1agosto 2009

Desde el micrófonoISMAEL MORENO, SJ*

VIVENCIA

Para el domingo 28 de junio, algo extraño espe-rábamos. Con golpe o sin golpe, ese día estaba

pleno de presagios. Se celebraría la llamada “consulta” o “encuesta ciudadana”, provocadora de tantas discor-dias y controversias. Nadie tenía certeza de los distur-bios que podían suscitarse entre “cuartistas urnas” y “contra cuartistas urnas”, pero el ambiente estaba listo y crispado para que algo fuera de lo común ocurriera. Todo mundo, sin necesidad de tener datos, temía que algo extraordinario sucedería. No por premoniciones sobrena-turales. Bastaba la semana anterior, repleta de sobresal-tos y de decisiones políticas abruptas. El golpe fue como el acto final de una azarosa y agitada semana política.

Una amiga periodista me llamó tempranito, me despertó de un porrazo con la noticia: “¡Levántese, que este país se está hundiendo!”. Esa noche tuve un sueño ligero, sobresaltado. No se me qui-taba de la mente la imagen final que vi en cadena nacional a la que aquella noche de sábado había convocado el Presidente de la Repú-blica: el embajador gringo saliendo, literalmente, a la carrera del salón de la conferencia de prensa. ¿Por qué salió corriendo? ¿Para que no lo entrevistaran? ¿Y por qué evitaba a toda costa una entrevista? No perdí esa imagen, y la preocupación se cruzó por mi cabeza, pero no quise ponerle cuidado. La asocié con la llamada que recibí de un político del país: “Agradezco la propuesta que nos hace para que nos sentemos a dialogar. Pero le voy a ser sincero: creo que su propuesta ya no puede ser escuchada, las cosas ya se nos han ido de las manos”.

Esa carrera del embajador fue para mí una premoni-ción, el presagio de que algo raro, quizá terrible, estaba por suceder.

Al acostarme, dejé el teléfono listo para responder. Fue entonces cuando la periodista me dio la noticia: “Están sacando a Mel de su casa, le están dando

golpe de Estado”. De inme-diato regresó a mi mente la imagen de unas horas an-tes: el embajador corriendo. Encendí la radio, sintonicé una emisora de la capital y quedé estupefacto cuando escuché al presentador del no-ticiero que decía: “No, aquí no está pasando nada. Todo está normal. Es cierto que dicen que la residencia del Presi-dente está acordonada, pero ése es asunto de políticos. A nosotros eso no nos debe preocupar. Mantengamos la calma, no nos dejemos llevar por noticias sensacionalistas, tengamos un domingo tran-quilo”.

No lo pude soportar. Llamé a mis contactos y, en efec-to, el Presidente ya estaba en el aeropuerto. Sintonicé nuestra Radio Progreso, y estaba en su programación ordinaria con música regional mexicana. Llamé a Karla y a otros compañeros de la Radio y del ERIC y nos fuimos corriendo a la emisora. Nos sentamos ante el micrófono y, ¿qué decimos? Para ese día, la radio tenía programado cubrir la encuesta ciudadana dispuesta por el gobierno de Zelaya. Teníamos una entrevista en exclusiva con el ministro de Gobernación, Víctor Meza. Una “entrevista explosiva”, me había dicho el compañero periodista Fé-lix Molina. La entrevista la teníamos grabada, pero, con el notición del golpe, apenas reprodujimos la referencia que este funcionario —ya en ese momento escondido—, * Director de Radio Progreso y del ERIC-SJ.

El domingo 28 de junio estaba pleno de presagios. Se celebraría la

llamada “consulta” o “encuestaciudadana”, provocadora de tantas

discordias y controversias…Bastaba la semana anterior, repleta de

sobresaltos y de decisionespolíticas abruptas. El golpe fue como el acto final de una azarosa y agitada

semana política.

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VIVENCIAhacía sobre la propuesta de diálogo que, dos días antes, el ERIC y Radio Progreso habíamos entregado a los líde-res políticos del país. Pero, como me dijo el político con quien conversé en la víspera, la suerte ya estaba echada.

Cuando comenzamos a dar la información y hacía-mos contactos con la capital, los estruendos de unos aviones en el espacio aéreo nos estremecieron, dando una señal cabal de que algo serio y peligroso se nos estaba viniendo encima. Y lo dijimos al micrófono: “Lo que ocurrió esta madrugada se llama golpe de Estado”. De inmediato nos llamaron de Tegucigalpa: “Acaban de decir que a quien diga que es un golpe, le cierran el espacio”. ¿Lo seguimos diciendo? Seguiríamos porque no podíamos tapar el golpe con silencio.

Logramos comunicarnos con otros medios y, a través de ellos, dimos la noticia de que Mel Zelaya estaba en San José, en pijama. Reproduji-mos las primeras declaracio-nes de Zelaya, dramáticas, de angustia. Y si eso le hicieron al Presidente, ¿qué no harán con nosotros? pensé, mientras miraba a mis compañeros y compañeras de la radio, todos jovencitos entusiastas, que sólo saben de golpes de Esta-do por lo que han leído en los libros de historia.

En la incertidumbre uno tiende a agrandar los peligros, pero lo que estaba ocurriendo no era para tener mucha calma. La figura de Roberto Micheletti —tan conocida en El Progreso— se erguía como un monstruo salido de una laguna negra. Si aquello era un golpe de Estado, el nuevo titular del Ejecutivo no podía ser otro que él. Porque un golpe de Estado era el único recurso que le quedaba para alzarse con el cargo que ansió con desesperación a lo largo de tres décadas de su vida.

Ser presidente de la República ha sido la obsesión enfermiza de Micheletti. Es un adicto a la Presidencia de la República. Con Zelaya logró llegar a la presidencia del Congreso, lo que en Honduras casi equivale a ser presidente de la República. Pero le faltaban más dosis

de poder. Logró violar —y reformar— la Constitución, que prohibía que un presidente del Congreso aspirara a la Presidencia de la República. Y, cuando creía que tenía todo listo en la bolsa, en las elecciones primarias de noviembre de 2008, sus propios correligionarios liberales le dieron la espalda.

Aquel día, su cara desencajada lo traicionaba. Ver a Micheletti la noche en que fue derrotado en las elec-ciones internas, era como ver a un drogadicto atrapado en un síndrome de abstinencia. El golpe de Estado era la única vía que le quedaba. Los empresarios anti-zelayistas —sobre todo, anti-chavistas— lo sabían y lo supieron aprovechar. Los gringos militaristas lo sabían y lo supieron aprovechar. Su propia esposa lo sabía y, con

ansias extremas de figurar, le dio el último empujoncito.

Micheletti es de nues-tra ciudad, de El Progreso. Nuestras historias personales e institucionales están cru-zadas por las desavenencias, los conflictos y altercados, las amenazas, sospechas, acusa-ciones y desconfianzas. Ya lo había dicho en un círculo ex-tremadamente cerrado, unos cuatro años atrás: “No voy a estar en paz hasta c… en esa radio de m…”. Y a esas pri-meras horas de la mañana, su nombre ya revoloteaba por to-dos lados como el seguro pre-sidente del gobierno de facto. ¿Cómo tener calma en la ra-

dio? Treinta años exactos atrás, los militares golpistas la habían cerrado y así, fuera del aire, estuvo por cuatro meses. Y ahora, tres décadas después, estábamos allí, transmitiendo la noticia de otro golpe de Estado, desde la radio que estaba en la mira de quien estaba listo para sentarse en la silla de la que habían expulsado a Zelaya. A las diez de la mañana nos llegó la noticia de que ha-bían capturado a la canciller Patricia Rodas, amiga de toda la vida, y a quien he criticado duramente en mis análisis y reflexiones. Contaron que la capturaron junto a algunos embajadores. De inmediato llegó un emisario: “¡Ya vienen por la radio! ¡Los militares tienen rodeada la radio!”. Sin saber cómo, me sentí empujado por mis compañeros. Literalmente me llevaban, abrimos el por-

Micheletti logró violar —yreformar— la Constitución, que

prohibía que unpresidente del Congreso aspirara a la

Presidencia de la República. Y, cuando creía que tenía todo listo en la bolsa, en las elecciones primarias de noviembre

de 2008, suscorreligionarios liberales le dieron la

espalda, incinerando sus sueñospresidenciales.

3agosto 2009

VIVENCIAtón que da a la calle y vi a un contingente de militares y a un tumulto de gente que gritaba en defensa de la radio. Me siguieron empujando y me montaron en un vehículo que me llevó lejos de la escena de las amenazas y del verde olivo. A las once de la mañana, los militares penetraron en Radio Progreso.

Mientras afuera la gente buscaba entrar para hacer frente a los militares, éstos obligaban a Karla, Peraza, Tavito, Rommel, Joksan, Iolani, Gerardo y a los demás a apagar los equipos a punta de ametralladora. Era tanta la presión de la gente en las afueras, que los militares comenzaron a cambiar de color, nerviosos. Si en ese momento la gente derribaba el portón, habría allí un enfrentamiento que dejaría mucha sangre derramada. El equipo de la radio entró en acción. Salió a la calle, habló con la gente y logró convencerla para que dejara salir a los militares.

Esa tarde nos sentamos a decidir. ¿Qué hacemos? Apenas tuvimos los primeros intercambios, lo vimos muy claro: Somos radio, somos voz. Si no tenemos voz, ya no somos radio. Vamos a defen-der la voz de la radio porque somos la voz de la gente que no la tiene. Y abrimos Radio Progreso en la madrugada del lunes 29 de junio. Y desde entonces no hemos parado de transmitir. Los toques de queda limitaron nuestros horarios. Y, sobre todo, la seguridad de los compañeros y compañeras que exponían sus vidas desde el micró-fono. Transmitimos de 6 de la mañana a 8 de la noche, reduciendo la programación cinco horas. Nuestra trans-misión ordinaria comienza a las 4 de la madrugada y cierra a las 11 de la noche.

Desde el 29 de junio hasta el día en que usted lee este texto, hemos organizado diariamente una trans-misión especial, cubriendo la calle y la noticia desde el propio lugar de los acontecimientos. Nuestros repor-teros han recibido gases lacrimógenos, han tenido que salir corriendo ante la persecución militar, han recibido amenazas, anónimos con insultos, han caminado por los cerros del departamento de El Paraíso para cubrir la

noticia desde la frontera con Nicaragua. Hemos estado presentes en los diálogos de San José y en Managua, cubriendo la voz directa del Presidente desterrado. He-mos abierto micrófono para entrevistar a campesinos, campesinas, economistas, poetas, escritores, feministas, sociólogos, historiadores, religiosos de Honduras y de toda América Latina.

Hemos experimentado en carne propia la solidari-dad y descubrimos la realidad de lo que tantas veces hemos formulado como redes de solidaridad y de comu-nicación. La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) y la red de Radialistas Apasionados han estado pegados a nuestra programación, y por esa relación en red, centenares de radios en nuestro con-tinente han transmitido la realidad del país. Hemos recibido críticas feroces de los sectores frontalmente

golpistas, quienes se afanan en meternos en el saco de los “melistas”. Y los melistas se alegran, porque con la radio se sienten más fuertes.

Salirse de esta polariza-ción extrema, ha sido la labor de Radio Progreso. Pero ambos polos tratan de jalarnos hacia sus extremos. Las críticas más sordas y crueles no son tanto las que vienen de los golpistas —vergüenza sería para nosotros si no las re-cibiéramos—, sino las que proceden de sectores que, agazapados en sus liturgias y en sus bien acomodados

cargos religiosos, se asustan de que una emisora que debía ser “católica” esté tan metida en “la política”. Se esfuerzan en tomar distancia y en ratificar que somos un sector marginal de la Iglesia. Dicen que la Iglesia, la verdadera, está con la palabra del Cardenal, la pro-nunciada el 4 de julio y repetida hasta la saciedad en cadenas nacionales impuestas por el régimen de facto. Las radios católicas guardaron silencio y siguieron con bondadosas y sentimentales predicaciones, acompaña-das de cánticos de peces y nubes, lágrimas y glorias. Las radios católicas dejaron sola a Radio Progreso. Unirse a ella era salpicarse del pecado de la política, aunque la política golpista salpicó a fondo a nuestra jerarquía.

Hemos experimentado en carnepropia la solidaridad, y hemosrecibido críticas feroces de los

sectores frontalmente golpistas, quie-nes se afanan en meternos en el saco de

los “melistas”.Y los melistas se alegran, porque con la

radio se sienten más fuertes.Salirse de esta polarización,

ha sido la labor de Radio Progreso.

4envío

Pero la solidaridad latinoamericana y caribeña, y la de las comunidades y organizaciones sociales suplió con creces la ausencia y el silencio de nuestra amada Iglesia local y nacional. Jamás hemos experimentado tanta cercanía y comunión de tanta gente amiga y

solidaria, como la experimentada en estos días aciagos del golpe de Estado. No hay mal que por bien no venga. No hay golpe michelettista que por lucha y solidaridad no venga, decimos en nuestras bromas de pasillos y en los breves descansos que tenemos en esta radio, que tanta vida a borbotones nos regala.

Cápsula Informativa Nº 55, 31 de agosto 2009, Comunicaciones-SJ

VIVENCIA

5agosto 2009

Honduras vive momentos muy difíciles, de sociedad

resquebrajada, incertidumbre y tragos amargos. Ningún golpe de Estado es rutinario, menos el perpetrado el 28 de junio y que va más allá de la defenestración del presidente Manuel Zelaya porque, en su esencia, está el intento de los sectores más conservadores y privilegiados de desconocer la ne-cesidad del cambio en esta sociedad desigual y autoritaria.

Pero, aun bajo esas condiciones, es importante empezar a reconocer qué es lo nuevo en el Estado y en las relaciones sociales hondureñas bajo las actuales circunstancias, e impulsar un proceso colectivo de aprendizajes ante una realidad que tiene varios planos y escenarios, visibles o encubiertos, pero todos a tomar en cuenta. La siguiente es una contribución a ese debate impostergable para que estos acon-tecimientos trágicos no terminen en los pactos de siempre entre los

políticos, evadiendo no sólo las responsabilidades en que incurren, sino las causas verdaderas de la crisis.

CUATROCONSIDERACIONESPREVIAS

a) El golpe de Estado y la irrupción de un gobierno de facto perpetrado el 28 de junio contra el presidente Manuel Zelaya Rosales desencadenó la peor fractura de la transición democrática de Hondu-ras (iniciada en 1982) y que había entrado en una etapa visible de franco agotamiento y retroceso. La fractura representa una interrup-ción en el proceso institucional ba-sado en la alternabilidad electoral en el poder, pero no llega a ser una ruptura, entendida ésta como un cambio en la correlación de poder y en el sistema vigente. De hecho es un golpe de Estado dentro del Estado mismo. Sin embargo, es una situación extrema en la cual los ele-mentos de una ruptura se gestan o

¿Dolores de agonía o dolores de parto?MANUEL TORRES CALDERÓN*

El país no iba bien y ahora va peor. Por tanto, una respuesta establey duradera al golpe y al golpismo pasa porque en la mesa de negociaciones se reconozca el papel de la ciudadanía y se aprueben reformas estratégicas

de Estado. Si en el pasado desperdiciamos la oportunidad que brindóel impacto del huracán Mitch para transformar Honduras, sería una tragedia

que también se desaprovechara el potencial de cambioque encierra esta fractura.

advierten a partir de la fractura. Lo que no puede anticiparse es su evolución, los protagonistas y tiempos. En todo caso, no podrá haber ruptura sin propuestas para lograrlo.

b) ¿Cómo se explica la violencia (humana, ideológica y material) de esta fractura, la más grave desde el retorno al orden constitucional? Básicamente por tener lugar en un escenario de crisis múltiple tanto en el plano nacional (políti-ca, económica, social y cultural) e internacional (la crisis financiera mundial que tiene su epicentro en EEUU, y la crisis política y de hegemonía latinoamericana que tiene su epicentro en Venezuela). Es bajo esa combinación, nacional e internacional, que se comprende mejor la magnitud alcanzada por el conflicto hondureño y lo que el golpismo representa.

c) Junto a lo estructural y lo coyuntural hay que sumar un tercer factor que tiene estrecha vinculación con la historia política

* Periodista.

ANÁLISIS

6envío

de Honduras: el caudillismo, encar-nado esta vez en Manuel Zelaya. La gestión del presidente Zelaya la des-aprobaron sus propios compañeros de partido (el Liberal) y de la clase política y empresarial bipartidista que mostraron su intransigencia ante cualquier posibilidad de cambio o de oposición política y social que no esté bajo su control absoluto. El golpe no fue contra los hechos o realizaciones concretas del go-bierno de Zelaya en desmedro de los denominados poderes fácticos, sino por el miedo de lo que podría ocurrir a sus intereses a partir de la vinculación del gobernante con Hugo Chávez, el grupo de países del ALBA y el movimiento popular hondureño.

El sistema político bipartidista, manipulado desde despachos em-presariales, no admite fisuras, por pequeñas que sean, en un Estado de características corporativas, patrimonialistas, clientelares, cen-tralizadas y autoritarias. En ese contexto, Zelaya es una figura clave en tanto encarna al presidente-víc-tima y lo seguirá siendo mientras la acción de los usurpadores persista; pero la tendencia es que las conse-cuencias de lo ocurrido superen o rebasen su protagonismo.

d) Por otra parte, el elemento más representativo, dinámico y sorprendente en esta crisis ha sido el surgimiento de una oposición beligerante y plural al golpe de Estado, aun bajo condiciones ex-tremas de represión. Movilizacio-nes, tomas de carreteras, puentes, actos culturales y de solidaridad e incluso sacrificios trágicos han per-mitido, bajo diversas motivaciones y afiliaciones, que amplios sectores de la ciudadanía pasaran en muy poco tiempo de la humillación, ofensa e

intimidación inicial que conlleva un golpe de esta magnitud, a una etapa de autoestima, beligerancia y organización para la resistencia.

El desafío es cómo evitar una tercera etapa: la del desencanto, previsible si los resultados de su es-fuerzo no abren realmente las puer-tas del país a su democratización efectiva. Un referente obligado a tomar en cuenta es la huelga de los fiscales (abril-mayo, 2008) contra la corrupción pública. Guardando las diferencias entre uno y otro caso, la huelga convocó durante 34 días una impresionante movilización y solidaridad, tanto nacional como internacionalmente; sin embargo, un año después, la tarea de levantar un movimiento orgánico (el Movi-miento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ) volvió a ser tarea de pocos, por muchos esfuerzos, vo-luntad y compromiso que muestren los fiscales y otras personas que les apoyan.

Ante ello surge una pregunta: ¿basta con alianzas temporales o que haya victorias simbólicas en la lucha por la democracia social hondureña, o se requieren conquis-tas institucionales y vinculantes concretas para una participación ciudadana sostenida y creciente? En una primera lectura de los hechos, el derrocamiento de Zelaya propició una alianza coyuntural antigolpe que no necesariamente se mantendrá en el largo plazo, pero que, en lo inmediato, ha logrado que se rompa con el conservadurismo y la tendencia a la pasividad, resigna-ción o complicidad política que el mismo sistema ha propiciado por años y que solamente ha sido rota o cuestionada por unos pocos.

TOLETES, LÁGRIMASY GOLES

Mientras cientos de aficionados

se desplazaban de todo el país,

para asistir al juego de la Selección

Nacional, la policía hacía alarde

de la fuerza con señoras, niños y

personas adultas mayores en una

manifestación que aglutinó a miles de

personas en San Pedro Sula después

de haber llegado en una caminata de

seis días.

El norte de Honduras no fue

la excepción. Al igual que en

Tegucigalpa, el tolete y las

lacrimógenas volvieron a marcarse

en los rostros de aquellos que

demandan una verdadera

democracia. Todos corrieron; sin

embargo, algunos recibieron la mano

dura de los esbirros de los golpistas.

“He visto cómo la policía ha golpeado

a las personas: es una represión.

Los comerciantes están en zozobra

empacando las cosas”, dijo una

mujer a través de Radio Progreso.

“Es lamentable ver cómo tratan a la

gente, yo estoy ubicada bajo la línea

en San Pedro Sula. Uno no sabe

dónde se llevan a estas personas que

detienen”, detalló. (…)

Mientras la gente era detenida

y golpeada, los medios de

los empresarios cubrieron su

programación con las mejores

jugadas de la Selección. Cada gol

tapó el rostro golpeado de la gente

más humilde, de las espaldas de los

jóvenes, que de manera injustificada

recibieron la fuerza de los que no han

podido sostener esta ilegalidad, más

que con golpes.

Fuente: Cápsula Informativa Nº 41, 13

de agosto de 2009

ANÁLISIS

7agosto 2009

LA AGENDA PERDIDADE LA TRANSICIÓN

1. En 1982, con el retorno al orden democrático, se abrió en Hon-duras un abanico de transiciones que, a partir del texto constitucio-nal, debía expandir las oportunida-des y capacidades de las personas y de la sociedad en su conjunto para lograr un mayor bienestar colectivo. La primera transición era jurídica; pasar de un régimen de facto a uno de derecho, lo que llevaba implícito un proceso de desmilitarización de la sociedad. La segunda, política; establecer el mecanismo electoral para garantizar la alternabilidad en el gobierno y ampliar los dere-chos civiles de la ciudadanía. La tercera, económica; pasar de una economía cerrada y oligopólica a otra abierta, interna e internacio-nalmente. Y, la cuarta, social; que en lo esencial implicaba pasar de una cultura autoritaria, represiva y representativa a otra democráti-ca, tolerante y participativa, y a la reducción de las desigualdades y de la pobreza.

La línea de partida de esas tran-siciones fue compleja; en lo externo el conflicto centroamericano, con tres países vecinos en los cuales se disputaba el poder con propuestas antagónicas/violentas y en lo inter-no con una situación políticamente frágil e inestable, extrema debilidad institucional, economía carente de eficacia y competitividad, inequi-dades y desigualdades sociales pro-fundas, crisis de identidad nacional y la fragmentación imponiéndose a la concertación.

El contexto requería de los sectores gobernantes una visión de país y un acuerdo nacional para intentar los tres desafíos básicos: la reforma institucional democrática, la modernización económica con

sentido de equidad y la consolida-ción de prácticas democráticas par-ticipativas que fueran más allá de lo electoral. En términos generales, los dirigentes políticos hondureños fracasaron en el cumplimiento de esas responsabilidades nacionales y su preocupación se concentró en resucitar el bipartidismo (enten-dido como un modelo de sociedad que tiene en los partidos Liberal y Nacional su eje político central) y acaparar la mayor cuota de poder posible. La ilegalidad y el irrespeto a la Constitución y demás leyes se convirtieron en un proceder y con-ducta rutinaria de la clase política dominante. Es en la ilegalidad, no en la legalidad, donde cimentaron su poder y el golpe es una conse-cuencia de ello.

2. De las cuatro transiciones, los mayores avances fueron pasar de un régimen de facto a uno cons-titucional civil, la disminución del protagonismo militar en la vida pública, establecer el mecanismo electoral para garantizar la alter-nabilidad en el gobierno, y pasar de una economía cerrada a otra abier-ta internacionalmente. En contras-te, la agenda olvidada o sepultada fue pasar de un régimen de facto a uno de derechos (lo que implica potenciar la ciudadanía, entendida como el derecho de tener derechos), no se construyó un sistema de justi-cia independiente y eficiente, no se pasó de una economía oligopólica a otra abierta internamente (la ten-dencia fue al contrario, reduciendo a la ciudadanía al papel de elector y/o consumidor) y tampoco hubo un combate efectivo a la pobreza y las desigualdades. Con ello surge la contradicción de fondo de la demo-cracia hondureña: promueve una democracia procedimental o instrumental (siete elecciones ge-

LA CIDH VISITA HONDURAS

El 21 de agosto, la delegación de la

Comisión Interamericana de Derechos

Humanos, CIDH, presentó un informe

preliminar, en el que ratifica las

violaciones a los derechos humanos

que se han producido en Honduras

después del 28 de junio.

Entre sus conclusiones, la CIDH

señala “la existencia de un patrón

desproporcionado del uso de la fuerza

pública, detenciones arbitrarias y el

control de la información dirigido a

limitar la participación política de un

sector de la ciudadanía”, constatado

por la cantidad de personas que

asistieron a las sesiones para

presentar sus testimonios.

Por otro lado, la Comisión pudo

comprobar que la ruptura del orden

constitucional está acompañada

de una fuerte presencia militar en

distintos ámbitos de la vida civil y la

suspensión de garantías mediante la

implementación de un toque de queda

que no cumplió con los estándares del

Derecho Internacional.

También señala el control de la

información, la ocupación militar de

algunos medios de comunicación,

y la prohibición de emitir la señal de

ciertos canales internacionales.

La CIDH considera que únicamente

el retorno a la institucionalidad

democrática en Honduras permitirá

que se den las condiciones para el

efectivo cumplimiento de los derechos

humanos de todos los hondureños.

El presidente de facto, Roberto

Micheletti, dijo desconocer este

informe porque Honduras

no pertenece a la Organización

de Estados Americanos, OEA, lo

que muestra su ignorancia acerca

del funcionamiento del Sistema

Interamericano de Derechos

Humanos.

ANÁLISIS

8envío

nerales consecutivas y más de cua-tro mil leyes que se incumplen) pero no una democracia integral. Esa democracia procedimental o instrumental ni siquiera califica como una democracia electoral, puesto que ésta realmente no ha existido. El sistema electoral fue creado y opera a partir de una lógica pro-bipartidista y bajo el supuesto de que son las elecciones las que crean la democracia y no la democracia la que crea las condicio-nes para elecciones democráticas. Por ello, progresivamente, se fue erosionando la credibilidad de los principales actores de la vida polí-tica (especialmente los partidos) y también de las instituciones demo-cráticas (ilegalidad e ilegitimidad).

3. La gobernabilidad hondu-reña bipartidista se afianzó en la construcción misma de un Estado patrimonial y clientelista que tute-laba la corrupción pública y priva-da. Se calcula que entre 1982 y 2006 las pérdidas de fondos públicos por la vía de la corrupción suman más de 700 mil millones de lempiras (tomando como promedio 10% del Presupuesto Nacional de cada año). Cabe preguntarse: ¿Adónde fue a parar esa suma? ¿Qué pode-res fácticos creó y consolidó? ¿Qué repercusiones legales, políticas, económicas y culturales tuvo? ¿Qué inversión social pudo hacerse con esos recursos?

Con cada gobierno no sólo aumentaban los montos de la co-rrupción, sino que ese fenómeno y su impunidad capitalizaban poder en un grupo privilegiado que pronto estuvo en capacidad de capturar al Estado y a quienes lo administran. Ello explica que la necesidad de contar con programas de gobierno haya sido simplemente un requisito formal electoral, puesto que una vez

ganadas las elecciones es cuando se estructura la agenda verdadera y sus beneficiarios, de tal manera que la democracia representativa conso-lidó un círculo político de hierro que se volvió corporativo y se lucró de sus influencias y conexiones con el Estado. Ese sector limitó la demo-cracia a un ejercicio electoral cada vez más desprestigiado por el fraude y la incompetencia de los gobiernos. Bajo esas condiciones disminuyó el entusiasmo de la población hacia las instituciones democráticas y sus mecanismos de consulta electoral. Desde 1985 hasta 2005, la participación en las elecciones generales bajó aproximadamente 33 puntos porcentuales, pasando de 84% a 56% del padrón electoral, y con una tendencia a incremen-tar los porcentajes de abstención/ausentismo, como ocurrió en las elecciones primarias de noviembre de 2008, cuando el abstencionismo-ausentismo rondó el 66.4 % del electorado.

4. El abstencionismo/ausentis-mo ciudadano confirma un rechazo creciente a la política tradicional que ha manejado la transición, pero esa actitud en las urnas no deriva en opciones políticas alternativas y democráticas. Lo que sí subraya es que a la brecha social y económi-ca se suma una brecha política y de representatividad (crisis de liderazgos) que separa cada vez más a los actores políticos de la ciudada-nía y a la ciudadanía de los actores políticos. Los políticos convertidos en gobierno y poder no toman en cuenta las preocupaciones funda-mentales de la población: violencia, alto costo de la vida, desempleo, corrupción, educación, salud, mala justicia y falta de esperanza en un futuro mejor. Con la crisis del golpe de Estado se refleja precisamente la

LA POLICÍA VIOLENTA LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

El 5 de agosto, los estudiantes

universitarios se plantaron frente a la

ciudad universitaria en Tegucigalpa

para protestar contra el golpe de

Estado. Sin mediar advertencia ni

intentar el desalojo pacífico de la

vía pública, la Policía comenzó a

dispersar a los manifestantes con

bombas lacrimógenas, toletazos y

chorros de agua; esto provocó el

repudio de los manifestantes, quienes

reaccionaron tirándole piedras a los

uniformados.

