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Economía y reproducción social*

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* Jorge Alberto López Arévalo, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas; Julieta Martínez Cuero, Universidad Autónoma Metropolitana; Óscar Peláez Herreros, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas.

A finales del decenio de 1980, Oaxaca superó a Chiapas en producto interno bruto (pib) per cápita (Ruiz Chiapetto, 2000). Desde entonces, hasta hoy día, el estado más austral de la federación no ha sido capaz de abandonar el último puesto en términos de esta variable. Los resultados no son mejores si se con-templan otros indicadores de pobreza y bienestar. Así, por ejemplo, Chiapas es la entidad de la República Mexicana que presenta el índice de desarrollo humano (idh) más bajo, 0.7336, muy alejado del máximo, 0.9099 del Distrito Federal, pero también de la media nacional (0.8225) e incluso de las otras entidades federativas con menores niveles: Guerrero (0.7513), Oaxaca (0.7531) y Michoacán (0.7746) (pnud, 2011: 41). Lo mismo ocurre si se tiene en cuenta el índice de rezago social o los porcentajes de pobreza alimentaria, de capacidades o de patrimonio que calcula el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). La situación apenas varia al considerar el índice de marginación del Consejo Nacional de Población (Conapo), que sitúa a Chiapas solo por encima de Guerrero. Según datos de Coneval (2010), 76.7% de los chiapanecos se encuentran en situación de pobreza y, 15%, en pobreza extrema, a la vez que 45% de la población mayor de 15 años de edad no ha concluido su educación básica y 51% de los chiapanecos no tiene acceso a servicios de salud.

Chiapas no es un estado homogéneo a causa de la convivencia multicultural que se da en la región y por los diferentes procesos históricos que han marcado distintas formas de inserción del capitalismo en dicha entidad. Las relaciones capitalistas generadas en el estado lo han tornado de manera diferenciada, al diversificar la eco-nomía y provocar distintos grados de desarrollo capitalista.

La economía chiapaneca se encuentra inmersa en la dinámica del mercado mundial, bajo una lógica de inclusión-exclusión, operando con un modelo eco-nómico dual que acentúa de manera progresiva elsubdesarrollo y el atraso de ese estado. En un principio, la integración tuvo lugar mediante la comercialización del café, hasta que la liberali-zación de la economía mexicana afectó gravemente a los productores de este grano. En el presente, son los mismos chiapanecos quienes han buscado inser-tarse a la dinámica de la globalización a través de la venta de su fuerza de trabajo. Los mecanismos de inclusión-exclusión son parte de la llamada “globalización neoliberal”. La entidad chiapaneca ha permanecido excluida de los flujos de capital productivo, mientras que ha sido incluida de ma-nera desventajosa en la producción agrícola y el mercado de trabajo. Algunas de las consecuencias de la globalización neoliberal son: incremento de la pobreza, marginación y escaso desarrollo huma-no de su población.

Chiapas es parte de la heterogeneidad estructural de la economía mexicana, que se manifiesta a tra-vés de enormes brechas de desigualdad entre los municipios indígenas y no indígenas de la entidad. El nivel de instrucción educativa y las condiciones laborales de los indígenas chiapanecos evidencian no solo el rezago social, económico y educativo de sus municipios frente al resto de la población, sino que ex-plican las causas del problema fundamental: la pobreza. Es importante mencionar que los pueblos indígenas de Chiapas no forman parte de un grupo homogéneo. Entre ellos se observan diferencias económicas, socia-les y culturales. Lo único que comparten es el atraso económico que los caracteriza en comparación con el resto de la población.

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Hoy día, el estado se divide en nueve regiones socioeconómicas conformadas por 118 municipios, de los que el 52% se considera de tipo indígena (inegi, 2005). Los grupos étnicos predominantes en la entidad son: tseltal, tsotsil, chol, zoque y tojolabal. Con menor presencia, se encuentran otros grupos étnicos (mam, chuj, q’anjob’al, jacalteco, lacandón, cakchiquel, mo-chó, quiché o ixil) que se reconocen, principalmente, por sus diferencias lingüísticas.

El presente documento se orienta a evidenciar la existencia de dualismo histórico e inducido en Chiapas, que se corresponde con la dicotomía indígena no indígena, si se considera que el atraso económico de los municipios indígenas es un problema multidi-mensional de profundas raíces históricas, en el cual se conjugan factores económicos, sociales, políticos y culturales. De igual manera, se establece que el estudio de las economías indígenas debe partir de una visión global que comprenda que este tipo de economías no son unidades aisladas del sistema capitalista y que, por tanto, considere la existencia de relaciones de subordi-nación entre los municipios indígenas y no indígenas, tanto a escala estatal, como nacional e internacional. Para ello se analizan los indicadores de desarrollo humano (marginación, rezago social y pobreza) con el fin de evidenciar la brecha de desigualdad entre los municipios indígenas y no indígenas de la entidad. La principal tesis del trabajo es que la brecha de desigualdad entre la población indígena y no indígena obedece a que la economía chiapaneca opera con un modelo económico dual. En especial, se sostiene que el dualismo de dicha economía se ha acentuado con la inserción de la economía mexicana en la dinámica de la globalización neoliberal.

El documento está formado por cuatro apartados. En el primero, se recurre a las categorías teóricas de dualismo y heterogeneidad estructural en el trata-miento del problema. En el segundo, se da cuenta de la acentuación del dualismo a partir de la dinámica del mercado mundial. En el tercero, se evidencia el dualismo en la economía chiapaneca. Por último, a modo de conclusión, se revisan las actividades económicas que la población indígena ha empezado a desarrollar en las áreas urbanas de la entidad en respuesta al deterioro de las condiciones productivas del ámbito rural.

Orígenes del dualismo económico y social en Chiapas

En este apartado se analiza la heterogeneidad estructural de la economía chiapaneca. El propósito es mostrar la existencia de un círculo vicioso entre

el atraso económico de los pueblos indígenas y el dualismo presente en los municipios del estado. Para ello, en primer lugar se explica en qué consiste el dualismo, partiendo de una breve revisión de la literatura económica. En segundo lugar, se recolec-tan elementos clave que explican la presencia de un dualismo histórico en la entidad, con especial énfasis en el problema de la heterogeneidad estructural.

El dualismo económico, presente en el estado, se hace evidente en la comparación de distintas varia-bles socioeconómicas entre los municipios indígenas y no indígenas de la entidad. Los municipios consi-derados como indígenas presentan condiciones de marginación y desventaja en comparación con el resto de los municipios. La situación de desventaja que muestran los pueblos indígenas no se reduce al escaso desarrollo de sus estructuras productivas, si-no además se extiende al limitado acceso a los bienes y servicios públicos.

Se ha excluido y marginado a los municipios indígenas de cualquier posibilidad de crecimiento económico. Su rezago generalizado se explica a través de distintos aspectos: ausencia de estructuras productivas desarrolladas, predominio de la po-blación económicamente activa en las actividades propias del sector primario, tecnología e industria escasas, concentración del ingreso, carencia de vías de comunicación, explotación laboral y altos niveles de analfabetismo.

Que Chiapas no cuente con una estructura eco-nómica sólida y desarrollada explica la presencia de un importante excedente de mano de obra, princi-palmente en los municipios indígenas. De las nueve regiones de Chiapas, los Altos concentra la mayor parte de la población indígena, al tener una compo-sición étnica de 70 a 100%. En esta área, se localizan las comunidades indígenas más densamente pobla-das, lo cual caracteriza a la región como importante fuente de mano de obra barata en los ámbitos estatal, nacional y, más recientemente, internacional.

El excedente de fuerza de trabajo en las regiones indígenas se agrava de modo considerable como con-secuencia del estancamiento productivo de la región y de la ausencia de un sector industrial. A la vez, al interior de los municipios indígenas se observa una reestructuración de las fuerzas productivas y de las relaciones sociales como resultado de dos aspectos: el deterioro y el agotamiento de los recursos naturales de la región y de la nueva configuración económica a escalas nacional e internacional.

En un sentido general, los municipios indígenas de Chiapas están enfrentando un proceso de descom-posición al interior de sus comunidades a expensas

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El caso de Chicomuselo

A inicios de la década de 1990, se realizaron en México los cambios constitucionales necesarios para la ratificación del Tratado de Li-bre Comercio de América del Norte (tlcan). La reforma al artículo 27 constitucional precede a otros cambios legislativos referentes a la minería y a diversos aspectos que faciliten la extracción de los mine-rales en el país. Por ello, además de las modificaciones a la Consti-tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se modifica la Ley Minera. Otras leyes en la materia entran en juego para armoni-zar la extracción minera hoy en manos de las grandes trasnacio-nales, como la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley Agraria, la LeyGeneral de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, laLey General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley Federal de Derechos, y la Ley de Inversiones Extranjeras y el Código Civil (López, 2011: 7). Esto ha permitido que durante el último decenio, de 2000 a 2010, se hayan otorgado 51 millones de hectáreas del territorio mexicano conce-sionadas a la minería, según datos de la Secretaria de Economía.

El arribo de las concesiones mineras a Chiapas

En el marco del sexenio del gobierno de Vicente Fox Quesada, y del entonces gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, a partir del año 2000 se iniciaron los estudios para profundizar la ubicación de los recursos mineros en el estado. Para ello se otorgaron las primeras concesiones de exploración minera con duración de cuatro a seis años en promedio. Hacia el mes de agosto de 2009, ya se habían otorgado 97 concesiones que equivalían a 1 115 130.447 hectáreas, aproximadamente 15.21% del territorio chiapaneco que equivalen a 11 151.304 kilómetros cuadrados.

La explotación minera en Chiapas

Gustavo Castro Soto*

*Gustavo Castro Soto. Otros Mundos A. C./Red Mexicana de Afectados por la Minería (rema). Coordinador.

Alrededor de 11 concesiones otorgadas tienen vigencia de 50 años de duración. Por tanto, será hasta el 2057 que ocho municipios verán la actividad de extracción minera en sus territorios como son los casos de Ángel Albino Corzo, Escuintla, Chicomuselo, Mazapa de Madero, Motozintla, Ocozocoautla, Venustiano Carranza y Villa Flores.

La minera paraestatal chilena Corporación Nacional del Cobre (Codelco) cuenta con dos concesiones con 121 831 hectáreas en Motozintla y Escuintla. La canadiense Linear Gold cuenta con el permiso para la explotación minera hasta el año 2058, cuya extensión es de 29 700 hectáreas en el municipio de Motozintla. Sin embargo, la misma empresa cuenta con otras cinco concesiones por 50 años, hasta el 2059, en los municipios de Acacoyagua, Frontera Comalapa y Tapachula con un total de 6 891.4 hectáreas.

La canadiense Radius Gold/Geometales del Norte tiene en posesión 103 210 hectáreas por medio de seis concesiones mineras en cinco municipios de la entidad entre los que se encuentran Ángel Albino Corzo, Chicomuselo, Ocozocoautla, Venustiano Carranza y Villa Flores (Castro, 2009).

Chile y Canadá son los países con inversiones mineras en

Año Número de concesiones2000 1 (1%)2006 3 (4%)2007 3 (4%)2008 1 (1%)2009 13 (13%)2010 17 (17.5%)2011 22 (22.5%)

2054-2059 37 (38%)

Año en que terminan o terminaron las concesiones

Año Concesiones Hectáreas2000 4 8 129.002001 3 109 555.952002 1 439.542003 13 45 852.242004 21 31 626.162005 22 491 757.952006 16 158 200.372007 10 232 053.802008 1 29 700.002009 6 7 815.44

TOTAL 97 1 115 130.45

Chiapas/ Superficie concesionada 2000 – Agosto de 2009

Chiapas. Aunque también se habla de inversiones chinas, lo cual no está confirmado ya que hay concesiones vendidas cuyos com-pradores no es fácil de rastrear.

En el periodo analizado, fueron cuatro las empresas cana-dienses que contaban con inversiones en la entidad por medio de 53 concesiones en 29 municipios equivalente a 656 198 hectáreas. De ese total, alrededor de 223 954 hectáreas estarán en manos canadienses por 50 años en 15 concesiones mineras. Serán 11 municipios donde se registrará la actividad extrac-

Fuente: Elaboración propia con base de datos de la Secretaría De Economía

Fuente: Elaboración propia con base de datos de la Dirección General de Minas/México

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tiva minera: Amatenango del Valle, Ángel Albino Corzo, Motozintla, Pichucalco, Chicomuselo, Rayón, Ocozocoautla, Venustiano Carranza, Villa Flores, Copainalá, Rayón y Villa Comaltitlán (Castro, 2010).

Durante el sexenio del ex gobernador Juan Sabines Guerrero (2006-2012), se registró en la entidad las concesiones otorga-das por décadas una vez que la ley se modificó para otorgar una sola concesión que incluyera exploración y explotación. Al mismo tiempo, las concesiones aumentaron y hacia el 2012 ya se registraban más de 120 concesiones que abarcan alrededor de un millón y medio de hectáreas concesionadas, incluidos proyectos mineros en la Reserva del Triunfo (Castro, 2012).

Blackfire llega a Chicomuselo

El 13 de diciembre de 2006 se constituye Blackfire Exploration México, S. A. de R.L. de C.V., con Artemio Ávila Cervera como apoderado legal y Director General de la Empresa (Blackfire, 2008). Blackfire Exploration Ltd. “Blackfire Canadá” es una pequeña compañía privada canadiense de exploración y minería consti-tuida bajo las leyes de Alberta y con sede en Calgary, Alberta. La empresa es controlada por cuatro individuos: el Sr. Brent Willis, el Sr. Brad Willis, el Sr. Emiliano Ávila Canales y el Sr. Artemio Ávila Cervera. Blackfire Canadá realiza operaciones en México a través de la filial mexicana, 100% de su propiedad, llamada Blackfire Exploration México, S. A. de R. L. de C.V. (“Blackfire México”). La transnacional canadiense diría que “… nuestra empresa fue invitada por el señor Gobernador …” (Ávila, 2009).

Menos de un año antes del arribo legal de Blackfire a México, en febrero de 2006, el Ejido Grecia de Chicomuselo completó su registro del Procede. En diciembre de 2007, se firma una minuta de acuerdos entre la transnacional y el Ejido Grecia (Blackfire, 2007). Entre los acuerdos, se estableció que la transnacional canadiense entregaría 50 mil pesos mensuales, apoyo en in-fraestructura de agua potable y revestimiento de carretera por la extracción de barita a cielo abierto en un área de 13-50-00 hectáreas durante los siguientes 10 años (Blackfire, 2008). Con el Ejido Nueva Morelia, la empresa canadiense acordó un pago mensual por el derecho de paso para tener acceso a la mina.

Los efectos del proyecto minero

No pasó mucho tiempo cuando los pobladores del Ejido de Grecia empezaron a expresar descontentos por la actividad minera de Blackfire. El revestimiento de la carretera no había sido lo esperado, la infraestructura de agua tampoco fue la ade-cuada, y el gobierno del Estado no había cumplido con otros compromisos con las comunidades que empezaban a dividirse y a manifestar inconformidades (profepa, 2009). Algunos po-bladores denunciaron la muerte de peces en los ríos, muerte de ganado, enfermedades de la piel en niños, contaminación del

agua, pérdida de arroyos por el agua filtrada en grietas por las explosiones, entre otras afectaciones sociales y ambientales. Por su lado, el ejido de Nueva Morelia denunciaba el robo de barita en el camino de paso y deforestación que la empresa realizó sin permiso para ampliar caminos. En la cabecera municipal, los pobladores denunciaban grietas en paredes y techos de sus viviendas como efectos del paso de los vehículos de la empresa que transportaban toneladas diarias de barita (Fronteras Comunes, 2010).

En la visita de verificación que realizó la Secretaría del Medio Ambiente y Vivienda (Semavi), el 7 de diciembre de 2009, concluyó que además del riesgo de deslaves y derrum-bes, así como la filtración de agua superficial, la verificación notó que:

1) … se observa exceso de polvo, producto de la falta de riego constante de agua en la zona; asimismo, es importante se-ñalar que el equipo de trituración y la cribadora no cuentan con sistemas y/o equipos para la mitigación de la contami-nación generada por los polvos.

2) Los camiones que transportan el material de la zona de ex-tracción hacia la zona de procesamiento no son cubiertos con lona, por lo que se observa la emisión de polvos hacia la atmósfera.

3) … un almacén con residuos peligrosos en el cual se encuen-tran almacenados 10 tambos de 200 L de capacidad con aceite gastado, cartón, trapos y estopa impregnados de aceite de ma-quina; así como filtros usados de maquinaria pesada …

3) … almacén de residuos peligrosos se observa un Vivero Rús-tico con la presencia de dos especies vegetales: Ceratozamia Norstogui (Espadañas o Cicadas) y, Danubsis Americano (Cuero de vaca).

5) En el camino de acceso a la mina, se observan despalmes (Retiro de la capa superficial, de la capa vegetal), … el suelo se encuentra erosionado, lo cual genera una gran cantidad de polvo en el aire circulante natural de la mon-taña y el paso de los camiones.

6) … se observa una escorrentía superficial de caudal continuo denominada “Arroyo Los Mangos”, la cual es cortada de for-ma transversal en cinco ocasiones por el trazo del camino; asimismo, se nota la excesiva acumulación de materiales pé-treos en los márgenes del citado arroyo.

7) Durante el tramo del citado camino, se observan pendientes que varían entre los 30 y 45 grados, las cuales se constituyen en un riesgo para los camiones y la maquinaria que circulan por dicha vía de comunicación.

El documento de la semavi confirma que Blackfire no contaba con autorizaciones en materia ambiental para la cons-trucción, la ampliación y la modernización de siete kilómetros de camino que conduce del área de almacenamiento y procesa-miento de materia prima (barita), hacia las áreas de extracción

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de material, y tampoco con la Licencia de Funcionamiento de Fuentes Fijas de Emisiones Atmosféricas (lfffea) por la emisión de polvos, en las áreas de almacenamiento, traslado y procesamiento de materia prima, así como de los equipos y/o maquinaria. Por los irreversibles efectos al medio ambiente, la aportación al cambio climático y posibles víctimas por los riesgos ambientales, el gobierno de Chiapas por medio de la Semavi declaró el 10 de diciembre de 2010 la “Clausura temporal total de las actividades de explotación, extracción, almacenamiento y procesamiento de material pétreo (barita), así como el traslado de vehículos relacionados con la actividad extractiva de la empresa, por el camino que conduce del área de almacenamiento y procesamiento de materia prima hacia las zonas de extracción de material …” (Semavi, 2009).

La reacción del movimiento social al proyecto minero

La clausura temporal del proyecto minero de Blackfire tuvo varios antecedentes, entre los que se encuentran diversas acciones y movilizaciones sociales. El sector religioso de la Iglesia Católica realizaría manifestaciones y peregrinaciones con-tra el proyecto minero. Los obispos de las diócesis chiapanecas intentaron llegar a un acuerdo y diálogo entre el gobierno, la empresa y los representantes de las comunidades afectadas. Otras organizaciones sociales y magisteriales se movilizan en grandes contingentes. En 2008, se llevó a cabo un primer encuentro contra la minería en el Ejido Las Flores (Castro, 2008). Miembros de las comunidades empiezan a participar en eventos de formación e información sobre la minería y sus efec-tos nocivos. La conciencia social sobre las consecuencias de la industria extractiva minera empieza a crecer entre los diversos sectores sociales, magisteriales, religiosos y políticos.

