desarmando el modelo.indb 1 10-09-2017 03:02:31 p.m. - ucab

Desarmando el modelo.indb 1 10-09-2017 03:02:31 p.m.

Colección VISIÓN VENEZUELA


Desarmando el modeloLas transformaciones del sistema político

venezolano desde 1999

Caracas, 2017

Diego Bautista urBaneja(Coordinador)

guillermo t. aveleDo - luis salamanca - FernanDo spiritto -josé ignacio HernánDez - eglé iturBe - Héctor Briceño -

luis oliveros - josé manuel roDríguez grille - elsa carDozo - ricarDo sucre - merceDes martelo - anDrés cañizález


Reservados todos los derechos.No se permite reproducir, almacenar en sistemas de recuperación de la información, ni transmitir alguna parte de esta publicación, cualquiera que sea el medio empleado –electrónico, mecánico, fotocopia, grabación, etc.–, sin el permiso previo de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.

Desarmando el modelo. Las transformaciones del sistema político venezolano desde 1999Diego Bautista Urbaneja (Coordinador)Universidad Católica Andrés BelloMontalbán. Caracas (1020). Apartado 20.3323

Diseño y Producción: abedicionesDiagramación: Isabel ValdiviesoDiseño de portada: Isabel ValdiviesoCorrección: Ricardo Tavares

© Universidad Católica Andrés BelloPrimera ediciónHecho el Depósito de LeyPublicaciones UCABDepósito Legal: DC2017001596ISBN: 978-980-244-869-2

Impreso en VenezuelaPrinted in VenezuelaPor: Impresos Miniprés, C.A.


ÍNDICE

Prólogo: El espíritu de reformaRamón Guillermo Aveledo .......................................................................................7

IntroduciónDiego Bautista Urbaneja ...........................................................................................9

Los fundamentos ideológicos del sistema político chavistaGuillermo T. Aveledo Coll ...................................................................................... 25

Las bases sociopolíticas del chavismo: auge y caída Luis Salamanca ....................................................................................................... 53

Hugo Chávez y el populismo del siglo XXI en Venezuela Fernando Spiritto ................................................................................................. 117

La estructura jurídico-estatal del sistema político venezolano en el siglo XXI José Ignacio Hernández ........................................................................................151

La institucionalidad administrativa de la revolución bolivariana y las políticas públicas Eglé Iturbe ............................................................................................................ 195

Sistema de partidos venezolano: polarización y crisis de representaciónHéctor Briceño ...................................................................................................... 225

Transformaciones del sistema político venezolano en el siglo XXI: la política petroleraLuis Oliveros / José Manuel Rodríguez Grille ....................................................... 259

Entorno, ideas, estrategias e institucionalidad: el papel de las relacionesinternacionales en la reconfiguración del sistema político venezolano Elsa Cardozo ........................................................................................................ 291


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Desarmando el modelo. Las transformaciones del sistema político venezolano desde 1999

El papel de la estructura militar en la configuración del nuevosistema políticoRicardo Sucre Heredia .......................................................................................... 331

Las transformaciones del sistema político venezolano en el siglo XXIMercedes Martelo ................................................................................................. 383

Hegemonía y control sobre la comunicación masiva. El modelo chavistaAndrés Cañizález ..................................................................................................423

EpílogoDiego Bautista Urbaneja ......................................................................................447

Los autores ............................................................................................................ 453


Prólogo: El espíritu de reformaramón guillermo aveleDo

“Venezuela cambió para siempre” es una consigna muy repetida en los años del socialismo rentista. Como otras consignas, no es verdad, para decirlo con el poeta “Fueron vapores de la fantasía/Son ficciones que a veces dan a lo inaccesible/una proximidad de lejanía.” Cosas de la propaganda y del wishfull thinking más o menos ideológico. La realidad es muy otra y es que los países siempre cambian. Venezuela ha cambiado, está cambiando, y seguirá cambiando.

Nuestra sociedad ha presenciado y vivido la experiencia del intento de implantación de un sistema político-económico distinto, tanto a la imperfecta democracia que teníamos y que en cuanto sistema nunca pretendió estar exento de reproches1, como al modelo previsto en la Constitución de 1999. Lo ha influido y ha sido influida por ese proceso que a veces parece enteramente diseñado, planificado, anunciado y ejecutado paso a paso, otras más frecuentes luce de ensayo y error, e incluso hasta de error y error, sin ensayo.

Por cierto, con característica agudeza, al mismo Barrios se lee en esas páginas dejar anotado “…que el perfeccionismo en cuanto a doctrinas y formas de gobierno ha quedado para los escritores de utopías o de política-ficción…”.

¿Cuánto ha cambiado nuestro sistema político en este intento que se acerca a las dos décadas? ¿Cuántos de estos cambios son duraderos? ¿Cuáles son los avances a consolidar y cuáles los retrocesos a revertir? Porque podemos acercarnos a un desenlace de la crisis presente, un episodio de significado mayor en la ruta del cambio y como proyecto, el cambio político siempre ha de hacerse mirando adelante. Las restauraciones no son posibles y ni siquiera deseables.

En el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, si bien intentamos seguir atentamente la evolución de la actualidad nacional e internacional, pretendemos ayudar a que nuestra discusión y nuestra búsqueda no pierdan de vista lo sustantivo. Para contribuir al debate acerca de nuestro sistema político, bajo la coordinación del profesor Diego Bautista Urbaneja, miembro de nuestra Junta Directiva, hemos invitado

1 Barrios, Gonzalo: La imperfecta democracia. Centauro. Caracas, 1981.


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a un muy distinguido grupo de especialistas venezolanos para que, con toda libertad, nos expusieran sus puntos de vista en áreas que vienen estudiando desde hace tiempo con dedicación y rigor académico. Con sus opiniones, siempre discutibles como es propio de la disciplina, puede coincidirse total o parcialmente o discreparse. Ellas no intentan conformar una propuesta. Lo que sí tienen en común los docentes e investigadores que nos han honrado al aceptar participar en este proyecto es su inequívoco compromiso democrático.

Para ocuparnos del apoyo al trabajo parlamentario y municipal y del análisis requerido para la formulación de políticas públicas, como es nuestra vocación, debemos tratar de mirar desde una perspectiva más amplia. Nuestra intención con este libro es estimular el pensamiento sereno, contribuir a una indispensable reflexión creativa en el país y, en particular, en su alternativa democrática, y propiciar un debate que nos coloque un paso más allá de la crispación, el prejuicio y la diatriba.

Damos la bienvenida a la diversidad, característica por demás consustancial a la institución parlamentaria que estudiamos y defendemos, e invitamos a deliberación respetuosa, patriótica, civilizada sobre estas y otras ideas que puedan surgir, porque la construcción de una Venezuela nueva, fortalecida por su experiencia y su esperanza, donde podamos vivir y progresar en paz, sin divisiones irreductibles, sin exclusiones, sin discriminaciones, necesitará de todos.

“La política no es de absolutos”, dice Ugalde al analizar la Tradición del intelectual cristiano venezolano en Fermín Toro, epónimo de nuestra casa2, y destaca sus palabras de 1845, de confianza en nuestra capacidad para la transformación positiva, tras la cual

…no habrá que temer a las revoluciones; las habrá porque son necesarias a la marcha del entendimiento y al crecimiento de las naciones; pero no serán sangrientas, no destruirán la obra de la paz ni el fruto de muchas generaciones, sino que conservarán la fuerza vital y el espíritu de reforma, condiciones necesarias para la vida de los pueblos.

2 Ugalde, Luis: Cristianismo y sociedad. Paulinas-AUSJAL-UCAB-ITER. Caracas, 2006.


IntroducciónDiego Bautista urBaneja

I

La última década del siglo XX marca la crisis final del esquema político puntofijista. En realidad, ya para el final del decenio de los ochenta ese esquema estaba urgido de una profunda renovación o cambio. Los pilares de ese régimen político estaban llegando a su etapa de agotamiento, al menos en la forma en que hasta el momento habían funcionado. Los grandes partidos habían perdido gran parte de su capacidad de representar a una sociedad cada vez más variada y en la que emergía el deseo de establecer una nueva forma de relación con los partidos políticos. El rentismo, como forma de acumulación capitalista y de dinamismo económico, había perdido su capacidad de cumplir a cabalidad ambas funciones. El centralismo sufría los embates de aspiraciones regionales de autonomía cada día más vigorosas.

A esos desafíos enumerados ilustrativamente, y a otros que podrían añadirse, se intenta responder en esa década final del siglo. Al ver hacia atrás aquellos años noventa, se les aprecia como años de búsqueda y de provisionalidad. Primero, de búsqueda de un esquema sustitutivo de lo que se sentía agotado. Luego, dejado atrás ese intento, de operación de salvamento provisional.

Lo primero está representado por el intento, realizado por el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, de poner en pie un nuevo tipo de funcionamiento de la economía y de uso de la renta petrolera. Sin que nos corresponda aquí examinar las complejas causas de ello, sabemos que tal ensayo se salda en un fracaso. Forma parte de esas causas, en cualquier caso, la seria fractura política ocasionada por los intentos de golpe de Estado del 4 de febrero y del 27 de noviembre del año 1992.

Lo segundo está representado por el segundo gobierno de Rafael Caldera, que interpretamos, a estos efectos, como un intento de estabilización política destinado a solventar los riesgos de inestabilidad legados por la frágil situación política y militar


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producida por aquellas sacudidas golpistas. De ahí las características de provisionalidad que hemos atribuido a esta segunda etapa de la década de los noventa.

Luego del experimento de CAP II, el panorama que se tiene delante para afrontar la tarea que dejaba pendiente el agotamiento ya mencionado no era alentador. Una renta petrolera que sube y baja a su antojo, los partidos tradicionalmente fuertes del bipartidismo anterior fracturados y disminuidos, un espectro partidista donde emergen con fuerza nuevos actores, como La Causa R, cuya relación con las rutinas conocidas es incierta, unas Fuerzas Armadas cuyo grado de cohesión y de fidelidad al sistema de la democracia representativa es una incógnita. Solo los avances que se han hecho en el tema de la descentralización, con las elecciones de gobernadores y alcaldes y la transferencia de competencias a los estados, constituyen une reserva fresca de legitimidad política. Pero de resto es poco lo que puede esperarse de una situación de tanto resquebrajamiento. No era cosa de un cambio en la legalidad formal, como hubiera podido ser una reforma constitucional. Se requería un cambio de fondo, que no tenía por qué ser súbito o apresurado, pero del que al menos había que enviar señales de que se preparaba, que estaba en marcha, saliendo de dentro mismo del sistema que se sabía en crisis. Y esas señales como que no llegaban.

Más allá de agotamientos, fracasos y operaciones de salvamento provisional, la democracia representativa se mantenía en pie y en marcha gracias a los sedimentos, las adquisiciones acumuladas a los largo de cuarenta años: una relativa separación de poderes, un sistema básico de libertades políticas en vigencia, un pluralismo político sin mayores cortapisas, la continuidad progresiva de algunos procesos de significación, como el muy señalado de la descentralización, la pacificación interna del ambiente militar... la suma de lo cual permitía la expresión democrática de tensiones, descontentos, protestas, presiones de cambio.

II

No era inevitable que aquella situación diera lugar a una ruptura drástica, a un reemplazo abrupto. Podía, por qué no, evolucionar gradualmente hacia cambios de significación que remozaran en serio el sistema político. Pero las cosas pasan como pasan. Aquella era una situación vidriosa, vulnerable al surgimiento de una voluntad política fuerte que tuviera el proyecto de rehacer todo el esquema, de “refundar la república”, como gustó decir el personaje en cuestión, el portador de esa voluntad, Hugo Chávez Frías.

Podemos decir que Chávez tenía esa voluntad, en vista del resultado de los prolongados años en los que, cada vez con menos límites, ejerció el poder. Queda para


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Diego Bautista Urbaneja

los biógrafos, para los especialistas de psicología política, para los historiadores de esas particulares ideas políticas, determinar si esa voluntad de cambio radical estuvo allí desde un comienzo, y si tuvo siempre el mismo contenido que se plasmó en los hechos, o si se trató de un proceso gradual a lo largo cual se configuró, sea el designio mismo de un cambio radical, sea el contenido de un cambio que se quería desde un principio, sin saber claramente en qué podría consistir.

Surge por cierto otro juego de preguntas que hacen juego con el anterior. Dado que desde 1998 hemos presenciado una incesante acumulación de poder en manos de la cabeza del Ejecutivo, cabe preguntarse en qué medida había detrás de ello una verdadera concepción general que se expresaba a su modo en los diferentes terrenos. Por ejemplo, ¿había en verdad toda una concepción de las relaciones internaciones e incluso del orden internacional, que fuera más allá del mero uso instrumental de las relaciones internacionales a los fines del mantenimiento en el poder? Esa tensión o polaridad entre concepción ideológica y uso pragmático parece que va estar presente en varios –o quizás todos– de los temas de este libro, con diferente intensidad y pertinencia en cada caso. ¿En qué, medida, pues, está presente una concepción general de las relaciones internacionales, de las Fuerzas Armadas, de la economía, etc., o en qué medida lo que opera más bien es la instrumentalización de esas áreas a los fines del mantenimiento y la consolidación del poder (instrumentalización que en ese caso englobaría a tales concepciones generales, que entonces serían un instrumento más de la manipulación en cuestión)?

Dejando por ahora de lado algunas de esas incógnitas, podemos decir que a partir de 1998, con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia, se inicia la configuración de un nuevo sistema político en el país. Es decir, de un nuevo sistema de reglas, de normas implícitas y explícitas, mecanismos, instituciones, de cuyo funcionamiento conjunto se deriva una nueva forma de acceder al poder en sus diversos escalones, de ejercerlo, de conservarlo y ampliarlo, una nueva forma de producir decisiones políticas de obligatorio cumplimiento para la colectividad.

Esa afirmación es también producto de una visión retrospectiva que consolida procesos que tal vez fueron, en el mismo momento de producirse, más vacilantes, o más ambiguos, o de significado final más incierto. Se constata con frecuencia, por ejemplo, cómo en sus primeros años de gobierno Chávez fue más cauteloso en su política económica, más respetuoso de las reglas democráticas; cómo prohijó la promulgación de una constitución, la de 1999, al fin y al cabo no tan diferente de cualquier constitución inscrita en la tradición democrática y social-liberal que inspiraba la de 1961. La consideración de las fases y evoluciones se realiza con rigor en varios de los trabajos que componen este volumen. Pero sugerimos aquí que el significado final de esas etapas iniciales puede ser visto a la luz de lo que acaba ocurriendo posteriormente, cuando las


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cosas se acercan más a lo que parece ser la forma definitiva que el líder ha terminado por querer dar a su proyecto político, la forma definitiva de un nuevo sistema político.

III

Este libro tiene como objeto estudiar el proceso de configuración de un nuevo sistema político, tal como él se expresa en áreas consideradas especialmente relevantes: armazón jurídico-estatal, administración pública, sistema de partidos, finanzas públicas, política exterior, Fuerzas armadas, sistema electoral, medios de comunicación. Enmarcado el tratamiento de esas áreas temáticas por tres asuntos que les dan sentido ideológico y sociopolítico a las secuencias más concretas que tienen lugar en los terrenos mencionados. Se refieren estos tres abordajes, en primer lugar, a las bases ideológicas que, al menos en el plano de lo proclamado, sirven de sustento, inspiración, orientación a lo que se lleva a cabo en áreas concretas. En segundo lugar, a las bases sociales a partir de cuyo respaldo quiere montarse ese proyecto político y a la forma en que se quiere definirlas y concebirlas. En tercer lugar, al estilo decisorio que penetra el sistema.

Entre los campos escogidos como objeto de estudio se presentan importantes variaciones en varias dimensiones. Supongamos que se pensara que lo que ha impulsado todo el proceso ha sido el designio de su líder de concentrar todo el poder discrecional posible en sus manos, y redujésemos a eso la naturaleza y los objetivos de fondo del sistema político, cuya configuración queremos establecer. Pues bien, tal designio, que postularíamos como irradiando todas las áreas, habría de realizarse de muy diversa manera en cada una de ellas. En algunas podría desplazarse sin barreras de significación y sin mayores factores externos limitantes, y sin necesidad de que el hecho mismo de adelantar en ese designio diera lugar a algo que pudiera ir funcionando como barrera. En otros casos se encontraría, o daría lugar a, barreras institucionales o normativas más fuertes, o toparía con realidades externas y fuera del propio control que tuviera por tanto que tomar en cuenta. Se puede pensar al respecto de dos casos extremos, con un mínimo y un máximo de factores limitantes, con los casos intermedios entre uno y otro polo. Algo equivalente se podría decir si fuera otra la hipótesis central escogida, o si se partiera de un surtido de ellas.

La aparición en varios países del mundo de regímenes políticos que no son fáciles de clasificar de acuerdo con los patrones habituales de democracia o dictadura, presidencialismo o parlamentarismo, u otros esquemas consagrados, ha conducido en la ciencia política a la producción de conceptos que intentan captar tal peculiaridad. Democracias híbridas, democracias iliberales, dictaduras del siglo XXI, autoritarismo competitivo, son algunos de esos nuevos conceptos. Tales nociones pueden ser útiles


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como una primera aproximación a estos fenómenos. Pero a mi juicio, su mismo carácter de conceptos destinados a aprehender hechos atípicos sugiere que, más importante que colocar una etiqueta, es lograr determinar la mezcla particular de elementos que conforman en cada caso esos ornitorrincos politológicos. Capturar la configuración particular, la específica articulación, de elementos que, en teoría, pertenecen a diferentes constelaciones conceptuales o institucionales (fascistas, comunistas, demoliberales, autoritarias, totalitarias, populistas… según sea la nomenclatura favorita de cada quien). A nuestro juicio, solo la realización de ese intento de particularización sustenta la aplicación de alguno de esos nombres, o de algún otro que se cree, o permite desecharlos, si es el caso, o determinar su grado de utilidad para el caso venezolano que nos ocupa.

IV

Fuese cual fuese el elemento que se considerase eje central definitorio del programa de dar lugar a un nuevo sistema político, parece relevante examinar los límites con que tropezaría cualquiera de esos designios.

En primer lugar, el proyecto tiene lugar en un contexto nacional e internacional que le pone barreras. Es discutible qué tan infranqueables sean, pero en todo caso los protagonistas las han de tener en cuenta, y los obligan a tomar determinadas rutas y a excluir otras.

En el plano interno, nos referimos a cosas como la cultura democrática, el haber llegado al poder mediante elecciones, el haber promulgado una constitución con fuertes elementos demo-liberales, el hecho de ser básicamente capitalista gran parte de la estructura económica, la presencia de una oposición activa y voluminosa que nunca ha dejado de actuar... cosas todas que no se han podido eliminar y algunas de las cuales se han fortalecido con el tiempo, mientras que otras ciertamente se han debilitado.

En el plano externo, el proceso ha debido tener en cuenta dos factores. Uno es la presencia de un ambiente internacional cada vez más vigilante de la corrección formal de la vida política de los países y del respeto a los derechos humanos. Esto es una constante. Sabemos lo leve que por un tiempo ha sido esa vigilancia en el caso venezolano, gracias al sistema de alianzas y al clientelismo internacional que el proyecto de poder bajo estudio fue capaz de construir en torno suyo. Pero, al ser una constante o algo así, su efectividad está sujeta a las variaciones que puedan tener lugar en el ambiente internacional, y en especial en el regional, cuando, como ha ocurrido, se producen cambios que reemplazan gobiernos aliados por gobiernos críticos. El otro factor, muy fuera del control de los actores del proyecto, es la evolución del mercado petrolero, que afecta de forma crucial las posibilidades materiales para la continuidad del proceso de acumulación de poder y/o centralización y/o sociales, etc.


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Una segunda barrera es la constituida por los fines ideales y/o proclamados del proyecto político. Se supone que el objetivo final de todo esto no es, por ejemplo, que Hugo Chávez o una camarilla tengan cada vez más poder. Nadie diría eso abiertamente. Se supone que si es necesario que los poderosos tengan cada vez más poder, es porque se postula que solo él o ellos puede poner tanto poder el servicio de aquellas metas finales: la revolución, la igualdad, la liberación del pueblo, etcétera.

Siempre se ha hablado mucho de la capacidad atribuida a Chávez para transformar derrotas en victorias; para lograr que sus seguidores se “tragaran” cuanto él dijera y les diera, fuese lo que fuese; para dar marchas y contramarchas, según su astuta apreciación de la situación del caso. Pero proponemos que tales habilidades habrían de ejercerse, en su caso, dentro de unos parámetros que no entrasen en colisión con los fines ideales, por lo demás constantemente proclamados. En realidad, no estuvo nunca ese líder ante una situación que le impusiera dar algo así como un “viraje”. Estaban presentes potenciales elementos de tensión entre el proyecto ideal y el acontecer político concreto, que no tuvieron ocasión de madurar en vida de ese dirigente y que pudieron ser siempre manejados por aquel supuesto de que solo ese líder o sus sucesores podían usar del poder en función de las metas proclamadas. Nos referimos con esto a cosas como la tensión entre, por una parte, esos elementos de democracia participativa y “empoderamiento del pueblo” tan presentes en la ideología, y por otra, el elemento del poder creciente de un líder indiscutible e imprescindible. De cualquier manera, y para terminar con este punto, la presencia de esas metas ideales del proyecto político constituía un parámetro dentro del cual, en principio, sus actores habrían de moverse.

La tercera barrera limitante es lo que llamamos la lógica propia de cada una de las piezas que en su conjunto configuran un posible nuevo sistema político. Las áreas a estudiar tiene sus propias, digamos, “leyes”; desarrollan sus rutinas; requieren certidumbres específicas; ejecutan sus propias metas. El proyecto político puesto en marcha desde 1998 seguramente quisiera desbaratar esas rutinas, hacer como si esas leyes no existieran, impedir que cada área procurara sus propios objetivos, etcétera. En algunos terrenos eso luce más factible que en otros y nunca se sabe qué tanto es así.

V

Líneas atrás mencionamos que una de las barreras que para el desarrollo de los objetivos del proyecto al cual corresponde el sistema político que tratamos de analizar, era la presencia de una oposición voluminosa, activa y tenaz, que actuaba en un contexto, a esos efectos, democrático.


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Esto tiene una consecuencia importante. Para exponerla podemos recurrir a una idea que se aplica a los fenómenos populistas latinoamericanos, dentro de los cuales podemos de momento ubicar el caso que estudiamos. Lo hacemos a los efectos de desarrollar el punto, aunque ciertamente la consideración de lo ocurrido en el país en estos años como una variante del populismo es de muy frecuente presencia en tratamientos académicos y no académicos del tema.

Pues bien, en esos fenómenos es habitual distinguir una primera fase de movilización y una segunda fase de conciliación. En la primera, las fuerzas sociales que dan consistencia al movimiento, se movilizan, con frecuencia bajo la conducción de un líder, contra “los enemigos”: la oligarquía, el imperialismo, los ricos, etcétera. Una vez que estos han sido vencidos, se pasa a una etapa de estabilización y conciliación social. No podemos saber si el líder fallecido y otros jerarcas del gobierno tenían en mente tales fases. Pero el hecho de que la oposición a su proyecto haya sido siempre combativa e importante, y que esto haya tenido lugar en un contexto democrático, ha impedido el logro de una hegemonía estable y, por lo tanto, que la etapa movilizadora haya podido ser dejada atrás para dar paso a una etapa de conciliación. Eso ayudaría a explicar el carácter de permanente confrontación de la política de estos años, lo cual tiene efectos desequilibrantes generales, que se reflejan desigualmente en las áreas objeto de nuestro estudio.

Esto de la etapa conciliatoria es en sí mismo discutible en el caso de Hugo Chávez. No es nada seguro que ese líder tuviese previsto pasar en algún momento a una fase de ese tipo. De hecho, quien esto escribe no lo cree. No es nada descartable que su diseño contemplara más bien la confrontación permanente como la forma adecuada de producir una paradójica estabilidad.

Por otro lado, está la cuestión del otro elemento, el elemento a conciliar. Para la conciliación se necesitan por lo menos dos. Ahora bien, ¿estaba dispuesto el otro elemento, la oposición, que no se veía debilitándose, dispuesto a entrar en un hipotético proceso de conciliación?

En todo caso, el fallecimiento del líder infligió una herida mortal a cualquier etapa conciliatoria que aquel hubiera podido haber previsto y sus sucesores llevado a cabo. En efecto, tal fase solo puede tener lugar una vez que la etapa de movilización ha conseguido y afianzado sus objetivos, que en tal etapa se ha logrado lo que está de moda llamar hegemonía. Cuando Chávez fallece, tales logros están todavía por alcanzar y esa desaparición, diríamos, cancela toda posibilidad de obtenerlos.

En general o en teoría se puede discutir si para este tipo de fenómenos populistas es indispensable la presencia de un líder carismático. Pero nos luce que en caso venezolano,


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y dado lo que revela la forma en que se han sucedido luego las cosas, la presencia de Hugo Chávez era necesaria para poder pensar en una eventual fase de conciliación. Ausente esa figura, lo que queda es un poder desnudo, con una reducida –y declinante– parte de respaldo popular por dentro y privado de toda posibilidad de alcanzar las metas sociales sustanciales que pudieran agrandar tales parcelas de apoyo.

La mención del tema de la hegemonía da lugar a la siguiente consideración. En particular, o porque no se tuvo tiempo o porque en la realidad no se lo tuvo en la mira, hubo algo que ha quedado faltando en el proyecto del socialismo del siglo XXI: la constitución de un bloque de poder, en el sentido social de la expresión, que sirviera de base estable a cualquier otra cosa que se hubiera querido construir. Un bloque de poder, es decir, una aglutinación de sectores o clases que tuviera la capacidad de sostener la dinámica socioeconómica de la sociedad, y cuya característica esencial no fuera la de ser beneficiarios de las políticas sociales del gobierno, rasgo que la incapacita para cumplir el papel señalado. De allí que tanto se diga que lo que se acostumbra llamar rentismo en el vocabulario habitual de los venezolanos, haya llegado en estos años a sus máximos niveles históricos. Es decir, que, el grueso de los sectores sociales que servían de respaldo al proyecto político tenían como función real la de ser recipiendarios de cuotas de renta petrolera, mientras que no se realizaba la función productiva que a cambio les correspondía nominalmente, a título de participantes en empresas de producción social, por ejemplo. Cuando el sistema de reparto de renta se detiene a causa de que esta no da más o disminuye su magnitud, lo que queda es un esquema de poder convertido en un fin en sí mismo, respaldado por una parte de la población políticamente organizada (PSUV, UBCh, CLAP…) y carente de todo dinamismo socioeconómico positivo.

VI

Los diferentes capítulos del libro hubieron de lidiar con el tema del impacto que ha tenido el fallecimiento de Hugo Chávez y la sucesión de Nicolás Maduro sobre el proceso de configuración del sistema político venezolano que está en marcha desde 1998.

Ni siquiera la visión de las cosas que más quisiera poner el peso de lo ocurrido sobre factores generales o estructurales puede negar la impronta que sobre ello tuvo el accionar de Hugo Chávez. ¿Qué efectos tiene entonces su desaparición sobre el mencionado proceso? ¿Qué papel le corresponde asumir, y está en capacidad de jugar, el presidente sucesor? O, si la pregunta hubiere de hacerse en plural, la clique de los sucesores.

Aunque la desaparición de Chávez es el factor que más impacto tiene sobre lo que pueda ser la continuación de lo que aquel puso en marcha, la cuestión y su respuesta


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tiene que considerar también dos cambios que han acompañado ese que en estas líneas postulamos como el principal. En primer lugar, el cambio en las condiciones del mercado petrolero y sus graves efectos sobre el precio del barril. En segundo lugar, la modificación en el entorno internacional y en especial el regional, que abarca desde la presencia de Luis Almagro en la secretaría general de la OEA hasta grandes cambios como la salida del poder de sus dos más importantes aliados regionales, Cristina Fernández y Dilma Rousseff y su reemplazo por dos adversarios del gobierno venezolano.

El fallecimiento de Hugo Chávez y la relación de lo hecho en vida de él con lo que le sigue disparan un primer nivel de preguntas, del tipo: ¿Es el acontecer posterior la continuación digamos natural de lo precedente, a lo más un poco adelantado por la prematura muerte de Chávez? ¿Estuvo eso previsto así, o en realidad nunca se pensó que Chávez iba a faltar? ¿Se construyó, pues, algo que pudiera permanecer aun sin él, o lo que se ha construido a partir de su falta es un tinglado construido a toda carrera, de modo que lo que se hubiera podido montar era en realidad algo que descansaba en la presencia de aquel líder? ¿Marcharon simultáneamente el liderazgo activo de Chávez y la construcción de una estructura permanente, con potencial vida propia? Y así...

De nuevo, es de presumir que los rasgos propios de las diferentes áreas imponen por sí mismos respuestas diferentes a las cuestiones planteadas, a lo cual se añaden las perspectivas propias que al respecto puedan tener los especialistas de cada caso. Pero las opciones que en principio se plantean, y que recogemos de los trabajos reunidos en este volumen, van en direcciones como las que siguen. Una opción es que se encuentre una forma significativa de continuidad entre lo que dejó Chávez y lo que siguió haciendo Maduro. Ello a su vez puede adoptar la forma de una simple continuación más o menos sin fisuras, o la de una continuidad como la implicada en la idea de que Chávez dio los pasos iniciales de un cambio y el gobierno de Maduro ha llevado a cabo la consolidación de lo sembrado por el presidente fallecido.

Otra opción es la de que la muerte de Chávez combinada con –no lo olvidemos– el descenso de los ingresos petroleros, significa que lo iniciado por el anterior mandatario se quede a medio camino, lo que da lugar a una situación híbrida, en la que no se acabó de desmontar un esquema que Chávez quería reemplazar y no se acabó de construir lo que supuestamente debería haberlo sustituido, sino que coexiste parte de lo anterior con parte de lo que se quería instaurar.

Otra opción más –en realidad una forma particular de la continuidad sin fisuras– es la profundización de la “caotización” del área correspondiente. Que un proceso de desorganización iniciado por Chávez, quizás con propósitos ulteriores de reorganización, se ve librado a la fuerza inercial o al ímpetu de la desorganización ya iniciada y que ahora corre sin brida alguna.


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Esto nos lleva a una consideración general sobre este tema de los efectos de la desaparición de Chávez. Fuesen cuales fuesen los cambios que Chávez intentó introducir en las finanzas públicas, la administración pública, las Fuerzas Armadas, la política exterior, el sistema de partidos, los poderes del Estado, el sistema electoral y el de medios de comunicación, todo lo así puesto en marcha, estaba en definitiva controlado por su voluntad final, por su puño, si se quiere. Todos los elementos, núcleos, facciones, roscas, clientelas, grupos, que se iban creando dentro de esas instancias, sabían que existía una instancia final, Chávez, que repartiría las cartas y dirimiría lo que hubiera que dirimir y que mereciera ser dirimido por tal instancia. La muerte de Chávez significa entonces la desaparición se esa instancia final, de ese puño, de ese control que imponía su forma peculiar de orden en el conjunto. Y esa desaparición puede entonces significar varias cosas, y aquí vamos así a una segunda lista de opciones abiertas por el fallecimiento de Chávez, o a una segunda manera de formularlas. Una es que se hubiesen ido creando en efecto los elementos de una nueva institucionalidad que no podía funcionar de acuerdo con sus reglas debido precisamente a la presencia de Chávez, que con su puño distorsionaba su funcionamiento. En ese caso tendríamos que la desaparición de Chávez permite a esa institucionalidad funcionar –o hacerlo al menos en mayor grado– de acuerdo con las normas y los organismos que entre tanto se han ido instalando. Esta sería la posibilidad más optimista de cuantas pudiéramos considerar posibles en el tema que ahora abordamos.

Otra posibilidad es que, desaparecido el elemento de control y orientación general, los núcleos y centros de poder que se han ido creando pero que mientras Chávez vive tienen que mantenerse dentro de los límites que esa presencia les impone, ahora quedan libres para negociar entre ellos sus zonas de dominio. Tendríamos en ese caso en marcha una suerte de feudalización del área en cuestión, si acaso los núcleos llegan a acuerdos internos de cierta estabilidad. O podemos tener un fenómeno de fractura que impide un mínimo de coherencia y da lugar a políticas contradictorias o ineficaces.

Otra opción es la de que, en realidad, la desorganización y el bamboleo ha sido tal que el fallecimiento de la instancia de control “Chávez” significa la acentuación de una entropía que profundiza algo así como un caos cuya clave de sentido estaba –si es que estaba en alguna parte– en la cabeza del fallecido y que ahora nadie conoce.

Ninguna de esas alternativas es excluyente la una de la otra. Pueden combinarse y coexistir de mil maneras. Si al lector le apetece y se siente capaz de ello, puede seguir añadiendo variaciones de este último tema que hemos tocado.


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VII

En cada uno de los trabajos existe una sección dedicada al tema de los cambios que habría que introducir en cada área, una vez que se produjera en el país un cambio político.

Para poder hacer propuestas de reformas como esas, y que entre ellas haya un grado razonable de coherencia, es necesario contar con una idea común de hacia dónde habría que redirigir el rumbo de la nave. No es necesario que ese horizonte común contenga altos grados de precisión o detalle. En algunos de los trabajos está presente un tono crítico muy marcado respecto a lo que hemos presenciado todos estos años. En algún otro está casi ausente. Pero en general la magnitud de los errores y distorsiones que no hay más remedio que constatar al realizar un estudio como el que se lleva a cabo en este libro, permite que un conjunto de trazos gruesos en cuanto a la dirección que habría que tomar pueda cumplir la tarea de ofrecer una guía suficiente para un buen trecho del camino por reemprender.

Por lo pronto: mejor diseño de la estructura de los poderes del Estado, de modo que la colaboración entre ellos conduzca al respeto de la autonomía que cada uno debe tener; instalación de criterios de racionalidad, coherencia y transparencia en la toma de decisiones; recuperación y reanudación de la marcha de la descentralización; economía basada en una mayor seguridad jurídica y un mayor respeto a las reglas del mercado y a las exigencias de la competencia internacional; claros delineamientos en la administración pública que permitan una mejor rendición de cuentas y fijación de responsabilidades; política exterior que reestablezca relaciones de cooperación con los socios regionales y globales que corresponde, sin obedecer en ello a imperativos ideológicos en este caso distorsionantes; finanzas públicas sometidas a reglas de control y transparencia que aseguren un uso eficiente de los ingresos del Estado, en función de objetivos democrática y ampliamente compartidos, como el de la diversificación de la economía nacional; pluralidad de medios de comunicación con un eje de medios de carácter público.

Cada uno de los trabajos contiene propuestas en esas direcciones, ciertamente que presentadas con un mucho mayor grado de detalle que las aquí planteadas en su primer nivel de generalidad o aproximación.

Ahora bien, las reformas que haya que adelantar en la dirección esbozada van a tener que contar con lo ocurrido en estos años y con el sedimento institucional o de cualquier otro tipo resultante de ese ya prolongado acontecer. Son unas cuantas las variables relevantes en este punto. Por ejemplo, si el proceso de configuración de un nuevo sistema político ha dejado como saldo unas realidades masivas y resistentes que


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un cambio de dirección ha de tratar como corresponde hacerlo en una democracia, o si al contrario lo que existe es un frágil archipiélago de fragmentos en los que no se encuentran elementos en capacidad de ofrecer una resistencia legítima a un saludable esfuerzo de reorganización, reconstrucción, redireccionamiento. O si lo ocurrido ha dado lugar en determinada área a una tupida red de intereses creados que va a requerir un ejercicio especialmente vigoroso de voluntad política para deshacerla.

En otro sentido, ¿qué tan profunda y técnicamente compleja es la reingeniería requerida en cada área, aun para dar los primeros pasos en las direcciones deseadas?

Hay una variable de especial relevancia, referida al grado en que se han producido, en cada una de las piezas del sistema político que se ha configurado en estos años, elementos que sean importante o pertinente conservar, recuperar, perfeccionar, respetar, rescatar, reformular... posiblemente deslastrándolos de elementos que disminuyen o cancelan la significación positiva que de otro modo podrían tener en una democracia deseable. Por ejemplo, elementos de política social, o instancias de participación política, cuyas potencialidades positivas se hayan visto aplastadas por la naturaleza, los objetivos, las evoluciones del sistema político cuya configuración estudiamos, pero que un contexto democrático y abierto podrían significar enriquecimiento y alcance de la experiencia democrática.

Con frecuencia el discurso más crítico de lo que ha ocurrido habla de “una pesadilla”. No va a poder ser. Proponemos aquí otra perspectiva. Hemos estado ante una etapa de nuestra experiencia democrática, que no se puede dejar atrás como una simple pesadilla. Cuando despertamos de una pesadilla, caemos en la aliviadora cuenta de que no aconteció. Este no es nuestro caso. No creo que sea necesario que quien esto escribe deba dejar claro la profundidad de su rechazo a este orden de cosas. Pero creemos que no se puede actuar como si eso no hubiera ocurrido. Estos años han dejado un saldo de expectativas, de experiencias de organización y participación, modificaciones institucionales, nuevos componentes de la cultura social y política de la sociedad y de sus diversos sectores, que no pueden ser dejados de lado, sin correr el riesgo de echar por la borda cosas que podrían conservarse como parte del acervo democrático de la sociedad o sin, de paso, pagar un alto costo en la viabilidad de lo que se quiera hacer.

Posiblemente en esto hay grandes diferencias entre los diversos campos de estudio. Hay que ver caso por caso. En esta dimensión de conservación-corrección-eliminación, una cosa es lo que puedan haber significado los consejos comunales, otra lo que pueda haber en el realineamiento internacional de los últimos gobiernos venezolanos y otra aun lo que los cambios institucionales llevados a cabo en las Fuerzas Armadas. A lo mejor es más factible o pertinente pensar en una nueva ubicación en el espectro internacional que eliminar el grado de mayor general que antes no existía.


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VIII

El conjunto de trabajos aquí reunidos abordan aspectos claves de la configuración del sistema político que ha tenido lugar en los últimos tres lustros. Hemos sugerido en las líneas anteriores un posible marco introductorio general a este volumen. Pero pueden ser pertinentes unas breves palabras –cautelosas en cuanto se cuidan de invadir los terrenos de tan destacados autores– a los diferentes capítulos.

El trabajo de Aveledo se dedica a examinar las bases ideológicas del proceso. Allí encontramos los fundamentos de mucho de lo que veremos en los capítulos subsiguien-tes, dedicados a áreas específicas. En efecto, la ideología del régimen anuncia que un líder o un gobierno que actúe a partir de tales bases teóricas no ha de mirar –y si por él fuera– con mayor respeto ninguna barrera que pudiera surgir del flanco jurídico-estatal, o del de la racionalidad de la toma de decisiones, o del de la administración pública, o del técnico-económico, o de la transparencia en las cuentas públicas, o del equilibrio de poderes, o de las normas internacionales, o de la normativa electoral, o de la búsqueda de un sistema de partidos equilibrado y pluralista, o del respeto a un sistema comuni-cacional igualmente pluralista. Ni siquiera el parecer de la mayoría de la población real cuenta mucho necesariamente. Todos y cada uno de esos aspectos del quehacer político y estatal pueden ser instrumentalizados en función del logro de las metas que las bases ideológicas nos plantean. Tales premisas justifican cualquier vulneración, por lo menos teóricamente (y dejando de lado “justificaciones” reales –poder, dinero…– mucho me-nos “teóricos” y, por supuesto, inconfesables).

Los capítulos correspondientes a los temas enumerados muestran que eso –una creciente concentración de poder, una creciente discrecionalidad en las decisiones y una creciente instrumentalización del aspecto en cuestión– es básicamente lo que ha ocurrido en el área de que se trate. El trecho andado en ese camino en cada terreno no es uniforme, según apreciamos al leer los diferentes ensayos. Los efectos de ese proceso en las distintas áreas tampoco lo son. Desde esta perspectiva, una sucinta referencia a los sustanciosos trabajos que componen la obra nos dice algo como lo que sigue. El ensayo de Salamanca nos muestra cómo el intento de construir un sujeto político popular que sirviera de base al proyecto político de Chávez choca una y otra vez con el objetivo paralelo de controlar a ese sujeto para que sirva al poder del líder o del gobierno. El trabajo de Spiritto nos indica el establecimiento de la instauración de una modalidad de toma de decisiones altamente discrecional y concentrada, características en las que alcanza altas cotas y que parecen haberla penetrado irreversiblemente. Hernández nos sugiere un proceso constitucional que se ha detenido a medio camino, para dar lugar a una especie de Estado híbrido. El de Iturbe nos habla de una caotización administrativa inestable y


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diríamos que autodestructiva. El aporte de Briceño nos dibuja un sistema de partidos que estuvo cerca de llegar a ser un sistema de partido hegemónico, pero que ha dado paso a un alto nivel de competitividad partidista, de configuración atípica y de futuro incierto. El de Oliveros y Rodríguez nos plantea el alcance de altísimos, casi totales, grados de discrecionalidad y opacidad en el manejo de la renta petrolera y las finanzas públicas. Cardozo nos dibuja la parábola de una política internacional que vivió sus momentos de apogeo cuando la dupla liderazgo personal-renta petrolera llegó a sus más altos niveles, pero que está pagando el costo de su bajo nivel profesional, de las exigencias propias del contexto internacional y de un cambio en la orientación política e ideológica de la región para el cual no se hizo nunca ninguna previsión. Por su parte, el trabajo de Sucre nos habla de la construcción de una estructura militar que el autor describe como estable, consolidada, operativa y comprometida con el nuevo sistema político y con sus metas proclamadas, lo cual da especial importancia al tema de las implicaciones que tendría en ese terreno un cambio político que le diera al país un rumbo diferente a aquel en torno al cual esas Fuerzas Armadas han sido configuradas. Mercedes Martelo nos muestra la construcción de un sistema electoral diseñado para consolidar la llamada revolución pero que, al no tener más remedio que respetar la decisión de cada votante, cuya mayoría no da previstas señales de cambiar de norte, pasa a ser un factor menos manipulable de lo que se pensó. El trabajo de Cañizález nos muestra que se ha alcanzado un alto grado de control comunicacional por parte del gobierno, en el plano de la propiedad y la línea editorial de los medios, control sin embargo de discutible efectividad política a la hora de conformar la opinión política de los venezolanos.

Seguramente que para muchos la realidad de lo ocurrido en estos lustros resulte quedar muy lejos de los planteamientos ideológicos a cuyo servicio se supone que está ese acontecer. Por lo visto, han actuado poderosamente factores de muy distinta naturaleza que tienen poco que ver con la versión de sí mismo que el socialismo del siglo XXI podría querer dar en sus formulaciones más idealistas. Por ejemplo, la instrumentalización de la ley, las finanzas, los medios, etc., pueden deberse –o terminar debiéndose, si es que en eso es que han parado todos los sueños– a algo tan pedestre como la decisión de aferrarse al poder a como dé lugar. Otros ejemplos nos dirían de la presencia de índices de corrupción presumiblemente muy altos; resultados económicos y sociales muy negativos, difícilmente defendibles por la ideología que sea; una imagen internacional que nos coloca en los últimos lugares planetarios de casi cualquier indicador de interés, acompañada de un creciente aislamiento internacional; la abundancia de altos oficiales en altos cargos políticos y en la gerencia de empresas públicas, en gestiones cuya eficiencia y pulcritud están muy cuestionadas; una larga lista que nos indica bajos niveles éticos, teóricos, gerenciales, cognoscitivos, profesionales, que han corroído cualesquiera metas de altura


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que alguien pudiera haber tenido, y si es que alguna vez ellas tuvieron la presencia que le atribuyeron tal vez sinceros creyentes en un proceso que ya tiene casi veinte años andando. Pero este no es nuestro tema. Aunque referencias a todo ello puedan estar presentes en los trabajos cuyos autores creyeron pertinentes hacerlas, este libro no quiere constituir un juicio a lo ocurrido en estos años, con sentencia condenatoria incluida. El juicio, en definitiva, corresponde al lector. Este volumen quiere ser un análisis, donde no se oculta la presencia de los juicios de valor de cada autor, incluidos los del autor de estas líneas, pero que ante todo apunta a que el lector cuente con un análisis riguroso de cómo se ha conformado el sistema político que los venezolanos hoy tenemos entre manos.

IX

No puede decirse que haya culminado la configuración de un sistema político sustitutivo del que rigió en el país desde 1958 hasta finales de la década de los ochenta del siglo pasado. Queremos decir, no estamos ante un proceso que haya producido resultados consolidados y estables. A acentuar esa sensación contribuye lo que haya podido significar la muerte de Chávez para la coherencia posible de lo que estaba en marcha, así como la presencia de una aguda crisis social y económica cuyos efectos negativos sobre la estabilidad política lucen como muy graves.

Los trabajos incluidos en este libro nos ofrecen variadas evidencias de ello. Como hemos dicho hace pocas líneas, en unos casos se plantea que el proyecto se quedó a medio camino. En otros se puede colegir que lo ocurrido ha estado, por diseño, tan carente de parámetros que en realidad era imposible que culminara en un resultado estable. En otros casos el imperativo de la discrecionalidad total en la toma de decisiones conducía a similar imposibilidad. Aparece también un área, las Fuerzas Armadas, en que se sugiere que se avanzó en una mayor consolidación institucional que en los años de Maduro se muestra con mayor claridad que en los de Chávez.

De hecho, una de las preguntas que está como telón de fondo en todo el libro es ¿qué tan consolidado es el proceso del que se está hablando? ¿O todo está más bien en un estado de gran fluidez, o deshacimiento, o alguna otra palabra que exprese mucha inestabilidad?

En consecuencia, no es posible llevar a cabo con respecto a él algo equivalente a lo que de algún modo es posible hacer con el sistema puntofijista: contemplar la parábola completa de su desarrollo, hasta verlo entrar en lo que llamamos su agotamiento. Por el contrario, este libro está escrito in medias res. En medio de la cosa, y por cierto que un punto muy crítico de ella. Desde ese comprometido punto del trayecto político son varias las direccionas que se pueden tomar. De ahí la importancia de examinar las


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diversas rutas que se han seguido en áreas clave, su grado de confluencia y los posibles caminos que, partiendo del punto al que cada una de ellas ha llegado, se ofrecen para la construcción –en cuanto del sistema político depende– de una sociedad políticamente democrática, institucionalmente sólida, jurídicamente segura, socialmente equitativa, económicamente productiva e internacionalmente significativa y respetada.


Los fundamentos ideológicos del sistema político chavistaguillermo t. aveleDo coll

«...ni voy a caer en eso de: preséntame tu proyecto ideológico completo. Creo que es una trampa. No, no me corresponde a mí. Yo prefiero seguir aquello que Alí Primera cantaba: hagamos la historia... que otros la escriban después. Es decir, yo no soy el pensador que va a generar una doctrina original, nueva, total. No. Prefiero hacer.”

- Hugo Chávez, entrevistado por Agustín Blanco Muñoz, abril de 1995.

“Triunfo es uniónSocialismo la liberaciónSolidario es el tiempo de vidaAmor la semilla de un mundo mejor

Es la verdadUna antorcha que enciende la pazAl PSUV lo encarga el destinoDe alumbrar caminos por la dignidad”

- “La Hora del Pueblo”, segunda estrofa, Himno del PSUV

A partir de 1999 se produce una ruptura con la tradición político-ideológica iniciada en 1936, que cristalizó en el Estado Social de Derecho establecido en la Constitución de 19611, y en lo que el consenso politológico llamó el Sistema Populista de Conciliación de Élites2: es decir, un sistema que, basado en la soberanía popular expresada en última instancia por medio del sufragio en elecciones competitivas, delegaba en representantes provenientes de los partidos políticos la responsabilidad de gestionar mejoras en su vida social y económica, coordinando decisiones con los otros grupos de la élite social (sindicatos y gremios, empresariado, Fuerzas Armadas, Iglesia Católica, funcionarios públicos y cuadros tecnocráticos, etc.). Huelga referirse aquí a la crisis de legitimidad y eficacia en la que decayó ese sistema3, salvo para decir que antes de

1 Martínez, Pedro, “Bases estructurales y principios filosófico-políticos del orden constitucional venezolano”, en Politeia, Caracas, Instituto de Estudios Políticos, FCJP-UCV, 1979, n° 8, pp.197-246.

2 Rey, Juan Carlos, “La democracia venezolana y la crisis del sistema populista de conciliación”. En Revista de Estudios Políticos, Madrid, Centro de Estudios Políticos, 1991, nº 74, pp. 533-578.

3 La literatura en esto es abundante. Recomendamos, fundamentalmente, Álvarez, Ángel (ed.), El sistema político venezolano: crisis y transformaciones, Caracas, Universidad Central de Venezuela. Instituto


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Los fundamentos ideológicos del sistema político chavista

que esta crisis se produjese, este sistema contaba con una serie de adversarios históricos4 que negaban su legitimidad intrínseca sin importar sus éxitos circunstanciales.

Entre estos adversarios existenciales, que intentaron el desmontaje de tal sistema apelando incluso a la violencia política, tenemos a la izquierda marxista venezolana, eje central de la ideología chavista. Su visión del mundo, las relaciones sociales y la historia venezolana han condicionado los modos en que el chavismo en todos sus cuadros ha ac-tuado frente al viejo sistema político. Pese a la existencia de otras fuentes y símbolos –ad-mitimos que el chavismo no es canónica ni ortodoxamente marxista–, la importancia del socialismo marxista al dotar de contenidos y definiciones al crecientemente articulado proyecto chavista es innegable dentro de su organización dominante en la actualidad: el Partido Socialista Unido de Venezuela5.

En este breve ensayo nos proponemos mostrar los rasgos fundamentales de la ideología conocida en Venezuela con el nombre de chavismo, así como demostrar que, aunque pueda tener sus orígenes en diversas tradiciones políticas críticas al pensamiento liberal-democrático, es parte del proyecto histórico de la izquierda socialista venezolana, especialmente en su vertiente más autoritaria. Consideramos que la amalgama de voluntarismo popular, personalismo y socialismo que se configura en el chavismo se ve oscurecida en su definición por la constante referencia a categorías externas utilizadas frecuentemente como adjetivos y no como medios de descripción6. Al anclar a la ideología

de Estudios Políticos, 1997; Kornblith, Miriam, Venezuela en los noventa: las crisis de la democracia, Caracas, Universidad Central de Venezuela/IESA, 1998; Ellner, Steve y Hellinger, David (eds.), Venezuelan politics in the Chavez era: class, polarization, and conflict, Boulder, Lynne Rienner, 2003; McCoy, Jennifer y Myers, David (eds.), The Unraveling of Representative Democracy in Venezuela. Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2004;

4 Salamanca, Luis, “Agendas históricas no resueltas y golpes de Estado en Venezuela”, en Politeia, n° 15, Caracas, IEP-UCV, 1990, pp. 267-288.

5 El PSUV, en su declaración de principios, indica: “El Partido se esforzará por formar a sus militantes en el Árbol de las Tres Raíces –el pensamiento y la acción de Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora– y rescatará con sentido crítico las experiencias históricas del socialismo, adoptando como guía el pensamiento y la acción de revolucionarios y socialistas latinoamericanos y del mundo, como José Martí, Ernesto Che Guevara, José Carlos Mariátegui, Rosa Luxemburgo, Carlos Marx, Federico Engels, Lenin, Troski, Gramsci, Mao Tse-Tung y otros que han aportado a la lucha por la transformación social, por un mundo de equidad y justicia social, en una experiencia humana que tiene antecedentes remotos, como la cosmovisión indio afro americana, el cristianismo, la teología de la liberación. Se apoyará en los aportes del socialismo científico y en los del marxismo en tanto a la filosofía de la praxis, herramienta para el análisis crítico de la realidad y guía para la acción revolucionaria” PSUV, 2010: Libro Rojo: Conclusiones del I Congreso Extraordinario del PSUV, Caracas, Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, 2010, p. 39.

6 Entre las nociones utilizadas por distintos autores para definir al chavismo tenemos populismo, antipolítica, totalitarismo, fascismo, militarismo, tercermundismo, anacronismo bolivariano, pragmatismo personalista, castro-comunismo, peronismo, caudillismo, antiimperialismo, democracia popular, etc. Cada una tiene elementos descriptivos importantes, y solo podemos constatar que nunca


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Guillermo Aveledo Coll

chavista dentro de su raigambre intelectual podemos aclarar sus genuinos orígenes y sus rasgos fundamentales, que se convierte en el eje de la estructuración y despliegue del sistema político venezolano vigente.

1. ¿Qué es una ideología política?

En las ciencias sociales y humanas, la voz “ideología” es polisémica y controversial7, y no podemos resolverla en este breve espacio. Baste indicar que por ideología asumimos todo cuerpo de doctrina relativamente acabado y sistemático, de fácil referencia por sus seguidores, y coherente entre sus premisas básicas y sus conclusiones, y siendo una ideología política, cuyas conclusiones tienen implicaciones para la apreciación y acción política, es decir, para la acción hacia y desde las instituciones del poder colectivamente vinculante en cualquier sociedad. Toda ideología política, fuera de debates esotéricos y sectarios entre distintas facciones, está constituida por un vocabulario compartido y dota de un significado concreto a palabras de uso común. Por ejemplo, aunque las palabras “democracia” o “pueblo” tienen un significado ordinario, no las usarán en el mismo sentido un socialista, un liberal o un fascista.

Así, una ideología política como cuerpo de doctrina posee unas premisas previas, es decir, un conjunto de consideraciones de valor subjetivas (concepción del ser humano, de los orígenes y funcionamiento de la sociedad, etc.), a través de las cuales se realiza un diagnóstico sobre la realidad (pasada y presente) que pretende ser objetivo, y unas conclusiones, como unas prioridades de acción para afectar dicha realidad (que pueden ser acciones transformadoras o conservadoras). Las premisas legitiman las acciones derivadas en las conclusiones, y determinan qué medios pueden utilizarse y qué actores han de llevarlas a cabo.

La coherencia de tal ideología no deriva de la verdad extrínseca de sus premisas, sino de la validez y lógica intrínseca de ellas. El apego de los seguidores a la doctrina pasa por el apego a las premisas, cuya percepción de validez se puede articular, o no, con creencias, mitos y percepciones arraigadas en el conjunto general de seguidores potenciales. Si las premisas no son aceptadas, o son apenas marginalmente aceptadas, es improbable que la ideología se propague exitosamente.

se ha definido al chavismo como un proyecto de tendencia pluralista o poliárquico, es decir, compatible con la democracia liberal. Aunque suele usarse con frecuencia, incluso en la literatura oficial, la categoría “socialismo del siglo XXI” es imprecisa, y el propio “Libro Rojo” del PSUV solo menciona esa expresión en una ocasión.

7 Al respecto de este problema, léase Eagleton, Terry, Ideología, Barcelona, Paidós, 2005, pp.19-57.


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Hay que añadir que la ideología tiene su propia dinámica: las premisas pueden llegar a ser contradichas por cambios en la realidad, lo cual puede retar la coherencia de la doctrina, y llevar al replanteamiento de las premisas (emergiendo corrientes y reinterpretaciones) o lo que es más frecuente, a la negación de los hechos objetivos para adaptarlos a las premisas.

Por otra parte, presumimos que los creadores de las ideologías reflejan de manera más o menos honesta su percepción sobre la realidad en dichas premisas, y que los seguidores de la doctrina sienten por estas un genuino apego al menos de manera inicial, aun si son utilizadas eventualmente como racionalización y justificación de acciones que aparecen como contradictorias con las premisas originales, o que son censurables para el sentido común y la moral ordinaria.

Dicho todo esto, ¿podemos considerar al chavismo como una ideología? No es infrecuente, dados ciertos complejos entre nuestros comentaristas, referirse a cualquier “ismo” en Venezuela como la mera “tropicalización” de un sistema ideológico foráneo más sofisticado: hay un “liberalismo”, un “positivismo” o un “socialismo” ideal europeo o anglosajón, y hay versiones imperfectas, adaptaciones subdesarrolladas, de esas ideologías. No sugerimos que en Venezuela el chavismo representa un elevado nivel de sofisticación teórica (eso existe, sin duda, pero dentro de las discusiones académicas de círculos dentro del marxismo y la teoría crítica en latinoamericanos y europeos) pero que, aunque no sea sino una versión vulgarizada del marxismo8, contiene suficientes

8 “En el marxismo latinoamericano cabe distinguir dos grandes niveles. Un nivel que podemos llamar sofisticado, constituido por profesores de filosofía y ciencias sociales (…) este marxismo elitesco suele quedar a nivel profesoral, su influjo disminuye a medida que la onda de transmisión se aleja del centro (…). Frente a esas interpretaciones (…) nos encontramos con la Vulgata marxista (…). La mayoría de los estudiantes y, habría que añadir buena parte de los profesores marxistas y de los políticos de izquierda están en el nivel de la Vulgata.” García-Pelayo, Manuel, “La contribución del marxismo al subdesarrollo”, en Obras completas, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1991, pp. 3159-3160. Podemos decir, siguiendo a García-Pelayo, que al chavismo se ha acercado mucho del marxismo sofisticado (lo cual se nota en parte de la política editorial del Estado venezolano y formación de cuadros, con trabajos de académicos latinoamericanos Enrique Dussell y Atilio Borón, entre muchos otros), pero el grueso de sus cuadros políticos viene del Vulgarmarxismus. Un ejemplo de esta interacción la tenemos temprano, conmemorando el primer quinquenio del gobierno de Hugo Chávez, con el seminario “¿De dónde viene nuestra revolución?” en el cual participaron figuras de las insurrecciones militares (Wilmar Castro, Florencio Porras), académicos de izquierda (Margarita López Maya, Vladimir Acosta), y militantes de partidos y movimientos de izquierda (Jorge Pino) y figuras que eran a la vez del marxismo académico y militante (Samuel Moncada y Elías Jaua), entre otros (Jaua Milano, Elías (comp.), ¿De dónde viene nuestra revolución?, Caracas, Movimiento Quinta República, Dirección de Ideología y Formación, 2004). No hay aun una filosofía sofisticada del chavismo, sino académicos e intelectuales orgánicos que leen al chavismo desde una perspectiva marxista por su militancia (José Rafael Núñez Tenorio, Luis Cipriano Rodríguez, Luis Britto García, Judith Valencia), mientras chavismo desde el Estado promociona e intenta hacer masiva el pensamiento del marxismo latinoamericano. Véase por ejemplo los materiales de las emisoras de TV estatal ViveTV y CatiaTV en el programa “Escuela de Cuadros”, donde


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premisas y conclusiones regulares que la elevan de meras emanaciones personales de Hugo Chávez. El chavismo pertenece a la historia de las ideologías en Venezuela.

2. ¿Cómo se forma ideológicamente el chavismo?

Nuestra hipótesis central frente al chavismo como ideología es que es a la vez una manifestación concreta de un proyecto ideológico más amplio (la versión autoritaria del socialismo marxista venezolano, articulado con sus conexiones internacionales9 y tomando parte de sus debates históricos), y la objetivación de las creencias políticas de Hugo Chávez Frías (como cuadro seleccionado por el socialismo, pero que se convierte en el líder político más exitoso de esta tendencia). En este sentido, no vemos que haya una contradicción entre los aspectos personalistas del sistema político chavista y el establecimiento de un bloque de poder eventualmente autónomo, sostenible e ideológicamente definido tras el fallecimiento de Hugo Chávez, como ha quedado demostrado en los hechos hasta el presente10.

se invitan a jóvenes del PSUV y de colectivos sociales a charlas de académicos de distintas corrientes en el socialismo marxista, especialmente extranjeros (https://escuelacuadros.blogspot.com/). Debemos añadir que mucho de la disidencia que ha emergido dentro del chavismo viene del marxismo académico (siendo los casos más notorios los de los profesores Luis Lander y Margarita López Maya), y que en todo caso la línea entre teoría y praxis siempre será borrosa en el marxismo.

9 Hay que referirse especialmente al vínculo con la República de Cuba, que no solo es un dato histórico, sino un elemento estructural del chavismo: la fracción de la izquierda marxista venezolana central al chavismo es heredera de la línea pro-cubana de continuación táctica de la lucha insurreccional del Partido Revolucionario Venezolano (PRV). Aunque tanto Cuba como la extrema izquierda venezolana tendrán virajes tácticos que llevarán a divisiones internas, el vínculo formativo y material de dicha izquierda con Cuba es esencial para comprender la formación de la mayor parte de los cuadros dirigentes del PSUV. Como nos apunta Romero: “Hay que recordar también –y esto es algo fundamental para conocer y explicar la relación actual de la dirigencia cubana y la dirigencia venezolana en el poder desde 1999, que la escisión que se negó a deponer las armas dentro del PCV y que fue conocida como ‘El Douglismo’ por ser Douglas Bravo su principal líder, es la cantera, junto con el partido MIR venezolano, de donde se nutre parte de la dirigencia actual del Gobierno de Venezuela y de la dirigencia del partido de gobierno PSUV, junto con sectores que provienen del MIR y sus sucesivas divisiones, junto con viejos dirigentes y otros ex-militantes del PCV que fueron miembros de esa organización pero que no pertenecieron al ‘Douglismo’, más otros militantes que por razones de edad no vivieron esta polémica, o dirigentes que se fueron del PCV y del MIR un poco más tarde y fundaron otras agrupaciones políticas…”. Romero, Carlos A., “Cuba y Venezuela: ‘La génesis y el desarrollo de una utopía bilateral’” en Ayerbe, Luis Fernando, Cuba, Estados Unidos y América Latina frente a los desafíos hemisféricos, Buenos Aires, CRIES/ Barcelona, Icaria Editorial, 2011, p. 167.

10 Tras el fallecimiento de Hugo Chávez, se comparó al chavismo venezolano con el peronismo argentino, enfatizando que este último era un movimiento personalista que tras la muerte de su líder creador dieron abrigo a múltiples tendencias radicalmente opuestas entre sí. Hubo así un peronismo fascista, uno socialista, otro cristiano, otro neoliberal, etc., como verifican los estudiosos de ese movimiento argentino (véase, por ejemplo, De Tito, Ricardo, y Di Tella, Torcuato S., El pensamiento del peronismo, Buenos Aires, El Ateneo, 2010). Sin embargo, encontramos que esta no es una comparación


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Este proyecto histórico es el de la izquierda socialista insurreccional venezolana. Como ha planteado Luis Salamanca, el socialismo es uno de los grandes lenguajes políticos vigentes en Venezuela, y uno de los de más larga tradición, la cual ha contenido diversas corrientes y vertientes, en ocasiones enfrentadas violentamente entre sí:

El socialismo ha sido más importante en la historia ideológica del país de lo que a veces creemos. Se puede decir con propiedad que Venezuela entró en la época contemporánea de la mano de la reflexión socialista, cuando en la década de los 20 y 30 del siglo XX surgieron los primeros pensadores y activistas políticos modernos cuyos planteamientos y prácticas iniciales fueron comunistas y socialistas. Del socialismo y contra el socialismo nacieron las principales corrientes ideológicas que darían lugar a los principales partidos políticos venezolanos que marcaron, sin duda, el modelo de país construido en el siglo XX (…) [Las] ideas socialistas han acompañado la evolución histórica del país pero nunca fueron dominantes dentro del sistema político, (…). La experiencia socialista del siglo XX en Venezuela dejó dos grandes corrientes: el socialismo marxista (prosoviético y castrista) y el socialismo democrático (antisoviético y anticastrista), cada uno con sus distintas especies.11

Al ser el chavismo parte del socialismo marxista venezolano, esto implica que contiene una visión marxista de la sociedad venezolana, los conflictos históricos entre sus clases y su rol en la economía mundial; una crítica de la democracia representativa de partidos instaurada a partir del período 1958-1961, juzgándola como la continuación aparentemente popular de los gobiernos autoritarios caudillista-militares, y esencialmente como la versión modernizada del vínculo entre las élites criollas y el capital global imperialista; una noción particular sobre la distribución del poder dentro del Estado dominado por el chavismo, el rol de tal Estado frente a la sociedad y sus relaciones, y el ámbito de autoridad de dicho Estado, dado su objetivo de la transformación radical de la sociedad. Para el PSUV:

correcta, puesto que hay dos diferencias esenciales: por un lado, el arco vital de Juan Domingo Perón fue más prolongando, y estuvo separado del poder, lo que permitió una discusión doctrinaria con diversas tendencias y cierta ambivalencia del líder; por otro lado, el peronismo no estaba atado claramente a una doctrina precisa anterior a él (aunque pudiera equiparársele en la literatura politológica con el fascismo, dado el momento de su origen). El chavismo carece de ambas condiciones: al fallecer Hugo Chávez en relativa juventud, deja una obra definida ya en un período “clásico”, que se hará sin duda canónico (y que dificulta interpretaciones muy heterodoxas). Asimismo, la pertenencia del chavismo a una corriente determinada de socialismo marxista, hace que cualquier discrepancia de criterios sea contrastada con esa tradición ideológica, su literatura y sus debates: podrá haber conflictos, pero serán entre socialistas marxistas. Esto hasta que decaiga la formación de cuadros asentados en las teorías marxistas, o que sea rechazado desde la cúpula del partido, como ocurrió con otros movimientos socialistas democráticos y laboristas.

11 Salamanca, Luis, “Percepciones sobre el socialismo. Los venezolanos quieren democracia, pero hay matices”, en SIC, Caracas, Centro Gumilla. Vol. 73, no. 729, 2010, p.405.


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…es tarea fundamental del partido elevar la conciencia revolucionaria de la masa, organizarla y formarla para la lucha por la conquista del poder, elevar su nivel de conciencia filosófica, política, ideológica, moral y organizativa para lograr la transformación de patrones de representatividad en patrones de democracia participativa y protagónica. (…) Bajo estas orientaciones, el partido debe ser un instrumento de lucha para la emancipación, una herramienta política unificadora y un órgano de control político, económico, financiero y social del gobierno en toda su estructura, bajo el fundamento de la concepción socialista del partido. (…) El partido debe tener por objetivo dar poder al pueblo organizado y consciente, socializando el poder político a través del ejercicio directo del poder de las masas en la búsqueda del desarrollo ético, social, científico, artístico y cultural.12

Este proyecto es a la vez popular (por cuanto define su objetivo en la liberación del pueblo “organizado y consciente”) y autoritario (por cuanto excluye a todo agente social contrario a esta liberación), y por lo tanto toda contradicción dentro del proyecto se resolverá a favor de su fin último y los riesgos de su resolución histórica.

Las fuentes concretas de la ideología chavista revelan estos propósitos, y explican de forma clara las acciones políticas que la han caracterizado. El origen intelectual más remoto del chavismo lo encontramos tras el fracaso inicial de la subversión y el estancamiento de la lucha armada, se consolida la pretensión de la extrema izquierda de infiltrarse en las Fuerzas Armadas venezolanas. Los proyectos del Partido Revolucionario Venezolano (PRV), y sus contactos en el sector militar, que pretendieron instrumentalizar a largo plazo con el objetivo de forzar, desde el Estado, una toma del poder revolucionaria. Aunque ya durante la década de los sesenta, la izquierda marxista intentó tomar el poder por medio de alzamientos de militares antiimperialistas –como evidenciaron sucesos como el Porteñazo y el Carupanazo13– esta línea de acción fue dejada de lado para dar preeminencia a la lucha armada y el método guevarista de lucha, la cual se retomó en la década siguiente.

Entretanto, se iban forjando logias militares insurreccionales dentro de las Fuerzas Armadas, de carácter genéricamente nacionalista, que eran penetradas por la extrema izquierda14. El joven oficial del ejército, Hugo Chávez Frías, ya convencido

12 Libro rojo, op.cit., pp.32-33.13 García Ponce, Antonio, La guerilla de los anos 60: sangre, locura y fantasía, Caracas, Editorial Libros

Marcados, 2010; Mondolfi Gudat, Edgardo, Temporada de golpes: las insurrecciones militares contra Rómulo Betancourt, Caracas, Editorial Alfa, 2015.

14 Refiere Francisco Prada, dirigente del PRV-Ruptura, estas relaciones: “… [En la Universidad de los Andes]contactamos a un sector de profesores que se vinculó con nosotros. (…) Ahí apareció Adán Chávez [hermano mayor de Hugo Chávez], quien era profesor de la Facultad de Ciencias de la ULA y del Colegio La Salle de Mérida. Se estrecharon esos lazos (…). Bien, Adán nos dijo que tenía un hermano teniente y lo relacionó con Douglas [Bravo]. En esos tiempos Chávez era jefe del escuadrón de Caballería de Elorza (…). Chávez nunca asistió a una reunión de nuestros organismos regulares, pero tenía status


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tempranamente de una visión crítica del sistema democrático15, se convertirá en una de las piezas para promover la agenda histórica no resuelta de la izquierda revolucionaria, siendo durante un tiempo apenas uno de tantos; entre 1977 y 1983 se forman grupos similares en el sector militar: Ejército de Liberación del Pueblo de Venezuela, la Alianza Revolucionaria de Militares Activos y finalmente el Movimiento Bolivariano Revolucionario-200, así llamado por conmemorar el bicentenario de Simón Bolívar. El proyecto de estas logias militares insurreccionales evidenciado en los intentos de golpe de 1992 contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez no es similar al de los militarismos de la Doctrina de Seguridad Nacional del Cono Sur, sino más bien al de regímenes militares autodefinidos como revolucionarios (Juan Velasco Alvarado y la Revolución Peruana entre 1968 y 1975, Manuel Torrijos y la Revolución Panameña, entre 1969 y 1981, cuyo poder se desplegó durante la etapa formativa de estos oficiales), pero con énfasis en la agenda histórica no resuelta de la izquierda venezolana, compartiendo su diagnóstico sobre la sociedad y la historia del país.

Paralelamente, la derrota de la insurrección armada la izquierda marxista venezolana, junto con los debates globales del socialismo entre 1960 y 1989 (la ruptura sino-soviética, el tercermundismo, el Mayo Francés, la invasión a Checoslovaquia, el Eurocomunismo, el Glasnost…), llevaron a la fragmentación del socialismo venezolano, evidente en sus debates internos y sus divisiones partidistas, y su elusiva unidad electoral16. Dicha fragmentación gestaría la formación de dos tipos de partido de izquierda:

a. Los partidos de izquierda electorales (que se concebían a sí mismos como capaces de llegar a un gobierno o a espacios de poder socialista –ya ortodoxa, ya heterodoxamente– por medio del voto y el crecimiento a expensas de la decepción popular con Acción Democrática y Copei, aunque se vieron crecientemente comprometidos con el Estado Social y Democrático: entre

de miembro del Comité Central”. Francisco Prada entrevistado por Garrido, Alberto, Guerrilla y conspiración militar en Venezuela, Caracas, Fondo Editorial Nacional José Agustín Catalá, 1999, pp.108-110. Tras diversas vicisitudes, indica Prada que se rompe la relación organizacional de Chávez con el PRV, pero ya había una conexión ideológica.

15 En uno de sus primeros libros, Hugo Chávez se refiere a una discusión acaecida en Ayacucho, Perú, durante un encuentro militar de conmemoración del sesquicentenario de la batalla: “El otro tema era más espinoso (…) la participación de los militares en los procesos de los países latinoamericanos. (…) Nosotros (…) adelantamos algunas opiniones sobre el papel de los militares en la sociedad y particularmente, el apoyo incondicional que en Venezuela han prestado las Fuerzas Armadas al sistema democrático (…). Pancho Hernández, cadete peruano del cuarto año, me dijo al final de la amena charla, con su voz de profundo acento indígena, quechua: “verá Ud. cómo ya algún día se cansarán de esos cabrones”. Chávez Frías, Hugo, Un brazalete tricolor, Valencia, Vadell Hermanos Editores, 1992, pp. 22-23.

16 Martínez, Pedro, “La unidad de la izquierda en Venezuela”, en Politeia, Caracas, IEP-UCV, n° 9, pp. 311-393.


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estos partidos estaban, ostensiblemente, el Movimiento al Socialismo (MAS), y en menor medida la Causa Radical, el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP, que no vino de la lucha armada insurreccional) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

b. Los partidos de izquierda insurreccionales, que se pacificarían muy eventualmente, y que privilegiaban el camino subversivo (aunque usaran la política electoral como modo de supervivencia o para mantener espacios de poder autónomo, especialmente en las universidades nacionales) como parte de un proyecto revolucionario continental17, entre los cuales destacan la Organización de Revolucionarios-Liga Socialista, el Movimiento Democrático Popular-Bandera Roja, PRAG, Vanguardia Comunista, el PRV-Ruptura, Tercer Camino, etc.,. El Partido Comunista de Venezuela, dados sus vínculos con la URSS, mantendrá una posición y un prestigio peculiar.

Queremos detenernos en este punto: el proyecto de MBR-200 asume buena parte del diagnóstico histórico de la extrema izquierda en su rechazo a la democracia representativa y al Estado constitucional establecido a partir de 1959 no porque este estuviese en crisis o hubiese tenido carencias críticas, sino que se organizaron y armaron contra él desde sus orígenes y cuando gozaba de altísima aceptación social. Es decir, lo rechazaban al considerarlo un falso sistema democrático18, ante el cual era legítima la

17 “Durante esos años, si bien el régimen cubano multiplicó las vinculaciones con muchos y variados sectores venezolanos, La Habana no le dejó de prestar atención a las relaciones con sectores de izquierda (…) Cuba siempre fue una retaguardia para aquellos venezolanos que siguieron siendo fieles a la Revolución y entre ellos hubo algunos que comenzaron a comentar en La Habana que, tanto la revuelta social conocida como “El Caracazo”, la explosión social venezolana de febrero de 1989, como el movimiento militar revolucionario que se estaba gestando de nuevo y con fuerza dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas indicaban que en Venezuela se podía estar viviendo una situación pre-revolucionaria. (…) En ese momento, se creó una plataforma de apoyo a la izquierda venezolana que se manifestó en una de las jugadas políticas más riesgosas, pero de mayor beneficio que hizo Fidel Castro en esos años, al apostar por el liderazgo continental de Hugo Chávez Frías. Chávez fue invitado por el cronista de la ciudad de La Habana, Eusebio Leal, y fue recibido con honores de Estado en La Habana” Romero, C.A., 2011, op. cit., pp.175-177.

18 Señala Douglas Bravo, líder del PRV, a finales de los años setenta: “Todo gobierno es, en cierta forma, la expresión de una dictadura de clase. Sería un error gravísimo que nos planteáramos la legalidad o ilegalidad desde un punto de vista personal, cuando de lo que se trata es de establecer qué legalidad existe para el movimiento popular. (…) No funciona el Estado de Derecho para cuatro millones de personas que son la masa trabajadora del país. No funciona tampoco para las masas marginadas (…). El movimiento revolucionario venezolano participó, en la década del 60, en lo que hemos llamado la lucha armada. Hay personas que se han legalizado y que participan en la lucha parlamentaria. Yo reivindico esa gesta revolucionaria que constituyó el intento más serio de disputarle el poder en este siglo a las clases dirigentes”. Douglas Bravo, en Peña, Alfredo, Conversaciones con Douglas Bravo, Caracas, Editorial Ateneo de Caracas, 1978, pp. 166-173.


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acción violenta, así como el heredero histórico de los autoritarismos venezolanos. Como apuntó Kléber Ramírez, miembro de la Juventud Comunista y del PRV-Ruptura, y a la postre ideólogo del MBR-200 (del cual redactaría los documentos de la insurrección de febrero de 1992), la democracia gestada tras el pacto de Puntofijo no era más que la continuación del estado gomecista, “centralista, hegemónico, todopoderoso, represivo, dependiente, paternalista, corrupto, corruptor, con un Ejecutivo que interviene de otra manera en otros poderes”19, lo cual deja en claro en sus documentos revolucionarios:

La maduración del Estado como institución en nuestro país alcanzó ya un elevado nivel de pudrición. Nada, absolutamente nada de lo que pueda significar deterioro político, social, material y espiritual le es extraño; por el contrario, más bien pareciera que le es consustancial: hambre, desempleo, deterioro de la educación y de la salud, inseguridad social; alto índice de criminalidad hasta en las formas más aberrantes (…). Por otro lado, la corrupción como tromba marina anegó nuestra sociedad, convirtiendo las instituciones del Estado y sus bases de apoyo en desechos políticos y morales; el narcotráfico penetró las estructuras del Estado socavando la propia legalidad de este (…). Por todas estas razones comenzó a aparecer una manifiesta voluntad de la sociedad venezolana a abrirse paso hacia cambios radicales…20

Tras el cese de las causas penales de los militares y civiles involucrados en los alzamientos de 1992, algunos cuadros son recibidos en la izquierda electoral (la cual, desde 1989, había venido alcanzando espacios de gobierno local y regional, aparte de su presencia parlamentaria). Aunque dicha izquierda electoral llega al gobierno nacional de la mano de la coalición de disidencia socialcristiana y de pequeños partidos liderada por Rafael Caldera (1994-1999), las reformas de mercado eventualmente iniciadas por Teodoro Petkoff, dirigente histórico del MAS, con la Agenda Venezuela (1996-1998) exacerban sus contradicciones internas, acercándola en paralelo hacia Hugo Chávez, quien va formado con elementos malcontentos ante los partidos históricos de la “IV República” (pero especialmente ante las reformas neoliberales desde los años ’80) y cuadros de la izquierda insurreccional el Movimiento Quinta República (MVR), fundado oficialmente en 199721.

19 Ramírez, Kléber, Venezuela: la IVa República (o la total transformación del Estado). Caracas, Cromotip, 1991, p.135.

20 Ramírez, Kléber, Historia documental del 4F, Caracas, Ministerio del Poder Popular para la Cultura, 2012, pp. 59-60.

21 “Estamos unidos hombres y mujeres de todas las tendencias políticas: de izquierda, del centro, de la derecha; gente progresista comprometidos con la necesidad de transformar a Venezuela en una República, en un Estado nuevo, que genere una situación de igualdad, de justicia, de ejercicio real de la ley. Todo esto ante el temor (…) de que esto se nos vaya de las manos, porque las tendencias políticas y sociales sigue incrementando la posibilidad no deseada, por nosotros ni por nadie, de que Venezuela vaya a la africanización, o al síndrome de Albania, a una guerra civil, nuevos movimientos insurreccionales que no deseamos… Nosotros, en verdad, estamos dispuestos a empujar hacia una transición pacífica y


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El MVR articula mucho de su doctrina alrededor del “Libro Azul” de Hugo Chávez Frías, que amalgama el proyecto crítico ante el neoliberalismo de la década de los noventa con símbolos históricos del nacionalismo venezolano22, especialmente la asunción del bolivarianismo tradicional y su crítica al pluralismo político23. Chávez tiene la conciencia de que manteniendo un proyecto aparentemente ortodoxo de izquierda es inconducente a la toma del poder en el contexto de la post-Guerra Fría y la disolución de la URSS24, por lo que se enfatiza su carácter personalista y populista, así como cierta indefinición ideológica que no niega su carácter radical radical25. Justamente, el grueso de los cuadros civiles de entre los constituyentes y su gobierno vengan de la izquierda

por eso estamos aquí inscribiendo el Movimiento V República”. Chávez, Hugo, “Acto de Inscripción del Movimiento V. República: palabras de Hugo Chávez Frías en el Consejo Supremo Electoral”, en V República, Órgano Teórico del MVR, Octubre-Noviembre de 1997, Caracas, S.N., p.84.

22 El “Libro Azul” de Hugo Chávez es un folleto escrito en 1991 contra la desideologización neoliberal, en el cual se describe un proyecto articulado en tres principios –las “tres raíces”– el bolivariano (la emancipación política), el robinsoniano (la emancipación ideológica) y el zamorano (la justicia económica y social), que responden respectivamente a la inspiración, y a una lectura claramente filoizquierdista, del héroe nacional Simón Bolívar (1783-1830), el pedagogo ilustrado Simón Rodríguez y el caudillo liberal de la Guerra Federal Ezequiel Zamora. Explicar si Chávez asume una interpretación fidedigna de las ideas políticas de estos personajes es un desvío innecesario: baste acotar que están adaptadas al servicio del proyecto de la izquierda marxista, la expropiación de los bienes y el derrocamiento de los instrumentos de control de las clases dominantes, en la cual el imperialismo global frente al cual cabría la emancipación política e ideológica, dirige a las clases explotadoras locales, ante las cuales es necesaria la imposición de la justicia social y económica. Sin embargo, el texto no menciona la palabra socialismo (Chávez Frías, Hugo, El Libro Azul, Caracas, Ediciones del Correo del Orinoco, 2013, disponible en: http://www.correodelorinoco.gob.ve/wp-content/uploads/2013/10/Libro-Azul-Web.pdf).

23 Puede afirmarse que las ideas políticas de Simón Bolívar corresponden a una visión autoritaria y antipluralista, rousseauniana, del republicanismo. Al respecto léase Urbaneja, Diego Bautista, Bolívar: el pueblo y el poder, Caracas, Fundación para la Cultura Urbana, n°24, 2004; Castro Leiva, Luis, “La Gran Colombia: una ilusión ilustrada”, en Obras completas, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2004; Fernando Falcón, El cadete de los valles de Aragua: el pensamiento político y militar de la Ilustración y los conceptos de guerra y política en Simón Bolívar, 1797-1814, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 2006.

24 “Las soluciones [contra el neoliberalismo] para Latinoamérica pasan por la izquierda, tienen que transitar la izquierda, pero no pueden quedarse en el marco de la izquierda, tienen que ir más allá de la izquierda. Porque difícilmente las fuerzas armadas latinoamericanas pudiéramos calificarlas de izquierda. Pretender empujarlas hacia la izquierda por capricho o por interpretar eso como una necesidad, yo creo que sería una utopía. A las fuerzas armadas latinoamericanas, a muchos militares de América Latina, pudiéramos catalogarlos como nacionalistas, en este tiempo de desnacionalización neoliberal. Bueno, hay que pasar por allí también. La solución tiene que pasar por la izquierda, por el nacionalismo, por el patriotismo y lograr una gran alianza de todos estos sectores (...) El apoyo de los militares es vital (...) Muchos intelectuales de izquierda en Venezuela no lo han comprendido (...) Sin embargo, nosotros hemos logrado estremecer el alma nacional (…) logramos poner a Bolívar en el tapete, con otro signo, con un signo revolucionario” (Hugo Chávez, 1996, en entrevista a la revista “Cuadernos para la Emancipación” (Córdoba, Argentina), recogida en la revista trimestral V República, op. cit., p.84).

25 Parker, Dick, “El chavismo: populismo radical y potencial revolucionario”, en Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, Caracas, FACES-UCV, 2001, vol. 7, n° 1, pp. 13-44.


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insurreccional, o de la fracción de la izquierda electoral frustrada con el reformismo de los noventa, reunidas en la coalición alrededor del MVR: el Polo Patriótico. Por eso emergen en relevancia figuras que no tienen una trayectoria política usual y son poco conocidas para la opinión pública al provenir de grupos clandestinos o muy minoritarios.

Entre 1999 y 2013, la doctrina será esencialmente la palabra de Hugo Chávez, y a partir de la crisis de 2002-2003, todo elemento gradualista o reformista en el MVR será desplazado por la asunción abierta del socialismo como objetivo final de la revolución bolivariana, en tanto los cuadros políticos que dentro de dicho partido vienen del mundo de la izquierda insurreccional tomarán creciente control del movimiento hasta que este se declare formalmente socialista en el año 2006. Podemos admitir que esto se acelera o ralentiza según lo indiquen las circunstancias, pero el objetivo es claro: desmontar la realidad estatal, social y económica previa a 1999, por medio de tres grandes procesos, hacia el establecimiento de un proyecto socialista de carácter hegemónico:

i. El Desmontaje Político: la Asamblea Constituyente de 1999, el Plan Bolívar 2000 y el Programa de Gobierno 2001-2007 contienen la reestructuración del Estado concebido entre 1961 y 1989: la toma de los poderes públicos y entes autónomos relevantes dentro del Estado, la erradicación de los cuadros “cuartorrepublicanos” de la dirigencia alta y media de la burocracia estatal, la creación de un Estado asistencial paralelo (primero como plan de emergencia, luego a través de las Misiones), la ofuscación de los linderos entre el Ejecutivo y PDVSA, la transformación de la estructura militar, y la disolución efectiva del federalismo.

ii. El Desmontaje Económico: el Primer Plan Socialista 2007-2013, y luego el Plan de la Patria señalan abiertamente la sustitución del modo de producción capitalista por uno que, poniendo al Estado al frente, realice la transición al socialismo. La nacionalización de antiguas corporaciones estadales privatizadas en los noventa, la creciente regulación económica (amparada por las medidas extraordinarias tomadas en 2002-2003), la expropiación selectiva de empresas, es parte de este proceso. Estamos allí actualmente.

iii. La Unidad de la Izquierda Socialista: en el año 2005 se disuelve el MVR para dar paso al PSUV, e inicialmente se esperaba que en el PSUV se disolvieran todos los partidos del Polo Patriótico (lo cual ha funcionado variablemente: algunos partidos reemergen, también lo hace el GPP, según sea necesario). Como fuese, el PSUV es el partido más grande y es ostensiblemente doctrinario. Su “Libro Rojo” es el proyecto de un partido que se concibe único, y que no se plantea ningún espacio político a su izquierda.


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La continuidad de este proyecto en manos de Nicolás Maduro (un cuadro más obviamente ortodoxo en su marxismo-leninismo que el fallecido presidente, ya que viene de la Liga Socialista) y el llamado liderazgo colectivo de la revolución, hace evidente la centralidad del socialismo en su versión más radical26. Hugo Chávez fue su agente más exitoso, extraordinariamente carismático, la figura que logra sacarlo definitivamente de la minoría electoral y quien rompe con el incrementalismo del socialismo democrático electoral, pero el proyecto no podía morir con él. Así, se instrumentaliza su herencia, su figura y, como ocurrió en la campaña de 2012, su vida.

En suma, en cada coyuntura importante del proceso chavista, la radicalización ha sido hacia la profundización del proyecto de izquierda revolucionaria. Los sectores que apoyaron el proyecto o usufructuaron el acceso a herramientas de poder durante la etapa personalista del chavismo, se apoyan en la fuerza inercial de su carisma, hasta que el socialismo marxista radical pueda ser autónomo de otras consideraciones, para despojarse de los sectores reformistas o revisionistas y, como se suele decirse, “profundizando la revolución”.

3. ¿Cuáles son los rasgos ideológicos del proyecto chavista?

