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derecho a una vida libre de violencias

Estado dE situación y manual para la dEmanda y rEstitución

dE los dErEchos dE las mujErEsderecho a una vida libre de violencias

Estado de situación y manual para la demanda y restitución de los derechos de las mujeres

Derecho a una vida libre de violencias

Coordinación general de la investigación y publicación:

Equipo técnico del proyecto “Mujeres, Derecho y Gobernabilidad

en la Frontera Norte del Ecuador”

Natacha Benítez, Carmelina Moran y Nubia Zambrano Mendoza.

Apoyo técnico: Universidad Politécnica Salesiana

Carrera de Gestión para el Desarrollo Local Sostenible

Av. 12 de Octubre y Wilson

Teléfonos: (593-2) 3962800

Web: www.ups.edu.ec

Quito-EcuadorInvestigación y

elaboración: Viviana Maldonado Posso / Cecilia Mena Carrera,

Carrera de Gestión para el Desarrollo Local Sostenible

Universidad Politécnica Salesiana

Edición y revisión de contenidos: Paulina Torres (Abya Yala) / Viviana Maldonado (UPS)

Diseño, diagramación

e impresión: Editorial Abya Yala

Dirección: Av. 12 de Octubre y Wilson

Teléfonos: (593-2) 2506251

www.abyayala.org

Quito-Ecuador

Fotografía: CARE-Ecuador

CARE Ecuador

El Nacional N39-139 y El Telégrafo

Teléfono: (593-2) 2253615

Web: www.care.org.ec

Quito-Ecuador

Tiraje: 600 ejemplaresISBN: 978-9978-10-180-3

Quito, julio 2014

El proyecto Mujeres, Derechos y Gobernabilidad en la Frontera Norte del Ecuador es una iniciativa implementada por CARE,

Frente de Defensa de la Amazonia (FDA) y Corporación de Solidaridad y Derechos Humanos de Imbabura (COSDHI). Su objetivo

general es reforzar el papel de la sociedad civil en la promoción de los derechos humanos y de las reformas democráticas, en el apoyo

a la conciliación pacífica de los intereses de diferentes grupos y en la consolidación de la participación y la representación política.

Esta iniciativa es cofinanciada por la Unión Europea a través de su programa de promoción de la democracia y derechos humanos.

La Unión Europea no necesariamente suscribe todos los criterios vertidos en este documento.

Contenido

Presentación 9

PARTE I Estado de situación para la restitución de los derechos de las mujeres en las provincias de Imbabura y Sucumbíos, con énfasis en el derecho a una vida libre de violencias 13

I. Contexto general de la situación de los derechos de las mujeres en el Ecuador 15

II. Contexto de la situación de los derechos de las mujeres en las provincias de Imbabura y Sucumbíos desde la diversidad étnica y de movilidad humana 21

Introducción 21

2.1 Provincia de Imbabura: cifras y análisis sobre la situación de las mujeres y su reflejo nacional 22

2.2 Cifras y análisis sobre la situación de las mujeres en la provincia de Sucumbíos y su reflejo nacional 30

III. Estado de situación de derechos de las mujeres, con énfasis en el derecho a una vida libre de violencias 41

3.1. El desarrollo de la indagación 44

Conclusiones 61

Específicas 61

Generales 65

Bibliografía 67

PARTE IIManual de incidencia política para la demanda y restitución de los derechos de las mujeres en las provincias de Imbabura y Sucumbíos, con énfasis en el derecho a una vida libre de violencias 69

Lista de abreviaturas 70

I. ¿Qué es la incidencia política? 71

1.1. ¿Qué implica hacer incidencia política? 72

1.2. Tipos de incidencia política 73

1.3. ¿Para qué hacer incidencia política? 74

II. ¿Qué se requiere para hacer incidencia política? 75

2.1. ¿Cuál es el objetivo general de un proceso de incidencia política? 75

2.2. ¿Cuáles serían los objetivos específicos (resultados esperados) para alcanzar el general? 76

2.3. Resumiendo los resultados, producto de la incidencia y negociación política... 77

III. Pasos o fases para la incidencia política desde un enfoque de derechos 79

PASO 1: FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO 79

3.1. Factores internos a tener en cuenta para la incidencia política 81

3.2. ¿Cómo coordinar internamente procesos de incidencia? 83

3.3. La importancia de la comunicación externa –generar opinión pública 85

PASO 2: SENSIBILIZACIÓN E INFLUENCIA CON TOMADORES /AS DE DECISIÓN 89

3.4. Factores a tener en cuenta para el cabildeo con tomadores/as de decisión 89

PASO 3: CONSTRUCCIÓN DE AGENDA POLÍTICA DE DERECHOS DE LAS MUJERES 91

3.5. ¿Cómo se construye la Agenda de derechos de las mujeres? 91

3.6. ¿Cómo incorporar los temas de Agenda de las mujeres en las políticas públicas? 94

3.7. ¿Qué es un presupuesto sensible al género? 95

PASO 4: INCIDIR EN LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS 96

PASO 5: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 97

3.8. ¿Para qué sirve el monitoreo? 97

3.9. ¿Qué permite el monitoreo y evaluación? 99

3.10. ¿Cómo se puede hacer un seguimiento desde la sociedad civil? 100

3.11. ¿Qué es la rendición de cuentas? 101

IV. ¿Con quién y en dónde vamos a incidir? 103

4.1. ¿Dónde queremos ubicar estas demandas? 104

4.2. ¿Con quiénes vamos a incidir? 107

4.3. ¿Qué queremos lograr con nuestra acción de incidencia? 109

4.4. ¿Cómo se toman las decisiones para que este Plan de Desarrollo Local incorpore las demandas de derechos de las mujeres? 112

4.5. Incidencia en las instituciones regionales y / o locales 114

4.6. ¿Cómo sabemos que nuestras demandas están siendo consideradas/cumplidas? 115

4.7. Instancias de participación ciudadana en los Gobiernos locales 117

4.8. Mecanismos e instrumentos de participación ciudadana 119

4.9. Formas de control social 122

4.10. Rendición de cuentas de las autoridades ante la ciudadanía 123

Glosario 125

Bibliografía 127

Presentación

CARE en Ecuador, en asocio con el Frente de Defensa de la Amazonía (FDA) y la Corporación Solidaridad y Derechos Humanos de Imbabura (COSDHI), implementó, en las provincias de Imbabura Sucumbíos, el proyecto “Mujeres, Derechos y Gobernabilidad en la Frontera Norte de Ecuador”. Esta iniciativa, financiada desde la línea de derechos humanos de la Unión Europea, tuvo como objetivo general “reforzar el papel de la sociedad civil en la promoción de los derechos humanos y de las reformas democráticas, en el apoyo a la conciliación pacífica de los intereses de diferentes grupos y en la consolidación de la participación y la representación política”. De manera más específica se buscó “promover el ejercicio y restitución de derechos humanos de mujeres indígenas, afro descendientes y refugiadas víctimas de violencia y discriminación, tomando en cuenta sus necesidades e identidades particulares y profundizando el enfoque de articulación, coordinación y vinculación entre actores de gobierno, sociedad civil y cooperación”.

Afrontar los retos que implican los procesos de movilidad humana, en particular de niñas y mujeres, significó que el proyecto aborde de manera holística las dimensiones de interculturalidad, racismo (dis-criminación) y violencia intrafamiliar y de género, entendidas como causas y efectos de la exclusión a las que se hallan sometidas las pobla-ciones desplazadas y migrantes del conflicto colombiano y las familias de apoyo o acogientes en el país de destino (Ecuador). La investiga-ción empírica y la experiencia práctica de CARE y otras organizacio-nes que intervienen en la frontera norte determinan que la movilidad humana tiene rostro de mujeres pobres, jóvenes y, en alto porcentaje, de pobladoras rurales indígenas o afrodescendientes.

Monzón (2006) define a la migración como un fenómeno dinámico y multicausal asociado a la lógica de la acumulación del capitalismo glo-balizado y a sus efectos económicos, políticos, culturales y sociales que dan lugar a la reconfiguración de sociedades, comunidades y familias. En la misma dirección, Bonder (2014) sostiene que las transforma-

Proyecto Mujeres, Derechos y Gobernabilidad en la frontera Norte del Ecuador

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ciones en la estructura económica global traen como consecuencia el cambio en la dinámica y estructura de los flujos migratorios, concen-trando los mismos, particularmente, en mujeres. Explica que las condi-ciones sociales y culturales de los países de origen y de destino estructu-ran los procesos de socialización, identidad y pertenencia de las mujeres migrantes. Finalmente, Bauman (2014) conceptualiza a los procesos migratorios como estrechamente unidos a las lógicas de consumo y de mercado; diferencia, sin embargo, entre el desplazamiento humano de aquellos que detentan el poder o están en mejores condiciones en la escala de la división sexual del trabajo (turistas) con el aquellos excluidos y en condiciones de pobreza y exclusión (vagabundos).

Desde estas perspectivas la reflexión sobre movimientos migrato-rios deriva en el debate sobre la ciudadanía más allá de las fronteras de los países y como un elemento fundamental a la hora de mirar a mujeres y varones como sujetos de derechos. Desde un enfoque de derechos humanos es imposible separar pertenencia de género y per-tenencia étnica del ejercicio de derechos; estos, además son elementos clave a la hora de construir una identidad personal matizada por el sentido de vinculación y pertenencia que la migración pone en duda, o, al menos, en contradicción.

Entonces, dos aspectos fundamentales que se hallan en la reflexión sobre flujos migratorios femeninos en sociedades globalizadas y sus-tentadas en la acumulación capitalista tiene que ver con: i) la cons-trucción de la interculturalidad como un proceso en permanente cambio y transformación; y, ii) la discriminación y racismo que se oculta, algunas veces de manera velada y otras de modo abierto, frente al “otro” diferente.

En relación a la pertenencia étnica o cultural es indispensable pun-tualizar que tradicionalmente los proyectos de construcción de estados nacionales no vislumbraban la constitución de sociedades intercultu-rales y pluriétnicas, esas nociones tampoco estuvieron presentes en los proyectos emancipadores de los movimientos sociales y, dentro de ellos, de los movimientos feministas. De manera amplia, los proyectos de nación fueron pensados desde una perspectiva de varones adultos oc-cidentales y blancos. Esa posición o perspectiva para pensar la realidad determinó estructuras institucionales (e incluso propuestas de trans-formación social) que dejaban de lado consideraciones generacionales,

1Estado de situación para la restitución de los derechos de las mujeres

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de género o de pertenencia étnico cultural. En países con alta concen-tración de población indígena, joven y femenina, en la práctica, esas miradas derivaron en excluyentes de más del 60% de la población.

Gargallo (2011) plantea que las cosmovisiones de las mujeres indígenas y de aquellas provenientes de procesos de revalorización de la cultura afrodescendiente consideran lógicas de identidad colectiva y de sobrevivencia social, alejadas de la emancipación individual, estas nociones son difíciles de entender desde lecturas sociales y feministas occidentales; sin embargo su presencia, su voz y su protagonismo dan lugar a construcciones éticas que subvierten la relaciones políticas es-tructurales tradicionales.

La conformación de sociedades interculturales en sociedades glo-balizadas plantea la hibridación cultural como un reto que puede ser una experiencia creadora y emancipadora o, al contrario, como procesos de alienación y desarraigo traducido en rechazo e impoten-cia cultural (Bauman, 2014). La interculturalidad, como proceso en construcción, pasa por la incorporación del “otro” diferente desde sus propias lecturas de la realidad basadas en una cosmovisión particular y en prácticas de adaptación social aprendidas en contextos tradicio-nales de adversidad y exclusión. Cuando la conformación de estados plurinacionales desde la interculturalidad resulta un acto fallido, la respuesta social y psicológica de la población que ve amenazado su status quo derivada en el temor al “otro” diferente y se concreta en elementos velados o abiertos, tanto institucionalizados como cotidia-nos de discriminación, racismo y xenofobia.

Lamas (2011) explica al racismo como un mecanismo perverso (“fórmula mágica”) para reducir al mínimo los costos de la produc-ción capitalista y aquellos generados por problemas socio políticos que los gobiernos nacionales y sus sociedades no los pueden abordar ni resolver; desde esta mirada el racismo deviene en una estrategia (consciente o inconsciente) de explotación y acumulación capitalista y en un mecanismo para identificar en un sujeto social los conflictos sociales subyacentes. Plantea además que el racismo se concreta en prácticas de violencia, desprecio, intolerancia, humillación y exclusión; se perfila a través de discursos y representaciones mentales de segre-gación; se articula en torno a discursos de la alteridad (nombre, color de piel, prácticas religiosas); y, finalmente, se organiza en sentimientos y emociones que se concretan en acciones.


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La discriminación y el racismo se dirigen a la pertenecía cultural o étnica pero se matiza por la pertenencia de género y por las condicio-nes de vulnerabilidad social, siendo especialmente dura y excluyente contra las mujeres.

Desde este marco conceptual, CARE y la Universidad Politécni-ca Salesiana establecieron un acuerdo de cooperación con el fin de avanzar, desde la academia, en un proceso de reflexión y discusión crítica sobre el estado de la demanda y restitución de derechos de mujeres víctimas de diferentes formas de violencia en la frontera norte del Ecuador. La investigación desarrollada se fundamentó en procesos participativos de acción, reflexión y acción y consideró la experiencia en intervenciones locales focalizadas en el empoderamiento de niñas y mujeres con la cuentan CARE, FDA y COSDHI.

El conocimiento generado, en conjunto con organizaciones sociales y de mujeres determinó, además, la construcción de un manual de in-cidencia política para la demanda y restitución de los derechos de las mujeres con énfasis en el derecho a una vida libre de violencias. Dicho manual se nutrió de la experiencia de CARE y de las organizaciones sociales en procesos de incidencia en políticas públicas.

Esta publicación conjuga, entonces, información cualitativa y cuantitativa relevante sobre cómo trabajar la prevención y restitu-ción de derechos desde el empoderamiento y la participación; teoría y práctica desde enfoques de género, interculturalidad y derechos humanos; políticas públicas y cotidianeidad de mujeres y varones que construyen en el día a día una vida digna; investigación académica y práctica social basada en intervenciones sostenibles; gestión del cono-cimiento y escalamiento de modelos.

CARE y la Universidad Politécnica Salesiana comparten con or-ganizaciones sociales y de mujeres, organismos no gubernamentales y entidades de gobierno este trabajo de investigación reflexión y pro-posición que no es más que un conjunto ordenado de planteamientos, prácticas y vivencias que se gestan día a día con persistencia, alegría y optimismo en poblaciones acogientes y en situación de movilidad humana en la frontera norte del Ecuador.

Fernando UndaRepresentante / Director CARE en Ecuador

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demanda y restitución de los derechos de las mujeres en las

provincias de Imbabura y Sucumbíos, con énfasis en

el derecho a una vida libre de violencias

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I. Contexto general de la situación de los derechos

de las mujeres en el Ecuador

En el campo de garantía de derechos humanos ha sido interesan-te y decidor hacer una comparación de las encuestas de estadísticas y censos de 2001 con las realizadas en el 2010-2011, respectivamen-te, por el Instituto Nacional de Estadísticas, INEC. En este sentido la última Encuesta Nacional de relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres, realizada por el INEC, 2011 y el Censo Nacional efectuado en 2010 demuestran algunos importantes avances y también desafíos aún pendientes en materia de igualdad de oportu-nidades y derechos entre mujeres y hombres.

Se puede anotar como importantes avances lo señalado por el INEC (2010: 12):

Ecuador ha evolucionado en términos de equidad de género, reflejan-do diferencias en acceso a educación, empleo y tecnología entre hombres y mujeres. Esto permite hablar de una mejora en acceso a oportunidades y, además, ante el cambio demográfico de hogares se presentan: reducción de matrimonios y de número de hijos/as por hogar. La mujer tiene un rol más activo en la economía y la vida social del país alejándola del rol clásico de ama de casa con menores niveles de educación y a cargo del cuidado de niños/as.


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Sin embargo, la situación y condición de las mujeres en el país, en general no es tan prometedora. De acuerdo al análisis que realiza el Consejo Nacional de Transición hacia la igualdad de género (CDT, 2011), la feminización de la fuerza laboral no ha logrado acompañar prácticas y servicios que permitan a las mujeres desarrollar su vida laboral y familiar, y menos aún que dé cuenta de transformaciones de esquemas culturales que permitan una mayor democratización de las labores domésticas. La mayor participación de las mujeres en la economía reproduce las tradicionales desigualdades remunerativas, informalidad y el encasillamiento en estereotipos de género respecto al sector productivo en que ellas actúan.

Muchos de los puestos de trabajo a los que acceden las mujeres siguen regidos, en gran medida, por diversos tipos de precariedad. Así mismo, el incremento de mujeres en sitios de poder y toma de de-cisiones –aunque se ha democratizado relativamente con la inclusión de un mayor número de mujeres en varios espacios de poder público- la participación y presencia de mujeres indígenas, afroecuatorianas y de sectores populares, continúa siendo minoritaria. Los cargos de autoridad unipersonales, a diferencia de los cargos colegiados o que se eligen mediante listas, siguen mostrando grandes brechas en contra de las mujeres, como en tiempos pasados, básicamente se debía a la no aplicación de la normativa constitucional de la paridad y alternan-cia. Así por ejemplo, las mujeres candidatas para las concejalías en el 2009 fue del 46%, sin embargo de este porcentaje sólo el 28,6% fueron electas (Consejo Nacional Electoral, 2009).

