Monografía sobre la deuda externa

INTRODUCCION

La crisis Argentina debería hacernos recordar la imperiosa necesidad de reformar el sistema financiero

mundial y por una profunda reforma del FMI es por donde deberíamos empezar.

Muchas personas adquieren prestamos para comprar bienes de consumo o de equipo o una vivienda.

Los países también lo hacen. Tomamos dinero prestado de los mercados capitales o se lo pedimos a

instituciones financieras internacionales para pagar infraestructuras: carretera, servicios públicos y centros

de salud. Al igual que las personas, los países tienen que devolver el préstamo y los intereses de los

prestamos que reciben.

Hay diferencias importantes, si una persona contrae un préstamo, recibe el dinero directamente y cuando

lo devuelve lo hace conforme a las condiciones de ese préstamo. A los ciudadanos no se les informa

acerca del uso del mismo ni de las condiciones de su devolución. En la practica, muchos gobiernos han

utilizado prestamos para proyectos que no cumplen requisitos mínimos de vialibidad social, tecnológica o

económica. Una segunda diferencia es que cuando una empresa o persona no puede hacer frente a sus

obligaciones financieras va a la quiebra. Entonces se nombra un tribunal encargado de evaluar la

situación del deudor al que los chanchos reconocen la incapacidad de pagar la totalidad de la deuda.

La historia de deuda pública argentina comienza cuando la Junta de Representantes de la Provincia de

Buenos Aires sanciona el 19 de agosto de 1822 una ley que facultaba al gobierno a "negociar, dentro o

fuera del país, un empréstito de tres o cuatro millones de pesos valor real". Los fondos del empréstito

debían ser utilizados para la construcción del puerto de Buenos Aires, el establecimiento de pueblos en la

nueva frontera, y la fundación de tres ciudades sobre la costa entre Buenos Aires y el pueblo de Carmen

de Patagones. Además debía dotarse de agua corriente a la ciudad de Buenos Aires.

La Junta de Representantes había autorizado la colocación a un tipo mínimo del 70%,

pero Rivadavia aceptó constituir un consorcio que representara al Gobierno de Buenos Aires para la

colocación del empréstito al tipo de 70%. Este consorcio estaba encabezado por los señores Braulio

Costa, Félix Castro, Miguel Riglos, Juan Pablo Sáenz Valiente y los hermanos Parish Robertson, quienes

en virtud del poder conferido celebraron el acuerdo en Londres con la firma Baring Brothers & Co. Como

la colocación en el mercado sería fácil, la Baring propuso al consorcio colocarlos al 85%, pagando 70% a

Buenos Aires y repartiéndose el 15% de diferencia con el consorcio.

El gobierno de Bernandino Rivadavia fue el primero que contrajo deudas con la banca Baring. El valor

era un millón de libras esterlinas.

La otra deuda mas grande que tuvo la Argentina fue de dos millones y medio de libras esterlinas y lo

utilizaron para financiar la guerra con el pueblo paraguayo.

El Fondo Monetario Internacional aparece para intervenir entre la banca internacional y los gobiernos,

para muchos es para estafar a los pueblos y naciones. Perón tampoco lo aceptó hasta que en 1957

ingresa al sistema. Es una estrategia para el sometimiento futuro de los países pobres por los

desarrollados.

El gobierno de la dictadura dejó un país hipotecado con una deuda de cuarenta y cinco mil millones de

dólares. La mitad es deuda privada: son veintitrés mil millones que dicen deber bancos extranjeros

radicados en el país, multinacionales. En 1978 en el Gobierno de Videla el mundo vive en la era de los

petrodólares. Los bancos internacionales ofrecen créditos fáciles a tasas bajas. Comienza el gran

endeudamiento del Estado argentino. En 1980 se inicia el fenómeno de convertir deuda internacional de

empresas privadas en deuda del Estado.

Durante la dictadura militar, mediante una fraudulenta tuvo una fuga de las divisas que ingresaron al país

como préstamos, con el supuesto objeto de constituir reservas en el Banco Central. La fuga de capitales

se produjo entre 1980 y 1983, mediante una quiebra masiva de bancos y financieras, y mediante un

mecanismo denominado “seguro de cambio”, que garantizaba el precio futuro de las divisas, pese la

enorme inflación existente.

A principios de 1976, cada habitante de Argentina debía al exterior 320 dólares; a fines de 1983, cuando

los militares se fueron cada habitante pasó a deber 1.500 dólares.

La historia de la deuda externa argentina.

En agosto de 1822, la Junta de Representantes autorizó al gobierno de la provincia de Buenos Aires a

contratar en Londres un empréstito de un millón de libras esterlinas, destinados a la construcción del

puerto de Buenos Aires, a la fundación de tres pueblos en la costa sur, y a instalar un servicio de agua

corriente y desagües en la ciudad. La operación fue acordada en 1824 con la casa Baring Brothers, de

Londres, sobre un interés del seis por ciento anual.

Como intermediarios del gobierno porteño intervinieron los comerciantes británicos Juan y Guillermo

Parish Robertson y el criollo Félix Castro. Los tres comisionistas cobraron por sus servicios 100.000 libras

esterlinas, extraídas del empréstito. La casa Baring descontó el pago adelantado de dos anualidades de

intereses y amortizaciones, más su propia comisión, por lo que la cantidad acreditada al gobierno de

Buenos Aires quedó reducida a 560.000 libras; a pesar de esto, el gobierno de la provincia se endeudó

por la totalidad del préstamo más los intereses correspondientes.

Las 560.000 libras no llegaron a Buenos Aires en una sola entrega y en moneda metálica. Los banqueros

británicos enviaron remesas fraccionadas a partir de julio de 1824, consistentes en su mayor parte en

letras de cambio que, en 1825, fueron entregadas por el gobierno de Las Heras a los comerciantes

locales. Ninguna de las obras que motivaron el empréstito llegaron a realizarse.

Con el paso de los días llegó ese impensado momento en que debíamos devolver lo prestado; el dolor

nos traspasó.

En febrero de 1842, los banqueros ingleses reanudaron las negociaciones con el gobierno de Buenos

Aires, entonces a cargo de Rosas, para obtener el pago de los intereses atrasados del empréstito. Rosas

comisionó a su ministro de Hacienda, doctor Manuel Insiarte, para que tomase a su cargo el arreglo, y

éste, por nota de 17 de febrero de 1843, manifestó al representante de los banqueros que se había

autorizado al ministro argentino en Londres para que propusiese al gobierno inglés la cesión de las islas

Malvinas, en pago de la deuda. El gobierno inglés desechó la oferta.

Los gobernantes pasaron y la deuda externa creció. Nicolás Avellaneda, que asumió la presidencia en

1874, decidió cortarla. A pesar de la dura crisis económica, de la oposición de la Legislatura y del

periodismo, dispuso que los argentinos economizarán "sobre su hambre y sobre su sed" para responder

al compromiso asumido con los mercados extranjeros. Hubo despidos de miles de empleados públicos,

rebajas de sueldos y ajustes en los gastos del Estado.

El alivio de devolver llegó tras el sacrificio. La cancelación de la obligación de aquel empréstito tomado en

1824 sólo pudo concretarse en 1904; las sumas abonadas a lo largo de los años en concepto de intereses

y amortizaciones alcanzaron, al cerrarse la deuda, una cantidad de ocho veces el valor del importe

recibido. Las enseñanzas que de todo esto podemos extraer son cuantiosas y enriquecedoras. Quedan

como tarea para el hogar.

La crisis de 1873

En 1867 el Banco de la provincia creo la oficina de cambios a través de la cual la Argentina ingreso en el

régimen de convertibilidad de la moneda. Hasta 1873 se incrementaron exitosamente las reservas de oro,

esta acumulación de metálico hizo a su vez posible una enorme expansión del crédito bancario, lo cual

impulso la actividad comercial, como consecuencia de la guerra con el Paraguay. Las incidencias de las

importaciones se reflejo en una balanza comercial deficitaria, pues si bien las exportaciones crecieron, no

lo hicieron al mismo ritmo que las importaciones. El problema del desequilibrio comercial se torno visible

cuando ceso el ingreso de capitales. La citación deficitaria de la balanza comercial y de la de pagos

provoco una sensible disminución del metálico. El problema no pudo ser solucionado con un incremento

de las exportaciones. Por lo que el gobierno de Avellaneda, la retracción del crédito bancario durante

1875 y 1876 golpeo duramente la importación rural. Estas medidas mas la ley de aduana influyeron en el

rápido descenso de las importaciones, este provoco una inversión en la tendencia .