Hemos planteado que no ha habido aun una articulación ideológica acabada del movimiento chavista: incluso hasta la fundación del PSUV en 2007 y la eventual publicación de su “Libro Rojo”, emanado del I Congreso Extraordinario del partido en abril de 2010, se establece una definición de principios que si bien es clara no está completamente desarrollada. Como fuese, no es complicado inferir acerca de su concepción general de la política a partir de la esencia ideológica del movimiento, aun considerando su reticencia inicial a declararse abiertamente socialista. Lo complejo es seleccionar en el profuso corpus del chavismo (solamente los discursos de Hugo Chávez ante la Asamblea Nacional están recogidos en varios volúmenes que suman alrededor de mil páginas, sin contar la transcripción de los centenares de horas de intervenciones públicas), pero esto se simplifica reconociendo el carácter reiterativo de sus argumentos.

Señalamos arriba que toda ideología contiene unas premisas previas, un diagnóstico sobre la realidad, y unas prioridades. Sintetizándolo, la premisa previa es que la vida humana solo es posible, en su esencia, bajo un arreglo igualitario, y que dicha esencia humana –frágil, corruptible– ha sido afectada por una larga historia de

26 En la Dirección Nacional del PSUV, de entre treinta y ocho miembros, ocho venían de orígenes militares o policiales, trece desde la izquierda insurreccional o el Partido Comunista, diez de partidos de la izquierda electoral, cinco eran independientes, y dos eran muy jóvenes en 1999 para tener militancia política alguna (aunque por relaciones familiares perteneciesen a la extrema izquierda).


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violencia y depredación por parte de sectores explotadores. Dado que esos explotadores no escatiman esfuerzos para imponerse, el único modo de resolver la desigualdad será por medio de una imposición igualmente tenaz. El chavismo proyecta esta fórmula hacia la historia venezolana, asumiendo elementos tradicionales de la historiografía y crítica social de la izquierda: la explotación histórica no solo sería en torno a las clases sociales, sino el dominio racial y cultural de las potencias imperiales de Occidente y sus aliados locales sobre los sectores del pueblo pobre, el cual es considerado social, cultural y racialmente inferior. Aunque esta explotación habría estado en ocasiones establecida de manera abierta, su etapa cumbre sería la democracia representativa, en la cual se habría llegado a dominar con artimañas populistas al pueblo, haciéndole creer que tenía derechos políticos mientras se le conculcaba su destino27. Ante esa circunstancia, para el socialismo chavista cabrían pocos escrúpulos formales a la hora de lograr la emancipación, puesto que el mal es identificable y, por tanto, corregible28.

a. El concepto de lo político, una lucha existencial: en ese sentido, la historia venezolana es la historia de la lucha entre explotadores y explotados, de numerosas traiciones a la población explotada, y que tras cinco siglos29 habría llegado a su máxima corrupción –el gobierno de partidos–, al cual intentó ponérsele fin con las diversas luchas populares de la historia30, que

27 “Desde esta perspectiva, la llamada “democracia representativa” no ha sido más que un artificio a través del cual se ha dominado a nuestros pueblos”, Chávez, 2013, op. cit., p. 58.

28 Apunta el filósofo neotomista Yves Simon: “In Marxian communism the philosophy of evil is characterized by a sort of monism which proves very handy when there is a question of stirring men to action; for, if all particular injustices ultimately merge into one absolute injustice, it should be possible to do away with injustice, once and for all, in a Napoleonic victory. Social visions, in the tradition of liberal democracy, lack such tragic and appealing simplicity…”. Simon, Yves, Philosophy of Democratic Government, 1993, cap. I, disponible en: https://www3.nd.edu/~maritain/jmc/etext/pdg.htm

29 “Que Dios tenga en la Gloria a todos nuestros aborígenes que resistieron durante siglos el embate del colonialismo, de la dominación y de la explotación y que hoy están, todavía resistiendo, pero ahora estamos todos nosotros para unirnos a ustedes porque vamos a derrotar el colonialismo, porque hay nuevos colonialismo de otro signo, con otras caras, con otros rostros, pero colonialismo igual, porque hay otras formas de explotación, ya no es el conquistador español, no, pero hay nuevos conquistadores ya no hay cadenas de esclavitud que amarran al indígena o al esclavo pero hay otras cadenas invisibles: el hambre, la miseria, la falta de educación, la falta de trabajo, de vivienda. Esas son cadenas también (...) [A]quí lo que llegó fue una invasión (…) aquí hubo una masacre y la masacre se extendió durante cinco siglos. Así que es una deuda histórica, porque la masacre la continuaron después los criollos también. Ahora estamos recuperando la dignidad, el papel y el rol que ustedes, hermanos aborígenes, (…), todos somos la misma raíz, somos la misma esencia, así que ustedes tienen que unirse”. Chávez, Hugo, Palabras del Comandante Presidente Hugo Rafael Chavez Frías, ante las comunidades indígenas de la Esmeralda, Estado Amazonas, 1999 disponible en http://www.todochavez.gob.ve/todochavez/3634-palabras-del-comandante-presidente-hugo-rafael-chavez-frias-ante-las-comunidades-indigenas-de-la-esmeralda

30 La narración histórica más elaborada de este argumento en torno a la revolución como continuidad de estas luchas populares, especialmente aquellas producidas desde 1948, es el volumen de Bonilla-


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habrían sido alternativamente reprimidas por sus enemigos, o traicionadas por sus líderes.

Esta visión implica que la noción de lo político por parte del chavismo ha de ser esencialmente conflictiva, siendo la política una lucha existencial entre quienes desean la perpetuación de la explotación y los que desean su abolición, sin posibilidad de puntos medios ni de retroceso. No es solo el origen militar de Hugo Chávez el que predispone el uso de términos bélicos para describir lo político, sino su concepción de la historia, dividida en campos que no pueden conciliar. Como lo describe Sucre, en el chavismo se conciben dos grandes fuerzas de luchan en la humanidad: quienes desean la igualdad, representan verdaderamente al pueblo, y los que desean la desigualdad, los oligarcas31.

Se plantea así una lucha existencial que implica que “cada oponente ve en el otro la negación de su propio ser”32, por lo que concebir la política de este modo impide la creación de reglas de mutuo acuerdo, y hacen inconcebible la posibilidad de acuerdos, a menos que el oponente se transforme por completo (“…Del otro lado, están los que quieren seguir en este desastre. Ojalá no hubiese nadie allá, entonces no habría conflicto”). Por lo tanto, los principios de alternabilidad, división de poderes y tolerancia quedan relegados a ser considerados como un obstáculo para el despliegue del propio poder y sus legítimos objetivos, así como lo son los intereses del contrario. Como ilustra este comentario de Hugo Chávez, una vez pasada la crisis del 2002-2003:

En una ocasión yo dije envainaba la espada, y me dijo un buen amigo que está aquí presente hoy, me dijo: ¡No la envaine porque nos envainan! (...) Yo envainé la espada y me equivoqué. Luego me obligaron a desenvainarla de nuevo y más nunca la voy a envainar, esa espada se guirá desenvainada en defensa de la Patria, en defensa del pueblo venezolano, más nunca voy a envainar mi espada. Porque solo con coraje, con unión, con decisión y con contundencia nosotros podremos asegurarle el futuro a la Patria y el futuro a nuestros hijos. No es tiempo de blandenguerías, es tiempo de fortaleza, es tiempo de decisiones, es tiempo de avances, es tiempo de coraje, por amor a la Patria. Así que por más chantajes o amenazas que la oligarquía siga lanzando, o apoyos internacionales que anden buscando, no nos importa nada (...) Pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad de Venezuela, vacilar es perdernos, no hay vacilaciones en este momento. Por eso es que llamo al pueblo venezolano, si esta oligarquía depredadora y golpista, si estos medios de comunicación desestabilizadores y golpistas ahora pretenden volver por sus fueros, supuestamente porque estamos

Molina, Luis y El Troudi, Haiman, Historia de la Revolución Bolivariana: Pequena Crónica 1948-2004, Caracas, Ministerio de Comunicación e Información/Universidad Bolivariana de Venezuela, 2004.

31 Sucre Heredia, Ricardo, La concepción de la política en Hugo Chavez: un analisis de contenido 2001-2004, Caracas, A.C. Liderazgo y Visión, p.84.

32 Rey, Juan Carlos, “El sistema de partidos venezolano”, en Politeia, n°1, 1972, p. 183.


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nosotros ahora atropellando a las pobrecitas o los pobrecitos inocentes, que son los golpistas y traidores, por el solo hecho de que ha sido detenido uno solo de ellos, y ahora están amenazando con trancar las calles y hacer no sé qué cosa, bueno, si quieren háganlo, nos vamos a la calle otra vez a defender esta revolución, a la calle nos vamos, no van a poder con nosotros ni hoy ni nunca, ni en ningún terreno, no van a poder con la fuerza que nos empuja, con la fuerza de Dios que nos lleva, con la fuerza del pueblo que cargamos, nosotros tenemos moral, ellos no tienen moral; nosotros tenemos bandera, a ellos les queda grande la bandera, no tienen bandera; nosotros tenemos Patria, nosotros tenemos sueños, nosotros tenemos amor, ellos tienen odio, y el amor se impone sobre el odio, Dios anda con nosotros porque este es el camino de Dios, el camino de la redención de los pueblos. 33

La “redención de los pueblos” del yugo del capitalismo (“el principal enemigo de la humanidad”34) es el objetivo último de la revolución, y por lo tanto el propósito sobre el que se proyectan y justifican sus realizaciones, en el contexto de una concepción general de lo político como conflicto.

b. La caracterización del pueblo, el pueblo-pobreza: el chavismo declara asumir el conflicto como “un proceso revolucionario que tiene de protagonista al pueblo, con el Comandante Presidente Hugo Chávez a la cabeza”35. Pero el pueblo no es el conjunto de los habitantes del país, sino un sector muy concreto de la sociedad: consistiría casi exclusivamente en la población de los sectores populares, es decir, “con especial preferencia de aquellos sectores sociales explotados y excluidos perennemente”36 por los elementos invasores, colonizadores, ajenos a este y pertenecientes a “la burguesía, la oligarquía y el imperialismo; el imperialismo y sus mega corporaciones monopólicas transnacionales”37.

El pueblo es racial y culturalmente distinto a la oligarquía. Esta distinción se refleja en la estructura de clases sociales vigente (campesinos, obreros, habitantes de zonas urbanas no regulares), pero la trasciende, puesto que, si un individuo está circunstancialmente en una situación de clase dada, solo la trayectoria histórica previa refleja su verdadera posición en el conflicto sociohistórico: su pertenencia a sectores “auténticamente venezolanos”, racialmente definidos en contraste con la identidad occidental, y culturalmente ubicados en la periferia de tales aspiraciones; es decir, 33 Discursos del presidente Hugo Chávez, Barquisimeto, municipio Iribarren, estado Lara, Venezuela, 20

de febrero de 2003; disponible en: http://www.todochavez.gob.ve/todochavez/1911-intervencion-del-comandante-presidente-hugo-chavez-durante-concentracion-popular-en-barquisimeto

34 PSUV, 2010, “Libro Rojo”, op.cit., p. 17.35 Ibíd., p. 7.36 Ibíd., p. 113.37 Ibíd., p. 22.


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la población afrodescendiente, indígena, mestiza, que habría sido históricamente invisibilizada38 en sus aspiraciones, luchas y manifestaciones39. A partir de la herencia de percibido desprecio y la percepción de amenaza social40 desde los sectores acomodados, se definiría la “identidad chavista”:

En el momento en que las élites dominantes decidieron poner fin al ensayo revolucionario, sacaron toda su artillería de odio social contra el pueblo pobre que seguía al Comandante Chávez. Es así como, a la larga e histórica lista de calificativos para criminalizar al pueblo (chusma, hordas, bandoleros, niches, tierrúos, malandros etc.) se le sumaron nuevos epítetos: “chavista”, en lo individual y en lo colectivo “hordas chavistas” o “círculos del terror”.

En realidad era un intento para despojarnos de nuestra identidad como bolivarianos, fue un último esfuerzo de la oligarquía por preservar el término bolivariano en los archivos enmohecidos de las Academias de Historia. Pero no solo que no pudieron arrebatarnos el sentido nombre de hijos de Bolívar, sino que asumimos el de chavistas y lo resignificamos con dignidad41.

El chavismo denuncia entonces como imposible y fraudulento el proyecto policlasista de la sociedad expresado por los partidos políticos del viejo orden puesto que aquel incluía a la burguesía (aunque puedan existir circunstancialmente

38 “… la Revolución Bolivariana es la única que nos ha visibilizado, en la Cuarta República no éramos nadie”. Declaraciones del presidente Nicolás Maduro Moros en el acto de conmemoración del Día de la Resistencia Indígena, 12 de octubre de 2016, disponible en: http://www.correodelorinoco.gob.ve/comunicacion-cultura/maduro-se-incorpora-a-concentracion-dia-resistencia-indigena/

39 No es infrecuente esa autodefinición racial por parte del chavismo (“yo vengo de allí, yo nací pata en el suelo y yo con orgullo lo digo: soy campesino pata en el suelo”), celebrada de manera informal o institucional. Como describía Ángela Zago en un texto elegiático sobre la rebelión militar, la “primera impresión de Hugo Chávez es la de un joven alegre, de buen carácter, vivaracho, tranquilo. Alto, de contextura fuerte, pero no gruesa, tiene el tipo del venezolano que en los últimos cien años no ha recibido nuevas mezclas raciales. Pelo ensortijado, ojos achinados, boca gruesa, nariz perfilada. (…) Bromeamos acerca de su repentina popularidad. Le dije que las mujeres viejas, jóvenes, pavas, niñas, gordas, flacas, bellas, feas, casi lo habían convertido en un símbolo sexual. ‘Todo eso sucediendo afuera y yo aquí’, fue su comentario pícaro.” Zago, Ángela, La Rebelión de los angeles, Caracas, WARP, 1998, p. 20.

40 Es necesario advertir que el racismo en Venezuela no es un producto de la imaginación propagandística oficial, sino un hecho histórico constatable en múltiples manifestaciones ideológicas. Si bien la democracia de partidos intentó desmontarlo, repudiando sus manifestaciones formales e informales, las tensiones sociales derivadas de la prolongada crisis del sistema político la hicieron reemerger, manifestándose en la reaparición de epítetos, junto con crecientes llamados a medidas autoritarias. Existe en ese sentido una desconexión entre el proyecto político democrático-representativo y su supuesta base social, toda vez que los grandes partidos históricos perdieron arraigo en las mayorías populares; este es un proceso que felizmente ha comenzado a revertirse. Al respecto del racismo y sus consecuencias, léase Sucre Heredia, Ricardo, La amenaza social y el autoritarismo en Venezuela, Caracas, UCV-FCJP, 1998; Bolívar, Adriana, et al., “Discurso y racismo en Venezuela: un país ‘café con leche‘”, en Van Dijk, Teun (ed.), Discurso y racismo en América Latina, Barcelona, Gedisa, pp. 371-423.

41 Jaua Milano, Elías, “El chavismo”, en el Blog del PSUV, 31-Dic-2012, disponible en http://www.psuv.org.ve/opiniones/opinion/chavismo/


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elementos revolucionarios en las clases poseedoras, en tanto estén a favor del pueblo como antes fue definido)42. La alianza histórica que plantea el PSUV en su programa político: “trabajadores y trabajadoras, campesinos y campesinas, jóvenes, intelectuales, profesionales, artistas, amas de casa, pequeños productores, comerciantes del campo y de la ciudad, pueblos indígenas y afro-descendientes”43

En este sentido, solo son “pueblo” quienes en efecto respalden –o deban respaldar, por propio interés– al proyecto revolucionario. Se establece una diferencia entre quienes podrán o no hacer ejercicio de la soberanía, entre quienes tendrían derechos políticos efectivos y quiénes no: el pueblo y el “no-pueblo”. Ya en las rebeliones militares lideradas por Chávez en 1992, los decretos de gobierno indicaban que se limitarían las atribuciones civiles y políticas de aquellos individuos que hubiesen participado en funciones de administración pública en el “sistema anterior”, y todos aquellos que hayan sido señalados “como copartícipes del caos en que cayó el país”, “como incursos en manejos impropios” o que hayan sido “dirigentes de los partidos que condujeron al país a su ruina material y moral”44. Aunque en la década de los noventa ese podía ser un número reducido solo a las “cúpulas podridas” de los partidos, esto se fue expandiendo hacia un conjunto social más amplio, sumando a aquella prevención la sospecha sobre los empresarios, los dirigentes gremiales y sindicales, la sociedad civil organizada, las clases medias, etc., quienes son contrarios a la transformación de la sociedad. El PSUV lo define así en su “Libro Rojo”:

El enemigo principal de la Revolución Bolivariana es el imperialismo capitalista (…) por una parte, y por la otra, la alta jerarquía eclesiástica contra-revolucionaria, la oligarquía, las burguesías apátridas, así como todo sector social que, al igual que aquellos, le sirva de base social al imperialismo o a cualquier fuerza extranjera para la dominación de nuestros pueblos45

Contra los epítetos raciales y clasistas dirigidos al pueblo verdadero, el chavismo redefine al conjunto social de sus opositores como oligarcas, independientemente de su condición de clase concreta. Es profuso, en sus manifestaciones más informales, a utilizar epítetos que deshumanicen a sus opositores: desde caracterizaciones políticas (“apátridas”, “fascistas”, “la derecha”) a sociales y raciales frecuentes (“burgueses”

42 “… para que sea un proyecto nacional debe ser hecho con la nación. No con toda la nación, porque la unidad de toda la nación es imposible. Hay sectores que no se van a unir nunca a este proyecto, especialmente los sectores dominantes (…) Será difícil que nos tuerzan el brazo, para que el movimiento se vaya a servir intereses que no sean los de esa mayoría, los de ese pueblo-pobreza, de las clases marginales. Hacia allá va dirigido el movimiento…” Hugo Chávez, entrevistado en Blanco Muñoz, Agustín, Habla el Comandante, Testimonios violentos n° 12, Caracas, Cátedra Pío Tamayo/Centro de Historia Actual/ FACES-UCV, pp. 78-80.

43 PSUV, op.cit., 2012, p. 98.44 Ramírez, K., 2012, op.cit., pp. 131-134. 45 PSUV, op.cit., 2012, p. 86.


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y “pequeñoburgueses”, “sifrinos”, “pitiyanquis”, “patiquines”, “catiritos”) y otros (“frijolitos”, “escuálidos”, “majunches”). El argumento del racismo opositor era revertido al definir de manera racial a este sector46, de modo de minimizar su presencia social, lo cual no ha cambiado pese al aumento del caudal electoral de “la derecha”. En última instancia, esta base social sería una mera herramienta del imperialismo, carente de cultura propia, apátrida y sin un proyecto histórico de nación autónomo, desconocedor de la venezolanidad47. Esta oligarquía es impotente sin la asistencia de potencias extranjeras (“¡se lo decimos, se lo decimos, al Comandante no lo tumban los sifrinos!”), y su opinión política sería nula, una impostura frente a la autenticidad del proyecto chavista:

Aquí tenemos un hombre verdadero, tenemos un programa verdadero, tenemos un discurso verdadero, tenemos un pueblo verdadero, es lo que nos distingue de los otros, porque la política no es improvisación, no es show, la política es una cosa muy seria y el pueblo venezolano lo ha entendido así, por eso las mayorías están con Chávez y están con el cambio socialista en Venezuela. (…) Y aun cuando el majunchismo pretende, pretende lo imposible porque yo creo que los asesores del majunchismo, es decir, de la burguesía, de los cipayos, los asesores de imagen, los que hacen discursos y etc., creo que no conocen la realidad; la verdadera realidad de la Venezuela de hoy no la conocen, y entonces de esa manera estamos viendo al majunchismo con un discurso, si es que se puede llamar discurso eso: inodoro, incoloro, e insípido, el chayotismo, el chayotismo, que no sabe a nada, no huele a nada, no tiene color, no tiene nada, pues, es el nihilismo, la nada. Pero más allá de eso lo que pasa es que realmente, les voy a decir esto, no es que ellos no tengan proyecto, no. Lo que pasa es que el proyecto del majunchismo es impresentable ante la Nación, ante el pueblo, y ellos tratan de disfrazarlo pero de manera muy burda, muy burda, ridícula incluso, a través o mediante shows.48

46 “Ustedes no han visto todas las marchas contra mí, todos los que marchan son blancos. Y las marchas a favor de mí zambos, uno que otro blanco también, claro, pero yo no siquiera lo había notado y fueron a verme y a viajar.” Chávez, Hugo, “Rueda de Prensa de Comandante Presidente Hugo Chávez con periodistas norteamericanos durante su participación en la Cumbre Extraordinaria de las Américas”, en Todo Chavez, Nuevo León (México), 2004, disponible en http://www.todochavez.gob.ve/todochavez/866-rueda-de-prensa-de-comandante-presidente-hugo-chavez-con-periodistas-norteamericanos-durante-su-participacion-en-la-cumbre-extraordinaria-de-las-americas

47 La propaganda contra la oposición y toda expresión social autónoma es abundante, y programas de televisión estatal como “Los Robertos”, “La Hojilla”, “Zurda Konducta” y “El Mazo Dando” dedican mucho de su comentario a la crítica despectiva contra la oposición, especialmente de clase media y descendiente de inmigrantes europeos, en sus prejuicios y temores. Para una muestra condensada de este empeño, léase Chávez, Carola, Qué pena con ese senor: Manual de costumbres y procederes de esa clase media, Caracas, Ediciones del Correo del Orinoco, 2011.

48 Inscripción de la Candidatura de la Patria y entrega del programa de gobierno por parte del candidato Hugo Chávez ante el Consejo Nacional Electoral, 11 de junio de 2016, disponible en: http://www.todochavez.gob.ve/todochavez/205-inscripcion-de-la-candidatura-de-la-patria-y-entrega-del-programa-de-gobierno-por-parte-del-candidato-hugo-chavez-ante-el-consejo-nacional-electoral


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En suma, si se es opositor, si se es escuálido, no se es pueblo, sino que se es el enemigo a vencer. La soberanía del pueblo solo está vigente en tanto y en cuanto exprese la voluntad histórica de la revolución –genuino interés del pueblo–, colocando así en el Estado la atribución de definir y legitimar lo que se considera como “el pueblo”49. Naturalmente, esto tiene repercusiones al momento de definir la noción de democracia del chavismo.

Claro está, uno de los grandes retos que se plantea el chavismo es que los sectores mayoritarios pueden no tener conciencia de sí mismos, de su misión histórica, pese a sus sufrimientos pasados y obvias virtudes. La población venezolana habría estado sometida al dominio hegemónico –cultural, social, político, económico– de la de la hegemonía imperialista, lo que habría atrofiado su capacidad de reacción y ha permitido momentos de confusión y depresión. El proceso revolucionario se concibe como pedagógico, debiendo crear un pueblo con conciencia a partir de esas mayorías. Necesita, por lo tanto, un liderazgo que lo ubique ideológicamente, que se ocupe de “la orientación de la sociedad para la construcción del socialismo”50 facilitada por una “nueva ética socialista” de la cual necesariamente se carece pese a toda intuición51. Inicialmente, esa orientación tiene un carácter personalista52, dada las deficiencias y la corrupción a la que ha sido sometido este pueblo potencial, teniendo lugar eventualmente el establecimiento de

49 Arvelo Ramos, Alberto, El dilema del chavismo, Caracas, El Centauro, 1998, pp. 58-62.50 Maduro Moros, Nicolás, Diálogos con el presidente Nicolás Maduro: ocho entrevistas, Caracas,

Ediciones Correo del Orinoco, 2014a, p. 207.51 “La plena realización del socialismo del siglo XXI que estamos inventando y que solo será posible en el

mediano tiempo histórico pasa necesariamente por la refundación ética y moral de la nación venezolana. Tal refundación supone un proyecto ético y moral que hunde sus raíces en la fusión de los valores y principios de lo más avanzado de las corrientes humanistas del socialismo y de la herencia histórica del pensamiento de Simón Bolívar. [Esto plantea la] confrontación entre un viejo sistema (el Capitalismo) que no ha terminado de fenecer, basado en el individualismo egoísta, en la codicia personal, y en el afán de lucro desmedido, y un nuevo sistema (el socialismo) que está naciendo y cuyos valores éticos, la solidaridad humana, la realización colectiva de la individualidad y la satisfacción racional de las necesidades fundamentales de hombres y mujeres, se abre paso hacia el corazón de nuestra sociedad.” Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, Proyecto Nacional Simón Bolívar en su Primer Plan Socialista del Desarrollo Económico y Social de la Nación para el período 2007-2013, Caracas, p. 5, disponible en PDF en http://www.psuv.org.ve/temas/biblioteca/proyecto-nacional-simon-bolivar/#.WEvxKfnhDIU

52 El apoyo a Chávez “puede ser un producto de esa carga de mesianismo, de creencia ciega, eso es algo que está ahí (...) Para que eso cambie tiene que haber un proceso de revolución cultural y que la gente racionalice las cosas (…). El asunto está (...) en cómo eso se utilice. Ahí está el instrumento, el caso es hacia dónde dirigirlo (...) ese poder popular no se puede desperdiciar... “ Chávez, en Blanco Muñoz, 1998, op. cit., pp. 601-602.


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un liderazgo colectivo53. Pero, independientemente de la estructura del orientador, lo esencial es una voluntad común, general:

Así es el pueblo. No todos los tiempos hay pueblo; no basta que vivan 20 millones de habitantes en un territorio de 916.050 kilómetros cuadrados para que haya pueblo. No; es una condición necesaria, mas no es una condición suficiente. Tiene que haber algo más para que ese conglomerado humano, para que esa muchedumbre humana, permítanme la expresión, sea de verdad un pueblo y aquí en Venezuela el pueblo se evaporó un tiempo como el agua se evapora, pero llovió y ha vuelto. Ha vuelto a hacerse presente un pueblo; porque ¿cuáles serían las condiciones necesarias, esenciales, para que un grupo humano pueda ser considerado un pueblo? Al menos dos condiciones esenciales pudiéramos traer aquí, a esta Asamblea. Dos condiciones sin las cuales un conglomerado humano no podemos llamarlo pueblo; una de ellas, es que ese conglomerado tenga y comparta glorias pasadas, comparta las glorias de su pasado, conociéndolas, teniendo conciencia de dónde viene y cuáles son esas glorias que compartimos en común, y por otra parte, para no quedarnos como de espaldas, mirando hacia el pasado sino con una especie de visión jánica, aquel dios Jano de la mitología, que tenía dos caras: una mirando al pasado y otra mirando al futuro, igual debe ser el pueblo. Mirando y sintiendo sus glorias comunes del pasado, pero al mismo tiempo, y es la segunda condición a la que quiero referirme para que una muchedumbre sea pueblo, al mismo tiempo en el presente, debe tener una voluntad común que lo una –diría Bolívar: si no fundimos la masa del pueblo en un todo, si no fundimos el espíritu nacional en un todo, la República será un caos y una anarquía. El pueblo, agregaría yo, dejaría de ser pueblo para convertirse, sencillamente, en sumatoria de seres humanos que viven sin conciencia de su pasado unitario y mucho más grave aun, sin una voluntad común que los una ante la adversidad.54

Las carencias del pueblo en este sentido, su falta de conciencia y precisión ideológica, son las que explican cualquier derrota electoral del chavismo. Esto lo haría potencialmente un “no-pueblo”, o un pueblo en condición de suspenso, cuya influencia en los asuntos públicos debe ser discutida. Profundizar la democracia pasa por eliminar

53 Tras el fallecimiento de Hugo Chávez en el año 2013, el presidente Nicolás Maduro planteó que la dirigencia de la revolución pasaba del Comandante a una alianza del Partido y las Fuerzas Armadas, a un liderazgo colectivo: “Es una revolución dentro de la Revolución. Un cambio profundo en los métodos de dirección de la Revolución Bolivariana, con la construcción de una dirección colectiva, porque sustituir en la conducción de la Revolución un liderazgo tan poderoso, tan convocante como el de Chávez es casi imposible. Y eso solo puede hacerse con una gran fuerza colectiva cívico-militar.” Maduro Moros, op.cit., 2014a, p. 153.

54 Chávez Frías, Hugo, “No hay revolución sin pueblo…”: discurso con motivo del reconocimiento del Ejecutivo al carácter originario de la Asamblea Nacional Constituyente y entrega de propuestas para la nueva Constitución (5 de agosto de 1999), en Hugo Chavez, la construcción del socialismo del siglo XXI: discursos del Comandante Supremo ante la Asamblea Nacional, tomo 1 (1999-2002), Caracas, EFICEM/Fondo Editorial de la Asamblea Nacional Willian Lara, 2013, pp. 45-46.


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la posibilidad de que el pueblo se exprese en contra de su propio interés, por lo que la revolución habrá de defenderlo de sí mismo. Así lo planteó el presidente Maduro tras la derrota en las elecciones parlamentarias de 2015:

Fue un voto contra ustedes mismos, hermanos, votaron contra ustedes mismos, y ahí están los primeros resultados contra los trabajadores (...) Sí hubo un cambio, pero todo anuncia que el cambio fue para peor, fue para mal. Ya han anunciado que van a derogar las leyes del poder popular (...) particularmente contra los trabajadores. Yo voy a seguir dando la batalla todos los días por la verdad. (...) Es una batalla, se impusieron los malos, ganaron como ganan los malos: con la mentira, con el engaño, con la oferta engañosa, con la estafa, así ganan los malos. Y los compatriotas que creyeron que eso era una solución, ahora reflexionen, saquen sus propias conclusiones. Aquí están las amenazas concretas y apenas está empezando. Pero saben ustedes, trabajadores de mi patria, que ustedes tienen un presidente llamado Nicolás Maduro, hijo de Chávez, que los va a defender por siempre y con su propia vida si es necesario darla para protegerlos a ustedes. No podrá la derecha con nuestra Patria, ni con ustedes, así hayan ganado la Asamblea Nacional.55

c. El diagnóstico, una sociedad históricamente explotada: Venezuela se habría caracterizado por una explotación económica, que habría sido legitimada ideológica, cultural, e institucionalmente, por parte de los imperios extranjeros y sus aliados locales, los oligarcas. Recurrentemente, el pueblo –definido como los desposeídos y las mayorías– se habría rebelado contra este expolio, sufriendo indecibles vejámenes y represiones. El nuestro sería un país de una riqueza abundante para sostener la vida igualitaria de sus mayorías, pero ha sido despojado de sus riquezas, y lamentablemente por los sectores que han frustrado cada intento revolucionario, ya reprimiéndolo o ya traicionándolo. Es canónico dentro de la narrativa histórica chavista la enumeración de “cinco grandes revoluciones”:

En la historia venezolana van cinco grandes revoluciones, la primera fue la revolución india-aborigen ¡Anakarina rote aunucon itoto paparoto mantoro! Gritaba Guaicaipuro en estos mismos valles.

La segunda gran Revolución fue la de Miranda y la de Bolívar, la del pueblo de hace 200 años, que también terminó fracasada. La tercera gran Revolución de nuestra historia fue la Revolución Federal que también terminó fracasada, dirigida como fue por Ezequiel Zamora. La cuarta gran Revolución fue, la Revolución Restauradora dirigida por Cipriano Castro, también traicionada. Cuatro grandes revoluciones, cuatro grandes traiciones, esta es la que estamos viviendo ahora, la quinta gran Revolución de nuestra historia, y esta Revolución

55 Maduro Moros, Nicolás, Rectificación, Rebelión y Renacimiento: La nueva etapa de la Revolución, Caracas, 2015, Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, pp. 16-17


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la Bolivariana, no nació para ser traicionada, nació para hacer patria grande, independiente y para recoger los 500 años de batalla.56

Tal explotación tuvo en el régimen de democracia de partidos (“…la llamada ‘democracia representativa’ no ha sido más que un artificio a través del cual se ha dominado a nuestros pueblos”57), que fue la apoteosis de esta historia de explotación y su crisis definitiva. Su apoteosis, puesto que el sistema concebido por Rómulo Betancourt – “uno de los traidores más grandes que tuvo el 23 de enero…”– y acordado en el Pacto de Puntofijo, fue una “falsa democracia”: tras el espejismo de alternabilidad y libertades se escondería la represión y la exclusión hacia sectores verdaderamente alternativos por parte de los partidos y los poderes del Estado, que instrumentalizaban el voto de las masas para su propio beneficio. Dado el pacto de élites, resultaba inevitable la expansión de la corrupción moral y administrativa, puesto que el sistema promovía la compra de conciencias por medio de la distribución de la renta. Esto es crucial: el chavismo no surge intelectualmente por la crisis del sistema populista de conciliación de élites, aunque se haga viable por esta: la historia acumulada y continua de la corrupción en la “Cuarta República” es la profecía de su propia crisis:

Antes y después de la aparición del petróleo, la historia de la Cuarta República se caracterizó por la corrupción sistemática y generalizada en todos los niveles; Cuarta República larga, de 1830 a 1998, y en todas sus etapas. El ejercicio del poder y la corrupción vivieron en un maridaje indisoluble. José Antonio Páez, Antonio Guzmán Blanco, Juan Vicente Gómez, Carlos Andrés Pérez, son ejemplo harto elocuente de la más extrema improbidad, de la más aterradora falta de escrúpulos; hicieron uso del presupuesto nacional como si les perteneciera; robaron a manos llenas, cometieron toda clase de ilícitos, como si la corrupción fuese un principio de realidad y no una anomalía. Ese es el patrimonio que marcó la vida del Estado burgués que tenemos que superar definitivamente.58

Esta crisis de la explotación se hace evidente cuando se agota la renta, por lo cual el sistema falsamente democrático habría optado por beneficiar solo a las minorías dominantes, dejando de lado toda apariencia de autonomía por la agudización de nuestra

56 Hugo Chávez, citado por Jaua Milano, Elías, 5 de julio: ¡Hoy tenemos Patria!: discurso de Elías Jaua Milano en conmemoración de los 202 anos de nuestra independencia, Caracas, Fondo Editorial de la Asamblea Nacional Willian Lara, 2013, p. 12.

57 Libro azul, op. cit., p. 76.58 Maduro Moros, Nicolás, ¡Voy a fondo, vamos con todo!: Sesión especial del día 8 de octubre de 2013,

fecha en la que el ciudadano presidente Nicolás Maduro Moros, cumpliendo con lo estatuido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, hace entrega a la Asamblea Nacional en manos de su presidente, Diosdado Cabello, del Proyecto de Ley donde solicita autorización para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre las materias que estime pertinentes de acuerdo a las necesidades y/o emergencia del país, Caracas, Fondo Editorial de la Asamblea Nacional Willian Lara, 2013, pp. 33-34.


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dependencia con el capitalismo global y el consenso neoliberal. Se habría desenmascarado el sistema, perdiendo toda legitimidad al reprimir a la población necesitada:

Hace 20 años, la Patria, según los tecnócratas neoliberales, había pasado de moda, por eso perdimos el control del ingreso nacional petrolero con la llamada apertura y vendíamos nuestro petróleo como carbón, eso sí era regalo; por eso nuestra Fuerza Armada libertadora se había convertido en una policía pretoriana para masacrar al pueblo como el 27 de febrero de 1989; por eso de cada 100 venezolanos 60 eran pobres; por eso nos expropiaron la Cantv, Sidor, Viasa, las prestaciones sociales, la salud y la educación gratuitas. Pero también, por eso, nos rebelamos, luchamos y vencimos y seguiremos venciendo59.

La alternativa planteada para suprimir esta dominación histórica sería la llegada al poder de los elementos patrióticos –no imperialistas– de la sociedad, que eran su reserva moral: la izquierda insurreccional que no se rindió ni se consideró derrotada tras la lucha armada de los sesenta, las rebeliones cívico-militares de 1992, la alianza de fuerzas contrarias al sistema corruptor que alcanzaría el poder por medio de elecciones a partir de 1998, y “de ahí en delante de batalla en batalla, de victoria en victoria”60.

d. La acción política y el establecimiento de la democracia verdadera: la democracia no sería “el viejo modelo democrático liberal burgués basado en la democracia formal, representativa y fundamentalmente política” a través de la cual “se facilitaba el proceso de acumulación de capital a favor de unos pocos”, sino la democracia socialista:

El socialismo es la verdadera manera de retomar el profundo significado de la democracia, con el desarrollo del poder popular al máximo, como forma más acabada de la democracia participativa y protagónica, de la participación de las masas populares en la construcción de la nueva sociedad, donde el poder del pueblo organizado legitima y potencia las acciones hacia una sociedad humana y unida, en convivencia amorosa y en paz, en la búsqueda y perpetuación de un mundo en el que prevalezca la justicia e igualdad social como principios básicos para el diseño de la distribución de la riqueza y los beneficios de la sociedad, la ética y moral socialistas como eje fundamental que determine el comportamiento abnegado de los miembros de la sociedad, para la suma felicidad del ser.61

La democracia es, en suma, la ejecución de los intereses del pueblo, la cual alcanzará su plenitud una vez que este pueblo alcance plena conciencia de sus intereses. ¿Cuál es el interés del pueblo? La “transformación revolucionaria de la sociedad venezolana”62, que pasaría por aquellos tres propósitos ya establecidos en el “Libro

59 Jaua Milano, 2013, op. cit., p. 52.60 Id.61 Libro rojo, op. cit., pp. 9 y 43-44.62 Ibíd., pp. 35, 59, 93 y 102.


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Azul”: el nacionalismo político (“elemento bolivariano”), es decir, el antiimperialismo y la autonomía del Estado venezolano de la injerencia extranjera, transformando la estructura gubernamental y sus relaciones internacionales; el nacionalismo ideológico (“elemento robinsoniano”), es decir, el abandono de las formas políticas y culturales del Occidente democrático-liberal burgués, así como de sus patrones culturales y de consumo; y la revolución socioeconómica (“elemento zamorano”), es decir, el fin de la explotación con la transformación de las relaciones sociales de producción. Sin el tercer elemento, todas son reformas incompletas.

Esta trasformación solo sería posible para el chavismo por medio de la instauración de una democracia verdadera por los medios que sean necesarios, que hiciera del Estado el genuino ductor y promotor de los intereses de las mayorías explotadas –preferiblemente por mecanismos de democracia directa (referenda, poder comunal, etc.)–, pero no autónoma durante la transición hacia el objetivo de la revolución: la voluntad de los votantes no es la voluntad del pueblo si está en contra de la revolución. Como hemos señalado, durante su etapa personalista, era Hugo Chávez quien como líder revolucionario encarnaba a ese pueblo, quien era y definía quién era el pueblo, y solo él conocía y podía defender sus intereses. Tras el fallecimiento del líder –no previsto en la teoría– ya hemos apuntado que su legado es asumido vicariamente por el PSUV y los otros factores de poder dentro del Estado en una especie liderazgo colectivo. De momento esto es más una solución pragmática que teórica, pero no está carente de precedentes exitosos entre regímenes socialistas63.

Existe espacio en esta verdadera democracia para alternativas político-ideológicas a la verdadera voluntad del pueblo, solo si se someten al socialismo, respetando “el establecimiento de las condiciones que garanticen la irreversibilidad de nuestro proceso”64. Es por eso que los elementos de limitación del poder propios de la democracia liberal (el pluralismo político, la separación de poderes, la rigidez de los lapsos constitucionales), así como la restricción de los medios para el acceso al poder del Estado y su despliegue son rechazados como impedimentos para la misión histórica de la revolución, ante la cual la

63 La Unión Soviética sobrevivió casi cuatro décadas tras la muerte de Stalin, lo mismo que la República Popular China tras la muerte de Mao, la cual logró imponer heterodoxias económicas con un férreo control político; la República de Cuba pasó una década sin contratiempos tras el retiro de Fidel Castro. No sin contratiempos, la supervivencia de la revolución chavista alcanza los cuatro años sin su líder histórico.

64 Maduro Moros, Nicolás, La Revolución Bolivariana y el pueblo profundizan la democracia socialista: Mensaje anual a la Nación de Nicolas Maduro Moros Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Caracas, Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, 2014b, p.12.


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existencia de una oposición activa es inconcebible65. La democracia no sería compatible con la limitación del poder, sino con su uso absoluto para liberar al pueblo-pobreza.

Todos estos principios se reproducen en el aparato ideológico del Estado chavista, de manera tan sofisticada o tan simplificada como fuese necesario. Así, podemos proyectar estas nociones generales hacia elementos más pormenorizados del despliegue de las políticas públicas y la relación del Estado chavista con la sociedad: la concepción chavista de las relaciones internacionales, el papel y atribuciones del sector militar, el rol del gobierno ante la economía y la sociedad, la estructuración y conducta del poder judicial, las relaciones con la oposición, la política petrolera, son contingentes a esta construcción ideológica, y encuentran su justificación última en ella.

Comentarios finales

Podemos decir que la ideología del chavismo, sin aceptar sus premisas, es un conjunto coherente, aunque poco sistematizado, de ideas políticas. Esta sistematización, empero, no se hace necesaria, puesto que el lenguaje político chavista se encuadra en la larga tradición del socialismo venezolano, en su corriente marxista insurreccional y autoritaria. Tras la muerte de Chávez, no ha habido un viraje desde esa filiación, sino que se ha reafirmado crecientemente.

Esto implica que, partiendo de una visión de la historia venezolana como un conflicto entre sectores dominados y dominantes, el chavismo se asume como el movimiento histórico capaz de alcanzar la solución definitiva de esta lucha a través del uso del poder para la transformación radical de la sociedad en nombre de las mayorías. Así, se somete a aquellos sectores concebidos como enemigos a sufrir una derrota definitiva, irreversible; “no volverán”, se insiste con celo. Naturalmente, la puesta en práctica de esta creencia lleva a abusos y nuevos resentimientos, por lo que cabe preguntarse hasta qué punto la viabilidad de la emergencia del chavismo, como la única manifestación exitosa de una ideología popularmente rechazada, es la consecuencia de conflictos no resueltos por la sociedad venezolana en su desarrollo histórico, especialmente derivados de la frustración por su inacabada democratización.

65 “…esto que aquí llamamos oposición, un poco dentro de la tradición política, la democracia representativa que hemos conocido, la democracia burguesa (...) donde hay un gobierno y una oposición, eso no existe en Venezuela, no hay una oposición democrática, no existe. Que utilicen la democracia, que hagan campañas electorales es otra cosa, pero la utilizan para un proyecto final que es destruir este modelo inclusivo, este modelo democrático, acabar con esto que está aquí.” “Hay puntos imposibles de ceder en los dos polos que existen: el polo de la patria, el polo del socialismo, y el polo de la oposición, que cree en las ideas capitalistas y del imperialismo. Eso está claro”. Maduro Moros, op. cit. 2014a, p. 174 y p. 203.


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Fuese como fuese la legitimidad original del chavismo en su carácter reivindicativo no puede ocultar su incompatibilidad con la democracia pluralista, y en ese sentido, con los límites que aun impone la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, que siguió aferrada al paradigma del Estado Social de Derecho. Las lecturas crecientemente autoritarias del texto constitucional, y la paulatina imposición de normas restrictivas a los derechos políticos muestran no una decadencia de la ideología chavista, sino la conclusión lógica de su necesaria pretensión hegemónica inicial.

Naturalmente, esta pretensión hegemónica choca con las expectativas de participación protagónica del pueblo, así como la práctica política del pluralismo enraizadas entre los venezolanos. Estas contradicciones no eran evidentes cuando las mayorías sociales coincidían con los propósitos del líder y la vanguardia revolucionaria, pero los últimos años han puesto a prueba la concatenación de estos propósitos. Puesto a escoger entre la apertura, la participación y la hegemonía, el chavismo ha escogido la hegemonía una y otra vez, asistido como está en la seguridad de su propósito socialista y su noción del pueblo.

En última instancia, el proyecto histórico del socialismo chavista resulta, en su esencia, incompatible con las prescripciones de la democracia pluralista. Lo que está en juego hoy es si es viable que el chavismo se transforme en un movimiento social-democrático sin perder sus orígenes justicieros, o si la logrará sobrevivir la democracia liberal a la hegemonía ideológica socialista.


Las bases sociopolíticas del chavismo: auge y caída. luis salamanca

1. Introducción

Este capítulo trata de las bases sociopolíticas del régimen chavista, es decir, de aquellos sectores sociales que les dieron soporte político a los gobiernos de Hugo Chávez (1998-2013) y de Nicolás Maduro (2013-2019). Todo régimen político tiene un pilar social, proclamado o no, según la ideología de quienes ejercen el poder. Así, para el régimen liberal la base sociopolítica era la burguesía; para el régimen soviético la base social exclusiva era la clase obrera y para la democracia es el pueblo en su amplia variedad.

En efecto, los regímenes democrático-constitucionales responden a la noción de pueblo, expresada en el concepto de ciudadanía; no postulan una clase o un grupo social preferente, exclusivo y excluyente. Aunque puedan existir inclinaciones por sectores poderosos, necesarios para el desarrollo económico, la democracia no hace distinciones sociales a priori en el pueblo, sino que apela a la noción del gobierno mixto propuesto por Platón y Aristóteles. Y sobre todo no segrega ni busca liquidar a ningún sector para beneficiar a otro. En realidad, la mayor parte de los regímenes no crean una base social por decreto (como hizo la Unión Soviética), sino que esta es el resultado de múltiples procesos económicos, sociales y políticos peculiares a cada caso.

Sin embargo, quien rigió los destinos del país entre 1999 y 2013 no pensaba lo mismo. Hugo Chávez ganó la Presidencia de la República en 1998, pero no venía a cumplir un período constitucional convencional, como era lo acostumbrado; llegó al poder para crear un nuevo modelo político e, incluso, ir más allá: deseaba crear un nuevo régimen social en Venezuela a partir de una idea de pueblo distinta de la acostumbrada en el sistema político venezolano instaurado en 1958.

Esta idea de pueblo buscaba incluir a los “excluidos” pero, paradójicamente, excluía a otros sectores. Esa contradicción marcó el proceso político de las dos primeras décadas del siglo XXI, terminando en la gran exclusión de los años de gobierno de Nicolás Maduro, cuando el modelo económico ideado por Chávez para sacar a los pobres de la pobreza implosionó, lo que provocó efectos desastrosos en las vidas de millones de


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Las bases sociopolíticas del chavismo: auge y caída

personas, sobre todo en la vida de las personas de menores recursos. Con Chávez y Maduro ha habido un proceso de recomposición de las clases sociales en Venezuela con la proletarización de la clase media, la pauperización de los pobres, el ataque a los grupos empresariales del pasado y la aparición de una nueva “clase” de ricos chavistas.

La aspiración de Chávez exigía mucho poder para el mandatario y un gran esfuerzo de reingeniería social y política para refundar el sistema social y político venezolano que, hacia 1998, enfrentaba importantes problemas: pobreza generalizada; economía de bajo crecimiento en busca de nuevos caminos entre el Estado y el mercado; la democracia pedía más participación y un Estado más eficiente y menos corrupto. El país de 1998 requería profundas reformas, pero Chávez planteó resolver los problemas mediante una revolución en nombre del pueblo. Esa revolución exigía destruir lo existente para construir sobre ello, en la creencia ingenua de que una vez liquidado el edificio humano se iba a poder reconstruir como si fuera un edificio, materialmente hablando.

Hugo Chávez traía en mente realizar un gigantesco experimento de transformación del modo de vida de los venezolanos en función de los intereses y la visión de sus dos grupos sociales de referencia: los militares y los pobres. Pero lo único que tenía claro en 1999 era la necesidad de ir por el poder total del Estado. Chávez les dio a esos sectores una preponderancia discursiva e institucional que introdujo un sesgo exclusivista nunca visto en el sistema político venezolano, al menos en el período democrático. Los militares alcanzaron un grado de penetración de la vida civil e institucional como nunca antes, y los pobres fueron el objeto perenne del discurso chavista, acompañado de políticas sociales altamente mediáticas y controladoras de la población beneficiada.

El de Chávez era un proyecto de toma del poder político de la nación con los militares. Lo que más claro tenía Chávez era su pretorianismo, es decir, la idea de que los militares deberían gobernar nuevamente en Venezuela. Lo intentó en 1992, pero fracasó; lo terminó logrando por vía electoral e inmediatamente puso a la Fuerza Armada como columna vertebral del proyecto, y se movió rápidamente para capturar el resto del poder institucional. Por eso su primera medida fue derogar la Constitución de 1961 y, con ella, el régimen político sustentado en ella, aunque la Constitución del 99 mantuvo buena parte del constitucionalismo democrático practicado desde 1958, debido a que Chávez no tenía claro en 1999 todo lo que quería hacer.

Eso vendría luego, gracias a la influencia de Fidel Castro. Su Constitución no fue la de 1999. Su verdadera Constitución fue la de 2007, derrotada en referendo. Como muestra de que en esa etapa (1998-2005) solo quería el poder institucional total, basta traer a colación los artículos en los cuales se estableció la reelección inmediata y la prohibición de financiamiento público de los partidos políticos, sin normar la conducta del partido de gobierno. Ambas disposiciones sentaron las bases de la dominación


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política chavista que pronto llegará a veinte años, pero que no ha podido someter al sistema político a dicha dominación. No pudo Chávez en 2007 y Maduro lo intentará en 2017, con una constituyente divorciada de la Constitución y que busca derogar la de 1999.

El proceso político iniciado en 1998, en nombre de los pobres, ha provocado, diecinueve años después, una sociedad de escasez, una inflación arrolladora y un autoritarismo casi total que, en su conjunto, han dislocado el modo de vida venezolano, sobre todo el de los grupos sociales que fueron visualizados en los noventa como “los protagonistas” de la revolución chavista. Hoy, en 2017, a Maduro no le queda más opción que apartarse de la vía democrática en un intento por mantener el poder atrapado y concentrado por Chávez.

Sin embargo, la muerte del jefe ha conducido tanto a una centrifugación del poder acumulado en el finado (las deserciones de importantes figuras que gobernaron con Chávez y el caso más reciente de la fiscal general de la República); así como a una crisis de identidad en el chavista de a pie, que ha perdido la brújula que suponía la presencia de Chávez. Todo esto viene a cuento del tema central de este capítulo: el de la construcción y deconstrucción del pilar social del régimen chavista que, como es sabido, aspira a la perpetuación en el poder, para lo cual requiere de una verdadera clase dominante si creemos en la teoría de Marx. La imagen que transmiten tantos intentos por conseguir (entre 1999 y 2017) la fórmula mágica para organizar y controlar a la sociedad es la de un hacer y un deshacer, cual tela de Penélope, de las bases sociopolíticas del chavismo.

2. Aspectos preliminares

2.1. El concepto de bases sociopolíticas

La noción de las bases sociopolíticas de un régimen pueden verse de tres maneras: como la clase o grupo social que es la razón de ser del proyecto, a la cual quiere servir; como la vanguardia del proceso, la clase o el sujeto que conduce la revolución, en la perspectiva marxista; o simplemente como el sector social de donde emana el apoyo electoral, es decir, los que votan por el proyecto o por sus dirigentes. Dos de estas tres maneras de ver el asunto no son excluyentes entre sí, solo la visión marxista difiere de las otras dos. Sin embargo, interesa destacarlas por separado a fin de compararlas con el discurso de Chávez, sobre lo que el extinto mandatario afirmó acerca de qué sector sería el protagonista de esa revolución que tenía en mente.


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Además, la segunda versión es muy cara a los marxistas, dado que estos buscan crear una nueva formación económico-social, dirigida por una nueva clase dominante, el proletariado, y con un nuevo Estado, cuya primera fase es la “dictadura del proletariado” hasta que, extirpadas las clases sociales, el Estado se extinga y se instaure la sociedad comunista1. Visto tras dieciocho años de gobiernos chavistas, se ve claro que Chávez quería crear una nueva clase dominante a partir de la mezcla de los militares, con un tipo de político sui generis y con un “empresariado” chavista que podía hacer negocios o acumular riquezas, si aceptaba el modelo político del extinto presidente.

Sin embargo, las clases dominantes estudiadas por Marx no se crearon desde arriba, desde el poder, sino que se construye desde la sociedad y buscaron el poder político a partir del poder económico. Un intento por crear una clase dominante desde el Estado fue el del comunismo soviético, que estableció el predominio exclusivo de la clase obrera dentro del sistema político, con exclusión de otras clases, experimento que terminó en fracaso, pues entre otras razones, quien realmente asumió el rol de clase dominante fue una nomenclatura estatal y partidista que concentró los recursos y las decisiones clave del sistema. El fracaso institucional del comunismo se debió a la desaparición de principios tan importantes como la autonomía, la adaptabilidad al entorno cambiante, la poca complejidad de la estructura de poder frente al ambiente cada vez más complejo, lo que le impidió la coherencia entre las instituciones y los objetivos políticos.

El chavismo repitió, mutatis mutandi, estos errores como veremos a lo largo de estas páginas. Si bien la revolución chavista tiene dieciocho años en el poder, ello ha sido más por la popularidad electoral de Chávez que por la capilaridad social del chavismo. Al final del día, la clase dominante chavista no ha sido posible; a lo sumo, sería una alianza contingente de militares, dirigentes políticos y algunos grupos empresariales deseosos de apoderarse de la escasa renta petrolera actual. Hoy con el colapso de la economía, la renta ya no parece ser el motivo principal de la alianza, sino una necesidad de autoprotección del círculo del poder.

Dado que el chavismo es un proyecto político autocalificado como revolucionario, es preciso evaluarlo como tal. Vistos los resultados de las gestiones de Chávez y Maduro, no hay duda de que el chavismo se planteó y, en todo caso logró, por una parte, liquidar a la vieja clase política puntofijista (AD y Copei) y, por otra parte, sustituir al anterior modelo socioeconómico de propiedad privada por otro de propiedad estatal, mediante la estatización forzada de la economía, lo que suele considerarse como los aspectos fundamentales de una revolución de tipo marxista, o marxistoide. Queda muy poco o nada de una economía con ciertas características de mercado. Así lo indican la escasez, el

1 C. Marx, F. Engels, Manifiesto del Partido Comunista, Pekín, Ediciones en Lengua Extranjera, 1973.


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desabastecimiento, la inflación galopante, la falta de recursos para importar, entre otros indicadores.

Como todo movimiento revolucionario, el chavismo aspira a introducir una dominación de larga duración y para ello necesitaba y necesita un soporte social organizado, más el control total del poder, que le permitiera mantenerse en el poder a perpetuidad. De momento, alcanza a casi dos décadas de predominio político, aunque en la fase actual se observan elementos de descomposición del modelo socioeconómico y político que constituyen una amenaza para la continuidad de la dirigencia política chavista que heredó el poder de manos de su creador. En particular, su base sociopolítica se ha reducido de manera significativa, tal como muestran los resultados electorales del 6 de diciembre de 2015. La tendencia a la pérdida de apoyo específico se ha acentuado en 2016 y 2017, lo que ha llevado al gobierno de Maduro a activar un plan alterno, como es el de alejarse de la vía democrática, buscando el poder total por otra vía.

La finalidad de Chávez, y ahora de Maduro, era lograr que esa dominación fuera permanente; pero para ello necesitaba una nueva clase dominante que, en condiciones democráticas, lograra la hegemonía en un sentido gramsciano, es decir, lograra la imposición de un dominio que fuera aceptado por la sociedad, por vía electoral, y no meramente impuesto por la fuerza. Esa idea de generar una nueva dominación emparenta al chavismo con la amplia y heterogénea familia marxista, aunque Chávez negó al marxismo una vez, en la oposición; y lo suscribió quince años después, desde el gobierno2, lo que refleja sus altibajos ideológicos3.

Le ha correspondido a Maduro enfrentar la crisis de la hegemonía chavista en vista de la pérdida de apoyo sociopolítico. Y lo está tratando de lograr con su propuesta constituyente, con la cual apunta a quedarse con el poder por vía de la fuerza directa o indirecta del Estado. Ya Maduro no puede imponer el dominio por vía electoral como Chávez y se enfrenta con la delicada y arriesgada decisión de imponerlo por vía de manipulación institucional y, en último caso, por la fuerza. Ese es lo que parece estar en juego a partir de 2016 y, sobre todo, desde 2017.

2 Lo negó en la entrevista con Agustín Blanco Muñoz, Habla el Comandante, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1998, 2ª edición, p. 118; y lo suscribió en su Mensaje anual a la Asamblea Nacional en 2010.

3 Véase en este mismo libro el capítulo sobre los fundamentos ideológicos de Chávez por Guillermo Tell Aveledo Coll.


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2.2. El personalismo militarista de Chávez versus su idea de pueblo

La idea de pueblo de Chávez no se formó desde el marxismo, aunque hay elementos clasistas en su discurso y en su práctica. Era una idea de pueblo no “clasista”, pero sí dicotómica. Ello no significaba que las clases no fueran importantes, sino que su importancia se redireccionaba a la idea de pueblo pobre. En realidad, Chávez apeló tanto a elementos clasistas como no clasistas Opuso así a ricos y pobres; a pueblo y oligarquía; y a obreros y capitalistas. La idea anticapitalista, como expresión de su visión antioligárquica o antiburguesa, fue muy clara en sus acciones expropiatorias y en su discurso, la cual fue asentada en el Plan de la Patria, testamento político del desaparecido dirigente. Pero el militar puso el énfasis en los sectores depauperados a los cuales llamó la “clase marginal”, aunque dentro de su visión era posible encontrar incluso una “burguesía” propia4.

Esto introdujo una ambigüedad crítica en el proyecto, de la cual se derivó una inconsistencia estratégica importante en la conducción de la revolución, lo que provocó no pocas contradicciones e incongruencias en su conducción, como por ejemplo, el surgimiento de una nueva burguesía, o unos nuevos ricos, al amparo de los negociados, corruptelas o simpatías con el chavismo, que cuenta con su propio “empresariado” en áreas como las importaciones y el petróleo. No menos importante fue la incongruencia moral de la dirigencia chavista que, rápidamente, comenzó a ostentar el nuevo nivel de vida adquirido en la “lucha revolucionaria”.

Por su parte, su idea de pueblo expresaba un populismo típico, que hace palidecer a cualquier populismo anterior en Venezuela5. El populismo chavista se combinó con un criollismo doctrinario, derivado de la necesidad de nuevos planteamientos revolucionarios ante la crisis y colapso del comunismo internacional. De todo ello, surgió una mezcolanza ideológica con una visión dicotómica de la realidad social venezolana que recuerda al marxismo; a ello agregó elementos propios de nuestra historia destacando los vinculados con las armas, los héroes y la rebelión y menos con los relacionados a la civilidad, la democracia y la constitucionalidad. Todo ello amasado con ideas ultraizquierdistas como la de llegar al poder por las armas. Si a ello sumamos la tendencia a versionar de

4 El tema de la relación de Chávez con el sector empresarial merece un capítulo aparte, pues es recurrente en su discurso una búsqueda de liquidación de la clase empresarial histórica venezolana pero, al mismo tiempo, el deseo de tener empresarios chavistas, como en efecto, los tuvo. Baste recordar aquí Empresarios por Venezuela (Empreven) y el interés por crear una Federación de Empresarios Bolivarianos. Véase Nelly Arenas, “¿Languidece el corporativismo? De Fedecámaras a los nuevos actores empresariales en Venezuela”, en Cendes, Venezuela visión plural: una mirada dese el Cendes, Caracas, Cendes, 2005, pp. 346-371.

5 Con esto quiero decir que, a la luz del chavismo, habría que revisar lo que solía llamarse populismo en Venezuela.


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mil maneras las cosas que decía, ello hace que el discurso de Chávez fuera una especie de popurrí doctrinario, una suerte de quincalla ideológica, donde se conseguía de “todo”.

Desde esa perspectiva planteó la idea de un proceso político desde el ángulo de un historicismo militarista: la historia de Venezuela había sido iniciada en la Guerra de Independencia y fue traicionada por los enemigos de Bolívar, hasta la llegada de la generación de oficiales que, con él a la cabeza, dieron el golpe de Estado del 4 de febrero de 1992 y, pese a su fracaso militar, obtuvieron una victoria política. Desde el primer momento se vio claramente la inclinación de Chávez por los militares como el verdadero sujeto de su revolución. En ese proyecto, el pueblo será servido desde su gobierno y su aporte consistirá en ser su base de apoyo. Era un proyecto pensado para él, no por él; es decir, elaborado por una vanguardia conocedora de sus verdaderas necesidades históricas, a la cabeza de la cual estaba Chávez. Ese vanguardismo militarista era, además, personalista, centrado en una figura que creció desmesuradamente por encima del partido y del mismo Estado.

Esta combinación terminará frustrando la posibilidad de generar un sujeto popular de la revolución, más allá del líder o del presidente de la República, y más allá de los militares, pues el exacerbado protagonismo del jefe no le permitió desarrollarse, o fue utilizado para sostener ese liderazgo cesarista o ambas cosas. El síndrome se extendió a los dirigentes y al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), formados bajo el ala de Chávez y al amparo de los recursos del poder, lo que les impidió echar raíces sociales en el pueblo. Ya desde 2012, el PSUV dejó de ganar por sí mismo las elecciones presidenciales; necesitó el concurso de los aliados. Esto explica por qué el partido no fue, ni es, tan importante como el líder en el modelo chavista, lo que condenó al proyecto al empuje que le podía dar su fundador y, una vez desaparecido este, comenzó a perder impulso. Este rasgo también diferencia al chavismo de otros movimientos y de otros procesos políticos revolucionarios donde el partido fue y es la vanguardia. El modelo de Chávez dependió de una persona y ella era la vía para depender del Estado: terminó siendo la versión más profundamente personalista y estado-céntrica habida en América Latina, después de Cuba.

2.3. Las etapas de la revolución

Chávez pasó por varias etapas en sus definiciones ideológicas. En sus primeros años en Miraflores no tenía clara la fórmula de la revolución. De hecho sus políticas sociales iniciales, salvo el Proyecto Bolívar 2000, fueron en gran medida la continuación de las políticas de Rafael Caldera (1994-1999). Fue una etapa centrada a la expansión de su poder sobre el resto de los poderes públicos y en golpear a la clase empresarial. Fueron


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años buscando un perfil ideológico propio. Era, por entonces, una ideología cambiante, en redefinición constante, deslizante, que se armaba y desarmaba como un juguete hasta que, a partir de 2005, la tuvo clara: el “socialismo del siglo XXI”, recogido en el Plan de la Patria, programa de gobierno presentado en las elecciones de 2012. Atrás quedaron el “humanismo cívico” de los primeros días y la “Tercera Vía”.

En 2007 Chávez intentó constitucionalizar el socialismo del siglo XXI, la sociedad y el Estado comunal. Al ser derrotado, no solo mostró su desprecio por la victoria opositora, sino que prometió e impulsó mediante legislación ordinaria la imposición de las medidas que el electorado le había negado mediante el voto. Así promulgó las leyes del llamado poder popular mediante las cuales creaba las comunas y apuntaba a la conformación de la sociedad comunal.

Este acto de gran autoritarismo mostraba que cualquier idea popular o colectiva del proceso político impulsado por el exlíder del golpe del 4 de febrero de 1992 (4F), estaba irremediablemente sometido al carácter militar y vanguardista de la conducción por el máximo jefe del proyecto. Chávez creaba y recreaba las formas de organización popular. Imponía una y al tiempo la cambiaba por otra, sin darse cuenta de que la razón del fracaso estaba en el autoritarismo usado para crearlas. Sin embargo, no hubo crítica ni rechazo a esta forma de proceder entre sus seguidores. El jefe absorbió a sus propias bases sociales con su liderazgo personalista, autoritario y pretoriano, y hará con ellas lo que su evolución ideológica, o sus necesidades electorales y políticas, le fueran indicando.

Este componente de su visión tendrá consecuencias a largo plazo en todo el proyecto, en particular en que las bases sociales no pudieran conformarse autónomamente y dependieran en todo de las decisiones de Chávez y ahora de Maduro; y sobre todo, de los recursos del Estado con los cuales contaron a manos llenas hasta su agotamiento. Al final del día, las organizaciones sociales creadas desde el poder fueron las correas de transmisión del poder hacia las bases y mecanismos populares de captura de la renta petrolera y masa movilizable electoral y políticamente.

La etapa actual de la revolución en manos de Maduro evidencia la pérdida de sustentación electoral del movimiento chavista, pero también la debilidad de las bases sociopolíticas que desde el primer día Chávez comenzó a organizar. Las figuras creadas por Maduro (CLAP, Carnet de la Patria, etc.) son respuestas a la crisis y agotamiento del modelo socioeconómico de Chávez profundizadas por su desastrosa gestión.

Por ello es fundamental explorar la idea de pueblo que tuvo Chávez antes y durante su estancia en el poder; cómo intentaron e intentan crear un modelo de sociedad a partir de esa idea de pueblo; lo que han conseguido efectivamente y en qué situación está el proyecto en la etapa de descomposición que vive bajo la conducción de Maduro.


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3. La idea de pueblo de Hugo Chávez: “el material inflamable para encender la historia”

3.1. La idea de pueblo antes de 1999

Hay que tener en cuenta que la pureza conceptual y lingüística no era algo que le preocupaba mucho, pues lo importante no eran las palabras ni las definiciones, sino cómo fueran expresadas y utilizadas; siempre quería provocar un efecto político en las audiencias a las que hablaba. De hecho, su largo gobierno es inseparable de un vocabulario propio, usado con fines políticos, que llegó a niveles de lo que se ha llamado una “logocracia”6 que, en el caso de Chávez, se entiende como un gobierno o un régimen basado en el poder de la palabra mediante el cual desea enmarcar la comprensión del pueblo de su realidad.

Era un activista cuya principal arma era el palabreo persistente y repetitivo. Desarrolló una logorrea constante en torno a las ideas de pueblo y de revolución, verdadera artillería lingüística en contra del orden político democrático anterior y en favor de la creación lingüística de su propio orden. Hablando lograba el efecto que señaló Wittgenstein: “Pronunciar una palabra es como tocar una tecla en el piano de la imaginación”7, sobre todo si la palabra a pronunciar es “pueblo”.

El pueblo era una pieza vital dentro del modelo de poder orquestado por el exmilitar, porque le permitía tener una fuerza social detrás, sosteniéndolo ya fuera por vía de hecho, ya fuera por vía electoral; prefería esta última porque le otorgaba la legitimidad política que no le daba la vía de facto. El pueblo era la fuerza detrás del líder para que este acometiera su revolución. Tras cada proceso electoral, el mandatario se sentía autorizado a hacer lo que le placiera, pero sin quedarse dentro de los confines de la democracia delegativa8, pues pasaba por encima de lo que le permitía la Carta Magna, cada vez que lo necesitaba.

6 Véase la referencia a esta noción en Simona Forti, El totalitarismo: trayectoria de una idea límite, Madrid, Herder, 2008, pp. 119 y ss.

7 Cit. en Aleardo F. Laría, La religión populista. Una crítica al populismo posmarxista, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 2011, p. 21.

8 Guillermo O’Donnell, Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización, Buenos Aires, Paidós, 1997, pp. 287 y ss. El concepto de democracia delegativa alude a regímenes en los cuales el gobernante electo por el pueblo se siente autorizado a gobernar como desee y solo está limitado por las relaciones de poder existentes y por la temporalidad de su mandato supuesto a concluir en un lapso constitucionalmente establecido. Este enfoque describe un aspecto del gobierno de Chávez, pero no permite ver el modelo político completo que logró configurar. En otras palabras, Chávez fue más


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La idea de pueblo de Chávez puede analizarse en tres etapas: la insurreccional, la de la cárcel y su posterior salida de ella, y la etapa gubernamental. Antes de llegar al gobierno, su noción de pueblo está influida por la confluencia de tres procesos: la formación militar que le permitió hacerse profesional de las armas, la formación ideológica de extrema izquierda que bebió antes de 1998 y la crisis del socialismo real y del marxismo que lo obligó a buscar una vía endógena para plantearse la actividad revolucionaria en un mundo postsoviético, en cuyo contexto fue impactado por las ideas de Norberto Ceresole. Una vez en el gobierno, saldrá a la luz el populismo del que hizo gala a lo largo de su mandato hasta que se declaró socialista del siglo XXI. El populismo chavista tiene un rasgo que lo diferencia de cualquier populismo anterior en Venezuela: es un populismo de confrontación, no de compromiso social que vino a sustituir el populismo de conciliación previo.

Ese cruce de influencias determinó su visión del mundo y de la política. Un oficial crítico de la situación interna de las Fuerzas Armadas Nacionales y estimulado por las enseñanzas de gente de la ultraizquierda (Adán Chávez, Douglas Bravo, Alfredo Maneiro, entre otros) y por las experiencias políticas revolucionarias de militares latinoamericanos (Velasco Alvarado, Torres, Torrijos) y que vivió el período del derrumbe del socialismo real, suscribió la idea —echada a volar en el ambiente ideológico de la ultraizquierda de los 60— de usar la fuerza armada para dar un golpe de Estado en 1992, dirigido a derrocar un gobierno democrático, al cual veía como una tiranía9, a fin de desarrollar una revolución en nombre de Simón Bolívar y de los pobres.

Hasta el 4F, el movimiento fue puramente militarista y la asonada fue una acción vanguardista, no popular, de tipo blanquista, pues la revolución vendría por la acción de un grupo pequeño, armado, que ejecuta un golpe de Estado revolucionario, que luego sería apoyado por las masas trabajadoras10. Hasta la intentona golpista de 1992, el pueblo brillaba por su ausencia en el plan de derrocamiento de Carlos Andrés Pérez por parte de Chávez y el MBR-200. El mismo ex teniente coronel así lo reconoció, aunque versionando el asunto en clave autojustificativa. El 4F fue un movimiento que buscará el vínculo popular después del golpe, no antes.

… en la fase anterior al 4F, el enganche popular con el que estábamos contando eran unos líderes populares que supuestamente iban a formar batallones

allá de la democracia delegativa. Nicolás Maduro, sin duda, no puede ser analizado con esa categoría conceptual.

9 La idea de que la democracia venezolana no lo era aparece antes del golpe del 4F en Hugo Chávez, véase Hugo Chávez, El libro azul, Caracas, 2013.

10 Para mayor información sobre Auguste Blanqui (1805-1881), véase G.D.H. Cole, Historia del pensamiento socialista, México, Fondo de Cultura Económica, 1975, T. 1, pp. 162 y ss. Además, Gian Mario Bravo, “Blanquismo”, en Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino, Diccionario de política, México, Siglo XXI Editores, 2011, pp. 145-147.


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de milicianos en los barrios de Caracas. Iba a bajar gente armada, y nosotros teníamos las armas que incluso se las ofrecimos para armar ese pueblo. Apenas en Valencia se cumplió con los estudiantes de la Universidad de Carabobo11.

Tras su salida de prisión, Chávez siguió con su visión insurreccional: “Tengo una mano en el pueblo y otra en los cuarteles”12. El pueblo antes de 1998 aparecía en la percepción de Chávez como una masa atomizada, dispersa, a la cual había que aglutinar y movilizar: “Bueno, es que a lo mejor el pueblo es difuso, eso está disperso por todas partes y hay que aglutinarlo, en una labor de mucha gente, durante bastante tiempo”.13

En un intento por conceptualizarlo lo equiparó con lo que llamó la “clase marginal” compuesta por las grandes barriadas, el campesino, los indígenas; a los que llamaba también los “excluidos”: en otras palabras, los pobres urbanos y los pobres rurales. La idea de “excluidos” se dio por buena sin ningún tipo de análisis acerca de su significado y sus implicaciones. Excluir significa dejar de forma parte de algo, o negar algo a alguien, descartarlo. En Venezuela se suele usar para referirse a los más pobres de la población, pero no hay una delimitación clara de la población subsumida en esa definición y termina siendo borrosa la distinción entre los excluidos y los no excluidos. Para más complicación, políticamente no existe en el país una población excluida, toda vez que los venezolanos mayores de edad y hábiles en derecho son ciudadanos, derecho político que les permite tener otros derechos.

Ciertamente, los derechos políticos no se traducen automáticamente en derechos sociales, pero sería más penoso estar en situación de pobreza y además carecer de derechos políticos. De hecho, la ciudadanía democrática les permite a los pobres cambiar políticamente buscando mejorar sus condiciones de vida. Esto fue lo que hicieron los pobres urbanos y rurales en 1998 al votar por Hugo Chávez.

Chávez también calificó a los pobres como “dominados” o “explotados”, lo que implicaba la existencia de unos dominadores y unos explotadores; es decir, alguien que se apropia de la plusvalía o de la riqueza producida por los pobres o de la cual son “dueños” (como la renta petrolera), lo que plantea la necesidad de luchar contra ellos a fin de erradicar la “dominación” y la “explotación”. La gestión de Chávez fue orientada más por estos segundos significados de pueblo que por el de pueblo que busca la superación de la pobreza.

Por lo dicho, se observa que la idea de pueblo de Chávez no era genérica. No era el populus romano (de corte jurídico-político: los ciudadanos), sino la plebs (los más pobres

11 Agustín Blanco Muñoz, p. 80. Parto de esta obra para hacer un “perfil ideológico” de Hugo Chávez entre 1992 y 1998, poco antes de las elecciones que ganara arrolladoramente.

12 Ibíd., pp. 21-22. 13 Agustín Blanco Muñoz, Ob. Cit. p. 79.


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en la antigua Roma); no era el polites (ciudadano), sino el óchlos griego (la multitud). En sus palabras: “es la muchedumbre que lo invade todo, es un galopar indómito que llega a todas partes y nadie puede detenerlo”.14 Aristóteles había detectado la dualidad del concepto: el demos era el conjunto de los ciudadanos en la asamblea y era también el conjunto de los pobres. De allí surgió la apelación al pueblo como el conjunto de las masas populares o clases bajas, en contraposición a los ricos o las élites; y la apelación al pueblo como el conjunto de todos los ciudadanos sin ningún tipo de diferenciación interna. De hecho, Aristóteles creó una línea teórica según la cual la democracia era el gobierno exclusivo de los pobres contra el resto de las clases y, por tanto, una forma de gobierno impura o desviada; y reserva el término politeia para la democracia constitucional, sin diferenciaciones sociales, como la forma de gobierno pura, pues atendía al bien común.15

El pueblo de Chávez no eran todos los sometidos a un mismo ordenamiento jurídico, como lo estableció hace mucho tiempo Cicerón16 y lo asumió el constitucionalismo democrático, sino las masas pobres, las muchedumbres atomizadas. Por eso vio su proyecto político como un viaje a las “catacumbas”, buscando a los depauperados. En la prisión y después de ella, su proyección personal lo convirtió en la referencia del movimiento. El capital político siguió creciendo, pero en términos personales más que organizacionales.

Sí alguna vez se llegó a hablar del caudillo, que Chávez era el 99% y el MBR 1%, bueno, sí eso fue así, y aceptando que pudo haber sido así, este proceso de organización, de reorganización… tiene como meta intermedia invertir el peso de la balanza.17

Ahora bien, en su esquema analítico tan importante como el pueblo, o más, eran los militares. Sobre el papel a jugar por estos y su relación con el pueblo dedicó buena parte de su análisis y de su gestión gubernamental. Para Chávez, el Ejército también era pueblo: “… es un ejército, que aunque muchas veces va contra el pueblo, se nutre de las barriadas, de los campos, del pueblo en general”.18

En 1974 visitó Perú, a la sazón gobernada por el general izquierdista Velasco Alvarado, quien le regaló un libro de su autoría titulado la Revolución Nacional Peruana; conoció también a Omar Torrijos. Regresó con la idea de que había que hacer algo, pero no tenía idea de qué era. Esos militares “hablaban distinto, hablaban del pueblo”19,

14 Hugo Chávez, discurso ante la Asamblea Nacional Constituyente, en Gaceta Constituyente, 5-8-1999, p. 3.

15 Aristóteles, La política. Barcelona, Orbis, 1985.16 Cicerón, Sobre la República. Madrid, Editorial Gredos, 2000, pp. 58-59.17 Agustín Blanco Muñoz, Ob. Cit. p. 296.18 Ídem. 19 Ibíd. p. 43


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en contraste con Augusto Pinochet, dictador chileno que había derrocado al socialista Salvador Allende en 1973.

Chávez dirigió su discurso hacia la población establecida en los alrededores o en los cerros de las grandes ciudades, de las cuales los municipios Libertador de Caracas y Sucre de Petare eran los prototipos, pues allí se asentaba el mayor número de habitantes en situación de pobreza del área metropolitana. Se le etiquetó erradamente como “marginal” por las condiciones en las que vivía, calificación que Chávez compartió20. Los caraqueños habían pasado por diversas experiencias políticas desde 1958. En el reinicio de la experiencia democrática en 1959 no votaron por AD y Copei, sino por candidatos contrarios a estos. Esto fue así hasta 1973 cuando la polarización bipartidista los conquistó, situación que persistió hasta 1993, cuando los comicios de ese año arrojaron un mapa electoral multipartidista, en el cual destacaban cuatro tendencias políticas de tamaño parecido. Antes, en 1989, se produjo el estallido social conocido como el “caracazo” y, en respuesta a ello, la dirigencia nacional introdujo la descentralización política que permitió elegir directamente a alcaldes (figura que no existía) y gobernadores (hasta entonces designados por el presidente de la República).

El caracazo no divorció de inmediato a los electores caraqueños respecto del bipartidismo, pues Claudio Fermín, postulado por AD, fue el primer alcalde electo de la ciudad; pero el golpe del 4F si provocó el inicio de la ruptura electoral de los habitantes de los cerros caraqueños y, en general, del país, con la dirigencia tradicional. Las segundas elecciones descentralizadas (1992) permitieron ver que, en Caracas, el electorado había comenzado a romper con el bipartidismo, al darle la victoria a La Causa R, con Aristóbulo Istúriz. Desde el caracazo esa población había quedado en disponibilidad para nuevos planteamientos políticos, de alguna manera había quedado en condición de desarraigo político, sin orientación clara y con tendencia al abstencionismo. La dura represión militar a los saqueos cuando ya nada contenía a la gente enardecida, dio pie a un discurso que le permitió a Chávez ver a los militares como aliado del pueblo:

Uno comenzó a ver entonces que los militares no eran para masacrar un pueblo, para dar golpes de Estado sangrientos, para cercenar los derechos de un pueblo, sino que podían más bien ponerse a la orden de la gente. Al menos así lo interpretábamos nosotros en aquel tiempo.21

20 Comparto las observaciones de Andrés Antillano acerca del prejuicio que esconde esta denominación. Andrés Antillano, “La lucha por el reconocimiento y la inclusión en los barrios populares: la experiencia de los Comités de Tierras Urbanas” en: Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, v.11 nº 3, Caracas, sep. 2005, http://www.scielo.org.ve/scielo.

21 Ibíd., p. 44.


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Hasta 1992 lo que predominó en el MBR-200 fue el elemento militar, ultraizquierdista. Interrogado sobre el carácter militarista del 4F, Chávez respondió que si bien aparecía así a la luz pública, la idea era la de un proyecto cívico-militar: “y que tenía que haber participación de las fuerzas populares de la sociedad civil en cuanto a la planificación y a la conducción de la misma operación militar. Y mucho más tratándose de un proyecto de gobierno revolucionario”.22

Ese pueblo, según él, estaba pasando de ser un “pueblo objeto” a un “pueblo sujeto de su propia historia, transformándose a sí mismo, por el descubrimiento de su fuerza potencial”.23 Sin embargo, a la hora de caracterizarlo, paradójicamente, el pueblo no aparecía como sujeto de la historia, sino como el material inflamable para encender la historia; era “el combustible de la máquina de la historia”24, es decir, la gasolina que mueve la máquina, no la máquina misma ni el conductor. Esto significaba que el piloto de esa máquina no era el pueblo al que se le consideraba “protagonista de su propia historia”, sino otro. Y el maquinista tenía su propia idea de hacia dónde quería llevar la historia. O presumía que la tenía. En realidad, en aquel momento la idea no era muy clara. Lo que sí estaba claro era que lo primero era conquistar el poder, después se vería.

Decidió ser candidato presidencial, tejió relaciones con organizaciones populares de los barrios de Caracas y comenzó a organizar los círculos bolivarianos como la estructura organizativa del MBR-200.25 En estos años no había logrado captar el apoyo del gran público; aunque era conocido, aún no contaba con una base sociopolítica propia, sino con una proyección que no era muy alta de acuerdo con las encuestas del momento. Su candidatura despertó el interés de sectores de las élites venezolanas: empresarios nacionales e internacionales, dueños de medios, políticos veteranos, intelectuales, entre otros. Sin embargo, en 1997 todavía no era visualizado por la opinión pública como alguien que podía llegar a Miraflores.

El fenómeno en las encuestas era entonces Irene Sáez. Al comenzar el 98, la ex Miss Universo punteaba en los sondeos, pero ya había empezado a perder terreno. Sus errores estratégicos la llevaron a desinflarse aceleradamente y el espacio fue ocupado por Chávez con un furibundo planteamiento antipolítico que expresaba el estado mental de los electores de entonces. Su discurso se movió entre el liquidacionismo del sistema y un patriotismo electoral, expresado en el Polo Patriótico, la alianza que lo llevó al poder. El mensaje de Chávez en esa campaña electoral fue antipartidista, antielitista y antisistema.

22 Ibíd., p. 45.23 Ibíd., p. 32.24 Ibíd., p. 87.25 Ibíd., p. 297.


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Nuestra propuesta de constituyente es un proceso que no tiene nada que ver con las élites, viene desde abajo, desde el mismo pueblo. Es un proceso revolucionario para destruir este sistema no para rehacerlo, como procuran otros proyectos.26

Era claro que Chávez planteaba una gran exclusión social que prometía una confrontación sistémica en contra del modelo político y social anterior. El proyecto era nacional, pero no se iba a implementar con “toda la nación”. Los “sectores dominantes” no se van a unir porque el proyecto sirve a otros sectores, a los populares. Su pensamiento era dicotómico. Por una parte, están los que en ese momento llamaba “sectores dominantes”; por otra parte, estaban las “clases marginales”, compuestas de las grandes barriadas, del campesino, de los indígenas.

Ahí es donde hemos palpado el furor, el interés, el fervor de la gente por salir de esta miseria en la que están inmersos. (…) Como en la sierra, en un sitio de Venezuela, que te dicen: comandante, tráiganos armas, porque no podemos aguantar más esta miseria. (…). Y hay que enrumbar eso hacia una unidad nacional. Eso lo estamos planteando en el Frente Nacional Bolivariano.27

Será, pues en el mismo año electoral cuando el exgolpista logre aglutinar a un electorado que venía dando señales de desalineamiento partidista, pero sin encontrar un nuevo destino político, un nuevo alineamiento; realineó al electorado volátil de los 90 bajo las banderas de la superación de la pobreza y la liquidación de los detestados políticos de finales de siglo.

3.2. La idea oficial de pueblo de Chávez a partir de 1999

Una vez electo, Chávez comenzó a construir su idea oficial de pueblo, pero sobre todo comenzó a organizar al pueblo. En un discurso dado ante la Asamblea Nacional Constituyente, dio un paso firme en su definición de pueblo, exponiendo las dos condiciones que, según él, lo constituían. Esta alocución muestra que Chávez creó discursivamente el pueblo que necesitaba para llevar adelante su proyecto político. Partía de la idea de que “no todos los tiempos hay pueblo”; no bastaba vivir en un territorio para ser pueblo:

No basta que vivan 20 millones de habitantes en un territorio de 916.050 kilómetros cuadrados para que haya pueblo. No; es una condición necesaria, mas no es una condición suficiente. Tiene que haber algo más para que ese conglomerado humano, para que esa muchedumbre humana, permítanme la expresión, sea de verdad un pueblo28.

26 Ibíd., p. 287. 27 Ibíd., p. 81.28 Discurso de investidura, 2-2-1999.


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El pueblo había desaparecido, pero con su victoria renació a partir de dos requisitos: el heroísmo y la unificación en torno a una voluntad común.

… aquí en Venezuela el pueblo se evaporó un tiempo como el agua se evapora, pero llovió y ha vuelto. Ha vuelto a hacerse presente un pueblo; porque ¿cuáles serían las condiciones necesarias, esenciales, para que un grupo humano pueda ser considerado un pueblo? Al menos dos condiciones esenciales pudiéramos traer aquí, a esta Asamblea. Dos condiciones sin las cuales un conglomerado humano no podemos llamarlo pueblo; una de ellas, es que ese conglomerado tenga y comparta glorias pasadas, comparta las glorias de su pasado, conociéndolas, teniendo conciencia de dónde viene y cuáles son esas glorias que compartimos en común, y por otra parte… 29

El pueblo se hace a partir del conocimiento de las glorias pasadas, generalmente relacionadas con la Guerra de la Independencia y con la gesta de Bolívar y de otros próceres de la patria. Lo que hace al pueblo es el componente guerrero, bélico, haber dado su sangre por la libertad de sí mismo y de otras naciones. Los venezolanos eran un pueblo heroico que debía recuperar su heroísmo en el siglo XXI.

Nosotros somos uno de los pueblos libertarios del mundo, nosotros somos un pueblo de creadores, de poetas, de luchadores, de guerreros, de trabajadores, ahí está la historia que lo diga, hagamos honor a eso, hagamos honor al espíritu de nuestros aborígenes, de nuestros libertadores, de nuestras mujeres, de nuestra juventud en La Victoria, todo eso lo tenemos nosotros en las venas y en el barro con que fuimos hecho, demostrémoslo, es el momento de demostrarlo.30

La segunda condición para que una masa de individuos sea pueblo es estar unificado bajo una “voluntad común” que lo una y lo convierta en un todo, fundiendo la masa del pueblo en una totalidad orientada a un mismo propósito. Todo el pueblo orientado a una misma finalidad supone que no existen diferencias en su seno y, como habitualmente las hay, ello implica o un debate muy fuerte o la imposición del propósito decidido por el mandatario. Si no se encuentra unificado de esa manera, no es pueblo y es, simplemente, una suma de individuos que viven sin conciencia de su “pasado unitario” y sin una voluntad común que los una, en forma anárquica y caótica. El pueblo no está formado por individuos, sino que es un agregado unificado en esa voluntad común.

29 Chávez Frías, Hugo, “No hay revolución sin pueblo…”: discurso con motivo del reconocimiento del Ejecutivo al carácter originario de la Asamblea Nacional Constituyente y entrega de propuestas para la nueva Constitución (5 de agosto de 1999), en Hugo Chavez, la construcción del socialismo del siglo XXI: discursos del Comandante Supremo ante la Asamblea Nacional, tomo 1 (1999-2002), Caracas, Eficem/Fondo Editorial de la Asamblea Nacional Willian Lara, 2013, pp. 45-46. Tomado de Guillermo Tell Aveledo, de su capítulo en este libro.