De los datos presentados en el documento Mujeres y hombres del Ecuador en cifras III, realizado en base al Censo de Población y vivienda-2010, Censo Agropecuario, Estadísticas de hogares y otras producidas por el INEC, se pueden obtener información reveladora de las brechas aún existentes entre mujeres y hombres.

La población económicamente activa (PEA) es mayoritariamente masculina, con el 42,5% mujeres y el 67,4% hombres. El subempleo y la desocupación perjudican más a las mujeres que a los varones; mientras que el 60,4% de mujeres se encuentran subempleadas el 49% de hombres está en este segmento. Sin embargo, la tasa de ocupación global es similar entre hombres y mujeres, con un promedio de 95% entre ambos sexos, pero la diferencia se marca en las categorías ocu-


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pacionales, por ejemplo las mujeres asumen empleos relacionados al trabajo doméstico y los hombres como peones o jornaleros, en los casos en los que el nivel de educación no es alto.

El ingreso promedio de los hogares, según la jefatura del hogar varía mucho si es mujer u hombre la cabeza de hogar, y también si vive en el área urbana o rural. Así por ejemplo, a nivel urbano si la jefatura es femenina el ingreso promedio es de $693 dólares y si es masculina es de $936 dólares. En área rural si la jefatura es femenina el ingreso promedio es de $302 dólares, mientras que la jefatura masculina tiene un ingreso de $448 dólares (CDT, INEC, 2012: 95).

Por otra parte, los microemprendimientos representan el 95% del sector empresarial en el Ecuador yde este porcentaje el 50% son de propiedad de mujeres. De este total el 51% son víctimas de violencia de género, situación que impacta negativamente en la rentabilidad de sus emprendimientos, llegando a representar un promedio de 54 días que dejan de trabajar al año y pierdiendo $370 dólares cada mujer, como resultado de la violencia (Programa regional ComVoMujer-GIZ, 2013: 19-21).

Con respecto a la tenencia de la tierra por jefatura de hogar: el 86,6% de mujeres no tiene ninguna propiedad, en comparación con el 77,9% de hombres. En cuanto a la población ocupada en la agricultura se puede evidenciar que en Imbabura las trabajadoras remuneradas que se dedican a esta actividad, apenas son el 21% en comparación con el 79% de hombres. Las trabajadoras no remuneradas constituyen el 38% frente al 62% de hombres que se dedican en mayor proporción a esta actividad (CDT, INEC, 2012: 98).

Según la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo en el Ecuador, la carga global de trabajo medida en horas promedio a la semana, entre hombres y mujeres, es de 22 horas a la semana que trabajan más las mujeres que los varones. Y las mujeres dedican 24 horas semanales a realizar actividades domésticas, 18 horas más que los hombres que solo usan 6 horas de su tiempo para estas actividades (INEC, 2013).Así por ejemplo en Imbabura los hombres tienen una carga laboral de 61:26 horas, mientras que las mujeres 80:05 horas a la semana. A nivel rural la brecha es más grande, los hombres un total de 81:47 a la semana y 59:34 horas las mujeres. En la Amazonía los hombres la


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carga global laboral es de 59:38 horas y de las mujeres 77:17 (Mujeres y Hombres en Cifras III).

Las principales causas de morbilidad para las mujeres son las com-plicaciones relacionadas con el embarazo y el parto con cerca del 22%, como promedio nacional (INEC, CDT, 2012:48-49) Entre las princi-pales causas de muerte materna se encuentran las enfermedades rela-cionadas a la complicación del embarazo, parto, posparto y puerperio. En caso de Imbabura solo para el 2011 se contabilizaron 11 muertes y en Sucumbíos 8. Número promedio de controles médicos durante el último embarazo oscila en el área urbana en un 3,9 y en área rural en 2,7. En área urbana las mujeres son atendidas por médicos en un 78%, mientras que en los sectores rurales apenas en un 58%, siendo mayormente las comadronas o familiares las que brindan atención en un parto (INEC, CDT, 2012: 54).

El examen de papanicolau no se han realizado en un 58% las mujeres que viven en el área rural en comparación con el 45% del área urbana. En cuanto al uso de métodos anticonceptivos es comparati-vamente similar entre el sector rural y urbano, incluso en el área rural utilizan más.

El análisis de la CDT permite evidenciar que a pesar de contar con servicios gratuitos de salud, la mortalidad materna se ha incrementa-do y, el embarazo adolescente muestra tasas que continúan en incre-mento, impactando en la vida de miles de mujeres jóvenes. Por otro lado, se evidencia que las tasas de no matrícula en el nivel medio son elevadas, reflejando el peso de las tareas domésticas entre las niñas y adolescentes que no asisten al sistema escolar (Vásconez, 2011: 16).

Aunque existe un Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género, como política de Estado y de carácter interinstitucional, el país no ha logrado hacer frente al tratamiento de esta problemática que en los últimos años han visto crecer los femicidios1. Las mujeres indígenas y afro continúan siendo las más afectadas por la desigual-

1 El femicidio/feminicidio o asesinato de mujeres por razones de género es la manifestación más extrema de la violencia contra las mujeres. Es la muerte de las mujeres por el hecho de serlo y estos crímenes son cometidos no solo por desconocidos sino también por la pareja, ex pareja o familiares de las mujeres.


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dad y la discriminación, de la que son objeto a nivel de la sociedad e instituciones del Estado.

Según la Encuesta nacional de relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres del INEC, 2011 el promedio nacional de la mujeres que han vivido algún tipo de violencia de género es del 63%. En el caso de Imbabura llega al 63,5% y en Sucumbíos al 54,8%.

En otra línea CDT pone en evidencia que, a pesar de que los hogares son más pequeños y sus integrantes tienen mejor nivel educativo, los roles de género no se han modificado como lo requieren las transfor-maciones vividas actualmente. Colocando la urgente necesidad de de-mocratizar el encargo de los cuidados que realizan las mujeres, propi-ciando a que el Estado contribuya activamente a revertir esta práctica mediante la instalación, ampliación y masificación de servicios públicos orientados a otorgar prestaciones de salud y cuidados a las personas de todos los grupos y poblaciones que los requieran, así como a motivar el cambio de patrones culturales sobre los roles de género.

Otros factores de sostenimiento de las desigualdades están asociados a causas estructurales, como los problemas que aquejan a las mujeres en las economías rurales, donde sus condiciones, ya sea como trabajadoras asalariadas o no asalariadas, siguen siendo parte de los ciclos de reproducción de la pobreza. Por el contrario, no se obtiene data sobre otros ciclos virtuosos donde las mujeres campe-sinas–muchas de ellas indígenas y afroecuatorianas—potencian sus saberes y sus roles de productoras, artesanas, comerciantes y sanadoras, aumentan su autonomía y su poder, aportando a una mejor calidad de vida para sus familias. A ello se une la falta de una adecuada gene-ración de información desagregada por sexo en relación con la pro-ducción agropecuaria, cuyo enfoque en las unidades de producción impide contar con información de mejor calidad sobre las personas que viven y trabajan en el campo, en especial las mujeres.

De manera general, hay que decir que la mayoría de las mujeres y hombres productores del campo se concentran en estas labores con poca instrucción primaria o ninguna instrucción. A partir de allí, conforme asciende el nivel educativo, baja abruptamente la partici-pación de mujeres y hombres como productores/as agrícolas, lo cual muestra los patrones de valoración del país hacia este sector producti-vo de gran importancia para la vida nacional.

21

II. Contexto de la situación de los derechos de las mujeres

en las provincias de Imbabura y Sucumbíos desde la diversidad étnica y de movilidad humana

Introducción

Es importante indicar que la recopilación y sistematización de esta información, proviene de estas fuentes principales: Censo nacional (INEC, 2010), encuestas nacionales (ECV, 2009, 2012) y registros ins-titucionales (SIISE, 2007, 2012; CODAE-CODENPE, SISPAE, 2007), Encuesta Nacional de relaciones familiares y violencia de género (INEC, 2011) y análisis de datos elaborados por la Comisión de Tran-sición hacia el Consejo de Igualdad de Género (CDT).

La tarea emprendida da cuenta de la gran dificultad que represen-ta el tener acceso a datos desagregados por sexo, y particularmente sobre las mujeres ecuatorianas de la diversidad: indígenas, afroecua-torianas y migrantes o en situación de movilidad. Es por ello que se ha visto necesario trabajar con las cifras generadas por la Secretaria Técnica del Frente Social a través del Sistema Integrado de Indicado-res Sociales del Ecuador SIISE (2007, 2013), el Sistema de Indicadores


22

Sociales del Pueblo Afroecuatoriano SISPAE (2007) y las Cifras de los Pueblos Afroecuatoriano, Montubio e Indígena a partir del Censo de Población y Vivienda (2010-2011) y a otras fuentes que han sido le-vantadas por la Comisión de Transición hacia Consejo de Igualdad de las Mujeres, o por la Cooperación internacional para poder reflejar el estado de situación de las mujeres. No obstante es importante recalcar que estos datos en su mayoría son de carácter nacional, especialmente sobre la población afroecuatoriana, indígena y en movilidad humana.

A continuación se presenta un cuadro general por cada provincia (Imbabura y Sucumbíos) a partir de los cuales se realiza una desagre-gación de la situación de los derechos de las mujeres, en un análisis cruzado desde su derecho a una vida libre de violencias.

2.1 Provincia de Imbabura: cifras y análisis sobre la situación de las mujeres y su reflejo nacional


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29

Imbabura

Imbabura es una provincia de la Sierra Norte del país, confor-mada por seis cantones: Ibarra, Antonio Ante, Cotacachi, Otavalo, Pimampiro y Urcuqui. La población de la provincia de acuerdo al Censo de 2010 es de 398 244 habitantes, ubicados/as el 52% en el área rural y el 48% en el área urbana, de la cual el 46% son hombres y el 51,4% son mujeres.

La provincia se caracteriza por sus atractivos turísticos: lagos, launas, cascadas, volcanes, y su riqueza cultural. La población de la provincia está marcada por una importante diversidad étnica y de-mográfica. Según la última estadística del INEC de 2010, Imbabura tiene un 65,7% de mestizos, 2,7% de blancos, 25,8% indígenas, 5,4% afroecuatorianos y otros/as.

En Imbabura, la pobreza extrema según Necesidades Básicas Insatisfechas-NBI (personas que habitan en hogares con dos o más necesidades básicas insatisfechas), revela según el INEC (2010), que Imbabura el 15,70% de su población está viviendo en extrema pobreza por NBI, frente al porcentaje nacional de 15,20%, es decir unos tantos puntos sobre el total nacional. Esta cifra se agudiza al ser analizada por condición cultural, étnica, donde el 33,6% de población afro-ecuatoriana y 57,2% de población indígena se encuentra en extrema pobreza por necesidades insatisfechas.

La pobreza por NBI, determina el acceso y uso de los servicios elementales que facultan las condiciones mínimas de vida, permite también reflejar la situación de la población. En el caso de Imbabura afecta al 54,70% de las personas Imbabura que es alta comparada con el porcentaje nacional 33,8%; acentuándose en términos de diversi-dad étnica o cultural, afectando al 69,8% de las personas indígenas, y al 88% de la población afroecuatoriana. En el caso de las mujeres, en el cantón que con mayor complejidad se presenta la pobreza es Cotacachi (72,6%), seguido por Pimampiro (71,7%) y Urcuqui (71,4%) (INEC,CDT,2012: 161).

Por otra parte al analizar la situación de las mujeres de la provincia, respecto a habitar en viviendas en condiciones inadecuadas, las cifras revelan que Pimampiro presenta un porcentaje importante del 31,6%,


30

seguido por Otavalo 22,6% y Cotacachi con el 22,2% (INEC, CDT, 2012: 97).

La cantidad de población que recibe a nivel nacional el Bono de Desarrollo Humano (BDH) de acuerdo al Sistema Integrado de Indi-cadores Sociales del Ecuador SISPAE, 2007, es de 27,7% la población afroecuatoriana, el 21,80% población indígena y el 17,4% de población no indígena. De este grupo, según (SISPAE,2007) la participación de las mujeres y ancianos indígenas y afrodescendientes beneficiarios/as del BDH es mayor que la participación de las mujeres y ancianos indígenas y afroecuatorianos/as en el total de población en referencia.

Todos estos factores se convierten en determinantes para generar y reproducir la violencia contra las mujeres, que como veremos a con-tinuación, está relacionada con varios derechos como la educación, la salud, la vivienda, el patrimonio e imposibilitando a las mujeres de vivir una vida digna libre de violencias.

2.2 Cifras y análisis sobre la situación de las mujeres en la provincia de Sucumbíos y su reflejo nacional


31

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37

Sucumbíos

Sucumbíos, ubicada al nororiente del país, es parte de la Zona de Planificación Norte según la nueva estructura de territorialización de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES2; su capital es Nueva Loja (Lago Agrio). De acuerdo al Censo de Población de 2010, la población de Sucumbíos es de 176 472 habitantes.

El 39% de la población de Sucumbíos se encuentra en el área urbana y el 61% en el área rural; 45,6% de la población total son mujeres, lo que significa que el Índice de Masculinidad en la provincia es de 119,2. Esto último se explica en parte por la gran migración de hombres entre los 30 y 44 años, que llegan a la provincia o se mueven al interior de ésta, para trabajar especialmente en las petroleras, madereras o palmeras. A pesar de esto, la oferta de mano de obra masculina ha disminuido en los últimos años en los grupos etarios a partir de los 20 años de edad, mientras que en las mujeres se ha incrementado (INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010). Sin embargo, la tasa de parti-cipación en el mercado laboral varía mucho entre hombres y mujeres: Hombres representan en 68,9% y las mujeres el 32,8% de la población económicamente activa.

La provincia de Sucumbíos se caracteriza por su diversidad étnica. Habitan en el mismo territorio cinco pueblos indígenas: Siona, Secoya, Cofán, Shuar y Kichwa; además de una importante población afrodes-cendiente. La concentración de la nacionalidad Achuar es del 0,91% al 2,58%, de la Siona es del 87,07%, de la Kichwa es del 0,99 al 2,74%, Awa del 0,54 al 2%; de la Cofán es de 66,67% y finalmente Shuar y Zápara entre el 1,8 -2,53% (Cifras de los pueblos afroecuatoriano, montubio e indígena, INEC, CODENPE y CODAE, 2011).

La riqueza cultural y de biodiversidad de esta zona “...se encuentran amenazadas por la extracción indiscriminada de recursos naturales…”

2 La Zona de Planificación 1-Norte, está integrada por las provincias de Esmeral-das, Carchi, Imbabura y Sucumbíos, conformada por 26 cantones, 144 parro-quias rurales y 39 parroquias urbanas, distribuidas en un área de 42 498 km2

correspondiente al 16,6% del territorio ecuatoriano (INEC, Censo 2010).


38

(SENPLADES, 2009), lo que ha significado también por los desplaza-mientos forzados de poblaciones de sus territorios ancestrales.

En cuanto a la educación superior de la población afro, apenas un 3 a 5% ha obtenido un título a este nivel de educación. El total de la población afroecuatoriana es de 1% (INEC, CODENPE y CODAE, 2011).

En las provincias de la Amazonía, cerca de la mitad de niños y niñas son indígenas de nacionalidades diversas. Sin embargo, la deserción escolar duplica al promedio nacional y por lo general los maestros/as no manejan otras lenguas. A esto se suma que constituye una de las provincias con la más alta tasa de analfabetismo: 6,8%.

La pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) en esta provincia alcanza el 87,05%. Sucumbíos es una de las provincias que registra porcentajes más altos de pobreza siendo las mujeres las más pobres, por lo que se requiere de políticas orientadas a disminuir la brecha de inequidades. “El deterioro de la situación social y económica de Sucumbíos tiene un impacto muy importante en las mujeres, pues sus posibilidades de ingresos son muy reducidos, lo cual restringe su movilidad y genera inseguridad económica, un incremento de su carga de trabajo e inestabilidad familiar” (Gloria Camacho, 2005). Existe una alta demanda de servicios básicos, especialmente acceso a agua y alcantarillado. Apenas el 13% de la población tiene acceso a la red pública de agua potable y el 39,2% accede por pozos; mientras que el 35,3% usa agua de ríos o acequias (Censo Población y Vivienda, INEC, 2011).

De manera particular, la provincia de Sucumbíos ha sido histórica-mente desatendida por los diferentes gobiernos de turno, sin conside-rar su lejanía de las grandes urbes y particularmente, por tratarse de una zona marcada por el conflicto que vive el vecino país de Colombia, lo que ha significado que la población de Sucumbíos viva en perma-nente inseguridad y vulnerabilidad, sobre todo las mujeres indígenas y en situación de movilidad. Los impactos que tienen las mujeres en esta provincia, producto del conflicto armado en Colombia tienen que ver con el constante desplazamiento, violencia sexual, económica y de manera particular, son víctimas de trata y tráfico con fines de explota-ción sexual. Si bien no se cuenta con data estadística, investigaciones como la de FOSIN, UE y GIZ (2011) muestran que en la provincia


39

90% de mujeres vinculadas a la prostitución provienen de Colombia. Poseen cédulas de identidad registrando su nacionalidad como ecua-torianas, en muchos casos también les legaliza como mayores de edad.

