diseño de acuerdos de distribución de beneficios: un
TRANSCRIPT
Diseño de Acuerdos de Distribución de Beneficios: Un Recurso para los Países
Esta plataforma proporciona un conjunto integral de herramientas, recursos y estudios de caso para el diseño e
implementación de acuerdos de distribución de beneficios para programas de reducción de emisiones, así como
otras iniciativas de uso de la tierra basadas en resultados. Las diferentes secciones de esta plataforma están
diseñadas para desglosar el complejo concepto de distribución de beneficios en distintos pasos para permitir un
enfoque lógico para el desarrollo de acuerdos que ayuden a lograr los objetivos de los programas y promuevan
la equidad y la eficiencia.
Este recurso fue creado por el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques del Banco Mundial y la
Iniciativa del Fondo Biocarbono para Paisajes Forestales Sostenibles.
Resumen de contenidos:
• Página principal
• Introducción
• Terminología de Distribución de Beneficios
• Proceso de diseño y consultas
• Buenas Prácticas
• Estudios de Caso
• Sistema Estatal de Incentivos por Servicios Ambientales de Brasil
• Fondo de Reducción de Emisiones de Australia
• Proyecto Makira de Madagascar
• Beneficiarios
• Preguntas a Considerar
• Buenas Prácticas
• Estudios de Caso
• Bosque de Protección de Alto Mayo de Perú
• Proyecto Makira de Madagascar
• Programa Nacional de Incentivos Forestales de Guatemala y Programa de Incentivos
para Poseedores de Pequeñas Extensiones de Tierra
• Programa ISA Carbono de Brasil
• Programa de Pagos por Servicios Ambientales de Costa Rica
• Beneficios
• Consideraciones
• Beneficios Monetarios y no Monetarios
• Buenas Prácticas
• Ejemplos
• Estudios de Caso
• Bosque de Protección de Alto Mayo de Perú
• Programa Bolsa Floresta de Brasil
• Proyecto Katingan Mentaya de Indonesia
• Distribución de beneficios por grupo beneficiario
• Ejemplos
• Estudios de Caso
• Programa de Pagos por Servicios Ambientales de Costa Rica
• Silvicultura Comunitaria de Nepal
• Distribución de beneficios a través de un mecanismo de distribución de beneficios
• Documentación
• Información Útil
• Buenas Prácticas
• Estudios de Caso
• Proyecto Makira de Madagascar
• Programa Socio Bosque de Ecuador
• Fondo de Reducción de Emisiones de Australia
• Pago por Servicios Ambientales Forestales de Vietnam
• Proyecto Katingan Mentaya de Indonesia
• Silvicultura Comunitaria de Nepal
• Monitoreo y gestión adaptativa
• Buenas Prácticas
• Estudio de Caso
• Bosque de Protección de Alto Mayo de Perú
• Ejemplos
• Comunicaciones
• Buenas Prácticas
• Estudio de Caso
• Silvicultura Comunitaria de Nepal
• Recursos Adicionales
Introducción
El financiamiento basado en resultados para el uso sostenible de la tierra, un enfoque que se ha probado a
escala de proyecto, se está implementando cada vez más a nivel jurisdiccional o nacional. Mecanismos como
REDD+ y Pago por Servicios Ambientales (PSA) proporcionan financiamiento basado en resultados probados en
cuanto a reducción de emisiones, manejo sostenible de la tierra, protección del ecosistema u otras métricas.
Varios programas que implementan estos mecanismos aplican requisitos de distribución de beneficios a la
forma en que se utiliza y distribuye el financiamiento basado en resultados. Por ejemplo, el Fondo Cooperativo
para el Carbono de los Bosques y la Iniciativa Fondo Biocarbono para Paisajes Forestales Sostenibles, han
desarrollado requisitos de distribución de beneficios que los programas de reducción de emisiones deben
cumplir para ser elegibles a un financiamiento basado en resultados.
Muchos factores influyen en los arreglos de un programa para la distribución de beneficios y contribuyen de
varias maneras a las sinergias y compensaciones en eficacia, eficiencia y equidad. Este recurso reúne
información sobre enfoques y buenas prácticas para la distribución de beneficios en los programas de uso de la
tierra a nivel jurisdiccional que se pueden aplicar a través de (pero no están limitados a) iniciativas centradas en
bosques, uso de la tierra, recursos naturales y/o cambio climático.
Si bien los estudios de caso y la información presentada en este recurso se ofrecen como referencia para apoyar
los procesos específicos de cada país que se necesitan, no cubren todos los aspectos importantes de la
distribución de beneficios. Se invita y anima a los usuarios a explorar recursos adicionales sobre este tema en
constante evolución.
Terminología de distribución de beneficios
• Distribución de beneficios: la transferencia intencional de incentivos monetarios y/o no monetarios (bienes,
servicios u otros beneficios) a las partes interesadas financiadas por financiamiento basado en resultados.
• Beneficiarios: receptores de beneficios monetarios y/o no monetarios.
• Mecanismo de distribución de beneficios: el(los) sistema(s) o canal(es) a través del cual se distribuyen los
beneficios monetarios y/o no monetarios.
• Acuerdos de distribución de beneficios: una descripción de los procesos para la distribución de beneficios
monetarios y no monetarios a los beneficiarios, incluyendo el mecanismo y los procesos mediante los cuales se
distribuirán dichos beneficios.
• Plan de distribución de beneficios: algunos programas requieren un documento (puede tener un título
diferente) que describe los acuerdos de distribución de beneficios para el programa, así como información
adicional que incluye procesos de consulta, implementación, monitoreo y comunicación de partes interesadas
relacionados con la distribución de beneficios.
Proceso de diseño y consultas
El desarrollo de acuerdos de distribución de beneficios requiere una buena comprensión de:
• Los impulsores de emisiones y formas de abordarlos;
• Los tipos de partes interesadas involucradas en abordar estos impulsores; y
• Los incentivos necesarios para involucrar a las partes interesadas en la reducción de emisiones y revertir las
tendencias.
La participación de las partes interesadas es clave en el diseño, implementación y evaluación de los acuerdos de
distribución de beneficios para garantizar que respondan a las necesidades e intereses de toda la gama de
partes interesadas para el programa de reducción de emisiones.
Las consultas con las partes interesadas son particularmente importantes durante el diseño de los acuerdos de
distribución de beneficios. Por ejemplo, permitir que los beneficiarios decidan sobre los beneficios que reciben
de manera participativa es un enfoque eficiente y efectivo para determinar los beneficios que incentivarían a las
partes interesadas a participar en el programa.
Las siguientes buenas prácticas se pueden utilizar para permitir la participación de las partes interesadas en los
acuerdos de distribución de beneficios.
• Análisis de partes interesadas: se puede hacer un análisis de partes interesadas para identificar a todos los
grupos que son críticos para el éxito del programa, para comprender sus necesidades, intereses, capacidades,
derechos y cualquier conflicto histórico o alianzas.
• Consultas integrales e iterativas: las consultas deben ser integrales e iterativas, cubriendo todos los
elementos de distribución de beneficios según corresponda, incluyendo la identificación de beneficiarios y
beneficios, los acuerdos institucionales y el monitoreo y la evaluación.
• Recursos suficientes, tiempo y otros insumos: la participación efectiva de las partes interesadas requiere
tiempo y recursos significativos y, a menudo, está poco presupuestada. Un plan de participación de las partes
interesadas debe incluir los pasos involucrados y los recursos, tiempo y otros insumos necesarios, así como
medidas para garantizar una participación efectiva de las partes interesadas. Esto incluye la difusión avanzada
de información adaptada a cada grupo de partes interesadas en un formato que entiendan, por ejemplo, usando
idiomas locales, proporcionando información a través de reuniones públicas y representantes de partes
interesadas, y prestando especial atención a proporcionar información a mujeres y personas vulnerables y/o
marginadas. Estos enfoques son críticos para obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos
indígenas y otros grupos con derechos colectivos sobre tierras y recursos.
