-mente, sin embargo, no es suficiente. El reconocimiento de los derechos de las mujeres debe continuar en todos los espacios.
Las mujeres participan mayoritaria-mente en los puestos de responsa-bilidad, quizá no es tan visible en el esquema político-electoral, pero lo hacen en la estructura, relaciones y procesos sociales de nuestra vida cotidiana.
Es preciso implementar acciones que favorezcan la participación política equitativa con perspectiva de género y resolver la desigualdad desde varios frentes. Que esta celebración sirva para que hombres y mujeres reflexio-nemos sobre nuestro compromiso con la democracia, y los avances en materia de género que se han alcan-zado, impulsen nuevas formas de re-lacionarnos de manera armónica, con la finalidad de desarticular toda clase de exclusión y dinámicas desiguales que obstaculizan la consolidación de esta transición democrática. Por ello, el ejemplo de aquellos hombres que
contribuyeron a generar los cambios democráticos en México a fin de brindar a las mujeres el derecho a vo-tar es de vital importancia.
Adolfo Ruiz Cortines
El ex presidente Adolfo Ruiz Cor-tines, político mexicano que brindó un gran aporte durante su mandato para la ideología progresista, frente a la orientación más conservadora de sus dos predecesores inmediatos en el cargo. Durante su gobierno, se impulsó la educación, la sanidad pública y se concedió el derecho al voto a las mujeres.
En un discurso como candidato el 6 de abril de 1952 en el Parque 18 de Marzo de la ciudad de México, Ruiz Cortines se compromete ante 20 mil mujeres asistentes a que “si el voto nos favorece en los próximos comi-cios, nos proponemos iniciar ante las Cámaras las reformas legales ne-cesarias para que la mujer disfrute los mismos derechos políticos del hombre”.
Como presidente, Ruiz Cortines en-vía su iniciativa el 9 de diciembre de 1952, que se aprueba por unanimi-dad por el Congreso de la Unión. Así, el 17 de octubre de 1953, cumple su promesa y promulga las reformas constitucionales que otorgaban el voto a las mujeres en las elecciones federales en el Diario Oficial de la Federación, con la reforma del artí-culo 34 constitucional:
“Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos reúnan ade-más los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años de edad, siendo casados, o 21 si no lo son y tener un modo honesto de vivir”.
Génesis del voto femenino en México
Por: edith Carbajal triano
El EJEMPLO DE 98
a sus principales explotadores y luchó contra el fanatismo religioso.
Durante su gobierno, se celebró el Primer Congreso Feminista de Yu-catán, en el Teatro Peón Contreras, del 13 al 16 de enero de 1916, donde asistieron alrededor de 700 mujeres.
Los congresos feministas
Este primer congreso feminista no exigió el voto femenino, se deman-daron escuelas laicas, cargos en la administración pública e igualdad salarial entre hombres y mujeres en el magisterio. Once meses más tar-
de llevó a cabo el Segundo Congreso Feminista de Yu-catán, que tuvo como tema central el voto femenino, sobre el cual se presenta-ron tres posiciones.
Como parte de las conclu-siones de este congreso, se aprobó el voto a las mujeres mayores de 21 años, que su-piesen leer y escribir, pero solamente para elecciones municipales y no podían ser
electas ni ocupar puestos públicos. Un mes más tarde, el 12 de diciembre de 1916, Hermila Galindo planteó ante el Congreso Constituyente el que se le otorgara el voto a la mujer.
En 1918 y 1922 se realizaron con-gresos feministas. Ambos grupos de congresistas pidieron el voto para las mujeres, así como la oportunidad de ser electas a puestos de elección popular. Sin duda, fue el estado de Yucatán durante el siglo XIX el que abanderó en México la lucha por el sufragio femenino.
Se creó el Frente Único Pro Dere-chos de la Mujer, que llegó a contar
La carrera política de Salvador Alva-rado llegó a su cúspide cuando fue gobernador y comandante militar de Yucatán, de 1915 a 1917. Fue en-tonces cuando se manifestó como un gran reformador social, tarea en la que encontró el apoyo de Felipe Ca-rrillo Puerto.
Promulgó leyes de trascendencia social que fueron precursoras de la Constitución de 1917, entre las más importantes están las denominadas “Cinco hermanas”: la Ley Agraria, la de Hacienda, del Trabajo, del Catas-tro y la Ley Orgánica de los munici-pios del Estado.
Estableció la Casa del Obrero Mun-dial para servir de apoyo a las y los trabajadores yucatecos. Organizó los primeros Congresos Pedagógi-co y Feminista, asimismo, fundó las escuelas de Agricultura, de Artes y Oficios, de Bellas Artes y la Escuela Libre de Derecho Estatal.
Expidió una importante ley de repar-tición de tierras y de protección a los obreros, declaró a Yucatán el primer estado seco de la República, con la que buscó erradicar el alcoholismo entre los indígenas; dictó una ley para que los estudiantes se iniciaran en las prácticas democráticas al elegir a sus dirigentes; combatió la prostitución y
Salvador Alvarado Rubio
Participa en la revolución mexicana como general del ejército Constitu-cionalista bajo las órdenes de Venus-tiano Carranza. Militar y estadista mexicano.
Fue gobernador de Yucatán de 1915 a 1917. En el estado de Sinaloa, don-de nació, un municipio lleva su nom-bre. Sinaloense de nacimiento, sono-rense por adopción y yucateco por su obra. Sus padres fueron Timoteo Al-varado y Antonia Rubio, con quienes se trasladó a Pótam, Sonora, a los 8 años de edad.
Alvarado Rubio apoyó al movimiento antirreelec-cionista, y fue propagador clandestino de las ideas de Ricardo Flores Magón. Fue de los primeros en tomar las armas a favor de Francisco I. Madero: participó en el frustrado asalto al cuartel de Hermosillo en 1910; al-gunos de los involucrados en este hecho fueron fusi-lados, mientras otros, entre ellos Alvarado, escaparon a Arizona.
En 1911, bajo las órdenes de Juan G. Cabral, alcanzó los grados de Mayor y de Teniente Coronel. Alvarado com-batió la defección de Pascual Orozco y llegó a ser Jefe de un Cuerpo Auxiliar Federal. A raíz de los sucesos de fe-brero de 1913, Alvarado desconoció a Victoriano Huerta y se sumó a la lucha constitucionalista. Venustiano Carran-za lo ascendió a Coronel y lo nombró Jefe de la zona central de Sonora; ya como general se convirtió en uno de los miembros más prominentes del constitucionalismo sonorense, aunque con independencia política de Álvaro Obregón.
Luchadoras sociales e intelectua-les asistieron al recinto parlamen-tario para presenciar ese momento histórico, tales como Elvia Carrillo Puerto, quien dedicó su vida a al-canzar el propósito; Adelina Zen-dejas, Adela Formoso de Obregón Santacilia, María Lavalle Urbina y Amalia Castillo Ledón, entre otras.
Para las elecciones federales del 3 de julio de 1955, donde se debe-rían de elegir diputados, senado-res y siete gobernadores, las mu-jeres acudieron por primera vez a las urnas de votación. La primera dama, María de los Dolores Izagui-rre, fue la primera en depositar su voto. En esa contienda, resultaron electas diputadas Remedios Alber-tina Ezeta por el estado de México; Margarita García Flores por Nuevo León, Guadalupe Ursúa Flores por Jalisco y Marcelina Galindo Arce por Chiapas.
Felipe Carrillo Puerto
Político, periodista y caudillo revo-lucionario mexicano; gobernador de Yucatán de 1922 a 1924. Fue cono-cido por sus obras sociales y edu-cativas, además de su compromiso con el bienestar de las y los indios mayas y por su enfrentamiento con los hacendados del estado durante la etapa revolucionaria. En 1927 el “Apóstol rojo de los mayas”, como le llamaron algunos, fue declarado benemérito de Yucatán por el Con-greso del Estado de Yucatán.
Entre los avances sociales que logró están la fijación del salario mínimo en la ciudad de Mérida, la promul-gación de leyes de Previsión Social, del Trabajo, del Inquilinato, del Di-vorcio, de Expropiación por causa
de utilidad pública y de Revocación del mando público de los funciona-rios de elección popular. Estableció los bautizos socialistas y las bodas comunitarias, así como la promo-ción del control natal. Creó coope-rativas de producción y consumo; inició programas de socialización de la riqueza pública. Declaró de inte-rés público la industria henequene-ra, con lo que redujo la producción de fibra, e impulsó la Liga de Me-dianos y Pequeños Productores de Henequén, lo que representó un enfrentamiento directo con los ha-cendados henequeneros.
Todas estas acciones revoluciona-rias, si bien lo acercaron a las masas campesinas de Yucatán, lo distan-ciaron de los grupos oligárquicos, que seguían detentando la econo-mía de Yucatán y defendían sus in-tereses de clase, apoyados por mi-litares que controlaban al ejército.
Promovió los derechos políticos de las mujeres para ser electas, con la creación de ligas feministas. Sin embargo, no la incluyó como ini-
ciativa para reformar la Constitu-ción de Yucatán a fin de otorgar el derecho al sufragio femenino, que tanto anhelaban las feministas y sufragistas.
Para contrarrestar el escándalo que produjo el planteamiento de la educación sexual y la planificación familiar, grupos conservadores pro-movieron la instauración comercial del Día de las Madres.
En Yucatán, unos meses antes, El-via Carrillo Puerto, Beatriz Peniche de Ponce y Raquel Dzib Cicero fi-guraban como candidatas a diputa-das al Congreso del Estado de Yu-catán. Elvia Carrillo Puerto resultó la primera mexicana electa diputa-da al Congreso Local por el V Dis-trito, el 18 de noviembre de 1923. Sin embargo, después de desempe-ñar su cargo por dos años renunció, debido a que recibió amenazas de muerte. Poco tiempo después, cam-bió su residencia a San Luis Potosí y es elegida al obtener la mayoría de votos, pero el Colegio Electoral no reconoció su triunfo.
EN LA MIRA 1110
con 60 mil afiliadas. En 1938 el Frente Único despliega una intensa campaña para reformar el artículo 34 cons-titucional a fin de que fueran reconocidos los derechos políticos de las mujeres. Esta reforma se logró en 21 es-tados, pero el Congreso de la Unión no aprobó el proyec-to, debido a una campaña en la que se expresó el temor de que las mujeres se sumaran a la oposición derechista.
Lázaro Cárdenas del Río
El ex presidente Lázaro Cárdenas del Río se destacó por la reforma agraria y la creación de ejidos en el sector agropecuario mexicano; la nacionalización de los recur-sos del subsuelo, en especial del petróleo, y por haber brindado asilo político a las y los exiliados españoles du-rante la guerra civil.
Otro de sus logros más importantes fue haber consoli-dado las bases del funcionamiento del Partido Nacional Revolucionario y su proceso evolutivo, mediante la in-corporación de las grandes centrales obreras, hacia el Partido de la Revolución Mexicana, antecedentes del Partido Revolucionario Institucional. Aportó también con la educación en crear el Instituto Politécnico Na-cional (IPN).