Por su lado, Mariano Abarca Roblero, líder local de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), se lanza con un grupo de pobladores al bloqueo de la calle en la cabecera muni-cipal de Chicomuselo en el verano del 2009, por donde transitaban los vehículos de la empresa canadiense, con el fin de exigir un alto a la explotación minera por los efectos sociales y ambientales. A partir de ese momento, Abarca Roblero es amenazado y hosti-gado con mayor fuerza por la empresa y el gobierno municipal. Otras protestas se registraron en ese contexto y la respuesta de la transnacional no se hizo esperar. El 15 de junio de 2009, Blackfire presenta una solicitud formal ante el Congreso del Estado de Chiapas de intervención en contra de tres personas que exigen el cumplimiento de obras de infraestructura en el marco del convenio del proyecto minero. Blackfire se refiere a ellos como “un grupo de vándalos azuzados por el presidente municipal” que han tomado de forma violenta sus instalaciones y acusa de extorsión al presidente municipal al exigirle 10 mil pesos mensuales “para no levantar en armas al ejido”, al solicitar viajes en avión con su familia y otros colaboradores, y dinero

para la feria del pueblo, exigencias que la empresa cumplió al depositar en la cuenta personal del presidente municipal, y con la justificación que la empresa perdía 250 mil pesos mensuales (Ávila, 2009). Blackfire también presentó una denuncia contra Mariano Abarca, acusándolo de graves delitos federales. En agosto del 2009, el gobierno del Estado detuvo a Abarca Roblero y, días después, ante la denuncia nacional e internacional, fue liberado. Ello no detuvo la realización, en la cabecera municipal de Chicomuselo, del II Encuentro Estatal de la Rema. Mariano Abarca decidió entonces presentar una Acta Administrativa contra la empresa por falsas acusaciones (Abarca, 2009a). Días después, el 27 de noviembre de 2009, es asesinado frente a su domicilio en Chicomuselo por presuntos empleados de la empresa canadiense y funcionarios coludidos. Varias personas fueron encarceladas y la mina se cerró días después (Otros Mundos, 2009).

Las reacciones no se hicieron esperar. Un contingente de miembros de la Rema y de otros sectores magisteriales viajaron a la ciudad de México para protestar ante la embajada de Canadá por el asesinato de Abarca. Marchas, movilizaciones y un sinfín de reacciones que condenaban el asesinato se registraron no sólo en la entidad, sino en muchas partes del país y más allá de las fronteras.

En 2010, la Rema y otras 10 organizaciones sociales ca-nadienses (Vigilancia Minera de Canadá, Fronteras Comunes de Canadá, Trabajadores Unidos de la Industria Siderúrgica, Consejo de Canadienses, Comité por los Derechos Humanos en América Latina, Red de Solidaridad Regional del Atlántico, Sierra Club Canadá, Apoyo Mutuo Misionario y el Comité de Justicia Social) solicitaron a la Policía Real Montada de Canadá (rcmp, por sus siglas en inglés) la investigación por presunta violación a la Ley sobre Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros [Corruption of Foreign Public Officials Act] contra la minera transnacional Blackfire coludida en el asesinato de Mariano Abarca Roblero. Esto suscitó una fuerte reacción de los medios de comunicación en Canadá. Hasta la fecha, el caso sigue su curso en Canadá. El ex munícipe de Chicomuselo, C. Julio César Velásquez Calderón, sigue siendo acusado de reci-bir de la empresa Blackfire 239 pesos con 69 centavos (Rema, 2011). La misma empresa acepta que entregó dicha cantidad a la cuenta personal del entonces presidente municipal (Ávila, 2009). De esta forma, el 20 de julio de 2011, la rcmp allanó las oficinas de Blackfire en Calgary, Canadá, como parte de las in-vestigaciones por la denuncia presentada en 2010 (rcmp, 2011).

Conclusiones

Los Tratados de Libre Comercio (tlc) abren cada vez más el paso a las inversiones de la industria extractiva minera, en es-pecial de carácter transnacional, no sólo en México sino en todo el continente. La eliminación de todos los controles estatales a

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esta industria ha provocado que en México se ponga casi un tercio del territorio nacional en manos de las corporaciones extranjeras. Pero es la misma tendencia en otros países de América Latina. En Guatemala, Panamá y Honduras, 30%, por citar algunos ejemplos (Delgado, 2010). La mayoría de estas inversiones es a cielo abierto para la extracción del oro, la plata y otros minerales. Los saldos sociales abarcan desplazamiento de población, asesinatos, enfermedades y mayor pobreza, entre otros. Los costos ambientales son irreversibles. La contamina-ción del agua y otros pasivos ambientales agudizan la pobreza, el acceso a la calidad y la cantidad del agua, la salud, la soberanía alimentaria y otros derechos humanos que el gobierno federal no protege, ni garantiza. Por otro lado, el modelo extractivo minero agudiza la crisis climática al eliminar biodiversidad, los sumideros de carbono y alterar de modo irreversible los bos-ques y otros ecosistemas. Por tanto, el modelo extractivo minero es el megaproyecto más insustentable en términos económicos, sociales, culturales y ambientales. No solo las poblaciones cam-pesinas e indígenas que han sido desposeídas de sus tierras y territorios son las más directamente afectadas, sino la sociedad y el medio ambiente en su conjunto.

En Chiapas, desde el año 2000 a la fecha, se han con-cesionado alrededor de un millón y medio de hectáreas a laexplotación minera con más de 120 concesiones, incluidas aquellas en regiones de alta biodiversidad y Áreas Naturales

Protegidas. La deforestación de los bosques en Chiapas agu-dizará las amenazas a especies en extinción, la soberanía ali-mentaria, la contaminación de acuíferos, la pérdida y la erosión de los suelos, así como la desposesión de tierras y territorios campesinos e indígenas. El conflicto socioambiental en Chicomuselo no ha terminado, sigue latente. Las divisiones familiares y comunitarias se han agudizado y el descontento social continúa. Las concesiones siguen vigentes y el interés de las empresas por extraer diversos tipos de minerales ha llevado a rupturas comunitarias entre los que se oponen a la actividad extractiva y los que desean los proyectos minerosa cambio del espejismo del desarrollo, beneficios económi-cos, empleos y promesas de mejorías en la infraestructura comunitaria.

La actividad extractiva en Chicomuselo, lejos de generar mejores condiciones de vida y desarrollo locales, ha produci-do saldos negativos para las comunidades y una economía de enclave. Por ello, es necesario elaborar modelos de desarrollo locales que detonen procesos integrales que tomen en cuenta mejores condiciones de vida, salud, trabajo, soberanía ali-mentaria, vivienda, participación comunitaria; de recuperación de la cultura, de mecanismos sociales y agrarios propios de las comunidades y una adecuada relación sustentable con el medio ambiente.

del agotamiento de sus formas ancestrales de organi-zación económica. La escasa productividad y los bajos rendimientos de su producción agrícola los está obli-gando a sustituir esta actividad por el trabajo asalaria-do, como se detalla en el epígrafe final de este capítulo.

Dualismo, breve revisión de la literatura

El análisis del atraso económico de los indígenas de México es un problema histórico que se ha explicado desde diversas disciplinas y distintos enfoques. En este caso, se recurre a la categoría teórica de dua-lismo para evidenciar la brecha de desigualdad existente entre los municipios indígenas y no indígenas del estado.

La literatura económica acerca del dualismo es amplia y con distintos enfoques teóricos que van desde los modelos de crecimiento endógeno de Lewis (1954), Kuznets (1955), Lydall (1979) y Ranis y Schultz (1988), hasta las concepciones teóricas alternativas de Benetti (1974), Furtado (1974), Stavenhagen (1981), Pinto (1985), Gannagé (2001), De Oliveira (2003), Hernández Laos (2003) y Velázquez Roa (2003), González Casanova (2006), Castaingts (2007) o Pérez-Alfaro (2008). En este

caso, la cuestión a responder a través del dualismo es: ¿por qué los municipios indígenas de Chiapas se encuentran en un círculo vicioso de pobreza y marginación?

La noción de dualismo, tal y como la presenta Lewis (1954), se basa en la asimetría significativa entre dos sectores de la economía nacional: uno capitalista, moderno y dinámico; y otro, no capitalista, atrasado y estancado. En el sentido neoclásico, el sector atra-sado corresponde al de subsistencia y, el adelantado, al capitalista. En el sector atrasado, se presupone la existencia de una oferta ilimitada de fuerza de tra-bajo en relación con el capital y los recursos naturales. De tal manera, el excedente de mano de obra en el sector de subsistencia hace que el producto marginal del trabajo sea cercano a cero, en tanto en el sector moderno la productividad marginal sea positiva. Dicho lo an-terior, se establece que la salida del atraso económico para una economía que opera con un modelo dual tiene lugar a través de la transferencia de fuerza de trabajo del sector atrasado al capitalista. Es decir,la solución al atraso económico, establecida por Lewis, supone cierta organización en el mercado laboral de ambos sectores que permita la expansión del sec-tor industrial hacia el polo atrasado, al absorber

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de modo inmediato el excedente de fuerza de trabajo proveniente del sector de subsistencia.

Entre las definiciones que acompañan la idea de Lewis (1954), ya mencionada, se encuentran las expuestas por Kuznets (1955), Lydall (1979) Ranis y Schultz (1988) y Pérez-Alfaro (2008). En todas ellas, se señala al dualismo económico como un problema de yuxtaposición entre dos sectores de la economía. La idea de yuxtaposición y/o separación entre dos sectores, territorios o grupos sociales limita el análisis del atraso económico de los pueblos indígenas. Aceptar la idea de una separación entre municipios indígenas y no indígenas reduce el problema de atraso y marginación a un hecho puramente económico y estático, dejando fuera diversos hechos históricos y estructurales que explican la raíz del escaso progreso de los municipios indígenas del estado de Chiapas. Asimismo, resulta erróneo no tomar en cuenta el grado de heterogenei-dad estructural de la economía chiapaneca.

Así, y en atención a la carencia ya mencionada, se apela a las ideas de Celso Furtado, Raúl Prebisch y Aníbal Pinto en la explicación del rezago económico de los municipios indígenas. La idea central de estos autores es la coexistencia de distintos modos de pro-ducción en economías que no pueden ser concebidas fuera de un determinado sistema de dependencia e interdependencia en una misma nación (Vidal y Guillén, 2007). De manera similar, Benetti (1974) habla de las economías subdesarrolladas duales y las caracteriza como aquellas con una estructura par-ticular con un modo específico de desarrollo, donde no solo hay un sector moderno y otro atrasado, sino un conjunto de sectores significativos en el desarrollo y el crecimiento de cierta economía. Es decir, habla de una economía nacional heterogénea donde las partes o los sectores definen su naturaleza específica por sus relaciones recíprocas, sin las cuales no existen como fenómeno específicamente determinado.

La idea de dualismo basada en elementos de coe-xistencia, interdependencia, relaciones recíprocas e interacción entre las partes resulta sumamente fértil en el entendimiento del atraso económico de los pueblos indígenas de Chiapas. En la siguiente sección, se retoman las ideas de interdependencia económica, social y cultural entre los municipios indígenas y el resto del estado, mediante el uso del concepto de heterogeneidad estructural enuncia-do por Furtado (1967), con el propósito de hacer evidentes las relaciones de dominación-depen-dencia entre los municipios indígenas y los no indígenas a escalas nacional e internacional. De esta manera, se presenta al estado de Chiapas

como un conjunto heterogéneo polarizado, con un mínimo de municipios parcialmente desa-rrollados que constituyen puntos neurálgicos de crecimiento, a diferencia del resto de muni-cipios, indígenas, que se encuentran inmersos en el atraso.

Dualismo: un hecho histórico e inducido

Durante la Conquista y la Colonia, se originó un sistema social dual, en el que no solo participaron los españoles, sino toda la población. Andrés Aubry afir-ma que, apenas constituida Chiapas, esta fue dividida endos hemisferios sociales: el de los indios y el de los españoles (Aubry, 2005).

El proceso histórico que transcurrió desde la Conquista hasta la Colonia ayuda a explicar la géne-sis de la heterogeneidad estructural de Chiapas y del atraso económico de los pueblos indígenas que habitan el estado. La conquista de dicho estado se consolidó tras un proceso de división y riva-lidades entre los pueblos originarios de Chiapas, rivalidades ancestrales que los conquistadores aprovecharon para imponer su voluntad. Así, porejemplo, en 1524 los zinacantecos se aliaron con los españoles en contra de los chamulas para desquitarse de los múltiples ataques a los pozos de sal de Ixtapa y Ats´am (Aubry, 2005: 64).

El dualismo histórico de Chiapas se vincula con la reorganización del territorio y la segregación de los indígenas en distintas regiones de refugio. Durante la Colonia, se reorganizó el territorio chiapaneco en función de los intereses de la clase dominante, la cual se benefició de las tierras más productivas de la entidad. De esta manera, se creó una periferia funcional a los intereses de las clases dominantes. Al mismo tiempo, se fragmentó a la poblaciónnativa del estado y se incentivó la heterogeneidad es-tructural. El problema de esta última se torna evidente por el hecho de que el adelanto de algunas regiones genera el atraso de otras.

A partir de la Conquista y la imposición del sistema colonial, la exclusión y la marginación de los indígenas fue una constante en todo el estado; esto se manifestó en los planos político, económico, cultural, religioso e ideológico. En el ámbito econó-mico, las relaciones de servidumbre heredadas de la Colonia y el “baldiaje” hicieron que los campesinos indígenas fueran sometidos y convertidos en peo-nes acapillados o baldíos.

Con la aparición de las fincas cafetaleras del Soconusco y la Lacandona, se incrementó de modo exponencial la explotación de la población indígena

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de Chiapas. Los cafeticultores y madereros se aliaban con gente influyente de San Cristóbal de Las Casas, para que éstos se comprometieran a enviar contin-gentes de trabajadores indígenas a sus fincas a través del sistema de enganche. A finales del siglo xix, mu-chas haciendas de la región ya eran una reserva de mano de obra indígena barata, destinada a la exportación de trabajadores hacia la periferia del estado. De esta ma-nera, se puede afirmar que, producto del dualismo económico de Chiapas, los municipios indígenas de la entidad han mantenido relaciones de subordi-nación con los municipios no indígenas a través del mercado laboral.

Tras la Independencia de México, en 1810, los mecanismos de marginación y segregación hacia los indígenas continuaron. El despojo de sus tierras, una vez instaurada la República en 1821, limitó cualquier posibilidad de desarrollo al interior de las comunidades. Con el pretexto de reducir la propiedad particular de los terrenos baldíos, se autorizó la dota-ción de ejidos a los pueblos que carecían de tierras. Esta disposición de tierras “baldías” afectó de ma-nera importante a los indígenas de Chiapas, lo cual benefició enormemente a ciertos particulares. Entre 1875 y 1908, 27% de la superficie total de Chiapas fue denunciada por compañías privadas. Se cedieron ca-si dos millones de hectáreas de tierras supuestamente baldías a compañías madereras, petroleras, caucheras y cafetaleras (García de León, 1985). Por su parte, la sociedad colonial controlaba el monopolio de las técnicas de elaboración de los productos, situación que generó dependencia de las comunidades.

Por todo ello, hablar de un dualismo histórico e inducido exige describir dos aspectos fundamentales: el continuo proceso de marginación de los pueblos indígenas respecto del resto de la población, inclui-dos los aspectos de dominación económica, política, cultural y social; y el incremento de la desigualdad económica y de la pobreza en la entidad; explicados, en gran medida, por la inserción de la economía mexicana en el proceso de globalización excluyente.

Acentuación del dualismo a partir de la globalización

El actual proceso de desarrollo del capitalismo posee especificidades que lo diferencian de otras épocas. Hay tendencias, como el incremento de los flujos de comercio e inversión que se apoyan en la revolución tecnológica y acentúan el dua-lismo estructural que caracteriza a las entidades como Chiapas, donde aún se encuentra un amplio sector precapitalista.

La globalización ha implicado la preponderancia de la participación en estos procesos de los países de-sarrollados y algunos periféricos que, algunos auto-res, como Wallerstein (1996 y 1998), Arrighi (1999) o Martínez-Peinado (2001), llaman “semiperiferia”. Las demás naciones y algunas regiones (de países incluidos, como México) se excluyen de los flujos decomercio e inversión (como Chiapas) y, si acaso desempeñan algún papel, es como ejército indus-trial de reserva mundial que se integra a través de los flujos migratorios que van del sur al norte.

La forma de anidar del capital y establecerse cambió con la fragmentación del proceso productivo. Ahora interesan más los países desarrollados y los cla-sificados como “semiperiferia” en la interdependencia universal, pues son los que encajan en el modelo de fábrica global, así como los que poseen grandes recur-sos naturales estratégicos de acuerdo al modelo tec-nológico actual sustentado en el petróleo. La ubicación de la industria manufacturera en regiones específicas de países subdesarrollados, como México, obedece a la deslocalización productiva de la industria transnacional, principalmente de origen norteamericano. Por ello, la industria manufacturera se establece en el centro-norte de México y no en Chiapas. La eficiencia y la rentabilidad de las empresas fragmentadas son posibles por la revolución tecnológica que está mo-dificando el mapa productivo del planeta.

La globalización es selectiva, al abarcar a los paí-ses desarrollados y a un grupo reducido de emergen-tes de Asia (China, Corea del Sur, Taiwán, Malasia, Singapur y Hong Kong), América Latina (México, Brasil, Argentina y Chile) y Europa del Este (Polonia, República Checa, Hungría y Eslovenia), a los que puede agregarse Turquía. Por el momento, las áreas menos avanzadas de África, Asia y América Latina se encuentran marginadas del proceso de globalización. El abismo que separa a las naciones que pertenecen a la triada (Estados Unidos, Europa y Japón) y sus asociados de aquellos que no interesan al capital se ha agrandado en los 25 años más recientes (Guillén Romo, 2005: 46)

En el modelo previo a la globalización (aquel que Raúl Prebisch llamó centro-periferia o el que describía Lenin en su libro clásico El imperialismo, fase superior del capitalismo), a los países subde-sarrollados les correspondía el papel, dentro de la división internacional del trabajo, de abastecedores de materias primas, mientras que los industrializados se encargaban del abasto de productos manufactu-rados. Esta división ha sufrido algunas modificaciones importantes, no tanto de esencia como de forma. Aníbal Pinto, uno de los teóricos de la Comisión Económica

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para América Latina (Cepal), ya visualizaba algunos cambios que empezaban a darse a principios del decenio de 1970 cuando afirmaba que “la Periferia, por las razones adelantadas por la Cepal (baja elasticidad-ingreso de la demanda por productos primarios, sustitución tecnológica, etc.), resultaría cada vez menos ‘necesaria’ para el Centro en térmi-nos de aprovisionadora de productos primarios y de mercado, tanto para bienes-servicios como para capitales” (Pinto y Kñakal, 1972: 32).