• Inclusión social: se deben adoptar medidas específicas para facilitar y garantizar la inclusión social a través de
la participación de mujeres, pueblos indígenas y grupos marginados y/o vulnerables que de otro modo podrían
quedar excluidos; por ejemplo, a través de reuniones separadas u otros enfoques que aborden las barreras para
la participación.
• Gestión de expectativas: es importante gestionar las consultas de manera que no aumenten
innecesariamente las expectativas de las partes interesadas a través de mensajes claros sobre la etapa de
desarrollo del programa y de los acuerdos de distribución de beneficios, así como los resultados esperados y los
riesgos asociados de bajo rendimiento dada la naturaleza basada en resultados del financiamiento del
programa.
• Transparencia: las consultas con las partes interesadas y sus resultados, incluyendo fechas, lugares,
participantes y comentarios proporcionados, deben documentarse y divulgarse públicamente para promover la
transparencia y generar confianza.
• Análisis de costo-beneficio: los beneficios deben superar los costos de oportunidad y los esfuerzos e insumos
necesarios para participar en el programa, por lo que un análisis de costo-beneficio para diferentes grupos de
partes interesadas puede ser útil. Sin embargo, esto puede no ser fácil, por lo que la identificación participativa
de los beneficios, que permite a los beneficiarios decidir sobre los beneficios que reciben, es a menudo el
enfoque más efectivo.
Estudios de caso
Enfoques de consultas
Sistema estatal de incentivos de Brasil por servicios ambientales (SISA)
La participación amplia e inclusiva de las partes interesadas en Brasil fomenta la comprensión y la propiedad del
sistema de incentivos de Acre por servicios ambientales.
En Acre, Brasil, el marco y la legislación del sistema estatal de incentivos por servicios ambientales (SISA) se han
beneficiado de un proceso de consulta participativo integral, transparente y a largo plazo en el transcurso de
2009 y 2010, que incluyó un periodo de comentarios públicos, seminarios técnicos, talleres y reuniones
individuales con grupos de partes interesadas (sociedad civil, pueblos indígenas, productores, extractivistas,
gobierno, agencias internacionales, compañías de carbono y otros) que generaron más de 300 comentarios y
recomendaciones. El diseño del programa de manera participativa, incluida la asignación de recursos
específicamente para garantizar la participación de todas las partes interesadas relevantes, incluso aquellas que
están geográficamente remotas, ayudó a generar comprensión y propiedad, lo que finalmente permitió una
mayor participación y apoyo social para SISA. Este alcance resalta la necesidad de una participación profunda de
las partes interesadas, no solo para diseñar acuerdos apropiados de distribución de beneficios, sino también
para generar una aceptación suficiente para respaldar la longevidad y el éxito de la implementación.
Fondo de Reducción de Emisiones de Australia (ERF)
En el Fondo de Reducción de Emisiones de Australia, los esfuerzos formales e informales de divulgación aseguran
una buena participación y reducen los conflictos.
El ERF de Australia se diseñó durante varios años a través de una serie de consultas formales para solicitar
comentarios escritos sobre la documentación que describe el diseño del programa a medida que evolucionó.
Esto significaba que las personas generalmente estaban bien informadas sobre el diseño de la legislación y
tuvieron éxito en obtener comentarios de los proveedores de servicios de carbono. Para aprender de los
propietarios, el gobierno visita áreas con muchos proyectos o donde hay conflictos con el fin de reunirse
informalmente con los propietarios para explicar las reglas y el proceso y responder preguntas. Este enfoque
múltiple permite la retroalimentación de diferentes partes interesadas según sus necesidades.
Ventajas de la participación del beneficiario en la toma de decisiones sobre beneficios
Proyecto Makira de Madagascar
En Madagascar, una estructura formal y escalonada del nivel local al nacional ayuda a garantizar la
participación efectiva de los beneficiarios en la toma de decisiones sobre las asignaciones de fondos de bonos de
carbono.
Una asignación fija del 50 por ciento de los ingresos de la venta de bonos de carbono del Proyecto Makira de
Madagascar se asigna a las comunidades, que desarrollan planes de manejo (anexados a sus contratos de
manejo forestal) para el uso de ingresos para apoyar la protección forestal y las actividades socioeconómicas.
Las asociaciones de manejo comunitario (VOI), incluyendo representantes comunitarios en diferentes niveles,
toman decisiones sobre cómo utilizar los fondos de carbono de la comunidad a través de un proceso de
priorización.
Una plataforma de VOI para cada uno de los seis sectores alrededor del Parque Natural Makira participa en un
Comité Técnico Local que revisa y prioriza todas las propuestas. Las decisiones se toman en base al esfuerzo que
cada VOI ha realizado para cumplir con sus responsabilidades de protección forestal y la cantidad de apoyo que
esa comunidad ha recibido hasta la fecha. Las plataformas eligen un presidente de la federación VOI quien,
junto con un representante de cada una de las tres regiones geográficas en el Parque Natural Makira, los
representa en un comité directivo de Makira, presidido por el gobierno, que toma la decisión final sobre el uso
de fondos aprobando un plan de trabajo anual y un presupuesto para los fondos de carbono comunitarios.
La participación de la comunidad en la toma de decisiones ha sido importante para garantizar que las
percepciones locales de equidad se integren en la asignación de fondos y para facilitar el intercambio de
información con los beneficiarios sobre los fundamentos de la toma de decisiones sobre las asignaciones.
Beneficiarios
Los beneficiarios son receptores de beneficios monetarios y/o no monetarios y generalmente son un
subconjunto o grupo de partes interesadas del programa de reducción de emisiones (ER). Los beneficiarios
pueden incluir, pero no se limitan a, comunidades, sociedad civil y el sector privado, incluidos los proyectos
anidados. Los gobiernos, como implementadores, también pueden retener una cierta cantidad de
financiamiento basado en resultados para cubrir sus costos de implementación y/o gestión del programa de
reducción de emisiones.
La distribución de beneficios puede incentivar a las partes interesadas a contribuir a reducir las emisiones y el
rendimiento general del programa. Las siguientes son algunas preguntas a considerar al identificar beneficiarios
clave:
• ¿Es probable que contribuyan directamente a la reducción de emisiones y, en última instancia, entreguen
resultados?
• ¿Es probable que utilicen los beneficios para mantener intervenciones exitosas del programa de reducción de
emisiones?
• ¿Han contribuido históricamente a evitar las emisiones derivadas de la deforestación, la degradación de la
tierra y otras prácticas de uso de la tierra (por ejemplo, en algunos casos, los pueblos indígenas o los titulares de
la tenencia de la tierra y los recursos, incluidos los titulares de derechos consuetudinarios)?
• ¿Han emprendido acciones concretas para reducir las emisiones, pero en última instancia han tenido un
rendimiento inferior debido a circunstancias de fuerza mayor y, por lo tanto, pueden, independientemente de
su rendimiento final, requerir una parte de los beneficios para reconocer sus esfuerzos?
Estos grupos de beneficiarios no son mutuamente excluyentes ni exhaustivos y pueden considerarse en
combinación para maximizar el apoyo para la implementación de programas de reducción de emisiones.
Se pueden utilizar las siguientes buenas prácticas para identificar a los beneficiarios:
• Análisis cuidadoso: se debe realizar una investigación detallada para identificar a los beneficiarios en función de aquellos que requieren incentivos para el cambio de comportamiento para lograr los objetivos del programa de reducción de emisiones, y aquellos que deben ser recompensados por sus derechos y sus contribuciones a la generación de bienes y servicios vinculados al financiamiento basado en resultados.
• Inclusión: aunque la tenencia de la tierra y de recursos puede proporcionar una base clara y legítima para
determinar la elegibilidad de los beneficiarios, se debe tener cuidado de incluir actores clave con derechos
superpuestos y de reconocer los derechos consuetudinarios.
• Requisitos de elegibilidad: los requisitos no deben generar barreras para la participación que excluyan a los
grupos objetivo, especialmente los grupos vulnerables y marginados.