La certeza del peligro que corrían

los estudiantes, hizo que un grupo

de autoridades universitarias,

encabezado por la Rectora, Julieta

Castellanos, se dirigiera al lugar de

los hechos para tratar de hablar con

los jefes policiales que encabezaban

el desalojo. Pese a las evidencias

de que llegaban a dialogar, los

policías empujaron y golpearon a las

autoridades universitarias. Además,

en su intento de reprimir a los

manifestantes, entraron a los predios

universitarios.

La UNAH expresó su más enérgica

protesta ante estos hechos, los

cuales “nos obligan a pensar que

la barbarie ha invadido el país y la

universidad, colocando su sello de

violencia, intolerancia, ignorancia y

brutalidad. (…) Ni en la peor época

de la guerra fría se vieron botas

militares o policiales pisoteando la

inteligencia…”.

A la vez, demandó del gobierno

actual el cese a la represión de la

protesta social, y el respeto a las

garantías individuales establecidas en

la Constitución de la República.

ANÁLISIS

9agosto 2009

ausencia de una visión compartida, de lineamientos y proyectos comu-nes en la sociedad hondureña.

5. En el escenario estructural de fondo, el golpe de Estado es un acto de fuerza, pero también una manifestación de debilidad al refle-jar el desgaste y la crisis acumulada del modelo bipartidista. El saldo básico histórico de los gobiernos liberales y nacionalistas es la falta de oportunidades para todos y la concentración de las mismas para pocos; un país carente de estrate-gias (planificación) de desarrollo, de continuidad y mejoramiento de la calidad en sus políticas públicas. Cada gobierno inicia de cero para corresponder al clientelismo que lo lleva al poder. De esa manera, no son recursos financieros necesaria-mente los faltantes en Honduras para afrontar sus debilidades y carencias, sino ideas, compromisos y mecanismos efectivos de trans-parencia, control y rendición de cuentas.

Más que falta de inversión social ha sido el mal uso –robo e ineficacia– de esa inversión lo que ha imperado. Se estima que el gasto social per cápita pasó de 5.8 dólares en 1960, a 12 en 1970 y a 41 en 1980. Paradójicamente, en plena transición social, a lo largo de la década de los 80, el gasto social per cápita apenas se incrementó 3 dólares, para sumar 44 en 1990, cuando se inició el modelo de ajuste neoliberal. En todo caso, cualquiera sea el monto, el gasto social ha es-tado carente de esa abstracción que suele llamarse “voluntad política” a favor de la equidad y ello lo ha dejado expuesto a la corrupción ins-titucional. La pauperización visible en los últimos 27 años de enormes contingentes de la población (y que explica sus éxodos y también su

resistencia) no sólo es una violación clara a sus derechos fundamentales sino que ha cambiado el tejido de la sociedad y su percepción de la democracia. Muchos de esos pobres, declarados en rebeldía ante el golpe, son despectivamente llamados “los jucos” por los golpistas.

6. En el apartado de las raíces estructurales se debe apuntar que a una democracia socialmente injusta, con alta concentración de la riqueza en pocas manos, corres-ponde una institucionalidad débil y la ausencia de un enfoque de derechos en la gestión del Estado. El desplome total en estos días del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos es un ejemplo visible, pero no el único. Todas las instituciones involucradas en el golpe se encuentran en crisis.

La búsqueda de la integración social y de mecanismos de cohesión no ha sido prioridad del Estado; al contrario, la desintegración se ha promovido no sólo como instru-mento de control político sino de rentabilidad económica. Para el caso, la incesante emigración hacia el “Norte”, además de reducir la presión social (son las capas medias empobrecidas las que más escapan del país), se ha convertido en la principal fuente de divisas, por arri-ba del conjunto de las exportaciones de bienes y servicios.

La oferta constitucional de 1982 era que todos los hondureños y hondureñas nacían iguales en de-rechos, pero eso es retórica alejada de la realidad. Un indígena lenca, por ejemplo, tiene casi la mitad de la esperanza de vida que un habitante urbano con recursos económicos solventes.

La propuesta política de Zelaya de convocar a una Asamblea Na-cional Constituyente que aprobara

OTRA OPORTUNIDAD DESPERDICIADA

La Comisión de Cancilleres delegados

por la Organización de Estados

Americanos, y el Secretario General

de la OEA, que visitaron el país el 24

y 25 de agosto, concluyeron su visita

al país con un comunicado escueto y

pobres resultados.

El comunicado prácticamente se

reduce a un llamado a que los

diversos actores reconozcan la

validez del acuerdo de San José

como instrumento para restablecer

el orden democrático en Honduras,

“dado el inminente inicio de la

campaña electoral prevista para el 1

de septiembre”. No obstante, advirtió

que hay dos trancas muy difíciles de

superar: la amnistía y el retorno de

Manuel Zelaya Rosales.

La Comisión desarrolló una agenda

intensa de reuniones con diversos

sectores, incluyendo al Sr. Roberto

Micheletti. Sin embargo, sus

resultados fueron muy magros:

Mientras el sector vinculado al

presidente Zelaya acepta el Acuerdo

de San José en todos sus puntos,

quienes respaldan al régimen de

facto mantuvieron sus posiciones

intransigentes, no obstante las

amenazas de aplicar severas

medidas económicas y políticas,

particularmente por el gobierno de

los Estados Unidos y los gobiernos

europeos.

Los cancilleres hicieron también un

llamado a todos los actores para que,

“en aras de establecer un ánimo de

consenso, se abstengan de hacer

declaraciones o expresar opiniones

que sean contrarias al espíritu del

Acuerdo de San José”. La visita de

esta Comisión terminó dejando las

cosas en la misma posición de antes.

Sólo que, con ello, se desperdició una

oportunidad que difícilmente se podrá

tener en el futuro.

ANÁLISIS

10envío

una nueva Constitución encontró un asidero firme entre los secto-res de la población que han sido y se consideran excluidos de su beneficio y aplicación. A manera de gran conclusión: la estabilidad institucional adquirida a partir de 1982 no condujo a una mejora im-portante de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Hubo “recuperación política”, pero no re-cuperación social ni económica. Esa agenda olvidada es la que impide a Honduras abandonar el siglo XX.

EL PAPEL DELNEOLIBERALISMO

7. En esta crisis tampoco hay que olvidar la responsabilidad del neoliberalismo y sus gestores, tanto nacionales como internacionales. La misma pregunta que recorre América Latina ha estado presente en Honduras: ¿Cómo construir y sostener la democracia conviviendo con la desigualdad y la pobreza? Las desigualdades y la excesiva con-centración de la riqueza en pocas manos no nacen con el modelo de ajuste implantado a partir de 1990, pero sí se acentúan.

Con el bipartidismo la evolu-ción de la economía hondureña se ha caracterizado por un bajo creci-miento anual del PIB per cápita y una injusta distribución de la renta nacional. Entre 1960-2000 el creci-miento anual per cápita promedio fue de 0,8%, contrastando con una tasa de crecimiento poblacional su-perior al 3% anual. Una consecuen-cia inevitable fue el debilitamiento del Estado, pero también del tejido social. La brecha entre ricos y po-bres creció, pero también la brecha entre los ricos y los clase media.

Las cifras de la desigualdad en el ingreso varían conforme los

métodos con los cuales se obtienen, pero tanto la CEPAL, como el Banco Mundial, la OIT y otros organismos multilaterales coinciden en ubicar a Honduras en el primer bloque de los países más desiguales de América Latina, junto a Bolivia y Brasil, donde el 10% de la población acapara hasta un 51% del ingreso nacional (o más). El ingreso per cápita del quintil más rico en Hon-duras supera en promedio 33 veces al del más pobre.

De hecho, según la CEPAL, la evolución de la estructura de la distribución del ingreso entre 2002 y 2007 muestra tres situaciones cla-ramente diferenciadas en América Latina. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Venezuela “presentan una importante reduc-ción de la brecha entre los grupos extremos de la distribución, tanto por el aumento de la participación en los ingresos de los grupos más pobres como por la pérdida de par-ticipación de los hogares situados en la parte más alta de la escala de distribución”. Un segundo grupo, constituido por Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú y Uruguay, se caracteriza por un “relativo” estancamiento de su es-tructura distributiva. Aun cuando en la mayoría de ellos las brechas han tendido a reducirse, las even-tuales variaciones no han sido suficientemente significativas. Por su parte, en Guatemala, Honduras y la República Dominicana lo que pasó es que aumentaron las brechas entre grupos extremos de la escala de distribución.

8. La desigualdad por la vía del ingreso es apenas una de las formas en que se encarnan las desigualda-des en Honduras; y cada desigual-dad genera otras, a cual peores y

LA CRISIS POLÍTICAHA PROFUNDIZADOLA POBREZA

La crisis política ha profundizado la

crisis económica y ha aumentado

los niveles de empobrecimiento de

la sociedad hondureña, según lo

expresado por Ileana Morales, del

Foro Social de la Deuda Externa y

Desarrollo de Honduras (FOSDEH).

Además, planteó que el país no

tiene las condiciones para sobrevivir

a un bloqueo económico por su

dependencia hacia recursos y ayudas

procedentes del exterior.

Morales sostiene que debe existir

un plan de país que no sólo plantee

soluciones a corto plazo, sino que

tenga la vista puesta en los años

venideros. “No podemos hacer que

Honduras flote a corto plazo para que

se hunda a largo plazo”, afirmó.

En cuanto a una posible devaluación

del lempira, Morales opina que la

mala utilización de los recursos

públicos está afectando la

moneda nacional, que sufrirá las

consecuencias. “Si tuviéramos

un gobierno más responsable, se

buscarían mecanismos para que

el impacto económico no fuera tan

fuerte en la población”, comentó.

También manifestó que ante la falta

de captación de ingresos, el gobierno

está aumentando la deuda interna, lo

que afecta a la población de escasos

recursos que, además, está muy

golpeada por el desempleo.

Ante esta crisis, propone que se

incentive la producción interna y que

la ciudadanía, que ya no confía en la

clase política, elabore propuestas de

desarrollo y sea crítica con aquellas

que les llegan desde las esferas de

poder.

ANÁLISIS

11agosto 2009

casi en proporción geométrica. Sólo hay que ponerse a pensar en las desigualdades por razón de género o las desigualdades ideológicas o las desigualdades de quienes controlan los recursos públicos y privadas, o las desigualdades que surgen de las normas legales o de los prejuicios sociales.

Pese a la injusticia crónica y vi-sible, los capitanes del capital, con-sideran que el país está bien como está, que quizá requiera algunos retoques, pero nada más. Ideológica y políticamente no avanzaron, por eso no extraña que para el golpe hayan recurrido a figuras, métodos y justificaciones de la guerra fría de los años 80, como la justificación de sus abusos e ilegalidades a partir de la supuesta existencia de un “esta-do de necesidad” o del “mal menor”. A ese sector se le puede aplicar la frase de que si pierden un milímetro de sus privilegios, piensan que han perdido un kilómetro, lo que expli-ca, de alguna manera, que despre-ciaran la oportunidad histórica que les ofreció Mel Zelaya de reciclarse, puesto que el presidente derrocado nunca dejó de ser liberal, por muy chavismo de que lo acusaran.

LO COYUNTURAL:EL PRESIDENTE ZELAYA,EL CHAVISMOY LA CUARTA URNA

9. El 27 de enero de 2006 asu-mió la presidencia Manuel Zelaya, luego de ganar inesperadamente las elecciones generales con 23% de los votos válidos a su favor. Ese porcentaje tan bajo confirmó el des-encanto de la población respecto a la democracia electoral, porque no siente mejoras importantes en sus condiciones de vida. Zelaya llegó a la presidencia con una sobrecarga

de ofertas y bajo la presión de una fuerte demanda de mejoras visibles a corto plazo. Sin embargo, había cierto optimismo respecto a su ges-tión puesto que, coyunturalmente, los principales indicadores econó-micos mostraban cifras positivas, aunque volátiles.

Al margen de las expectativas, el golpe confirma que Zelaya, a lo sumo, tuvo una oportunidad buena para la reforma, pero no para anun-ciar o prometer transformaciones sustanciales. Cualquier intención de cambio estaba condenada a darse en un contexto de gobernabilidad frágil y asediada. Una pregunta de fondo no se planteó en el palacio de gobierno: ¿Qué era lo posible y qué era lo deseable? Para efectivamen-te intentar cambiar el rumbo del país, se tenía que corregir un error histórico: el mantenimiento de un modelo de crecimiento económico que profundiza las desigualdades y las inequidades.

10. El presidente Zelaya tuvo muchos desaciertos (entre ellos la inefectividad de su gobierno, su protagonismo por encima de la institucionalidad y la legalidad, su permisividad a los abusos, la pésima escogencia de su gabinete –con es-casas excepciones– y su falta de una propuesta coherente de gobierno), pero también introdujo elementos interesantes y novedosos en el ejercicio del poder. En su nuevo papel y ante la imposibilidad real de satisfacer las demandas gremia-les, de empleo y protección social, Zelaya propuso la construcción de un acuerdo nacional al margen de los problemas inmediatos del país, y por encima del bipartidismo y de los procesos electorales: la convoca-toria (cuarta urna) a una Asamblea Nacional Constituyente con la res-ponsabilidad de aprobar una nueva

LA GALOPANTE INCULTURA DEL GOBIERNO DE FACTO

En rueda de amigos, generalmente,

cuando se habla de los funcionarios

públicos, uno de los primeros temas

que surge es el de su impreparación

e incapacidad: ignoran lo elemental

del área de conocimientos para la

cual han sido nombrados y carecen

de las cualidades indispensables para

llevar a cabo la misión que se les ha

confiado…

Uno de los casos que se apartan de

la regla es el del Dr. Darío Euraque,

Gerente del Instituto de Antropología

e Historia (IHAH), despedido arbitraria

e ilegalmente por la ministra de

“cultura”, Mirna Castro, cuyos máximos

méritos parecen estar en los terrenos

de la locución y la presentación de

programas de televisión.

Pocas veces, una institución estatal

ha tenido empleados que puedan

exhibir la hoja de vida del Dr. Euraque:

¡catorce páginas de auténticos logros

científicos y académicos! (…) De

cara a ese prestigio, la afrenta al Dr.

Euraque es la nueva “metida de pata”

del gobierno de facto. Sus miembros,

promotores, consejeros y defensores

se exhiben, ante todos los pueblos

y universidades del mundo, como

lo que son: enemigos de la cultura,

de la inteligencia, de la ciencia, del

humanismo.

Un punto fundamental: la destitución

de Darío Euraque no sólo es una

gran estupidez, es otro acto ilegal del

gobierno de facto: él, como Gerente,

sólo puede ser removido por decisión

del Consejo Directivo del IHAH.

Fragmento de un artículo de Helen

Umaña, escrito el 23 de agosto de

2009.

ANÁLISIS

12envío

Constitución de la República para “refundar Honduras”.

La nueva Constitución fue pro-yectada desde el oficialismo como “la solución total a los problemas nacionales”, mientras que para la oposición oligárquica era “el caballo de Troya de Chávez y la madre de todos los males por venir”. El ries-go de la iniciativa presidencial era elevado, sobre todo cuando innece-sariamente involucró a las Fuerzas Armadas en el proyecto de acarreo para la consulta de la cuarta urna y les dio la excusa para iniciar la lucha contra lo que denominan “el comunismo disfrazado de Socialis-mo del Siglo XXI”. Zelaya, desde el inicio de su mandato, cortejó a las Fuerzas Armadas y lo hizo de la ma-nera más tradicional: a cañonazos de presupuesto. La primera acción en esa vía fue asignarles cuantiosos recursos para proteger los bosques de la región oriental (a costa incluso de un movimiento ciudadano que se había venido construyendo paulati-namente) y lo cerró con la decisión de encargarles, como si fuera una empresa civil, la construcción de una terminal comercial en el aero-puerto de Palmerola.

Sin embargo, la ideología se im-puso y, de hecho, el golpe se comen-zó a preparar desde meses antes, pero no hubo intentos serios por evitarlo, ni se calculó su magnitud e impacto. Para Casa Presidencial, el tiempo corría demasiado rápido en su contra. En un escenario de cris-pación y carente de posibilidades reales de concertación, el gobernan-te optó por intensificar su retórica ante los denominados “poderes fácticos” y, en paralelo, fortalecer una política que sus adversarios siempre calificaron de “populista”.

Además de un aumento signi-ficativo y justo al salario mínimo, relanzó la Red Solidaria (merienda

escolar, matrícula gratis, paquete básico de salud, bono tecnológico, bono y becas estudiantiles) que pasó de un presupuesto de 2,222.7 millo-nes de lempiras en 2006 a 3,446.4 en 2008. Al mismo tiempo decidió, en su último año de mandato, no enviar al Congreso Nacional, para su aprobación, el proyecto de Pre-supuesto General correspondiente a 2009. La confrontación entre el Poder Ejecutivo y los grandes due-ños del poder político, económico, financiero y mediático estaba en su fase culminante y, en alguna man-sión, unas cuantas familias fijaron la fecha para desempolvar el viejo recurso del “madrugón castrense”, y pusieron en acción las viejas y nuevas lealtades.

EL GOLPE MILITARO EL RETORNODE LOS VIEJOS TIEMPOS

11. El 28 de junio tuvo lugar el “golpe de Estado” y la expulsión arbitraria del país del presidente Zelaya. Treinta años después de que el general Melgar Castro fuese sustituido por la vía rápida por el general Policarpo Paz García, las Fuerzas Armadas salieron de sus cuarteles no para asumir directa-mente el poder, pero sí para tener más poder, y bajo el argumento de atender el reclamo de los civiles de tutelar la alternabilidad democráti-ca. Los detalles de cómo se urdió el golpe, cómo y quiénes participaron, seguramente, saldrán a luz pública pronto. Lo que se desencadenó es la peor crisis político-institucional desde el retorno al orden constitu-cional. En un marco de irrespeto a las leyes, nadie midió las consecuen-cias de sus actos.

Los golpistas comenzaron con el absurdo jurídico de negar el gol-

MIENTRAS, LOS NIÑOSY LAS NIÑAS TRABAJAN

Alrededor de 400 mil menores de

edad trabajan en Honduras, de

los cuales el 70% se concentra

en el área rural, revela un informe

del Comisionado Nacional de los

Derechos Humanos (Conadeh),

presentado el 10 de junio. Se calcula

que el 14% de los 2, 860,792 niños

que se dedican a trabajar, oscilan

entre los 5 y 18 años de edad.

Del total de niños que trabajan en

Honduras, el 74% son del sexo

masculino, mientras que el 26%

son niñas. El informe detalla que

alrededor de 140 mil niñas están

inmersas en el trabajo doméstico, y

destaca que, a medida que aumenta

la edad de los niños, se dedican más

a trabajar que a estudiar.

En el marco de la celebración del Día

Internacional contra el Trabajo Infantil, el

coordinador del Programa de la Niñez

del Conadeh, Arnulfo Ochoa, manifestó

que las niñas están más expuestas a

vejámenes, abusos y explotación sólo

por su condición de ser mujeres.

Según Ochoa, es importante

implementar políticas para atacar las

causas del trabajo infantil, y brindar

mayor atención a las necesidades en

educación y formación profesional de

las y los adolescentes.

Indicó que las instancias que

tienen responsabilidad directa en la

protección de la niñez deben formular

planes y políticas nacionales para

prevenir y erradicar el trabajo infantil,

especialmente en sus peores formas.

ANÁLISIS

13agosto 2009

pe de Estado y llamarle sucesión presidencial e incluso un rutinario cambio de gerente por otro. El re-chazo diplomático de la comunidad internacional a esas afirmaciones fue unánime, aunque no decisivo en lo inmediato. La valoración de la repercusión internacional del golpe y sus implicaciones en Amé-rica Latina (especialmente en los países del ALBA) o en los vínculos del continente con Washington merece un análisis específico. Es obvio que en Honduras se interio-rizó el conflicto internacional, pero conservando para los ejecutores del golpe un margen propio de toma de decisiones.

Para Micheletti y sus partida-rios el objetivo central no era la encuesta (la encuesta, legal o ilegal, fue una excusa) sino el proyecto chavista que podía fortalecerse a partir de la consulta. Temieron que Zelaya acumulara más poder que el bipartidismo y convocara antes de las elecciones generales de noviembre próximo a una Asam-blea Nacional Constituyente que aprobara una nueva Constitución bajo el socialismo del siglo XXI y le permitiera al mandatario continuar en el poder. El golpe fue preventivo, marcado por el temor ideológico que del discurso presidencial se pudiera trascender a los hechos sociales. Así se explica que los cargos contra el presidente Zelaya sean de natura-leza política: “Traición a la Patria, intento de cambiar la forma de Go-bierno, abuso de poder y desacato a las autoridades”. A Zelaya no lo quitan por acusaciones de corrup-ción (esas surgen después; todo fue después; la supuesta carta de re-nuncia del mandatario, la orden de captura, el requerimiento fiscal, las investigaciones de los organismos contralores, etc.) sino por el riesgo que implicaba para el estatus quo

que la “semilla de la confrontación ideológica y de clases fuera sembra-da en Honduras”.

12. Por sus características, el golpe confirmó el aglutinamiento de la ultraderecha en un solo bloque y la puesta a disposición de todos sus recursos, mediáticos, ideológicos, financieros y represivos, en respaldo al cuartelazo. Con absoluto apego bipartidista, los golpistas tienen un proyecto que en un principio se revela claramente como conserva-dor, anticomunista y nacionalista. Una de las organizaciones creadas para apoyar a Micheletti refleja precisamente la mentalidad en el trasfondo: “Movimiento Honduras es nuestra”. Dentro de su visión abogan por la integración de las iglesias al Estado, por mantener el modelo de economía neoliberal y por la necesidad de preservar al país bajo los “valores” de siempre (Dios, Patria, Libertad y Mercado).

13. ¿Cuánto tiempo se sos-tendrá Micheletti en el poder? El plan oficial es entregarlo el 27 de enero próximo a quien resulte ga-nador en las elecciones generales de noviembre. Puede que llegue hasta esa fecha y puede que no. La situación económica y social tiende a ser insostenible, y la posibilidad de que la represión se intensifique es muy alta. En todo caso, el golpe puede ser de corto plazo, pero el golpismo no.

PERSPECTIVA GENERALDE LA CRISIS

Con las profundas heridas ins-titucionales y sociales que se deri-van del golpe de Estado, la precaria gobernabilidad actual se mantendrá antes e inmediatamente después de

CONTRA VIENTO Y MAREA

El 31 de agosto comenzó la campaña

electoral que, según el calendario

previsto, culminará con las elecciones

generales del 29 de noviembre.

Los principales exponentes son

Porfirio Lobo del Partido Nacional, y

Elvin Santos del Partido Liberal. En

un esfuerzo por marcar distancia de

los “golpistas”, ambos pronuncian

discursos de unidad y reconciliación,

en medio de una crisis política que ha

puesto en tela de juicio la hegemonía

del bipartidismo.

Estas elecciones no gozan de

credibilidad ante la comunidad

internacional, que ha anunciado que

no reconocerá a las autoridades

que surjan del proceso, si éste no

se realiza en el marco del orden

constitucional.

Voceros de la Resistencia también

han manifestado que, “en las

actuales circunstancias, las

campañas constituyen otra farsa

en este remedo de democracia.

Los politiqueros que se están

embarcando en las campañas lo

hacen de espaldas a la realidad

que estamos viviendo y recibirán el

implacable castigo del pueblo”.

Carlos H. Reyes, candidato

independiente, aseguró que si el

país no vuelve al orden constitucional

antes de las elecciones, se retirará

de la contienda y pedirá a los demás

candidatos que hagan lo mismo. El

Tribunal Supremo Electoral convocó

a las elecciones el 28 de mayo de

2009, un mes antes del golpe de

Estado.

ANÁLISIS

14envío

las elecciones generales de noviembre próximo, y es improba-ble que los comicios satisfagan la aspiración de las elites de poder de que sean el instrumento para nor-malizar la situación nacional, aun-que lleguen a ser “transparentes y concurridas”. Para los candidatos presidenciales de los partidos Libe-ral y Nacional (que se han revelado incapaces de proponer soluciones a la crisis) el peor escenario posible sería recibir la banda presidencial de manos de Micheletti. Influyen-tes naciones, como España, han advertido que no reconocerían la legitimidad de ese traspaso.

Lo que vendrá después del 27 de enero tampoco será fácil. Además de que lo peor del desplome económico y financiero se sentirá en 2010, el golpe, agresivo y fundamentalista, agudizó una polarización ya exis-tente en la sociedad hondureña y le redescubrió una variable política e ideológica que se venía gestando inadvertida, pero consistentemente en el marco de las desigualdades. Ese carácter cismático de la crisis,

presente incluso en el interior de las propias familias, persistirá después de que se alcance algún acuerdo de solución temporal, de tal manera que la tendencia inmediata es hacia una inestabilidad creciente y que la misma encuentre nuevos factores desencadenantes; electorales, eco-nómicos y sociales.

El panorama se agrava porque la institucionalidad, ya de por sí debilitada, terminó de afectarse con los sucesos del 28 de junio, lo que implica que las tareas de re-construcción de la administración pública (y también de la ciudadanía organizada) serán complejas y de largo plazo. A lo anterior habrá que sumar que el costo económico y social del golpe es muy elevado (los empresarios lo calculan para ellos en más de tres mil millones de lempiras en el primer mes) y su impacto se sumará al de la crisis in-ternacional que ya estaba teniendo efectos. En suma, el país no iba bien y ahora va peor. Un panorama de tanta inestabilidad e incertidumbre plantea que una respuesta estable

y duradera al golpe y al golpismo pasa porque en la mesa, externa e interna, de negociaciones se re-conozca el papel de la ciudadanía como sujeto de las mismas y se aprueben reformas estratégicas de Estado. Avanzar en la democracia participativa es una exigencia real, no inventada.

Ya en el pasado reciente desper-diciamos la coyuntura excepcional que brindó el impacto del huracán Mitch para transformar Honduras; sería una tragedia que también se desaproveche el potencial de cam-bio que encierra esta fractura. La sombra de los muertos por balas reales, no de goma, víctimas de la represión, vuelven cínica cualquier demagogia al respecto.

Quizá el elemento esperanza-dor radique en reconocer que la necesidad del cambio no nació con Mel Zelaya, y tampoco morirá con el golpe. Sin duda, es otra la Honduras después del 28.

Tegucigalpa, 31 de juliode 2009.

ANÁLISIS

15agosto 2009

I. ANTES DEL GOLPE DE ESTADO DEL 28 DE JUNIO

En Honduras, al igual que en las demás naciones centroamericanas, se han presentado rupturas

históricas trascendentales que sirvieron para construir o reconstruir nuestras sociedades en procesos más o menos similares: la ruptura con la dominación colonial española (1821); la superación del orden conservador y la anarquía que prevaleció desde el hundimiento de la Federación Centroamericana (1838) hasta la década de 1870; la interrupción de las dictaduras político-mili-tares en la década de 1940 y, una nueva como reciente ruptura, la sustitución de los gobiernos militares a inicios de la década de 1980 por los gobiernos civiles.

A pesar de ello, la ausencia de rupturas radicales orientadas a la transformación estructural de nuestras sociedades es notoria en la continuidad histórica de hechos como la falta de equidad política, económica y

Rupturas y continuidadesen la historia de Honduras

MARVIN BARAHONA*

A diferencia de otros episodios golpistas, el movimiento popular de hoy cuenta con organizaciones y redes sociales que le dan una presencia

nacional e internacional. Si dicha presencia se consolida, se habrá completado otra etapa de la integración nacional, que esta vez puede

ayudar a robustecer a un actor político y social que en el siglo XX no alcanzó el poderío necesario para amenazar el status quo.

¿Podrá, el golpe de Estado del 28 de junio crear nuevas rupturasen la historia nacional?

social; la ausencia de justicia administrativa y social; el predominio de bajos niveles de desarrollo en la ciudad y el campo; y, además, en la supervivencia de supers-ticiones, mitos y creencias que obstaculizan nuestro desarrollo político, económico y social.

La siguiente serie de hechos puede ayudarnos a comprender esta carencia de rupturas radicales en nuestra historia: 1) el enorme peso que manifiestan la tradición y el pasado en todas las dimensiones de nues-tra vida cotidiana; 2) la supervivencia de remanentes sociales y económicos del pasado que imponen límites a la modernidad socioeconómica hoy en día; 3) la huella de procesos políticos, sociales y económicos incomple-tos o interrumpidos sin solución de continuidad en el tiempo; 4) la falta de legitimidad y de legalidad en la construcción del poder, de la autoridad y del imperio de la ley durante largos períodos de nuestra historia. Los hechos mencionados tienen en común la caracte-rística de ser factores de larga duración, que no pueden ser ignorados al momento de reflexionar sobre la au-sencia de paradigmas sociales, económicos y políticos modernizadores, o al momento de abordar los puntos más críticos relacionados con las formas de ejercer el poder político y los mecanismos de dominación social que derivan de éste.