El papel que jugaban las empresas transnaciona-les (et) también se transformó, ya que en el modelo centro-periferia tenían como objetivo el mercado interno, pero el tamaño y su fragmentación les impedían que sus costos fueran iguales o similares a los de sus países de origen. Los mayores costos de producción relativos de las et en las naciones subdesarrolladas resultaban de la im-posibilidad del mercado interno de absorber grandes tamaños de planta, por lo que recurrían, cuando era posible, a plantas de menor tamaño que implicaban costos unitarios más elevados. En un mercado cerra-do, esto no era problema, pues lograban altas tasas deganancia a pesar de costos unitarios más altos, porque los mercados estaban protegidos y eran cautivos. Sin embargo, en un contexto de economía abierta, las etse ven obligadas a ajustar sus costos unitarios a la baja. Por tanto, deben tener la garantía de un mercado más amplio para reestructurarse (tratados de libre comercio, uniones aduaneras, asociaciones económi-cas). Es decir, el hecho de que el mercado interno delos países subdesarrollados, las materias primas y la mano de obra barata tengan menos importancia rela-tiva que antes propicia que estos países padezcan un entorno todavía más desfavorable que cuando las economías eran cerradas.

Este es el motivo por el cual, los flujos de comercio e inversión se concentran en los países industrializa-dos, con los mercados más dinámicos y también por el que algunas naciones de la periferia se han incorporado a este proceso (los 15 que se mencionan en párrafos ante-riores, algunos como India y otros más) y, por el contrario, han quedado excluidas regiones enteras del plane-ta como el África Subsahariana y otras economías pequeñas del mundo, así como regiones dentro de países, por ejemplo, el sur-sureste de México y Chiapas en particular o el oeste de China. Estas últimas son áreas prescindibles para el capital, por eso no interesan ni como zonas de expansión del capital (en la modalidad de inversión extranjeradirecta) ni como zonas de expansión de los mercados, solo, si acaso, importan cuando se con-vierten en reservas de mano de obra (migración) no calificada.

Innovación productiva en laSierra de Chiapas

Federico Morales Barragán*

La innovación, de productos o procesos, constituye uno de los motores del desarrollo territorial. Enfoques convencionales, como el expuesto por Rogers (2003), limitan su generación al ámbito estricto de la inves-tigación y el desarrollo; desde esa perspectiva tanto la generación como la transferencia constituyen dos procesos secuenciales. Una de las conse-cuencias de este enfoque es que la innovación jamás puede ocurrir en territorios marginados. Estudios llevados a cabo por autores, como Braczyk et al. (1998), Fischer et al. (1999) y Nonaka y Takeuchi (1999), muestran que la generación y la transferencia evolucionan de manera si-multánea, su articulación es fruto de interacciones múltiples establecidas para resolver problemas específicos mediante una lógica organizativa que bien puede llamarse de prueba y error. Desde esta perspectiva es posible registrar experiencias de innovación productiva, por ejemplo la del Grupo k’nan choch, que además revela la necesidad de establecermecanismos institucionales adecuados para promover la innovación en territorios marginados y contribuir con ello a que, de manera pau-latina, superen esa situación. Enseguida se muestra la forma en que la dinámica institucional particular (evolución de las formas de relación en y entre organizaciones) contribuyó a crear ámbitos de interacción en los que se configuró poco a poco el desarrollo de una innovación de producto. Advierto al lector que el análisis de esta experiencia concluyó en 2004,no obstante, las lecciones siguen siendo vigentes.

Antes de reseñar la experiencia señalada, es necesario ubicar elementos conceptuales que permitieron su análisis. Según Nonaka y Takeuchi (1999), el conocimiento humano se crea y expande a través de la interacción social de los conocimientos tácito y explícito. El primero de ellos es personal y específico a un contexto, se refiere a prácticas comunes, modos de interpretación, percepciones y sistemas de valores, por lo que es difícil de formalizar y, en ocasiones, de comunicar. El conocimiento explícito o codificado se transmite mediante un lenguaje formal y sistemático. Para estos autores, hay cuatro formas de conversión del conocimiento que involucran los tipos ya señalados: de tácito a tácito (socialización); de tácito a explícito (exteriorización); de explícito a explícito (combinación) y finalmente de explícito a tácito (interiorización).

La socialización es un proceso que consiste en compartir experiencias y, por tanto, crear conocimiento tácito tal como los modelos mentales comparti-dos y las habilidades técnicas. Un individuo puede adquirir conocimiento tácito de manera directa de otros sin usar el lenguaje sino a través de la observación, la imitación y la práctica ...La exteriorización es un proceso a través del cual se enuncia el conocimien-to tácito en forma de conceptos explícitos [bajo la forma] de metáforas, analogías, conceptos, hipótesis o modelos ...

*Proimmse-iia-unam. Investigador

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La combinación es un proceso de sistematización de con-ceptos con el que se genera un sistema de conocimiento ... La reconfiguración de la información existente que se lleva a cabo clasificando, añadiendo, combinando y cate-gorizando el conocimiento explícito ..., puede conducir a un nuevo conocimiento ...La interiorización ... está muy relacionada con el ‘aprender haciendo’. Cuando las experiencias son internalizadas en la base de conocimiento tácito de los individuos a través de la socialización, la exteriorización y la combinación, en la forma de modelos mentales compartidos y know-how técnico, se vuelven activos muy valiosos (Nonaka y Takeuchi 1999: 70, 72, 76 y 78).

En el estudio de la experiencia del Grupo k’nan choch, estas cuatro modalidades de conversión del conocimiento se utilizaron como un modelo heurístico para identificar el carácter de diversos ámbitos de interacción que se establecen, en y entre las organizaciones, con la finalidad de resolver un problema productivo específico. Una vez establecido el carácter de estas interacciones que constituyen así los ámbitos donde se intercambia conocimiento, se valora el modo en que el funcio-namiento de los aspectos internos que rigen las relaciones dentro de las organizaciones y la evolución de las interaccio-nes que surgen entre estas, esto es la dinámica institucional, afectan la constitución y desarrollo de los ámbitos señalados.

La experiencia del Grupo k’nan choch

La historia del Grupo k’nan choch (en adelante Grupo) es la historia de una experiencia de innovación productiva cuyos resultados principales se expresan en dos dimensiones. Por una parte, el diseño y la producción de un bien agroindustrial altamente diferenciado (papas criollas orgánicas crudas, cor-tadas a la francesa). Por otro lado, el aprendizaje colectivo de una forma específica de funcionamiento: construir vínculos de cooperación facilita el intercambio de conocimiento y propicia el surgimiento y el desarrollo de proyectos de inno-vación productiva.

El origen del Grupo, que en lengua mam significa “Nuestra Madre Tierra”, se remonta al año 1988 cuando un grupo de catequistas de la diócesis de Tapachula promueve la realiza-ción de talleres de reflexión con productores de hortalizas de la región Sierra en el estado de Chiapas. El propósito de esos talleres fue elaborar un diagnóstico cuyos resultados permitieran identificar alternativas a su situación económi-ca y laboral. Dicha situación, caracterizada por un flujo precario de ingresos derivado de una actividad agrícola de subsistencia, los conducía a ocuparse como jornaleros en las fincas cafetaleras de las regiones Sierra o Soconusco del estado de Chiapas.

Como resultado de estos talleres en 1988, los agricultores deciden formar un grupo de trabajo que establece como objeti-vos: mejorar la calidad de sus tierras y obtener mayores ingresos para los socios. A partir de ese momento, este pequeño grupo inicia un largo recorrido que los llevará, primero, a constituir el Grupo y luego a concluir, en el año 2001, el diseño y las pruebas experimentales del proceso técnico para producir: Hortalizas orgánicas Tak-Namr Papa criolla a la francesa.

En la experiencia del Grupo, pueden identificarse diversos ámbitos de intercambio de conocimiento que revelan procesos de aprendizaje y cooperación. A continuación, se presentan estos de forma que pueda apreciarse cómo algunos de ellos evolucio-nan hacia un proceso de innovación productiva.

Entre 1989 y 1992, el grupo de trabajo, que se integró por 20 horticultores, llevó a cabo la promoción inicial de métodos orgánicos de producción mediante el establecimiento de par-celas demostrativas. El grupo de trabajo que lleva a cabo estas actividades comparte en ese periodo un conjunto de experiencias que se nutren de sus propias prácticas como horticultores (socialización), y de la información sobre métodos orgánicos de producción dada por miembros de las asociaciones civiles, Centro de Agroecología “San Francisco de Asís” (Casfa) y Maderas del Pueblo (interiorización).

El grupo de trabajo y Cafsa establecen un convenio mediante el cual se acuerda la capacitación de los 20 socios del grupo para que apliquen estos conocimientos en sus parcelas y los difundan entre sus vecinos y familiares. El objetivo de esta capacitación fue que los productores aprendieran a utilizar de mejor manera sus recursos locales y mejoraran con ello sus condiciones de auto-consumo. Debe señalarse que las parcelas demostrativas fueron unmedio adecuado para difundir los métodos de producción orgánica hacia otros horticultores de la región.

Esta forma de intercambio de conocimiento combina las modalidades de socialización e interiorización; es decir, inter-cambio de experiencias a partir de la condición de horticultores tanto de los promotores como de los destinatarios de la promo-ción y el aprendizaje en la práctica mediante el cuidado de las parcelas demostrativas.

De 1993 a 1996, se desarrolla la etapa caracterizada princi-palmente por la producción y la comercialización de hortalizas orgánicas. La realización de estas actividades exigió, en primer término, el establecimiento de bases mínimas de organización, las cuales consistieron principalmente en elaborar un censo de productores y promotores, así como el cumplimiento de las normas establecidas para una sociedad de solidaridad social, figura jurídica bajo la cual se constituye el Grupo.

Las bases organizativas que construyen favorecen la realización de evaluaciones sucesivas de sus experiencias de comercialización (socialización). Como resultado de estas evaluaciones, los miembros del Grupo deciden, en un primer momento, concentrar sus esfuerzos en la venta de dos productos

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(papa y chayote) en lugar de los 36 que acopiaron originalmente para su venta y, más tarde, analizan la posibilidad de agregar valor a sus hortalizas.

La demanda de hortalizas precocidas y congeladas de la empresa Superior Foods se convierte en el detonador que los impulsa a buscar asesoría técnica para la producción agroindus-trial. A partir de ese momento, las iniciativas del Grupo tienen esta orientación: producir bienes agroindustriales.

Las decisiones que toman a partir de este acontecimiento resul-tan de la confluencia de los siguientes factores. Primero, el Grupo dispone de personal cuya función es buscar opciones de comer-cialización, lo cual les permite tener contacto permanente conlas tendencias de los mercados. Debe tomarse en cuenta que la experiencia laboral de la persona responsable de estas actividades y la forma en que ejerce sus funciones se convierten en activos muy valiosos para la organización. Ambos aspectos se materializan en iniciativas que contribuyen continuamente a ampliar la perspectiva del Grupo y a impulsar su desarrollo. En segundo lugar, el Grupo ha establecido las bases formales necesarias para llevar a cabo evaluaciones de sus acciones y buscar alternativas a los problemas que enfrentan.

En la conversión del Grupo hacia las actividades agroindus-triales, se aprecia que, influye de forma positiva la coherencia entre el objetivo general de la organización de buscar alter-nativas orientadas a mejorar los ingresos de los socios y el haber construido el soporte organizativo adecuado para evaluar sus actividades, buscar información sobre tendencias del mercado y procesar esta información, al definir objetivos y movilizar sus recursos para cumplirlos.

En esta etapa, el funcionamiento interno de la organización permite establecer un campo de interacción propicio para compartir sus experiencias; en este caso, socializan sus expe-riencias de comercialización. Además, este conocimiento tácito se reformula, mediante la exteriorización, en una proposición que orienta sus acciones futuras: agregar valor a las hortalizas. En este momento, es obvio que aún no existe un diseño de un producto agroindustrial, ni siquiera una idea clara de cómo dirigirse hacia ese resultado, pero la proposición que plantean les permite orientar sus acciones posteriores y movilizar sus recursos.

Entre 1996 y 2000, se genera un periodo que incluye inicia-tivas de diversa índole orientadas a establecer las condiciones para producir bienes agroindustriales; algunas de estas inicia-tivas devienen en procesos de aprendizaje y cooperación orienta-dos a la innovación. De ellos, se habla en seguida. Sin embargo, no está de más subrayar que estos tienen su antecedente inmediato en los procesos de aprendizaje y cooperación señalados antes.

En distintas etapas, el diseño del producto agroindustrialinvolucra a una de las sedes de un organismo nacional de educación técnica (Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica [Conalep]) un laboratorio químico privado (Poliservicios

Profesionales de Chiapas, Poliservicios) y al organismo nacional responsable de promover el desarrollo de la ciencia y la tecnolo-gía (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología [Conacyt]).

En el primer caso, la relación se limita a obtener informa-ción referida a maquinaria de procesamiento agroindustrial. En cambio, la relación con los otros dos organismos genera, en el caso de Poliservicios, un primer diseño agroindustrial (papas en fresco, no congeladas, en corte a la francesa) y, en el segundo caso, la identificación de problemas técnicos en el proceso de producción del diseño propuesto por Poliservicios. Las relaciones con Poliservicios y Conacyt muestran un proceso de experimentación y rediseño que corresponde, por su carácter interactivo y su desarrollo mediante el ensayo y el error, con los rasgos generales de los procesos contemporáneos de innovación. El aprendizaje que genera tiene como referente específico la solución técnica a los problemas de producción de un bien agroindustrial e involucra tanto a los miembros del Grupo encargados de estas tareas, como al personal de los otros dos organismos. Merece destacarse que el asesor general del Grupo y encargado de coordinar estas actividades cuenta con una formación de técnico en máquinas industriales, situación que lo convierte en actor y no sólo espectador del proceso de experimentación que caracteriza a esta etapa, y que revela un proceso de aprendizaje en la práctica (interiorización) que de modo gradual va ofreciendo resultados.

Los frutos de este aprendizaje no sólo benefician a los miembros del Grupo, quienes van ampliando su conocimiento sobre los procesos de producción industrial de la papa. En la primera etapa de diseño, Poliservicios se ve obligado a buscar una alternativa técnica a la producción de papas precocidas y congeladas (propuesta inicial) debido a que el costo de los equipos de congelación rebasaba las posibilidades finan-cieras del Grupo. Esta restricción impulsa la primera fase de experimentación que conduce a la propuesta de papas en fresco, en corte a la francesa. Aquí se aprecia un proceso que alude tanto a la interiorización (aprender haciendo) como a la combinación. Es decir, el personal de Poliservicios parte de un conocimiento codificado que se enriquece mediante la experimentación y se manifiesta en un diseño alternativo. En relación con los con-sultores de Conacyt, estos identifican problemas de oxidación vinculados con el corte de la papa; de nueva cuenta, se aprecia un proceso de aprender haciendo (interiorización) aunque debe señalarse que no logran proponer una solución satisfactoria al problema; es decir, el proceso de combinación queda en cierta medida trunco, pues sólo pueden identificar el contratiempo de la oxidación, pero no pueden resolverlo.

En 2001, el Grupo no recibió asesoría de los consultores de Conacyt, ni de Poliservicios. Este hecho es relevante pues el equi-po técnico del Grupo se encarga de conducir la fase final de expe-rimentación en la que se resuelven los problemas asociados al corte de las papas. En esta fase, se realiza un intenso intercambio

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de información entre el personal técnico del Grupo. Por un lado, se comparten conocimientos parciales e intuiciones (socializa-ción) que se han venido configurando a lo largo del proceso de diseño del producto. Este intercambio ocurre en el marco de la experimentación (interiorización) que se orienta a resolver los problemas de oxidación originados en el proceso de corte. Por último, la experimentación arroja resultados positivos y logra establecer un proceso productivo que resuelve los problemas de oxidación y permite asegurar una vida de anaquel del productode 20 a 25 días, periodo adecuado si se consideran las condiciones de refrigeración habituales disponibles en los estableci-mientos a los que se dirigen estos productos (supermercados, principalmente). Estos resultados constituyen una innovación de producto, lo cual revela un proceso de combinación que arro-ja resultados importantes. El producto que ofrecen se caracterizapor rasgos que le otorgan un perfil altamente diferenciado: las papas son de una variedad propia de la región, se produ-cen mediante métodos orgánicos y, a diferencia de la mayoría de las papas que se presentan en corte a la francesa, no son congela-das, sino frescas. No está de más señalar que las papas en corte a la francesa normalmente son harinas de papa y no papas como es el caso del producto del Grupo.

De modo lamentable, a pesar de que el Grupo tuvo éxito en el desarrollo de la innovación de producto, los beneficios económicos para el propio Grupo y los socios no se materiali-zaron debido a restricciones de índole financiera. No contaron con recursos propios, ni con apoyos adicionales, para adquirir el equipo de refrigeración necesario para transportar su producto y distribuirlo de manera comercial.

A manera de conclusión

En regiones donde no hay mecanismos institucionales orienta-dos a estimular la innovación productiva, como es el caso de las regiones marginadas, en primer lugar, es necesario identi-ficar los ámbitos de interacción social en los que se busca dar solución a problemas productivos específicos y, en segundo término, analizar el efecto de la dinámica institucional en la constitución y el desarrollo de dichos ámbitos. Sin la infor-mación que proporciona este doble análisis, se corre el riesgo de adoptar mecanismos institucionales, exitosos en otras latitudes, pero cuya efectividad queda en entredicho si se establecen al margen de las interacciones sociales que pretenden orientar.

Esta perspectiva resulta relevante no solo para el tipo de regiones señalado, pues su aplicación contribuye a entender la evolución de las relaciones sociales presentes en cualquier territo-rio y con ello poner en marcha iniciativas orientadas a promover de manera eficaz el desarrollo de innovaciones.

Por último, una lección fundamental de la experiencia de innovación aquí reseñada, pone de manifiesto limitaciones que in-ciden en la sostenibilidad de los procesos. Es decir, el promover la reconversión productiva en regiones marginadas y no solo en este tipo de regiones requieren de inversiones orientadas a las fases de fortalecimiento y consolidación de los proyectos, etapas que casi nunca reciben la atención debida; esto explica en gran parte el re-ducido efecto del gasto público ejercido para estimular los procesos de reconversión, los cuales se inician pero no logran consolidarse. Revertir esta situación requiere ajustes en los mecanismos institu-cionales vigentes en materia de fomento económico.

Ahora, la dicotomía planteada por Prebisch (centro-periferia) y retomada por autores de ins-piración marxista o de la teoría del desarrollo o de la dependencia tiene modalidades que la hacen diferente y aún más excluyente en la etapa actual de globalización por la vía neoliberal. La periferia de la periferia, los países excluidos o las regiones dentro de algunos países que sí importan, no es relevante para el capitalismo global. En el nuevo modelo, las nacio-nes más pobres no interesan ni como productores ni como consumidores. A manera de ejemplo, se tiene que la frontera norte, el centro y la Riviera Maya de México sí interesan, pero no ocurre lo mismo con Chiapas, Guerrero y Oaxaca. El dilema en este nuevo esquema es que los que encajan están incluidos en condiciones de subordinación a la lógica de la acu-mulación global del capital, mientras que los que no encajan están excluidos.

La conclusión es clara. En los países industria-lizados, con menos empleo, se produce más valor que en las naciones de bajos y medianos ingresos,

donde, a pesar del esfuerzo creciente, no se au-menta en la misma medida la participación en el valor agregado mundial, lo cual se explica porque las brechas entre las productividades globales se han ensanchado. De este modo, la globalización se encarga de revivir en los países de bajos y medianos ingresos y, en su propio territorio, con los inmigran-tes, una especie de revolución “manchesteriana” con menos empleo, sin que espere un siglo xxi marcado por el consumo de masas que se dio enlos países industrializados durante el siglo xx (Martínez Peinado, 2001).