• Accesibilidad: es importante tener en cuenta los requisitos para canalizar los beneficios monetarios y/o no
monetarios a los beneficiarios identificados. Por ejemplo, puede ser necesario que los beneficiarios se organicen
formalmente con estructuras financieras y de gobernanza establecidas para acceder a los beneficios monetarios,
lo que podría excluir a algunas partes interesadas. Los programas deben considerar formas de superar la
exclusión de las partes interesadas clave y documentar y comunicar claramente los criterios de elegibilidad para
acceder a los beneficios.
Estudios de caso
Abordar las barreras de tenencia de la tierra y las oportunidades de participación en la distribución de
beneficios.
Bosque de Protección de Alto Mayo de Perú (AMPF)
En el Bosque de Protección de Alto Mayo de Perú, los acuerdos de conservación proporcionan un modelo para
abordar la ausencia de tenencia de la tierra a través de la seguridad de un contrato.
Se cree que el enfoque de los acuerdos de conservación es un impulsor fundamental del éxito en el paisaje de
Alto Mayo, donde los asentamientos ilegales han impulsado la deforestación y el conflicto entre los colonos y las
autoridades del parque. Proporciona un mecanismo para la participación de colonos ilegales en el AMPF
mediante el establecimiento de compromisos de conservación legalmente vinculantes. Los firmantes co-diseñan
sus propios paquetes de beneficios al discutir sus activos, prioridades y oportunidades con el gobierno y los
socios de implementación. La titularidad de la tierra no era una opción legal en este escenario, pero la seguridad
de la tierra era alcanzable si los colonos cumplían con las regulaciones del área protegida.
Proyecto Makira de Madagascar
Las asociaciones legalmente establecidas y los contratos de manejo forestal bajo el Proyecto Makira de
Madagascar están ayudando a establecer derechos y responsabilidades colectivos como base para la distribución
de beneficios.
Desde 2004, 75 comunidades alrededor del Parque Natural Makira han establecido formalmente una asociación
de manejo comunitario (VOI) que ha firmado un contrato con el gobierno para manejar los bosques en la zona
de amortiguamiento que rodea el parque. Estas asociaciones proporcionan una estructura formal para
representar a cada comunidad con respecto a la distribución de beneficios de los ingresos del carbono. Los
planes de manejo anexados a los contratos de manejo forestal incluyen las responsabilidades de la comunidad
para la protección del bosque, tales como patrullajes e informes de actividades ilegales, e identifican las
prioridades de la comunidad para los proyectos de desarrollo. El establecimiento de un VOI y un contrato de
manejo forestal son los criterios de elegibilidad para participar en la distribución de beneficios, y las
comunidades saben que no serán elegibles para participar si se revoca su contrato porque no implementan sus
responsabilidades de protección forestal.
Programa Nacional de Incentivos Forestales de Guatemala (PINFOR) y Programa de Incentivos para
Poseedores de Pequeñas Extensiones de Tierra (PINPEP)
Los ajustes a los requisitos de elegibilidad amplían la inclusión en la distribución de beneficios a los pequeños
propietarios de tierras en Guatemala.
PINFOR fue un Programa Nacional de Incentivos Forestales en Guatemala que estuvo en funcionamiento de
1998 a 2016 y se centró principalmente en aumentar las existencias forestales del país. La elegibilidad se
restringió a los propietarios de tierras capaces de demostrar prueba de título de al menos dos hectáreas de
tierra. Esto dio como resultado que la mayoría de los incentivos fueran para propietarios privados más grandes.
PINPEP es un programa de incentivos para poseedores de pequeñas extensiones de tierra que se inició en 2007
en respuesta a las demandas de una participación más amplia. Permite el acceso a incentivos forestales y
agroforestales para personas sin tenencia formal de la tierra, pero que pueden demostrar que tienen un
derecho legal de posesión. El requisito mínimo de tamaño de la tierra es de solo 0.1 hectáreas, lo que permite
que las familias en situación de pobreza que no tienen mucha tierra también participen.
Medidas para garantizar la inclusión de los pueblos indígenas, las mujeres y los grupos marginados y/o
vulnerables.
Programa ISA Carbono de Brasil
El programa de manejo de tierras indígenas de Brasil se adapta a las necesidades de las comunidades indígenas
para aumentar la efectividad de los incentivos para los servicios ambientales.
El Programa ISA Carbono en Acre, Brasil, incluye un Programa de Manejo de Tierras Indígenas diseñado
específicamente para pueblos indígenas; incluye un programa de Agentes Agroforestales Indígenas, que es una
plataforma para la participación, comunicación y desarrollo de capacidades enfocado en implementar
actividades agroforestales con los pueblos indígenas. Un grupo de trabajo indígena, que representa a las
asociaciones comunitarias de 12 pueblos indígenas, y un grupo de trabajo compuesto en su totalidad por
mujeres, brindan aportes basados en sus perspectivas bajo la Comisión de Validación y Monitoreo (CEVA).
Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) de Costa Rica
Los requisitos contractuales de elegibilidad se adaptan a las necesidades de los pueblos indígenas para aumentar
su acceso al Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) de Costa Rica.
El Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) de Costa Rica ha hecho acuerdos contractuales especiales
para alentar la participación de los pueblos indígenas, incluyendo con éxito 21 de los 24 territorios de los
pueblos indígenas del país en el programa. Esta mayor accesibilidad para presentar propuestas de contratos ha
llevado a una creciente demanda anual para incluir tierras indígenas bajo contratos de PSA respaldados por el
sistema de puntos del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) de Costa Rica para priorizar áreas
de bajos índices de desarrollo y alta importancia para la conservación. Esta inclusión activa de los territorios de
los pueblos indígenas se ve reforzada por las cuotas, que se establecen tanto para grupos comunitarios de
pueblos indígenas como para mujeres, además de una asignación de tamaño más generosa de 800 hectáreas
por contrato comunitario de pueblos indígenas (en lugar de un máximo de 300 hectáreas para propietarios
individuales).
Beneficios
A medida que se identifican los beneficiarios, los programas de reducción de emisiones también consideran la
forma de beneficios que se espera que compartan, que incluyen beneficios monetarios y/o no monetarios (por
ejemplo, insumos, desarrollo de capacidades, capacitación, equipo, infraestructura, desarrollo de medios de
vida alternativos, etc.).
A lo largo de este proceso, los programas sopesan varias consideraciones, que pueden incluir, pero no se limitan
a:
• La identificación de formas de beneficios que incentivarán a los beneficiarios a continuar apoyando el
programa de reducción de emisiones y su implementación exitosa;
• Los resultados de las consultas con las partes interesadas donde se han discutido diferentes formas de
beneficios y las partes interesadas han proporcionado comentarios sobre sus expectativas, preferencias y
prioridades; y/o
• Una comprensión de las formas de beneficios que las partes interesadas están recibiendo en virtud de otros
programas de distribución de beneficios existentes, como los esquemas de Pago por Servicios Ambientales
(PSA), y sus efectos comprobados.
Los programas de reducción de emisiones determinan si los beneficios monetarios o no monetarios, o una
combinación, se compartirán con varios beneficiarios. Este proceso es altamente específico al contexto y
variará según el programa de reducción de emisiones. La identificación final de los beneficios debe ser
informada por el proceso de consulta de las partes interesadas para reflejar las expectativas, preferencias y
prioridades de los beneficiarios. Es típico que los programas de reducción de emisiones especifiquen que los
beneficios deben usarse, al menos en parte, para financiar actividades que reduzcan aún más las emisiones, lo
que puede tener efectos compuestos sobre el potencial de generar reducción de emisiones adicionales y
financiamiento basado en resultados. Algunos acuerdos de distribución de beneficios también incluyen
beneficios para el desarrollo de la comunidad (por ejemplo, escuelas, centros de salud, pozos perforados, etc.).
Dependiendo de los comentarios recibidos durante las consultas con las partes interesadas, los programas
pueden encontrar que algunas partes interesadas dentro de una comunidad tienen interés en actividades de uso
sostenible de la tierra, mientras que otras no y están más propensas a estar motivadas por proyectos de
desarrollo comunitario. Este es un ejemplo interesante de mezclar diferentes tipos de beneficios no monetarios
para incentivar efectivamente a diferentes beneficiarios dependiendo del contexto específico del Programa de
reducción de emisiones.