El presidente Avellaneda en su mensaje de apertura del congreso en 1875 describió la situación

económica del país en los siguientes términos:

"Grandes cantidades de dinero afluyeron en los últimos años a la plaza de Buenos Aires teniendo

principalmente su origen en los empréstitos que la Nación y esta provincia contrajeron en Londres. De

ahí, su acumulación en los bancos, el bajo interés y las facilidades tan seductoras como desconocidas del

crédito. El país no estaba en actitud de aplicar de improviso tan considerables capitales al trabajo

reproductivo y sobrevinieron las especulaciones sobre terrenos estériles, que acrecentaban artificialmente

su precio de una transacción a la otra, los gastos excesivos y la acumulación de las mercaderías

importadas, exagerada aún más por la competencia que se desarrolla en estos casos. Con la hora

inevitable de los reembolsos, ha sobrevenido la crisis, que principia ya a encontrar su principal remedio en

la disminución de los gastos privados y públicos."

Para fines de la década de 1870, la crisis económica ya había sido superada, permitiendo el inicio de un nuevo

periodo de prosperidad y expansión económica que se inició en 1880, ya con el Presidente Julio A. Roca, a

cargo del Poder Ejecutivo Nacional.

A partir de 1966

En el período militar entre Juan Carlos Onganía y Alejandro Agustín Lanusse (1966-1972) la

deuda externa argentina se incrementó desde los 3.276 millones de dólares a 4.800

millones, un 46%. Entre los gobiernos de Héctor José Cámpora, Juan Domingo Perón y María

Estela Martínez de Perón (1973-1976) la deuda ascendió de 4.870 millones de dólares a

7.800 millones, un 62%, dando el equivalente de 320 dólares de deuda por cada argentino

(per capita).

Durante la última dictadura militar, autodenominada Proceso de Reorganización

Nacional (1976-1983) la deuda trepó hasta los 45.000 millones de dólares, un 364%, con lo

cual se pasó a tener una deuda per capita de 1.500 dólares. Los años ´70 (sobre todo la

segunda mitad de la década) se caracterizaron por sus elevados índices de liquidez y sus

bajas tasas de interés para préstamos internacionales, lo que propició la llegada de

importantes corrientes de capitales a toda América Latina.

A partir de 1976, la nueva dirección económica del país se caracteriza por reducir los niveles

de proteccionismo industrial, mientras que, de manera paralela, se encara un proceso de

apertura para la llegada de los capitales extranjeros. Entre estas medidas se destacan dos en

particular: una de ellas fue la "reforma financiera", concretada en 1977, que liberalizó la

actividad del sector bancario. La otra medida trascendente fue "la tablita", un instrumento

donde se fijaba la variación de la pauta cambiaria, es decir, cuál sería la relación entre el

peso y el dólar para cada día en los siguientes ocho meses. En síntesis el Gobierno ofrecía

una información anticipada que permitiría saber, en ese lapso, cual sería el porcentaje de

devaluación de la moneda Argentina. Se suponía que con esta medida se eliminaba el "factor

psicológico" que durante años había provocado un aumento constante en los precios, sin

embargo, la inflación aumentó mucho más que la devaluación programada, de modo que el

peso se mantuvo sobrevaluado hasta el final de la década.

Este cóctel de medidas permitió el surgimiento de la popularmente conocida "bicicleta

financiera", que consistía esencialmente, en aprovechar el diferencial que existía entre las

tasas de interés locales e internacionales, factor generado por el retraso de la paridad

cambiaria. De este modo, el negocio se basaba en solicitar créditos al exterior, cambiar las

divisas ingresadas al tipo de cambio vigente (sobrevaluado), colocar ese dinero en el

mercado financiero local (plazos fijos a altas tasas de interés) y finalmente reconvertir esos

pesos nuevamente en divisas, lo cual arrojaba cuantiosas ganancias. A diferencia de otros

países de la región, que destinaron parte del endeudamiento externo a profundizar sus

procesos de industrialización, en la Argentina el crédito internacional se utilizó principalmente

con fines especulativos.

Para 1980 el fracaso de la política económica de Martínez de Hoz ya era evidente, a lo cual

se sumó un alza en las tasas de interés internacionales. La crisis bancaria estalló en el mes

de marzo cuando el Gobierno decidió cerrar el Banco de Intercambio Regional, que por aquel

entonces era el mayor de los bancos privados locales. A los pocos días, se dispuso el cierre

de otros grandes bancos y la política de liquidación continuó durante todo el año. Esto

provocó un pánico generalizado entre los inversores, que se tradujo en un retiro de depósitos

bancarios y en una demanda especulativa de divisas. En 1981 finalmente la moneda tuvo

que ser devaluada en forma significativa, lo que ponía al borde de la quiebra a los grupos

económicos locales y a las empresas trasnacionales que estaban fuertemente endeudadas en

dólares.

Ante esta situación, el entonces Presidente del Banco Central, Domingo Cavallo, resolvió la

implementación de un seguro de cambio para permitir a los deudores privados locales el

repago de sus deudas con el exterior. Si bien dicho seguro incluía una tasa de interés, la

realidad fue que la inflación y las posteriores devaluaciones terminaron licuando esas

deudas, lo que en los hechos, se traducía en una estatización de la deuda externa privada.

Este hecho le sumó al Estado compromisos por más de 5.000 millones de dólares. Algunas

de las empresas beneficiadas fueron -en orden empezando por la que adicionó más deudas-:

Celulosa, COGASCO, Autopistas Urbanas, Pérez Companc, Acindar, Banco de Italia

y Alpargatas entre otras.

Durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) se llegó a los 58.700 millones de dólares,

subiendo un 44%. En la década del gobierno de Carlos Saúl Menem (1989-1999) se elevó un

123%, con 146.219 millones de dólares. Y en el período de breve mandato de Fernando de

la Rúa (1999-2001) llegó a unos 147.667 millones de dólares, subiendo un 9%.

En lo que va desde la caída de de la Rúa hasta el 2012, la deuda bajó a 141.803 millones de

dólares.

La crisis de 1890

1890 fue un año decisivo porque se produjeron una gran crisis económica y la primera gran manifestación

contra el orden conservador, a llama "Rebelión del Parque". Las consecuencias fueron la renuncia del

presidente y el surgimiento de un partido importante en la historia argentina, la Unión Cívica Radical. El

régimen oligárquico, iniciado por la presidencia de Julio Argentino Roca en 1880, fue continuado en 1886

por su sucesor, Miguel Juárez Celman. Ambos pertenecían al Partido Autonomista Nacional, el PAN. En

la elección de Juárez Celman, así como ocurriría en toda la época que entonces comenzaba, fue

importante el fraude. La primera manifestación de oposición al presidente Juárez Celman la organizó en

Buenos Aires el llamado "Comité de la Unión Cívica de la Juventud", con un acto público en el jardín

Florida el 1ro. de septiembre de 1889. Se trataba, básicamente, de universitarios que denunciaban el

poder sin límites de lo que llamaban "el Unicato". De a poco, fueron creando una red de comités. Al

principio, su objetivo fue agitar a la opinión pública contra el Gobierno. Después, empezaron a preparar

una revolución armada para derrocar al presidente. A mediados de 1890, en medio de una gran crisis

económica, consideraron que había llegado el momento de actuar. Los combates comenzaron el 26 de

julio. La Unión Cívica había conseguido el apoyo de fracciones del Ejército y de muchos civiles. Se

levantaron en armas y se concentraron en la plaza delante del Parque de Artillería, un depósito de fusiles

y municiones donde hoy está Tribunales. Los rebeldes se identificaron con boinas blancas, que más tarde

se convertirían en el símbolo de los radicales. Sus demandas eran libertad de sufragio, respeto por las

autonomías provinciales, y el restablecimiento de una moral administrativa. Mientras tanto, las fuerzas

leales al Gobierno se enuclearon en Retiro, declararon el estado de sitio y atacaron a los rebeldes, a los

que vencieron tras cuatro días de lucha, dejando entre ochocientos y mil muertos y heridos. Si bien había

triunfado, dentro de las filas gobernantes comenzó a haber una fuerte disputa que, el poco tiempo, llevó a

la renuncia del presidente Juárez Celman. El sistema político que consolidaron desde 1880, fue

denominado por algunos como un "régimen oligárquico". La revolución de 1890 fue protagonizada por la

Unión Cívica, más tarde Unión Cívica Radical, el primer partido político moderno de la Argentina. El

radicalismo organizó clubes o comités, que estaban coordinados por caudillos. Estos líderes barriales

mantenían relaciones de patronazgo con los vecinos a cambio del apoyo político al partido. Muchos

individuos de clase media se integraron asía la Unión Cívica Radical aunque sus dirigentes continuaron

siendo, mayoritariamente, de sectores altos.