A esto se suma el limitado acceso a la justicia y el permanente des-plazamiento de personas. Según datos de ACNUR, en la región fron-teriza hay 84 000 colombianas/os, de los cuales 20% son niños y niñas. En Sucumbíos, al igual que en Esmeraldas, mujeres y niñas, entre ellas las desplazadas y refugiadas colombianas, son víctimas de explotación sexual (PNBV, 2009: 143).

Cabe anotar que Sucumbíos es una de las provincias que registran las más altas tasas de mortalidad infantil y materna, para el año 2007, la tasa de mortalidad por causas maternas en esa provincia fue de 150,2 muertes maternas por cada 100 000 nacidos vivos, mientras que el promedio nacional es de 90,2 (PNBV, 2009: 195).

El 30% de los hogares en la provincia tiene más de ocho miembros, seguida con un 19% de seis miembros por familia (Censo Población y Vivienda, INEC, 2011). Lo que demuestra que el crecimiento po-blacional va en aumento. Considerando que la edad media de la población es de 24,9 años y el embarazo adolescente en las edades entre 15-19 años es del 23,4%.

En Sucumbíos existe una importante presencia de organizacio-nes sociales, eclesiales, comunitarias y de base, algunas de las cuales han surgido en el marco de proyectos estatales y de la coopera-ción internacional.

III. Estado de situación de derechos de las mujeres, con

énfasis en el derecho a una vida libre de violencias

Los instrumentos internacionales de derechos humanos vinculan-tes como la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana de Belén do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y no vinculantes como la Declaración de Derechos Humanos de Viena, el Programa de Acción de El Cairo y la Plataforma de Acción de Beijing brindan un marco jurídico amplio de protección y garantía de los derechos de las mujeres, especialmente del derecho a una vida libre de violencias.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer incluye la siguiente definición de violencia contra las mujeres como “todo acto de violencia basado en la perte-nencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.”

La Declaración y Programa de Acción emanada de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en junio de 1993, establece en el párrafo 18: “Los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales”. Más adelante demanda a los Estados, eliminar “la violencia y todas las formas de acoso y explotación sexuales, en particular las derivadas de prejuicios culturales y de la trata interna-


42

cional de personas son incompatibles con la dignidad y la valía de la persona humana...”.

La CEDAW no contempla un artículo específico sobre violencia; sin embargo, la definición sobre discriminación permite entender que la violencia contra las mujeres es una forma extrema de discri-minación y violación de los derechos que requiere de la acción del Estado. La Convención de Belém do Pará es el instrumento especí-fico más completo en este ámbito y señala en su artículo 7 que “Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin di-laciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia”.

El Programa de Acción de El Cairo (1994), insta a los Estados a: “… adoptar medidas exhaustivas para eliminar todas las formas de explo-tación, abuso, acoso y violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas”.

Nos interesa recoger otras formas extremas de violencia contra las mujeres, como se plantea en el párrafo 4.9 del mismo Programa de Acción de El Cairo: “Los países deberían prohibir las prácticas degra-dantes como el tráfico de mujeres, adolescentes y niñas y la explota-ción por medio de la prostitución, y deberían prestar especial atención a la protección de los derechos y la seguridad de las víctimas de esos delitos y de quienes estén en situaciones que se pueda explotar, como las mujeres migrantes, las empleadas domésticas y las escolares”.

La violencia contra las mujeres fue considerada una esfera de especial preocupación en el marco de la Cuarta Conferencia Mundial de Mujeres celebrada en Beijing en 1995, tal como se establece en la Plataforma de Acción; señala que no es posible lograr la igualdad, el desarrollo y la paz mientras se ejerza violencia contra las mujeres, en tanto se está violentando sus derechos.

En la Constitución de la República del Ecuador de 2008 se establece claramente en el artículo 66, el reconocimiento y garantía a las personas el derecho a la integridad personal, que incluye: “a) La in-tegridad física, psíquica, moral y sexual; b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado.”

Se señala igualmente que las víctimas de violencia doméstica y sexual deben recibir atención prioritaria y especializada en los ámbitos


43

público y privado, considerando particularmente a las personas que viven situaciones de doble vulnerabilidad (Art. 35).

Por otra parte, la Conferencia de Durban ratifica que el racismo y la exclusión están estrechamente ligados a la pobreza, el subdesarrollo, la marginación, la exclusión social y las desigualdades económicas. En el país las estadísticas oficiales revelan que históricamente la pobreza es más acentuada en afroecuatorianas y en población indígena.

A pesar de este contexto y bagaje legal existente, tanto a nivel in-ternacional como nacional, las inequidades sociales, las relaciones de poder y subordinación de género son determinantes para que exprese la violencia contra las mujeres en sus múltiples formas; en Ecuador 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia de género, es decir 3 260 340; 1 de cada 4 mujeres ha vivido violencia sexual; no obstante, la forma más recurrente de violencia de género es la psico-lógica con el 53,9%, le sigue la física con el 38%, la patrimonial con el 35,3% y la sexual con el 25,7% (INEC, 2011).

De otro lado, Ecuador es el país de América Latina con mayor número de refugiados/as, y una de las razones para esta situación es el conflicto interno que vive Colombia, lo cual incide en la dinámica poblacional del país.

Datos de la Coalición por las migraciones en el 2011 indican que en la frontera norte existe una población colombiana de 53 000 personas que necesitan refugio. En el resto del país esta cifra llega a las 180 000 personas. De los análisis de caso la coalición indica que se ha regularizado a un limitado porcentaje.

La situación de la población desplazada, en particular la que se asienta en la frontera norte víctima del conflicto del vecino país, requiere de mayor protección, al menos en el campo de los derechos básicos: educación, salud, trabajo y vivienda. Las cuales en el caso de las mujeres en situación de movilidad humana se exacerban ya que los estereotipos las ubican como blancos fáciles de la violencia física, psicológica, económica y sexual; la educación es un bien difícil de acceder ya que se solicita que la población cuente con una cédula de identidad, documento que se obtiene en los casos en que se ha logrado regularizar o por medios ilegales.


44

3.1. El desarrollo de la indagación

3.1.1 Violencia física, sexual y psicológica

Datos de violencia física, sexual y psicológica contra las mujeres en Imbabura

DATOS VIOLENCIA FUENTE IMBABURA AFRO INDÍGENA IMIGRANTE

Mujeres que

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INEC, 2010.

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Mujeres y hombres en cifras III

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Encuesta Violencia INEC, 2010

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HomicidiosFiscalía, 2012 casos Imbabura

16%

Violencia psicológica

Encuesta Violencia INEC 2010

53,90%


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DATOS VIOLENCIA FUENTE IMBABURA AFRO INDÍGENA IMIGRANTE

Patrimonial y/o económica


16,10%Le quitó sus pertenen-cias 34%no tenía bienes comunes 16%usted se quedó con los bienes 16,2%no han llegado a un acuerdo 12,6%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INEC, 2010, SISPAE, 2007, Mujeres y hombres en cifras, OIM. *Los datos en azul son nacionales.

De acuerdo a las cifras levantadas por la Encuesta Nacional de Violencia de Género contra las Mujeres del INEC (2011), podemos ver que la violencia de Género se establece como una problemática que aqueja fuertemente a las mujeres de las provincias de Imbabura y Sucumbíos. En Imbabura en un 63% (frente al total nacional que es del 60%). En Sucumbíos al 55%. A nivel nacional se refleja que la violencia afecta al 67,8% de las mujeres afroecuatorianas y al 66,70% de las mujeres indígenas.


46

Las mujeres indígenas, afrodescendientes y migrantes siguen siendo las personas más afectadas por la violencia de género, y se puede deducir de los casos o testimonios recabados en talleres y entrevistas con informantes clave, que las diferentes formas de violencia hacia las mujeres inciden con mayor fuerza y se ve reforzada por un contexto xenófobo, racista, homofóbico, adultocéntrico, y violento de la sociedad ecuatoriana. A lo que se suma la doble o triple discriminación que sufren las mujeres por su pertenencia étnica o por su condición migratoria, así como por su edad, orientación sexual, las expone a una posición extremadamente vulnerable.

Fuente: CRS, Consultoría para implementar un sistema de monitoreo de casos judicializados, de violencia hacia las mujeres. Énfasis en población indígena, afrodescendiente y migrante.

El porcentaje de mujeres que han vivido violencia por parte de su ex pareja o su pareja en Imbabura reporta el 51%, cifra cercana al total nacional que es del 55,3%. En Sucumbíos 41,9% admiten que han sufrido violencia por parte de su pareja o ex pareja. Este tipo de violencia afecta al 55,3% de las mujeres afroecuatorianas y al 59,3% de las mujeres indígenas. Es decir tanto a nivel nacional como en las pro-vincias de Imbabura y Sucumbíos este valor es alto, reflejando que más de la mitad de la población femenina que está expuesta a este flagelo.

En tanto que la violencia física contra las mujeres en el país, de acuerdo al INEC (2011) representa 38%; el 25% corresponde a violencia sexual y el 53,9% la violencia psicológica.

De acuerdo a la información presentada por la Fiscalía, 2012 respecto a violencia sexual, indican que en Imbabura estos casos reportan: 56% por violación, 22% por atentado al pudor y el 7% por acoso. El porcentaje de homicidios (femicidios) a mujeres es del 16% (Fiscalía, 2012). En el caso de Sucumbíos, en cambio los casos de violación sexual que fueron reportados de enero a diciembre de 2010 fueron 85, de los cuales solo siete recibieron sentencias condenatorias, pero ninguno absolutorias.


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Fuente: Fiscalía General de la Nación, 2012

Según datos de la Fiscalía General del Estado el número de denuncias de violencia sexual registradas entre enero de 2012 y mayo de 2013 alcanzó un total de 336 casos en Imbabura. Siendo la ciudad de Ibarra la que más casos ha reportado, seguida de Otavalo.

Fuente: Fiscalía General de la Nación, 2012


48

Según el análisis de violencia contra las mujeres, en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Imbabura (2007), en la provincia la violencia psicológica es mayor para las mujeres de 20 a 34 años de edad; no se presentan diferencias significativas en el grupo por tipo de educación, sea esta solo primaria, o educación secundaria. La violencia física presenta porcentajes más altos en mujeres de 29 años, sin mayores diferencias por escolaridad o situación económica. Según este dato, la violencia sexual prevalece en las mujeres jóvenes de Imbabura.

Se evidencia que las mujeres de Imbabura en particular en algunos cantones como Cotacachi, viven restricciones sobre su autonomía y libertad. La violencia, la coerción, las amenazas, el temor y riesgo per-manente que corre la vida de las mujeres las obliga a limitar su expe-riencia a su más mínima expresión. En esta situación se acrecientan las barreras para acceder a la educación formal, a salud, a empleo, a controlar y decidir sobre su vida sexual y reproductiva y a participar en la comunidad.

En la percepción de los actores locales, la violencia hacia las mujeres se agrava en el entorno familiar, por las dificultades de acceso a la justicia; la naturalización de la violencia como forma de resolver conflictos, y la falta de formación sobre derechos fundamentales (SNU, 2007).

Datos de violencia física, sexual y psicológica contra las mujeres en Sucumbíos

DATOS FUENTE SUCUMBíOS AFRO INDÍGENAS

Mujeres que

han vivido algún

tipo de violencia

de género

Mujeres y hombres

en cifras III

INEC 2010. ENCUESTA

VIOLENCIA

55% frente a total

nacional 60%

67,80% 66,70%

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Diagnóstico de Mujeres y brechas de desigualdad. CDT, Censo INEC 2010 y otros datos

Casos de violación de enero a diciembre 2010: 85. De las cuales 7 sentencias condenatorias, 0 ab-solutorias. Porcentaje de casos: 1,8%

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DATOS FUENTE SUCUMBíOS AFRO INDÍGENAS

Denuncias en

Comisarías

Diagnóstico de Mujeres y brechas de desigualdad. CDT, Censo INEC 2010 y otros datos

1 057 casos en el 2010Tasa de denuncia con respecto a población: 60 (Tasa x 10.000Hab)No. de Comisarías: 1

Violencia

psicológica


53,90%

Patrimonial


16,10%Le quitó sus per-tenencias 34%,no tenía bienes comunes 16%,usted se quedó con los bienes 16,2%,no han llegado a un acuerdo 12,6%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INEC, 2010, SISPAE, 2007, Mujeres y hombres en cifras, OIM. *Los datos en gris son nacionales.

En el caso de Sucumbíos las mujeres viven las múltiples violencias considerando también factores como el desplazamiento y movilidad que han tenido que realizar muchas de ellas, tanto desde el vecino país de Colombia como de otros lugares del país. En el caso de las mujeres desplazadas y refugiadas, sobre todo si su condición de residencia no está legalizada, tienen mucho más dificultades de salir del círculo de la violencia de género, debido a que no cuentan con apoyo de familiares directos, tienen mayor dependencia económica de sus parejas y tienen mayores temores de establecer una denuncia. Cuando sus parejas son ecuatorianas se ejercen presiones y chantajes por su condición legal en el Ecuador.

3.2.2 Violencia económica y/o patrimonial

Según el INEC (2011), la violencia patrimonial se refleja a nivel nacional en el 16,10% de la población mujeres. De este grupo al 34% le quitaron sus pertenencias, el 16% no tenía bienes comunes, el 12% no ha llegado a un acuerdo.


50

Derechos económicosDatos derechos económicos desde la perspectiva de

género en Imbabura y a nivel nacional

EMPLEO FUENTE IMBABURA INDÍGENA AFRO IMIGRANTE

Población

empleada

Cartilla Provin-cial INEC 2010

Situación socio económica afro-ecuatorianos/as e indígenas PNUD 2008

96 323 hombres 21,1%/ 65429 mujeres 16,4%

M 45,4%

H 79,6%

m 50,7%

h 80,8%

Población Económica-mente Activa

INEC, 2010Cartilla Provin-cial Imbabura

204 580 mujeres 51,3%, 193 664 hombres 48,6%

Empleo según actividad

INEC, 2010Cartilla Provin-cial Imabura

SISPAE 2007

Mujeres:Cuenta propia 20 832 Empleadas privadas 18 362 Empleado del Estado 8 689Empleada doméstica 5 361Empleada no remunerada 1 344Patrona 2 843Socia 803

Agricultura 59,6%Minería 0,3%Industria 6,4%Construc-ción 7,4%Comercio 11,2%Transporte 1,7%Servicios 0,6%Otros 12,7%

Agricultura 25,7%Minería 0,6%Industria 8,2%Construc-ción 7,3%Comercio 18,4%Transporte 3,8%Servicios 3,1%Otros 33 %

Desempleo / Población inactiva

INEC 2010Cartilla Provincial CEPAL (04)SISPAE 2007

5% total nacional95 243 mujeres 23,9 %51 625 hombres 12,9%

12,7% h17,1% m

9,7% m3,2% h

23%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INEC, 2010, SISPAE, 2007, Mujeres y hombres en cifras, OIM. *Los datos en rojo son nacionales.


51

En el ámbito de equidad económica, acceso a recursos, las cifras nos permiten ver que se ha producido un mejoramiento de las opor-tunidades y condiciones de empleo y la disminución de las brechas de género.

En este sentido en Imbabura, a pesar de que la población total de mujeres es mayor, el porcentaje de población empleada es menor, es decir en el caso de las mujeres es del 16%, frente a los hombres 21% (Cartilla Provincial de Imbabura, INEC 2010); porcentaje que vemos se duplica en el caso de las mujeres afrodescendientes 45,4% mujeres, frente al 79,6% hombres, y se profundiza en el caso de las mujeres indígenas 50,5% frente al 80,8% (PNUD, 2008).

Al hacer un cruce de las cifras del INEC podemos ver que las mujeres en Imbabura representan el 51,3% de la PEA, y solo están empleadas el 16%. Al ver las cifras de sobre el empleo de las mujeres según actividad, podemos ver que el número de mujeres que trabajan por cuenta propia es el más alto. A lo que se suma la falta de seguridad social, beneficios y generalmente haciendo labores de cuidado. La necesidad de las mujeres de conjugar el trabajo reproductivo, con el trabajo remunerado hace que tomen o acepten trabajos de mala calidad, ya que el tiempo dedicado a actividades domésticas es signi-ficativamente mayor (84 horas a la semana) que el dedicado por los hombres (60 horas a la semana).

Las consecuencias de no participar en el mercado laboral, como el hacerlo en condiciones de desventaja se traducen en desigualda-des en la cobertura de seguridad social y jubilación. Ello excluye a gran cantidad de mujeres no asalariadas tanto en Imbabura como en Sucumbíos.

PNUD, 2008 refleja que del grupo poblacional nacional, el 45% de mujeres afroecuatorianas está empleada y el 50,7% de mujeres indígenas, frente al 79,6% y 80,8% de los hombres respectivamente. Según actividad, las mujeres de forma mayoritaria trabajan infor-malmente 31%, seguido por las empleadas privadas 28%, empleadas del estado 13%, empleadas domésticas 8%, no remuneradas el 4%, patronas 2%, socias 1%. Según el Sistema Integrado de Indicadores Sociales (2007) se refleja que la población afroecuatoriana labora ma-yoritariamente en la agricultura 59%, y el comercio 11,2%; mientras


52

que la población indígena en la agricultura 25,7%, la construcción 7,3% y el comercio 18,4%.