Se pueden usar las siguientes buenas prácticas al identificar los beneficios:
• Enfoque diferenciado: Un enfoque diferenciado puede ser efectivo, proporcionando diferentes tipos y/o
cantidades de beneficios a diferentes grupos de beneficiarios para reflejar sus diferentes derechos y
contribuciones con respecto a los objetivos de la distribución de beneficios. Este enfoque debe considerar los
beneficios monetarios y/o no monetarios e individuales y/o comunitarios, según corresponda, teniendo en
cuenta que una mayor complejidad podría aumentar los costos operativos y de transacción para la entrega de
beneficios.
• Beneficios basados en el rendimiento: los resultados específicos se pueden facilitar haciendo beneficios
basados en el rendimiento o vinculados a condiciones, como compromisos claros en un acuerdo o contrato, y/o
exigiendo un plan de inversión para el uso de los beneficios monetarios recibidos. Las condiciones deben ser
claras, con un monitoreo para evaluar el cumplimiento y las consecuencias o sanciones aplicadas
consistentemente cuando no se cumplen las condiciones.
• Identificación participativa de los beneficios: los beneficios deben superar los costos de oportunidad y los
esfuerzos e insumos necesarios para participar en el programa, por lo que un análisis de costo-beneficio para
diferentes grupos de partes interesadas puede ser útil. Sin embargo, esto puede no ser fácil, por lo que la
identificación participativa de los beneficios, que les permite a los beneficiarios decidir sobre los beneficios que
reciben, es a menudo el enfoque más efectivo.
• Beneficios individuales versus comunitarios: se puede considerar el valor de los beneficios individuales versus
comunitarios. Aunque los beneficios para los hogares individuales pueden ser apropiados y efectivos en algunos
contextos, los beneficios comunitarios pueden reforzar y recompensar las responsabilidades colectivas y pueden
garantizar que todos los miembros de la comunidad, incluidos los vulnerables y marginados, compartan los
beneficios.
• Actividades generadoras de ingresos: los beneficios en forma de actividades generadoras de ingresos a
menudo son populares y pueden ayudar a garantizar la sostenibilidad a largo plazo si hay un buen acceso al
mercado, pero se debe tener cuidado en su diseño para vincular el éxito generador de ingresos con el
mantenimiento del bosque u otros objetivos ambientales para evitar resultados perversos o no deseados.
• Tiempo, duración y consistencia: el tiempo, la duración y la consistencia de los beneficios a lo largo del tiempo
pueden tener un impacto importante en su efectividad, teniendo en cuenta que algunas actividades pueden
requerir una inversión inicial (como la plantación de árboles), mientras que la entrega posterior brinda la
oportunidad de vincular los beneficios con el rendimiento.
• Beneficios monetarios: los beneficios monetarios pueden proporcionar fuertes incentivos al dar a los
beneficiarios el control de la toma de decisiones sobre cómo gastan el efectivo que reciben. Los beneficios
monetarios se pueden entregar de manera eficiente cuando los beneficiarios tienen cuentas bancarias, y
generalmente son más apropiados cuando hay una tenencia clara de la tierra y los propietarios tienen la
capacidad de implementar actividades en su propia tierra.
• Beneficios no monetarios: los beneficios no monetarios pueden dirigirse a lograr objetivos sociales o
ambientales, pero, para ser efectivos, los beneficiarios deben identificar qué beneficios se implementan y si
pueden beneficiarse efectivamente de ellos. También se necesita capacidad para ofrecer beneficios no
monetarios, que pueden ser más desafiantes que los monetarios, tanto administrativa como logísticamente.
• Listas positivas y negativas: son útiles cuando los programas documentan y comunican claramente la
información sobre usos elegibles y/o no elegibles (es decir, "listas positivas o negativas") de beneficios para cada
grupo beneficiario. Esto proporciona un mayor sentido de claridad a los beneficiarios y otras partes interesadas
sobre el uso previsto de los beneficios y, por lo tanto, sus posibles impactos.
Ejemplos de ventajas y desafíos de los beneficios monetarios y no monetarios.
Ventajas Desafíos
Beneficios monetarios
• Eficiente para administrar si los pagos se realizan directamente a cuentas bancarias • Transparente • Entrega rápida • Bajos costos de transacción • Puede garantizar que todos los beneficiarios reciban su parte de los beneficios • Empodera a los beneficiarios para decidir sobre sus propias prioridades para el uso de fondos • Si es lo suficientemente grande, puede ser un incentivo significativo para producir el comportamiento deseado
• Difícil cuando los beneficiarios objetivo no tienen cuentas bancarias y tendrían dificultades para acceder al efectivo • Beneficios difíciles de identificar para actividades específicas, por ejemplo, para el desarrollo de capacidades y para los servicios sociales • Posibilidad de mala gestión de los fondos comunitarios • Requerir estructuras sólidas de gobierno local y gestión financiera para fondos comunitarios • Si los paquetes de beneficios más pequeños se dividen entre muchas personas, el incentivo realizado per cápita puede no ser percibido como significativo
Beneficios no monetarios
• Beneficios más fáciles de focalizar para apoyar actividades específicas y desarrollo de capacidades, como capacitación para actividades generadoras de ingresos o plántulas para plantaciones • Puede asegurar que todos o más miembros de la comunidad se beneficien, dependiendo del tipo de beneficio
• La entrega de beneficios no monetarios puede ser un desafío logístico • La entrega de capacitación o insumos especializados puede requerir habilidades o insumos no disponibles localmente, lo que aumenta los costos • Es posible que se necesite un apoyo significativo para facilitar el acuerdo de la comunidad sobre las prioridades y garantizar la entrega efectiva de los beneficios, que a menudo requieren un intermediario • Los costos de transacción pueden ser altos • La entrega de beneficios puede ser lenta • Los beneficios entregados pueden no ser exitosos si no responden a los intereses locales, o si no han sido
bien concebidos o implementados, por ejemplo, si la organización implementadora no tiene las habilidades requeridas • Los montos gastados y el valor de los beneficios pueden no ser transparentes y causar desconfianza • Los beneficios pueden necesitar apoyo y coordinación entre los departamentos gubernamentales para ser efectivos y sostenibles
Beneficios no relacionados con el carbono
Los beneficios no relacionados con el carbono generalmente se denominan beneficios producidos por o en
relación a la implementación y operación de un programa de reducción de emisiones. Los beneficios no
relacionados con el carbono pueden incluir mejoras en las oportunidades de medios de vida, la gobernanza y los
servicios ambientales, entre otros, y por lo tanto son importantes para el éxito general del programa de
reducción de emisiones. Sin embargo, los beneficios no relacionados con el carbono son distintos de los
beneficios monetarios y no monetarios, que se financian con financiamiento basado en resultados del programa
de reducción de emisiones. Dicho esto, los beneficios no relacionados con el carbono deben entenderse bien
como parte del contexto más amplio de beneficios que cada programa de reducción de emisiones puede
proporcionar a las partes interesadas, y los beneficios monetarios y no monetarios financiados por
financiamiento basado en resultados deben diseñarse para complementarlos y maximizar el potencial del
impacto y la sostenibilidad del programa de reducción de emisiones.
Estudios de caso
Adaptación y focalización de beneficios a grupos de beneficiarios específicos
Bosque de Protección de Alto Mayo de Perú (AMPF)
Los beneficios adaptados a grupos de beneficiarios específicos ayudan a abordar los impulsores del cambio
ambiental en el Bosque de Protección de Alto Mayo (AMPF) de Perú.
El programa de Alto Mayo en Perú inicialmente se centró en el AMPF y los colonos ilegales que impulsaron la
deforestación a través del cultivo de café. Gran parte del paquete de beneficios enfatizó el apoyo técnico para
cambiar el cultivo de café hacia prácticas más sostenibles y productivas. Más tarde, el programa se expandió
para incluir a los pueblos indígenas adyacentes al área protegida donde las comunidades enfrentaban
condiciones socioeconómicas y valores culturales en declive vinculados a la alta deforestación en sus territorios.