En 1890 estaba en pleno auge lo que se denomina el "imperialismo colonial". En el transcurso de los

últimos años del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial, la totalidad del continente africano y las islas

del Pacífico fueron repartidas entre las principales potencias capitalistas. Y grandes espacios de Asia

fueron anexados formalmente o puestos bajo protectorados de alguna nación europea. La llamada

"carrera colonialista" entre potencias originó una verdadera carrera armamentista encabezada por

Alemana e Inglaterra.

El último cuarto del siglo XIX vio florecer en Buenos Aires a un gran número de tiendas, este fue el caso

de Gath y Chávez fundada en 1883 en calle San Martín. Y, en el mismo 1890, fundó la emblemática sede

de calle Florida. El sistema de la tienda era traer las muestras de ropa de París y luego producir en los

talleres locales. Los fuertes, por supuesto, eran la indumentaria y los productos de blanco. También en

ella se podía comprar todo lo necesario para las bodas, sobre todo los accesorios, desde zapatos,

guantes, velos, camisas hasta la bandeja metálica para llevar los anillos. Los ajuares de las novias,

consistentes básicamente en prendas de ropa interior, ropa de casa y blanco podían adquirirse en su

totalidad. O podían recibirse cómodamente en casa, gracias a un aceitado sistema de entregas a

domicilio. Entre las novedades que se vivieron a finales del siglo XIX, se destaca el auge de la actividad

teatral. La compañía más renombrada de la época la conformaban los hermanos Podestá, entre los que

se destacaba Juan José, con su personaje Pepino del 88, un payaso que solía interactuar con el público

en sus diversas entradas. Otro personaje famoso de Juan José se dio cuando encarnó a Juan Moreira, en

una adaptación de la novela folletinesca publicada por Eduardo Gutiérrez. Al parecer, el realismo de las

actuaciones estaba tan logrado, que una representación de la obra en Mercedes, provincia de Buenos

Aires, dio lugar a un particular incidente cuando un miembro del público quiso vengar la muerte ficcional de

Juan Moreira y al grito de: "¡Cobarde, así no se mata a un hombre!" se abalanzó a la pista con su puñal

desenfundado dispuesto a atacar al actor que encarnaba al cabo de policía matador del héroe.

Como las importaciones comenzaron a descender al calor del aumento de la paridad, también

descendieron los ingresos fiscales, basados en derechos aduaneros. Alarmados por los acontecimientos,

los inversores rehusaron suscribir nuevas emociones de bonos. El Gobierno argentino debió, así,

declararse en default, llevando al quiebre a la marca inglesa Baring, que era su intermediaria y encarando

posteriormente una reestructuración de las deudas, tanto nacionales como provinciales. La crisis castigó

severamente a los sectores de ingresos fijos cuyos salarios no crecían al mismo ritmo que la

desvalorización del peso.

Los obreros industriales, así como las clases medias, resultaron los más afectados, estallando diversas

huelgas que se superpusieron a la conflictividad política. Sin embargo, la economía productiva de

exportación continuó avanzando con la proliferación de colonias agrícolas y expansión de la ganadería. El

aumento del valor del oro hizo, además, surgir una incipiente industria de bienes sustitutivos de

importaciones, incluyendo algunas máquinas agrícolas. Así, para 1894, la crisis había sido finalmente

superada. En julio de ese año, el pintor Eduardo Schiaffino, residente en París, expuso en Buenos Aires,

en el bazar de Bossi y Botet, su obra Reposo. La pintura era un gran desnudo femenino de espaldas que

se vinculaba con la estética simbolista del fin del siglo, que tanto gustaba a Schiaffino. Reposo había sido

premiado en la Exposición Universal de París del año anterior. Pero, sin embargo, recibió críticas muy

duras en su arribo a Buenos Aires. Fue tildado de indecente, criticado por su ausencia de dibujo, pero lo

más irritable del cuadro fue el hecho de no tener una identidad de género clara. Solo cinco años más

tarde, Schiaffino sería uno de los principales responsables de la creación del Museo Nacional de Bellas

Artes.

Después de la renuncia de Juárez Celman, golpeado por la crisis económica y por la debilidad que había

mostrado ante la Rebelión del Parque, el vicepresidente, Carlos Pellegrini, se dispuso a terminar los dos

años de mandato que quedaban. Sus primeras medidas estuvieron orientadas a solucionar la gran crisis

económica, que todavía continuaba. Por el lado de la Unión Cívica, después de la Rebelión del Parque,

se acentuaron las diferencias internas. El sector que encabezaba Leandro Alem se negaba a negociar

con el Gobierno y abogaba por la desaparición del Partido Autonomista Nacional y estaba dispuesto a

utilizar la violencia para lograr sus objetivos mientras que los mitristas querían acuerdos con el Gobierno.

Esto llevó a la ruptura. Leandro Alem y Bernardo de Irigoyen fundaron la Unión Cívica Radical, mientras

que Mitre fundó la Unión Cívica Nacional. Pellegrini acusó a los radicales de estar preparando una

revolución y apresó a varios de sus dirigentes. La respuesta del partido fue no presentarse a las

siguientes elecciones, inaugurando una abstención electoral que duraría más de dos décadas, hasta que

se dieran las condiciones de uno de los principales reclamos del radicalismo: la limpieza del voto.

Entonces, 1890 fue un año decisivo porque mostró las primeras fisuras del régimen conservador y vio

nacer al partido político que años más tarde le daría el golpe final: la Unión Cívica Radical.

Crisis: Años 1892 a 1900

El Presidente Luis Sáenz Peña, que asumió en 1892, continuó la negociación con los bancos acreedores

iniciada por Pellegrini. En ella tuvo especial gravitación el nuevo Ministro de Hacienda, Juan José

Romero, quien propuso a los bancos acreedores que la Argentina pagara su deuda de acuerdo con la

capacidad real de pago, sin tomar nuevos préstamos. El 3 de julio de 1893 Romero logró un arreglo con

Rothschild en Londres. Los intereses de varios títulos argentinos se reducían (el promedio de reducción

fue algo inferior al 30%) por cinco años. Durante el período de reducción de los intereses, el gobierno

argentino se comprometió a pagar cada año una suma de1.565.000 libras al Banco de Inglaterra, para

que éste la distribuyera entre los tenedores de bonos. A fines del sexto año, la Argentina trataría

directamente con las casas emisoras. Romero negoció con los acreedores en forma directa, y si bien los

términos del acuerdo fueron criticados tanto en Buenos Aires como en Londres, éste funcionó porque fue

un compromiso entre intereses que, más allá de sus diferencias, tuvieron en común la voluntad de

mantener el proceso de comercio e inversión entre la Argentina y Gran Bretaña.

Los méritos principales del arreglo logrado por Romero fueron que resolvió el problema de las deudas

provinciales -asumidas por el gobierno nacional- y puso fin a las garantías ferroviarias otorgadas por el

gobierno argentino. En enero de 1896 el Congreso Nacional autorizó una emisión de bonos de 50

millones de pesos oro al interés del 4%, con amortización del ½%, con el objetivo de pagar todas las

cuentas pendientes derivadas de las garantías y rescindir todos los contratos de garantías ferroviarias

posibles mediante la negociación. Como resultado de estos esfuerzos del gobierno argentino, cinco

compañías aceptaron abultadas sumas en reemplazo de las garantías estatales y dos fueron compradas,

logrando reducirse las posibles demandas por garantías ferroviarias en un 50%. Después de 1905 no se

acordó garantía o subsidio de ninguna clase a ninguna compañía ferroviaria.