30 Ídem.


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La segunda condición a la que quiero referirme para que una muchedumbre sea pueblo, al mismo tiempo en el presente, debe tener una voluntad común que lo una —diría Bolívar: si no fundimos la masa del pueblo en un todo, si no fundimos el espíritu nacional en un todo, la República será un caos y una anarquía. El pueblo, agregaría yo, dejaría de ser pueblo para convertirse, sencillamente, en sumatoria de seres humanos que viven sin conciencia de su pasado unitario y mucho más grave aún, sin una voluntad común que los una ante la adversidad31.

I. El pueblo resucitó con Chávez

El pueblo venezolano estaba muerto cuando él ganó las elecciones. Con su victoria, consideró que el pueblo había “resucitado”. Con ello establece el punto de partida de su narrativa populista: con él comenzaba una nueva etapa en nuestra historia, además, una etapa revolucionaria, que era una nueva vida. El pueblo se había empezado a reconstituir a partir de su figura.

Esa resurrección a la que me refería tiene una fuerte carga moral, social, es un pueblo que recuperó por su propia acción, por sus propios dolores, por sus propios amores, recuperó la conciencia de sí mismo y allí está clamando, en las afueras del Capitolio y por donde quiera que vayamos.

II. Esa resurrección popular es la revolución

La resurrección del pueblo era un mandato moral para hacer una revolución.Eso no tiene otro nombre que una revolución. Terminando el siglo XX y comenzando el siglo XXI venezolano aquí se desató una verdadera revolución, señores, y yo tengo la certeza de que nosotros le vamos a dar cauce pacífico, que nosotros le vamos a dar cauce democrático a esa revolución que anda desatada por todas partes. (…) Venezuela está herida en el corazón; estamos al borde de un sepulcro; pero como los pueblos no pueden morir porque los pueblos son la expresión de Dios, porque los pueblos son la voz de Dios, resulta, queridos compatriotas, que felizmente, por encima y más allá de toda esta catástrofe inmensa, hoy en Venezuela estamos presenciando, estamos sintiendo, estamos viviendo una verdadera resurrección. Sí, en Venezuela se respiran vientos de resurrección, estamos saliendo de la tumba, y yo llamo a que unamos lo mejor de nuestras voluntades porque es el momento de salir de la tumba32.

31 Ídem32 Ídem.


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III. La revolución no admite consenso, sino en torno a lo que Chávez diga

Contra un pasado en el que predominó el acuerdo entre los distintos factores de poder político y social, la expectativa con el gobierno de Chávez era si continuaría funcionando bajo el esquema consensual de Puntofijo, o iría hacia otro esquema. Pero el consenso ahora lo definía el mandatario: sería un acuerdo en torno a lo que él consideraba el camino correcto a seguir, o no habría acuerdo.

El consenso sí, lo quiero, pero no el consenso retrógrado, porque también decía Bolívar aquello en ese mismo discurso, ahora que lo recuerdo; él decía: no es que haya dos Congresos, nosotros queremos la unión, no podemos estar dividiendo el Congreso, pero el Congreso debe oír a la sociedad patriótica, Y entonces decía Bolívar: “Unirnos para apoltronarnos, unirnos para observar cómo pasan los acontecimientos, antes era una infamia, hoy es una traición”. Hoy, señores, unirnos a los que quieren conservar esto tal cual está, buscar consenso con los que se oponen a los cambios necesarios, yo digo hoy como Bolívar: ¡es una traición¡ (…) no hay marcha atrás en la revolución política que tenemos que impulsar y que claman las calles del pueblo de toda esta tierra de Bolívar.33

IV. La revolución es total

En aquel momento fundacional no era fácil saber hacia dónde se orientaría Chávez durante su gestión. Él mismo no tenía claro el alcance de su proyecto, pero sí sabía que impactaría en todas las esferas de la vida. El contenido concreto de esa revolución no aparecía aún, pero era un cambio profundo. Era un concepto vacío que Chávez llenaría con su clarificación progresiva.

Por tanto, dentro de esa propuesta política que es, ustedes lo saben, el eje central de ese proyecto en lo político, pero que tiene fuerte impacto en lo económico y en lo social y en lo moral y en lo jurídico y en el todo.34

No hay revolución sin teoría revolucionaria. ¿Cuál es la teoría revolucionaria de esta revolución? El bolivarianismo es la teoría revolucionaria de esta revolución bolivariana. Hay que trabajarla, hay que profundizarla, hay que estudiarla.35

A finales de 2001, aclara más qué era la revolución:Oigan esto, y les pido a todos que lo desarrollemos, que lo procesemos y que lo difundamos: ¿cuál es la razón de que los contrarrevolucionarios, los medios de comunicación de la oligarquía, los partidos políticos del viejo régimen, y la oligarquía misma, estas cúpulas empresariales de la oligarquía todos se han unido

33 Ídem.34 Ídem.35 Discurso de juramentación de los círculos bolivarianos, el 17-12-2001.


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y estos grupos de sindicaleros corruptos que ahora pretenden otra vez erigirse en los dirigentes sindicales del país. ¡Qué va!, están equivocados, no lo van a lograr. Pero todos ellos se han unido una vez más y están tratando de alterar el ritmo pacífico de la democracia revolucionaria y bolivariana. Están tratando de desestabilizar al país utilizando sus medios de comunicación y utilizando el dinero que tienen. ¿Por qué lo hacen? Sencillamente porque hemos llegado a un punto del proceso revolucionario en el cual nosotros estamos obligados a tocarles el corazón de sus intereses históricos. Tenemos que hacerlo, porque si no lo hiciéramos, ¿qué revolución estaríamos haciendo? Una revolución es aquella que cambia las estructuras, pero no solamente políticas, porque aquí ya hemos comenzado a cambiar las estructuras políticas. Pero eso no es lo más importante, porque las estructuras políticas no son el fin en sí mismas. Las estructuras políticas son un instrumento para el fin supremo de la revolución, el fin supremo de la revolución lo definía Simón Bolívar cuando hablaba en Angostura de que el sistema de gobierno más perfecto debe ser aquel que le proporcione a su pueblo la mayor suma de seguridad social, la mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad posible.36

V. La revolución impone su propio marco jurídico

Lo que sí estaba claro era la necesidad de una nueva Constitución para marcar el inicio de un nuevo régimen y de la revolución, en lo cual no difería de la tradicional constitucional venezolana en la cual nuevos gobiernos apelaban al poder constituyente para crear las bases constitucionales de su ejercicio del poder o de su proyecto.

Con ello Chávez demostró que no venía a gobernar por un quinquenio, sino a regir un nuevo régimen político, es decir, un nuevo conjunto de instituciones, reglas y valores en el que aspiraba a gobernar por mucho más tiempo de lo acostumbrado desde 1958. Aunque la nueva Carta Magna replicó las instituciones liberales de 1961, difería esencialmente en ciertos aspectos cruciales para el funcionamiento del Estado. Con la Constitución de 1999 no solo creaba ese régimen, sino que, como toda revolución, imponía su propio derecho derogando el anterior. Pero lo importante en esta materia fue el modo de utilizar el derecho violándolo cuando fuera necesario.

VI. La profecía histórica de Chávez

En el discurso de toma de posesión de 1999 el flamante presidente de la República declaró oficialmente la “eutanasia” del sistema político venezolano, bajo cuyas bondades había sido electo. Decidió comenzar por la Constitución, a la cual calificó de “moribunda” y veía como el origen de todos los males habidos y por haber. Pero no se

36 Discurso de juramentación de los círculos bolivarianos, 17-12-2001 en: Todo Chavez http://www.todochavez.gob.ve/


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quedó ahí, fue más allá. Con la muerte de la Constitución moriría “el modelo político nefasto” de los últimos cuarenta años.

Tiene que morir y junto a ella el modelo político nefasto al que dio nacimiento en estos últimos cuarenta años. Eso tiene que morir. Va a morir, señores. Acéptenlos todos y es necesario que muera, pero claro que, al mismo tiempo, es necesario que nazca otro modelo37.

3.3 Características de la idea de pueblo de Chávez

Al comenzar su mandato Chávez tenía su propia teoría del pueblo, que ya mostraba los rasgos que la caracterizarían. Veamos rápidamente las más importantes.

I. Organicista

Era una visión organicista del pueblo al ser unificado por una voluntad que lo unía, que fundía la masa del pueblo, el espíritu nacional, en un todo orgánico definido desde arriba. Ese “todo” era la voluntad del líder canalizada desde el Estado mediante unas figuras asociativas que aseguraban su organicidad en torno al proyecto político.

II. Providencialista

La idea de pueblo de Chávez remitía a la noción de un agente histórico poderoso que liberará al pueblo, o lo redimirá, o lo sacará de la pobreza para llevarlo a una vida plena en un futuro indeterminado. Aquí se observa que el pueblo no es el sujeto, sino el objeto de la acción del líder providencial; el pueblo será servido por el agente fundamental del proceso revolucionario que son los militares, dirigidos por Chávez.

III. Historicista

La idea de pueblo chavista es historicista, porque postula que la historia tiene una dirección, hay un destino histórico reservado para el pueblo —la felicidad suprema— que se inició con la Independencia y que los traidores de Bolívar detuvieron durante la IV República, y fue retomada por Chávez al llegar al poder para dar término a lo que empezó en la guerra de Independencia.

IV. Colectivista

Frente al interés común los intereses individuales no importan, o valen menos, y pueden ser sacrificados en aras del fin colectivo. En reiteradas ocasiones Chávez y

37 Discurso de investidura, 2-2-1999.


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Maduro llamaron la atención acerca de la poca importancia del interés individual frente al colectivo.

V. Unanimista

El interés del pueblo es tan importante que la voluntad común debe imponerse sin oposición. Se cancelan las diferencias o se confrontan y reprimen, y prevalece un solo mensaje, una sola ideología; los que se opongan son traidores o enemigos.

VI. Uniformista

Por lo tanto, es lógico y necesario que se ocupe al Estado con los funcionarios que comparten esta idea; es decir, con chavistas, y que, además, se distingan de los demás por el uso del color rojo en sus vestimentas, por un mismo lenguaje, unos eslóganes, etc.

VII. Potencial totalitario

Al ser el todo más importante que las partes, los individuos, o lo individual, cuenta menos o nada frente a la totalidad. Además, las principales formas de organización del pueblo (como veremos más adelante) tocan todos los aspectos de su vida y, de allí, la idea de organizar al pueblo desde la cuna a la tumba y desde arriba, con base en la idea de que el gobernante conoce mejor que nadie las necesidades y deseos de la gente (por ejemplo, la sociedad comunal planteada por Chávez en 2007).

VIII. El potencial autoritario

Esto introdujo un verticalismo en la organización social creada por Chávez o en las relanzadas dentro del proyecto. Por ello, la característica fundamental de la organización popular chavista es que son creadas y dirigidas desde el Estado, desde arriba, lo que lleva a que se imponga, casi siempre, la lógica del poder antes que la lógica social. Además de agrupar a la población verticalmente hay que absorber, o dejar de lado (si no están de acuerdo con la nueva lógica asociativa) al anterior modelo organizativo practicado por la sociedad venezolana. La primera decisión fue crear los consejos bolivarianos como una mega estructura estatal dentro de la cual el pueblo podía “escoger” organizarse.


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IX. La idea de pueblo como simplificación del espacio político

Con este marco referencial el exmilitar buscó imponer su narrativa del proceso político que lo llevó a Miraflores y su propia teoría del pueblo. La “artillería” verbal obedecía a la necesidad de darles a sus seguidores un marco de referencia que encuadrara la visión del pueblo acerca de sus enemigos, incriminando a los presuntos culpables de la situación social de los pobres y movilizando a este en contra de aquellos. En tal sentido, uno de sus grandes objetivos era descalificar el pasado venezolano y a su clase política como argumento central de su campaña para llegar al poder y mantenerse en él.

Esto es lo que Laclau ha llamado la simplificación del espacio político,38 mediante fáciles dicotomías como la oposición entre pueblo y oligarquía, concepto este que Chávez resucitó del vocabulario del siglo XIX y principios del XX. Pero, además, tenía que desarrollar una visión de lo que quería crear. De allí la necesidad de una alta emisión de mensajes públicos por radio y televisión a fin de poner en circulación el enfoque chavista de la historia, de la realidad presente, del pueblo y, sobre todo, para ir fijando la línea a seguir. Ningún mandatario anterior actuó así en Venezuela. Chávez era un activista, público y notorio, en la construcción de una nueva dominación.

No era la primera vez que se apelaba al pueblo como actor político en Venezuela. Diego Urbaneja ha demostrado que, a lo largo de nuestra historia desde el siglo XIX hasta el XX, los venezolanos hemos sido apelados como pueblo mediante tres programas: el liberal, el positivista y el democrático39. Frente a esos tres tipos de apelaciones, la de Hugo Chávez podemos conceptualizarla como la idea autoritaria y totalitaria de pueblo: la fórmula organizativa es decidida por el mandatario, la dirige, le fija los objetivos, la financia y abarca todos los tópicos de la vida cotidiana de la población.

Chávez no veía al pueblo desde un punto de vista constitucional-democrático; ni lo vio desde un punto de vista democrático procedimental. “Su” pueblo no estaba formado por todas las clases sociales, aunque debió apelar a todas a fin de obtener la mayoría electoral que le permitiera gobernar, tal como lo hizo en 1998. Mientras el programa democrático convocó al pueblo en general Chávez apeló a partes de él, a los pobres, lo cual puede ser comprensible como el centro de las políticas estatales, pero su convocatoria no implicaba excluir a otros sectores, ni mucho menos implicaba enfrentar a unos con otros, a pobres contra ricos o a pobres contra clase media. O a desatar un

38 Ernesto Laclau, La razón populista, México, Fondo de Cultura Económica, 2008, tercera reimpresión, p. 33. La simplificación significa “reemplazar una serie compleja de diferencias y determinaciones por una cruda dicotomía cuyos dos polos son necesariamente imprecisos.”

39 Diego Bautista Urbaneja, Pueblo y petróleo en la política venezolana del siglo XX, Caracas, Cepet, 1992.


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ataque demoledor sobre ciertos sectores a los cuales el imaginario chavista veía como enemigos del proceso de cambio.

La prioridad moral dada a los excluidos derivó en la imposición de cursos de acción autoritarios, impuestos en favor de la superación de la desigualdad y la miseria, nueva y suprema finalidad del Estado. Conceptual y prácticamente su proyecto no fue incluyente, pues si bien buscaba incluir a unos, por otro lado excluía a otros. De allí derivó la necesidad de crear un tipo de organización popular apropiada a esa confrontación. Mientras el programa democrático no buscó crear las organizaciones del pueblo, sino controlarlas; Chávez las creó desde el gobierno, por lo cual nacieron controladas o eran instrumentalizadas políticamente.

Con base en esta idea orquestará un sistema de confrontación contra las élites estratégicas venezolanas extendido luego a todos cuantos se le opusieran, a lo que llamamos un sistema populista de confrontación: con la fuerza del pueblo (electoral o de otra naturaleza) buscaba liquidar el sistema social y político que le permitió llegar al poder y, con ello, liquidar sus expresiones partidistas, empresariales, sindicales, gremiales y populares. Era un populismo revolucionario40.

Sin embargo, la gran expectativa de los venezolanos de 1998 era lograr la ciudadanía social para millones de personas en situación de pobreza y avanzar en la democracia participativa. Pero eso no lo tenían claro ni Chávez ni su grupo, o no lo querían ver. A lo mejor si lo plantean así no hubiera tenido el impacto que tienen las ideas planteadas de manera extrema41. Chávez logró en 1998 con su personalidad antipartidista aglutinar a las masas populares y a la clase media.

Con él comenzó un nuevo ciclo de movilización popular en la historia contemporánea de Venezuela pero, a diferencia del anterior, entre 1936 y 1948, el de Chávez no fue dirigido por partidos políticos, sino por personajes políticos como el mismo militar, Irene Sáez y Henrique Salas Römer. Por eso, antes que “emeverrista”, la población que se identificó con Chávez será chavista; a diferencia de la gente que se identificó con AD, que eran adecos antes que “betancouristas”. Pero a Chávez (y los chavistas) esto podía servir para ganar las elecciones, pero no para construir un proyecto político duradero y una nueva sociedad: no se podía sostener un modelo sociopolítico exclusivamente sobre la lealtad a una persona.

40 Lamentablemente carezco del espacio para abordar esta idea en profundidad.41 Comparto lo señalado por Kolakowski en relación con que el éxito de Marx estuvo en la forma extremista

de plantear sus ideas acerca del capitalismo y de la lucha de clases. Si lo hubiera hecho con toda la ponderación requerida por la ciencia, no hubiera tenido el impacto que tuvo. Leszek Kolakowski, Las principales corrientes del marxismo. III. La crisis, Madrid, Alianza Editorial, 1983, Epílogo, pp. 501-508.


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3.4. La revolución de expectativas

Si algo destacó en la revolución chavista fue el incremento desmesurado de las expectativas sociales en virtud del discurso de Chávez y de la Constitución aprobada en 1999. Fue una verdadera revolución de las expectativas populares. El optimismo estaba fundamentado en la certeza de que el nuevo presidente distribuiría la riqueza como lo había prometido. Para ello, Chávez optó por el estatismo en una escala mayor al tradicional intervencionismo estatal venezolano, a fin de satisfacer tantas esperanzas. Rápidamente el Palacio de gobierno se convirtió en receptor de todo tipo de peticiones. Un millón de cartas llegaban mensualmente a Miraflores42; la gente le entregaba papelitos al mandatario directamente o se las enviaba. Este las aceptaba y ordenaba responderlas, algunas veces por televisión o radio.

Fue la primera forma de relación concreta de Chávez con el pueblo. Era una relación personal entre el mandatario y la gente, emotiva y utilitaria. No era el Estado el que aliviaba la necesidad de un ciudadano, sino un individuo de buen corazón y obsequioso. Allí comenzó a formarse el vínculo asistencialista entre el líder y el pueblo que venía a sustituir el vínculo partidista roto en 1998. En lugar de verlo como el ejercicio de un derecho, el socorrido lo veía como un favor, como una ayuda de alguien bondadoso. El flamante mandatario no rechazó este tipo de relación, sino que la cultivó, personal e institucionalmente, viendo en ella una manera de acrecentar su capital político-electoral, pues los asistidos agradecerían el favor.

Sin embargo, la relación era impráctica en esos términos. Viendo cómo se desbordaba el asunto de los papelitos, un día se quejó de que la gente lo veía a él, directamente, como el solucionador de los problemas de cada peticionario. Este tipo de relación fue cultivada no solo personalmente, sino también mediante las políticas sociales y mediante unos mecanismos para organizar al pueblo que veremos en la última parte de este capítulo. La textura del optimismo era paternalista, utilitaria y escasamente ideológica. Rápidamente constatará que este tipo de conexión no servía para superar la depauperación. En 2003 se dio cuenta de que la pobreza no había bajado, sino aumentado43.

42 Patricia Márquez, “¿Por qué la gente votó por Hugo Chávez?” en: Steve Ellner/Daniel Hellinger (editores), La política venezolana en la época de Chavez. Clases, polarización y conflicto, Caracas, Nueva Sociedad, 2003, pp. 270-271.

43 A pesar de la disparidad de las cifras en materia de pobreza, de acuerdo con Riutol, del 52,7% de pobreza total por persona en 1998 se pasó a 65,5% en 2004 y la pobreza extrema pasó de 22,3% a 33,6% en los mismos años. Matías Riutol, “Ingreso, desigualdad y pobreza: 1995-2005” en: www.cs.usb.ve/sites/default.


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El clima de opinión pública negativo generado por un explosivo 2002 lo puso en riesgo de ser revocado en 2003, pero logró retrasar la convocatoria del referendo por un año. En el ínterin creó las misiones mediante un convenio con Cuba y revirtió la mala imagen de los años previos. No obstante, Chávez quería algo más que una relación electoral con el pueblo. Quería organizar a la gente pobre dentro de mecanismos sociopolíticos capaces de mantenerlos adscritos de manera permanente a las filas chavistas y haciendo correas de transmisión con los programas sociales del Estado. Aquí nació un nuevo tipo de clientelismo que se agregaba al tradicional: el clientelismo autoritario. Este consiste en la amenaza y la concreción de esta de despojar de un beneficio estatal a aquellos que cuestionen e intenten dejar de comulgar con la orientación política del líder revolucionario.

Era una versión del triángulo ceresoliano: líder, misiones, masas populares, parafraseando la aconsejada por el argentino: líder, ejército, pueblo. El partido político entraba en el trípode no como la vanguardia que impulsa al pueblo, sino como un dispositivo más. La democracia para Chávez valía por su capacidad de redimir a los excluidos y no por sus virtudes como procedimiento para elegir un gobierno legítimo. Era una democracia donde el resto de los sectores sociales no contaban o eran menos importantes. Y algunos de ellos, incluso, eran enemigos. Chávez politizó a los pobres polarizándolos con los sectores más y menos pudientes, lo que generó un campo de confrontación antidemocrático, claramente autoritario y con un potencial muy alto de desarrollo no democrático que se ha venido realizando con el paso de los años.

El sistema populista de conciliación que había predominado hasta 1998, según Rey44, dio paso a un sistema populista de confrontación, en el cual, en nombre de los excluidos, se desencadenó una dinámica conflictiva contra las élites estratégicas del país (empresarios, Iglesia, medios de comunicación, universidades públicas, partidos, Estados Unidos, etc.). Los ataques presidenciales desataron la reacción de la clase media y empresarial, los cuales respondieron con paros y marchas que condujeron al choque fratricida de 2002, con saldo de muertos y heridos, lo que provocó la salida temporal de Chávez del gobierno y su regreso al mismo en poco tiempo.

Los sucesos de abril de 2002 mostraron la configuración de ese sistema populista de confrontación, en el choque civil escenificado el 11 de abril y que, desde entonces, ha pervivido como una posibilidad latente en la dinámica política nacional, renovada a partir de 2017. Tras los sucesos de 2002, el campo de confrontación estaba claro. Si bien Chávez le agregaba elementos en función de su clarificación ideológica progresiva: desde el patriotismo electoral de 1998, la búsqueda de una tercera vía, hasta el socialismo del

44 Rey, Juan Carlos. 1991. “La Democracia Venezolana y la crisis del Sistema Populista de Conciliación”, en: Revista de Estudios Políticos, n° 74, Madrid, 1991.


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siglo XXI de 2005, la línea divisoria del conflicto no era el socialismo, ni la dicotomía de los pobre contra los ricos ni pueblo versus oligarquía. Era un antagonismo entre Chávez y quien se le opusiera; entre chavismo y antichavismo. Hoy, el antagonismo es entre el círculo del poder gobernante y una sociedad que reclama su derecho a elegir libremente a sus gobernantes.

El conflicto fue ganando espacio en las instituciones del Estado, pues Chávez había logrado penetrar a los demás poderes y desde 2005 el control sobre ellos fue total, debido a la ausencia de la oposición de las elecciones parlamentarias de ese año. En 2006, el régimen político era ya chavista. En 2007 intentó ir por el sistema político, pero fracasó en el referendo de la reforma constitucional. Lo que siguió fue una imposición legislativa de lo rechazado por el pueblo en el referendo y en 2009 impuso, inconstitucionalmente, la enmienda de la Constitución para introducir la reelección indefinida.

4. La organización del pueblo desde arriba: círculos bolivarianos, cooperativas, misiones, comunas, consejos comunales y CLAP

Esta parte del capítulo es fundamental, porque permitirá ver los alcances reales del discurso que Chávez desarrolló como una forma de crear discursivamente al pueblo que necesitaba para sus propósitos revolucionarios. Hay una fuerte inclinación a crear una forma de organización propia, con el sello chavista, que tiende a superponerse a la comunidad; pero también hay un reconocimiento a experiencias organizadas preexistentes que el mandatario relanza dentro de su programa; hay otras formas asociativas prechavistas que fueron confrontadas y dejadas de lado.

En este último caso, ello implicó repeler a las organizaciones no gubernamentales existentes, cuyo rasgo más importante era la autonomía de acción, la intermediación y el tratamiento técnico de los problemas. No en balde el gobierno planteó un conflicto frontal desde el 2000, cuando Luis Miquilena, Ministro del Interior, preguntó qué cosa era la sociedad civil, “¿Cómo se come eso?”. Todo ello a pesar de que la sociedad civil estaba reconocida constitucionalmente como sujeto de derecho. Desde ahí se planteó un conflicto entre el gobierno y la sociedad civil venezolana que no distinguió entre sus viejas y noveles promociones; entre la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y Queremos Elegir, por ejemplo. Desde ese momento se vio que las asociaciones que defendían su autonomía no le servían a Chávez y desató una confrontación contra ellas. Había que eliminar no solo los poderes políticos de la democracia venezolana, sino también los poderes sociales formados tanto por las expresiones de una sociedad


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civil tradicional (creada antes de la democracia) y una nueva sociedad civil (creada en democracia).

Al describir los intentos de organización chavista de la sociedad venezolana, observamos una serie de hitos principales (la tendencia central de Chávez en materia asociativa) y otras expresiones populares importantes, pero que no tenían la envergadura de las principales: es la relación, por ejemplo, entre los círculos bolivarianos y los comités de tierras urbanas (CTU), ambos creados por Chávez. Curiosamente, la que más perdurado es la segunda, mientras que la primera ha perdido la estelaridad inicial, probablemente porque los círculos nacieron desde arriba, mientras que los CTU nacieron desde abajo y antes de llegar Chávez al gobierno.

Ya desde la cárcel Chávez y el MBR-200 venían pensando en cómo organizar al pueblo no solo desde una perspectiva política y social, sino también militar. La sociedad venezolana de los noventa tenía formas propias de organización, pero la idea del MBR-200 y de Chávez era organizarlo de una manera distinta, con un fuerte trazo militar. La misma actividad de construcción de bases de apoyo se vio en el ámbito de la oficialidad, quizás el sector donde más efectivo ha sido ese trabajo. En el área política, la construcción de tejido partidista ha tenido también una larga trayectoria, observándose un hacer y un deshacer, cual tela de Penélope, de los mecanismos propiamente políticos necesarios para que la revolución tenga bases firmes en la sociedad y en el Estado. Incluso puede hablarse de la búsqueda de creación de tejido institucional internacional, a fin de “exportar” o conseguir apoyos para la revolución. En esta parte abordamos solo la construcción de las bases sociopolíticas.

En tal sentido, haremos una revisión desde la creación de los círculos bolivarianos, la reforma de la Ley de Cooperativas, los CTU hasta los consejos locales de abastecimiento y producción (CLAP), pasando por las misiones, los consejos comunales y las comunas, entre los mecanismos más importantes. No se puede hacer un análisis adecuado de este tema sin echar una mirada a lo que acontecía en el mundo asociativo venezolano preexistente al chavismo.

Antes de la llegada de Chávez al poder había en Venezuela una variedad de formas de organizaciones sociales que era muy difícil ignorar. Muchas de ellas se subsumían en el concepto de sociedad civil, mientras que otras se identificaban como organizaciones populares. Hay que destacar que Chávez manejó el término sociedad civil en algunas ocasiones y cuando decidió ser candidato buscó a las organizaciones pertenecientes a ese mundo y suscribió muchas de sus propuestas. Una vez en el poder, en el marco de la ANC, buena parte del articulado de lo relacionado con los derechos constitucionales fue tomado de propuestas de organizaciones civiles que eran “aspiraciones de cambio que se estuvieron formulando y debatiendo en los lustros anteriores en espacios institucionales


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como la Copre, en el seno de organizaciones de la sociedad civil, o fueron expresadas en la lucha callejera45.

Chávez pensó en crear su “propia” sociedad civil desde el gobierno. Sin embargo, a partir del 2000, la posición fue girando hacia una actitud confrontacionista, en la que destacó el ataque demoledor lanzado en contra de las organizaciones de la sociedad civil, a pesar de esta haber obtenido rango constitucional en 1999. En esta parte del capítulo nos detendremos a ver las figuras más importantes usadas por Chávez y el chavismo, para crearle una base sociopolítica a la revolución, teniendo en cuenta que esa creación organizativa estaba atravesada por la dinámica política confrontacionista, polarizada y autoritaria desatada por el accionar del mandatario y por las respuestas que recibió de sus opositores. Pero también estaba atravesada por las diferencias internas del chavismo (que no podemos entrar a analizar), en particular, las existentes entre los dirigentes de los partidos MBR-200 y MVR, y los dirigentes populares de las organizaciones sociales como los círculos bolivarianos46, que solo Chávez podía catalizar. El mandatario aparecía como el receptor de todas las diferencias y las enfrentaba cambiándole el juego a las tendencias. Un ejemplo de ello está en la creación de los círculos bolivarianos con los cuales pretendía relanzar al MBR-200 en lugar de fortalecer al MVR con el cual había ganado las elecciones, pero cuya situación interna le obligó a volver al antiguo MBR-200. Al final del día, ni el MVR, ni el MBR-200 ni los círculos fueron experiencias organizativas sustentables, por lo que fueron sustituidas por nuevas fórmulas.

Esa es la característica fundamental de las bases sociopolíticas del chavismo a lo largo del período: un constante ensayo y error, un permanente ir y venir, un hacer y un deshacer, hasta que logró una fórmula que parecía definitiva: la idea de una sociedad comunal, con la comuna como la célula básica de organización de la población y los consejos comunales como un mecanismo controlado de “participación” popular. Sin embargo, la muerte de Chávez y la crisis del modelo económico chavista pusieron a prueba toda esta experiencia asociativa bajo el gobierno de Maduro quien, además, ha agregado sus propias formas de organización popular, cuya característica más importantes es que son figuras de crisis, para enfrentar la escasez y la inflación.

En todo caso, la participación popular en el gobierno chavista iba por donde Chávez quería que fuera. Y ello dependía de varios factores que, a veces actuaban todos juntos: el grado de clarificación ideológica del mandatario, sus necesidades político-electorales coyunturales, la cantidad de recursos con los que contara el gobierno, su

45 Margarita López Maya, “Venezuela: Hugo Chávez y el bolivarianismo” en: Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, v.14 nº 3, Caracas, dic. 2008, http://www.scielo.org.ve

46 Para una aproximación a estas divisiones y contradicciones véase Kirk Hawkins “La organización populista. Los círculos bolivarianos en Venezuela” en: http://www.flacsoandes.edu.ec/biblio/catalog/


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estilo heteróclito, su impaciencia por conseguir resultados y su relación con Fidel Castro. Frente a esa preponderancia del líder, todos los demás factores que pueden explicar el éxito o el fracaso de unas iniciativas (aspectos técnicos, necesidad de autonomía para que los procesos organizativos tengan vida propia, complejidad, etc.), quedaban en un segundo plano. Dada la personalidad avasallante de Chávez era muy fácil que se erigiera, como se erigió, en el factótum de todo. En su liderazgo estaba el origen, pero también el fin de todas las experiencias asociativas y ellas le permitieron acumular mucho poder social que se sumó al poder institucional y político concentrado en sus manos, pero no garantizaba su éxito.

4.1. Los círculos bolivarianos y los consejos locales de planificación

Los círculos bolivarianos fueron la primera forma de organización social típicamente chavista que implementó el gobierno de Hugo Chávez. Decimos que fue la primera modalidad “típicamente chavista”, pues diferían de los consejos locales de planificación pública (CLPP), creados por la Constitución de 1999 (Art. 182) bajo la presidencia del alcalde. Posteriormente fueron desarrollados en la Ley Orgánica de Planificación del 13 de noviembre de 2001. Los CLPP formaban parte de las figuras organizativas derivadas de la política de descentralización política, impulsada desde 1989, y eran expresión del paradigma asociativo de la democracia representativa, pues reconocían a las asociaciones de vecinos y al nivel parroquial, figuras que serán desplazadas en la medida que Chávez clarificaba su modelo de organización popular.

En 2002 fue aprobada la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública. Según el artículo 2 de la ley, los CLPP eran órganos de planificación integral del gobierno local, en el marco del decreto-Ley Orgánica de Planificación, con el propósito de lograr la integración de las comunidades organizadas y grupos vecinales mediante la participación y el protagonismo dentro de una política general de Estado, descentralización y desconcentración de competencias y recursos, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Cada CLPP promoverá y orientará una tipología de municipio atendiendo a las condiciones de población, nivel de progreso económico, capacidad para generar ingresos fiscales propios, situación geográfica, elementos históricos, culturales y otros factores relevantes. En todo caso, el CLPP respondería a la naturaleza propia del municipio.

Además del alcalde, el resto de los integrantes eran los concejales del municipio, los presidentes de las juntas parroquiales, los representantes de organizaciones vecinales de las parroquias, el o los representantes —por sectores— de las organizaciones de la


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sociedad organizada y el o los representantes de las comunidades o pueblos indígenas, donde los hubiere.

Este era un modelo asociativo distinto al que Chávez irá perfilando, pues implicaba transferir competencias y recursos al nivel municipal, mientras que el paradigma chavista iba en la dirección opuesta; la de una mayor concentración de competencias y de recursos en el Poder Ejecutivo. Esa fue la razón por la que terminó perdiendo vigencia esta figura asociativa “no solo en el ánimo de la sociedad, sino también en el propio gobierno, el cual dedicó desde el año 2006 todas sus energías en el sentido de la participación, a los consejos comunales”47.

Sin embargo, mucho antes de la creación de los consejos comunales Chávez puso todo su empeño en la creación de los círculos bolivarianos, a los que llamó “el alma del pueblo”. Los círculos fueron creados por Chávez oficialmente el 11 de junio de 2001 y su juramentación fue el 17 de diciembre de 2001 en un acto en la avenida Bolívar. No eran una fórmula nueva, pues sus antecedentes estaban en la estructura organizativa del MBR-200. Mediante los círculos, el partido militar buscaba su inserción popular en las barriadas pobres. Eran:

Grupos locales pequeños muy similares a los comités o células de otras organizaciones. Tenían sí, como peculiaridad, que para ingresar en ellos era necesario hacer un compromiso “bolivariano”, es decir, un juramento de ser “trabajador, honesto, humilde y solidario”. Se coordinaban en el nivel municipal a través de las llamadas coordinadoras bolivarianas de municipio. Para 1996 había también coordinadoras regionales en todas las entidades federales del país.48

El Estado calcó esta forma de organización partidista para implementarla en la sociedad. De acuerdo con la información oficial de la Presidencia de la República, los círculos bolivarianos eran grupos organizados, conformados por el pueblo en un número variable que podía oscilar entre siete y once personas, las cuales se reunían para discutir los problemas de su comunidad y canalizarlos a través del organismo competente, para buscar su pronta solución, basándose en lo consagrado en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Los círculos bolivarianos, entre otras funciones, también debían divulgar los sueños e ideales del Libertador Simón Bolívar, así como el de su maestro Simón Rodríguez y el de Ezequiel Zamora.

47 Nelly Arenas, “El gobierno de Hugo Chávez: democracia, participación y populismo” en: Dante Avaro, Daniel Vásquez Valencia (compiladores) Venezuela: ¿mas democracia o mas populismo. Los consejos comunales y las disputas sobre la hegemonía democratica, Buenos Aires, Teseo, 2010, p. 26. En este trabajo pueden verse distintas razones por las cuales decayó esta forma de participación.

48 Margarita López Maya, “Hugo Chávez Frías, su movimiento y presidencia”, en: Steve Ellner/Daniel Hellinger (editores), La política venezolana en la época de Chavez. Clases, polarización y conflicto, Caracas, Nueva Sociedad, 2003.


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Así lo establecía el juramento oficial ideado por el mismo Chávez en el que dejó claro que la creación de los círculos era una manera de relanzar al MBR-200, que había quedado marginado ante el MVR, encargado de enfrentar las elecciones de 1998.

Repitan conmigo el juramento bolivariano, repitan: juro delante de usted. Juro por el Dios de mis padres. Juro por ellos. Juro por mi honor y juro por mi Patria, que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que hayamos roto definitivamente las cadenas que oprimen a Venezuela como herencia de los poderosos que destrozaron la Patria y juro que me dedicaré por entero al trabajo, a la ideología bolivariana, a la organización popular, a la movilización popular, al poder popular, a la lucha irrenunciable todos los días y todas las noches que me queden de vida con los círculos bolivarianos en las redes bolivarianas, en las corrientes bolivarianas, en las fuerzas bolivarianas y en el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 que hoy renace después de 19 años por voluntad soberana del pueblo venezolano. Juro que lucharé sin descanso por la defensa de la revolución, aun a costa de mi vida para que viva Venezuela. Juro que consolidaremos para siempre la revolución bolivariana y la patria de nuestros hijos. Lo juro”49.

El único requisito para conformar un círculo bolivariano era compartir los ideales de Bolívar (ser “bolivariano”), sin importar sexo, nacionalidad, raza, religión, color, estado civil, profesión u ocupación50. Se buscaba que se “especializaran” por asuntos: salud, seguridad, aseo urbano, mantenimiento de las calles, entre otros. El punto de partida para la organización de los círculos era la parroquia y, a partir de allí, se ascendía al nivel municipal, estatal y nacional. La sede nacional era el Palacio de Miraflores y su máximo dirigente era el presidente de la República51, a diferencia de los CLPP, cuyo presidente era el alcalde de municipio.

Uno de los problemas con los círculos es el cómo se definían, pues había una definición oficial pero también una definición política que planteaba unos fines no explícitos en la definición oficial. Uno de los militantes de los círculos los definió de la siguiente manera: oficialmente, sus objetivos eran reivindicativos, tal como expresamente fueron establecidos por el gobierno. Sin embargo, los objetivos no expresos iban mucho más allá de los meramente reivindicativos. No se mencionaba expresamente en el documento oficial que los círculos tenían que cumplir una función política, como era la de defender al gobierno de Chávez. Los círculos eran, para Chávez, la mejor expresión de la democracia participativa y protagónica:

49 Discurso de juramentación de los círculos bolivarianos, el 17-12-2001.50 Esta información aparecía en www.venezuela.gov.ve. Sin embargo, hoy en día, los círculos bolivarianos

no aparecen reflejados en la página web del gobierno venezolano, lo que indica que es una figura asociativa superada.

51 Véanse todos los detalles en Raúl Arrieta Cuevas, Los círculos bolivarianos. La democracia participativa según Chavez, Caracas, Editorial Veporlalibertad, 2003, pp. 89 y ss.


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En lo político: profundicemos la democracia participativa y protagónica y aquí está el ejemplo: todo el poder para el pueblo es la consigna de los círculos bolivarianos. El poder popular, desde abajo, la democracia real del pueblo (…) Estamos terminando el 2001 con un evidente fortalecimiento del movimiento popular y eso es un signo de fortaleza en el proyecto político revolucionario. El año 2002 va a ser un año de ofensiva popular y política revolucionaria.52

El discurso de juramentación de los círculos, aprovechando un nuevo aniversario de la muerte de Simón Bolívar, fue realmente una definición de un campo de confrontación sociopolítica inédito, ajeno al democrático-liberal de antes de 1998. Era la lucha del “pueblo” contra la “oligarquía” en la cual los círculos debían jugar un papel fundamental junto a los otros factores de la estructura de poder que Chávez venía creando aceleradamente. Allí fijó los objetivos políticos-ideológicos de los círculos bolivarianos y, en general, del chavismo en el poder:

Ustedes saben que Bolívar fue traicionado en vida por la oligarquía depredadora, esta misma oligarquía que ahora quiere cantar como gallos, esta misma oligarquía que ahora amenaza de manera ridícula al gobierno revolucionario porque es ridícula la amenaza de la oligarquía, absolutamente ridícula, esta misma oligarquía fue la que traicionó a Bolívar la que lo expulsó de Venezuela por allá en 1829-1830 y lo mandaron a matar y casi lo matan, la misma oligarquía que le prohibió regresar a Venezuela, la misma oligarquía que expulsó de aquí al Mariscal Sucre, al Gran Mariscal de Ayacucho, y no le permitió volver a Venezuela, la misma oligarquía cuya mano asesina se alargó y asesinó vilmente al Mariscal Sucre en la selva de Berruecos, esa oligarquía que traicionó a Bolívar en vida es la misma que él pretende alterar el curso de la revolución bolivariana, ¡abajo la oligarquía! Hay que repetir como Zamora: el cielo encapotado anuncia tempestad, ¡oligarcas, temblad, viva la libertad!

Por eso, estas luchas de hoy, hermano, por eso estas batallas de hoy contra la misma idea de unos oligarcas insolubles que nunca se cansaron de explotar a los venezolanos, que nunca se cansaron de llevar a los venezolanos al abismo del que ahora hemos comenzado a salir, esa oligarquía depredadora es la misma ayer y es la misma hoy, su misma idea, su misma falta de moral, su misma falta de principios, su misma falta de patriotismo, su misma falta de sensibilidad ante el dolor del pueblo y hoy aquí en el renacimiento del Movimiento Bolivariano yo sigo denunciando ante el pueblo a esta salvaje oligarquía depredadora, con nosotros no van a poder, con nosotros se les acabó el pan de piquito, porque ahora hay un pueblo organizado y consciente y a pesar de que tienen casi todos los medios de comunicación a su servicio y aquí seguimos haciéndole una crítica constructiva a los medios de comunicación venezolano porque lo que dan es pena, lo que dan es vergüenza los grandes periódicos de Venezuela como El Nacional por ejemplo al servicio de la mentira y de la oligarquía depredadora o

52 Discurso de juramentación de los círculos bolivarianos, el 17-12-2001.


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El Universal, esos periódicos están envenenados y ustedes tienen que repetirlo por todas partes, y los canales de televisión mienten descaradamente tratando de atropellar al pueblo a la verdad y a la ética.53

Los círculos bolivarianos eran el relanzamiento del partido militar MBR-200, su partido militar original, que había sido dejado de lado en la campaña electoral, en la cual se creó un partido ad hoc, el MVR. Además, quería un modelo político de largo plazo, de predominio más allá de su persona:

Que se vayan olvidando los escuálidos, los escuálidos andan diciendo que ya ellos están listos para volver a Miraflores, los escuálidos y sus aliados la oligarquía depredadora andan diciendo que ya Chávez está caído, vengan pa’ que vean a Chávez caído, pues. Yo me retiro en el 2021, faltan 20 años, escuálidos, y me voy a encargar de que nunca me olviden.54

Frente a los rumores de golpe de Estado, Chávez veía a los círculos y a toda la infraestructura asociativa creada por su gobierno como uno de los elementos para la defensa de la revolución.

Y a los escuálidos que andan inventando por allí, y que aquí habrá un golpe de Estado y que van a sacar a Chávez o que van a matar a Chávez, bueno, yo les hago una advertencia; no es ninguna amenaza, es solo una advertencia: que no se equivoquen, que saquen bien sus cuentas y no se equivoquen, porque nosotros defenderemos esta revolución como sea y contra quien sea y de la manera que sea.55

La idea era aprovechar los problemas sociales de las comunidades y la promesa de solución por parte del gobierno, para penetrar en ella con una propuesta política e ideológica y llevarlas a otras actividades además, o más allá, de la discusión de los asuntos que afectan a la población en su zona residencial. La principal tarea era defender la revolución:

Tenemos que convencernos de ello cada día más, ideología y acción práctica, organizativa y organizarnos, ¿para qué?, para que el pueblo, como lo dice la Constitución, defienda sus derechos y cumpla con sus deberes para que el pueblo se organice, para ayudar al gobierno a cumplir las grandes metas de los planes nacionales y los planes regionales y los planes locales. Para que solucionemos juntos los problemas de la vivienda, de la seguridad, el problema del empleo, del trabajo productivo, el problema de las calles, de la infraestructura, el problema de la tierra, de la pequeña empresa, de la mediana empresa, el problema de la salud, el problema de la educación, esa es una tarea que todos tenemos que asumir. El pueblo organizado puede hacerlo con mucha mayor eficiencia, pero al mismo tiempo de organizarnos para exigir nuestros derechos y para contribuir por ellos,

53 Ídem. 54 Ídem.55 Ídem.


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también tenemos que organizarnos en círculos bolivarianos, en movimientos bolivarianos para cumplir con nuestros deberes. Y uno de los principales deberes de todo revolucionario es defender la revolución de las amenazas de los adversarios contrarrevolucionarios.56

Además de esa actividad estaba otra: las elecciones. En cada una de ellas, toda la infraestructura asociativa creada por Chávez tenía que cumplir un rol electoral: trabajar por la victoria de Chávez o de sus candidatos en los diversos niveles. Por esta vía comenzó un proceso de absorción de la comunidad por el Estado, llevada a cabo por el Poder Ejecutivo, mediante funcionarios públicos y partidistas, que van captando y encapsulando a la población dentro de un dispositivo Estado-partidista. Se buscaba organizar a la sociedad desde arriba, desde el poder, de manera vertical, pues los círculos pasaron a formar parte de la estructura del MBR-200 que, a su vez, era jefaturada por Chávez.

Dicho por el mismo Chávez, “estos círculos van a consolidar la revolución para siempre, pues son el alma del pueblo organizado”. En ese sentido, juramentó, con las manos en alto, a millares de ciudadanos que integraban entonces unos 20.000 círculos bolivarianos. Era una organización de masas que buscaba ser el brazo popular del MBR-200, nacido hace 19 años bajo su dirección. Cantó consignas revolucionarias en contra de la oligarquía financiera nacional, opuesta al proceso bolivariano.

El discurso de Chávez ese día dio una indicación de cuál era la aspiración de fondo con la creación de los círculos bolivarianos. Chávez no deseaba solo crear unas organizaciones sociales para el pueblo, aspiraba a algo más profundo: a una reorganización del sistema social mismo, mediante figuras asociativas que llegaran a la vida cotidiana de la población y, mediante ellas, abrirle espacio al Estado y a las prédicas del mandatario, con todo el mensaje político e ideológico, necesario para garantizarle apoyo electoral, o de cualquier otro tipo, al chavismo dirigente y, al mismo, tiempo, ideologizar a la población en una visión de las cosas que, más que socialista o izquierdista, era chavista, categoría preferible a las anteriores, pues dada la forma como se estructuró el pensamiento de Chávez es más preciso caracterizar al chavismo que caracterizar a Chávez como marxista, leninista, izquierdista o ultraizquierdista.

Los círculos bolivarianos tuvieron un papel destacado por pocos años. Se convirtieron en:

Una vasta red de asociaciones voluntarias que constituyen el mayor componente organizativo del movimiento populista que respalda a Hugo Chávez en Venezuela durante sus primeros años en el poder, involucrando en la cima de su actividad a casi 2,2 millones de personas. Los círculos juegan un rol clave en la manifestación

56 Ídem.


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contra la destitución temporal de Chávez en abril del 2002. Y también participan en la organización de comunidades, el acceso a programas gubernamentales de lucha contra la pobreza y en la campaña por el referéndum presidencial en el 2004. Sin embargo, luego de ese año, los círculos declinan su actividad y son reemplazados poco a poco por otras iniciativas del gobierno.57

Se presume que actuaron como grupos armados en los sucesos del 11 de abril de 2002. En el año 2004 ya no tenían el mismo peso en el discurso presidencial. Llama la atención las pocas referencias que hizo Chávez a los círculos bolivarianos en el año del referendo revocatorio, solicitado por la oposición contra su gobierno. Habían surgido nuevas modalidades de organización del pueblo: en lo social, las misiones eran lo que estaba de moda; en lo político-electoral creó la Unidad de Batalla Electoral que, según Gómez, sustituyeron los círculos58. Chávez mostraba una actitud cambiante tanto en lo organizativo como en lo ideológico: mudaba de ideología cada cierto tiempo y también de organización popular.

4.2. La “revolución cooperativista”

Los CLPP y los círculos no fueron los únicos dispositivos organizacionales creados por Chávez. A algunos preexistentes el gobierno buscó relanzarlos dentro de la perspectiva revolucionaria. En efecto, simultáneamente a los círculos bolivarianos y a los CLPP, Chávez relanzó en 2002 cooperativismo chavista tras la reforma a la Ley de Cooperativas. Fue un boom espectacular, pero absolutamente desdeñable.

El país pasó de casi 1.000 cooperativas en 1999 a 155.000 en junio del 2005, y a 306.792 cooperativas a finales del 2011, de estas no deben funcionar sino unas 20.000 para un total de 286.000 desaparecidas. El récord mundial lo tenía China, que en los 90 perdió 33.000 cooperativas de las 52.000 resultantes de la conversión en los 80, de igual número de comunas en cooperativas agrícolas, industriales y artesanales. En América Latina lo tenía Nicaragua poseía al pasar de 3.500 agrícolas constituidas en el primer gobierno sandinista a menos de 300 para el 2011.59

Las cifras más recientes datan de 2015, pero la falta de información oficial suficiente no impide que los analistas del sector puedan dar cuenta de la fallida experiencia cooperativista del chavismo. Hasta el punto de que Nicolás Maduro tuvo que reconocer el fracaso.

57 Kirk Hawkins, “La organización populista. Los círculos bolivarianos en Venezuela”. 58 Luis Gómez Calcaño, La disolución de las fronteras: sociedad civil, representación y política en Venezuela,

Caracas. Cendes, 2009, p. 72. 59 Oscar Bastidas, “Falso cooperativismo. Aplicaciones al caso venezolano”, abril 2014, en: http://www.

talcualdigital.com/Nota/123551/mas-cooperativas-para-el-cementerio.


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El superintendente de Cooperativas actual mencionó en noviembre 2015 que se han registrado 413.000 cooperativas; y por otra fuente, nos enteramos de que solo unas 100.000 tienen RIF y de estas solo unas 20.000 declaran impuestos (…) podemos imaginar mejor las dimensiones del cementerio de cooperativas mayor del mundo, el creado por el fallecido Chávez.60

Esto mostró la ligereza con la que Chávez trató el tema de la organización popular, buscando crear desde arriba procesos sociales que solo pueden surgir del seno de la misma sociedad y que, en última instancia, generan relaciones clientelares de apoyo a su gobierno para ganar elecciones, pero sin generar “capital social”, pues no tomaba en serio el proceso sociocultural de inserción real y maduración que supone el cooperativismo y, en general, cualquier soporte sociológico de un régimen político.

La invitación a constituir cooperativas como puntas de lanza de su proceso dizque revolucionario formulada por Tte. Coronel (r) a sus seguidores políticos organizados en círculos bolivarianos en marzo 2002, está en el origen de este descalabro. Ese llamado provocó que un elevado y aún no calculado número de ellos, asumieran la invitación como “obligación militante” y se lanzaran a constituir miles de cooperativas. También lo hicieron numerosos venezolanos de buena fe, pero en aquellos fue donde dominó la “viveza criolla” y el afán de fácil enriquecimiento.61

4.3. Los comités de tierras urbanas (CTU)

Son una forma de organización social creada legalmente, pero que reconoce una actividad preexistente por parte de las comunidades que luchaban antes del decreto por alcanzar el título de propiedad de sus terrenos. Aparecieron a principios de 2002 por decreto presidencial y, hasta el 2005, según datos de la Oficina Técnica Nacional para la Regularización de la Tierra, existían casi 6.000 CTU constituidos, “organizados en una red que tiene presencia en la mayor parte de los barrios de las grandes ciudades del país, cubriendo en su acción a una población cercana al millón de familias. Solo atendiendo a sus dimensiones, es evidente la importancia de este movimiento”62.

Para 2004 se habían constituido Comités de Tierra Urbana (sic) en 111 de los 336 municipios venezolanos, cuyo trabajo ha beneficiado a 106.483 familias, con

60 Oscar Bastidas, “Más cooperativas para el cementerio”, en: http://www.talcualdigital.com/Nota/123551/mas-cooperativas-para-el-cementerio

61 Oscar Bastidas, “Falso cooperativismo”, Art. Cit. 62 Andrés Antillano, “La lucha por el reconocimiento y la inclusión en los barrios populares: la

experiencia de los Comités de Tierras Urbanas” en: Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, v. 11, nº 3, Caracas, sep. 2005, http://www.scielo.org.ve/scielo.


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la entrega de 70.762 títulos de propiedad, debidamente registrados en los organismos competentes o registros subalternos63.

Los CTU tenían como antecedentes las asambleas de barrios en las cuales se dio un debate sistemático y profundo acerca de las necesidades específicamente barriales a comienzos de los 90. Esta corriente confluyó en los CTU.

La Asamblea de Barrios tuvo un aporte muy importante en definir algunos elementos de lo que podría ser un programa de luchas de los barrios de Caracas. El planteamiento de regularización de la tenencia de la tierra ocupada por los pobladores de las comunidades populares, las discusiones sobre la rehabilitación física de barrios, la propuesta de cogestión del servicio de agua de la ciudad, la demanda de autogobierno local, contribuyeron, entre otros, a enunciar y forjar el itinerario de lucha de los barrios caraqueños.64

Su objetivo era estimular la participación ciudadana en cuanto a la tenencia de la tierra.

De acuerdo con lo establecido en el mismo decreto la Oficina Técnica Nacional (OTN), instancia adscrita a la Vice-Presidencia de la República, tiene entre sus funciones estimular la participación ciudadana mediante la conformación de los Comités de Tierra Urbana, realizar la inscripción y registro de información que fuesen necesarios sobre los Comités de Tierra Urbana, adelantar procedimientos de coordinación interinstitucional y social necesarios para la regularización de la tenencia de la tierra, acoplar y estudiar la información sobre la situación de la propiedad y tenencia de la tierra en barrios y urbanizaciones populares, así como llevar a cabo el proceso de consulta pública del anteproyecto de Ley de Regularización de la Tenencia de la Tierra en los Asentamientos Populares.65

Es una de las experiencias más interesantes de todas las acometidas por el chavismo, gracias al hecho de que los CTU defienden su autonomía de acción, como el principio fundamental de organización. No son formas de organización creadas por el Estado, sino reconocidas por este, a diferencia de los círculos bolivarianos, que son asociaciones creadas por el presidente de la República, quien era, además, su máximo dirigente. Incluso los CTU han logrado que otras formas de organización social (misiones, consejos comunales) creadas por el gobierno logren sus objetivos o funcionen con cierta eficacia, lo que llevó a Chávez a decir, el 31 de mayo de 2009, que los CTU eran la experiencia organizativa más relevante de las intentadas hasta ese momento por su gobierno.

63 Ministerio de Comunicación e Información, Los Comités de Tierra Urbana toman la palabra. 2004.64 Andrés Antillano, Art. Cit. 65 María del Pilar, García Guadilla, Ciudadanía, inclusión y autonomía en las organizaciones

sociales bolivarianas: los comités de tierra urbana, 2006, en: https://www.nodo50.org/ellibertario/PDF/venezuelactu.pdf


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No obstante, algunos autores han detectado problemas de encapsulamiento dentro de las instancias burocráticas del gobierno, o las encuentran subsumidas dentro de otras fórmulas organizativas desarrolladas por el Estado, e incluso ha habido señalamientos de manejos corruptos de los recursos que reciben del erario público.

Si bien los Comités de Tierra Urbana se definen como autónomos a partir de su impacto en la definición de las políticas del Estado y la posibilidad de plasmar su proyecto de sociedad alternativo en dichas políticas, de los estudios realizados en dos municipios del Área Metropolitana de Caracas (Baruta y Sucre) y en el municipio Caroní de Ciudad Guayana indican no siempre se da esta autonomía, pues en algunos casos el organigrama de relaciones informales mostró que los CTU dependían en su estructura jerárquica de los círculos bolivarianos o de otras instancias como las misiones.66

Peor aún, los CTU no han escapado a la instrumentalización política, es decir, al uso de esta forma de organización popular para actividades políticas de diverso tipo, que alteran su propia razón de ser:

Un ejemplo de ello fue la movilización de los CTU a instancias del MVR en las Unidades de Batalla Electoral (UBE) para promover el NO en el Referéndum Revocatorio contra el presidente Chávez de agosto de 2004 que fuera propulsado por la oposición política. De la misma forma, los CTU junto con otras formas organizativas sociales pro-Chávez existentes en los sectores populares, fueron movilizados políticamente en las últimas elecciones para elegir gobernadores, alcaldes y concejales. Los intentos del MVR y sus brazos políticos como el Comando Maisanta, para penetrar a las organizaciones sociales de base, entre las que se encuentran los CTU, contribuyeron a desmovilizar temporalmente a tales organizaciones en lo que se refiere a sus identidades primarias.67

Y es la suerte que han corrido casi todas las experiencias de creación de una base sociopolítica del régimen chavista: casi todas son creadas, o recreadas desde el poder, sometiéndose a directrices políticas, muchas veces ajenas a su razón de ser; esto las condena a la instrumentalización política, sea directamente por el líder del proceso, presidente de la República; ya sea por parte del partido de gobierno o por parte de algunas de las figuras del partido de gobierno. Sin duda, tras ganar casi todos los procesos comiciales, el chavismo se enfrenta hoy a una pérdida de apoyo electoral, lo que desnuda la precariedad y el fracaso de todos los intentos de organizar desde arriba, con una lógica estatal, autoritaria y personalista, a la sociedad, a los sectores más pobres. Compartimos el criterio esbozado por García Guadilla:

66 Ídem. 67 Ídem.


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La diversidad de nuevas figuras de participación surgidas con la Constitución de 1999 y que han sido en muchos casos promovidas desde la presidencia de la República hace que los CTU deban enfrentarse a la complejidad de la autogestión y del trabajo colectivo. El hecho que en los barrios pobres confluyan organizaciones de base con amplia trayectoria tales como los Comités de Salud de Barrio con figuras impuestas desde arriba como las misiones que responden a lógicas organizativas y de participación diferentes tiende a crear confusión en la definición de la “participación.68

Una de las tesis socorridas por el chavismo es que las figuras asociativas son una forma de dar poder al pueblo. Sin embargo, esa tesis es muy discutible, toda vez que lo observado no es el traslado de una capacidad de modificar la conducta de otro (el funcionario público, el ministerio o el mismo presidente de la República) con la propia acción de las bases, sino que a estas lo que les corresponde es implementar una política que otro ha decidido. Lo que recuerda la vieja tesis de Chávez de que el pueblo es el combustible de la máquina de la historia, conducida por un líder. Por ello, es pertinente la pregunta hecha por García Guadilla:

… ¿se trata de una participación en la definición de los “issues” o grandes temas o las organizaciones participan solo en la instrumentación de las políticas una vez que estas han sido definidas desde arriba; es decir, desde la Presidencia de la República?69

Una lectura favorable a la incesante experimentación organizativa del pueblo pudiera sostener que todas estas formas asociativas conviven unas con otras, en una suerte de división del trabajo organizativo popular y que expresan un enorme poder social chavista. Sin embargo, por más que alguien se empeñe en esta lectura, encontrará que hay unas formas de organización que decaen y son desplazadas por otras, o que simplemente fracasan. Y tras la decadencia de los CLP, los círculos y las cooperativas de maletín, surgieron nuevas figuras asociativas tanto institucionales (misiones) como programas gubernamentales, (las UBE) y “sociales” (los consejos comunales), el Poder Popular, las comunas.

4.4. Las misiones: la política social chavista

Las misiones no son una forma de organización social, sino una política social gubernamental. Sin embargo, apuntan en la dirección de crear una base sociopolítica para el régimen chavista y, en ese sentido, buscan articular a la población políticamente mediante un programa de beneficios colectivos. Fueron unos programas sociales creados

68 Ídem.69 Ídem.


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por Hugo Chávez en 2003, en el marco de un convenio con Cuba, y en medio de una situación política crítica para el mandatario, pues enfrentó la realización de un referendo revocatorio de su mandato en el año 2004. Chávez se encontraba con un clima de opinión pública adverso y estaba ante la posibilidad de ser revocado por la ciudadanía. El mismo presidente lo confesó en un Aló, Presidente, después de haber superado con éxito la prueba revocatoria.

Ustedes deben recordar que, producto del golpe y todo el desgaste aquel, la ingobernabilidad que llegó a un grado alto, la crisis económica, nuestros propios errores, hubo un momento en el cual nosotros estuvimos parejitos, o cuidado si por debajo. Hay una encuestadora internacional recomendada por un amigo que vino a mitad de 2003, pasó como dos meses aquí y fueron a Palacio y me dieron la noticia bomba: “Presidente, si el referéndum fuera ahorita, usted lo perdería”. Yo recuerdo que aquella noche para mí fue una bomba aquello, porque ustedes saben que mucha gente no le dice a uno las cosas, sino que se las matiza. Eso es malo. “No, estamos bien, estamos sobrados”. Entonces fue cuando empezamos a trabajar con las misiones, diseñamos aquí la primera y empecé a pedirle apoyo a Fidel.

Frente al riesgo de ser revocado, Chávez recurrió a la estrategia de impedir la realización del referendo o, en su defecto, realizarlo bajo las condiciones más favorables al gobierno. Entre las condiciones más favorables estaba ganar tiempo, pues los sondeos de opinión realizados por el oficialismo indicaban un resultado adverso si el referendo se llevaba a cabo en agosto de 2003, cuando se cumplía la mitad del período. Por tanto, lograr posponer su puesta en práctica era vital para el líder revolucionario.

Otra manifestación de la estrategia para enfrentar el referendo fue la puesta en marcha de una serie de políticas sociales conocidas como misiones. Como dice Hawkins:

Las primeras misiones se hicieron bajo la asesoría del gobierno de Cuba, que a partir de 2002 se vuelve un socio central del gobierno bolivariano. Las primeras serían Misión Robinson I y II, dirigidas a superar el analfabetismo y permitirle a la población adulta culminar la educación básica; Misión Barrio Adentro I, para garantizar el derecho de los pobres a la salud mediante la colocación en los barrios populares de servicios de atención preventiva, principalmente con médicos cubanos. Y Misión Mercal I y II, para distribuir y comercializar alimentos en los sectores populares, que con el tiempo resultará en una distribuidora estatal de alimentos que satisface esta demanda a aproximadamente la mitad de la población a precios subsidiados. En la medida en que los ingresos fiscales se multiplicaban, gracias al aumento de los precios petroleros en el mercado internacional combinado con la aplicación de la reforma petrolera nacionalista del gobierno, se fueron ampliando estas misiones. Para 2006 se contaban unas 20 misiones, entre ellas: Misión Identidad, para garantizar un documento de identidad a todos los venezolanos; Misión Guaicaipuro, para el acceso de los indígenas a sus derechos; Misión Cristo, para corregir la pobreza extrema; Misión Milagro,


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para servicios oftalmológicos; Misión Sucre y Ribas, para el acceso a educación secundaria y universitaria, todas financiadas con los ingresos extraordinarios de la renta petrolera.

Las misiones se convirtieron en la política social por antonomasia del chavismo y crecieron a lo largo del período, y se mantuvieron aun después de la muerte de Chávez. El referendo revocatorio de 2004 lo llevó a crear otros dispositivos organizativos a fin de enfrentar la campaña electoral. La más importante fue la Unidad de Batalla Electoral (UBE) como parte del Comando Nacional Maisanta, integrado por ministros y dirigido por el presidente de la República. La UBE fue un mecanismo organizativo creado por Chávez para enfrentar las exigencias del referendo revocatorio. El Manual del Comando Maisanta la definía de la siguiente manera:

Es la organización de base de todas las fuerzas bolivarianas para implementar la estrategia electoral en la comunidad, que opera en una Zona de Batalla Electoral (ZBE), entendida como un área geográfica variable delimitada en torno al centro de votación. Se integran a la UBE todos los factores bolivarianos (misiones, partidos políticos y movimientos sociales, frentes estudiantiles y juveniles, organizaciones comunitarias, campesinas, mujeres, profesionales y técnicos, trabajadores, organizaciones religiosas, etc.) que hagan vida dentro de la Zona de Batalla Electoral. La selección de los miembros de la UBE, que serán como máximo 20, debe hacerse en base a la calidad y características personales de sus integrantes. Dicha selección se hará entre los distintos factores bolivarianos quienes a su vez conformarán una directiva. Dirigirá la UBE un coordinador, el cual se elige democráticamente entre sus miembros. La UBE se crea asociada a un centro de votación, como una estructura diferente a la del CNE y a los testigos electorales. Es el principal eslabón del Comando Maisanta a nivel del centro de votación.70

Las UBE tenían funciones de envergadura que exigían grandes cantidades de recursos y conexión con el Estado: movilizar a los electores particularmente el día del referéndum, aplicar los instrumentos de sondeos de opinión, implementar dispositivos de estimación de la intención del voto el día de las elecciones, identificar el potencial electoral bolivariano en el entorno del centro de votación, establecer el mapa electoral de todos los electores, conformado a partir de un censo en la comunidad y de las informaciones que se reciban a través de la estructura del Comando Maisanta.

En particular, estaban conectadas con las misiones: “Coordinar y apoyarse en los factores de la comunidad (por ejemplo, con el Comité de Salud, las organizaciones locales y con la representación de las misiones sociales en el barrio)”71.

70 Manual de Funciones Comando Maisanta, en: http://www.haiman.com.ve/Archivos/Temas, 2004, p. 14.

71 Ibíd., p. 15.


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Y, sobre todo, con la Misión Identidad, a fin de “Identificar los electores que no tienen cédula, los no inscritos en el Registro Electoral Permanente (REP) o los que requieren cambio de residencia y movilizarlos a las unidades de cedulación de la Misión Identidad más cercana antes del 10 de julio”.72

Las UBE estaban, a su vez, integradas por las patrullas electorales, que desplegaban su acción en las “Zonas de Batallas Electorales”. Las patrullas las integraban “los núcleos de patriotas asociados a una localidad particular (Zona de Batalla Electoral), en un grupo no mayor de 10 personas, dirigido por un jefe patrullero, elegido por cada patrulla electoral entre sus integrantes. En el cierre de campaña Hugo Chávez, en su programa de televisión Aló, Presidente, informó acerca de la cantidad de UBE creadas para el referendo revocatorio: 8.300 UBE.

Tengo, además, el gusto de informales que en este instante chequeado desde el puesto de comando principal que está aquí en el Palacio de Gobierno, tenemos desplegadas a lo largo y ancho del país 8 mil 300 Unidades de Batalla Electoral, las UBE. ¡Que vivan las UBE! ¡Que vivan las patrullas electorales! Es un ejército desplegado, no hay rincón de Venezuela, no hay montaña de Venezuela, no hay rivera venezolana, no hay costa, no hay playa, no hay selva, no hay isla, no hay valle no hay llanura, no hay ningún sitio en Venezuela donde no estén presentes las Unidades de Batalla Electoral y las patrullas bolivarianas que van a conducir en las próximas horas otra histórica jornada bolivariana. (…) Les informo que tenemos desplegados en todo el país, nada más que 117 mil 997 patrullas bolivarianas.73

Estas patrullas electorales serían reorientadas después del referendo hacia otras funciones:

Las patrullas van a permanecer después el quince de agosto después de la gran victoria del quince de agosto, para convertirse en patrullas de la batalla social, de la batalla ideológica, de la batalla política a lo largo y ancho del territorio y más allá, donde quiera que haya necesidad, de luchas por la igualdad y por la justicia social allí estarán las patrullas bolivarianas.74

Para el día de la votación, las patrullas eran el factor crítico a fin de garantizar la asistencia de la gente a los centros electorales.

Pues las patrullas para eso están, para garantizar la movilización de hasta la última persona que esté en el sitio más apartado, el transporte, lanchas, caballos, burros, yeguas, carromatos, carros, camionetas, autobuses. Y eso es responsabilidad de

72 Ibíd., p. 16.73 Aló, Presidente 180, de 12/08/2004, avenida Urdaneta, frente al Palacio de Miraflores, Distrito

Capital, Venezuela.74 Ídem.


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los líderes, debemos proporcionarle, ayudar al pueblo, a organizar los recursos. En eso estamos bastante bien, pero en estas últimas horas hay que seguir fortaleciendo la logística, la alimentación, la previsión ante la posibilidad de que haya lluvia ese día, hay que tomar previsiones de todo tipo, sobre todo en los sitios donde la lluvia, generalmente trae implicaciones riesgosas, las montañas, allá en los llanos, donde se pudiera dificultar el transporte, motivado a las lluvia.75

Era la base sociopolítica formada por todos los mecanismos que el Estado había creado, o recuperado, en pleno funcionamiento en la coyuntura electoral, a pesar del debilitamiento de algunos, o la moda de otros, todos servían al propósito de buscar votos:

… esa es la base del nuevo modelo democrático que aquí está naciendo en Venezuela, es la democracia participativa, es la misma gente, asumiendo (…) el empoderamiento del pueblo, es decir, darles poder a las comunidades. Pero parte importante de ese poder es la organización comunitaria, organizadores, unidos es como podremos salir adelante, adelante, siempre adelante. Bueno, ustedes han visto unas comunidades educativas organizadas, unas comunidades organizadas para el manejo del agua, las mesas técnicas de agua, bueno los comités de tierra urbana, los círculos bolivarianos, los círculos patrias, es la organización popular, hay experiencia en todas partes, los conucos zamoranos, los fundos zamoranos. Y hablando de los fundos zamoranos, bueno, ahí va la Misión Zamora adelante y hoy especialmente hay que recodarla y lanzarla con mucha fuerza, es el gobierno de la gente, es el gobierno del pueblo.76

Tras vencer en el referendo revocatorio, Chávez siguió experimentando para encontrar la organización más adecuada de la base sociopolítica. Esta vez anunció la transformación de las UBE en “Unidades de Batalla Endógena”; de mecanismo electoral pasaron a unidades de producción. Las cooperativas habían dado paso a las empresas de producción social (EPS).

4.5. Los consejos comunales

En 2006 Chávez anunció la creación de otra figura asociativa: los consejos comunales. En esta oportunidad, el mecanismo organizativo se creaba mediante la Ley de los Consejos Comunales sancionada el 7 de abril de 2006. Esta ley fue derogada por la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, sancionada el 26-11-2009. En 2010, los consejos comunales pasan a formar parte de una mega-institución: el Poder Popular.

El antecedente de los consejos estaba en la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública de 2002 que, en su artículo 8, establecía:

75 Ídem. 76 Ídem.


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El Consejo Local de Planificación Pública promoverá la red de consejos parroquiales y comunales en cada uno de los espacios de la sociedad civil que, en general, respondan a la naturaleza propia del municipio cuya función será convertirse en el centro principal de la participación y protagonismo del pueblo en la formulación, ejecución, control y evaluación de las políticas públicas, así como viabilizar ideas y propuestas para que la comunidad organizada las presente ante el Consejo Local de Planificación Pública.

Sin embargo, Chávez tenía en mente convertir a los consejos comunales en la pieza fundamental de una organización popular que respondiera directamente a sus directrices, tal como lo había intentado con los círculos bolivarianos, sin éxito. Así fue dando los pasos legales y políticos necesarios. Primero derogó el carácter municipal y parroquial de los consejos comunales en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. “Se trata de la conformación de instancias de participación comunitaria, sin cuerpos intermedios de relación con el Ejecutivo. Estableciéndose una relación directa entre los consejos comunales y el Ejecutivo nacional”77. Así hasta 2006, cuando se dicta la Ley de consejos comunales.

En su artículo 2 la ley los conceptualizaba de la siguiente manera: Los consejos comunales en el marco constitucional de la democracia participativa y protagónica son instancias de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas, que permiten al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades en la construcción de una sociedad de equidad y justicia social.

Los consejos dependían directamente de la Presidencia de la República, pues era esta la que les otorgaba la personalidad jurídica imprescindible para actuar, lo que abrió la puerta para filtrar los intentos de la población, no afecta al gobierno en crear sus consejos comunales.

La asamblea de ciudadanos quedó definida como la instancia primaria para el ejercicio del poder, la participación y el protagonismo popular, y sus decisiones son de carácter vinculante para el consejo comunal respectivo. En este ámbito ha habido mucha lucha, pues sectores adversos al gobierno han recurrido a las asambleas de ciudadanos, pero no han tenido la misma suerte que los partidarios del oficialismo.

Y esto era así, porque Chávez había creado esa figura con una finalidad política muy clara. Como había ocurrido con las anteriores fórmulas organizativas, la de los

77 Jesús E. Machado M. “Participación social y consejos comunales en Venezuela”. Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, v. 15, nº 1, Caracas, abr. 2009, en: http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script


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consejos comunales formaba parte de su estrategia revolucionaria, tal como lo señaló en el Aló, Presidente nº 252.

Si queremos acabar con la pobreza, démosles poder a los pobres; si queremos tener patria de verdad, si queremos tener democracia real, viva, participativa, protagónica, si queremos tener una patria de libres y de iguales, no hay otro camino que el de transferir poder cada día más al pueblo venezolano.

Cuando los consejos comunales ahora se asumen ya con una ley, con un propósito, con una definición muy clara, con un concepto y con una praxis en plena construcción, estamos siendo coherentes, con la revolución, con la esperanza de un pueblo, estamos siendo coherentes, incluso –diría yo más– con la gesta heroica de Carabobo. Porque recordemos por qué llegó Bolívar a Carabobo, y cómo llegó Bolívar a Carabobo. Recordemos que después de tantos años de revolución, ¡allá está el Orinoco!, ¡allá! ¡1819! Lanzó Bolívar el concepto de la democracia bolivariana, aquello de darle a nuestro pueblo la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social, la mayor suma de estabilidad política (…)

Es decir, cuando nosotros hoy en Carabobo estamos promulgando la Ley de los Consejos Comunales, ley fundamental para la democracia revolucionaria, la construcción de la democracia, el sistema político bolivariano, que viene desde entonces pendiente, desde la batalla, desde las batallas de independencia (…) colocan bases, sobre todo fundamental esta ley en ese tránsito, en lo que hemos llamado, desde noviembre de 2004, el salto adelante. Es decir, trascender la democracia meramente representativa, que se convierte en una trampa, a la larga la democracia, si se queda solo en lo representativo, se convierte en una trampa, en la que mueren, son encerradas y mueren las esperanzas de un pueblo, bueno, para construirse a sí mismo; en la que encierra el poder constituyente y es anulado y es evaporado muchas veces.78

[Los consejos comunales expresaban la construcción de una] democracia nueva, democracia participativa, democracia protagónica, poder para el pueblo, son... bueno, digamos que el más reciente paso que hemos dado, los bancos comunales (…) ahí vamos avanzando con los consejos comunales, la participación popular, el poder para el pueblo. Eso en lo político, un nuevo Estado.79

Pero en verdad reflejaban una constante búsqueda sin éxito del mecanismo de participación ideal para Chávez. Los consejos comunales venían a tratar de lograr lo que no pudo con los círculos bolivarianos y con el resto de las fórmulas ensayadas hasta el 2006. Lo que sí estaba claro era que todo dependía de lo que decidiera Chávez. Era quien decidía qué figura crear, cómo usarla o si se dejaba a un lado y se asumía otra. Con

78 Aló, Presidente nº 252, 09/04/2006. Campo de Carabobo, parroquia Carlos Arvelo, municipio Libertador, estado Carabobo, Venezuela.

79 Aló, Presidente nº 259, 06/08/2006.


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lo cual el mandatario acumulaba más poder de decisión no solo en lo que respecta al Estado, sino también en lo que respecta a la sociedad. Así se había venido dando desde los círculos bolivarianos. Incluso, al suprimir legalmente la naturaleza municipal de los consejos locales de planificación, presidida por el alcalde, no solo violaba la Constitución (Art. 182), sino que absorbía un poder que no le pertenecía.

El proyecto político de Hugo Chávez se fue aclarando con el tiempo. Quería un nuevo régimen político y económico, lo que exigía un derecho constitucional socialista, que constitucionalizara las tendencias autoritarias de su gobierno, en particular, su presidencia cesarista. Aspiraba a una modificación constitucional que le permitiera gobernar indefinidamente dentro de su peculiar modelo sociopolítico. Por ello presentó, el 15 de agosto de 2007, una reforma masiva de la CRBV. Por un lado, deseaba cambiar la división política del país mediante lo que llamó una nueva “geometría del poder”, que consistía en pasar del Estado federal al Estado comunal, sustituyendo a los municipios por la “ciudad comunal”, núcleo territorial del “Estado socialista venezolano”. Por otro lado, proponía transformar el sistema económico de libre competencia por un sistema socialista motorizado por diversas formas de propiedad colectivas. Estos cambios requerían la reelección indefinida del cargo presidencial y el aumento a 7 años del período de gobierno80.

Como se sabe, el proyecto fue derrotado, pero ello no impidió que Chávez lo lanzara por vía legislativa, por lo que llegó a aprobar en la navidad de 2010 un paquete de leyes que imponían lo que el pueblo había negado en referendo en 2007. La idea del poder popular cristalizaba conceptualmente lo que había venido buscando Chávez desde 1999 y no había podido lograr eficazmente. Según el artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Popular, este se define de la siguiente manera:

El Poder Popular es el ejercicio pleno de la soberanía por parte del pueblo en lo político, económico, social, cultural, ambiental, internacional, y en todo ámbito del desenvolvimiento y desarrollo de la sociedad, a través de sus diversas y disímiles formas de organización, que edifican el Estado comunal.

Tal como se puede leer, el Poder Popular tendría presencia en el ámbito de toda la sociedad y persigue “consolidar la democracia protagónica revolucionaria y construir las bases de la sociedad socialista, democrática, de derecho y de justicia” (Art. 7). Se crea el Estado comunal, cuya “célula fundamental de conformación (…) es la comuna” (Art.8). La comuna es el:

espacio socialista que como entidad local es definida por la integración de comunidades vecinas con una memoria histórica compartida, rasgos culturales, usos y costumbres que se reconocen en el territorio que ocupan y en las actividades

80 Luis Salamanca, Elecciones del siglo XXI, Caracas, 2017, mimeo, pp. 26-27.


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productivas que le sirven de sustento y sobre el cual ejercen los principios de soberanía y participación protagónica como expresión del Poder Popular, en concordancia con un régimen de producción social y el modelo de desarrollo endógeno y sustentable contemplado en el Plan de Desarrollo, Económico y Social de la Nación.

Los consejos comunales pasan a ser la forma organizativa fundamental de las comunas. Hay diferencias significativas entre la definición de 2006 y la de 2010. En esta última, se le atribuye a los consejos el ejercicio del gobierno comunitario en “la construcción” del “nuevo modelo de sociedad socialista de igualdad, equidad y justicia social” (Art. 15). Conceptos como el del gobierno comunitario y sociedad socialista no estaban presentes en 2006 que apuntaba más a la idea de justicia social. Como señala García:

Los CC fueron propuestos como mecanismo participativo para todos los niveles sociales; sin embargo, las desigualdades socioeconómicas y en la dotación de los servicios básicos y de infraestructura que existen entre los barrios populares y las urbanizaciones de clase media y alta hacen que los sectores populares hayan sido los más activos en su conformación por ser los más beneficiados.81

Pero la preocupación del gobierno era masificar el mecanismo más que empoderar a dichos sectores, a fin de tener una mayoría chavista que sirviera especialmente para lo electoral. Santiago Arconada, un destacado miembro de los consejos, señalaba a la revista SIC algunos de sus problemas:

… debo decir que en los casi doce años de gobierno bolivariano no hemos tenido la información que, como usted sabe, es la base del poder, para planificar y ejecutar los recursos que nos pertenecen en la solución de nuestros problemas, como sí la manejamos durante los años del gobierno municipal de Aristóbulo Istúriz (1993-1996). Si el poder popular no tiene el poder para acceder a la información más primaria como es la del presupuesto, ¿qué contraloría social puede desarrollarse?, ¿qué poder es ese que no logra ni siquiera acceder al derecho a la información más elemental?82

Igualmente hizo referencia al testimonio de un miembro de un consejo comunal que se quejaba de la instrumentalización política de los consejos: “una señora de la comunidad de La Salina en el estado Vargas, durante una actividad del Enfodep en la Biblioteca Salvador Garmendia, resumió así: ‘Dejé de ir al consejo comunal, porque era como estar en una reunión del PSUV’”.83

81 María Pilar García-Guadilla, “La praxis de los consejos comunales en Venezuela: ¿poder popular o instancia clientelar?” en: Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, v.14, nº1, Caracas, abr. 2008.

82 Alfredo Infante, “El chavismo visto desde dentro”, SIC 768 / septiembre-octubre 2014, pp. 342-343. 83 Ídem.


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Los mecanismos de participación popular creados, o recreados, por Chávez dieron lugar a la aparición de un nuevo cazador de la renta petrolera: el cazador popular. Basta recordar las cooperativas y ahora los consejos comunales que cuentan, además, con un Banco Comunal. Igualmente, ha aparecido una suerte de corrupción “popular”, debido al manejo incontrolado de los recursos públicos transferidos a los consejos comunales.

La adscripción de los CC al nivel central del gobierno del cual dependen para el otorgamiento de recursos pudiera facilitar una relación con el Ejecutivo de tipo clientelar, donde los afectos al presidente y a su proyecto reciban los recursos prometidos con mayor frecuencia que quien lo adversa. De hecho, los resultados de las entrevistas realizadas indican que los CC formados por las personas no afectas al presidente tienen mayores dificultades para que se les apruebe su solicitud y deben enfrentar innumerables procedimientos burocráticos que disfrazan la razón de la negativa final que reciben a sus solicitudes. De esta forma, el factor que mantiene activados a los CC de los sectores populares es la obtención de los recursos económicos; una vez que los mismos se ejecutan o dejan de llegar, los CC tienden a desactivarse.84

¿Cuál ha sido el impacto de estas nuevas figuras asociativas en la sociedad venezolana? No es fácil determinarlo por la disparidad de cifras. Además, si las evaluamos en función de sus objetivos de fondo como eran modificar el sistema social e institucional tradicionales del país, tales como el municipio y la sociedad basada en la propiedad privada, es poco lo que se ha logrado. Más bien, al día hoy, lo que se observa es una gran confusión institucional, la creación de figuras paralelas por el gobierno cuando pierden elecciones locales y regionales. Por ahora, el régimen chavista cuenta con los conceptos, pero la no constitucionalidad del Poder Popular y la sociedad socialista, es un obstáculo crucial al avance de tal proyecto, no menos que el fallecimiento de su líder.

En cuanto a las estadísticas acerca de los consejos comunales y las comunas hay bastante disparidad en las cifras, incluso entre los voceros oficialistas. En una nota de prensa del Ministerio del Poder Popular para la Participación y la Protección Social se señala que, en 2008, “había 6.600 Mesas Técnicas de Agua, 6.740 Comités de Tierra Urbana, 3.600 Bancos Comunales, 472 Mesas Técnicas de Telecomunicaciones, 27.872 Consejos Comunales, 4.156 Mesas Técnicas de Energía, 485 Medios Comunitarios y 7.800 Comités de Salud...” (Ministerio del Poder Popular para la Participación y la Protección Social, 2009, Internet).85

84 María Pilar García-Guadilla, “La praxis de los consejos comunales en Venezuela: ¿poder popular o instancia clientelar?” Art. Cit.

85 Jesús E. Machado M. “Participación social y consejos comunales en Venezuela” Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, v. 15, nº 1, Caracas, abr. 2009 en: http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script


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Romero ha destacado la disparidad de cifras a raíz de un “referendo comunal” realizado en 2013. Según la plataforma web de Venezolana de Televisión había 452 comunas constituidas; según Globovisión, Arreaza afirmó que había 400 comunas registradas, y en el referendo habían participado 179 comunas, con más de 166 mil ciudadanos, lo que agrupaba a 2.245 consejos comunales. El diario Ciudad CCS registra la siguiente información estadística en relación con el proceso de consolidación del Poder Popular durante septiembre y octubre: para el 2013 hay inscritos 40.035 consejos comunales, 1.401 comunas, 1.294 salas de batalla y 28.791 movimientos sociales. El mismo portal web del Ministerio para las Comunas, para el 27 de noviembre de 2013, decía que había un total de 459 comunas registradas y 45.155 consejos comunales86.

Ese mismo año, el ministro Reinaldo Iturriza, ministro del Poder Popular para las Comunas, reveló que existían 1.150 comunas, 31.670 consejos comunales, 1.032 salas de batalla y 16 mil movimientos sociales en el operativo de Censo de Comunas y Movimientos Sociales87.

Según Alexis Toledo, para enero de 2015 había 931 comunas ya formalizadas y 46 mil consejos comunales, y a finales de 2013 se realizó un censo y se ubicaron cerca de 20 mil movimientos sociales en todo el país, sin señalar qué entiende por “movimientos sociales”88. Y de acuerdo con la página web del Ministerio del Poder Popular para las Comunas, existen al 2017 1.717 comunas registradas.

Independientemente de la consistencia de las cifras, usadas muchas veces para fines propagandísticos, lo cierto es que toda la plataforma asociativa y las políticas sociales desplegadas por el Poder Ejecutivo han tocado a millones de personas en todo el país; especialmente en el período del boom petrolero del siglo XXI, que le permitió al gobierno de Chávez elevar el gasto público para mejorar el ingreso de los venezolanos y reducir la pobreza salarial.

Sin embargo, ni se ha desterrado la pobreza estructural ni se ha construido un pilar social que sostenga una nueva dominación política duradera, como era la idea del extinto mandatario. La duración del chavismo en el poder obedece más a la popularidad que a la organización de una base sociopolítica con raíces fuertes. Y hoy, con la catástrofe socioeconómica en pleno desarrollo en el gobierno de Nicolás Maduro, la pobreza ha vuelto por sus fueros y con más fuerza, lo que demuestra que su disminución había sido puramente salarial.

86 Carlos Romero Mendoza, “http://estado-ley-democracia.blogspot.com/2013/ 27 de noviembre de 2013.

87 Alba Ciudad, 96.3 FM.88 Correo del Orinoco, 29 de enero de 2015.


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La fuerza de la crisis económica disuelve los lazos políticos y emocionales que pudieron tejerse con Chávez, y ha colocado a la inmensa mayoría de la población de menores recursos en una situación de disponibilidad para nuevos procesos políticos. La crisis sistémica actual es la máxima prueba de la solidez de las bases sociopolíticas erigidas en estos dieciocho años.