Esto requería definir una nueva y específica teoría de cambio relacionada con los impulsores de la pérdida de
bosques en las tierras de los pueblos indígenas, a menudo como resultado del alquiler de tierras a personas
externas que luego talaron el bosque para la agricultura.
El proceso fue participativo, siguiendo los principios del consentimiento libre, previo e informado; reflejó los
Planes de Vida de la comunidad de Shampuyacu (evaluaciones impulsadas por la comunidad sobre sus
necesidades y deseos colectivos), e incluyó consideraciones sociales y de género que incluyeron la priorización
del apoyo para retener y recuperar prácticas tradicionales. El proceso empleó un enfoque de acuerdo de
conservación, como el del área protegida, pero adaptado a los pueblos indígenas.
Programa Bolsa Floresta de Brasil
Una combinación de incentivos colectivos e individuales en el Programa Bolsa Floresta de Brasil ha ayudado a
involucrar a una gama más amplia de partes interesadas, incluidas las mujeres.
Los beneficiarios del programa Bolsa Floresta de Brasil en el estado de Amazonas son elegibles para
financiamiento en cuatro subprogramas: (1) las comunidades reciben financiamiento para implementar
actividades de producción sostenibles; (2) las comunidades reciben financiamiento adicional para mejorar las
condiciones sociales de las comunidades (por ejemplo, educación, salud, transporte); (3) las asociaciones de
colonos reciben financiamiento para apoyar su operación; y (4) las mujeres (madres de familia) reciben
financiamiento para vivir en la unidad de conservación, que se utilizará como lo deseen. Todos los beneficiarios
participan en una serie de talleres que explican individualmente los derechos y obligaciones si deciden
voluntariamente participar en el programa.
Aumento de la seguridad de la tenencia de la tierra como un beneficio no monetario significativo
Proyecto Katingan Mentaya de Indonesia
Un programa piloto en Indonesia permite a los poblados asegurar los derechos de tenencia de las tierras
forestales circundantes.
El Proyecto Katingan Mentaya en Indonesia tiene un programa piloto para permitir a los poblados buscar el
reconocimiento formal y la tenencia de tierra forestal estatal (designada por el gobierno para ser preservada
como bosque permanente) en las inmediaciones del poblado. El proyecto facilitó dos poblados (Mendawai y
Telaga) para diseñar y proponer al gobierno una aplicación de “Bosque del poblado” (Hutan Desa) que busca
derechos de manejo más claros sobre 2,000 y 10,000 hectáreas de tierra forestal estatal en la zona de
amortiguamiento del área del proyecto, adyacente a esos poblados. Si tiene éxito, la licencia forestal del
poblado otorgará al pueblo una licencia de concesión de 30 años para manejar el bosque en esa área de manera
sostenible. Como parte del proceso de solicitud, el poblado debe delinear un plan de restauración y uso
sostenible para el área (incluyendo una restauración forestal e hidrológica).
Los desafíos de ayudar a los poblados a obtener licencias forestales varían de un poblado a otro, y el enfoque
siempre debe adaptarse a las circunstancias y deseos exactos del poblado en cuestión. En este caso, el proceso
generalmente incluye una larga discusión inicial, un mapeo participativo adicional, la formulación de un plan
detallado de uso de la tierra para el área objetivo y la formulación de una unidad comercial del poblado (si aún
no existe), seguida de una solicitud formal al Ministerio de Silvicultura.
Distribución de beneficios por grupo beneficiario
Teniendo en cuenta los diversos beneficiarios identificados para un programa de reducción de emisiones, los
beneficios monetarios y/o no monetarios se pueden compartir en diferentes proporciones y combinaciones para
incentivar la participación en la implementación del programa. Proporcionar beneficios uniformes a todos los
beneficiarios puede ser simple de comunicar y relativamente fácil de administrar, pero hay casos en que alguna
forma de diferenciación de beneficios para cada grupo beneficiario puede abordar cuestiones de eficacia,
eficiencia y/o equidad.
Ejemplos de enfoques para la distribución de beneficios:
• Todos o una proporción de los beneficios podrían distribuirse equitativamente a todos los beneficiarios o
entidades dentro de un grupo de beneficiarios para garantizar que todas las partes interesadas vean algún nivel
de beneficios del programa de reducción de emisiones;
• Los beneficios podrían distribuirse de acuerdo con el desempeño proporcional de cada entidad en la reducción
de emisiones (u otra métrica) para incentivar directamente la entrega de los objetivos del programa;
• Una proporción de beneficios podría distribuirse a las partes interesadas que han contribuido históricamente a
las emisiones evitadas (por ejemplo, en algunas circunstancias, los pueblos indígenas o titulares de la de
tenencia de la tierra y los recursos, incluidos los titulares de derechos consuetudinarios);
• Los programas podrían incluir disposiciones para distribuir una pequeña proporción de beneficios a las partes
interesadas que son deficientes en la reducción de las emisiones, a pesar de sus mejores esfuerzos (por ejemplo,
en casos de fuerza mayor).
Estos enfoques se pueden usar en combinación para llegar a los beneficiarios de manera más amplia para
abordar los impulsores subyacentes de las emisiones a través de cambios en el comportamiento.
Más allá de especificar la distribución de beneficios entre los grupos de beneficiarios, los programas también
pueden especificar cómo se distribuirán los beneficios monetarios y no monetarios dentro de los grupos de
beneficiarios. En algunos casos:
• Los beneficios se pueden distribuir aún más entre los beneficiarios de acuerdo con su desempeño respectivo
en la implementación del programa de reducción de emisiones, lo que podría determinarse a través de
representantes u otros medios. Por ejemplo, las unidades de manejo forestal dentro de una comunidad pueden
ser designadas para recibir una proporción específica de los beneficios de la comunidad dado su rol en el manejo
y protección de los bosques.
• La distribución de beneficios dentro de un grupo de beneficiarios podría basarse intencionalmente en otros
indicadores además del desempeño. Por ejemplo, algunos programas de reducción de emisiones especifican que
los grupos comunitarios utilizarán su parte del financiamiento basado en resultados para implementar
beneficios no monetarios que impactan a la comunidad en su conjunto, como un programa de capacitación
forestal, mejoras en la generación y comercialización de productos forestales no maderables, escuelas, mejoras
en la infraestructura, etc.
• La distribución de beneficios puede basarse en propuestas para el uso de beneficios presentados por los
beneficiarios dentro de un grupo. La información sobre los criterios de solicitud definidos, los requisitos de
elegibilidad del solicitante y las actividades elegibles y/o no elegibles para estos procesos deben documentarse y
comunicarse claramente a las partes interesadas. Este enfoque puede autoseleccionarse e incentivar
directamente a los beneficiarios que están motivados por este tipo de apoyo.
Estudios de caso
Focalización de beneficios a grupos específicos mediante asignaciones, ponderación y cuotas
Programa de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) de Costa Rica
El programa de incentivos por servicios ambientales de Costa Rica utiliza un sistema de puntos para priorizar las
solicitudes de áreas de bajo desarrollo.
En 2010, el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) pasó de un sistema en el que los contratos
se otorgaron por orden de llegada a cualquier propuesta que cumplía con los requisitos básicos de un sistema de
puntos para ponderar y priorizar las solicitudes. Esta nueva matriz de evaluación prioriza áreas de bajos índices
de desarrollo y alta importancia para la conservación (por ejemplo, corredores biológicos), además de favorecer
a las pequeñas granjas. También establece cuotas para grupos comunitarios de mujeres y pueblos indígenas,
estipulando un número mínimo de contratos que se otorgarán a estos grupos generalmente marginados.
Silvicultura Comunitaria de Nepal
El enfoque de Nepal en favor de personas en situación de pobreza para la silvicultura comunitaria garantiza una
asignación mínima de beneficios a grupos vulnerables y marginados.
La silvicultura comunitaria en Nepal ha sido diseñada explícitamente para favorecer a personas en situación de
pobreza. Las pautas de los bosques comunitarios requieren que el 35 por ciento de los ingresos generados por
los Grupos de Usuarios Forestales Comunitarios se utilicen para mejorar la condición social y económica de los
hogares en situación de mayor pobreza, los Dalit (grupo socialmente marginado), pueblos indígenas y grupos
étnicos y las mujeres, a través de programas de mejora de los medios de vida.