De acuerdo a la Cartilla Provincial de Imbabura (INEC, 2010), esta refleja que el 23,9% de las mujeres está desempleada, frente al 12,9% de los hombres en la provincia. Que en el caso de la población afroecuatoriana representa un 12,1% para hombres y 17,1% para las mujeres; en el caso de la población indígena representa el 9,7% para las mujeres y el 3,2% para los hombres. Esto en la población en situación de movilidad humana se incrementa al 23% de acuerdo a CEPAL (2004). Es decir las cifras de desempleo de Imbabura son altas para las mujeres en general y para las mujeres diversas en particular, si consideramos que el total nacional es del 5%.

Según el estudio de la situación de las mujeres rurales (FAO, 2008), se refleja que en base al Censo Nacional Agropecuario 2000, en el Ecuador las extensiones de menos de cinco hectáreas representan el 63% del tamaño de la propiedad en el sector rural, y solo el 6,3% hace referencia a áreas superiores a este valor.

En este sentido el estudio nos indica que la situación se complejiza al hacer una relación hombre/mujer de la propiedad. Las mujeres pro-ductoras o gerentes solamente participan del 25,4% del total del UPA y del 10,5% del total de la superficie (FAO, 2008: 74)

En este mismo reporte se indica que no existe mayor diferencia de participación entre los trabajadores rurales masculinos de sierra y costa (46% y 47%), sin embargo la mujer agrícola de la sierra tiene una mayor presencia laboral de cerca el 65% frente a la mujer rural de la costa (46%). La población agrícola 71% declaró no recibir ingresos, frente a un 29% que manifestó tenerlos. Además la in-cidencia de trabajo remunerado ocasiona y permanente es menor en las mujeres que en los hombres (FAO, 2008: 76; Fuente: Censo Agrícola, 2006).

Se indica que en cuanto a población económicamente activa, las mujeres del sector agrícola son las que menor promedio de ingresos perciben (88,5 dólares), comparado con los hombres (182 dólares).

Tenencia de la tierra, según la FAO (2008), las unidades de pro-ducción agrícola, según el censo de 2000 evidenciaban ya una brecha de 33,9% mujeres, frente a 66,03% hombres. De este total según la encuesta, el 68% de las mujeres poseen título de propiedad. La


53

dinámica de mercado en el sector rural está definida mayormente por la agricultura, según FAO (2008).

Las mujeres en situación de movilidad y desplazamiento forzado que se encuentran tanto en Imbabura como en Sucumbíos viven la violencia económica y patrimonial de manera diferente, porque muchas de ellas no pueden obtener un empleo fijo y se dedican al mercado informal con negocios que no les rinden económicamente, y cuando llegan a reunir recursos, el factor de no estar regulariza-das dentro del país les impide tener acceso a crédito o a la compra de bienes para ampliar sus negocios. Otras están en dependencia económica con sus parejas, lo cual refuerza las violencias ejercidas hacia ellas.

Se evidencia que hay una estrecha relación entre violencia de género y condiciones económicas limitadas o escasas que tienen las mujeres que son víctimas de esta violencia. En el caso de las mujeres en movilidad y desplazamiento, en su mayor parte dependen econó-micamente de sus parejas (en caso de tenerlas), de negocios precarios que tienen como parte del mercado informal, o de empleos esporádi-cos. Situación que les hace más vulnerables y con posibilidades de que vuelvan con sus parejas agresoras.

En el caso de Sucumbíos mientras el 60,9% de hombres no aportan al seguro social (IESS), el 68.3% de mujeres tampoco aporta, es decir no está afiliada. Es decir, el 26,7% de hombres están asegurados y solo el 22% de mujeres lo está.


54

3.2.3 Violencias estructurales

SaludDatos de Salud de Imbabura y a nivel

nacional desde la perspectiva de género

SALUD FUENTE IMBABURA INDÍGENA AFRO IMIGRANTE

Aporte a seguro salud


SISPAE, 2007

99 416 (no aporta mayoría)64,1 % hombres65,% mujeresIESS 25% h / 25% mIESS Seg. Campesino 4,8% h / 2,7 % mIESS Seg. voluntario 1,9 % h / 1,7 % mIESS jubilado 1,2% h / 0,7 % m

IESS:23,4 h17,5

IESS:26,9 H14,5 M

n/a

mortalidad materna

INEC 2010 14,9% (complicación parto, nivel nacional)

118,8/1000 nacidos vivos /frente al total nacional que es de 104,9/100

n/a n/a n/a

embarazo adolescente

Mujeres y hombres en cifrasMSP, 2010 Mujeres indígenas

UNFPA, 2010

12 a 14: 0,6 %15 a 19: 19,20%

Por cada 1000 mujeres /100 adolescentes

27%

lugar de atención del parto

SIISE, 2007 Centros públicos 65,7%Centros privados 25,5%

Centro público 80%Casa 7,3%Comadrona 2,3%

Centro público 44,6%Casa 47,8%Comadrona 7,6%

Uso de anticon-ceptivos

INEC, 2006 /FAO Mujeres rurales

MSP, 2010 Mujeres indígenas

Ninguno 43%,ligadura 17,10%,píldora 11,94%,ritmo 7,55%,condón 1,54%

3,10%


55

3.2.3 Violencias estructurales

SaludDatos de Salud de Imbabura y a nivel

nacional desde la perspectiva de género

SALUD FUENTE IMBABURA INDÍGENA AFRO IMIGRANTE

Aporte a seguro salud


SISPAE, 2007

99 416 (no aporta mayoría)64,1 % hombres65,% mujeresIESS 25% h / 25% mIESS Seg. Campesino 4,8% h / 2,7 % mIESS Seg. voluntario 1,9 % h / 1,7 % mIESS jubilado 1,2% h / 0,7 % m

IESS:23,4 h17,5

IESS:26,9 H14,5 M

n/a

mortalidad materna

INEC 2010 14,9% (complicación parto, nivel nacional)

118,8/1000 nacidos vivos /frente al total nacional que es de 104,9/100

n/a n/a n/a

embarazo adolescente

Mujeres y hombres en cifrasMSP, 2010 Mujeres indígenas

UNFPA, 2010

12 a 14: 0,6 %15 a 19: 19,20%

Por cada 1000 mujeres /100 adolescentes

27%

lugar de atención del parto

SIISE, 2007 Centros públicos 65,7%Centros privados 25,5%

Centro público 80%Casa 7,3%Comadrona 2,3%

Centro público 44,6%Casa 47,8%Comadrona 7,6%

Uso de anticon-ceptivos

INEC, 2006 /FAO Mujeres rurales

MSP, 2010 Mujeres indígenas

Ninguno 43%,ligadura 17,10%,píldora 11,94%,ritmo 7,55%,condón 1,54%

3,10%

MOVILIDAD HUMANA FUENTE IMBABURA INDÍGENA AFRO IMIGRANTE

Familias

desplazadas

Coalición por

las migracio-

nes 2012

55661 (nac)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INEC 2010, SISPAE 2007, Mujeres y hombres en cifras, OIM. *Los datos en azul son nacionales.

Respecto a la salud, la Cartilla Provincial de Imbabura, INEC, 2011 evidencia que la mayoría de la población no aporta al seguro social 24,96%. Del porcentaje de personas que aporta el 64,1% son hombres y el 65% mujeres. De este grupo, según el SISPAE, 2007, en la población afroecuatoriana, solo el 17,5% de las mujeres y el 23,4% los hombres cuentan con afiliación. En la población indígena, la situación es más compleja, estando afiliados solo el 29,6% de los hombres frente al 14,5% de las mujeres. En el caso de Sucumbíos el 68% de las mujeres y el 61% de hombres no tienen afiliación al IESS.

La mortalidad materna en Imbabura es de 118,8 muertes por cada mil mujeres, que es aún más alta que la tasa nacional de 104,9. En Sucumbíos es más alta: 167,9.

El embarazo adolescente en el Ecuador presenta según UNFPA una tasa de 100 adolescentes por cada 1 000 mujeres. Siendo su presencia mayor entre las jóvenes de 15 a 19 años. Según el Ministerio de Salud pública en 2010, el 27% de mujeres indígenas presenta embarazo adolescente. De acuerdo al Ministerio de Salud Pública 2010, solo un 3,10% de las mujeres indígenas usa algún método anticonceptivo. FAO (2007) en su estudio sobre el estado de situación de las mujeres rurales reveló que el 43% de las mujeres no utiliza ningún método, el 1,7% ligadura, 11,9% píldora, ritmo 7,55% y solo el 1,54% condón.

Según el SIISE (2007), en el caso de las mujeres indígenas y afro-ecuatorianas el 44,6% y el 80% de los partos han sido atendidos en centros públicos.

Según un estudio presentado en el 2010 por el Ministerio de Salud, OPS, OMS, UNFPA y UNIFEM, se indica que en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, se comprueba que las mujeres indígenas enfrentan mayores problemas asociados al embarazo, parto, postparto,


56

planificación familiar, a la prevención y atención a la violencia de género; se indica a su vez que en términos de embarazo adolescente según esta fuente tomando datos del Plan Nacional de Prevención de Salud Adoles-cente (2007) se indica que un 7,6% de indígenas en la franja de edad de 15 a 17 años ha sido madre, ascendiendo a un 31% en la franja de 18-19 años, porcentaje que solo es superado en madres afrodescendientes.

Educación Datos de educación de Imbabura y a nivel nacional

desde la perspectiva de género

EDUCACIÓN FUENTE IMBABURA INDÍGENA AFRO

Años

promedio

educación

INEC 2010

Cartilla provin-

cial Imbabura

8,2 mujeres

8,9 hombres

sector rural 6

Analfabe-tismo

INEC 2010Cartilla provin-cial Imbabura

10% general15,56 % mujeres9% hombres

7,9 % M7,4 % H

26,7% M13,7% H

Tasa neta de asistencia Educación Media

INEC 2010SIISE 2007 (diversidad)

51,73% Mujeres48,66 % Hombres

36,98% 38,81%

Nivel de educación Completa Mujeres

Situación socio- económica Afroecuato-rianos/as PNUD 2008

Primaria 15%Secundaria 16,2%Superior 9,2%

Prim. 24,1%Sec. 14%Sup. 4,2%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INEC 2010, SISPAE 2007, Mujeres y hombres en cifras, OIM. *Los datos en gris son nacionales.

En lo que a educación respecta, de acuerdo al INEC (2010), la Cartilla Provincial de Imbabura nos indica que el promedio de años de estudio es de 8,2 para las mujeres y el 8,9 para los hombres, es decir se llega a la educación media. No obstante en el área rural el número de años es de 6, es decir se llega a completar la educación básica. El analfabetismo es de 10% para la población en general, valor que se incrementa en el caso de las mujeres al 15,5% y disminuye en el caso


57

de los hombres al 9%. En este sentido, de acuerdo al SIISE (2007), la tasa de asistencia a la educación media es de 51,73% de las mujeres, y el 48,66% para los hombres. Esto nos permite corroborar lo que el estudio de PNUD de 2008 indica y es que, solo el 16% de la población termina la educación media.

En el caso de Sucumbíos la tasa de asistencia neta es de 73% entre la población entre los 15 a 17 años de edad. El promedio de años de escolaridad entre hombres y mujeres es de 8,7 para los hombres y de 8,3 para las mujeres.

El cantón con mayor porcentaje de analfabetismo, en la provincia de Sucumbíos, es Gonzalo Pizarro con 6,3%.

Hábitat y ViviendaDatos de hábitat en Imbabura y a

nivel nacional desde la perspectiva de género

VIVIENDA – HABITAT FUENTE IMBABURA INDÍGENA AFRO

Acceso a

vivienda

INEC, 2010

SIISE, 2007

Propia 47,5%

Arrendada 20,5%

H 64%

M 52%

H 47%

M 15,3%

Hogares / tipo de jefatura

Mujeres y hombres en Cifras III, 2012

FAO,2007 Situación mujeres rurales Ecuador

En hogares de 1 a 3 miembros la jefatura de hogar es femenina (14% al 21%). A partir de 4 a 5 miembros es masculina (22% al 18%)

urbana 3,81 H / 1,80 Mrural 16% H / 16,36% M

urbana 5,80 H / 1,89 Mrural 4,26% H / 6,68% M

Tamaño del hogar

ENDEMU, 2007 2,4 hijos 2,5 2,6

acceso a servicios : luz, agua, teléfono, internet

INEC, 2010Cartilla Provincial Imbabura INEC, 2010SISPAE, 2007

luz pública 98%servicio telefónico 38%agua pública 81,9%alcantarillado 71%internet 9,5

luz pública 73%servicio telefónico ,08%agua pública 19%alcanta-rillado

luz pública 88%servicio telefónico 21%agua pública 39%alcantari-llado 39%



58

De acuerdo al INEC (2010), y las cifras reflejadas a nivel pro-vincial, podemos ver en el tema de vivienda, el 47% de la población tiene vivienda propia. De acuerdo al SIISE (2007), el 52% de las mujeres indígenas poseen vivienda propia, frente al 15,3% de las mujeres afrodescendientes.

Respecto a la jefatura de hogar, Mujeres y hombres en cifras III (2012) revela que a nivel nacional los hogares De uno a tres miembros tienen jefatura femenina (entre el 14 y el 21% entre el sector urbano y rural) a partir de cuatro miembros la jefatura es masculina (22% al 18%). Por otra parte FAO (2007) en su estudio sobre las mujeres rurales en Ecuador evidencia que entre el grupo afroecuatoriano en el sector urbano la jefatura del hogar lo llevan los hombres en el 3,81% y las mujeres en 1,89%; mientras que en el área rural la jefatura de hogar es casi similar, 16% hombres y 16,36% mujeres. La situación de la jefatura del hogar para el grupo indígena en el sector urbano lo llevan 5,80% hombres, y 1,89% las mujeres; mientras que en el sector rural la jefatura del hogar la llevan mayoritariamente las mujeres 5,68% frente al 4,26% de los hombres.

Respecto al acceso a servicios básicos podemos ver que en la provincia de Imbabura hay una alta cobertura de estos servicios (sobre el 70%), mientras que entre la población indígena y afroecuatoriana vemos que excepto por el acceso a luz eléctrica que para los/as afro-descendientes es del 73% y para los pueblos indígenas del 88%, vemos que en el caso de agua pública y alcantarillado, el acceso para los/as afrodescendientes es del 19% y para los/as indígenas del es del 39%.

En el caso de Sucumbíos se observa una notable mejoría en la dotación de servicios de la vivienda desde el último censo del 2010 al penúltimo en el 2001. Sin embargo, a pesar de esta mejoría los servicios públicos de agua, se apunta que aún 6 853 hogares no tienen electricidad, 34 798 no tienen acceso al servicio telefónico, y el abas-tecimiento de agua por la red pública llega a 17 366 mientras que 25 416 hogares accede al agua por otras fuentes. 17 035 viviendas tienen acceso a la red pública de alcantarillado mientras que 25 747 no lo están. En la población afroecuatoriana, solo el 15,4 % de hombres y el 7,6 % de mujeres cuentan con afiliación al IESS. En la población indígena, la situación es más grave pues los hombres indígenas registran un porcentaje de afiliación al IESS de 7,2 % mientras las mujeres de tan solo 3,7 %.


59

3.2.4 Violencia política hacia las mujeres

Participación políticaDatos de Participación política desde la perspectiva de género

PARTICIPACIÓN POLÍTICA FUENTE IMBABURA INDÍGENA AFRO

Participación

política

Mujeres

SENPLADES Planifica-

ción 2009- 2013/CNE

Concejalas 28,6%

(46.1%)

Alcaldesas 6,3%

(11,8%)

Asambleístas

32,3% (47,5%)

Miembro juntas parro-

quiales 21,9% (42,7%)


Los resultados de elecciones tanto de país como provinciales dan cuenta que aún están lejos la equidad en la participación política, en términos no solo de representación sino de violencia hacia las mujeres políticas.

Participación política, a nivel nacional podemos ver que la brecha de selección entre hombres y mujeres se mantiene por sobre un 30%. Las cifras de las elecciones de 2009 reflejan que el porcentaje de mujeres candidatas y el número de mujeres electa es generalmente de la mitad. Sin embargo en los casos en los que existe un limitado número de candidatas, como es el caso de alcaldesas, evidentemen-te es menor el número de participación de las mujeres como auto-ridades. Este último aspecto como bien sabemos no depende de la voluntad de la mujer de correr en elecciones, sino de que el partido crea conveniente la posibilidad de tener una candidata para alcaldesa.

Las mujeres ecuatorianas han alcanzado un promedio de partici-pación de 29,3 por ciento en cargos de elección hasta 2010, lo cual muestra un cambio sensible respecto de los años noventa.

Destacan, de manera especial, el 60 % logrado en los cargos de parlamentarias andinas, el 47,8% de viceprefectas (alcanzado gracias a la aplicación de la norma de alternabilidad hombres – mujeres obli-gatorias) y el 32,6 % de asambleístas. A nivel de concejalías y juntas parroquiales, los porcentajes de participación de las mujeres son de 28,6 % para las concejalas y 21,9 % para las vocales de juntas parro-quiales. Los cargos de elección popular en franco déficit de mujeres son las alcaldías con apenas 6,3 % de mujeres y las prefecturas con 8,7 % de mujeres.