En la medida en que más se desarrolla un discurso presidencial grandilocuente acerca del Poder Popular, más se evidencia la distancia entre la narrativa oficialista y la cruda realidad a la cual ha conducido el chavismo. Según Chávez:

Los consejos comunales deben ser como un núcleo de lo nuevo, y uniéndose unos con otros y deben conformar la célula, los primeros cuerpos de la sociedad nueva, las comunas. Las comunas tienen que ser como ir al futuro, territorios del futuro, la construcción del socialismo desde abajo.89

Sin embargo, la situación real del mundo asociativo popular no trasciende, en términos generales, de una precaria actividad reivindicativa. Tal como señala García:

Mientras que los objetivos y el discurso presidencial hablan de empoderamiento, transformación y democratización, las praxis observadas apuntan hacia el clientelismo, la cooptación, la centralización y la exclusión por razones de polarización política. Entregar recursos a las comunidades, sin que exista la experticia ni los mecanismos para garantizar la transparencia, hace a los CC más vulnerables a demandas reivindicativas, a prácticas de clientelismo, dependencia y cooptación alejándolos de la posibilidad de construir el poder comunal (…) Hasta el día de hoy, la mayoría de los CC carecen de la capacidad para ir más allá de hacer pequeños cambios y mejoras en el entorno que ocupan. Carecen también de la capacidad para enriquecer las identidades sociales y culturales y, de este modo, contribuir al pluralismo de los modos de vida urbanos, ya que no han generado un proyecto de sociedad autónomo, alternativo y divergente del Estado que permita la construcción de hegemonía para la transformación social.90

5. Los aportes de Maduro al Poder Popular: Los comités locales de abastecimiento y producción (CLAP) y el Carnet de la Patria pensando en la Constituyente

La gigantesca crisis social provocada por el colapso de la economía venezolana tras largos años de controles y expropiaciones generó una escasez y desabastecimiento de productos de todo tipo, especialmente de alimentos y medicamentos, acompañada de una inflación galopante, acentuada por la caída de los precios del petróleo. Los datos

89 Venezolana de Televisión, 8 de febrero de 2010.90 María Pilar García-Guadilla, “La praxis de los consejos comunales en Venezuela…”, Art. Cit.


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preliminares de la Encuesta Condiciones de Vida de 2016 revelan que, de 20 tipos de alimentos que debe consumir una persona para considerar que tiene una dieta adecuada, el venezolano come solo 4 de ellos, según la coordinadora del Observatorio Venezolano de la Salud, Marianella Herrera91.

5.1. Los comités locales de abastecimiento y producción

Frente a esta situación, Nicolás Maduro creó una nueva figura asociativa que es, al mismo tiempo, una política gubernamental que tiene como propósito la distribución casa por casa de los productos regulados de primera necesidad. El 3 de abril de 2016, Maduro anunció la creación a nivel nacional de los comités locales de abastecimiento y producción (CLAP): “Comienza una revolución económica en el sistema de distribución de alimentos del pueblo venezolano por la vía del socialismo”92.

Pese a la atribución de una función productiva, los CLAP son, en realidad, una organización para distribuir bienes de tres tipos: alimentos, productos de higiene y medicamentos. “Con los CLAP los productos llegarán al precio justo. En cambio, en el capitalismo llegarían a precios que ellos fijen”.93

Los CLAP son una figura híbrida, pues se conceptúa como política pública y como organización popular. La forma de crear los CLAP revela el control que se reserva el oficialismo sobre ellos. La propaganda oficial dice que los CLAP son “pueblo organizado”, pero el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación explicó a través de un video que para la conformación de los CLAP “se escogen a los responsables de Unamujer, UBCH, Frente Francisco de Miranda y consejos comunales”. Luego se “designan” a los jefes de comunidad y jefes de calles o veredas. Posteriormente, explican a la comunidad el sistema y rutas de distribución, para dar pie a una experiencia piloto de distribución casa por casa. No se indica quién “escoge” a los responsables de las distintas organizaciones, pero no hace falta decirlo, pues debe quedar en manos de un militante del partido. Freddy Bernal, designado como jefe del Centro de Control y Mando de los CLAP a nivel nacional, afirmó:

Los CLAP son la cura del bachaqueo y la corrupción, para llegar a una economía autosustentable, con fuerza propia, integrada, para satisfacer las necesidades del ser humano (…) una creación para aliviar la vida del pueblo y estabilizar la economía.94

91 El Nacional, 31-1-2017, en: http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/92 Declaraciones en cadena nacional de radio y televisión.93 Ídem. 94 Declaraciones a Venezolana de Televisión.


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En lo que lleva de aplicación, los CLAP han sido objeto de variadas críticas. Una de ellas es que, a pesar de que hay una bolsa estándar, mostrada por Bernal en televisión, se le cuestiona que es una bolsa con pocos productos, con frecuencia mensual y distribuida preferentemente (no exclusivamente) con criterios partidistas. Esto ha dado lugar a la corrupción y su alcance. Según Consultores 21, en su estudio de enero de 2017, 36% de los consultados recibe la bolsa mensualmente. De ese 36% que la recibe, el 67% es prooficialista95. Ha habido protestas populares por la falta de alimentos y, en particular, porque las bolsas no llegan a los sectores más necesitados. El Observatorio de la Conflictividad Social reveló que en septiembre de 2016 hubo 104 protestas en rechazo a la escasez, desabastecimiento y alto costo de los alimentos; ellas representan 33% más con respecto a octubre de 201596.

Según cifras oficiales, a comienzos de 2017 había 30.929 CLAP registrados en todo el país, los cuales distribuían productos básicos a más de 2 millones de hogares. La meta del gobierno es llegar a 6 millones a de familias en 2017. Los CLAP productivos llegan a 26.000 a nivel nacional y, para este año 2017, se han trazado la meta de alcanzar los 11.000. Bernal, que había dicho que los CLAP eran coyunturales, declaró el 30 de enero de 2017 que llegaron para quedarse97.

5.2. El Carnet de la Patria: el nuevo censo político de la población

El otro aporte de Maduro a la creación de las bases sociopolíticas del chavismo fue la creación del Carnet de la Patria. Según el mandatario, “El carnet de la patria es el nuevo instrumento para el gran poder popular”98.

No está clara la cobertura del carnet: si es para todos los venezolanos o solo para ciertos sectores. De acuerdo con el presidente de la República, será para atender las necesidades de más de 30 millones de venezolanos. Se utilizará a través de la banca pública, contará con una cantidad de dinero mensual, depositada por el gobierno y se comenta que la cantidad inicial es de Bs. 50.000,00. Será como una cédula digital, tiene un código QR con tecnología china y permitirá simplificar trámites administrativos.

Ambas son figuras que expresan la crisis del modelo socioeconómico chavista. A diferencia de los mecanismos creados por Chávez, que buscaban crear un nuevo modelo de organización para el control social y político, los de Maduro son los instrumentos

95 Dados presentados por la empresa en una conferencia con organizaciones no gubernamentales. 96 Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS, informe de octubre de 2016, en: http://www.

observatoriodeconflictos.org.ve/97 El Nacional, 30-1-2017, en: http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/98 El Nacional, 29 de enero de 2017, en: http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/


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para controlar al pueblo en época de caída de los ingresos petroleros y de pérdida de apoyo electoral, evidenciado en la abrumadora derrota del 6 de diciembre de 2015. La revolución entró en su fase más crítica y apeló a diversos mecanismo coercitivos directos e indirectos, a fin de mantener a los seguidores dentro del redil. Trata de echar mano de las bases sociopolíticas del chavismo, pero esta ya no es lo que era en los mejores tiempos electorales de Chávez. Definitivamente, con Maduro al chavismo se le agotó la vía electoral para mantener el poder.

5.3. La Constituyente y la plataforma asociativa chavo-madurista

Al momento de concluir este trabajo, sorpresivamente, Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente, el 1º de mayo de 2017. Tras haber impedido la realización de un referendo revocatorio de su mandato y haber diferido sine die las elecciones de gobernadores, correspondientes a 2016, el mandatario se sacó de la chistera una propuesta de constituyente sin referendo aprobatorio popular e introduciendo un sistema electoral especial, lo que violó la Constitución en el rasgo fundamental de la democracia: la soberanía popular expresada en el sufragio libre y universal.

La Constitución vigente está imbuida de un espíritu participativo ampliamente dispuesto a lo largo del texto. En particular, el pueblo tiene a cargo la posibilidad y la responsabilidad de modificar la Carta Magna cuando esta no se corresponda con la realidad. Pero esa posibilidad no opera en un vacío normativo, como suele ocurrir en situaciones de golpe de Estado, revoluciones, entre otras vías de facto, que suelen conducir a constituyentes originarias. Por una parte, la venezolana es una Constitución rígida, lo que impide que cualquier mayoría circunstancial pueda modificarla a su gusto. Así lo señala la Exposición de Motivos:

La democracia moderna insertada en un mundo globalizado y condicionada por la dinámica de la vida actual, a su vez determinada por los cambios tecnológicos, requiere de una institucionalidad lo suficientemente flexible para poder adaptarse a los cambios que se van generando. De allí que nuestra Constitución, a pesar de tener la rigidez de las constituciones escritas, ha de incluir elementos que permitan esa adaptación a la realidad.99

Así, la Carta Magna establece diversos mecanismos para su modificación. La Constitución ha mantenido la clasificación que distingue entre la Enmienda y la Reforma Constitucional, incorporando, a su vez, la facultad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, para ser consecuentes con la idea de que es el pueblo el legítimo depositario del poder constituyente originario. Esto guarda

99 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Exposición de Motivos, en: http://www.mp.gob.ve/LEYES/constitucion/constitucion1.html


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concordancia con lo establecido en la misma Constitución que hace residir la soberanía en el pueblo quien puede ejercerla de manera directa o indirecta.100

En la Constitución queda claramente establecido que el poder de modificar la norma suprema pertenece al pueblo, no a cúpulas o “cogollos”. Es el pueblo quien aprueba cualquier cambio mediante un pronunciamiento electoral, sea para convocar a una ANC, sea para aprobar un proyecto de enmienda, reforma o una nueva Constitución. Continúa la explicación en la Exposición de Motivos:

En este contexto se debe entender que el ejercicio de la soberanía por parte del pueblo (…) se convierte en herramienta indispensable del protagonismo popular, desterrando el sistema de cónclaves que decidían los destinos del país a espaldas de la sociedad. (…)

[La ANC es el] “instrumento fundamental para garantizar al pueblo de Venezuela la posibilidad abierta de modificar sustancialmente el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico, creando un nuevo texto constitucional. (…) En el presente texto constitucional pasa a ser norma vigente, expresiva de la más acertada definición democrática en torno a la soberanía popular.101

Por otra parte, la ANC en la Venezuela de hoy no es originaria, sino derivada de la Constitución y, como tal, debe respetar sus normas hasta tanto el pueblo apruebe el nuevo proyecto de Constitución. En ese nuevo proyecto, el constituyente puede proponer los cambios que desee, pero estos entran en vigor con la aprobación popular mediante referendo, no pueden ser aplicados antes de ser aprobados por el mismo pueblo; por lo tanto, la ANC no puede tomar decisiones contrarias a la Constitución durante sus deliberaciones, por lo que debe respetar al poder constituido que, a su vez, debe respetar al poder constituyente.

En tal sentido, la Constitución distingue entre poder constituyente originario, iniciativa y convocatoria constituyente. El poder constituyente originario es, de acuerdo con el artículo 347, la capacidad de “transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”. Y ese poder pertenece solo el pueblo de Venezuela, quien es el “depositario del poder constituyente originario”. Y solo él puede ejercerlo. “En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente”, es decir, puede llamar a una ANC a abocarse a redactar una nueva Carta Magna.

El artículo 348 establece la figura de la iniciativa constituyente consistente en la facultad de dar comienzo, de iniciar, el proceso de convocatoria de la constituyente, asignada al presidente de la República, a la Asamblea Nacional, a los Concejos

100 Ídem.101 Ídem.


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Municipales y a los electores; la segunda es la aprobación por parte del pueblo, mediante referendo, de la iniciativa propuesta por cualquiera de los sujetos señalados.

Nicolás Maduro no solo usurpó la facultad exclusiva del soberano, sino que, además, introdujo un sistema electoral especial para elegir a los miembros de la ANC. En lugar de preguntarle al pueblo si estaba de acuerdo en convocar a una constituyente, Maduro sustituyó al pueblo y se convirtió en el “soberano”, convocando él mismo la constituyente. Y, en lugar del sufragio universal, directo e igual, el mandatario propuso la segmentación del electorado por sectores sociales, para elegir a los miembros de la constituyente, con lo cual rompió con el sufragio democrático establecido desde 1947 y suscrito por las constituciones de 1961 y de 1999. Todo esto fue aceptado a pie juntillas por el Poder Electoral, obligado constitucionalmente a revisar la constitucionalidad de las decisiones que toma, sobre todo en el decisivo tema del sufragio democrático, a fin de preservar la democracia.

El derecho al sufragio establecido en la Constitución vigente sigue el principio de un ciudadano, un voto; no hace agrupamientos ni distinciones de votantes. Todas las elecciones que se realicen en el país deben cumplir con ese principio. Según el artículo 64: “Son electores o electoras todos los venezolanos y venezolanas que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política”102.

Esos son los requisitos para ser elector en Venezuela en cualquier elección. Como es evidente, la norma suprema no establece más requisitos que los señalados y, mucho menos, segmenta a los electores en grupos especiales. Sin embargo, el artículo primero de las Bases Comiciales para la Asamblea Nacional Constituyente establece una modalidad de sufragio distinta: la sectorial, más próxima a un voto “corporativo” que a uno democrático, pues rompe con la individualización del sufragio propio de la democracia. Por esta vía se elegirán 181 constituyentes, 33% del total.

PRIMERO.- Los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente serán elegidos y elegidas en el ámbito territorial y sectorial, mediante el voto universal, directo y secreto, sin perjuicio de los y las integrantes de los pueblos indígenas que serán elegidos y elegidas de acuerdo a sus costumbres y prácticas ancestrales, amparados por los artículos 119 y 125 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los sectores comprenden: 1) Trabajadores y Trabajadoras. 2) Campesinos y Campesinas y Pescadores y Pescadoras. 3) Los y las Estudiantes. 4) Personas con discapacidad. 5) Pueblos Indígenas. 6)

102 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.


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Pensionados y Pensionadas. 7) Empresarios y Empresarias. 8) Comunas y Consejos Comunales.103

Como puede observarse, la sectorialización de los electores es arbitraria, pues ¿cuál criterio se utilizó para sectorizar a los votantes? ¿Por qué esos sectores y no otros? El criterio de sectorialización parece apuntar a aquellas categorías sociales en las cuales pudiera tener más posibilidades de ganar el oficialismo. En la práctica, tal como muestra la “campaña electoral” de los aspirantes a formar parte de la ANC, la idea es que todos los ciudadanos adscritos a las misiones, a los consejos comunales, a los beneficiados por los CLAP o los que tengan un Carnet de la Patria, así como los trabajadores públicos y privados, están obligados a ir a votar el 30 de julio de 2017. Así lo ha dispuesto el presidente de la República y ejecutado por ministros y altos dirigentes del PSUV. Maduro manifestó en un acto con trabajadores en Guayana, estado Bolívar:

Le recomiendo lo siguiente: tomen la nómina de los trabajadores. Voy a poner un ejemplo, tomen la nómina de todas de las instituciones, empresas, llamen a todos los trabajadores y organizar la forma en la que van a ir a votar a las 5:00 de la mañana en “cambote” el domingo 30 de julio.

Si tenemos 15 mil trabajadores deben votar los 15 mil trabajadores sin ninguna excusa, empresa por empresa, ministerio por ministerio, gobernación por gobernación, alcaldía por alcaldía, vamos todos a votar por la Constituyente (...) deben votar todos sin ninguna excusa.104

Con esto Maduro viola la Constitución en dos sentidos: por una parte, olvida que el voto es un derecho, no una obligación, y, por otra parte, coacciona a los electores a fin de ir, incluso contra su voluntad, a sufragar aun cuando no deseen hacerlo, con lo que formula veladas amenazas de no asistir. Es, en definitiva, un voto impuesto.

Pero sobre todo muestra para qué son, al final del día, todos los mecanismos organizativos y asistenciales creados por Chávez y por él: son, o pretender ser, la manera de que la masa de electores sea controlada mediante un clientelismo autoritario, a fin de ser llevada a votar en los procesos electorales, o de marchar en las manifestaciones oficiales. Antes de Maduro, esos electores sufragaron por el finado presidente de manera bastante autónoma, sin dejar de ayudarse con el ventajismo institucional a favor de los candidatos chavistas y la aplicación del clientelismo autoritario: se amenazaba a los que no votaran por los candidatos chavistas de despojarlo de algún beneficio público o de no recibirlo. Esa autonomía relativa del elector predominó hasta 2015, cuando el chavismo

103 Las Bases Comiciales para la Asamblea Nacional Constituyente, convocada según el decreto n° 2.830 de fecha 1º de mayo de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n° 6.295 extraordinario de la misma fecha, en: http://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/

104 http://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Maduro-a-empleados-publicos-Deben-votar-todos-sin-ninguna-excusa-para-la-Constituyente, 6 de julio de 2017.


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perdió dramáticamente la Asamblea Nacional. Desde la derrota en 2015, Maduro y lo que le queda de régimen evaden las elecciones democráticas y busca hacer elecciones controladas, impuestas, buscando un barniz de legitimidad.

Frente a la AN dominada por la oposición, Maduro entró en una vorágine anticonstitucional. Desconoció los efectos institucionales de la victoria opositora, pasó a la obstrucción de las actividades de la AN, luego a la usurpación de sus atribuciones y, finalmente, a la usurpación de las funciones del Poder Legislativo. Esto terminó dando lugar a la reacción de la fiscal general de la República, quien señaló que había una ruptura del orden constitucional. Hoy el conflicto está instalado en el seno mismo del Estado venezolano, dividido peligrosamente.

Ahora, en el marco de la convocatoria constituyente, rechazada por el 80% o más de los electores consultados en las encuestas, ni siquiera las bases sociales chavistas están animadas a votar y el régimen busca obligarlos a asistir, en una “elección” sin competidor que ganarán indefectiblemente, de no mediar algún hecho que lo impida. Dada la probabilidad de una baja asistencia, incluso por debajo del 10% de los electores, el oficialismo estuvo tras la búsqueda de los votantes intimidándolos y ejercitando el clientelismo autoritario.

El Carnet de la Patria se convirtió en el mecanismo estelar de control político electoral. Es un nuevo documento de identidad, pues tal como dijo Jorge Rodríguez, el mismo fue utilizado en las elecciones del 30 de julio, requerido a los votantes al momento de ingresar al centro de votación. De esta manera, el PSUV tendrá la información de cuántos portadores del carnet asistieron y cuántos no asistieron. Con ello, se puede ejercer presión sobre los votantes con la amenaza de quitarle los beneficios suministrados con el carnet. Parafraseando al voto censitario del siglo XIX, estamos en presencia del voto “carnetizado” del siglo XXI, que es una forma de voto censitario, es decir, un sufragio censado por las autoridades con el cual se establecía quién podía votar y quién no. Ahora se establecerá quién recibe y quién no un beneficio público. Es una forma de control político-electoral explícito y la aplicación de coerción sobre la voluntad del votante quien no sufraga libremente. Este tipo de sufragio, propio de regímenes de partido único, puede ser el voto del futuro al ser consagrado en la nueva Constitución.

De hecho, diversos funcionarios del gobierno dejaron claro el uso político-electoral que le darán al carnet y a las políticas sociales en general, e hicieron declaraciones intimidatorias en los días previos a la elección. Una muestra de ello, la dio el jefe de la campaña oficialista, Héctor Rodríguez: “las actividades que sostendrán desde este lunes al sábado mantienen como principal objetivo activar toda la maquinaría, aplicar la estrategia 4 por 4, reencontrarse con las UBCH, CLP, movimientos sociales, maquinaría


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de los CLAP, entre otros grupos que apoyan el oficialismo, explicó el parlamentario y también jefe del Comando de Campaña para la Constituyente. Añadió:

Asumimos ese escenario para revisar toda la maquinaría. Convocamos a todos los jefes de calle, jefe de comunidad, CLP, UBCH, consejos comunales (…) El domingo vamos a probar la estructura del Carnet de la Patria (…) hemos desarrollado un aplicación para chequear en tiempo real quién ha ido a votar. Pondremos a prueba esta herramienta maravillosa que es el carnet de la patria.105

Un exministro, candidato a la ANC, lanzó su amenaza a los pensionados: “Si no votan, ponen en riesgo su pensión”.106

Las amenazas no fueron solo a los sectores populares, sino también a empresarios y gente de clase media. El gobernador del estado Táchira hizo gala de su capacidad de chantaje:

Hay que poner una clausula: empresa, industria o persona natural que no vaya a votar el 30 de julio, no se le otorguen más beneficios del Dicom, porque es injusto que les estemos dando dólares a la derecha criminal y terrorista. El pueblo no quiere más que de las bondades del socialismo se aproveche siempre una oposición irracional y desagradecida.107

La otra gran manipulación de la elección de los miembros de la ANC es la llamada “territorialización” de estos. El artículo tercero establece lo siguiente:

TERCERO.- En el ámbito territorial se producirá la elección de trescientos sesenta y cuatro (364) Constituyentes a la Asamblea Nacional Constituyente, conforme a la siguiente distribución: un o una (1) Constituyente por cada Municipio del País que será electo o electa de forma nominal de acuerdo al principio de representación mayoritario, y dos (2) Constituyentes en los Municipios Capitales, que serán electos o electas mediante la modalidad lista, de acuerdo al principio de representación proporcional. En el Municipio Libertador de Caracas, Capital de la República Bolivariana de Venezuela y el asiento de los órganos del Poder Nacional, se escogerán siete (7) Constituyentes mediante la modalidad lista de acuerdo al principio de representación proporcional.108

Esta cláusula iguala a todos los municipios ignorando el volumen de electores, lo que lleva a que municipios con mayor población electoral tengan menos constituyentes que los de más baja población, con lo cual quiebra el principio de representación, pues los votantes no serán representados proporcionalmente a su número, sino que los de

105 Héctor Rodríguez, “Con el carnet de la patria vamos a chequear quién ha votado” en: http://www.noticierodigital.com/2017/07/ 10-7-2017.

106 Crónica Uno, 13-07-2017.107 http://800noticias.com/lo-dijo-vielma-mora-quien-no-vote-en-la-constituyente-quedara-sin-dolar-

dicom, 11-07-2017.108 Bases comiciales...


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menos habitantes tendrán más representación en la ANC que los de más habitantes. Por esta vía se elegirá el 66,78% de los miembros de la ANC. La malaportionment, o mala distribución de los representantes en el territorio no es nueva y constituye otra forma de adulterar el sufragio democrático y crear una crisis representacional. En este caso, la desproporcionalidad es mayor que en cualquier otra elección previa.

La constituyente de Maduro fue rechazada vehementemente por la sociedad democrática en porcentajes del 80% o más, consultados en las encuestas. Un nuevo ciclo de protestas y de conflicto político se desató en rechazo a la usurpación de funciones de la Asamblea Nacional y a la constituyente. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), principal coalición opositora, declinó participar en ella y llamó a impedirla. Como expresión de ese rechazo se desató un movimiento de protesta nacional de más de 120 días y se organizó una consulta electoral para rechazar la ANC y para pedirle a la Fuerza Armada Nacional el respeto de la Constitución. En el llamado plebiscito, rechazado por el CNE, sufragaron 7.600.000 ciudadanos, quienes rechazaron la convocatoria de la ANC. Ese mismo día, apelando a su “clásica” estrategia de la contraofensiva, el gobierno organizó un simulacro de la elección de los miembros a la ANC, instrumentado por el CNE, con una participación muy por debajo de la verificada en el plebiscito.

Igual posición de rechazo tuvieron otras expresiones opositoras, entre las cuales destacó la disidencia chavista que ha visto subir sus acciones con la irrupción de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. La alta funcionaria fue amenazada de destitución de su cargo por el Tribunal Supremo de Justicia y por la ANC y parece ser la punta del iceberg de un nuevo proyecto político en el seno del chavismo, lo cual lo divide en dos bandos, en lucha por expresar el chavismo genuino.

Pese al gigantesco rechazo, Maduro no cejó en su intención de elegir a sus miembros. El país observó, con mucho temor, los anuncios de las futuras decisiones de la ANC que, de concretarse, constituirán la definitiva liquidación de una democracia mutilada desde los inicios de Chávez y que Maduro llevará a su liquidación definitiva, de no haber fuerza suficiente que logre detenerlo.

6. Conclusiones

A lo largo de estas páginas hemos pasado revista a los distintos mecanismos organizativos creados por los gobiernos chavistas entre 1999 y 2016. Todos ellos han sido erigidos a partir de la idea de pueblo de Hugo Chávez, formada antes de 1998 y, sobre todo, a partir de 1999. Las características fundamentales de estas figuras


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asociativas son las siguientes: han sido creadas desde arriba, por el Poder Ejecutivo; instrumentalizadas políticamente como correas de transmisión tanto del gobierno como del partido; convertidas en un mecanismo para perseguir la renta petrolera a nivel popular; han tendido a la corrupción por la falta de rendición de cuentas; han servido para practicar clientelismo político tanto el tradicional como el autoritario introducido por los gobiernos chavistas. Algunas organizaciones ya preexistentes fueron captadas por el gobierno desde la llegada de Chávez a Miraflores. Las asociaciones civiles que no compartían el proyecto político de Chávez fueron puestas de lado, combatidas por distintos medios y bloqueadas en sus relaciones internacionales. Igualmente es destacable el constante auge y caída de las figuras asociativas creadas por el Estado: consejos locales de planificación pública, comités de tierras urbanas, círculos bolivarianos, cooperativas, consejos comunales, comunas hasta llegar al Poder Popular. En el período de Maduro, las figuras asociativas son de crisis, ideadas para enfrentar los efectos penosos del modelo económico chavista, que luce completamente agotado, entre los cuales destacan Los CLAP y el Carnet de la Patria.

Lo que puede concluirse de toda esta experiencia es que el chavismo no logró penetrar el sistema social, como aspiraba Chávez. La sociedad y el Estado comunal no han logrado la implantación esperada y circula en predios oficialistas que la constituyente de Maduro buscará imponerlos constitucionalmente. Pero, en términos de una competencia con las formas asociativas impulsadas en el período democrático, es poco lo que se ha logrado. Si bien Chávez llegó a visualizar la vía para ello, con la idea de la sociedad comunal, la implantación de esta figura ha chocado con la tradición municipal venezolana y su implementación ha sido muy ineficiente, pues no ha respondido a un desarrollo natural de las bases sociales y han sido altamente instrumentalizadas desde un punto de vista político partidista. Y, sobre todo, el personalismo militarista de Chávez aparece como la razón fundamental de los pobres logros que ha habido con ellas. Si bien todas estas formas de organización popular han llegado a millones de personas, su declive cuantitativo es ostensible y es muy baja la inserción de esas figuras en la vida real de la gente. La ley le ha dado a los consejos comunales funciones cuasi públicas, lo que obliga a la población a usarlos y hacerse miembros de ellos, pero no es voluntaria la adscripción, sino obligada por el rol de “organismo” público, que tramita documentos obligatorios para la población.

Por otra parte, casi todas las figuras asociativas han manejado grandes cantidades de recursos sin rendición de cuentas, lo que ha movilizado a la población a fin de cazar la renta que se distribuye a través de ellas. Finalmente, estamos ante una nueva experiencia de clientelismo que ha añadido un nuevo tipo: el clientelismo autoritario. En síntesis: la permanencia del chavismo en el poder ha sido producto más de la popularidad electoral


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de Chávez que de la creación de unas bases sociopolíticas sólidas. El apoyo electoral masivo recibido por Chávez era más el producto de una conexión personal y emocional con él que el resultado de un trabajo de inserción sólida entre las masas. Apenas fallecido y, en medio del más grande operativo de sicología de masas llevado a cabo en Venezuela, Maduro casi pierde las elecciones presidenciales de 2013. Esto indicaba la falta de motivación de los electores chavistas para dar un respaldo contundente al heredero del poder, conducta extensible a las parlamentarias de 2015, cuando el elector chavista y el opositor se conjugaron para propinarles una derrota contundente a los candidatos oficialistas.

La idea de un sujeto de la revolución naufragó ante la utilización política de las organizaciones y ante la constatación de que el pueblo no era la vanguardia de la revolución, sino que era un individuo con mucho poder, muy pagado de sí mismo y militarista. Entre el pueblo y los militares, los verdaderos sujetos del poder han sido los segundos, mientras que los primeros eran el objeto de la acción de un Estado que, al final del ciclo chavista que vivimos a partir de la muerte del líder, observa cómo se ha reproducido la pobreza a niveles más altos que en 1998. El país no resolvió ninguno de los problemas que Chávez ofreció resolver y, por el contrario, ha agregado nuevos que forman parte de la agenda de los venezolanos de 2014 en adelante.

La propuesta de la ANC deja en claro que, tanto en los períodos de Chávez como en el de Maduro, todas las formas de organización popular impulsadas por el Estado han tenido un papel electoral; son la base de movilización electoral del chavismo; sin embargo, en los años de Chávez su apoyo electoral iba más allá de las organizaciones controladas por el gobierno; hoy, en el período de Maduro, el oficialismo solo cuenta, a duras penas, con respaldo de la plataforma de asociaciones que han ido generando muchas de las cuales conforman un cementerio organizacional por los fracasos de muchas de ellas, tales como: los círculos bolivarianos y las cooperativas. Dada la crisis de legitimidad de Maduro y su régimen, el oficialismo se nos muestra en una labor de coacción de los votantes inscritos en los programas sociales como las misiones, los CLAP, el Carnet de la Patria, a fin de que apoyen la constituyente propuesta por Nicolás Maduro.

El futuro venezolano se muestra incierto entre la tendencia del gobierno a imponer un nuevo modelo institucional (en el cual no habrá posibilidades de oposición democrática) y las presiones de la sociedad civil democrática por impedirlo. Es la lucha entre lo que queda de democracia y el régimen autoritario que busca imponer un modelo político constitucionalmente dictatorial, tal como parece estar buscando con la constituyente de Maduro. El plebiscito del 16 de julio pudo haber sido la última elección democrática y la del 30 de julio, la primera elección a la cubana en Venezuela.


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Hugo Chávez y el populismo del siglo XXI en Venezuela FernanDo spiritto

1. Introducción

En este trabajo se hace un análisis del gobierno de Hugo Chávez, el llamado “socialismo del siglo XXI”, y los factores sociales y económicos que hicieron viable el ejercicio de su poder en Venezuela durante 13 años (1999-2012). Muchos de los argumentos aquí expresados servirán para analizar también al gobierno de Nicolás Maduro, sucesor de Chávez a partir de 20131.

Las ideas que se van a desarrollar abarcan tanto a las condiciones sociales que hicieron posible su ascenso al poder, así como las que le permitieron ejercerlo con un particular tono y estilo poco común en la América Latina de comienzos del siglo XXI. El éxito de Chávez como encarnación de la revolución bolivariana tuvo eco en otros países de la región como Argentina, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, y dio apoyo a diversas corrientes de izquierda sumidas en un profundo letargo desde el colapso de la Unión Soviética en 1991.

A pesar de que se habla con mucha frecuencia de un modelo político original, que comparte espacios en la región con otros modelos como el liberal o el socialista democrático, se sostiene en estas páginas que el chavismo no es otra cosa que un populismo redivivo, al estilo de la más pura tradición latinoamericana, y adaptado a las realidades de la globalización, del avance tecnológico del siglo XXI, de la penetración de los medios, y sobre todo apoyado en la cuantiosa renta producto del segundo boom de precios petroleros que se inició en 2003 y culminó en 20142.

1 Hugo Chávez murió el 5 de marzo de 2013 y dejó como sucesor a Nicolás Maduro, quien ganó por estrecho margen (1,5%) las elecciones del 14 de abril de ese año en un proceso impugnado por la oposición.

2 Puede afirmarse sin exageración que no existe manual de historia o política latinoamericana de las décadas del sesenta o setenta del siglo XX que no describa al populismo “clásico” casi en los mismos términos con los que se describen el populismo en la segunda década del siglo XXI. Véase por ejemplo, Newton (1980).


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Hugo Chávez y el populismo del siglo XXI en Venezuela

El chavismo es populista porque mostró desde el poder, al igual que sus renombrados antecesores latinoamericanos, una serie de rasgos que dieron forma histórica al concepto: movilizó a las masas mediante el liderazgo carismático, destruyó al régimen anterior pero no necesariamente democratizó el sistema político, distribuyó beneficios, polarizó a la sociedad en función de enemigos internos y externos, levantó la bandera nacionalista y causó severas distorsiones al aparato productivo. El término populista es más apropiado para calificar al liderazgo de Chávez que el socialista, el cual parece más un slogan que un proyecto político.

El hecho que tal movimiento haya reaparecido en la región cuando ya parecía superado dado el alto costo que significó en las décadas pasadas para los países del continente, hace del venezolano un caso digno de estudio. En este sentido, ha dicho Fernando Mires (2003) que el populismo no es una tipología o una fase del desarrollo de los pueblos latinoamericanos, sino una “articulación de acontecimientos”, por lo que su historicidad no significa historicismo. El chavismo adquiere así una dimensión temporal que puede explicarse a partir de la información disponible y de las herramientas teóricas a nuestra disposición. No es un evento político único u original.

El populismo es un tema recurrente en la historia de América Latina. La ola democratizadora que recorrió el continente a partir de los años ochenta del siglo XX ocultó la tendencia3, pero en los primeros años del siglo XXI resurgió con fuerza en la forma de nuevos gobiernos, movimientos, o personalidades que hoy influyen en la política de nuestras naciones.

El populismo surgió en la América Latina a principios del siglo XX cuando las masas fueron incorporadas al sistema político como resultado del desarrollo incipiente de los mercados internos, la urbanización y la aparición de cuerpos intermedios (partidos y sindicatos) que canalizaron su participación. Todo ello generó la ruptura del Estado oligárquico que dio paso a la transición de una sociedad agraria a una sociedad moderna, materializada en las políticas de sustitución de importaciones que buscaban dar el big push al desarrollo. De este proceso surgieron diversos liderazgos carismáticos y hasta autoritarios cuyos ejemplos más notorios fueron Juan Domingo Perón en Argentina, Víctor Paz Estenssoro en Bolivia, Getulio Vargas en Brasil, José María Velasco Ibarra en Ecuador, Lázaro Cárdenas en México, o Víctor Raúl Haya de la Torre en Perú, entre otros muchos.

La economía constituyó el punto débil del renacer democrático en América Latina durante los años noventa del siglo pasado. Las políticas basadas en el “Consenso de

3 Lemogodeue y otros afirmaron en 2002 que “reprimido en ciertos países, despreciado en otros, hoy en día el populismo no es viable como sistema de gobierno”. América Hispanica en el siglo XX. Identidades, culturas y sociedades. Ediciones UCAB y Banco Industrial. Caracas, 2002. p. 61.


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Washington” no trajeron el prometido crecimiento económico ni el fin de la desigualdad pregonado por los organismos multilaterales. El insatisfactorio desempeño económico creó tensiones políticas que fueron absorbidas en parte por el boom económico generado por el aumento de las materias primas que se inició en 2003. Ello permitió un proceso político más ordenado basado en la negociación y la representación, especialmente en los países que han mostrado un desempeño económico satisfactorio durante la período de bonanza como Brasil, Colombia o Perú. Y sin embargo, hoy hablamos nuevamente de populismo, debido en parte al caso venezolano.

El artículo está organizado de la siguiente manera. En la segunda sección hacemos un repaso de los principales rasgos que definen al populismo latinoamericano desde una perspectiva histórica. En la tercera sección se describe, con sus aciertos y errores, al sistema político que antecedió al socialismo del siglo XXI en Venezuela. Chávez no surgió del vacío y es la crisis de la llamada “democracia puntofijista” (1958-1998) la que proporcionó el terreno adecuado para su ascenso al poder. En la cuarta sección se analiza la base política del chavismo. Nos interesa explorar los factores que lo hicieron disfrutar durante tantos años de amplios apoyos sociales. El punto es relevante porque es necesario determinar las posibilidades del chavismo sin su líder. En la última sección se hace, a manera de conclusión, algunas reflexiones sobre la Venezuela postchavista.

2. ¿Qué es el populismo?

La literatura política no ha escatimado nombres a la hora de estudiar la amplia variedad de regímenes antiliberales que han surgido en las últimas décadas. Por “antiliberales” nos referimos a gobiernos que tienden a rechazar los mecanismos clásicos que buscan limitar el ejercicio del poder en la sociedad, tales como la división del poder, el reconocimiento del pluralismo, la alternabilidad, la libertad de expresión o la descentralización. Tales regímenes muestran como novedad que han nacido, mayormente, de la voluntad popular expresada en elecciones. Alberto Fujimori (Perú), Vladimir Putin (Rusia), Viktor Orban (Hungría) y Recep Tayyp Erdogan (Turquía) son ejemplos recientes de esa tendencia.

El tema se resume destacando las severas desviaciones que pueden surgir cuando líderes u organizaciones, apoyándose en amplios sectores de la población, manipulan los ideales democráticos y sus reglas de juego para perpetuarse en el poder o imponer objetivos o intereses que no logran consenso social. Estamos así ante una corriente de la teoría política que se remonta, al menos, a Alexis de Tocqueville y su “Democracia en América”.


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Aunque no hay espacio para revisar la literatura en detalle, tales términos pueden ser mencionados rápidamente. Tienen en común que la representación se concentra en uno o pocos individuos, en lugar de distribuirse en una gran variedad de cuerpos intermedios como se establecen en las teorías pluralistas. La lista incluye, entre otros, los siguientes modelos: democracia delegativa (O`Donnell, 1994); democracia iliberal (Zakaria, 1997); autoritarismo competitivo (Levitz y May, 2002); régimen híbrido (Corrales y Penfold, 2012); legalismo autoritario (Corrales, 2015).

Esa discusión teórica va “aderezada”, frecuentemente, con el uso de otros conceptos de mayor tradición y profundidad histórica como los siguientes: “antipolítica”, fascismo, socialismo, sociedad de masas, o estado predatorio. El militarismo y el caudillismo, como típicos rasgos políticos latinoamericanos, no pueden dejar de estar presentes.

No obstante, el populismo como proceso histórico y categoría política precede a los términos anteriores. Si bien todos aportan teóricamente, bien planteando nuevos elementos o dándoles relevancia a algunos ya establecidos, “populismo”, tal como se viene usando desde hace varias décadas, parece más abarcante y adaptado a la realidad. Es un típico movimiento antiliberal.

Al revisar la literatura sobre el populismo en América Latina, queda claro que no existe consenso sobre su especificidad. No obstante, algunos rasgos pueden ser destacados.

Se trata de un movimiento político en el sentido de que organiza a las masas para la toma del poder. No asume una postura única en cuanto a lo ideológico, por lo que es posible encontrar populismos tanto de izquierda como de derecha. Abarca a un gran número de sectores, clases o grupos, lo que le imprime un sesgo multiclasista. El populismo no se entiende sin una concepción de pueblo en el sentido amplio, vale decir, como una totalidad de la población que el movimiento representa o encarna.

El populismo no es un rasgo original de América Latina. En el siglo XIX, Rusia y Estados Unidos tuvieron movimientos populistas (al menos del mismo nombre) con raíces rurales en ambos casos. En el primer país, se trataba de un movimiento de intelectuales de clase media que resaltaban las bondades de la vida rural en contra del liberalismo occidental, el capitalismo y la industrialización. En los Estados Unidos, se trató de una reacción contra el capital monopolista por parte de pequeños productores que se sentían amenazados por el capitalismo. En estos dos países el populismo era una especie de protesta del pequeño contra el grande 4. En América Latina, por el contrario,

4 Véase, por ejemplo, Larraín Mira, Paz: “El populismo en América Latina”. www.ugn.cl/institutos/2005/J-PLM_populismo_America_Latina.html. Y, “The return of populism”. The Economist. 18-4-2006.


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fueron las masas urbanas las que asumieron el rol político de luchar por una mayor participación en el sistema político.

Entre las características del populismo que son normalmente mencionadas tenemos las siguientes: una noción de política como el enfrentamiento entre pueblo y élite u oligarquía; liderazgo carismático basado en una relación directa entre el líder y el pueblo y en las habilidades de comunicador del primero; nacionalismo extremo; la figura del enemigo externo en la forma del poder imperial (normalmente los Estados Unidos) que busca someter a los pueblos; confusión entre Estado, partido, líder y cuerpos intermedios como los sindicatos, etc.; movilización permanente de los grupos que apoyan al líder.

Enrique Krause (2012) menciona también que el populismo alienta el odio de clases, desprecia el orden legal y “mina, domina y, en último término, domestica o cancela las instituciones de la democracia liberal”.

Como toda corriente política antiliberal, el populismo “clásico” fue claramente antiparlamentario. Newton (1981:72) menciona como una de sus características el uso frecuente de tácticas contra el Poder Legislativo para librarse de las restricciones legales. Este autor también destaca el carácter corporativo del liderazgo populista en el sentido de ofrecer privilegios políticos o materiales a aliados reales o potenciales para que se integren a la coalición gobernante (ibídem).

El carácter autoritario del corporativismo es normalmente reconocido en la literatura5. Surge como una respuesta contra parlamentos y partidos en la Europa del siglo XX, específicamente en Italia, la Unión Soviética y Yugoslavia (Loewenstein, 1982: 456). Como observa este autor, “que el lugar natural del actual corporativismo es el régimen autoritario queda confirmado también por los intentos realizados en la Alemania de Hitler o en la España de Franco” (Ibidem, p. 462).

En este sentido, no parece casualidad que la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente por parte de Nicolás Maduro en mayo de 2017 fuese claramente corporativa. La convocatoria fue inconstitucional porque no contempló la consulta al pueblo, tal como se desprende de los artículos 347 y 348 de la Constitución, sino también porque las bases comiciales, dictadas el 23 del mismo mes, crearon estructuras “sectoriales” o corporativas que atentaban contra la igualdad del voto y la representación igualitaria de los ciudadanos. El chavismo, especialmente en su versión “madurista”, ha sido consistentemente antiparlamentario en el sentido de que, utilizando a voluntad la

5 Véase, por ejemplo, el capítulo XII sobre pluralismo de: Loewenstein, Karl (1982): Teoría de la Constitución. Barcelona: Ariel.


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Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, impidió el ejercicio de la totalidad de las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional6.

Como ha dicho Cas Mudde (2012), “el populismo es una ideología de núcleo poroso, que considera que la sociedad está dividida en dos grupos homogéneos y antagónicos –el pueblo puro frente a la élite corrupta– y que sostiene que la política debería ser una expresión de la volonté générale del pueblo”. Como sabemos desde Rousseau, la voluntad general es un término con profundo contenido autoritario dada la imposibilidad práctica de determinarla con precisión. Es usualmente el líder el que dice de qué se trata.

Desde el punto de vista económico, el populismo ha sido negativo para el bienestar de los pueblos, a pesar de los efectos redistributivos que ha podido tener en el corto plazo. “Populismo macroeconómico” fue un término popularizado por Rudinger Dornbusch y Sebastián Edwards (1991:9) en los años noventa para describir la estrategia económica implementada por muchos gobiernos latinoamericanos en las décadas anteriores que terminaron en inflación y pobreza generalizada. Según estos autores, se trata de “un enfoque económico que privilegia el crecimiento y la distribución del ingreso y resta importancia a los riesgos de la inflación, los déficit fiscales, las restricciones externas y la reacción de los agentes económicos a las agresivas políticas que ignoran a los mercados”.

Populismo es entonces distribución, sin consideración de los otros mecanismos de generación de riqueza, especialmente del mercado. Es por ello que sus épocas de mayor auge se han dado en medio de bonanzas económicas, causadas por el aumento de las materias primas, como los que tuvimos en la posguerra y a partir de los primeros años del siglo XXI. Países con instituciones débiles y riqueza minera son pasto fácil de la demagogia populista. El clientelismo político, es decir, la creación de redes para distribuir prebendas a cambio de obediencia política, es su principal herramienta, como vemos en el caso venezolano.

La Gran Depresión trajo cambios importantes en la esfera económica latinoamericana. Los gobiernos se volvieron más activos en la promoción del desarrollo7. Se abandonó la ortodoxia monetaria impuesta por el patrón oro y se optó por políticas monetarias y fiscales expansivas que impulsaron la demanda interna (Ocampo, 2004: 744). En paralelo, se tomaron medidas proteccionistas de largo alcance. Altos aranceles,

6 Esta situación llegó al extremo con la sentencia n° 156, del 29 de marzo de 2017, mediante la cual la Sala Constitucional reafirmó la figura del desacato y dispuso “que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho”.

7 José Antonio Ocampo (2004:741) prefiere hablar de “industrialización dirigida por el Estado” puesto que lo nuevo era la presencia de este en el desarrollo económico y no la sustitución de importaciones, que venía produciéndose desde finales del siglo XIX.


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controles de cambio para evitar importaciones excesivas y fuga de capitales, tasas de cambio sobrevaluadas como subsidios a la importación de maquinarias8, créditos a bajo costo, compras del gobierno y construcción de infraestructura eran la norma en la política económica de la región para dar el big push al desarrollo industrializador. Las guerras produjeron la interrupción del abastecimiento de muchos productos de consumo masivo, lo que puso de manifiesto la necesidad de sustituir importaciones. La acción gubernamental fue reforzada por las condiciones favorables que brindó la economía internacional al final de la Segunda Guerra Mundial. La recuperación internacional de la posguerra significó para la región una fuerte demanda de materias primas y un aumento de las reservas internacionales, al menos hasta mediados de los años cincuenta9. Las políticas públicas dieron impulso a una tendencia que ya venía desarrollándose desde finales del siglo XIX.

La “industrialización por sustitución de importaciones” (ISI) como estrategia económica explícita coincidió con cambios trascendentales en la esfera política. El crecimiento económico y demográfico de las décadas anteriores originó el surgimiento de sectores sociales (trabajadores manufactureros, empleados públicos, movimiento sindical, etc.) proclives a la movilización política por parte de los nuevos partidos, sindicatos y movimientos.

Los primeros años del siglo XX fueron tiempos de reforma política. En los países del cono sur del continente se hicieron cambios en los sistemas electorales y se permitió la formación de partidos de clase media que pudieron participar en la política. Se trató,

8 En muchos casos, las generosas políticas de apoyo a la industrialización por sustitución de importaciones (especialmente la sobrevaluación de la moneda) tendieron a distorsionar el uso del capital productivo (maquinarias, edificios y equipos). Prueba de ello eran las persistentes altas tasas de desempleo y la subutilización del stock de capital, vale decir, el nivel de la capacidad productiva sin la demanda equivalente, lo que ciertamente es un resultado paradójico, puesto que fue la escasez de capital por trabajador lo que impulsó las políticas de promoción industrial (Bruton, 1998: 913). Como demuestra Baptista (2008), Venezuela mostró claros signos de sobrecapitalización durante los años setenta del siglo XX. Una desproporcionada relación capital-producto o capital/trabajo se traduce en altos costos operativos a las empresas y baja capacidad de empleo y además constituye un poderoso factor de concentración del ingreso.

9 Como dice Ocampo, op cit, p. 745, “la idea dominante aun era que la industrialización y el desarrollo exportador eran complementarios. Evidentemente, en la medida en que la industrialización y la agricultura nacional se convirtieron en fuentes efectivas del crecimiento económico, era natural que recibieran una atención creciente por parte de las autoridades. Esto condujo a fines del decenio de los treinta a la creación de instituciones estatales especiales para la promoción de nuevas actividades manufactureras, en particular de desarrollo industrial, y la nacionalización de ciertos sectores estratégicos . La nacionalización de la industria petrolera de México representa, en este sentido, el hito

más importante”.


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como dicen Skidmore y Smith (1992: 51)10, de una democracia “cooptativa” en la cual “la efectiva participación se extiende de la clase alta a la clase media con la continua exclusión de la clases bajas. Esas transiciones usualmente reflejaron los intentos de las élites socioeconómicas gobernantes de cooptar las clases medias para que apoyaran los regímenes, aunque a veces con consecuencias no deseadas o imprevistas como en el caso de México, donde los eventos crearon una revolución. Para el resto de los casos los objetivos fueron limitados”.

A partir de los años treinta aparecieron los populismos latinoamericanos sobre la base de las alianzas de clases y personalidades carismáticas que insurgieron contra los sistemas políticos conservadores y excluyentes que caracterizaron al período exportador de materias primas. En país tras país se observa el ascenso al poder de líderes carismáticos y partidos de masas que buscaban tanto incorporar las mayorías a la política como encontrar nuevos medios de legitimarse en el poder. Cambiando lo cambiable, puede considerarse ejemplos de lo anterior a la revolución mexicana; a Jorge Batlle en Uruguay; a Hipólito Yrigoyen y a Juan Domingo Perón en Argentina; Getulio Vargas en Brasil; a la figura de Jorge Eliécer Gaitán en Colombia; o la Revolución de Octubre de 1945 en Venezuela. La ISI constituyó una de esas formas de legitimación política en el sentido de proporcionar oportunidades de empleo y bienestar a las masas movilizadas. Los movimientos populistas encontraron una situación económica favorable, al menos hasta mediados de los años cincuenta, que les permitió financiar sus proyectos desde el poder. Lo resaltante en este punto es que el crecimiento del mercado interno no solo trajo las condiciones para industrializar las economías, sino también para un trascendental cambio político.

La ola autoritaria que recorrió a la región durante la década del cincuenta y sesenta puede interpretarse como la respuesta de sectores conservadores y militares a la excesiva participación popular causada por los movimientos populistas. A mediados de los años cincuenta, los términos del intercambio se deterioraron, lo que originó situaciones de inflación y de crisis en las balanzas de pagos que facilitaron la intervención directa de esos sectores en sistema político. En la literatura se conoce a estos regímenes como “autoritario burocráticos”. Los gobiernos militares de Brasil (1964) y Argentina (1966) caen es esta categoría. O´Donnell (1979) encuentra una clara asociación entre el proceso de modernización de esos países y el surgimiento de las dictaduras. El avance a etapas superiores de industrialización (bienes intermedios y de capital) requería cuantiosas inversiones y el control se sectores sociales organizados. Las crisis macroeconómicas, producto en parte de las balanzas de pagos deficitarias que

10 Skidmore, Thomas y Smith, Peter (1992): Modern Latin America. Nueva York: Oxford University Press. p. 51.


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generaron las altas importaciones, y la inflación subsiguiente causada por las políticas redistributivas, hacían necesarios planes de estabilización difíciles de implementar en sociedades movilizadas por partidos y sindicatos. Ello hizo viable a los gobiernos de militares aliados con tecnócratas y burócratas para poner “orden” en sociedades caóticas, según su visión, o adelantar su proceso de modernización, según otras perspectivas.

Los gobiernos militares se apoyaron en la Doctrina de la Seguridad Nacional a partir de la cual se buscaba reestructurar a la sociedad desde sus cimientos y erradicar al comunismo que representaba el enemigo mortal. No pusieron límites de tiempo a sus tareas. El Estado intervino activamente en la economía fomentando y protegiendo sectores considerados como básicos (industria pesada) aunque decían estar comprometido con la libre empresa. A principios de los años setenta surgieron otras dictaduras, en Chile y Uruguay, animadas por los mismos principios.

A partir de los años ochenta, la marea autoritaria cedió para dar paso a gobiernos civiles electos por votación popular. Durante las dos décadas anteriores Venezuela permaneció inmune al virus militar que infectó a la región, aunque a inicios de los años sesenta hubo revueltas militares que fracasaron. La última dictadura cayó en 1958 y en adelante el país disfrutó de una democracia estable en una región gobernada en su mayoría por regímenes militares.

Como veremos en la próxima sección, entre 1958 y 1998 Venezuela escapó al populismo autoritario y a las dictaduras militares gracias al establecimiento de un sistema de partidos que modernizó al país utilizando al ingreso petrolero como herramienta de transformación. Los partidos canalizaron las demandas y representaron adecuadamente a la mayoría de los sectores sociales, con algunas excepciones que a inicios del período dieron vida a movimientos guerrilleros comunistas que fueron derrotados. Los partidos fueron exitosos porque nacieron en una sociedad pobre y sin actores sociales de poder como los que había en otros países del continente. Tuvieron el camino libre para moldear a la sociedad a su imagen y sin resistencias. Los militares, que habían sido desde la Independencia el único canal de ascenso social y de poder político, se sometieron al gobierno constitucional y pasaron a formar parte de la alianza gobernante junto con la Iglesia, los empresarios y los sindicatos.

El populismo “clásico” tuvo limitaciones en Venezuela por el éxito de los partidos y la escasez de líderes carismáticos al estilo de los otros países. Los liderazgos fuertes y hasta carismáticos, que ciertamente los hubo como fue el caso de Rómulo Betancourt, Rafael Caldera o Jóvito Villalba, estuvieron limitados por las estructuras partidistas que ellos mismos crearon y la necesidad de llegar a acuerdos políticos. La dirección de Acción Democrática, fundada en 1941 y que llegó a ser el principal partido de la Venezuela postgomecista, se fijó desde el principio la meta de crear una sólida institución política.


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Por ello adoptó como lema: “Ni un solo distrito, ni un solo municipio, sin su organismo de partido” para vertebrar una red organizativa a los largo y ancho del país (Betancourt, 1979: 163). Tuvieron éxito en este cometido.

Además, hasta 1973, cuando se produjo el primer boom petrolero, el sistema político evitó el populismo macroeconómico e implementó políticas fiscales responsables. Desde 1935 hasta 1973, los gobiernos evitaron el endeudamiento excesivo y el gasto deficitario y así se logró baja inflación y estabilidad macroeconómica. Se aplicaron estrictas reglas de gestión económica consistentes en el mantenimiento de un tipo de cambio fijo, tasas de interés superiores a las internacionales y equilibrio presupuestario (Haussmann, 1992). Ello fue el resultado de las reformas institucionales iniciadas mucho antes de la era petrolera, a partir de 1913 con Román Cárdenas en el Ministerio de Hacienda, las cuales se tradujeron al alto crecimiento económico (Ochoa, 2008).

3. Venezuela 1958-1998: auge y caída de la democracia puntofijista

La democratización progresiva del sistema político venezolano comenzó a partir de 1935 cuando murió Juan Vicente Gómez y terminó su larga dictadura de 27 años.

En 1936 se produjo un profundo cambio sociopolítico. La muerte de Gómez desencadenó un proceso mediante el cual se pasó de un Estado de limitado ámbito administrativo y baja respuesta social, a uno de mayor presencia en la economía y mayor sensibilidad a las necesidades sociales de la población. En ello fue determinante la reacción (no siempre tolerante) de los gobiernos herederos del gomecismo11 a la presencia de los nacientes partidos y movimientos sociales organizados. Cuando López Contreras asumió la Presidencia en diciembre de 1935, “el Estado venezolano era una entidad relativamente simple, soporte de una acción gubernamental dirigida prioritaria casi exclusivamente a la concentración del poder, mediante la conformación de un ejército nacional y la unificación de la hacienda pública. El gasto público se circunscribió a la construcción de obras relacionadas con el objetivo mencionado: el equipamiento militar y las vías de comunicación, se llevaron el grueso de los recursos estatales, mientras las necesidades sociales de educación, vivienda, agricultura, comercio e industria eran ignoradas y desatendidas” (Stambouli, 2002: 21).

A partir de 1936 la historia de Venezuela da un salto hacia delante. Los gobiernos de López y Medina establecieron instituciones modernas como el Banco Central, la seguridad social, y la regulación del mercado laboral. El rentismo petrolero se organizó

11 Eleazar López Contreras de 1935 a 1941 e Isaías Medina Angarita de 1941 a 1945.


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bajo la Ley de Hidrocarburos de 1943. Se hizo un gran esfuerzo educativo. Nacieron y se desarrollaron los modernos partidos socialdemócratas, socialcristianos y comunistas, así como el movimiento sindical.

En 1945 Acción Democrática y el ala modernizadora del ejército se aliaron para derrocar al gobierno de Medina. La Junta de Gobierno resultante (octubre 1945 a febrero 1948) fue presidida por Rómulo Betancourt, líder de Acción Democrática y por el novelista Rómulo Gallegos, electo por primera vez en la historia Presidente de la República por votación universal (febrero a noviembre de 1948). El trienio de 1945-1948 puede ser considerado como un período de acelerada democratización política en comparación con la apertura gradual que los herederos del gomecismo habían impuesto. La Revolución de Octubre, como se llamó al trienio, se tradujo en un gobierno más activo en política social, de movilización de masas en el marco de los partidos, y de promoción de los derechos ciudadanos en especial de los políticos como el voto universal. El tono populista se manifestó en el énfasis en la distribución de la renta petrolera y en los intensos conflictos políticos con sectores asociados o considerados como pertenecientes al viejo orden.

Los gobiernos postgomecistas de 1935-1948 no deben clasificarse en oligárquicos cerrados o democrático populares. Es problemático hablar de oligarquía en un país tan pobre como la Venezuela de 1935. Al menos no hay comparación con las oligarquías agrarioexportadoras de Argentina, Brasil o Chile contra los cuales surgieron los movimientos populistas; estas eran ricas y controlaban al poder político. La Venezuela de 1935 era un país exhausto, pobre y enfermo, sin clase empresarial ni empresas extranjeras con excepción de las petroleras. Luce más apropiado hablar de distintos ritmos de apertura durante ese período, pero apertura al fin y al cabo.

Durante la década siguiente a la muerte de Gómez se comenzó a transformar la sociedad mediante nuevas instituciones, más gasto público, educación, obras de infraestructura, combate a las epidemias (paludismo, por ejemplo), reconocimiento de derechos sociales y políticos, y una creciente participación de las masas en política especialmente durante el trienio 1945-1948. Partidos, instituciones estatales y renta petrolera, más que líderes carismáticos (que ciertamente los hubo como es el caso de Rómulo Betancourt) abrieron el camino a las masas.

A finales de los años cuarenta, Venezuela era un país de alto ingreso per cápita (aunque mal distribuido) y baja capacidad productiva. La sociedad experimentaba cambios acelerados consecuencia de la distribución de la renta petrolera que el sistema político postgomecista comenzó a implementar, particularmente desde la Revolución de Octubre.


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En 1948 los militares interrumpieron el proceso democratizador y asumieron el poder directamente. Con su ascenso al poder, especialmente a partir de 1952, cuando Marcos Pérez Jiménez asumió la Presidencia, el modelo de desarrollo tomó un sesgo diferente: más que distribuir la renta para crear apoyos sociales que apuntalaran la democracia representativa y de partidos, los recursos petroleros serían utilizados para crear un poderoso capitalismo de Estado sobre la base de un conjunto de empresas básicas (siderúrgica, petroquímica, electricidad y telecomunicaciones), la construcción de infraestructura (carreteras, sistemas de riego, proyectos habitacionales, edificios públicos) y el fortalecimiento del poder militar de la nación.

La ideología “desarrollista” que el gobierno militar profesaba buscaba crear en el país un poderoso complejo industrial que garantizara el suministro tanto de insumos básicos para la producción como de material bélico. De allí la inclinación a calificar como “estratégicos” algunos sectores donde, de acuerdo con los objetivos mencionados, se requería la presencia rectora del Estado.

El Gobierno bautizó a su programa de acción con el nombre de Nuevo Ideal Nacional, que Pérez Jiménez resumió de la siguiente manera: “El mejoramiento moral, intelectual y material de los habitantes del territorio patrio y transformación racional del medio físico, para lograr que Venezuela ocupe el rango que le corresponde por su ubicación geográfica, su extraordinaria riqueza, y sus gloriosas tradiciones”12.

En el Nuevo Ideal Nacional la democracia representativa no tenía cabida. El gobierno reprimió con mano dura toda disidencia, especialmente a los partidos nacidos a partir de 1936 y a Acción Democrática en particular. Esto significó su progresivo aislamiento de sectores clave en una sociedad en transformación acelerada. Como dice Andrés Stambouli, “Lo que había comenzado por ser un gobierno de las Fuerzas Armadas, se convirtió en el gobierno de una camarilla personalista, enajenando apoyos cruciales, hasta llegar a una situación de completo divorcio entre gobierno y sociedad. Se trató de un gobierno sobreimpuesto a la sociedad que pretendió dirigir, carente de vínculos orgánicos con sus élites más relevantes y con la ciudadanía en general” (Stambouli, 2002: 119). Pérez Jiménez, tal como describe Stambouli, entró en conflicto sobre temas específicos y de gran variedad con la Iglesia, los empresarios y con las mismas Fuerzas Armadas. Los partidos clandestinos y otros sectores como el estudiantil, ganaron así poderosos aliados que hicieron colapsar al gobierno en enero de 1958.

El sistema democrático surgido en 1958 tomó debida nota de la necesidad de establecer vínculos sólidos con los principales actores socioeconómicos de la Venezuela

12 Epígrafe del libro: Venezuela bajo el Nuevo Ideal Nacional. Realizaciones durante el gobierno del coronel Marcos Pérez Jiménez. 2 de diciembre de 1952 – 19 de abril de 1954. Publicación del Servicio Informativo Venezolano. Caracas, 1954.


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petrolera. Quedó claro el propósito, como fue el caso también durante el trienio 1945-1948, de reclamar una mayor porción de la renta petrolera manejada por las empresas extranjeras. En paralelo con el impulso rentista, los gobiernos de Rómulo Betancourt (1959-1963) y Raúl Leoni (1963-1969) impulsaron de manera explícita la industrialización por sustitución de importaciones, que hasta los años cuarenta se había desarrollado de forma espontánea y tardía en función del crecimiento del mercado interno. Los gobiernos del período democrático también realizaron la reforma agraria y aumentaron el gasto social (con énfasis en la educación), el cual había disminuido durante la dictadura para dar prioridad a las obras públicas. Con el fin de consolidar el naciente sistema era vital distribuir la renta entre los mencionados sectores clave y entre los sectores populares.

El sistema político instaurado en 1958 sobresale por haber consolidado la democracia en Venezuela. En el Pacto de Puntofijo, firmado por los tres partidos más importantes de la época (Acción Democrática, Copei y Unión Republicana Democrática), encontramos la partida de nacimiento del orden político que nació una vez derrocada la dictadura de Marcos Pérez Jiménez13.

El pacto constituye, en palabras de Juan Carlos Rey (1980: 315), “uno de los más notables ejemplos que cabe encontrar en sistema político alguno, de formalización e institucionalización de unas comunes reglas de juego, al propio tiempo que muestra la lucidez de la élite de los partidos políticos venezolanos”. En su texto se establecieron varios principios básicos que buscaban apuntalar la precaria estabilidad de la naciente democracia14. En primer lugar, se acordó defender “la constitucionalidad y el derecho a gobernar conforme al resultado electoral”. Las elecciones no deberán romper el frente unitario, sino fortalecerlo “mediante la prolongación de la tregua política, la despersonalización del debate, la erradicación de la violencia interpartidista y la definición de normas que faciliten la formación del gobierno y de los cuerpos deliberantes de modo que ambos agrupen equitativamente a todos los sectores de la sociedad venezolana interesados en la estabilidad de la República como sistema popular de gobierno”. Asimismo se obligó a las partes a defender a las autoridades constitucionales en caso de golpe de Estado y se declaró como deber patriótico la resistencia ante cualquier situación de fuerza “aun cuando durante el transcurso de los cinco años las circunstancias de la

13 Lleva ese nombre porque fue firmado el 15 de octubre de 1958 en la casa Puntofijo, en Sabana Grande, Caracas, perteneciente al Dr. Rafael Caldera, líder de Copei. En estricto sentido, la “democracia puntofijsta” termina cuando en 1969 el nuevo gobierno socialcristiano de Copei decide gobernar sin alianzas. Sin embargo, por convención el término se extiende a todo el período 1958-1998. También es necesario mencionar el otro gran “documento constitutivo” de la democracia puntofijista: la Constitución de 1961, vigente hasta 1999.

14 El texto puede consultarse en: http://www.analitica.com/bitblioteca/venezuela/punto_fijo.asp


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autonomía que se reservan dichas organizaciones hayan podido colocar a cualquiera de ellas en la oposición legal y democrática al gobierno”.

En segundo lugar, se acordó un gobierno de unidad nacional en el cual ninguno de los partidos signatarios tendría mayoría en el gabinete ejecutivo. En tercer lugar, se convino en apoyar un programa mínimo común que guiaría la acción de gobierno sea cual fuere el partido ganador en las elecciones de diciembre de 1958.

La democracia puntofijista puede reclamar para sí, especialmente en el período 1958-1978, una larga lista de éxitos poco comunes en la historia política de Venezuela15. A partir de 1958, la democracia logró la neutralización del militarismo caudillista tan enraizado en la cultura política del país. Los partidos dominantes ordenaron el juego político con base en reglas claramente establecidas y supieron acomodar sus diferencias no dejando espacio para el enfrentamiento intenso que caracterizó el trienio 1945-1948.

El sistema absorbió las perturbaciones iniciales causadas por la crisis económica de principio de los años sesenta, la violencia guerrillera y el golpismo en las Fuerzas Armadas. Los militares aceptaron su papel como subordinados al poder civil. Gracias a la exportación petrolera hubo crecimiento económico en niveles poco comunes en el ámbito mundial y mejoras en casi todos los indicadores sociales. Entre 1960 y 1982 el producto creció 7,1% al año mientras que el empleo lo hizo a un ritmo de 5,5% (Baptista, 1984: 28).

La democracia venezolana fue un ejemplo de estabilidad en un continente azotado por las dictaduras militares en las décadas del sesenta y setenta del siglo XX. Puntofijo democratizó el sistema, no fue Chávez.

No obstante, la democracia puntofijista falló en sentar las bases para un desarrollo sostenido y un sistema político estable. A partir de los años ochenta del siglo XX, el sistema no pudo manejar el cambio mediante más democracia y crecimiento. La renta petrolera disminuyó por la caída del precio del petróleo en 1982, y con relación al tamaño de la economía y la población, así como por la creciente incapacidad administrativa del gobierno para manejarla. Paralelamente, el fallido énfasis en desarrollar empresas públicas, el proteccionismo, el deterioro de la infraestructura, la sobrevaluación de la moneda, la fuga de capitales y la turbulencia política (especialmente a partir de 1989) impidieron el desarrollo de una economía privada productiva y exportadora. La consecuencia más visible de ese proceso fue el crecimiento exponencial de la pobreza,

15 Hacemos el corte en 1978 porque ese año terminó el largo período de expansión económica y progreso social (con algunas excepciones como la crisis fiscal y cambiaria de 1960-1961) venía experimentado el país desde la década de 1920. Los “excesos” del período 1973-1978 (expansión fiscal, alto endeudamiento e importaciones) se tradujeron en este último año en un déficit de cuenta corriente equivalente al insostenible nivel del 14% del PIB.


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producto del colapso de la inversión, el consiguiente aumento del desempleo, la disminución del poder adquisitivo de la población debido a la inflación y el deterioro de los servicios públicos y el sistema educativo.

Desde 1983 Venezuela atravesó por una grave crisis política y económica que mantuvo bajo presión constante a su sistema político. Durante los últimos años del siglo XX, el país fue sacudido hasta sus cimientos por el fin de la estabilidad de la moneda con la devaluación del bolívar en 1983; por un estallido social (el “caracazo” de 1989); dos golpes de estado fallidos en 1992; la destitución de un presidente de la República en 1993; una gravísima crisis bancaria en 1994 y múltiples procesos perturbadores (el crecimiento de la pobreza entre los más preocupantes) que acabaron con la imagen de Venezuela como un caso excepcional en América Latina16.

Cada uno de los hechos mencionados merece ser estudiado separadamente con mayor detalle de lo que permiten estas páginas. No obstante, hagamos un rápido repaso. La devaluación de 1983 fue la consecuencia de la extrema dependencia petrolera de la economía y de su pésima gerencia macroeconómica. En febrero de ese año llegó a su fin la estabilidad de la moneda que había caracterizado al país por al menos 20 años. Varios factores convergieron en la coyuntura: el fracaso en diversificar a la economía con base en las empresas públicas; la acumulación de deuda pública externa y la concentración de los pagos en 1983; la caída de los precios del petróleo; la permanente sobrevaluación de la moneda que generó altas importaciones; fuga de capitales resultado de una política monetaria errada en 1981 y 1982; y un ambiente exterior negativo conformado por la recesión en los Estados Unidos y la caída del peso mexicano en 1982. La devaluación del bolívar de 1983 generó un trauma colectivo que afectó al país por las décadas siguientes.

La devaluación de 1983 inauguró un período de penuria económica. El estallido social del 27 febrero de 1989 reflejó las carencias y las expectativas negativas acumuladas en la población durante el lustro anterior. Cuando Carlos Andrés Pérez asumió su segunda presidencia a principios del mismo mes, el ajuste económico era inevitable. Su antecesor, Jaime Lusinchi (1984-1989), implementó una política económica expansiva y se negó a tomar las medidas correctivas ante el colapso del precio del petróleo en 1986. A principios de 1989 las reservas operativas eran apenas US $ 300 millones y la escasez de productos de primera necesidad, originada por los controles de precios, azotaba a los consumidores. Las medidas tomadas por el presidente Pérez en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, anunciaban inflación y un mayor sacrificio de 16 En 1986 la periodista Georgie Anne Geyer elogiaba sin reservas a la democracia venezolana. El liderazgo

del país pudo derrotar la violencia política mediante “verdaderas reformas y una buena dirigencia” que demuestran “que los países en vías de desarrollo pueden: 1 domar a los militares históricamente golpistas; 2 derrotar la insurgencia comunista; 3 instituir gobiernos genuinamente democráticos” Ver: “La democracia prospera en Venezuela”. El Universal. 29-9-1986. pp. 1-2.


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la población en agudo contraste con lo que había sido el primer gobierno de Pérez en el contexto del primer boom petrolero de 1973. Faltaba el detonante, que se presentó en la forma de un aumento de las tarifas de transporte público. El país vivió durante tres días unas jornadas de violencia colectiva que dejó, según cifras oficiales, alrededor de 300 muertos. El “caracazo” de 1989 marca el fin de una época de paz y estabilidad social.

Por su parte, la situación política se deterioró al máximo con los golpes de Estado de 1992. La violenta rebelión militar, llevada a cabo por oficiales radicales que venían conspirando desde hacía varios años, polarizó a la sociedad y sirvió para organizar a los sectores contrarios al sistema. El golpe de febrero hizo de Hugo Chávez un líder nacional y un símbolo del descontento acumulado.

En paralelo con estos acontecimientos, grandes sectores de la población mostraban un creciente desencanto, cinismo, y hasta orientaciones violentas hacia los partidos, personalidades e instituciones que representaban el liderazgo tradicional instaurado en 1958.

Los avances económicos e institucionales alcanzados entre 1958 y 1978 no fueron suficientes para evitar el avance de un proyecto personalista. Los grandes datos económicos y sociales muestran un fracaso rotundo del sistema entre 1978 y 1998. Así, en 1977 el porcentaje de personas consideradas como pobres abarcaba el 33% de la población, mientras que en 1997 esa cifra había aumentado al 67.2% (Riutort, 1999: 18). En 1978 la tasa de desempleo era de aproximadamente 4%, mientras que en 1998 alcanzaba el 11%. En 1978 el sector informal abarcaba a menos del 30% de los trabajadores, mientras que en 1998 los trabajadores informales eran cerca del 48% del total (Barcia, 2003). Entre 1982 y 1998 el salario real se redujo 70% (Guevara, 1999: 56).

En 1989 el ingreso por exportaciones petroleras era la mitad de lo que había sido en 1981: en dólares de 1990, el ingreso petrolero cayó de US$ 20.000 millones en 1981 a US$ 10.000 millones en 1989. A fines de los años ochenta el ingreso per cápita era 20% inferior al que disfrutaban los venezolanos una década antes (BID, 1990: 216). En 1984 el desempleo llegó al 14%. El resto de la década se mantuvo en niveles cercanos al 10%. En este ambiente de empobrecimiento sostenido se incubaron los factores que originaron el estallido social de 1989.

El régimen de partidos imperante desde 1958 perdió legitimidad por su fracaso en producir resultados materiales concretos y representar adecuadamente a las mayorías. Su base social era pluriclasista tuvo éxito mientras hubo crecimiento económico y abundante renta petrolera, los medios por excelencia de ascenso social, papel que históricamente había desempeñado el ejército (Maingón, 2006). Los partidos dejaron de ser mediadores


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entre la población y el sistema político para convertirse en agencias de distribución de prebendas a sus élites y aliados. En los últimos veinte años de la democracia puntofijista, concretamente a partir de la devaluación del bolívar en 1983, hubo escaso crecimiento económico, inflación, endeudamiento y problemas fiscales que impidieron un papel más activo del Estado en la economía. Ello afectó a los partidos, los cuales resultaron incapaces para satisfacer demandas y despertar expectativas positivas en la población. El crecimiento de la abstención electoral durante los años ochenta y noventa fue el principal síntoma del descontento. De un mínimo histórico del 4% en las elecciones legislativas y presidenciales en 1973, la misma comenzó a subir sostenidamente a niveles superiores al 40% en los años noventa.

Se hicieron varios intentos serios por reformar las instituciones de la democracia. En 1984 el presidente Jaime Lusinchi nombró la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), que promovió varios cambios importantes en materia electoral y de descentralización. No obstante, el esfuerzo no fue suficiente para revertir la deslegitimación política. Aunque nadie pudo preverlo en el momento, quedaba abierto el camino para un proyecto populista como el que finalmente lideró Hugo Chávez.

4. El ascenso de Hugo Chávez

La versión más difundida entre los analistas del caso venezolano sostiene que la democracia puntofijista se consolidó porque mantuvo a raya el conflicto que es inherente a todo sistema político utilizando la renta petrolera como mecanismo legitimador. El “sistema político de conciliación”, como lo denominó Juan Carlos Rey (2009: 111), se apoyó en la movilización de las masas encuadradas en las estructuras partidistas y en la distribución del ingreso petrolero mediante una gran cantidad de instituciones y mecanismos que “compraron” la paz social y la estabilidad política.

Varios factores coincidieron para ponerle fin al arreglo político instaurado en 1958 y que culminó en 1999 con el triunfo electoral de Hugo Chávez. Entre los más destacados tenemos: el colapso del rentismo petrolero y la incapacidad de la élite gobernante para articular e implementar una estrategia económica que lo sustituyera; la negativa de los partidos tradicionales a asimilar el cambio y abrir nuevas vías de comunicación con la sociedad civil; la exagerada exposición del sistema político a intereses organizados que bloquearon los intentos de reforma; el desprestigio del liderazgo tradicional ante la población, haciendo de la corrupción el criterio universal para juzgar a “los políticos”; y el aumento explosivo de la pobreza que colocó en esa situación a más de la mitad de los venezolanos.


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En otras palabras, el deterioro social generado por la crisis económica de los lustros anteriores alienó a la inmensa mayoría de la población y le hizo retirar su apoyo a los líderes e instituciones tradicionales que, al no contar con el otrora eficaz rentismo petrolero, fueron desplazados por lo que hoy podemos llamar genéricamente el chavismo. La democracia puntofijista fracasó porque no pudo satisfacer las crecientes expectativas populares, lo que dejó el camino libre para un régimen de tipo populista autoritario.

El triunfo de Hugo Chávez en las elecciones de diciembre de 1998 constituyó una clara ruptura política con la democracia representativa de partidos que surgió en 1958. El candidato antisistema aprovechó el desequilibrio político creado por el descontento popular y llegó al poder por vías legales. Asumió la presidencia con la firme intención de acabar con lo establecido y sustituirlo con un sistema que en esos momentos nunca pudo definir con claridad. No obstante, fue muy claro en decir durante la campaña electoral que su proyecto era “holístico, integral, que parte del reconocimiento de que aquí se dañaron las estructuras, en todas sus partes. Y estamos convencidos de que, en consecuencia, la solución aquí es total, no por partes” (Blanco Muñoz, 1998: 521).

¿Cómo explicar los inmensos apoyos que Chávez disfrutó a lo largo de trece años de gobierno a pesar de su responsabilidad en los sangrientos golpes de Estado en 1992, su mensaje anacrónico, su gobierno autoritario y su evidente ineficiencia administrativa en todas las áreas de la administración pública17? ¿Cuáles factores permitieron el ejercicio de un particular tono y estilo de gobierno que en un proceso democrático normal (pluralista y representativo) no hubiese sido viable?

Las respuestas no son directas y varían dependiendo de las diferentes etapas por las que atravesó el gobierno de Chávez. Así, en este sentido, podemos mencionar al período que culminó con la ruptura política de 1998 y que representan las elecciones de ese año; al período 1999-2002 de cambio institucional, presidencialismo y enfrentamiento extremo que culminó con los sucesos de abril del 2002; al período 2002-2012 de radicalización política (socialismo) y estrategia económica rentista y estatista. Durante todo el proceso estuvo siempre presente el contenido populista: el personalismo, la movilización popular, la polarización en función del enemigo interno y externo, el nacionalismo (bolivariano) y, a partir de 2003, el populismo macroeconómico.

Las elecciones de 1998 tuvieron un claro elemento clasista en el sentido de que el electorado pobre se inclinó mayoritariamente por el candidato Chávez (Lupu,

17 En 2002, The Economist se preguntaba “Why an inept president is still surprisingly popular” a pesar del aumento de la pobreza en los años anteriores (31 de agosto, p. 27).


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2010)18. La “revolución bolivariana”19, como entonces se llamaba al chavismo en el poder, arrancó con amplios apoyos sociales de sectores antisistema y proclives a desarrollar vínculos profundos con un nuevo esquema de poder político. El apoyo de los marginados (los “descamisados” en la jerga peronista), como condición básica del populismo latinoamericano, ya estaba presente en la primera elección de Hugo Chávez.

¿Por qué tuvo éxito el proyecto radical y populista de Chávez? Una respuesta tentativa puede construirse alrededor del concepto de sociedad de masas. Es decir, la presencia en buena parte de la sociedad venezolana de un comportamiento de masas podría explicar su triunfo en 1998 y la progresiva conformación de un liderazgo populista, visto como algo opuesto a un liderazgo apoyado en partidos tradicionales.

La sociedad de masas a la que aquí nos referimos no es aquella que tanta repulsión causó a José Ortega y Gasset (1983). No se trata del reinado de la muchedumbre; de la multitud en la calle, cuya presencia en la política, como establece el pensamiento político aristocrático y reaccionario que representa el gran pensador español, ha generado un liderazgo mediocre. Tal pensamiento aristocrático desprecia a las masas y añora tiempos ya superados cuando las multitudes se mantenían sometidas y al servicio de las élites iluminadas. El advenimiento de las mayorías al poder, llegó a decir Gustav Le Bon, es el símbolo más evidente de la decadencia: “Hasta ahora, las civilizaciones solo han sido creadas y dirigidas por una pequeña aristocracia intelectual, nunca por multitudes. La multitudes no tienen poder más que para destruir” (Le Bon, citado por Kornhauser, 1969: 27).

La sociedad de masas que aquí nos ocupa se refiere a una sociedad atomizada cuyo tejido social está roto. Esto deja a los ciudadanos aislados (o alienados) porque los cuerpos intermedios (los partidos políticos, en particular) han desaparecido o ya no constituyen efectivos medios de participación. La sociedad de masas así entendida es todo lo contrario de una sociedad pluralista donde los cuerpos intermedios alimentan la democracia. En la sociedad de masas, como dice William Kornhauser, “existe un conglomerado de individuos vinculados entre sí solo en virtud de su relación con la autoridad común, especialmente el Estado... Los individuos no están relacionados directamente unos con otros en una variedad de grupos independientes… La falta de relaciones autónomas origina la alienación social generalizada. La alienación acentúa

18 Este estudio abarca varias elecciones, pero Lupu detecta esta tendencia (el voto clasista) únicamente en las de 1998. Su análisis tiene como base encuestas realizadas antes de las elecciones nacionales de 1993 (“prechavista”), 1998, 2000, y después de las de 2006. La conclusión del trabajo es que el apoyo electoral de Chávez no se limitó exclusivamente a los sectores más pobres de la población sino que, contrario a lo que se piensa, también lo obtuvo de las clases medias y altas. Como veremos, este hecho es importante para entender la naturaleza del populismo chavista.

19 El ingrediente socialista es incorporado por Chávez en 2005.


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la atracción que suscitan los movimientos de masas porque proporciona ocasiones de expresar resentimiento contra lo que existe, a la vez que promete un mundo totalmente distinto. En pocas palabras, la gente atomizada es fácil de movilizar” (Kornhauser, 1969: 30).

La inexistencia de cuerpos intermedios tiene importantes consecuencias políticas. La principal es la relación directa entre los individuos y el poder, sin que ninguna instancia mediadora “filtre” esos intercambios. En esas circunstancias, el poder puede manipular y centralizar. La masa participa, o cree que participa, porque el poder abre vías directas de acceso mediante la movilización política, la retórica, la simbología patriótica o la militancia contra enemigos supuestos o reales. El resultado más común de ese proceso es la centralización política o el simple autoritarismo: si el individuo o la familia no cuenta con las vallas protectoras de los distintos grupos que conforman la sociedad civil, o de las instituciones del Estado de Derecho, el poder podrá entrar más fácilmente en sus vidas bien sea manipulando, movilizando o reprimiendo.

Al no existir cuerpos intermedios, o no contar estos con credibilidad o amplia cobertura, los individuos tienden a ser fácilmente manipulados o enrolados en causas extremas. Vale destacar que la principal tarea de las instancias intermedias entre el Estado y la familia es la socialización de los individuos. Las organizaciones sociales inculcan valores, educan, informan y proveen parámetros con los cuales juzgar situaciones. Sin tales organizaciones, la probabilidad de que el individuo sea manipulado aumenta sustancialmente. Sin ellas los individuos se convierten en masa, y son capaces de creer cualquier cosa: desde que su raza es la elegida para regir al mundo, hasta cualquier pequeña o gran mentira que sus gobernantes quieran decirles.

Contrario a lo que pueda pensarse, la sociedad de masas experimenta altos nivelas de politización. El hecho de estar aislados socialmente no significa que los individuos dejen de cuestionar su ambiente o buscar culpables a sus problemas. La crisis los echa a un lado, pero ello no significa que pierdan su disposición a la acción si la oportunidad se les presenta. Tal como dijimos arriba, la sociedad de masas es proclive a la movilización y a la acción directa. Es, además, el terreno ideal para la siembra de lugares comunes, clichés, simbolismos vacíos, soluciones mágicas y, especialmente, liderazgos carismáticos que materialicen todo lo anterior.

La figura de la sociedad atomizada fue utilizada por Hannnah Arendt (1982) para explicar el fenómeno totalitario en la Alemania Nazi. El movimiento totalitario, dice Arendt (1982: 428), se alimentó de masas indiferentes o consideradas como estúpidas por los partidos establecidos para ser integradas en sus estructuras. Los individuos aislados o desafiliados eran ideales para “la introducción de métodos enteramente nuevos en la propaganda política y la indiferencia a los argumentos de los adversarios políticos”.


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En el caso de Alemania, el argumento de la sociedad de masas para explicar el totalitarismo no goza de consenso en la literatura. Ciertamente, Alemania no era un país de sociedad civil débil y desarticulada, por lo que la atomización social no parece ser un factor presente en el surgimiento del nacionalsocialismo (Paxton, 2004: 157, 209). Pero también es verdad que algunos historiadores partidarios del concepto hablan de discontinuidades (eventos o procesos puntuales) que pueden alterar la situación social de un país y generar sociedades de masas en momentos determinados.

¿Qué factores generan una sociedad de masas? Kornhauser (1969, parte dos) habla, sin pretender establecer generalizaciones indebidas, de discontinuidades que alteran en forma traumática la estabilidad de un país y repercuten en todo el tejido de su sociedad, sin importar la clase social. Así, entre otros, menciona el paso acelerado de una economía agrícola a una economía industrial y urbana, los daños devastadores de una guerra, o los efectos de una recesión con su secuela de pobreza y desempleo. Tales discontinuidades alteran el medio social de los individuos dejándolos aislados o alienados. Si el sistema político no tiene la capacidad para absorber tales cambios, como lo hizo la democracia puntofijista en sus mejores tiempos, las crisis se desata hasta el punto de que es posible el estallido de una revolución.

En el caso de Venezuela, el aumento de la pobreza experimentado desde la década de 1980 podría calificase como una severa discontinuidad social. Ese lento pero sostenido proceso afectó a por lo menos a dos tercios de la población. Venezuela sufrió una verdadera catástrofe social.

En ese contexto, el fenómeno Chávez es perfectamente comprensible. El auditorio chavista, el que provee su apoyo electoral, pudo ser cautivado fácilmente con la retórica, el efectismo y el conveniente enemigo interno (la oligarquía, los corruptos, el imperialismo estadounidense). Tantos años de deterioro socioeconómico dejaron a medio país sin referencias concretas. La crisis destruyó el tejido social y los cuerpos intermedios no pudieron cumplir sus labores básicas de educación, socialización y representación. En estas circunstancias, el candidato Chávez no tuvo problemas para ganar las elecciones de 1998 con una propuesta antisistema.

Podemos plantear dos hipótesis, no necesariamente excluyentes, para explicar el apoyo popular que disfrutó el chavismo a lo largo de 13 años de gobierno.

Tales hipótesis reflejan tendencias históricas y rasgos definitorios que se desarrollan al interior del pueblo venezolano. Decimos que no son necesariamente excluyentes, ni mucho menos únicas, porque las realidades políticas son muy complejas para ser encapsuladas en unas pocas elaboraciones teóricas. No obstante, pueden arrojar luz sobre las múltiples interrogantes que se hacen sobre el chavismo y su viabilidad a partir de 1998.


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La primera hipótesis plantea que la fuerza del chavismo se derivó de la ruptura de la población con los valores tradicionales de la democracia venezolana: pluralismo, tolerancia y respeto a la ley. La ruptura fue ocasionada por el liderazgo y discurso del presidente y tuvo como antecedentes las graves crisis socioeconómicas que acabaron con el sistema de partidos que rigió el país entre 1958 y 1998. El chavismo surgió y se consolidó, se desprende de este supuesto, porque logró sembrar (o despertar) en la sociedad un conjunto de valores proclives al personalismo y al militarismo, tal como ha sido el caso de los regímenes populistas de tanta tradición en América Latina. El chavismo en el poder perduraría al ser la causa y a su vez el efecto de los nuevos valores y tendencias que hoy afloran en numerosos sectores de la población. Se trata de una hipótesis pesimista sobre el futuro de la democracia en Venezuela.