Fue en 1934, durante la campaña presidencial de Lá-zaro Cárdenas, cuando se conforma el Frente de Mu-jeres Mexicanas. En esta etapa, Carlos Riva Palacio, líder del Partido Nacional Revolucionario, convoca a la formación del sector femenino del partido. Las princi-pales asociaciones de mujeres que se suman a las filas del PNR son: la Liga Orientadora de Acción Femenina (creada en 1927), dirigida por Elvia Carrillo Puerto; el Bloque Nacional de Mujeres Revolucionarias (creado en 1929), presidido por Florinda Lazos León; el Partido Feminista Revolucionario (creado en 1929), de donde saldrá la primera dirigente del Sector Femenil del PNR, Edelmira Rojas, y la Confederación Femenil Mexicana (creada en 1931), encabezada por María Ríos Cárdenas.
Para 1935, en su primer informe de gobierno, el presi-dente Lázaro Cárdenas señala la necesidad de que el PNR busque un mayor acercamiento con las masas, particularmente con los sectores juvenil y femenil. En consecuencia, el PNR transforma la sección femeni-na en una Oficina de Acción Femenina, dependiente del Comité Ejecutivo Nacional, su primera directora es Margarita Robles.
Miguel Alemán Valdés
Otro ex presidente que acompañó el sufragio femenino fue Miguel Alemán Valdés, hijo del general Miguel Ale-mán y Tomasa Valdés.
Su trayectoria comienza en 1930 cuando es electo dipu-tado y seis años después senador y gobernador. Fue Se-cretario de Gobernación entre 1940 y 1945, año en que dimitió para postularse como candidato presidencial del Partido de la Revolución Mexicana, renombrado en enero de 1946 como Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Durante su mandato se inició un programa de industria-lización, para el cual negoció un importante préstamo del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos en 1947. Desarrolló la expansión de la red de ca-rreteras y ferrocarriles, además mejoró el suministro de agua de Ciudad de México y constituyó en la capital una Ciudad Universitaria única en el mundo.
Es durante la administración de Miguel Alemán que las mujeres obtuvieron el derecho de voto y se presentaron como candidatas en las elecciones municipales. Su ad-ministración fue acusada de corrupción y aparecieron problemas económicos poco después de finalizar su mandato. En sus últimos años de vida, regresó a la polí-tica activa y se dedicó a promover el turismo.
Tres días después de iniciar su periodo presidencial, Mi-guel Alemán envía a la Cámara de Senadores la iniciativa de adición al artículo 115 de la Constitución, por la que otorga el derecho a la mujer de votar y ser votada en elec-ciones municipales. La iniciativa fue aprobada el martes 31 de diciembre de 1946.
Participación política de las mujeres indígenas y sus derechos
Por: Rogelia González Luis
Casi gunna rizaca stidxanú guidubinaca guidxilayú(Como mujeres indígenas es valiosa nuestra palabra en todo el mundo)
México es un país pluriétnico y multicultural: se hablan más de 68 lenguas y 349 variantes dialécticas y tiene la mayor población indígena total en América Latina: 10 millones 200 mil personas, de las cuales 5.2 millones son mujeres. Éstas constituyen el sector más tradicional de las sociedades indígenas las cuales, debido a la falta de acceso a la propiedad, recursos productivos y educación, en su mayoría están en condiciones de adaptación y resistencia ante una cultura machista de reclusión y exclusión social.
La comunidad y el municipio son dos de las estructuras de gobier-no y decisión política más importantes para la participación de las mujeres, ya que existe un mayor acerca-miento para la atención de aspectos de la vida colectiva y el impulso hacia la participación y el liderazgo. Como ejem-plo está Oaxaca, con el mayor número de población indígena y 570 municipios. Por ello que el desarrollo de la partici-pación de las mujeres en el ámbito municipal y de su comunidad debe ser referente del impulso hacia su participación nacional.
No obstante que existe un marco legal que respalda la participa-ción política de las mujeres indígenas, la teoría no coincide con la práctica, y esto se refleja en el analfabetismo en la población indígena que es mayor en las mujeres. Otro aspecto crucial en la desigualdad de las mujeres indígenas es el acceso limitado a los recursos económicos y productivos, al trabajo, a su casi inexistente representación política, a los ingresos, a la violencia que sufren en el espacio familiar, la violencia institucional y al rol social como amas de casas, al cual se les ha reducido. La reclusión femenina en los ámbitos doméstico y familiar, la falta de permisividad so-cial para el desplazamiento y la opinión propia de las mujeres y el manejo apenas funcional del español inhiben su participación. Es como si desde diferentes aspectos sociales (medios de comu-nicación, educación, religión, familia, pobreza y el propio Estado) quisieran acallar su voz, su participación, pero sobre todo su pre-sencia en la vida social. Por ello, el acceso a la educación consti-tuye, sin duda, uno de los temas cruciales en las oportunidades de participación política de las mujeres indígenas; el nivel educativo
sirve como factor de posibilidad en el ejercicio de los liderazgos y la participación de las mujeres.
Es preciso que se entienda el nuevo rol funcional de las muje-res en sociedad, mujeres tejedoras de historia y reproductoras de cultura. Es necesario que desde su cotidianidad la mujer luche y resista, y entiendan su valor e importancia en la vida social, pero sobre todo que el Estado facilite los canales para su mayor parti-cipación, conocimiento y reconocimiento de sus derechos no sólo como mujeres sino como mujeres indígenas. Basta voltear los ojos al municipio de Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca, donde destaca
la labor de la Regiduría de Derechos Hu-manos e Igualdad de Género y el Grupo de Mujeres 8 de Marzo AC, un ejemplo de la resistencia y lucha de las mujeres por su autonomía. Dicha lucha no se hace por la vía armada sino desde su vida cotidiana; de aquellas mujeres que
se han convertido en jefas de familia y líderes en sus comunidades que desde sus labores alzan su voz para decir: “somos indígenas, somos mexicanas y tenemos derechos”, “somos capaces, somos fuertes, somos mujeres”, ¡ya basta de un México sin nosotras! Porque la política no la componen solo las mujeres que legislan, gobiernan o dirigen un partido político, sino también las que se comprometen en tareas, principios y convicciones para servir a las y los demás. El talento y la inteligencia no tiene sexo y la igualdad de género es una lucha permanente e irreversible. Las mujeres de los pueblos indígenas reconocemos que hoy en día existen me-canismos suficientes que permiten nuestra participación política, sin embargo, estos no son llevados a cabo en forma plena. Por ello, recomiendo la implementación de políticas públicas trans-versales con enfoque de género en materia de educación, vivien-da, empleo, salud, capacitación y creación de micronegocios que promuevan nuestro desarrollo social y político. Es necesario que el Estado deje de justificar la exclusión social de las mujeres indí-genas por los usos y costumbres y de sistemas normativos consue-tudinarios, pues éste no es un referente teórico que avale la poca o nula actuación de su parte.
somos indígenas, somos mexicanas y tenemos derechos… ¡ya basta de un México sin nosotras!
EN LA MIRA 1312
Hacia la construcción de una democracia que incluya a las mujeres indígenas
Por: María del Carmen Alanis FigueroaMagistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;
Doctora en Derecho por la UNAM.
Se estima que en México existen 15.7 millones de personas indí-genas, pertenecientes a 68 pueblos originarios, que representan 14.86% de la población nacional. No obstante, los indígenas han sido un grupo relegado. De ello trataron las reivindicaciones his-tóricas de los años 60 y 80, así como los movimientos de los 90. Uno de los resultados que se obtuvieron de esos procesos fue la reforma constitucional de 2001, que en materia de representa-ción política derivó en la posibilidad de que los indígenas elijan a sus autoridades, según sus prácticas tradicionales y en la instruc-ción al IFE, en el sentido de tomar en consideración la ubicación de pueblos indígenas. Estos preceptos son coincidentes con la necesidad de tratar en forma desigual a colectivos que han sido sujetos de discriminación.
En México, el Tribunal Electoral del Po-der Judicial de la Federación también ha emitido algunas sentencias tendentes a proteger la participación política de los indígenas. Por ejemplo, en el caso File-món Navarro1 se obligó a un partido po-lítico a postular al actor dentro de la cuota indígena plasmada en sus propios estatutos, sobre la base de su autoadscripción. Sería suficiente que el individuo se identificara como indígena para re-conocerle tal carácter.
Resulta urgente emprender una amplia reforma que se oriente a que las comunidades indígenas lleguen al Congreso en una pro-porción parecida a su peso poblacional. Ello significaría más de 50 diputados indígenas en la Cámara Baja y 12 en el Senado.
• Una primera necesidad sería ampliar la cantidad de distritos uninominales indígenas, y podría conseguirse, si el umbral de población indígena necesario para delimitar así una de-marcación baja al 30%.
• Que las listas de candidaturas de representación proporcio-nal integraran a cuando menos un indígena.
En el diseño de una política pública orientada a fortalecer a los pueblos indígenas, sería necesario incorporar a sus propias comunidades. Cua-tro principios deberían guiar la inclusión de los pueblos en el diseño
de las políticas que les atañen: el principio de interculturalidad; el de autoadscripción, el de libre determinación y el derecho a la consulta.
En muchas comunidades indígenas del país, las mujeres han visto mermados sus derechos político-electorales y hay bajos niveles de participación. Ahí, la política es un asunto de los varones, en el que las mujeres recién comienzan a abrirse espacios.
Pero ese déficit de participación política de las mujeres no debe verse desde una posición acrítica. El mundo de la política mestizo está, también, cargado de “techos de cristal” que impiden a las mujeres participar en las mismas condiciones que los hombres.
No es casual que actualmente ninguna mujer sea gobernadora de algún estado en el país, o que apenas ocupen 7% de las presidencias municipales.
En el centro de la discriminación hacia la mujer –entre los indígenas y entre quienes no lo son– están los estereotipos de géne-
ro que asumen, erróneamente, que a las mujeres les corresponde el cuidado de la familia y el mundo de lo privado. La política, desde ese prejuicio, debería serles ajena. De ahí la importancia de acciones afir-mativas, como las cuotas de género, que en todo el mundo han logra-do que las mujeres lleguen a los órganos de toma de decisión pública y la necesidad de que autoridades electorales, partidos políticos y le-gisladores diseñen, cada quien en su ámbito, políticas que permitan se visibilicen los liderazgos de mujeres en las comunidades indígenas. Es indispensable que ese proceso se realice desde una visión que permita el diálogo entre culturas, que potencie la participación de las mujeres, pero no imponga la cultura mestiza, al considerarla “normal”.2
La calidad de la democracia está íntimamente ligada con su capa-cidad de inclusión y, en ese parámetro, hay un déficit que debe revertirse.
2 Las líneas de arriba han dejado claro que la exclusión de mujeres también ocurre en los escenarios de la política liberal occidental.
Participación política de las mujeres indígenas: la revolución pendiente
Por: Paula Soto Maldonado, Directora de Participación Social y Política del Instituto Nacional de las [email protected]
El incremento en la participación política de las mujeres indíge-nas es uno de los retos actuales donde intervienen muchos facto-res, que en su conjunto describen una realidad ignorada. El des-conocimiento de su entramado y su sistema normativo de usos y costumbres, nos hace tener una visión sesgada de la realidad de las mujeres indígenas. En esta dinámica, los roles de las muje-res están pensados, en su mayoría, para ser observadoras de los procesos y no agentes reconocidos en las asambleas comunitarias y en su entorno diario. Las responsabilidades que enfrentan, en cualquier otro esquema social equivaldría a una posición de li-derazgo por su pro actividad, pues son ellas las encargadas de la producción y comercialización de insu-mos (cosecha, elaboración de artesanías, etc.), además de las labores cotidianas. Este trabajo que realizan desde tempra-na edad, las excluye del acceso a la edu-cación y del aprendizaje del español.