La dinámica de la globalización sobre los territorios de la periferia mundial ha provocado una ruptura en la relación entre capital, trabajo y producción. El carácter básicamente especulativo de la acumulación, sumado a la conversión a mercados externos de los sectores productivos de punta, liquidó el interés del capital por mantener el mercado inter-no fortalecido, así como las condiciones razonables de reproducción social en el territorio nacional. El

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espacio nacional/local/interno dejó de ser una pieza central en la cadena de producción de plusvalor. Solo los microterritorios conectados globalmente adquieren importancia (Barrera, 2007).

La globalización por la vía neoliberal genera zonas de inclusión y de exclusión. Las primeras se pueden medir a partir de la importancia de los flujos de inversión extranjera directa (ied), de comercio y de personas y, las segundas, a partir de la ausencia o la debilidad de estos flujos. Así, por ejemplo, Chiapas ha recibido apenas 16.3 millones de dólares en concepto de ied durante el periodo de 1994-2009, lo cual representa un insig-nificante 0.006% del total ingresado por México en el mismo periodo según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (inegi). Algo similar ocurre por el lado de los flujos de comercio. En 2004, Chiapas ocupaba el último lugar en materia de exportaciones con apenas 22 dólares por habitante (López y Peláez, 2011).

Efectos del proceso de globalización excluyente en el sector agropecuario

A partir de la incorporación al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan), México se ha convertido en importante actor del proceso de globalización, al participar dentro de la nueva divi-sión internacional del trabajo, tanto desde la fábrica mundial, a través de la exportación y la importación de manufacturas y productos agropecuarios, como de la exportación de mano de obra, principalmente, a los Estados Unidos de América.

El sector agropecuario se ha visto especialmente afectado por este fenómeno, pues pasó a operar en un marco de fronteras abiertas. Si se observa la evolución del comercio agrícola, es posible deducir que el déficit del sector agropecuario es la norma, no la excepción. En el periodo 1993-2009, solo se observa superávit en tres años: 1993, 1995 y 1997 (gráfica 1). Además, estos superávit guardan relación con la depreciación del peso (1995 y 1997), lo cual evidencia una alta sensibi-lidad al tipo de cambio real (Puyana y Romero, 2009).

Se puede observar en el gráfico 1 que el saldo deficitario en maíz explica en buena medida el déficit de la balanza comercial agropecuaria. Es más, en algu-nos años, el déficit comercial del maíz llega, incluso, aser superior al del total del sector agropecuario. Parece ser que la demanda de maíz es menos sensible al tipo de cambio, pero aún cuando las importaciones casi siempre son para uso agroindustrial, no hay que perder de vista que se trata del principal alimento de las poblaciones indígenas.

Los efectos del tlcan y la globalización no son homogéneos ni para los países, ni para las regiones o los sectores. Es más, en el mismo sector puede haber efectos diferentes debido a la heterogeneidad estructural. El sector agrícola mexicano no es la excep-ción y, dentro de este, se encuentran subsectores que se han visto beneficiados con la apertura y otros perjudicados. En el caso de la agricultura indígena, al dedicarse en buena parte al autoconsumo, percibe sus consecuencias de manera indirecta (Minutti Lavazzi, 2007). Al ser el maíz su alimento fundamental, las importaciones conspiran contra la producción inter-na, como puede observarse con el déficit comercial.

AgropecuarioMaíz

-3,000

-2,000

0

-4,000

1,000

2,000

-1,000

1993 1994

1995

19961997

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Gráfica 1. Saldo de la balanza comercial de maíz y agropecuaria total de México, 1993-2009 (millones de dólares).

Fuente: Elaboración propia con datos de inegi

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La agricultura, al depender de la calidad de la tierra, del clima y la naturaleza, por ejemplo, hace que la aplicación de una misma cantidad de trabajo pueda aportar resultados muy diferentes (Frieden, 2007). México, con el tlcan, aceptó eliminar de forma gradual y sin excepciones, los aranceles ordinarios a todos los productos, con el argumento de que “resultaba más fácil negociar un acuerdo de acceso irrestricto a los mercados que definir y nego-ciar una lista de excepciones” (Gifford, 2001, citado porPuyana y Romero, 2009: 189-190).

En la agricultura, las asimetrías son enormes. Si en 1990, la productividad por trabajador agrícola estadounidense era 8.5 veces mayor a la mexicana, en 2006 la superaba en 11.5 veces (Puyana y Romero, 2008). Las asimetrías también son importantes en el interior de México. Si la productividad nacional me-dia por trabajador agrícola es 2.6 veces mayor que la de Chiapas, la de Sonora es 8.3 veces superior (cálculos con base en datos del inegi y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo [enoe]). Conviene tener en cuenta que estas diferencias son incluso más amplias si en lugar de promedios por entidades se toma la agricultura mecanizada frente a la indígena, más po-bre. Al comparar estados, como se está haciendo, las diferencias internas de los mismos se diluyen, ya quelas áreas más productivas compensan a las menos productivas y viceversa. Debido a ello, las diferen-cias de productividad entre la agricultura comercial y la de subsistencia, en realidad, son mucho más amplias que las que se obtienen al comparar por estados. De hecho, los ritmos de desarrollo de la productividad en la agricultura han superado con amplitud los de otras actividades productivas, lo cual ha provocado una reducción de precios reales en proporción de cinco a uno (Amin, 2003).

La cantidad de gente ocupada en el sector agrope-cuario es muy relevante en las regiones pobres e indígenas de México, no así en las más avanzadas donde este sector retiene cantidades irrisorias de mano de obra. Según datos del Censo de Población y Vivienda 2010, 42.76% de la población ocupada en Chiapas laboraba en el sector primario, una cifra muy superior a la media nacional (13.36%), pero también a la propia dela siguiente entidad clasificada: Oaxaca (32.41%). En términos absolutos, en 2009, Chiapas ocupaba el segun-do lugar en cuanto a población ocupada en el sector agropecuario, solo superada por Veracruz.

Estas diferencias de productividades y población ocupada entre los estados encuentran su explicación en la dotación y la utilización desigual de ciertos factores clave para mejorar los rendimientos del trabajo. La productividad media del trabajo en el

Cuadro 1. Productividad y población ocupada en el sector agropecuario en las entidades de México en el año 2009

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi).Nota: El sector agropecuario incluye la silvicultura y la pesca.

sector agropecuario en 2006 en Estados Unidos fue 11.5 veces la de México, pero esto no significa que el trabajador estadounidense trabajara más de 11 veces que el mexicano medio; si hubiera sido así, ¿por qué millones de mexicanos emigraban a Estados Unidos? Significaba que el trabajador estadounidense medio producía 11.5 veces más en una hora que el traba-jador mexicano medio debido al diferente grado de tecnificación y calidad de la tierra. Lo mismo

Gradode

marginación

Productividad del sector (Pesos de

2003)

Población ocupada

en el sector agropecuario

(Personas)Sonora 192,606 97 244

Aguascalientes 161,216 25 772Nuevo León 156,267 37 255

Coahuila de Zaragoza 146,143 57 001Jalisco 140,807 257 240

Chihuahua 136,966 133 821Tamaulipas 131,229 82 304

Baja California Sur 129,428 21 379Durango 128,935 99 639Sinaloa 105,140 208 125

Baja California 102,411 76 759Distrito Federal 88,329 13 162

Querétaro 81,383 53 692Colima 79,529 35 770

Michoacán de Ocampo 73,392 306 043Nayarit 70,556 84 170

Guanajuato 62,573 220 512Zacatecas 56,832 139 238Yucatán 50,004 103 057Morelos 44,964 87 054México 42,350 300 673

Campeche 39,919 66 152Veracruz 39,161 622 333

San Luis Potosí 38,473 181 709Quintana Roo 27,865 36 071

Oaxaca 26,998 476 149Hidalgo 26,916 228 293Tabasco 26,577 144 971Puebla 25,426 518 729

Tlaxcala 23,946 85 298Guerrero 23,915 380 080Chiapas 23,078 621 196

227


acontece en el interior del país, donde un trabajador medio del sector agropecuario de Sonora en 2009 produce en una hora lo que un trabajador promedio de Chiapas en 8.3 horas.

La globalización neoliberal en un contexto de agri-cultura de fronteras abiertas atenta contra la agricultura campesina indígena, ya que esta presenta bajos nivelesde productividad. Por ello, en la década de 1990, aumen-taron o se hicieron más visibles en el espacio público las demandas y las reclamaciones de los grupos étnicos, locual sugiere la idea de que en algunos países de la región han emergido nuevos actores sociales y, en algunos casos, nuevos actores políticos que desafían las formas tradicionales de hacer política (Bello, 2006).

La globalización neoliberal acentúa las des-igualdades regionales (Isaac Egurrola, 2004). En las regiones más atrasadas, donde el peso de las relacio-nes de producción precapitalistas es muy alto (desde el punto de vista de población ocupada), acentúa la descomposición de esas formas productivas. A la vez, dificulta sobremanera la emergencia de modalidades de producción capitalistas, en especial de la industria de transformación. Todo ello, lleva a la expulsión de mano de obra sin que exista capacidad de absorción (Valenzuela, 2011), lo cual conduce al incre-mento de las desigualdades sociales, que se acentúan en Chiapas en comparación con el promedio nacional, como se observa en el gráfico 2.

En Chiapas, la situación se complica aún más al considerar la coexistencia de segmentos precapita-listas con capitalistas atrasados. En estos sectores, se observa un proceso de descomposición de las viejas y tradicionales formas de organización de la produc-ción (comunidades indígenas, economía campesina y campesina indígena, etc.) y, por lo mismo, la co-rrespondiente expulsión o falta de absorción de la mano de obra que allí laboraba. Con lo cual se arriba al peor de los mundos posibles: por un lado, sectores precapitalistas que no son capaces de retener a su fuerza de trabajo y, por el otro, a un sector capita-lista que no puede absorber ni a estos sectores expulsados ni tampoco a su misma fuerza de trabajo. Posteriormente, se llega al estancamiento del sector capitalista y a la descomposición del no capi-talista (Valenzuela, 2011).

En las comunidades indígenas de Chiapas, la globalización acentúa la trampa de la pobreza, que puede ser vista como una variante de la “trampa maltusiana”, pues si bien en un principio la reforma agraria proporcionó algún acceso a la tierra, la cual dio como resultado el incremento de la población, a la larga, la mayor presión sobre el suelo, resultante del incremento poblacional con nulo desarrollo

MéxicoChiapas

0.48

2000 2005 2008

0.49

0.50

0.51

0.52

0.53

0.54

0.55

0.56

0.57

Gráfica 2. Coeficiente de Gini de México y Chiapas, 2000-2008.

tecnológico, han hecho inevitables los rendimientos decrecientes de la agricultura, lo cual pone un freno al crecimiento de la producción y activa así la trampa (Mokyr, 2002, citado por Rivera Ríos, 2009), que se ve reforzada por el hecho de tener que enfrentarse a sistemas productivos que operan con otros estándares de productividad. Hoff y Stiglitz (2004: 394) alertan que las sociedades donde existen “muchos individuos con pocos o nulos activos, la tasa salarial será baja. Con bajos salarios, los individuos con insignificante riqueza inicial harán una magra contribución a la siguiente ge-neración. Así, la distribución inicial altamente desigual del ingreso se reproduce de un periodo a otro”.

El problema consiste en que, cuanto más elevado es el nivel de las desigualdades, menos disminuye la pobreza con el crecimiento. En tanto se acentúa la desigualdad partiendo de niveles de por sí muy altos (gráfico 2), la reducción de la pobreza resulta casi im-posible, como ocurre en Chiapas. Por el contrario, suele observarse una alta correlación positiva entre crisis y aumento de la pobreza. Ello explica la resistencia de esta última a bajar en el alto nivel de desigualdades, por un lado, y el débil crecimiento económico, por el otro. Este es el caso de Chiapas, en general y de los municipios indígenas, en particular.

La emigración como estrategia de supervivencia

Vistas así las cosas, se puede decir que en Chiapas la población indígena y mestiza, cuya producción agropecuaria está en crisis permanente y que ha sido excluida del proyecto de desarrollo nacional vigente que requiere una alta competitividad a es-cala global (Appendini y Torres, 2008), no es capaz de salir del círculo vicioso de la pobreza y tiene queescapar a través de la emigración a regiones más diná-micas del país o del extranjero, en este caso, los Estados

Fuente: Elaboración propia con estimaciones de Coneval.

228


La planeación de la política económica de un gobierno se encuentra determinada por diferentes prioridades, por ejemplo, combatir y mitigar la pobreza, alcanzar altos niveles de cobertura y calidad educativas, mejorar los servicios de salud e infraestruc-tura básica, lograr un desarrollo sostenido, entre otras. Estos planteamientos son considerados elementales para cumplir un objetivo de Estado clave: el bienestar común; premisa fundamen-tal que impulsa a las administraciones a destinar los recursos financieros y humanos necesarios con la finalidad de cumplir, en lo posible, con las estrategias y las metas de Gobierno.

A través del gasto público, considerado como el principal ins-trumento de la política económica, se busca compensar las desigual-dades sociales bajo el impulso del crecimiento económico (Chávez Presa, 2000: 75, citado en Díaz Santos, 2008: 102). Su distribución y comportamiento puede obedecer a tres criterios: primero, el económico, contextualizado en torno al máximo rendimiento eco-nómico que se pueda obtener en función de los recursos fiscales y la capacidad de endeudamiento que adquieran los gobiernos; segun-do, el político, que determina la asignación presupuestal de acuerdo a la actividad política interna y externa, por ejemplo, la adecuación del reparto de los recursos públicos a los tiempos electorales; y, finalmente, el social que se encuentra en función de las actividades de bienestar que lleva a cabo un gobierno y que, por lo general, se dirigen al combate de la pobreza (Días Santos, 2008: 105-106).

Este último criterio es el que determinará las características del gasto público destinado a la generación y la aplicación de políticas públicas que mitiguen las condiciones socioeconómicas desfavo-rables que puedan existir en la población. Por ejemplo, la pobreza, situación multidimensional considerada un verdadero problema de Estado, expresado casi siempre en la carencia de oportunidades de desarrollo y en el insuficiente o nulo acceso a los servicios públi-cos por parte de un porcentaje considerable de la población.

En México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), define a quienes se encuentran en esa condición, como:

Las personas que tienen al menos una carencia social (en los seis indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de sa-lud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivien-da, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias (Coneval, 2010).

La Gasto público indígena en Chiapas 2007-2011Hugo E. Callejas Martínez*

Esta institución publicó en una de sus últimas medicio-nes de pobreza, que para el año 2010 en el estado de Chiapas, existían alrededor de 3 millones 770 mil personas (78.4% de la población) en situación de pobreza, con un promedio de 2.9 en carencias sociales. De entre ellos, un millón 580 mil (32.8%) se encontraban en situación de pobreza extrema, con 3.8 carencias en promedio, con un acceso a la seguridad social de falta predominante en más de 80% de la población del estado (Coneval, 2011). Aunque hoy día no se cuenta con suficien-tes indicadores para diferenciar de entre la población total que vive en condición de pobreza, qué porcentaje aproxi-mado de ellos se integra de población indígena, sí es posible identificar de forma cualitativa que los indígenas son uno de los grupos poblacionales mayormente vulnerables yque históricamente ha visto enmarcadas sus dinámicas socioculturales bajo condiciones desfavorables.

Por su parte, las cifras del último censo poblacional (inegi, 2010) estimaron que la población hablante de lengua indígena mayor de tres años de edad en el estado de Chiapas, ascendió a más de Un millón 200 mil habitantes (25.2% de la población total), escenario que implica para la administra-ción local, un reto para sus funciones de brindar seguridad social y bienestar económico a esta población culturalmente diferenciada. En el caso de los Estados multiculturales, es ne-cesario que en la formulación de políticas públicas y el destino de recursos financieros para seguridad social y combate a la pobreza, se tomen en cuenta los adecuados márgenes de diferenciación cultural y que las acciones emprendidas por los Estados se desenvuelvan bajo esquemas de consulta previa con las poblaciones involucradas, esto con el objetivo de que las tareas emprendidas no violenten los derechos, los territorios y las formas culturales de los mismos.

En la mayor parte de los Estados, las disposiciones dedicadas al combate a la pobreza se encuentran a cargo de las instituciones de seguridad social y se entienden como “el conjunto de medidas previsivas dirigidas a garantizar a los habitantes de un país los medios económicos para lograr condiciones mínimas de comodidad, salud, educación yrecreación, así como las providencias contra riesgos inherentes a la vida humana, como desempleo, enfermedad, invalidez parcial o total, vejez”, entre otras (Mejía-Ortega y Franco-Giraldo, 2007). De esta forma, las políticas de seguridad social se configuran como elemento fundamental en el Estado de bienestar; modelo económico-político que sostiene el predominio de la rectoría estatal en el desarrollo económico. * puic-unam

229


Este modelo, plantea la disposición del gasto público como inversión para el crecimiento económico universal y su poste-rior distribución equitativa. Ese criterio de aplicación en el gasto público enfrentó su mayor conflicto en la década de 1970, cuan-do se presentó la denominada “crisis del Estado de bienestar”, misma que obligó a la aplicación de grandes reformas políticas y económicas que terminaron en la implantación del modelo hege-mónico mundial: neoliberalismo o liberalismo económico.

A diferencia del modelo de bienestar generalizado bajo la rectoría estatal, el neoliberalismo pregona por un adelga-zamiento del papel del Estado en la economía, una notable disminución del gasto público bajo los imperativos de la globalización financiera y una focalización de la política social, dejando en el mercado y a cargo del sector privado, la función de dotar a la sociedad de servicios. En otras palabras, la reforma neoliberal y su operación en el campo de la seguridad social:

… pretende destruir la matriz básica de lo público como ámbito privilegiado de realización del pacto social del Estado interventor desarrollista. Pretende anular una de las bases constitutivas de la ciudadanía social, que es la seguridad social pública, universal y solidaria, con el objetivo de implantar una nueva matriz de los servicios públicos, con un marcado carácter asistencialista (Laurell, 1996: 285-286).

De forma administrativa, el liberalismo económico tradujo las “viejas” políticas sociales universales en acciones focalizadas y descentralizadas. En este sentido, la centralización del gasto social que ejercían las administraciones federales en contextos presidencialistas y populistas, como el mexicano, tuvo que transformarse y extender las acciones y los progra-mas que de modo tradicional implementaban las dependencias federales, a las administraciones estatales, dejando bajo su tutela la operatividad local de las mismas.

De esta forma, la autonomía política que recientemente fueron adquiriendo los gobiernos estatales en el marco de procesos electorales mayormente competitivos y la aparición de nuevas concepciones, como la gobernabilidad y la eficacia administrativa, constituyeron factores que impulsaron el proce-so descentralizador del gasto público (Scott, 2004: 787).

En el caso chiapaneco, la anterior administración (2006-2012) se valió de una dependencia única para ejecutar la po-lítica social destinada a la población indígena: la Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas (spci); oficina de la admi-nistración pública a cargo del poder ejecutivo que, según el plan de desarrollo estatal, su función se enmarca bajo el eje rector de Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad, defi-niendo orgánicamente la cuestión indígena estatal, como un problema de rezago y desigualdad sociales.