Si bien, para los primeros años de la década de 1890 la crisis ya había sido resuelta, las inversiones

extranjeras no recuperaron el mismo ritmo que habían tenido en la década anterior. La crisis había

afectado tanto a Baring Brothers, que las inversiones británicas en la Argentina no se recuperaron hasta

1904. Los préstamos al gobierno registraron una declinación pronunciada, por lo tanto las inversiones en

ferrocarriles, frigoríficos, compañías de tierras y bancos crecieron a un ritmo lento. Sin embargo, esto no

afecto al sector agro-ganadero, que experimento en aquellos años un aumento en los valores y

volúmenes de sus exportaciones.

En 1898, el General Julio A. Roca asume su segundo mandato como Presidente de la Nación, mientras

que su gran colega político Carlos Pellegrini, asume como Senador Nacional. Roca le pidió a Pellegrini la

elaboración de una iniciativa legislativa para la consolidación de la deuda pública de 392 millones de

pesos oro, en un solo empréstito por 453 millones de peso oro. Pellegrini redactó un proyecto de

unificación de la deuda pública externa, por medio de un empréstito único al 4% de interés anual y 0,5%

de amortización, a largo plazo, y con obligaciones garantidas por las rentas aduaneras. La propuesta

obtuvo la media sanción del Senado. Pero después de muchos artículos periodísticos y manifestaciones

públicas criticando la medida, Roca decide no apoyarla en la Cámara de Diputados, acción que irritó a

Pellegrini, a tal punto que este hecho provoca un distanciamiento entre ambos, aquel año de 1901. Roca

por su parte argumenta que el ambiente creado en las calles y en la prensa no es el apropiado para

infundir confianza entre los inversores.

Argentina entra al FMI

La idea de crear un Fondo Monetario Internacional (FMI) fue planteada el 22 de julio de 1944 durante

la convención en Bretton Woods (Estados Unidos), poco antes de que terminara la Segunda Guerra

Mundial. La creación de este organismo recién se produce en 1945, con el objetivo primordial de

promocionar políticas cambiarias sostenibles a nivel internacional, facilitar el comercio entre los países y

reducir la pobreza a nivel mundial.

La Argentina recién se incorpora al FMI y al Banco Mundial en 1956, tras la llamada "Revolución

Libertadora". En 1958 se convoca a elecciones que son ganadas por el radical intransigente, Arturo

Frondizi, con el fuerte apoyo del peronismo. Según el diagnóstico presidencial, la condición económica

era dramática, siendo el principal problema el exceso de gastos sobre la producción nacional, lo que

había conducido tanto a déficits comerciales como a un bajo nivel de inversión. Así, mientras que a fines

de la Segunda Guerra Mundial, las reservas de oro y divisas acumuladas en el Banco Central superaban

en 1.300 millones de dólares a la deuda externa, a fines de abril de 1958 era la deuda externa la que

superaba en 1.100 millones de dólares a las reservas de oro y divisas.

Al poco tiempo de asumir, Frondizi pide al Fondo que envíe una misión para elaborar un diagnóstico de la

situación económica y preparar, junto a funcionarios argentinos, un programa de emergencia que el FMI

contribuiría a financiar. Esta labor conjunta fue tan difícil como implementar las medidas de apertura

económica en materia petrolera y de inversiones extranjeras, ya que cualquier programa ortodoxo de

reordenamiento económico acarrearía un elevado costo político y social. En el partido, dentro del gobierno

y en la opinión pública, había resistencia a aplicar medidas que se contrapusieran a los ideales

"desarrollistas" y a las promesas de la campaña electoral. Ciertas medidas inesperadas, como el

lanzamiento de "La Batalla del Petróleo", habían desatado una airada protesta obrera y social en la cual

se entrelazaban cuestionamientos ideológicos y de procedimiento que debilitaban la posición del gobierno

frente a los inversores y las Fuerzas Armadas.

Dos misiones del FMI estuvieron en la Argentina en agosto y noviembre de 1958. Entre medio, el país

debió acelerar la resolución de los litigios que tenía pendientes con las empresas extranjeras de

electricidad que venían de la época peronista. Las primeras evaluaciones del Fondo sobre la situación

económica y las perspectivas de que el país aplicara un genuino programa de estabilización fueron muy

pesimistas debido a dos razones: por un lado, el gobierno de Frondizi era políticamente débil y su Partido

(la UCRI) era ideológicamente opuesto a adoptar las decisiones que el Fondo consideraba necesarias

para la estabilización económica. Por otra parte, para los observadores del FMI, en la sociedad argentina

no había un consenso favorable a las profundas reformas que debían realizarse tanto en materia de

ajuste del gasto como de apertura económica. Aún así, a mediados de diciembre los lineamientos del plan

y la habitual "Carta de Intención" solicitando oficialmente ayuda al FMI, ya estaban listos.

Para acceder a la asistencia solicitada, la Argentina debió modificar su política económica y obtener la

convertibilidad a dólares de sus saldos comerciales favorables con los países acreedores europeos

nucleados en el "Club de París".

A mediados de diciembre, una misión enviada para explicar a los acreedores europeos el inminente plan

de estabilización y su incidencia sobre las relaciones económico-financieras de la Argentina con Europa

Occidental obtuvo la conformidad de un cónclave extraordinario de representantes del "Club de París"

para que la convertibilidad de los saldos comerciales ya mencionados se aplicara a remesas destinadas a

pagos comerciales y de la deuda en el área del dólar. También se logró que los europeos siguieran dando

al país el mismo tratamiento cambiario que hasta entonces. Para ello, esta misión reafirmó la intención

argentina de seguir cumpliendo con los pagos de su deuda externa en los mismos términos que se habían

pactado en 1957 y asegurando que el nuevo régimen cambiario y comercial argentino (adoptado a

instancias del FMI y del gobierno de Estados Unidos) no discriminaría a los países europeos.

Con este acuerdo y tras la aprobación del programa económico por parte del FMI, los organismos

financieros internacionales, un consorcio de bancos privados norteamericanos y el gobierno de Estados

Unidos otorgaron ayuda por 329 millones de dólares para apuntalar el "Plan de Estabilización Económica"

con el cual se inició una nueva etapa en la política económica del gobierno de Frondizi. Dicho crédito

permitió la unificación y liberalización total del mercado cambiario argentino, cuya demanda venía siendo

reprimida ante la falta de divisas.

El nuevo programa económico comprometía al gobierno argentino a sanear la economía nacional y a

sentar las bases de su genuino desarrollo mediante severas e inéditas medidas en materia cambiaria,

arancelaria, comercial, tributaria, de déficit fiscal y de financiamiento del gasto público. En líneas

generales, todas ellas tendían a restaurar una economía de mercado en un país donde ya se había

afianzado una fuerte tradición de intervención estatal en la economía, que se remontaba a los años ´30.

Las turbulencias macroeconómicas fueron cediendo paulatinamente, así, el dólar, que había tenido un

pico de casi 100 pesos moneda nacional en mayo de 1959, retrocedió hasta 83 en agosto. Para evitar una

mayor apreciación de la divisa, el Banco Central estableció una paridad fija en ese nuevo nivel. La

inflación también descendió al compás del tipo de cambio.

La entrada de capitales extranjeros, tanto en la forma de inversión directa como de préstamos públicos y

privados, permitió alejar por un tiempo el fantasma de una crisis de balanza de pagos. La economía de

mercado, propugnada por el entonces Ministro de Economía Álvaro Alsogaray, se basaba en la aplicación

rigurosa de los mecanismos de mercado como principio ordenador de la sociedad libre. El Estado sólo

debía asegurar la competencia, resolver los casos críticos, y compensar determinados objetivos sociales.

Alsogaray insistió en la necesidad de llevar el proceso de liberación hasta las últimas consecuencias, para

preservar la estabilidad y restaurar la capacidad productiva de la economía.

Sin embargo, la conflictividad social se volvió insostenible desatándose numerosas y prolongadas huelgas

organizadas por los sindicatos obreros. En este contexto Alsogaray debió renunciar en 1961 y Frondizi

decidió patear el tablero anunciando el levantamiento de la "ilegalización" que regía sobre el Partido

Peronista desde 1955. Así, en las elecciones de 1962 el peronismo ganó la gobernación de diez de las

catorce provincias, incluida Buenos Aires.