Sería injusto decir que en las comuni-dades indígenas no existe participación de la mujer, no obstante ésta no puede ser juzgada conforme a nuestros pará-metros, debido a que sobre ellas recaen responsabilidades colectivas, como comités del agua, mayordo-mías o comités de padres de familia, entre otros. La vida de las mujeres indígenas suele estar sujeta al escrutinio público con sanciones, es decir, alguna acción que sea considerada como “inapropiada” puede traducirse en una amonestación formal (exclusión social, corporal, repudio, calumnias, etcétera). Este obstáculo, al que también se enfrentan las mujeres en las zonas urbanas en otras modalidades, es un freno importante que limita el interés de las mujeres por participar en cargos de decisión al interior de sus comunidades.
La eliminación de este tipo de trabas ha tenido eco en instrumen-tos internacionales, como las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, julio de 2012), quien pidió a México atender y salvaguardar los derechos de las mujeres, y los de las indígenas y las mujeres en
zonas rurales, con miras a eliminar la discriminación y promover su participación en la toma de decisiones. La Declaración y Pla-taforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la mujer, Beijing+15, en su capítulo IV inciso G, establece la necesi-dad de: “Alentar una mayor participación de la mujer indígena en la adopción de decisiones a todos los niveles”. El reconocimiento que estos instrumentos internacionales hacen de una realidad es-pecífica como la de las mujeres indígenas, resulta esencial para trabajar con ahínco en la materia y para tejer una red de actores que permita abordar la circunstancia desde una perspectiva inte-gral, respetando las tradiciones de estos grupos sociales.
Es indispensable coordinar y profun-dizar acciones federales, estatales y locales para garantizar que las mujeres indígenas ejerzan su derecho a la edu-cación, a la justicia, al trabajo digno, a la salud, a vivir sin violencia, a la auto-nomía económica, y al empoderamien-to entendido como la capacidad de to-mar decisiones con libertad sobre ellas mismas y su entorno. Por ello, necesi-tamos trabajar en equipo para cumplir
lo que la Constitución y las leyes específicas mandatan en favor de las mujeres, impulsando programas, planes, proyectos y ac-ciones afirmativas. La tarea consiste en hacer visible a un sector que durante muchos años se ha cuantificado como una masa a pesar de sus especificidades y su diversidad. Cuenta de ello, es la falta de datos estadísticos desagregados por sexo y edad que nos aporte un panorama más claro de su realidad y así formular o reformular estrategias de acción que favorezcan su inclusión de las mujeres indígenas a sus entornos.
La revolución en el caso de las mujeres indígenas está pendiente, pues siguen siendo contadas las que ocupan espacios de toma de decisiones. Es necesario tener más representantes cuyo ejemplo se reproduzca a lo largo y ancho del país y que generen un cam-bio rápido y profundo en sus entornos que garantice sus condi-ciones de igualdad, siempre respetando su identidad.
En muchas comunidades indígenas del país, las mujeres han visto mermados sus derechos político-electorales y tienen bajos niveles de participación.
Las mujeres debemos mantenernos en pie de lucha para garantizar que se respeten nuestros derechos y estemos en igualdad de oportunidades para seguir construyendo un escenario de mayor inclusión en las esferas de toma de decisiones.
MUJERES TRABAJANDO 1514
Se pronuncia Senado por combate a la trata de personas en México
Durante la presentación del tercer número de la Revista Igualdad de Género, con el tema “Trata de personas”, a cargo de la Comisión para la Igualdad de Género, la senadora Diva Gastélum afirmó que el tema es muy delicado y en esta ocasión se aborda con la inten-
ción de que continúen los trabajos para proteger a las mujeres, niñas y niños de México.
La trata de personas, una forma de esclavitud y una grave violación a los derechos humanos, se relaciona con las condiciones de vida de los países menos desarrollados, políticas migratorias más rígidas en los países industrializados, y a que por mucho tiempo, y equivocadamente, se conside-raron hechos aislados.
En su oportunidad, la Lic. Lía Limón García, Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secreta-ría de Gobernación, dijo que “no podemos olvidar los testimonios de las víctimas y ese motivo debe ser el que nos haga luchar unidos por combatir este delito”, refiriéndose al trabajo conjunto entre autoridades y sociedad civil en la lucha contra la trata de personas.
La senadora Angélica de la Peña Gómez resaltó la importancia de que la ciudadanía se mantenga informada sobre el tema de trata de personas, y se pronunció por la homologación en la legislación de todas las entidades de la República para lograr el combate y erradicación de este delito.
La trata de personas es considerada el tercer negocio más lucrativo en el ámbito mundial, con ganancias que alcanzan los 32 mil millones de dólares anuales, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La Coalición Regional Contra el Tráfico de Mu-jeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC) confirmó que el crimen organizado ha encontrado en la venta y renta de los cuerpos de las mujeres y las niñas una manera de diversificar y aumentar sus ganancias.
En México, la trata de personas es el segundo negocio ilícito más redituable para la delincuencia organizada, sólo por debajo del narcotráfico y por encima del tráfi-co de armas, según el “Diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad que propician la trata de personas en México”, elaborado por la Comisión Nacional de los De-rechos Humanos y el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social.
Cerca de 12 millones de personas son víctimas de trata, de las cuales 79% son utilizadas para explotación sexual, 3% extracción de órganos y 18% explotación laboral; de acuerdo con cifras del INEGI, de 3.6 millones de per-sonas, 31% son menores de edad, con edades entre 5 y 17 años, y 70% personas migrantes e indígenas obligadas a realizar trabajos peligrosos para su seguridad, salud y moral en condiciones de trata.
Al clausurar el evento, la Lic. Lorena Cruz, Presiden-ta del Instituto Nacional de las Mujeres, afirmó que es indispensable impulsar cambios culturales profundos, así como generar campañas informativas, ya que “nadie puede estar encima de la Ley”, y es necesario trabajar en unidad para reducir la vulnerabilidad en que viven niñas y niños en México.
Al evento asistieron: Nelly Montealegre, titular de la FEVIMTRA; Jacqueline L’hoist Tapia, Presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal (Copred); Jesica Vargas, representante de la Casa Xochiquetzal; senadora Luisa María Calderón Hinojosa, integrante de la Comisión contra la Trata de Personas en el Senado de la República; senadora Angélica Araujo Lara; senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi; se-nadora Lisbeth Hernández Lecona; así como enlaces de género de las diversas dependencias federales.
CONMEMORA SENADO 100° ANIVERSARIODEL NATALICIO DE GRISELDA ÁLVAREZ PONCEDE LEÓN
En el marco del 100° Aniversario del Natalicio de Griselda Álvarez Ponce de León, el Senado de la República a través de la Comisión para la Igualdad de Género, presentó el libro Las violetas son azules: mujeres y textos en Colima a fines del siglo XIX, de Nora Patricia Ríos de la Mora.
Griselda Álvarez, la primera gobernadora constitucional de México, “fue una mujer adelantada a su época, cuando no se usaba que una mujer gobernara y se le pudiera dar las riendas de un estado, ella rompió todos los estereoti-pos”, señaló Gastélum Bajo.
El texto de Nora Patricia Ríos nos acerca a las mujeres de Colima, particularmente aquellas que escribieron algún texto: cartas, poemas, alocuciones o discursos y novelas durante el periodo histórico conocido como el porfiriato. Ellas participaron de los ambientes culturales, sociales y políticos de la época. El estudio se realiza desde el enfo-que de los estudios de género y de historia de las mujeres.
Se reunieron textos sobre las mujeres colimenses en donde discutían temas de educación. Nora Patricia Ríos señala un discurso de la alumna Refugio Quiroz, en 1890 dirigido a las autoridades educativas, en el cual les dice “cada paso que da la mujer en la senda de la cultura y de la instrucción, es un triunfo para el progreso y el porvenir de los pueblos.”
En su oportunidad, el senador Miguel Barbosa Huerta dijo que las mujeres del mundo tienen igual oportunidad que los hombres en todos los ámbitos, de la misma forma hizo un llamado para generar un cambio cultural y lograr una igualdad sustantiva.
MUJERES TRABAJANDO 1716
Asimismo, hizo referencia al trabajo que realiza la Comi-sión para la Igualdad de Género, así como el reconoci-miento de “dos fortalezas que Justo Sierra le reconoció a Juárez, se llaman fe y voluntad que todo el tiempo lleva a cabo Diva Gastélum”, dijo.
El senador Jorge Luis Preciado señaló que la identifica-ción de las mujeres en el siglo XIX era a partir de las flo-res, en este sentido, las violetas son flores débiles pero adaptables, “es un poco el carácter de la mujer, parece dé-bil, sencilla, tranquila y sin embargo su carácter demues-tra con mucha fuerza cómo se identifican”.
Por último, el senador Emilio Gamboa Patrón señaló que Griselda Álvarez fue una mujer colimense que tuvo el pri-vilegio de servirle a su estado con honestidad y sensibili-dad política.
Al evento asistieron Dra. Avital Bloch, senadora Lucero Saldaña Pérez, senador Miguel Romo Medina, senador Armando Ríos Pitter y enlaces de género de las depen-dencias federales.
LANZA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO CAMPAÑA “SALVEMOS EL CORAZÓN DE LAS MUJERES”
La Comisión para la Igualdad de Género, en coordinación con la Fundación Interamericana del Corazón México y la Fundación AstraZeneca, realizaron el lanzamiento de la Campaña “Salvemos el corazón de las mujeres”, donde la Senadora Rocío Pineda Gochi, en representación de la senadora Diva Gastélum Bajo, llamó a la reflexión para
que mexicanas y mexicanos tomen medidas preventivas de enfermedades cardiovasculares, “ya que tan sólo el año pasado fallecieron cerca de 176 mil personas, casi 50 por ciento son mujeres”, dijo.
El objetivo del evento fue concientizar a las mujeres del alto riesgo de morir por estas enfermedades, que las mu-jeres conozcan los factores de riesgo y acudan a revisiones médicas periódicas.
Por su parte, Yvonne García Richaud, presidenta de la Fun-dación Interamericana del Corazón, señaló que la princi-pal causa de muerte en las mujeres son las enfermedades cardiovasculares, “de 100 mujeres que mueren, 25 mueren por enfermedad cardiovascular”.
En este marco, la presidenta de la Fundación AstraZe-neca, Dra. Ana Cecilia Polanco, aseveró que “según los últimos reportes del 2011, en México mueren 287 mexi-canos por enfermedades cardiovasculares todos los días, de ellos, 47 por ciento son mujeres, es decir, 138 mujeres mueren diario por enfermedades cardiovasculares, cuatro mil 129 mujeres al mes”.
En este contexto, se inauguró el Foro Ciudadano so-bre Enfermedades Cardiovasculares “Riesgos, Costos e Implicaciones en la Sociedad y en la Familia Mexi-cana”, donde la senadora Maky Ortiz, presidenta de la Comisión de Salud, comentó que está por aprobarse un punto de acuerdo en materia de hipertensión para re-forzar la política nacional del salud, ya que es necesario promover las causas y consecuencias de las enfermeda-des cardiovasculares.