En este análisis, sólo se tomará en cuenta el presu-puesto destinado a las acciones implementadas de manera específica para la población indígena, en el contexto de la diferenciación alcanzada hasta este punto de la política social. A continuación, en el cuadro 1, se presenta el com-portamiento del gasto público aprobado por el gobierno del estado en el periodo de 2007 a 2011, bajo la rectoría de la secretaría anteriormente señalada:

Con la información presentada en el cuadro anterior, es posible identificar el tamaño del gasto público destinado al desa-rrollo social y para pueblos indígenas, en relación con el total aprobado por los presupuestos anuales. Así, se observa que durante el quinquenio de gobierno anterior, se destinó en pro-medio 66.87% de sus egresos para el combate a las desigualdades sociales. Por otra parte, el gasto canalizado a través de la spci, se conforma únicamente con 0.26% en promedio de todo el gasto pú-blico social, durante los años señalados. Este porcentaje puede serconsiderado a primera vista como insuficiente, debido a la cantidad proporcional de población indígena contabilizada en la entidad. Es decir, en cinco años, la administración estatal destinó 454 228 646 pesos para acciones dirigidas a más de un millón 200 mil indígenas.

En cálculos per cápita, el gasto público destinado a este sector poblacional apenas alcanzó los 379 pesos en el periodo menciona-do. Estas cifras permiten identificar la todavía deficiente diferen-ciación que predomina en el ejercicio del gasto público para el caso de las poblaciones indígenas y demuestra, en gran medida, que son recursos destinados a una cantidad menor de proyectos a cargo de la mencionada dependencia. Por ejemplo, la spci destaca la imple-mentación de las siguientes políticas y programas destinados a la población en cuestión, bajo el rubro de autodesarrollo (cuadro 2):

Cuadro 1. Gasto público anual en Desarrollo Social yCombate a la Desigualdad a través de la Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas, 2007-2011.

Gasto público anual Gasto en Desarrollo

Social y Combate a la Desigualdad*

Presupuesto de la SPCI*

42,737,957,834 27,613,576,141 84,008,652100% 64.61% 0.30%

46,683,397,266 32,893,511,434 101,151,607100% 70.46% 0.30%

52,705,192,298 38,329,258,572 99,254,611100% 72.72% 0.25%

55,437,099,581 36,153,315,141 83,004,415100% 62.21% 0.22%

57,838,713,248 37,228,902,637 86,809,361100% 64.36% 0.23%

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: Datos obtenidos de las Cuentas de la Hacienda Pública Estatal, Chiapas 2007-2011. * Indica el porcentaje correspondiente, respecto del total del gasto anual en Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

230


Unidos de América. La economía local indígena no produce bienes que tengan valor fuera de su propia es-fera, estando sujeta a la economía nacional únicamente en la medida que depende de los bienes de consumo para abastecer una demanda proveniente de ingresos precarios. Hoy día, los poblados indígenas apenas se corresponden con la sociedad rural campesina depen-diente del acceso a la tierra o que tiene a la agricultura como eje de la organización de la reproducción de la unidad doméstica (Appendini y Torres, 2008). En el pasado, el espacio rural mexicano se articulaba a la economía nacional en los mercados de alimentos y de empleos temporales. Hoy, el principal eje que lo une a la economía capitalista es la migración.

El auge y la desmembración de la cooperativa de Indígenas de la Sierra Madre de Motozintla (Ismam) ilustra lo que se está comentando. Como resultado de la política de reestructuración económica y de sus

Cuadro 2. Programas y proyectos institucionales 2007-2012, eje Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad, subtema Pueblos Indios.

En conclusión, es posible observar que los esquemas de transferencia de recursos públicos en el estado de Chiapas se enmarcan principalmente bajo la predominante presencia del Estado como promotor del bienestar social y el notable centralismo administrativo y financiero del poder ejecutivo local. A grandes rasgos, este tipo de aplicación del gasto pú-blico, busca disminuir el efecto socioeconómico que generan las actuales dinámicas económicas mediante la transferencia de recursos públicos y capacitaciones profesionales asisten-ciales y focalizadas. Es decir, el gasto público destinado al impulso del desarrollo social cambia su concepto al ser destinado como gasto de inversión, propuesto de manera específica para la aplicación de proyectos productivos y acciones de capacitación que puedan generar ingresos económicos, mediante los cuales, los beneficiarios de los programas alcan-cen a superar su situación marginal.

Por ello, se torna necesario preguntarse para el caso de las poblaciones indígenas, si estas acciones destinadas en un principio a superar las condiciones socioeconómicas predominantes son las adecuadas y suficientes para cumplir los objetivos institucionales y las demandas sociales. De igual forma, es de suma importancia observar los procedimien-tos administrativos implementados en la elaboración de los presupuestos públicos y la incorporación de los puntos de vista y las necesidades de los pueblos y las comunidades destinatarias, en el marco del cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas y de la necesaria equidad en la distribución del gasto público, dejando de lado las determinaciones de los modelos eco-nómicos y poniendo por encima de ello, la voluntad política de cumplir a cabalidad con el reconocimiento de las distin-tas concepciones de desarrollo características de los pueblosy culturas indígenas. Fuente: Hacienda Chiapas, s/f, Programa Institucional de la Secretaría de Pueblos Indios 2007-2012.

efectos negativos para el campo mexicano, en general, y chiapaneco, en particular, especialmente en lo relativo a los precios del café, a mediados del decenio de 1980, el Instituto Nacional Indigenista (ini) comenzó a reali-zar actividades de asesoría técnica y mejoría de la infra-estructura productiva en algunas zonas indígenas de Chiapas. Así, por ejemplo, se crearon Comités Comu-nitarios de Planeación (Cocopla) para que los grupos de las comunidades indígenas se reunieran y poder rea-lizar diagnósticos comunitarios y promover proyectos de desarrollo. En la medida en que una gran cantidad decomunidades destinaban importantes superficies al cul-tivo del café, el ini comenzó a desarrollar un programa de atención al cultivo (Mestries Benquet, 2001). Con esta base y debido a la agudización de la crisis de los precios del café, surgió una gran cantidad de organizaciones de productores y comercializadores de este grano; una de las más emblemáticas es Ismam que, en 1992,

Archivo histórico de los pueblos indios de Chiapas

Mejorar los niveles de seguridad alimen-taria de las familiasindígenas

Fortalecer la experien-cia de los pueblos in-dios para la produc-ción y el manejo de los recursos naturalesContribuir a elevar la escolaridad y la calidadde los servicios edu-cativos destinados a la población indígenaFortalecer las diver-sas manifestaciones culturales de los pue-blos indígenas

Política Objetivo ProyectoImpulso a la produc-ción agropecuariaProducción de micelioConstrucción de hoyas para captación de agua pluvialDotación e instala-ción de tinacos Mejoría de viviendas para familias indíge-nas (piso firme)Fondo emergente de ayuda social a des-plazadosProtección de la di-versidad biológica y la medicina indígenaBecas para estudian-tes indígenas

Autodesarrolloy derecho aluso y disfrute de los recursosnaturales

231


compró a crédito al Estado uno de los más grandes y modernos beneficios de café en Chiapas como parte de la privatización del Instituto Mexicano del Café (Villafuerte y García, 2004), al adquirir en 1995 una torrefactora. Con ello, se convirtió en el principal exportador de café orgánico delmundo, apropiándose del valor agregado en la economía global (Nigh, 2002). En los documentos internos de Ismam, se menciona que lograron mejorar el ingreso familiar de sus socios en 30%. Sin embargo, este éxito fue precisamente lo que provocó escisiones que dieron lugar a la Federación Indígena Ecológica de Chiapas (Fiech) o a la Red Maya de Organizaciones Orgánicas y el Centro de Agroecología San Francisco de Asís A. C. (Casfa), quienes habían acompañado a Ismam desde su fundación a través de su principal asesor Jorge Aguilar Reyna, que fue en cierta medida uno de los estrategas del éxito.

Además de Ismam, en las últimas décadas se han ido creando un sinfín de organizaciones indígenas que han buscado insertarse en las cadenas de café orgánico y en el comercio justo, como la Unión de Ejidos Majomut, que agrupa a comunidades de Chenalhó, Pantelhó y San Juan Cancuc. También se ha intentado resolver los problemas de financiamiento en las comunidades indígenas a través de la forma-ción de cooperativas de ahorro y crédito, como la Caja Popular de Ahorro y Préstamos Don Bosco o el Banco Popular Autónomo Zapatista (Banpaz). No obstante, por unos u otros motivos, la capacidad de estas iniciativas para modificar las condiciones estructurales ha resultado muy escasa. Es por ello que, hoy día, hablar de la globalización en Chiapas, obliga a ubicar a las migraciones como el hecho más trascen-dente desde el punto de vista económico y social.

Como se ha explicado, la inserción de las econo-mías locales en la globalización tuvo impacto sobre diversos escenarios, siendo el mercado de trabajo uno de los más sensibles (Morales y Castro, 2006). En Chiapas, las actividades orientadas al mercado externo se encuadran básicamente en el sector primario, las cuales evidencian escaso dinamismo. Hubo crecimien-to del empleo en el sector terciario precarizado, en el sector público, la construcción, y una crisis en el sector de subsistencia agrícola con expresiones importantes de “descampesinización” y profundi-zación de las migraciones desde el campo hacia las ciudades, a otras entidades o a los Estados Unidos. Las nuevas lógicas de reproducción del valor y de reproducción social han reintegrado a los indí-genas, en los mercados de acumulación, bajo la forma de mercancía, fuerza de trabajo, que reditúa beneficios tanto a las economías de destino como

a las locales por medio de las remesas familiares (Morales y Castro, 2006). En general, de 1996 a 2009, el sector agropecuario de Chiapas vio disminuir el número de ocupados en 141 414 personas (cálculo con datos de inegi). Y ahí es donde labora la población indígena, eminentemente agropecuaria.

La privación de capacidades en territorios deprimi-dos, como los municipios indígenas y con mercados detrabajo no estructurados, que no aseguran empleos adecuados y condiciones de bienestar, se ve acentuada con la globalización que, cuando coincide con la creación de oportunidades laborales en otros territorios, produce migraciones. El efecto territorial que tienen las migra-ciones internacionales se observa con claridad en la división de los espacios: por un lado, unos espacios se especializan en la producción directa de valor, mientras que, por el otro, se asegura la reproducción de la fuerza de trabajo. Ambos espacios se conectan mediante la migración laboral, la cual asegura a los primeros la provi-sión de fuerza de trabajo mediante diversos mecanismos de relevo. Es decir, las zonas de expulsión y las de atracción son parte de una unidad en el proceso de pro-ducción a escala global, al cumplir funciones comple-mentarias entre sí: de un lado, se desarrollan las acti-vidades, o una parte de las acciones relacionadas conel empleo, porquienes dentro de los lugares y las comunidades se articulan a las cadenas migratorias; y,del otro, se da la reproducción social de esa fuerza laboral (Morales y Castro, 2006).

Las diferencias existentes entre el mercado laboral nacional y el chiapaneco son reflejo de los problemas productivos. Así, se puede observar que el mer-cado de trabajo en Chiapas no está debidamente formado en comparación con el nacional, pues éste es producto de una estructura productiva relativamente más desarrollada, mientras que el de la entidad es débil y poco estructurado, lo cual se aprecia en diversos indicadores laborales. En 2009, el empleo formal en el país era 192.7% superior al de Chiapas (cálculos de acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social [imss] y a la enoe); la tasa de trabajo asalariado en el ámbito nacional era de 58.6%, mientras que en Chiapas correspondió a 39.2%; la tasa de condiciones críticas de ocupación de la entidad es de 38.6% y, a escala nacional, de 14.6%, y el índice de polarización económica de Chiapas duplica al nacional (Nájera y López, 2009). Por último, es interesante resaltar que el número de tra-bajadores asalariados chiapanecos es ligeramente superior a la cifra de trabajadores por cuenta propia: en promedio 607 mil los asalariados, por 551 mil los de cuenta propia en el periodo 1996-2009 (gráfico 3); lo cual evidencia el bajo desarrollo del capitalismo en la entidad, el dualismo y la heterogeneidad estructural.

232


Es importante tener en cuenta que el indica-dor de desempleo abierto debe leerse al revés en economías donde impera el rezago social, pues se relaciona con la cultura del trabajo asalariado y con un mercado laboral debidamente formado. Por ello, Chiapas tiene las tasas de desempleo abierto más

bajas del país. Identificar el desempleo abierto con la marginación es un error conceptual, ya que un desempleado mantiene las expectativas de vincularse al mercado de trabajo y el mar-ginado carece de ellas para probar suerte en el mercado laboral.

Cuenta propiaAsalariada

100,000

01996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20092008

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

Industria extractiva y de la electricidad

100,000

01996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20092008

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

Servicios profesionales, �nancieros y corporativosTransportes, comunicaciones, correo y almacenamiento

Gobierno y organismos internacionales

Restaurantes y servicios de alojamiento

Industria manufacturera Construcción

Servicios diversosServicios sociales

Comercio

Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca

Gráfico 3. Trabajadores por cuenta propia y asalariados en Chiapas.

Gráfico 4. Número de ocupados por sector de actividad económica en Chiapas, 1996-2009.

Fuente: Elaboración propia con datos de enoe.

Fuente: Elaboración propia con datos de enoe.

233


Una hipótesis del tlcan y de la globalización por la vía neoliberal es que, lejos de contener la emigración, implicó nuevos patrones de reordenamiento territorial y poblacional que, como consecuencia, le dieron nue-vos horizontes a los flujos de población en función de las viejas y las nuevas demandas de fuerza de trabajo de los mercados laborales de América del Norte.

Junto a tales factores, persistieron otros fenómenos: se produjo una caída de precios de los productos agro-pecuarios (café y maíz), así como de los salarios reales (Nájera y López, 2009), y se incrementó la participa-ción de las mujeres en el mercado laboral, pues tuvo un crecimiento anual de 2.3% en el periodo 1996-2009 frente a 1.2% de los hombres (cálculos a partir de enoe). El sector informal ha crecido, pero alcanzó sus límites, pues tanto esa actividad como la agricultura no contribuyen a la creación de empleo. En este contexto, junto con el aumento de diversas formas de subempleo y la informalidad, la migración ha operado como un mecanismo de ajuste del mercado laboral.

Las actividades económicas que realizan los indígenas del estado de Chiapas son diversas, pero se concentran en buena medida en el sector agropecuario y, sin embargo, no todas ellas les aseguran resolver el problema de la subsistencia. Los indígenas chiapanecos son asalariados, artesanos, recolectan productos del campo, son trabajadores informales, poseen algún animal o árboles como fuente de ahorro y, sobre todo, siembran en sus terrenos degradados, lo cual es insufi-ciente para su reproducción, motivo por el cual, una es-trategia importantísima de supervivencia es la migración.

En este contexto, se producen las migraciones en Chiapas, siendo por ello que han tenido rasgos de una fuga poblacional bajo condiciones de precariedad extrema. Esa huida ha sido un entrevero de flujos desde sociedades que se “descampesinizaban” o territorios que fueron convertidos en teatro de guerra o que fueron azotados por desastres naturales, o los desplazados por el ajuste estructural que implicó el rompimiento de las cláusulas económicas de la Organización

Internacional del Café (oic) en 1989 y el tlcan a partir de 1994, quienes para salvar sus sociedades de origen han tenido que huir de ellas (Morales y Castro, 2006).

La migración indígena no es nueva. Sin embargo, en los últimos decenios se ha intensificado y compli-cado. Este fenómeno es hoy día un problema de tipo económico, político y, sobre todo, social, ya que es el resultado de la apertura y la desregulación comercial, así como de diversas políticas gubernamentales que han puesto a los indígenas en una clara condición de desventaja respecto al resto de la población. Es a través de esta estrategia de supervivencia en donde encuentran, ya no solo un complemento a su ingreso, sino su única manera de subsistir.

La mayoría de los chiapanecos que busca emigrar aEstados Unidos tiene trabajo en la entidad (88.0% de acuerdo a los cálculos elaborados con base en Nájera y López, 2009), es decir, no se trata de desempleados, sino de trabajadores precarios. Según datos de la Encuesta de Migración Fronteriza (emif), 68.8% de los emigrantes chiapanecos hacia Estados Unidos se ocupaba en el sector agropecuario (cuadro 2). En segundo lugar en importancia, destacan los trabajadores de la industria de la construcción (14.9%), entre los que se encuentran ayudantes, peones y similares, así como trabajadores de la construcción en instalación, acabados y manteni-miento. En tercer lugar, figuran los choferes y ayu-dantes de choferes en transporte terrestre (1.9%). En cuarto lugar, empleados(as) domésticos(as), con 1.6%. En quinto lugar, los empleados de comercio en estable-cimientos (1.4%). Mientras que entre otras múltiples actividades se desempeña 11.4%. Es decir, no emigran los desempleados, pues solo 3.5% de los entrevistados dijo haber buscado trabajo en Chiapas y no haberlo encontrado (cálculos a partir de datos de Nájera y López, 2009). En este flujo creciente de migrantes internacio-nales chiapanecos, los indígenas aportan un contingente importante, como bien han documentado Burke (2004), Rus y Rus (2008) y Aquino (2010), entre otros.

ActividadNúmero de chiapanecos que

piensan cruzar a Estados Unidos Actividad

Trabajadores agropecuarios 78 729 68.8Trabajadores de la construcción 17 084 14.9Choferes y ayudantes 2 129 1.9Empleados(as) domésticos(as) 1 785 1.6Empleados de comercio 1 567 1.4Otros 11 643 11.4Total 114 504 100.0

Cuadro 2. Trabajo que realizaban en Chiapas antes de emigrar a Estados Unidos en 2007

Fuente: Elaborado a partir de Nájera y López (2009).

234


Evidencia del dualismo en Chiapas

En esta sección, se analizan las diferencias entre las distintas regiones que integran el territorio chia-paneco. Para ello, se recurre a varios indicadores elaborados por instituciones de reconocido prestigio, como son: los porcentajes de población en situación de pobreza alimentaria, de capacidades y de patri-monio, así como el índice de rezago social, calculados por el Coneval; el índice de marginación, consul-tado en el sitio web del Conapo y el índice de desarrollo humano, extraído de la web de México del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud); todos ellos, calculados para el año 2005. Con ello, se pretende demostrar que, a pesar de las limitaciones quepresentan estos indicadores, todos señalan áreas muyespecíficas de Chiapas, como aquellas en las que se localizan los mayores problemas de pobreza y falta de bienestar entre la población residente.

Al análisis de estos seis indicadores se suma una característica demográfica que otras investigaciones (cdi-pnud, 2006) han encontrado relevante a la hora de explicar las diferencias existentes: la componente étnica. Para estudiar la intensidad de la relación que mantiene esta característica con los niveles de bienestar y pobreza, se plantea un análisis de corte transversal a escala municipal con datos de 2005, año en el que se dispone de información para todas las variables que se consideran en el estudio. La composi-ción étnica se tiene en cuenta a partir de las variables “porcentaje de población que habla lengua indígena” y “porcentaje de población que solo habla lengua in-dígena”, con datos obtenidos de inegi (2008). Como señala la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el pnud (cdi-pnud) (2006: 64): “la lengua se constituye en un instrumento útil pa-ra identificar a la población indígena, sin embargo, la limitación del universo indígena a la población que habla lengua indígena puede ser una restricción conimportantes consecuencias para el análisis de las condi-ciones demográficas”. Pese a estos inconvenientes, la disponibilidad de información sobre la población que habla lengua indígena, el tratamiento que se pretende realizar con esta variable (medida en térmi-nos relativos para todos los municipios), así como lapráctica habitual de asociar ambas características han llevado a la elección del número de hablantes de lengua indígena como indicador aproximado del tamaño real de su población.