Las pautas para implementar la silvicultura comunitaria especifican cómo se deben identificar los individuos y
grupos en mayor situación de pobreza y marginados utilizando una clasificación de bienestar participativo para
identificar a aquellos con acceso y control limitados sobre los recursos sociales, económicos, físicos, naturales y
humanos. En el proceso de toma de decisiones también hay requisitos para incluir a mujeres, personas en
situación de pobreza, pueblos indígenas y grupos socialmente marginados.
Reparto de beneficios a través de un mecanismo de distribución de beneficios
Un mecanismo de distribución de beneficios son los sistemas o canales a través de los cuales se distribuyen los
beneficios monetarios y/o no monetarios. Este mecanismo puede respaldar la oportunidad de distribución de
beneficios, así como la credibilidad, la confianza, la solidez financiera y la aceptabilidad del proceso de
distribución de beneficios.
Al desarrollar acuerdos de distribución de beneficios, los programas pueden revisar los mecanismos y procesos
existentes de distribución de beneficios en el país o jurisdicción, incluyendo sus marcos legales e institucionales.
Este proceso es particularmente valioso porque tales mecanismos existentes pueden usarse para distribución de
beneficios bajo el programa de reducción de emisiones, fomentar la confianza y la transparencia para el proceso
de distribución de beneficios y/o esclarecer las lecciones de las que se pueden aprender. Los ejemplos de tales
mecanismos relevantes incluyen, entre otros, esquemas de pago por servicios ambientales existentes, fondos de
conservación, proyectos REDD+, programas jurisdiccionales de financiamiento basado en resultados (incluidos
programas bilaterales), fondos de reforestación y otros.
Independientemente del mecanismo de distribución de beneficios y los enfoques identificados, es una buena
práctica considerar la forma más efectiva y de bajo costo para llegar a los beneficiarios. También se debe
considerar la línea de tiempo para la distribución de beneficios dado que los resultados se pagan ex post y es
probable que el flujo de beneficios monetarios y no monetarios a través del mecanismo de distribución de
beneficios requiera tiempo después de que se realice el pago.
Los programas de reducción de emisiones deben documentar y comunicar claramente los acuerdos
institucionales para la ejecución del mecanismo de distribución de beneficios en todos los niveles relevantes
(nacional, subnacional, local). Específicamente, la toma de decisiones, el flujo de fondos y los procesos de
presentación de informes son críticos para la operación del mecanismo de distribución de beneficios. La
divulgación de esta información y la inclusión de grupos de partes interesadas clave, incluidos los grupos
marginados, en estos procesos pueden aumentar la transparencia y la confianza en el programa de reducción de
emisiones. Por ejemplo, algunos programas identifican una plataforma o comité de múltiples partes interesadas
para revisar propuestas e informes sobre el uso de beneficios monetarios y no monetarios. La siguiente
información relacionada con los acuerdos institucionales y la gobernanza es útil para documentar y comunicar:
• Capacidad para transferir fondos a los beneficiarios relevantes y los canales de distribución necesarios para
hacerlo, incluidas las brechas que deben abordarse.
• Institución(es) responsable(s) de la distribución de beneficios, incluidas aquellas que recibirán financiamiento
basado en resultados y a qué instituciones se distribuirá, incluidas sus capacidades y brechas relacionadas.
• Acuerdos institucionales para la toma de decisiones, el flujo de fondos y la presentación de informes
relacionados con la distribución de beneficios, incluidos los criterios de selección para las estructuras de
gobernanza y su composición y responsabilidades.
• Costos de implementar acuerdos de distribución de beneficios, incluidos los relacionados con consultas,
comunicaciones, establecer sistemas para distribuir beneficios, procedimientos de gestión financiera, responder
a quejas y monitorear la implementación.
• Plazos para la distribución de beneficios, teniendo en cuenta el tiempo previsto de generación y verificación de
reducción de emisiones y pagos basados en resultados, así como cualquier riesgo para estos plazos.
Las siguientes buenas prácticas se pueden utilizar al identificar y/o desarrollar mecanismos de distribución de
beneficios:
• Marco legal: la distribución de beneficios debe basarse en un marco legal claro para apoyar y permitir los
acuerdos y la colaboración necesarios.
• Acuerdos legales e institucionales: se necesita cierta flexibilidad en los acuerdos legales e institucionales, por
ejemplo, definiéndolos a través de regulaciones en lugar de leyes, para poder hacer ajustes en los beneficiarios,
beneficios, composición institucional y actividades a lo largo del tiempo de manera que el programa pueda
responder a las lecciones aprendidas y los cambios en el contexto.
• Capacidad técnica y administrativa: se necesita una capacidad técnica y administrativa considerable para
administrar la distribución de beneficios de una manera que distribuya los recursos de manera efectiva y
equitativa. Las alianzas con organizaciones no gubernamentales (ONG), actores del sector privado y otros, para
proporcionar servicios y desarrollar capacidades pueden ser útiles para mejorar la eficiencia y la eficacia, al
tiempo que se benefician del conocimiento y la presencia local.
• Capitalizar las instituciones existentes: a menudo es más eficiente y efectivo capitalizar las instituciones
existentes si tienen legitimidad, capacidad y relevancia temática para el programa, fortaleciéndolas cuando sea
necesario, dado que las nuevas leyes e instituciones requieren mucho tiempo, recursos, y voluntad política; de
lo contrario, establecer nuevas instituciones puede ser más apropiado.
• Recursos financieros iniciales: a menudo se necesitan considerables recursos financieros iniciales para cubrir
los múltiples costos asociados con el diseño e inicio de un programa (realizar aportes adecuados de las partes
interesadas, documentar líneas base, establecer nuevas instituciones e implementar actividades), antes de que
se puedan realizar pagos basados en resultados.
• Transparencia de la gestión financiera: la transparencia en torno a la gestión financiera, incluidas las
auditorías periódicas, puede generar confianza y participación en el programa, pero también puede aumentar
los costos operativos generales. Adoptar un enfoque simple para calcular, monitorear y entregar transferencias
de beneficios ayuda a permitir una mayor comprensión del público.
• Costos de transacción: los costos de transacción deben evaluarse, tanto para reducirlos cuando sea posible
como para presupuestarlos adecuadamente para no socavar la eficiencia y eficacia del proyecto.
• Mecanismos de atención de quejas y reclamos: los mecanismos de distribución de beneficios deben tener
mecanismos de atención de quejas y reclamos claros, accesibles, imparciales, culturalmente apropiados y fáciles
de entender, que operen de manera oportuna.
Estudios de caso
Desafíos para brindar beneficios a los beneficiarios con una capacidad relativamente menor
Proyecto Makira de Madagascar
El Proyecto Makira de Madagascar ayuda a las comunidades locales a superar las barreras de alfabetización para
mejorar el acceso a incentivos para el manejo forestal sostenible.
En Madagascar, muchas de las comunidades alrededor del Proyecto Makira se encuentran en áreas aisladas
(algunas están a tres días a pie del transporte más cercano) y más de la mitad de los jefes de familia son
analfabetas. Aunque Tany Meva, la entidad encargada de administrar y desembolsar fondos, originalmente
solicitó propuestas detalladas y con costos para beneficios no monetarios, muchas asociaciones de manejo
comunitario (VOI) enviaron descripciones breves para el uso que proponían de los fondos comunitarios.
Para superar esta barrera, el personal de Tany Meva visitó poblados para ayudar a las comunidades a desarrollar
una propuesta de proyecto completa estableciendo la viabilidad del proyecto y estimando los costos. En algunos
casos, las comunidades pudieron obtener el apoyo de alguien con un nivel de educación superior para preparar
un expediente del proyecto, lo que llevó a que su proyecto fuera priorizado.