Ese mismo año, diversos vencimientos de deuda y una fuga de capitales ocasionaron una reducción de

las reservas que tuvo un importante impacto sobre el crédito del país. Para paliar la situación, el gobierno

tuvo que recurrir a un préstamo del Banco Central excediendo el límite convenido con el FMI para poder

financiar sus gastos corrientes. Por esto, el Fondo declaró a la Argentina en violación de los acuerdos

firmados.

Crisis en México, efecto tequila. Relación con Argentina

Durante la década de los 80 y principios de los 90, México recibió un fuerte flujo de capitales

consecuencia de un programa de estabilización y reformas estructurales aplicado. Aquellas

reformas llevaron a un crecimiento económico, cuyo promedio fue de 3,1% por año entre 1989 y

1994. Recién en 1993 la inflación se redujo a un dígito por primera vez en dos décadas. México

comenzó a atraer más inversiones extranjeras debido a la ausencia de mayores restricciones al

ingreso de capitales y las bajas tasas de interés en Estados Unidos. La importante liberación del

sistema financiero implicó un aumento del crédito de tal proporción y velocidad que superó la

capacidad de los supervisores de turno. La desaceleración del crecimiento económico en 1993

provocó que comenzaran a crecer los malos préstamos creciendo rápidamente la cartera irregular.

Las principales causas del crecimiento de la deuda fueron un sector financiero sin restricciones ni

control sobre las tasas, bancos privatizados sin una adecuada capitalización, respaldo ilimitado a

las obligaciones de los bancos y supervisión bancaria débil. Estos factores hicieron un sistema

financiero muy vulnerable.

Hacia fines de 1994, la reversión del flujo de capitales condujo a una brusca devaluación del peso

mexicano. México contaba con un sistema cambiario de flotación sucia, es decir que su Banco

Central intervenía en el mercado para mantener el valor de la divisa dentro de las bandas de

flotación establecidas. Debido a las presiones sobre el tipo de cambio y la constante pérdidas de

reservas, el 20 de diciembre el gobierno elevó el techo de la flotación en un 15%, empero al día

siguiente el ministro de Hacienda anunció la eliminación del sistema de bandas para entrar en un

sistema de libre flotación. El Banco Central de México vendió u$s 1.700 millones en un día y los

títulos de deuda cayeron en un 3.4%. La devaluación causó efectos como la inflación, disparada

de las tasas de interés, colapso de la actividad económica, los servicios de deuda en moneda local

y extranjera aumentaron al mismo tiempo que los indicadores de capitalización de los bancos se

desmoronaron.

La percepción que tenían los agentes económicos sobre países emergentes hizo que se

observara a la Argentina como similar a México. Este efecto contagio de la crisis mexicana

(provocó una suba del riesgo país, la declinación del valor de las acciones, menor afluencia de

capitales) sumado a la percepción de la sobrevaluación del tipo de cambio, las preocupaciones por

el déficit fiscal y la reforma constitucional que permitía la re-elección del presidente pero por

mayoría de votos ( sistema electoral más exigente que el previo vigente) provocó dudas sobre si la

Argentina fuera capaz de mantener vigente la Ley de Convertibilidad y desató una crisis de

confianza que afectó a la economía del país y al sistema financiero en particular, La suba

sostenida de las tasas de interés internacionales durante el año 1994 produjo la reducción del

ingreso de divisas en especial desde el 3er trimestre, por consiguiente el estancamiento de la base

monetaria (recordamos que estaba vigente la Ley de Convertibilidad por la cual la base monetaria

se vinculaba con el stock de reservas internacionales) y así la caída en la tasa de crecimiento de

los depósitos, creció la tasa de interés doméstica, se ingresó ya en 1995 en una etapa de gran

recesión económica que afectó la solvencia y liquidez del sistema bancario y una menor

recaudación fiscal.

Además la situación fiscal se vería afectada por la vigencia de la reforma del sistema previsional

que motivó el menor ingreso de recursos ya que gran porcentaje de ciudadanos optaron por

afiliarse al régimen de capitalización privada.

La crisis del tequila se tradujo en una pérdida de reservas del 27% y en un proceso de retiro neto

de depósitos, equivalente a un 18% del sistema desde Diciembre 1994 hasta Mayo 1995, es decir

de $ 45.600 millones el 20 de diciembre de 1994 a un mínimo de $36.800 millones el 12 de mayo

de 1995, además de que muchos bancos entraron en crisis porque los depositantes particulares

que no salían del sistema se trasladaban hacia los grandes bancos habida cuenta que no existía

un seguro de depósitos.

Las pérdidas fueron más graves en los bancos mayoristas, cooperativos y los bancos regionales

privados, los bancos provinciales y nacionales perdieron depósitos en menor medida. A los efectos

de asegurar la liquidez el Banco Central redujo las tasas de efectivo mínimo para que los

problemas de liquidez que tenían algunos bancos no se conviertan en un problema de solvencia y

deviniera en un problema sistémico. La falta de información pública acerca del estado patrimonial

de las entidades llevó a los bancos con exceso de liquidez a reducir su exposición en el mercado

interfinanciero lo que redujo aún más la liquidez de otras entidades, Los montos operados en el

mercado interfinanciero se redujeron drásticamente, antes de la crisis eran de un promedio diario

de $750 millones para pasar a $400 millones en enero y $ 300 millones en febrero y marzo de

1995. Esta falta de oferta de dinero en el mercado interfinanciero el Banco Central la redujo a

través de la colocación de pases activos con las entidades. Por consiguiente, se estaba

produciendo en el sistema bancario una crisis de iliquidez, no de solvencia, salvo en los casos de

algunos bancos privados pequeños, dependientes de grandes depositantes que contaban en sus

activos con gran cantidad de bonos argentinos que caían por el efecto del tequila, y de varios

bancos provinciales con alto porcentaje de cartera morosa e incobrable. Esta crisis de iliquidez se

originaba por el plazo menor de maduración de los pasivos frente a los activos por lo que era

necesario brindar asistencia que se realizó a través de:

- redescuentos del Banco Central (se modificó la Carta Orgánica extendiendo el plazo de

asistencia de 30 días a 120 días y se retiró el limite del Patrimonio Neto).

- asistencia entre entidades privadas por medio de compras de cartera con cláusula de recompra a

cambio de un menor encaje legal.

- la red de seguridad del Banco Nación que prestaba dinero contra garantía de cartera.

El plan Brady

El problema de la deuda externa es más grave ahora que en cualquier otro momento del pasado,

que la política oficial ha hipotecado al país con el objetivo no de resolver sino de perpetuar la

dependencia nacional del capital financiero y que, en tales condiciones, se reunirán

inevitablemente los requisitos de una nueva crisis, más profunda y amplia que en el pasado. Esta

crisis estará marcada, con toda seguridad, por una combinación de insolvencia, despilfarro y

corrupción, parálisis en sectores claves de la producción, privaciones y miseria social creciente,

etc.