Respecto de los indicadores de bienestar, cabe comentar que, según el Coneval, se encuentran en situación de pobreza alimentaria aquellas personas que no tienen capacidad para obtener una canasta

básica de alimentos, aun si hicieran uso de todo el ingreso disponible en su hogar para comprar solo los bienes de dicha canasta. De modo semejante, la pobreza de capacidades se define como la insufi-ciencia del ingreso disponible para adquirir el valor de la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesa-rios en salud y educación, aun dedicando el ingreso total de los hogares nada más que para estos fines. De manera análoga, están en situación de pobreza de patrimonio aquellos cuyo ingreso disponible no es suficiente para adquirir la canasta alimentaria, así como realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar se utilice de forma exclusiva pa-ra la adquisición de estos bienes y servicios. Los tres porcentajes de pobreza que calcula el Coneval y que se consideran en este trabajo se obtienen al expresar el número de personas que no disponen de los recursos suficientes como para superar cada línea de pobreza en relación con los que sí la rebasan.

El enfoque de capacidades surgió de las crí-ticas que algunos autores como Atkinson (1974), Townsend (1979) y, principalmente, Sen (1983) realizaron a la utilización de líneas de pobreza como indicadores de bienestar. Este enfoque es el que utili-za el Coneval para calcular el índice de rezago social, al incorporar indicadores de educación, acceso a ser-vicios de salud, calidad y servicios de las viviendas, etc., en un intento por reflejar las “capacidades” que determinan el nivel de vida de las poblaciones objeto de estudio. Concretamente, para calcular el índice de rezago social, el Coneval utiliza 13 variables, entre las cuales se encuentran el porcentaje de la población analfabeta de 15 años de edad o más, el porcentaje de las viviendas particulares habitadas con piso de tierra o el promedio de ocupantes por cuarto.

De modo similar, se considera que la privación de capacidades se puede medir de modo indirecto a través del acceso a bienes, servicios e infraestructu-ra, Conapo (2006) estima el índice de marginación a partir de nueve variables, como el porcentaje de población de 15 años de edad o más sin primaria completa o el porcentaje de población ocupada con ingreso de hasta dos salarios mínimos. El pnud utili-za un fundamento semejante para elaborar el índice de desarrollo humano, que incorpora tres parámetros esenciales: nivel de vida digno (medido por el pib per cápita en paridades de poder adquisitivo), educación (determinada por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de matriculación en educación primaria, secundaria y superior, así como los años de duración de la educación obligatoria) y vida larga y saludable (medida según la esperanza de

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vida al nacer). En el ámbito municipal, que es el caso que nos ocupa, el idh conserva su estructura básica de cálculo, pero ve cómo algunas de sus variables de medición son reemplazadas por otras más propias para poblaciones de tamaño reducido. Así ocurre con el indicador de nivel de vida, donde el ingreso per cápita anual sustituye al pib per cápita; con el indicador de educación, en que se utiliza la tasa de asistencia escolar en lugar de la tasa de matricula-ción; y, con el indicador de salud, donde la tasa de mortalidad infantil sustituye a la esperanza de vida al nacimiento.

Respecto de las herramientas analíticas em-pleadas en esta investigación, cabe comentar que se descarta la técnica de regresión, ya que la misma exige identificar al menos una variable como causa y otra como efecto, lo cual es incompatible con el marco teórico de causación circular entre variables que se ha descrito. Debido a ello, se elimina también la utilización de los coeficientes de correlación lineal (r) y de determinación lineal (r2), como medidas de la relación existente entre las distintas variables, teniendo en cuenta que, al margen del problema de la causalidad, estos coeficientes únicamente indican el grado de relación “lineal” de las variables analizadas, cuando se están considerando algunas, como el idh o los porcentajes de pobreza, acotados de maneras superior e inferior, que describen trayectorias no lineales.

Por estos motivos, para estudiar la relación entre las variables objeto de análisis, se propone la utili-zación del coeficiente de correlación por rangos de Spearman (ρ), que se calcula mediante la expresión:

donde D es la diferencia entre los órdenes de las dos variables consideradas y n es el número de observa-ciones disponibles para cada variable que, en el caso que se contempla, es igual a 118, una por cada municipio de Chiapas. El coeficiente de Spearman se interpreta del mismo modo que el coeficiente de correlación de Pearson: varía entre –1 y +1 e indica asociaciones negativas o positivas, respectivamente, o ausencia de relación entre las ordenaciones cuan-do se iguala a cero.

Al aplicar esta técnica a los datos comentados antes se obtienen los resultados del cuadro 3, que muestra la existencia de correlaciones relativamente elevadas entre los índices de desarrollo humano, marginación, rezago social y las diferentes categorías

de pobreza. Como se aprecia, todos estos indicadores tienden a clasificar de manera semejante a los distin-tos municipios. Los más desarrollados son los que presentan menor marginación, menor rezago social y pobreza más reducida, tanto alimentaria, como de capacidades, como de patrimonio. La dinámica semejante de todos estos indicadores se corresponde con el planteamiento de Chenery y Syrquin (1975) que explica el desarrollo como un proceso integral que afecta a diversas variables. La “causación circular negativa” (Myrdal, 1979) estaría detrás del escaso pro-greso observado en algunos municipios que aún presentan valores de desarrollo bajos y de margina-ción, rezago social y pobreza altos; aquellos sin sector moderno, en los que no ha habido avances favorables en el sector tradicional. Frente a esta situación, la “causación circular positiva” habría dado lugar a que un cambio beneficioso en alguna de las variables hubiese favorecido la modificación de las otras, reforzando, a su vez, el cambio de la primera, “lo que iniciaría un proceso acumulativo de interacción mutua en el cual el cambio experimentado por un factor estaría apoyado de manera continua por la re-acción del otro factor y así, sucesivamente, de forma circular” (Myrdal, 1979: 28). En estos municipios, habría actuado una espiral virtuosa generadora del cambio simultáneo de todas las variables.

Concepto (1) (2) (3) (4) (5) (6)1. Pobreza alimentaria (%) 12. Pobreza de capacidades (%) 0.9983 13. Pobreza de patrimonio (%) 0.9880 0.9940 14. Índice de desarrollo humano -0.8182 -0.8187 -0.8159 15. Índice de marginación 0.8224 0.8229 0.8193 -0.9364 16. Índice de rezago social 0.8805 0.8798 0.8742 -0.9358 0.9583 1Total 114,504 100.0

. Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 3. Valores del coeficiente de correlación de Spearman para losíndices de desarrollo humano, marginación, rezago social y pobreza

Para analizar si la composición étnica tiene alguna relación con los distintos indicadores que se están consi-derando, se ha recurrido a las dos variables comentadas que permiten aproximar esta característica: el porcenta-je de población que habla lengua indígena y el porcentaje de población que únicamente habla lengua indígena. Para ambas variables, los coeficientes de correlación que se obtienen son altos y muy similares (cuadro 4), por ejemplo –0.7649 y –0.7085 para el idh, 0.6954 y 0.6655 para el índice de marginación, y 0.7308 y 0.6894 para el índice de rezago social, respectivamente. Estos valores indican que en aquellos municipios donde

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reside un mayor porcentaje de población que habla lengua indígena, o que solo habla lengua indígena, el nivel de desarrollo es menor y la marginación, el rezago social y la pobreza son claramente mayores, circunstancia que ya se ha hecho notar en otros estu-dios (cdi-pnud, 2006: 19).

puesto 2 349 de los 2 454 de la República Mexicana; en rezago social ocupa la posición 2 404; la pobreza alimentaria afecta a 77% de los residentes, esto es, si se atiende a la definición del Coneval, 77% de la po-blación de Chenalhó no tiene capacidad para obtener una canasta básica alimentaria aun al usar todo su ingreso en comprar únicamente los bienes de dicha canasta; la pobreza de capacidades alcanza a 84% de los habitantes y la de patrimonio a 94%, lo cual implica que solo 6% tiene ingresos suficientes para adquirir la canasta alimentaria básica y realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, trans-porte y educación. Otros municipios, como Aldama, Chalchihuitán, Chilón, Pantelhó o San Juan Cancuc, presentan condiciones incluso más preocupantes.

Para analizar las diferencias de bienestar de los municipios de Chiapas, así como la evolución de esta característica entre los años 2000 y 2005, los más recientes de los cuales se dispone de información, se comparan los datos presentados por pnud (2008) para las variables de ingreso, salud y educación que componen el idh. Al segregar a los 118 municipios de Chiapas según tuvieran una mayoría o una minoríade residentes indígenas, se tuvo en cuenta la distribu-ción de frecuencias que se resume en el gráfico 5. Como se observa, prácticamente la mitad de los municipios tiene menos de 10% de residentes indígenas. En el otro extremo, se encuentran los 22 municipios en los que más de 90% de los residentes dice hablar lengua indígena. Esta polarización facilita la identificación de los municipios en los que más de 50% de la población (concretamente, más de 66%) es indígena, de aquellos otros en los que menos de la mitad de los habitantes presenta esta característica.

Como muestra el cuadro 5, los 33 municipios de mayoría indígena tienen niveles de ingreso muy infe-riores a los del resto de municipios. Tanto en 2000 como en 2005, el ingreso per cápita de los primeros apenas alcanza a ser la mitad del de los segundos. No obstante, el periodo comentado habría servido para reducir ligeramente la brecha entre unos y otros. Respecto de la mortalidad infantil, los datos muestran diferencias semejantes a favor de los municipios de minoría indí-gena, donde esta característica tiene menor incidencia. Además, en este caso, la distancia entre ambos grupos se habría ampliado con el transcurso del tiempo. Mientras que la mortalidad infantil se redujo a una tasa anual de 7.11% en los municipios de minoría indígena, en los 33 restantes solo se redujo a 5.66%. Las diferencias en cuan-to a tasa de alfabetización y asistencia escolar también favorecen a los municipios con menor porcentaje de indígenas residentes, aunque, en ambos casos, habrían evolucionado durante el periodo 2000-2005 hacia el estrechamiento de las brechas existentes.

Cuadro 4. Valores del coeficiente de correlación de Spearman para distin-tas combinaciones de variables

Concepto

Porcentaje de población que habla

lengua indígena

Porcentaje de población que sólo habla

lengua indígenaPobreza alimentaria (%) 0.7335 0.6559Pobreza de capacidades (%) 0.7321 0.6579Pobreza de patrimonio (%) 0.7145 0.6444Índice de desarrollo humano -0.7649 -0.7085Índice de marginación 0.6954 0.6655Índice de rezago social 0.7308 0.6894Total 114,504 100.0

Fuente: Elaboración propia.

Conociendo la relación entre los distintos indi-cadores, a continuación se identifican y localizan los municipios que concentran los mayores problemas de pobreza y falta de desarrollo. Para ello, se segrega a los 118 municipios en cinco grupos de manera inde-pendiente para cada una de las variables analizadas, utilizando el método de estratificación univariante pro-puesto por Dalenius y Hodges (1957 y 1959). De esta forma se encuentra que nueve municipios figuran en el peor estrato para los índices de desarrollo humano, marginación y rezago social, así como en aquellosde mayor porcentaje de población indígena y de pobreza alimentaria, de capacidades y de patrimonio. Estos nue-ve municipios son: Aldama, Chalchihuitán, Chamula, Chenalhó, Pantelhó, Santiago el Pinar y Zinacantán, de la región Altos, y Chilón y San Juan Cancuc, de la región Selva. A éstos se pueden añadir otros dos municipios que únicamente están ausentes en una de las clasifica-ciones: Chanal y Larráinzar, ambos de la región Altos. Todos ellos comparten niveles muy bajos en el índice de desarrollo humano, muy altos en los indicadores de marginación, rezago social y pobreza, y poblaciones, fundamentalmente, indígenas, concentrándose, casi todos, en las regiones de los Altos y la Selva .

En municipios como Chenalhó, por elegir uno de los nueve señalados, 99% de la población habla lengua indígena (41% solo habla lengua indígena, lo que limita sus posibilidades de comunicación con los sectores hispanoparlantes mayoritarios); el índice de desarrollo humano (0.595) refleja unas condiciones muy alejadas de las de México en su conjunto (0.820) e, incluso, de las de Chiapas (0.730) (pnud, 2009: 81); el índice de marginación sitúa al municipio en el

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Reflexiones finales: condiciones concretas y diferenciadas de la reproducción de los pueblos indígenas en Chiapas

Como se ha mostrado, Chiapas es un estado altamente heterogéneo con un modelo económico dual, en el cual la exclusión social se vincula con el territorio, la clase y la condición étnica. El atraso económico de los pueblos indígenas es un problema multidimensional en el que se conjugan hechos históricos, que han ido produciendo y reproduciendo la brecha de desigual-dad entre los municipios indígenas y no indígenas

de la entidad, como ilustran las cifras de pobreza, marginación, rezago social y desarrollo humano expuestas. El análisis conjunto de estos indicadores hapermitido conocer la fuerte correlación entre todos ellos, con independencia de la institución encargada de calcularlos, del número de variables que consideran o de los conceptos incorporados a través de las mismas; encontrando, además, que las características descri-tas se asocian a la condición étnica de la población residente en cada municipio.

En este escenario, como estrategia de supervi-vencia, además de la ya comentada emigración al ex-

Ingreso per cápita anual (dólares ppc)

Municipios de mayoría indígena

Municipios de minoría indígena Todos los municipios

2000 1 887 4 892 4 2452005 2 690 6 556 5 696Variación anual 7.35% 6.03% 6.06%Tasa de mortalidad infantil2000 43.38‰ 30.21‰ 33.41‰2005 32.41‰ 20.89‰ 24.00‰Variación anual -5.66% -7.11% -6.40%Tasa de alfabetización2000 57.79% 81.03% 76.96%2005 61.84% 82.50% 78.57%Variación anual 1.36% 0.36% 0.41%Tasa de asistencia escolar2000 52.74% 57.72% 56.68%2005 59.93% 63.49% 62.65%Variación anual 2.59% 1.93% 2.02%

Cuadro 5. Niveles de bienestar y evolución durante el periodo 2000-2005 para los municipios de Chiapas con mayoría y minoría de población indígena

0% - 10%

59

10

63

7

03

6

2

22

10% - 20% 20% - 30% 30% - 40% 40% - 50% 50% - 60% 60% - 70% 70% - 80% 80% - 90% 90% - 100%0

10

20

30

40

50

60

Gráfico 5. Distribución de los municipios de Chiapas según porcentaje de residentes indígenas.

Fuente: Elaboración propia con datos de inegi (2008).

Fuente: Elaboración propia a partir de pnud (2008).

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terior, los pueblos indígenas de Chiapas han buscado alternativas de inclusión en las dinámicas política y económica de la entidad. Ejemplos de ello se han dado a partir del desplazamiento de un número importante de indígenas desde las áreas rurales hacialas principales ciudades del estado y a las zonas de atracción de mano de obra en respuesta a la escasez de tierras, la caída de los precios del café, la crisis deproducción de granos básicos, la guerra de baja intensidad o los conflictos politicorreligiosos de las comunidades. Estos desplazamientos han dado lugar a dos fenómenos contradictorios y a la vez complemen-tarios: por una parte, la descomposición al interior de los municipios indígenas; por otra, la alianza y la crea-ción de redes sociales en el lugar de destino, incluso entre miembros de grupos étnicos distintos.

A este respecto, Robledo Hernández (1997) se-ñala que la relación histórica entre las comunidades indígenas y San Cristóbal de Las Casas (el principal núcleo receptor) se ha modificado de manera drástica a partir de la consolidación de colonias indias en la periferia de la ciudad. Estas colonias han favorecido el fortalecimiento de vínculos colectivos que se han concretado en la formación de distintas organizaciones y asociaciones indígenas, cuyo objeti-vo es asegurar la supervivencia de los indios, abrien-do diferentes espacios de participación política y económica, como el caso de la Sociedad Cooperativa Pro-mejoramiento de Nuestra Raza (Scopnur) o el Consejo de Representantes Indígenas de los Altos de Chiapas (Criach). El levantamiento zapatista de 1994, como argumentan Robledo Hernández (1997) y Angulo (2003), supuso el fortalecimiento de este tipo de organizaciones.

A pesar de los avances conseguidos, las condicio-nes en las que vive la mayor parte de los indígenas en las ciudades del estado son deplorables, lo cual implica, en todo caso, una importante modificación de sus patrones productivos y de reproducción social. Sánchez (2001) señala que el trabajo asalariado ha cobrado importancia para la supervivencia de las comunidades indígenas de la región que no contaban con tierras suficientes para la siembra de autoconsumo. No obstante, su llegada a los núcleos urbanos y la consecuente sustitución de las activi-dades agrícolas por las relacionadas con el sector terciario, en particular el comercio, tampoco ha supuesto mejorías notables en sus condiciones de vida. La concentración de indígenas en el sector informal muestra las contradicciones del modelo de articulación y la incapacidad de la economía rectora de absorber los excesos de mano de obra. Al retomar las ideas del dualismo clásico de

Lewis (1954), el polo dinámico debería absorber el exceso de mano de obra del polo atrasado, sin embargo, en el actual contexto de la globalización, la periferia no solo carece de ciudades dinámicas sino que, además, soporta un crecimiento explo-sivo de la población debido a que su transición demográfica no se ha dado de forma endógena, a dife-rencia de lo ocurrido en los países pioneros en la industrialización (Livi-Bacci, 2002). La acción conjunta de estas dos fuerzas (escaso dina-mismo de las áreas urbanas y expansión más rápida de la población) da lugar a un exceso de oferta de trabajo en el sector formal, que es absorbido por el informal a través del autoempleo, lo cual a su vez limita las posibilidades de crecimiento del sector formal.

Atendiendo a los datos presentados por Estrada Martínez (2009), los indígenas residentes en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas se ocu-pan, principalmente, en las actividades de servicio doméstico, construcción (como albañiles), turis-mo, comercio y transportes. El trabajo doméstico representa la principal puerta de entrada de las mujeres indígenas al trabajo urbano. Los empleos pueden ser permanentes (de planta), por jornada (de entrada por salida), o por actividad, lavando y planchando. Las jornadas laborales son de más de ocho horas, sin contrato, sin seguro social, sin día de descanso pagado, sin vacaciones y con un salario inferior al mínimo. Hoy día, el trabajo doméstico en la ciudad está saturado, lo cual genera un incremento de la tasa de desempleo de las mujeres indígenas.

La construcción es la fuente de empleo más importante para los varones indígenas, que se desempeñan básicamente como albañiles y peones. Estrada Martínez (2009: 53) señala que la mayoría de los peones de la ciudad son indígenas, siendo ellos los que hacen el trabajo más pesado, peor pagado y más inestable, ya que los empleos que se ofrecen son temporales, de uno a seis meses de duración según el contrato acordado y el tipo de obra a realizar. Otras actividades relevantes guardan relación con el turismo, donde los indígenas constituyen un gancho para los visitantes europeos y estadounidenses al mismo tiempo que representan un insumo barato para las empresas dedicadas a esta actividad, lascuales los integran como meseros, mozos, bodegue-ros, empleados de mostrador, jardineros, sirvientes, cocineros, cargadores o elementos de escaparate. Las condiciones laborales en que se desempeñan son precarias. Se les contrata de palabra, sin con-trato laboral que proteja sus derechos, siendo los patrones los que deciden la temporalidad y la dura-ción de la jornada laboral según sus intereses.