El avance en la presente década es significativo. En 1999, en los municipios apenas el 3,2 % eran mujeres alcaldesas o presidentas de concejo; el 8,2 % eran concejalas cantonales; el 6,3 % eran concejalas provinciales; el 4,8 % eran prefectas, y solo el 12,5 % eran diputadas (re-presentantes nacionales y provinciales) (CONAMU, INEC, 1999: 58).

61

Conclusiones

Específicas

1. Según los datos generales de la provincia de Imbabura, está habitada mayoritariamente por mujeres, con una importante presencia de mujeres indígenas y afrodescendientes. La mayoría de las mujeres de la provincia vive en el sector rural.

2. En la provincia de Sucumbíos, por el contrario, está habitada más por hombres que por mujeres y hay una mayor autodefinición de la población como mestizos/as, con un 75%.

3. Con respecto a la pobreza extrema por NBI en Imbabura es más alto (15,7%) que el total nacional (15,2%), y que esto se agrava en las mujeres afrodescendientes (33,6%) y de manera más profunda en las mujeres indígenas (52,7%). Respecto a la pobreza por NBI, está cifra en Imbabura (54,7%) casi llega a duplicar el total nacional (32,8%), en este caso las mujeres afrodescendientes (88%) son las más afectadas. En Cotacachi esta problemática está presente para el 72,6% de las mujeres.

4. En la provincia de Sucumbíos la pobreza extrema abarca al 33,2% de la población, lo cual se compatibiliza con el porcentaje en hogares con hacinamiento crítico que llega al 30,8%. El índice de feminidad es de 90,7% de la población de esta provincia.

5. La violencia de género afecta a más de la mitad de las mujeres en la provincia de Imbabura (63%), acentuándose para las mujeres


62

afrodescendientes (67%), e indígenas (66%). La violencia sexual de acuerdo a los reportes de Fiscalía (2012), evidencian que más de la mitad de los casos se da por violación (56%). En cuanto a violencia intrafamiliar la mayoría de las denuncias se producen en Ibarra. La violencia psicológica en la provincia es mayor entre las mujeres jóvenes (20 a 34 años) sin importar nivel de educación; mientras que la violencia física se presenta mayormente en mujeres adultas (29 años), sin diferencia por escolaridad, situación económica. La violencia sexual aflige mayormente a las adolescentes y jóvenes.

6. La violencia de género llega al 55% de las mujeres de la provincia de Sucumbíos y pese a que no se obtienen datos específicos para las mujeres afro e indígenas o migrantes, se puede trasladar el por-centaje nacional de 67% para las afro y de 66% para las indígenas. Lo que evidencia que las violencias de género inciden mucho más en las mujeres con diversidad étnica. Consecuentemente, las mujeres en condiciones de movilidad van sumando estos porcen-tajes, en cuanto a las múltiples violencias de la que son víctimas, incluida la trata y tráfico con fines de explotación sexual. Lo que más llama la atención es la tasa de denuncias que se registran con respecto a la población, de apenas es de 60 por cada 10 000 habi-tantes, es decir en el 2010 apenas se registraron en la Comisaría de la provincia 1 057 casos.

7. En cuanto a empleo, en la provincia de Imbabura solo el 16% de las mujeres está formalmente empleada. La mayoría trabaja en el sector informal (38%), esto se agrava para las mujeres afroecua-torianas (45,5%) y en mayor grado para las mujeres indígenas (50,5%). El desempleo afecta al 23% de las mujeres, valor alto al compararlo con el total nacional que es el 5%. Es decir casi la mitad de las mujeres trabaja por cuenta propia, o está desemplea-da, evidenciando que no tienen acceso a beneficios sociales.

8. En Sucumbíos, la Población Económicamente Activa (PEA) está es-tructurada de manera desigual entre hombres y mujeres. Apenas 21 253 mujeres es parte de la PEA frente a 50 237 hombres que sí forman parte de la PEA. Es decir, 40 831 mujeres de la provincia forman parte de la Población Económicamente Inactiva (PEI) frente a solo 20 565 hombres. Lo que se traduce en que el desempleo


63

afecta más a las mujeres que a los hombres y de manera similar que en Imbabura, apenas el 18% se encuentra formalmente empleada.

9. Solo la tercera parte de las mujeres (25,4%) participan como pro-ductoras de las unidades productivas agrícolas- UPAs. La presencia de la mujer en las actividades agrícolas en la sierra es alta (65%), no obstante, en su mayoría no percibe ingresos (71%).

10. En Sucumbíos hay una marcada diferencia entre la ocupación que tienen las mujeres y los hombres. Así por ejemplo, 12 398 hombres se desempeñan como empleados privados frente a 3 246 mujeres. Brecha que se puede explicar por la demanda de mano de obra masculina por parte de las empresas petroleras existentes en la provincia. De igual manera, la brecha de género se amplía cuando 15 236 hombres trabajan por cuenta propia, frente a 7 320 mujeres que lo hacen. Como empleado/a del Estado o institución pública también se evidencia la brecha de desigualdad, cuando 6 965 hombres se desempeñan como tal, frente a apenas 3 676 mujeres. Y, finalmente como patronos/as 1 130 hombres ejercen esta ocupación, frente a apenas 644 mujeres.

11. Las mujeres en situación de movilidad y desplazamiento forzado que se encuentran tanto en Imbabura como en Sucumbíos viven la violencia económica y patrimonial, por su condición migratoria; a esto se suman otros tipos de violencia como la cultural con ex-presiones como la xenofobia, y la social que las excluye de acceso a servicios como la salud o la educación.

12. La mayoría de la población de Imbabura (75%) no cuenta con seguridad social, lo hace solo una tercera parte de la población, de esta más de la mitad son mujeres (65%), de las un grupo reducido son afrodescendientes (17,5%), e indígenas (14,5%). Tanto la morta-lidad materna (118,8 x 1000) cómo el embarazo adolescente (100 x 1000) en Imbabura son altos. De acuerdo a los diferentes estudios, en lo que respecta a salud sexual y reproductiva, se conoce que el porcentaje de embarazo adolescente en las mujeres indígenas y afrodescendientes es de aproximadamente 27%; se conoce también que el 43% de las mujeres rurales no utiliza ningún tipo de método anticonceptivo. En el caso de las mujeres indígenas todavía es bajo (44,6%) el porcentaje de partos atendidos en centros públicos.


64

13. En Imbabura las mujeres llegan a completar la educación media en el área rural y la educación básica en el área rural. Las mujeres presentan un índice de analfabetismo alto (15,5%). La tasa de asis-tencia es del 51,3%, ello refleja que solo un limitado número de mujeres (16%) llega a concluir la educación media.

14. En el caso de Sucumbíos el analfabetismo es similar entre hombres y mujeres. Afectando al 3,1% de hombres frente al 3,7% de las mujeres. Sin embargo, el analfabetismo digital afecta más a las mujeres con el 35,6% frente al 29,8% de los hombres. Y el dato más alarmante es el porcentaje de madres adolescentes, compren-didas entre las edades de 15 a 9 años, bordea el 23,4% del total de esta población.

15. En Imbabura, el grupo de habitantes que tiene vivienda propia es casi de la mitad de la población (47%), no obstante, de este grupo solo el 15,3% de las mujeres afrodescendientes tiene vivienda. Por otro lado de estas, un 20% habitan viviendas en condiciones in-adecuadas. En cuanto a cobertura de servicios básicos, las cifras revelan que en temas de agua potable y alcantarillado el nivel de acceso es reducido para las mujeres afrodescendientes y precario para las mujeres indígenas. Respecto a la jefatura de los hogares, las cifras a nivel nacional indican que a nivel rural los hogares son de jefatura femenina.

16. En Sucumbíos el 48,5% de la población tiene acceso a la vivienda propia y totalmente pagada y el 23,5% arrienda. Los tipos de vivienda (particulares o colectivos) al que más tienen acceso en la provincia son las casas o villas, con un 67,6%. Lo cual permite deducir que el déficit de vivienda no es alto, considerando que el 88,4% usa gas como combustible para cocinar y apenas el 8,5% usa leña. Sin embargo, la red pública de alcantarillado llega apenas al 39,8% de la población, por lo que los servicios de saneamiento público aún son limitados, tomando en cuenta que 35,9% toma el agua tal como llega a su hogar.

17. En cuanto a violencia política, vemos que el acceso de las mujeres a la participación política es todavía reducido, tanto en Imbabura como en Sucumbíos. Las cifras nacionales dan cuenta de que la brecha de selección entre hombres y mujeres supera el 30%.


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Generales

Se evidencia que hay una estrecha relación entre violencia de género contra las mujeres y condiciones de vida socioeconómicas limitadas o escasas, que aún persisten en la sociedad ecuatoriana. La mayoría de las mujeres afro, indígenas y en situación de movilidad dependen en limitados casos de sus parejas, de negocios precarios como parte del mercado informal, o de empleos esporádicos. Por tanto no tienen servicios de seguridad social, y se encuentran limitadas a acceder a servicios de educación, salud o seguridad social.

De igual manera, el acceso a una vivienda digna es una asignatu-ra pendiente, ya que las cifras revelan que muchas de estas viviendas son precarias y no cuentan con servicios básicos de calidad, lo que impacta negativamente en sus vidas, acentuando las violencias contra ellas, no solo por parte de sus parejas o ex-parejas sino también por el Estado que las ubica en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Cuando dependen económicamente de sus parejas, las mujeres perciben que aumenta la violencia hacia ellas, porque es la forma más eficiente de ejercer el poder hacia ellas. Se puede deducir que la violencia económica se traduce en la prohibición de trabajar, no aporta la pareja o ex pareja con los gastos dentro del hogar y/o admi-nistra todos los bienes y recursos económicos del hogar.

A esta violencia se suma la violencia psicológica sobre todo a través de los chantajes emocionales que ejercen los agresores hacia las mujeres que se traducen en muchos casos en la presión para tener hijos/as y no acceder o utilizar algún método de anticoncepción o acceder a la anticoncepción quirúrgica definitiva (ligadura). Tanto en Imbabura como en Sucumbíos el acceso y controles médicos relacio-nados a su salud sexual y reproductiva es limitada y pocas mujeres se han realizado por ejemplo el examen de papanicolau.

En este sentido, la autonomía tanto económica como de los cuerpos de las mujeres es un elemento importante y central para lograr salir de las violencias ejercidas hacia ellas. Por ello se requiere el impulso de la exigibilidad de sus derechos (de las mujeres) por parte del Estado


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y paralelamente hacer procesos de sensibilización y empoderamiento de éstas.

La violencia de género se expresa y se genera en un contexto de relaciones de poder que se fomentan al interior de las familias, por lo que el tratamiento y abordaje desde la prevención es clave así como el proceso y seguimiento a las víctimas de violencia tiene que integrar también acciones de empoderamiento de las mujeres que les permita salir del constante círculo de la violencia de género.

Las violencias contra las mujeres tienen implicaciones muy profundas en la vida personal y colectiva de éstas, afectando grave-mente su nivel económico, político, social y cultural en la sociedad.

La violencia de género se expresa en violencia sexual, física, psi-cológica y económica. Generalmente estos tipos de violencia están interconectados entre sí, porque las mujeres las viven de manera combinada en varios momentos de su convivencia con los agresores o incluso cuando ya se han alejado del agresor.

Por otra parte, las concepciones, actitudes y comportamientos con respecto a la violencia de género que tienen las autoridades de las diferentes instituciones del Estado aumentan la violencia ejercida hacia ellas, a través de la revictimización que se fortalecen con prejui-cios y estereotipos de género en sus percepciones sobre las relaciones entre mujeres y hombres, las condiciones en las que se produce y los factores que inciden para su prevalencia.

Por otra parte, las instituciones estatales a nivel provincial y local no cuentan con los insumos suficientes y los mecanismos legales nece-sarios para atender apropiadamente a las víctimas de violencia intrafa-miliar y de género. Al igual que el nivel de conocimientos alrededor de las medidas de amparo de la Ley 103 es deficiente y no son aplicadas y ejecutoriadas como corresponde en los casos de denuncias realizadas.

Paralelamente, existe un alto índice de mujeres que no han denun-ciado cuando han tenido episodios de violencia. Lo que también está relacionado a la falta de respuesta que puede dar las instituciones ju-diciales y policiales a los casos denunciados.

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2 Manual de incidencia política para la demanda y restitución de los derechos de las mujeres

en las provincias de Imbabura y Sucumbíos,

con énfasis en el derecho a una vida libre de violencias

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Lista de abreviaturas

GAD Gobiernos Autónomos DescentralizadosM&E Monitoreo & EvaluaciónPC Proyecto de CambioPO Plan Operativo

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I. ¿Qué es la incidencia política?

• Es la influencia de la ciudadanía organizada, con sus demandas, en los procesos de planificación e implementación de las políticas y programas públicos, mediante la participación ciudadana para la exigibilidad de sus derechos, ante las autoridades y tomadores/as de decisión.

• Implica un conjunto de actividades y acciones estratégicas enca-minadas a lograr el cumplimiento de los derechos humanos por parte de las personas e instituciones que tienen obligatoriedad de hacerlo.

• Es una herramienta clave para la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones del Estado a nivel nacional o local e incluso a nivel internacional, que sirve para lograr objetivos comunes y/o colectivos en el marco de la garantía de derechos.

• Es una de las formas de ejercicio democrático que tiene la ciuda-danía organizada (a través de cabildos, asambleas, movimientos, frentes, etc.) a través de las cuales pueden visibilizar públicamen-te sus demandas y agendas a fin de tener mayor impacto en las políticas públicas.

• Es un ejercicio de poder que tiene la ciudadanía frente al poder estatal, para colocar públicamente problemáticas que afectan su vida y demandar el cumplimiento de sus derechos.

• Es un proceso sostenido que reúne capacidades y fuerza social de la ciudadanía organizada para lograr cambios en las políticas y en la toma de decisiones.


72 72

1.1. ¿Qué implica hacer incidencia política?

• Involucrar, desde el principio, a la población afectada y asegurar que el colectivo organizado recoja las propuestas de esta población, para lo cual se recomienda tener una Agenda de derechos consen-suada, Declaración política o Acuerdo ciudadano.

• Construir alianzas con otros colectivos ciudadanos y con otras instancias o autoridades del Estado.

• Tener una relación permanente y transparente con los/as actores/as estatales.

• Promover y consolidar a la organización(es), redes de la sociedad civil, como actores/as clave que aseguran la democracia y el Estado de derechos.

De manera resumida: Las demandas para el cumplimiento efectivo de los derechos que realizan las ciudadanas organizadas para lograr deci-siones y generar un cambio por parte de las personas e instituciones del Estado, se puede denominar como proceso de incidencia política.


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1.2. Tipos de incidencia política1

En términos generales se subdivide a nivel internacional en cuatro diferentes formas:

1. Activismo: Son los esfuerzos voluntarios grupales para promover y/o impedir cambios (sociales, políticos, económicos o ambien-tales). Existen varias formas como son p.ej. cartas a medios de comunicación o políticos; campañas; boicot a ciertos productos; mítines; marchas; huelgas; plantones; y huelgas de hambre.

2. Cabildeo indirecto: Es una forma de presión que se centra en dar a conocer una causa (en particular a nivel local) con la intención de llegar a influir en el proceso de toma de decisiones. Se trata del acto (de exigibilidad) en que la ciudadanía se pone directamente en contacto con tomadores de decisión sobre un tema o problemá-tica de preocupación colectiva.

3. Cabildeo directo (Lobby): Es el acto de (tratar de) influir de manera directa por varios medios en la toma de decisiones. Un colectivo/grupo con demandas comunes realiza acciones dirigidas a influir para promover decisiones favorables a las demandas de ese sector concreto de la sociedad.

4. Astroturfing: Significa realizar una (campaña de) incidencia con la apariencia de una “base” de un movimiento. El objetivo es hacer pasar a los esfuerzos de un individuo, una entidad política y/o empresa privada como la reacción o demanda de la ciudadanía2.

En cualquier tipo o forma de incidencia política que la ciudadanía realice lo importante es la exigibilidad para el cumplimiento efectivo de los derechos humanos, en este caso de los derechos de las mujeres.

1 Carril R., Jaime (coordinación general): Incidencia en Políticas Públicas-Siste-matización de las experiencias, Ashoka, 2009 en www.citizenshandbook.org

2 Cfr. Tomado y adaptado (Kroeger, Timm y Teresa Mittelberger, 2013).


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1.3. ¿Para qué hacer incidencia política?

Para…• Lograr resolver los problemas que aún afectan a la ciudadanía, es-

pecialmente a las mujeres, por falta de cumplimiento de las obliga-ciones que tienen los Estados en correspondencia con la sociedad civil.

• Asegurar la garantía de derechos que tienen los organismos del Estado en función de los acuerdos internacionales obligatorios y el marco legal nacional existente, a nivel nacional y local, especial-mente en materia de los derechos humanos de las mujeres.

• Promover la participación ciudadana como un derecho demo-crático en la toma de decisiones y de establecimiento de políticas, planes o proyectos de política pública.

• Fortalecer y empoderar a la sociedad civil, especialmente a las mujeres, logrando en lo posible su sostenibilidad.

• Generar capacidades y liderazgos sostenidos en la sociedad civil para lograr mayores impactos en la incidencia no solo a nivel local o nacional, sino también en el ámbito internacional.

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II. ¿Qué se requiere para hacer incidencia política?