Para verificar tal caracterización el eje de nuestro análisis será el llamado "Plan Brady", puesto que

es a través de una serie de negociaciones, procedimientos y acuerdos, que toman tal

denominación, que la administración gubernamental postula el mérito de haber resuelto la

"herencia" del insoportable endeudamiento. Recordemos, además, que Nicholas Brady, cuyo

apellido se utiliza en este caso, es quien estimuló tal "solución" desde el no poco influyente cargo

de Secretario del Tesoro de gobierno de los Estados Unidos, entonces presidido por George Bush

-o "my friend"- según el afectuoso y público tratamiento que le dispensara en reiteradas

oportunidades su colega argentino, Carlos Saúl Menem. Un año de preparativos desde que se

iniciaron los contactos con los bancos acreedores, en este caso a partir del lanzamiento del

denominado plan de convertibilidad de marzo-abril de 1991, hubo una demorada y por momentos

tensa ronda de negociaciones que se extendió a lo largo de un año. El anuncio de un acuerdo con

los representantes de las instituciones financieras externas se consideraba un requisito para el

ingreso fluido de capitales y, en consecuencia, una condición verdaderamente decisiva para la

continuidad del conjunto del planteo económico gubernamental. Esto explica la importancia que se

le asignó al anuncio público de tal acuerdo para la reestructuración de la deuda externa argentina

con la banca privada. Es lo que se concretó el 7 de abril de l992 en la capital de la República Pablo

Rieznik: La deuda eterna: el "Plan Brady" o la pequeña historia de una gran entrega, Dominicana

-Santo Domingo-, en ocasión de la reunión del Banco Interamericano de Desarrollo. Fue en la isla

del Caribe donde se pulieron los detalles del entendimiento entre ambas partes, bajo el control

directo del ministro de Economía argentino -Domingo Cavallo- y del presidente del "Comité

Coordinador" de los bancos -William Rhodes, representante del Citibank-. De todas maneras el

entendimiento entonces alcanzado no significó todavía el punto final de los convenios con la banca

acreedora. En verdad era el principio, ya que, sobre la base de los parámetros generales

establecidos con el "Comité Coordinador", comenzó la discusión particular con cada uno de los

320 bancos extranjeros acreedores del país, cuyo visto bueno era necesario para refrendar lo

pactado en la primera fase de la negociación global. El dato no es irrelevante porque anticipaba en

su momento, como efectivamente sucedió más tarde, concesiones ulteriores a la banca acreedora.

No es poco si se tienen en cuenta los términos precisos de este primer "gran acuerdo" de abril de

1992 y las sencillamente descomunales ventajas arrancadas, ya entonces, por los acreedores del

gobierno argentino. Parece paradójica la última afirmación porque el aspecto más propagandizado

del "Brady" de marras es que implicaba lo contrario: una significativa "quita" sobre los montos

adeudados, descuento que favorecería al país y era la condición para encontrar una salida al saldo

del endeudamiento. Reconstruyamos, por lo tanto, esta historia.

El esquema del Plan Brady, que es como se denominó a lo que no es más que un convenio de

garantías para asegurar el pago de la hipoteca de la deuda, reposó en verdad en tres aspectos

claves que conviene repasar para precisar el significado de lo sucedido.

El primero tiene que ver con el monto general de la deuda sobre la cual se procedió a la

reestructuración. Al respecto importa decir que las negociaciones partieron de admitir como

pasivos financieros nacionales en relación al exterior a todo aquello que los propios acreedores

consideraron como tal. La observación es pertinente porque es sabido que buena parte de tales

pasivos fueron meros dibujos contables de autopréstamos (dólares fugados clandestinamente al

exterior y que reaparecían blanqueados como obligaciones de empresas nacionales o extranjeras

residentes en el país) simplemente fraudulentos u operaciones carentes de registro y que en su

momento se consideraba como la parte "ilegítima" de la deuda.

El señalamiento tiene un valor particular porque los representantes oficiales del actual régimen

político considerado como un todo (los hoy gobernantes fueron "opositores" durante la gestión del

Dr. Alfonsín) se ocuparon en su momento de sugerir que tales procedimientos irregulares serían

investigados y la deuda "limpiada" antes de negociar las posibilidades de su cumplimiento. Si el

Plan Brady demoró un amplio lapso en concretarse es porque suponía el "olvido" de semejantes

propósitos y partir para una negociación aceptando las exigencias de reconocimiento total de la

deuda, cualquiera fuera la característica o las circunstancias en que había sido originalmente

contraída.

Es sólo como resultado de este enorme "handicap" inicial que la banca concordó en debatir una la

"quita" o reducción del monto global del endeudamiento. Pero es justamente la garantía de no

investigación del monto real de la deuda original lo que otorga un carácter puramente ficticio a la

historia de la "quita". De igual manera vale la pena indicar que, si el gobierno argentino presentó

como una "conquista" propia la obtención del mencionado descuento, se limitó en esto a repetir lo

que ya habían afirmado previamente los gobiernos mexicano, venezolano, costarricense y

finlandés, que entonces ya habían establecido sus propios "acuerdos Brady". Puede decirse, de

todos modos que, aun considerando el total "inflado" de la deuda, la mentada reducción era un

reconocimiento parcial de que buena parte de la misma había sido de hecho pagada por medio de

tasas usurarias, comisiones y prebendas de diversa naturaleza, impuestas por los bancos a lo

largo de la última década.

Por lo que acabamos de señalar debe calificarse como un acto de encubrimiento de las maniobras

financieras fraudulentas a todo el operativo propagandístico del gobierno que precedió la firma del

acuerdo y que consistía en publicitar que negociaría con "firmeza" las condiciones de ingreso al

"Plan Brady". Concretamente, los voceros oficiales se encargaron entonces de anunciar que

reclamarían no menos de un 40% de "quita" sobre la deuda y que, en cualquier caso obtendrían

una cifra superior a la obtenida por México, un "leading case" en América Latina. Semejante logro

-se afirmaba desde el gobierno- reflejaría, a su turno, el amplio apoyo y reconocimiento con el cual

contaba el plan económico oficial timoneado por el ministro Domingo Cavallo en el celebrado

Pablo Rieznik: La deuda eterna: el "Plan Brady" o la pequeña historia de una gran entrega, "primer

mundo". Pues bien, conforme el acuerdo definido en abril de 1992 lo cierto es que la "quita" fue del

35% y no más -como reclamaba la banca-, y no superó lo negociado anteriormente con México.

Pero, además, tal "quita" solo se aplicó a una parte muy reducida de la deuda de la deuda.

La Convertibilidad: crónica de una muerte anunciada.

En 1991, bajo la presidencia de Carlos Menem y con Domingo Cavallo como Ministro de Economía, se

implementó por ley el plan de Convertibilidad. Después de las hiperinflaciones de fines de los años 80, se

determinó un tipo de cambio fijo que establecía que un peso sería intercambiable por un dólar. De esta

manera el peso argentino se encontraba sobrevaluado, es decir, el dólar era demasiado barato, lo que

hacía que todos los productos importados fueran también artificialmente baratos y que, al mismo tiempo,

los productos argentinos fueran caros para los extranjeros. Además de las privatizaciones y la contracción

del Estado, esta política monetaria fue una de las causas de la acelerada desindustrialización de la

Argentina durante la década de 1990.

Para sostener esa paridad cambiaria Argentina debió recurrir en forma indiscriminada al endeudamiento

externo. Cuando el radicalismo accede al gobierno de la mano de De la Rúa en 1999, decide sostener la

convertibilidad. De esta manera, la necesidad de dólares era cada vez mayor, porque el

sobreendeudamiento no se empleó para alcanzar un mayor crecimiento o una mejora en la distribución de

la riqueza, sino para sostener un esquema financiero que beneficiaba a unos pocos.

¿Qué fue el Blindaje?

Según el diccionario de la Real Academia Española, el término blindar significa “proteger exteriormente

con diversos materiales, especialmente con planchas metálicas, las cosas o lugares contra los efectos de

las balas, el fuego, etc.”. La metáfora fue utilizada por el entonces Presidente de la Nación Fernando De

la Rúa, su Ministro de Economía José Luis Machinea y las autoridades del Fondo Monetario Internacional.

Las planchas en este caso no serían de metal sino de dólares. Corría el mes de enero de 2001 y

Argentina recibiría un crédito por 40.000 millones de dólares para “blindar” su economía de los efectos

financieros.

El diario aquel día decía: “El directorio del Fondo Monetario aprobó ayer formalmente el blindaje financiero

para Argentina, que en total sumará casi 40 mil millones de dólares. El FMI oficializó ayer en Washington

que su aporte será de 13.700 millones, de los cuales ya fueron girados 2.100 millones mientras que otros

3.000 millones estarán disponibles la semana próxima. “Esta es una gran noticia para el país. No

debemos voltear el optimismo”, aseveró ayer Fernando de la Rúa durante una rueda de prensa

convocada en la Casa Rosada, de la que participó el gabinete nacional, lo que da una idea de la

trascendencia que el Ejecutivo le da al auxilio financiero. “Hemos eliminado la incertidumbre que había

respecto del caso argentino”, aseguró, por su parte, José Luis Machinea.Justamente, el socorro

multimillonario fue diseñado con el objetivo de transmitir seguridad de cobro a los acreedores y fue

presentado por el Gobierno como el puntapié inicial para la etapa de crecimiento de la economía. A

cambio, el Gobierno se comprometió, entre otras cosas, a recortar las jubilaciones futuras y desregular las

obras sociales, medidas ya lanzadas por sendos decretos de necesidad y urgencia” (Página 12, 13-01-

01).