Dos citas, destinadas a explicar problemáticas parecidas, pueden ilustrar lo que llamamos tendencias o valores que apuntalan al chavismo en el poder. Aníbal Romero (2007) destacó la “pasión política primordial que hoy alienta a millones de venezolanos: la pasión igualitaria que deja a un lado la pasión de libertad”. Por su parte, Manuel Caballero (2004:1-6) explicó el surgimiento de Chávez como el resultado de “un sedimento autoritarista y militarista en la sociedad venezolana: y esto entre los estratos más pobres de la sociedad para quienes nada significan los valores de la democracia”. También habló este historiador de “la fascinación que la tiranía ejerce sobre aquellos que la sufren…no compartimos esa idea paternalista y demagógica según la cual el buen pueblo, ‘pobre pero honrado’, haya sido o pueda ser ‘engañado’ por los demagogos. No: todos llevamos por dentro un tiranuelo, y si lo dejamos emerger, nuestra y solo nuestra es la culpa” (Caballero, 2005: 4-8).

Así pues, sería la coincidencia de una parte del pueblo con el discurso Hugo Chávez que promovió la división de clases, el odio y la exclusión política, lo que dio viabilidad al chavismo en el poder. Se trataría de una clara ruptura con los rasgos básicos que una vez hicieron de Venezuela la democracia más estable y admirada de América Latina. Y dado que son los mecanismos electorales los que deciden quién ejerce el poder (vale decir: gana quien tiene más votos), el país estaría condenado, de no haber fallecido Chávez, a una especie de dictadura de corte populista.

La división social como la base del chavismo ha sido utilizada ampliamente en la literatura que analiza el caso venezolano. De acuerdo con esta visión, estar a favor o en contra de Chávez es la consecuencia de algo más que la simple situación económica. Por ejemplo, Margarita López Maya (2008: 291) explica la polarización del país que ha acompañado al chavismo como consecuencia de los impulsos racistas en las clases medias y altas que las llevan a depreciar a los pobres. Las clases altas y medias son influenciadas por un imaginario “occidental o moderno que es fundamentalmente


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blanco, anglosajón y con el cual se identifican plenamente”. En paralelo, se encuentra un país “escondido y silencioso, lleno de componentes mestizos, indígenas y mulatos, pleno de diversidad y pobreza”, ocultado por los medios de comunicación, y que emergió de la televisora estatal “para tomar las calles y sentirse mayoría”. Casi podría suponerse de esta lectura que, antes de la llegada de Chávez, en Venezuela existía una especie de apartheid surafricano. Semejante ruptura sociopolítica a favor de las clases oprimidas daría a Chávez un estatus en la historia de Venezuela similar a la de Simón Bolívar.

La segunda hipótesis plantea un escenario menos oscuro para el futuro de la democracia venezolana. La viabilidad del chavismo, según esta hipótesis, dependió menos de un cambio estructural en los valores políticos tradicionales de la sociedad, que darían como resultado, por ejemplo, la creación de un “hombre nuevo” o socialista, que de factores clientelares cuyo efecto principal fue crear apoyos políticos al régimen por medio de la distribución de la renta petrolera. Este escenario tomó fuerza a partir de 2003-2004 cuando los ingresos petroleros del Estado comenzaron a aumentar y el gobierno dio prioridad a una serie de programas sociales, las llamadas misiones, destinados a satisfacer las más variadas necesidades sociales y crear lealtades políticas al régimen. Es lo que denominamos la hipótesis clientelar.

Vale recordar que entre 1999 y 2002 el gobierno de Chávez tuvo que implementar una política económica de corte tradicional. En la gestión económica prevaleció “la aplicación de políticas típicas de una economía que enfrentaba una caída importante de sus ingresos fiscales. Las finanzas públicas estuvieron caracterizadas por un manejo austero, una política monetaria conservadora y una política cambiaria basada en el anclaje del tipo de cambio al interior de la banda de flotación que se comenzó a aplicar desde mediados de 1996” (Guerra, 2006: 68). No fue posible una política expansiva debido a los bajos precios del petróleo en los mercados internacionales de la época. Los éxitos electorales del período20 se explican por la extraordinaria capacidad de movilización del presidente. Estaba fresco el mal recuerdo de los gobiernos puntofijistas, el liderazgo y los partidos opositores prácticamente no existían, y el programa de la Constitución de 1999 despertaba todavía muchas expectativas en la población.

En 2001 la agenda radical del gobierno comenzó a tomar forma. Se aprobó la primera ley habilitante que le permitió gobernar por decretos. Los intentos por ejercer un mayor control social (de la propiedad y la educación en particular) polarizaron el país a tales extremos que Chávez fue sacado del poder por pocas horas en abril de 2002. Su restitución al poder coincidió con una nueva fase de altos precios del petróleo que le permitió consolidar su liderazgo populista.

20 Elección de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente y referéndum aprobatorio de la Constitución en 1999 y elecciones presidenciales en 2000.


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5. La base política del chavismo

En las páginas que siguen se argumenta en favor de la hipótesis clientelar como la fuente primaria del apoyo político que disfrutó Hugo Chávez21. La condición clientelar no tiene nada de extraño en los sistemas políticos modernos. Junto con la fuerza y la búsqueda sincera del consenso por parte de los ciudadanos, la asignación de beneficios materiales puede mencionarse como uno de los factores que generan el orden en las sociedades actuales, tanto las desarrolladas como las que están en vías de serlo. Por ejemplo, Thomas Anton (1989:30) ha dicho que “el pensamiento político estadounidense siempre ha enfatizado una concepción pragmática de gobierno. El gobierno en la perspectiva estadounidense no es una instancia abstracta, sino una agencia creada para hacer algo por grupos específicos de la población. En función de los anterior, es razonable conceptualizar el propósito del gobierno estadounidense como la creación y distribución de beneficios a determinados grupos de población”.

La turbulencia política que culminó con el referéndum revocatorio de agosto de 2004, en el cual Chávez resultó victorioso, coincidió con la tendencia ascendente de los precios del petróleo a partir de 2003 y que duró hasta el momento de su muerte en 2013. Chávez obtuvo entonces la base material para relanzar su proyecto y consolidarse en el poder. Entre 2003 y 2004 el precio del petróleo aumentó US $ 6,82, hecho que le dio al presidente un considerable margen de maniobra ante el movimiento opositor a su gobierno. El control sobre el Consejo Nacional Electoral, presidido entonces por un funcionario que pasó posteriormente a los más altos cargos del chavismo, le permitió ganar tiempo para implementar la política social. En términos reales, la cesta petrolera venezolana alcanzó los US $ 73,84 por barril en octubre de 2007, superando el máximo de US $ 65,91 por barril alcanzado en 1981 (Párraga, 2007: 1-13).

Entre 2003 y 2012 el gasto público aumentó a niveles récord. En 1999 el gasto como proporción del PIB era de 19%, mientras que en 2006 y 2012, años electorales, la proporción ascendió a 40% y al 51% respectivamente. En términos nominales, cuando Chávez llegó al poder en 1999, el precio del petróleo estaba alrededor de US $ 12. En 2003 el barril de petróleo costaba US $ 23; en 2012 se ubicó en US $ 103,42. Las importaciones subieron de US $ 17.021 millones en 2004 a US $ 59.300 en 2012. La deuda pública total pasó, como proporción del PIB, del 32% en 1999 a 71% en 201222. En paralelo se implementó una costosa política de subsidios y controles de precios, y se estimuló el consumo mediante la expansión del crédito. El número de trabajadores del

21 Para una revisión del tema en la literatura véase: Resico (2015). 22 Y a pesar de los altos precios del petróleo, el gobierno entonces interino de Nicolás Maduro anunció el 9

de febrero de 2013 la devaluación de la paridad oficial del bolívar de Bs F 4,30 a Bs F 6,30 por dólar.


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Estado pasó de 1.378.407 en 2002 a 1.969.783 en 2007 (Olivares, 2007). El populismo macroeconómico fue clave para ganar el referéndum revocatorio de 2004 y las elecciones presidenciales de 2006 y 2012.

La economía chavista puede verse como una inmensa red distributiva, cuyo objetivo era ampliar la base política del presidente. Las misiones constituyeron, antes que cualquier otra cosa, los canales principales de esa red clientelar. Eran instrumentos de movilización y control político en lugar de ser programas “neutrales” de largo plazo para combatir la pobreza. Nacieron en 2003 en medio de una coyuntura de debilidad política del presidente y ante la perspectiva cierta del referéndum revocatorio. No estaban enfocados en la formación del capital humano como forma de crear crecimiento económico sostenido y una más justa distribución del ingreso. No eran programas focalizados y, por el contrario, tenían carácter universal. Sus transferencias no eran condicionadas (Spiritto, 2012). Como dijo un intelectual chavista: “Las misiones son la más directa vinculación entre masas y aparato político” (Brito García, 2007: 48). Su implementación se realizó de forma contraria a lo que recomiendan los organismos con experiencia en la materia y a otros programas exitosos en América Latina, como es el caso de Bolsa Familia en Brasil u Oportunidades en México (Barrientos y Santibáñez, 2009).

Es decir, las misiones se implementaron con instituciones y fondos paralelos a los de la administración pública; no estaban focalizados en los más pobres con base en criterios objetivos de necesidad; no estaban articuladas con el aparato productivo ni facilitaban la reinserción laboral; no contaban con un sistema de incentivos para que la gente los viera como una fase transitoria mientras salen de la “trampa de la pobreza”; no establecían responsabilidades o requisitos obligatorios a los que reciben las ayudas (aprobar los cursos, mantener niños en las escuelas, vacunarlos, etc.); no existía rendición de cuentas de los recursos utilizados ni informes de seguimiento y evaluación confiables. Eran esencialmente mecanismos de movilización política. Como ha dicho Javier Corrales (2006: 38), los programas más exitosos del socialismo del siglo XXI son los relacionados con los procesos electorales. Obtener la cédula de identidad (requisito indispensable para votar) es hoy muy fácil; obtener un pasaporte o hacer un trámite ante la autoridad que administra el control cambiario, continúa siendo extremadamente difícil.

El propio presidente Chávez contó cómo nacieron las misiones (Chávez, 2004: 48). A mediados de 2003, una encuestadora internacional informó al presidente que si el referendo se realizara en ese momento lo perdería. “Yo recuerdo que aquella noche para mí fue una bomba aquello…Entonces comenzamos a trabajar con las misiones, diseñamos aquí la primera y empecé a pedirle apoyo a Fidel… Aquí en Caracas empezaron con Freddy, con José Vicente allá en Sucre, en Miranda con las guarniciones


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militares, en aquellos estados críticos23. Y empezamos a inventar las misiones… y aquella avalancha de gente se nos vino encima, y de Ribas y Vuelvan Caras, y empezamos a meternos todos, Pdvsa, Rafael Ramírez con Alí Rodríguez, todo el equipo de Pdvsa, el frente Francisco de Miranda, formamos el comando político, lo ajustamos un poco más, y entonces empezamos, mire, a remontar las encuestas, y las encuestas no fallan, las encuestas no fallan”.

Las misiones fueron un éxito en materia electoral para Hugo Chávez. Tenían el mérito de haber enfrentado la amplia variedad de necesidades que tiene la población. Además, su existencia garantizó que la política social será un punto infaltable en las agendas de políticas públicas de cualquier gobierno futuro. La inversión social per cápita pasó de 135 bolívares fuertes en 2002 a 816 en 2011, mostrando aumentos considerables en años electorales como 2006 (BsF 488,9), 2007 (BsF 505,6) y años preelectorales como 2011 (BsF 816) (Armas, 2013: 1-8). Cubrieron una gran cantidad de áreas como alimentación, educación, empleo y viviendas.

La política clientelar se complementó con una moneda sobrevaluada que permitió importaciones baratas y tarifas de servicios públicos y de la gasolina a precios muy bajos, política que generó serias distorsiones macroeconómicas en la forma de aumento del dólar en el mercado negro, escasez de dólares para importaciones de insumos para la producción y desabastecimiento de productos de consumo masivo.

El populismo “clásico” tiene la forma de una amplia coalición de clases. Como dice Juan Carlos Rey (1980: 150), “las posibles coaliciones populistas son altamente heterogéneas y amplísimas hasta agrupar a la mayoría de los grupos que componen el espectro social”. La coalición se mantiene unida, nos dice este autor, mediante argumentos nacionalistas, el uso de enemigos externos a quienes se atribuyen todos los males sociales, ideologías vagas y confusas, y la distribución de beneficios materiales.

¿Se apoyó el chavismo en una coalición heterogénea como es el caso del populismo clásico o, por el contrario, la polarización que ha generado es de naturaleza clasista en el sentido de atraer apoyo exclusivamente de los más pobres? Responder esta pregunta es importante para entender la naturaleza del chavismo, sus fuentes de apoyo, la penetración en la sociedad y sus perspectivas de largo plazo una vez desaparecido Chávez.

El apoyo de los pobres es el factor más citado al estudiar el éxito político de Hugo Chávez. Así, por ejemplo, Luis Ugalde y Raúl González (2008: 32) destacan que el neopopulismo, propio de estos años, se diferencia del populismo del siglo XX en que el primero no tiene propósito modernizador y utiliza la confrontación como su estrategia política fundamental. El neopopulismo divide a la sociedad en dos sectores, moderno

23 ¿Críticos en qué? ¿Política o socialmente?


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y no moderno, con campesinos, habitantes de zonas pobres, etc., de un lado, y sectores profesionales, empresarios, clases medias, etc., del otro24. El neopopulismo se alimenta de los primeros y margina a los segundos. Damarys Canache (2007), igualmente, enfatiza el rol de los habitantes urbanos pobres para explicar la llegada y consolidación del proyecto chavista.

Al igual que el peronismo en Argentina, el apoyo de los pobres al chavismo sugiere vínculos más profundos y de largo plazo en la sociedad. Pero el ingrediente clientelar cambia la naturaleza de esas relaciones al hacerlas depender en mayor grado de la distribución de beneficios materiales y menos de la conexión emocional entre la masa y el líder. Si ello es cierto, como aquí argumentamos, los “anclajes estructurales” del chavismo en la sociedad, como los llamó un periodista venezolano (Hernández, 2013:3), no serían tales y por tanto su viabilidad en el futuro, como movimiento o partido, dependería más del trabajo político tradicional.

La coalición de distintos grupos o clases que soporta al chavismo hace más apropiado llamarlo populista que socialista. Tal como demuestra Lupu (2010: 26-27), su apoyo electoral se ha distribuido entre las distintas clases sociales y no exclusivamente entre los pobres. Esa coalición se mantuvo por las políticas clientelares que alcanzaron a la población no solo por medio de las misiones, sino también por toda clase de canales de distribución de beneficios como son los contratos, el empleo público, la moneda sobrevaluada, la corrupción, o las importaciones abundantes. El crecimiento económico del socialismo del siglo XXI ha estado basado en el gasto público y en el fomento del consumo rentista, en lugar de la inversión productiva.

En sentido contrario, cuando el clientelismo llegó a sus límites, resultado de la insuficiencia del ingreso petrolero para subsidiar a la economía, los apoyos al chavismo comenzaron a disminuir. A partir de las elecciones de 2006 el margen de triunfo de Chávez se redujo sostenidamente, perdiendo, incluso, el referendo aprobatorio de la reforma constitucional en 2007. La ventaja sobre sus oponentes en las elecciones presidenciales pasó de 26 puntos en 2006, a 11 puntos en 2012, a 1,5 en las de 2013 con Nicolás Maduro como candidato del chavismo. En las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, la oposición obtuvo una ventaja abrumadora. En paralelo, aumentó la inflación, la escasez de bienes esenciales, y la criminalidad. El aumento del gasto público no fue suficiente para mantener una sólida ventaja y en 2013, cuando muere Chávez, el país se encontraba profundamente dividido.

24 Estos autores colocan al “neopopulismo”, junto al socialismo estatista tipo Cuba, el neoliberalismo y la democracia social, como uno de los cuatro proyectos políticos latinoamericanos contemporáneos que compiten en la región.


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6. Conclusión

El populismo no está atado a ninguna época en particular. Mientras los políticos tengan capacidad de movilización de las masas y pocas restricciones institucionales a su poder, será una posibilidad latente en cualquier sistema político. La alta penetración de los medios de comunicación y la disponibilidad de recursos financieros para ser distribuidos en sectores sociales clave hacen más viable su aparición.

El populismo desconoce las reglas del juego político de tradición liberal al centralizar la toma de decisiones y desmantelar los mecanismos de limitación del poder como la separación de poderes, la descentralización o la protección a los derechos humanos.

El populismo se combate fomentando el pluralismo en la forma de cuerpos intermedios, libertad de expresión y descentralización. Y ello no se adapta a la lógica populista. El líder populista establece coaliciones de grupos, clases o sectores y busca homogeneizarlos diciendo que encarna o representa al pueblo. Los cuerpos intermedios son coordinados por las instituciones. Donde hay instituciones fuertes, el populismo es menos probable. Los casos de Costa Rica y Chile así lo demuestran.

El populismo desconoce o resta legitimidad al pluralismo inherente a toda sociedad. Sobre este punto, el expresidente Rómulo Betancourt dijo: “es falaz y demagógica la tesis de que la calle es del pueblo. El pueblo en abstracto es una entelequia que usan y utilizan los demagogos de vocación o de profesión para justificar su empeño desarticulador del orden social. En las modernas sociedades organizadas, que ya superaron desde hace siglos su estructura tribal, el pueblo son los partidos políticos, los sindicatos, los sectores económicos organizados, los gremios profesionales y universitarios” (Citado por Velásquez, 1979: 238).

Calificar a Hugo Chávez como populista luce apropiado a la luz de la experiencia latinoamericana. No fue ni socialista, ni comunista, ni fascista, ni proponente de la “tercera vía”, ni mucho menos el adalid de la democracia directa y la participación. Sus raíces ideológicas, o mejor sería decir, las influencias en su pensamiento político, van desde el cristianismo y el marxismo, pasando por personajes del siglo XIX venezolano como Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora. Nunca tuvo una versión coherente de lo que era el socialismo del siglo XXI, más allá de la consecuencia práctica de una estatización creciente a partir de 2006. Se limitó a decir que: “Hay que inventar el socialismo del siglo XXI” (Díaz Rangel, 2006: 212).

Lo que fue coherente en su desempeño como político y gobernante se encuentra en el populismo clásico latinoamericano: movilización de masas, destrucción del orden


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anterior, nacionalismo, uso de los enemigos internos y externos para polarizar a la sociedad, carisma personal.

El estilo y tono de su gobierno fue profundamente personalista. Nunca fue proclive a la negociación ni al consenso, ni siquiera en la fijación del marco ideológico que regiría el desarrollo futuro del país: el socialismo. Declaró sin ninguna reserva que “llegué a la conclusión –asumo la responsabilidad porque no lo discutí con nadie al hacerlo público en el Foro Social Mundial de Porto Alegre– que el único camino para salir de la pobreza es el socialismo”(Díaz Rangel, 2006: 212).

Su estilo polarizante de gobernar se tradujo en la concentración del poder y en la ausencia de mecanismos que hicieran responsable al gobierno ante la sociedad. En la administración pública los efectos de esta situación fueron inmediatos: no hubo objetivos claros, no existió orientación al logro ni talento gerencial, no fluyó la información y el gobierno se cerró a ideas innovadoras en materia de políticas públicas. El resultado es un Estado-fachada, con poca capacidad administrativa y reguladora y una ineficiente forma de tomar decisiones.

Una vez desaparecido Chávez, la reflexión necesaria es sobre el futuro del chavismo y su papel como movimiento político en el futuro de Venezuela. Mucho se ha hablado en este caso de Juan Domingo Perón y la influencia que ha tenido en Argentina después de muerto. Las similitudes del populismo peronista y chavista no son tan evidentes como podría pensarse. Ambos líderes fueron militares, carismáticos, nacionalistas y disfrutaron de amplios apoyos en los sectores más pobres de la población, pero el efecto del peronismo en la sociedad argentina luce mucho más profundo. Perón democratizó el sistema político ampliando los derechos políticos y sociales (dio el voto a las mujeres, por ejemplo), estableciendo la legislación laboral moderna y dando a las masas un sentido de pertenencia que antes no tenía. Cuando Chávez llegó al poder en 1999, Venezuela era un país democrático, sin discriminación política, aunque muy mal administrado y en precaria situación económica por la dependencia del petróleo, cuyo precio venía en picada desde la década anterior. Al estilo de Perón, Chávez estableció una extensa red de atención social aprovechando el aumento del precio del petróleo a partir de 2003, pero en una sociedad que ya había atravesado por las fases más importantes de democratización. El efecto de Chávez, por lo tanto, parece de menor calado en el largo plazo.

Otro aspecto es la naturaleza de los apoyos sociales que tuvo Chávez que lo hicieron casi invencible en el terreno electoral. ¿Se basaron esos apoyos en un cambio estructural de los valores políticos inculcados en los venezolanos a lo largo de la democracia puntofijista, o en una conexión emocional entre los pobres y su líder semejante a la de un


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padre con sus hijos? De ser esto cierto, el chavismo tendría una larga vida en el mismo sentido del peronismo en Argentina.

En las páginas anteriores argumentamos en contra del supuesto anterior. Utilizamos la hipótesis clientelar, unida al carisma del líder, para explicar la fortaleza del chavismo. Su ventaja radicó en la capacidad para distribuir incentivos materiales y en despertar expectativas positivas en grandes contingentes de población que respondieron electoralmente. Sin esos pilares el chavismo no hubiera llegado tan lejos.

En este sentido, el “chavismo sin Chávez” sería otra cosa. Tendría que reinventarse para sobrevivir como fuerza política. Nicolás Maduro no tiene ni el carisma del líder ni la base material para ganar y conservar apoyos. Chávez murió justo en el momento en que su política económica daba muestras de colapso. A partir de 2013, en Venezuela se acentuó la inflación, la escasez de productos básicos y la desaceleración de la actividad económica, lo que se sumó a la gigantesca ineficiencia administrativa y la corrupción generalizada.

El socialismo del siglo XXI, sin embargo, le deja al país un legado importante: en el futuro, ningún gobierno dejará de lado a las políticas sociales. No importa cuál sea la situación fiscal, los gobiernos siempre actuarán bajo el incentivo de diseñar e implementar más y mejores programas sociales. Ayudar a los pobres es la mejor manera de estabilizar a la democracia. Pero la estrategia de Chávez resultó incompleta e irresponsable: hizo del fomento al consumo su principal política pública sin darle importancia a la producción. Los gobiernos futuros deberán reparar el error histórico de Chávez y sacar provecho de la más poderosa herramienta de crecimiento económico y bienestar social: el mercado.

El populismo chavista se adapta perfectamente a la crítica que el historiador Augusto Mijares hizo a los caudillos venezolanos del siglo XIX por su desmedida afición a los “grandes planes” en lugar del trabajo cotidiano y concreto. Mijares expresó su convicción de que la “justicia social ha de venir en estos países por medio de adquisiciones concretas, aunque parciales, antes que por ambiciosas y radicales ‘definiciones’, que muy a menudo fracasan por la falta de la organización básica que debe acompañarla” (1975: 172). Trasladar ese mensaje a Venezuela postchavista significa darles prioridad a los problemas concretos de la gente por medio de políticas públicas eficientes. Esta parece ser la vía para salvar a la democracia venezolana. En este sentido, el populismo chavista constituyó otro desperdicio de recursos financieros y de capital político.


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La estructura jurídico-estatal del sistema político venezolano en el siglo XXI josé ignacio HernánDez

1. Introducción

El objetivo de este ensayo es doble. Por un lado, se exponen los aspectos centrales de la estructura jurídico-estatal del sistema político venezolano (SPV) en el siglo XXI. Por el otro, se desarrollan los principales lineamentos para la reforma de tal estructura.

En tal sentido, por sistema político entendemos el conjunto de elementos heterogéneos interrelacionados que convergen sobre el ejercicio del poder en un determinado Estado1. En concreto, el SPV del siglo XXI alude a la forma del poder adoptada desde la elección de Hugo Chávez Frías como presidente, en diciembre de 1998. Dentro de ese sistema, el presente ensayo se enfoca en el análisis de las formas jurídicas del Estado. En otras palabras: este ensayo pretende caracterizar la organización jurídica del Estado venezolano bajo ese sistema político.

A tales efectos, este ensayo parte del examen práctico de la evolución jurídica del Estado venezolano, desde 1998 hasta 2012. Con ese análisis, procedemos a identificar las características básicas de la estructura jurídico-estatal del SPV del siglo XXI. Este límite temporal ha sido definido tomando en cuenta la elección del presidente Chávez y la finalización de su segundo período presidencial bajo la Constitución de 1999. No quiere decir ello, se advierte, que luego de 2012 el SPV haya cambiado. La pervivencia o no de tal sistema luego de 2012 escapa de los límites de este ensayo, en tanto ello implica el análisis de acontecimientos no solo próximos, sino además, en permanente cambio. A todo evento, aquí sostenemos que la construcción de ese sistema se agotó hacia 2011, sin que existan evidencia de avances sustanciales luego de 2012.

Para estos propósitos, partimos de la siguiente premisa: la estructura jurídica del Estado ha sido uno de los componentes más destacados del SPV que comenzó a

1 Seguimos a Duverger, para quien el sistema político es el “conjunto del sistema social, estudiado bajo la perspectiva de sus aspectos políticos”. El sistema político es, de esa manera, “el cuadro general del sistema, en el que sus diferentes elementos se ordenan unos a otros” (Duverger, Maurice, Instituciones Políticas y Derecho Constitucional, Ariel, Barcelona, 1980, sexta edición, p. 33).


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La estructura jurídico-estatal del sistema político venezolano en el siglo XXI

desarrollarse a partir de diciembre de 1998, con la elección como presidente de Hugo Chávez Frías. Lo ha sido con dos sentidos muy distintos. Así, en una primera etapa que puede ubicarse entre 1998 y 2006, la estructura jurídica del Estado fue, en cierto modo, un importante elemento de legitimación del SPV, tal y como quedó expresado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en 1999 en el marco de un inédito proceso constituyente. En una segunda etapa, que ubicamos entre 2007 y 2012, la estructura jurídica del Estado actuó como instrumento de relegitimación del SPV, tal y como quedó plasmado en el Proyecto de Reforma de la Constitución, aprobado en 2007 y rechazado en referendo aprobatorio, pero luego implementado a través de diversos actos que han dado forma al llamado Estado comunal. De esa manera, la estructura jurídico-estatal del SPV no mostró, en esa primera etapa, rasgos novedosos, a diferencia de la estructura formada a partir de 2007, la cual implicó –en el plano jurídico– una drástica ruptura con la estructura jurídico-estatal tradicional del Estado venezolano, incluso, respecto de la estructura definida en la Constitución de 1999.

La nueva estructura jurídico-estatal del SPV iniciada en 2007 no llegó a completarse, y puede decirse que, entre 2011 y 2012, se paralizó por completo, razón por la cual el presente ensayo se circunscribe, principalmente, a la valoración de esa estructura jurídica hasta 2012. Esto no implicó, advertimos, que el Estado comunal, como expresión de la nueva estructura jurídico-estatal, haya sido abandonado como elemento legitimador del SPV. Por el contrario, luego de la muerte del presidente Chávez en marzo de 2013, el Estado comunal –y el nuevo lenguaje jurídico que le resulta propio–ha sido un referente constante, especialmente, en el marco de la crisis institucional desatada con la elección de la nueva Asamblea Nacional en diciembre de 2015. Empero, entre 2013 y 2016 no se apreció la continuación del complejo proceso de edificación del Estado comunal, obra que, como tal, luce inacabada. Como inacabado quedó el proceso de desmontaje de la estructura jurídica del Estado constitucional. De esa suerte, el resultado de la estructura jurídico-estatal para 2016 muestra un complejo panorama: sobre la base de las estructuras subsistentes del Estado constitucional, se aprecian las estructuras parcialmente edificadas del Estado comunal. Ello permite explicar, al menos en parte, las crisis que han afectado a Venezuela desde 2013, y que han sido consideradas como signo de la “crisis terminal” del SPV iniciado en 19992.

A los fines de desarrollar esta tesis, en el presente trabajo expondremos, en primer lugar, la evolución de la estructura jurídica del Estado venezolano en el SPV que se desarrolló entre 1998 y 2012. Luego, y en segundo lugar, analizaremos los rasgos distintivos del Estado comunal como exteriorización de la estructura jurídico-estatal del

2 Rachadell, Manuel, Evolución del Estado venezolano 1958-2015. De la conciliación al populismo autoritario, Editorial Jurídica Venezolana-FUNEDA, Caracas, 2015, Primera edición, pp. 438 y ss.


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José Ignacio Hernández

SPV del siglo XXI. A continuación, y en tercer lugar, expondremos las líneas generales de las reformas básicas y generales que deberían introducirse a tal estructura, para finalizar –en cuarto lugar– con las correspondientes conclusiones.

2. La evolución de la estructura jurídica del Estado venezolano entre 1998 y 2012

1. Los antecedentes inmediatos de la estructura jurídica del Estado en el sistema político venezolano del siglo XXI: la “crisis terminal” del Estado venezolano y el proceso constituyente de 1999

El estudio de la estructura jurídico-estatal correspondiente al SPV comenzado a gestarse en 1998, requiere analizar, siquiera sumariamente, cuál era la estructura jurídica del Estado venezolano para ese año. Esto es relevante, pues, como veremos, una de las principales justificadas del SPV comenzado a gestarse en ese año fue la “crisis terminal” del Estado venezolano.

De esa manera, luego de la formación fragmentada del Estado venezolano en el siglo XIX –en lo que, con acierto, Elías Pino Iturrieta ha denominado el país archipiélago3– a partir de 1899 comenzó un proceso de formación del Estado nacional que para el fin de la dictadura de Juan Vicente Gómez (1935) podría decirse que estaba ya bastante consolidado4. Tal Estado nacional era un Estado centralizado en torno a algunas instituciones claves, a saber, la Administración Pública Nacional, la Hacienda Pública Nacional y el Ejército Nacional. El posterior auge de los ingresos petroleros reforzaría el centralismo propio de ese Estado nacional5.

El Estado nacional derivado del gomecismo mantuvo su estructura básica en el lento tránsito de la democracia venezolana, incluyendo la estructura estatal plasmada en la Constitución de 1961. Al amparo de esa Constitución la estructura jurídico-estatal comenzó a desarrollarse en un sistema político democrático, situación inédita en

3 Pino, Elías, Venezuela, 1830-1858, Fundación Bigott, Caracas, 2004, pp. 210 y ss.4 Entre muchos otros, puede verse a Pino, Elías, Venezuela metida en cintura. 1900-1945, Universidad

Católica Andrés Bello, Caracas, 2006, pp. 89 y ss. Desde una perspectiva jurídica, vid. Brewer-Carías, Allan, El desarrollo institucional del Estado centralizado en Venezuela (1899-1935) y sus proyecciones contemporaneas, Universidad Católica del Táchira, San Cristóbal, 1988, pp. 16 y ss.

5 Por todos, vid. Urbaneja, Diego Bautista, “El sistema político gomecista”, en Juan Vicente Gómez y su época, Monteávila, Caracas, Primera edición, 1993, p. 68.


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nuestra historia, pero manteniendo los rasgos centrales que habían sido formados con anterioridad6.

Para la década de los ochenta del pasado siglo, sin embargo, la estructura jurídica del Estado venezolano mostraba signos de agotamiento. Basta con referir a dos causas generales, una económica y la otra de índole político. La causa económica responde al agotamiento del modelo basado en la intervención hegemónica del Estado venezolano, como consecuencia –casi inevitable, diríamos– de la nacionalización petrolera de la década anterior7. La causa política respondía al agotamiento del modelo de democracia centralizada de partidos8. Se produjo entonces una suerte de consenso, en cuanto a la necesidad de estudiar y llevar adelante un ambicioso proceso de reforma del Estado. Con esa finalidad, en 1984 es creada la Comisión para la Reforma del Estado (COPRE)9.

Los aportes de la COPRE fueron sin duda decisivos, especialmente, a fines de la década de los ochenta. Dentro del conjunto de propuestas de la COPRE destacaron la necesidad de revitalizar la democracia venezolana a través de la ampliación de la participación ciudadana, y la promoción de la descentralización político-territorial, fortaleciendo las competencias y autonomía de estados y municipios, y debilitando, consecuentemente, al Poder Nacional Central. Partiendo de estas propuestas, en 1989 se aprobaron un conjunto de leyes que introdujeron reformas sustanciales a la estructura jurídica del Estado, al promover la descentralización político-territorial10.

También a partir de 1989 se ensayó un ambicioso programa de reforma económica, con el propósito de desmontar el modelo estatista de desarrollo a favor de un modelo en el cual la economía de mercado tuviese mayor peso. Se articularon, entonces, distintas fórmulas de privatización, desregulación y, en fin, liberalización del sistema económico11, lo que implicó reducir y racionalizar la estructura jurídica de la Administración Pública Nacional Central, que había crecido junto a la progresiva intervención pública en la

6 En general, puede verse sobre ello a Rachadell, Manuel, Evolución del Estado venezolano 1958-2015. De la conciliación al populismo autoritario, cit., pp. 81 y ss.

7 Caballero, Manuel, Historia de los venezolanos en el siglo XX, Editorial Alfa, Caracas, 2010, primera edición, pp. 243 y ss.

8 Brewer-Carías, Allan, El problema del Estado de partidos, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1988, Primera edición, pp. 9 y ss.

9 Carrera Damas, Germán, La necesaria reforma democratica del Estado, Grijalbo, Caracas, Primera edición, 1988, p. 29.

10 Sobre los cambios introducidos en 1989, y en general, sobre el desenvolvimiento de la descentralización, vid. Brewer-Carías, Allan, Informe sobre la descentralización en Venezuela. 1993, Editorial Arte, Caracas, 1994, pp. 39 y ss.

11 Sierra Graterol, Manuel Felipe, “Carlos Andrés Pérez (Segundo gobierno)”, en Tierra nuestra: 1498-2009, Fundación Venezuela Positiva, Caracas, Primera edición, 2009. pp. 385 y ss. Véase igualmente a Rachadell, Manuel, Evolución del Estado venezolano 1958-2015. De la conciliación al populismo autoritario, cit., pp. 62 y ss. y 97 y ss.


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economía. Ello, también, debilitó al Gobierno nacional, que perdió cuotas de poder derivadas del rol hegemónico que mantenía en la economía.

Sin embargo, las reformas a la estructura jurídica del Estado, iniciadas en 1989, quedaron a medio camino, como resultado de la crisis política desatada, primero, por los intentos de golpe de Estado de 1992 y, luego, por el acuerdo político que entendió que la crisis exigía promover la salida del entonces presidente Carlos Andrés Pérez, objetivo político alcanzado a través de su enjuiciamiento por la Corte Suprema de Justicia12.

La crisis política de 1992-1993 acentuó la valoración crítica al sistema político venezolano. Se habló entonces, con variantes distintas, de la “crisis terminal” de ese sistema, para dar a entender cómo el sistema desarrollado al amparo de la Constitución de 1961 se había “agotado” irremediablemente, todo lo cual exigía acometer la modificación a la Constitución, y por ende, la reforma de la estructura jurídico-estatal. De esa manera, la modificación de la Constitución de 1961 fue, para entonces, la solución consensuada a la crisis política13.

Tal situación se mantuvo, en tensión creciente, hasta las elecciones presidenciales de 1998. Para entonces, no solo la tesis de la reforma constitucional había cobrado mayor fuerza, sino que incluso se insistió en que la modificación de la Constitución de 1961 debía efectuarse a través de una Asamblea Nacional Constituyente, esto es, a través de un proceso basado en la “soberanía popular directa” del cual surgiese una “nueva” Constitución a través de la cual pudiese solventarse la crisis política14.12 Caballero, Manuel, Historia de los venezolanos en el siglo XX, cit., pp. 315 y ss. 13 Brewer-Carías expuso entonces lo siguiente: “se trata de la crisis terminal del sistema político

instaurado a partir de los años cuarenta y que, montado sobre un esquema de Estado Centralizado de Partidos, tuvo como proyecto la instauración de la democracia, en el país que para entonces era el de menor tradición democrática de América Latina”. Cfr.: Brewer-Carías, Allan, “Una reflexión sobre la crisis terminal del sistema político y la perspectiva electoral”, 1998, consultado en original. Recordemos que el entonces Congreso de la República designó una Comisión, presidida por Rafael Caldera, para estudiar la propuesta de reforma a la Constitución de 1961. Cfr.: Congreso de la República, Comisión Bicameral para la Revisión de la Constitución, Proyecto de Reforma General de la Constitución de 1961 con Exposición de Motivos, Caracas, Marzo 1992. La COPRE, bajo la presidencia de Ricardo Combellas, igualmente promovió esta tesis. Cfr.: Comisión para la Reforma del Estado (COPRE), Asamblea Constituyente: Salida democratica a la crisis, Folletos para la Discusión nº 18, Caracas, 1992, Primera edición.

14 Según la explicación de Combellas, que resume en su esencia la justificación dada por el entonces Presidente Chávez, los antecedentes del proceso constituyente de 1999 se remontan al llamado “caracazo”. Combellas explica cómo luego de la crisis de 1992 la idea de la constituyente es retomada, hasta su definitiva formulación en 1999, con la integración de una “Comisión Presidencial”, de la cual Combellas formó parte. En esa comisión se asumió el carácter “originario” del proceso constituyente. Esto es, la idea según la cual la Asamblea Constituyente era la expresión genuina de la “soberanía popular”, no sujeta siquiera a la Constitución de 1961. Cfr.: Combellas, Ricardo, “El proceso constituyente y la Constitución de 1999”, en Procesos constituyentes y reformas constitucionales en la historia de Venezuela: 1811-1999, Tomo II, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 2005, Primera edición, pp. 765 y ss.


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Basta la revisión de los discursos de los candidatos presidenciales de entonces para corroborar cómo la modificación constitucional de la estructura jurídica del Estado venezolano fue un punto común en los distintos programas políticos de esas elecciones15. Una posición especialmente defendida por Hugo Chávez Frías, quien después de su participación en el intento de golpe de Estado y su posterior sobreseimiento, había optado por incursionar en la política a través de la vía electoral. Para Chávez, la Asamblea Nacional Constituyente era el elemento determinante, identificador, de su programa de gobierno16:

Cuando una situación llega a tal grado de descomposición, nace entonces del propio seno del pueblo una fuerza legítima indetenible, capaz de impulsar la transformación de ese marco institucional. Esa fuerza es el Poder Constituyente. Poder este que se ha activado en Venezuela, generando un proceso transformador verdaderamente democrático y revolucionario: el Proceso Constituyente, el cual se desarrolla en varias fases, siendo algunas de ellas la convocatoria y la realización de la Asamblea Nacional Constituyente, instancia político-jurídica que originará un nuevo marco institucional para la refundación de la República, la reestructuración del Estado y el establecimiento de un nuevo consenso político y social

Consecuente con esa propuesta, una vez electo presidente, Hugo Chávez promovió la modificación de la Constitución de 1961 a través de la Asamblea Nacional Constituyente, convocando a un referendo consultivo sobre la materia, mediante el Decreto n° 317. La propuesta tenía, sin embargo, un obstáculo jurídico importante: la Constitución de 1961 no permitía ninguna modificación por procedimientos distintos a los previstos en ella, siendo que esa Constitución no recogía la figura de la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, Chávez liderizó la interpretación según la cual la Asamblea Nacional Constituyente, al ser manifestación de la soberanía popular directa u “originaria”, siempre podía tener cabida al margen de lo dispuesto en la Constitución. La inexistencia de tal método de modificación en la Constitución de 1961 fue considerado,

15 Véase el libro colectivo.16 Chávez, Hugo, La propuesta de Hugo Chavez...para transformar a Venezuela Una revolución democratica,

Caracas, 1998, Consultado en original. Para Juan Carlos Rey “las elecciones de 1998, estuvo indisolublemente unida a la de convocar una Asamblea constituyente, no solo para elaborar una nueva Constitución, sino con el carácter de delegataria de la soberanía popular, para –según sus palabras– demoler el poder establecido y asumir todos los poderes”. Cfr.: Rey, Juan Carlos, “Sobre los conceptos de Constitución y Poder Constituyente en el proyecto político de Hugo Chávez”, SIC 697, agosto de 2007, p. 309.

17 Decreto n° 3, publicado en la Gaceta Oficial n° 36.634 de 2 de febrero de 1999. Véase en general, sobre el proceso constituyente de 1999, a Brewer-Carías, Allan, Asamblea Constituyente y ordenamiento constitucional, Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Jurídicas, Caracas, 1999, Primera Edición, pp. 233 y ss.


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simplemente, como un mero aspecto formal18. Esta interpretación contaba con el apoyo de dos sentencias de la Corte Suprema de Justicia de 19 de enero de 1999 que, de manera más bien ambigua, no habían objetado formalmente la viabilidad de la Asamblea Nacional Constituyente, a pesar de no estar prevista en la Constitución de 196119.

Esto definió al SPV asumido desde la elección de Hugo Chávez como presidente, sobre la base de la exaltación de la “soberanía popular”. Como quedó resumido en la exposición de motivos del Decreto n° 3, por el cual se convocó a un referendo consultivo sobre la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente:

El sistema político venezolano está en crisis y sus instituciones han sufrido un acelerado proceso de deslegitimación. A pesar de esta realidad, los beneficiarios del régimen, caracterizado por la exclusión de las grandes mayorías, han bloqueado, en forma permanente, los cambios exigidos por el pueblo. Como consecuencia de esta conducta se han desatado las fuerzas populares que solo encuentran su cauce democrático a través de la convocatoria del Poder Constituyente Originario...

La legitimación jurídica del SPV se articuló, de esa manera, sobre la base de la “soberanía popular directa”, en menoscabo a las instituciones de la democracia representativa, y en concreto, en desmedro del entonces Congreso de la República, electo a fines de 1998 y que contaba con la atribución para modificar la Constitución de 196120.

El proceso constituyente se desarrolló entre febrero y diciembre de 1999, acaparando la práctica totalidad de la atención política del nuevo gobierno. Se trató, en todo caso, de un proceso constituyente inédito. Lo fue, primero, por cuanto fue resultado de un consenso político que comprendió que la crisis política exigía modificar a la Constitución de 1961, incluso, por vías no previstas en ella. Un procedimiento, queremos destacarlo, que solo fue posible gracias al apoyo de la Corte Suprema de

18 Tal fue la opinión de Ricardo Combellas, para quien “los procedimientos, en definitiva las formas jurídicas, por supuesto que son importantes, pero a todas luces secundarios frente al hecho político fundamental: el llamado al poder constituyente originario, con el fin de abrir cauces al rediseño institucional de la República”. Cfr.: Combellas, Ricardo, “El proceso constituyente venezolano”, en América Latina Hoy, n° 21, abril de 1999, p. 26.

19 Ninguna de esas sentencias afirmó tajantemente que sí podía convocarse a la Asamblea Nacional Constituyente como mecanismo para aprobar una nueva Constitución, a pesar de no ser este un mecanismo contemplado en la entonces vigente Constitución de 1961. Lo cierto es que la Corte Suprema de Justicia dejó abierta esa posibilidad, aun cuando se le había solicitado, expresamente, que interpretara la viabilidad jurídica de tal Asamblea.

20 Brewer-Carías opinó que el Congreso electo el 8 de noviembre de 1998 podía, políticamente, canalizar las aspiraciones de cambio a través de la modificación de la Constitución de 1961. Cfr.: Brewer-Carías, Allan, Asamblea Constituyente y ordenamiento constitucional, cit., pp. 78 y ss. Para el presidente Chávez ello no era una opción, pues el MVR –partido político que le apoyó– no tenía la mayoría; de hecho, de 207 diputados, obtuvo 46, y de 54 senadores, obtuvo 12. Los resultados se obtienen de: http://www.cne.gov.ve/web/documentos/estadisticas/e98_03_01.pdf [Consulta 1.12.2016].


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Justicia de entonces21. Fue un proceso inédito, también, pues a pesar de tratarse de un proceso constituyente no previsto en la Constitución de 1961, fue resultado de elecciones democráticas. Ello contrastó con nuestra tradición de procesos constituyentes derivados de regímenes de facto22.

Por último, y quizás lo más importante a los fines de este ensayo, se trató de un proceso constituyente inédito, pues, en realidad, la Asamblea Nacional Constituyente actuó en dos sentidos muy distintos. Así, en un sentido, que calificamos de marginal, tal Asamblea se ocupó de lo que debió ser su único objetivo: dictar una nueva Constitución. Sin embargo, ese objetivo ocupó solo las semanas finales de esa Asamblea, básicamente, en el último trimestre de 1999. Pues además de ello, y de manera principal, la Asamblea Nacional Constituyente se encargó de intervenir la estructura jurídica del Estado, invocando su “carácter originario”.

El carácter “originario” de esa Asamblea fue la única cuestión debatida inicialmente con la entonces Corte Suprema de Justicia. Mientras esta sostuvo, en un primer momento, que el proceso constituyente debía sujetarse a la Constitución de 1961, la Asamblea afirmó que ella no quedaba sometida a esa Constitución ni a ninguno de los órganos del Poder Público. Esta tesis, afirmada por el presidente Chávez desde el inicio del proceso constituyente, era necesaria para poder usar a la Asamblea Nacional Constituyente a fin de neutralizar a los Poderes Públicos que, como el Congreso, eran adversos al proyecto del presidente. De esa manera, la Asamblea Nacional Constituyente, bajo la influencia directa del presidente Chávez, se encargó de intervenir a los Poderes Públicos, promoviendo de esa manera la concentración de funciones en la propia Asamblea23. Esto se mantuvo, incluso, luego de aprobada la nueva Constitución, en diciembre de 1999,

21 Ya vimos cómo en sus sentencias de 19 de enero de 1999, la Corte Suprema de Justicia no se resolvió la duda acerca de la viabilidad jurídica de la Asamblea Nacional Constituyente. En posteriores decisiones de 18 de marzo y 21 de julio de 1999 (caso Gerardo Blyde) la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia sí aceptó expresamente la existencia de la Asamblea Nacional Constituyente, pese a no estar prevista en la Constitución de 1961. No obstante, en tales decisiones negó su carácter “originario”, al establecer que la Asamblea se sometía a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

22 Combellas, Ricardo, “El proceso constituyente y la Constitución de 1999”, ob. cit. 23 En efecto, la Asamblea Nacional Constituyente intervino sobre el Congreso de la República, la Corte

Suprema de Justicia y, en general, todo el Poder Judicial. Ello quedó establecido en el artículo 1 de su Estatuto de Funcionamiento, aprobado el 7 de agosto de 1999. Cfr.: Brewer-Carías, Allan, Golpe de Estado y proceso constituyente, Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F., 2001, Primera edición, pp. 181 y ss. Explica Brewer-Carías que entre el 8 de agosto y el 2 de septiembre de 1999, la Asamblea asumió la tarea de reorganizar los Poderes Públicos constituidos. Posteriormente, la Corte, mediante Acuerdo de 23 de agosto de 1998, apoyó el Decreto de Reorganización del Poder Judicial. Asimismo, la Corte en Pleno, en sentencia de 14 de octubre de 1999, (caso Decreto de Reorganización del Poder Legislativo) avaló el carácter “originario” de la Asamblea. Véase también a Rachadell, Manuel, Evolución del Estado venezolano 1958-2015. De la conciliación al populismo autoritario, cit., pp. 125 y ss.


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pues la Asamblea Nacional Constituyente continuó actuando en una surte de régimen transitorio, lo que la llevó a disolver al Congreso de la República, sustituyéndolo por un órgano legislativo ad-hoc, la Comisión Legislativa Nacional, llamada “Congresillo”. A inicios de 2000 se procedió a la elección de las nuevas autoridades dispuestas en la recién aprobada Constitución, pese a lo cual el comentado régimen transitorio continuó –y continúa, incluso– en el Poder Judicial24.

La primera expresión jurídica del SPV que comienza a desarrollarse en diciembre de 1998, estuvo entonces caracterizado por el proceso constituyente y luego por la propia Constitución de 1999. A tal punto que puede afirmarse que, en realidad, el SPV se fundió con esa Constitución, la cual pasó a ser un elemento constante de legitimación política del propio sistema. De esa manera, el SPV se presentó, entonces, como el inicio de una nueva etapa, en la –así denominada por la Constitución– “refundación del Estado”25.

Este dato es importante, pues el proceso constituyente de 1999 quedó caracterizado por dos elementos que veremos luego presentes en la reformulación del SPV en 2006. Por un lado, tal proceso se ancló en la exacerbación del “soberanía popular directa” como elemento legitimador del poder, al margen de la legitimación jurídico-formal derivada del sistema representativo. Aquí ya estaba presente la –falsa– dicotomía entre democracia directa y democracia representativa, que veremos resurgir con ímpetu en 2006. Por el otro lado, este proceso evidenció la intención de procurar la concentración de poder, lo se logró primero a través de la Asamblea Nacional Constituyente y luego a través de la elección de las nuevas autoridades en 200026.

Para Rachadell, el régimen transitorio derivado del proceso constituyente fue un “período autocrático” de Gobierno (pp. 143 y ss.).

24 Brewer-Carías, Allan, Golpe de Estado y proceso constituyente, cit., pp. 237 y ss. 25 El 15 de diciembre de 1999, luego de la aprobación en referendo de la Constitución, el presidente

Chávez resumió ello señalando que ese día terminaba una “era nefasta” iniciada en 1958, de la “falsa democracia”. Terminaba entonces la “República anti-bolivariana” para dar pasó a una “nueva República Bolivariana de Venezuela”. Véase la alocución en < http://www.radiomundial.com.ve/article/hoy-cumple-15-a%C3%B1os-la-constituci%C3%B3n-nacional-sue%C3%B1o-dibujado-por-el-comandante-ch%C3%A1vez > [Consulta: 06.10.16].

26 El llamado “Polo Patriótico” obtuvo 121 escaños de la Asamblea Nacional Constituyente, de un total de 128. En la elección de la Asamblea Nacional, en julio de 2000, de un total de 165 diputados, el MVR obtuvo la mayoría de 92. Los datos se toman de la página del Consejo Nacional Electoral www.cne.gov.ve [Consulta 1.12.16]. Ello facilitó que el presidente Chávez se valiera de tales órganos para consolidar su proyecto político.


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3. La evolución de la estructura jurídica del Estado venezolano (1999-2012)

Según explicamos en la sección anterior, el SPV iniciado en 1998 se centró en el proceso constituyente y en la Constitución. En cierto modo, podría decirse que los objetivos de ese sistema se definieron a corto plazo: promover el proceso constituyente “originario” dirigido no solo a promulgar una nueva Constitución, sino a “refundar” al Estado, según fue señalado en la propia exposición de motivos de esa Constitución. La solución frente a la “crisis terminal” del sistema político fue, por ello, refundar tal sistema a través del proceso constituyente y de la Constitución. Mediante el primero, según vimos, la Asamblea Nacional Constituyente intervino sobre los Poderes Públicos existentes bajo la Constitución de 1961, de lo que derivó la concentración de funciones en tal Asamblea. Por su parte, a través de la Constitución, se pretendió dotar al Estado de una nueva estructura jurídica.

Fue por lo anterior que el SPV quedó plasmado en la Constitución de 1999. Así fue hasta 2006. Durante ese período, la estructura jurídico-estatal del SPV quedó circunscrita a la estructura jurídica del Estado prevista en la Constitución de 1999, que, como veremos, no era una estructura muy distinta a la existente bajo la Constitución de 1961. En 2007, sin embargo, el SPV mutó radicalmente, al asumirse que era necesario centrar tal sistema en el “socialismo” y en el “Poder Popular”. Ninguno de esos dos elementos estaban recogidos en la Constitución de 1999, con lo cual, se propuso reformar esa Constitución, a través de un proyecto que, en realidad, no era tanto una reforma a la Constitución, sino más bien una Constitución nueva. Tal proyecto fue rechazado en referendo de 2 de diciembre de 2007, lo que no impidió su ejecución, a través de leyes, decretos-leyes y decisiones de gobierno que fueron aceptados por el Tribunal Supremo de Justicia, a pesar de ser contrarios a la Constitución de 1999. Con base en estos cambios, y hasta 2012, se desarrolló un SPV enteramente novedoso, en el cual la estructura jurídica del Estado se apartó de la forma republicana, para asumir la forma del “Estado comunal”.

A continuación analizaremos la evolución de la estructura jurídico-estatal del SPV tomando en cuenta estas dos etapas: 1999-2006 y 2006-2012.


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a. La primera etapa: (1999-2006): la continuidad formal del modelo republicano

Tal y como explicamos, la primera manifestación de la estructura jurídica del Estado venezolano, que ocupó lugar central en la definición inicial del SPV del siglo XXI, quedó condensada en la Constitución de 1999. Tal Constitución fue consecuencia de la propuesta liderizada por el presidente Chávez –pero secundada por muchos otros sectores, incluyendo a la propia Corte Suprema de Justicia– de sustituir la Constitución de 1961 por nuevo texto que permitiese atender a la “crisis terminal” del Estado venezolano.

No obstante, la propuesta del presidente Chávez proponía un nuevo texto constitucional que no se separaba frontalmente del modelo republicano, que era la estructura jurídica del Estado venezolano asumida desde 1811, y mantenida a lo largo de sus 25 constituciones. En efecto, desde 1811 la estructura jurídica del Estado venezolano ha sido la del “modelo republicano”. Siguiendo a Francisco Javier Yanes, las notas distintivas de ese modelo son: (i) la expresión de la soberanía popular a través del sufragio, mediante la elección de representantes que solo ejercen un poder limitado; (ii) el principio de separación de poderes; (iii) el sometimiento de todos los Poderes Públicos a la Constitución y (iv) el reconocimiento de derechos naturales, en especial, la vida, la propiedad, la libertad, la igualdad y la seguridad27.

De esa manera, la propuesta de Chávez en torno a una nueva Constitución no se basaba en el cambio del modelo republicano, sino en las reformas necesarias para asegurar la efectiva vigencia de tal modelo. En efecto, la lectura del llamado Libro Azul de Hugo Chávez permite sostener la conclusión según la cual la inicial propuesta de la estructura jurídico-estatal del SPV no se basó en la ruptura con el modelo republicano28. Así, salvo algunas consideraciones teóricas –con una exacerbación, nada original, del pensamiento de Bolívar29– la propuesta de reforma allí contenida fue consistente con lo

27 Francisco Javier Yanes, tomando en cuenta la estructura jurídico-estatal de la Constitución de 1830, expuso el contenido básico de ese modelo republicano en su libro Manual Político del Venezolano, editado en 1839. Hemos manejado la versión contenida en Manual Político del Venezolano y Apuntamientos sobre Legislación de Colombia, Asociación Académica para la Conmemoración del Bicentenario de la Independencia, Caracas, 2009, especialmente, pp. 114-138. Desde la Constitución de 1830, nuestras Constituciones han declarado que la forma de gobierno “es y será” representativa, con lo cual se da a entender que el modelo republicano es una cláusula intangible, esto es, que ni siquiera mediante una nueva Constitución podría abdicarse del modelo republicano.

28 Chávez Frías, Hugo, El libro azul, Ediciones Correo del Orinoco, 2013. 29 En nuestra opinión, la exacerbación de Bolívar en la Constitución de 1999 –comenzando por el nombre y

pasando por la fundamentación de la República en “la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador”– forma parte de lo que Germán Carrera Damas ha llamado el “culto a Bolívar”. Cfr.: Carrera Damas, Germán, El culto a Bolívar, Editorial Alfa, Caracas, 2008, sexta edición, pp. 135 y ss.


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que se venía proponiendo desde la década de los ochenta: promover la descentralización, por medio del fortalecimiento del Estado federal, y promover la reforma del Estado venezolano para adecuarlo a sus bases republicanas. Es suficiente con citar la siguiente cita del Libro Azul para ilustrar lo que se afirma:

El Proyecto Nacional Simón Bolívar recoge la doctrina de división de los poderes del concepto bolivariano del Estado y la sociedad (...)

De igual manera, y en sintonía con las reformas introducidas en 1989, puede observarse en el Libro Azul la crítica al sistema representativo –como expresión de la llamada, con sesgo, democracia de partidos– a favor de la promoción de la participación ciudadana:

El Proyecto Nacional Simón Bolívar debe romper los límites de la farsa representativa, para avanzar hacia la conquista de nuevos espacios participativos en una primera fase de su desarrollo.

Ninguno de estos planteamientos eran, entonces, realmente novedosos. Tampoco ellos exigían modificar la Constitución de 1961, mucho menos, por medio de una Asamblea Nacional Constituyente no prevista en ese texto30. En efecto, la amplitud democrática de la Constitución de 1961 hubiese permitido implementar la reforma del Estado venezolano a través de leyes, como se propuso desde la COPRE y como comenzó a ejecutarse en 1989. En definitiva, los vicios del Estado venezolano (la democracia de partidos, la centralización, la corrupción, y la ausencia de de autonomía del Poder Judicial, entre otros) no era una consecuencia impuesta por el texto de 1961.

Sin embargo, como se ha señalado, la tesis de la “crisis terminal” del Estado terminó imponiéndose, a consecuencia de lo cual la Constitución de 1999 pasó a ser la expresión del “nuevo” SPV. Pero lo cierto es que la estructura jurídico-estatal en la Constitución de 1999 no es muy distinta a la estructura prevista en la Constitución de 1961. En efecto, los principios antes señalados del modelo republicano quedaron expresamente reconocidos en la Constitución de 1999, la cual incluso avanzó en algunas de las reformas iniciadas en 1989, como de manera especial sucedió con la

30 Desde la perspectiva histórica, la participación ciudadana no es opuesta al modelo republicano. Todo lo contrario, dentro de los principios de ese modelo encontramos el reconocimiento del derecho ciudadano a la vigilancia del Gobierno, participando en asuntos públicos. Como señaló Roscio: “la Nación pues como Soberana es el juez único y privativo de sus funcionarios, de su elección, revocatoria, vacantes, caducidad, incidencias, y consecuencias de su oficio”. Cfr.: Roscio, Juan Germán, El triunfo de la libertad sobre el despotismo, Thomas H. Palmer, Filadelfia, 1817, Primera Edición, p. 339. Al amparo de la Constitución de 1961, el derecho de participación ciudadana fue desarrollado, entre otras, en la Ley Orgánica de Régimen Municipal, de 1989, y sobre todo, en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, de 1998. Fue con base en esa ley que el presidente Chávez promovió el referendo consultivo sobre la constituyente, lo que evidencia que el derecho de participación ciudadana tenía vigencia.


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descentralización31. Desde un punto de vista jurídico no se apreció la modificación sustancial de la estructura jurídica del Estado entre la Constitución de 1961 y la Constitución de 1999, a pesar de que la total modificación de esa estructura había sido la fundamentación primera del proceso constituyente.

En todo caso, pueden apreciarse algunas modificaciones relevantes, que sin apartarse del modelo republicano, sí permitían avizorar cierto conflicto entre algunos principios de esa Constitución y los fundamentos republicanos de la forma jurídica del Estado venezolano.

En primer lugar, encontramos la exaltación al derecho de participación ciudadana. Se trata, a no dudarlo, de la mayor novedad introducida en la Constitución de 1999. De esa manera, de conformidad con el artículo 70 de la Constitución, la estructura jurídica del Estado promovió la participación ciudadana en asuntos políticos, económicos y sociales, todo lo cual se plasmó en diversos instrumentos de participación, como los referendos. La exaltación del derecho de participación ciudadana, además, se llevó a cabo a través del debilitamiento de las instituciones de la democracia representativa. Ese debilitamiento se aprecia en aspectos como el lenguaje –pues el carácter “representativo” del Gobierno, en el artículo 6 del texto de 1999, fue cambiado por el carácter “electivo”–hasta en las propias bases constitucionales de esa democracia: el derecho al sufragio fue sustituido por el más genérico derecho de participación (artículo 62). Además, la Constitución no otorga base alguna a los partidos políticos32.

En segundo lugar, el presidencialismo tradicional dentro de la estructura jurídica del Estado venezolano se acentuó en la Constitución de 1999. Muestras de ello es la ampliación de las facultades normativas extraordinarias del presidente en el marco de la Ley Habilitante. De igual manera, se reconoció la potestad del presidente de disolver a la Asamblea Nacional, bajo circunstancias ciertamente específicas, pero que evidencian el desequilibrio entre esos órganos (artículo 236.21). Quizás el rasgo más relevante de tal presidencialismo sea la ampliación del control del presidente sobre la Fuerza Armada, al permitírsele decidir sobre la promoción o ascenso de sus oficiales –desde el grado de coronel o capitán de navío– sin control parlamentario (artículo 236.6). Junto a ello, es

31 Cfr.: Rachadell, Manuel, Evolución del Estado venezolano 1958-2015. De la conciliación al populismo autoritario, cit., pp. 129 y ss.

32 La exaltación de la participación ciudadana en la Constitución de 1999 se apoya en una supuesta y falsa colisión entre la democracia participativa y la democracia representativa, colisión que será retomada, con énfasis, en el cambio del SPV luego de 2006. Cfr.: Njaim, Humberto, “La democracia participativa, de la retórica al aprendizaje”, en Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales nº 143, Caracas, 2005, pp. 25-112.


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preciso subrayar cómo la Constitución reconoció el derecho al sufragio de los integrantes activos de la Fuerza Armada (artículo 330)33.

En tercer lugar, encontramos la ampliación de los cometidos del Estado en el orden económico y social, con la constitucionalización de la reserva estatal sobre los hidrocarburos (artículo 302) y consecuentemente, la ampliación de “derechos sociales”34. Cabe señalar que desde la nacionalización petrolera de 1975, el Gobierno nacional había asumido el control de la industria y comercio de los hidrocarburos, apropiándose de la renta petrolera a través de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa). Ello permitió que el Estado venezolano fuese autónomo económicamente, en tanto no requería del poder tributario sobre los ciudadanos para asumir el gasto público. El resultado final de tal proceso fue la configuración de Venezuela como “Petro-Estado”, todo lo cual se tradujo en dos importantes consecuencias: 1) la economía pasó a depender del Estado, dueño de la principal riqueza del país, y 2) se concentró el poder del Gobierno nacional. Ambos aspectos son contrarios al modelo republicano, pues de acuerdo con este 1) es el Estado quien debe depender de la sociedad, especialmente a través del poder tributario que le permite obtener los recursos para sufragar el gasto público, y 2) el Gobierno debe ser limitado, justo lo contrario a la expansión del Gobierno –o más en concreto: de su Administración Pública– como consecuencia de la configuración del “Petro-Estado”. Fue ese modelo, precisamente, el que fue asumido en la Constitución de 199935.

33 Como se ha observado: “la Constitución de 1999 consagró como dogmas lo que la República de Páez había negado, y negaron desde entonces (en los textos) hasta Juan Vicente Gómez, y a partir de 1936, los regímenes democráticos que siguieron a la muerte del viejo tirano. Los fueros y los privilegios militares fueron la gran conquista de los conjurados del Samán de Güere: prohibición absoluta al poder civil de toda participación en el destino y organización de las Fuerzas Armadas, concentración de todos los privilegios en el Presidente de la República, como si partieran del supuesto de que siempre sería el mismo por el tiempo previsible”. Cfr.: Consalvi, Simón Alberto, “Civiles y militares: el carrusel de la discordia”, S/F, consultado en original. Véase igualmente a Irwin, Domingo y Micett, Ingrid, Caudillos, militares y poder. Una historia del pretorianismo en Venezuela, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2008, Primera edición, pp. 259 y ss.

34 La Constitución económica del texto de 1999, esto es, las normas constitucionales que establecen el marco jurídico fundamental de la economía, se caracterizan por ampliar el rol del Estado en la economía, asignándole especialmente diversos cometidos prestacionales en materiales tales y como salud, vivienda y alimentación, los cuales se corresponden con amplios derechos fundamentales, considerados “derechos sociales”. Estos cometidos se anclaron en la constitucionalización de la reserva al Estado sobre la industria y comercio de los hidrocarburos, todo lo cual determinaba una posición preferente del Estado en la economía. El análisis crítico de la Constitución de 1999, desde su Constitución económica, puede verse en Brewer-Carías, Allan, “Reflexiones críticas sobre la Constitución de Venezuela de 1999”. en Revista de Derecho Público nº 81, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2000, pp. 7-21. Sobre ello nos hemos pronunciado en Hernández G., José Ignacio, La libertad de empresa y sus garantías jurídicas. Estudio comparado del Derecho espanol y venezolano, IESA-FUNEDA, Caracas, 2004, pp. 37 y ss.

35 Por “Petro-Estado” entendemos la forma de organización del Estado que se basa en la apropiación estatal de la actividad y renta petrolera, cuya distribución se asume como cometido estatal. El “Petro-


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Por último, y en cuarto lugar, se aprecia en la Constitución de 1999 un cambio importante en la idea de Derecho, como ha señalado Francisco Delgado36. Este cambio puede valorarse destre dos aristas:

Así, la primera arista del cambio de la idea de derecho en la Constitución de 1999 tiene que ver con la modificación producida en la legitimación jurídico-formal del derecho. En el modelo republicano, esa legitimación deriva de la ley, como expresión de la representación popular, y de la Constitución, como norma jurídica suprema. Si bien la Constitución de 1999 no se apartó de esa justificación, sí introdujo matizaciones importantes, al 1) reconocer la legitimación del derecho derivada de la participación ciudadana, como quedó en evidencia en la figura de la “asamblea de ciudadanos y ciudadanas” cuyas decisiones son vinculantes, según el artículo 70 de la Constitución. Esto implica reconocer que junto al derecho derivado de la representación popular, hay también un derecho derivado de la participación ciudadana directa. Junto ello, 2) la Constitución de 1999 agregó a la denominación de “Estado social y democrático de derecho” el calificativo de “justicia” (artículo 2). Tras ello subyace la idea según la cual el derecho y la justicia son principios distintos, lo cual da a entender que frente al derecho expresado de manera formal en leyes, puede prevalecer la justicia, como una especie de elemento valorativo que daría legitimación al Estado37.

La segunda arista se relaciona con la creación de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Tal Sala Constitucional es el órgano judicial encargado de ejercer el llamado “control concentrado” de la Constitución, esto es, el poder de declarar que la ley –u otro acto similar– es contrario a la Constitución y, por ende, nulo. Tal control concentrado ha existido entre nosotros, especialmente, desde el siglo XX. Pero

Estado” no depende de los tributos para sufragar el gasto público, de lo cual surge una independencia del Estado frente a la sociedad, en contraposición a la dependencia de la sociedad frente al Estado. Este modelo fue asumido rígidamente en el artículo 302 de la Constitución de 1999, tomando como base la nacionalización petrolera de 1975. Véase en general, sobre lo expuesto, a Urbaneja, Diego Bautista, La renta y el reclamo, Editorial Alfa, Caracas, 2013, Primera Edición, pp. 268 y ss. Véase nuestro análisis en Hernández G., José Ignacio, El pensamiento jurídico venezolano en el derecho de los hidrocarburos, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2016, Primera Edición, pp. 63 y ss.

36 Delgado, Francisco, La idea de derecho en la Constitución de 1999, Serie Trabajos de Grado, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, Caracas, 2008, primera edición, pp. 11 y ss.

37 Delgado, Francisco, La idea de Derecho en la Constitución de 1999, cit., pp. 32 y ss. No es posible definir qué se entiende por “Estado de justicia”. El concepto más bien aparece como una suerte de válvula que permite resolver conflictos entre el derecho expresado formalmente y la valoración política de los conflictos sociales. De esa manera, estos conflictos pueden ser resueltos apartando el derecho a favor de la justicia. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como veremos, asumió esa visión desde el inicio de su actividad. A favor de la distorsión del Estado de derecho abona el artículo 1 de la Constitución, que incorporó a la “doctrina de Simón Bolívar” dentro de los valores superiores del Estado.


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la Constitución de 1999 trastocó ese sistema de justicia constitucional, pues 1) amplió considerablemente el catálogo de competencias de la Sala Constitucional y 2) estableció el carácter vinculante de las intepretaciones de esa Sala sobre la Constitución. Con este sistema, la supremacía de la Constitución quedó relegada a lo que sobre la Constitución interprete la Sala Constitucional38.

Estas novedades permitieron a cierto sector de la doctrina postular la originalidad de la Constitución de 1999, como expresión de un nuevo constitucionalismo caracterizado por la “ruptura” con el pasado. De acuerdo con Roberto Viciano Pastor39:

La Constitución venezolana de 1999, que sustituyó a la que aprobara el Congreso de la República de Venezuela el 23 de enero de 1961, supuso una ruptura institucional con el pasado del país. No podía ser de otra forma, por cuanto la Norma Fundamental se convirtió en la columna de un proceso de cambio político que quería fundamentar en un nuevo texto constitucional la promoción de un nuevo Estado (…)

No hay duda de que tal fue la intención de la Constitución de 1999, como hemos explicado. Desde la formulación del proceso constituyente, se insistió en que era necesario “refundar” al Estado, como quedó plasmado en la exposición de motivos de esa Constitución. De ello resultó que el SPV iniciado en 1998, y presentado como un sistema nuevo, de ruptura con el pasado, se fusionó con la Constitución: esta se presentó como la expresión jurídico-formal del SPV. Empero, más allá de este discurso, el examen de la Constitución de 1999 evidencia más similitudes que diferencias con la Constitución de 1961, con lo cual no puede afirmarse, como hace Viciano Pastor –con una posición más política que jurídica– que la Constitución de 1999 –y el sistema político en ella presente– supuso la ruptura con el pasado y el inicio de una nueva etapa.

38 Si bien el control concentrado de la Constitución es uno de los componentes tradicionales del Estado de Derecho en Venezuela, especialmente desde el siglo XX, no se trató de un elemento presente en la Constitución de 1811. De hecho, históricamente ese control surge, de manera más bien marginal, en la Constitución de 1858. Puede verse sobre ello, en general, a Brewer-Carías, Allan, El sistema de justicia constitucional en la Constitución de 1999, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2000, primera edición, pp. 7 y ss. La crítica al diseño de la Sala Constitucional, en Delgado, Francisco, La idea de Derecho en la Constitución de 1999, cit., pp. 141 y ss.

39 Viciano Pastor, Roberto, “Caracterización general de la Constitución venezolano de 1999”, en El sistema político en la Constitución Bolivariana de Venezuela, Vadell Hermanos, Caracas, 2004, primera edición, p. 42.


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b. La segunda etapa (2006-2013): la propuesta del Estado comunal. La concentración de funciones como medio para alcanzar esa propuesta

La estructura jurídico-estatal del SPV, que comenzó a gestarse en 2000, al amparo de la nueva Constitución, no marcó diferencias sustanciales respecto de la estructura tradicional. Ninguna de las decisiones jurídicas expresadas bajo ese sistema político implicó la ruptura con la estructura jurídico-estatal. Ciertamente, el detenido análisis jurídico de algunas de esas decisiones podía conducir a concluir la violación de alguna disposición de la Constitución, lo que era, en todo caso, una desviación –común, por lo demás– en el desempeño del sistema político40.

Ello no quiere decir que el desarrollo de la estructura jurídico-estatal haya estado totalmente apegado a la Constitución. Por el contrario, entre 2000 y 2006 puede apreciarse un lento proceso tendente a concentrar funciones en la Presidencia, en un debilitamiento progresivo del principio de separación de poderes, como consecuencia del proceso de concentración de funciones en la Asamblea Nacional Constituyente. La concentración de funciones en la Presidencia de la República, así, fue consecuencia de diversos factores, a saber, 1) el régimen transitorio asumido por la Asamblea Nacional Constituyente, que le llevó a crear a la Comisión Legislativa Nacional, a través de la cual se designaron a algunos de los órganos contemplados en la Constitución de 1999, como sucedió con la Sala Constitucional y el Consejo Nacional Electoral. Además, 2) en las elecciones de agosto de 2000 no solo se reeligió al Presidente Chávez –para un primer período, de acuerdo con la nueva Constitución– sino que se eligió a la primera Asamblea Nacional, en la cual el partido de Gobierno obtuvo la mayoría de 92 diputados, de 40 Sin embargo, así como un sector pretendió ver en la Constitución de 1999 la ruptura con el pasado,

otro sector quiso ver, en algunas de las primeras decisiones dictadas luego de 2000, la ruptura violenta de la Constitución. Un buen ejemplo de ello es la reacción generada por el conjunto de Decretos-Leyes dictados por el Presidente de la República en ejecución de la Ley Habilitante otorgada por la Asamblea Nacional en 2000. Se trató, vale la pena recordarlo, de la segunda Ley Habilitante otorgada al Presidente Chávez: la primera había sido concedida por el extinto Congreso en 1999, bajo la Constitución de 1961. Buena parte de los Decretos-Leyes dictados bajo esa Ley Habilitante se dictaron en noviembre de 2001, generando un conjunto de reacciones –jurídicas y políticas– que desencadenaron la crisis política de 2002, marcada por el intento de golpe de Estado de abril de ese año. No se niega que esos decretos-leyes fueron dictados en ausencia del procedimiento de consulta pública y que muchos de ellos contenían disposiciones inconstitucionales. Pero en su conjunto, ellos no trataron de modificar la estructura jurídica del Estado venezolano, conforme a la Constitución. Para una visión marcadamente crítica de esos decretos-leyes, vid. Brewer-Carías, Allan, “Apreciación general sobre los vicios de inconstitucionalidad que afectan los decretos leyes habilitados”, en Ley Habilitante del 13/11/2000 y sus Decretos Leyes, Serie Eventos, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2002, primera edición, pp. 65 y ss. Una valoración general del sistema político, entre 2000 y 2007, puede consultarse en Rachadell, Manuel, Evolución del Estado venezolano 1958-2015. De la conciliación al populismo autoritario, cit., pp. 145 y ss.


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un total de 165 diputados. Luego, 3) a partir de la mayoría de la Asamblea Nacional, procedió a designarse –incumplimiento los trámites constitucionales– a las nuevas autoridades del Poder Ciudadano, Electoral y Judicial41.

Muy en especial, a través de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 2004, el partido de Gobierno, a través de la Asamblea, intervino en la composición del Tribunal Supremo de Justicia y, en concreto, de su Sala Constitucional. Esto permitió que la Sala Constitucional asumiese, en contra de la Constitución, la condición de “máximo y último intérprete de la Constitución”, incluso, por encima del Tribunal Supremo de Justicia42. Como resultado de este proceso, el principio de separación de poderes se debilitó notablemente43.

Dentro de este contexto, el modelo económico venezolano comenzó a cambiar luego del llamado “paro petrolero”, de fines de 2002 e inicios de 2003. Como resultado de lo anterior, el Gobierno –fortalecido, ante la concentración de funciones al cual hemos hecho referencia– amplió su rol en la economía, para lo cual se apalancó en el manejo de la renta petrolera, ante el debilitamiento de la autonomía técnica de Pdvsa, luego de la intervención política sobre esa empresa como resultado del “paro”. Ello se tradujo en 1) la ampliación de controles sobre la economía, mediante el control de precio y de cambio, y 2) el desarrollo de programas sociales dependientes directamente de la presidencia, al margen de las estructuras burocráticas formales. Esas estructuras se denominaron “misiones”44.

41 Brewer-Carías, Allan, Historia Constitucional de Venezuela, Tomo II, Editorial Alfa, Caracas, 2008, primera edición, pp. 302 y ss.

42 La inicial composición del Tribunal Supremo de Justicia, derivada del régimen de transición de la constituyente, permitió un conflicto con el Gobierno, a resultas del intento de golpe de Estado de abril de 2002, en tanto el Tribunal Supremo de Justicia declaró improcedente la solicitud de antejuicio intentada en contra de los integrantes de la Fuerza Armada relacionada con ese suceso. Ello llevó a la promulgación de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 2004, que, entre otras consecuencias, modificó la composición de la Sala Constitucional. La nueva sala así designada, asumiendo que ella ocupaba una posición superior a la del Tribunal Supremo, revisó y anuló la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que había desestimado la mencionada solicitud de antejuicio. Desde entonces, la Sala Constitucional se convirtió en pieza clave dentro del sistema político. Sobre ello, véase en general a Brewer-Carías, Allan, Crónica sobre la “ in” justicia constitucional. La Sala Constitucional y el autoritarismo en Venezuela, Colección Instituto de Derecho Público-Universidad Central de Venezuela, Caracas, 2007, primera edición, pp. 515 y ss.

43 Tarre Briceño, Gustavo, Solo el poder detiene al poder, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2014, primera edición, pp. 273 y ss. Tarre denomina al sistema político derivado de tal situación como “constitucionalismo popular”.

44 Seguimos aquí lo que hemos desarrollado en Hernández G., José Ignacio, Reflexiones sobre la Constitución y el modelo socioeconómico en Venezuela, FUNEDA, Caracas, 2008, primera edición, pp. 13 y ss. Sobre las misiones, vid. Zambrano, Paula, Las misiones en la organización administrativa venezolana, FUNEDA, Caracas, 2011, primera edición, pp. 39 y ss. El cambio del modelo económico fue impulsado por la necesidad de desarrollar programas sociales que mejorasen la popularidad del presidente, ante el


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En 2005 el presidente de la República asumió que el modelo político y económico en Venezuela debía orientarse al socialismo, en concreto, al llamado “socialismo del siglo XXI”. En realidad, lo que entonces se hizo fue agrupar, bajo esa denominación, las distintas medidas económicas y sociales que se habían venido implementando progresivamente desde 2003, consistentes en asignar al Estado un mayor rol en la economía, especialmente, en sectores como la alimentación. Alcanzada la reelección en diciembre de 2006, el presidente anunció su intención de reformar la Constitución de 1999, a fin de ajustarla a tal “modelo del socialismo del siglo XXI”45.

El anuncio del proyecto de reforma de la Constitución de 1999 ilustró muy bien el cambio en el SPV. Tomando en cuenta la fusión que se había alcanzado entre la Constitución de 1999 y el SPV, ese anuncio solo podía entenderse como consecuencia de la intensión de modificar drásticamente el SPV, legitimando su nuevo contenido en una “nueva” Constitución. La propuesta, insistimos, era cuando menos paradójica: apenas seis años bastaron para que el presidente Hugo Chávez, promotor de la Constitución de 1999, admitiera que esta no podía legitimar los cambios aspirados en el SPV. Tal y como lo reconoció el propio presidente Chávez46:

Reconociendo los avances de la Constitución de 1999, estos no han sido suficientes para alcanzar la aspiración de la felicidad, del bien común, en una sociedad de justicia; en consecuencia, se plantea la imperiosa e ineludible necesidad de ir a un proceso de Reforma Constitucional a fin de adaptarla y dotarla de elementos que consoliden el avance hacia la ruptura del modelo capitalista burgués.

A partir de 2007 comenzaron a implementarse cambios importantes, en dos sentidos paralelos. Por un lado, las políticas públicas se orientaron en torno al modelo socialista, tal y como quedó resumido en el denominado “Primer Plan Socialista”, es decir, el Plan de Desarrollo 2007-2013. Junto a ello, la Asamblea Nacional comenzó a discutir el proyecto de reforma constitucional, que sería finalmente aprobado y sometido a referendo en diciembre de 200747.

referendo revocatorio convocado en 2004. La estrategia funcionó, pues en tal referendo se confirmó el mandato presidencial.

45 Hernández G., José Ignacio, Reflexiones sobre la Constitución y el modelo socioeconómico en Venezuela, cit., pp. 227 y ss.

46 Exposición de Motivos del Ante-Proyecto de Reforma Constitucional, Presidencia de la República, agosto de 2007. El punto decisivo de esa propuesta consistió en la necesidad de “demoler” las estructuras representativas del Estado. Según se afirma en ese Ante-Proyecto, era necesario “Dejar atrás la democracia representativa para consolidar la democracia participativa y protagónica; donde se contemple la insurgencia del poder popular como hecho histórico necesario en la construcción de la sociedad socialista del Siglo XXI”.

47 En relación con el “Primer Plan Socialista” y su influencia en el proyecto de reforma constitucional, nos remitimos a lo que hemos expuesto en Hernández G., José Ignacio, Reflexiones sobre la Constitución y el modelo socioeconómico en Venezuela, cit.


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De acuerdo con el “Primer Plan de la Patria”, el modelo socialista no se agotó al aspecto económico. Antes por el contrario, la propuesta consistía en fundar una nueva forma de organización del Estado48. Así, junto al Estado basado en el modelo representativo reconocido en la Constitución, se propuso organizar al Estado desde “democracia directa”, a través de un conjunto de instancias consideradas expresiones “genuinas” de la soberanía popular. Esta idea había comenzado a desarrollarse a través de los “consejos comunales”, esto es, asociaciones de personas que integran comunidades, y cuya máxima autoridad es la “asamblea de ciudadanos”, figura que, como vimos, está reconocida en el artículo 70 de la Constitución. El consejo comunal se organizó en los municipios, al punto de quedar integrados a la organización de estos. Esa nueva forma de organización fue denominada “Estado comunal”, mientras que las instancias derivadas de la participación ciudadana fueron denominadas “Poder Popular”49.

El proyecto de reforma constitucional de 2007 asumió el contenido del modelo socialista, el cual quedó constitucionalizado50. Se trató, por lo tanto, de una nueva Constitución, y no solo de de una reforma a la Constitución de 1999. De esa manera quedó plasmado el drástico cambio del SPV: de un sistema basado en el modelo republicano con algunas matizaciones, se pasó a un sistema contrario a ese modelo republicano, basado en la “democracia directa” orientada a la construcción del socialismo. En la práctica, el proyecto político del presidente de la República y de su partido de gobierno, quiso llevarse a la Constitución51.

48 Como se afirmó en ese Plan: “la democracia protagónica revolucionaria es la expresión genuina y auténtica de la verdadera democracia. Los espacios públicos y privados se consideran complementarios y no separados y contrapuestos como en la ideología liberal. Es necesario que los individuos se organicen para lograr las ventajas que otorga la asociación cooperativa, es decir, transformar su debilidad individual en fuerza colectiva, teniendo en cuenta que el establecimiento de la organización no implicará menoscabo de la independencia, autonomía, libertad y poder originario del individuo”.

49 Sobre el origen y evolución del Estado comunal y el Poder Popular, véase la obra colectiva Leyes Organicas sobre el Poder Popular y el Estado Comunal, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2011, primera edición. Véase igualmente, entre otros, a Urosa Maggi, Daniela, “Alcance e implicaciones del poder popular en Venezuela” en Anuario de Derecho Público n° 4-5, Centro de Estudios de Derecho Público de la Universidad Monteávila, Caracas, 2011, pp. 71 y ss, así como Nikken, Claudia, “Desafíos presentes frente al Estado comunal”, en Revista Electrónica de Derecho Administrativo n° 2, Caracas, 2014, pp.177 y ss.

50 Para una valoración global del contenido de ese proyecto, véanse los artículos contenidos en la Revista de Derecho Público N° 112. Estudios sobre la reforma constitucional, Caracas, 2007. Igualmente, vid. Rachadell, Manuel, Evolución del Estado venezolano 1958-2015. De la conciliación al populismo autoritario cit., pp. 175 y ss. El proyecto de reforma quiso configurar a Venezuela como un Estado socialista, basado en el centralismo en torno a la Presidencia de la República, como órgano de coordinación de las llamadas instancias del Poder Popular.

51 En el proyecto de reforma de 2007, la estructura jurídica del Estado se apartó de los principios del modelo republicano, a fin de asumir como forma de organización al Estado comunal, cuya legitimación proviene del Poder Popular y no de la representación. Además, el Estado comunal se fundamentó en


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Tal proyecto fue rechazado en referendo de 2 de diciembre de 2007. Ello no implicó, sin embargo, el abandono del modelo socialista. De hecho, el “Primer Plan Socialista”, al cual hemos hecho referencia, fue aprobado por la Asamblea Nacional poco después del referendo52, implementándose su ejecución a través de leyes, decretos-leyes (basados en las amplias leyes habilitantes otorgadas por la Asamblea Nacional al Presidente de la República)53 y diversas sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia54.

Por ello, entre 2007 y 2012 el modelo socialista fue ejecutado progresivamente, modificándose así la estructura jurídico-estatal prevista en la Constitución de 1999, por una estructura paralela. En el plano económico, ello implicó la ampliación del rol del Estado en la economía, incentivado por el control sobre la industria petrolera, en una etapa de notable incremento de la renta derivada de esa industria55. La empresa privada, a resultas de una errática política de expropiaciones y nacionalizaciones, quedó relegada a un rol secundario, frente a la empresa pública y a las nuevas formas empresariales propias del Estado comunal56. En lo político, se amplió el rol de las instancias del Poder

el socialismo, que pasó a ser doctrina de Estado. Véase especialmente los artículos de Rachadell, Manuel, “Personalismo político en el siglo XXI” y Brewer-Carías, Allan, “El sello socialista que se pretendía imponer al Estado”, ambos en Revista de Derecho Público n° 112. Estudios sobre la reforma constitucional, Caracas, 2007, pp. 65 y ss.

52 El Presidente Chávez afirmó que “vamos a profundizar el primer plan socialista cuyos lineamientos para nada sufren porque no se haya aprobado la reforma”. Cfr.: El Nacional, 14 de enero de 2008. Cfr.: Rachadell, Manuel, Evolución del Estado venezolano 1958-2015. De la conciliación al populismo autoritario, cit., pp. 187 y ss.

53 Uno de los signos de la concentración de poder en torno a la Presidencia de la República es el ejercicio abusivo de la ley habilitante. De esa manera, y además de la Ley Habilitante otorgada en bajo la vigencia de la Constitución de 1999, fueron dictadas leyes habilitantes en 2000, 2007 y 2010. Luego de la muerte del presidente Chávez, nuevas leyes habilitantes fueron otorgadas en 2013 y 2015. A partir de 2000, las leyes habilitantes han sido cada vez más amplias e indeterminadas, con una vigencia cada vez mayor, Como consecuencia de ello, el ejercicio de la función legislativa se trasladó a la Presidencia de la República. Cfr.: Herrera Orellana, Luis Alfredo, “¿Es necesaria la figura de la Ley Habilitante en el ordenamiento jurídico venezolana?”, en Revista de Derecho Público n° 140. Estudios sobre los Decretos-Leyes 2014, Caracas, 2014, pp. 41 y ss.

54 Esto ha derivado en la existencia de “mutaciones”, o sea, cambios ilegítimos en la Constitución basados en interpretaciones vinculantes de la Sala Constitucional. Cfr.: Brewer-Carías, Allan, “La ilegítima mutación de la constitución por el juez constitucional en materia de justicia constitucional”, 2009, consultado en original.