Todo inicio de un proceso de incidencia política requiere que se definan, entre las partes involucradas, los objetivos a alcanzar y qué pasos requiere este proceso.

2.1. ¿Cuál es el objetivo general de un proceso de incidencia política?

Se plantea el objetivo como un resultado a obtener producto de la labor de incidencia, por ejemplo:

Las organizaciones de mujeres y las mujeres diversas de la zona de frontera norte de Ecuador asuman su agenda de demandas de derechos como instrumento para la incidencia política con las autoridades de sus localidades, a fin de que incorporen estas demandas en los mecanismos de planificación, ejecución y rendición de cuentas.


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2.2. ¿Cuáles serían los objetivos específicos (resultados esperados) para alcanzar el general?

Las mujeres organizadas de la sociedad civil cuentan con una agenda política y están fortalecidas en sus capacidades de inci-dencia política para incluir sus demandas de derechos en la pla-nificación, ejecución y presupuestación de los GADs e instancias locales.

GADs e instituciones estatales a nivel provincial y cantonal incluyen en sus instrumentos de planificación, ejecución y presu-puestación los temas de agenda de las mujeres para la garantía del derecho a una vida libre de violencias.

Realizar seguimiento y evaluación de la implementación de los temas de Agenda Política, traducidos en indicadores para la igualdad de género en la gestión de los GADs e instituciones públicas.

Políticas públicas traducidas en programas, proyectos o planes concretos para la garantía de los derechos de las mujeres, espe-cialmente del derecho a un vida libre de violencias.


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2.3. Resumiendo los resultados, producto de la incidencia y negociación política...

Es importante planificar el proceso de incidencia política bajo re-sultados esperados que es una estrategia de gestión donde la concen-tración está en los cambios a generarse y en consecuencia se planifican las actividades y acciones requeridas para lograr este cambio. Gráfica-mente se pueden resumir los resultados a lograrse:

1.Las organizaciones de mujeres están fortalecidas

3.Indicadores de género y

derechos mujeres incluidos en mecanismos de gestión

de los GADs.

2.Autoridades locales sensibilizadas en derechos de las mujeres (no violencia de género)

4.Seguimiento

y evaluación a la incidencia y aplicación de indicadores en los GADs

Resultados

2.3.1. En síntesis las Fases & Productos para la incidencia política…

El derecho a

una vida libre

de violencias se

garantiza

e implementa

como política

pública provincial

y local

Fases

Fase interna: Fortalecimiento organizativo mujeres

Fase externa: Sensibilización a entidades públicas

Fase externa: Incidencia política para implementación

ProductosPlanificación y funcionamiento interno

Manual o guías de capacitación y diagnóstico

Agenda Política y gestión por resultados

Cambio

Generado


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2.3.2. Explicando los pasos…

• En un primer paso es importante el fortalecimiento interno de las organizaciones de mujeres para incidir, de manera más eficiente, y contar con una agenda concreta con la cual se ubicarán los aspectos clave de sus demandas de cumplimiento de sus derechos para el Estado.

• En un segundo paso se sensibiliza y capacita a actores externos (públicos) en los temas de agenda, desde un enfoque de derechos, particularmente del derecho a una vida libre de violencias.

• En base a conocimientos compartidos y el reconocimiento (repre-sentatividad) logrado, se establecen acuerdos de trabajar conjunta-mente, entre las organizaciones de mujeres y los actores públicos, logrando de esta manera canales de incidencia política para incor-porar la agenda de las mujeres en los procesos de gestión pública, a fin de lograr el cumplimiento efectivo de los derechos. Este paso también se lo conoce como Plan de incidencia.

• Un último paso es el seguimiento y la evaluación de procesos de desarrollo que apunten a generar cambios significativos.

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III. Pasos o fases para la incidencia política desde

un enfoque de derechos

PASO 1: FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO

Sin organizaciones de mujeres fortalecidas, con estructuras, roles y metas definidas es imposible generar una efectiva incidencia para el cambio que se quiere lograr, producto del proceso de incidencia. Por esta razón, todo proceso de incidencia debe iniciar por un fortalecimien-to interno.

El fortalecimiento organizacional es una acción transversal que conlleva varios pasos que van desde el autodiagnóstico o la autodefi-nición de la organización hacia la planificación estratégica interna y luego la incidencia externa.

La finalidad de un fortalecimiento organizacional es que las or-ganizaciones puedan trabajar sistemática y coordinadamente hacia el logro de sus objetivos. Que se conozca el funcionamiento (procesos regulares y especiales) internamente y se comunique, de manera eficiente, el trabajo que realizan.


80 80

Es importante, entonces, como primer paso en todo proceso or-ganizativo definir sus objetivos, su manera de trabajar y procesos internos. Este proceso es participativo y se debe llegar a acuerdos mínimos de entendimiento común-decisiones con las que todas estén de acuerdo y con lo que puedan identificarse3.



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3.1. Factores internos a tener en cuenta para la incidencia política

1. Democracia al interior de las organizaciones, como principio clave para lograr mejores resultados en el proceso de incidencia política. Además este sentido democrático empodera y amplía los niveles de participación.

2. Disposición de construir y fortalecer alianzas con otros sectores de la sociedad civil, a fin de aunar los esfuerzos necesarios para un mejor impacto o alcance en el proceso de incidencia política.

3. Disposición para interactuar con gobierno (s) o instancias del Estado, ya que se convierten en los principales interlocutores/as para el ejercicio de cabildeo y negociación, pese a los desacuer-dos políticos o ideológicos que pudieran existir. Para esto hay que tener en cuenta, que pese a estos desacuerdos, las autoridades y tomadores/as de decisiones deben cumplir con los mandatos cons-titucionales y legales signados por el Estado ecuatoriano.

4. Claridad y compromiso con el objetivo del grupo, lo que implica que todas las integrantes de la organización o colectivo están de acuerdo y conscientes de lo que se quieren lograr o alcanzar en concreto. Para aclarar intereses, expectativas y requerimientos se necesitan tener acuerdos claros entre todas y para ello hay que trabajar en negociación de intereses y en resolución de conflictos, en el caso de que se presenten.

5. Manejo básico del marco legal y conceptual de derechos humanos de las mujeres como requerimiento indispensable para la argumentación de las demandas de Agenda y de cumplimiento de los derechos como actoras ciudadanas organizadas.

6. Conocimiento de la institucionalidad y estructura del Estado es requerida para saber el campo de acción en el que se va a incidir, en el marco de las competencias y funciones que tienen a nivel nacional o local.

7. Conocimiento del contexto político se requiere para hacer un balance de las estrategias a la hora de iniciar un proceso de in-


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cidencia política. Por lo que es necesario analizar los juegos de poder que están en debate, dependiendo de este escenario (lectura política), las estrategias de incidencia política pueden ser más certeras.

8. Manejo de información clave, especialmente información o in-vestigaciones cuantitativas que hubiera sobre la problemática a abordar o derecho a demandar, a fin de evidenciar las brechas aún existentes. Para ello se sugiere recurrir a encuestas especializadas o resultados de Censos realizados por los mecanismos instituciona-les de estadísticas.

9. Capacitación constante al interior de la(s) organización (es), es requerida para asegurar la sostenibilidad del proceso de inciden-cia política, así como para la mejora de las capacidades de análisis y argumentación objetiva de las participantes y voceras, que se encargan del trabajo directo de incidencia.

10. Visualizar los cambios a mediano y largo plazo también a fin de tener una visión más global y sostenida sobre la incidencia política que se está realizando y pensando en resultados que tienen su alcance a mediano y largo plazo.


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3.2. ¿Cómo coordinar internamente procesos de incidencia?4

Especialmente en organizaciones de la sociedad civil en donde el trabajo, principalmente o en su totalidad es voluntario, es necesario asegurar una buena estructura de coordinación entre las integran-tes de los procesos de incidencia, para evitar sobrecargas y lograr objetivos conjuntos de manera eficiente y eficaz.

Algunas recomendaciones...1. Convocar mediante el correo electrónico a todas las participantes

definidas -máximo tres días antes de la reunión. Además uno a dos días antes convocar mediante la cadena telefónica a las compañeras.

2. Reservar con la mayor anticipación posible el salón donde se va a realizar la reunión y re-confirmar el mismo uno o dos días antes.

3. (10 minutos) antes de la reunión las delegadas deben juntarse para ponerse de acuerdo el orden del día y quien va a facilitar la reunión.

4. Las responsables (las delegadas) deben llevar la hoja de sistemati-zación de la reunión anterior, una hoja de sistematización para esta reunión, el orden del día y una lista de participantes.

5. Decidir quién va a sistematizar la reunión y entrega de la hoja de sistematización.

6. Con la moderadora se revisa rápidamente (max. 10 minutos) los acuerdos de la última hoja de sistematización para dar seguimien-to a las actividades, si se han cumplido o no. Si faltan definir res-ponsables o fechas, se lo define en ese momento.

7. Muy en breve se presenta el orden de los días y pregunta a las com-pañeras si hay temas adicional que se quiere discutir o mencionar. Estos se incluyen al final en el punto “varios”.



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8. Se discute punto por punto del orden del día, ¡importante siempre poner responsables y fechas en las actividades!

¡Ojo! ¡No perderse en los temas y discusiones! ¡Ser concretas!

9. Máximo tres días después la persona que sistematizó debe enviar a través de la encargada de comunicación a todas las integrantes de la organización el protocolo para que todas, no solamente las que estaban presentes, estén al tanto.


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3.3. La importancia de la comunicación externa –generar opinión pública

La comunicación externa con los diferentes tipos de medios (pe-riódicos, radio, tv, etc.) es muy importante para informar a la ciuda-danía, otros grupos y entidades, para presentar el trabajo de procesos en curso o los resultados logrados, a fin de lograr la suma de esfuerzos. El trabajo comunicacional también es un trabajo de convencimien-to. Porque de esta manera las organizaciones de mujeres pueden conseguir apoyo de la ciudadanía u otros grupos y entidades.

Se ha demostrado que las organizaciones que tienen una buena estrategia comunicativa son más conocidas y llegan a más gente.

Es importante tener un plan estratégico comunicacional, ya que tanto los medios como la ciudadanía empiezan a interesarse por el trabajo de la organización y con un trabajo conocido y apoyado por la sociedad se logran más fácilmente los objetivos, de manera que se pueda ejercer presión social para impulsar procesos de desarrollo.

3.3.1. ¿Cómo llegar a los medios de comunicación?

Los periódicos (especialmente locales) siguen siendo los medios más importantes a pesar de la fuerte competencia del Internet.

Un comunicado de prensa es una de las maneras más comunes en que una organización presenta información a los medios. Un comu-nicado de prensa se puede usar para informar a los medios - y a través de ellos al público - sobre muchas cosas, entre ellas: un evento que su organización esté planeando, el inicio de una campaña, la respuesta de su organización a acontecimientos recientes e información de antece-dentes sobre una situación de derechos humanos.

Es muy importante también hacer un trabajo personal, cara a cara con periodistas para asegurar una publicación de la información del grupo.


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¿Cómo escribir un comunicado de prensa?5

Antes de escribir un comunicado de prensa hay que preguntarse: ¿Por qué es este acto o tema de interés periodístico? • Un comunicado de prensa tiene que estar impreso en papel mem-

bretado oficial de la organización. Si no se cuenta con este, asegu-rarse de que el encabezado incluya el nombre y logotipo de la or-ganización además de información de contacto en el que se pueda hacer contacto con los miembros o funcionarios de su organiza-ción para obtener más información.

• El comunicado de prensa debe estar escrito en máquina (compu-tadora) y a doble espacio.

• La información tiene que ser breve y sencilla. Idealmente un co-municado de prensa deberá tener entre media y una página y nunca más de dos.

• En la parte superior de la página incluya:

- La fecha- A quién está dirigido el comunicado (por ejemplo, editor de

noticias)- Si el comunicado de prensa es “para publicación inmediata” o

“embargado” (esto es, que no se debe publicar antes de cierta hora o fecha; si es así, incluya estas condiciones).

• Se empiece con un encabezado interesante, en negritas, que comunique el mensaje principal de la noticia.

• Se debe evitar la jerga.

• Si se tiene imágenes relacionadas con la noticias, se incluye la mejor o las dos mejores y se ofrece más bajo solicitud.

• Comunicarse con los medios directamente antes de emitir el co-municado de prensa.

5 Endara, Ángel (2013).


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- El jefe/La jefa de personal, editor de noticias o editor en general recibe los comunicados de prensa.

- También puede ser útil dirigirse a los departamentos de empresas de medios de comunicación que con mayor pro-babilidad imprimirán su noticia (es decir, ¿está su noticia re-lacionada con otros eventos locales o nacionales? Enviar la noticia, avisar que se está enviando un comunicado de prensa y responder a las preguntas que pudieran haber.

• Tener en cuenta los horarios de las empresas de medios de comu-nicación. Enviar un comunicado de prensa de modo que llegue temprano por la mañana.

• Emitir un comunicado de prensa en un día tranquilo en lo que respecta a noticias. Esto hace más probable que su noticia reciba cobertura, pues no estará compitiendo con otras noticias importantes.

• Emitir un comunicado de prensa inmediatamente después de un evento. Es más probable que reciba cobertura si el tema es oportuno.

• Cubrir el propio evento. Si no se está cubriendo el evento de la organización, ¿Cómo esperar que los medios lo hagan? Se debe publicar información y el comunicado de prensa en el sitio web; (p.ej. en el blog o Facebook), use los sitios de redes sociales y lista de correo electrónico de su organización para distribuir la infor-mación a través de sus propias redes.

¿Qué se debe hacer después de distribuir un comunicado de prensa?

• Hacer un seguimiento. Llamar a la persona a quien está dirigido el comunicado de prensa para asegurarse de que lo recibió y ver si le interesa y requiere información adicional. Prepararse para responder preguntas y resumir el comunicado de prensa por teléfono. Esta es otra oportunidad de hacer que los medios se interesen en cubrir su noticia. Preparar argumentos porque su noticia es importante para los lectores del medio.


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• Mantener una lista de contactos de medios. Registrar el nombre de la persona de los medios con quien se comunicó durante este proceso y volver a comunicarse con esas personas la siguiente vez que se emite un comunicado de prensa. De esta manera, con el tiempo, se hará contactos personales dentro de los medios y se evitará tener que comenzar desde cero cada vez. Esto hará que obtener cobertura para las noticias en el futuro sea un proceso más directo.

¿Cómo nos pueden servir las redes sociales?

Las redes sociales como facebook permiten que una organización pueda comunicarse fácilmente vía Internet con el mundo. La comu-nicación vía las redes sociales no tiene un destinario fijo sino la infor-mación es abierta para todas.

El manejo es simple, fácil y los recursos requeridos mínimas. A través de facebook se puede subir las fotos para informar tanto a los integrantes de la organización, otras organizaciones o amigas sobre las actividades realizadas. El facebook permite además publicar los eventos que se va a realizar en un calendario e invitar todos los contactos o solamente algunos contactos en especial.

Una de las encargadas de comunicación debe estar actualizando la página cada tanto para que no sea una página muerta y tomada en cuenta. Pero tampoco exagerar las noticias que se publican por cuanto se arriesga a que los lectores pierdan el interés. También aquí publique noticias que sean de interés real de los/as seguidores/as.


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PASO 2: SENSIBILIZACIÓN E INFLUENCIA CON TOMADORES /AS DE DECISIÓN

Posterior a un fortalecimiento interno de la(s) organización(es) de mujeres y/o de la sociedad civil se requiere planificar participativa-mente los temas o ejes clave de la agenda de derechos de las mujeres, lo cual se explica en el paso 3.

Paralelamente, para poder incidir políticamente en tomadores/as de decisión es necesario partir de un conocimiento, al menos básico o común sobre los derechos de las mujeres. En este sentido es necesario capacitar y sensibilizar a funcionarios/as públicos/as para que estos/as puedan comprometerse con la Agenda de las Mujeres y hacer el cambio efectivo en las políticas, planes, proyectos que están a su cargo.

3.4. Factores a tener en cuenta para el cabildeo con tomadores/as de decisión

Se requiere negociar solo con tomadores/as de decisiones y para ello se requiere analizar el espacio de influencia específica en la que se requiere lograr la aprobación de la Agenda Política de derechos de las Mujeres, con los temas o problemáticas clave o que al menos, se está colocando como prioritarias. Para ello, se requiere tomar en cuenta, lo siguiente:

• Se trata de analizar y comprender todos los factores que podrían afectar el proceso de toma de decisiones, tanto adentro como afuera de las instituciones públicas.


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• Hay que saber cuáles son los mecanismos concretos para la toma de decisiones dentro del gobierno, sea central o local, a fin de incidir más efectivamente.

• Se debe conocer a la(s) persona(s) específica(s) que tiene poder de decisión y a otros/as actores influyentes. Para lo cual hay que pre-guntarse ¿quién tiene el poder de decisión?

• Se sugiere hacer un mapa de actores para analizar y tomar decisio-nes respecto a quiénes y qué nivel de influencia tienen para lograr la acogida e implementación de las demandas de derechos de las mujeres, de manera específica.

• Hay que definir las estrategias más adecuadas para influir efecti-vamente en la toma de decisiones, para lo cual hay que analizar la correlación de fuerzas del entorno político y la capacidad organi-zativa/preparación de la organización. Y las estrategias pueden ser diversas, tanto a nivel de capacitación, movilización, trabajo con medios, cabildeo, entre otras.