* Autor de Evolución histórica de la identidad nacional (Edito-rial Guaymuras, 1991) y de Honduras en el siglo XX (Editorial Guaymuras, 2004), entre otras obras de contenido histórico relativas a Honduras.

ANÁLISIS

16envío

Estos temas no son otros que el consenso social y político que debe servir como fundamento para la construcción y existencia del Estado nacional; la par-ticipación en la construcción de la nación, teniendo como sustento el principio universalmente reconocido de igualdad de los ciudadanos ante la ley; la definición de objetivos comunes, concretados en metas y proyec-tos nacionales, que nos permitan superar la estrecha concepción respecto al Estado como bien patrimonial al servicio de una minoría; y, la falta de un espíritu público comprometido con el bienestar general, el buen gobierno y el uso racional de nuestros recursos.

En la historia hondureña del siglo XX, cada crisis política y social dejó al descubierto algún aspecto par-ticular, una dimensión específica de los temas antes mencionados, entre los cuales destaca la debilidad de los fundamentos del Estado que los criollos comen-zaron a construir tras la Independencia en 1821. Ese Estado, hecho a la medida, a imagen y semejanza de la elite criolla que heredó el poder de los españoles, nació marcado por la férrea voluntad de los criollos de excluir a las mayorías del ejercicio del gobierno.

Así nació un estilo de gobernar basado en la desca-lificación social y política, que atendía a la existencia de polos económicos ubicados en los extremos de la pirámide social, con una exigua minoría rica y una extensa mayoría pobre. A ese estilo de gobernar le co-rrespondieron formas específicas de dominación social, cuyos principales objetivos eran el establecimiento de formas particulares de explotación del trabajo y la imposición de modos específicos de autoridad política para controlar el comportamiento de una población heterogénea, dispersa y ocasionalmente levantisca.

Ninguno de estos objetivos podía ser alcanzado sin que los criollos pusieran bajo su control el bien más pre-ciado de su herencia colonial: el Estado. Así, el Estado se convirtió en un bien patrimonial al servicio exclusivo de la elite criolla, para ampliarse más tarde a otras eli-tes que se fueron asentando en el país y que también compartieron con los criollos la visión del Estado como fuente de acumulación de riqueza y como mecanismo universal de dominación y control sobre los súbditos.

Hoy estamos ante el quiebre de esa concepción que percibe al Estado como propiedad exclusiva de unos pocos y ante el fallecimiento de un espíritu público basado en el ventajismo particular, que se manifiesta a través de la crisis en que se encuentra sumido el modelo

bipartidista de gobierno reestablecido con el retorno a la democracia en 1982, por el agotamiento de su capa-cidad para gobernar según la tradición republicana y por su incompetencia para satisfacer eficazmente las demandas sociales y las expectativas de mejora de una población empobrecida y en crecimiento.

En consecuencia, hoy nos encontramos ante el reto de reflexionar acerca de los cambios que Honduras ne-cesita en esta nueva era, de identificar cada uno de esos cambios en su dimensión política, económica, social y cultural para construir un nuevo paradigma de sociedad que abra paso a nuevas fuerzas políticas, económicas y sociales que satisfagan las demandas de la población y respondan a los retos más acuciantes de hoy. Un nuevo paradigma que nos obligue a buscar y a encontrar otros caminos para mejorar las condiciones de vida de varios millones de pobres y excluidos; que contribuya a llenar las expectativas materiales y espirituales de la juven-tud hondureña; que ayude a disminuir las brechas en nuestro grado de desarrollo; y, sobre todo, que siente las bases para crear mecanismos eficaces de promoción de la justicia, la equidad y el desarrollo social, viejas deudas de la República con la población hondureña.

LAS CLAVES

Las claves para comprender la situación actual se encuentran en una interpretación acertada de las vías seguidas por nuestra sociedad desde la ruptura del or-den colonial español y la adopción del republicanismo como modelo de legitimidad política para gobernar y como ficción ideológica para encubrir toda forma de dominación social.

El republicanismo originado en la Revolución francesa implicaba el reconocimiento del pueblo, o de la nación, como fuente de toda legitimidad para ejercer el gobierno político; pero, en el camino, la soberanía popular en su sentido más amplio se distorsionó hasta convertirse en la soberanía de un reducido grupo de “notables” que secuestró el significado de este concepto para impedir su aplicación, como es evidente en el caso hondureño.

Este hecho produjo gobiernos de minorías que go-bernaron como si fueran mayorías, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, y cuya intolerancia las llevó a eli-minar toda forma de oposición política. Como resultado, desde la disolución de la Federación Centroamericana en

ANÁLISIS

17agosto 2009

1838 hasta la reforma liberal de 1876, Honduras vivió en una inestabilidad política permanente, porque los libera-les y los conservadores de ese tiempo no encontraron las formas apropiadas para hacer de su modo particular de ejercer el poder una forma legítima de gobernar.

La desobediencia civil y militar, manifiesta en el desacato y el desconocimiento de la autoridad cons-tituida, condujo a revueltas y montoneras que desan-graron el país y, con ello, desvirtuaron la propuesta de gobierno legítimo, democrático y pacífico implícita en el ideal republicano plasmado en las constituciones políticas del país.

La reforma liberal de 1876 representó una nueva ruptura en la historia hondureña del siglo XIX, porque su consigna “Orden y Progreso” llevaba implícito un nuevo paradigma y la intención de retomar el camino que el republicanismo temprano extravió desde que Honduras proclamó su independencia de la Federación Centroamericana en 1839.

La Reforma proclamó una nueva era y plasmó sus postulados en la Constitución de 1880, pero no logró superar el estrecho marco del gobierno de notables que la precedió. Así, el gobierno siguió reservado para los hombres propietarios de riqueza, para los que supieran leer y escribir, y para los hombres que hubiesen alcan-zado la mayoría de edad.

La porción mayoritaria de la población, confor-mada por las mujeres, los pobres y los iletrados quedó al margen del ejercicio del gobierno y de toda forma de participación en la construcción de la nación y del Estado. ¿Podía surgir en la sociedad hondureña de ese tiempo algo que pudiéramos llamar “espíritu público” o “espíritu democrático”?

Los hechos demuestran que ese espíritu sólo preva-leció entre las minorías activas de esa época, cuya obra principal se plasmó en el intento de construir partidos políticos como el Liberal, o el Nacional Progresista que la Reforma tuvo la intención de fundar, pero que no prosperó ante la incomprensión de los notables del programa de largo plazo que los iniciadores de la Re-forma le abrieron a Honduras en 1876.

En tales circunstancias, la transformación de vie-jas facciones en partidos políticos, sin un compromiso explícito para respetar la legitimidad, la autoridad

constituida y el imperio de la Ley sólo podía conducir a un nuevo período de inestabilidad que desvirtuó las intenciones originales de la Reforma y generó nuevos regímenes autoritarios que sometieron por la fuerza a quienes desacataron el orden y la autoridad de su gobierno.

La falta de consenso político y social para el ejer-cicio legítimo del poder, por desobediencia o falta de legalidad, provocó en Honduras, hasta la guerra civil de 1924, una nueva era de caos e inestabilidad con un elevado costo social y político. La guerra civil de 1924 fue un hecho extremo y la manifestación más aguda de la lucha por conquistar el ejercicio del poder por medios legítimos o ilegítimos. El drenaje de energía social y el desgaste de la legitimidad reconocida hasta ese momento condujo, transitoriamente, al estableci-miento del modelo bipartidista de gobierno, constituido por los partidos Liberal y Nacional.

Este régimen fue funcional hasta su ruptura, por violación de la legitimidad a través de la modificación de la Constitución. En 1936 se creó esa ruptura, por la cual se invalidaron los principios de legitimidad política y del ideal republicano que reconocen en el pueblo la única fuente de soberanía para el ejercicio legítimo del poder. Y, al producirse tal ruptura, se utilizó la fuerza al extremo de exterminar a la oposición política y de crear un régimen de partido único que transfirió los fundamentos legítimos del poder político a la figura del caudillo presidente, el general Tiburcio Carías Andino. Esta referencia histórica es básica para comprender algunas causas del rezago político y de la ausencia de educación ciudadana y de espíritu público en nuestra sociedad, hasta el retorno pendular de nuevos procesos en busca de la legitimidad política, perdida una y otra vez en el curso de nuestra historia.

La dictadura del general Tiburcio Carías pudo mantenerse en el poder sólo mediante la distorsión de la legitimidad política a través de modificaciones rutinarias a la Constitución para ejercer continuamente el poder sin recurrir a las elecciones: el sueño de todos los dictadores de ayer y de hoy. Como era de esperar, cuando el pueblo no le ha transferido su autoridad legítima al gobernante, el dictador gobernó hasta que la ilegitimidad y el ejercicio autoritario y arbitrario del poder se agotaron.

Entonces se volvió a pensar en el retorno a la legiti-midad y la legalidad política, para que una nueva ficción

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constitucional y de administración pública contara con el aval del pueblo, como en efecto ocurrió al decretarse la Constitución de 1957 que llevó al poder al liberal Ra-món Villeda Morales. La ausencia de oposición política, ilegalizada o condenada al exilio desde 1936, impedía un retorno inmediato y poco traumático a la legalidad democrática en la nueva era inaugurada por el triunfo de los aliados en la segunda guerra mundial y por la caída de las viejas dictaduras en los países vecinos.

Por eso el retorno a la estabilidad política basada en un gobierno legítimo duró poco: apenas entre 1949 y 19631, interrumpida desde que los militares —para-dójicamente legitimados por el gobierno constitucional de Ramón Villeda Morales (1957-1963)—, derrocaron este mismo gobierno para iniciar una nueva era de ile-galidad, de traición al espíritu público y de imposición a través de gobiernos de fuerza.

Una consecuencia importante de este hecho en nuestra historia contemporánea fue la proscripción del ideal republicano, que quedó fuera de la ley; y la instauración de un ejercicio del poder que, inicialmen-te, renunció incluso a la ficción constitucional que la dictadura de Carías mantuvo en pie para avalar su longeva permanencia en el poder. Sin embargo, en 1965, los militares buscaron legitimar su gobierno mediante una Asamblea Nacional Constituyente y una nueva Constitución, que eligió como presidente al general golpista Oswaldo López Arellano.

Pero de poco sirvió. La erosión de los principios de legitimidad y la renuncia a los valores esenciales de la democracia republicana en los gobiernos militares representó un elevado costo para Honduras, por lo que se puede concluir que de la falta de legitimidad en el ejercicio del poder jamás ha emergido, ni emergerá, una cultura y una tradición democrática.

Los gobiernos militares, ilegítimos nuevamente desde que en 1972 derrocaron al gobierno civil de Ra-món Ernesto Cruz, debieron abandonar el poder cuando en Honduras se volvió a pensar que los gobiernos debían ser legítimos y democráticos, porque así se los recordó la caída de Somoza en Nicaragua, en julio de 1979. Por ello

se proclamó el retorno al orden constitucional, aunque algunos de los que hicieron este reclamo habían votado a favor de legitimar el gobierno militar en 1965.

¿RETORNO A LA DEMOCRACIAO RETORNO AL BIPARTIDISMO?

Hoy es evidente que los cambios políticos que se han operado en Honduras, desde la década de 1980, fueron más una restauración del bipartidismo que una auténtica transición a la democracia. El bipartidismo, que se había interrumpido en 1936 por la imposición de la dictadura de Carías y en 1963 por el golpe militar, retornó para con-tinuar su propia tradición. Sin embargo, desde 1982 a la fecha, el triunfo más notorio del bipartidismo político en Honduras ha sido el desarrollo de la parte más perversa de su potencial, porque no se puede decir otra cosa ante la evidencia de un Estado de Derecho que se mantiene en pie sólo para proteger la impunidad y garantizar la hegemonía de unos pocos.

Crear una institucionalidad formal, en nombre del Estado de Derecho, para inmediatamente después ponerla al servicio de intereses reñidos con el bien común y la soberanía popular, es una transición a la democracia desvirtuada en los hechos y finalmente un disfraz que carece de legitimidad por el desuso de los principios que la sustentan. De ahí la afirmación inicial de que la transición política operada en la década de 1980 no fue profunda, ni tuvo como fuerza motriz una voluntad popular consciente de las metas y objetivos que Honduras debía seguir en una época de cataclismos políticos en Centroamérica, sino que sirvió únicamente como fachada para construir un Estado de Derecho que, en la práctica, nunca ha existido realmente en nuestro país.

No obstante, esta transición representó una rup-tura importante con el pasado, porque logró elevar el discurso sobre la legitimidad y el gobierno legítimo a un rango que la historia de Honduras registra en pocos mo-mentos. El ceremonial actual en torno a la legitimidad constitucional y democrática ha maquillado su puesta en escena hasta llevarla a extremos conmovedores, lo que se manifiesta en la sublimidad de los debates de hoy en torno a la Constitución y el cambio constitucio-nal, tan inútiles como artificiales, para hablar de una “refundación” de Honduras.

Cabe preguntar: ¿Necesitamos una nueva Consti-tución o una nueva sociedad? ¿Se busca con este debate

1 Y, aun en ese período, se presentó la crisis provocada por la intención del presidente en funciones, Julio Lozano Díaz, de prolongar su mandato interino, hasta que fue derrocado por las Fuerzas Armadas en 1956.

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una nueva ruptura política que nos lleve a profundas transformaciones estructurales, o sólo es otra forma de desvirtuar los avances que la legitimidad del ejercicio del poder y los ideales democráticos del republicanismo han tenido en las últimas décadas? Esto último pare-ce ser lo más probable, porque la sustitución de una Constitución por otra, como una acción mecánica y repetitiva, no produce cambios fundamentales en una sociedad, como lo demuestra la historia hondureña de los siglos XIX y XX.

Lo único que esta acción genera es un deterioro profundo de los fundamentos de la legitimidad política, del Estado de Derecho, del gobierno democrático y de la misma tradición republicana que proclama la cohe-rencia de los principios sobre los que debe asentarse el ejercicio del poder. De todo se habla en estos deba-tes, menos de la democracia como instrumento para transformar la sociedad y la cultura, sin recurrir a los golpes de Estado ni a la toma de decisiones a espaldas de la ciudadanía.

OTROS VALORES PARAOTRA DEMOCRACIA

Hoy es importante reflexionar en torno de otros valores que sustentan la democracia, el republicanismo y la legitimidad en el ejercicio del poder; entre otros, el valor de contar con una oposición política beligerante, una ciudadanía activa y vigilante, y la necesidad de obtener más beneficios del sufragio universal para transformar la ciudadanía pasiva que hoy tenemos en una ciudadanía activa, que lleve a la realidad los va-lores que el republicanismo propone como referentes conceptuales, como aquel que dice que todos somos iguales ante la Ley.

A pesar del sufragio universal y de las constitu-ciones republicanas y democráticas que hemos tenido, el gobierno de los notables se ha mantenido incólume y escasamente democrático, lo que ahora exige que reconozcamos la necesidad urgente de democratizar nuestra sociedad para superar el enorme grado de des-igualdad social, impunidad e injusticia que prevalece actualmente.

Y este inmenso reto requiere algo más que deba-tes sobre un orden constitucional que ha sido violado reiteradamente por los mismos que ahora exigen una nueva Constitución. ¿Para qué? Este desafío requiere

acciones y medidas políticas que afecten directamente las causas que ocasionan estos males, única manera de dar a la Constitución actual la vigencia y la aplicación a que están obligados los tres poderes del Estado.

El consenso social y político, como el respaldo irrestricto a la legitimidad democrática y republicana, deben ser los fundamentos que sostengan las transfor-maciones y los cambios sociales que necesita nuestra sociedad, tan dividida y sumida en una inmovilidad que paraliza nuestro desarrollo económico y social.

Para ello, nuestro sistema político necesita una ac-tualización profunda, porque si hay algo que los debates recientes sobre el cambio constitucional han dejado al descubierto es la ausencia de verdaderos partidos políticos, de auténticos intermediarios políticos entre las demandas sociales y la administración del Estado.

Esta ausencia es notoria en el comportamiento de los partidos Liberal y Nacional, que ante los temas de interés nacional asumen la conducta propia de las facciones políticas que, desde finales del siglo XIX, pre-cedieron su conformación como partidos políticos, con lo que no hacen otra cosa que ir permanentemente hacia atrás en su propia historia y tradición, una razón más que evidencia el anacronismo del bipartidismo político en nuestra sociedad.

La ausencia de una auténtica oposición política es, además, manifestación de la distorsión de los mecanis-mos de la democracia representativa y del ideal republi-cano, que hizo que surgieran señalamientos como éste: “…el Presidente Zelaya es un político que reveló, en el último tramo de su mandato, tener la capacidad de ser oficialista y oposición al mismo tiempo…”2.

Al ceder su lugar como representante formal de la principal fuerza política de oposición, el Partido Nacio-nal está contribuyendo a deslegitimar y erosionar aún más la ya gastada forma de administrar el Estado que la alianza bipartidista impuso desde 1982. Así, ha creado un desequilibrio en las relaciones internas de poder, sin percatarse de que está renunciando a un principio

2 “Hacia una verdadera transformación nacional”, comunicado de la Pastoral Social Caritas, el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) y otros, ante la coyuntura política actual, Tegucigalpa, 11 de junio de 2009, p. 2.

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republicano: contribuir a garantizar la legitimidad del poder, estableciendo mecanismos democráticos para evitar los abusos en el ejercicio del mismo.

Lo mismo cabe decir respecto del partido Unifica-ción Democrática (UD) y de algunas organizaciones del movimiento popular que, con escasa reflexión, apoyaron la propuesta de “refundación constitucional” hecha en su momento por el Poder Ejecutivo, haciendo suya la afirmación ajena de que el origen de los pro-blemas está en la Constitución. Con ello renunciaron a identificar las causas de los problemas nacionales en la conformación estructural del país, así como a su autonomía e independencia política. ¿No son estas las mismas organizaciones que hasta hace poco hablaban de la perversidad y corrupción de los “poderes fácticos”?

La renuncia de UD —que hasta la fecha ha repre-sentado a la “izquierda” en el espectro político nacio-nal—, a ocupar el lugar que le corresponde en la oposi-ción política ha ido más allá de lo esperado: ha abdicado a toda posibilidad de ser el representante legítimo de los ideales de las clases populares que desean cambios profundos en la sociedad para mejorar sus condiciones de vida y sus expectativas futuras. Ahora ese lugar lo ocupa, no un partido político, sino el discurso populista del presidente Zelaya, a través del cual se reafirman el presidencialismo y el caudillismo tradicionales.

Cuando las facciones de las clases gobernantes enfrentadas hayan encontrado una salida satisfactoria a su pugna política actual, y si no se produce una trans-formación profunda en su discurso y práctica política, la izquierda tradicional y las organizaciones sociales que se identifican con ella se encontrarán ante un vacío político, ante la falta de identidad y de rumbo político.

Este escenario, en el que fuerzas políticas impor-tantes abandonaron el papel que les correspondía como factores de equilibrio en los espacios de representación política, demuestra que lo que Honduras necesita es una refundación, sobre nuevas bases y principios, de los partidos políticos, tanto de la derecha como de la izquierda.

Mantener, como en las circunstancias actuales, la ficción de la existencia de una derecha y de una iz-quierda que no saben qué hacer de sí mismas, es llevar la agonía del bipartidismo actual al vacío y la confu-sión. ¿No es ésta la impresión que queda respecto del

momento político que vivimos actualmente, cuando se percibe la intención de abandonar los principios en que se fundamentan la legitimidad y la legalidad política? Hoy hemos perdido de vista la diferencia que existe entre un hecho legal y un hecho ilegal.

PODEMOS REENCONTRAR EL CAMINO

¿Existe alguna salida a la crisis del bipartidismo, que no lesione los fundamentos de la legitimidad y la legalidad política basadas en la democracia y los princi-pios republicanos? A esto deben responder los partidos Liberal y Nacional, desde una ética y una transparencia política que hasta hoy no han practicado. Igual respon-sabilidad compete a las agrupaciones de la izquierda que abandonaron su propia agenda política, sin explicación alguna, para abrazar una agenda ajena que aporta poco o nada al fortalecimiento de una izquierda democrática que aspira a ejercer el poder desde los espacios creados por el republicanismo.

La única propuesta de cambio a la altura de los retos actuales es aquella que produzca una ruptura fundamental con la concepción que ha convertido al Estado, los bienes y la riqueza nacional en propiedad patrimonial de unos pocos, que son los mismos que han mantenido como rehén al ideal republicano y han boi-coteado todo avance hacia la democracia social, política, económica y cultural que a esta hora debiera satisfacer las expectativas de equidad, justicia y modernidad que las viejas y las nuevas generaciones exigen para alcan-zar el bienestar que la democracia ofrece como ideal para esta época de grandes cambios y reacomodos a escala internacional y regional.

Elevar la democracia social, política, económica y cultural a un grado superior es el reto más acuciante de nuestra sociedad, lo que no sería tal si el modelo de democracia electoral prevaleciente no se hubiese agotado hasta el grado de convertir la gestión pública en un acto propicio para el enriquecimiento ilícito, la protección de la impunidad y el descrédito de la política como una función pública al servicio del bienestar y el progreso social.

Comprender lo anterior equivale a suscribir la necesidad de una propuesta de cambio a fondo en las formas de participar para construir la democracia en nuestra sociedad, puesto que en cuestionar las formas elitistas de administración del poder se hallan las res-

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puestas a los retos que hoy reconocemos como enormes; a las expectativas de cambio reales e inmediatas; y, a la esperanza de mejorar la calidad de vida de las mayorías.

Esta es la única forma de reencontrar el camino que como sociedad extraviamos cuando los grupos de poder de ayer y de hoy convirtieron la esencia del ideal republicano, y también la democracia que lo sustenta, en una ficción política, constitucional e ideológica con la que han disfrazado y justificado las formas injustas de dominación que han llevado a nuestro país a la quiebra.

Los grupos que han ejercido el poder en los últimos 27 años son los que más han contribuido a separar la justicia del poder porque, aunque ahora se niegue esta responsabilidad, todo poder legítimo está obligado a crear las condiciones necesarias para la aplicación de la justicia, la igualdad proclamada por la ley, el bien-estar y la felicidad pública; no sólo para garantizar el cumplimiento de la ley, sino también para garantizar la propia legitimidad del poder.

Esto es lo que nos ha hecho falta: hacer que la sobe-ranía popular reemplace a la soberanía de los notables, que nunca pudieron gobernar como su soberano, el pue-blo, se los ordenó. Este principio es el único que puede llevarnos a una nueva transición: que nos conduzca de la restauración del bipartidismo político de los notables que impera actualmente, a la restauración de la soberanía y la democracia popular que debe imperar en el futuro.

En este caso, recuperar el viejo proyecto de cons-truir una república de ciudadanos libres, con voz y voto, pero también con capacidad de decisión desde el mo-mento en que asumen deberes y derechos en su propia sociedad, es una condición indispensable para promover el cambio social que el tiempo presente nos exige. Éste, y no las transformaciones caóticas y eventualmente violentas, ha sido el anhelo del pueblo hondureño, por siempre deseoso de respeto, de derechos, de paz, de orden, de esperanza y de bienestar.

Estos valores, casi siempre olvidados o traicionados por las fuerzas políticas actuales, también forman parte de una tradición política que se encuentra en la historia y que es preciso rescatar y actualizar para devolver la vida a los principios republicanos con los que alguna vez se quiso construir una ciudadanía moderna, pero cuyo retorcimiento por parte de los grupos de poder, de ayer y de hoy, ahogó en su cuna.

El republicanismo, como práctica política, hunde sus raíces en la democracia popular y en la participa-ción ciudadana consciente. Por ello es un instrumento valioso para satisfacer las expectativas de nuestra población en el presente, que no es otra cosa que una democracia política, económica, social y cultural que supere las limitaciones de la democracia electoral que hoy nos defrauda por su incompetencia, su ineficacia y su escasa voluntad para enfrentar con éxito los grandes retos contemporáneos de nuestra sociedad.

En estos principios se debe fundamentar una nue-va legitimidad política, un nuevo contrato social y un nuevo trato en las relaciones entre el Estado y la so-ciedad, hasta construir esa ciudadanía con ciudadanos proclamada por el ideal republicano, que nos ayude a superar a la que hoy tenemos: harapienta, huérfana de ciudadanos, insensible ante la ausencia de solidaridad, hipócrita y cínica.

II. DESPUÉS DEL GOLPE DE ESTADO DEL 28 DE JUNIO

En la madrugada del 28 de junio de 2009, Honduras se convirtió en escenario del primer golpe de Estado del siglo xxi en América. La supuesta estabilidad de-mocrática del continente se rompió por su eslabón más débil, en el justo momento que el mundo se debate en una crisis económica de largo aliento y de graves con-secuencias para los países más pobres y vulnerables.

No es fácil —aun para la ciudadanía hondureña—, entender las causas, motivaciones y condiciones que hicieron posible este golpe de Estado cívico-militar, por el que se expulsó del país, mediante el uso de la fuerza, al presidente de la República José Manuel Zelaya. Sin embargo, el panorama es menos oscuro si se echa una mirada a la agitada historia política de Honduras y a la defectuosa construcción de su institucionalidad democrática.

El golpe de Estado del 28 de junio sólo vino a confirmar lo que ya se sabía: la institucionalidad del Estado hondureño es extremadamente frágil. Nuestras instituciones parecen estar hechas con barro, en tanto que la institucionalidad parece estar cimentada sobre tierras pantanosas. Y ni ésta ni aquellas están prepa-radas para soportar los cataclismos que emergen de una cultura política autoritaria, caudillista y clientelar, donde la mayoría de los protagonistas son tramposos.

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A la vista están las debilidades, las insuficiencias y distorsiones de la “democracia representativa” y del “Estado de Derecho”, cultivadas por una clase política versada en el arte de tejer artimañas, en las que ahora se ve atrapada. Cuando se inició la construcción de este Estado de Derecho en 1982, se puso de moda una frase que dejaba al descubierto las verdaderas intenciones de sus artífices: “El que hizo la Ley, hizo la trampa”. Ahora se comprende mejor lo que aquellos artesanos de la jurisprudencia quisieron legar a la posteridad: a la luz de los acontecimientos de hoy, es evidente que las leyes que sustentan el “Estado de Derecho” están minadas, de lo que resulta una institucionalidad en-deble, confeccionada a la medida de una clase política parasitaria y autoritaria. Por eso han reformado y violado la Constitución las veces que han considerado necesario para ejercer el poder a su antojo.

El resultado no podía ser distinto del que se ha obtenido: un “Estado de Derecho” al servicio de la ilegalidad y la impunidad, y una democracia débil e incompleta, pues la inclusión política y social es fic-ticia. Este producto expresa cabalmente el cierre del ciclo histórico iniciado en 1982 con la aprobación de la Constitución vigente, y que ha culminado a mediados de 2009 con el derrocamiento del gobierno de Zelaya Rosales y el consiguiente hundimiento del denominado “Estado de Derecho” que se trató de construir durante más de dos décadas.

Este final es una proyección acabada de la lógica de la evolución y del agotamiento del proceso político iniciado en 1982. En ese momento, la clase política hondureña —que recién retornaba al poder después de casi 20 años de gobiernos militares—, puso la naciente democracia bajo la tutela de las Fuerzas Armadas para protegerse de las revoluciones sociales que agitaban las repúblicas vecinas desde 1979. Por eso fortaleció la jefatura militar depositada en el general Gustavo Álvarez Martínez, y por eso permitió que el territorio hondureño se convirtiera en base de operaciones de la contrainsurgencia centroamericana.

Este hecho es el rasgo más destacado de un patrón de conducta —el recurso intimidatorio—, al que el bipartidismo recurre cada vez que su propia incom-petencia política lo conduce a un callejón sin salida, o cuando percibe que sus intereses están amenazados. En tales casos, las pocas familias pudientes, las que aportan el mayor número de notables al gobierno, todas

atrincheradas en los partidos Liberal y Nacional, corren a pedir la intervención militar, para que sea la fuerza de las armas, y no el poder legítimo de las instituciones del Estado de Derecho, la que resuelva cualquier conflicto que amenaza su estabilidad. Así lo hicieron en 1982 y lo repiten, torpemente, en 2009.

LA CRISIS POLÍTICA Y LA RUPTURADE LA INSTITUCIONALIDAD

El golpe de Estado del 28 de junio, un hecho con-sumado cuyas causas y determinantes seguirán en discusión por más tiempo, ha generado la crisis política más profunda y duradera de los últimos cincuenta años, si se toma como referente principal el año en que fina-lizó la dictadura del general Carías, período durante el cual ninguna crisis política logró estremecer a la vez la institucionalidad, la conciencia pública, el tejido social, económico y político de Honduras, incluso en regiones por siempre periféricas a los acontecimientos nacionales como La Mosquitia y los departamentos más rezagados de los cuatro puntos cardinales.