55 Ello llevó al Gobierno a plantear la existencia de la “nueva Pdvsa”. En realidad, bajo tal expresión se justificó la eliminación de la autonomía técnica de Pdvsa y sus empresas filiales, y su uso instrumental para financiar el modelo socialista. La explicación y justificación de ese cambio, puede verse en Rondón de Sansó, Hildegard, El régimen jurídico de los hidrocarburos. El impacto del petróleo en Venezuela, Caracas, 2008, primera edición, pp. 379 y ss.

56 Véase la obra colectiva La libertad económica en Venezuela. Balance de una década (1999-2009), Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2011, primera edición.


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Popular, en detrimento de las competencias de estados y municipios, de lo cual resultó un centralismo acentuado en torno a la presidencia de la República57. Todo ello bajo el fortalecimiento de la Presidencia de la República a partir del liderazgo personalista de Hugo Chávez, lo que llevó a proponer –y lograr con éxito– la enmienda a la Constitución para eliminar los límites a la reelección58.

Es preciso insistir que los cambios operados en el SPV excedían del marco derivado de la Constitución de 1999. Con lo cual, el rol de esta varió. Ciertamente, la Constitución siguió siendo un elemento fundamental de legitimación desde el poder. En la práctica, sin embargo, el diseño de Estado contenido en la Constitución quedó superado por el Estado comunal, el cual resultó un Estado paralelo al Estado constitucional. Para terminar de avanzar en la construcción de ese Estado paralelo, tal y como se reconoció en el programa de gobierno del presidente Chávez para la reelección en 2012, era preciso “pulverizar” las estructuras de ese Estado constitucional59, un objetivo incompatible con la Constitución de 1999. Todos esos objetivos, insistimos, se basaban en la concentración de funciones en torno a la Presidencia de la República, como resultado del proceso iniciado luego de la aprobación de la Constitución de 199960.

57 En 2010 la Asamblea Nacional, en los últimos días de mandato, aprobó de manera apresurada un conjunto de leyes que dieron forma al Estado comunal, y que parten de la Ley Orgánica del Poder Popular. Todos esas leyes sentaron las bases para la construcción del Estado comunal en sustitución del Estado constitucional. El sesgo político de esas leyes quedó en evidencia al comprobarse la similitud entre su contenido, y el contenido del programa político del partido de gobierno. Por ello, según esas Leyes, la participación ciudadana solo se justifica para la construcción del socialismo, con lo cual, en la práctica, se prohibió toda participación ciudadana contraria a ese modelo. Véase la obra colectiva Leyes Organicas sobre el Poder Popular y el Estado Comunal, cit.

58 La eliminación de los límites a la reelección presidencial –circunscrita a un período en la Constitución de 1999– era parte de la propuesta de reforma de 2007. Pese al rechazo popular de esa propuesta, el presidente propuso en 2009 la enmienda para eliminar los límites a la reelección de cargos de gobierno de elección popular, incluyendo la presidencia, enmienda que fue aprobada en referendo. Esta enmienda consolidó el centralismo y presidencialismo en torno a la figura carismática de Chávez. Cfr.: Rachadell, Manuel, Evolución del Estado venezolano 1958-2015. De la conciliación al populismo autoritario, cit., pp. 197 y ss.

59 Cfr.: Chávez, Hugo, Programa de la Patria 2013-2019, Caracas, 2012. Consultado en original. Allí se afirmó lo siguiente “esto pasa por pulverizar completamente la forma Estado burguesa que heredamos, la que aun se reproduce a través de sus viejas y nefastas prácticas, y darle continuidad a la invención de nuevas formas de gestión política”. Véase a Ghersi, Oscar, “Reflexiones sobre el programa “Patria Socialista””, Seminario de Profesores de Derecho Público, del Centro de Estudios de Derecho Público de la Universidad Monteávila, Caracas, 2012, consultado en: http://www.uma.edu.ve/admini/ckfinder/userfiles/files/Reflexiones%20Oscar%20Ghersi.pdf [Consulta 02.12.2016].

60 Como se ha observado, el modelo socialista implantado en 2006 no significó otra cosa que el fortalecimiento del poder personal del presidente. Cfr.: Rachadell, Manuel, Evolución del Estado venezolano 1958-2015. De la conciliación al populismo autoritario, cit., p. 199. Un dato relevante es que esa concentración de poder fue resultado de diversos procesos electorales, caracterizados por la clara


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Sin embargo, lo cierto es para 2011 pudo apreciarse la práctica paralización del proceso de construcción jurídica del Estado comunal, proceso que para nosotros se detiene luego de 2012. Es por ello que la evolución del SPV en torno al Estado comunal, como expresión de la estructura jurídica del Estado, finalizó en 2012. La enfermedad del presidente Chávez y su posterior muerte, en marzo de 2013, afectó sensiblemente la dinámica política del Estado comunal, sin que el nuevo Gobierno iniciado en abril de 2013 haya podido contar con la capacidad suficiente para avanzar en esa dirección61. Esto no implica, advertimos, el abandono de ese sistema político. Antes por el contrario, el Estado comunal sigue siendo el pilar del SPV, como lo evidencia la aprobación mediante Ley del “Plan de la Patria”, y la constante invocación de los principios de ese Estado como elementos de legitimación del Gobierno62. Pero lo cierto es que, desde 2012, no se ha apreciado el avance en la consolidación del Estado comunal, en sustitución del Estado constitucional.

Por lo anterior, la construcción del Estado comunal quedó como una obra incompleta. Como incompleta quedó también la “demolición” de las bases del Estado constitucional. Como resultado de este desordenado panorama, se afectó la institucionalidad del Estado venezolano y, consecuentemente, la gobernabilidad. La crisis desatada con la elección de la Asamblea Nacional en diciembre de 2015, bajo el control de la coalición de oposición, acentuó el deterioro de la gobernabilidad. En este entorno, el objetivo de construir al Estado comunal fue marginado, aun cuando se ha acudido a ese Estado comunal para justificar el desconocimiento de la Asamblea63, contraponiendo esta –como expresión de la “democracia representativa”– a la expresión “verdadera” de la “soberanía popular”.

injerencia del Gobierno en las campañas electorales, y la ausencia de controles efectivos que garantizasen la transparencia de tales elecciones (cit., pp. 207 y ss.).

61 La enfermedad y muerte del presidente Chávez generó una crisis constitucional por el vacío de poder, que fue suplida por la Sala Constitucional, quien facilitó la permanencia del entonces vicepresidente ejecutivo de la República como presidente, incluso, durante la elección presidencial de abril de 2013. Cfr.: Rachadell, Manuel, Evolución del Estado venezolano 1958-2015. De la conciliación al populismo autoritario, cit., pp. 247 y ss.

62 Tal Plan fue aprobado mediante ley por la Asamblea Nacional en 2013, con la intención de reforzar su carácter vinculante. Cfr.: Rachadell, Manuel, Evolución del Estado venezolano 1958-2015. De la conciliación al populismo autoritario, cit., pp. 267 y ss.

63 Sobre el conflicto entre la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia y el Gobierno, puede verse a Brewer-Carías, Allan, Dictadura Judicial y perversión del Estado de Derecho. La Sala Constitucional y la destrucción de la democracia en Venezuela, Editorial Jurídica Venezolana International, Nueva York-Caracas, 2016, segunda edición ampliada. Ese conflicto es, para nosotros, resultado de la convivencia de dos tipos de “instituciones”: las instituciones inconclusas del Estado comunal (basadas en la “democracia directa”) y las instituciones parcialmente “demolidas” del Estado constitucional (basadas en la “democracia representativa”)


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4. Los rasgos distintivos del Estado comunal como estructura jurídico-estatal del SPV del siglo XXI

De acuerdo con la tesis sostenida en la sección anterior, la caracterización de la estructura jurídico-estatal del SPV, con rasgos originales, puede hacerse a partir de 2006, sobre la base del Estado comunal. De esa manera, formalmente, el SPV se basó en la clara preferencia a la “democracia directa”. En la práctica, sin embargo, las instancias a través de las cuales esa “democracia directa” se expresa, son organizaciones satélites del Gobierno, cuyo objetivo único, exclusivo y excluyente es la construcción del socialismo, esto es, el programa político del Gobierno, que pasó a convertirse en doctrina de Estado, tal y como lo reconocen las leyes del Poder Popular64.

Desde la perspectiva comparada, el contenido del Estado comunal no es del todo novedoso. Responde, así, a las llamadas “democracias populares”, en las cuales se crean organizaciones dependientes del Gobierno que ejercen directamente la “democracia”, sin necesidad de acudir a representantes, para imponer –sin embargo– un pensamiento único de Estado, en un marco institucional que, cuando menos, propende a formas totalitarias del poder65. En Venezuela, el SPV siguió esos cauces, con dos particularidades que convendría resumir, antes de exponer el contenido básico de tal sistema.

La primera particularidad fue la dependencia del Estado comunal al petróleo. Esto permitió, ciertamente, la ampliación del rol del Estado en la economía, por medio

64 Véase el concepto de socialismo contenido en el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Popular. En general, vid. Rachadell, Manuel, Evolución del Estado venezolano 1958-2015. De la conciliación al populismo autoritario, cit., pp. 215 y ss.

65 En efecto, como ha señalado Hannah Arendt, los movimientos totalitarios son “organizaciones de masas de individuos atomizados y aislados” (Arendt, Hannah, Los orígenes del totalitarismo, Taurus, Bogotá, 2004, p. 405). Son sistemas que procuran la lealtad total, y en parte, irracional, suprimiendo toda diferencia entre el Estado y la sociedad (Bobbio, Norberto, Teoría general de la política, Editorial Trotta, Madrid, 2003, pp. 183 y 246). El totalitarismo se hace valer de la democracia, para transfigurarla y destruirla. En lo que Raymond Aron llama las “democracias populares”, el pluralismo es aniquilado a través de la imposición del partido único que actúa sobre la base de una doctrina única, que pasa a ser doctrina de Estado (Aron, Raymond, Introducción a la filosofía política, Barcelona, 1997, pp. 215 y ss.). Ello supone reconstruir conceptualmente a la democracia, que es concebida como la participación popular canalizada a través de organizaciones controladas y dirigidas por el Estado. Tal es la idea de los soviets soviéticos, o consejos, basados en una suerte de “democracia radical” opuestos a los órganos parlamentarios. Por ello Lenin los llamaba los órganos del “poder revolucionario” (García-Pelayo, Manuel, Derecho Constitucional Comparado, en Obras Completas, Tomo I, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1991, p. 695). Sobre los rasgos totalitarios del Estado comunal, vid. Brewer-Carías, Allan, Estado totalitario y desprecio a la ley, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2014, primera edición, pp. 145 y ss.


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del uso instrumental de Pdvsa, la cual se “transformó” en la “nueva Pdvsa”, o sea, un mero instrumento político para la consecución de los fines propios del Estado comunal66.

La segunda particularidad es que, entre 2006 y 2012, la construcción del Estado comunal no se completó. Resultado de ello, como vimos, es la convivencia de instituciones propias del Estado comunal con rasgos totalitarios –la comuna– junto a instituciones ancladas en el modelo republicano y la democracia constitucional, como el municipio. Ello fue así, en parte, por cuanto el Gobierno tuvo que tolerar a la “sociedad civil” opuesta a la esencia del Estado comunal67.

Cabe entonces formular, en sus rasgos esenciales, la estructura jurídico-estatal del Estado comunal, como rasgo original del SPV del siglo XXI.

a. Estado comunal y Estado federal

El primer rasgo del Estado comunal es el desmontaje del Estado federal, o como se le denomina en la Constitución, el “Estado federal descentralizado”. Sabido es que la expresión jurídica del “Estado federal” es una reminiscencia del modelo político y jurídico de Estado iniciado luego del Tratado de Coche68. Pero, en estrictos términos jurídicos, el Estado venezolano, como quedó configurado luego de 1935, se organizó como un Estado unitario –no federal– y centralizado. Por ello, el rasgo distintivo del Estado Federal, entre nosotros ha sido la descentralización, concebida en la Constitución de 1999 gráficamente como la política orientada a acercar el poder al ciudadano (artículo 158). Con lo cual, para la Constitución de 1999, la descentralización consiste en transferir competencias del Poder Nacional a estados y, muy especialmente, a municipios. Incluso, la Constitución avanza a favor de la descentralización dentro del municipio, promoviendo

66 Urbaneja, Diego Bautista, La renta y el reclamo, cit., pp. 355 y ss. 67 El Estado comunal se basa en el desconocimiento de la sociedad libre y organizada, que pretende ser

suplantada por la comunidad organizada desde las instancias del Poder Popular, con el objetivo único de promover el socialismo. Hoy día ese objetivo no se ha logrado. Por el contrario, y sin perjuicio de la creación de diversas instancias, como comunas y consejos comunales, en la práctica, el Gobierno no ha logrado –o no lo logró– su objetivo de transformar las bases de la sociedad venezolana. Por ello preferimos hablar de los rasgos totalitarios del Estado comunal, pues en la práctica no se logró la aniquilación del individuo y la sustitución de la sociedad civil por las instancias del Poder Popular, aun cuando en el camino recorrido para lograr ese propósito se ha socavado, gravemente, las bases constitucionales de la sociedad civil en Venezuela, con diversas limitaciones arbitrarias en áreas como la libertad de pensamiento, la libertad política, la libertad económica y propiedad privada, la libertad personal e incluso, el derecho a la vida.

68 Brewer-Carías, Allan, Informe sobre la descentralización en Venezuela. 1993, cit.


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la transferencia de competencias materiales –de gestión de servicios– a la comunidad, o sea, a la sociedad civil69.

El Estado comunal atacó al Estado federal a partir del concepto de descentralización. Lo hizo, sin embargo, con una clara manipulación del lenguaje, lo que puede ser considerado, también, un rasgo distintivo del SPV actual70. Así, el Estado comunal mantiene a la descentralización, pero cambiando su contenido. Esta ya no consiste en la transferencia de competencias del Poder Nacional a estados y municipios, sino en la transferencia de competencias a las instancias del Poder Popular, a través de la coordinación del Consejo Federal de Gobierno. Como sea que las instancias del Poder Popular dependen, directa o indirectamente, del Gobierno nacional, quien a su vez domina al Consejo Federal de Gobierno, esta redefinición del concepto de descentralización agravó el centralismo y, por ende, reforzó las competencias de la Presidencia de la República71.

b. Estado comunal y separación de poderes

La separación de poderes, base del Estado constitucional y del modelo republicano, ha sido igualmente menoscabada en el contexto del Estado comunal, debido al reforzamiento de competencias de la presidencia de la República. El debilitamiento del principio de separación de poderes ha sido una política explícita, e incluso, justificada

69 Como establece el artículo 158 de la Constitución, “la descentralización, como política nacional, debe profundizar la democracia, acercando el poder a la población y creando las mejores condiciones, tanto para el ejercicio de la democracia como para la prestación eficaz y eficiente de los cometidos estatales”. La descentralización se traduce en dos manifestaciones: 1) el traslado de competencias del Poder Nacional a los estados y municipios, lo que refuerza la autonomía de estos (artículos 16 y 157 de la Constitución) y 2) la transferencia de actividades y servicios a favor de las comunidades organizadas (artículo 184 constitucional). Las bases constitucionales de la descentralización parten, especialmente, de reforzar al municipio, como unidad política básica del Estado. Sobre el régimen municipal, véase entre otros a Villegas Moreno, José Luis, Doscientos anos de municipalismo, Universidad Católica del Táchira-FUNEDA, Caracas, 2010, pp. 121 y ss.

70 El lenguaje del Estado comunal emplea expresiones propias del Estado constitucional, pero desnaturalizando su sentido. Sucede así con la expresión “descentralización”, que en el Estado comunal implica la transferencia coactiva de competencias a las instancias del Poder Popular, como mecanismo de promoción del socialismo. Sobre ello, véase lo que exponemos en Hernández G., José Ignacio, “Descentralización y Poder Popular”, en Leyes Organicas sobre el Poder Popular y el Estado Comunal, cit., pp. 459 y ss.

71 Esto fue especialmente relevante en el municipio, el cual –en el Estado constitucional– es la unidad política primaria. Empero, en el Estado comunal, tal lugar corresponde al consejo comunal y a la comuna, instancias que fueron integradas al municipio, en menoscabo de su autonomía. Cfr.: Villegas Moreno, José Luis, “Jaque al municipio constitucional. La irrupción de la comuna en el sistema territorial municipal”, en Anuario de Derecho Público n° 4-5, Centro de Estudios de Derecho Público de la Universidad Monteávila, Caracas, 2011, pp. 57 y ss.


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por la Sala Constitucional, a fin de evitar el debilitamiento del Estado, especialmente, en la satisfacción de necesidades sociales72.

La desnaturalización del principio de separación de poderes se ha logrado por tres vías: 1) el ejercicio de la función legislativa ha sido trasladada del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, a través del ejercicio abusivo de la Ley Habilitante; 2) la autonomía de los Poderes Ciudadano y Electoral, y del propio Tribunal Supremo de Justicia, ha derivado en la clara subordinación de esos Poderes a favor del Gobierno73 y 3) en el marco del Estado comunal, se han concentrado las funciones en el Gobierno nacional, como veremos de seguidas.

c. Estado comunal y régimen presidencialista

Venezuela ha tenido, constitucionalmente, un régimen presidencialista, esto es, una forma de gobierno en la cual destaca, preponderantemente, las competencias de la Presidencia de la República, con un debilitamiento de las funciones de los otros órganos del Poder Nacional, particularmente del Poder Legislativo. Tal sistema presidencialista se acentuó con la Constitución de 1999, que amplió el cúmulo de competencias de la Presidencia de la República74. La enmienda de 2009, al eliminar los límites a la reelección, consolidó todavía más ese presidencialismo, en torno al liderazgo carismático del presidente Chávez.

En el marco del Estado comunal este presidencialismo se exacerbó. Ello ha sido consecuencia, primero, del referido proceso de debilitamiento del principio de separación de poderes, como vimos. Además, fueron creados dos instrumentos jurídicos que concentraron y ampliaron la competencia de la Presidencia de la República –bajo el liderazgo de Chávez– de administrar la hacienda pública nacional, a saber: 1) distintos fondos extrapresupuestarios cuya administración inmediata corresponde a la Presidencia

72 Tarre Briceño, Gustavo, Solo el poder detiene al poder, cit., pp. 414 y ss. 73 Excedería de los límites de este ensayo explicar, en detalle, esta conclusión. Basta con señalar que tal

situación derivó de dos causas: 1) el control del Gobierno sobre la Asamblea Nacional y 2) la pérdida de autonomía de la Sala Constitucional. De esa manera, el Gobierno logró contar con una mayoría en la Asamblea Nacional suficiente como para designar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, incluyendo a la Sala Constitucional, luego de cambiar su organización mediante ley. Pero como esa mayoría no era de las dos terceras partes, no era posible designar a los representantes del Poder Ciudadano y del Poder Electoral, designación que entonces era asumida por la Sala Constitucional. Por ello, la desnaturalización de la separación de poderes en Venezuela se refleja en la pérdida de autonomía del Tribunal Supremo de Justicia. Véase, por todos, a Canova, Antonio, et al, El TSJ al servicio de la revolución, Editorial Galipán, Caracas, 2014.

74 Puede verse a Ayala Corao, Carlos, “Reforma Constitucional 2007. El Presidencialismo y la reelección” en Revista de Derecho Público n° 112, Caracas, 2007, pp. 137 y ss.


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de la República, al margen de los controles parlamentarios sobre el presupuesto y 2) la existencia de organizaciones que, bajo la directa conducción del presidente, atienden programas sociales, de forma paralela a las estructuras burocráticas tradicionales de la Administración (las “misiones”)75.

Incluso, este rasgo ha estado presente en la organización de la Fuerza Armada, que bajo la dirección personal del presidente Chávez, se integró permanentemente a la Administración Civil, mediante la designación de integrantes de esa Fuerza en cargos de la Administración Pública, e incluso, mediante la creación de organizaciones de la administración que actúan bajo el control de la Fuerza Armada76. Además, el Estado comunal penetró también a la Fuerza Armada –que bajo el calificativo de “Bolivariana”–se amplió para dar cobijo a la Milicia, como expresión del Poder Popular dentro de la Fuerza Armada77.

75 Tal fue el caso del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden). A través de la reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela de 2005, se creó al Fonden como un fondo al cual se destinó buena parte de los ingresos derivados de la actividad petrolera, los cuales se excluyeron de la administración ordinaria del presupuesto. Véase nuestro análisis en Hernández G., José Ignacio, El pensamiento jurídico venezolano en el derecho de los hidrocarburos, cit. pp. 78 y ss. Tales fondos otorgaron un amplio margen de discrecionalidad al Gobierno para financiar el creciente gasto social. Para ello, además, se prefirió a las “misiones”, como estructuras paralelas de la administración. Vid. Rachadell, Manuel, Socialismo del siglo XXI, FUNEDA, Caracas, 2007, primera edición, p. 36 y ss.

76 Ello, en una especie de “unión cívico-militar”. De esa manera, la creciente intervención del Estado en la economía, ha derivado en la creación de figuras orgánicas que asumen funciones de regulaciones bajo la conducción de la Fuerza Armada. Es el caso, por ejemplo, del Decreto n° 429, mediante el cual se crea la Comisión Presidencial, con carácter temporal, que se denominará “Órgano Superior para la Defensa Popular de la Economía” (Gaceta Oficial n° 40.261 de 30 de septiembre de 2013). Sobre la militarización del Estado, vid. Rachadell, Manuel, Evolución del Estado venezolano 1958-2015. De la conciliación al populismo autoritario, cit., pp. 351 y ss.

77 Alvarado, Jesús María, “La nueva Fuerza Armada Bolivariana (comentarios a raíz del Decreto Nº 6.239, con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana)”, en Revista de Derecho Público n° 115, Caracas, 2008, pp. 207 y ss. Como se ha señalado, “desde 1999 el sector militar adquiere un carácter públicamente protagónico, con personal activo y condición de retiro, ocupando, en números sin precedentes, cargos públicos”. Ello se ha traducido en una organización militar paralela, lo que ha fomentado la llamada “unión cívico-militar”, en lo que ha sido calificado como pretorianismo. Cfr.: Irwin, Domingo y Micett, Ingrid, Caudillos, militares y poder. Una historia del pretorianismo en Venezuela, cit., pp. 259 y ss.


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d. Estado comunal y la ordenación jurídica del sistema económico. En especial, la relación entre el Estado comunal y el petróleo

El Estado comunal parte de su propio modelo económico, denominado “sistema económico comunal”78. Tal modelo descansa en la “propiedad social”, esto es, el derecho al uso de bienes dedicados a la realización de actividades económicas, y que pueden ser gestionados por el Estado o por las instancias del Poder Popular79. Como resultado de ello, en ese “sistema económico comunal”, como quedó establecido con claridad en el “Primer Plan Socialista”, la iniciativa económica privada queda doblemente marginada. Así, hay una clara preferencia a favor de la iniciativa pública directa; subsidiariamente, se admite la iniciativa económica comunal. Solo marginalmente se tolera la iniciativa económica privada, y principalmente, a través de la asociación con el Estado.

La consecuencia práctica de la ejecución de este modelo económico, entre 2006 y 2012, fue la expansión de del cerco regulatorio en contra de la empresa privada, por medio de controles centrales de precio y de cambio80. Además, se expandió la propiedad pública y el sistema de empresas públicas administradas por el Gobierno nacional. La expansión de la propiedad pública sobre factores de producción fue consecuencia de cuatro vías: 1)la adquisición, mediante contratos, de empresas privadas, como sucedió con la empresa de telecomunicaciones Cantv; 2) la nacionalización de sectores económicos, como sucedió con el cemento; 3) la “expropiación” de ciertos activos empresariales, como de manera marginal sucedió con algunas empresas y tierras con vocación agrícola, y 4) a través de actuaciones materiales de ocupación e intervención, a través de las cuales el Gobierno asumió el control de activos empresariales y de tierras cuya propiedad formal, sin embargo, sigue perteneciendo al sector privado. Esta última modalidad, acotamos, fue la más usual81.

El Estado, como consecuencia de ello, se convirtió en el principal actor de la economía, lo que –subrayamos– se logró típicamente a través de la destrucción de la inversión privada, como resultado de la errática política de expropiaciones, ocupaciones

78 Alvarado, Jesús María, “La Constitución económica y el sistema económico comunal”, en Leyes Organicas sobre el Poder Popular y el Estado Comunal, cit., pp. 377 y ss.

79 De lo cual resulta que la propiedad social es, en realidad, una propiedad estatal, o sea, propiedad pública, pues su dominio pertenece al Estado.

80 Morles Hernández, Alfredo, “El nuevo modelo económico para el socialismo del siglo XXI”, en Revista de Derecho Público n° 112, Caracas, 2007, pp. 233 y ss. Véase también a Rachadell, Manuel, Evolución del Estado venezolano 1958-2015. De la conciliación al populismo autoritario, cit., pp. 321 y ss.

81 Hernández G., José Ignacio, La expropiación en el derecho administrativo venezolano, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2014, primera edición, pp. 237 y ss.


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e intervenciones. Como resultado, la estructura jurídica del Estado –y en concreto, de la Administración Nacional– se expandió notablemente.

A fin de financiar la expansión del “Estado empresario”, se acudió al uso instrumental de la renta petrolera, lo cual pasó por modificar sustancialmente la organización de Pdvsa, cuya autonomía técnica, según vimos, se suprimió. Una consecuencia de ello fue el financiamiento directo de Pdvsa al creciente gasto público asociado a la expansión de la intervención del Estado en la economía. Ello se canalizó por dos medios: 1) a través de fondos extrapresupuestarios como el Fonden y 2) a través de aportes directos de Pdvsa, mediante el llamado “Plan Siembra Petrolera”, justificado ante la necesidad de saldar la “deuda social” existente82. Junto a ello, además, el Gobierno nacional acudió al financiamiento por parte del Banco Central de Venezuela, especialmente, por medio de Pdvsa83.

e. Estado comunal y Estado democrático

El Estado comunal parte de cambio de significado de la palabra “democracia”. El Estado comunal, como hemos explicado, se basa en el ejercicio directo de la “soberanía popular” a través del Poder Popular como mecanismo para construir el socialismo. Tal Poder Popular se expresa por medio de “instancias” controladas por el Gobierno, las cuales constituyen el único mecanismo admitido de participación ciudadana. Por lo tanto, la “democracia” alude al ejercicio de la “soberanía” por el Poder Popular. En materia económica, se alude a la “democratización” para describir los medios de producción sometidos a la propiedad social. Bajo este significado, la “democracia” se contrapone, explícitamente, al régimen representativo, o “electivo”, como le denominó la Constitución de 1999, en clara perversión del lenguaje84.

De esa manera, en el Estado comunal, la “democracia” alude a la imposición del socialismo como modelo único, exclusivo y excluyente, tal y como se propuso en el

82 Rondón de Sansó, Hildegard, El régimen jurídico de los hidrocarburos. El impacto del petróleo en Venezuela, cit., pp. 411 y ss.

83 El proceso de concentración de funciones en la Presidencia, en el marco de un centralismo acentuado, llevó a desconocer la autonomía del Banco Central de Venezuela (BCV), a través de diversas reformas a sus Leyes, desde el 2002. Sobre ello, vid. Hernández Delfino, Carlos y Hernández G., José Ignacio, “Reflexiones sobre el régimen de la autonomía del Banco Central de Venezuela”, en Temas actuales de derecho bancario. Libro homenaje a la memoria del Dr. Oswaldo Padrón Amaré, Funeda, Caracas, 2009, pp. 333 y ss. Como resultado, se amplió la capacidad de Pdvsa de mantener fondos en divisas –lo que facilitó el financiamiento del Fonden– y se permitió el financiamiento de Pdvsa por parte del BCV, todo ello en violación de la Constitución.

84 Brewer-Carías, Allan, “Introducción general al régimen del Poder Popular y del Estado comunal”, en Leyes Organicas sobre el Poder Popular y el Estado Comunal, cit., pp. 11 y ss.


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proyecto de reforma de la Constitución de 2007, y tal y como luego fue reconocido en las leyes del Poder Popular dictadas en 2010. La perversión del lenguaje de la democracia –y el abandono del concepto “pluridimensional” de la “democracia constitucional”–permite afirmar los rasgos totalitarios del Estado comunal, en el sentido de que la única sociedad civil que se reconoce es aquella organizada por el Gobierno desde las instancias del Poder Popular85.

La mutación del lenguaje de la “democracia constitucional” llevó a un cambio en cuanto a la relación entre la soberanía popular y los Poderes Públicos. Así, en la Constitución, la soberanía popular solo es representada por el Poder Legislativo, como corresponde al modelo republicano asumido entre nosotros desde 1810. En contra, en el Estado comunal, la soberanía popular es ejercida “directamente” a través de instancias conducidas desde el Gobierno, con lo cual, en el fondo, la “representación” del pueblo reside en el presidente de la República, quien ejerce esa “representación” de manera directa, o sea, sin estructuras burocráticas intermedias86.

f. Los ocho rasgos distintivos del SPV del siglo XXI

De acuerdo con la tesis que defendemos, el SPV del siglo XXI ha tenido dos manifestaciones que deben valorarse en términos de evolución y no tanto de oposición. Así, entre 1999 y 2006 ese SPV quedó caracterizado por las formas jurídicas del Estado contenidas en la Constitución de 1999. Hubo una integración total entre ese SPV y la Constitución, al punto que esta fue concebida como el elemento legitimador del proceso político iniciado en 1999.

En esta primera etapa, el SPV se apegó formalmente al modelo republicano previsto –no sin matices– en la Constitución de 1999. En la práctica, sin embargo, se apreció un progresivo movimiento tendente a incrementar las facultades de la Presidencia de la República, lo que, en resumen, se alcanzó por medio de tres vías: 1) el traslado de la función legislativa, del Poder Legislativo a la Presidencia de la República; 2) el

85 La “democracia”, en el Estado comunal, equivale a la participación ciudadana encauzada en las instancias del Poder Popular organizadas por el Gobierno, como el consejo comunal y la comuna, con el único propósito de promover el socialismo. Esa participación no es consecuencia de la libertad general del ciudadano, siendo que la “democracia”, como sistema de toma de decisiones, debe basarse en la participación ciudadana como manifestación de esa libertad, en el marco del Estado de Derecho. Tal es el concepto “pluridimensional” que caracteriza a la democracia constitucional. Cfr.: Ferrajoli, Luigi, Democracia y garantismo, Trotta, Madrid, 2008, pp. 25 y ss., y p. 80.

86 La crisis institucional generada en 2015, luego de la elección de la Asamblea Nacional el 6 de diciembre de 2015, evidencia esta colisión. Como sea que el Gobierno perdió el control sobre esa Asamblea, fue preciso legitimar sus decisiones sobre la base de expresiones de la soberanía popular distintas a las derivadas del Poder Legislativo, como es el caso del Poder Popular.


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debilitamiento del principio de separación de poderes, ante la subordinación política del Poder Judicial, el Poder Electoral y el Poder Ciudadano al Poder Legislativo, el cual obró, a su vez, bajo subordinación de la Presidencia de la República. Por último 3) el incremento del control económico directo de la Presidencia de la República sobre la industria petrolera.

Esto facilitó que, a partir del 2005, el presidente Chávez dirigiese el proceso de cambio explícito del SPV, a través de la elaboración del “modelo socialista”, el cual quedó bastante acotado en el “Primer Plan Socialista” de 2006, y luego, en el proyecto de reforma constitucional de 2007. La implementación y propuesta de este sistema, luego del rechazo popular del proyecto de reforma constitucional, fue posible gracias a la concentración de funciones en torno a la Presidencia, todo lo cual eliminó cualquier posible control, incluso electoral, sobre el cambio de tal sistema.

Así, los rasgos definitorios del SPV basado en el Estado comunal, expuestos en esta sección, pueden resumirse de la siguiente manera:

El primer rasgo definitorio del SPV es el cambio explícito en la legitimación del Gobierno. Desde 1811, esa legitimación provino de la representación popular. Esta fuente de legitimación comienza a resquebrajarse en la década de los ochenta del pasado siglo, primero, con el énfasis dado al derecho de participación ciudadana –en un contexto, además, de amplia crítica al partido político, instrumento típico de la representación– y luego con la tesis del “poder constituyente originario”, esto es, la soberanía expresada de manera “directa”, y no a través del sufragio. Es por lo anterior que la Constitución de 1999, si bien no abdicó del principio representativo, como vimos, sí lo matizó al exaltar la idea de la “soberanía directa” y al disminuir la protección constitucional del principio representativo, ahora llamado “electivo”.

El Estado comunal rompió, totalmente, con el principio representativo, al invocar como fuente de legitimación el Poder Popular, o sea, la soberanía directa, basada en la tesis –expuesta en el “Primer Plan Socialista”– de acuerdo con la cual, es preciso “restituir el poder al pueblo”. Lo peculiar es que el Poder Popular se expresa a través de instancias dirigidas y controladas por el Gobierno Nacional, bajo la directa conducción de la Presidencia de la República. Por ello, el presidente Chávez asumió el rol de interlocutor –si es que tal expresión cabe– con el Poder Popular. En cierta forma, el centro del sistema político venezolano –en la teoría y en la práctica– giró: ya ese lugar no le correspondió al Poder Legislativo (cuya relevancia disminuyó sensiblemente), sino al Presidente de la República como interlocutor del Poder Popular87. En la práctica, esto

87 Todo lo cual implicó crear una organización paralela a la Administración Nacional. Frente a los ministerios, surgieron los ministerios del Poder Popular. Frente al Consejo de Ministros surgió el Consejo Revolucionario de Gobierno. Y así sucesivamente. Nuestra crítica a esta duplicidad, en Hernández G.,


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se tradujo en el reforzamiento de las competencias de la Presidencia, bajo el liderazgo del presidente Chávez.

El segundo rasgo definitorio del SPV es la creación de nuevas formas de organización del Estado. Frente a la organización político-territorial, se prefiere la organización político-social. La primera forma de organización se basa en la creación de organizaciones políticas autónomas con base territorial, que derivan del sistema representativo, típicamente, estados y municipios. La segunda forma se basa en organizaciones políticas de base social, o sea, que parten de la soberanía directa y no de estructuras representativas. Estas organizaciones conforman a un Estado paralelo al Estado Constitucional: frente a la división político-territorial de entidades federales y municipios, se adoptó una división que parte del consejo comunal y de la comuna88.

El tercer rasgo es la adopción de la “doctrina única de Estado” como elemento legitimador y de exclusión. Esto implica que la estructura jurídica del Estado se basa en el socialismo, como fue definido –de manera específica– en las leyes del Poder Popular. Por consiguiente, el ejercicio de la soberanía solo se legitima para la construcción del socialismo. Jurídicamente ello se tradujo en un sistema normativo que, mediante la coacción, impuso ese modelo en lo político y especialmente, en lo económico. Aquí la expresión “orden público” se sustituyó por “orden público socialista”89.

El cuarto rasgo es la reconfiguración del concepto de sociedad. Esta ya ella no se define como la asociación libre de ciudadanos, sino como la comunidad organizada por el Gobierno nacional a través de instancias del Poder Popular, de lo cual resulta que solo se reconoce como comunidad a aquella organizada por el Gobierno para cumplir con el modelo socialista. La base fundamental del Estado comunal es, así, la comunidad organizada a través del consejo comunal para la construcción del socialismo.

El quinto rasgo, derivado del anterior, es la organización de la sociedad a través de estas instancias, basadas en consejos. Muy especialmente, en el orden económico se crearon diversos consejos articulados en torno a la propiedad social, como es el caso del

José Ignacio, Administración Pública, desarrollo y libertad en Venezuela, FUNEDA, Caracas, 2012, primera edición, pp. 111 y ss.

88 Se trata de un Estado paralelo, pero “conectado” al Estado Constitucional a través del Municipio. De esa manera, la organización del municipio fue alterada para 1) incorporar a la comuna, que es una figura municipal pero excluida de la autonomía municipal y 2) la Junta Parroquial, que era una organización descentralizada del municipio, fue, de facto, sustituida por el Poder Popular. Puede verse al respecto, entre otros, a Villegas Moreno, José Luis, “Hacia la instauración del Estado comunal en Venezuela” en Revista de Derecho Público n° 130, Caracas, pp. 129 y ss.

89 Como quedó en evidencia con la Ley Orgánica de Precios Justos, de 2014, la cual reitera el sistema de control de precio centralizado que comenzó a imponerse en 2007. Cfr.: Morles Hernández, Alfredo, “La repercusión en el derecho privado de los actos dirigidos a consolidar el orden económico socialista”, Caracas, 2015, consultado en original.


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“consejo de trabajadores”, previsto en la Ley Orgánica del Poder Popular (2010) y la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y de las Trabajadoras (2012). Asimismo, el Gobierno ha dado preferencia a formas de organización no-burocráticas, como las “misiones”, a los fines de adelantar programas sociales, de la mano de estos consejos.

El sexto rasgo distintivo es el rol hegemónico del Estado en la economía, en su doble faceta de Estado regulador y Estado empresario. Tal rol se apoyó en la direccionalidad de la creciente renta petrolera para cumplir con los fines del modelo socialista, según estos fueron plasmados en el “Primer Plan Socialista”. Este modelo estatista de desarrollo se diferenció del modelo adoptado desde la década de los setenta del pasado siglo, en su deliberado propósito de sustituir a la propiedad privada por la propiedad social, que es –según vimos– una propiedad pública. Resultado de ello fue el crecimiento de las empresas públicas, que bajo la estructura tradicional, o como “empresas de propiedad social”, han ejercido una posición preferente en sectores considerados claves, como alimentación, construcción de vivienda y salud90.

El séptimo rasgo ha sido el manejo directo y centralizado de la hacienda pública nacional –y de la creciente renta petrolera– por la Presidencia de la República, a través de fondos extrapresupuestarios. En la práctica, ello neutralizó el control parlamentario sobre los recursos públicos, evidenciándose así la concentración de funciones en la Presidencia, orientada a saldar –por medio del socialismo– la “deuda social”, en lo cual Pdvsa resultó un factor determinante91.

El octavo rasgo fue la inserción de la Fuerza Armada dentro del Estado comunal. Ello se tradujo, primero, en la direccionalidad política de la Fuerza Armada bajo el modelo socialista, como lo evidenció –semánticamente– el cambio derivado del calificativo “Bolivariana”. Luego, la Fuerza Armada pasó a ser un instrumento del Presidente en la interlocución con el Poder Popular. De allí derivó la creación de instancias del Poder Popular dentro de la Fuerza Armada –las “Milicias”– así como estructuras “cívico-militares” en las cuales la Fuerza Armada participó activamente junto con las misiones.

Tales son los ocho rasgos distintivos del SPV del siglo XXI de acuerdo con el Estado comunal. ¿Es posible caracterizar, con base en esos rasgos, la estructura

90 El Gobierno ha promovido a la “empresa de propiedad social” como forma empresarial del sistema económico comunal. Pero en la práctica se trata de una empresa del Estado, o sea, una sociedad cuyos activos son propiedad del Estado. El modelo estatista de desarrollo económico en ejecución desde 2006, por ende, se ha apalancado en el Estado empresario. Cfr.: Hernández G., José Ignacio, Administración Pública, desarrollo y libertad en Venezuela, cit., pp. 83 y ss.

91 La justificación del uso instrumental de Pdvsa para financiar el modelo socialista ha sido la necesidad de saldar la “deuda social”, o sea, la desigualdad social surgida, bajo esta tesis, por la gestión anterior de Pdvsa. Cfr.: Rondón de Sansó, Hildegard, El régimen jurídico de los hidrocarburos. El impacto del petróleo en Venezuela, cit.


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jurídico-estatal SPV de acuerdo con algunas de formas de Gobierno conocidas? Desde un punto de vista comparado, tal estructura se aproxima a las llamadas “democracias populares” de talante totalitario. Por ello, el SPV del siglo XXI, entre 2006 y 2012, puede caracterizarse a través de formas autocráticas de organización jurídica del Estado, basadas, en lo formal, en la exacerbación de la soberanía popular, pero que en la práctica, se reconducen a estructuras satélites del gobierno, controladas, financiadas y dirigidas por este, que se superponen a los órganos de representación popular, y que imponen el pensamiento único. Esta estructura jurídico-estatal se fundamenta en el centralismo y presidencialismo, especialmente, a través de un conjunto de estructuras no burocráticas dependientes directamente del presidente, el cual se transmuta, así, en el jefe de Estado, incluso en el orden interno, ante la disolución fáctica de la separación de poderes. La estructura jurídica de esta “democracia popular”, en el SPV del siglo XXI, estuvo especialmente apalancada en el modelo estatista de desarrollo basado en el uso discrecional de la renta petrolera.

5. El desmontaje del Estado comunal y el rediseño del Estado subsistente

La caracterización de la estructura jurídico-estatal del SPV del siglo XXI, sobre la base del Estado comunal, permite visualizar los dos cambios que, en nuestra opinión, deben implementarse: el desmontaje del Estado comunal y el rediseño del Estado Constitucional subsistente. Así, es preciso desmontar las incompletas estructuras del Estado comunal, proceso que, como bien podrá comprenderse, exige mucho más que la simple derogatoria de las leyes del Poder Popular. Efectuado ese desmontaje quedarán las estructuras parcialmente demolidas del Estado constitucional venezolano, es decir, el Estado constitucional subsistente. Frente a tales estructuras, entendemos, no puede asumirse un simple proceso de reforma del Estado: la labor es, más bien, rediseñar al Estado venezolano. Lo que sigue es una muy apretada síntesis de los grandes trazos a través de los cuales podrían implementarse estos dos pasos92.

a. El punto de partida: el rescate del modelo republicano

Todo proceso de reforma del Estado, o como sería el caso venezolano, de rediseño constitucional del Estado venezolano, pasa por definir, muy bien, cuáles son los objetivos 92 Nos hemos basado en las propuestas desarrolladas en Hernández G., José Ignacio, Administración

Pública, desarrollo y libertad en Venezuela, cit.


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hacia los cuales hay que dirigir la acción. Esos objetivos, para nosotros, no son otros que el rescate del modelo republicano, que desde 1810, ha guiado la acción política de los venezolanos. En otros términos: el rediseño del Estado venezolano, como objetivo final del desmontaje del Estado comunal, debe orientarse a la construcción efectiva del sistema republicano, basado en la supremacía constitucional; el principio de legalidad; la separación de poderes; la existencia de un Gobierno representativo y el reconocimiento y vigencia efectiva de los derechos humanos. Tres advertencias, en este sentido, deben ser señaladas.

La primera advertencia es que en la construcción del modelo republicano deberá tenerse en cuenta las demandas –insatisfechas– de cambio a la estructura jurídico-estatal del Estado venezolano, derivadas del centralismo y de presidencialismo. Esto quiere decir que la reforma de la estructura jurídico-estatal no puede limitarse a restablecer tal estructura según su situación en 1998; por el contrario, es preciso que la reforma se base en el rediseño de esa estructura, pues las demandas de cambio entonces existentes, han quedado desatendidas.

La segunda advertencia es que la reforma del Estado de acuerdo con el modelo republicano no implica negar los cometidos sociales que corresponde atender al Estado. La ampliación de esos cometidos sociales es, a no dudarlo, una de las grandes transformaciones producidas a la estructura jurídica del Estado en la segunda mitad del siglo pasado. La clave está en rediseñar esos cometidos, para compatibilizarlos con la economía de mercado, expresión básica de la libertad general del ciudadano sobre el que ha de soportarse el modelo republicano. Todo lo cual, casi no hace falta señalarlo, precisa repensar la interacción entre petróleo y Estado en Venezuela.

La tercera advertencia es que la definitiva ejecución del rediseño de la estructura jurídica del Estado venezolano pasa por sancionar una nueva Constitución. Así, la Constitución de 1999 no es la causa del Estado comunal, el cual –por el contrario–intentó implantarse entre nosotros en abierta violación a esa Constitución. Pero también es cierto que esa Constitución parte de un diseño inadecuado del Estado venezolano, tal y como ya vimos. La reforma constitucional es, por ende, inevitable, aun cuando no de urgente realización. Todo lo contrario, el rescate de la gobernabilidad en Venezuela –en el marco de la grave crisis que comenzó a manifestarse desde 2013– exige otorgar prioridad a una primera etapa de desmontaje del Estado comunal y reinstitucionalización del Estado. Logrado ese objetivo, entonces, podrá pensarse –al margen de la urgencia por lo inmediato– en la reforma constitucional necesaria y posible en Venezuela.


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b. El rediseño hacia el Estado federal

Uno de los aspectos medulares para el desmontaje del Estado comunal y el rediseño del Estado subsistente, se relaciona con la reconstrucción del Estado federal, mediante la descentralización político-territorial. Esto implica desmontar las estructuras paralelas del Estado comunal y asignar, a la descentralización, el concepto constitucional que le corresponde, en el marco del reforzamiento institucional de estados y municipios. Ello permitirá redefinir el rol del Consejo Federal de Gobierno al sentido dado por la Constitución, es decir, como el órgano de coordinación del proceso de descentralización político-territorial.

En este proceso, tres aspectos de especial importancia deben ser tenidos en cuenta. El primero de ellos es que la descentralización político-territorial no es un fin

en sí mismo, sino un medio que permite –como señala la Constitución– promover la democratización del Poder Público. De no tenerse esto en cuenta, podrá promoverse un proceso consistente, simplemente, en trasladar un cúmulo de competencias a estados y municipios. Si ello no está acompañado de un proceso de reforma del Estado, esta transferencia aplicará, también, sobre los vicios del Estado central (corrupción, burocratismo y clientelismo, entre otros), los cuales, consecuentemente, se multiplicarán. La descentralización debe ser consecuencia –no causa– de una reforma integral del aparato burocrático subsistente del poder central.

El segundo aspecto es que la descentralización no puede implicar un abandono absoluto de los postulados formales del Estado comunal. Como vimos, esta propuesta partió de una de las principales aspiraciones heredadas del siglo XX, la cual es promover formas de participación ciudadana, lo que puede explicar el éxito que ha tenido la figura del consejo comunal, incluso, en municipios cuyas alcaldías están bajo el poder de la oposición. El consejo comunal, redefinido como una asociación libre de personas orientadas a la participación ciudadana en asuntos propios de la vida local, es un concepto que encuentra pleno fundamento en las bases constitucionales de la democracia. Empero, ello implicaría deslastrar al consejo comunal de sus características como “instancia” controlada y dirigida por el Gobierno para la promoción del ciudadano, para retomar la idea con la cual esa figura surgió originalmente, esto es, como una asociación que promueve la participación ciudadana en asuntos propios de la vida local, y que como tal, no se opone al municipio: antes bien, lo complementa. Esta reforma puede implicar incluso abandonar el nombre de “consejo comunal”, lo cual, en todo caso, sería accesorio. El punto que queremos destacar es que la promoción de la descentralización debe estar acompañada, también, de la promoción de la libre participación ciudadana, especialmente, en el municipio.


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El tercer aspecto que debe tomarse en cuenta es que la descentralización pasa por redefinir el régimen de la hacienda pública nacional. De poco servirá promover la descentralización si no se garantiza la autonomía económica de estados y municipios, todo lo cual requiere adelantar, también, la descentralización financiera, garantizando la creación y gestión de ingresos propios por estados y municipios. Esta descentralización financiera, a su vez, requiere superar el centralismo derivado de la apropiación de la renta petrolera desde el Gobierno nacional, en lo cual el Consejo Federal de Gobierno –como instancia técnica que promueve el eficiente reparto territorial de los ingresos petroleros–debe cumplir un rol determinante.

c. El rediseño basado en la separación de poderes y en la revisión del sistema presidencialista

El desarrollo del SPV del siglo XXI, basado en la exacerbación del presidencialismo, y luego, en la construcción del Estado comunal sobre la base de la concentración de poderes en la Presidencia de la República concebida como “Jefatura del Estado”, evidencia un serio problema de diseño institucional de la separación de poderes, cuya solución pasa, forzosamente, por una modificación a la Constitución.

Ciertamente, la concentración de funciones en la Presidencia de la República, como signo constante del SPV desde 1999 hasta 2012, no fue consecuencia directa de la Constitución, sino que fue resultado de la violación de esa Constitución, principalmente, por la subordinación política del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. Esto permitió, primero, el control político sobre el Tribunal Supremo de Justicia y, a partir de allí, el control político sobre el Poder Electoral y Ciudadano. Tal subordinación política fue consecuencia, se insiste, de la violación de la Constitución, con lo cual, un primer paso para atender a esa situación es a través de la designación, por la Asamblea Nacional, de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, así como de los representantes del Poder Electoral y del Poder Ciudadano, de acuerdo con los procedimientos pautados en la Constitución.

Más allá de este objetivo inmediato, sin embargo, es necesario repensar el rediseño constitucional de los poderes públicos, ante la debilidad del sistema de pesos y contrapesos previsto en la Constitución de 1999, que reforzó, según hemos explicado, el presidencialismo. Aun cuando la exposición completa de este tema excedería los límites de este ensayo, podemos esbozar cinco propuestas iniciales:

En primer lugar, es preciso reducir algunas facultades de la Presidencia de la República que afectan la separación de poderes. Dos casos lucen, al menos, evidentes. El


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primero, la necesidad de retomar el control del Poder Legislativo sobre la gestión de la Fuerza Armada por parte del presidente de la República en su carácter de comandante en jefe. Lo segundo, la necesidad de eliminar la figura de la Ley Habilitante, en tanto refuerza indebidamente el cúmulo de atribuciones de la Presidencia, especialmente si se considera que el Poder Ejecutivo también puede ejercer la función legislativa, excepcionalmente, a través del estado de excepción.

En segundo lugar, debe promoverse la reforma de la Administración Pública, a fin de sustituir la organización administrativa actual –burocrática, centralista, formalista, diseñada para una intervención expansiva en desmedro del ciudadano– por una organización que, sobre la base del artículo 141 de la Constitución de 1999, se traduzca en una institución simplificada, tranparente, descentralizada y abierta a la participación ciudadana.

En tercer lugar, es preciso fortalecer institucionalmente al Poder Legislativo, especialmente, en el Poder Nacional, como contrapeso plural del Gobierno.

La cuarta propuesta consiste en el rediseño del Poder Judicial. El proceso constituyente de 1999 afectó la estabilidad del Poder Judicial, ya menguado con evidentes signos de corrupción. El rasgo distintivo del Poder Judicial venezolano actual, en el marco de la transitoriedad iniciada en 1999, es la práctica ausencia de jueces titulares, y la abundancia de jueces temporales, que carecen como tal de estabilidad y, en muchos casos, de objetividad y preparación93. Atender a esta situación no amerita, en un primer momento, reformas estructurales: bastará con hacer cumplir la Constitución por sobre la transitoriedad iniciada en 1999, y garantizar procesos transparentes y objetivos de selección de jueces titulares y con ello, la estabilidad en el ejercicio de ese cargo.

Finalmente, y en quinto lugar, es preciso repensar la existencia del control concentrado de la Constitución como competencia exclusiva de la sala Constitucional. Tal y como ya explicamos, el indebido marco institucional de esa Sala permitió configurar un órgano que, de hecho, se convirtió en la suprema autoridad, en tanto a través de “interpretaciones vinculantes” promovió mutaciones constitucionales que permitieron apalancar el SPV del siglo XXI.

93 Muy en especial, véanse los trabajos de Chavero, Rafael, La justicia revolucionaria, Editorial Aequitas, Caracas, 2011, pp. 103 y ss. y Louza, Laura, La revolución judicial en Venezuela, FUNEDA, Caracas, 2011, pp. 28 y ss.


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d. El rediseño basado en el Estado democrático

El Estado comunal afectó la esencia de la democracia constitucional, al eliminar el pluralismo político, que pasó a ser sustituido por la imposición del pensamiento único –el socialismo– a través de una estructura jurídico-estatal con claros rasgos totalitarios. El solo desmontaje del Estado comunal será, por ello, un paso importante en la reconstrucción del Estado democrático. Pero ello es insuficiente.

Así, como explicamos, es preciso sustituir las “instancias del Poder Popular” por organizaciones basadas en la libre participación ciudadana, algo que solo puede ser consecuencia de la propia iniciativa de la sociedad, promovida y favorecida desde el Estado. Asimismo, es preciso un drástico cambio en la toma de decisiones, pues frente a mecanismos unilaterales y coactivos de decisión por parte de la administración, debe preferirse mecanismos consensuados y plurales de decisión.

Se trata, en resumen, de orientar la reforma hacia el concepto de democracia constitucional, que integra –sin contradicción– a la democracia representativa y a la democracia participativa. Para ello, también, debe acometerse una reforma profunda del sistema electoral venezolano, debilitado como resultado del intento de implantar al Estado Comunal, y por la pérdida de autonomía del Poder Electoral.

e. El rediseño del modelo económico

Finalmente, el proceso de desmontaje del Estado comunal y el rediseño del Estado implica repensar el modelo económico. Esto pasa, primero, por desmontar el modelo económico del Estado comunal, basado en el control planificado y central de la economía, a fin de promover el marco institucional de la economía de mercado. Asimismo, es preciso reinstaurar el marco institucional de la propiedad privada, en sustitución de la propiedad social que es, según vimos, una propiedad estatal. Por su parte, la actividad prestacional de la administración, traducida especialmente en programas sociales, debe adecuarse a los principios de menor intervención y subsidiariedad.

Pero esta reforma será insuficiente si no se atiende al modelo estatista de desarrollo basado en el “Petro-Estado”. Desde la nacionalización petrolera de la década de los setenta del pasado siglo, el modelo económico ha estado inspirado en la gestión de la renta por el Gobierno nacional y su distribución a través de una amplia red de establecimientos públicos. Este modelo estatista se exacerbó en el marco del Estado comunal a través de la manipulación del lenguaje, pues mientras se pretendió promover la iniciativa económica de las comunidades, en realidad, se promovió la iniciativa económica del Estado. Como


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resultado de ello, la administración económica sufrió un incremento notable, por medio de empresas públicas y los programas sociales de las misiones.

El rasgo distintivo del “Petro-Estado” en el SPV del siglo XXI, desde un punto de vista de la estructura jurídica del Estado, fue la utilización arbitraria de la renta petrolera para atender a los fines del Estado comunal, burlando los controles presupuestarios aplicables, como resultado del debilitamiento del Poder Legislativo. Por ello, el rediseño institucional del Estado, además, debe garantizar el control parlamentario sobre la renta petrolera gestionada por el Gobierno nacional a través de Pdvsa, para impedir su uso arbitrario, en contra de la Constitución. Todo lo cual pasa por rescatar la “autonomía técnica” de Pdvsa.

La reforma de este modelo estatista no puede ser asumida de manera aislada. Tampoco creemos viable soluciones basadas, únicamente, en la privatización y la desregulación. Es preciso enmarcar el rediseño de la estructura jurídico-económica del Estado venezolano en un proceso más amplio de reforma del Estado, entendiendo que ese rediseño no es un fin en sí mismo. Todo lo cual apunta, como un problema central a resolver, la configuración de Venezuela como “Petro-Estado”.

6. Conclusiones

1. La estructura jurídico-estatal del SPV del siglo XXI estuvo signada por la tesis según la cual la estructura del Estado venezolano desarrollada desde 1958 había entrado en una “crisis terminal”. La respuesta ante esa crisis, ampliamente compartida, fue la reforma de la Constitución de 1961, a través del proceso constituyente de 1999 basado en la “soberanía popular directa”. La Constitución de 1999, así sancionada, resumió el contenido inicial de la estructura jurídico-estatal del SPV.

2. La estructura jurídica del Estado, en la Constitución de 1999, no se separó drásticamente de la estructura derivada de la Constitución de 1961. En el texto de 1999 se apreció, sin embargo, una clara exaltación de la “democracia participativa” bajo la tesis de la “soberanía popular” directamente ejercida, en detrimento de las instancias propias de la democracia representativa. Junto a ello, también se apreció el incremento del presidencialismo, así la adopción –a nivel constitucional– del modelo estatista de desarrollo basado en la apropiación de la renta petrolera por el Gobierno nacional.

3. Entre 1999 y 2006 el SPV no tuvo rasgos peculiares, por lo que se apreció, en la forma, el apego a los principios republicanos de la Constitución de


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1999. En la práctica, sin embargo, la estructura jurídico-estatal del SPV promovió la concentración de facultades en la Presidencia de la República, con el subsecuente debilitamiento del principio de separación de poderes. Ello fue especialmente notable con la pérdida de las funciones de control de la Asamblea Nacional, subordinada políticamente a la Presidencia. Con base en esa subordinación, se afectó la autonomía del Tribunal Supremo de Justicia y, a partir de allí, la autonomía del Poder Electoral y del Poder Ciudadano.

4. Desde 2005 se anunció un drástico cambio en la estructura jurídico-estatal, lo que pasó por proponer, en 2007, la reforma a la Constitución de 1999 que, en realidad, planteaba sancionar una Constitución completamente nueva. El cambio consistió en establecer una nueva estructura jurídica, que, abdicando de las instituciones propias de la democracia representativa, sostenía al Estado a partir del “ejercicio directo de la soberanía”, a través de “instancias del Poder Popular” que, en la práctica, dependían del Gobierno nacional central, y cuyo objeto único, exclusivo y excluyente era promover el socialismo. Esta nueva estructura fue denominada “Estado comunal”. Aun cuando la propuesta de reforma constitucional fue rechazada, el Estado comunal fue desarrollado a través de decretos-leyes, leyes y sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. La aniquilación del principio de separación de poderes facilitó, así, la promoción del Estado comunal desde la Presidencia de la República.

5. La estructura jurídico-estatal del Estado comunal parte de principios enteramente distintos a la estructura jurídica del Estado venezolano, adoptada desde el siglo XIX a partir del modelo republicano. En la práctica ello derivó en un Estado paralelo: junto al Estado Constitucional, y sus instituciones representativas, el Gobierno promovió al Estado comunal como Estado paralelo basado en las “instancias del Poder Popular”. La expansión de este proyecto estuvo reforzada por el uso político de la creciente renta petrolera, bajo el control absoluto del Gobierno central, que eliminó toda autonomía técnica de Pdvsa.

6. La estructura jurídica del Estado comunal se aproxima a las llamadas “democracias populares” de talante totalitario, esto es, las formas autocráticas de organización jurídica del Estado, basadas, en lo formal, en la exacerbación de la soberanía popular, pero que en la práctica se reconducen a estructuras satélites del Gobierno, controladas, financiadas y dirigidas por este, que se superponen a los órganos de representación popular, y que imponen el


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pensamiento único. La estructura jurídica de esta “democracia popular”, en el SPV del siglo XXI, estuvo especialmente apalancada en el modelo estatista de desarrollo basado en el uso discrecional de la renta petrolera.

7. La nueva estructura jurídico-estatal del SPV no llegó a completarse, y puede decirse que, entre 2011 y 2012, se paralizó por completo, al punto que la edificación de tal Estado comunal es una obra inacabada. Como inacabado quedó el proceso de desmontaje de la estructura jurídica del Estado constitucional. De esa suerte, el resultado de la estructura jurídico-estatal para 2016 muestra un complejo panorama: sobre la base de las estructuras parcialmente construidas del Estado comunal, se aprecian las estructuras subsistentes del Estado constitucional.

8. La caracterización de la estructura jurídico-estatal del SPV del siglo XXI, sobre la base del Estado comunal, permite visualizar las dos reformas que, en nuestra opinión, deben implementarse: el desmontaje del Estado comunal y el rediseño del Estado constitucional subsistente. Así, es preciso desmontar las incompletas estructuras del Estado comunal, proceso que, como bien podrá comprenderse, exige mucho más que la simple derogatoria de las leyes del Poder Popular. Efectuado ese desmontaje quedarán las estructuras parcialmente demolidas del Estado constitucional venezolano. Frente a tales estructuras, entendemos, no puede asumirse un simple proceso de reforma del Estado. En realidad, de lo que se trata es de rediseñar el Estado constitucional, adoptando el conjunto de cambios que, demandados con agudeza desde 1998, permanecen hoy día insatisfechos. Esos cambios se traducen en la promoción del Estado federal; el atemperamiento del presidencialismo reforzando la separación de poderes y el desmontaje del modelo estatista de desarrollo basado en el “Petro-Estado”.


La institucionalidad administrativa de la revolución bolivariana y las políticas públicas eglé iturBe

1. Introducción

Insertar la Administración Pública Nacional (APN) en un libro que trata de la transformación del Sistema Político Venezolano en lo que va del siglo XXI, es una tarea compleja, porque por lo general no suele asignársele a la APN un papel central en la gobernabilidad del país. Cuando hablamos de la APN solo pensamos en ministerios y burocracia.

No obstante, la APN es la base de la gobernabilidad porque en ella se reúnen los planes, programas, políticas y proyectos de cada gobierno. Sobre ella actúan los equipos de gobierno seleccionados por el presidente de turno para acompañarlo en su gestión, y son las leyes, reglamentos, normas y procedimientos a través de los cuales se enmarca su gestión, los que orientan la toma de decisión en la vida cotidiana de la nación. La APN cumple un doble papel en la transformación del Sistema Político. Por una parte, la transformación del Sistema Político se expresa a través de ella, y por la otra, ella contribuye con sus acciones a la trasformación del sistema político. Al ser la APN la base sobre la que se asienta el gobierno de turno tiene un alto contenido político, sin dejar de ser profesional, lo cual debe ser entendido así por los actores que en ella se desempeñan.

El Poder Ejecutivo se manifiesta a través de la APN y el mismo no actúa solo en una democracia, debe estar en estrecha coordinación con los poderes Legislativo y Judicial para apoyar las políticas nacionales, y con los poderes estadal, municipal y local para distribuir equitativamente los logros y compartir las dificultades de una gestión de gobierno.

En este trabajo se desarrollará la evolución de la APN en la etapa democrática de los gobiernos civiles del siglo pasado (la democracia representativa), y la estructura cambiante e inestable de los años 1999-2016 del llamado Socialismo del siglo XXI, o revolución bolivariana (la democracia participativa y protagónica)


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La institucionalidad administrativa de la revolución bolivariana y las políticas públicas

El régimen de gobierno en Venezuela de acuerdo a nuestra constitución es presidencialista. El presidente de la República es el jefe de Estado y de Gobierno y cabeza de la administración pública, además de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Gobierna acompañado de un conjunto de funcionarios de alto nivel, responsables del diseño y aplicación de las políticas públicas (ministros), los cuales reunidos forman el Consejo de Ministros1.

Esta estructura de toma de decisiones en el gobierno venezolano data de las primeras presidencias de la República en el siglo XIX. Con pocos ministros al principio, hasta llegar a los 32 en octubre de 2016. Era tradición que los ministros fuesen personas de reconocida solvencia moral y de elevado nivel de conocimiento del sector que había de gestionar y el tamaño de la APN se mantuvo por muchos años dentro de las necesidades de un país en vías de desarrollo como Venezuela. Estos parámetros y criterios se fueron adecuando a lo largo del tiempo de acuerdo con las prioridades de los presidentes de turno y a los idearios políticos de los partidos que han llegado a la presidencia. Han sido los gobiernos de Hugo Chávez (1999-2012) y Nicolás Maduro (2013-2016) los que han introducido nuevos actores, mayor concentración y mayor distorsión en el proceso de toma de decisiones en políticas públicas con los resultados que se verán a lo largo de este trabajo.

Fue con el advenimiento de la democracia civil que se le dio relevancia a la necesidad de organizar profesionalmente la APN, se solicitó asesoramiento de las Naciones Unidas y se crearon las instancias para ello. La Comisión de Administración Pública (CAP) en 1958 y la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), creada por el presidente Jaime Lusinchi en diciembre de 1984. Se dictaron la Ley de Carrera Administrativa y la Ley Orgánica de la Administración Pública, las cuales sentaron la base de la organización de la APN y consagraron la carrera pública. Ambas leyes han sido reformadas en varias ocasiones. Están vigentes las del 2011 y 2010 respectivamente.

Con la llegada al poder de la revolución bolivariana se mantiene la misma base estructural, introduciendo nuevos actores y nuevas figuras colectivas en el proceso de toma de decisiones, así como nuevas figuras territoriales y regionales. Adicionalmente, se les fue dando participación activa y creciente a los militares en funciones de alto y

1 Hasta 2012 la línea de toma de decisiones en el Ejecutivo era el presidente de la República y sus ministros reunidos en el Consejo de ministros. En el 2013 se creó un figura intermedia entre el presidente de la República y sus ministros (los vicepresidentes sectoriales) figura no prevista en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y que además contradicen el artículo 242, que establece “que los ministros son órganos directos del presidente de la Republica y reunidos o reunidas conjuntamente con este o esta y con el vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva, integran el Consejo de Ministros.”


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medio nivel en la estructura tradicionalmente civil de la administración pública y en la definición y toma de decisiones en las políticas públicas en casi todas las áreas.

Para el 2016 la APN se ha convertido en un “monstruo de 1.000 cabezas”, con el poder altamente concentrado en el presidente de la República y sus más cercanos colaboradores, y con enormes distorsiones en el proceso de toma de decisiones que han castrado la gestión ministerial y desdibujado las responsabilidades de las políticas públicas de cada sector, al punto de que no es posible identificar las líneas de responsabilidad de cada ministerio. En paralelo a la creación de ministerios, órganos y entes, ha estado el crecimiento de la burocracia estatal. El empleo público ha pasado de 740.000 personas en 1988 a una cifra estimada de más de tres millones de personas en el 2016.

La selección de los equipos ministeriales en los últimos 17 años no puede decirse que haya sido la más acertada. Una mirada a las hojas de vida de los diferentes ministros de estos años indica la preferencia de la lealtad política y la formación castrense antes del conocimiento del área y ello ha derivado en un permanente cambiar y rotar a los ministros.

No puede decirse que los cambios producidos en la APN hayas derivado en mejores políticas públicas para los ciudadanos, por el contrario, pareciera que el crecimiento de la APN ha estado acompañado de la improvisación, la gerencia por ensayo y error y políticas públicas más ineficientes y centralizadas, lo que ha limitado la capacidad del ciudadano de ejercer las actividades de su preferencia en un marco de estabilidad y seguridad jurídica.

2. La institucionalidad administrativa de la democracia representativa. 1959-1998

El 13 de febrero de 1959 al tomar posesión de la Presidencia de la República, Rómulo Betancourt, primer presidente de la era democrática posterior a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, elegido en comicios libres, universales y secretos el 7 de diciembre de 1958, al dirigirse al Congreso Nacional a jurar su cargo de presidente de la República, fijó lo que serían las líneas políticas, económicas y sociales de su gobierno y la forma en que abordaría el manejo de la administración pública y las principales políticas públicas que se adelantarían.

La base para la selección de los equipos de gobierno de los primeros gobiernos democráticos y de la conformación de la APN fue el acuerdo firmado el 31 de octubre de 1958 entre los partidos Acción Democrática (AD) Copei y Unión Republicana


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Democrática (URD), comúnmente llamado el Pacto de Puntofijo,2 para conformar un gobierno de ancha base integrado por los personeros de los tres partidos, sectores de la producción sin ubicación partidista y los grupos técnicos. AD liberó al presidente de compromisos partidistas en la escogencia del equipo ministerial, lo que permitió la formación de un gobierno de coalición. El Pacto de Puntofijo incluía además la defensa de la constitucionalidad y de los resultados electorales, y un programa de gobierno mínimo (Petkoff, 2010).

La situación en que la dictadura dejó el país era crítica y obligaba a un gobierno de austeridad y de recuperación de la moral del funcionario público a través del combate de la corrupción. Se puso en vigencia la Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito y un tribunal especial para ello, la obligatoriedad de hacer declaración jurada de bienes y la eliminación del gasto suntuario en la APN.

En lo económico, se inició la fase de las políticas de sustitución de importaciones para reducir la dependencia petrolera y se activaron los programas de financiamiento a las inversiones. Se planteó iniciar conversaciones con el Gobierno de los Estados Unidos para la revisión del Tratado Comercial vigente entre ambos países desde 1939 Se propuso también privilegiar las compras nacionales por parte de los organismos públicos y fijó línea sobre los programa de las empresas públicas en manos del Estado (siderúrgica y Petroquímica) lo que dejó abiertos los espacios para empresas mixtas con el sector privado en especial para el desarrollo de la Región de Guayana y dotar al país de infraestructura para el desarrollo productivo (carreteras, caminos vecinales, telefonía, electricidad puertos, entre otros).

En lo social, hizo énfasis en programas para reducir el desempleo, especialmente de los jóvenes (menores de 20 años) que para aquel momento eran más del 50% de la población, atender la vivienda, la población campesina, el analfabetismo, niños en edad escolar sin planteles, la alta mortalidad infantil y falta de servicios asistenciales adecuados, ampliar las coberturas del SSO y mejorar el salario promedio-día.

Para poder abordar todas estas cosas se hacía necesaria una estructura de la APN que acompañara estas proposiciones y para ello se crea la Oficina Central de Coordinación y Planificación (Cordiplan)3 como oficina asesora del presidente de la República, teniendo como objetivos centrales la coordinación de las actividades del sector público y la planificación del desarrollo social y económico de la nación.

2 El Pacto depunto tomó su nombre de la residencia del Dr. Rafael Caldera, presidente e Copei donde se firmó. El partido comunista no fue invitado a participar y URD se retiró en 1962 por desacuerdos con la política de Rómulo Betancourt de solicitar sanciones en la OEA para Cuba.

3 Cordiplan se crea por Decreto 492 del 30 de diciembre de 1958.


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En el campo de la coordinación, una de las funciones fundamentales de Cordiplan fue la elaboración del presupuesto-programa para armonizar la planificación de mediano y largo plazo con la ejecución de los programas y proyectos incluidos en los presupuestos anuales; y en el campo de la planificación la preparación del plan de largo y los de mediano plazo, usualmente cuatrienales. Desde 1960 hasta 1999 se prepararon nueve planes cuatrienales, Cordiplan se mantuvo como Oficina Presidencial hasta 1974, cuando fue elevada a la categoría de ministerio. El jefe de Cordiplan asistía al Consejo de Ministros con voz pero sin voto y ejercía la Secretaría de los Comités Sectoriales del Consejo de Ministros4.

El 27 de junio de 1958 se creó la Comisión de Administración Púbica (CAP)5 como órgano asesor del Ejecutivo Nacional, adscrita a la Presidencia de la República, con la tarea de promover y realizar la reforma de la APN del país. La CAP concentró sus actividades en mejorar la administración del personal y formular un Proyecto de Ley de Carrera Administrativa y una estructurar un Estatuto de la Función Pública que comprendería el mejoramiento, remuneraciones, estabilidad y seguridad social del personal de la APN, el cual se aprobó en 1970. La CAP entrega su Informe sobre la Reforma de la Administración Pública Nacional el 12 de junio de 1972, con una propuesta que abarca lo estructural y lo funcional, utilizando criterios de sectorialización y regionalización.

Dentro de este orden de ideas proponen un sistema que se conforme con un ministerio como órgano central que dirija el sector y órganos desconcentrados y descentralizados que lo administren y cuatro grupos sectoriales funcionales para incluir en cada uno de ellos los ministerios respectivos:

a) La función política, defensa y seguridad pública (relaciones políticas interiores, exteriores, y justicia),

b) La función de desarrollo económico (finanzas, desarrollo industrial, comercio, turismo, hidrocarburos y minería y desarrollo agropecuario),

c) La función de desarrollo social, (promoción y protección social, desarrollo cultural, asuntos laborales, previsión y seguridad social, educación y salud); y

d) Las funciones de desarrollo físico y ordenación del territorio (desarrollo urbano y vivienda, transporte, comunicaciones, y recursos naturales renovables). El criterio de regionalización estuvo orientado a aumentar la participación de los estados y municipios en el desarrollo nacional a través del desarrollo regional.

4 Funcionaron en forma regular hasta 1999 los llamados Gabinetes Sectoriales del Consejo de Ministros: Económico, Social, Comercio Exterior, Infraestructura y Política.

5 Decreto 287 del 27 de junio de 1958 y su Reglamento el 27 de julio de 1969.


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Tanto los gobiernos de Acción Democrática como los de Copei dieron gran importancia al mejoramiento de la APN y se hicieron continuados esfuerzos para darle una base estructural estable a la APN y a los funcionarios públicos y se hicieron muchos esfuerzos para mejorar la capacitación del funcionario, mejorar la eficiencia y modernizarla. Venezuela fue modelo para otros países de América Latina en la forma en que organizó su APN y la eficacia obtenida en sus funciones, sin dejar de reconocer que estas no continuaron con el progresivo mejoramiento que se hubiera deseado por las distorsionas que se produjeron a raíz de los factores externos que influyeron en las políticas públicas a mediados de la década de los 70. Por una parte, el abrupto incremento de los precios del petróleo a mediados de la década que obligó a la creación de nuevos órganos para administrar “con criterios de escasez” los nuevos recursos que se recibieron y que se debían tratar de represar en el Fondo de Inversiones de Venezuela para no dedicarlos al gasto, sino a la inversión reproductiva; y por la otra, la desvinculación de las ofertas electorales de los candidatos presidenciales con la gestión de gobierno que afectó los planes de la nación y en cierta forma un debilitamiento de la credibilidad de los ciudadanos en los logros de la democracia, además del resquebrajamiento paulatino de la relación partidos/gobierno.

Durante los cuarenta años y nueve gobiernos de la “democracia representativa” se mantuvo el número de ministerios entre 14 y 18, adecuándose en cada período a las prioridades establecidas en los Planes de la Nación. Durante el primer periodo de Carlos Andrés Pérez se adoptaron las recomendaciones de la COPRE y se amplió el número de ministerios a 17. Luis Herrera Campins agregó el ministerio para el Desarrollo de la Inteligencia que luego no fue mantenido, por lo que quedó el número de ministerios entre 17 y 16 hasta 1999. Durante el período se nombraron 341 ministros, lo que hace un promedio de 42 ministros por período de cinco años (en promedio 8 por año), cifra modesta en comparación con el número de ministros nombrados en los últimos 17 años que fue de 287, en promedio 17 por año.

El empleo público6para 1998 alcanzó la cifra de 1.116.545 incluyendo entidades federales y concejos municipales. En la administración central y descentralizada el número de funcionarios fue de 740.125 un 66% del total. El número de ministerios fue de 16 y se identificaron 341 entes adscritos a los ministerios, 221 de órganos sin fines empresariales y 93 empresas públicas.

Los criterios utilizados para la selección de los equipos de gobierno durante esta etapa se distribuían dependiendo de la situación económica y política del momento y de los criterios y compromisos de los presidentes electos, fundamentalmente utilizando cinco criterios: circunstancias políticas, relaciones personales, vínculos partidistas,

6 Oficina Central de Presupuesto. Presupuesto Consolidado del Sector Público 1998. p.172.


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compromisos externos y competencia profesional (Iturbe, 1998, p. 57). Como resultados del uso de estos criterios en la combinación que cada presidente consideró oportuno, se obtuvo los resultados que se señalan a continuación. El perfil de experiencia en la APN de los altos funcionarios entrevistados, señala que 47% tenían más de 10 años de experiencia en la APN; y de 45 entrevistados 23 eran economistas (51%) seguido de ingenieros y abogados (33,3%).

Si se compara con los criterios de selección del período de la democracia “protagónica y participativa” se encuentra una diferencia sustantiva. Por ejemplo, en el primer gabinete de Hugo Chávez no hubo economistas para el manejo de los temas económicos, hubo ingenieros, abogados y políticos. En el gabinete de Nicolás Maduro en octubre de 2013, 30 ministros y 8 ministros de Estado, había 12 militares y 26 civiles: siete ingenieros, cuatro abogados, 10 de otras profesiones, y ni un solo economista.

La evaluación de la gestión de estos años (Iturbe, 1998), realizada con base en las opiniones de 54 funcionarios públicos de alto nivel que incluyeron expresidentes de la República, ministros y otros altos funcionarios del área económica, de los períodos de gobierno (1974-1998), coincidieron como principales razones para el deterioro progresivo de la APN, la pérdida de visión de largo plazo que había permanecido en los primeros cuatro planes de la nación (1960 al 1974), la falta de continuidad de las políticas públicas de los sectores sociales; baja coherencia en los equipos de gobierno, seleccionando a veces, cargos para las personas y no las personas mas idóneas para los cargos y los frecuentes cambios en la estructura de la APN que limitaban la continuidad de políticas públicas coherentes, la influencia del estilo gerencial del presidente de turno en el proceso de toma de decisiones, además de la pérdida de valoración de la función pública.

Las mismas deficiencias mencionadas durante la etapa de la democracia representativa, elevadas a la n, se han observado en los periodos de gobierno del llamado socialismo del siglo XXI o revolución bolivariana (1999-2017) con variantes y características en cada etapa del proceso como se verá en el próximo capítulo, debido al interés expreso de desmontar “el estado burgués parasitario” como lo llamó en una de sus alocuciones el presidente Nicolás Maduro (septiembre de 2014), para sustituirlo por una nueva estructura que apoyara y diera sustento a la nueva etapa de la revolución7. Sin embargo, el resultado hasta ahora deja mucho que desear.

7 Cuando hablamos de socialismo del siglo XXI, revolución bolivariana, socialismo bolivariano o solo revolución estamos hablando de lo mismo, porque en realidad, a mi modo de ver, no sabemos qué es lo que en realidad se está tratando de construir.


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3. La institucionalidad administrativa durante el período de Hugo Chávez (1999-2012)

a. La oferta electoral de Hugo Chávez

Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales de 1998, cabalgando sobre la disconformidad de la población con los resultados de los gobiernos democráticos de los últimos años del período de la “democracia representativa” y después de dos intentos de golpe de Estado en el año 2001 (4F y 27 N), los cuales no fueron repelidos mayoritariamente por la sociedad venezolana y produjeron el debilitamiento del gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez. A lo anterior se unió el discurso antipartidos que acompañaba el desencanto del pueblo con lo que consideraba resultados poco efectivos de las políticas públicas.

Un apretado resumen de su Programa de Gobierno8 de Hugo Chávez señalaba cinco temas a abordar: a) la revolución democrática, b) la transformación del marco institucional, c) organismos de transición, d) la institucionalización de la V república y e) el estado que queremos.

La revolución democrática era su oferta política. Pretendía a través de una revolución pacífica y por medios democráticos transformar el marco institucional mediante el cual los actores políticos y sociales hacen sus planes y toman sus decisiones. La transformación del marco institucional estaba dirigida a cambiar lo que llamaba el dominio de las cúpulas partidistas de los partidos tradicionales que controlaban los poderes del Estado en todos los ámbitos, nacional, regional y local y decidían quiénes ocupaban los cargos en los demás poderes y sobre el comportamiento de las fracciones políticas del Congreso que, según Hugo Chávez, influían en las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Las decisiones de interés nacional eran sometidas al tutelaje de las direcciones partidistas, sin control de la sociedad venezolana. Señalaba, además, el alto grado de concentración del poder, combinado con un Estado que recibía los grandes recursos petroleros, lo que a su juicio había traído corruptelas, compadrazgos y clientelismo.

Para resolver los cambios institucionales necesarios, planteaba una Asamblea Nacional Constituyente que dotará al país de una nueva Constitución y relegitimará los poderes del Estado (lo cual aconteció en diciembre de 1999) y que con posterioridad se reformarían las leyes que complementarían el marco institucional: a) la Ley de Carrera

8 Programa de Gobierno de Hugo Chávez. EUD Canal de Política 2002.


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Administrativa (para incluir compromisos de desempeño individual mediante lo cuáles los funcionarios se comprometen al logro de determinadas metas y son evaluados sobre la base de sus logros, b) de la Ley Orgánica de la Administración Pública para que la APN tuviera la flexibilidad necesaria para actuar en función de resultados y no de procedimientos, c) la Ley Orgánica de la Hacienda Pública y la del Régimen Presupuestario, para darle flexibilidad y que esté de función de los planes de desarrollo y no a la inversa, d) Ley del Consejo Federal de Gobierno y la Ley de Descentralización, para normar el funcionamiento de lo que llamaba Federalismo Cooperativo y crear relaciones armoniosas entre los poderes nacional, regional y municipal, para que cada uno cumpla las funciones que les corresponden, y e) la simplificación de procedimientos administrativos y la modernización de la APN, a la que considera atrasada y funcionando con métodos “artesanales” para introducirle herramientas modernas de gerencia, automatización e informatización9.

Concluye su oferta electoral señalando. “Ello requiere un Estado que sea más rector y director de políticas a ejecutar, que le permitan ser la maquinaria capaz de conducir a la sociedad venezolana, en permanente intercambio con ella, al logro de una sociedad justa, donde el ser humano, uno y cada uno de los habitantes de Venezuela, sea el centro de preocupación del sistema”.

Cuando se compara lo ofrecido en el programa de gobierno con los logros de los 15 años de su gobierno, se puede constatar que todos los defectos que les criticaban a los gobiernos anteriores, no solo no se eliminaron, sino que se han agravado y multiplicado. Parecía que la visión de Hugo Chávez era la de lograr con una revolución pacífica y democrática resolver los grandes problemas que él percibía en ese momento como los grandes problemas de la nación, sin dejar de incluir en este esquema su carácter autoritario y militarista que le imprimió a sus años de gobierno. Sin embargo, cuando se compara la oferta electoral de Hugo Chávez con los documentos que venían trabajando el grupo conspirador por más de 10 años, se refleja una ideología menos pragmática basada en el Libro azul que incluye el enfoque ideológico del Árbol de Tres Raíces (Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora) y con base en este, se diseña el Plan Nacional Simón Bolívar concebido como una estrategia de largo plazo (20 años) que busca un modelo de sociedad participativa, protagónica y solidaria, a través de la revolución.

Durante su gobierno se pusieron en vigencia el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007. La Agenda Alternativa Bolivariana y el Primer Plan Socialista Simón Bolívar 2007-2013. El Segundo Plan Socialista Simón Bolívar 2013-2019 le tocó ejecutarlo a la administración de Nicolás Maduro. Para efectos de análisis podemos separar el mandato de Hugo Chávez en dos etapas:

9 Todas estas leyes fueron modificadas en sentido diferente a lo arriba planteado.


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b. Etapas del gobierno de Hugo Chávez

a. Primera etapa. Preparación para el socialismo (1999-2007) Abarcó la penetración del Estado en todos los ámbitos de la vida nacional que

llamaremos la etapa de preparación para la introducción de la revolución bolivariana.Hugo Chávez había arrancado su gobierno con la idea de un gobierno

autocrático, fuerte y capaz, con liderazgo suficiente para resolver los grandes problemas de la sociedad venezolana encarnados según su visión en la pobreza, la discriminación y la invisibilidad de los más pobres y convertirla en una sociedad más participativa, protagónica y solidaria. Se sentía llamado a completar la tarea de independencia que Simón Bolívar, a su juicio, no había podido concluir y sentía la responsabilidad histórica de asumir ese reto. Para ello necesitaba una nueva Carta Magna que le permitiera hacer democráticamente los cambios que ambicionaba y arrancó su gobierno convocando una Asamblea Nacional Constituyente para cubrir este objetivo.10 En los primeros años, además, fue introduciendo progresivamente la simbología necesaria para que la población notara la nueva orientación del país: el cambio del nombre para introducirle el calificativo de Bolivariana, el cambio del escudo para darle un nuevo sentido a su gobierno, la inclusión de una estrella adicional a la bandera nacional, el cambio del huso horario y los apellidos de los ministerios que pasaron a llamarse ministerios del Poder Popular, la exaltación cotidiana de la figura del Libertador Simón Bolívar, entre otros.

Entre 1999 y 2007, la APN fue creciendo lentamente desde los 16 ministerios que recibió hasta llegar a los 27 ese año. Fue desdoblando progresivamente las actividades de los ministerios existentes para dar relevancia a las actividades que creía importantes y así creo un ministerio de economía popular y otro de financiamiento del desarrollo endógeno que duraron poco, desdobló el ministerio de infraestructura en más de dos ministerios, vivienda y hábitat y el de transporte, que a su vez fue dividido luego en dos ministerios. Desdobló el ministerio de educación para separar la educación superior y cambió varias veces de ubicación al ministerio de Ciencia y Tecnología que fue uno de los primeros en crear, entre otros cambios.

Se estima que el empleo público para ese año alcanzó los dos millones de personas aunque no hay información sobre las empresas públicas que se fueron incorporando por la política de expropiaciones y toma de empresas. La cifra que se incluye en la tabla 1- a continuación refleja la cifra que se pudo verificar.

10 La Asamblea Nacional Constituyente se reunió durante el año 1999; para diciembre del mismo año se tuvo lista la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que entró en vigencia el 24 de marzo del 2000.


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Cuadro 1: Crecimiento de la Administración Pública 1998-2012

CONCEPTOS 1998 2007 2012Número de vicepresidencia ejecutiva vicepresidencias sectoriales

00

10

16

Número de ministerios 16 27 28Órganos descentralizados sin fines empresariales

221 251 332

Entes descentralizados con fines empresariales

92 n/d 480

Organismos con autonomía funcional 6 9 91

Empleo público en APN 740.125 1.202.316* 1.590.065*

*Incluye solo una muestra del empleo en las empresas públicas por no estar disponible la información. Fuentes: Presupuesto Consolidado del Sector Público 1998 y Presupuestos 2007 y 2012.

Los cambios más sustantivos no se dieron en el número de ministerios, sino en las actividades prioritarias que se adoptaron y que se hicieron al margen de la estructura ministerial, lo que creó un mayor número de organismos rectores y menos cosas que dirigir, porque el diseño y control de las políticas sociales, eje de su gobierno, estuvieron al margen del control de los ministerios y concentró progresivamente más poder en Miraflores. Este es el caso de las Misiones.11 El diseño y ejecución de las políticas sociales al margen de los ministerios respectivos produjo un debilitamiento institucional, especialmente del Ministerio de Salud, porque se abandonaron los programas tradicionales y el reforzamiento de las instituciones existentes y los mayores recursos se otorgaban al Programa Barrio Adentro.

Entre 2001 y 2012 se crearon 30 misiones y 6 Grandes Misiones, en diferentes áreas, en especial para atender los problemas de salud y educación. De estas 25 ( el 70%) se crearon entre 2001 y 2007. Estos programas se crearon aprovechando la experiencia cubana a la cual se le compró la franquicia especialmente la misión Barrio Adentro para la atención primaria de salud. Para atender esta misión se trajeron un importante número de médicos cubanos para su administración y prestación de servicio.