El Dr. Marco Antonio Martínez Huerta, director general del Instituto de Cardiología “Ignacio Chávez”, mencionó que el problema es grave en la salud de las mexicanas, ya que 1 de cada 28 mujeres puede fallecer de cáncer de mama, pero 1 de cada 3 mujeres morirá a causa de enfer-medades del corazón.
La inauguración del evento estuvo a cargo del senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política, quien señaló que este tema permi-tirá a las y los legisladores plantear soluciones a las pro-blemáticas en materia de salud con las mujeres y la pobla-ción en general; además de sugerir eventualmente a las y los diputados federales hacia dónde deben ser canalizados los recursos del Estado para resolver esta problemática.
Entre los temas que se analizarán en el Foro se encuentran: Reto epidemiológico en México; Enfermedad Crónica y la Educación del Paciente; Situación de las Enfermedades Cardiovasculares como enfermedades no transmisibles y sus mecanismos de prevención; las enfermedades cardio-vasculares y las mujeres; reto, perspectivas y construcción de políticas públicas para la prevención, tratamiento y re-habilitación de enfermedades cardiovasculares.
IMPULSA SENADO RATIFICACIÓN DEL CONVENIO 189 SOBRE TRABAJADORAS Y TRABAJADORESDEL HOGAR
La Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República en coordinación con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), la Fundación Friedrich Ebert México y el Centro de Apoyo y Capacita-ción para Empleadas del Hogar A.C., llevaron a cabo una Mesa de Diálogo para el Impulso de la Ratificación del Convenio 189 sobre Trabajadoras y Trabajadores del Ho-gar de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Al respecto, la senadora Diva Gastélum Bajo consideró importante transitar en una ruta clara para lograr que a la brevedad se les brinde a estos trabajadores y trabajadoras una mejor calidad de vida en congruencia con los dere-chos humanos de todo individuo.
Durante su participación el presidente del Conapred, Ricardo Bucio Mújica, destacó que tanto la legislación nacional e internacional, así como el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 tienen como eje rector establecer una sociedad de derechos.
Bucio Mújica hizo hincapié en que con el impulso de esta ratificación será posible generar los mecanismos y políticas públicas para eliminar la discriminación estruc-tural que viven las 2.1 millones de personas trabajadoras del hogar.
En tanto, la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón García, expre-só el compromiso del Ejecutivo Federal para ratificar el Convenio 189, con la finalidad de que los trabajadores y trabajadoras del hogar ejerzan sus derechos laborales en condiciones de igualdad. La representante de ONU Mujeres México, Ana Güez-mes García, señaló que esta iniciativa es un paso signi-ficativo en materia de derechos humanos y participación económica de las mujeres, además insistió en la regula-ción de las condiciones laborales de este sector, con el objetivo de que las relaciones entre trabajador y emplea-dor no se convierta en un patrón de justificación social al vulnerar sus derechos.
Alejandro Alday, Director General de Derechos Huma-nos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exterio-res (SRE), coincidió en la necesidad de que se ratificara el Convenio 189 para romper con los patrones culturales y que todos sean beneficiarios de los mismos derechos.
La representante de la Fundación Friedrich Ebert México aseveró que México vive un momento histórico en el que generan las condiciones para plantear propuestas y cons-truir una seguridad social digna.
Al evento asistieron Raúl Anell Moreno, Director de Polí-ticas Laborales para la Mujer y la Infancia de la Secretaría
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del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marcelina Bautista, Directora de CACEH AC, senadora Angélica de la Peña, senadora Rocío Pineda Gochi, senadora Angélica Rojas Hernández, senadora Lisbeth Hernández Lecona; así como trabajadores y trabajadoras del hogar, quienes expusieron sus propuestas y se congratularon de la iniciativa.
SE REALIZAN MESAS DE DIÁLOGO EN CONMEMORACIÓN DEL 60 ANIVERSARIO DEL VOTO FEMENINO EN MÉXICO
La senadora Diva Gastélum Bajo, Presidenta de la Comi-sión para la Igualdad de Género del Senado de la República, en coordinación con el Instituto Federal Electoral (IFE) e instituciones de los tres poderes, así como organizaciones nacionales e internacionales, conmemorarán del 23 al 27 de septiembre el 60 Aniversario del voto femenino en México.
Gastélum Bajo afirmó que el marco jurídico que tenemos actualmente contiene una serie de “interpretaciones muy particulares, así lo escriben, así lo permitimos, así lo vota-mos, es el momento de alcanzar una Reforma Constitucio-nal que hable realmente de las mujeres mexicanas”.
En la sede del Archivo General de la Nación, se convo-cará también a instituciones académicas, organizaciones civiles y organismos internacionales, a reflexionar sobre los avances y retos que el Estado mexicano afronta y los con-secuentes compromisos y acciones por adoptar en pro del
reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres en nuestro país.
Durante los días de discusión se debatirá sobre: el sufragio femenino en México, igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en la democracia; acciones institucionales en pro de la igualdad, legislación nacional, justicia y protección de los derechos político-electorales de las mujeres así como políticas gubernamentales, entre otros.
La legisladora sinaloense afirmó que “todos los días es una búsqueda para que se comprenda que nuestros derechos no son optativos, hoy es el momento de poder alcanzar esa ciu-dadanía plena. Me pronuncio porque en este momento que se están dando las grandes reformas, la principal reforma que México necesita, es la ciudadanía plena de las mujeres”.
En dicho encuentro participarán el Instituto Federal Elec-toral, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, el Archivo General de la Nación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Comisión de Igualdad de Género de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, ONU Mujeres, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Instituto Nacio-nal Demócrata para Asuntos Internacionales, Mujeres al Poder, Iniciativa Suma y la Red Mujeres en Plural.
Mujeres en la mira…
El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), por medio de la Dirección de Participación Social y Políti-ca, trabaja en la construcción de estrategias, programas y herramientas que promueven el empoderamiento po-lítico de las mujeres, además de colaborar y concertar acciones, con diversos actores gubernamentales y de la sociedad civil organizada con miras a construir escena-rios de mayor inclusión de las mujeres en los procesos de toma de decisiones.
Esta dirección diseñó la Plataforma Estratégica para la Igualdad Política, que tiene como objetivo principal que más mujeres accedan a cargos de elección popular en igualdad de condiciones que los hombres, lo que, una vez que se logre, generará cambios en favor de la ciudadanía al incluir nuevas visiones en las agendas de gobierno.
La plataforma promueve:
• El fortalecimiento de las capacidades de las mujeres que participan como candidatas a algún cargo de elec-ción popular, ya sea a nivel local para diputadas, síndi-cas, regidoras o presidentas municipales o jefas dele-gacionales como a nivel federal, de cualquier partido político, para incrementar sus oportunidades de ganar.
• Que las mujeres en cargos de toma de decisión se apropien de herramientas prácticas que fortalezcan sus liderazgos, capacidad de negociación, cabildeo y construcción de consensos para el posicionamiento exitoso de las agendas de género.
• Dotar a las candidatas electas de mejores recursos teóricos para promover y participar en el desarrollo local de manera integral, incorporando la perspectiva de género.
• Facilitar la construcción de alianzas intrapartidarias entre las mujeres tomadoras de decisiones, para el lo-gro de una mayor incidencia política en los ámbitos federal, estatal y municipal.
Se han impartido sesiones de capacitación a tres mil 223 mujeres con los siguientes perfiles: candidatas a puestos públicos, mujeres electas en comicios, militantes de par-tidos políticos, mujeres líderes y población en general. Vinculación en la red
El Avance Político de las Mujeres… en la Mira
Este portal es un vehículo virtual para monitorear e im-pulsar el avance de las mujeres en la vida política del país, en él se encuentra información relacionada con la participación política de las mujeres mexicanas, datos sobre su acceso a cargos de elección popular, el marco normativo nacional e internacional en la materia, entre otros aspectos.
El vínculo en que puedes encontrarlo es:enlamira.inmujeres.gob.mx
El Inmujeres está cerca de ti
El Inmujeres tiene interés en conocerte. Si tienes alguna inquietud o propuesta, acércate y colabora en la cons-trucción de una democracia más incluyente. La oferta del Inmujeres y de la Dirección de Participación Social y Po-lítica se construye con tus aportaciones y con las visiones de la ciudadanía, la ampliación y el fortalecimiento de los derechos democráticos nos benefician a todas y a todos los mexicanos.
Dirección de Participación Social y Política5322 4200 extensión 4260
SABÍAS QUE
REPORTAJE 2120
La necesidad de incorporar a las minorías en la toma de decisiones ha formulado el surgimiento de propuestas en América Latina en torno al derecho de los pueblos originarios en las decisiones de corte público y recursos que son asignados para la mejor calidad de vida de la ciudadanía.
La protección de los pueblos indígenas impulsada por varias naciones, tiene como objetivo forta-lecer la cooperación internacional para solucionar los problemas de estas comunidades respecto a sus derechos humanos y políticos, medio ambiente, educación y servicios médicos.
Los pueblos indígenas de México asumen una identidad étnica que se basa en su cultura, insti-tuciones y en su historia que los define como pueblos autóctonos descendientes de sociedades mesoamericanas.
El Estado mexicano reconoce a estos pueblos, al definirse como una nación multicultural en su Constitución Política. Según cifras de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos In-dígenas (CDI), en 2012 la población indígena era de 15 millones de personas. En México, existen alrededor de 65 pueblos originarios que hablan entre 62 y 70 lenguas diferen-tes, que son reconocidas como lenguas nacionales, pero en la práctica, el uso de lenguas indígenas es muy limitado.
Los pueblos indígenas están distribuidos especialmente en la Sierra Madre del Sur, Península de Yucatán, Sierra Madre Oriental y Sierra Madre Occidental. Diversos grupos étnicos como zapo-
tecos, mayas, purépechas, mixtecos, kikapúes y otomíes se han adaptado a través del tiempo al estilo de vida de las grandes ciudades. Sin embargo, existe todavía un alto grado de marginación, discriminación, desnutrición y pobreza, que de manera paulatina ha conducido a la extinción de las culturas indígenas.
A las comunidades indígenas se les llama también “primeros pueblos”, pueblos tribales, aborígenes y autóctonos. Existen alrededor de 5 mil grupos indígenas compuestos por unos 370 millones de personas distribuidos en más de 70 países de los cinco continentes.
El 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General de la ONU en la Resolu-ción 49/214, instituyó el 9 de agosto como Día Internacional de los Pueblos Indígenas.Los indígenas en el mundo representan 5% de la población, y 15% de los po-bres. Países como México, Chile y Bolivia constituyen una fracción importan-te de pueblos indígenas en AL.
La ONU advierte también que en 100 años desaparecerá 90% de los idiomas indígenas, debido al despojo cultural que éstos han sufrido a través de los años, y de su exclusión en los procesos que rigen los marcos normativos de las naciones.
De entre las 6 mil y 7 mil lenguas vivas que se hablan en todo el mundo, sólo 97% de la población habla 4% de esos idiomas y 3% habla el resto, cifras que dan cuenta de la grave situación en que se encuentran la población indígena y la cultura de cada pueblo.