Del acuerdo participaron los principales actores financieros locales e internacionales: bancos, AFJPs, el

FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros.

De acuerdo al gobierno de De la Rúa, la inmediata utilización de este préstamo para cancelar los

compromisos financieros asumidos por el país, permitiría dar una señal de solidez y seriedad al mercado

financiero internacional. La presión de la deuda sobre las cuentas públicas era agobiante, al punto que el

Presupuesto Nacional del año 2000 preveía destinar el 20% de los recursos al pago de la deuda

externa. Según el FMI, la señal del Blindaje, que consistía en tomar un gigantesco crédito para pagar los

créditos previamente asumidos, desataría una lluvia de inversiones externas que fluirían hacia Argentina

ante la certeza de que el gobierno estaba dispuesto a pagar sus deudas a cualquier costo. La lógica era

clara, era la lógica de la especulación financiera y de la era del sobreendeudamiento en Argentina:

primero pagar, para después crecer.

Pero la lógica del Blindaje era aún más despiadada. A cambio del préstamo de 40.000 millones de dólares

el Estado se convertía en un mero pasamanos, ya que ni bien recibía los dólares debía aplicarlos al pago

de deudas preexistentes. Las autoridades, por su parte, debían comprometerse a aplicar las clásicas

recetas del FMI. Todas estas medidas se enmascaraban bajo tecnicismos tales como “metas fiscales”,

“ahorro público”, “racionalización del gasto”, “eficientizar el Estado”, etc. El Blindaje tenía como principales

condiciones por parte del FMI:

• Reforma Previsional: eliminar la Prestación Básica Universal y elevar la edad jubilatoria de las mujeres.

• Racionalización de la administración pública: es decir, achicar el Estado.

• Reducción del gasto público: el objetivo era garantizar el equilibrio fiscal. Para eliminar el déficit

promulgaron incluso una ley llamada de Déficit Cero. En el segundo semestre de 2001 el gobierno

ajustaría el gasto en 4.000 millones de pesos, cifra equivalente al 1,5% del PBI. 2.100 millones de esos

4.000 serían recortados a las provincias. Las otras dos partidas ajustadas serían las prestaciones a la

seguridad social (jubilaciones) y los salarios del sector público.

• Reestructuración de la ANSES y del PAMI: se le agregaba la desregulación de las obras sociales.

• Firma por parte de todas las provincias del Compromiso Federal para el Crecimiento y la Disciplina

Fiscal: congelaría el gasto primario público de la Administración Nacional y Provincial.

Con el objetivo de vigilar de cerca el cumplimiento de estas condicionalidades, el país recibiría

periódicamente a la misión del FMI, organismo que tomaba cada vez más control en el diseño, ejecución

y revisión de la política económica doméstica.

A cambio de gestionar los nuevos créditos, el FMI no solo tomaba las atribuciones del Poder Ejecutivo,

sino que también condicionaba al Parlamento. Para ese entonces, muchas de las reformas impuestas por

el FMI habían sido instrumentadas por decreto. Con el objetivo de lograr la inmediata ratificación por parte

del Parlamento de esos decretos, el número dos del FMI, Stanley Fischer, señalaba que “Será muy

importante que las autoridades de todos los niveles adhieran firmemente a este programa, de forma tal de

restaurar la confianza del mercado, volver a un crecimiento alto y proteger la Convertibilidad”.

¿Qué fue el Mega-Canje?

A pesar de haber sido anunciado como remedio a todos los males, pronto quedó claro que el Blindaje no

solucionaría los problemas que afectaban a la economía argentina. Por esta razón, las autoridades se

embarcarían en otra nueva solución mágica que recibiría el nombre de Mega-Canje, ya con Domingo

Cavallo como Ministro de Economía.

El Mega-Canje pretendía aliviar los pagos de intereses y de capital de la deuda externa argentina,

canjeando la deuda por una nueva que permitiera pagar en un plazo mayor. Sin embargo, ese canje iba a

tener un costo exorbitante e implicaría seguir incrementando la deuda externa. La propuesta, como no

podía ser de otra manera, provenía de un banquero: David Mulford, ex secretario del Tesoro de los

Estados Unidos, que por ese entonces trabajaba para el banco Credit Suisse First Boston. La propuesta

sería recibida con los brazos abiertos por el entonces Ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, y su

Secretario de Política Económica Federico Sturzenegger.

A primera vista, la operación parecía sencilla y beneficiosa para el país: se canjeaban 46 tipos distintos de

bonos de deuda soberana por 5 tipos de bonos, con vencimientos hasta el año 2031. Sin embargo, la

operación aumentó la deuda del país en un volumen inimaginable. El peritaje de la causa judicial por el

Mega-Canje realizado por el experto en ingeniería financiera Moisés Resnick Brenner sostiene que el país

sufrió un perjuicio valuado en 55.000 millones de dólares. Siete fueron los bancos implicados en esta

fenomenal estafa, y obtuvieron 150 millones de dólares en comisiones. Los bancos eran: Banco Francés,

Santander Central Hispano, Galicia, Citigroup, HSBC, JP Morgan y Credit Suisse First Boston. El

ideólogo, David Mulford, cobraría en carácter de comisiones 20 millones de dólares.

Los bancos y las AFJPs aportaban al canje títulos por valor total 27.000 millones de dólares para ser

canjeados por los nuevos papeles de deuda del país. Sin embargo, 20.000 de esos 27.000 millones de

dólares ya estaban en la cartera de los bancos y las AFJPs. Por lo tanto, las abultadas comisiones que

cobraron fueron por hacer de intermediarios financieros ¡de sí mismos!

¿Cuáles fueron los resultados del Blindaje y el Mega-Canje?

Los resultados del Blindaje y el Mega-Canje fueron contundentes. Antes de embarcarse en estas

operaciones hacia finales del año 2000, la deuda externa del país ascendía a los 80.000 millones de

dólares. Con posterioridad al Mega-Canje, la deuda externa aumentaría hasta los 88.000 millones de

dólares y para el año 2003 alcanzaría la friolera suma de 102.000 millones de dólares.

Aún más, antes del Mega-Canje se calculaba que Argentina debía pagar en el período 2001-2031 por los

vencimientos de su deuda un valor que alcanzaba los 60.500 millones de dólares. Luego del Mega-Canje,

ese valor se incrementaría en un 63% y llegaría a los 98.400 millones de dólares. Además, la deuda

pública total pasaría de los 124.400 millones de dólares a los 126.600 millones de dólares. Por su parte,

los intereses de la deuda treparían de los ya impagables 82.300 millones de dólares hasta los 120.700

millones de dólares.

Conocemos hoy cuál fue el fin de esta historia. La deuda externa impagable se renegoció una y otra vez

con un único resultado: el crecimiento exponencial de los montos adeudados. Mientras tanto, el papel del

Estado se reducía hasta convertirse casi exclusivamente en una máquina de pagar los intereses y capital

adeudado, sin que hubiera espacio para ninguna otra política económica. Los desesperados intentos para

sostener a la Convertibilidad implicaban cada vez mayores intereses y deuda, y cada vez más

condicionamientos para Argentina.

En diciembre de 2001 estalló la crisis más grande de nuestra historia, dejando en claro que lógica del

sobreendeudamiento neoliberal sólo trajo a nuestro pueblo miseria, desempleo, desindustrialización,

estancamiento y exclusión social.

Los nuevos bonos

El 1 de junio de 2004 el gobierno anuncia la "propuesta de Buenos Aires" para reestructurar los pagos de

la deuda. En este nuevo plan, la quita original del 75% se reducía a promedios de entre el 63 y el 45%.

El 14 de enero de 2005 se lanzó oficialmente la operación de canje de la deuda en default, luego de las

conversaciones con el (FMI) y de los recursos judiciales interpuestos por los "fondos buitres". A cambio de

los títulos en mora, el gobierno argentino ofrecía tres nuevos bonos:

· El bono Par, que no implicaba quita del capital original adeudado, pagaría un interés inicial del

1,33% que subiría progresivamente hasta alcanzar el 5,25% a los 25 años de su emisión, y tendría un

plazo de 33 años (vencimiento año 2038).