Este estremecimiento del sistema político, precedido por un cataclismo natural que pocas semanas antes del golpe había dejado al descubierto otras vulnerabilidades del país, desnudó por completo lo que la hipocresía y el cinismo habían mantenido oculto como un secreto a medias: que la institucionalidad sobre la que se ha construido este “Estado de Derecho” no resiste ante el embate de las fuerzas del pasado y no es capaz de res-ponder con autonomía a las tentaciones que emergen de lo más profundo de una sociedad y un sistema político que aún no ha interiorizado el ideal y los valores del republicanismo y de la democracia que los sustenta.

El peso de la tradición sigue siendo agobiante y ha sido un factor preponderante para hundir, con toda la fuerza que el pasado tiene en Honduras, los tesoneros esfuerzos que más de una generación ha empeñado en las últimas décadas para hacer que los mecanismos más propicios creados por la civilización ayuden a reducir la acción nefasta y destructiva del lado más oscuro de nues-tra cultura política y nuestro pasado histórico. Fuerzas profundas se agitan en oscuras cavernas de la sociedad hondureña, para impedir que la modernidad y la mo-dernización le den un nuevo rumbo a nuestra sociedad.

Sin embargo, ningún cataclismo nos haría sentir vulnerables ante una eventualidad y ninguna oscuridad

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podría opacar la luz del día, si nuestra sociedad hubiese hecho lo que debía para reducir al menor grado los efectos de la ira de la naturaleza o las consecuencias de la falta de lucidez de su clase política. Pero poco o nada se ha hecho para proteger la institucionalidad y, mucho menos, la democracia. Las grandes mansiones se pro-tegen amurallándolas, alambrándolas o custodiándolas con guardias de seguridad privados, pero los métodos propios para crear campos de concentración no son ni de lejos las formas que el republicanismo prescribe para salvaguardar la democracia y sus instituciones. Hacer que los militares custodien y protejan la democracia viene a ser lo mismo que poner a las cabras a cuidar los repollos. Acudir a la fuerza militar o llevar la queja a la embajada de los Estados Unidos, cada vez que se presenta una crisis política, sigue siendo el pecado original de una clase política que se siente extranjera e indefensa en su propio país.

A la luz del conocimiento histórico es inexplicable la razón por la cual la clase política hondureña no ha podido asumir el hecho de que en el país donde reside debe, si no convivir, al menos cohabitar con la diversidad social, económica, política y cultural que se ha venido constru-yendo desde el siglo XX. Tampoco ha podido interiorizar el valor que para la democracia y el buen gobierno tie-nen el consenso social y político, la construcción de una agenda colectiva y los beneficios que puede aportar la separación de la esfera pública de los negocios privados, como en su momento la construcción del Estado laico moderno hizo necesaria la separación del Estado y la Iglesia. Mucho menos comprensible resulta, en la era de las grandes propuestas metodológicas para resolver conflictos, que la clase política hondureña recurra al guardián de siempre para pedirle que la proteja, que acabe con los fantasmas que la atemorizan y que, una vez concluida su labor, esconda las cenizas.

Desde la guerra civil de 1924, la clase política hon-dureña ha aprendido muchas cosas, pero ninguna tiene que ver con la construcción de un Estado de Derecho al servicio de la colectividad nacional, con la equidad en la distribución de la riqueza nacional, con el consenso social y político alrededor de temas fundamentales para el desarrollo y, en los últimos años, con la supervivencia misma del país.

Es tal el abandono y el ensimismamiento de esta clase dirigente, que el contemplarse por tanto tiempo a sí misma, frente a un espejo que no es el de la his-

toria, obliga a que los historiadores contemporáneos señalemos las mismas debilidades que ya habían sido identificadas por otros historiadores en el pasado leja-no. Para el caso, la insistencia, desde 1918, de Dana G. Munro sobre la falta de vocación para el diálogo y el consenso político en las elites gobernantes del país, que conducía a levantamientos civiles y militares, revueltas, asonadas, revoluciones y guerras civiles.

La mitología grecorromana cuenta que Saturno devoraba a sus propios hijos, para evitar que estos lo devoraran a él; y en el sistema político hondureño su-cede lo mismo, con la diferencia de que aquí Saturno es un caudillo que cree ser Júpiter. Tal es el peso de la mitología en la cultura política hondureña que, cuando se trata del Estado de Derecho, las generaciones más lejanas y las más cercanas asumimos como propia la imagen de Sísifo subiendo la colina con su pesada piedra al hombro, para luego bajar y recorrer el mismo camino, una y otra vez, hasta la eternidad.

LA LARGA MARCHA DELA RESISTENCIA ANTIGOLPISTA

Si la incapacidad de la clase política para aprender de la historia y asimilar su propia experiencia histórica no deja de sorprender, más sorpresiva aún ha sido la capacidad de resistencia mostrada por el movimiento popular y los sectores que le han acompañado en su empeño de resistir al golpe, exigiendo a la vez la res-titución del defenestrado presidente Zelaya, un hecho inédito en nuestra historia.

Este es otro elemento que hace diferente este golpe de Estado de los que ocurrieron en el siglo XX, porque expresa una asimilación de la historia que se ha venido construyendo desde abajo, y que ahora invoca la acción pacífica como forma de protesta política, de la que espera obtener resultados más tangibles de los que hubiese obtenido de haber recurrido a medios violentos de lucha. Tras el golpe militar de 1963 hubo también actos de resistencia, pacíficos y violentos, pero en ningún caso alcanzaron la pujanza y duración que demuestra la resistencia emprendida por el movimiento popular en este momento.

Paradójicamente, en esta ocasión el llamado a la insurrección fue hecho por el caudillo de turno, encar-nado en el derrocado presidente Zelaya, que ordenó la organización de una columna guerrillera con efectivos

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civiles en la frontera común de Honduras y Nicaragua. Este episodio recuerda las peripecias belicosas de los caudillos del pasado que, como Policarpo Bonilla, co-rrían a esta misma frontera a pedir auxilio al dictador nicaragüense de turno, que ayer como hoy prestaba su concurso para sacarle partido a la debilidad temporal del vecino. Sin embargo, como caricatura de la historia, el caudillo de hoy no invadió el país ni tomó el poder, como alguna vez lo hizo don Policarpo Bonilla, fundador del partido Liberal. Del mismo modo caricaturesco, y a la vez grotesco, la intensa represión ejercida por el gobierno de facto contra la resistencia popular no ha logrado derrotarla, como sí pudieron hacerlo los usur-padores del poder en tiempos pasados.

No obstante, la resistencia prolongada no garan-tiza el éxito de su empresa, porque el tiempo no es su mejor aliado. La resistencia no triunfa y los golpistas no gobiernan. En este contexto lleno de incertidumbre y ambigüedades, en algún momento el movimiento popular deberá definir una agenda política propia, que le ayude a trascender la figura de Zelaya y le permita dirigir sus esfuerzos a profundizar el resquebrajamien-to del bipartidismo, factor decisivo en la distorsión de nuestro sistema político.

En el mismo escenario o en el que surja inmediata-mente después, el movimiento popular se verá obligado a plantearse si en el futuro aspira a ser un movimiento político con agenda social o un movimiento social con agenda política, con lo cual, además de trascender la figura de Zelaya, logre trascender su propia heteroge-neidad y la fuerte carga que representan en su seno las posiciones gremialistas de algunos actores importantes.

La derecha también se verá obligada a un reaco-modo de sus fuerzas. Así como los sismos ayudan al

reacomodo de las placas tectónicas de la Tierra, los cataclismos políticos facilitan la redistribución del poder y la reubicación de los pesos y contrapesos que intervienen en el juego político. Pero la tendencia ac-tual en la derecha parece inclinar la balanza hacia su endurecimiento, lo que implica el fortalecimiento y la concentración del poder en los grupos más conserva-dores y proclives a la ultraderecha.

Sin embargo, al igual que en las fuerzas de opo-sición, en la derecha existen voces discordantes que no quisieran un prolongado retorno a la guerra fría, especialmente ahora que la clase política ha experi-mentado en carne propia que a toda acción correspon-de una reacción de la misma magnitud de la fuerza que la produjo. Sólo el tiempo dirá si los sectores que actualmente gobiernan están dispuestos a cambiar de conducta para iniciar las reformas que el país necesita, o si por el contrario se empecinan en ofrecer y dar más de lo mismo, arriesgándolo todo para conservar lo que ya tienen en el bolsillo.

En el extremo opuesto, a diferencia de otros episo-dios golpistas, el movimiento popular de hoy tiene la ventaja de contar con organizaciones y redes sociales que le dan una presencia nacional e internacional. Si dicha presencia se consolida, con ello se habrá comple-tado otra etapa de la integración nacional, por siempre inconclusa, que esta vez puede ayudar a robustecer a un actor político y social que en el siglo XX no alcanzó el poderío necesario para amenazar el status quo. Hoy, el golpe puede ir contra la lógica de los golpistas, de-vorando, como Saturno, a sus propios hijos, para crear nuevas rupturas en la historia nacional.

ANÁLISIS

25agosto 2009

Los peligros que acechan a la democracia y a la goberna-

bilidad son los temas que siempre aportarán preocupación. Ambas hacen parte de la constante tensión entre las reglas de funcionamiento de la sociedad, con intereses contra-dictorios y la necesaria construcción de acuerdos inclusivos y legítimos que condicionen el funcionamiento de las instituciones. La crisis de Honduras pone a prueba las prác-ticas y las ideas con que ejercemos la democracia y la gobernabilidad. Nos interrogan duramente y no admiten simplificaciones cómodas, para quienes en uno u otro bando quieren sacar partido inmediato.

Se hace difícil no aullar con los lobos del consenso fácil sobre la defensa de la democracia que no defienden y se hace difícil estable-cer una posición que se salve de las lecturas reductoras. La crisis de

Honduras: Una lección para ciegos y videntes

ÁNGEL SALDOMANDO*

“Es regla invariable del poder que resulta mejor cortar cabezas antes de que comiencen a pensar, ya que después puede ser demasiado tarde”.

José Saramago,Ensayo sobre la lucidez

Honduras establece, a nuestro jui-cio, un parteaguas con las ideas con que se ha trabajado el desarrollo democrático y la defensa de la de-mocracia en los últimos veinte años y que se han establecido en tratados y declaraciones internacionales. Ríos de tinta, ampulosas gesticula-ciones y medidas retorcidas, se han vertido en el caso de Honduras con una celeridad nunca antes vista, síntoma de que el hecho ha calado hondo. Pero tras la unanimidad de fachada se esconden graves fisuras y confusiones preñadas de peligros.

Lo único reconocible en esta unanimidad es la defensa del prin-cipio de legalidad democrática frente a un golpe de Estado. Pero esta posi-ción válida tiene detrás lecturas muy poco consensuadas y procedimientos muy debilitados, si se le examina a la luz de los procesos políticos que está viviendo la región. La crisis política hondureña será de larga duración y, aunque la manera como continúe y se resuelva es importante, las lecciones que nos está dejando son urgentes de considerar.

LAS COORDENADAS DELA CRISIS HONDUREÑA

Hacía meses que en Honduras se reconocía la extrema debilidad política del gobierno de Manuel Zelaya y se especulaba con la po-sibilidad de que no terminara su mandato si se agudizaba la crisis entre los poderes del Estado.

La realidad es que desde su ini-cio el gobierno fue débil, tanto por la base electoral con que fue electo como por su incapacidad de generar alianzas y procesos negociadores consistentes que lo respaldaran y le fueran dando salida a los problemas políticos que se habían acumula-do. Problemas endémicos como la corrupción, la ineficacia de las políticas públicas, la lentitud, casi parálisis, de los procesos de reforma del Estado y la descentralización, la inseguridad pública, incluidos secuestros y asesinatos, continuó su curso, a lo que se agregó una forma de gobierno discrecional y volátil que licuó la débil institucionalidad del país.

* Economista e investigador chileno del Centro de Investigación de la Comuni-cación, CINCO, con sede en Managua, y miembro del Observatorio de Gober-nabilidad en Centro América.

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Importantes temas de políti-ca nacional, como la Estrategia para la Reducción de la Pobreza, habían quedado bajo el mandato de Manuel Zelaya en la indefini-ción total y, luego de dos años y medio, apenas había un borrador. La acción pública se había diluido en fondos y prácticas clientelistas personalizadas por el Presidente, sin control ni rendición de cuentas, dando lugar a que el fondo para la reducción de la pobreza desapa-reciera, a que se realizaran asig-naciones e incrementos salariales inviables presupuestariamente, y a que el propio presupuesto fuese inexistente para el último año. La propia cooperación internacional se había alarmado ante este estilo de gobierno. De hecho, se había suspendido el apoyo presupuestario en el periodo 2007-2008. La retórica presidencial “izquierdizante”, que invadió la acción gubernamental en los últimos dos años, se inflamó de manera proporcional a la debi-lidad del gobierno, en la medida que pretendía cubrirla con apoyo internacional y movilización social interna que distaban mucho de ser una realidad fuerte.

La crisis se disparó con la pro-puesta de consulta para instaurar una Constituyente que diera curso a la reforma de la Constitución. La consulta que el gobierno y sus asesores idearon y justificaron con un discurso de ampliación de la de-mocracia llegó, oportunistamente, en paracaídas, en un año electoral y contaminó todo el proceso político. Es decir, una iniciativa que carecía de preparación política suficiente, transparente y abierta, aterrizaba como un apéndice en las elecciones presidenciales, en un contexto de tensión entre los poderes del Estado y debilidad del gobierno.

Sobre todo no disponía de an-tecedentes, en la propia práctica del gobierno, que respaldara el discurso de ampliación de la demo-cracia. La tentativa de imponer la consulta por vía jerárquica, desde la Presidencia, utilizando la logística militar contra el veto de los otros poderes del Estado, precipitó el con-flicto. La sobrerreacción en bloque del stablishment político y militar depuso al presidente Zelaya manu militari, con la cobertura de los po-deres Judicial y Legislativo. En los hechos se generó una situación de conflicto agudo allí donde se podría haber negociado, canalizado y, por último, dejado la responsabilidad de hacer la consulta a un nuevo gobierno, dado que las elecciones presidenciales estaban previstas para noviembre de 2009.

De hecho, la consulta no era de vida o muerte: no cambiaba nada estructuralmente, no superaba los bloqueos de la sociedad hondureña y tampoco era la culminación de un proceso de movilización social o de reivindicaciones tan intenso, que hubiera dejado a Zelaya en la obli-gación de plantearla, ya al final de su presidencia. Evidentemente, lo descrito no justifica el golpe de Es-tado; sólo lo sitúa en un contexto en que los principales actores políticos, atrincherados en las instituciones, libraron una batalla sobredimen-sionada.

¿Por qué Zelaya hizo entonces de la consulta una batalla terminal, yendo incluso personalmente a recuperar las cajas, con el material de la misma, a una base aérea? ¿Por qué los grupos de poder, dominantes en la mayoría de las instituciones y en torno a los partidos Nacional y Liberal, optaron por el golpe y lo apoyaron en la lógica también de un enfrentamiento decisivo?

La lectura del proceso político que llevó a la Presidencia y a sus asesores a diseñar la consulta y situarla en ese momento fue catas-tróficamente mala. Esto se debe, en parte, a la errática búsqueda presidencial de un liderazgo. Más de fondo es la razón de querer forzar el proceso político para un protagonis-mo personal sin proyecto y adherido muy superficialmente a un barniz progresista. Lo trágico es que algu-nos sectores de izquierda se hayan tragado el anzuelo. Es el método de buscar atajos y golpes sorpresivos, propios de una conducción política advenediza y discrecional sin respal-do programático, sin un entramado de alianzas y respaldos en liderazgos intermedios y en la sociedad civil.

La oposición que destituyó a Zelaya es de derecha, ciertamente, aunque ello no ubica automática-mente al depuesto presidente en la izquierda. Las fuerzas conser-vadoras estaban conscientes de la volatilidad de la Presidencia y de su debilidad. Ubicada en espacios claves del Estado, la oposición intentó volver las cosas a su cauce durante varios meses mediante presiones políticas, pero no quiso correr el riesgo de prolongar la cri-sis y terminar disputando en torno a dos legitimidades: la presidencial, por un lado, y la de la consulta de la Constitución, por el otro.

La polarización creciente y las amenazas se agudizaron, de manera que fueron alineando a los actores políticos en el Estado en torno a un desenlace inmediato y no en torno a un proceso político. La sociedad hon-dureña fue, en su mayoría, especta-dora pasiva de este enfrentamiento, al que se sumó la ya tradicional retó-rica en tiempo de elecciones. De ahí que la comprensión de la situación

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se volviera confusa en las últimas semanas previas al golpe.

La crisis y su desenlace es la expresión del conflicto entre fac-ciones del desgastado stablishment bipartidista. No cabe duda que el gobierno de Zelaya se nutrió de algunos sectores gremiales y de viejos cuadros de la izquierda. Cre-yeron que era posible avanzar en destrabar la sociedad hondureña encubiertos con la bandera de un liberal que se transformaba. Esta ha sido la vía del extravío cuando se pretende tomar atajos, sustituyen-do procesos más orgánicos de de-sarrollo democrático y progresista basados en el reforzamiento de las organizaciones sociales, el plura-lismo y la afirmación de derechos.

En este sentido, la sociedad hondureña había hecho avances en los últimos 18 años: una nutrida agenda de cambios había sido iden-tificada, en torno de la cual había debate y toma de posición. Pero el inmovilismo político de sus sectores conservadores la retardaba, prolon-gando así el pasivo social. Zelaya podría haber hecho mucho con esta agenda, pero la tarea estaba muy por encima de su capacidad y de la comprensión de la situación. De la crisis quizá salga una mayor clarificación política de las trabas de la sociedad hondureña, a pesar que ésta se exprese en torno de Ze-laya y del stablishment de derecha. Dependerá mucho de si la izquierda social, mucho más importante que la izquierda partidaria en Hondu-ras, logra constituirse en un actor independiente con su propia visión de la crisis y sus salidas.

La movilización social que comienza a cristalizar tras el golpe puede ser una oportunidad para

relanzar la democratización de Honduras, pero hay que reconocer que está dividida y que si bien la conducción de la derecha es inocul-table en el golpe, tiene una amplia base de apoyo. La diferencia con el pasado de otros golpes de fuerza, es que la democracia es ahora la única regla de legalidad y legitimidad. Los golpistas tendrán que apresurarse a buscar una salida y no podrán cerrar completamente los espacios políticos.

LAS LECTURASDE LA CRISIS

El golpe militar en Honduras desató un conjunto de reacciones más allá de sus fronteras que in-ternacionalizó el problema y sus lecturas. En torno a ello se pueden identificar claramente corrientes de pensamiento y de intereses. Detrás de la posición formal, internacio-nalmente reconocida, de defensa de la legalidad democrática, aparecen entonces peligrosas utilizaciones. De ahí que la crisis de Honduras se convierta entonces en la cabecera de playa donde diferentes fuerzas se estén enviando señales y comiencen a considerarla como un test, al puro estilo de la guerra fría, donde se enfrentaban las fuerzas en terceros escenarios. Esto es, sin duda, muy peligroso para América Latina.

Para las lecturas de derecha —incluidos los militares—, la insoportable mezcla de creciente discrecionalidad del Presidente y el tufo izquierdista derivado de su cer-canía con Cuba, Chávez y el ALBA condujo a una medida profiláctica. Reconocen que fue un error y una transgresión de la ley, pero sostie-nen que era el mal menor frente a un enfrentamiento mayor en el

futuro. De todos modos, afirman, se retomará el cauce institucional por lo que la situación es transitoria.

DESDE LA DERECHA

Tres mensajes son enviados, entonces, desde esta posición. Uno: gobiernos institucionales sí, discre-cionales no. Dos: gobiernos electos sí, izquierdistas con patrocinio extranjero no. Tres: es preferible el mal menor. Detrás de estas señales se invalida la posibilidad de que la sociedad escoja democráticamente, que puedan convivir expresiones diversas en pluralismo y, por úl-timo, se desconoce que el proceso político es conflicto y negociación, con tiempos y sanciones políticas propias de la democracia, por muy imperfecta que sea.

Esta lectura envía una señal extremadamente conservadora so-bre la democratización en América Latina. De ahí que haya provocado una reacción en los países que no solo han compartido las experien-cia dictatoriales, sino también en aquellos que intentan canalizar transformaciones y que temen que la experiencia hondureña sirva de fuente de inspiración a fuerzas conservadoras.

DESDE LA IZQUIERDA

Las lecturas de izquierda se dividen en dos vertientes. Una, que podría calificarse de izquierda insti-tucionalista, defiende la democracia y considera que sus propuestas deben hacerse en el marco institu-cional respetando el pluralismo, y que las transformaciones requieren procesos de desarrollo institucional y social, así como los derechos. Para

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esta visión, la crisis de Honduras ofrece una doble lectura sobre lo que ocurre cuando no se encuen-tran los recursos en los actores del sistema político y este aparece muy bloqueado y cuando, por otro lado, se intenta forzar situaciones que no tienen preparativos suficientes.

La segunda vertiente se asimila con visiones discrecionales de la política. En ella, la legalidad que dan las elecciones debe convertirse, de una vez y para siempre, en el control político no solo del gobierno sino que del Estado. Se transforma la legalidad en la cobertura de la discrecionalidad en torno de un li-derazgo único, la concentración del poder, el cercenamiento del plura-lismo y la disminución de derechos si los liderazgos, además, acentúan el personalismo y el autoritarismo. Las instituciones del Estado se ali-nean con el líder o el partido de go-bierno, licuan el Estado de Derecho, el balance de poderes y el control social pluralista sobre el poder. De ahí que la lectura de la experiencia hondureña es una derrota de su método de manejo institucional, y la ven ya no sólo como una amenaza a la democracia, sino que como una advertencia directa.

La crisis de Honduras revive los viejos fantasmas latinoamericanos de la imposibilidad de la convivencia política y de canalización del conflic-to en democracia, luego de un perio-do de generalización de elecciones y de la propia democracia. Aunque también podría ser vista como los últimos lastres del atraso político que salen a la superficie.

EN PERSPECTIVA

Indudablemente que, frente a una crisis que seguramente será

larga, extraer lecciones podría ser apresurado. Sin embargo, esta crisis no es una tormenta sorpre-siva en Honduras y en el contexto latinoamericano se han acumu-lado antecedentes con la caída de presidentes en Brasil, Ecuador, Argentina y Bolivia. Con reformas constitucionales conflictivas en Venezuela, Ecuador y Bolivia. Con resultados electorales fraudulen-tos en Nicaragua y contestados en México.

La tendencia al continuismo político y a la reelección con refor-mas constitucionales a la medida, como en Colombia y Venezuela, y con presiones en la misma dirección en Nicaragua y Honduras, también han introducido tensiones adicio-nales a las que se suman sistemas políticos anquilosados o constitu-ciones de origen dictatorial, frente a los cuales hay crecientes exigen-cias de cambio. La mayoría de las encuestas de opinión muestran el desgaste de las instituciones y de los partidos políticos, a veces a niveles abismales.

La ola democrática se fundó sobre el retorno de las elecciones y de gobiernos electos democráti-camente, con más o menos calidad de los procedimientos, según el caso. Este proceso ponía el acento sobre la legalidad democrática de los ejecutivos y de los poderes del Estado. Los procesos políticos están mostrando que las democracias, en su defensa y desarrollo, comienzan a desplazarse desde las institucio-nes a la sociedad. Las amenazas no vienen sólo de poderes fácticos, sino también del retorcimiento de las democracias para construir autori-tarismos legales. En contrapartida, se presenta el problema de cómo canalizar la ampliación de derechos

y las transformaciones sociales en el marco democrático heredado de la primera fase limitada de recupera-ción de la democracia, que comien-za a tocar sus limitaciones. Este conjunto de antecedentes ponen en evidencia aspectos sobre las cuales hay que reflexionar urgentemente.

LA INTERNACIONALIZACIÓNDE LA LUCHAPOR LA DEMOCRACIA

Los procesos políticos naciona-les siempre han estado atravesados por influencias internacionales y juego de intereses geopolíticos. Sin embargo, el principio de soberanía y autodeterminación se ha consi-derado una base fundamental para los Estados y las relaciones entre ellos. Las convenciones interna-cionales (contra la corrupción, la Carta Democrática, el Tribunal Penal Internacional, los derechos humanos) han acotado fuertemente en las últimas décadas el principio de soberanía y autodeterminación.

En los países el proceso político es una cuestión nacional, pero no se puede violar convenciones interna-cionales y marcos de conducta rela-cionados con la democracia y los de-rechos humanos. Así, se ha creado una zona de tensión: los gobiernos, cuando les conviene, reclaman so-beranía y, cuando es útil, reclaman las convenciones internacionales. Hasta hace poco esta tensión era poco visible, incluido el momento del auto golpe de Fujimori, la caída de tres presidentes en Ecuador, la caída del presidente De la Rúa en Argentina.

La constitución de bloques re-gionales, en paralelo a otras ins-tancias de coordinación política, ha

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generado espacios más exigentes de coherencia política e instrumentos de negociación más incisivos. Desde la crisis boliviana, luego de la caída de Sánchez de Lozada, la tensión entre los procesos nacionales y las reglas internacionales se ha hecho más evi-dente, y los gobiernos más proactivos en la defensa de esas reglas.

La crisis hondureña ha llevado esta tensión a un punto muy alto y prefigura sus riesgos. Se puede presionar, aplicar sanciones y facili-tar negociaciones, pero no se puede intervenir directamente. El peligro es que algunos gobiernos utilicen estas situaciones como validación internacional de un supuesto li-derazgo o para exportar modelos políticos. En la primera postura ha estado la OEA y el Grupo de Río, pero el presidente venezolano, Hugo Chávez, ha querido hacer del caso un test para el ALBA y para la fuerza de su apoyo político.

Irresponsablemente, ha proferi-do incluso amenazas de intervención directa. Si ello ocurriera, se validaría un peligroso principio en muchas si-tuaciones nacionales controvertidas y en la relación entre Estados. La internacionalización positiva de la defensa de la democracia se conver-tiría en un negativo y latente estado de confrontación. El caso más crítico fue la intervención exterior en Haití, que terminó en una fuerza de paz externa y de largo plazo; es decir, lo convirtió en un país intervenido. Los miembros del ALBA deberían ser muy cuidadosos en este campo.

LEGALIDADY LEGITIMIDAD

La crisis hondureña ha desta-pado un problema extremadamente

grave y sobre el cual también se han acumulado antecedentes. Entre 2005 y 2006, tuvieron lugar doce procesos electorales presidenciales en América Latina: Honduras, Hai-tí, Bolivia, Chile, Costa Rica, Perú, Colombia, México, Brasil, Ecuador, Nicaragua, Uruguay y Venezuela renovaron sus presidentes o se dieron uno nuevo. Ello fue saludado unánimemente como el mayor ciclo electoral de la historia y principal-mente, quizás, porque confirmó las elecciones como medio de acceso al gobierno y como fundamento de la legalidad política de las autorida-des. Pero la otra cara de la moneda es que el mecanismo electoral ha sufrido crisis fuertes y está some-tido a crecientes presiones.

Los presidentes defenestrados en Ecuador, Bolivia y Argentina entre 1998 y 2002 marcaron un quiebre de las elecciones como me-canismo absoluto en democracia, que debe vincular legalidad y legiti-midad de la máxima representación política. No importó el número de votos con que fueron electos; per-dieron crédito político, no tuvieron apoyo social, fueron rechazados y tuvieron que irse. Ello muestra que la legalidad y la construcción de legitimidad son dos esferas re-lacionadas, pero no reductibles a la dimensión electoral.

Se debe gobernar legalmente, pero también legítimamente; nin-guna de estas dos condiciones puede distanciarse demasiado hasta llegar al punto crítico de la ruptura. El problema de fondo no es solo ser electo democráticamente, además se debe gobernar democrática-mente y conservar legitimidad. La regla de la legalidad democrática está perfectamente definida y así es defendida. Pero esta se refiere

principalmente a los ejecutivos. El tema se transforma cuando los gobiernos electos afectan la demo-cracia, licuan las instituciones y comienzan a manipular las insti-tuciones, incluidas las elecciones, para incrementar su discrecionali-dad y su permanencia en el poder. En muchos casos las instituciones legales se vuelven impotentes para asegurar legalidad y legitimidad, frente a lo cual las sociedades, en sus diversos componentes, quedan cada vez más desprotegidas.

Los espacios e instrumentos internacionales deben entonces resguardar también los derechos democráticos de las sociedades fren-te al fenómeno de captura del poder. La Carta Democrática, firmada en 2001 por los países latinoameri-canos, establece que los pueblos y sus gobiernos tienen la obligación de promover y defender la demo-cracia. Sin duda que el conflicto y los diversos intereses involucrados darán diferentes respuestas a estas exigencias, pero los estándares de-bieran ser celosamente indicados a los gobiernos como inviolables.