Situación de las mujeres indígenas en México
Las mujeres indígenas expresan en nuestro país el índice más elevado de analfabetismo, rezago educativo, acceso limitado a la alimentación, así como enfermedades letales como el cáncer cervicouterino.
La situación en México es alarmante con las mujeres indígenas, muchas de ellas han sufrido detenciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales y tortura en varias entidades federativas. Entre los principales problemas a los que se enfrentan se encuentran: despojo de sus tierras, falta de administración de justicia, muerte materna, VIH, violación de sus derechos sexuales y repro-ductivos, violencia de género, limitado acceso a la educación y cultura en su idioma, y marginación total ante las nuevas tecnologías.
Es urgente aplicar políticas públicas con perspectiva de género desde un enfoque indígena, que coadyuve a cumplir los acuerdos y tratados internacionales que el Estado mexi-cano ha firmado, para el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres indígenas en diversas materias.
Debemos contar con indicadores precisos sobre mujeres indígenas, a fin de conocer con exactitud la situación en que se encuentran; así como crear un Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas en México, con el objetivo de proteger los derechos de estas mujeres en todo el país y evitar cualquier tipo de abuso en su contra, brindando las mismas oportunidades de desarrollo, social, político y económico que a los demás sectores de la sociedad.
En un país como México, donde más de 10% de su población total es indígena, estamos hablando de 6.5 millones que hablan alguna de las 62 diferentes lenguas autóctonas, de ellos más de 60% son mujeres monolingües, que han aprendido a convivir con el resto de la sociedad, preservando la cultura, pero sin duda, en una situación de desigualdad total ante los niveles y condiciones de empobrecimiento de que son víctimas. Los municipios indígenas en México representan casi un tercio de los municipios del país, 48% son de “alta marginación” y 82% de “muy alta marginación”.
La crisis económica que rebasa la situación en que viven miles de mujeres indígenas se refleja en el sec-tor agrícola, donde son ellas y sus hijos e hijas quienes resienten más la caída constante de los precios de los productos agrícolas, que en su mayoría son el sustento de sus hogares. Debido a su situación, miles de niños y niñas abandonan sus estudios para dedicarse al campo. En estados como Baja Califor-nia, 35% de los jornaleros agrícolas son niños y niñas; en Hidalgo existe una situación similar, casi 5 mil niños indígenas laboran en el campo para ayudar a sus padres.
Mujeres indígenas y sus derechos políticos
Por: Edith Carbajal Triano
REPORTAJE 2322
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012
Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012, en México existen 6.4 millones de perso-nas de tres años y más que hablan una lengua indígena, equivalente a 5.9% de la población total.
En las entidades con alto y muy alto grado de marginación, la población hablante de lengua indígena se desagrega de la siguiente forma: 25.1% de hombres y 23.4% de mujeres tienen entre tres y 14 años; 64.9% y 67.4%, respec-tivamente, tienen entre 15 y 64 años; y 10% de hombres y 9.3% de mujeres, 65 años o más.
En cuanto a educación, 93.3% de la población hablante de lengua indígena de 6 a 14 años asiste a la escuela mientras que en los no hablantes el porcentaje es ligeramente superior, 95.6%. El porcentaje de asistencia esco-lar en la población de 6 a 24 años no sólo es menor cuando se trata de hablantes de lengua indígena (62.8%) en comparación con los no hablantes (67.7%), sino que la brecha es aún mayor en el caso de las mujeres hablantes (59.7%) y mujeres no hablantes (67.6%).
En lo que respecta al mundo laboral, del total de la población ocupada, 63.5% son hombres y 36.5%, mujeres. Por hablantes y no hablantes de lengua indígena, del total de hombres ocupados, 6.8% es hablante y 93.2% no lo es. En el caso de las mujeres ocupadas hablantes, el porcentaje es todavía menor pues representan sólo 4.5% del total, en comparación con las mujeres ocupadas no hablantes de lengua indígena que participan con 95.5%.
La ENSANUT 2012 reveló que 14.9% de la población de ocho años y más (14.5 millones de personas) recibe otros ingresos de programas de gobierno como Oportunidades, Procampo, ayuda a madres solteras, adultos ma-yores, etc.
Tenemos un compromiso claro con los pueblos indígenas, garantizar el pleno respeto a sus derechos a las de-mandas históricas, con las lenguas indígenas para impulsar el desarrollo de sus comunidades. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 contempla políticas encaminadas a los pueblos indígenas, para lograr un entorno de respeto, igualdad, justicia y tolerancia en el que este sector de la población sea escuchado y se resuelvan sus necesidades y demandas.
Derechos políticos de las mujeres indígenas
Involucrar a las mujeres indígenas en el ámbito de la participación política es todavía un reto por alcanzar, pero sin la cooperación de todas las partes involucradas para respetar el camino que le corresponde a este sector de la población, difícilmente se logrará.
Recordemos la Ley Revolucionaria de las Mujeres Indígenas, que se realizó en el estado de Chiapas hace casi 20 años, en la que se abordaron temas de la reivindicación de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos; es aquí donde comenzó una verdadera lucha sobre la perspectiva de las mujeres indígenas en México.
Diversos encuentros se han llevado a cabo para reconocer los derechos de las mujeres indígenas en todo el mun-do, como la Plataforma de Acción de Beijing de 1995, donde se creó el Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI).
En la práctica es de reconocerse la gran labor de muchas mujeres que han representado dignamente a sus pueblos indígenas, sin embargo, es escasa la participación por el poder político por parte de este sector. En ese aspecto es donde el desarrollo y la democracia deben reflejarse con la igualdad de oportunidades que tienen hombres y mujeres, indígenas o no.
60 años del voto femenino en México
México celebra el 60° Aniversario del voto femenino en México este año 2013, sin duda, una fecha para reflexionar sobre los avances que han tenido los derechos políticos de las mujeres en nuestro país y logros que se han alcanzado con la apertura de nuevos espacios, donde las mujeres con voz y voto han participado en la toma de decisiones del país, pero aún siguen siendo minoría.
El 17 de octubre de 1953 se publicó en el Diario Oficial el decreto en que se anunciaba que las mujeres tendrían derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular, como resultado de un largo proceso que había comenzado muchos años atrás.
Durante la Revolución Mexicana, la incorporación de las mujeres fue importante, no sólo como acompa-ñantes de los hombres y realizando tareas tradicionales, sino también como participantes en actividades militares. Las mujeres se dedicaron a difundir ideas revolucionarias como espías, enfermeras, consiguieron ayuda para la población civil y colaboraron en la redacción de proyectos y planes.
El 3 de julio de 1955 fue la primera vez que las mujeres mexicanas emitieron su voto en unas elecciones federales a fin de integrar la XLIII Legislatura del Congreso de la Unión.
Modelo mexicano
Muchos se ha debatido el tema de la representación política de las mujeres, pero sin tener presente que se las ha confinado en el ámbito de lo privado, mientras que a los hombres se les ha abierto la puerta a la vida públi-ca. Ello ha repercutido en lo que vemos hoy: derechos y obligaciones desiguales y sin una igualdad sustantiva.
La representación de las mujeres en los órganos públicos encargados de la toma de decisiones es casi invi-sible, déficit que se refleja en cifras como éstas:
• El puesto más alto que han ejercido las mujeres en la Administración Pública Federal ha sido el de Se-cretaria de Estado, que actualmente es de tres mujeres, es decir, 15% del total del gabinete.
• 184 diputadas de un total de 500 y 44 senadoras de un total de 128.
En el ámbito local, empeora la situación:
• Todos los titulares de los poderes ejecutivos estatales son hombres.• 7% de las presidencias municipales del país están a cargo de una mujer.
Inhibidores de la participación política de la mujer
• Los órganos que deciden las candidaturas están compuestos en su mayoría por hombres.• Las mujeres no se han desprendido de la expectativa de género que les asignó las responsabilidades del
cuidado de hijos/hijas y del hogar.
En años recientes, México ha adoptado y compartido preocupación por la situación de las mujeres, y sor-prendentemente aunque la situación continúa con índices claros de desigualdad, nunca antes en la historia de nuestro país tantas mujeres habían ocupado escaños en los Congresos, de igual forma, nunca antes la participación política de las mujeres había despertado un interés extenso y compartido de organizaciones e instituciones.
REPORTAJE 2524
1884-1887 En la primera revista femenina Violetas del Anáhuac, fundada y dirigida por Laureana Wright González y escrita solamente por mujeres, se planteó la demanda del sufragio para las mujeres.
1910 Asociaciones feministas se unen a Francisco I. Madero, entre ellas el Club Femenil Antire-eleccionista Las Hijas de Cuauhtémoc. Poco tiempo después, las integrantes del Club pro-testan por el fraude en las elecciones y demandan la participación política de las mujeres.
• Dolores Jiménez y Muro funda Regeneración y Concordia, organización Pro Derechos de la Mujer.
1916 El 13 de enero de este año se realiza el Primer Congreso Feminista. Uno de los principales acuerdos fue demandar el voto ciudadano para las mujeres.
1917 Después de la promulgación de la Constitución Política de 1917, en abril del mismo año, se expide la Ley de Relaciones Familiares según la cual los hombres y las mujeres tienen derecho a considerarse iguales en el seno del hogar.
• Hermila Galindo es candidata a diputada por el V distrito electoral de la Ciudad de México.
1922 Durante el gobierno de Felipe Carrillo Puerto en Yucatán (1922-1924), se producen impor-tantes avances en la lucha por los derechos de las mujeres a través de la creación de las Ligas Feministas, que tenían por objeto ser autogestoras del mejoramiento de la situación de las mujeres en todos los aspectos.
También durante este periodo se produce un gran escándalo en el ámbito nacional al intentar introducir temas relativos a la educación sexual y planificación familiar, por lo que se instaura el 10 de mayo como Día de las Madres.
1923 Del 20 al 30 de mayo de 1923, la Sección Mexicana de la Liga Panamericana de Mujeres convoca al Primer Congreso Nacional Feminista, en la Cd. de México, con la asistencia de 100 delegadas.
• Como consecuencia del Congreso Nacional Feminista, el 13 de julio de ese mismo año, el gobernador de San Luis Potosí, Aurelio Manrique, expidió un decreto en el que se concedía a las mujeres del estado el derecho a votar y a ser elegidas en las eleccio-nes municipales.
• En Yucatán, unos meses antes, Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche de Ponce y Raquel Dzib Cicero son candidatas a diputadas al Congreso del Estado de Yucatán. Elvia Ca-rrillo Puerto resulta la primera mexicana electa como diputada al Congreso Local por el V Distrito el 18 de noviembre de 1923. Sin embargo, dos años después renuncia a su cargo debido a que recibe amenazas de muerte.
1925 La legislatura del Estado de Chiapas concede a las mujeres de 18 años en adelante y en todo el territorio de la entidad, los mismos derechos políticos que los hombres.
• Elvia Carrillo Puerto cambia su residencia a San Luis Potosí y es elegida al obtener la mayoría de votos, pero el Colegio Electoral no reconoce su triunfo.