239


Maxime Kieffer*

El discurso sobre el turismo alternativo y su implementación se han extendido en las últimas décadas en México. La ac-tividad turística es vista por las agencias de gobierno y los actores internacionales como una solución al desarrollo y a la conservación de los recursos naturales, en áreas del medio rural que presentan fuertes rezagos socioeconómicos y que cuentan con una riqueza biológica importante. También se presenta como una oportunidad para diversificar la oferta turística del país y responder a la demanda creciente por experimentar nuevas prácticas turísticas (Cerón y Sánchez, 2009; Sectur, 2007). El Turismo Rural Comunitario (trc) se propone como una actividad en la que la comunidad local, a través de sus estructuras organizativas, ejerce un papel protagónico en el desarrollo, la gestión y el control, ofreciendo actividades basadas en las expresiones sociales, culturales y productivas, cotidianas del lugar y de la gente que lo habita (Gascón, 2009).

En México, y particularmente en el estado de Chiapas, una región considerada como un Hot Spot de México por su biodiversidad, se han impulsado en los últimos años políti-cas públicas con financiamiento gubernamental y resultante de acuerdos de la cooperación internacional, destinadas a implementar experiencias de trc. Sin embargo, una re-visión de estas experiencias pone de manifiesto que en la mayoría de los casos los resultados no han mostrado el éxito esperado (Cañada y Gascón, 2007; Castillo, 2007; Gómez y Leguer, 2011; López y Palomino, 2008). Por el contrario, se han detectado situaciones no deseadas, como la aparición de efectos perversos en las estructuras sociales de las comuni-dades involucradas (Daltabuit et al., 2000; Martinelli, 2004; Machuca, 2008) o la inversión equivocada en infraestructura local en comunidades sin condiciones organizativas para su administración (Institut Pluridisciplinaire pour les Etudes sur l’Amérique Latine, 2011; Paré y Lazos, 2004). Podemos encontrar varios problemas en el planteamiento del turismo alternativo en México. Uno de ellos es que esta actividadse ha presentado como una panacea y una solución incues-tionable para la población marginada, sin revisar el modelo seguido en la conceptualización de temas de desarrollo y de lucha contra la pobreza, así como de protección de recursos naturales. Esto ha propiciado la identificación errada de las oportunidades, la generación de amenazassobre las comunidades beneficiarias y, en general, a equi-vocaciones en las políticas dirigidas a la promoción de esta

El turismo en zonas marginalizadas: engaños y giros necesarios

* Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, Universidad Nacional Autónoma de México Campus Morelia.

actividad. Por tanto, para aumentar los casos de éxito del trc en México, es indispensable revisar algunos elementos conceptuales y metodológicos para la formulación de pro-puestas más integradoras en espacios rurales, lo cual se propone en ese recuadro.

Un discurso acrítico con consecuencias negativas anivel local

Es difícil no caer en la facilidad de considerar el turismo como salvador de los problemas del mundo rural, como medio para la lucha contra la pobreza y para la protección del medio ambiente; el discurso sobre este tema y el consenso mundial sobre los conceptos y las metodologías han permeabilizado las políticas públicas e internacionales. Como lo analiza Jordi Gascón (2009), hay poco debate y críticas del turismo como herramienta de la cooperación. Los beneficios generados por el turismo se presentan como universales y no criticables. La creación de empleo, la inversión y la llegada de divisas son tantos factores que se presentan para justificar el aporte del turismo al de-sarrollo. La sustentabilidad, la participación de los actores locales, la protección del medio ambiente son otros términos presentes en ese discurso.

El tema del desarrollo en la promoción del turismo

La Organización Mundial del Turismo (omt), a través desu programa Sustainable Tourism–Eliminating Poverty(st-ep), preconiza por ejemplo aumentar la tasa de empleo entre los pobres en las empresas turísticas, enfatizando que ambas partes ganan (omt, 2004). El aumento de los re-cursos de los pobres dependería entonces del bienestar de la economía turística, es decir, de la economía de los países desarrollados (Capanegra, 2008). Analizar el turismo bajo ese enfoque lo reduce a un simple producto de consumo en el cual la oferta es dependiente de la demanda. Si se logra satisfacer la demanda de los turistas provenientes de los países del Norte, la población local del Sur se beneficiará de manera automática. Este discurso está cargado de una fuerte connotación paternalista. El tema del origen de la pobreza no aparece en el análisis de la situación, ni de la lucha contra las disparidades socioeconómicas o de la distribución justa de los beneficios, lo que permite no cuestionar el modelo económico dominante. El desarrollo de los pobres se

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lograría mediante el crecimiento económico y el turismo es un medio para alcanzarlo. Poco importa el modo de desarrollo, porque todos se benefician en el ámbito económico de laactividad (visión win-win). Si se retoman las palabras del Secretario General de la omt, Francesco Frangialli, es posible decir que el desarrollo pasaría por una “liberalización del tu-rismo con un semblante humano” (omt, 2003:1). Finalmente, este enfoque niega la complejidad de los procesos societarios, al reducir el desarrollo a su simple componente económico,y permite que el capitalismo permeabilice el trc bajo el para-digma de la sustentabilidad y con el apoyo de la comunidad internacional.

Aportación del turismo a la protección del medioambiente

La creación de Áreas Naturales Protegidas (anp) en México se ha fundamentado en el concepto de la ecología del decenio de 1970 proveniente de los Estados Unidos de América (eua), según el cual el hombre no es parte de la naturaleza. La mayoría de las anp no incluyeron la participación local en las tomas de decisiones y fueron basadas en criterios puramente biológicos. Sin embargo, el concepto de las Reservas de la Biósfera surgió como una respuesta para incluir el hombre en el manejo de sus recursos naturales. En los hechos, los casos de desalojos y la ausencia de concertación local son comunes en la creación de esas reservas, en particular en Chiapas en los Montes Azules desde 1978, año de su instauración (Martinelli, 2004), o en Veracruz, en la reserva de Los Tuxtlas en 1998 (Fuentes y Paré, 2007).

Por otro lado, la creciente demanda de los turistas por descubrir zonas vírgenes abrió los espacios protegidos a la actividad turística. Hoy día, el turismo está en el centro de las políticas de las reservas naturales, visto como una manera sustentable de aprovechar los recursos naturales. El mito de la naturaleza intocable y de la autenticidad promovido por el ecoturismo cobra más importancia que la gestión tradi-cional multifuncional de los recursos naturales. Al valorizar económicamente los servicios ecosistémicos de la naturaleza, es decir, al introducir la idea que la naturaleza es un capital que debe hacerse fructificar, aquella se vuelve un producto mercantil para el turismo, así como las culturas de las comu-nidades que habitan esos lugares. La gestión del producto turístico al ser poco accesible para las comunidades locales y el reglamento de las reservas que prohíbe ciertas actividades que los habitantes realizaban de forma tradicional para sobre -vivir en el bosque, las perspectivas de subsistencia local van desapareciendo. Este proceso de cambio del suelo de un uso agrario a uno de servicio puede llegar entonces, en ciertos casos, a empobrecer aún más a las poblaciones afectadas por tales medidas.

Implementación equivocada con consecuencias anivel local

El manejo de los conceptos anteriormente presentados den-tro de las políticas públicas en México y en los acuerdos de cooperación internacional ha llegado a la implementación de proyectos de trc que por la mayoría, han fracasado, o por lo menos no han mostrado el éxito esperado. Cabe hacer constar que la mayor parte de las propuestas de trc se haaplicado bajo un modelo top-down (desde arriba), sin me-todologías claras y sin una consideración suficiente de losactores locales en la construcción de una visión de la nueva acti-vidad desde dentro de la comunidad (endógena), bajo un modo ex ante, es decir, previamente a que las acciones se imple-menten (Kieffer, 2011). Las comunidades locales que participan en el proyecto de desarrollo no son los principales actores y ni los objetivos ni la metodología para alcanzar aquellos se discuten dentro del marco del proyecto. Quedan afuera de los procesos de decisión. Esos programas no fomentan las capacidades locales para administrar el territorio y no permiten discutir cuál es el tipo de desarrollo que las co-munidades quieren para mantener su economía campesina. La participación de aquellas es considerada como un simple requisito. Por último, esa situación hace pensar que los pro-motores del desarrollo cayeron en lo que Girard y Schéou (2009) llaman la ilusión participativa, que consiste en creer que la participación de los actores locales garantiza de por sí el éxito de un proyecto de trc. Frente a la existencia de tantos casos parecidos y que se siguen repitiendo no sólo en México sino en muchos países en desarrollo, no es por demás preguntarse sobre el origen de esa ilusión. ¿Aquella provendría solamente de la negligencia conceptual que acabamos de señalar?, o siguiendo a Machuca (2008) quien afirma que ciertas políticas son conducidas de manera voluntaria con la finalidad de insertar las riquezas naturales y culturales dentro del sistema financiero mundial, ¿esa situación podría llegar a ser también deliberada?

Cualquiera que sea el origen de esa situación, sus conse-cuencias ponen en riesgo la soberanía alimentaria de las co-munidades rurales al permitir la mercantilización de los recursos naturales y culturales, y abren paso a una transición de una economía tradicional a una de mercado, con la transformación de la biodiversidad en un producto de consumo.

Un giro teórico-metodológico necesario para la integracióndel turismo rural comunitario en la economía campesina

Se analizó que la implementación de iniciativas de trc puede afectar de modo negativo, en ciertos casos, a las comunidades ru-rales que son presentadas, sin embargo, como beneficiarias de dichas iniciativas. Aparece indispensable centrar entonces

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los esfuerzos de la investigación en turismo sobre, según la teoría general de los sistemas aplicada al turismo, el subsis-tema receptor-interno-local, es decir, el que enfoca su objeto de estudio en el territorio local, sus habitantes, los recursos del lugar, los servicios turísticos, los efectos del turismo en la pobla-ción, la organización, las cuestiones de género y la gobernanza local (Jiménez, 2005). La investigación sobre turismo debe de analizar la actividad dentro de un contexto sistémico, como lo argumentan Knafou y Stock (2003), o del proceso societario como lo prefiere Hiernaux (2003). En los dos casos es el tu-rismo, visto como una articulación actores/prácticas/espacios, el que está en el centro del análisis, y no las disciplinas académicas tradicionales que separan el objeto de estudio de su ámbito de estudio y transmiten visiones parciales de la actividad turística. El enfoque debe ser entonces “sistémico (consideración de las interacciones y de las retracciones), multiescalar (combinación de diferentes niveles espaciales entre lo local y lo global, interca-lándose escalas medianas) y complejo (tensión entre el aspirar a un saber no parcelado y el reconocer el carácter inacabado de todo conocimiento)” (Boutouyrie, 2001: 27).

El enfoque territorial integrado del turismo

El modelo turístico de los Centros Integralmente Planificados (cip) otorga al territorio un papel funcional, es decir, que lo usa para sus propios fines sin tomarlo en consideración. Al contrario, el trc promueve en un espacio determinado una función territorial y busca integrarse dentro de la or-ganización territorial existente. La introducción de una nueva actividad económica, tal como el turismo modifica el equi-librio existente dentro de un territorio. Se opera un cambio grande en la vida diaria del campesino. Convertirse en agen-te de turismo y creer que esa nueva actividad pueda ofrecer más ingresos que la agricultura y, quizá llegue a empujar al campesino a dejar sus actividades tradicionales. El desarre-glo ocasionado viene entonces a perjudicar la vida cultural, la relación del campesino con su tierra y su conocimiento de la labor agropecuaria, así como el atractivo de la experiencia turística basada en las actividades productivas y culturales locales. Así pues, de acuerdo con Cañada y Gascón (2007), parece indispensable pensar el trc como una estrategia de diversificación de la economía campesina, y no de especiali-zación. Se preconiza la introducción de un turismo de baja densidad, que no obliga al campesino a dejar su labor, que otorga a las actividades tradicionales un papel fundamental dentro de la acción turística. Se convierte en una actividad complementaria que permite transferir ingresos del turismo al sector agropecuario, “una forma de ampliar y diversificar las opciones productivas de las comunidades rurales y com-plementar así las economías de base familiar campesina” (Gascón, 2009: 36).

La visión de la ordenación integrada del turismo en un territorio que se fundamenta, según Cazes y Knafou (1995), en el “principio de respeto de la escala local, de la participa-ción de la población autóctona y de la distribución local de los beneficios de la explotación turística” (citado en Garza, 2009: 25), es el pilar de la introducción de una propuesta de trc en una perspectiva de desarrollo a nivel local-regional. Como lo explica Rodríguez, “a partir de ahí, el eje central era que los actores locales tuvieran una participación más activa en las decisiones y propuestas de acción para su desarrollo y no estar a expensas de las iniciativas de arriba o externas” (Rodríguez, 2003). Ello implica diseñar políticas multiescala-res que tomen en cuenta esos diferentes niveles espaciales de administración. El ejido, la comunidad indígena, el pequeño propietario, se refieren a las categorías de administración territorial más locales en el medio rural. Por tanto, es funda-mental a la hora de armar estrategias de desarrollo con enfoque sociocéntrico, tomar en cuenta esos diferentes niveles espacia-les para que se respete la ordenación integrada del turismo en un espacio geográfico determinado. El diseño de modelos de desarrollo desde abajo hacía arriba parece indispensable para lograrlo. El ejido, o la comunidad indígena, son los puntos de partida de dichos modelos.

La organización local: base de la inserción de la activi-dad turística

En el México rural y de modo específico en territorios indígenas, la comunidad está tradicionalmente organizada de manera colectiva. Los recursos naturales están adminis-trados bajo el concepto de bienes comunales (o ejidales) y el manejo y el uso de la biodiversidad definido en asambleas por los comuneros o ejidatarios. Esa organización local otorga al ser humano, dentro de su organización colectiva, una función constructivista determinante para generar pro-cesos de cambio social. La base sociocultural y su potencial organizativo son pues factores preponderantes del desarro-llo integral de un territorio, si se entiende por desarrollo no solo una alternativa económica desde las perspectivas de la economía y la productividad, sino también un proyecto común sociocultural. La institución local colectiva se presenta como la base de la inserción de nuevas activida-des económicas a nivel comunitario (Zizumbo, 2007) y el motor para emprender y sostener un desarrollo con enfoque sociocéntrico (Barbini, 2008), que es lo que busca una ac-tividad de trc. Un programa de desarrollo debe trabajar a nivel local con la comunidad para fomentar la organización campesina y sus instituciones, con la finalidad de generar un empoderamiento social, cultural y económico a escala comunitaria (Tosun, 2000). La construcción a largo plazo de una visión local y colectiva sobre la actividad turística en la

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comunidad, antes de iniciar el desarrollo, representa un paso obligatorio para la apropiación local del conocimiento y la integración de una nueva actividad económica.

El actor local no sólo es el beneficiario de dicho programa sino principalmente protagonista, que pasa de ser objeto a sujeto de estudio (Paré y Lazos, 2004), “controlando e interactuando a lo largo del proceso inves-tigador (diseño, fases, evolución, acciones, propuestas...)” (Alberich, 2007: 6). Es el actor mismo quien define sus prioridades y el tipo de desarrollo que se quiere introducir y construir. El asunto es ante todo político, pero el inves-tigador o el promotor del desarrollo está para facilitar la transmisión de los conocimientos técnicos con objeto de llegar a los objetivos planteados por las comunidades. La Investigación/Acción/Participativa (iap) se presenta como el enfoque teórico-metodológico más adecuado para generar y construir el desarrollo desde la base. Ello permitiría “tras-cender el recurso, el producto y el destino y centrarse en lo primordial: la persona-usuario, habitante y visitante —y la sociedad— local y global” (Mantero, 2008: 96), es decir, ge-nerar un desarrollo con enfoque sociocéntrico. Este tipo de metodología serviría por ejemplo para evitar promover el desarrollo por medio del turismo como “natural, normal y

universal y sencillamente, ubicado fuera de toda discusión” (Capanegra, 2008, p. 133).

Conclusión

El papel del trc para el desarrollo de zonas marginalizadas debe superar las visiones parciales de los actores guberna-mentales e internacionales, interesados en objetivos tangibles y a cortos plazos para justificar las inversiones en la lucha contra la pobreza y/o en la protección del medio ambiente. Es necesario dejar de lado la falsa idea del turismo como solución milagrosa para el medio rural.

El trc debe ser integrado en un territorio a partir de la escala local en la perspectiva de construir y participar en un proyecto común sociocultural a largo plazo, considerando a los actores locales como sujetos principales del cambio desea-do. Por último, parece indispensable pensar el turismo de manera holística, al tener en cuenta sus externalidades y sus repercusiones a nivel local, preguntándose si esa actividad puede servir a diversificar la economía campesina preexis-tente y asegurar la soberanía alimentaria de los pueblos rurales marginalizados.

El comercio informal, en un lugar establecido, por parte de los indígenas es resultado de la apropia-ción de espacios económicos por líderes indígenas. En las plazas y los mercados establecidos, se comer-cializa todo tipo de bienes, incluidas artesanías. Hoy día existen organizaciones sociales que controlan el acceso a los mercados establecidos, lo cual beneficia a un número reducido de indígenas migrantes, pero excluye a un porcentaje importante de la población de comercializar sus productos en estos lugares. A estos obstáculos se suma el intermediarismo que, de-bido a la creación de cooperativas de transporte que comunican los parajes indígenas con las cabeceras municipales y con el centro rector de la región, ha provocado que se configuren dos tipos de comercio: el que se realiza de manera directa entre el indígena y el comerciante urbano, y el que está determinado por intermediarios.

En relación con el sector del transporte, cabe comentar que hoy día existen dos tipos de coopera-tivas de transporte local y foráneo controladas por diferentes grupos de indígenas. Uno de ellos son las cooperativas que se crearon de manera legal y que están fuertemente vinculadas con el comercio a través de la intermediación de productos. El segundo

grupo es el que se originó y fortaleció al interior de las organizaciones sociales a través de distintas mo-vilizaciones. Los transportistas que pertenecen a alguna organización social indígena se benefician de acuerdos políticos entre los líderes indígenas y los políticos de la ciudad. Para los miembros de las or-ganizaciones, pertenecer a una de ellas es un medio para la defensa de sus intereses.

En cualquiera de los casos, la experiencia demuestra que el reducido dinamismo de las ciudades de Chiapas ha sido incapaz de generar los suficientes empleos de calidad como para absorber a la población excedente de las áreas rurales. Esto ha obligado a los indígenas y, a los noindígenas, a buscar alternativas lejos de la entidad, ya sea en la construcción o en el sector de servicios de la Riviera Maya, en la maquila de la Frontera Norte o en la agricultura de los Estados Unidos de América, más productiva y con mejores salarios. Esta solución tiene el claro inconveniente del desa-rraigo y la descomposición de los núcleos familia-res, ya que los emigrantes que, en una proporción de tres a uno, son varones, no viajan en compañía de sus parientes, que quedan en Chiapas a la espera de noticias y remesas.