CONSTITUYENTESY CONSTITUCIONES

La recomposición de los siste-mas políticos durante la ola demo-crática conservó, en muchos casos, constituciones y leyes elaboradas por las dictaduras; en otros casos, perduraron marcos instituciona-les obsoletos o conservadores. La reivindicación de constituyentes y reformas constitucionales por fuerzas emergentes en varios paí-ses abrió un periodo de cambios en este tema, y en otros comienza a emerger. En situaciones de graves bloqueos políticos, urgencia por am-

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pliar la inclusión social y política y los derechos, puede haber premura por cambios constitucionales.

Algunos sectores de izquier-da y progresistas han asimilado la tentativa de consulta por una Constituyente del depuesto Zelaya como una muestra de la validez y la urgencia de estas reformas. Sin embargo, en este tema se debe ve-rificar la pertinencia en cada caso. Si algo demuestra la experiencia es que una cosa es la Constitución y otra es gobernar democráticamen-te. Muchas de ellas disponen de margen para procesos de desarrollo social y democrático, y son más bien los gobiernos y las fuerzas fácticas que los impiden, sin distingos ideo-lógicos en más de un caso.

Igualmente peligrosa es la tendencia a constitucionalizar los gobiernos. Es decir, hacer consti-tuciones a la medida de gobiernos o cierto tipo de liderazgos. El cambio de mayorías políticas y de gobierno podría entonces producir constan-temente un desfase institucional y una inestabilidad política. La exi-gencia de modos de gobernabilidad democráticos y con mayor espacio para la sociedad puede ser una fase necesaria para acumular fuerzas y legitimar los cambios, antes de hacerlos formalmente o intentar forzarlos.

LAS ELECCIONESNO ALCANZAN

Hay que reconocer que, en contextos diferentes, las elecciones pueden cargarse de contenidos políticos que pueden desbordar, e incluso cuestionar, el papel de la elección como instrumento del sis-tema político democrático y arras-

trar incluso a la institucionalidad. Y si a ello se suman déficits fuertes de legitimidad, pueden invalidar progresivamente el principio de legalidad, si hay conflictos fuertes.

En América Latina, hace algu-nos años, era motivo de satisfacción que hubiera elecciones en espera de una mejoría de los indicadores eco-nómicos y sociales. Pese al retorno del crecimiento económico y la dis-minución de la pobreza en algunos países, las expectativas positivas se esfumaron y ahora se cierne el nubarrón del choque externo que amenaza con una tormenta du-rable. La inflación internacional, según algunas estimaciones, no disminuiría hasta después de 2012. Lo que se advierte es un cambio de tendencia, un nuevo ciclo político en que las elecciones no alcanzan, hay mayores tensiones entre los gobiernos y las sociedades, y un creciente descontento.

Según el Latinobarómetro, un 75% de latinoamericanos conside-ran que la distribución de la riqueza es injusta, sólo un 17% espera más igualdad, y apenas un 23% más democracia. Los partidos políti-cos, principales animadores de las elecciones, tienen poco apoyo en la opinión y mucha gente se pregunta ¿para qué votar?

En este ensayo queremos pro-blematizar el papel de las elecciones a partir de los contextos en que operan, y no a partir de la calidad de la norma y de los instrumentos que las ponen en práctica, como la hace el institucionalismo estrecho.

En primer lugar, porque no hay un patrón común que se pueda aplicar en cualquier parte.

En segundo lugar, porque la naturaleza de los procesos políti-cos y sus contextos específicos dan cuenta de la historia real.

Por último, porque aunque existan estándares de desempeño de las elecciones, su función en el marco de determinados modos de gobernanza explica su carga políti-ca, que es lo que nos preocupa.

Desde hace varios años, ocho por lo menos, el debate sobre la democratización en América Latina ha ido cambiando su eje de grave-dad. Tres razones están en la base de este desplazamiento:

• La constatación del desen-canto con la democracia, el estado de la opinión.

• El agotamiento del Consenso de Washington, el fin del proceso de reformas económicas.

• La llegada al gobierno de fuerzas políticas asociadas con la izquierda o con alguna variante de progresismo. Particularmente como núcleo duro Bolivia, Ecuador y Venezuela, con opciones más prag-máticas como Uruguay y Brasil, y diferentes variantes de adaptación como Chile y Argentina.

Estos tres factores han hecho que el análisis se desplace desde la preocupación por la consolidación de la democracia, hacia la pérdida de centralidad del núcleo básico de la democratización; es decir, el paso a segundo plano del triángu-lo: Estado de Derecho, libertades políticas y civiles, elecciones. Esta pérdida de centralidad no se debe a que el triángulo no se considere importante sino, en parte, a que sus elementos se consideran sufi-

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cientemente difundidos, aunque no siempre adquiridos, cuando menos como valores.

Pero, por otro lado, se constatan dos contradicciones: por un lado se generalizaron las elecciones y por otro creció el descontento con la de-mocracia. Se advierte que el peso de los modos de gobernabilidad es más determinantes para responder a los problemas planteados en esta nueva fase de la democratización, en la que hay mayores exigencias de derechos, igualdad y movilidad social.

Así, en vez de preguntarnos, como hace años, sobre cómo avanza la construcción de la democracia y su estabilidad (calidad de las elecciones, de la ley electoral, de los sistemas políticos), ahora nos interrogamos sobre qué tipo de democracia tenemos, si está en con-diciones de canalizar la dinámica del conflicto y el cambio, qué papel juega el núcleo básico del sistema político democrático versus las nuevas exigencias.

La elaboración de la Carta Democrática de la OEA en 2001, y la propia acción de la recién creada UNASUR en el caso de Bolivia, muestra por un lado el desafío de preservar el núcleo básico de la democracia, al mismo tiempo que, por otro lado, debe lidiar con las dificultades que se enfrentan cuando los instrumentos se cargan con contenidos políticos ligados al contexto y a sus conflictos.

GOBERNABILIDAD:PACTO DEMOCRÁTICOVERSUS CONTUBERNIO

En América Latina, la preser-vación del andamiaje democrático y

en particular de las elecciones como fundamento de la legalidad y de la legitimidad, ha tenido una estrecha relación con el modo de gobernabi-lidad que la pone en práctica. Es decir, las formas concretas con que se gobierna la elaboración de los arreglos políticos, las demandas y el conflicto.

Países según identidaddel gobierno

Países con gobier-nos asimilados a la izquierda o centro izquierda

Argentina, Brasil,Bolivia, Chile,Ecuador, Nicaragua, Uruguay, Venezuela, Cuba, Guatemala, Honduras (antes del golpe), El Salvador (reciente).

Países asimilados con la derecha

Colombia, México

Países asimilados con el centro y cen-tro derecha

Panamá, Costa Rica, Perú

(No se discute qué tanto corresponde la identidad con la práctica)

En este sentido las elecciones, según el tipo de gobernabilidad, se ven tensionadas en su condición de regla única para dirimir el juego de opciones y corren el riesgo de volverse funcionales al modo de gobernabilidad. Su estándar de calidad democrática para cimentar la legalidad y la legitimidad puede verse gravemente deteriorado, si el modo de gobernabilidad es a su vez poco o nada democrático. No se trata de que el fundamento demo-crático de la autoridad basado en las elecciones sea descartado; ningún gobierno desconoce en la actualidad este principio. Pero la manera en que funciona en cada contexto cada modo de gobernabilidad puede, en la práctica, hacerle perder su misión principal.

Importantes sectores de la sociedad pueden pensar, entonces, que las elecciones no son un camino para viabilizar sus expectativas, su apoyo o su disenso. Con ello, puede fortalecerse la desafección por la democracia, y el compor-tamiento extra institucional y el conflicto pueden agravarse. Podría decirse que la preservación de las elecciones depende de que el modo de gobernabilidad esté basado en un pacto democrático y no en un contubernio. Depende, por otro lado, de que las formas de gobierno sean lo más abiertas y contractuales posible, en lugar de negar el disenso y el conflicto.

No cabe duda que influyen elementos constitutivos de la vida política: la vida partidaria, leyes electorales, la calidad de los parti-dos, estado de los derechos, liber-tades, la relación entre la sociedad, los partidos y las instituciones, así como el desempeño de estas últimas. En palabras del politólogo Dieter Nohlen, “el contexto hace la diferencia”. La capacidad de preser-var el núcleo básico de la democra-cia, al mismo tiempo que se canaliza el conflicto, es un problema esencial del modo de gobernabilidad y no está garantizado el éxito, más aún en procesos donde se plantean con-flictos vinculados con la estructura del poder y cambios estructurales.

Disponemos de varios ejemplos que pueden ilustrar esto: Bolivia, México. En el primer caso, las mo-dificaciones en la estructura del poder y los cambios estructurales propuestos tensionaron toda la institucionalidad democrática e implicaron la salida de dos presi-dentes, poniendo entre paréntesis el poder otorgado por las elecciones. En México, elecciones reñidas y

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polarizadas pusieron en entredicho su legalidad y legitimidad, y el de la institución encargada, el Instituto Federal Electoral. Lo que estaba en juego ya no era la salida del unipar-tidismo, sino que la posibilidad de la alternancia. Hay momentos en que las elecciones, cualquiera sea su calidad organizativa, no pueden devolver el conflicto a su cauce si no prima un pacto democrático que le ponga límites, o un cambio de corre-lación de fuerzas que lo sostenga. Es lo que en parte ha ocurrido en Honduras.

LA RELACIÓNGOBERNABILIDADELECCIONES

La manera en que se viene respondiendo a este desafío en América Latina tiene dos grandes vertientes de reflexión. Una línea de reflexión ubica el desempeño de las elecciones en el marco de lo que se denominan democracias institu-cionalizadas no populistas y demo-cracias personalizadas populistas. Su preocupación principal es cómo, siendo las democracias sistemas de instituciones donde las elecciones juegan un papel esencial, la gober-nabilidad contribuye a fortalecer democracias institucionalizadas versus liderazgos personalistas que implican una institucionalidad débil. En el primer caso se fortalece la democracia, en el segundo se debilita, y las elecciones se vuelven volátiles como fundamento de la legalidad y la legitimidad.

Sin embargo, si bien parte del análisis de esta vertiente es veri-ficable, la variable institucional puede jugar un papel importante en la estabilidad que parece ser la preocupación esencial de este aná-

lisis. Pero los sistemas altamente institucionalizados podrían ser también poco democráticos y, en ese caso, las elecciones podrían quedar entrampadas en la estabilidad.

La segunda vertiente de análi-sis, en la que me inscribo, privilegia la calidad democrática del modo de gobernabilidad y cómo esto deter-mina el papel de las elecciones. Los modos de gobernabilidad pueden ser abiertos, semiabiertos y auto-ritarios o cerrados. Cada uno tiene características particulares según el país y su historia. La mayoría de los modos de gobernabilidad es semia-bierta. Esto indica una gradualidad en la que oscilan.

Los modos de gobernabilidad semiabiertos favorecen, mediante diversos mecanismos de elecciones, una democracia estable. Es decir, buscan que éstas representen la aprobación de la eficacia del gobierno en torno a objetivos dados y metas utilitarias. Al mismo tiempo, bus-can separarlas de la deliberación de alternativas, de conflictos sobre la estructura del poder y del reconoci-miento del disenso.

El papel fundamental de las elec-ciones es contribuir a la estabilidad y a la rotación de élites. Sin embargo, esto puede adquirir características muy conservadoras si la estabilidad implica reproducir situaciones de injusticia social o política. Las eleccio-nes pueden quedar así entrampadas.

Dentro de este esquema de relación gobernabilidad-elecciones, los modos autoritarios o cerrados buscan que las elecciones sean fundamentalmente un instrumento del poder para su reproducción, lo que puede llevar a modificaciones continuas de las reglas del juego para asegurar este papel.

En los modelos abiertos, donde prima la negociación continua en un marco pluralista, las posibilidades de que las elecciones sean un ins-trumento político que represente opciones programáticas y mejore la representatividad, se incrementan. Hay que decir que los modelos abier-tos son variantes de los semiabiertos y, en algunos casos, se trata de va-riantes forzadas ya sea por fuerzas emergentes o por crisis políticas. Lo que importa es el grado de apertura que alcanzan.

La posibilidad de que las elec-ciones se refuercen como juego de opciones y alternancia, generando legalidad y legitimidad, oscila en-tonces en la gradualidad que hay entre los modos de gobernabilidad, abiertos y semiabiertos. Pero hasta allí llega su responsabilidad, este es el límite de las elecciones, como lo explicamos a continuación.

EL DESGASTEDE LA LEGITIMIDAD

El desgaste en la opinión sobre la acción gubernamental es conna-tural al resultado del choque entre las expectativas y la realidad. Sin embargo, es en el tratamiento de los principales problemas de socie-dad y de los conflictos que provoca, que la legitimidad se debilita o se afirma. La legitimidad es el crédito inmaterial que la sociedad otorga mayoritariamente a la autoridad y a las instituciones bajo formas de to-lerancia, aceptación y confianza. Sin ella, la legalidad solo tiene el recurso de la fuerza o se fundamenta en la apatía y la desmovilización social.

Se podría decir que la legiti-midad tiene una capa muy volátil, que es la opinión sobre la acción

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del gobierno; y una segunda más densa, donde cristaliza el nivel de tolerancia y aceptación de los fundamentos de la autoridad, de la institucionalidad y de los partidos políticos que la animan. Cuando esta se debilita o se quiebra, y activa movimientos de rechazo, ronda la crisis del régimen político.

Si se considera la capa más vo-látil, la opinión sobre la acción del gobierno y del presidente en particu-lar, y la capa más densa, la tolerancia y aceptación de la institucionalidad y los partidos, la distancia es evi-dente y pocos los interesados en explicarlo. Los presidentes pueden estar arriba o abajo en la opinión, pero están sentados en una frágil rama de aceptación. El promedio de confianza en los partidos América Latina no supera el 20%, y en rela-ción a la justicia no supera el 22%, los parlamentos no superan el 29% y, ¡peligrosa sorpresa!, las fuerzas armadas se elevan al 51%.

Es conocido que la opinión en relación con el presidente es inde-pendiente del vínculo con el partido de origen y las instituciones; pero, en caso que la conflictividad y la movilización social las fusionen, es todo el andamio político el que se tambalea. Felizmente para los interesados en el statu quo, esto no ocurre todos los días. Sin embargo, de manera preventiva, esta fragili-dad estructural ha inducido a una concepción muy conservadora de la relación de los gobiernos con los problemas de la sociedad, en par-ticular del reconocimiento del di-senso y del conflicto. Esto es lo que ha desvalorizado las instituciones.

UNA FORMA OBSOLETADE GOBERNAR

En América Latina, pese a las enormes contradicciones sociales acumuladas, la ola democrática tuvo bajas capacidades de recono-cimiento del conflicto y de nego-ciación, demostrando una forma de gobernar poco democrática. Falsamente se introdujo un criterio de estabilidad a toda costa como fundamento de la democracia y una negación de los conflictos y de los problemas que manifestaba. Ello, también falsamente, preten-día demostrar la vitalidad de la democracia en América Latina, cuando en realidad demostraba su debilidad y su falta de madurez. La construcción de este laborioso sofis-ma generó a su vez una distancia entre el discurso y la realidad y un aumento de la frustración social con la democracia, los partidos y las formas de gobernar. Las media-ciones partidarias y la interlocución entre actores e instituciones se de-bilitaron tanto, que las diferencias y el conflicto dejaron de tener vías para expresarse. El concepto de democracia estable sobre la base de la sumisión de las diferencias se impuso, en lugar de la democracia deliberativa y del disenso.

La evidencia de los últimos quince años muestra que toda América Latina ha tenido una ex-traordinaria conflictividad. Frente a esto, el creciente rezago de las for-mas de gobernar y de sus recursos políticos es cada vez más flagrante. No es cierto que la democracia es solo estabilidad; esta se logra si se resuelven los problemas y se nego-cian los conflictos. Lo rescatable hasta ahora es que, pese a la caída de gobiernos y la intensidad de las crisis, no se han producido regre-siones dictatoriales.

Lo que plantean cada vez más los conflictos no son sólo las rei-vindicaciones, sino que cuestionan las decisiones, quiénes las toman y cómo se toman. El proceso de gobernar se ha convertido en una preocupación ciudadana y de los movimientos sociales. La triangula-ción exclusiva entre ejecutivo, parla-mento y partidos políticos como eje único de gobierno, es cada vez más obsoleta e ineficaz. Es evidente que los gobiernos han perdido capacidad de gobernar procesos más complejos y diversos que en el pasado, y de relacionarse con identidades sociales más diversas.

De Chile a México, las demo-cracias latinoamericanas se han gobernado muy poco democrática-mente, desde el punto de vista de este análisis. Sobre todo han sido muy conservadoras en concebir for-mas de gobierno abiertas. De esta manera, los problemas se acumulan y se revelan sólo cuando explotan, dejando al conflicto toda la carga demostrativa de lo que no va bien y muy poco a la responsabilidad polí-tica de las formas de gobernar para asumirlo. La razón de fondo es que se privilegia el statu quo del poder contra una sociedad más abierta y contractual.

El statu quo del poder es la esencia de la estabilidad política, pero si este es rígido, corrupto y excluyente, tarde o temprano la estabilidad estará amenazada o habrá que defenderla por medios autoritarios. Por ello, el posiciona-miento con relación al statu quo y con relación a una sociedad abierta y contractual, debería ser una dife-rencia importante entre partidos e ideologías políticas, entre derecha e izquierda y entre actores sociales.

ANÁLISIS

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País PresidenteMes de laencuestaen 2008

% de Apro-bación

% de confian-za en partidos

políticos(2007)

Colombia A. Uribe Marzo 84 18

El Salvador A. Saca Mayo 55 30

Bolivia E. Morales Mayo 55 14

Brasil Lula da Sil-va Marzo 55 16

Venezuela H. Chávez Abril 54 36

Ecuador R. Correa Junio 53 8

Panamá M. Torrijos Abril 51 13

Guatemala A. Colon Marzo 49 24

Uruguay T. Vázquez Marzo 45 34

Costa Rica O. Arias Abril 44 15

Chile M. Bachelet Junio 44 20

Honduras M. Zelaya Febrero 44 23

Perú A. García Junio 32 14

Argentina C. Fernán-dez Mayo 36 14

Nicaragua D. Ortega Febrero 21 23

Paraguay N. Duarte Marzo 5 12

Fuente: Informe Mitofsky México y Latinobarómetro.

En América Latina se requiere con urgencia plantear las formas de gobernar desde una nueva perspectiva. En el fondo está el problema de cómo se responde a la demanda social y cómo se generan

políticas públicas. Los conflictos en una sociedad revelan crudamente cómo se tratan los problemas, las diferencias y las asimetrías de poder entre los grupos sociales, las relaciones entre el gobierno y la

sociedad, dos factores claves en las formas de gobernar.

Managua, 10 de julio de 2009

ANÁLISIS

35agosto 2009

Cuatro partidos, un golpe y un decálogoFERNANDO MIRES*

Lo sucedido el 28 de junio en Honduras ha reavivado el debate sobre la democracia y el poder en América Latina. Habrá que escuchar y valorar esta multiplicidad de voces, de dentro y de fuera, si se quiere avanzar hacia un

destino común como nación, y si no queremos seguir tropezandocon la misma piedra.

vista antes del golpe. Eso quiere decir que si el golpe en su ejecución fue muy tradicional, el escenario político después del golpe es un hecho inédito y por lo tanto invita a prestarle toda la atención posible.

En torno al golpe de gobierno ocurrido en Honduras creo percibir que se han formado cuatro “partidos” muy definidos. Ellos son a mi juicio: a) el partido “albista”; b) el partido golpista; c) el partido moralista, y d) el partido del realismo político del cual me declaro, para que no quepan dudas, como un activo y disciplinado militante.

Al final de mi trabajo he introducido una suerte de decálogo político. Se trata más bien de los presupuestos que explican o dan sentido a mis argumentos, tanto en éste como en otros trabajos. Recomiendo leerlos al final del texto. Pero también podría ser posible leerlos al comienzo. O incluso, si a alguien no le interesan, no leerlos. En fin, no hay nadie más libre que un lector.

EL PARTIDO ALBISTAEs imposible entender la posición del “albismo”

frente al caso Honduras sin entender lo que es el ALBA. Surgida como un organismo de cooperación comercial entre Venezuela, Bolivia y Cuba, ha pasado a convertirse en una suerte de internacional latinoa-mericana del castro-chavismo, cuyo objetivo central es expandir el llamado socialismo del siglo XXI, rim-bombante slogan sin estatuto teórico pero, por eso mismo, altamente receptivo.

Como he intentado destacar en otra ocasión, la estructura del ALBA semeja una fotocopia borrosa

Los acontecimientos históricos tienen la particu-laridad de alinear en torno de ellos opiniones

y puntos de vista que, antes de que emerjan de modo manifiesto, se encuentran en estado latente. Así ha sucedido con el golpe que el día 28 de junio de 2009 tuvo lugar en Honduras y con los hechos que le siguieron.

Tanto en los medios políticos como intelectuales ha tenido lugar, frente a ese inesperado hecho, un más que interesante debate; muy importante a mi juicio, sobre todo si se tiene en cuenta que la polémica no es una de las distinciones principales de la cultura política latinoamericana. A partir de este debate será quizás posible que surjan nuevos posicionamientos, nuevas percepciones y nuevas formas de enfocar los temas políticos de nuestro tiempo. No está mal: por discutir nadie se ha muerto.

Más que analizar los acontecimientos hondureños “en sí”, dedicaré las líneas de este trabajo a analizar las diversas posiciones (a las que llamaré “partidos”) surgidas alrededor de ese golpe que más bien fue un “golpe de gobierno”, pues todas las demás instituciones del Estado se conservaron intactas. De un golpe que, a diferencia de muchos que han ocurrido en el continente, no surgió una dictadura ni una junta militar sino un gobierno interino que no sólo muestra su disposición a la negociación y al compromiso sino, además, asegura que abandonará ese lugar de acuerdo a la agenda pre-

* Fernando Mires (Chile, 1943), es doctor en Ciencias Económicas y Sociales, profesor catedrático de la Universidad de Oldenburg, Alemania, y autor de numerosos artículos y libros sobre filosofía política, política internacional y ciencias sociales.

DEBATE

36envío

y en tamaño muy reducido de lo que fue una vez el imperio soviético. En su núcleo encontramos el eje La Habana-Caracas, dentro del cual La Habana es su canal ideológico y Caracas su canal económico y militar. Ense-guida tenemos a países satélites como Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Luego vienen las zonas de influencia que abarcan hasta los países clientes.

A partir de ahí el ALBA establece ramificaciones interregionales, aun en naciones que no forman parte de su esfera, a través de vínculos que se extienden a organizaciones no gubernamentales (por ejemplo, las casas del ALBA en Perú), a partidos políticos afines al castro-chavismo, a organizaciones terroristas como las FARC e incluso a casas editoriales y universidades. Desde esa perspectiva resulta comprensible que quienes más han sido afectados por el golpe de junio en Honduras son los líderes máximos del ALBA: Fidel Castro y Hugo Chávez. Castro y Chávez han perdido, en efecto, una pieza geoestratégica clave en el espacio centroamericano. Y si se tienen en cuenta los problemas de legitimación que afectan al gobierno de Nicaragua, la pérdida de una ficha —que eso y no más es para ellos Honduras—, resulta aún más dolorosa.

En cierto sentido, la ideología del ALBA es, como destaca el escritor chileno Jorge Edwards, una “rémora de la Guerra Fría” (La Segunda, 24 de julio de 2009). Efectivamente: el rasgo esencial de los gobiernos al-bistas es su declarada enemistad en contra de los EE UU al que denominan unas veces “imperio” y otras veces “imperialismo”. Frente a ese enemigo universal todas las alianzas están permitidas, aunque eso lleve a compartir un destino histórico con los gobiernos más macabros de la tierra (Bielorrusia, Zimbabwe, Irán, entre otros). Pese a ser una rémora de la Guerra Fría, el ALBA ha alcanzado, para decirlo en los términos de Niklas Luhmann, una suerte de “dinámica auto-rreferencial” o, dicho más en castizo: algo que se ha autonomizado de sus causas originarias.

Dejaré para otra ocasión un análisis pormenorizado de esa unidad micro-imperial que es ALBA. Cabe sólo destacar que si bien hay diferencias entre los regíme-nes políticos que la conforman, hay al mismo tiempo semejanzas. Entre otras podemos mencionar el hecho de que ALBA ha enclavado preferentemente en países de economías desintegradas y con débiles estructuras políticas, propensos a irrupciones populistas, a histerias colectivas, y a la emergencia de caudillos presidencialis-tas con delirios de omnipotencia. En todos esos países

tiene lugar un desmantelamiento de las instituciones públicas, la concentración estatal del aparato produc-tivo, la manipulación de las elecciones como medio de acumulación del poder, las violaciones constitucionales (entre otras), y sobre todo, la realización de “golpes desde el Estado” dirigidos a destruir los reductos de la oposición. En fin, todo aquello que ocurrió en Vene-zuela y que ya estaba ocurriendo durante el gobierno de Manuel Zelaya en Honduras.

El golpe de gobierno en Honduras fue una res-puesta al “golpe desde el Estado” que, sin atender a la correlación nacional de fuerzas (los poderes legislativo y judicial, el ejército, las dos iglesias cristianas, y la mayoría de la población activa), intentó llevar a cabo Zelaya a través de la introducción forzada de la ominosa “cuarta urna” (que fue su urna). Para que se entienda mejor: el golpe de Estado es una transacción al contado; el golpe desde el Estado se paga a crédito. El problema es que Zelaya no tenía fondos políticos para realizar ni lo uno ni lo otro.

No obstante, después del golpe de gobierno que llevó al poder a Roberto Micheletti, el partido albista quedó muy bien posicionado para realizar una política de con-traataque, y nada menos que en el lugar que menos le corresponde: en el del espacio democrático. La razón fue que los militares hondureños hicieron lo que siempre ha-bían hecho cuando los presidentes se les han atravesado en el camino: lo sacaron a empellones del palacio y pu-sieron, en su lugar, a otro. En ese momento protestamos casi todos, y con razón. La verdad es que creíamos que ese tipo de golpes tan feos ya no eran posibles.

Los golpistas de hoy día son, en cambio, más finos. Chávez, por ejemplo, se hace elegir por medio de elec-ciones aplicando los medios más ilícitos, y así gana. Luego, desde el gobierno devora el poder poco a poco, como quien corta en lonjas un trozo de tocino. El tosco general Romeo Vásquez en cambio, no gozó siquiera del poder: los militares delegaron el gobierno a un ci-vil para que restaurara las instituciones democráticas amenazadas por la alternativa reeleccionista que está tan de moda y luego se retiraron, felices de la vida, a sus cuarteles. Y todavía no entienden por qué casi todo el mundo los condena.

La verdad es que ese mundo tan bienpensante no critica tanto el golpe como su forma. Digámoslo así: a los golpistas de Tegucigalpa les faltó sentido estético.

DEBATE

37agosto 2009

Chávez, Morales, Ortega, en cambio, poseen una refi-nada estética golpista. Es la estética de la revolución de la “multitude” (como dicen los sociólogos cursis de hoy día), de las masas uniformadas, de los himnos marciales, del mito histórico, del pueblo unido jamás será vencido, del pasado indígena, del imperio inca, del socialismo nativo, bolivariano, sandinista, martiano, marxista, marciano, cristiano, cualquiera cosa señor: póngale usté.

Los militares hondureños, qué duda cabe, domi-naban la “técnica del golpe de Estado”. Los golpistas del ALBA, en cambio, dominan el “arte del golpe de Estado”. La diferencia entre técnica y arte la conoce muy bien el gran pintor venezolano de nuestro tiempo: “Cuando Picasso está pintando Guernica no debe ser sustituido”, dijo una vez Chávez, abogando por su uto-pía de la infinita reelección. La destrucción de Guernica debe ser llevada a cabo hasta el final en medio de vítores y aplausos frenéticos de la “multitud cósmica” que lo rodea. De ahí que frente al golpe hondureño hasta los gatos se sintieron, de un día a otro, democráticos.

Por supuesto, es más fácil imaginar a Madonna de novicia que a Daniel Ortega o a Raúl Castro luchando a favor de la democracia representativa. Pero así estaban las cosas a mediados del mes de julio de 2009. Sólo faltó que el Mono Jojoi, desde algún video selvático, nos diera lecciones democráticas. Y no habría sido extraño: el arte del neo-golpismo latinoamericano es definitivamente surrealista.