Tany Meva generalmente brinda avances a las comunidades para implementar actividades planificadas y, según
los informes técnicos y financieros, se puede solicitar una segunda entrega. Alternativamente, Tany Meva
compraría los materiales y organizaría su transporte a las comunidades. Esto condujo a un atraso importante y a
retrasos en la entrega de beneficios. En algunos casos, los pagos de incentivos acordados para los patrullajes no
se realizaron hasta por seis meses, lo que redujo la motivación de la comunidad para proteger el bosque y
generó quejas por parte de las comunidades.
Diferentes tipos de proveedores de servicios que apoyan la distribución de beneficios
Programa Socio Bosque de Ecuador
El Programa Socio Bosque de Ecuador establece cooperativas con la sociedad civil para aumentar la eficacia del
programa.
En Ecuador, el Programa Socio Bosque (PSB) ha colaborado con el Ministerio del Medio Ambiente para
establecer alianzas cooperativas con organizaciones de la sociedad civil. Estas alianzas apoyan a las familias y
comunidades locales interesadas en participar en el PSB al proporcionar información sobre el programa y
preparar la documentación para las solicitudes. En varios casos, se implementan actividades adicionales, como
la capacitación de guardabosques, el apoyo en la planificación y gestión financiera, o la inversión en actividades
productivas compatibles como la agrosilvicultura o el ecoturismo.
Fondo de Reducción de Emisiones de Australia
Las asociaciones del sector privado ayudan a los propietarios a obtener un mejor acceso al financiamiento del
Fondo de Reducción de Emisiones de Australia.
En Australia, ha surgido un nuevo tipo de actor del sector privado para proporcionar servicios administrativos
como un "proveedor de servicios de carbono" para apoyar el desarrollo de proyectos y permitir a los
propietarios tener acceso al financiamiento del Fondo de Reducción de Emisiones (ERF). Para participar en el
ERF, los proponentes del proyecto deben desarrollar documentación detallada que explique cómo lograrán las
reducciones de emisiones utilizando metodologías aprobadas y cómo tienen el derecho legal de emprender el
proyecto, los cuales son relativamente complejos de demostrar. Por lo tanto, los proveedores de servicios
pueden ayudar con la preparación de informes, el monitoreo, la organización de auditorías y la presentación de
informes.
Mejora de la transparencia a la par que se reducen los costos de transacción
Pago por Servicios Ambientales Forestales (PFES) de Vietnam
Los sistemas de pago electrónico permiten a los beneficiarios beneficiarse de forma más eficiente del programa
de Pago por Servicios Ambientales Forestales de Vietnam.
Los beneficiarios del programa de Pago por Servicios Ambientales Forestales (PFES) de Vietnam se extienden por
todo el país con pagos desembolsados a fondos de los poblados, grupos de hogares (de hasta 20 familias),
cooperativas y hogares individuales, lo que hace que el desembolso de los pagos sea una tarea sustancial. El
programa fue diseñado originalmente con pagos electrónicos utilizados solo para grupos; sin embargo, con un
número creciente de personas en línea y con acceso a la banca electrónica, se está poniendo a prueba un
sistema de pagos electrónicos para hogares individuales. Este desarrollo fue solicitado por los ministerios para
mejorar la transparencia de la gestión financiera entre los fondos provinciales y los beneficiarios. Como
beneficio adicional, las pruebas piloto de este sistema electrónico han demostrado reducir los costos de
transacción.
Inclusión de pueblos indígenas, mujeres y grupos marginados y/o vulnerables.
Proyecto Katingan Mentaya de Indonesia
El proyecto Katingan Mentaya de Indonesia reduce las barreras a la participación de grupos vulnerables y
marginados en la preparación e implementación del proyecto.
El proyecto Katingan Mentaya en Indonesia se esfuerza por reducir las barreras que limitan la participación de
los pueblos indígenas y los grupos vulnerables y marginados en la preparación e implementación del proyecto.
Esto ha implicado tres estrategias: (1) enfocarse activamente en la participación de grupos en mayor situación
de pobreza y marginados en los procesos de planificación y de toma de decisiones mediante enfoques
diferenciados para la participación y el intercambio de información (por ejemplo, tableros de mensajes
comunitarios, reuniones en diferentes momentos y lugares, entrevistas personales, folletos, grupos focales
desagregados por género); (2) alentar la participación y la transparencia para reducir el riesgo de una captura de
élite (distribución desigual) haciendo públicos los registros y archivos asegurando la participación
representativa, particularmente de las personas marginadas; y (3) asegurar que los grupos marginados tengan la
capacidad y los recursos suficientes, tanto humanos como financieros, que les permitan implementar
actividades de manera exitosa.
Programa forestal comunitario de Nepal
El programa forestal comunitario de Nepal requiere que las mujeres y otros grupos marginados tengan acceso
equitativo a la toma de decisiones.
El Programa Forestal Comunitario exige que el comité de gestión de cada Grupo de Usuarios Forestales
Comunitarios esté integrado por un 50 por ciento de mujeres, y también tenga una representación proporcional
de otros grupos marginados (pueblos indígenas, grupos étnicos minoritarios, personas en situación de pobreza
y/o grupos socialmente marginados); junto con la promoción de la comunicación regular y auditorías públicas y
audiencias. Se requiere que los Grupos de Usuarios Forestales Comunitarios asignen al menos el 35 por ciento
de su ingreso para el alivio de la pobreza específicamente enfocado en grupos socialmente marginados, pueblos
indígenas y mujeres.
Monitoreo y gestión adaptativa
Los programas de reducción de emisiones pueden tener requisitos específicos para la presentación de informes,
lo cual influye en lo que se mide y cómo. Por ejemplo, los financiadores filantrópicos o de responsabilidad social
corporativa pueden priorizar los indicadores alineados con su misión y se pueden requerir informes específicos
para el uso de fondos públicos.
La complejidad de la distribución de beneficios puede dificultar el diseño de sistemas de monitoreo y evaluación
que sean adecuadamente informativos, diversos y robustos, a la vez que aseguran que este componente no sea
demasiado oneroso para el programa.
Los resultados del monitoreo y la evaluación se pueden utilizar para algo más que solo informes, sino también
para la gestión adaptativa. El análisis de los resultados puede informar a los programas de reducción de
emisiones sobre lo que funciona bien o no y permitir cambios en los acuerdos de distribución de beneficios que
mejoren la eficacia, eficiencia y equidad.
Las siguientes buenas prácticas se pueden utilizar para el monitoreo y la gestión adaptativa:
• Considerar los impactos socioeconómicos: la inclusión de los impactos socioeconómicos en los sistemas de
monitoreo y evaluación, en lugar de centrarse únicamente en los resultados ambientales, es útil para mejorar la
eficacia y puede fomentar el apoyo de políticos, donantes y otros interesados.
• Implementar un monitoreo simple y práctico: es mejor mantener el monitoreo lo más simple y práctico
posible sin dejar de ser adecuado.
• Utilizar un enfoque participativo: la participación de los beneficiarios en actividades de monitoreo a cambio
de salarios pagados puede constituir un beneficio local importante.
• Integrar la gestión adaptativa: la gestión adaptativa del diseño y la implementación de acuerdos de
distribución de beneficios basados en resultados de monitoreo y evaluación es fundamental para mejorar la
eficacia, eficiencia y equidad en el tiempo. La prueba piloto de la distribución de beneficios puede ayudar a
facilitar la gestión adaptativa durante la fase de diseño.
Estudio de caso
El monitoreo socioeconómico puede ayudar a mejorar el diseño de los beneficios
Bosque de Protección de Alto Mayo de Perú
Al abordar las barreras subyacentes a la tenencia de la tierra, el Bosque de Protección de Alto Mayo de Perú
aumentó su eficacia en la entrega de otros beneficios.
En Perú, las opciones proporcionadas a la población local para seleccionar beneficios no monetarios alrededor
del Bosque de Protección de Alto Mayo (AMPF) cambiaron mucho con el tiempo a medida que los
implementadores adquirieron una comprensión más profunda acerca las raíces sociales de los problemas
ambientales en el área. Tras un enfoque inicial en la producción de café, no fue hasta que se realizaron las
encuestas sociales que los implementadores entendieron que, aunque los ingresos estaban mejorando, los
beneficiarios aún estaban insatisfechos.