1928 Con Plutarco Elías Calles, se redacta un nuevo Código Civil, en el que se dispone que la mujer no queda sometida, por su sexo, a restricción alguna en la adquisición y ejercicio de sus derechos; y que al llegar a la mayoría de edad tiene la libre disposición de su persona y sus bienes, estando capacitada para celebrar toda clase de contratos.
1934 Durante la campaña presidencial del General Lázaro Cárdenas se conforma el Frente de Mujeres Mexicanas.
1935 Por primera vez las mujeres participan en las votaciones internas del Partido Nacional Revolucionario (PNR).
1936 En Veracruz, María Tinoco y Enriqueta L. de Pulgarín son candidatas a diputadas locales. El registro es aceptado por el Departamento Electoral Nacional, pues la Ley Electoral no incluye ningún capítulo sobre las mujeres.
1937 El Presidente Lázaro Cárdenas envía a la Cámara de Senadores la iniciativa para refor-mar el Artículo 34 constitucional, como primer paso para que las mujeres obtengan la ciudadanía.
1938 El Frente Único Pro Derechos de la Mujer decide incorporarse al PNR considerando que bien valía perder la autonomía en aras de hacer ver a los opositores del movimiento feme-nino que no eran “ni mochas ni comunistas” y que su lealtad estaba con la revolución.
• Aurora Meza Andraca se convierte en la primera Presidenta Municipal en Chilpancin-go, Guerrero.
1947 A partir de la reforma del Artículo 15 de la Constitución, las mujeres comenzaron a ocupar cargos de elección en los Ayuntamientos:• En Aguascalientes, María del Carmen Martín del Campo se convierte en la primera
Presidenta Municipal de esa ciudad.• En el Distrito Federal, Aurora Fernández es nombrada Delegada de Milpa Alta y Gua-
dalupe I. Ramírez, por la de Xochimilco.
1953 El 17 de octubre se publica en el Diario Oficial el nuevo texto del Artículo 34 Constitucional: Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexi-canos, reúnan, además, los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir.
1955 En las elecciones del 3 de julio las mujeres acuden a emitir su voto a las urnas, para elegir diputados federales de la XLIII Legislatura.1
1 Con información del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal.
CRONOLOGÍA DEL MOVIMIENTO DE LAS MUJERES SUFRAGISTAS MEXICANAS CRONOLOGÍA DEL MOVIMIENTO DE LAS MUJERES SUFRAGISTAS MEXICANAS
DE CORTE INTERNACIONAL 2726
Las múltiples discriminaciones de las mujeres indígenas
Pese a que en América Latina y el Caribe habitan “entre 33 y 40 millones de indígenas divididos en unos 400 grupos étnicos, cada uno de los cuales tiene su idioma, su organización social, su cos-movisión, su sistema económico y modelo de producción adaptado a su ecosistema” (Hopenhayn y Bello, 2001: 5), la discriminación es pan de cada día para la mayoría de las personas pertenecientes a los pueblos originarios que habitan la región.
La identidad de mujeres –y hombres– indígenas de Latinoamérica está cruzada por las múltiples discriminaciones que sufren cotidianamente y que violentan, inclusive, a quienes conocemos des-de los testimonios de nuestras entrevistadas. A modo de ejemplo, Ramona Giménez, mujer Pilagá, cuenta:
“Una vuelta nosotros estábamos en esa escuela y alguien dijo que los indios tienen que comer en otra mesa. Nosotros comíamos aparte y nos daban las cucharas más feas. Nosotros somos qué, como animales, nosotros teníamos que aguantar todas esas cosas. Y nos daban esas tazas que te daban el cocido y te requemabas y así fue hasta abandonar el colegio en séptimo grado. Yo lo que más sentía era una angustia como para decir por qué yo nací así de esa forma, por qué tuve que tener esa identidad, yo realmente me sentía mal. Prácticamente yo quería ser alguien como ellos, pensando esas cosas, porque no sabíamos cuál era el valor nuestro, de la identidad que nosotros tenemos. Cuando esos chicos nos trataban así de esa forma yo quería ser igual como ellos” (Cal-derón y Davinson, 2004: 16).
Son “los blancos” los autores de esta discriminación étnica, que sobrecoge por sus visos de inhu-manidad.1
Como señala el Foro para las Cuestiones Indígenas,2 las mujeres pertenecientes a los pueblos originarios de los países en vías de desarrollo enfrentan variadas amenazas, entre ellas, la más co-mún es la pobreza en todas sus expresiones. La mayoría tiene escasas, si no nulas, posibilidades de contar con atención médica y de enseñanza. En algunos países se ven constantemente expuestas
1 Este contingente se podría incluir a una buena mayoría de las mujeres latinoamericanas, a excepción de las pertenecientes a las clases dominantes probablemente mayoritario, que nunca reconocieron en sí mismas este mito, porque nunca fueron tratadas como frágiles. Somos parte de un contingente de mujeres que trabajaron durante siglos como esclavas, labrando la tierra o en las calles como vendedoras o prostitutas. Mujeres que no entendían nada cuando las feministas decían que las mujeres debían ganar la calle y trabajar. Somos parte de un contingente de mujeres con identidad de objeto. Ayer, al servicio de frágiles señoritas y de nobles señores tarados. Hoy empleadas domésticas de las mujeres liberadas (Curiel, 2003: 9).
2 Organismo creado el año 2000 por el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas.
Mujeres indígenas latinoamericanas y política: prácticas “diferentes para”
Por: Lucy Ketterer*
Cuotas de género
El sistema de cuotas de género ha pasado por tres momentos distintos: Ordenamientos que se presentaban en texto sin reglas específicas y sin carácter obligatorio, ordenamientos que establecían una regla específica sin tener obligato-riedad, y ordenamientos de carácter obligatorio con reglas específicas. En 2002, por ejemplo, se estableció por primera vez como obligatoria una cuota de 30% para el registro de candidatos en ambas cámaras. En 2009, las mujeres alcan-zaron 49% de las candidaturas de representación proporcional y 31% de mayoría. Los resultados indicaron que fueron mujeres 29% de las 500 diputaciones en esa Legislatura. Para 2012, las mujeres rebasaron el 30%, los partidos políticos postularon al Senado a 43% de mujeres y a la Cámara de Diputados 47%, es decir, alrededor de 20% más de candidatu-ras de mayoría que en la elección anterior. Las cuotas de género son, visiblemente, una herramienta que ha demostrado ser efectiva para posicionar a las mujeres en la esfera política, sin embargo, es insuficiente para lograr la paridad.
Participación política de las mujeres indígenas en América Latina
En la década de los 80, cuando muchos países latinoamericanos vivieron dictaduras y autoritarismo, se creó un espa-cio para que el tema de la participación indígena ocupara la agenda democrática de estas naciones. Es a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando las políticas enfocadas a integrar a las comunidades indígenas en América Latina tuvieron mayor auge.
El Consejo Nacional de Pueblos Indígenas en México (1975) y la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (1984) se crearon con el fin de preservar las culturas indígenas en la región. Esto significa que fueron los procesos de redemocratización los que desarrollaron en Latinoamérica mejores condiciones para la parti-cipación de los pueblos indígenas. El empoderamiento femenino en el mundo comenzó con el reconocimiento de los derechos de las mujeres, algunos de sus principales instrumentos son:
• Declaración Universal de los Derechos Humanos• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales• Convención sobre los Derechos Políticos Políticos de la Mujer • Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer Convención de
Belém do Pará• Declaración y Plataforma de Beijing• Declaración y Objetivos del Milenio
De los tratados internacionales sobre derechos humanos, la CEDAW ocupa un lugar importante porque incorpora a las mujeres a la vida de los derechos humanos en diversas manifestaciones.
Desafíos del Estado mexicano con los pueblos indígenas
La implementación de estrategias jurídicas que realmente aporten avances considerables en la situación de los pue-blos indígenas, es impostergable. El reconocimiento de los derechos de este sector para conformar las Cámaras de Diputados, Senado y locales es indispensable, así como garantizar las cuotas electorales indígenas dirigidas principal-mente al ámbito político-legislativo.
Es fundamental la incorporación de un nuevo modelo de representación política de los pueblos indígenas, con la finalidad de incrementar la presencia de este sector en los órganos del poder público y con ello fortalecer nuestro régimen democrático.
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a conflictos, tales como guerras internas o conflictos ar-mados; de contaminación medioambiental de sus territo-rios; explotación minera o forestal; gobiernos indiferentes a su situación; pérdida de tierras; migraciones forzadas en busca de empleos, para la sobrevivencia de ellas y sus familias; trata de personas, violencia sexual, prostitución y humillaciones de todo tipo.
En los trabajos, ellas son las peores remuneradas y, gene-ralmente, acceden a aquellos de menor categoría, como empleo doméstico, servidumbre y limpieza, entre otros.
No obstante, la discriminación no es sólo por el hecho de ser indígena, sino también por ser mujer pobre, como vemos en el siguiente relato:
“Fui muy discriminada, ‘esa india vino de allá del campo’, ‘hija de agricultor’, ya sabes, las personas ya tienen una etiqueta como si fuese uno de los peores y principalmente ser indio, mujer y pobre” (María Luciene da Silva, mujer Kambiwá; en Calderón y Davinson, op. cit: 28). Esto, en el caso particular de las mujeres, les confiere lo que se ha dado en llamar la triple discriminación (Mosser, 1991; Pa-rella, 2003).
Marta Lamas (1999) señala que la diferencia sexual pri-maria, expresada en la categoría género, es una construc-ción cultural establecida en la mayoría de las culturas para adscribir simbólicamente pautas de acción, división sexual del trabajo y conductas normativas a los sexos, en función de sus diferencias biológicas. En tanto estruc-turador de identidad, el género se vincula indisoluble-mente, aunque no exclusivamente, a la clase y la etnia
(Cuvi, 2004; Rivera, 2003; Vargas, 2008). En ese sen-tido nos detendremos en esta vinculación y sus efectos en la participación política de las mujeres de los pueblos originarios, entendida como una condición sociopolítica que surge producto de la movilización colectiva de las comunidades a las que pertenecen, quienes las eligen –a través del sufragio– para ser sus representantes en las instituciones políticas de sus territorios: los municipios, en la mayoría de los casos (Revilla, 1994).
La discriminación étnica en Latinoamérica es producto de su historia en tanto deviene de los procesos de con-quista y colonización, resultando de ellos el exterminio masivo de buena parte de los pueblos americanos origina-rios y una organización social cimentada en “patrones de jerarquización cultural y racial” (Hopenhayn y Bello, Op. cit: 9); y los Estados-nación, que ubican a los indígenas, mestizos y negros en los lugares inferiores de la estructura social (Foerster, 2003).
Esta concepción ideológica del otro, elaborada para fun-damentar la dominación y apropiación de las riquezas de los territorios americanos, pervive –por cierto con mati-ces– aún en la actualidad (Galeano, 2006).
La categoría indio porta simultáneamente […] aspectos biológicos (raciales y racistas) y culturales. Ser indio re-flejaría una condición de subordinación y negación de un grupo humano frente a otro que se autoconstruye y erige como superior” (Ibid: 11). En razón de estas diferencias que estratificaron a las poblaciones de la mayoría de las sociedades latinoamericanas en lo que podríamos deno-minar un modelo de inclusión/exclusión, se construyeron los Estados nacionales, quedando –por cierto– estas es-tructuras en manos de aquellos que se consideraban ca-pacitados para dirigirlas. En la generalidad de los casos, se trataba de hombres, blancos y pertenecientes a las clases dominantes.