Las primeras misiones estuvieron dirigidas a la dotación y uso de tierras ociosas y a dotar a la población de bajos ingresos de productos de la canasta básica a precios subsidiados (misiones Zamora y Alimentación) en los años 2001 y 2002. A partir del 2003 y hasta el 2007 se crean 23 misiones que abarcan diversos campos de la vida social,

11 Misiones: crea el presidente en Consejo de Ministros cuando circunstancias especiales lo ameriten para atender la satisfacción de las necesidades fundamentales y urgentes de la población.


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desde las misiones educativas (Robinson, Ribas, Sucre, Vuelvan Caras); las que atienden los problemas de salud (Barrio Adentro, Sonrisa, Milagro, Cristo, Negra Hipólita, Esperanza, Niñas y Niños del Barrio); las que se dedicaron a atender diversos aspectos de grupos especiales (Miranda, Guaicaipuro, Identidad); las que atendieron aspectos sociales y culturales, (Música, Cultura, Ciencia), entre otras. A partir del 2011 se cambia el concepto y se crean las Grandes Misiones para atender nuevos grupos vulnerables de la población: Ancianos y Niños (Amor Mayor para asignar pensiones a personas de la tercera edad; Hijos de mi Pueblo para derrotar la pobreza); además se crearon las Grandes Misiones Agrovenezuela, Vivienda, Saber y Trabajo y A Toda Vida Venezuela, para atender problemas del campo, empleo e inseguridad.

Aun hoy en día es imposible saber con precisión el número de beneficiarios de estos programas, porque varias se solapan en relación con los sujetos beneficiarios y son administradas por distintas instancias independientes entre ellas, incluso financiadas de fuentes diferentes.

Además del incremento del número de ministerios se produjo una expansión acelerada del número de órganos sin fines empresariales y entes con fines empresariales,12 tanto financieros como no financieros. Para 1999 se encontraba información registrada para 313 órganos y entes adscritos a los ministerios, los cuales se elevaron a 812 para el 2012. Este crecimiento lento también al principio se intensificó a partir del 2006 con las acciones de expropiación y toma de empresas.

El primer gabinete de Hugo Chávez (Hugo Chávez) fue de 14 ministros, a pesar de sus afirmaciones de que eran muchos. Declaró lo siguiente: “Tenemos la firme determinación de reducir el número de ministerios, con 11,12 ministerios máximo yo aspiro a gobernar de manera eficiente a Venezuela”.

Esta aspiración de Hugo Chávez se movió en sentido contrario, porque en vez de reducir ministerios los fue incrementando progresivamente al principio haciendo cambios de nombres o creando algunos pocos por año. Esta tendencia la mantuvo hasta el 2006 en la primera fase del proceso revolucionario cuando elevó el número de ministerios a 24.

12 Definiciones: los órganos son unidades administrativas de la República, de los estados, distritos metropolitanos y municipios a los que se les atribuye funciones que tengan efecto jurídico, o cuya actuación tenga carácter regulatorio. Los entes son organizaciones administradoras descentralizadas funcionalmente con personalidad jurídica propia, sujeto al control, evaluación y seguimiento de sus actuaciones por parte de sus órganos rectores, de adscripción y de la Comisión Central de Planificación (mayoritariamente empresas públicas financieras y no financieras con personalidad jurídica de derecho público, constituidas de acuerdo con el derecho privado en las cuales el Estado tenga más del 50% del capital social).


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Su primer gabinete estuvo conformado por personas cercanas a su ideología y de confianza, conformó un gabinete de corte político, con poco conocimiento institucional con algunas excepciones como J.V. Rangel y Luis Miquelena, y sin participación de personas de otros partidos, a excepción de la ministra de Finanzas, Maritza Izaguirre, quien fue ratificada por corto tiempo para darle continuidad al tema económico. Aunque este gabinete fue mayoritariamente de civiles, con el gobierno de Hugo Chávez se inició en Venezuela la entrada de los militares a ocupar altas posiciones en cargos tradicionalmente civiles como los cargos ministeriales y de presidencia de empresas del Estado. En el gabinete del 2006 hubo cinco militares y en su último gabinete en el 2012 hubo siete.

Los gabinetes de Hugo Chávez tuvieron las siguientes características:a). Volatilidad. El promedio de los ministros en sus cargos entre 1999 y abril

del 2013 fue de menos de año y medio, con algunas excepciones. El más volátil fue el Despacho de la Presidencia, donde hubo 23 ministros (7,4 meses promedio en el cargo) los más estables, que superaron la barrera de los cuatro años, fueron Rafael Ramírez, Petróleo y Minería con 4,7 años, y Nicea Maldonado, la ministra de Pueblos Indígenas, con 4,3 años.

b) Lealtad a la revolución y militancia o simpatía en el partido de gobierno, PSUV, lo cual se manifiesta en la alta rotación y enroque de algunos funcionarios de alto nivel (Jesse Chacón, Erika Farías, Diosdado Cabello, Dante Rivas, Alí Rodríguez Araque, Nelson Merentes, Jorge Giordani), entre otros.

c) Ministros y altos funcionarios con más de un cargo. Algunos ministros de los gabinetes de Hugo Chávez desempeñaron simultáneamente otro cargo de alto nivel en organismos descentralizados de su mismo ministerio o en otras organizaciones. Tal es el caso de Rafael Ramírez, que fue durante casi cinco años ministro de Energía y Petróleo y presidente de Pdvsa, a la vez que presidente de varias empresas filiales de Pdvsa; presidente del Fondo de Reconstrucción Simón Bolívar, vicepresidente del Área Económica, entre otras posiciones. En el 2006 se nombró a Elías Jaua, además de ser titular del Ministerio de Agricultura y Tierras, presidente de la recién creada Corpomiranda y a Nicea Maldonado, ministra de Pueblos indígenas como Presidenta de Corpoamazonas, ambas corporaciones creadas para neutralizar los gobernadores de la oposición Guarulla y Henrique Capriles.

Identificar con precisión el tamaño de la administración pública por el número de funcionarios públicos es una tarea casi imposible, porque la dinámica de creación,


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eliminación, fusión y desdoblamiento de ministerios aunado a la creación y adquisición de empresas por parte del Estado han establecido una flexibilidad dentro del presupuesto nacional, además de que las estadísticas de empleo público han dejado de publicarse. Desde el 2001 no se publica el Presupuesto Consolidado del Sector Público.

El empleo en la administración pública central y descentralizada (ministerios y órganos adscritos) se encuentra en las leyes anuales de presupuesto, las cuales incluye información detallada por ministerios y tipo de empleo, pero para las empresas públicas no se muestra, a menos que tengan recursos presupuestarios o en las aprobaciones anuales de los presupuestos de las empresas que a veces salen en la Gaceta.

Un problema adicional se presenta si se quiere saber, además de la cifra total de empleo, en cuál categoría se encuentra esa persona y en qué misterio u organismo realmente trabaja porque, con las creaciones y cambios de ministerios que ocurre frecuentemente los funcionarios son asignados a trabajar en cualquier organismo en lo que se llama comisión de servicio, aunque esté en la nómina de otro.

La APN en general, ha dejado de celebrar concurso para ingreso de los funcionarios y los “contrata” con las mismas funciones, remuneraciones y responsabilidades que los funcionarios de carrera, en violación a lo previsto en la CRBV y en la Ley del Estatuto de la Función Pública LEFP13. El uso excesivo de contratado no solo viola las leyes, sino que afecta a la propia persona, porque pueden ser despedidos sin cumplir con los requisitos que se les aplican a los funcionaros de carrera.

Tomando en consideración todos estos elementos, se estima que la cifra de empleo para el 2012 alcanzaba los dos millones de personas, no obstante, dadas las condiciones mencionadas solo se incluye en la Tabla 1, la que se pudo documentar.

c. La etapa de introducción del socialismo delsiglo XXI (2008-2012)

A medida que Hugo Chávez fue identificando las posibilidades de avanzar en el modelo socialista al estilo cubano, fue preparando las modificaciones necesarias a la CRBV para darle cabida al nuevo modelo. La Reforma Constitucional votada el 2 de diciembre del 2007 en Referendo Consultivo (RC), tenía 3 objetivos concretos(Petkoff, 2010, p. 64): a) Establecer la reelección indefinida, b) eliminar los contrapesos al Poder Ejecutivo en general y a la presidencia en particular, y c) recentralizar completamente el Estado. La reforma no fue aprobada (51%-49%) y, aunque se pensaba que no se avanzaría por ese camino, utilizando el poder que le otorgó la Asamblea al presidente Chávez al aprobarle una Ley Habilitante en el 2007, antes del RC por un lapso de 18 meses le dio

13 Artículos 148 y 35 respectivamente.


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el marco de acción que aprovechó Hugo Chávez para modificar leyes, crear nuevas e introducir por esa vía los aspectos fundamentales negados en el RC. Solo la reelección indefinida tuvo que someterse a un nuevo referendo.

Hugo Chávez, de hecho, gobernó con toda la flexibilidad necesaria sin contrapeso del Poder Legislativo porque este había delegado en él la función legislativa por 24 meses en cuatro leyes habilitantes. La primera en 1999 por 6 meses, la segunda en el 2000 por 12 meses y las del 2007 y 2010 por 18 meses cada una. Al amparo de las cuatro Leyes habilitantes Hugo Chávez dictó 158 nuevas leyes e introdujo reformas a 77, lo que cubrió de esta manera buena parte de los distintos aspectos negados en el (RC). Aunque cada una de las leyes habilitantes fue acordada para atender una emergencia en particular Hugo Chávez legisló por esta vía sobre todos los temas que le habían sido negados y por esa vía fue imponiendo progresivamente la entrada al socialismo del siglo XXI. Los ministerios empezaron a tener apellido, a llamarse Ministerios del Poder Popular; la expansión de la participación del Estado en la vida económica y social de la nación asumió ritmos acelerados.

En la parte económica aprovechó los enormes recursos provenientes de los precios del petróleo para acelerar el proceso de expropiaciones en la agroindustria, la manufactura, los servicios petroleros y la construcción ordenando, sin estudios ni evaluación de su impacto en el costo fiscal, en el empleo y en la calidad de vida del venezolano. Legisló sobre el mercado de viviendas en cuanto a alquileres y desalojo lo que creó la muerte del mercado de alquiler que aun no se recupera; sobre costos y precios justos lo que contribuyó a la depresión de la producción nacional conjuntamente con las medidas sobre expropiación, nacionalización y adquisición forzosa de empresas manufactureras y agroindustriales. Como complemento de estas leyes se aprobó el paquete de Leyes del Poder Popular en diciembre del 2010: Ley Orgánica de Contraloría social; Ley Orgánica del Poder Popular, Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, Ley Orgánica de las Comunas, Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal y su reglamento parcial.

Las leyes habilitantes le permitieron también intensificar las acciones sobre la reducción de la actividad privada en la economía a través de un intensivo programa de expropiaciones, nacionalizaciones, adquisiciones forzosas y cualquier otra modalidad que estuviera en su imaginación. Durante los años 2001 y 2011 se expropiaron 658 empresas. Los años 2009 y 2010 concentraron el 83,7% del total de las expropiaciones. A los sectores de agroindustria y minería le correspondieron el 36,2% y a las empresas de servicios de petróleo el 52,1%. El resultado, un quinquenio después ha sido que la mayoría de estas empresas se encuentra trabajando a bajos niveles de capacidad (menos de un 3%) cuando no cerradas o desmanteladas, y sus trabajadores, desmejorados en sus condiciones. El café está en manos del Estado, al igual que el aceite comestible, el


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azúcar, la leche, el cemento, el papel, la distribución de alimentos, los hipermercados y la fabricación de vehículos de transporte público y privado, la fabricación de motocicletas, entre otras.

Se trató de implantar un nuevo modelo de gestión socialista que aumentaba la participación de los trabajadores en el manejo de las empresas expropiadas, mediante figuras colectivas internas dentro de la empresas y con la aplicación de nuevos modelos organizacionales; las empresas de producción social (EPS), empresas mixtas socialistas (EMS), las unidades de producción agrícolas (UPI), las unidades de producción social (UPS), los Fundos Zamoranos, entre otras figuras que se han ensayado en los últimos años. La administración de todas estas empresas ha carecido de una gerencia profesional y de una dirección clara de políticas públicas que les definiera su objetivo y les diera líneas de acción así como los recursos necesarios para asumir esa transición.

Los ministerios responsables de manejar las empresas expropiadas, principalmente agricultura, alimentación, industria, vivienda y trasporte, han sido sometidos a cambios a cada rato que no permiten estabilizar y darle continuidad a las políticas públicas. Entre 2000 y 2012 el manejo de las actividades agrícolas estuvo en maños de ocho ministros diferentes, más cinco ministros de Alimentación, además de tres ministros del breve ministerio de Economía Popular, con un promedio de permanencia en el cargo de 18 meses.

Las conducciones de las empresas industriales estuvieron lideradas por varios ministerios que fraccionaron un enfoque integral de política industrial. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias se ocupó de este grupo de actividades hasta el 2010. En paralelo funcionó el ministerio de Producción y Comercio, el cual atendió la materia hasta el 2005, cuando se crearon los Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio y de Industria Básicas y Minería. El Ministerio de Comercio se separó del Ministerio de Industrias Ligeras en el 2009. En el 2011 se creó un Ministerio de Industrias. 24 ministros ocuparon estos cargos y su promedio de permanencia en el cargo fue de 15 meses.

Hugo Chávez recibió una administración con 16 ministerios, 313 órganos y entes adscritos a ellos y menos de 800.000 personas en la APN con un proceso de toma de decisiones transparentes a través de Consejo de Ministros, donde se respetaban las leyes que regían el empleo público y la creación de ministerios, órganos y empresas. Este proceso se ha destruido con el transcurso de los años y para el 2012 se llegó a tener 29 ministerios, seis Vicepresidencias, 36 Misiones y 19 Comisiones Presidenciales y Órganos Superiores. No solo se ha debilitado el proceso, sino que además ha complicado el proceso de toma de decisiones al alto nivel por el solapamiento de competencias de los distintos organismos.


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Los gráficos 1 y 2 a continuación muestran los cambios que han sucedido en la estructura institucional de la APN.

GRÁFICO 1

Gráfico 2 estructura de la Administración pública 2012


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La gestión de Hugo Chávez en cuanto a políticas públicas se puede resumir en los siguientes puntos:

Excesivo presidencialismo y exceso de comunicación radiotelevisiva para hechos irrelevantes.

Gobierno con flexibilidad personal amparado en cuatro leyes habilitantes que le permitieron dictar y reformar más de 100 leyes.

Manejo discrecional de los mayores ingresos petroleros que gobierno alguno haya tenido en la historia republicana del país.

Programas sociales a los que les dedicó enorme cantidad de recursos, divorciados de las políticas públicas y de las instituciones responsables de ellos con el consecuente deterioro de los ministerios respectivos y de la escasez de recursos para los programas formales.

Destrucción de la industria petrolera en lo gerencial, técnico y financiero. Convertida en la “caja chica del gobierno” para financiar programas sociales y otros temas no petroleros.

Inestabilidad jurídica y destrucción de la empresa privada productiva. Creación de ministerios u organismos para la solución de los problemas y no

políticas y programas para abordarlos y resolverlos. Centralización del poder y complejidad del proceso de toma de decisiones. Destrucción programada de la institucionalidad existente para sustituirla por

la necesaria para la revolución. Ignorancia de las leyes que rigen la gestión pública en cuanto al trato del

funcionario, el privilegio de los altos funcionarios de tener más de un cargo, la adopción de solo dos criterios para la selección de los altos funcionarios: la lealtad a la revolución y la militancia en el PSUV, y el ingreso progresivo de militares a las tareas tradicionalmente civiles del gobierno.

4. La institucionalidad administrativa durante el período de Nicolás Maduro 2013-2017. Camino a la consolidación de la revolución

Nicolás Maduro inició su período presidencial el 19 de abril del 2013, después de haber sido canciller entre 2009-2012 y posteriormente vicepresidente ejecutivo de la República durante la enfermedad y fallecimiento de Hugo Chávez14. Asumió la Presidencia

14 Hugo Chávez falleció en marzo del 2013.


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luego de la elecciones del 14 de abril del 2013, al ganar por un pequeño margen (51,6%) al candidato opositor Henrique Capriles Radonski.

Al tomar posesión nombró su primer gabinete integrado por el vicepresidente Ejecutivo, seis vicepresidentes sectoriales, 32 ministros (dos ministros de Estado) y seis coordinadores de las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral (REDIS), con rangos de ministros de Estado15. Igualmente nombró tres comisionados presidenciales para Asuntos Económicos y Financieros, Asuntos Estratégicos y para el Manejo del Fondo Chino-Venezuela) y en junio, nombra un nuevo comisionado presidencial para Asuntos Internacionales. El primer gabinete conservó 11 de los ministros del gabinete anterior (último gabinete de Hugo Chávez) y los dos ministros de Estado, e incorporó 19 nuevos ministros, de los cuales siete (40%) ya habían sido ministros.

El 2 de septiembre del 2014, a un año y cuatro meses y medio de su investidura, anunció en cadena de radio y televisión el sacudón, el cual tenía como objeto “refundar el Estado para la nueva etapa de la revolución y desmontar los restos del estado burgués parasitario”. Parte de esta reestructuración de la APN fue nombrar seis vicepresidentes sectoriales con funciones operativas y no solo de coordinación como los que se nombraron antes del 2012, con la finalidad de concentrar el poder en pocas manos alrededor de la Presidencia de la República.16 Se crearon además siete Consejos Presidenciales Populares (Comunas, Trabajadores, Mujeres, Cultura, Pueblos Indígenas, Campesinos y Campesinas y Juventud) todos ellos con el objetivo de que el pueblo gobierne con el presidente. Se anunció la creación de una Autoridad Única Nacional en Trámites y Pemisología, para la simplificación de los trámites administrativos y la creación de un Sistema de Organización de las Empresas Públicas, y Un Sistema Permanente de Buen Gobierno para capacitar y evaluar a los funcionarPios públicos, del cual no se ha vuelto a hablar, ni se ha instrumentado.

a. Caracterización de su gestión

Los tres años y medio del gobierno de Nicolás Maduro se han caracterizado por la aceleración de la transición al socialismo en cumplimiento del mandato dado por Hugo Chávez antes de su fallecimiento al dirigirse al pueblo venezolano y “pedirle de corazón que si sucedía algo sobrevenido votaran por Nicolas Maduro”, a sabiendas de que no volvería a encargarse del gobierno. Maduro ha gobernado preso de ese legado, con un chavismo en decadencia y con fuertes diferencias internas dentro del PSUV, con un precio del petróleo

15 Se les concedió el rango de ministros de estado por Decreto 216 del 10 de julio del 2013 y a mediados del 2014 se les eliminó el rango de ministros de Estado y varios meses después se eliminaron los cargos.

16 Las nuevas vicepresidencias se crearon por Decreto 1.612 Organización General de la Administración Pública G.O.E 6173 del 18/02/15.


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debilitado que lejos de recuperarse ha continuado en declive, con presiones internacionales para la restitución de la democracia y los derechos civiles, con el distanciamiento de los socios externos que han empezado a cambiar el modelo revolucionario producto de sus propias circunstancias y con un muy bajo nivel de aceptación nacional e internacional.

Dentro de este panorama hay que analizar las acciones y resultados de la gestión de Nicolás Maduro, la cual se puede caracterizar por los siguientes elementos:

a) Mantenimiento y reforzamiento de la figura de Hugo Chávez como hilo conductor de su gobierno y del socialismo y como héroe nacional fundamental al lado del Libertador Simón Bolívar, con exagerados honores a su memoria, reforzamiento de su presencia en estatuas, ojos pintados en las paredes de las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, altares y fotografías en todos los edificios oficiales y escuelas del país y culto casi religioso a su memoria.

b) Enmarcar todos los actos de gobierno bajo el nombre de Hugo Chávez como su “Heredero e Hijo”, imitando su estilo de gobierno, incluso usando camisas estilo militar para reforzar su carácter de comandante en jefe de las FANB y manteniendo los lazos de asesoramiento permanente con el gobierno de los Castro (Cuba) y los asesores de ese país en varias áreas de actividades fundamentales de la República; también, a pesar de las dificultades económicas del país se le mantiene a Cuba la cooperación petrolera y la ayuda eventual en otros temas.

c) Un gobierno esencialmente mediático en el cual las figuras de Hugo Chávez y Nicolás Maduro están presentes cada minuto en la vida cotidiana del ciudadano a través de cuñas propagandísticas del legado de Chávez y de las bondades del socialismo, largas cadenas todos los días, más de una vez al día, por cualquier motivo, tratando de mostrar los éxitos de su gobierno y el gran apoyo popular que disfruta.

d) Agudización de la crisis económica y social producto de una conjunción de factores internos y externos que el régimen llama “guerra económica” y que no son más que producto del manejo inadecuado de la política económica, el despilfarro de los enormes recursos petroleros y la corrupción a todos los niveles, aunados a la caída de los precios del petróleo que ha redundado en la reducción de “la chequera petrolera” y de la disponibilidad de divisas para cubrir las importaciones esenciales que requiere el mercado interno para sus necesidades de insumos, materia primas, bienes de capital y productos esenciales de consumo.


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e) Incapacidad del manejo de la crisis de abastecimiento de alimentos, medicinas y artículos de cuidado personal y limpieza del hogar, por agotamiento de las importaciones y error de diagnóstico que lo lleva a tomar medidas como si la crisis fuese producto de la llamada “guerra económica” y de la mala distribución de la oferta nacional, lo cual no se corresponde con la realidad y conduce a su profundización. La salida pasa por un cambo de políticas que Nicolás Maduro no está dispuesto a hacer para no faltar al legado recibido, aun a costa de la vida de muchos venezolanos que hoy mueren de desnutrición, falta de medicinas, por enfermedades desterradas hace más de 25 años que han vuelto y por la inseguridad. A lo anterior se une el impacto que en las próximas generaciones va a tener el embarazo precoz, la falta de seguimiento a las madres adolescentes, la desnutrición de esas madres y niños que les crearán inadecuadas condiciones de vida.

f) Militarización del país y otorgamiento de mayores prebendas a los militares como medidas para sostener el debilitado gobierno y favorecer una casta militar que se declara “chavista y revolucionaria” en contradicción con el artículo 328 de la CRBV que establece que… La Fuerza Armada Nacional “En el cumplimiento de sus funciones está al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso de persona o parcialidad política alguna…”

g) Nicolás Maduro declara la existencia de una alianza cívico-militar para sacar al país de la crisis y en ese orden de ideas ha delgado en el ministro de la Defensa a través de la Gran Misión Abastecimiento Soberano (GMAS)17 el control de la producción, importaciones y la distribución de los alimentos, medicinas y productos de aseo personal, además de la coordinación de las vicepresidencias, ministerios, empresas y órganos descentralizados, responsables de estas materias.

Lo anterior complementa la militarización que ya se venía dando con la presencia de militares de alto rango en los despachos de Agricultura Productiva y Tierras, Pesca y Acuicultura, Alimentación, Industria y Comercio, Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas y sus principales empresas, Energía Eléctrica, Ecosocialismo y Agua, Relaciones Interiores, Justica y Paz, y el Despacho de la Presidencia. En cada ministerio con ministro militar hay al menos un viceministro del mismo origen y una estructura de trabajos que obedece la lógica militar y no al estilo de gobierno civil que es el adecuado para la APN porque permite la fluidez y discusión de las ideas y las rectificaciones cuando sea necesarias .

17 Gacetas Oficiales 40.974 y 40.977 del 25 y 30 de agosto, respectivamente.


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b. Crecimiento de la Administración Pública

En los tres años y medio de gobierno de Nicolás Maduro, la APN ha crecido aceleradamente de los 27 ministerios que recibió de Hugo Chávez a los 32 a mediados de noviembre de 2016. Ha nombrado 74 ministros en tres años y medio y 16 vicepresidentes sectoriales, lo que refleja una gran inestabilidad e improvisación. Ha creado cinco nuevos ministerios desdoblando los ministerios de Industria y Comercio, para crear los ministerios de Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas y el de Comercio Exterior e Inversión Internacional; de Agricultura y Tierras para crear los de Agricultura Urbana, y Pesca, y Acuicultura; y el de Petróleo y Minería para separar la actividad minera en el ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, con la finalidad de asignarle el control de las empresas del Arco Minero de Guayana.

Además en octubre del 2016 creó una nueva vicepresidencia, de Servicios y Obras Públicas a la cual se le adscribieron los ministerios de Transporte Terrestre y Obras Públicas (que había absorbido al ministerio de Transporte Acuático y Aéreo), el ministerio de Energía Eléctrica y el de Ecosocialismo y Aguas. Se tiene también un ministro de Estado para La Nueva Frontera de Paz.

El número de órganos y entes se incrementó en un 58,5%, unos 475 en los últimos 3 años y medio, lo que nos ha hecho llamar a esta estructura “un monstruo de mil cabezas” que se trata de representar, de manera imperfecta todavía en el gráfico a continuación que recoge la información del mapa de la APN. Este crecimiento reflejado en el mapa de la APN18 y mostrado en el gráfico, se debió en parte a la sinceración y mejor identificación de las empresas en manos del Estado, especialmente en los sectores de alimentos e industria, a la vez que se incorporaron cerca de 100 nuevas empresas.

18 Proyecto de investigación adelantado por el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. Coordinado por Eglé Iturbe, el cual desde el 2013 lleva un seguimiento al crecimiento de la APN en varios aspectos.


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Gráfico 3- la Administración Pública Nacional en el 2016

Nota: Esquema elaborado antes de la creación de la Vicepresidencia de Servicios y Obras Públicas octubre del 2016. No incluye comisiones presidenciales, órganos superiores ni consejos presidenciales del Poder Popular.

Fuente: Mapa de la Administración Pública. Diseño: OVH

El Cuadro a continuación presenta las informaciones complementarias al Gráfico anterior.

Cuadro 2 crecimiento de la Administración Pública 2012-2016

CONCEPTOS 2012 2016Número de vicepresidencias: ejecutiva y sectoriales 7 7Número de ministerios 28 32Ministros de estado 2 1Órganos y entes descentralizados 812 1.287Organismos con autonomía funcional 9 9

Empleo público estimado en APN 2.000.000 3.000.000Misiones y grandes misiones 36 50 acumuladoComisiones presidenciales y órganos superiores* 19 30 acumuladoConsejos presidenciales del Poder Popular* 0 9

Notas: El empleo que se ha podido documentar para los años 2012 y 2016 es de 1.590.065 y 2.548.814 respectivamente de las siguientes fuentes: Presupuestos 2012 y 2016. Memorias Ministerios 2015. Mapa del Estado y Gacetas Oficiales.


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Se habían creado 49 comisiones presidenciales hasta mediados del 2016. Al período de gobierno de Hugo Chávez corresponde un 38,7 % y un 61,3% al período Nicolás Maduro. De los 49 se encuentran inactivas seis y ocho no han sido instalados, lo que deja activas 35.

Los nueve Consejos Presidenciales el Poder Popular fueron creados en el 2014 y se fueron instalando progresivamente.

A principios del 2016 se agregó una nueva figura a la ya compleja estructura: los Comités Locales de Abastecimiento Popular (CLAP), para llevar a las clases populares una canasta de alimentos básicos subsidiados casa por casa para paliar la escasez producida por la falta de producción local y la escasez de divisas. Esta política debería complementar la acción de la Gran Misión Abastecimiento Soberano (GMAS), pero no parece a la fecha haber ninguna relación entre ambas. Los CLAP parecen ser el sustituto de la tarjeta de abastecimiento utilizada en Cuba, con la diferencia de que se alimenta de productos importados, no llega regularmente y distorsiona el patrón de consumo del venezolano, además de ser insuficiente.

c. Proceso de toma de decisiones y participación militar

El proceso de toma de decisiones durante el gobierno de Nicolás Maduro además de concentrado en la Presidencia de la República, se ha delegado en buena parte, a partir de la creación de la GMAS en manos del ministro de la Defensa, a través de la enorme estructura militar que se ha creado para la ejecución de esta misión. Está conformada por medio centenar de oficiales del más alto rango (generales y almirantes) encargados de las tareas de seguimiento de 18 productos básicos y de la vigilancia y coordinación de los mercados mayores, además de atender los comandos regionales y activar los trabajos que se adelantan en cada uno de los ministerios que participan en esa misión, con las complicaciones propias de este tipo de intervención.

Al lado de esta misión que afecta directamente a varios ministerios, órganos descentralizados y empresas públicas de los sectores de alimentos, medicinas y productos del hogar está también la cantidad de empresas que se han establecido desde el 2013 en la Zona de Fuerte Tiuna y que tienen que ver con alimentos y agroindustria, bebidas, textiles, vehículos automotores, banca y finanzas, televisión y sistemas de comunicación, construcción, transporte, centros educativos, fundaciones y misiones sociales que utilizan recursos públicos para actividades no propias de la defensa nacional y reduce el mercado para las empresas locales que podrían fabricar todos esos productos.


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Para el 2016, el Ministerio de la Defensa contaba con 20 empresas19 con fines empresariales, de las cuales 12 (60%) han sido establecidas a partir del 2013. Además de estas empresas se ha creado la Misión Negro Primero, La Fundación Müröntö para desarrollo tecnológico, La Escuela de Dignidad y Soberanía de los países de la ALBA-TPC, la Escuela de Preparación para la Defensa Integral de la Milicia Bolivariana, La Unidad Especial de Protección de Personalidades del Estado, entre otras. Todas estas empresas y fundaciones están adscritas al Ministerio de la Defensa y sus políticas, gestión y control se producen en ese despacho, sin que los ministerios de las áreas respectivas tengan ninguna participación en las políticas que allí se aplican.

Particularmente importante desde el punto de vista de la construcción del proceso de toma de decisiones en los sectores petrolero y minero es la empresa Compañía Anónima Minera, Petrolera y de Gas (Caminpeg) que está diseñada para intervenir en algunas fases de contratación de servicios por parte de Pdvsa y sus filiales y de las empresas mineras y de gas.

Con la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, se amplía la participación militar de la explotación de las actividades mineras y en el control de la zona aledaña a la explotación del Arco Minero, y se establece su coordinación con el recién creado Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, para el cual se designó un ministro militar. En noviembre se aprobaron proyectos con tres empresas nacionales e internacionales para la explotación del oro en la zona20 y se crearon sendas empresas mixtas con la recién creada, Corporación Venezolana de Minería, dependiente del Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico. Este proyecto se articula con el fortalecimiento del “motor minero” que forma parte de los 15 motores incluidos en El Consejo Nacional de Economía Productiva,21 presidido por el vicepresidente, con participación de instituciones públicas y privadas con el objetivo de resolver la crisis de abastecimiento que enfrenta el país. Las actividades de este consejo se fundamentan en la activación de 15 motores sectoriales que deben producir medidas de política para incentivar la producción nacional y las exportaciones no tradicionales.

19 Mapa del Estado.20 Decretos 2.538, 2.539 y 2.540 en Gaceta Oficial 41.026 del 8 de noviembre del 2016.21 Instalado el 20 de enero de 2016. Participan ministros, gobernadores, alcaldes, empresarios. Actuarán

e mesas de trabajo para proponer medidas que estimulen los sectores seleccionados denominados “Motores”.


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d. Criterios utilizados en el manejo de la Administración Pública Nacional

En términos de la APN podemos concluir que el periodo de gobierno que hasta noviembre viene dirigiendo Nicolás Maduro en alianza cívico-militar se ha caracterizados por:

a) Concentración del poder en Miraflores.b) Inestabilidad en los equipos de gobierno. Dos ministros por mes.c) Fraccionamiento de los ministerios económicos que impiden una visión

integral del sector que garantice adecuadas políticas públicas.d) Confusión de las líneas de mando y falta de claridad en las tareas de cada

organismo.e) Creación casi diaria de órganos sin fines empresariales y empresas públicas.f) Creación de múltiples grandes misiones, comisiones presidenciales, órganos

superiores, estados mayores, consejos nacionales, autoridades únicas de área, empresas de producción social (EPS), empresas mixtas, unidades de producción agrícola socialista (UPAS), entre otras figuras gestionarías. utilizando estas figuras como elementos para resolver los problemas de un sector en lugar de dictar adecuadas políticas públicas.

g) Movilización permanente de los empleados públicos y de los beneficiarios de las misiones y grandes misiones para actos de tipo político.

h) Vicepresidentes, ministros y otros altos funcionaros con más de un cargo.i) Participación creciente y activa de los militares en altas posiciones

administrativas.j) Confusión en las líneas de mando por cantidad de órganos que pueden

participar en el proceso.

5. El papel de la administración pública en la el nuevo sistema político venezolano

La transformación del sistema político venezolano en el siglo XXI debe conducirnos, más temprano que tarde, a la recuperación de la democracia y con ella a realizar esfuerzos sostenidos para contar con una administración pública de calidad. El nuevo gobierno democrático debe cumplir con los siguientes requisitos:


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• Una visión de país de largo plazo, compartida por la mayoría de los ciudadanos.

• Respecto estricto a la Constitución y las leyes.• Marco regulatorio que acote el excesivo presidencialismo. • Una clara separación de poderes, donde cada uno cumpla con su misión sin

interferencias de los otros poderes pero sí trabajando en armonía para lograr los resultados que se desean.

• Garantizar un ambiente de estabilidad política y social que facilite la gobernabilidad democrática.

Dentro de este marco político-social se debe desenvolver una APN de calidad, eficiente y proba, que haya aprendido de los errores del pasado y sea capaz de canalizar las políticas púbicas necesarias para sustentar el desarrollo armónico del país y de esa manera contribuir a la transformación del sistema político venezolano.

Dentro de este orden de ideas se hace imprescindible en la situación actual del país, un “Gobierno de Transición” que asuma los costos políticos, económicos y sociales de volver a poner a Venezuela en el camino de la democracia y la eficiencia, desmantelando progresivamente la estructura demagógica e ineficiente de la “revolución bolivariana” que ha llevado al país a la crisis que hoy enfrenta. Un gobierno de transición puede lograr un “Acuerdo Nacional” imprescindible para enfrentar entre todos las dificultades que se vislumbran y que no serán pocas. Los costos de la transición deben repartirse entre todos los venezolanos, de acuerdo con la capacidad de cada grupo social de absorberlos. Y sin impunidad para los que han llevado al país a esta triste situación.

Para aprender de los errores del pasado no está de más oír las voces de los que han gobernado para conocer sus limitaciones y éxitos en sus gestiones. Hay cosas que hacer aprovechando el tiempo del Gobierno de Transición para preparar a los que aspiren a gobernar en los retos que tendrán de asumir en lo económico y lo social y en la necesidad de seleccionar con amplitud los equipos de gobierno que tendrán la responsabilidad de preparar las políticas públicas, armónicas, coherentes y apropiadas para esta etapa.

En la APN con las distorsiones que en ella se han introducido habrá mucho por hacer y algunas sugerencias, producto de las observaciones que por algún tiempo venimos haciendo de la APN, las mencionamos a continuación:

• Reducción de la concentración del poder en manos del presidente de la República para permitir que el proceso de toma de decisiones en políticas públicas sea sencillo y transparente. Se apoye en análisis propios de los


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responsables designados para el manejo de los sectores y respete las líneas de competencias de los distintos órganos públicos.

• Designar equipos de gobierno y no personas que gobiernan. Ello pasa por una selección adecuada de los equipos de gobierno que debe desterrar los criterios de lealtad al régimen y al partido, y ser miembro de la FANB.

• Devolver a los ministros la responsabilidad integral en el manejo de los sectores que le sean asignados, eliminando confusión de roles y superposición de competencias y exigirles cumplimiento de metas, combate a la corrupción en sus despachos y rendición de cuentas.

• Reorganizar el organigrama de la Administración Pública Nacional, Regional y Municipal en función de los objetivos de crecimiento armónico en lo económico, social y regional, teniendo en cuenta la necesidad de estimular el crecimiento armónico de las regiones aprovechando las potencialidades de cada nivel y dotándolas de las herramientas necesarias para ello.

• Restituir el manejo transparente y bien formulado del presupuesto nacional para que refleje las prioridades sectoriales y adecuar los mecanismos del gasto a los verdaderos niveles de ingresos, para ir reduciendo los altos niveles de déficit fiscal.

• Devolver la autonomía al Banco Central de Venezuela para que centralice y administre adecuadamente las reservas internacionales eliminado los fondos paralelos, que vele por la defensa de la moneda y trabaje en adecuada coordinación con los ministros de la economía para atacar el exceso de gasto público y la inflación.

• Devolver a Pdvsa su carácter de empresa petrolera proveedora de los principales ingresos de divisas de la nación, deslastrarla de la obligación de financiar programas sociales y emplear mano de obra no requerida para sus actividades propias. Entregar al Banco Central la totalidad de las divisas provenientes de las ventas de petróleo, salvo las destinadas a sus inversiones y funcionamiento, de acuerdo con los convenios firmados con el BCV.

• Asumir que la responsabilidad de los programas sociales es del Ejecutivo y así debe quedar reflejado en el Presupuesto Nacional. Los programas sociales actuales deben ser evaluados para adecuarlos a las necesidades de los grupos más vulnerables, evitar su superposicióna nivel de beneficiarios y darles estructura institucional para su permanencia en el tiempo, dotarlos de trasparencia eliminándoles el carácter de dádiva política que hoy


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tienen y haciéndolos abiertos a todos los que correspondan sin distingo político.

• Las empresas básicas y las empresas expropiadas deben ser objeto de evaluación técnica, gerencial y financiera para determinar su viabilidad y los ajustes que fuese necesario, todo ello dentro de una nueva definición del papel empresarial del Estado.

• Reimpulsar la producción nacional para recuperar la oferta interna. Establecer medidas de estímulo fiscal y de otro orden, reorientar las importaciones hacia materias primas, insumos, bienes de capital y repuestos, para tener una producción nacional de calidad y a costos razonables eliminando los controles innecesarios, y promover el “Compre Venezolano”.

• Preparar a los funcionarios públicos para que realicen una adecuada gestión. Seleccionar su ingreso a la APN por concurso como manda la LEFP y remunerarlos adecuadamente. Una Escuela de Gobierno para el alto nivel debería estudiarse. Estudiar el caso del alto volumen de contratados en la APN.

• Concentrar al alto nivel la responsabilidad el hacer seguimiento permanente al funcionamiento de la APN para evitar la creación impulsiva de ministerios y otros organismos sin estudios previos que los justifiquen y sin recursos para su funcionamiento. Lo mismo vale para la creación de comisiones, empresas fundaciones, institutos públicos y cualquier otro tipo de organización.

Como señalábamos al inicio de este capítulo, la APN se transforma con los cambios del sistema político pero ella a su vez contribuye a su trasformación y tiene mucho que hacer en ese sentido.

Una investigación sobre la capacidad de gestión del Estado venezolano en el área económica realizado por la Fundación FID (1998: iii), definía las cualidades de la APN así: “No importa el tamaño del Estado, en cualquier dimensión que se sitúe debe ser eficiente, desenvolverse con propiedad y asegurar por los medios disponibles que sus actuaciones estén dirigidas al logro del mayor bienestar posible para todos los ciudadanos”.


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Sistema de partidos venezolano: polarización y crisis de representaciónHéctor Briceño

The real evil of our Party System is commonly stated wrong. It was stated wrong by Lord

Rosebery, when he said that it prevented the best men from devoting themselves to politics, and

that it encouraged a fanatical conflict. I doubt whether the best men ever would devote themselves

to politics. The best men devote themselves to pigs and babies and things like that. And as for

the fanatical conflict in party politics, I wish there was more of it. The real danger of the two

parties with their two policies is that they unduly limit the outlook of the ordinary citizen. They

make him barren instead of creative, because he is never allowed to do anything except prefer one

existing policy to another. We have not got real Democracy when the decision depends upon the

people. We shall have real Democracy when the problem depends upon the people. The ordinary

man will decide not only how he will vote, but what he is going to vote about.

It is this which involves some weakness in many current aspirations towards the extension of

the suffrage; I mean that, apart from all questions of abstract justice, it is not the smallness or

largeness of the suffrage that is at present the difficulty of Democracy. It is not the quantity of

voters, but the quality of the thing they are voting about.

The Voter and the Two Voices

G. K. Chesterton

1. Resumen

El sistema de partidos venezolano colapsó en el año 1998 como consecuencia de la desconfianza y deslegitimación de Acción Democrática (AD) y Copei, los partidos políticos que gobernaron el país desde el inicio de la democracia en 1958.

Producto del deterioro económico y social generado por la caída de los ingresos petroleros que debilitaron el vínculo clientelar establecido entre los partidos y la sociedad venezolana, en las elecciones presidenciales de 1998 AD y Copei concentraron en


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Sistema de partidos venezolano: polarización y crisis de representación

conjunto tan solo 11% de los votos frente al 90% que acumularon 10 años antes en las elecciones presidenciales de 1988.

En contraposición el Movimiento Quinta República (MVR), plataforma electoral de Hugo Chávez, y el partido del gobernador del estado Carabobo Henrique Salas Römer, Proyecto Venezuela (PRVZL) se convirtieron transitoriamente en los partidos más votados al obtener 40% y 29% de los votos respectivamente.

Hugo Chávez, con su emergente MVR, logró hacerse con la presidencia de la República luego de una campaña electoral populista basada en la antipolítica que prometía acabar con los partidos tradicionales. Su victoria sería el cierre de un confuso proceso que a inicios del año 1998 cuando aun las preferencias electorales no se habían decantado hacia el teniente-coronel, eran lideradas por Irene Sáez, la exreina de belleza universal del año 1981.

Desde entonces el sistema de partidos venezolano se sumergió en un proceso de polarización que aun hoy, 18 años después del intento de hegemonización por parte del partido gobernante, no ha logrado satisfacer las demandas de representación de la sociedad.

2. Antecedentes: crónicas de una muerte anunciada

El ocaso del sistema de partidos venezolano se manifestó por primera vez con total claridad en el horizonte en el año 1993, cuando les fue arrancada la Presidencia de la República a los partidos AD y Copei, pasando a manos de uno de los progenitores del bipartidismo, el Dr. Rafael Caldera, quien a través de una alianza de 17 partidos pequeños liderados por Convergencia (plataforma electoral creada para apoyar la candidatura del expresidente copeyano) obtuvo la presidencia de la República por segunda vez, luego de su quinta candidatura en 35 años.

En esas elecciones también asombró la votación alcanzada por La Causa Radical (LCR), organización de izquierda fundada por Alfredo Maneiro y que gravitaba desde 1983 en torno al líder sindical y posteriormente gobernador del estado Bolívar y candidato presidencial, Andrés Velázquez.

La victoria de la alianza de pequeños partidos liderada por el Dr. Caldera junto al crecimiento exponencial de LCR concentraron casi la totalidad de la pérdida de votos de la dupla blanca y verde1, a lo que se sumaba la creciente abstención que se elevó de manera significativa de 1988 a 1998 al pasar de 18% a 40%.

1 Colores identificados con los partidos AD (blanco) y Copei (verde).


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Héctor Briceño

Pero la alerta roja al sistema de partidos se convertiría en tragedia. Si entre 1988 y 1993 AD y Copei redujeron su votación conjunta de 93% a 56% (además de perder la presidencia), entre 1993 y 1998 el desastre inundó las casas de los partidos al alcanzar tan solo 11% de los votos entre ambos y ser sustituidos por el MVR y PRVZL. El primero de ellos primogénito del Movimiento Bolivariano Revolucionario (MBR-200) “instrumento para la conspiración (…) fue primero un aparato clandestino diseñado para un golpe de Estado, que después pretendió convertirse en una organización cívico-militar con apoyo popular, pero siempre insistiendo en que no era un partido político” (Rey, 2009, p. 253).

El segundo fue un ejercicio de ampliación nacional del partido regional Proyecto Carabobo (PRCBB), la plataforma política para apoyar la candidatura a la Gobernación del Estado Carabobo de Henrique Salas Römer. PRVZLA nació en el año 1998 para convertirse en las elecciones presidenciales de ese mismo año en el segundo partido más votado.

Gráfico 1. Porcentaje de votos obtenidos por AD + Copei 1958-1998

Nota: % Votos AD + Copei tiene como referencia la escala derecha. La diferencia tiene como referencia la escala derecha, y representa el número de votos ganados o perdidos respecto a la elección anterior.Fuente: Consejo Nacional Electoral. Cálculos propios.

Pero PRVZLA duraría poco a la cabeza de las preferencias electorales y partidistas de los venezolanos. En efecto, las múltiples elecciones realizadas desde 1998 muestran dos tendencias claras: por un lado, un partido (el MVR y luego el PSUV) que logra capitalizar de manera constante una porción mayoritaria de las preferencias del electorado (51% en 1998 y 43% en 2012), muy especialmente cuando el candidato


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principal de la contienda era el mismo Hugo Chávez. Por el otro, una alianza opositora con altos niveles de volatilidad interna2 entre los partidos que la integran.

Cuadro 1. Partidos con mayor porcentaje de votos obtenidos elecciones presidenciales y parlamentarias entre 1998 y 2015

Año Principal partido GPP

% de votos

Principal partido MUD*

% de votos

Suma

1998 MVR 51% PRVZL 27% 78%2000 MVR 48% LCR 19% 67%2006 MVR 42% UNT 14% 56%2010 PSUV 45% UNT/PJ 9% 54%2012 PSUV 43% MUD 15% 58%

2013 PSUV 41% MUD 49% 90%2015 PSUV 37% MUD 57% 94%

Nota: *MUD (Mesa de la Unidad Democrática) en este caso refiere en realidad a todas las alianzas políticas opositoras que se construyeron entre 1998 y 2015 y no solo a los partidos políticos que integran realmente la alianza fundada en 2008.Fuente: CNE. Cálculos propios.

El cuadro 1 muestra la alternancia en la cabeza de los partidos políticos de la coalición opositora, que solo consigue estabilización tras la aparición de la tarjeta de votación de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la cual en realidad no representa un partido, sino la alianza de partidos constituida formalmente en junio de 2009 y que se presenta como alternativa de votación por primera vez en 2010.

a. Del colapso a la eufórica política sin partidos

Los partidos políticos fueron los principales promotores de la democracia en Venezuela. La fomentaron desde tiempos oscuros y difíciles durante la primera mitad del siglo XX. Desde la clandestinidad y el exilio. Pero en 1958, luego de la salida del dictador Marcos Pérez Jiménez, asumieron el protagonismo de la política venezolana con el apoyo total de la ciudadanía, la cual no podía separar la idea de democracia de la idea de partidos políticos. Pues como gemelos, democracia y partidos compartían casi todos los genes. Genotipo y también fenotipo.

2 Por volatilidad interna se entiende cambios significativos en los votos obtenidos por un partido dentro de la alianza o bloque entre un proceso electoral y otro.


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Héctor Briceño

Así quedó plasmado en documentos fundacionales de la democracia como el Pacto de Puntofijo, la Constitución de 1961 y las principales leyes. Por ejemplo, la Constitución de 1961 delegó en ellos la triple y conflictiva responsabilidad electoral de organizar elecciones (autoridad electoral), supervisar el proceso electoral (testigo) y competir (candidatos) por el voto popular. El artículo 113 ejusdem estipulaba que “Los organismos electorales estarán integrados de manera que no predomine en ellos ningún partido o agrupación política”. Igualmente aseguraba que “Los partidos concurrentes tendrán derecho de vigilancia sobre el proceso electoral” (Congreso de la República de Venezuela, 1961). Para entonces era imposible pensar en los partidos políticos, hacedores de la democracia, como sus principales enemigos. En sus manos la democracia, se pensaba, estaba a salvo.

Esta opinión sobre los partidos significaba un giro de 180 grados en la cultura política venezolana, pues el antipartidismo había sido la regla desde la fundación de la República. Desde el Manifiesto de Cartagena (1812) y la Carta de Jamaica (1815), Simón Bolívar condenó los partidos políticos (Rey, 2003, p. 1).

La Constitución de 1830 plasmó esa idea en su cuerpo: “Los ciudadanos tendrán siempre presente que del interés que todos tomen en las elecciones, nace el espíritu nacional, que sofocando los partidos asegura la manifestación de la voluntad general; y que del acierto de las elecciones en la asambleas primarias y electorales, es que principalmente dependen la duración, la conservación y el bien de la República” (Congreso Constituyente, 1830, artículo 17). Estas ideas se mantienen intactas 100 años después durante los gobiernos de Cipriano Castro y de Juan Vicente Gómez (Rey, 2003, p. 6), principales enemigos de los partidos políticos durante la primera mitad del siglo XX3.

En ese sentido, la acelerada decadencia y colapso del bipartidismo que gobernó Venezuela entre 1958 y 1993 implica también el retorno al antipartidismo que se inspira en un ideal de unicidad como única y autentica expresión de la voluntad del pueblo.

Por supuesto, la victoria de los detractores de los partidos tiene causas en la experiencia inmediata, en la progresiva desvinculación y deterioro del vínculo de los partidos con la sociedad.

En primer lugar, el deterioro del vínculo entre partido y sociedad es consecuencia de la crisis económica, en específico la caída de los precios del petróleo en los mercados internacionales. La economía debilitó el desempeño de los partidos, porque estos sustituyeron progresivamente su inicial vinculación programática e ideológica con la

3 Los partidos también contarán con unos pocos aliados entre los liberales: Antonio Leocadio Guzmán y Tomás Lander son los primeros en defenderlos como instituciones indispensables.


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sociedad por una relación clientelar que intercambiaba renta petrolera por apoyo político electoral. Vale la pena señalar que si el vínculo clientelar era la forma de relación por excelencia con los sectores populares, con las élites se caracterizaba por un vínculo corporativista a través del cual se lograban “respuestas puntuales (…) a demandas (…) de determinados grupos sociales como la Iglesia y la Fuerza Armada” (Maingon, 2006, p. 49) además de las élites empresariales y sindicales.

Otra variable importante en el colapso del sistema de partidos fue la transformación de la sociedad venezolana como consecuencia del proceso de modernización y el desarrollo de una clase media que diversificó las identidades, demandas y expectativas sociales respecto al funcionamiento de los partidos políticos y en general de todas las instituciones sociales. Diversificación que no se vio (se sintió) reflejada en estas organizaciones, ni en sus estructuras organizativas, sus formas de funcionamiento, sus propuestas.

Estos cambios generaron transformaciones en la estructura de valores políticos que produjeron “un aislamiento de los partidos políticos de sus bases de apoyo, pérdidas de militantes, debilitamiento de la identificación partidista, presencia de un ejercicio político cada vez más subjetivo, reducido, privatizado y vacío de contenidos ideológicos” (Maingon, 2006, p. 53).

Todo ello desembocó en una profunda crisis de representación y deslegitimación del sistema de partidos en la cual la creciente abstención electoral fue la más clara expresión de indiferencia, desconfianza y sentimiento de desvinculación. Los niveles de participación en elecciones presidenciales (y parlamentarias) superiores al 90% durante los primeros 15 años de la democracia, disminuyeron hasta el 60% en las elecciones de los años 1993 y 1998.

Pero otros indicadores también apuntan en la misma orientación y corroboran la hipótesis planteada: en 1973 la población que afirmaba militar en un partido político se ubicaba en torno al 38% (con una distribución bastante homogénea entre las distintas clases sociales), en 1983 había descendido a 28%, y en 1993 a 17%. En 1998 la tendencia registró su mínimo histórico, un escaso 7%, en el que se mantiene al menos hasta el año 2010 (Briceño, 2013, p. 58).

En un estudio de la empresa Mercanálisis del año 1994 frente a la pregunta ¿por qué quieren los políticos llegar al poder? 59% respondió para robar; 9,8% para defender sus intereses, y un 4% adicional para enriquecerse (Rey, 2009, p. 261).

En ese contexto, la apuesta de los venezolanos en 1998 se decantó mayoritariamente por cualquiera que demostrara no estar vinculado a los partidos políticos tradicionales. Incluso más allá: los venezolanos apostaron por cualquiera que prometiera trascender los partidos políticos y propusiera una alternativa para el funcionamiento de la democracia


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Héctor Briceño

que prescindiera de estas organizaciones políticas. El resultado: el colapso del sistema de partidos.

El concepto de colapso hace referencia a dos procesos simultáneos: por un lado “un significativo descenso en el apoyo a los principales partidos políticos del sistema”, y en segundo, “una transformación en la estructura (es decir, número y relaciones) del sistema de partidos” (Morgan, 2011, p. 18), todo en un período de tiempo relativamente corto. En nuestro caso, el bipartidismo liderado por AD y Copei colapsó entre 1993 y 1998, lo que dio paso a un nuevo sistema.

Sin embargo, los siete años posteriores, entre 1998 y 2005, el eje central del sistema político venezolano difícilmente serían los partidos. De hecho, durante este período pasaron a ser, a lo sumo, simples actores de reparto de la escena política.

El triunfo de Hugo Chávez y su Movimiento Quinta República (MVR) se convirtió en el actor principal de una obra mucho más extensa que se desarrollaba en muchas otras salas de teatro.

Como ya hemos mencionado, en 1998 los principales competidores en las elecciones presidenciales eran un militar golpista, una exreina de belleza y un líder independiente regional que había dado el paso a la escena nacional.

Pero ellos no eran los únicos competidores de los partidos políticos. A partir de la victoria de Hugo Chávez y muy especialmente desde los sectores que se oponían al gobierno del exmilitar, se incorporaron en el escenario actores de televisión, comunicadores sociales, organizaciones de la sociedad civil, (más) militares, intelectuales, empresarios, sindicalistas y hasta la Iglesia Católica.

La oposición política, que muy pronto se organizó tras la victoria de Chávez en diciembre de 1998, desconfió de los partidos como actores eficaces, eficientes y confiables para la defensa de la democracia. Su más clara manifestación fue El Acuerdo Nacional para el Cambio Democrático, pacto formado en marzo de 2002, en el que la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comerciales y Producción de Venezuela (Fedecámaras) principal organización empresarial del país, junto a la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) principal central sindical para entonces, con el apoyo de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) máxima organización nacional de la Iglesia Católica, se dirigieron al país para proponer las “bases programáticas de un acuerdo democrático” que permita superar la crisis de gobernabilidad y construir consensos entre los más diversos actores y sectores de la sociedad venezolana para su promover el desarrollo y la superación de los principales problemas del país.

El documento dejó clara la percepción que estos sectores tenían respecto a los partidos políticos: “Una sociedad moderna y democrática es impensable sin partidos


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políticos. Es necesario que estos se actualicen en términos programáticos, se democraticen y adopten esquemas en su relación con la sociedad civil que respete su autonomía” (Fedecámaras y CTV, 2002). La idea es sencilla: los partidos políticos venezolanos son organizaciones obsoletas, antidemocráticas y depredadoras de la sociedad civil. Su incapacidad demostrada obliga a empresarios y trabajadores a asumir el vacío dejado por ellos.

Pero empresarios y trabajadores no serán los únicos dispuestos a suplantar a los partidos. La lista de sustitutos es larga y está encabezada por los medios de comunicación. Le siguen las organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, los militares, siempre al acecho.

La Coordinadora Democrática (CD), plataforma que a partir de julio de 2002 agrupó a los factores opositores al gobierno de Hugo Chávez, también se caracterizó por la diversidad de actores y la distribución del poder interno para la toma de decisiones. En el documento constitutivo de la CD firman 16 partidos políticos de las más diversas ideologías, junto a 16 organizaciones de la sociedad civil, incluidas organizaciones de militares retirados, organizaciones comunitarias, de mujeres, educativas, entre otras. Una organización social por cada partido político, como si los partidos no pudieran dejarse solos, debiendo ser tutelados para evitar que sus prácticas corruptas intercambien el futuro de la república por beneficios personales.

Durante esta etapa (1998-2005) el desempeño electoral de los partidos de oposición se caracterizó por una torpe coordinación que disminuía sus capacidades de interrelación con los electores (organizativas y comunicacionales), lo que los llevó en algunos casos a perder espacios de poder y reforzando la desconfianza hacia ellos.

Por su parte, el chavismo no estaría lejos del antipartidismo. De hecho, toda su organización política giró en torno a la figura de Hugo Chávez. Para quien el partido político nunca fue una organización importante. Así lo afirmaría el propio presidente, irónicamente, en el acto en el que convocaba a fundar un nuevo partido tras su victoria en elecciones presidenciales del año 2006: “Los votos son de Chávez y del pueblo, no se caigan a mentiras” (Chávez, 2006).

En efecto, quizás la clave explicativa más importante de los resultados electorales y del sistema de partidos durante todo el chavismo sería el liderazgo de Hugo Chávez. Para buena parte de la población, este sustituyó el vínculo clientelar que tejieron los partidos entre 1958 y 1998 por un vínculo directo con el líder. Chávez llenó el vacío dejado.

El gráfico 2 muestra el fenómeno. Los votos obtenidos por la alianza chavista presentan una alta volatilidad. Crece y decrece de una elección a otra con gran


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Héctor Briceño

“velocidad”. Al mismo tiempo es inversamente proporcional a la abstención, esto es, cuando la abstención disminuye el voto por el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar4 (GPP) aumenta, y al contrario. Este comportamiento tiene una clave explicativa: los procesos electorales en los que estaba en juego estrictamente la continuidad del liderazgo de Hugo Chávez, es decir, las elecciones presidenciales de los años 2006 y 2012, y en la reforma constitucional de 2009 (cuyo objetivo era permitir la reelección del presidente el año 2012), la votación del GPP aumentó significativamente marcando sus registros más altos, mientras la abstención disminuyó. Así, el sistema solo fue competitivo (es decir, cualquier opción podía ganar) cuando se cumplían dos condiciones: Hugo Chávez no era candidato y la abstención aumentaba. Los procesos electorales de los años 2007, 2010 y 2013, a pesar de ser elecciones completamente distintas (reforma constitucional, elección parlamentaria y elección presidencial respectivamente), así lo demuestran.

Especial mención merece lo sucedido entre el año 2006 y el año 2007, cuando el chavismo pierde en tan solo 12 meses poco menos de 3 millones de votos (equivalente al 40% de los votos obtenidos en 2006), en un fenómeno sin precedentes en la historia electoral venezolana.

No importaba cuánto se involucrara Chávez en la campaña, cuántos brazos levantara y cuantas virtudes manifestara respecto a sus candidatos o propuestas, si él no era protagonista de la elección, una parte de los electores prefería mantenerse en sus hogares el domingo de votaciones. El carisma no se endosa. Al menos no completamente.

Pero el elector opositor presenta otro comportamiento completamente distinto. En el gráfico se observa una línea que mantiene una pendiente inmutablemente ascendente, invariable e incluso independiente del tipo de elección en cuestión: ya sea presidente, diputados o reformas constitucionales, el voto opositor siempre mantuvo una tasa de crecimiento positiva.

En términos de los participantes en los distintos procesos electorales los resultados de la alianza chavista (GPP) se mantendrían relativamente estables. El MVR capitalizó más del 42% de los votos en todas las elecciones, a lo que se sumaban los votos de los partidos aliados, quienes contribuyeron solo para aumentar la brecha de las victorias. En esta etapa el MVR logró dominar por sí solo todos los procesos electorales. Y el sistema de partidos y las elecciones respondieron estrictamente a liderazgos personales y su carisma.

4 La alianza partidista de gobierno se denominó Polo Patriótico entre 1998 y 2011, pero en las vísperas de las elecciones presidenciales del año 2012, la alianza se reformuló en el GPP.


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Gráfico 2. Votos absolutos obtenidos por el Oficialismo, Oposición y Abstención 1998-2015

Fuente: CNE. Cálculos propios.

Para Chávez, las elecciones significaban un mecanismo de legitimación personal, en el que el pueblo le transfería el derecho a imponer su voluntad sobre toda la sociedad. En regímenes populistas, como afirma Peruzzotti, el “presidente electo no se percibe a sí mismo como un político ordinario, sino como la encarnación misma del pueblo” (2010,


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Héctor Briceño

p.110). “Yo no soy yo. Yo soy un pueblo”, afirmó en su discurso la noche de elección presidencial del año 20065.

Los partidos políticos para el chavismo representaron, en primera instancia, un obstáculo en el establecimiento de una relación directa entre el líder y la sociedad. Entre Chávez y el pueblo.

Esa concepción sobre los partidos también quedó plasmada en todo el sistema político diseñado a partir de 1998. La Constitución de 1999 se negó explícitamente a utilizar el término partidos políticos, sustituyéndolo por unas imprecisas organizaciones con fines políticos6. A partir de allí, todo el entramado institucional intentó promover organizaciones políticas distintas a los partidos. Y esto tuvo efectos en todo el sistema de partidos desarrollado.

Según Panebianco (1990), en su clásico trabajo Modelos de partido, resalta la importancia del momento fundacional y del establecimiento de los partidos, pues es en este período en el que se constituyen los objetivos organizativos que determinan su posterior desempeño. El MVR nació como una organización clandestina, mientras su hijo, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) nació con el objetivo explícito de organizar y facilitar el apoyo popular al Presidente Chávez, con la menor intervención posible.

Del lado opositor, la alta volatilidad interna hizo que elección tras elección se turnaran los partidos a la cabeza: en 1998 PRVZLA de Salas Römer, en 2000 LCR con Arias Cárdenas, en 2006 Un Nuevo Tiempo (UNT) de Manuel Rosales y en 2010 UNT y Primero Justicia (PJ). La alternancia en los liderazgos sería efecto del deterioro del vínculo partidista, pero al mismo tiempo también causa, lo que promovió la migración de un número importante de electores entre tarjetas, e imposibilitó desarrollar identidades

5 https://vulcano.wordpress.com/2006/12/04/discurso-de-hugo-chavez-desde-el-balcon-del-pueblo-3dic06/

6 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999. Artículo 67: “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de asociarse con fines políticos, mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección. Sus organismos de dirección y sus candidatos o candidatas a cargos de elección popular serán seleccionados o seleccionadas en elecciones internas con la participación de sus integrantes. No se permitirá el financiamiento de las asociaciones con fines políticos con fondos provenientes del Estado.

La ley regulará lo concerniente al financiamiento y a las contribuciones privadas de las organizaciones con fines políticos, y los mecanismos de control que aseguren la pulcritud en el origen y manejo de las mismas. Asimismo, regulará las campañas políticas y electorales, su duración y límites de gastos propendiendo a su democratización.

Los ciudadanos y ciudadanas, por iniciativa propia, y las asociaciones con fines políticos, tienen derecho a concurrir a los procesos electorales postulando candidatos o candidatas. El financiamiento de la propaganda política y de las campañas electorales será regulado por la ley. Las direcciones de las asociaciones con fines políticos no podrán contratar con entidades del sector público”.


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políticas estables (ver cuadro 1). La llegada de la MUD como instancia de coordinación entre partidos desde 2009, luego como partido político en 2010 y finalmente como tarjeta única en 2013, cambiaría ese panorama.

3. El retorno de los partidos políticos: 2006-2015

La búsqueda de una sociedad postpartidos políticos encontraría su cénit el año 2005, cuando los desprestigiados partidos políticos opositores decidieron seguir la matriz de opinión según la cual era necesario retirarse de las elecciones parlamentarias con el objetivo de deslegitimar el proceso electoral y con ello al gobierno. Para ellos (partidos políticos opositores) este sacrificio era un paso necesario para recuperar la confianza de sus electores pues demostrarían, al renunciar a unos escasos escaños en el parlamento, su genuino compromiso con el país y la abdicación a sus “mezquinas ambiciones personales”.

Los desastrosos resultados de la estrategia adoptada no se hicieron esperar. La elección parlamentaria de 2005 le otorgó al bloque chavista en bandeja de plata el control total del parlamento, que este convirtió en control total del resto de los poderes públicos: Judicial, Electoral y Ciudadano. Y a su vez, todos se subordinaron al Ejecutivo.

Los resultados también dieron paso a la reorganización de las fuerzas opositoras. Muy especialmente destruyó la alianza que en términos de igualdad se había construido entre partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y el resto de los “competidores de los partidos”. El fin de la Coordinadora Democrática permitió el retorno de los partidos como principales protagonistas de la lucha electoral y política.

En las elecciones presidenciales del año 2006 las fuerzas opositoras logran presentar un candidato único, así como unificar mensajes y campañas de los distintos partidos. Esta alianza continuó funcionando en 2008 de cara a las elecciones regionales y municipales de ese año, y se institucionalizó posteriormente, el 8 de junio de 2009, mediante la creación oficial de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

De cara al evento electoral de 2008 la nueva alianza logró, a través de diversos mecanismos (consenso, encuestas y elecciones primarias) presentar una plantilla de candidatos unitarios para los 603 cargos a elegir (gobernadores, alcaldes, legisladores regionales y municipales).

Por su parte, Chávez inmediatamente después de su victoria en las elecciones presidenciales de 2006 intentó infructuosamente construir un partido único de las fuerzas del chavismo. El llamado lo hizo el 16 de diciembre de 2006, cuando por afirmó necesitar construir “un partido único, no una sopa de letras con lo cual estaríamos


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Héctor Briceño

cayéndonos a mentiras y engañando al pueblo (…) necesitamos para esta nueva era la conformación del partido socialista de Venezuela unido, unido… así lo propongo y que todas estas corrientes de la izquierda venezolana (…) vengan”. Durante el discurso no perdió la oportunidad de amenazar a los partidos aliados que no acataran el llamado: “aquellos partidos que estén establecidos y que no quieran, están en total libertad de seguir su camino. No voy a perder tiempo y enfrascarme en un debate que sería insulso. Eso no sirve (…) los partidos que quieran, manténganse, pero saldrían del gobierno. Conmigo quiero que gobierne un partido”7. Como hemos señalado, el momento fundacional imprimió al naciente partido de algunas características que luego no podría superar, al menos hasta la muerte de su fundador. El momento fundacional del PSUV tiene tres características principales: 1) nace en el cénit del apoyo popular a Hugo Chávez, el mismo día en que obtiene la presidencia por tercera vez con el 63% de los votos (el mejor desempeño del chavismo en una elección), 2) nace impulsado desde el poder (es el mismo Chávez quien propone e impulsa su organización), 3) por último, tiene como contexto la primera derrota electoral del chavismo (la Reforma Constitucional de 2007). Esta última característica le imprime un matiz que refuerza las dos anteriores, pues no cabe duda de que si la elección presidencial de 2006 lo que estaba en juego muy concretamente era el liderazgo de Chávez, la reforma Constitucional de 2007 fue el proceso electoral con mayor carga ideológica e impersonal. El fenómeno ocurrido entre 2006 y 2007 en el cual el chavismo pierde casi 3 millones de votos8 es también el paso de un proceso electoral estrictamente personal a uno estrictamente ideológico.

Pero otros obstáculos se presentaron durante la convocatoria a la conformación del PSUV. Sus principales aliados: Partido Comunista de Venezuela (PCV), Patria Para Todos (PPT), Por la Democracia Social (Podemos) y el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), que aportaron 15,4% de los votos en 2006, no se fundirían al PSUV. Tampoco saldrían de la alianza electoral. En 2008, las elecciones (selección de cargos) que siguieron al nacimiento del PSUV, estos (excepto Podemos que rompió en el año 2007 para pasar a la oposición y luego regresar a la alianza GPP en las elecciones presidenciales de 2012) seguirían formando parte de la alianza GPP.

Aun más, a partir del año 2010 (segundo proceso electoral –elección de candidatos a puestos de gobierno– que vería el PSUV) los aliados representaron en muchos casos los votos de la victoria chavista. Y en las presidenciales de 2012, del 55% de los votos que obtuvo Chávez, el PSUV capitalizó 43%. Por su parte, la alianza opositora logró obtener el 44% de los votos. Chávez les debía 12 puntos y la victoria a sus aliados.

7 http://www.aporrea.org/ideologia/n87995.html8 Pierde exactamente 2.929.688 votos.


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Así, estos dos hechos, la reorganización de las fuerzas políticas chavistas y opositoras a través de alianzas políticas a partir de 2006, significan el retorno de los partidos políticos como un centro fundamental del sistema político venezolano.

4. El voto económico y el sistema de partidos

La segunda variable que incidió significativamente en el funcionamiento del sistema de partidos fue el voto económico. Entre los años 1999 y 2014 Venezuela y el mundo experimentaron el proceso de aumento de los precios del petróleo más importante de la historia. Fenómeno, que combinado con las mayores exportaciones venezolanas del producto, otorgaron a Hugo Chávez la oportunidad de ejercer el poder bajo una extraordinaria bonanza que le permitiría emprender sus más excéntricos proyectos.

La bonanza petrolera incidió muy claramente en la sociedad venezolana traduciéndose por diversas vías en bienestar social y mejora de la calidad de vida entre los distintos sectores sociales. Especialmente el boom petrolero permitió al expresidente Chávez realizar su milagro prometido: la disminución de la pobreza del 53,1% de los hogares a 33,1% en tan solo 2 años (de 2004 a 2006), tendencia que encontró su piso alrededor del 27% en 2007 y hasta 2012, para luego despegar a partir de 2013 y recobrar en 2016 niveles de pobreza superiores a los del año 19989.

El milagro realizado por Chávez contó con la “ayuda” de la estrategia opositora desarrollada durante los años 2002 y 2004, muy especialmente el paro petrolero de 2002-2003 cuya principal consecuencia fue un rápido empobrecimiento de la población más vulnerable.

9 Según la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) realizada por la Universidad Central de Venezuela, Universidad Simón Bolívar y Universidad Católica Andrés Bello, la pobreza en 2015 alcanzó al 76% de los venezolanos (ver: http://efectococuyo.com/economia/76-de-los-venezolanos-son-pobres-de-ingresos-segun-la-encovi-2015) mientras que en 2016 se estima en 81% (http://noticiaaldia.com/2016/10/el-80-de-los-venezolanos-esta-en-pobreza-de-ingreso-afirma-el-sociologo-luis-pedro-espana/).


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Héctor Briceño

Gráfico 3. Precios del petróleo y exportaciones petroleras venezolanas 1958 - 2014

Fuente: Precios, International Energy Agency (IEA - BP Statistical Review of World Energy 2014). Exportaciones, OPEC.

Estos hechos tuvieron al menos dos consecuencias políticas de gran importancia para entender el desarrollo del sistema de partidos así como para la consolidación de la relación entre el PSUV, Chávez y las clases populares. En primer lugar, permitiría el afianzamiento del liderazgo de Hugo Chávez, especialmente entre los sectores más vulnerables, aquellos que habrían pagado las consecuencias de las estrategias de lucha política de los sectores de oposición. Los sectores ubicados en las zonas agrícolas y rurales del país serían los que experimentarían el mayor aumento de las tasas de pobreza en los conflictivos años 2002 y 2003. Luego de la recuperación económica de 2004-2005 dieron un paso decisivo hacia el chavismo. Apure, Monagas y Yaracuy son estados que habiendo sido gobernaciones opositoras dieron un giro en el año 2004 para permanecer en poder del chavismo hasta la actualidad.

La segunda consecuencia fue el afianzamiento de la tendencia general a asociar el bienestar económico con la gestión de gobierno.

Al analizar los datos de la intención de voto según evaluación del funcionamiento de la economía para los distintos años presidenciales (1998, 2000, 2004, 2006, 2012 y 2013), parece claro que la relación es intensa y se mantiene con independencia del funcionamiento real de la economía, esto es, independientemente del ciclo económico (expansión-contracción). Quienes evalúan de forma positiva el desempeño de la economía


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tienden a votar por el gobierno y a la inversa. De igual forma, vemos que esta tendencia se consolida a partir de 2006 aumentando en elecciones en las que no competía Chávez como candidato (el creciente coeficiente de correlación de Lambda10 con “intención de voto” como variable dependiente así lo señala –ver cuadro 2).

La conversión del funcionamiento de la economía venezolana en apoyo político tiene múltiples rutas que confluyen en la mejora de las condiciones de vida y en la evaluación positiva de la gestión de gobierno: “el desarrollo de mecanismos clientelares, la puesta en marcha de diversos tipos de ayudas y la aplicación de un conjunto de programas sociales (destacando las denominadas misiones) que han favorecido a amplios sectores de la población, sacando a muchos de ellos de la situación de pobreza. Los petrodólares también han permitido (…) impulsar políticas favorables al consumo y han proporcionado los recursos al Estado para realizar una masiva contratación de empleados públicos” (Corrales e Hidalgo, 2013, pp. 69-70).

Cuadro 2. Intención de voto hacia la alianza PSUV según evaluación de la economía 1998-2013

Situación Económica

Actual1998 2000 2004 2006 2010 2012 2013 2015

Muy buena 66,7% 92,1% 74,3% 96,6% 89,7% 100,0% 100,0% 100%

Buena 41,8% 86,2% 81,6% 92,0% 88,7% 90,2% 97,0% 93,8%

Regular 54,0% 85,7% 77,2% 75,1% 54,8% 66,7% 64,4% 79,2%

Mala 55,8% 74,1% 43,6% 20,0% 21,1% 25,3% 19,5% 19,3%

Muy mala 57,1% 57,1% 36,0% 6,9% 13,3% 18,0% 7,2% 9,9%

Total 54,8% 82,7% 66,9% 76,7% 48,0% 63,0% 56,1% 43,9%

Lambda** 0,022 0,000* 0,166* 0,367* 0,434* 0,368* 0,579* 0,669*

N 923 742 474 855 821 948 862 702

Notas: ** Voto como variable dependiente. * Sig. aprox menor a 0,05.Fuente: Años 1999, 2000, 2004, 2006, 2013 y 2015, Latinobarómetro. Años 2010 y 2012 LAPOP. Cálculos propios.

10 El coeficiente de correlación entre variables nominales Lambda es un estadístico que adquiere valores entre 0 y 1. En la medida que se acerca a “1” indica niveles importantes de correlación entre las variables, mientras “0” indica ausencia de correlación entre variables. Adicionalmente, el coeficiente explica causalidad, es decir, en qué medida la variable independiente explica el comportamiento de la variable dependiente.


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Héctor Briceño

El análisis muestra una clara atribución de responsabilidades del desempeño económico (accountability) por parte del electorado hacia el gobierno. En este sentido, el voto económico (voto racional) premia o castiga a los gobernantes por el impacto de la gestión pública en la calidad de vida, muy especialmente a través del desempeño de la economía. El electorado atribuyó el desempeño económico a la gestión del partido gobernante, especialmente en los eventos electorales en los que no participaba Hugo Chávez. Por ello el coeficiente Lambda asume los mayores registros en los años 2010, 2013 y 2015.

Pero a partir del año 2013 dos ejes principales sobre los cuales se sostuvo el sistema de partidos venezolano desde 1998 desaparecieron. El fin del boom petrolero y la muerte de Chávez marcan un punto de inflexión.

5. Sistema de partidos ¿dónde estamos?

Cuando se habla de sistema de partidos se hace referencia a tres tipos de relaciones:1. Relaciones partido-sociedad, referido al proceso de identificación y

organización de las demandas y expectativas que la sociedad tiene respecto al sistema político.

2. Relaciones partido-Estado, que hace referencia a los procesos a través de los cuales los partidos influyen o inciden sobre el Estado para que este responda a las demandas sociales. Proceso que pueden cumplir como partidos de gobierno o como partidos de oposición. Las dos relaciones anteriores conforman la función principal de los sistemas de partidos de ser “correas de transmisión” o canales de mediación entre la sociedad y el Estado.

3. Relaciones partido-partido, referido a las interacciones tanto dentro de alianzas de partido (intraalianzas), como entre partidos de alianzas distintas o incluso relaciones entre distintas alianzas (extraalianza).

Este último tipo de relación se analiza desde dos dimensiones: 1. fragmentación, que responde a la pregunta ¿cuántos partidos políticos compiten por el poder? y 2. polarización, entendida como la distancia que separa las ideologías de los partidos políticos que conforman el sistema de partidos.

Respecto a la primera relación, partidos políticos-sociedad la palabra clave parece ser desconfianza.

Aunque el valor abstracto de los partidos en el sistema democrático imaginado por los venezolanos es muy alto, la desconfianza en los partidos políticos es profunda.


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En el gráfico 4 se dibuja la enorme brecha entre ambas variables. La confianza en los partidos permanece baja desde 1995 y hasta la fecha, con pocas modificaciones, mientras la valoración del rol de los partidos políticos en el sistema democrático ideal se mantiene siempre alta e incluso con tendencia ascendente.

Gráfico 4. Confianza y valoración de los partidos políticos 1995-201511

Fuente: Latinobarómetro. Cálculos propios.

La extensa brecha entre ambas dimensiones del actor del sistema político, no es una característica exclusiva de Venezuela. En realidad es un tema importante en la mayoría de las democracias del mundo: la desafección política. Sin embargo, en el caso venezolano este fenómeno se ha profundizado como consecuencia del contexto hostil y la institucionalidad construida con el objeto de desplazarlos del sistema político. Especialmente la prohibición de financiamiento público (junto al hostigamiento hacia los sectores económicos privados que financien a los partidos políticos distintos al PSUV), las dificultades para difundir sus propuestas y mensajes a través de los medios de comunicación social, consecuencia de la hegemonía comunicacional del gobierno, así como la continua campaña de descrédito desarrollada por el gobierno contra los partidos opositores y la intervención de los poderes públicos (Consejo Nacional Electoral y Tribunal Supremo de Justicia) en la organización interna y funcionamiento, han ayudado a profundizar la distancia y mantener la crisis de representación, confianza y

11 Las preguntas realizadas por el estudio de la Corporación Latinobarómetro son: 1. Hay gente que dice que sin partidos políticos no puede haber democracia, mientras que hay otra gente que dice que la democracia puede funcionar sin partidos. ¿Cuál frase está más cerca de su manera de pensar? y 2. ¿Cuánta confianza tiene usted en los partidos políticos?


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legitimidad de los partidos. Dificultades exclusivas que atraviesan los partidos opositores venezolanos.

Un dato importante en esta crisis de representación es que la suma de los apoyos a liderazgos personales es mayor a la confianza depositada a los partidos políticos a los que ellos pertenecen, es decir, los líderes no tienen capacidad de transmitir sus apoyos personales a las organizaciones en las que ellos militan, reforzando el personalismo.

Gráfico 5. Confianza en los partidos políticos según el partido por el que votaría en las próximas elecciones. Año 2015

Fuente: Latinobarómetro 2015. Cálculos propios.

El partido de gobierno goza de los privilegios del poder. Acceso irrestricto a los medios de comunicación y a los recursos económicos del Estado. También de información privilegiada sobre asuntos que inciden en su dinámica. Así sucedió, por ejemplo, cuando el CNE decidió aprobar el Reglamento especial para garantizar los derechos de participación política de forma paritaria en las Elecciones de diputadas y diputados a la Asamblea Nacional 201512, esto a solo 39 días para iniciar el proceso de postulaciones, y posterior al anuncio de los candidatos de la alianza opositora MUD, lograda tras un extenso proceso de negociación entre los miembros de la alianza.

Por su parte, el PSUV había incorporado en su Reglamento para la elección de los candidatos y candidatas del Partido a diputados y diputadas de la Asamblea Nacional de ese

12 http://w w w.cne.gob.ve/web/normativa_electora l /elecciones/2015/asamblea /documentos/RESOLUCI0N_150625-147.pdf


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año, unos mecanismos de postulación paritaria por circuitos13. La normativa del CNE limitó el reglamento sobre participación paritaria a los candidatos no electos a través de primarias14.

El partido gobernante ha contado con muchas más herramientas y recursos que han permitido establecer una mejor relación y generar más confianza entre sus partidarios, a pesar de su dependencia del líder en esta relación.

Sin embargo, no debe escaparse que ningún partido político goza de la confianza del 50% de sus electores. Ni siquiera el privilegiado PSUV.

Si la desconfianza resume el sentimiento de la sociedad hacia los partidos, la palabra que describe la imagen que tienen los partidos de la sociedad sigue siendo la de dependientes del Estado. Así, las principales estrategias de acercamiento desarrolladas por estos sigue siendo de tipo clientelar. Especialmente el PSUV intercambia beneficios, bienes necesarios para la subsistencia, por apoyo político. Recordemos tan solo al polémico ministro de Transporte y Obras Públicas, Ricardo Molina, quien frente al proceso de recolección de firmas para promover un Referendo Revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, amenazó con excluir de los programas de gobierno a quienes quisieran ejercer el derecho consagrado en la Constitución Nacional: “el escuálido (ciudadano opositor) que firme, que se olvide del CLAP15, no lo queremos en la cola” ni tampoco podrán optar a las políticas de vivienda16.

En cuanto a la relación entre partido y Estado, esta se ha caracterizado por el desconocimiento por parte del Estado de los partidos políticos distintos al PSUV. El Estado incluso desconoce las demandas de los partidos políticos de la propia alianza gobernante.

Adicionalmente, se ha operado desde el nacimiento del PSUV hasta este momento, una asimilación entre Estado y PSUV, en la que se confunden. Así por ejemplo, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), instancias creadas por el Ministerio de Alimentación con el fin de distribuir y comercializar productos de primera necesidad, están conformados, entre otros, por miembros de las UBCH, unidades de organización comunitaria del PSUV, quienes tienen el poder de decidir qué, cómo, cuándo y a quién distribuir los productos.

13 http://www.psuv.org.ve/wp-content/uploads/2015/05/documento-reglamento-elecciones.pdf14 http://correodelcaroni.com/index.php/politica/item/34763-reglamento-del-cne-respetara-candidatos-

electos-en-primarias15 Los CLAP son los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, programas de distribución de

alimentos y productos de primera necesidad a bajos precios, creados por el Gobierno de Nicolás Maduro.16 http://elpitazo.com/ultimas-noticias/ministro-molina-escualido-firme-se-olvide-los-clap/


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Otro ejemplo sobre la fusión partido-Estado lo representa la continua cobertura de actos del PSUV como actos de gobierno, a través transmisiones obligatorias para todos los medios de comunicación radioeléctricos del país (cadenas).

En cuanto a la relación partidos-partidos, debemos analizar varios elementos. En primer lugar, es necesario mencionar la lógica que imponen las alianzas. Participar en una alianza de partidos implica para sus miembros renunciar (o evitar) discutir aquellos puntos que generen demasiadas tensiones internas que puedan llevar a su disolución de la alianza. Para la MUD cuestiones como el modelo de desarrollo económico y las estrategias de lucha frente al régimen aparecen como temas de continua presión en la que se logran alcanzar acuerdos de muy corta duración seguido de eventuales rupturas internas que conllevan de seguidas a una posterior reconstrucción de la alianza. Tal fue el caso de las protestas que abrieron el año 2014, promovidas por el partido Voluntad Popular (VP), y los liderazgos de María Corina Machado (diputada) y Antonio Ledezma (Alcalde Metropolitano de Caracas). La iniciativa no fue acompañada por el resto de los partidos de la alianza quienes simplemente se convirtieron en espectadores de los acontecimientos.

Así, la alianza MUD ha experimentado momentos de disolución seguidos de momentos de reorganización, como consecuencia de estas tensiones internas.

Adicionalmente, las diferencias entre los partidos opositores se acentúan en la medida en que la posibilidad de acceder al poder se hace visible en el panorama, pues en esos momentos los partidos y liderazgos utilizan sus proyectos, así como ideas y cualidades para posicionarse como candidatos a los puestos de poder.

La MUD está constituida en la actualidad por 15 partidos políticos de diferentes ideologías. Sus mecanismos de toma de decisiones se han ido transformando con el tiempo. Tras una primera etapa (de constitución) en la que se privilegió la construcción de consensos, progresivamente evolucionó a una instancia de decisión en la que se concentran los partidos de mayor respaldo popular, el G4 o Grupo de los 4 (PJ, AD, UNT y VP). Entre ellos se consolidaron dos mecanismos de toma de decisiones. Aunque intentan privilegiar la construcción de consensos, para algunas decisiones estos 4 partidos disponen de poder de veto, esto es, si uno de ellos no está de acuerdo puede vetar la decisión, impidiendo su desarrollo, o forzando algunas concesiones. En todo caso, la decisión no es mayoritaria (3 a 1). En 2016, en el marco de las Mesas de Diálogo Nacional, los partidos PJ, AD y UNT decidieron sentarse, mientras el partido VP, aunque decidió no participar, tampoco quiso hacer uso de su poder de obstrucción.

Complementariamente a este mecanismo, también se ha desarrollado una estrategia de “momentánea pausa organizativa”, en la que la MUD deja de ser la instancia


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de coordinación de estrategias, tal y como sucedió durante las protestas de inicios del año 2014 mencionadas anteriormente.

Otro mecanismo para la toma de decisiones utilizado por la MUD han sido la consulta popular a través de elecciones primarias. Sin embargo, este mecanismo, salvo en el año 2012 (cuando se eligieron todos los candidatos a alcaldes, gobernadores17 y presidencial a través de primarias), ha sido un sustituto cuando ha sido imposible construir consensos sobre el proceso de selección de candidatos.

El problema más importante que atraviesa la alianza opositora es que la referencia que mantiene como sustento al G4 como instancia principal de toma de decisiones son las elecciones presidenciales de 2012, última elección en la que los partidos presentaron sus tarjetas ante el electorado. Pero pasados varios años y en un contexto político totalmente distinto, la alianza confronta la necesidad de calibrar los apoyos populares a sus partidos. En este escenario, otras instancias han ido elevando su voz para ser tomados en cuenta en las decisiones de la coalición. El G9 (que suma al G4 los partidos Movimiento Progresista Venezolano –MPV, Avanzada Progresista –AP, Vente Venezuela –VV, La Causa R –LCR, y Alianza Bravo Pueblo –ABP), y el G15 (integrado por las organizaciones minoritarias de oposición18). En resumen, la alianza opositora, además de sus objetivos de lucha contra el régimen chavista, presenta fuertes presiones internas como consecuencia de una lucha por el poder político dentro de la coalición, que se ven exacerbadas en momentos políticos cruciales como la cercanía de procesos electorales o en los de debilitamiento del gobierno.