No obstante, pasaría poco tiempo para que el par-tido albista mostrara su definitivo rostro. Ello ocurrió cuando EE UU no sólo no reconoció al nuevo gobierno hondureño sino que pidió por el regreso del destituido presidente. Más aún: EE UU favoreció la mediación del presidente Oscar Arias, arrancando así a Honduras de las garras de la OEA, organización que ha sido prác-ticamente secuestrada por el ALBA. Castro y Chávez percibieron entonces que no sólo habían perdido una ficha en el tablero internacional, sino que estaban a punto de perder la perla más preciada del discurso albista: la perla radiante del antiimperialismo.

No fue casualidad, por tanto, que el más inteligente (o el único inteligente) director del ALBA, que es Fidel Castro, reaccionara de inmediato atacando brutal-mente a Arias, negando radicalmente toda posibilidad de negociación e induciendo a sus aliados a arrebatar

la presa al enemigo imperial. Y es aquí, justo en este punto, donde se muestra el carácter más retrógrado y anquilosado del partido albista.

La táctica utilizada por el viejo Fidel fue la misma que dio éxito al joven Castro durante la lucha contra Ba-tista, táctica que después fue esquematizada por Regis Debray y su legendario “Revolución en la revolución”. Fue esa la misma que fracasó estrepitosamente en Boli-via; la misma que llevó a la derrota a tantos movimien-tos armados y desarmados de los años sesenta. Esa es la táctica del foco insurreccional, sacada hoy del baúl de los recuerdos más polvorientos del mito revolucionario del siglo XX para ser aplicada en esa, como dice Jorge Edwards, “guerra fría reinventada”. Y a la ejecución de esa táctica, cuyas páginas están llenas de polillas y pulgas, se prestó Manuel Zelaya. ¿En qué consiste esa táctica? se preguntarán sin dudas los lectores más jóvenes. La respuesta es muy fácil, pues hasta los más tontos la entienden (de ahí su éxito).

Tú vas a un determinado lugar geográfico como Cristo a Samaria (perdón) con un grupo de apóstoles es-cogidos. Desde ahí te declaras en rebelión (foco) llamas a la insurgencia total, y las multitudes revolucionadas se levantarán, no para avanzar a Jerusalén, sino para crear uno, dos, tres Vietnams. Luego, ese foco lumino-so de la vanguardia autoelegida iluminará desde las alturas más elevadas a las pervertidas ciudades donde llegarán las multitudes insurgentes con sus clamores de hambre y fuego a ocupar el palacio de gobierno y, desde ahí, se harán del poder hasta el fin de la eternidad para redimir a los humanos y reemplazarlos por el Hombre Nuevo, hecho a imagen y semejanza de quien ocupa el poder de turno. Para echar a andar esa táctica se requiere, por lo tanto, de un grupo no muy numeroso de chiflados con predisposiciones suicidas, de un líder absolutamente enloquecido (en este caso Zelaya) y, sobre todo, dinero.

En este punto habría que recordar la mil veces citada frase de Marx relativa a que la historia se repi-te: una vez como tragedia y otra como farsa. En lugar de eso citaré el párrafo completo ya que su sentido es plenamente analógico con la farsa que, a instancias del ALBA, puso en acción Manuel Zelaya en El Ocotal, en los límites que separan a Nicaragua de Honduras. El párrafo de Marx dice así:

Hegel observó alguna vez, que todos los grandes hechos de la historia universal y las personas se repiten. Olvidó

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agregar que una vez como tragedia y otra vez como farsa. Causiddière por Danton, Louis Blanc por Robespierre, el Montagne de 1848-1851 por el Montagne de 1793-1795, el sobrino [Napoleón III] por el tío [Napoleón] Y la misma caricatura en las condiciones en las cuales ha tenido lu-gar la segunda edición del 18 de Brumario (Marx Engels Werke, tomo 8, Berlín Oriental 1975, p. 115).

Ahora bien, en el 18 de Brumario de Manuel Zelaya también se repiten personajes de los años sesenta, pero como caricaturas de sí mismas. Véase: Micheletti por Batista, Chávez por Castro, Zelaya por Che Guevara. Hugo Chávez, el Castro del siglo XXI, vencedor de mil batallas que nunca se dieron ni se darán, el héroe del Museo Militar (así como Castro lo fue del Moncada) intenta emular la gesta de su mentor y envía al hombre del sombrero (quien más se parece a Jorge Negrete que al Che) en lugar del hombre de la boina, pero no a la quebrada del Yuyo donde fue a pelear el Che, sino a la pacífica localidad de Las Manos y junto a él, el guerri-llero heroico alias ministro del exterior de Venezuela: Nicolás Maduro, digno chofer del jeep de Zelaya.

Al igual que el trágico Che, Zelaya padece de un incontrolado “complejo de divinidad” (Alfred Adler) e imagina que su sola presencia en los límites bastará para que las multitudes revolucionarias no sólo de Hon-duras, sino de toda América Latina, se levanten como un solo hombre, dispuestas a inmolarse por el caudillo redentor que las conducirá a bañarse en los mares de la felicidad socialista. Y como el Gramma terrestre de Zelaya y Maduro, al igual que el marítimo de Castro y del Che, no dio resultados, la mayoría de los hondureños zelayistas decidieron que no vale la pena preocuparse tanto por un presidente que ya no lo es, y comienzan a volver a sus labores; a comer pupusas y nacatamales, o a beber el buen ron de caña que tanto abunda en el país, para al fin despertar bebiendo ese café de Olancho que vuelve fuertes a los más débiles y valientes a los más cobardes. Pero el combatiente heroico que es Zelaya, no cejará; irá a las montañas, él lo ha anunciado, y desde ahí seguirá combatiendo por la libertad.

Ojalá, pienso yo, que el aire de las alturas le haga bien y vuelva de una vez por todas al lugar de donde nunca debió haber salido: a su Partido Liberal, a pelear verbalmente contra el Partido Nacional, y a ganar o perder elecciones, como corresponde a cualquier político de profesión, que eso y no más es Zelaya, y no como lo convencieron sus protectores cubanos y venezolanos, un Mesías que baja a la tierra en gloria y majestad.

EL PARTIDO GOLPISTASi es verdad que en América Latina hay una (mini)

Guerra Fría reinventada, como postula Jorge Edwards, hay que tomar en cuenta que como también ocurre en el amor, para que funcione una guerra, fría o caliente, se necesitan por lo menos dos. Los actores principales de esa farsa que es la nueva guerra fría latinoameri-cana son, como hemos dicho, Castro y Chávez. Uno es el ideólogo, el otro el ejecutor. Castro, programado por su propia historia no puede pensar de otro modo que no sea en términos bipolares. Chávez, a su vez, está poseído por la ideología de su mentor hasta el punto que aparece como ejecutor del proyecto que dejó pendiente el primero: el de la revolución socialista continental. Antes de que se muera el padre, ha recibido ya un tes-tamento. Ahora bien, las obsesiones del primero como las alucinaciones del segundo, han terminado por reac-tivar el polo contrario: el de la derecha golpista, aquella misma que hizo en el pasado del anticomunismo no una postura política sino que, casi, una religión.

El golpe de gobierno de Honduras ha tenido la rara virtud de dinamizar ambos polos, mostrando claramen-te que tanto el uno como el otro pertenecen a una sola unidad: la de la barbarie latinoamericana, entendida ésta no como ausencia de civilización, sino como ausen-cia de democracia. Eso es lo que los dialécticos llaman: unidad de los contrarios. A Hannah Arendt corresponde el mérito de haber analizado al estalinismo y al fas-cismo como dos partes contrarias de una sola unidad. Esa unidad era, para ella, el totalitarismo. Tanto el uno y el otro fueron vistas por la filósofa política como “revoluciones reaccionarias” frente a la ilustración, la democracia liberal y el ejercicio libre de las ideas, en fin, como una “contra-revolución” frente al avance de la modernidad política.

En la Guerra Fría “reinventada” que asola a La-tinoamérica, otra pareja siniestra ha tomado también formas polares, y si recurrimos a usos tipológicos, ten-dríamos que convenir que en su expresión más pura esos polos unitarios no son el estalinismo y el fascismo, como ocurrió en la vieja Europa, sino sus versiones criollas: el pinochetismo y el castrismo.

Así como historiadores actuales han encontrado que entre Stalin y Hitler hay muchas similitudes de carácter, Chávez pareciera reencarnar, en la repetición farsesca de la historia trágica que estamos presencian-do, la síntesis perfecta entre Pinochet y Castro: un

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verdadero clon histórico. Con Pinochet (así como con otros dictadores latinoamericanos de menor cuantía) comparte un instinto de poder y una astucia sin límites; casi animal. El lenguaje cuartelero, chabacano, procaz y hampón es, en ambos personajes, el mismo. De Castro, a su vez, ha recibido las obsesiones, el gigantismo, la omnipotencia, en fin, la locura ideológica. Y de los dos, le viene un acendrado militarismo, aquel mismo que mediante una inversión del postulado de Clausewitz considera que la política no es más que la continuación de la guerra por otros medios.

Ya llegará el día en que los historiadores latinoame-ricanos habrán de convenir en que esos dos fenómenos, los pinochetismos y los castrismos, no pueden ser estu-diados de manera independiente el uno con respecto al otro. En cierta medida, el pinochetismo, en la no tan divina comedia latinoamericana, fue la reacción más virulenta en contra del castrismo que penetraba a la izquierda chilena. A su vez, el castrismo ha encontrado en la existencia real o potencial del pinochetismo, una justificación histórica, del mismo modo como en Europa el pretexto del anti-fascismo sirvió a los comunistas para cometer los peores crímenes que uno pueda ima-ginar. Castrismo y pinochetismo son, efectivamente, las dos cabezas latinoamericanas de la legendaria hidra de Lerna. Una cabeza muerde a la otra, pero no pueden devorarse porque al fin y al cabo pertenecen ambas al mismo cuerpo: al de la barbarie como sistema. Así como Peter Schloterdijk escribió en su libro Zorn und Zeit (La Ira y el Tiempo) que el fascismo era “socialismo sin proletariado”, podría deducirse, en el mismo sentido, que el castrismo es “pinochetismo sin empresariado”.

Ahora bien, ¿cómo se ha manifestado frente a Hon-duras la versión golpista de la derecha latinoamericana? Quien haya venido siguiendo con cierta atención los acontecimientos que siguieron al golpe, puede darse cuenta de que esa derecha ha reaccionado, sobre todo en Venezuela, de la misma forma como ha reaccionado siempre frente a todo golpe de derecha. Y, por cierto, de tres modos: a) negando el hecho del golpe median-te utilización de trucos semánticos; b) confundiendo legalidad con legitimidad; y, c) justificando los medios por los fines o lo que es igual: legitimando al golpismo como medio de acción política.

De acuerdo a la primera reacción, algunos publi-cistas de derecha hicieron suya la primera versión del gobierno de Micheletti relativa a que el golpe no fue

un golpe sino una simple destitución constitucional. Que fue una destitución no lo niega nadie, pero que esa destitución tomó la forma de un golpe, es también innegable. No puedo en este punto sino recordar los primeros días después del golpe en Chile, cuando los voceros de la Junta prohibieron que se hablara de un golpe, debiendo decirse en su lugar: “pronunciamien-to”. La verdad de las cosas es que jamás ningún golpista ha dicho que ha llevado a cabo un golpe. Pero si sacar a un presidente de su cama por muy auto-golpista que sea, y Zelaya lo era, y arrojarlo como un bulto en cualquier avión no es un golpe, quiere decir que ni en Honduras ni en ninguna otra parte ha habido un golpe; ni de gobierno ni de Estado.

Otro truco semántico de la derecha golpista ha sido presentar al golpe como resultado del derecho a la re-belión de los pueblos. Quienes así han hablado o escrito han confundido intencionalmente el hecho del golpe con sus consecuencias. El golpe, y hay que decirlo con todas sus letras, no fue producto de ninguna rebelión popular sino de una conspiración palaciega. Cierto es que Zelaya había bajado notablemente su popularidad, pero eso no había llevado todavía a ninguna insurrección popular. Ahora, que parte del pueblo hondureño, frente a las injerencias, insultos y amenazas del chavismo y sus albistas, haya reaccionado masivamente por medio de pacíficas demostraciones, tampoco puede negarse. Pero esa fue una reacción post-golpe. Hay en Honduras, por tanto, dos movimientos populares: el del clientelismo de Estado que construyó Zelaya, y el civil democrático que surgió después del golpe en contra del regreso del “chavismo melista” a la nación. El pueblo está desunido y, por eso mismo, no puede ser vencido.

El segundo recurso de la derecha golpista, tanto hondureña como latinoamericana, ha sido la casi in-evitable confusión entre legalidad e ilegitimidad. Las diferencias son bien conocidas: si bien no todo lo legí-timo es legal, no todo lo legal es legítimo. En cualquier caso, una acción política, un golpe también, siempre será legítima para sus partidarios e ilegítima para sus contrarios. Pero un golpe no es legal, porque créanme, hasta ahora no conozco ninguna Constitución del mundo que consagre el golpe de Estado como medio de recambio gubernamental. Por supuesto, puede alegarse que el ejército actuó de acuerdo a una orden judicial. Mas, la destitución, si es un acto judicial, debe llevarse a cabo en una corte judicial. Y si es político, debe ser llevado en el Parlamento. Zelaya tenía un mínimo dere-

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cho a defenderse jurídica o políticamente. Ese derecho le fue negado. Que le hubiera sido negado por razones de conveniencia práctica, ese es otro tema, y ese tema no puede ser tratado judicialmente.

Más político habría sido que Micheletti hubiera dicho: “Hemos quebrado la legalidad vigente, y estamos dispuestos a afrontar las consecuencias frente al mun-do. Pero lo hemos hecho porque en un determinado mo-mento lo que hicimos era la única posibilidad de evitar un mal peor: una dictadura”. No con esas palabras, pero diciendo lo mismo, habló el Cardenal Oscar Rodríguez, la voz más respetada de la nación. Más sincero aún que el Cardenal fue el coronel Herberth Bayardo Inostroza: “Cometimos un delito al sacar a Zelaya. Pero había que hacerlo”. Pero Micheletti es un político y los políticos no están comprometidos con la verdad. Mucho menos lo está la ultraderecha continental, cómplice de tantas violaciones a la ley, a la moral e, incluso, a la razón.

Más honestas, y este es el tercer punto, han sido aquellas justificaciones golpistas que no recurren a nin-gún tapujo moral ni leguleyo. Hay algunos comentado-res que incluso han argumentado que frente al peligro comunista, representado en este caso por Chávez y el ALBA, todos los medios de lucha son válidos. Así, para ellos, no es necesario usar ninguna artimaña legalista. Para ellos se trata de una lucha de vida o muerte, lucha que debe ser llevada hasta sus máximos extremos.

Fue en las mismas páginas de la revista Analítica donde leí que un politólogo de la derecha golpista escri-bía dando gracias a Chávez por haber puesto claridad en los términos de la lucha. La razón era que Chávez, por su ningún respeto a las formas y a las normas, ha despo-jado al enfrentamiento político de todas las hipocresías que acompañan a una práctica política normal. En cierto modo, según la posición del articulista, Chávez ha simplificado las cosas. O se está en contra o a favor del chavismo; no hay términos medios. Y si pensamos que el “melismo” no es más que una exportación chavista en tierra hondureña, la postura del autor mencionado no carece de cierta lógica. En un sentido que algo tiene que ver con la teoría política de Carl Schmitt, Chávez, sin haber leído a Schmitt, ha llevado a la política a una situación radicalmente antagónica, a una donde no hay más adversarios sino sólo enemigos, a aquel lugar donde tú sólo puedes vencer o ser derrotado.

Hay efectivamente momentos en los cuales los espacios que separan a la política de la guerra son mí-

nimos, y en donde no nos queda más alternativa que ganar o perder. Y que Chávez encamina a Venezuela hacia ese momento, ya no me caben dudas. Chávez, frente a sus enemigos se ha despojado, efectivamente, de toda hipocresía. Él mismo dice en sus discursos que su objetivo es “pulverizar a la oposición”; y creo que lo dice en serio. El problema es que esa hipocresía a la que renuncia Chávez tiene en el lenguaje político otro nombre: ese nombre es, democracia.

O digámoslo así: sin un mínimo de hipocresía, ni la democracia ni la vida social funcionan. Porque la democracia no es la política “en sí” sino sólo una forma en occidente, la preferida de la política. La democracia es y será siempre formal. Chávez no cuida las formas y Micheletti tampoco las respetó cuando expulsó a Ze-laya del gobierno debido a que el presidente tampoco respetaba las formas. Los tres, cada uno de un modo distinto, han reducido la política a una “cosa” informal.

Puede haber, por cierto, política sin democracia, pero democracia sin política no puede haber. La democracia es una forma de limitación de la política basada en la común aceptación de determinadas reglas que no sólo protegen a la política de sus enemigos, principalmente militares, sino que, además, protegen a la política de un exceso de política. Un mundo donde todo es política o donde la política es todo, es definitivamente un mundo anti-político. Cuando la política cubre todo el espacio público, cuando las leyes ya no tienen más valor, cuando las formas mínimas de convivencia ya no se respetan, la política termina por destruirse a sí misma. Ha llegado entonces la noche del terror. En fin, la política puede destruir a la política cuando no tiene formas que la pro-tejan de nosotros, o lo que es igual: de nuestra inmensa capacidad de odio y destrucción.

¿Qué puede extrañar entonces que en contra de la amenaza del totalitarismo castrista que representa Chávez en su país, los golpistas de derecha, al justificar el golpe de gobierno en Honduras, terminen alabando a Pinochet por haber salvado a Chile del comunismo? El autor a quien ya me referí, escribió por ejemplo, lo siguiente: «Vargas Llosa afirmó recientemente en un artículo “la interrupción de la democracia por una ac-ción militar no es justificable en ningún caso” ¿Cómo juzgar entonces el caso chileno de 1973? ¿Se salvó o no Chile del comunismo en esa oportunidad? ¿Es que acaso podía esperarse otra cosa del Chile de Allende? ¿Era preferible aceptar que Allende prosiguiese su pesadilla hasta que no fuese posible dar marcha atrás?»

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41agosto 2009

En otras palabras, dicho autor, al aceptar “la lógica de la hidra”, capitula definitivamente frente a Chávez. Como en el caso de la gran novela de Orwell, termina identificándose con el agresor, aun antes de luchar contra él. El proceso de deshumanización de la política alcanza así su momento culminante, aquel que llevará en un determinado momento a decir: “el enemigo soy yo”. Porque convengamos: Pinochet no sólo fue quien “salvó” a su patria del comunismo, del mismo modo que tampoco Castro es sólo quien “salvó” a su patria del capitalismo. Pinochet y Castro significan mucho más que esas supuestas “salvaciones”.

Pinochet representa largos años de torturas, de miembros humanos destrozados meticulosamente, de cuerpos arrojados al mar desde helicópteros, de cadáve-res que flotan en los ríos, de seres que desaparecieron para siempre sin que nadie sepa todavía donde yacen sus cuerpos, de mujeres violadas por la sádica solda-desca, en fin, el terror asesino del odio militar a todo lo que parezca civilidad, democracia, cultura o política.

Castro a su vez, significa paredón, fusilamientos en masas, incluso de quienes fueron sus propios aliados, mazmorras nauseabundas donde todavía se arrastran quienes fueron alguna vez disidentes y contestatarios. Significa cientos de náufragos ahogándose sin que nadie les tienda una mano. Y por si fuera poco, significa miseria social, embrutecimiento ideológico, pauperismo, hambre. Por último, significa entrega total de una nación el impe-rialismo más cruel de la historia universal: el soviético.

Los dos jerarcas, por cierto, ostentan trofeos de combate. Uno eliminó la inflación, diversificó las expor-taciones y pacificó las calles. El otro disminuyó el anal-fabetismo, creó un sistema de salud pública aceptable, y mantuvo abierto el Tropicana para los turistas euro-peos. Pero ¿qué es eso comparado con tanta maldad, con tanto fanatismo, con tanto crimen cometido? En cualquier caso, convengamos: ni Micheletti es Pinochet ni Zelaya es Allende. Si dejamos claro este punto tan obvio, podemos entonces seguir conversando.

EL PARTIDO DE LOS MORALISTASNi Micheletti es Pinochet ni Zelaya es Allende.

Vale la pena hacer esta diferencia tan elemental. Si comparamos a Micheletti con Pinochet (como hizo el politólogo de derecha) hacemos un favor a la figura de Pinochet. Y si comparamos a Zelaya con Allende (como

hizo Fidel Castro) insultamos la memoria de Allende. La diferencia, además, hay que hacerla si se toma en cuenta el hecho de que frente al golpe de gobierno de Honduras ha surgido con fuerza una posición que, en aras de la proclamación de principios morales, termina por negar toda diferencia entre éste y otros golpes; pro-blema grave, pues sin diferencias no hay política. Bajo la premisa, “un golpe es un golpe y nada más”, la posición moralista no acepta reconocer las particularidades ni mucho menos las condiciones históricas que dieron origen al golpe de Honduras. Pocas veces, en verdad, un golpe de gobierno o Estado ha sido criticado con tanta unanimidad como ha ocurrido con el hondureño. Las razones son evidentes, pero también ambivalentes.

Por cierto, hay que saludar el hecho de que en Amé-rica Latina, continente testigo de tantos y tantos golpes de Estado, cada uno más sanguinario que el otro, haya por fin aparecido una suerte de sensibilidad refractaria a continuar esa más que terrible historia. De acuerdo a esa “nueva sensibilidad”, algunos gobernantes han querido sentar un precedente que se expresa en el lema “nunca más volverá a ocurrir lo que ocurrió”. Bajo ese lema se quiere significar, a su vez, que América Latina ha entrado, por fin, a la órbita de las naciones democrá-ticamente organizadas. En ese sentido, el antiestético golpe de Honduras sería una mancha que ensucia la nueva hoja de vida del continente. Ese fue, por cierto, el principal error de los golpistas de Honduras: no haber captado el nuevo espíritu del tiempo lo que, desde el punto de vista político, es un error inaceptable.

El golpe de Honduras fue condenado y sentenciado el mismo día que ocurrió. La reacción fue espontánea y trascendió más allá del continente. La mayoría de las naciones de la Tierra, aun aquellas cuyos gobiernos no son precisamente un ejemplo de democracia, se apresu-raron a emitir su posición de radical rechazo al golpe. Gracias a Honduras —una nación que sólo figuraba en los periódicos por sus altos índices de pobreza—, el mundo pareció vivir, aunque sólo fuera por un mo-mento, una verdadera fiesta de democracia. No sé si Corea del Norte condenó a Micheletti, pero sí lo hizo Cuba, puedo imaginarlo. La paradoja del caso es que de todos los golpes de Estado habidos en el continente (y ha habido tantos) el de Micheletti parece ser, hasta ahora, el menos cruento de todos.

La condena universal que se extiende sobre el nuevo gobierno de Honduras fue, repito, un signo de una nueva sensibilidad surgida en América Latina, y

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cualquier demócrata debe alegrarse de que así sea. No obstante, habiendo ya pasado muchos días después del hecho, ha llegado quizás la hora de entender los antecedentes que llevaron al golpe, lo que no quiere decir justificarlo. Esa tarea es muy importante si se trata de encontrar los dispositivos que puedan llevar a esa nación a encontrar el rumbo que extravió, no sólo en los días del golpe, sino mucho antes de su ejecución: durante el gobierno de Zelaya. Y eso no se puede lograr con simples declaraciones de principios.

“Hay que estar en contra de todo golpe, venga de donde venga” es el lema de los moralistas de nuestro tiempo. No obstante, una declaración de principios no puede jamás sustituir a una política inteligente. Los principios, qué duda cabe, son algo muy importante, tanto en la vida política como en la privada. Pero los principios han sido hechos, como la palabra lo dice, para principiar, o sea para comenzar a pensar o actuar. Los moralistas de la política, en cambio, comienzan con los principios y terminan con los principios. Y con eso convierten, quieran o no, cualquier salida política en una imposibilidad porque, entre otras cosas, las solu-ciones políticas no ocurren de acuerdo a principios sino de acuerdo a compromisos, lo que es algo muy distinto.

Los partidarios del moralismo político, entre los que se cuentan algunos gobernantes, son por lo general per-sonas a las cuales el destino de una nación les interesa muy poco. Lo que más interesa a ellos es quedar bien ante la historia dejando testimonio de su virginidad política. Eso significa no arriesgar ninguna opinión peligrosa, nada que los pueda perjudicar o ensuciar; protegerse al máximo de todo lo que tenga que ver con la realidad, de modo que cuando llegue el momento de rendir alguna cuenta, puedan decir: yo ya declaré mis principios. Como escribí en un artículo anterior, los gobiernos de América Latina se dividen en dos grupos: los del ALBA (y sus simpatizantes) y los que “no se meten en política”. Estos últimos se contentan con hacer glamorosas declaraciones de principios.

Mientras para la derecha golpista, que hace de las diferencias el principio y el fin de toda política, para los moralistas no existen las diferencias. Ellos se limitan a condenar un hecho histórico de un modo casi notarial. Así, Pinochet y Micheletti deben ser medidos con la mis-ma vara porque, al fin, ambos son golpistas, y el anti-golpista condena los golpes por principio, del mismo modo que para el creyente religioso no hay diferencia

entre quien ha robado un millón de dólares y quien ha robado un par de centavos. Ambos han pecado; lo que importa es el hecho; no la cantidad. En otros términos: aquello que hacen los moralistas es llevar la lógica de la razón religiosa al espacio político; y eso es lo que nunca se debe hacer con la política sin pagar el precio de negarla en su razón más esencial: la deliberativa.

La democracia no es una práctica religiosa ni mucho menos el altar de la moral absoluta. La democracia es, antes que nada, una forma de hacer política a través de medios, valga la tautología, democráticos. Sin mo-ral no hay política; mas, reducir la política al simple cumplimiento de dictados morales es profundamente inmoral. Para poner ejemplos: si sólo dominaran las razones morales, nunca habría podido ser posible la democracia en Chile. Los demócratas chilenos pactaron con el Ejército y eso no los convirtió en pinochetistas. Del mismo modo, los obreros de Solidarnosc, con Wales-sa a la cabeza, pactaron con el dictador comunista, el general Jaruselski, y eso no convirtió a Solidarnosc ni en comunista ni mucho menos en golpista. Pero, si alguien afirma que es necesario encontrar una salida en Honduras a través y no sólo en contra de Micheletti, los moralistas rasgan sus vestiduras y reaccionan in-dignados. Tampoco interesa a los moralistas de nuestro tiempo que una democracia pueda ser liquidada sin pasar por el hecho espectacular del golpe de Estado. Esos son “hechos internos” fue la conclusión “genial” del Secretario General de la OEA, como si los golpes fuesen hechos “externos” (¡!).

De acuerdo con la lógica del Secretario General de la OEA, Hitler nunca habría podido ser condenado políticamente pues cumplió con todas las normas que exige la democracia representativa. En una escala más baja, Fujimori y Chávez también lo han hecho. Nunca Fujimori dio un golpe de Estado, pero hoy casi nadie se atreve a negar que Fujimori fue un dictador. Chávez fracasó en un golpe de Estado, se convirtió después en candidato, ganó las elecciones, y desde ese momento no ha hecho otra cosa que propinar golpes desde el Estado a una amedrentada nación en donde él hace lo que le da la real gana, apoyado en un ejército que sólo él controla, desconociendo elecciones, encarcelando a sus adversarios, subordinando todos los poderes públicos a su simple voluntad; y hoy, amordazando a la prensa de un modo que habrían envidiado los dictadores más golpistas de la historia latinoamericana.

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Por lo demás, los moralistas, por lo menos los que yo conozco, no son tan morales como quieren aparecer. Jamás les he escuchado alzar la voz para condenar los crímenes de un Fidel Castro frente a quien, si hubiera que hablar sólo en términos morales, Micheletti es un ángel celestial. Razón de más para pensar que hay una diferencia muy grande entre moralismo y moral. La diferencia fina la hizo Kant en su libro Paz Perpetua, agregando que si la política fuese sólo moralista, vivi-ríamos siempre en un estado de guerra.

EL PARTIDO DEL REALISMO POLÍTICOEl partido del realismo político se diferencia de los

tres anteriormente nombrados en un punto fundamen-tal: carece de ideología. Esa es su principal debilidad. Pero también es su principal fuerza.

Las ideologías son medios que sirven para prote-gernos de los peligros de la vida. En casos extremos, las ideologías nos vuelven inmunes frente a la realidad y esa es su gran ventaja porque —a diferencia de la realidad que está llena de errores, pues en ella actúan esos seres equívocos, erráticos e imprevisibles llamados humanos—, las ideologías jamás se equivocan. “Sólo el error es fuente de verdad” dijo una vez Nietzsche; y parece que tenía razón, porque para pensar hay que corregir y para corregir tiene que haber algún error. Pensar es, en buenas cuentas, corregir.