Este contexto, sumado a la pervivencia de la discrimi-nación como ideología, define un escenario complejo para la participación política de las mujeres indígenas. Su decisión de integrarse en estas actividades implica que, además de afrontar discursos peyorativos acerca de su pertenencia étnica y de su (in)capacidad para rea-lizar ciertas funciones, también vivencian situaciones que desestabilizan su condición económica y la de sus grupos familiares, de por sí deficientes. Al respecto, una mujer Aymara señala:
“Me perjudicaba partici-par en política, he perdido a mis clientes de la tien-da, también he sido des-honrada porque como era yo la única mujer que es-taba, me discriminaban, me decían: ‘las mujeres qué saben’, los hombres me decían en el concejo. Entonces aquí también en la calle la gente tam-bién decía: ‘qué sabe ella, solamente va a calentar la silla en la alcaldía, no hace nada’. Yo he llegado un poco discriminada a la alcaldía. Me sentía mal, hablaban mucho. Proble-
mas siempre hay, la gente siempre discrimina” (Ma-rina Patón en Calderón y Davinson, op. cit: 40).
Las discriminaciones étnica y de género, en tanto ele-mentos estructurantes de la identidad, se experimentan de múltiples formas y en todo momento de la vida, tal como una mujer Mapuche señala: “Tengo recuerdos so-bre discriminación cuando niña, es así que en la escuela recuerdo que era discriminada, aunque había varios ma-puches, los compañeros no mapuches nos decían indios” (Elia Melillan Antimán; Ibid.).
No obstante, y pese a la crudeza de los relatos, se advier-te que la discriminación también actúa como elemento que gatilla la acción política de estas mujeres, pues con su incorporación a los espacios municipales buscan ser reconocidas por los otros, dejar de estar “afuera”, ser in-cluidas. Los municipios, en este caso, se constituyen en los espacios que posibilitan esa inclusión, a ellas y a sus comunidades, en el desarrollo modernizante del cual se ven excluidas, como refiere una mujer Zapoteca:
“Las principales tareas de las mujeres que se dedican a la política, se debe a que éstas tienen que estar muy cerca de las necesidades de la comunidad. Gestionar, dar in-formación local, regional, estatal y nacional para que la gente esté enterada de las políticas en todos los niveles. También deben incidir en los cambios a favor de las mu-jeres, los ancianos y los niños y sensibilizar a la población en temas de interés. En ello destacan los derechos huma-
nos, salud, educación, medio ambiente, debe de ejercer e informar de manera transparente los recursos económicos de su comunidad” (Rogelia González Luis; en Ibid: 80).
Esta forma “civilizatoria de hacer política”, de acuerdo con lo señalado por González Casanova (2001), sería, en parte, reflejo de las diversas formas de resistencia indí-gena que durante más de 500 años –lejos de adoptar el enfrentamiento armado y la guerra como expresión priori-taria– apuesta al diálogo y a la inclusión de la causa indí-gena en las estructuras estatales para, desde allí, cabildear los asuntos comunitarios. Ello daría cuenta de una forma de hacer política mucho más dialógica, democrática e in-cluyente que la practicada en la actualidad.
En este marco, creemos que no es casual que estas muje-res indígenas se vinculen políticamente en los municipios de sus localidades en tanto éstos representan los espacios de participación democrática anteriores a la conformación misma del Estado moderno. Salazar (1998) sostiene que, en Chile, los actuales municipios serían la forma en que el Estado centralizador habría institucionalizado las prác-ticas de cabildeo y consejerías comunales que los pueblos y las comunidades realizaban para tomar decisiones de todo tipo en forma colectiva. Esta práctica democrática habría sido limitada por los sistemas de poder centraliza-dos, expresados en el Estado y las elites, en tanto era un ejercicio de soberanía local atentatorio contra sus intere-ses. Sin embargo, ello en nada habría cambiado el latente espíritu comunarista y participativo del “bajo pueblo”, que de vez en cuando puede volver a recrearse para colectiva-mente buscar un nuevo orden social (Ibid.).
Pese a que los indígenas latinoamericanos no constituye-ron “pueblos” al modo de Salazar, no es menos cierto que en las sociedades prehispánicas se encuentran algunas formas de organización que evocan espacios de toma de decisiones colectivas. Para el caso de los mapuche, pue-blo originario del sur de Chile, José Bengoa (2003) señala los aliwén como “lugares de encuentro, recreación y don-de se trataban los asuntos del buen gobierno” (21).
Por cierto, esto para nada significa desconocer que algu-nas culturas indígenas prehispánicas también desarrolla-ron prácticas imperialistas y guerreras, pero para fines de este artículo lo que nos interesa plantear es la hipótesis de que pudiera existir alguna correspondencia simbólica entre los espacios de “cabildeo abierto” y algunas expre-siones similares de las sociedades indígenas de América
DE CORTE INTERNACIONAL 3130
y no ser servida. Yo creo que así uno puede sentirse mejor, saber pedir las cosas y pedirlas por favor es mejor que mandar, yo creo que ya pasó la época de la bota, el ponerle la bota encima, poder mando-nearla y echarle la jineta encima, yo creo que eso ya pasó. Hoy día estamos de igual a igual, yo tengo el poder de estar acá y los que están trabajando para mí, juntos vamos a poder hacer las cosas, yo creo que eso es poder para mí” (Sandra Berna Mar-tínez; en Calderón y Davinson).
Cabe entonces preguntarse hasta qué punto las prácticas políticas recreadas por estas mujeres no son más que ex-tensiones de sus roles domésticos. Reificaciones de roles histórica y culturalmente asignados que, domesticando su acercamiento al poder, lejos de transformarlas, las re-sitúan –teleológicamente– en el sitial asignado para ellas por la sociedad patriarcal.
Esto nos lleva a la imagen de la mujer como ser para otros, materia que ha sido eje del cuestionamiento femi-nista contemporáneo. Como señala Rosi Braidotti (2004), “aun en la esfera de la vida privada, la Mujer no goza de la misma libertad que el Hombre en lo que concierne a la elección emocional y sexual: se espera que nutra y sirva de sostén al ego y a los deseos masculinos, su propio ego no está en cuestión”. En el mismo sentido, Virginia Woolf había propuesto, mucho antes, que la posición sumisa, débil e incompetente signada a la mujer –en virtud de di-versos argumentos– funciona como un espéculo retórico que eleva al hombre como el modelo ideal.
Para las mujeres indígenas entrevistadas, definir su identi-dad en este ser para otros ha significado posicionarse en lo social y lo político desde su rol reproductivo que, en razón de la función biológica para la cual son aptas (la materni-dad), les confiere esta especie de rol de madres-políticas, constriñéndolas a desarrollar su teleológica función de cuidadoras de sus “hijas”, representadas en las comunida-des a las cuales se deben en sus prácticas políticas.
Desde los avances realizados por la teoría de la diferen-cia sexual, trataremos de dar respuesta a la interrogante planteada anteriormente. Siguiendo a Braidotti (Op. cit.), señalaremos que la “noción de la diferencia sexual es un proyecto cuyo objetivo consiste en establecer condicio-nes, tanto materiales como intelectuales, que permitan a las mujeres producir valores alternativos para expresar otras formas de conocimiento”.
Latina, que se recrean actualmente en las prácticas de participación que las mujeres indígenas latinoamericanas realizan en sus municipios, en tanto expresiones de toma de decisiones locales.
¿Institucionalización de identidades de género? Prácticas políticas diferentes
Las prácticas políticas realizadas por estas mujeres in-dígenas levantan varias interrogantes acerca del poder creador del Estado al que ellas apelan deseando un reco-nocimiento oficial. Siguiendo a Masson (2004), entende-mos que el Estado tiene importancia en la construcción identitaria de los agentes, especialmente de las mujeres, por cuanto “la importancia de su poder de nominación reside en que, al mismo tiempo que agentes sociales y problemas sociales logran reconocimiento oficial, la ma-nera en que son definidos [los agentes] crea una existen-cia socialmente legítima”.
De este modo, desde sus investigaciones acerca de la vinculación entre poder político del Estado y la construc-ción de la identidad de género, la autora advierte cómo el Estado argentino, a través de los distintos decretos y leyes que sustentan la política pública y los programas que se ejecutan en este sentido en Buenos Aires, define y legitima “lo que es ser una mujer [argentina], de lo que es una familia y del lugar que, en términos oficiales, le es asignado en la sociedad”.
En este sentido, creemos que la acción política de las mujeres indígenas enfrenta una paradoja en tanto, como vimos, conocen y rechazan la dominación masculina ejercida sobre ellas, rebelándose a través de su incorpo-ración a la política. La cuestión es que al hacerlo, sim-bólicamente ellas asumen el rol de “madre-esposas” que Lagarde (1993) definió como uno de los cautiverios de las mujeres, a través de una especie de desplazamiento subjetivo de sus roles tradicionales de madres y esposas: en su ejercicio político, las mujeres indígenas están ocu-pando figurativamente el rol de esposas del municipio y madres de sus comunidades. Esto parece estar presente en el relato de una mujer atacameña:
“[…] esta es una opinión muy personal, para mí el poder significa, poder hacer cosas por mi gente, poder realizar los sueños de mi gente y los míos personalmente, poder trabajar por ellos, poder po-nerme al servicio de los demás, y servir para ellos,
En este sentido, es la experiencia lo que sustenta este proyecto, la experiencia real de las mujeres indígenas latinoamericanas que desde una política de la localiza-ción fusionan sus conocimientos y sus prácticas, situan-do lo abstracto (el conocimiento) en la contingencia de su acción política, rompiendo de esta forma la dicoto-mía occidental que separa el pensamiento de la acción. Para el feminismo de la diferencia, la “única manera de hacer acotaciones teóricas generales consiste en to-mar conciencia de que uno está realmente localizado en algún lugar específico” (Ibid.), siendo el cuerpo ese lugar de localización primaria para el sujeto, como tan bellamente lo retratara Virginia Woolf para el caso de las mujeres.
Así, el feminismo de la diferencia cuestiona la cultura patriarcal como sistema que cataloga a los sujetos sólo en términos de sus diferencias sexuales, basándose en la dicotomía fundamental varón/mujer que sitúa a las mujeres en la diferencia entendida como inferioridad. Este es el gran nudo que en nuestras sociedades moder-nas habría que desamarrar para potenciar la diferencia y reubicar a las mujeres en otra posición, ya no como in-feriores, pero tampoco como iguales ni como diferentes de, sino como diferentes para.
De este modo, planteamos que las mujeres indígenas la-tinoamericanas, localizadas en su experiencia, desarro-llan su práctica política a partir de su diferencia para ver y construir el mundo desde lo que ellas son: mujeres in-dígenas que hacen prevalecer su sustrato cultural en su acción política. Ellas, desde su forma de hacer política, reafirman sus identidades indígenas que están central-mente conformadas por las relaciones de parentesco, en las cuales, como señala Harris (Op. cit.), ellas son el
objeto de cambio para la conformación de un sistema de alianzas y relaciones de reciprocidad. La cuestión compleja es que, de acuerdo a lo señalado por Boccara (Op. cit.), lo que mantiene a las culturas indígenas es justamente ese “sustrato duro o predicado sortal”.