3.4.1. Mapeo de actores/as para la incidencia

Dentro de las instituciones hay que ubicar direcciones, departa-mentos, comisiones, etc. que tengan la responsabilidad específica. Es ahí donde hay que buscar el apoyo para el desarrollar los procesos de incidencia. Hay que identificar también los/as tomadoras de decisión claves para incidir de manera más efectiva. Las relaciones de confianza entre los actores es condición primaria para lograr mejores resulta-dos. Estas relaciones de confianza deben estar implícitas. Si de entrada existen conflictos y tensiones no se puede ubicar en el mapa de actores a aquellos/as con los cuales existe esta conflictividad, a menos que se evalúe cómo puede ser superada. De manera que la ubicación de los/as actores/as clave, para el proceso de incidencia política, parte de una relación de confianza y de cooperación.

Por otra parte, hay que analizar la influencia política y el nivel de responsabilidad que tienen los/as actores con los cuales se va a incidir, para lograr la inserción del tema o eje de derecho de la agenda de mujeres.


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PASO 3: CONSTRUCCIÓN DE AGENDA POLÍTICA DE DERECHOS DE LAS MUJERES

3.5. ¿Cómo se construye la Agenda de derechos de las mujeres?

El objetivo de una Agenda de mujeres es visibilizar y priorizar los derechos de las mujeres para que las instituciones públicas, según sus responsabilidades, orienten sus gestiones hacia una política que asegure el cumplimiento efectivo de sus derechos.

Para obtener una Agenda de las Mujeres es importante que se construya de manera participativa. Lograr esto requiere encuentros/sesiones y talleres en todos los cantones de la provincia invitando a los diferentes grupos de la sociedad civil, asociaciones de mujeres y organizaciones relacionadas con los derechos o temas de Agenda. En los talleres deben estar incluidas mujeres campesinas, indígenas, afro, desplazadas, jóvenes, mayores, etc. para tener la mayor representati-vidad posible (de cada sector). Además de los talleres de trabajo para tener los insumos necesarios se recomienda realizar una encuesta a un grupo de muestreo demostrativo para complementar los temas de preocupación y demanda de cumplimiento de derechos aún no alcan-zados. El sentir de la población debe ser sistematizado y resumido en tres a cinco ejes de derechos, con actividades o demandas, específicas orientadas a la exigibilidad de los derechos.

La Agenda debe establecer también un horizonte temporal de in-cidencia y cumplimiento - se recomienda cinco años como un tiempo realista para planificar en micro actividades, incidir para su imple-mentación y monitorear y evaluar su ejecución.


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Los procesos llevados adelante para el levantamiento de las Agendas de las Mujeres se pueden realizar, a través de varios instru-mentos como por ejemplo, talleres, encuestas, trabajos en grupos mediante los cuales se levantan las demandas de las mujeres, bajo en enfoque de derechos. Algunas pautas se presentan a continuación:

3.5.1. ¿Cómo levantar la demanda de exigibilidad y cumplimiento de los derechos de las mujeres como ciudadanas?

• Poner a las participantes en contexto al empezar los talleres con una breve introducción y sensibilización en temas de derechos de las mujeres y prevención de violencia de género6.

• En trabajos de grupo (es importante que todas expresen su sentir y sus opiniones son anotadas) se desarrolla la pregunta:

“¿Qué desearían cambiar de aquí a 5 años en la vida de las mujeres de mi cantón/su parroquia?”

• Sistematizar los trabajos de grupos por temas (p.ej. tema económico/productivo, tema de convivencia, tema de participa-ción ciudadana, violencia, tema de educación, tema de salud, tema de seguridad, etc.).

• Priorizar necesidades7 - esto se puede hacer por votación o valori-zación en un taller o al sistematizar tomando en cuenta las veces que un tema ha sido pronunciado y vincularlo con las múltiples violencias ejercidas hacia las mujeres.

6 Se puede realizar una Agenda participativa en otros temas, hacer una introduc-ción al tema (p.ej. violencia contra las mujeres).

7 Lamentablemente no se puede trabajar en todos los temas de derechos y es importante concentrarse en algunos (se recomienda entre 3-5).


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Nota: De todas formas es imprescindible de realizar un cruce entre las demandas de derechos formuladas y los datos estadísticos existentes, para validar (o al menos priorizar) necesidades reales, frente a necesidades percibidas.

• Formular las demandas /necesidades de las mujeres bajo el enfoque de derechos parte de la visión de exigibilidad para el cumplimien-to de los derechos aún no efectivizados o asegurados para todas las mujeres, por parte de los organismos del Estado a nivel de los Gobiernos autónomos descentralizados o central. Por ejemplo:

“Garantizar servicios de salud con calidad y calidez para las mujeres víctimas de la violencia de género en la provincia, a fin de que cuenten con recursos adecuados de asistencia y atención inmediata, como demanda el Código de Salud.”


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3.6. ¿Cómo incorporar los temas de Agenda de las mujeres en las políticas públicas?

Para lograr una real incorporación, los/as tomadores de decisión y autoridades o funcionarios/as públicos, deben desarrollar diversas acciones. Las siguientes pueden ser algunas concretas (Calles, 2011; AMUME, 2012):• Elaborar, identificar y diagnosticar la situación inicial en el área

que se va a trabajar (en todas las áreas administrativa, jurídica, obras públicas, planificación, etc.) siempre con una perspectiva de género. Quiere decir analizar las diferencias que hay en razón a género, generacional, etnia y discapacidad en el trabajo que se prevé realizar.

• Levantar estadísticas por sexo – línea de base.

• Construcción de indicadores sensibles al género.

• Planificación, incidencia política, monitoreo y evaluación con enfoque de género.

• Transparencia y rendición de cuentas con políticas de equidad.

• Institucionalizar la perspectiva de igualdad y género. Quiere decir que en cada GAD la responsabilidad de la igualdad esta en los más altos niveles de decisión.

• Capacitar en temas de género a las autoridades, jefes departamen-tales, técnicos y concejalas que tengan incidencia en las decisiones en el ámbito municipal.

• Asignar recursos para los planes y presupuestar con perspectiva de género.


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3.7. ¿Qué es un presupuesto sensible al género?8

El presupuesto es una herramienta poderosa para disminuir las brechas de género, sobre todo de violencia.

El presupuesto es una herramienta activa del gobierno (a nivel nacional, provincial o cantonal) y refleja las prioridades del mismo.

El presupuesto no es neutro y tiene diferentes impactos hacia las mujeres y hombres. Un presupuesto sensible al género toma en cuenta que las necesidades, derechos y obligaciones entre mujeres y hombres, entre las generaciones y entre las diferentes etnias son di-ferentes. Eso no quiere decir que se debe separar el presupuesto para mujeres y hombres, pero incluir las diferencias y desigualdades en el proceso presupuestario.

8 Almeida (2013).


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PASO 4: INCIDIR EN LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS

Con el fin de incidir en la planificación operativa (PO) de las ins-tituciones públicas se sugiere conocer la lógica de trabajo de gestión que lleva la entidad(es) con las que nos encontramos interactuando para lograr la inserción de los temas de derechos de las mujeres.

Es importante para un buen proceso de incidencia a nivel de la planificación y gestión de las instituciones públicas tomar en cuenta actores participes del proceso desde la planificación y también terceros/externos para mitigar efectos no planificados y/o negativos. De igual manera, hay que conocer cómo funciona el sistema de gestión de las instituciones públicas, a fin de ubicar las competencias y niveles de implementación que deben o podrían hacer.

No hay que olvidar que el valor público (BID, INDES, 2013) que generan las entidades públicas es definido por la ciudadanía. Se trata de los valores determinados por la ciudadanía y reflejados a través de las decisiones de los/as políticos electos. Es decir se trata del cambio que se genera y es reconocido por la ciudadanía como positivo.

Mediante los indicadores que acompañan a los diferentes niveles de planificación de las instituciones públicas (mínimamente el resultado directo) podemos levantar información concreta y necesaria para poder comprobar éxitos y efectos de un proceso de incidencia política. Es importante que se definan junto al/los indicador/es los medios de verificación - las fuentes de información que se pueden utilizar para verificar objetivamente el logro (cálculo de los indicadores). Estos serán sustento al monitorear y evaluar, como para la rendición de cuentas interna y/o externa subsecuentemente. Esta información debe ser fiable y de fácil acceso.

Una vez que se generen acuerdos de trabajo, al interior de las or-ganizaciones de mujeres y se inicien procesos es importante desde la sociedad civil y de ser posible de manera conjunta con las entidades públicas responsables realizar un seguimiento, a los acuerdos.


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PASO 5: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

3.8. ¿Para qué sirve el monitoreo?9

Cualquier proceso de incidencia política requiere un seguimiento (también conocido como monitoreo) y evaluación (M&E) constante respecto al trabajo de la organización (es) de mujeres, sus procesos con sus actividades e impactos tanto para uso interno como externo.

El sistema de monitoreo y evaluación sirve para poder ajustar y modificar procesos de desarrollo en función de lograr los resultados planificados, de acuerdo a las temáticas de Agenda de los derechos de las mujeres.

De manera general, el hacer seguimiento a las políticas y acciones de Agenda ubicadas en las planificaciones institucionales, como los Planes Operativos Anuales (POA), permite:• Suministrar información medible y verificable sobre la ejecución

de un proceso.

• Retroalimentar a las responsables de los procesos de incidencia política sobre avances reales.

• Perfeccionar las planificaciones.

• Adoptar medidas correctivas en la ejecución para el buen cumpli-miento de objetivos y resultados.

• Establecer puntos de referencia para la evaluación.

9 Cfr. (Gamarra, 2010).


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El propósito del monitoreo y evaluación es apoyar a las responsa-bles del proceso de incidencia política para adaptarse a condiciones cambiantes y analizar sistemáticamente los resultados. El monitoreo y evaluación además permite mantener el contacto entre la planifica-ción y la realidad de la implementación para cuestionar experiencias y estructuras no válidas y /o ajustarlas o intentar caminos nuevos en función de generar cambios.


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3.9. ¿Qué permite el monitoreo y evaluación?

• La observación y el registro periódico de la ejecución de las activi-dades y objetivos.

• El análisis y la valoración de los datos y conocimientos obtenidos a través de la observación y el registro comparados con la planificación.

• La adopción de medidas correctivas y/o la revisión de la planifica-ción original.

• La documentación y suministro de la información dentro y fuera de la institución pública.


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3.10. ¿Cómo se puede hacer un seguimiento desde la sociedad civil?

Una vigilancia sistemática y constante a los procesos de inciden-cia política permite ajustar o modificar la planificación e intervenir con anticipación en correctivos o en mejorar la intervención. De igual manera, en saber efectivamente si se está cumpliendo, en la práctica, con lo planificado.

Se recomienda monitorear trimestralmente preguntándose lo siguiente: • ¿Qué hemos hecho?

• ¿Qué hemos logrado hasta ahora?

• ¿Qué nos falta por hacer?

También es importante planificar con metas medibles y verifica-bles (utilizar indicadore) para tener un registro certero del cambio que se está generando.

En el caso que no se ha logrado lo planteado se debe preguntar ¿por qué? Y analizar bien cuáles fueron los motivos y causas.


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3.11. ¿Qué es la rendición de cuentas?

Con la rendición de cuentas se brinda una información transpa-rente sobre los avances y logros en los procesos de incidencia política.

La rendición de cuentas interna: es inmediata y se hace al interior de las organizaciones para informar sobre todo el proceso de inciden-cia política, incluyendo los logros y dificultades encontradas.

La rendición de cuentas externa: Las organizaciones de la sociedad civil o entidades públicas informan a la ciudadanía benefi-ciaria y personas en general sobre los avances y resultados del proceso de inserción de los temas de Agenda de derechos de las mujeres. En lo ideal se trata de un informe con avances percibidos y medibles (veri-ficables) - en función de indicadores acordados - sobre una planifica-ción que fue realizada participativamente con la sociedad civil u orga-nizaciones que representan los diferentes sectores de la sociedad civil.

3.11.1. ¿Cómo se puede realizar una rendición de cuentas?

La rendición de cuenta se puede realizar de diferentes formas o una combinación de ellas:• Evento: En un evento se invita a todos los grupos de interés y se

presenta un informe de avances con datos verificables y percepcio-nes. Aquí se puede permitir la retroalimentación.

• A través de medios de comunicación: Se realiza una rueda de prensa y/o un comunicado de prensa informando sobre los procesos de desarrollo y permitiendo la prensa publique y analice esto.

• Enviando un comunicado (informe) a las personas interesadas.

• A través de medios sociales o la pagina web institucional - aquí se pueden publicar informes de rendición de cuentas.

IV. ¿Con quién y en dónde vamos a incidir?

“En la búsqueda hacia la equidad y el reconocimiento de nuestros derechos hay un largo camino por recorrer. Por ello nos organiza-mos, por ello trabajamos en la comunidad, por ello buscamos cambiar las cosas. Queremos que nuestras necesidades sean reconocidas en nuestro territorio, y sabemos que si el Plan de Ordenamiento Territorial Cantonal del GAD no las recoge seguiremos invisibilizadas. Por ello no solo dirigimos nuestros esfuerzos hacia generar Ordenanzas que nos incluyan, vamos a la política territorial misma, ahí es donde queremos incidir para ser incluidas”.

(Testimonio anónimo)

Una vez que sabemos qué es e implica hacer incidencia política, lo que falta es saber el contexto institucional y normativo que debemos considerar, actualmente en el país y que está vigente. El primer insumo es haber generado nuestra Agenda Política, en la cual hemos priori-zado las necesidades que tenemos, bajo el enfoque de derechos a ser garantizados por el Estado. Esto nos ha permitido tener claro lo que necesitamos y demandamos del Gobierno Local para que nuestros derechos sean asegurados efectivamente. Paralelamente hemos realizado un Plan de Incidencia, de acuerdo a los pasos descritos an-teriormente, que define las acciones que vamos a seguir para lograr establecer y ubicar nuestras demandas. Finalmente, tenemos claro quiénes pueden ser nuestros posibles aliados/as de acuerdo a nuestro “Mapa de actores”, pero:


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4.1. ¿Dónde queremos ubicar estas demandas?

• En la generación de políticas públicas locales y nacionales

• En los Planes de Ordenamiento territorial

En este caso, y para evitar confusiones, nos vamos a concentrar en delinear las acciones para ubicar nuestras demandas, plasmadas en la Agenda Política de derechos de las mujeres, en el Plan de Or-denamiento Territorial Local. Si bien el procedimiento es similar en el caso de requerir plantear una política pública local, es decir una Ordenanza, para facilitar la comprensión partiremos con el ejercicio del Plan Territorial, que es un proceso más complejo, para luego revisar la construcción de políticas locales.

El Plan de Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados es el plan que todos los gobiernos locales están obligados a generar y en el cual definen, en alineación con el Plan Nacional del Buen Vivir, los objetivos, y metas hacia los cuales se dirigirá la gestión del Gobierno Local. Todos los planes tienen como base un diagnóstico que les permita conocer y establecer las princi-pales potencialidades y problemáticas alrededor de las cuales deberá concentrarse la gestión pública. Desafortunadamente muchos de estos diagnósticos omiten la perspectiva de género y desconocen cuáles son los impactos de las problemáticas si se es hombre o mujer.

Es por ello que para la autoridad, es importante contar con el aporte del movimiento de mujeres, ya que su gestión facilita ubicar en los planes territoriales la perspectiva de género y apuntalar la igualdad, la cohesión y la equidad social, tal como lo establece la Constitución Política y el COOTAD10.

10 Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autónomo Descentralizado, 2010.


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¿Qué son las Comisiones Permanentes de Igualdad y Género y qué funciones tienen?

La Comisión de Igualdad y Género es una comisión con calidad de permanente que según el COOTAD (Art. 32611 y 32712,) debe cumplir fundamentalmente dos funciones (AMUME, 2012):• Aplicar la transversalización de las políticas de igualdad y equidad

de género.

• Fiscalizar que la administración respectiva cumpla con ese objetivo a través de una instancia técnica que implementará las políticas públicas de igualdad en coordinación con los Consejos Nacionales de Igualdad.

¿Cómo se debe conformar la Comisión de Igualdad y Género y cómo funciona?

No hay una reglamentación específica para conformar la Comisión. La Asociación de Mujeres Municipalistas del Ecuador AMUME presenta algunas sugerencias:• Las Comisiones permanentes deben estar integradas por tres

miembros/as del Concejo Municipal.

• Las integrantes deberían tener conocimiento en derechos humanos, derechos de las mujeres y manejar el tema de género. Si no hay miembras de este perfil será necesario que se capacite

11 Art. 326.- Conformación.- Los órganos legislativos de los gobiernos autóno-mos descentralizados, conformarán comisiones de trabajo las que emitirán conclusiones y recomendaciones que serán consideradas como base para la discusión y aprobación de sus decisiones.

12 Art. 327.- Clases de comisiones.- Las comisiones serán permanentes; especiales u ocasionales; y, técnicas. Tendrán la calidad de permanente, al menos, la comi-sión de mesa; la de planificación y presupuesto; y, la de igualdad y género.


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acerca el tema para trabajar por la igualdad entre mujeres y hombres y los temas generacionales y étnicos.