Pensar un hecho histórico de modo realista no sig-nifica prescindir de principios ni mucho menos asumir una posición neutral. En ese sentido hay que tener en cuenta que la política, a diferencia de la filosofía, el arte y la religión, es una práctica instrumental; es decir, está sujeta a la lógica medios fines. No puede haber política sin objetivos políticos. Esa es la razón por la cual, en el caso de Honduras, después que el golpe fuera condena-do y “re-condenado”, se hacía necesario pensar acerca de las posibilidades de retorno a la democracia y en torno a ese objetivo, quienes pertenecemos al partido del realismo político, hemos ido articulando nuestras opiniones con el fin de encontrar algunas certidumbres.

Por de pronto, había que partir de una premisa común y elemental, y esa no puede ser otra que el reco-nocimiento y análisis de los actores reales y no ilusorios que participan en el juego. Así como nadie elige a sus vecinos, en la política nadie elige a sus actores. Hay que contar con ellos tal como son y no como quisiéramos que fueran. Esos actores se expresan en dos fuerzas

históricas a las que llamaré, provisoriamente, la fuerzas melistas y las fuerzas michelettistas. Dichas fuerzas no son sólo locales. Tienen, además, una expresión inter-nacional. En ese contexto fue importante constatar que mientras el michelettismo es más fuerte localmente, el melismo es, o por lo menos era, más fuerte en la escena internacional.

El michelettismo es más fuerte localmente no sólo por el apoyo del ejército, sino por el de los poderes pú-blicos, de las iglesias, de las clases productivas, de los sectores intermedios e incluso, de sectores populares. No obstante el melismo, gracias al clientelismo estatal practicado por el gobierno Zelaya, conserva fuertes posiciones sociales. Esas posiciones se expresan en el llamado “poder ciudadano”, más las organizaciones campesinas y suburbanas articuladas en torno a la figu-ra presidencial, todas muy bien organizadas y, además, con una militante predisposición de lucha.

Ahora, desde el punto de vista internacional, el apo-yo que recibió originariamente Zelaya fue simplemente portentoso. Desde Cuba, pasando por Venezuela, los países a-políticos de América Latina, más la OEA, la ONU, la Unión Europea y, por si fuera poco, los EE UU, se pronunciaron a favor del regreso de Zelaya al poder. Demasiado para un país tan débil como Honduras y para un gobierno tan precario como el de Micheletti. Inmediatamente después del golpe parecía, efectiva-mente, que los días de Micheletti en el gobierno estaban contados. Mas, no fue así. Y la razón es muy simple.

El enorme apoyo internacional que recibió Zelaya se encuentra muy dividido, y por cierto, no sólo entre bloques que son irreconciliables, sino que, además, se neutralizan entre sí. Esos bloques son, a mi juicio: a) el ALBA, que a través de Chávez ha jugado la carta insurreccional, b) los países que favorecen una salida negociada, particularmente los EEUU, Brasil, quizás Colombia y, c) los países indiferentes. Estos últimos, después que sus gobiernos manifestaron fogosos re-chazos al golpe, se desentendieron lo más rápidamente posible del problema, dejándolo en manos de los dos primeros.

Para la dirección castro-chavista, jugar la carta insurreccional era de importancia vital. De acuerdo a su estrategia general, Honduras se convertiría en un foco internacional donde sería librada una gran batalla entre el “imperio” y los “ejércitos libertadores” del ALBA. De

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este modo Chávez pasaría a erigirse como vanguardia continental en la lucha por la liberación de América Latina en contra de las oligarquías y del “imperio”. Una locura dirán muchos. Así es, pero si hablamos de Chávez hay que dejar los patrones de la lógica y de la cordura a un lado. Como escribió Joaquín Villalobos: “Chávez necesita muertos en Honduras”.

En otras palabras: si no hubiera sido por la abierta intervención de Chávez en el caso Honduras, éste no habría pasado de ser un conflicto al interior de la clase política hondureña. Uno más de los cientos que ha vivi-do el país. Chávez y su séquito del ALBA lo convirtieron en un problema internacional de grandes magnitudes. Más todavía: cada vez parece estar más claro que si no hubiera sido por la abierta intervención chavista en el gobierno de Zelaya, el golpe de junio de 2009 nunca habría tenido lugar. El incendio tuvo lugar en Teguci-galpa, pero el incendiario reside en Miraflores.

Si Zelaya no se hubiese plegado incondicional-mente a la estrategia chavista, puede que ya hubiese regresado a Honduras, como presidente o no. Hoy, en cambio, aparece ante muchos hondureños ya no más como el gobernante derrocado sino como quien se puso al servicio de la intervención extranjera para invadir a su propio país. Al seguir a Chávez más que a la lógica liberal, que alguna vez tuvo, ha firmado quizás el acta de su propia defunción política.

El enorme costo humano que habría implicado la salida insurreccional buscada por Chávez, hizo que rá-pidamente la balanza internacional fuese inclinándose hacia la posibilidad de una salida negociada. Fue en esos momentos donde surgió la presencia mediadora de una de las figuras más prestigiosas del continente: el presidente de Costa Rica, Oscar Arias. Ese fue también el momento cuando Zelaya, impulsado por Chávez, dilapidó su enorme capital político internacional, y lo hizo como esos jugadores que en el casino se juegan toda su fortuna de una sola vez. Increíble.

En un principio, como es sabido, Zelaya intentó acatar la mediación de Arias, pero rápidamente hubo de constatar que cualquier salida negociada implicaba hacer concesiones que eran inaceptables tanto para él como para Chávez. En efecto, el regreso de Zelaya al gobierno, si era negociado, debía ser condicionado. Y la condición principal era renunciar definitivamente a la ilegal “cuarta urna”, es decir, a la reelección presidencial. En otras palabras, el rol que asigna el Plan Arias a Zelaya

es el que corresponde a un presidente democrático, pero ese no era el rol que soñaban Chávez y Zelaya.

Bajo las condiciones sugeridas por Arias, Zelaya habría retornado al gobierno por algunos meses a cumplir un rol administrativo que no habría sido otro que organizar las elecciones para el futuro gobierno del cual él no iba a formar parte. Cualquier político avezado lo habría aceptado de inmediato. Zelaya ha-bría quedado así situado en una excelente posición política para después convertirse en el principal líder de oposición al futuro gobierno, cualquiera que hubiera sido. En fin, el Plan Arias, en sus siete puntos es un documento extraordinario; una verdadera joya política de nuestro tiempo. Pero tiene un pequeño problema: fue hecho para seres racionales; y en el caso Honduras están Chávez y Zelaya de por medio.

Quizás sabiendo que si Zelaya se hubiese sometido al Plan Arias nunca lo habría cumplido, Micheletti, quien conoce muy bien a Zelaya, cerró cualquier posi-bilidad de regreso del defenestrado presidente pero, y ahí demostró cierta habilidad política, no cerró de plano las negociaciones con Arias, como ocurrió con Zelaya. Micheletti, evidentemente, necesita tiempo. Como el veterano político que es, sabe que si logra resistir a la presión externa puede ir preparando el camino para las próximas elecciones, lo que traerá consigo una disminu-ción paulatina de esa presión ya que, con negociaciones o sin ellas, Honduras obtendría esa salida democrática que tanto necesita. En fin: si después del golpe Micheletti aparecía como el problema y Zelaya como la solución, hoy Zelaya aparece como el problema y Micheletti, guste o no, es, por lo menos, una parte de la solución. Ese es el estado de cosas hasta el momento en que escribo estas páginas. Mañana puede ser distinto. Así es la política.

Quienes militamos en el partido del realismo po-lítico sabemos que la política siempre es y será una práctica provisoria y circunstancial. Esa es una de las razones que la hace tan fascinante. La política es defi-nitivamente inmunda y no ex-munda. Es el lugar del mundo donde incapaces de eludir el “ahora” y el “aquí” formamos nuestras opiniones, alineamos nuestras fuerzas y mediante el uso de la palabra, polemizamos con nuestros adversarios y combatimos a nuestros enemigos. Así es y así será.

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El caso Honduras ha tenido la virtud de dividir de modo manifiesto las aguas políticas de América Latina. Mostrar esos límites ha sido el objetivo de este ensayo. Los argumentos y criterios los he desarrollado de acuerdo a puntos de vista que he adquirido a través de una ocupa-ción larga y sostenida, ya sea con la filosofía política, ya sea con los temas políticos de nuestro tiempo. En cierto modo son, tales adquisiciones, el trasfondo que explican éste y otros trabajos que he escrito. Para simplificarlas, me he decidido a publicarlas bajo la forma de un decálogo, lo que no es más, entiéndaseme bien, que un simple recurso literario. Más aún: a diferencia con otros decálogos, este es absolutamente provisorio. Eso quiere decir que los diez puntos que expongo a continuación pueden llegar a ser, con el tiempo, muchos más o muchos menos.

• La política es lucha por el poder (Max Weber). Pue-de ser el poder concentrado en un Leviathan (Hobbes), o el poder microfísico de las relaciones sociales (Foucault). En cualquier caso, sin lucha por el poder no hay política. En ese sentido el ser humano no es un animal político, como formuló Aristóteles. Pero sí es un animal de po-der. Eso quiere decir que si la política es lucha por el poder, la simple lucha por el poder no es en sí, política. La diferencia es la siguiente: mientras la simple lucha por el poder busca la supresión del adversario, la lucha política busca el ejercicio de soberanía, o la hegemonía, o la supremacía sobre el adversario, pero sin suprimirlo. Con la supresión del adversario termina la política.

• La lucha por el poder se ordena de acuerdo a acontecimientos que van dando forma a los diversos partidos (partes). Los acontecimientos, para ser tales, tienen que ser imprevisibles e inesperados. En ese sentido la política llega siempre “con cierto atraso”. Primero ocurren las cosas, después llega la política.

• La política no es el lugar de las profecías ni mucho menos de las ideologías. Las profecías se definen de acuerdo a acontecimientos que no han ocurrido. Las ideo-logías, a su vez, se definen de acuerdo a acontecimientos muy lejanos. Tanto las profecías como las ideologías son las más graves patologías, no sólo de la política, sino también de las (mal) llamadas ciencias sociales.

• No hay política sin toma de posiciones políticas. Pero las posiciones en la política, en la medida que se van produciendo frente a acontecimientos siempre nuevos, son radicalmente inestables. De ahí que las luchas étni-

cas, religiosas y nacionales, al no ser intercambiables, no pueden ser políticas (Michael Walzer). La política, y para decirlo como diría Wittgenstein, es un juego de posiciones, y como ocurre en todo juego, son necesarias las reglas del juego.

• La democracia es una forma de gobierno que re-gula y dicta las reglas del juego político. Puede haber, por tanto, política sin democracia. Mas, no puede haber democracia sin política. La política puede tener lugar bajo reglas teocráticas, monárquicas, y otras más. Con-fundir la democracia con la política es “democratismo”, actitud que puede llevar a minimizar la acción política en función de la simple gobernabilidad. Esa es la prin-cipal crítica a la democracia liberal que ayer sustentó Carl Schmitt y que hoy, entre otros, mantienen autores como Chantal Mouffe y Claude Lefort.

• La política no es tanto el espacio institucional de la política como sostienen, entre otras, las teorías “ha-bermassianas”, sino el campo del antagonismo. Dicho de otro modo: el antagonismo político crea sus espacios de lucha y no los espacios de lucha al antagonismo.

• A través de la acción política buscamos posibili-dades de compromiso. Pero el verdadero compromiso sólo puede surgir de antagonismos que, mientras más abiertos y reales, más políticos son. Aquellos que buscan el compromiso, por lo general en nombre de abstractos principios morales, sin reconocer los términos reales del antagonismo, desvirtúan la política en su razón más esencial. Política es, antes que nada, lucha de contrarios.

• Allí, justo allí donde asoma la violencia, termina la política. Mas, en toda guerra que no sea total existe la posibilidad de la reversión política (Kant), del mismo modo que en toda política se encierra la posibilidad de la guerra.

• La política no es una superestructura de alguna base material, como postula el economicismo marxista, ni tampoco es la simple administración de los bienes materiales, como postula el economicismo liberal. La política tiene una autonomía que, en términos finales, significa lo siguiente: la política se explica sólo por la política.“El sentido de la política es la libertad”.(Hannah Arendt)

DEBATEUN DECÁLOGO DEL REALISMO POLÍTICO

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Fuerzas Armadas. En una palabra: Honduras era un país gobernable.

LA PEQUEÑEZDEL ESTADO

No obstante, es necesario re-cordar que esa estabilidad política convive con una situación de preca-riedad democrática e institucional. En otras palabras: las instituciones estatales en Honduras son peque-ñas, ineficientes, mal financiadas y actúan como piezas de un engranaje patrimonial clientelista de asigna-ción de recursos. Las opciones po-líticas, por otro lado, han quedado reservadas para beneficio de una élite minúscula que no sabe o no quiere distinguir claramente los asuntos públicos de los privados.

El resultado es un Estado exiguo respecto de cualquier pará-metro internacional. La inversión social depende fuertemente de la cooperación internacional; y los microscópicos recursos fiscales ter-minan favoreciendo empeños que

HONDURAS TENÍAESTABILIDAD POLÍTICA

Obviamente, mi intención es provocadora porque el

Estado hondureño existe, en tanto existen las instituciones políticas, la burocracia funciona y el gasto público se ejecuta. Más todavía existe Estado cuando Honduras, en comparación con sus vecinos más cercanos (Guatemala al norte, El Salvador al oeste y Nicaragua al sur) registraba un grado más alto de institucionalización política a causa de un asentado bipartidis-mo, de la ausencia de un conflicto armado interno y de casi tres dé-cadas de estabilidad democrática: elecciones relativamente limpias, alternabilidad en el poder, y pér-dida de beligerancia política de las

* Sociólogo costarricense. Entre 2000 y 2008 director de la FLACSO en Costa Rica. Su libro más reciente se titula La modernización sin Estado. Reflexiones en torno al desarrollo, la pobreza y la exclusión social en América Latina. San José, FLACSO, 2008.

Honduras políticas, o el golpe sin EstadoCARLOS SOJO*

No vale la pena recordar que la magia de la buena literatura latinoamericana estriba en la crónica ordenada y bien escrita de nuestro desorden cotidiano.

Los acontecimientos políticos de la última semana en Honduras son una joya literaria que merece ser pulida. No es ese, por supuesto, el propósito de estas líneas, que aspiran apenas a explorar una cuestión analítica que

podría interesar a los lectores:¿Es posible un golpe de Estado, sin Estado?

no se traducen en bienestar para el conjunto de la población. Honduras políticas pero también honduras sociales, que colocan al país en los peores niveles de pobreza y desa-rrollo humano del continente. Y a pesar de los progresos observados en un cuarto de siglo de paz y cre-cimiento económico, Honduras no mejora sustancialmente su posición en la jerarquía del bienestar inter-nacional.

NADIE A FAVORDE LAS INSTITUCIONES

En este contexto histórico hay que situar la crisis de las últimas horas. La democracia y la estabi-lidad institucional que Honduras había conquistado con trabajo quedaron rotas en la madrugada del domingo 28 de junio, cuando los militares de ese país nos desperta-ron a una pesadilla que creíamos olvidada.

La debilidad institucional fue la causa del movimiento retrógrado

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en contra del presidente Zelaya. Y la realidad que ha salido a la luz con este episodio es que la norma esta-tuida en el derecho pesa menos que la opinión de los poderosos a la hora de definir qué es lo legal y legítimo.

Nadie defiende instituciones que no funcionan, y esto se ve en las movilizaciones sociales tanto a favor como en contra del presidente depuesto. Unos contra la oligarquía, otros por la democracia, dizque incautada por el gobierno Zelaya, a la Chávez. Paradójicamente, nadie es conservador en la coyuntura política hondureña.

UN COMIENZODE OPERETA

La gota que derramó el vaso fue digna de García Márquez.

En abierto desacato a la Corte Suprema de Justicia y a la autori-dad electoral, el presidente Zelaya siguió adelante con su proyecto de “consultarle” a la población sobre la conveniencia de someter a referén-dum, en las elecciones previstas para noviembre, una autorización para convocar a una Asamblea Constitu-yente, que incidentalmente incluyera el tema de la reelección presidencial.

Ante la consulta-para-la-con-sulta, el Presidente ordenó a las Fuerzas Armadas (que son muchas y no tienen nada que hacer) que repartieran material “informati-vo”; pero el Jefe del Estado Mayor, respetuoso de la ley, se negó en vista de las resoluciones judiciales y del órgano electoral que consideraban ilegal la consulta, ahora convertida en “encuesta”. El jefe militar fue “enviado a retiro” por el presidente Zelaya.

ANATOMÍA DEL GOLPE

Entonces los sectores políticos y empresariales, amparados en di-fusas órdenes judiciales, proceden en contra del Presidente constitu-cional. Pero no lo ajustician ni lo encarcelan: lo deportan. Curioso proceder que, por supuesto, no está amparado en ningún procedimiento constitucional o legal establecido.

Cometido el delito, viene la alteración de la escena del crimen: mientras la televisión transmitía la denuncia del atropello cometido en boca de un Zelaya empiyamado y despeinado, el Congreso hondureño daba curso a una carta de renun-cia del Presidente depuesto a fin de justificar la pronta elección de su propio Presidente como nuevo mandatario del país.

CNN, IN Y OUT

CNN confundida, preguntó en-tonces por la carta a Zelaya y éste la negó, por lo que fue necesario bloquear la señal de la cadena en el país, única fuente de información sobre el asunto porque los medios na-cionales más influyentes, en manos siempre de poderosos grupos econó-micos, decidieron autocensurarse y sus propietarios abordaron aviones privados para sus refugios inmedia-tos en Miami, desde donde podían seguir la crisis a través de CNN.

La cadena estadounidense no quedó bien con nadie. Zelaya le recriminó que hablara de “sucesión forzada” y los golpistas redefinieron el acrónimo que ahora significa: Chávez News Network.

PON TUS BARBASEN REMOJO

La comunidad internacional ha actuado pensando en sus pro-pios fueros: independientemente del caso, nadie puede aceptar que el presidente sea sacado de la cama por militares con pasamontañas, para ser enviado al exterior y en su lugar instalar un gobierno alterna-tivo. Considerando la situación de muchos gobiernos latinoamericanos, hay que reconocer que, ante la crisis hondureña, han actuado en defensa de ellos mismos.

NI CONTIGO NI SIN TI

José Manuel Zelaya no puede ni podía continuar en el gobierno. El caso es que una rara previsión constitucional en Honduras pro-híbe siquiera hablar de reelección, con pena de inhabilitación para ocupar cargos públicos por una dé-cada y destitución inmediata para el funcionario responsable.

Y el caso de Zelaya se complica porque no hubo debido proceso, pero, ahora y al contrario, los gol-pistas anuncian que arrestarán al Presidente depuesto si este decide tocar suelo hondureño.

Pero el gobierno de facto tam-poco es sostenible ante la comuni-dad internacional, porque Zelaya, entretanto, viaja por la región, de cumbre en cumbre, y recibe un apo-yo insospechado que no es para su gestión, sino para el respeto más elemental por la estabilidad insti-tucional.

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LOS PAPELESTRASTOCADOS

El balance de la última hora también es mágico en su irrealismo. En defensa del orden constitucio-nal, las instituciones del Estado en pleno (Corte, Congreso y Fuerzas Armadas) actúan en contra del Pre-sidente, quien es respaldado para su reinstalación por la comunidad internacional también en pleno, alegando el respeto debido al orden constitucional.

Los medios extranjeros repor-tan en general movimientos de apoyo a los golpistas y de respaldo al presidente depuesto, lo que hace pensar que una solución institucio-

nal no es simple. ¿Estará dispuesto Zelaya a volver al país para ser arrestado de inmediato? ¿Estarán dispuestos el Congreso, la Corte y los militares a echar para atrás y esperar las elecciones de noviembre para sacar a Zelaya por las buenas?

Las soluciones intermedias segu-ramente terminarán imponiéndose: una promesa de libertad para Zelaya y elecciones anticipadas podrían po-ner fin a este tortuoso incidente. (...)

LO QUE SIGUE

Concluido el caso, es de pre-ver que las cosas seguirán como estaban, especialmente para las mayorías pobres del país. Zelaya

y su gestión están muy lejos de ser el gobierno fundacional de un nuevo compromiso social orienta-do por objetivos de justicia social y desarrollo humano. Lo mismo ocurre con Ortega en Nicaragua, aunque ambos sean cabeza de la “revolución bolivariana” en Cen-troamérica.

Sacar a Honduras de los fondos políticos y sociales donde ahora se debate su destino, requiere mucho más que retórica populista o petro-política. Si sólo la democracia salva a la democracia, partamos de reco-nocer que las instituciones estatales son la precondición de la democracia.

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Cápsula Informativa Nº 48, 22 de agosto 2009, Comunicaciones-SJ

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La oportunidad de don Carlos H. ReyesTHELMA MEJÍA*

En esta coyuntura inédita, Carlos H. Reyes, el primer candidato independiente a la Presidencia de la República tiene, ante sí, la oportunidad

histórica de abrir senderos para el cambio.Independientemente de que gane o no las elecciones, su candidatura

puede marcar la agenda de los candidatos tradicionales y elevar la campaña electoral a un debate congruente con las aspiraciones de la

ciudadanía. El tiempo dirá.

La vida del dirigente sindical Carlos H. Reyes, sin duda, ha estado marcada por su compromiso con

Honduras y su ferviente lucha a favor de un movimiento social que, hasta ahora, se mantiene en la protesta sin terminar de dar el salto a la propuesta, al análisis, la reflexión y el diseño de estrategias claras y oportunas.

Pero la historia, sin proponérselo, lo está colocando en una situación envidiable, para unos, e inocua para otros. Se trata de su candidatura independiente a la Presidencia de la República, en un momento de crisis total, que a nivel político representa, a la vez, nuevas oportunidades ante una elite política incapaz de ma-nejar, resolver y dar opciones de solución a los proble-mas de cambio y democratización que amerita el país.

Convaleciente de los golpes recibidos tras uno de los violentos desalojos policiales, particularmente en el sector conocido como El Durazno, en la salida al norte de la capital, don Carlos H. Reyes, tenaz en sus ideas, recio en su carácter, pero honesto y con principios sólidos en su trayectoria sindical y social, tiene ante sí un reto enorme, pues podría ser la piedra de toque que abra el camino hacia la ruptura del bipartidismo político, si opta por entrar en el ruedo electoral de noviembre de 2009.

Sin abandonar la lucha por la restauración del orden democrático, interrumpido tras “el golpe de gobierno”,

“golpe de Estado”, “golpe de Estado no tradicional”, “asonada cívico-militar” o “sucesión constitucional” —según las diversas acepciones académicas o políticas que han surgido para explicar el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya—, don Carlos H. Reyes está obligado a pensar, hoy más que nunca, en “ver el bosque” y no sólo el árbol o una parte de sus ramas.

En sus manos y en la habilidad de quienes lo aseso-ran está abrir el camino para nuevos rumbos políticos en el país. Ser en la práctica, como nos dijo a un grupo de colegas que le vimos hace un poco más de dos meses en el velatorio de una de las fundadoras del COFADEH, la brecha que indique a la población que no todo está perdido ni cerrado en Honduras.

Con la franqueza que lo caracteriza, don Carlos H. Reyes dijo a los y las periodistas que estábamos con él, junto a la dirigente del COFADEH, Bertha Oliva, que no creía que su candidatura sería inscrita en el Tribunal Supremo Electoral, “pero hago este esfuerzo para abrir un camino y que otros lo sigan”, comentó. Mientras contaba cómo le había costado recolectar las firmas y las caminatas dadas con sus seguidores y amigos de toda una vida de lucha sindical, externó también sus preocupaciones sobre el país, la profunda brecha social y la inequidad existente. Todos estamos conscientes de que Honduras debe empezar a cambiar, y que su apuesta por entrar a la escena política —que siempre había rehuido— es, tal vez, el comienzo de ese cambio.

* Periodista.

OPINIÓN

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Para sorpresa del propio don Carlos H. Reyes, de sus seguidores y de la prensa, entre otros, el Tribunal Supremo Electoral aceptó su candidatura. El anuncio lo sorprendió en plena crisis, cuando desde las calles pro-testaba por la abrupta salida de Zelaya. Pero ahora, sin renunciar a sus ideales, Carlos H. Reyes está obligado a pensar y posicionarse como “candidato presidencial independiente”, y comenzar a generar propuestas que conduzcan al diálogo y la reconciliación que clama el país.

UN HOMBRE HONESTOANTE UN RETO ENORME

Más que pensar si avala o no un proceso, como se-guro muchos le estarán susurrando al oído, don Carlos H. Reyes debe valorar si esta oportunidad, que iróni-camente ofrece la actual crisis política, es la brecha esperada para demostrar a la clase política y la sociedad en general que se acerca el momento para hacer de la actual fisura en los partidos políticos una ruptura de cambio para un nuevo pacto social, político y económico en el país.

Al igual que el resto de los candidatos presidenciales, tiene la oportunidad de ganar o de perder; pero, en su caso, la oferta debe estar generada por compromisos con la transparencia y la anticorrupción, la rendición de cuentas, la transformación del país y la dotación de un realismo político que sepa diferenciar entre “lo deseable” y “lo posible”, entre otros aspectos. Si logra ese desmarque, no sólo pondrá la agenda al resto de los candidatos presidenciales, sino que los obligará a que eleven la calidad de sus propuestas.

Pero, más que eso, si entra de lleno al ruedo político, enviará un claro mensaje a la actual clase política y la institucionalidad del país, en el sentido de que deben abrirse a los cambios. Pero no sólo ellos. También el movimiento social, gremial, académico, la prensa y las

organizaciones de sociedad civil, porque esta crisis, sin duda, golpeará a todos, a unos más que a otros, pero a todos en general. Si Honduras quiere ser redimida, él tiene la oportunidad de iniciar la brecha.

Si pretende hacer alianzas con partidos o personajes políticos desgastados o de dudosa reputación, dentro del realismo político, deberá valorar quién gana y quién pierde en una alianza, pensar en frío y no en caliente; hacer a un lado los dogmas y el sectarismo, elaborar todos los escenarios posibles antes de dar el siguiente paso o la estrategia a seguir.

Don Carlos H. Reyes, puede, incluso, rechazar el reto como un derecho que le asiste. Pero, si lo hace, me pregunto: ¿Cuánto habrá que esperar para que se abra nuevamente la oportunidad para un cambio político real en el país? Sin su presencia en el escenario, ¿nos darán los partidos políticos propuestas viables, o será más de lo mismo? ¿Dejará que la política, como el arte de lo posible, siga siendo presa de quienes le han quitado la capacidad para gobernar y manejar la crisis?

Más que pensar en la silla presidencial, debe valo-rar, a mi juicio, la oportunidad histórica que se presenta. Debe demostrar que su madurez no sólo se ciñe a la edad, sino que también a la evolución del pensamiento con la mayor pluralidad. Tiene una ventaja sobre el res-to de sus contendores: los sectores más conservadores y progresistas del país lo respetan porque es un hombre honesto, un valor de capa caída por la corrupción que baña a este país, pero que ha llegado el momento de rescatar.

Don Carlos H. Reyes tiene, ante sí, la oportunidad histórica de abrir senderos para el cambio. En mi caso particular, me asiste el derecho a pensar en rumbos no violentos y de diálogo, pero también, el derecho a equivocarme. Esperemos a ver cómo corre el agua con el paso del tiempo.

OPINIÓN

51agosto 2009

He sido testigo y víctimade la violencia policial*

REINA DEL CARMEN RODRÍGUEZ

A partir del 28 de junio, las personas que han rechazado el golpe de Estado en las calles han visto de frente el rostro descarnado de la violencia policial.

Aquí, una religiosa, militante de la no-violencia, relata el ensañamiento de que han sido víctima las mujeres hondureñas, heridas en sus cuerpos y su dignidad. No obstante, desde su mirada atónita de mujer agredida, ella ha

sido capaz de reconciliar el dolor...

Quiero empezar diciendo que desde el 3 de julio mi minis-

terio se convirtió en participar en la resistencia. Esta es una pesadilla que jamás imaginamos vivir. Cuando comenzamos en la resistencia y vimos que nuestro pueblo no se quedó con la cabeza baja, pensamos que sería por unos diez días. Ahora que ha pasado el tiempo, parece que no se sabe hacia dónde vamos, pero mantenemos la esperanza, nos mantenemos en pie.

* Resumen de dos testimonios compar-tidos por la hermana Reina, religiosa de la orden de Notre Dame. El primero lo expuso el 5 de agosto, en un taller con mujeres de la zona de El Progreso, facilitado por el Equipo de Monitoreo Independiente de Honduras, EMIH, en coordinación con las hermanas de Notre Dame. El segundo lo presentó el 20 de agosto ante una delegación inter-religiosa, en las oficinas del EMIH. (La edición fue realizada por la redacción de Envío-Honduras).