Si éste se transforma, se pone en riesgo la identidad cultural. ¿Significa esto que las mujeres indígenas es-tán destinadas a ser subordinadas? Creemos que no, por cierto, pero para esta contradicción no tenemos res-puesta, por lo que debería ser objeto de futuras inves-tigaciones.
En este sentido, entendemos que reconocer cómo las mujeres indígenas entrevistadas hacen política es co-menzar a reconocer sus diferencias para, tal como ellas lo hacen, al decir de una mujer Tukano:
“La mujer no mide por la fuerza física, ella es más inteligente, ella percibe, ella prevé, la palabra se me fue de la cabeza, ella se organiza bien para quedarse en el poder. Hay una disputa, pero no tanto como en los hombres que se miden por la fuerza física, y usted puede ver que donde hay hombres en el poder, siempre hay competencia, y aquella ambición de querer ser más que el otro, pero la mujer en el poder es más organizada. Lo veo por ese lado, es lógico que seamos más emo-tivas, somos más débiles en una discusión, pero siempre tenemos fuerza para dar consejos a las personas” (Alva Rosa Lana Vieira; en Calderón y Davinson).
El relato de Alva Rosa nombra sus diferencias. Y si bien ella se autoreconoce como diferente de –pues no en vano la socialización estructura nuestra identidad feme-nina bajo los preceptos dominantes–, lo destacable, a nuestro juicio, es que también reconoce ser diferente para, en tanto reconoce sus aptitudes para contener y aconsejar, para practicar la política de un modo distinto.
*Extracto del artículo Mujeres indígenas latinoamericanas y polí-
tica: prácticas “diferentes para”, de Lucy Ketterer.
Texto íntegro en el vínculo:
www.revistas.uchile.cl/index.php/RPG/article/viewFile/16886/17589
RECOMENDACIONES 33LO QUE VIENE32
INSTITUTO DE LIDERAZGO SIMONE DE BEAUVOIR, A.C.PROGRAMA DE MUJERES INDÍGENAS
El Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, A.C. (ILSB) es una organización feminista de la sociedad civil fun-dada en el año 2000 con la misión de contribuir a la construcción de una sociedad democrática de derechos y libertades, a través del conocimiento, la innovación y la formación de liderazgos con compromiso social y perspectiva de género e interculturalidad.
Desde sus inicios el ILSB ha desarrollado diversas ini-ciativas de formación en liderazgo dirigidas a mujeres indígenas; sin embargo, es hasta 2010 con la llega-da de Martha Sánchez Néstor -líder indígena nacional de amplia trayectoria- a este Instituto, que comienza a tomar forma el Programa de Mujeres Indígenas (PRO-MUI) como un área especializada en la formación de liderazgos con énfasis en el diálogo entre los derechos individuales de las mujeres y los derechos colectivos de los pueblos originarios.
Es así que en 2012 nace formalmente el PROMUI con el objetivo de potenciar el liderazgo de las mujeres de pueblos originarios que den seguimiento a las agendas impulsadas por el movimiento de mujeres indígenas y afromexicanas, así como contribuir a la formación de una masa crítica de mujeres que dé soporte y sea el relevo generacional de los actuales liderazgos.
Los objetivos específicos del Programa de Mujeres Indí-genas del ILSB son:
• Fortalecer el liderazgo de mujeres de pueblos ori-ginarios a través de procesos formativos que inte-gren la reflexión teórica y herramientas prácticas para la incidencia.
• Impulsar la creación de redes y alianzas entre mu-jeres indígenas y afromexicanas para fomentar la solidaridad entre las causas que encabezan, para generar una base de apoyo para las líderes y para incrementar el impacto de sus acciones colectivas.
• Vincular a estas redes y a otras actoras indígenas claves, con iniciativas, organizaciones e instan-cias gubernamentales para favorecer sus acciones de incidencia.
• Contribuir a la visibilización de las agendas de mujeres de pueblos originarios de México.
Bajo estos objetivos las líneas temáticas sobre las que trabaja el PROMUI son: derechos sexuales y derechos reproductivos, mortalidad materna, participación políti-ca y mujeres indígenas en contextos migratorios. Éstas se desarrollan en proyectos permanentes con apoyo de distintas fundaciones internacionales.
Redes de mujeres jóvenes indígenas. El proyecto preten-de formar una masa crítica de mujeres jóvenes indígenas para que incidan en los temas de salud materno-infantil —u otros según su contexto— en sus regiones. Esto a través de procesos de capacitación, de consolidación de una estructura de trabajo en red, y de la implementación de una serie de actividades para dar cumplimiento a una agenda construida por ellas mismas. El objetivo al me-diano y largo plazo, es que las redes se desarrollen de manera autónoma y logren ser autogestivas para operar sus iniciativas. Este proyecto se implementa en los estados de Chiapas, Campeche, Yucatán, Guerrero y Oaxaca.
Instancias Municipales de la Mujer y prevención de la mortalidad materna. Tiene como objetivo fortalecer a través de diferentes estrategias a los Institutos Municipa-les de la Mujer en Chiapas, Guerrero y Oaxaca para que puedan trabajar más efectivamente en acciones de prevención de mortalidad materna a nivel municipal y en el mediano plazo generar una política pública mu-nicipal en salud con perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad en alianza con los cabildos.
Liderazgos con perspectiva de género en contextos mi-gratorios. Con este proyecto se busca contribuir a la protección de los derechos de las mujeres en contextos de migración, mediante el fortalecimiento del liderazgo para la acción e incidencia de organizaciones, institu-ciones y líderes que trabajan con población migrante desde una perspectiva de género, interculturalidad y de-rechos humanos en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
El equipo del PROMUI está integrado por siete mujeres indígenas y no indígenas que son responsables de la implementación de los diferentes proyectos dirigidos a mujeres indígenas que el ILSB realiza actualmente:
Del 22 al 24 de noviembre se realizará un Foro-Taller en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, dirigido a muje-res jóvenes indígenas que participan en organizaciones, colectivos y otras formas de organización con miras a una articulación estatal y un proceso formativo continuo para fortalecer sus actividades de incidencia.
Datos de [email protected]@ilsb.org.mx(55) 5651 4117 y 5525 3502, ext. 108
SUEÑOS BINACIONALESPueblo indígena: Chatino y
Mixteco, Estados Unidos/
México, 2005
Realizadora: Yolanda Cruz
SINOPSISRecoge algunos pensamientos y sentimientos de mujeres madres que fueron afectadas en la redada del 12 de junio del año 2007, en la empresa de productos alimenticios Del Monte de Portland. Después de su experiencia de detención, se solidarizan mutuamente y mientras enfrentan una batalla legal, forman el Comité de Solidaridad y de Apoyo Mutuo realizando actividades educativas sobre liderazgo y organi-zación por medio de la educación popular.
MUTILADOS EN EL OLVIDOPueblo indígena: Aymara, Quechua y Lickanantay, norte de Chile
Realizadores: Hortencia Hidalgo-Fernando Anza
SINOPSISLa instalación de las Minas antipersonal en las fronteras entre Perú, Chile y Bolivia, afectó los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas que habitan en el norte de Chile, la dise-minación de los explosivos en el área vulnera el derecho a las tierras, territorios y recursos, el derecho al libre tránsito, el desarrollo y práctica de la cultura, la convivencia pacífica, el progreso, el uso y acceso espiritual de los territorios y la conculcación del derecho a la libre determinación.
HERDSWOMAN (PASTORAS)Pueblo indígena: Sámi-Sweden
Realizador: Kine Boman
SINOPSISLa vida de las mujeres pastoras de renos que aparecen en esta película reflejan los cambios que ocurren en la vida de los Sami a lo largo de tres generaciones. Cuando un caso judicial cuestiona sus derechos ancestrales a los pastos para los renos, su vida como cuidadoras de renos está en riesgo. Esta película celebra la tradicional forma de vida Sami y examina las dificultades para mantenerse en el contexto de las presiones actuales sobre los derechos de los pueblos indí-genas a la tierra y el agua.
TIERRAS ALTAS Y BAJAS, EL CHACO Y LA AMAZONIABolivia/ Documental
Coordinadora de La Mujer
SINOPSISEl video relata el proceso vivido por mujeres bolivianas del área urbana y rural que deciden ser parte del proceso cons-tituyente en Bolivia. A partir de entonces elaboran su pro-puesta política consensuada a nivel nacional, con el fin de incorporar la agenda de las mujeres en la Nueva Constitu-ción del Estado.
MUJERES CRUZANDO FRONTERAS Ana Lucía Faerron Ángel
Documental
Realizadoras: Ana Lucía Faerron Ángel
y Mónica Quiros Villalobos/Costa Rica
SINOPSISUna mujer nicaragüense migrante y una mujer ngäbe costa-rricense introducen y narran las experiencias de las mujeres indígenas ngäbe panameñas y nicaragüenses que cruzan la frontera de sus países para dirigirse a la cosecha de café en la zona de Los Santos, Costa Rica. El documental también pre-senta el punto de vista de las protagonistas, donde ellas cuen-tan a través de imágenes y palabras quiénes son y cómo viven su condición de migrantes, extranjeras, indígenas y mujeres.
CONTRA VIENTO Y MAREA, MUJERES CONSTRUYENDO DIGNIDAD Y SOBERANIAPueblos Indígenas: documental
CEFREC–CAIB
SINOPSISLa lucha de las mujeres indígenas originarias iniciada por Bartolina Sisa y otras destacadas líderes hace siglos, conti-núa hasta hoy cuando mujeres de tierras altas y bajas desde diferentes ámbitos organizativos, junto a la comunidad y la familia, avanzan construyendo dignidad y soberanía en un contexto difícil de triple discriminación.
DATOS CURIOSOS34
• En 2012 la población indígena era de 15 millones de personas, estimó la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
• En México, existen alrededor de 65 pueblos indígenas que hablan entre 62 y 70 lenguas diferentes.
• Oaxaca se distingue por un número importante de población indígena; diversos grupos étnicos como zapotecos, mayas, nahuas, purépechas, mixtecos, yaquis, kikapúes y otomíes.
• Las y los indígenas en el mundo representan 5% de la población y 15% de los pobres en el mundo.
• Existen en el mundo entre 6 mil y 7 mil lenguas vivas, pero sólo 97% de la población mundial habla 4% de esos idiomas y 3% habla el porcentaje restante.
• En México más de 10% de su población total es indígena, unos 6.5 millones que hablan alguna de las 62 diferentes lenguas autóctonas, de ellos más de 60% son mujeres monolingües.
• La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012 reportó que en México existen 6.4 millones de personas de tres años y más que hablan una lengua indígena, ellos representan 5.9% de la población total.
• En México, 25.1% de hombres y 23.4% de mujeres tienen entre tres y 14 años; 64.9% y 67.4%, respectivamente, tienen entre 15 y 64 años; y 10% y 9.3%, en el mismo orden, 65 años o más.
• El 93.3% de la población hablante de lengua indígena de 6 a 14 años asiste a la escuela mientras que en los no hablantes el porcentaje es ligeramente superior, 95.6.
El 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Resolución 49/214, estableció el
9 de agosto como Día Internacional de los Pueblos Indígenas