• Se recomienda establecer Comités Técnicos de la Comisión de Igualdad y Género, donde participen técnicos de los diferentes Departamentos Municipales. Así se puede asegurar que haya una transversalización del enfoque de género garantizando acciones y recursos.

• Para una implementación de las acciones, se cree conveniente contar con asignación presupuestal de funcionamiento provenien-te del 1% de los ingresos de las asignaciones del gobierno central (AMUME, 2012).

• Elaborar e implementar una Ordenanza de Funcionamiento de la Comisión y del Equipo Técnico para facilitar la ejecución.


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4.2. ¿Con quiénes vamos a incidir?

Con las autoridades locales

Para este proceso, será muy valioso tener a mano y entender bien: las demandas ubicadas en nuestra – Agenda Política de derechos; el Plan de Incidencia colectivamente trabajado; el Mapa de actores/as. Todo esto nos permitirá avanzar de forma clara hacia nuestra meta: hacer incidencia en el Plan de Ordenamiento Territorial Local

En la localidad la autoridad mayor es el/la alcalde/sa municipal, y será con quién buscaremos incidir para que nuestra problemática tenga respuesta. Para ello buscaremos los espacios adecuados para acercarnos y plantear la situación a la que necesitamos se dé respuesta desde la autoridad. Esto generalmente lo llamamos incidencia o “cabildeo”.

Dado que no siempre existe apertura o empatía con la problemáti-ca planteada desde la autoridad mayor, es importante que ubiquemos otras autoridades afines que puedan apoyar los derechos demanda-dos/exigidos y estén dispuestos/as a jugarse con nosotras, asegurando procesos de inclusión de estos derechos, como obligatoriedad de sus mandatos. Es decir los y las concejalas también pueden ser aliadas estratégicas; estas autoridades elegidas por el pueblo, pueden resultar canales potentes para ubicar una problemática y a través de ellos/as obtener la voluntad política para que se elaboren e implemente planes y programas específicos, como respuesta a las políticas públicas demandas, por las mujeres.

Es importante recordar que la problemática de derechos priorizada por las mujeres, debe tener una cantidad importante de cifras e información de la situación, esto facultará a la autoridad entender la gravedad de la situación, la importancia de su actuación.


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En el caso de los y las Concejales, quien esté presidiendo la Comisión de Igualdad y Género en el territorio, será un/una impor-tante aliada, ya que su mandato (Art 327 del COOTAD), será precisa-mente el buscar generar acciones a favor de la igualdad y equidad de género, lo que implica el gran reto de velar por la inclusión plena de hombres y mujeres en las acciones del territorio.


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4.3. ¿Qué queremos lograr con nuestra acción de incidencia?

Una vez que hemos logrado la atención de la autoridad local, sea esta el/la alcalde y o el /la concejal municipal, podremos tener algunas propuestas:• Promulgación de Políticas específicas a través de Ordenanzas.

• Incorporación de la Agenda Política de derechos en los Planes de Ordenamiento Territorial Local.

• Acciones, programas y proyectos en instituciones regionales y locales.

En el caso de la promulgación de Ordenanzas, nuestro trabajo irá orientado a mover la voluntad política mediante la socialización de una problemática como la de “la violencia contra las mujeres”, sobre la cual previamente ya tendremos:• Levantamiento de cifras y datos que permitan ubicar la gravedad

de la situación

• Propuestas respecto a qué acciones planteamos deberían abordarse para hacer frente a la situación.

Con estos elementos nos acercaríamos a la autoridad, u otros aliados que nos permitan un canal directo, de manera que podamos exponer la situación y motivar a que se genere una Ordenanza que ubique la problemática como un tema prioritario de atención al Gobierno Autónomo Local, y donde se detalle claramente mediante qué acciones, programas, presupuestos e instancias del gobierno local se lo realizará.


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En el caso de los Planes Cantonales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo, queremos la voluntad de la autoridad, o autoridades para apoyar la incorporación de la perspectiva de género en el Plan de De-sarrollo local, es decir que se incluya la Agenda Política de derechos de las mujeres que hemos establecido y que ubicaremos en las mesas de construcción participativa del Plan local de desarrollo.


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AGENDA POLÍTICA MÍNIMAA manera de ejemplo:Derechos económicos:

- Generación de espacios productivos para las mujeres de la localidad.

- Fortalecimiento empresarial y para el primer empleo de las mujeres.

Derechos sociales:- Trabajo digno y en igualdad de condiciones.- Acción para una vida libre de violencia.- Escuelas del Cuerpo.- Formación política para las mujeres.


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4.4. ¿Cómo se toman las decisiones para que este Plan de Desarrollo Local incorpore las demandas de derechos de las mujeres?

Con la elección de las nuevas autoridades seccionales, sus propuestas de Planes de Gobiernos pasan a ser socializados y trabajados de forma participativa de acuerdo a lo que establece el COOTAD. Estos planes están elaborados en alineación con el Plan de Buen Vivir 2007-2013.

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017

1. Consolidar el Estado democrático y la cons-trucción del poder popular.

2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad.

3. Mejorar la calidad de vida de la población.4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.5. Construir espacios de encuentro común y fortale-

cer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.

6. Consolidar la transformación de la justicia y for-talecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos.

7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global.

8. Consolidad el sistema económico social y solidario, de forma sostenible.

9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva.11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estra-

tégicos para la transformación industrial y tecnológica.12. Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción

estratégica en el mundo y la integración latinoamericana.


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Fuente: SENPLADES, 2013

Nuestro trabajo será:

1. Identificar en qué objetivos del Plan local del desarrollo se deben incorporar elementos que contemplen la igualdad y equidad de hombres y mujeres, en los campos económico, social, político y económico, en los cuales previamente hemos determinado des-igualdades de género.

2. Al interior de la organización de mujeres será importante que se defina el grupo de mujeres que trabajarán en el proceso de inci-dencia y planificación territorial.

3. Las mujeres de la organización, de acuerdo a sus intereses, exper-ticias establecerán quien participará en cada una de las 12 mesas territoriales para ubicar las necesidades previamente ubicadas en la Agenda Política de derechos de las mujeres.

4. Será importante realizar ejercicios de preparación previos, de manera que se tenga claridad sobre el posicionamiento de las demandas de las mujeres, en mesas de trabajo donde todos los grupos estarán trabajando de igual manera para posicionar sus intereses y necesidades

5. Será importante tener claro que estos espacios son altamente complejos, por lo que la claridad sobre los elementos a posicionar, y el trabajo abiertas siempre al consenso y a la cooperación faci-litará poder mantenerse e incluso conseguir personas que sumen su apoyo a nuestra causa. E incrementarán nuestra posibilidad de incidencia.

6. Buscar mecanismos que permitan la sostenibilidad de la partici-pación de las mujeres en las mesas de trabajo, durante el tiempo de planificación. A veces estos procesos se extienden por semanas. Debiendo tener la previsión a través de alianzas con Agencias de Cooperación el ubicar recursos para la movilidad, alimentación y financiamiento de este tiempo para quienes participen.


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4.5. Incidencia en las instituciones regionales y / o locales

Una vez lograda la meta de ubicar la Agenda Política de derechos de las mujeres en el Plan Cantonal de Ordenamiento Territorial y De-sarrollo, se procederá en base a nuestro Plan de Incidencia, a conocer cómo las instituciones locales y o regionales, encargadas de velar por nuestros derechos están planteando la implementación de planes, programas y proyectos.

Secretarías Regionales de Salud: encargados de la prestación de servicios de salud

en el territorio, con calidad y calidez

Consejo de la Judicatura: encargado de la prevención y atención de la violencia

contra las mujeres en la localidad.

Secretarías Regionales de Educación

Dirección de Productividad / Economía social y Solidaria

Dirección de Planificación

Dirección de presupuestación


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4.6. ¿Cómo sabemos que nuestras demandas están siendo consideradas/cumplidas?

Una vez logradas y ubicadas nuestras necesidades y demandas en el Plan Cantonal de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, será impor-tante que realicemos acciones que nos permitan conocer cómo avanza la implementación de estos compromisos por parte del Gobiernos Autónomos Descentralizados, a través de los siguientes mecanismos:• Seguimiento (asambleas y consejos cantonales - acuerdos / actas).

• Veeduría social (silla vacía, asambleas cantonales, control social).

La Constitución del 2008, junto con el COOTAD, sienta bases para fortalecer el rol de los gobiernos locales a través de la descentraliza-ción ubicando en este proceso a la participación ciudadana con un actor central en los diferentes niveles de toma de decisiones para el desarrollo en el territorio. Se les asigna a su vez a los GADs la Función de Transparencia y Control Social, con el objetivo definir políticas de transparencia y control de la gestión pública y orientar la participa-ción social.

En este contexto y con la norma a favor de los procesos de vigilan-cia, para el cumplimiento de la política pública, a través de proyectos, el movimiento de mujeres está facultado para hacer seguimiento a lo acordado que ha sido planificado y presupuestado en el Plan Cantonal de Ordenamiento Territorial. Existen varias instancias que pueden utilizar las mujeres para hacer veeduría social, es decir para vigilar el avance del gobierno respecto a las necesidades y demandas de las mujeres, de las cuales podemos tomar ventaja para incidir y lograr que nuestras necesidades sean conocidas y atendidas.

El siguiente gráfico ilustra el tipo de acciones participativas que podemos generar:


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Tipo de participación

Instancias,MecanismosProcedimientosInstrumentos

Control social (vigilancia,

fiscalización,seguimiento)

Revocatoria

Toma de decisiones (rendición

de

presupuestos

Comisión permanente

de igualdad y

consulta

consultaprecia y

concejosconsultivos

Participación y gestión

Audiencia

Cabildos

Silla Vacía

Asambleas locales de


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4.7. Instancias de participación ciudadana en los Gobiernos locales

Asambleas locales

El movimiento de mujeres podrá convocar y organizar asambleas para dialogar públicamente entre ciudadanas y la autoridad local, con el fin de incidir en las políticas públicas. Entre sus funciones está:1. Exigir el cumplimiento de servicios públicos.2. Proponer agendas de desarrollo, planes, programas y políticas

públicas locales.3. Promover la formación de la ciudadanía en temas sobre participa-

ción y control social.4. Organizar el ejercicio de rendición de cuentas.5. Propiciar el debate y deliberación sobre asuntos de interés general.6. Hacer control social según determine la ley.

Funcionan así:

Alcalde / AlcaldesaConsejo Municipal

AsambleaCiudadana Local

Planes,programas y

políticas locales

DeliberaciónInterlocución

Ciudadanas yciudadanos

Identidadesterritoriales y

temáticas

Organizacionessociales


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Consejos locales de planificación

Espacios para formular, dar seguimiento y evaluar los Planes de Desarrollo Local, y deben estar articulados al Sistema de Nacional de Planificación. Deben estar conformados, por lo menos, por el 30% de ciudadanas/os.

Comisiones Permanentes de Igualdad y Género

Estas comisiones de carácter obligatorio, permanente. Se encarga de ubicar las demandas para la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres y de la población de atención prioritaria en las políticas de igualdad y equidad. Está presidido por uno/una concejal cantonal, res-ponsable de fiscalizar el cumplimiento municipal de este mandado.

Cabildos populares

El cabildo popular es una instancia de participación cantonal, convocada por la autoridad. Se convocan para informar sobre asuntos generales de la gestión pública, del cumplimiento de compromi-sos, planes o la ejecución de obras y sobre rendición cuentas. Tiene solamente carácter consultivo. Este ha sido un mecanismo utilizado por colectivos como el Cabildo de Mujeres de Cuenca, para la rendición de cuentas sobre la gestión del Plan de Igualdad de Opor-tunidades - PIO.

Los consejos consultivos son mecanismos de asesoramiento com-puestos por ciudadanas/os o por organizaciones civiles que se cons-tituyen en espacios y organismos de consulta. Las autoridades o las instancias mixtas o paritarias podrán convocar en cualquier momento a dichos consejos. Su función es consultiva. Los consejos ciudadanos de planificación son instancias de consulta para diseñar las directrices e instrumentos de planificación que orienten la formulación de los planes locales, para hacer el seguimiento y la evaluación de su cumpli-miento. Deben contar con participación ciudadana.


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4.8. Mecanismos e instrumentos de participación ciudadana

Presupuestos participativos

Son espacios donde las y los ciudadanos aportan en la toma de decisiones respecto de los presupuestos locales; en estos espacios de trabajo se define la orientación de las inversiones públicas para lograr una justa distribución.

Audiencias públicas

Es una instancia convocada por la autoridad responsable, por ini-ciativa propia o a pedido de la ciudadanía, para atender peticiones ciudadanas, fundamentar sus decisiones o acciones de gobierno o para pronunciarse ante situaciones excepcionales. Se puede solicitar audiencia pública a las autoridades, para:• Requerir información sobre los actos y decisiones de la gestión

pública;

• Presentar propuestas o quejas sobre asuntos públicos, y;

• Debatir problemas que afecten a los intereses colectivos o que afecten el buen vivir.

Silla vacía

Las sesiones del Consejo Municipal/Cantonal que son públicas, se prevé la presencia de una o un representante de la comunidad, que ocupe la “silla vacía” para que debata y decida junto con las autorida-


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des, sobre algún asunto de importancia para la comunidad. Se requiere de un proceso por escrito solicitado hacer uso de este mecanismo. Es necesario que quien represente al colectivo, se prepare bien para plantear las problemáticas y logre voluntad política.

Consulta previa

Se trata de la consulta previa respecto de planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no reno-vables (petróleo, agua, minerales, canteras) ubicados en sus territo-rios, las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatorianos y montubios, a través de sus autoridades, participarán en los beneficios que esos proyectos reporten.

Control social

El Control social es un derecho de todas y todos, a supervisar el desempeño de los proyectos, planes y programas públicos con el fin de combatir la corrupción, el irrespeto a los derechos humanos, incluidos los derechos de las mujeres, y todo aquello que afecte la economía, la salud, la educación, la cultura, los valores, la dignidad de las personas (Acordes, 2011).

4.8.1. El papel de la Defensoría del Pueblo: control social y ciudadano

Su función es la protección y tutela de los derechos humanos de todas las personas que viven en territorio ecuatoriano y sus atribucio-nes son:


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• Patrocinar, de oficio o a petición el acceso a la información pública, a la acción ciudadana y los reclamos por mala calidad o indebida prestación de los servicios públicos o privados.

• Emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de protección de los derechos y solicitar juzgamiento y sanción ante la autoridad competente, por sus incumplimientos.

• Investigar y resolver sobre acciones u omisiones de personas naturales o jurídicas que presten servicios públicos.

• Ejercer y promover la vigilancia del debido proceso y prevenir e impedir, de inmediato, el trato cruel, inhumano y degradante, y la tortura, en todas sus formas.


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4.9. Formas de control social

Las veedurías son mecanismos de participación y control social de carácter temporal, mediante los cuales las mujeres ejercen su derecho de controlar la administración y gestión de lo público para que responda a sus intereses. Su propósito es intervenir en caso de encontrar irregularidades en el manejo de la gestión y administra-ción pública.

Un observatorio es un colectivo bajo el cual un número de personas y/u organizaciones se agrupa para impulsar o vigilar un proceso, una política o un actor en específico. El observatorio vigila y evalúa; se mantiene autónomo y con cierto nivel de imparcialidad emite criterios mediante informes, artículos, con el fin de promover la toma de acción de parte de la ciudadanía o del Estado.


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4.10. Rendición de cuentas de las autoridades ante la ciudadanía

La rendición de cuentas debe ser un proceso participativo, y oportuno, mediante el cual, las autoridades dan a conocer sobre el manejo de los recursos públicos, presentando los resultados logrados, ante la ciudadanía.

Algunos de los fines que cumple la rendición de cuentas son:• Mayor transparencia de la gestión pública.

• Generar responsabilidad entre quienes tienen el encargo de gestionar lo público.

• Restablecer los espacios de interconexión entre las institucio-nes del Estado y la ciudadanía.

• Medir el cumplimiento de las ofertas y planes de gobierno de parte de las autoridades.

• Dar seguimiento al cumplimiento de políticas, planes, programas y proyectos realizados.

• Contribuir a garantizar el acceso a la información sobre la gestión pública.

La interacción entre participación ciudadana, control social y rendición de cuentas se ilustra a continuación:


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Para que la ciudadanía incida en la gestión pública (políticas, planificación y

elaboración de normativas)

Vigilancia de la ciudadanía sobre el desempeño de quienes

ejercen cargos públicos

Transparentar la gestión de quienes están en

cargos públicos haciendo conocer el resultado de su

trabajo a la ciudadanía

Participación ciudadana

Control social

Rendición de cuentas

La participación ciudadana es un deber del Estado promover y un derecho de la ciudadanía ejercer

Glosario

Cabildeo o lobby político: hace referencia a buscar mediante aliados un acercamiento con la autoridad máxima, de la entidad del estado en la que se quiere incidir para que nuestros derechos sean garantizados.

Mesas de trabajo: son espacios de debate y trabajo donde se logran acuerdos y acciones conjuntas en un determinado tema o problemática.

Veeduría social: vigilar el avance del gobierno respecto a las nece-sidades y demandas de las mujeres, de las cuales podemos tomar ventaja para incidir y lograr que nuestras necesidades sean conocidas y atendidas.

Voluntad política: conseguir mediante datos y cifras la voluntad de la autoridad de mediante acciones o políticas públicas hacer frente a una situación desfavorable.

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