Había barreras mucho más fundamentales para el bienestar humano que era necesario abordar, principalmente
derivadas de vivir sin seguridad en cuanto a la tenencia de la tierra y en conflicto con la ley en calidad de colonos
ilegales en una zona protegida. El programa tuvo que diversificarse, pasando de abordar únicamente la
deforestación a través de la mejora de los rendimientos de café y a ayudar a la población local a obtener la
aprobación tácita del gobierno para residir en el área protegida. Esto permitió a los colonos cumplir con las
estipulaciones gubernamentales, pero sin acceso a todos los servicios que deseaban, ya que el gobierno no
proporcionaría dichos servicios en el área protegida.
En este sentido, el programa REDD+ proporcionó la oportunidad de abordar no sólo los impulsores económicos
de la deforestación, sino también los problemas fundamentales relativos a la seguridad de tener un hogar y un
lugar, y la paz con las autoridades del parque. Esto, a su vez, hizo que la conservación no sólo fuera posible, sino
también más eficiente. Pero fue sólo a través del trabajo de las encuestas sociales que se desarrolló este
enfoque y se ajustaron los paquetes de beneficios.
Ejemplos de gestión adaptativa
Programa Nacional de Incentivos Forestales de Guatemala (PINFOR) y Programa de Incentivos Forestales para
Poseedores de Pequeñas Extensiones de Tierra (PINPEP)
Pago por Servicios Ambientes (PSA) de Costa Rica
De 1998 a 2016, la elegibilidad a través de PINFOR se restringió a los propietarios de tierras capaces de demostrar prueba de título de al menos dos hectáreas de tierra.
•Esto dio como resultado que la mayoría de los incentivos se dirigieran a propietarios privados más grandes, en medio de la creciente demanda de una mayor participación.
PINPEP se inició en 2007 y permite el acceso a incentivos forestales y agroforestales para personas sin tenencia formal de la tierra, pero que pueden demostrar que tienen un derecho legal de posesión de al menos 0.1
hectáreas.
Un título formal era requisito para
participar en el PSA.
•Esto impidió la participación de actores que no tenían títulos de propiedad formales.
El programa ahora acepta pruebas de derecho de posesión en lugar del título en algunas circunstancias, lo que permite la participación de los
productores más pequeños y en situación de pobreza.
El PSA se desarrolló inicialmente como un programa no dirigido.
•El programa no estaba maximizando la eficacia en términos de mejorar la conservación de la biodiversidad, así como la equidad.
La biodiversidad y las prioridades socioeconómicas se han incorporado al proceso de solicitud para permitir una mayor focalización del programa a lo largo del tiempo. Actualmente, FONAFIFO prioriza las áreas críticas de conservación, así como los condados donde hay un índice de desarrollo
social relativamente bajo. Estas prioridades se ajustan aproximadamente cada cinco años a medida que se identifican otras necesidades o brechas.
Bosque de Protección de Alto Mayo de Perú
Proyecto Bolsa Floresta de Brasil
Fondo de Reducción de Emisiones de Australia
Comunicaciones
El AMPF inicialmente enfocó los incentivos en los colonos ilegales en el área protegida que impulsaron la deforestación a través del cultivo de
café. Gran parte del paquete de beneficios enfatizó el apoyo técnico para cambiar el cultivo de café hacia prácticas más sostenibles y productivas.
•La alta deforestación continuó en áreas alrededor del AMPF acompañada por la disminución de las condiciones sociales y los valores culturales de los pueblos indígenas adyacentes.
La distribución de beneficios en el AMPF se amplió para incluir a los pueblos indígenas adyacentes al área protegida. Esto requería definir una nueva y específica teoría de cambio
relacionada con los impulsores de la pérdida de bosques en las tierras de los pueblos indígenas, a menudo como resultado del
alquiler de tierras a personas externas que luego talaron el bosque para la agricultura.
El modelo de financiamiento para Bolsa Floresta se basó
inicialmente en fondos públicos estatales y pagos anticipados de
REDD+.
•En 2015, el financiamiento estatal inicial en Amazonas se había distribuido y estaba claro que los programas de PSA/REDD+ no proporcionarían suficiente financiamiento continuo.
La estrategia de financiamiento se reorientó hacia un financiamiento filantrópico por parte de empresas y fundaciones, inicialmente en Brasil y luego internacionalmente. También se ha
establecido un fondo fiduciario, mediante el cual el interés generado se utiliza para financiar los desembolsos monetarios
mientras se mantiene la dotación base.
La Iniciativa Carbon Farming de Australia fue diseñada con requisitos y procesos de
participación relativamente estrictos, incluido el requisito de que el proponente
del proyecto sea el propietario.
•Los altos costos de transacción para la participación resultaron desafiantes para la participación de propietarios de tierras de menor escala.
El ERF posterior facilita la agregación, por lo que el proponente del proyecto ya no necesita tener los
derechos de secuestro de carbono, pero puede tener un contrato con el propietario de la tierra, con
acuerdos estándar para transferir derechos a una "entidad agregadora" de proyectos para ayudar a
reducir los costos de transacción.
Los programas de reducción de emisiones deben documentar e informar a las partes interesadas sobre dónde
está disponible públicamente la información relacionada con la distribución de beneficios y cómo esta
información se compartirá con las partes interesadas relevantes a lo largo del tiempo. Se debe comunicar
información sobre todos los aspectos de la distribución de beneficios, incluso durante las etapas de desarrollo e
implementación.
Se pueden utilizar sitios web, cobertura de los medios, reuniones periódicas, consultas y otros enfoques para
comunicar la información. Se deben tener en cuenta las necesidades de los beneficiarios y de las partes
interesadas relevantes; por ejemplo, los beneficiarios pueden tener necesidades relacionadas con el idioma
(dialectos locales, etc.), la forma (escrita, visual, sonora, etc.) y la manera (en reuniones, a través de programas
de radio, periódicos, etc.) en la que se divulga información sobre la distribución de beneficios.
Las siguientes buenas prácticas se pueden utilizar para comunicar información sobre la distribución de
beneficios:
• Divulgación pública: de información sobre la dotación financiera general para la distribución de beneficios, las
cantidades distribuidas a cada grupo de partes interesadas en diferentes áreas geográficas, la tasa por hectárea
u otra tasa utilizada para beneficios monetarios, y todos los beneficios no monetarios entregados, promueven la
transparencia y crean confianza.
• Información activa y adaptada: Los beneficiarios y potenciales beneficiarios deben entender la finalidad de la
distribución de beneficios, las oportunidades de participación, los criterios de elegibilidad, las condicionalidades
para la recepción de beneficios, los resultados obtenidos y la forma de proporcionar aportes o presentar una
queja. Esto requiere una difusión activa de la información adaptada a cada grupo de partes interesadas en un
formato que puedan entender; por ejemplo, utilizando idiomas locales, proporcionando comentarios a través de
reuniones públicas y representantes de las partes interesadas, y prestando especial atención a proporcionar
información a mujeres y personas vulnerables y/o marginadas.
Estudio de caso
Audiencias públicas y auditorías para compartir y recibir información
Silvicultura comunitaria de Nepal
El programa de Silvicultura Comunitaria en Nepal requiere audiencias públicas periódicas para promover la
transparencia y proporcionar comentarios efectivos a las comunidades locales.
En la silvicultura comunitaria en Nepal, los Grupos de Usuarios Forestales Comunitarios deben celebrar una
audiencia pública y una auditoría pública al menos una vez al año, durante la asamblea general de los Grupos de
Usuarios Forestales Comunitarios, para informar a los usuarios sobre programas grupales, ingresos, gastos,
venta y distribución de productos forestales, decisiones grupales y estado de implementación. Además, los
ingresos, gastos, programas y decisiones del grupo se comparten regularmente mediante la publicación de
información en lugares públicos.
Para más información, se pueden explorar recursos adicionales:
• Distribución de beneficios a escala: buenas prácticas para programas de uso de la tierra basados en
resultados
• Nota de orientación sobre la distribución de beneficios para los programas de reducción de emisiones