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En México, el fortalecimiento de las capacidades de los go-biernos locales converge, en la última década, con el proceso de implementación de las llamadas reformas de tercera generación; es decir, aquellas que centran su interés en ampliar el disfrute de los derechos ciudadanos de “tercera generación”, cuyos titulares son no el individuo sino los grupos humanos como el pueblo, la nación, las colectividades étnicas o la propia humanidad (como derechos universales). Por ello, como señala Sara Gordon (2001), “es cada vez más frecuente el uso del concepto de ciudadanía, junto con el de derechos sociales ligado a este, como criterio para atender el bienestar social”. Este proceso ocurre en un contexto global en el cual se reconoce que es en el espacio local o municipal donde se pueden dar las condiciones propicias para generar el bienestar social y el desarrollo humano; proceso que se ha de-nominado como la “nueva agenda pública local” (cfr. Clark, 1995; Duran y Thoenig, 1996 y Cabrero et. al, 1995 y Cabrero, 2005).

La nueva agenda pública local en Chiapas

El Premio Gobierno y Gestión Local, realizado con el apoyo de diversas instituciones académicas, organismos de promoción municipal y los no gubernamentales e institutos de cooperación internacional, resulta importante porque permite identificar, re-conocer y difundir las mejores experiencias de gobierno local en México y facilita dar seguimiento y analizar aquellas políti-cas gubernamentales locales con un efecto positivo gracias a su

Pluralismo cultural y acción pública en Las Margaritas, ChiapasLuis Rodríguez Castillo*

*Investigador titular A de tiempo completo, con definitividad, en el Programa de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste (Proimmse) del Instituto de Investigaciones Antropológicas (IIA), Universidad Nacional Autónoma de México.

diseño e implementación. Por ello, es un indicador objetivo del perfil que adopta la implementación de la nueva agenda local en los municipios chiapanecos.

En el periodo 2001-2011, se han presentado 106 experien-cias de gestión al Premio Gobierno y Gestión Local. Entre ellas, 16 se han seleccionado por parte del jurado evaluador como semi-finalistas y cuatro han recibido el reconocimiento como ganadoras del certamen en 2003, 2006 y 2007.

La implementación de la nueva agenda local en Chiapas (véa-se Ilustración 1) se denota en 66.9% de experiencias que atienden algún aspecto de la educación, el desarrollo social, la política social, la salud pública, la conservación ambiental y la integración de procesos de participación ciudadana a la toma de decisiones. Aunado a ello, 25.4% de experiencias significa una preocupación por mejorar las funciones de los ayuntamientos (infraestructura, seguridad y servicios públicos). Resulta significativo que los nuevos modelos de gerencia pública han sido un instrumento poco usado, pues solo 4.9% de los programas presentados atiende los tópicos de transparencia y modernización administrativa. A pesar de estos avances, no se puede afirmar que la nueva agenda se presente en los 118 municipios chiapanecos. Habrá que señalar que esos esfuerzos no son homogéneos, dado que los 106 progra-mas de gestión se operaron solo en 24 municipios. Es decir, los avances son desiguales y se presentan en distintos escenarios, en los cuales hay mucha voluntad política pero, de manera paradóji-ca, pocas capacidades de institucionalización.

Ilustración 1. Experiencias de municipios chiapanecos presentadas al Premio Gobierno y Gestión Local, por tipo de programa, 2001-2007

Fuente: Elaboración propia, con información de la Base de Datos del Premio

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Gestión local innovadora en Las Margaritas, Chiapas

Las últimas tres administraciones municipales de Las Margaritas se han caracterizado por sus capacidades de cambio e innovación gubernamental. Además de un proyecto de infraes-tructura urbana, “Agua para todos, todos los días” (2007), que cumplió con éxito sus metas; la importancia que han concedido a la nueva agenda local es evidente en dos programas de política social: “Construyamos juntos tu casa” (2003) y con Oxchuc, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula de Córdova y Ordóñez, Ocosingo y Tuxtla Gutiérrez, el “Programa intermunicipal de in-clusión escolar de menores entre 5 y 14 años” (2005); así como en los dos programas para incluir la participación ciudadana en la toma de decisiones: “Planeación microrregional, democrática y participativa” (pm) (2003) y “Consejo Municipal de Participación Social en la Educación (cmpse)” (2007). Los cinco programas han pasado a la etapa semifinalista y, ganaron el certamen en 2003 con “Construyamos juntos tu casa” y en 2007 con el cmpse.

Sin embargo, el programa de inclusión escolar se ha converti-do, desde finales de la gestión 2005-2007, en un subprograma del cmpse. Por su parte, “Construyamos juntos tu casa” y el cmpse, aunque siguen vigentes en el Plan Municipal de Desarrollo 2008-2010, perdieron sus componentes de innovación y sus capacidades de movilización de la ciudadanía. El primero dejó atrás su visión integral y las acciones han tomado una orientación asistencialista. Por su parte, el cmpse pasó a segundo término en la agenda local con el relevo gubernamental en 2011 y ya no cuenta con el apoyo de la asistencia técnica y, hoy día, se responsabiliza solo de priori-zar y coordinar mejoras en las escuelas del municipio.

Mención aparte merece la pm. Este programa no solo sigue vigente después de tres cambios en la administración municipal, sino que ha sido objeto de mejoras, no ha perdido su habilidad de movilización de la ciudadanía y mantiene su importancia en la agenda local, al ser el eje de la planeación y la gestión de los recursos en el territorio municipal. Las historias de programas de gestión local, exitosos en un periodo muni-cipal que desaparecen a la siguiente administración, no son la excepción. Por ello los mecanismos de la pm permitirían expli-car las capacidades de los gobiernos locales para implementar la nueva agenda local como una política pública duradera.

Diseño e implementación de la política pública en un contexto local complejo

Las características sociodemográficas del municipio hacen de la acción del gobierno municipal una tarea sumamente compleja. No solo es el segundo municipio más extenso del estado con 5 307.08 kilómetros cuadrados de extensión, también fue hacia el 2010 un municipio con 111 484 habitantes, de los cuales 48.5% hablaba algu-na lengua indígena y, entre ellos, 31.67% era monolingüe; esto tenía su correlato en el analfabetismo de la población de 15 años y más,

indicador que ascendía al 26.6% en el municipio. Monolingüismo y analfabetismo limitan las opciones laborales de la población que se ocupaba en 77.07% en el sector primario. Así, 81.36% de la población vivía en localidades rurales caracterizadas por la dispersión de los asentamientos humanos: la densidad poblacional se ubicaba en 16 habitantes por kilómetro cuadrado. Entre los residentes ocupados en el sector rural, 43.87% no recibía ingresos directos por sus ac-tividades y apenas 0.23% recibía más de cinco salarios mínimos (inegi, 2010). Analfabetismo, monolingüismo y bajos ingresos se interpretan como deteriorados niveles de bienestar de la población. En el índice de marginación, Las Margaritas se ubicaba en 1.219 como un municipio de muy alta marginación, al ocupar el trigésimo lugar en el contexto estatal (Conapo, 2010).

La pm se diseñó con la orientación de atender a esa pobla-ción dispersa, incluyéndola en la toma de decisiones y que esto ocurriera desde su propio espacio. Con ello, el componente microrregional pretendía romper el tradicional peregrinar de la población a la cabecera municipal para solicitar el “apo-yo” del presidente municipal y, al contrario, fuera la autoridad municipal la que atendiera a la población in situ. Este modelo tendría repercusiones para la mejoría del bienestar de la po-blación, al asegurar que las acciones del gobierno municipal atendieran necesidades reales de la población.

La implementación del programa enfrentó diversas con-tingencias debido a las condiciones políticas y culturales del contexto. El ayuntamiento del periodo 2002-2004, además de ser un gobierno de alternancia encabezado por el Partido de la Revolución Democrática (prd), tuvo que enfrentar la oposi-ción local de las viejas lealtades y redes clientelares del Partido Revolucionario Institucional (pri). Hay también un buen número deorganizaciones de productores, indígenas y campesinas, que se han creado bajo la influencia de partidos políticos o la acción de la pastoral social de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, y es-tán afiliadas a estas u otras organizaciones, como la Coordinadora de la Sociedad Civil en Resistencia.

Aunado a ello, la presencia de bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (ezln) ha sido permanente des-de enero de 1994. La respuesta del ezln al incumplimiento de Los Acuerdos de San Andrés, firmados en 1996, por parte del go-bierno federal fue el llamado a construir territorios rebeldes quefueron inicialmente organizados en municipios y regiones autónomas; posteriormente, el 8 de agosto de 2003, se anunció la reestructuración de “Los Aguascalientes”, que simbolizaban el encuentro entre la “sociedad civil” y los zapatistas, en Juntas de Buen Gobierno llamados “Caracoles”. Con ello, también existe po-blación que se opone a la acción de gobierno “oficial” de Las Margaritas, particularmente, en el llamado “Madre de los Caracoles del mar de nuestros sueños” que tiene su epicentro en la localidad de La Realidad y está formado por los “municipios autónomos”: “Tierra y Libertad”, “General Emiliano Zapata”, “San Pedro Michoacán” y “Libertad de los Pueblos Mayas”.

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En lo cultural, además de la diversidad de identidades étnicas, se constata la presencia de grupos religiosos de diverso signo; con un 62.21% de católicos, 7.16% no efectuaba confesión alguna; 22.93%se identificaba con el protestantismo y 6.92% profesaba creencias bíblicas no evangélicas (inegi, 2010). Esta diversidad confe-sional ha sido el factor explicativo de los constantes conflictos, expulsiones y uso de la violencia intra e intercomunitaria, lo cual posicionó al municipio en las últimas dos décadas del siglo pasado como uno de los más conflictivos en el estado. Sumado a lo ante-rior, en la cultura local pervive el imaginario de una irreconciliable oposición entre los mestizos de la cabecera y los indígenas de las comunidades; así como el de una “oligarquía local”, un grupo de familias finqueras económicamente fuertes, que controlaban políticamente el ayuntamiento y hacían un uso clientelar y patri-monialista de los recursos públicos.

En su conjunto, todos estos factores habían generado un clima de desconfianza entre la población indígena de las co-munidades hacia la política partidista, los procesos electorales, las élites políticas mestizas de la cabecera municipal –aún sobre aquellas del prd– y, en particular, hacia las iniciativas de política pública del gobierno local. Por ello, la pm se planteaba como una estrategia de atención que ayudaría a abandonar la orien-tación clientelar del gasto público, generaría confianza entrela población y, por medio del mecanismo participativo, impul-saría la democratización de la sociedad local.

En el momento del diseño e implementación de la pm, los actores políticos locales se encontraban plenamente imbui-dos en un “paisaje discursivo global” (Appadurai, 1996) sobre la redefinición de las relaciones entre los pueblos indígenas y el Estado nación en relación con temas, como el respeto a la diver-sidad cultural, el reconocimiento de la autonomía, la obligatoriedad a la consulta, el respeto al Convenio 169 de la Organización

Internacional del Trabajo (oit), la sostenibilidad ecológica, la recuperación de los saberes ancestrales de los pueblos indígenas, el autodesarrollo étnico o el desarrollo con identidad. Todo ello en el contexto de las políticas públicas para el desarrollo ma-crorregional, como es el Corredor Biológico Mesoamericano y el Plan Puebla-Panamá (hoy Proyecto Mesoamericano), así como los proyectos de desarrollo de la selva chiapaneca como el Proyecto de Desarrollo Social Integrado y Sostenible (Prodesis) con la asistencia técnica y financiera de la Comunidad Europea.

En ese paisaje discursivo, las organizaciones indígenas y campesinas del municipio demandaban el “reconocimiento” a las formas locales para la toma de decisiones de los pueblos indíge-nas, que amparaba la reforma constitucional en materia indígena del 2001, y que tuvo un entrecruce con el diseño de la pm como un mecanismo por medio del cual –afirmaban las autoridades municipales– se aplicaban políticas de representación y respeto a la diversidad étnica en el municipio.

Así la implementación de la pm inició con una consulta que tuvo como resultado la definición de ocho microrregiones (vid. Ilustración 2). En cada una de esas microrregiones, se daría respuesta a las demandas del reconocimiento y respeto a la diversi-dad y a la planeación de un desarrollo con identidad, a través del mecanismo de participación. Se instaló una asamblea integrada por un representante (con derecho a voz y voto) por cada una de las comunidades y de las organizaciones con presencia en la mi-crorregión, que se instituyeron como Consejo de Participación Social Microrregional. Al interior de cada asamblea, se formó un órgano llamado Colectivo Coordinador (cc) integrado por cinco representantes de comunidad y cinco de organizaciones. En las asambleas, se priorizaría la obra pública a implementar y los cc serían los responsables de dar seguimiento y evaluación a los “apoyos” recibidos.

Poblado

Limite municipal

Frontera

I Centro

II Valle Periferia

III Tojolabal

IV Frontera

V Selva I

VI Selva II

VII Nuevo Plan de Ayala

VIII Lucha Campesina

-92º -92º 30´

16º

30´

16º

30´

-92º -92º 30´

N

CHANAL

ALTAMIRANO

OCOSINGO

COMITAN DEDOMINGUEZ

LA TRINITARIA

LA INDEPENDENCIAMARAVILLATENEJAPA

República de Guatemala

Ilustración 2. Las Margaritas, Chiapas. División micro regional

Fuente: Elaboración propia con imágenes de Laige Ecosur

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De la planeación del gasto a la gestión pluralista de las políticas públicas

La pm se entendía como parte integral del sistema nacional de planeación democrática; por lo que —más allá del horizonte utópico planteado en el diseño de la política pública—, en términos operativos pretendía responder a las tareas de priorización de la obra pública municipal. Por ello, una vez formalizada la instalación de los ocho Consejos en 2002, se procedió a la toma de decisiones, en la que destacó la “identificación” del tipo de proyectos a apoyar a partir de los recursos disponibles. Esta forma de operación denotó que el principal incentivo que orientó la participación fue-ron los recursos, en particular aquellos que provenían del rubro “desarrollo social”, coloquialmente conocidos como “fondo perdido”.

No obstante, el equipo técnico del ayuntamiento apelaba a las orientaciones estratégicas del diseño de la política públi-ca en torno a orientar el gasto público desde la “pulverización de recursos” a obras que tuvieran “impacto microrregional”. Esto tuvo como consecuencias que los Consejos planearan obras que requerían más recursos y, en el segundo año de opera-ción, indígenas y mestizos de los cc, se encontraron con una importante restricción entre lo que deseaban y los recursos disponibles para poder hacerlo. Con ello, comenzaron las de-mandas respecto de evitar que la obra pública “importante” se concentrara en la cabecera municipal y que deberían conocer el techo financiero con el que contaban para poder, ahora sí “priorizar” obras con efecto microrregional.

En respuesta a las presiones de las organizaciones so-ciales y los cc, el cabildo tomó un acuerdo sin precedentes para el ejercicio presupuestal 2004: 10% del presupuesto estaría dedicado a las acciones del cmpse, 20% para el área urbana (correspondiente a los cc Centro y Valle Periferia) y el 70% restante entre seis cc, es decir, se estableció un techo financiero de 11.6% del presupuesto municipal a cada mi-crorregión. Este acuerdo, que se encuentra aún vigente, daba respuesta a la añeja demanda de lograr un “reparto equitativo y justo” del presupuesto.

En muchos sentidos, el 2004 fue crucial para la pm de Las Margaritas. La implementación del Prodesis, de aplicación para el área núcleo y de amortiguamiento de la Reserva de la Biósfera “Montes Azules” (Rebima) a través de un modelo de trabajo que seguía los principios del programa Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale (leader), se estableció como prioritario para el gobierno estatal, pero mo-dificaba lo avanzado por el gobierno municipal. No obstante, organizaciones, autoridades y cc del municipio reaccionaron a lo que consideraban una “imposición” que, aunque les ofrecía más recursos y apoyos para proyectos, les duplicaba los esfuerzos de planeación y asistencia a reuniones. El des-

contento subió de tono, pues, el presidente de Las Margaritas aprovecho para introducir la discusión sobre la autonomía municipal y obligó a una reunión el viernes 20 de agosto de 2004 en las oficinas del Prodesis, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, entre los miembros del cc, la autoridad municipal, la asistencia técnica internacional y los representantes del Prodesis, en cuya minuta de trabajo se asentó el siguiente resolutivo:

Para el desarrollo de las acciones pidss-Prodesis generó sus delimitaciones territoriales y sus órganos de represen-tación … el H. Ayuntamiento de las Margaritas (sic.), se había creado el Coplader y paralelamente con el Modelo del Programa Sustentable, la creación del Colectivo Coordinador … Figuras que se fusionaran para la for-mación del Consejo de Participación de Microrregional Indígena (sic.).

Estas acciones condujeron a crear la “ventanilla única” de planeación sobre partidas presupuestarias de los tres órdenes de gobierno que atienden los mismos rubros. Con ello se cumplía con la añeja aspiración de “acercar el gobierno a la gente” y la coordinación intergubernamental. Estos logros mostraron las limitaciones operativas del ayuntamiento, pues, el equipo técnico se vio, por mucho, rebasado. Así, en el periodo de gobierno municipal 2005-2007, se reforzó de forma institucional el acuerdo existente de asignar a un regidor del ayuntamiento como “correa de transmisión” y medio de comunicación constante entre este y los cc. A las tradicionales comisiones del cabildo, hoy día se asigna la comisión de regidor de microrregión.

A un mismo modelo de política pública local, le han correspondido resultados diversos en cada microrregión y, desde luego, no todos halagüeños. Sin embargo, las auto-ridades municipales de las tres gestiones han actuado con apego a una ética de la responsabilidad política frente a su ciudadanía que es diversa en los sentidos cultural, político, religioso e ideológico. Esa responsabilidad ha facilitado lo que el autor llama una gestión pluralista de la política pú-blica. Los resultados se explican por las necesidades especí-ficas, los actores políticos locales y las culturas particulares que existen en cada microrregión, que encontraron en los Consejos microrregionales un espacio para su expresión política.

Consideraciones finales

Ixtacuy (2004), Rodríguez (2004, 2007, 2008 y 2009) y Rodríguez y Rodríguez (2008a y 2008b) analizaron en su momento de apogeo a los programas de Las Margaritas y concluyen que la clave del éxito son: la atención a demandas sociales focalizadas

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y priorizadas, la mezcla de recursos con instancias estatales y federales, la adecuada construcción de la agenda pública y, la participación de la “ciudadanía”, acompañada de un fuerte compromiso político por parte de la autoridad municipal.

La pm ofrece, por un lado, un diseño de política pública bien ejecutado, mejoras continuas para adaptarse a las nue-vas condiciones del contexto, un equipo de trabajo (técnico y político) comprometido con el programa y la población, así como el paisaje discursivo-ideológico en el que se

observa el exitoso entrecruce de los discursos de la política local con los discursos globales sobre respeto y participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones. Por el otro, la combinación de esos factores facilita la innovación institucional que conduce al uso eficaz de recursos, ampliar la cobertura de beneficiarios, la movilización de la ciuda-danía y, al incluir a los grupos organizados en la toma de decisiones, vencer la atávica desconfianza entre indígenas y mestizos que llevó a una mayor legitimidad gubernamental.

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economía y reproducción social* - diversidad cultural e ... · subdesarrollo y el atraso de ese...

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