· El bono Cuasi Par —que incluía una reducción del 30,1% del capital— pagaría un interés del

3,31% más un coeficiente ligado al índice de precios al consumidor y tendría un plazo de 30 años.

· El bono Descuento —que implicaría una quita del 66,3%— pagaría el mayor interés, 8,28%, y

tendría un plazo de 28 años (vencimiento año 2033).

Los bonos ofrecían además una compensación adicional, ligada al crecimiento del producto interno bruto.

El plazo para la recepción de las expresiones de interés finalizó el 25 de febrero de 2005; el nivel de

aceptación alcanzado permitió renegociar aproximadamente el 76,15% del monto adeudado. Se

reestructuraron deudas por un valor equivalente a 62.500 millones de dólares de valor nominal, canjeadas

por nuevos títulos por un valor nominal equivalente a 35.300 mil millones de dólares (15 mil millones en

títulos Par, 11,9 mil en títulos Discount, y 24,3 mil millones de pesos argentinos en títulos Cuasi Par);

además, como consecuencia de la reestructuración, el componente en pesos de la deuda pasó del 3 al

37%.

Los principales acreedores de los títulos en mora eran argentinos, con 38,4% del total. Después se

ubicaban los italianos con el 15,6%, los suizos con el 10,3% y los estadounidenses, con el 9,1%.

El 9 de febrero de 2005, el Congreso sancionó la ley 26.017 o "Ley cerrojo" prohibiendo al Poder

Ejecutivo reabrir el proceso de canje, lo que implicaba que la oferta no podía ser modificada o mejorada y

de efectuar cualquier transacción judicial, extrajudicial o privada respecto de los bonos sujetos al canje.

Restructuración de la deuda

El 3 de enero de 2006, la Argentina dejó de tener deudas con el Fondo Monetario Internacional (FMI)

concretando un pago anticipado de 9.530 millones de dólares, un pasivo contraído entre enero y

septiembre de 2001, con vencimientos programados hasta el 2009. Las reservas del BCRA se

recuperaron en nueve meses y finalizaron ese año con un aumento de 4.000 millones de dólares con

respecto al nivel que había antes de la cancelación del pago. Es decir, de u$s 28.078 millones las

reservas del Banco Central descendieron a u$s 18.580 millones y finalizaron el año con u$s 32.037

millones.

Después del traumático año 2002, todos los índices eran favorables al Gobierno: estabilidad cambiaria

($3 a U$S 1), crecimiento continuo en las reservas internacionales, baja en los indicadores de desempleo

y pobreza, etc. Sin embargo, la expansión económica y el aumento paulatino de los salarios comenzaron

a reflejarse en un aumento del índice inflacionario. Tras el descalabro económico del 2002 y gracias a una

política de subsidios a los servicios públicos, este indicador había logrado mantenerse planchado durante

casi toda la gestión de Néstor Kirchner. Sin embargo, para el año 2006 comenzó a hacerse evidente que

la inflación se estaba convirtiendo en un problema. Ante esta situación, se produjo un cruce entre el

Gobierno y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Según el Poder Ejecutivo existían

irregularidades dentro del organismo, mientras que los funcionarios del INDEC acusaban al Secretario de

Comercio Interior, Guillermo Moreno, de querer interferir en los datos y de querer conocer la lista de los

comercios que eran consultados para elaborar el Índice de Precios al Consumidor (IPC), protegidos por

secreto estadístico. En el año 2007 el Poder Ejecutivo decretó la intervención del INDEC el IPC difundido

por las encuestadoras privadas mostró diferencias con respecto a lo estimado por el organismo.

En septiembre de 2008 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la decisión de cancelar la

deuda de 6.706 millones de dólares que mantenía el país con el Club de París. Sin embargo esta medida

no llegó a implementarse porque coincidió con la crisis financiera de los Estados Unidos. En el mismo

mes, en un encuentro en Nueva York con el Council of Foreign Relations, Cristina Fernández anunció que

en conjunto con tres bancos se estudiaba la posibilidad de resolver la deuda con los acreedores que no

habían ingresado en el canje de 2005.

El 3 de agosto de 2009 el gobierno pagó el Boden 2012 por 2.251 millones de dólares y se comprometió a

trabajar en la normalización del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en la deuda en

default y emitir un bono con un plazo de diez años para eludir los embargos contra el país, también como

medida para frenar la fuga de capitales. El entonces ministro de economía, Amado Boudou expresó "Con

nuevas medidas que se irán tomando en los próximos meses, la Argentina estaría en condiciones de

volver a los mercados internacionales de crédito hacia fin de año".

En octubre de 2009, el ministro Amado Boudou, anunció la reapertura del canje de 20.000 millones de

dólares de deuda para los holdouts, que son aquellos que no aceptaron la propuesta de reestructuración

en 2005.

Conclusión Pazos Sabrina:

El problema de la deuda externa es más grave ahora que en cualquier otro momento del pasado,

que la política oficial ha hipotecado al país con el objetivo no de resolver sino de perpetuar la

dependencia nacional del capital financiero y que, en tales condiciones, se reunirán

inevitablemente los requisitos de una nueva crisis, más profunda y amplia que en el pasado. Esta

crisis estará marcada, con toda seguridad, por una combinación de insolvencia, despilfarro y

corrupción, parálisis en sectores claves de la producción, privaciones y miseria social creciente,

etc. Este problema con la deuda externa seguirá estando y será cada vez mas grave. Para mi la

única forma que este problema se solucione, es la aparición de algún gobierno dispuesto a

enfrentar los problemas y la contra del pueblo, pero que en fin no sea por beneficio del mismo, si

no para el pueblo. Que tome la decisión, de una vez por todas, de llevar al desarrollo de este país.

De la forma que se esta llevando a delante el tema de la deuda externa, cada vez habrá mas

inflación y la deuda se hará mas imposible de pagar, y el desarrollo de la Argentina tendrá que

quedar en espera.

Conclusión Somoza Lisandro:

La historia de la deuda externa Argentina, como la del resto de los países latinoamericanos, es una

historia de números muy abultada.

Esta historia de abruptas subidas y bajadas, de deudas y pagos , sigue hasta nuestros días, en los

cuales surgen debates acerca de si hay que pagarlo o no, y si en realidad fue una decisión

progresista de los países latinoamericanos al decidir endeudarse para diferentes fines, como la

industrialización.

Al culminar este trabajo, puedo constatar que los beneficiarios de la deuda no son los ciudadanos

argentinos, ya que la deuda externa no se apoya en la educación, salud ni en el trabajo. Sino que

los beneficiarios fueron los grandes grupos económicos, nacionales e internacionales, y el sistema

financiero. Siendo así, considero que debe ser pagada por ellos mismos. La responsabilidad debe

recaer sobre ellos. Caso contrario, la deuda seguirá aumentando y siendo un obstáculo para el

desarrollo nacional. El País se vera imposibilitado de obtener nuevos créditos ( en caso de que lo

necesite ) y provocara un gran crecimiento de la inflación, lo que hace más difícil pagar la deuda.

Este fenómeno en nuestro país, claramente constituyo un obstáculo al desarrollo económico.

Como se pudo observar, este gran fenómeno no es aislado, ya que fuentes de diversos tipos han

contribuido a su agravamiento y a que las posibilidades de llegar a desarrollarse tengan que

esperar.

Es sabido que debido a la deuda externa, el crecimiento económico del país cesa, mientras que su

servicio( contagio de crisis financiera, incremento de tasas de interés, contracciones de créditos,

entre otros )Siga constituyendo una gran carga para la economía y sociedad Argentina.

A causa de la deuda externa, nuestro presente y futuro como país seguirá cayendo en el círculo de

crisis económicas, financieras y sociales, las cuales a largo plazo retrasaran el crecimiento

económico e impedirán el desarrollo en Argentina.

Bibliografia:

• Historia en razón y revolución N°2 primavera, reedición

electronica, 1996.

• Historia economica de la Republica Argentina, de Luis

Roque Gronda. Editorial sudamerica.

• Canal Encuentro

• Monografica Facultad de ciencias economicas, UBA.

• Pagina web. www.radiorazon.com.ar

• Pagina web www.historiargentina.com.ar