El domingo 28 de junio llegó la triste noticia del golpe de Estado. Yo comencé a vivir esta realidad como una de las cosas más tristes que me ha pasado en los últimos años, como la muerte de alguien a quien amo.

Tengo 50 años y crecí, al igual que otros, durante el tiempo de los golpes de Estado militares. Recuerdo con angustia, con dolor, la época de los años 80, sobre todo la larga lista de hermanas y her-manos desaparecidos y torturados; eso fue lo primero que vino a mí, en mi cuerpo y en mi corazón. ¡Cómo es posible que a estas alturas de la vida, a estas alturas del desarrollo, podamos estar viendo en nuestro país algo así!

Escuchaba las noticias, tratan-do de informarme por otros medios, pero sentí que no podía estar sólo escuchando noticias. Hablé con las hermanas con quienes trabajo, y ellas me apoyaron y me dejaron tomar mi posición. Tomar posi-

ción es resultado de la conciencia crítica que uno ha logrado con las formaciones que ha recibido. Con la conciencia crítica que he logrado en la Iglesia haciendo diversas co-sas, desde barrer los templos hasta vivir y tomar una opción religiosa, decidí participar en las acciones de la resistencia, no solamente rezan-do. (…)

Mi conciencia, los valores que profeso, empezando por los valores cristianos, mi compromiso con la justicia social, mi compromiso como hondureña, como mujer, no me de-jaron tranquila y decidí participar activamente. Desde el viernes 3 de julio me fui a Tegucigalpa. Sentí que Tegucigalpa era y es el centro del acontecer político, y decidí irme con familiares que viven allá y otros que llegaron en esos días para in-corporarse a la resistencia.

El sábado 4 de julio hubo una manifestación muy grande, porque llegó gente de todo el país; encontré

TESTIMONIO

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gente de El Progreso, de Olancho, pero la represión fue muy severa, y no nos dejaban avanzar. Sin em-bargo, lo sucedido el domingo 5 de julio son imágenes que no se borran fácilmente. Yo no me percaté de la gran cantidad de gente, hasta cuan-do mataron a un joven (Isis Obed Murillo). Es impresionante cuando uno pasa por esas cosas.

EL BIPARTIDISMO,UN PESADO YUGO

Cuando comparto esto no me interesa convencer a alguien de que se pase a mi posición. Yo creo que el posicionamiento viene de la inte-riorización de la historia de nuestro país. Hace más de 500 años, cuando la historia de nuestra nación fue cortada, empezó esta cadena de abusos, de represión, de asimilación forzada de lenguas y de religión. Y los que vivían aquí perdieron todos sus derechos con la llegada de los que vinieron de lejos. (…)

Sin darnos cuenta, en los años 80 entramos con bríos renovados en algo que, desde mi punto de vista y experiencia de vida, es el yugo que cargamos los hondureños: el bipar-tidismo. Los dos partidos fuertes que se turnan en el poder y que negocian sobre nuestras vidas. Nos meten el bipartidismo en la sangre, y por su causa somos capaces de morir o de matar. Pero no basta con el bipartidismo. Tienen que mante-nernos dormidos, y entonces vienen los equipos de fútbol, por los que también matan a los hondureños y, ¿quiénes son los dueños de esos equipos?

Después del 28 de junio, cuando se rompió el orden constitucional, esto dejó de ser un asunto político

y se convirtió en una agresión al pueblo hondureño. Ya no es la pe-lea sobre si había o no una cuarta urna. Yo no le vi el problema a la cuarta urna cuando entendí de qué se trataba. ¿Qué problema hay si se consulta al pueblo? Para el pueblo no hay ningún problema, pero para los que controlan el poder sí. Un pueblo que expresa su opinión, si es que lo escuchan, es un pueblo con poder. (…)

DESDE LA NO-VIOLENCIA

Yo nunca había andado en mar-chas, excepto marchas por la paz, marchas ecológicas, que sabíamos que no serían reprimidas. En estas marchas, mi compromiso es partici-par desde la no-violencia. No insulto a los soldados, pues tengo claro que mi lucha no es contra ellos; son pueblo como nosotros. Yo platico con ellos, y les pregunto: “¿Cuál es su apellido?”. En un retén se quitaron la placa con el nombre, y les dije: “No se quiten el nombre porque entonces, ¿cómo voy a rezar por ustedes?” (…)

Las marchas son intencional-mente pacíficas. La violencia no la han comenzado los manifestantes. He sido testigo y víctima de esa violencia. La consigna era humi-llarnos verbalmente, y humillarnos con el garrote y con el fusil. El gran milagro es que yo he visto pasar las balas… y la cantidad de balas que he visto era para matar a más gen-te. Después de ver cómo quedó el muro en el redondel del aeropuerto Toncontín el 5 de julio, no entiendo cómo solo hubo un muerto y alre-dedor de diez heridos.

FUIMOS MUCHAS LASMUJERES GOLPEADASY VEJADAS

Yo solo quiero contar mi expe-riencia porque la cantidad de mu-jeres víctimas es impresionante. En la represión en San Pedro Sula fue-ron muchas las mujeres golpeadas, incluso las embarazadas. Una vez que comienzan a agredirnos no hay límites, aunque estemos indefensas. No saben dónde ni cómo parar.

El 14 de agosto, en Choloma, después del violento desalojo de la carretera, mis brazos estaban sobre una compañera que buscaba a su hijo, pero me la arrebataron, me tiraron al suelo y me patearon. Fui agredida a menos de un metro de la entrada de la posta policial. Solo la valentía de mi hermana y otras compañeras me salvó; ellas también fueron agredidas.

Las agresiones verbales, espe-cialmente hacia nosotras las mu-jeres, son denigrantes. En mis 50 años nunca había escuchado tanto insulto dirigido a mí. La intimida-ción hacia nosotras es creciente, somos blanco de sus agresiones. Todos conocemos que una compa-ñera, después de ser detenida, fue violada. Mi hermana también fue agredida sexualmente, le tocaron su cuerpo, además de golpearla.

Sin embargo, no ha habido nin-guna provocación de nuestra parte. Nuestras marchas, nuestros plan-tones, nuestras acciones, nuestras tomas de carreteras son intencional-mente pacíficas... nunca he visto comenzar la violencia de nuestra parte.

TESTIMONIO

53agosto 2009

YO NO EMPECÉLA VIOLENCIA

Durante todo este tiempo que he estado participando en la resis-tencia, no he tenido la intención de ejercer la violencia; y no repito algunas de las consignas, porque no van conmigo. Cada mañana rezo para que Dios me dé la gracia de mantenerme en la no-violencia.

La mañana del 30 de julio, des-pués de que nos desalojaron de El Durazno (salida hacia la carretera del Norte), nos siguieron rumbo al centro de Tegucigalpa. Cuando estábamos en el sector de El Carri-zal, yo decidí no correr. Me aparté como a tres metros de la carretera, tratando de librarme de la cantidad impresionante de gases. Me empezó a arder todo el cuerpo, la garganta, no podía respirar. Saqué un pañuelo y un compañero me regaló una bol-sa de agua para que lo mojara. No corrí porque pensé que me dispara-rían, pero no fue así. La consigna era molernos a palos.

Dos policías caminaron hasta donde yo estaba. Me agarraron de aquí, de allá, y me dieron con el tole-te. Se dan el gusto de buscar dónde darle a uno: en los glúteos, abajo del busto. Yo estaba fuera de la ca-rretera, no había más gente frente a mí. Yo no empecé la violencia, no estaba atacando con palabras ni con hechos. Más bien estaba apartada de los que querían atacar, y aun así me atacaron. Me soltaron por milagro de los gritos de la gente, que decía: “déjenla, está sola, no está haciendo nada”. Hasta como a las tres o cuatro horas me acordé de mi sombrero; debe haberse que-dado allí, cuando me jalonearon de la cabeza.

Recuerdo a una compañera de pelo largo, con cola. A ella la aga-rraron del pelo, enrollándoselo; la tiraron a tierra y allí empezaron a golpearla. Ella no hizo nada porque estaba vencida. Luego vi unas diez personas, la mayoría mujeres y jó-venes, que tenían arrimadas a una pared; y allí donde estaban, vencidas, comenzaron a golpearlas. También estaba un señor que tenía la espalda en viva sangre, era un reportero internacional. Luego, alguien me llamó; era mi cuñada, a quien le co-menzó un ataque de asma debido al gas. En ningún noticiero, más que en el de canal 11, vi que pasaron lo que yo había visto.

Ese día pensé que mis golpes eran leves, pero al día siguiente me di cuenta de que tenía un glúteo destrozado, golpes cerca del busto, y en mis brazos quedaron dibujados los dedos de los agresores.

RECONCILIANDODOLORES

Como todos sabemos, el Comi-sionado de los Derechos Humanos ha jugado el papel más triste de la historia. Un comisionado está para defender al pueblo… buscar la verdad para defenderlo, pero ni siquiera se dio esa posibilidad.

Desde el día del golpe de Esta-do, para mí ha sido más triste es-cuchar las palabras de don Ramón Custodio que las del Cardenal, por-que es una persona a la que yo he admirado y respetado por la manera en que defendió la vida en los años 80. Hay personas que están vivas gracias a él; pero verlo en el mismo lado de aquellos que dieron muerte o de aquel miembro del 3-16 en los años 80, de esas personas que él

denuncio, porque probó que sus de-litos eran ciertos, me dio una gran tristeza. Lloré, porque don Ramón Custodio parecía ser del pueblo, le apostaba a los DDHH. Algo debe haber pasado.

Comencé a reconciliar este do-lor cuando escuché a don Carlos H. Reyes, el sábado que regresaba de la frontera con Nicaragua. Carlos H. Reyes y Ramón Custodio han sido compañeros de lucha por la justicia en este país, y escuché a don Carlos H. Reyes referirse a Ramón Custodio sin palabras groseras, y decir, “todavía no entendemos lo que le pasa a don Moncho Custo-dio”; todavía con gran cariño, con gran respeto por lo compartido en el pasado. De ahí para acá, yo digo “don Moncho Custodio”, así como escuché a don Carlos H. Reyes re-ferirse a él.

PASTORES AL LADODE LOS LOBOS

El pueblo ha seguido manifes-tándose, sabiendo que está en una desventaja tremenda, y el país en un completo abandono —no digo de liderazgo, porque los líderes se hacen—, sino de la jerarquía de las iglesias: nuestra Iglesia católica y las tres iglesias evangélicas de renombre.

Esa primera semana, entre el llanto y el dolor de la gente en las manifestaciones, en pláticas espon-táneas me preguntaron: ¿Qué pien-sa de los pastores? Cuando dicen pastores incluyo al Cardenal, y me siento triste. Este es un momento en que los pastores, en vez de cuidar las ovejas en el redil, han puesto el rebaño a disposición de los lobos; y no solo eso. Los pastores se han puesto del lado de los lobos.

TESTIMONIO

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Así lo veo yo en mi experiencia como católica y en mi experiencia con otros cristianos y cristianas. Pero ya me he ido sobreponiendo a este dolor, porque la claridad es que debemos seguir a Jesús de Nazareth...

PECADO ES CUANDONOS INSULTAMOS

En el pueblo hay varios grupos; algunos reconocen que fue un golpe de Estado, y lo apoyan. Esa es la democracia, no tenemos que estar uniformados con la misma posición. El posicionamiento viene de lo que llevo dentro. Nadie puede obligar-me, yo tengo que tomar mi decisión libremente. En las familias, en los trabajos, estamos divididos, y eso no es pecado.

Pecado es cuando empezamos a insultarnos a causa de nuestras po-siciones. Cada quien es responsable

de actuar de acuerdo a su conciencia que, en los cristianos, tiene que estar nutrida de los valores que Jesús nos enseña. No podemos obligarnos a tomar una u otra posición. Si yo quiero ir a las marchas blancas (las que apoyan el golpe de Estado) soy libre...

Otros van el domingo a las mar-chas del pueblo, con el rostro cubierto porque, si los reconocen, los pueden despedir de su trabajo. Yo no ha-bía preguntado porque respeto a quienes se cubren, aunque algunos digan que parecen delincuentes. Pero al final pregunté a varias compañeras que me dijeron que trabajaban en la empresa privada, o en un ministerio, y que todavía no las habían despedido porque no las habían identificado como manifes-tantes. Por eso, sin importar el lado en que ustedes estén, cuando vean a una persona con el rostro cubierto, deben preguntarse el motivo.

CORRELIGIONARIOSDE LA VIDAY LA JUSTICIA

Si al final no logramos que el Presidente regrese, la ganancia ha sido para el pueblo. Esto nos ha des-pertado de la ilusión que estábamos viviendo, sobre todo a las personas que no están organizadas. He escu-chado decir a la gente que no está organizada que, si lo estuviera, estaría en las marchas porque hay más solidaridad, es más fácil.

Les pido no formarse una opi-nión por lo que uno u otro medio de comunicación diga. Debemos con-trastar todo esto con nuestros va-lores cristianos; esto va más allá de un partido. Formémonos la opinión y el posicionamiento sin repetir con-signas de un noticiero. Valoremos la experiencia de las personas, no porque sea mi correligionario o mi compañero. Somos correligionarios de la vida y la justicia.

TESTIMONIO

55agosto 2009

Hacia una verdadera Transformación Nacional*

Once días antes de que se consumara el golpe de Estado, el ambiente ya era tenso, incierto, complejo.

Así se evidencia en este pronunciamiento que organizaciones y ciudadanos hicieron público, sin

mayores (o ninguna) consecuencias.La ceguera y la sordera se imponen, ayer como ahora.

Ante la grave situación que vive el país, representantes de diferentes organizaciones sociales, y ciudadanos y ciudadanas constituidos en un espacio cívico de reflexión y

acción, en el pleno ejercicio de nuestro derecho a la libertad de expresión y comprometidos con una democracia participativa, nos pronunciamos de la siguiente manera:

1. Hacemos nuestra la preocupación de diferentes sectores por la grave situación –en algunos casos pandémica– que afecta a la mayoría del pueblo hondureño en los cam-pos de la salud, educación, economía, política, justicia y la seguridad ciudadana, con crímenes, secuestros, narcotráfico y otras formas de abuso y crueldad que reflejan la descomposición moral y ética que parece tocar fondo, y que tiene profundas raíces his-tóricas. Ante ello, como lo señaló un reciente comunicado de la Comisión Nacional de Pastoral: “Todos nos sentimos responsables y urgidos de realizar cambios sustanciales en nuestra sociedad”.

2. La preocupación es mayor si tomamos en cuenta que los principales efectos de la crisis económica y financiera mundial impactarán con mayor rigor en Honduras y presagian para 2010 una profundización de la crisis económica, mayor desempleo y pobreza. El panorama se agrava con el aumento de la deuda externa e interna y la ausencia de un Presupuesto Nacional consensuado y concebido como instrumento de desarrollo.

3. Alarma la grave consecuencia que traerá a nuestro país la supuesta defensa de la insti-tucionalidad y la democracia que hacen los grupos de poder, a partir del desmontaje de la institucionalidad y de la propia democracia, entendida como instrumento y no como un fin. Resulta contradictorio que, en aras de alcanzar legitimidad, el conflicto actual se genere a partir de una creciente ilegitimidad.

4. Hay temas claves sobre los cuales pensar, proponer y ejecutar acciones. Sin embargo, la agenda nacional, inducida desde Casa Presidencial, la Cámara Legislativa y otros sectores de poder es distinta y manipulada.

* Este pronunciamiento fue suscrito por el Foro Social de la Deuda Externa (FOSDEH), la Pastoral Social CARI-TAS, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ), COMUNICA, CEHPRODEC, ADECOH, FUNDEMUN, el CASM y una serie de ciudadanos y ciudadanas vinculados con organizaciones de sociedad civil.

LA VÍSPERA

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5. Un ejemplo de lo anterior es la acción tardía, incompleta y carente de participación y consulta ciudadana alrededor de la reglamentación de las figuras del Plebiscito y el Referendo.

ESTE MOMENTO TAN CRÍTICO

Crisis de liderazgo. Honduras vive un intenso período de expectativas y confronta-ciones. Las elecciones internas y primarias de los partidos Liberal y Nacional (noviembre, 2008) no aportaron estabilidad al panorama político, sino incertidumbre. Esto confirma que la crisis de liderazgo no desaparece con las campañas presidenciales, sino que se acentúa, en el marco de un creciente agotamiento del modelo político, económico y social iniciado en 1982. En este vacío de liderazgo es que aparece la figura del actual Presidente de la Repúbli-ca, promoviendo la cuarta urna y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, logrando así captar la atención de muchos sectores y la oposición de otros.

En esta coyuntura, el movimiento social y popular se caracteriza porque, ante el pro-yecto del gobierno, no duda, no hace preguntas, no cuestiona. Aparece como débil y carente de propuesta propia, facilitando así al gobierno la tarea de tejer una nueva red clientelista que arrastra a otros dirigentes sociales. Todo indica que estamos en una nueva campaña electoral donde la propuesta de una nueva Constitución se convierte en la única solución a los problemas nacionales.

La Administración del presidente Manuel Zelaya, cuestionada fuertemente por realizar una gestión pública ineficiente y plagada de denuncias de corrupción, propone una nueva Constituyente como una medida para continuar en el poder y eliminar toda responsabili-dad histórica por su mala administración. Para el grupo de gobierno es claro que la única posibilidad de que sus planes persistan es conservando el poder, aunque en ese intento se destruya la escasa institucionalidad pública.

En ese sentido, desde Casa Presidencial se multiplican los esfuerzos por buscar alian-zas y pactos políticos para ganar legitimidad y consenso, como la realizada con las Fuerzas Armadas, sin que se sepa aún cuál será el costo democrático de esa y otras iniciativas que representan un retroceso respecto de lo ganado por la sociedad civil en los últimos años.

FRENTE A LA AMNESIA HISTÓRICA

Es evidente que los cambios políticos que se han operado en Honduras desde la década de 1980 respondieron más a una restauración del bipartidismo político que a una auténtica transición a la democracia. No fue un Estado de Derecho el que se pretendió construir, sino un Estado patrimonial y clientelista.

La transición política de ese tiempo no tuvo como fuerza motriz una voluntad ciuda-dana consciente de las metas y objetivos que Honduras debía seguir en una época de pleno conflicto centroamericano. Sin embargo, representó una ruptura importante con el pasado militarista y dejó una Constitución Política que reflejó las negociaciones y los intereses de poder de su época. El contenido de esa Constitución pudo haber sido mejor o peor en térmi-nos de derechos ciudadanos, pero poco importaba puesto que, en manos de la clase política tradicional –la que sigue en el poder–, la intención real nunca fue respetarla.

LA VÍSPERA

57agosto 2009

Ahora que se plantea un nuevo texto constitucional y se habla de una “refundación” de Honduras, cabe preguntar: ¿Se busca una nueva ruptura política que nos lleve a profundas transformaciones estructurales o sólo es otra forma de perpetuar un gastado bipartidismo? Esto último, infortunadamente, parece ser lo más probable, porque la sustitución de una Constitución por otra, como una acción mecánica y repetitiva, no produce cambios funda-mentales en una sociedad, como lo demuestra la historia hondureña.

En esta discusión nacional se habla poco de la democracia como instrumento para transformar la sociedad y la cultura, sin recurrir a los golpes de Estado, en sus viejas y nuevas modalidades, ni a la toma de decisiones a espaldas de la ciudadanía. Es importante reflexionar en torno a otros valores que sustentan la democracia, entre ellos contar con una oposición beligerante, una ciudadanía activa y vigilante, y la necesidad de una refor-ma política y electoral con amplio sentido de territorialidad y descentralización. Por eso, es urgente democratizar nuestra sociedad para superar el enorme grado de desigualdad, impunidad e injusticia que hoy prevalece.

POR UNA RUPTURA REAL

Sostenemos que la única propuesta de cambio a la altura de los retos actuales es aquella que produzca una ruptura fundamental con la concepción que ha convertido al Estado, los bienes y la riqueza nacional en patrimonio de unos pocos, que durante décadas han boicoteado todo avance hacia una democracia social, política, económica y cultural que debe satisfacer las expectativas de igualdad, justicia y modernidad que las viejas y las nuevas generaciones exigen con todo derecho.

Elevar la democracia social, política, económica y cultural no será posible si la ciudadanía organizada se convierte en comparsa de quienes han hecho de la gestión pública un medio de enriquecimiento ilícito, de protección de la impunidad, y han desacreditado la política como una función pública al servicio del bienestar y el progreso social. Y eso va tanto para quienes sorpresivamente se declaran “comandantes” del cambio, como para aquéllos que se califican como abanderados o “próceres” de una Constitución y de una democracia que han irrespetado siempre.

NUESTRA POSICIÓN ES CLARA

El elemento central que motiva nuestra posición crítica e independiente es la falta de credibilidad que afecta a la mayoría de quienes hoy se critican y acusan mutuamente. ¿Cómo creer en aquellos que defienden la actual Constitución o que proclaman la necesidad de una nueva Constitución, si tanto los unos como los otros han demostrado y demuestran que las leyes no les importan? ¿Cómo creer en la defensa que ambos sectores hacen de la democracia, si lo que han creado es un Estado patrimonial, clientelista y corrupto?

En ese sentido, señalamos:

1. Frente a la falsa polarización existente entre los que defienden la actual Constitución y quienes pugnan por una nueva, llamamos a la ciudadanía a no desperdiciar esta coyuntu-ra histórica de crisis del bipartidismo y a crear una tercera corriente de opinión pública e incidencia política a favor de un cambio social a fondo en las formas de participación y de construcción de la democracia en nuestra sociedad.

LA VÍSPERA

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2. No respaldamos el proceso de la “cuarta urna” tal como está planteado ahora por la falta de credibilidad de los convocantes y la poca claridad respecto de los verdaderos propósitos que encierra. De hecho, advertimos que existe una sensación de riesgo de que la ya endeble institucionalidad se quiebre y que los resultados de la denominada “encuesta” del 28 de junio se manipulen en esa dirección. La desconfianza nacional persiste porque no hay signos claros que la despejen.

3. Rechazamos la actual manipulación oficial de que es víctima el movimiento social y popular hondureño, que evidencia que la crisis de liderazgo está presente tanto en las estructuras de poder como en la denominada “oposición”, cualquiera sea su signo.

4. Reiteramos que en cuestionar las formas elitistas de administración del poder se ha-yan las respuestas a los retos que hoy reconocemos como enormes; y a la esperanza de mejora de la calidad de vida de las mayorías de nuestra sociedad. Esa elite, que se entiende y pacta muy bien entre sí, es la que más ha contribuido a separar la justicia del poder porque, aunque ahora se niegue esta responsabilidad, todo poder legítimo está obligado a crear las condiciones necesarias para la aplicación de la justicia, la igualdad proclamada por la ley, el bienestar y la felicidad pública.

ENFATIZAMOS

Si la transformación democrática de Honduras requiere la aprobación de una nueva Constitución de la República, entonces se podría respaldar esa iniciativa, pero no si surge de la inseguridad política, social, judicial y económica vigente. No si es convocada por poderes corruptos o por los mismos que han violentado una y otra vez la Constitución actual. No si la manipulación sustituye al debate y al entendimiento. No si continuamos con las viejas formas de negociación, por debajo de la mesa, para reglamentar figuras como el Plebiscito y el Referendo.

El cambio no debe ser para no cambiar nada o para revitalizar a un bipartidismo agotado por sus propios vicios y abusos. Tampoco debe apoyarse a quienes encubren en su defensa de la Constitución a los responsables directos o indirectos de esta Honduras tan vulnerable, desigual, injusta y violenta.

El cambio real, el que demanda la mayoría del pueblo, no tiene una solución única. Por eso se requiere priorizar la construcción colectiva de escenarios de desarrollo a lo largo y ancho del país, más allá de intereses momentáneos e individuales. Demanda capacidad para organizarnos, atender nuestros deberes y reclamar nuestros derechos.

El principio que nos debe orientar es que todo poder público procede del pueblo y se insti-tuye para beneficio de éste, no de las elites privilegiadas o aquellas que buscan la impunidad.

Sabemos y reconocemos que en esta coyuntura priva una gran confusión, y que muchas personas honestas tienen una genuina preocupación por el futuro de nuestra nación. A ellos y ellas nos unimos para no claudicar en la defensa de los principios éticos y morales y para defender la libertad de expresión y pensamiento, en procura del fortalecimiento de la institucionalidad y el Estado de Derecho, por una democracia real.

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, 17 de junio de 2009.

LA VÍSPERA

59agosto 2009

Racionalidad y diálogo: Nuestra propuesta

Todavía dos días antes del golpe de Estado, la cordura y la racionalidad intentaron abrirse un espacio en medio

de los negros nubarrones de la intoleranciay la estupidez política.

¿Demasiado tarde porque la suerte ya estaba echada? Quién lo sabrá.

1. Necesitamos cuanto antes crear un ambiente de sosiego y mesura, y que la razón ocupe su lugar en el actual ambiente de pasiones y de confrontaciones políticas e ideológicas. Ya llegamos al tope de la conflictividad política, que nos sitúa ante un verdadero dilema: O buscamos ya una salida racional, dialogada y negociada a la crisis política, o avanzamos sin remedio a la ingobernabilidad en la que salimos perdiendo todos.

2. Ya acabó el momento de seguir echando más leña al fuego, y conviene tomar distancia de todo aquello que atice posturas que radicalizan cualquiera de los polos que definen el conflicto actual. Nos encontramos en un momento extremo de inflexión, en el cual sólo nos salvará apostar por un escenario de mínimos consensos en torno a la preservación de la institucionalidad del Estado de Derecho.

3. Ese mínimo consenso ha de partir del rechazo absoluto a todo lo que tenga que ver con un golpe de Estado, sea técnico o violento, puesto que en una situación de ingobernabili-dad, la sociedad entera queda expuesta a la violencia y a expresiones de descomposición que sólo beneficiarán a sectores que se nutren a la sombra de la inestabilidad y de la ausencia de institucionalidad.

4. Las posiciones de los dos polos siguen radicalizándose. Ni el Presidente parece dar un paso hacia un diálogo ni el otro sector está dispuesto a dar marcha atrás en su decisión de inhabilitar al titular del Ejecutivo. Para avanzar hacia un escenario de mínimos consensos, son necesarias la actuación y presencia de otras fuerzas que contribuyan a romper con esa lógica en la que uno a otro sector se satanizan y se buscan aplastar mutuamente.

5. Frente a esta peligrosa polarización, es muy importante trasladar y mantener toda información posible a toda la sociedad, pues sólo con una población informada se puede avanzar hacia una salida política no manipulada y sólo así se puede esperar una respuesta consciente y ciudadana de parte de los diversos sectores de la sociedad hondureña.

6. La alta y radicalizada polarización involucra de manera especial a quienes conducen los tres poderes del Estado, y por eso mismo sus propuestas y decisiones gozan actualmente de muy poca aceptación y credibilidad. Por ello, consideramos pertinente la necesidad de la intervención de sectores que, desde posiciones independientes y no apasionadas,

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puedan convocar a los sectores involucrados en la actual crisis política e institucional, con el fin de buscar, tan pronto como sea posible, una salida negociada a la crisis creada al interior de los poderes del Estado.

7. Sugerimos la necesidad de solicitar la conformación de una Comisión con actores de alto reconocimiento político, jurídico y ético internacionales y nacionales, como un factor que contribuya a abrir el diálogo hacia una salida negociada al conflicto actual. Una Comisión que podría estar constituida por representantes de la ONU, la OEA, quizás un miembro Nobel de la Paz, un organismo internacional de derechos humanos y un rector de una prestigiosa universidad.

8. Racionalidad desde la inclusión de todos los sectores de la sociedad, es de lo que más está urgiendo la presente y convulsa coyuntura política. Reducir posiciones cerradas, y una mirada de país y de bien común, mucho más allá de posiciones de grupos o sectores en particular, es lo que más está necesitando la nación para revertir la ingobernabilidad e inestabilidad de las que ya estamos siendo víctimas, y para avanzar hacia la recuperación del Estado de Derecho, la democracia y la paz que tanto hacen falta para hacer frente a las verdaderas tareas del desarrollo del país.

9. Hoy estamos a tiempo, los políticos, los altos dirigentes de los poderes del Estado, los medios masivos de comunicación, las iglesias, los diversos sectores de la sociedad civil, tenemos que dar cada uno un paso adelante en esta construcción de una salida dialogada y negociada. Mañana, sin duda será demasiado tarde, y las presentes y las siguientes generaciones lo lamentaremos para siempre.

El Progreso, Yoro, 26 de junio del año 2009

Radio PRogReso y equiPo de Reflexión, investigación y comunicación, obRas del aPostolado de la comPañía de Jesús en HonduRas

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