La alianza chavista también experimenta tensiones internas. Entre los temas recurrentes que generan desacuerdos dentro del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar está el modelo económico19. Así lo registró el Congreso Económico del PSUV realizado el 17 de diciembre de 2015, en el marco de la profunda crisis económica que atravesaba y dibujaba el país hacia futuro. También de la derrota electoral del 6 de diciembre de ese mismo año. Durante el congreso se mostraron claramente posturas como la de Alí Rodriguez Araque, quien solicitaba una apertura y acercamiento a la empresa privada20, mientras otras, en sentido totalmente opuesto, solicitaban la profundización del modelo socialista con acciones como la estatización de la banca (Partido Comunista de 17 Con excepción de los gobernadores de la alianza opositora.18 Integrantes del G15: Copei, Fuerza Liberal, Gente Emergente, Izquierda Democrática, Moverse,

Movimiento Republicano, Progreso Social, Proyecto Carabobo, Proyecto Venezuela, Unidos para Venezuela, Unidad Noe, Unidad Visión Venezuela, Vamos Adelante y Vente Venezuela.

19 http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/Los-3-puntos-clave-del-conclave-economico-del-Psuv/

20 http://elmercurioweb.com/archivo-noticias/2015/12/18/economistas-del-psuv-plantean-al-gobierno-aprobar-medidas-econmicas-urgentes y http://www.elmundo.com.ve/noticias/actualidad/noticias/conclave-chavista-para-analizar-situacion-economic.aspx#ixzz3uaNCZozj


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Venezuela –PCV). Las tensiones en torno al tema económico han sido frecuentes, muy especialmente tras la profundización de la crisis económica desde el año 2013.

Otro tema de habitual tensión es la distribución de cargos de poder y candidaturas. En el año 2009, tras la reforma de la Ley Orgánica de Procesos Electorales aprobada por el PSUV en la Asamblea Nacional, los partidos de la alianza GPP denunciaron el carácter excluyente de la nueva ley, por sus mecanismos de privilegio de los partidos mayoritarios en detrimento de los minoritarios. Ello llevó al partido Patria Para Todos (PPT) a romper con la alianza y presentar una plataforma electoral alternativa. La opción fue derrotada electoralmente en las elecciones parlamentarias del año 2010 y posteriormente también fue derrotada judicialmente, tras la intervención del TSJ, que otorgó la dirección del partido a una directiva, la cual decidió el retornar a la lianza GPP.

Los partidos políticos que se han mantenido en la alianza chavista hasta la fecha, muy especialmente los que tienen una mayor votación (PCV, Podemos, Tupamaro, PPT y MEP) gozan de poder de chantaje (teórico), esto es, la capacidad de obtener algunos beneficios basados en el aporte que hacen a las victorias del chavismo, el cual depende desde las presidenciales 2013 de la permanencia de cada uno de esos partidos. Sin embargo, lo llamativo es que ninguno de esos partidos ha utilizado ese poder de chantaje, al menos no ha logrado que el PSUV lo reconozca, manteniendo este último un ejercicio hegemónico (y por tanto unilateral) del poder intraalianza.

En este sentido, ese poder hegemónico se ha visto retado en algunas ocasiones, aunque sin mayores resultados. Eso fue lo que sucedió en las elecciones municipales de 2013, cuando el PCV decidió presentar candidaturas fuera de la alianza liderada por el PSUV en 20% de los municipios, por considerar corruptos a los candidatos de la agrupación presentados en esos circuitos. Oscar Figuera, secretario general del PCV, aseveró que en esa oportunidad: “Cuestionamos a estos aspirantes porque no cumplen con el perfil ético de un representante de la revolución... No estamos dispuestos a apoyar en las elecciones a un funcionario corrupto”21.

6. Fragmentación y polarización

El último acercamiento que debemos estudiar sobre el sistema de partidos son las clásicas dimensiones: fragmentación y polarización. La fragmentación se refiere al número de partidos políticos que se ofertan en el “mercado político”, mientras la polarización hace referencia a las identidades políticas de esos partidos. Ambas dimensiones configuran las relaciones que se desarrollan entre los partidos políticos.

21 http://www.elmundo.com.ve/noticias/actualidad/noticias/pcv-no-apoyara-a-68-candidatos-rojos--por-corrupto.aspx


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Así, mientras mayor cercanía ideológica tengan los partidos políticos, mayor posibilidad de construir relaciones de cooperación y consenso; y a la inversa, mientras mayor sea la distancia ideológica, mayor la probabilidad de relaciones antagónicas y conflictivas.

Cuadro 3. Número efectivo de partidos presidenciales y parlamentarias entre 1998 y 2015

Año Parlamentarios Presidenciales

1998 6,06 3,81999 1,12 -2000 4,22 3,382005 1,26 -2006 - 1,88

2010 1,97 -2012 - 2,002013 - 2,012015 2,03 -

Nota: Número efectivo de partidos sobre la base de los votos.Fuente: CNE. Cálculos propios.

El cuadro 3 muestra un claro proceso de consolidación de las opciones electorales en dos bloques, que alcanzan el 2 perfecto en las presidenciales del año 2013, es decir, que se trata de un sistema bipartidista.

Sin embargo, a diferencia de lo sucedido durante el bipartidismo dominante entre 1973 y 1988, los dos bloques actuales están constituidos por alianzas electorales y no por partidos, y la alianza electoral opositora y en menor medida la chavista, presentan múltiples corrientes ideológicas internas.

Con todo, la dinámica electoral está claramente polarizada en una oferta de dos opciones marcadamente distintas.

Esto ha sido el resultado (como ya hemos mostrado) de las estrategias de ambos bandos, pero también consecuencia de la institucionalidad diseñada desde el régimen, y muy especialmente la institucionalidad electoral desarrollada desde 1999 (con las bases comiciales para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente) hasta la Ley Orgánica de Procesos Electorales del año 2009. Esta última diseñó un sistema electoral cuyo objetivo es mantener la polarización al crear un sistema de tipo mayoritario, que buscaba maximizar el apoyo popular al partido de gobierno (Briceño, 2013).


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Adicionalmente la estrategia electoral (populista) de división en dos bandos antagónicos a la sociedad, que solo busca en las elecciones renovar la legitimidad del régimen y no un proceso de representación y construcción de voluntades políticas. En este sentido, el discurso populista apela a las “emociones y a la dimensión antagónica de la política que se basa en una distinción entre un nosotros y los otros” (De La Torre, 2008, p. 42). Bajo esa lógica, el sistema se ha dividido en dos bandos, al tiempo que se ha separado ideológicamente.Gráfico 6. Autoidentificación en la escala Izquierda-Derecha según partido por el que

vota año 2015

Fuente: Latinobarómetro, 2015. Cálculos propios.

Claramente, los electores identificados con los dos bloques muestran una identificación ideológica altamente polarizada (ver gráfico #6). Mientras el 84% de los


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electores correspondientes a los votantes de gobierno se ubican a la izquierda de la escala, concentrando más del 50% en las posiciones más radicales (0 y 1), y con un promedio de 2,02, el 93% del electorado identificado con la alianza opositora se distribuye a la derecha, también con una concentración mayor al 50% en las posiciones radicales (9 y 10) y con un promedio de 8,2. Finalmente, quienes no se identifica con ninguna de las dos opciones (agrupando a los indecisos y abstencionistas), presentan una clara distribución ideológica distinta, con una fuerte concentración al centro de la escala (36%), con un promedio de 5,28 prácticamente equidistante a los identificados con las polarizadas alianzas.

Este extenso grupo no identificados es el que principalmente nutre la abstención y el voto por otras opciones, incluido el voto nulo. Grupos de electores que sienten que ninguna de las opciones los representa.

Por su parte, la distribución que agrupa en el gráfico a todos los electores refleja las tres tendencias mencionadas, como tres picos de una misma cordillera. Irónicamente, la montaña más alta, que agrupa 21% del electorado en el centro (5) es al mismo tiempo el único grupo que no se siente representado por la polarizada política venezolana.

El sistema de partidos ha servido para legitimar el sistema populista que se alimenta de un continuo conflicto maniqueo entre buenos y malos, patriotas y traidores, oligarcas y pueblo. La revolución, en ese sentido, no está llamada a ganar nunca esta batalla, sino a mantener siempre vivo el conflicto. Su única derrota posible es la superación del conflicto, porque superar el conflicto significaría gobernar, afrontar y resolver las problemáticas sociales, económicas y políticas.

7. La lógica de los sistemas de partidos en los autoritarismos electorales

El sistema político que se ha desarrollado en Venezuela a partir de 1998 es un autoritarismo electoral (o sistema híbrido), en el que la existencia de partidos políticos opositores (y elecciones) tiene como objetivo fundamental legitimar el poder autoritario.

Los partidos políticos existen y pueden participar en elecciones siempre, pero nunca convertirse en una alternativa real de poder. En este sentido, el chavismo ha utilizado todas las instituciones y herramientas disponibles para impedir el avance y consolidación de las organizaciones políticas.

En primer lugar, el entramado normativo electoral que se desarrolló a partir de la Constitución y demás leyes (Ley Orgánica de los Procesos Electorales, Ley Partidos Políticos, reuniones públicas y manifestaciones, entre otros) construyó condiciones


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hostiles para los partidos políticos de oposición, al tiempo que privilegió al partido de gobierno. A esto se le suma la ausencia de financiamiento público junto a la corrupción del partido gobernante, que se aprovecha de los recursos públicos para financiar a sus candidatos. Adicionalmente, el acoso a las empresas privadas, únicos posibles donantes a las actividades de los partidos políticos también debilitó las relaciones partido-empresa.

Igualmente, la imposibilidad de acceder a los medios de comunicación públicos, la persecución a líderes de oposición a través de la institucionalidad pública, el acoso a militantes, especialmente a trabajadores de la administración pública y beneficiarios de programas sociales, son algunas de los obstáculos levantados por el régimen para impedir la organización de los partidos de oposición.

Desde el punto de vista del chavismo, la principal causa de la inestabilidad ha sido el propio Hugo Chávez y su carisma, que le permitió prescindir del desarrollo de una estructura formal, pues el líder podía tomar las decisiones sin mayor consulta.

Una prueba de la baja institucionalidad de los partidos del chavismo (aun cuando posean índices de confianza mayores que los partidos de oposición) la constituye el hecho de que en el año 2015, en el marco de la carrera hacia la elección de la Asamblea Nacional, se formalizan por primera vez las normas para la selección de candidatos a través de elecciones primarias del PSUV. En ese sentido, no fue sino hasta la ausencia del líder carismático que se hizo necesario recurrir a mecanismos formales de toma de decisiones internas.

La lógica del partido hegemónico fue manipular las reglas e institucionalidad para privilegiar al partido de gobierno, utilizando las victorias electorales para garantizar ventajas para la siguiente carrera electoral. Así, la dinámica electoral fue quizás la estrategia más importante del sistema político desarrollado por Chávez para ampliar su poder hasta límites que eran insospechables desde la llegada de la democracia en 1958. Como afirman Naím y Toro (2016), “Chávez se volvió un maestro en el paradójico arte de destruir la democracia a punta de elecciones”22.

Cuando las ventajas electorales no permitían al gobierno mantener el poder de un espacio deseado, el gobierno simplemente vació de potestades, presupuesto y poder esa instancia, o sencillamente la desconoció. Así sucedió con la Alcaldía Metropolitana en el año 2008 y la Gobernación de Miranda en los años 2008 y 2012, y la Asamblea Nacional a partir de enero de 2016.

El sistema de partidos hegemónico, sin embargo, requiere de dos condiciones: en primer lugar, de un apoyo popular considerable, pues no puede sostenerse exclusivamente en privilegios y ventajismos oficiales. Siendo que su objetivo es legitimar a la élite

22 http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/09/actualidad/1468099480_304349.html


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gobernante tanto interna como externamente, requiere de masivas manifestaciones de apoyo. Pero el PSUV, como hemos visto, ha ido perdiendo su respaldo tras la muerte de su principal líder, Hugo Chávez, y el fin del boom petrolero.

En segundo lugar, el partido hegemónico requiere altos niveles de institucio-nalización. En este sentido, el PSUV ha logrado superar su dependencia del líder para establecer mecanismos institucionales de toma de decisiones internas. Las normas de elecciones internas antes mencionadas son un importante indicador. También la alta disciplina de sus liderazgos, que salvo en pocas ocasiones, asumen las líneas y directrices emanadas por la directiva del partido. Aunque, una vez más, tiene a disposición toda la institucionalidad del Estado e incluso paraestatal, para la represión de la indisciplina interna, la cual ejercé quizás, con mayor ferocidad que hacia los opositores. Así, el PSUV ha perseguido a aquellos liderazgos que se han atrevido a desafiar el poder del partido desde adentro, utilizando para ello a las instituciones del Estado.

Por mencionar tan solo un ejemplo, recordemos la persecución judicial iniciada al exgobernador José Gregorio Briceño (conocido como el “Gato”), quien luego de ejercer la gobernación por 8 años en nombre del PSUV, desde 2004, reelecto en 2008, desobedeció la directriz del partido en las elecciones de 2012, postulando su candidatura con un conjunto de pequeños partidos en contra del PSUV. Tras salir derrotado en esas elecciones, fue acusado por la Fiscalía por legitimación de capitales y peculado de uso23. Si el chavismo ha construido un sistema autoritario para la sociedad venezolana, dentro del PSUV ha ejercido una férrea dictadura.

A partir del año 2015 y la significativa pérdida de apoyo popular mostrada en las elecciones parlamentarias, que concretaron una victoria de la alianza MUD de 57% contra 41% de los votos, la hegemonía del PSUV parece insostenible. El sistema de partidos hegemónico se encuentra en una encrucijada y las alternativas pareciesen ser entre mantener un mínimo de competitividad electoral y perder el poder, o transitar a un sistema que cierre por completo la competitividad electoral, pero manteniendo las elecciones. Esto lo logra ilegalizando los partidos políticos de oposición a través del uso de las instituciones del Estado, como lo hizo con la paralización del Referendo Revocatorio Presidencial a través de 5 tribunales regionales, en octubre de 2016.

En este escenario, el sistema de partidos hegemónico permitiría la supervivencia de un puñado de pequeños partidos insignificantes y totalmente desvinculados de los partidos y liderazgos de la MUD.

23 http://www.eluniversal.com/noticias/politica/briceno-solicitud-alerta-roja-contra-tiene-elementos-solidos_206502


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Por otro lado, es necesario entender que el sistema de partidos hegemónico depende del sistema político y a la inversa, lo que quiere decir que la supervivencia de uno depende de la supervivencia del otro. Por ello no podremos esperar superar la polarización hasta que no haya una transición política, ni tampoco superar la polarización hasta desmantelar el sistema hegemónico.

8. ¿Para qué sirven los partidos políticos?

¿Cómo pueden los partidos políticos ser motores de la reconstrucción de la democracia? ¿Cómo puede el sistema de partidos ayudar a la reconstrucción del sistema político democrático?

En primer lugar, los partidos políticos están llamados a reconstruir la democracia representativa, esto es, lograr constituirse en correas de transmisión de las demandas y expectativas de la sociedad hacia el Estado. Para lograr ese objetivo es fundamental construir un marco normativo que incentive las ofertas políticas. Quizás la principal conclusión de los datos analizados en este trabajo es la existencia de grandes grupos de la sociedad que no se sienten representados en la polarizada oferta política nacional. Y aunque hay muchas variables que incentivan esa polarización, la transformación del marco normativo electoral hacia un sistema de representación proporcional sería el paso más importante para la diversificación de propuestas y proyectos políticos.

Otro pilar fundamental para incentivar la representación política del electorado es la promoción de la autonomía partidista. Las alianzas políticas que se han constituido como mecanismo para afrontar la polarización y lucha contra el régimen chavista, ha impedido que los partidos políticos puedan desarrollar sus propias identidades, porque ello pone en peligro la alianza. Temas como proyectos de desarrollo, propiedad privada, rol de la empresa privada, alianzas internacionales, aborto, matrimonio igualitario, medio ambiente, por mencionar solo algunos, deben ser abordados por los distintos partidos políticos con completa autonomía. Para ello es necesario contar con mecanismos de financiamiento público de actividades ordinarias.

Este tipo de financiamiento permitiría a los partidos desarrollar lazos de representación con aquellos grupos que se sienten excluidos del sistema político y recomponer la lucha política sobre ejes distintos al eje chavismo-oposición.

Adicionalmente, este mecanismo de financiamiento de las actividades políticas ordinarias tiene la virtud de permitir exigir el cumplimiento de metas importantes para el sistema político y el sistema de partidos. Por ejemplo, permitiría exigir metas de desarrollo de actividades de interrelación y consulta a las comunidades por parte de los


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partidos que reciben financiamiento, promoviendo así atacar la crisis de representación que los indicadores claramente muestran. Igualmente, la normativa sobre financiamiento público de actividades ordinarias de los partidos políticos puede exigir actividades de formación de la militancia en materia de diseño y planificación de políticas públicas, que ayuden a los partidos a elaborar sus propuestas de gobierno y profundizar los lazos programáticos con los electores.

Los partidos políticos en Venezuela no volverán a ser lo que una vez fueron. Los esquemas organizativos que funcionaron antes ya no responden a las necesidad y funcionamiento de la sociedad actual. La desafección que estas organizaciones sufren hoy en día es consecuencia principalmente de la imposibilidad de adaptar los partidos políticos como organizaciones, a la velocidad de las relaciones sociales, la multiplicidad de identidades y sus rápidas transformaciones.

Pero si estas afirmaciones son ciertas para sociedades desarrolladas, la condición híbrida de la sociedad venezolana (distribuida entre modernidades y tradiciones) hace mucho más difícil la construcción de organizaciones que respondan a las complejas dinámicas sociales. Promover el uso de diversas herramientas organizativas que mezclen actividades comunitarias con herramientas digitales es también un reto que deben afrontar los partidos políticos.

Tejer nuevas relaciones entre partidos y organizaciones de la sociedad civil (ONG, sindicatos, gremios, organizaciones comunitarias, entre otros), respetando la autonomía y espacios naturales de cada uno, promoviendo la colaboración entre organizaciones en los procesos de identificación de demandas y construcción de políticas públicas. Una sociedad civil autónoma y fuerte es prerrequisito para la existencia de partidos políticos fuertes y sólidos. Para lograr esto es necesario aprender de errores cometidos en el pasado, muy especialmente de la “confusión” entre sociedad civil y partidos políticos. Los partidos políticos deben reconocer que la autonomía de la sociedad civil redunda en el fortalecimiento de sus propias organizaciones, en especial cuando aquellas ejercen control y seguimientos a los partidos.

Más compleja pero igual de necesaria es la reconstrucción de la relación entre partidos y medios de comunicación social. En la Venezuela actual es primordial desmontar el sistema de hegemonía comunicacional (pilar del sistema de partido hegemónico) para dar paso a relaciones tanto de cooperación como de mutua vigilancia entre partidos y medios. Los medios de comunicación forman una parte fundamental en las estrategias de socialización, formación de opinión pública y difusión de mensajes y propuestas, pero también deberían ser utilizada por los partidos políticos para dar a conocer sus estructuras de funcionamiento y toma de decisiones. En resumen, para abrir los partidos al escrutinio público.


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Héctor Briceño

No todo es malo. Quizás el avance más importante en el sistema de partidos desde 1998 ha sido la realización de elecciones internas. Tanto el PSUV como la MUD han realizado varias consultas para la selección de candidatos para distintos procesos electorales. Profundizar la democracia interna de los partidos, más allá de la selección de candidatos, llevarlas también hacia las autoridades partidistas con cierta regularidad, es quizás la deuda más longeva de los partidos venezolanos. Pero los precedentes que se han sentado durante este período han demostrado irrefutablemente sus virtudes. El camino debe continuar.

Diversificar la oferta, profundizar las relaciones con la sociedad, formar la militancia, aprovechar las nuevas tecnologías e información son las principales tareas de los partidos, pero todas ellas se verían potenciadas si facilitan los procesos de escrutinio interno de su funcionamiento por parte de la sociedad.

El principal problema de los partidos políticos se resume en la alta desconfianza que la sociedad siente hacia ellos, y para combatir esa enfermedad la mejor medicina es la transparencia.

Dar a conocer los criterios, mecanismos y razones por las cuales los partidos toman sus decisiones, así como presupuestos, fuentes de financiamiento, entre mucha otra información, es la única garantía para que la sociedad reconstruya la confianza en estos irremplazables actores de la democracia.

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Héctor Briceño

Anexo 1. Resultados elecciones presidenciales 1993

Candidatos Partido Votos %

Rafael Caldera

Convergencia 956.529 17,03MAS 595.042 10,59URD 32.916 0,59MEP 27.788 0,49MIN 19.386 0,35PCV 19.330 0,34FUN 10.308 0,18ONDA 8.863 0,16AA 7.154 0,13

U 6.285 0,11EPAP 4.445 0,08

AP 4.434 0,08FIN 4.078 0,07

UP 4.039 0,07

Ideal 3.713 0,07

FAI 3.626 0,06

MID 2.786 0,05

Total 1.710.772 30,46

Claudio Fermín

AD 1.304.849 23,23

ICC 5.224 0,09

FDP 3.992 0,07

IRE 3.776 0,07

Factor E 2.077 0,04

Moncho 1.760 0,03

ONI 1.507 0,03

Prosocial 1.236 0,02NR 866 0,02

Total 1.335.287 23,6


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Oswaldo Álvarez Paz

Copei 1.241.645 22,11

Renovación 10.583 0,19

Voluntarios 6.624 0,12

PAZ 6.613 0,12

Senco 5.908 0,11

GE 5.133 0,09

Total 1.276.506 22,73

Andrés Velásquez La Causa R 1.232.653 21.95

Otros candidatos Varios 76.468 1,03

Votos nulos 212.517 3,65

Total 5.829.216 100


Transformaciones del sistema político venezolano en el siglo XXI: la política petroleraluis oliverosjosé manuel roDríguez grille

El petróleo es un arma geopolítica y estos imbéciles que nos gobiernan no se dan cuenta del poder de un país que produce petróleo (Hugo Chávez, en 1997)

1. Política petrolera 1998-2012

a. Antecedentes

Venezuela llega al año 1998 con Rafael Caldera terminando su presidencia y con una apertura petrolera en pleno auge, pero también en medio de una caída importante de los precios del petróleo.

La gerencia de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (Pdvsa) tenía como meta incrementar la producción de crudos y gas, por lo que los objetivos de la apertura petrolera eran atraer la participación del sector privado (tanto nacional como extranjero), en todos los segmentos del negocio con el fin de compartir los esfuerzos y riesgos de inversión requeridos para lograr una mayor producción.

No es objeto del presente trabajo valorar si dicha política era pertinente para el país o si el marco legal y fiscal empleado era el mejor, lo cierto es que fue novedosa por ser la primera vez desde los inicios de la industria petrolera venezolana que se intentaba cambiar la orientación de la política petrolera de rentista a productiva; adicionalmente, hay que reconocer que esta apertura no solamente le generó una entrada de dinero fresco a Pdvsa (mejoró sus disponibilidades de financiamiento), sino que también le permitió mejorar considerablemente su infraestructura (como por ejemplo, la construcción de los mejoradores de crudo para el petróleo de la Faja, que paradójicamente son los mismos con lo que en la actualidad cuenta el país para desarrollar esa zona) y la ventaja de tener acceso a tecnologías especializadas muy necesarias tomando en cuenta la enorme reserva de crudos extrapesados del país.


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Transformaciones del sistema político venezolano en el siglo XXI: la política petrolera

En 1974, Venezuela producía 3.040.000 bd, nivel que no volvería a alcanzar hasta 22 años después. Entre 1974 y 1990, la producción petrolera venezolana se redujo en 27%, y es por esto que en la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez y luego, en la de Rafael Caldera, el tema de aumentar la producción petrolera se torna vital. Para 1998, la producción petrolera venezolana había crecido significativamente y lograba promediar los 3.449.000 bd (Pdvsa, 1999), y con altos niveles de productividad, dado que apenas contaba con 50.821 empleados.

En ese año 1998 los precios del petróleo se desploman, llegando la cesta petrolera venezolana a caer un 30%, al pasar de $15.08/b (promedio del año 1997) a $10,57/b. Indudablemente esa situación le trajo problemas económicos al país, con una inflación creciente de 30% y un crecimiento casi nulo del PIB.

Hugo Chávez se aprovechó no solo de la crisis económica y social, sino del declive institucional y de una crisis en el sistema de partidos (percibidos como corruptos) para enamorar al electorado venezolano con la promesa de una suerte de refundación nacional (Arenas, 2010). Entre 1978 y 1998, Venezuela tuvo el peor desempeño económico de toda la región, lo cual sembró las bases para que alguien fuera del mundo político tradicional y con un discurso apelando a la necesidad de una “Revolución” llegara a la presidencia. Las banderas de recuperar la riqueza petrolera y repartirla entre sus verdaderos dueños (“el pobre pueblo venezolano”), castigar la corrupción, generar una transformación social beneficiando a los “excluidos” e insatisfechos con el status quo, junto con la polarización política sin precedentes en el país, facilitaron la escogencia de un proyecto populista por parte del electorado. El deterioro social, político y económico de esos años le facilitó mucho la tarea a Chávez.

b. La transición hacia un modelo “socialista” (1998-2002)

En diciembre de 1998, gana las elecciones presidenciales Hugo Chávez, elecciones donde el tema petrolero tuvo mucho protagonismo, ya que el Chávez candidato criticó fuertemente lo que él denominó “un Estado dentro del Estado”, al referirse a la falta de rendición de cuentas por parte de Pdvsa (la catalogaba de “caja negra”), a la sumisión del Estado venezolano a la empresa (decía que la relación debería ser a la inversa), a los efectos negativos de la política de internacionalización emprendida por la empresa para asegurar mercados (sostenía que Pdvsa lo hacía para esconderle recursos al fisco, además de que las refinerías adquiridas estaban en mala situación económica y que el crudo que se les vendía se hacía con descuento) y a la política volumétrica que había llevado al país no solamente a violar su cuota de producción dentro de la Organización de Países


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Luis Oliveros / José Manuel Rodríguez Grille

Exportadores de Petróleo (OPEP), sino a ser uno de los causantes de la sobreoferta mundial de la época que generó la caída de los precios del petróleo. Chávez tenía como asesores en materia petrolera a los integrantes de la Fundación Pro Defensa del Patrimonio Nacional (Fundapatria), entre quienes estaban Luis Vallenilla, Carlos Mendoza Potellá, Román Rojas Cabot, Gonzalo Ramírez Cubillán, Isbelia Sequera y María Teresa Castillo, pero también a reconocidos expertos petroleros de izquierda como Francisco Mieres, Mazhar Al Shereidah y Alí Rodríguez. La visión de estos personajes era contraria a la que tenía la gerencia de Pdvsa de la época.

En la llamada “Agenda Alternativa Bolivariana” se presenta el diseño de lo que sería “la fase inicial de una nueva política energética para Venezuela” en el gobierno de Chávez, la cual partía de la premisa de que la base productiva fundamental del modelo de acumulación y desarrollo de Venezuela seguirá siendo el petróleo, al menos para las primeras décadas del próximo siglo. Adicionalmente, en la Agenda se comenta que es necesario revertir “el proceso de desnacionalización de la industria petrolera, impulsado vigorosamente por las cúpulas políticas y económicas aliadas con las empresas transnacionales, a través de la mal llamada apertura petrolera”.

Los ejes de acción de esa política energética serían: 1. Propiedad y control de la industria en manos del Estado y de la nación

venezolana; 2. Industrialización “hacia abajo”: gasificación y petroquímica; 3. Tecnificación “desde adentro”: ciencia y tecnología propias. Y como medidas urgentes y prioritarias, con la finalidad de colocar la industria

petrolera en función de los intereses de la nación y a tono con la gravísima situación económica y social:

1. Reducción del nivel de costos de Pdvsa, en 15% sobre el costo de producción por barril,

2. Incremento en 10% del aporte fiscal de Pdvsa al fisco nacional por vía de la restitución parcial del valor fiscal de exportación y,

3. Redimensionamiento del plan de inversiones de Pdvsa.En el primer año de gestión de Hugo Chávez y cumpliendo con la

promesa en su campaña electoral, Pdvsa disminuyó su producción en más de 300 mil bd, un 9% menos, con la idea de contribuir a la búsqueda del equilibrio en el mercado petrolero internacional. En tal sentido, el 28 de septiembre de 1999, en su alocución sobre el Presupuesto del Año 2000, Chávez comentó:


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[...] Ustedes saben que nosotros hemos hecho un recorte petrolero, los planes de Pdvsa anteriores a nuestro Gobierno eran unos planes realmente fuera de la realidad, no tenían conexión con la realidad del mercado, la realidad mundial. Ustedes recuerdan aquel plan de expansión, de explotación de petróleo y explotación de petróleo y producción de petróleo, Pdvsa quería hasta el año pasado llevar la explotación a 6 millones de barriles diarios para el año 2005, hemos tenido que recortar más bien, estaba por encima de 3 millones el año pasado la explotación, estamos hoy en 2.7 millones de barriles de petróleo diariamente, esa es la cifra de hoy, producto de un recorte muy severo de más de 600 mil barriles diarios de petróleo.

A pesar de lo dicho por Chávez en esta alocución, la realidad fue que la producción de petróleo venezolana para ese año 1999 superó en 12% esos 2,7 millones de bd anunciados por Chávez.

En ese inicio de gestión, Chávez no solamente opta por mantener en su puesto a la ministro de Hacienda del gobierno anterior, la Dra. Maritza Izaguirre, como una manera de tranquilizar los mercados, sino que también decide aprobar decretos de promoción y protección de inversiones (que garantizaban la utilización del arbitraje internacional en caso de problemas), mantener el programa de ajustes acordado por Caldera con el Fondo Monetario Internacional o abrir el sector de telecomunicaciones en condiciones bastante beneficiosas para la empresa privada. Sin duda, su discurso en líneas generales con respecto al tema económico se podría calificar de bastante pragmático y para nada antimercado.

Prueba de lo antes comentado lo representa la alocución que, con motivo del año y medio de su gobierno, ofrece Chávez el 2 de agosto de 2000 (Fragmentos):

Otro detalle importante es que el ingreso petrolero no lo estamos malbaratando, no se trata de “deme más dinero para seguir aquí”, con una orgía del reparto, de que vamos a repartir la torta en pedazos, atragantarnos. Vamos a usar eso con racionalidad, nosotros tenemos el Fondo de Estabilización Macroeconómica, 2600 millones de dólares, estamos dirigiendo ese ingreso específicamente no al ingreso burocrático, hemos podido irresponsablemente, ya que teníamos muchas campañas electorales, una tras otra, también pudimos empezar a dar cargos, a repartir dineros no, no... Todo lo contrario, hemos reducido la burocracia, la hemos reducido y hemos tenido que decirle a mucha gente “aquí está tu liquidación”, no podemos seguir así, este es un Estado demasiado gigantesco, un elefante con las cuatro patas quebradas, ¿hasta dónde vamos con las cuatro patas quebradas? Bueno, en esto del petróleo voy a tomar, Doctor Uslar (Pietri), perdóneme su frase: “hay que sembrar el petróleo” Estamos haciendo el esfuerzo para comenzar a sembrarlo y transformar ese ingreso en educación para todos, en salud, en industria, agricultura, impulso las reservas internacionales, 18 mil 70 millones de dólares ahí está el nivel de reservas internacionales, según me decía


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el Ministro Giordani en una de estas madrugadas, a niveles nominales, 18 mil 70 millones de dólares. El promedio que se acepta a nivel internacional para un país en reservas internacionales para garantizar 8 ó 9 meses de sus importaciones, nosotros con este nivel de reservas estamos garantizando casi el doble, 18 meses de importaciones, aproximadamente garantizamos, nosotros con este nivel de reservas internacionales que incluyen el Fondo de Estabilización que son 2600 millones de dólares. La tasa de inflación sigue cayendo, el último indicador, es de uno en el mes de julio.

Sin embargo, hay que entender que por esos años, los movimientos de Chávez van encaminados a ir creando un nuevo marco normativo formal para aumentar su poder, cambiar el orden institucional, alterar la regla de acumulación del Fondo de Estabilización Macroeconómico (al cual le cambió el nombre) e incrementar el control gubernamental sobre la industria de los hidrocarburos en Venezuela. Un hecho trascendental en estos primeros años será la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente por parte de Chávez y los cambios que esta le hizo a la Constitución Nacional, los cuales estaban orientados no solamente a modificar reglas institucionales, sino a incrementar sustancialmente los poderes presidenciales (se eliminó el Senado, se extendió el período presidencial a 6 años con una reelección inmediata, el presidente pasa a tener control completo sobre las promociones en las Fuerzas Armadas sin necesidad de aprobación por la legislatura, entre otros). También vale la pena tener presente el nuevo marco normativo con respecto al sector gasífero (ley del gas, el régimen fiscal del gas y el reglamento del gas) llevados a cabo entre 1999 y 2000 y la Reforma a la Ley de Hidrocarburos de 2001 que representó otro punto importante en este período, porque, entre otras cosas, modificó el patrón de participación de la nación, lo que duplicó la regalía.

Y es que, si bien es cierto que su discurso en el tema económico al inicio de la gestión de Chávez no era radical, sus acciones en el plano petrolero apuntaban a lo contrario. Así lo demuestran no solamente su discurso contra Pdvsa o los notables cambios que se hicieron en esos años en las leyes del sector de hidrocarburos, sino también que desde febrero de 1999 y hasta abril de 2002, Chávez despidió a tres presidentes de Pdvsa (Roberto Mandini, Héctor Ciavaldini y Guaicaipuro Lameda, fueron removidos de su cargo en ese período y la notificación se les hizo por teléfono) y otro renunció a los dos meses (Gastón Parra Luzardo, por no poder parar la huelga petrolera). Solo Alí Rodríguez le generó estabilidad a ese cargo hasta 2004.

En este período el gobierno de Chávez se enfoca en tomar el poder y hacer sostenible su control por varios años.


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c. La Nueva Pdvsa (2002-2012)

1. Meritocracia vs. partidizaciónPoco a poco, Chávez le fue eliminando la autonomía operacional y financiera

que tenía Pdvsa, lo cual generó conflictos importantes entre trabajadores de la estatal y el gobierno. A esto hay que sumarle una fuerte inestabilidad política y una alta polarización en el país que desencadenaron un paro petrolero en el año 2002.

Con respecto al paro llevado a cabo por gerentes de Pdvsa, es pertinente recordar lo que Hugo Chávez comentó al respecto en la presentación de la Memoria y Cuenta ante la Asamblea Nacional en enero 2004:

Lo de Pdvsa era necesario aun cuando nosotros, bueno, no es que no la generamos, sí la generamos, porque cuando yo agarré el pito aquel en un “Aló, Presidente” y empecé a botar gente, yo estaba provocando la crisis; cuando nombré a Gastón Parra Luzardo y aquella nueva junta directiva, pues estábamos provocando la crisis. Ellos respondieron y se presentó el conflicto y aquí estamos hoy. Era necesaria la crisis. Claro que nos sorprendieron, ¿no?, nos pusieron a pasar algún trabajo, pero dado... y se probó la fortaleza de un pueblo, la fortaleza militar, la conciencia de la Fuerza Armada, la conciencia de un pueblo y también comprobamos algo, no era cierto como decían algunos que todos los técnicos de Pdvsa estaban vendidos a la tecnocracia. No, un buen número de técnicos se quedó allí y los que no pudieron quedarse aquellos días por las presiones y las amenazas, retornaron junto a la empresa y ahí están, y sobre todo los trabajadores.

Logramos limpiar a la industria petrolera del país de los meritocráticos, de esa casta de privilegiados que bajo la égida del negocio mantenían secuestrada a Pdvsa y suponían su perpetuidad, diría años después al hacer un balance sobre el paro.

Luego del paro petrolero, mientras en Pdvsa ocurre un lamentable deterioro en la capacidad de su recurso humano, en el país se da un cambio importante en el sistema político y en la institucionalidad.

El paro petrolero se convierte en una bendición para Chávez, ya que prácticamente le entrega en bandeja de plata el control operativo y financiero de Pdvsa. A partir de ese momento, Chávez no tendrá más inconvenientes en lograr una “nueva Pdvsa”, subordinada completamente a su gobierno, lo cual le va a permitir reorientar la industria petrolera venezolana a la consecución de al menos tres objetivos: en primer lugar, en sacarles el mayor provecho posible a los ingresos petroleros, con los cuales obtuvo recursos importantes para desarrollar sus políticas, tanto internas como externas (por ejemplo, Petrocaribe) y financiar programas sociales que le garanticen su triunfo en futuras elecciones, todo esto sin tener que rendirle cuentas a nadie y con un uso discrecional de los recursos; en segundo lugar, busca aumentar la propiedad estatal en la


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industria y en las ganancias del sector, sin importarle que esto le traiga problemas graves con empresas que estaban operando en el país (caso Exxon y Conoco); y en tercer lugar, establecer convenios para el desarrollo de nuevos mercados para el petróleo venezolano, como una forma de diversificar las ventas de la industria, aunque en el fondo es obvio que lo hace para disminuir su exposición ante el “enemigo” representado en Estados Unidos y cuidarse de los alcances de posibles presiones y represalias de su parte.

La nómina de Pdvsa en 2003 se reduce considerablemente (se estima que el gobierno despidió a cerca de 18 mil empleados, 60% de los cuales eran ejecutivos de niveles altos y medios), sin embargo, en los años siguientes al paro, el crecimiento en el número de trabajadores de Pdvsa fue descomunal, casi quintuplicándose (a un ritmo de 15% interanual en los 11 años transcurridos entre 2003 y 2014).

Gráfico 1: Número de trabajadores de Pdvsa

2. “Desenfoque”: la diversificación operacionalChávez convirtió a Pdvsa en el financista de varias políticas económicas y sociales

de su gobierno. Pdvsa no solamente se encargaba de la política petrolera, también pasó a realizar un conjunto de actividades muy alejadas de su negocio medular. Esto generó que Pdvsa fuera el eje de todo un sistema de contrataciones y subcontrataciones con empresas encargadas de producir los bienes y servicios relacionados con esas actividades (Urbaneja, 2013).

Conforme Chávez aumentaba su control sobre Pdvsa, de la misma forma aumentó la dedicación de la empresa a actividades “no medulares”. Estas actividades fueron ganando espacio dentro de las ocupaciones, presupuestos y planificación del personal


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de la estatal, lo que trajo como consecuencia que la empresa pasó a estar sobrecargada de responsabilidades no petroleras, y la distrajo de su negocio principal. Chávez, con la centralización de funciones en Pdvsa, la convirtió en una estructura paquidérmica, poco eficiente, con innumerables tareas.

Hoy Pdvsa, además de encargase de la principal actividad exportadora del país, debe también velar por el desarrollo de la Misión Vivienda, la Misión Ribas, el asfaltado de vías, la importación y suministro de alimentos, desarrollo minero, el mantenimiento de estaciones de radio y televisión, petroquímica, generación de electricidad, etc. Ninguna empresa petrolera en el mundo tiene tal grado de diversificación de labores.

3. El nuevo esquema de internacionalización energéticaChávez emprende su propia política de internacionalización, pero con unos

objetivos muy diferentes a los que buscaba Pdvsa en las décadas de los 80 y 90. Chávez entendía la necesidad de una OPEP unida (“para conseguir un precio justo”), la importancia geopolítica del petróleo y al mismo tiempo buscaba la forma de diversificar los destinos de las exportaciones de crudo venezolanos para no tener que depender de las compras de los Estados Unidos (al momento de llegar al poder, cerca del 60% de las exportaciones petroleras venezolanas tenían a ese país como destino).

Desde un primer momento, Chávez puso a la OPEP como una prioridad, su objetivo era sencillo: recuperar los precios del petróleo y con esto contar con suficientes recursos para financiar su proyecto político. Chávez contó con la fortuna de coincidir con un boom de materias primas sin precedentes en la historia, el cual generó un incremento récord en el precio del petróleo. El aumento en la demanda por parte de China y la India fue el principal responsable de ese fenómeno.

Gráfico 2: Evolución precios nominales del petróleo


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Luego del golpe de Estado de 2002, Chávez lleva al extremo el discurso anti-imperialista –hasta ese acontecimiento había sido bastante discreto–, denunciando la colaboración de EE.UU. en el golpe (López Maya, 2008). Aprovechando la coyuntura, viaja a países adversarios de Estados Unidos, como Rusia, Irán, China y Bielorrusia, para establecer acuerdos políticos y económicos. Al mismo tiempo, amplía iniciativas previas como la Alternativa Bolivariana de las Américas (una propuesta de integración económica opuesta al ALCA), se retira de la Comunidad Andina de Naciones (Chávez la acusó de que solo servía a las élites, a las transnacionales, pero no a “los indios, a los negros, a los blancos o a los pobres”, según él, no le servía al pueblo y no solo no le servía, les afectaba de manera negativa) e inicia las conversaciones para unirse al Mercosur. Sobre la salida de la Comunidad Andina de Naciones y la entrada al Mercosur, nunca se le explicó al país los beneficios de tal cambio, sino que se justificó como una decisión política.

En paralelo se ampliaron los lazos con Cuba (cooperación energética a cambio de servicios en salud, educación y seguridad) y la llegada de la bonanza petrolera lo lleva a plantear nuevos acuerdos energéticos como casi todos los países de la región, en especial con los países Centroamericanos y del Caribe, buscando el apoyo de estos ante el aumento de la confrontación con los Estados Unidos. La necesidad de un mundo multipolar fue una excusa bastante utilizada en esos años. El gobierno de Chávez hace uso del petróleo –su recurso estratégico–, en la búsqueda de protagonismo internacional, integración latinoamericana y consolidación de su proyecto político interno.

En su Informe de Gestión del año 2006, entre los objetivos de mercadeo internacional de Pdvsa se indican: “La búsqueda de diversificar el portafolio de clientes participando en nuevos mercados como China e India. Pdvsa expandirá sus operaciones en el Caribe y en América del Sur a través de la iniciativa Pdvsa América, la cual incluye las iniciativas de Petrosur, Petrocaribe y Petroandina, a fin de promover la integración regional y la distribución justa de la energía entre las naciones de América Latina”. Esta fue la primera vez que Pdvsa anunciaba su firme intención de explorar los mercados asiáticos buscando diversificar su clientela. Bajo esa óptica es que surgen mecanismos como Petrocaribe, el Convenio Integral de Cooperación entre Venezuela y Cuba y el Fondo Chino.

Petrocaribe: los antecedentes inmediatos de Petrocaribe datan de 1974 con la suscripción del Acuerdo de Puerto Ordaz por iniciativa del Gobierno venezolano, luego mediante el Acuerdo de San José en 1980, y finalmente con el Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas, del año 2000. Petrocaribe está constituida en la actualidad por 18 Estados miembros: Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, República Dominicana, San Cristóbal y


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Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam y Venezuela. No obstante, Bahamas, Guatemala, Surinam y Santa Lucía, pese a haber suscrito el Acuerdo, en la práctica no lo han activado y, por lo tanto, no reciben suministros. Honduras estuvo suspendida tras la situación política interna suscitada en 2009, pero en fecha reciente ha sido reincorporada al Acuerdo. En promedio, desde 2006 hasta 2015, Venezuela ha suministrado unos 92 mil bd a los países de Petrocaribe. Según Rafael Ramírez (2013), el suministro a Petrocaribe satisface el 42% de las necesidades energéticas de los Estados signatarios.

Además de las condiciones tan ventajosas (muy diferentes a las que enfrenta Pdvsa en los mercados internacionales), una de las principales críticas que se le hacen al Acuerdo es su falta de transparencia. La mayoría de los países miembros han cancelado buena parte de la porción que deben pagar en los primeros meses, con trueque de productos (caraotas, pantalones, etc.), sin embargo, es muy poca la información que se tiene al respecto sobre las cantidades pagadas, los precios de esos productos, destino, etc. Pongamos el siguiente ejemplo para intentar valorar lo que ha sido Petrocaribe para Venezuela, recientemente con República Dominicana se realizó una operación financiera en la cual este país aceptó pagar lo que le debía a Venezuela por los envíos de petróleo, pero con un gran descuento que implicó una fuerte pérdida para nuestra nación. En total, República Dominicana le debía a Venezuela cerca de $4 mil millones, como Venezuela estaba necesitada de efectivo, se conformó con aceptar la mitad del pago por adelantado. El punto fundamental aquí es que de no existir Petrocaribe, Venezuela hubiera podido colocar ese petróleo que se le vendió a República Dominicana en el mercado internacional y cobrarlo en efectivo, recibiendo la totalidad de la factura energética. Venezuela vendió ese petróleo a menos a 50% de su valor (y eso sin tomar en cuenta que parte de los pagos se hicieron vía trueque de productos valorados a precios posiblemente onerosos). Pdvsa debe pagar impuestos al Estado venezolano por cada barril que envía a Petrocaribe, aunque no los cobre. Al final la conclusión es sencilla, Petrocaribe ha sido un terrible negocio para Venezuela, pero un magnífico acuerdo político para el gobierno de Chávez.

El Convenio Integral de Cooperación entre Venezuela y Cuba: el 30 de octubre de 2000, Venezuela y Cuba suscribieron el Convenio Integral de Cooperación (CIC) por un período de cinco años, mediante el cual Venezuela financia la venta de petróleo crudo a este país. El financiamiento inicial incluía un suministro de 53 mil barriles diarios a cambio de bienes y servicios (específicamente asistencia médica). El Convenio ha sufrido ajustes y modificaciones desde su entrada en vigencia. A partir de 2005 Venezuela aumentó el suministro a 90 mil barriles diarios y en 2010 se amplió el marco de duración de este a 10 años, es decir, hasta 2020. La crítica frecuente a este convenio es su poca transparencia, a la fecha no hay cifras oficiales en torno a cómo paga Cuba, cómo


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se valora el personal cubano en Venezuela y cuántos hay en el país. Cifras extraoficiales apuntan a que al 2015 la deuda de Cuba con Venezuela sobrepasaba los US$ 13 millardos.

En el cuadro 1 podemos observar la evolución de los diferentes convenios energéticos con América Latina.

Cuadro 1: Evolución de envíos de petróleo por convenios energéticos de Venezuela

Envíos Volumen

(Miles de bd)2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Petrocaribe 52,3 56,3 85,5 109,9 99,2 94,6 121 111,8 98,8 83,8

Cuba 92,5 91,5 93,3 93,3 97,8 96,3 91,1 99,3 89,4 97,8

Acuerdo de Cooperación Energética de

Caracas

32,3 25,2 26,1 26,1 37,4 28 29 16,8 10,1 3,5

Argentina 16,8 15,3 23,8 23,8 19,5 24,6 25,6 12,7 8,5 0

Acuerdo de San José

35,4 15,6 11,2 11,2 0 0 0 0 0 0

Gran Total 229,3 203,9 239,9 264,3 253,9 243,5 266,7 240,6 206,8 185,1

Fuente: Pdvsa (estados financieros y de gestión, varios años), cálculos propios.

Fondo Chino: es un conjunto de Fondos de Cooperación Binacional para el financiamiento de proyectos en Venezuela y está formado por aportes del Banco de Desarrollo Chino y del Fonden. Según información oficial, con el Fondo Chino se están desarrollando, o en vías de, casi 300 proyectos, sobre todo de infraestructura y petróleo, que supuestamente han tenido y van a generar en un futuro un gran impacto social. Para Chávez conseguir ese tipo de financiamiento fue un logro muy importante en su proyecto político, en primer lugar, por la importancia de lograr dinero fresco y por adelantado; segundo, por provenir de un país adversario de Estados Unidos; en tercer lugar, por permitirle huir a opciones de financiamiento como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional; y en cuarto lugar, porque le permite diversificar sus ventas de petróleo (además de asegurar mercados en la segunda mayor economía del mundo).

Sin embargo, el Fondo Chino fue desvirtuado de su objetivo inicial, que fue atraer capitales chinos y desarrollar tecnologías en el país, para convertirse en una especie de caja chica personal de Chávez utilizada con total discrecionalidad, sin ningún tipo de transparencia. Al igual que en los demás acuerdos y fondos, hay un total desconocimiento sobre el uso de los recursos, disponibilidad, intereses a cancelar,


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etc., ya que la información pública sobre su manejo es prácticamente inexistente. A pesar de las excelentes relaciones que hay entre China y Venezuela, la constante falta de cumplimientos de contratos por parte de Venezuela ha sido objeto de reclamos de China y hasta se ha paralizado la liquidación de nuestros prestamos bajo la figura del fondo.

Cuadro 2: Volumen suministrado Fondo Chino (Miles de bd)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fondo Tramo A 89 86 91 75

Fondo Tramo B 124 107

Gran volumen y largo plazo 205 220 252 290 225 283

Renovación Tramo A y B 195 199 190 181 110

Renovación Tramo B 138

Fondo Tramo C 5 71 96

Total 89 86 215 387 415 451 485 477 627

En los gráficos 3 y 4, presentamos la evolución de las exportaciones petroleras hacia China, India y los Estados Unidos desde el año 2006 (que es cuando aparecen por primera vez los países asiáticos entre los destinos del petróleo venezolano).

Gráfico 3 Exportaciones petroleras a China, India y Estados Unidos


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Gráfico 4 Exportaciones petroleras a China, India y Estados Unidos

4. El Proyecto Socialista Orinoco: preponderancia estratégica de la FajaEl Proyecto Socialista Orinoco fue anunciado oficialmente en 2008 y era la piedra

angular en la estrategia, según informó Chávez, “para romper con el orden económico, político y territorial establecido con la llegada de los colonizadores españoles a finales del siglo XV”. Esta visión se decía inspirada “en una ética socialista y de construcción del poder popular y comunitario, dentro de un proceso centralizador, soberano y revolucionario de Venezuela según el cual los recursos de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) permitirán al país embarcarse en el camino del desarrollo de un territorio petrolero, socialista y sostenible, reforzando el papel de Venezuela como potencia energética mundial”.

Chávez impulsó el Proyecto Socialista Orinoco como una parte clave en el desarrollo de la Faja Petrolífera del Orinoco. El proyecto buscaba cambiar la sociedad venezolana, la dinámica sociopolítica y la organización del territorio venezolano. En tal sentido, Pdvsa estimaba una inversión de $170 millardos hasta el 2021, para llegar a producir unos seis millones de barriles de petróleo diarios (entre otras cosas, se buscaba duplicar la cantidad de habitantes en una zona equivalente al 7% de Venezuela).

Chávez y su gobierno apostaron al desarrollo de la FPO por sobre las zonas petroleras tradicionales. Ese modelo de negocio escogido sentó las bases para que, ante la competencia por los recursos, la FPO saliera favorecida por encima del lago de Maracaibo. Por eso no parece casual que desde 2008 la producción en esa zona haya caído cerca de un 35%, adicionalmente, también se ha incrementado la caída en


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otras zonas tradicionales como el campo Furrial (al norte de Monagas), que ha visto un descenso del 51% entre 2008 y 2015.

Gráfico 5 Producción petrolera por tipo de crudo

Gráfico 6 Producción petrolera por cuenca petrolífera

Esto ha traído como consecuencia que la disponibilidad de crudos livianos (necesarios para diluir los crudos extrapesados de la Faja) criollos disminuyera considerablemente, lo cual llevó a que Pdvsa tuviera que importarlos (dinero que se hubiera podido utilizar en reinversión dentro de la industria petrolera nacional).


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Gráfico 7 Importaciones petroleras

Sin lugar a dudas, la idea de Chávez en este aspecto era privilegiar lo nuevo por sobre lo “antiguo”, como una manera de seguir con los esfuerzos de borrar de la memoria del colectivo lo realizado en la llamada “Cuarta República”. Este proyecto estaba llamado a ser un estandarte de la “Nueva Pdvsa Patriota y de todos los venezolanos” y diferenciarla aun más de la “Pdvsa vendida al capital extranjero y responsable del sabotaje petrolero”.

d. El final de un modelo fallido (2012-2016)

En octubre del año 2012, Chávez gana lo que sería su última elección presidencial, 5 meses después morirá. En abril de 2013, Nicolás Maduro obtiene la presidencia por una diferencia menor al 1,5%, ya con un país mostrando señales claras de agotamiento de su economía. Si bien es cierto que para el segundo semestre del año 2014 inicia un descenso importante de los precios del petróleo, ya en el primer semestre de ese año la economía venezolana caía 5,7% con precios del petróleo con un promedio de US$97 por barril, lo que evidencia que aun antes del final de la bonanza petrolera, ya había empezado un declive que no se detendría en los siguientes años. La bonanza petrolera y, por lo tanto, los enormes ingresos petroleros de esos años, permitieron al gobierno esconder los problemas estructurales que generaban sus erradas políticas económicas y la gran cantidad de controles y subsidios, para correr la arruga de los ajustes macroeconómicos al extremo, sin embargo, fue imposible que no aparecieran con el tiempo y se exacerbaran con el descenso de los precios del petróleo.


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Sin duda que con la muerte de Hugo Chávez se acabó un ciclo en la vida política venezolana, sin embargo, no deja de ser cierto que su legado sobre la industria petrolera se ha mantenido y hasta se ha profundizado. La evidencia de todo esto lo demuestra el importante deterioro en las actividades y finanzas de Pdvsa, que no solamente han generado notables disminuciones en sus volúmenes de producción, incrementos en el número de accidentes en la industria, elevados niveles de endeudamiento o resultados financieros por demás polémicos, sino que el arreglo institucional Pdvsa-gobierno venezolano se convirtiera en una simple formalidad que evidenciaba un control total de este último por sobre toda la industria petrolera.

Las promesas de cambios radicales en la industria petrolera venezolana se cumplieron, no obstante, el saldo en bastante negativo tanto para Pdvsa como para el país. La empresa enfrentará los próximos años una pesada carga en deuda financiera y de proveedores que ameritará de mucha ingeniera financiera y negociaciones para encontrar los recursos con los cuales hacer frente a esas obligaciones y, al mismo tiempo, poder seguir invirtiendo en su actividad medular. Hoy Pdvsa es una empresa que no se adecúa a los cambios que están ocurriendo en el mercado petrolero internacional, que presenta un alarmante deterioro reputacional y que desde hace muchos años esa misma situación la llevó a dejar de ser una sostenible y confiable palanca para el desarrollo de Venezuela. Si el objetivo era arremeter contra Pdvsa con la llegada de Chávez al poder, este fue cumplido a cabalidad.

1. Socialismo petrolero

El 1° de mayo del año 2007, en el discurso del Acto de Plena Soberanía Petrolera, día de la Nacionalización de la Faja Petrolífera del Orinoco en el Complejo Industrial José Antonio Anzoátegui, por primera vez Hugo Chávez habla del Socialismo petrolero:

Para lograr una sociedad socialista se requiere que se instale en Venezuela, decía Bolívar, el principio de la igualdad. Que se acaben los groseros privilegios y que todos seamos iguales. No solo en la palabra sino en los hechos, en la realidad. Esa es la Venezuela hacia donde vamos, para que todos podamos vivir como manda Dios: en paz, como hermanos, amándonos los unos a los otros. Eso solo es posible en el socialismo, el socialismo venezolano. Yo le decía hace unos días al ministro Ramírez, y le pedí que con algunos compañeros de Pdvsa y algunos pensadores, politólogos y estudiosos del tema petrolero y la geopolítica petrolera, comencemos a desarrollar tesis. ¿A qué tesis me refiero? El socialismo petrolero. El Socialismo tiene muchos componentes, tiene muchos frentes de batalla. En el caso venezolano, nuestro proyecto socialista debe estar, debe tener, en la médula, el componente petrolero. Socialismo petrolero, así como socialismo agrario. Hay que hacer el socialismo en los campos, socialismo industrial, socialismo social incluso, aun cuando a algunos pudiera sonarles redundante la expresión. socialismo social, sí. La igualdad, justicia, salud, salud de calidad e integral para


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todos, sin excepción. Educación gratuita de calidad integral, para todos y todas, sin excepción. Viviendas de calidad para todos y todas, sin excepción. Salario justo y digno. Trabajo digno para todas y todos, sin excepción. Eso es socialismo en lo social.

Días después manifestó que el “socialismo del siglo XXI” y el “socialismo bolivariano” eran al final de cuentas un “socialismo petrolero”. Sin embargo, llama la atención que en el Plan de la Patria (2013-2019) no aparezca el “socialismo petrolero”.

Cuando buscamos una definición empírica de tal concepto, nos encontramos con lo escrito por Palacios (2010) sobre el tema, en torno a que intelectualmente tal idea es una contradicción, ya que las ideas de Marx rechazan totalmente la concepción detrás del ingreso petrolero (renta). Palacios llama al “socialismo petrolero” un “amasijo mal estructurado” y añade “que no estimula la acumulación productiva, privilegia los mecanismos distributivos de la renta petrolera para consolidar la permanencia de la élite en el poder”. Ese supuesto tipo de socialismo se basaba en la necesidad de precios altos, pero no alcanzados con base en la productividad y eficiencia, sino recortando producción (donde la OPEP tenía un rol importante que jugar).

Hoy podemos decir que el socialismo petrolero fue un simple parapeto comunicacional utilizado por Chávez para darle nombre a la discrecionalidad del uso de los recursos petroleros, a la destrucción de los arreglos institucionales y justificar la implementación de todo un entramado financiero para no tener que rendir cuentas, consolidar su base clientelar y maximizar los niveles de control político.

2. Consolidación del petroestado

A pesar que ya antes de la llegada de Chávez, Venezuela era considerada un petroestado, con él en el poder es que se exacerban todos los males que implica serlo. Terry Lynn Karl (1997) acuñó el término petroestado para referirse a países que sufren una regresión institucional que transforma la posible bendición de poseer recursos naturales –en nuestro caso petróleo–, en una maldición. Acertadamente, Lynn Karl comentaba que las bonanzas petroleras no solo generaban cambios en lo económico (dentro de los países exportadores) sino también producía movimientos en lo institucional, la mayoría de las veces de forma negativa (como el caso de Venezuela en el pasado y ahora en el presente). Entre esos efectos negativos estaban el populismo, el clientelismo y el aumento vertiginoso del estatismo. La historia venezolana de los años de la bonanza petrolera parece confirmar lo antes comentado, aderezado con una dependencia casi al extremo en la generación de divisas de Venezuela con los ingresos petroleros.

Para Lynn Karl, basándose en el ejemplo venezolano, los petroestados son aquellos que no se sienten presionados a rendir cuentas a la población de los recursos que


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maneja porque no depende de ellos para financiarlos; la búsqueda de rentas se convierte en una actividad económica importante; el Estado aumenta su alcance en el campo económico y en otras áreas del país, limitando el accionar del sector privado, incurriendo en estatizaciones y resolviendo la mayoría de los problemas mediante el gasto excesivo; el presidencialismo se incrementa y el objetivo político priva por sobre el económico; se incurre en políticas económicas populistas “redistributivas” no sostenibles sin la bonanza.

Con la llegada de Chávez, todos los elementos mencionados anteriormente se llevan al límite. Las instituciones fueron transformadas para extraer el ingreso petrolero y beneficiar a la élite cercana al líder. El resultado final fue un Estado benefactor y poderoso en plena bonanza, pero muy débil y limitado para manejar la economía cuando los precios del petróleo disminuían (o al menos no crecían al mismo ritmo de años anteriores).

Lynn Karl comenta que la bonanza petrolera reestructura la toma de decisiones y el esquema de incentivos de los actores, lo cual altera las instituciones del Estado. No obstante, cuando los precios del petróleo caen, el Estado se convierte en esclavo de las élites y las facilidades otorgadas, y al no poder mantener niveles de gasto que acostumbró cuando la bonanza, enfrenta inestabilidad política y graves problemas económicos.

3. Política fiscal y reformas a la Ley del BCV

Las gestiones fiscales llevadas a cabo en los gobiernos de Hugo Chávez a partir del año 2001 estuvieron caracterizadas por una elevada discrecionalidad, indisciplina y por una gran dependencia a los ingresos petroleros. Entre las herramientas utilizadas por los gobiernos de Chávez en su manejo del tema fiscal tenemos subestimación del presupuesto, abuso de los créditos adicionales, fondos públicos parafiscales, inexistente transparencia y déficit fiscales crónicos. La arquitectura financiera implantada por el gobierno de Chávez consistió en reformar completamente la institucionalidad del manejo de los recursos públicos, garantizándose un control total sobre los recursos financieros del país (lo que le permitirá su uso con una altísima discrecionalidad). Esa arquitectura tenía como norte satisfacer los objetivos del presidente y eludir la rendición de cuentas a costa de flexibilizar la institucionalidad.

El primer objetivo del gobierno de Chávez en materia de “hacerse” con recursos fue el Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica. Recordemos que ese Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica (FIEM) fue creado en 1998 por órgano de la Presidencia de la República, según Decreto n° 2.991 (Gaceta Oficial n° 36.575), y reformado parcialmente en 1999 con el Decreto n°146 (Gaceta Oficial n° 36.722). Posteriormente y con Hugo Chávez como presidente, fue reformado


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en el año 2003 (Gaceta Oficial n° 37.604) pasando a llamarse: Fondo de Estabilización Macroeconómica (FEM), año en que por cierto perdió más del 75% de lo que tenía acumulado. En 2005 se reformó nuevamente la ley y se exige la obtención de superávits fiscales para que el mecanismo de ahorro se active, con lo que automáticamente dejó de funcionar.

En el papel, el FIEM tenía reglas claras de acumulación y desacumulación de recursos y estas no eran discrecionales, buscando con esto aislar al fondo de la diatriba política nacional. Este fondo se alimentaría del exceso de los ingresos petroleros que recibía el país cuando el precio del barril de petróleo era mayor al precio que se planificaba en el presupuesto nacional cada año. Su objeto era contribuir a la estabilidad de los gastos del Estado, tanto nacional, estadal como municipal, frente a las fluctuaciones de los ingresos ordinarios, procurando que las fluctuaciones del ingreso petrolero no afectaran el necesario equilibrio fiscal, cambiario y monetario del país.

Los recursos del FIEM serían administrados por el Banco Central de Venezuela conforme a las políticas y criterios determinados por este para el manejo de las reservas internacionales y de acuerdo a la Ley del Instituto emisor. Estos recursos no formarían parte de las reservas internacionales ni del patrimonio del Banco Central de Venezuela.

La administración del FIEM por parte del BCV se inició en diciembre de 1999, con un primer aporte de US$ 215 millones. Sin embargo, desde su implementación, y como ya se mencionó, las reglas de funcionamiento fueron cambiadas varias veces para supuestamente acomodarse a la situación fiscal del momento, en la práctica eran cambios que le hacía el gobierno de Chávez para disminuir los recursos que debía destinar al fondo, lo que restó credibilidad y efectividad al mecanismo. En el año 2011 se registró el último movimiento en el que para entonces ya se denominaba FEM, una extracción de US$ 832 millones con lo que ahora apenas cuenta US$ 3 millones (la nota del BCV de ese día dice: Retiro del FEM según solicitud del Ministerio de Finanzas e instrucciones de Pdvsa). En el cuadro n° 3 presentamos la evolución del FIEM / FEM (se muestran valores al final de cada año).


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Cuadro 3: Evolución del FIEM / FEM (1999-2015)

FechaBCV

(Millones $)FIEM-FEM (Millones $)

Total (Millones $)

%FIEM-FEM/ Total

1999 15.164 215 15.379 1,4%2000 15.883 4.588 20.471 22,4%2001 12.424 6.226 18.650 33,4%2002 12.004 2.857 14.861 19,2%2003 20.106 700 20.806 3,4%2004 23.498 710 24.208 2,9%2005 29.636 732 30.368 2,4%2006 36.672 768 37.440 2,1%2007 33.240 809 34.049 2,4%2008 37.136 828 37.964 2,2%2009 35.000 830 35.830 2,3%2010 29.500 832 30.332 2,7%2011 29.889 3 29.892 0,0%2012 29.887 3 29.890 0,0%2013 21.478 3 21.481 0,0%2014 22.077 3 22.080 0,0%2015 16.367 3 16.370 0,0%

Fuente: BCV y cálculos propios.

Destaca lo alcanzado en 2001, donde el país llegó a tener US$ 6.226 millones en el FIEM, monto que representaba 33% del total de las divisas disponibles del país y un 50% con respecto a las reservas internacionales que tenía el BCV. Sin embargo, la voracidad fiscal del gobierno de turno y la debilidad institucional del país generaron que dos años después las disponibilidades del fondo cayeran un 89% y que hoy prácticamente no haya nada.

Una vez tomado el control del FEM y de Pdvsa, Chávez emprende baterías contra el BCV para disminuir su autonomía y (principalmente) tener acceso a más recursos (las reservas internacionales). Es así como llega en 2005 la primera reforma a la ley del BCV (en este capítulo solo hablaremos de las reformas de 2005 y 2009). En ella aparecen por primera vez conceptos como “nivel óptimo de reservas” y “reservas excedentarias”. El objetivo era transferir una parte de las reservas internacionales a fondos que el gobierno manejaría de manera directa, discrecional y sin ningún control. También se estableció que Pdvsa debía hacer aportes a estos fondos públicos manejados por el gobierno, lo que disminuyó sus ventas de divisas al BCV. En definitiva, esta reforma debilitó notablemente


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la autonomía del BCV, también generó problemas en Pdvsa y creó un entramado de fondos parafiscales de gasto que solo eran controlados por Chávez sin ningún tipo de control o rendición de cuentas. La segunda reforma a la ley del BCV fue realizada en 2009 y su modificación más importante fue permitirle al BCV comprar directamente títulos de deuda de otros entes públicos, el objetivo de esto lo vemos en la actualidad: autorizar al BCV a otorgarle financiamiento monetario a Pdvsa (con lo que el problema inflacionario en Venezuela se agravó).

Luego del paro petrolero el gobierno venezolano empezó a subestimar el precio promedio del barril de petróleo a la hora de elaborar la Ley de Presupuesto Nacional, esto con el objeto de obtener más recursos y por vía de créditos adicionales tener la suficiente discrecionalidad para manejar el gasto público. Con esta acción el gobierno nacional aumentaba su capacidad de gastar (en campañas electorales, misiones, proyectos, ayudas internacionales) sin necesidad de pasar por la Asamblea Nacional. También obtenía más músculo financiero para realizar expropiaciones y al mismo tiempo les restaba capacidad a los gobiernos municipales y regionales, los cuales veían cómo les llegaban menos recursos.

A finales del 2003, Hugo Chávez le solicitó al BCV disponer US$1.000 millones de las reservas internacionales para inyectarlos en el sector agrícola. Para 2004, Pdvsa creó el Fondo para el Desarrollo del País (Fondespa), para financiar actividades productivas orientadas a ampliar la integración de la industria petrolera con el resto del aparato industrial del país. Entre 2004 y 2006, este fondo manejó recursos por el orden de US$ 4.229 millones (según el Informe de Gestión de Pdvsa del año 2010, este fondo financió 11 proyectos en esos 3 años).

Para 2005, el gobierno considera que el Fondespa era un mecanismo muy burocrático que le impedía realizar algunos proyectos de manera más expedita, por lo que decide reformar nuevamente la Ley del BCV y crea el Fonden (su creación se oficializó con la publicación de su reglamento en la Gaceta Oficial nº 38.232 de fecha 20 de julio de 2005). El Fonden se convierte rápidamente en la más importante partida extrapresupuestaria, alimentada con ingresos petroleros para impulsar “proyectos estratégicos”. Adicionalmente, en esa reforma de la Ley del BCV se eliminó la obligación de Pdvsa de vender al BCV todas las divisas producto de la exportación de petróleo (para que la estatal tuviera suficientes recursos para alimentar los fondos parafiscales creados por el gobierno).


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Gráfico 8: Exportaciones petroleras vs. divisas entregadas al BCV por parte de Pdvsa

Desde su creación y hasta el año 2015, tomando como referencia lo reportado por Pdvsa (en sus informes de gestión) como por BCV, el Fonden ha recibido US$ 146.214 millones, los cuales han representado el 19,6% de las exportaciones petroleras de esos años; aunque es importante destacar que en la Memoria y Cuenta del año 2015 presentada a la Asamblea Nacional por el Ministerio de Finanzas, los aportes que allí se contabilizan ascienden a US$ 136.084 millones, una diferencia superior a los US$ 10.000 millones con respecto a lo registrado por Pdvsa y BCV. En el cuadro 5 presentamos la evolución de los aportes a Fonden.

Cuadro 5: Evolución de los aportes al Fonden (2005-2015)

BCV (Millones de

US$)

Pdvsa (Millones de

US$)

Total de aportes

(Millones de US$)

% Aportes / exportaciones

petroleras

2005 6.000 1.525 7.525 15,6%2006 4.275 6.855 11.130 19,2%2007 6.770 6.761 13.531 21,6%2008 1.538 12.384 13.922 15,6%2009 12.299 600 12.899 23,8%2010 7.000 1.334 8.334 13,4%2011 3.500 14.728 18.228 20,7%2012 10.453 15.572 26.025 27,8%2013 5.682 10.418 16.100 18,8%2014 3.904 10.400 14.304 19,9%

2015E 0 4.216 4.216 12,2%Totales 61.421 84.793 146.214 19,6%

Fuente: BCV, Pdvsa y cálculos propios.


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El Fonden (según las normas de su creación), solo debe financiar proyectos con propósitos productivos, que generen empleo y aceleren el desarrollo industrial y social del país, mientras que prohíbe explícitamente que se utilice para gasto corriente, inversión en acciones o compra de edificios. Sin embargo, el Fonden en 2010 invirtió 9 millones de dólares para enviar casas prefabricadas a “países amigos” como Guatemala, Bolivia, Cuba y Nicaragua; compró acciones de empresas nacionalizadas por 700 millones de dólares y desembolsó 46 millones de dólares para un edificio de uso diplomático en Moscú. También financió proyectos con Cuba (hasta 2010 el Fonden invirtió en la isla más de US$ 6 mil millones en centenares de proyectos, desde el desarrollo de software libre a plantas de reciclaje de chatarra).

Además del Fonden y el Fondespa, el gobierno también creó el Fondo Chino (alimentado por recursos de los prestamos con China y de la República), el cual ha movilizado cerca de $40.000 millones, el Fondo Intergubernamental para la Descentralización y la Ley de Asignaciones Económicas Especiales, El Fondo Zamorano, el Fondo Ezequiel Zamora, el Fondo del Autogobierno Comunal y el Fondo de Ahorro Popular (Petrorinoco), entre otros. En el informe de gestión de Pdvsa del año 2015 colocan 7 fondos adicionales, los cuales han recibido por parte de Pdvsa unos $31.216 millones (entre 2004 y 2015).

Cuadro 6: Aportes de Pdvsa a Fondos para-estatales

Fondo Total aportado por Pdvsa (US$ Millones)

Alba Caribe 162Bicentenario 887

Especial de la Juventud 40Seguridad 558Miranda 27.909Deporte 125

Ahorro de los Trabajadores 1.535En resumen, pudiéramos estar hablando de más de 30 fondos parafiscales,

instrumentos fuera del presupuesto de la nación y de los cuales se conoce muy poco (o nada) sobre el destino de los recursos que manejaron. Estos fondos generaron (y siguen haciéndolo) una enorme indisciplina fiscal y monetaria, además de ostentar una preocupante falta de transparencia.

Todo este nuevo esquema financiero y de centralización con Pdvsa ha llevado a que la estatal venezolana, a partir de enero del año 2010 en ese primer mes, necesite ayuda financiera por parte del BCV. Esas ayudas las podemos observar en las estadísticas de la base monetaria que reporta el BCV y explicarían en buena medida los problemas


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inflacionarios que vive Venezuela y que han empeorado en los últimos años. Los gráficos 9 y 10 presentan la evolución del financiamiento monetario BCV-Pdvsa y la relación de este con la liquidez monetaria (llama la atención cómo pasó de representar 5% a más de 40% de la liquidez).

Gráfico 9: Financiamiento del BCV a Pdvsa

Gráfico 10: Ratio Financiamiento BCV-Pdvsa / Liquidez


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2. Conclusiones

Los cambios institucionales llevados a cabo por Hugo Chávez cambiaron de forma radical a Venezuela y por lo tanto su devenir político y económico. Esta transformación ha desembocado en una concentración de poder sin precedentes en la historia democrática del país. El entramado institucional y financiero ideado por el gobierno de Chávez fue pensado no solamente para un uso discrecional de los recursos sino para limitar las actuaciones de los políticos opositores a su proyecto (acabar con los contrapesos y exacerbar la polarización en el sistema político), con el objetivo final evidente de mantener a la figura hegemónica en el poder.

Chávez revirtió la orientación de la política petrolera venezolana, de productiva (que imperaba cuando llegó al poder) por una que exacerba la extracción de renta promoviendo el control estatal sobre los recursos petroleros y utilizando una defensa de los precios amparada en las acciones de la OPEP. Nunca nuestro país fue tan rentista como desde la llegada de Chávez.

A pesar de la inmensa bonanza recibida por Venezuela en la década pasada y principios de la actual, no se instrumentó una política económica encaminada en superar los problemas del pasado (dependencia del ingreso petrolero, volatilidad, elevada inflación, tasas de cambio inestables, etc.). Al contrario, no solamente se repitieron errores (controles, endeudamiento, corrupción), sino que se avanzó en el desplazamiento del sector privado buscando incrementar la estatización de la economía. Nuevamente Venezuela pierde una gran oportunidad de utilizar la riqueza natural (el petróleo) para encaminarse hacia una senda de crecimiento sostenible y desarrollo. El desmantelamiento de la apertura petrolera desde los inicios del mandato de Chávez y la grosera extracción de recursos de la industria petrolera son acciones que generaron consecuencias muy negativas para el país.

Las barreras institucionales levantadas por Hugo Chávez junto a una negativa política económica que solo respondía a intereses políticos personales crearon las bases para que Venezuela hoy esté sumida en la peor crisis económica de su historia.

¿Qué instituciones se deben adoptar, reformar o desarrollar?

Venezuela atraviesa en estos momentos la peor crisis institucional en toda su era republicana, por lo que requiere de manera urgente un cambio en el arreglo institucional actual. La intención de generar un viraje en la calidad institucional actual venezolana es


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tratar de conseguir que las instituciones no respondan a las élites, sino que su objetivo último sea el bienestar de todos los ciudadanos.

Innumerables ejemplos tenemos en el país en relación con instituciones que no están funcionando para ese fin, por ejemplo, el Banco Central de Venezuela, el Ministerio de Energía y Petróleo, la Contraloría de la República, el Fonden, etc. En los últimos años el entramado institucional venezolano fue reestructurado para el provecho de las élites gobernantes, lo que generó no solamente un deterioro sin precedentes en la industria petrolera y una arquitectura financiera pensada en el manejo discrecional de los recursos, sino que ha derivado en un régimen político que pone impedimentos para la participación de otros actores y cuyo objetivo final es la perpetuación en el poder.

En Venezuela ha sido menester desarrollar instituciones regulatorias, las cuales sean capaces de establecer un marco regulatorio nacional eficaz para lograr mercados transparentes y eficientes en aras de recuperar la confianza y restablecer el crecimiento (OCDE, 2012). La idea no es aumentar la presencia del estado en la economía, sino hacer uso de la regulación cuando sea adecuada, para alcanzar objetivos de políticas públicas, entendiendo que las regulaciones y los marcos regulatorios deben estar siempre al servicio del interés público. El retomar el rol del Ministerio de Energía y Petróleo como ente regulador del sector y de Pdvsa es una tarea pendiente. Todo cambio que se piense pueda ocurrir en la industria petrolera debe tener al ministerio como actor fundamental. No es sano que el presidente de Pdvsa y el Ministro de Energía y Petróleo sean la misma persona, ni que el ministerio funcione como un ente disminuido de la empresa estatal venezolana. También se debe revitalizar el papel de la Contraloría de República en el manejo actual de las finanzas públicas. Hay mucho que revisar, analizar e investigar y a la Contraloría se le ha minimizado peligrosamente, situación que debe cambiar de forma notoria.

También es importante contar con instituciones que promuevan la estabilidad macroeconómica. La constitución venezolana en su artículo 321 habla sobre este tema (“Se establecerá por ley un fondo de estabilización macroeconómica destinado a garantizar la estabilidad de los gastos del Estado en los niveles nacional, regional y municipal, ante las fluctuaciones de los ingresos ordinarios. Las reglas de funcionamiento del fondo tendrán como principios básicos la eficiencia, equidad y no discriminación entre las entidades públicas que aporten recursos al mismo”), sin embargo, durante la bonanza petrolera el Ejecutivo Nacional decidió no hacer aportes al Fondo y hoy el saldo es de apenas US$ 3 millones. En Venezuela se debe analizar y debatir la pertinencia de seguir con esta idea junto con la implementación de reglas fiscales para el sector no petrolero, todo esto buscando disminuir la transmisión de la inestabilidad del mercado petrolero hacia nuestra economía interna. La independencia del BCV, su rol de velar por la estabilidad


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monetaria del país y la prohibición que tiene de financiar los déficits fiscales del gobierno central son puntos trascendentales en cualquier economía del mundo, que además están consagrados en la constitución venezolana y que deben cumplirse por el bien del país.

Por otra parte, tenemos las instituciones que velan por los derechos de propiedad. En los últimos años, los venezolanos han sido testigos de la importancia que tienen estas instituciones y la necesidad de blindarlas ante las intenciones de algún gobierno de revertir esos derechos. Es vital entender que el respeto a los derechos de propiedad genera incentivos no solo a la inversión privada (tanto nacional como extranjera) sino también a procesos de innovación.

Pero no solo hacen falta instituciones de calidad de tipo económico en Venezuela, también es necesario trabajar en un sistema de justicia transparente, instituciones encargadas de elecciones que trabajen de forma independiente, sindicatos libres, entre otros.

En resumen, Venezuela debe apuntar a una economía de mercado con instituciones políticas sólidas y de calidad. Los cambios institucionales profundos que se deben acometer deben estar orientados a minimizar las instituciones “extractivas” (Acemoglu, 2012) que hoy abundan en Venezuela (son aquellas que concentran el poder en una élite pequeña, la cual tiene pocas restricciones para ejercer ese poder y que estructura las instituciones económicas para extraer recursos del resto de la sociedad).

Epílogo: Venezuela 2050, una visión para el cambio

“The Stone Age did not end because humans ran out of stones. It ended because it was time for a re-think about how we live.” (William McDonough, 2005)

No es posible visualizar el futuro sin correr el riesgo de equivocarse, pero es mucho más arriesgado no prepararse para enfrentar los posibles escenarios que nos esperan. El año 2050 pareciera lejano, pero visto en retrospectiva, tres décadas es apenas una generación.

Retrocediendo en el tiempo, sería como si en la década de los 80 nos hubiéramos planteado imaginarnos el tiempo en que vivimos. Si nos circunscribimos a una visión desde el punto de vista petrolero, en los 80, el mundo ya había pasado por sus dos primeros shocks petroleros, la OPEP estaba en pleno auge, la producción fuera de la OPEP declinaba aceleradamente, las tecnologías de energías alternativas eran muy incipientes y la preocupación por el cambio climático, inexistente.

Qué distinto se ve el mundo apenas una generación después y ahora, ¿qué le deparará el futuro a nuestra próxima generación?


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Algunas tendencias parecen bastante obvias. Por ejemplo, la población mundial aumentará hasta llegar a casi 10 mil millones de personas y China e India seguirán creciendo hasta convertirse en las dos economías más grandes del planeta.

Otras tendencias son menos claras porque dependen de las decisiones que la humanidad tome en las próximas décadas. Veamos.

El tema ambiental es uno de los mayores retos. Muchas son las señales de alarma que relacionan al uso de combustibles fósiles con el incremento de emisiones atmosféricas de carbón y el calentamiento global. Esto ha llevado a una creciente presión internacional sobre los gobiernos y las principales empresas del mundo con miras a frenar lo antes posible la acción humana que podría estar generando el cambio climático.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 2014) señala que con más del 95 % de certeza, la mayor parte del calentamiento global es causada por las crecientes concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) y otras actividades antropogénicas.

A fines de 2015, prácticamente todos los países del mundo y muchas grandes empresas asistieron en París a la XXI Conferencia del Clima de la ONU (COP21), donde se firmó un acuerdo vinculante que obliga a que en lo que resta del siglo, la temperatura promedio del mundo no suba más de 2 grados con respecto a la temperatura promedio preindustrial (UNTC, 2015).

El cómo se va a implementar este acuerdo todavía sigue en discusión, pero gran parte de las acciones propuestas hasta el momento llevan, de una forma u otra, a reducir el consumo mundial de combustibles fósiles.

El mayor riesgo para el país petrolero que somos también vendrá del lado de la demanda, pero por la optimización del consumo energético, proceso mejor conocido como la Eficiencia Energética. La integración de la inteligencia artificial y otras herramientas tecnológicas, permitirá que el mundo siga avanzando aceleradamente en las mejoras de eficiencia energética. Eso llevará, por ejemplo, a que China e India tendrán tasas de crecimiento económico enormes, pero podrán lograr estos crecimientos sin que su consumo energético alcance tasas de crecimiento ni remotamente similares.

Se prevé que de aquí hasta el año 2050, la eficiencia energética mundial logrará reducir hasta en un 50% el consumo mundial.

Desde el año 2007, Greenpeace International, Global Wind Energy Council y el Solar Power Europe han venido presentando un informe anual conocido como [R]evolución Energética con un análisis situacional y propuestas que buscan orientar la forma de producir, consumir y distribuir la energía de una forma que sea más sostenible para el planeta. En su informe más reciente (Greenpeace, 2015), se presentan tres


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escenarios sobre cómo evolucionará el patrón de consumo energético mundial hasta el año 2050. Su escenario más ambicioso plantea un mundo que no utilice combustibles fósiles en ese año. ¿Qué sería de los países petroleros si ese escenario se hiciera realidad? Una situación así es realmente muy improbable, pero prácticamente todos los escenarios planteados por diferentes organismos e investigadores reflejan una clara tendencia a que el mundo reduzca considerablemente su dependencia de los combustibles fósiles en las próximas décadas.

Por ejemplo, la International Energy Agency (IEA, 2016) vislumbra que la demanda de petróleo por países desarrollados estaría llegando a máximo en esta década y que la demanda mundial podría llegar a su máximo en torno al año 2040. Pero otros organismos son más osados y plantean que ya estamos en el pico de demanda mundial. Sea el primer caso o el segundo, estaríamos avanzando inexorablemente hacia un mundo con una demanda decreciente de petróleo.

Por el lado de la oferta petrolera, la situación tampoco es nada favorable. El descubrimiento de nuevas fronteras productoras, así como el desarrollo tecnológico, están cambiando por completo la percepción de que el petróleo era una fuente energética que se estaba agotando. Al contrario, todo indica que las reservas actuales conocidas difícilmente vayan a ser explotadas, particularmente, las muy publicitadas reservas de la Faja Petrolífera del Orinoco. Los venezolanos vivimos sobre un inmenso lago de petróleo que jamás podremos aprovechar totalmente.

En cuanto al desarrollo de energías alternativas, las noticias tampoco son positivas para Venezuela. Todas las proyecciones reflejan que los costos de inversión y producción asociadas a estas tecnologías seguirán cayendo aceleradamente, lo que llevará inevitablemente a que cada día tomen una mayor tajada de participación en la torta del consumo energético mundial.

Todas estas tendencias plantean un reto enorme a la sociedad venezolana. Nos hemos organizado completamente en torno a una fuente generadora de ingresos que ahora se ve claramente amenazada de múltiples formas.

Seguimos esperando un nuevo boom petrolero que nos devuelva a “glorias pasadas”, cuando la realidad es que cada día se hace más improbable que nada parecido vuelva a ocurrir y, al contrario, lo más probable es que estemos ahora dependiendo de una industria que cada día será más competida, menos importante y, por tanto, con menor potencial generador de riqueza. Mientras tanto, nuestra población sigue creciendo y a los grandes déficits actuales (económicos, sociales, de infraestructura, institucionales), se sumarán otros por venir, haciendo nuestras circunstancias cada día más difíciles.


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¿Qué hacer?

Primero que nada, tomar conciencia de la situación y divulgarla a lo largo de todos los estratos de la sociedad. Darle la emergencia que se merece y hacer que sea objeto de discusión diaria en las aulas, en los medios de comunicación y en cada uno de los ámbitos institucionales que conforman nuestra nación.

Luego, necesitamos una visión y un plan de acción, con objetivos, responsables y fechas, que surjan de un gran acuerdo nacional que trascienda al quehacer político del día a día.

Algunas posibles acciones a promover:1) En el ámbito energético:a. Desplazar el foco de la faja petrolífera hacia el desarrollo de los campos maduros

con petróleos livianos y medianos que generan menos gases invernadero.b. Reducción de costos operativos por medio de desburocratización, transparencia,

licitaciones abiertas y retiro de áreas no medulares.c. Acelerada eliminación de subsidios energéticos internos e implementación de

esquemas de eficiencia energética que lleven a una rápida reducción de la generación propia de gases invernadero.

d. Énfasis en el desarrollo del gas natural.e. Industrialización aguas abajo, especialmente en petroquímica.f. Desarrollo de energías alternativas: eólica, solar, hidroeléctrica.

2) Apertura acelerada y promoción de inversiones en todos los sectores que sean potencialmente competitivos, comenzando con el mismo sector energético.

3) Desarrollo forestal y recuperación de bosques como forma de contrarrestar el daño que generamos al mundo por la producción de combustibles fósiles.

Estas son solo algunas ideas que ofrecemos como aporte a la discusión nacional que debemos empezar ya. El futuro de la próxima generación depende absolutamente de las acciones que tomemos inmediatamente y seguir atrasando las medidas que deben ser tomadas, no son sino garantía de que el país seguirá despeñándose y convirtiéndose en una nación irrelevante para el mundo.


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Entorno, ideas, estrategias e institucionalidad: el papel de las relaciones internacionales en la reconfiguración del sistema político venezolano elsa carDozo

Por su densidad y variedad, por su naturaleza y sus consecuencias, la especial visibilidad de lo internacional en el discurso y las acciones del Gobierno venezolano desde 1999 no es rasgo que pueda pasar desapercibido ni siquiera a la más desprevenida de las miradas. Es una dimensión que ha tenido manifiesta relevancia en el impulso a las transformaciones del sistema político venezolano adjetivadas sucesivamente como refundación democrática, revolución bolivariana y socialismo del siglo XXI.

La notable presencia de las relaciones internacionales ha obedecido en parte a la intensificación de la interdependencia mundial y las graves emergencias económicas y de seguridad que la hicieron tan evidente, tanto más desde la perspectiva de la situación geopolítica de Venezuela y del peso creciente del sector energético en su economía. Pero lo verdaderamente peculiar ha sido el deliberado empeño gubernamental por reubicar a Venezuela en el mapa global con miras a la legitimación, consolidación, protección y proyección exterior de una reconfiguración doméstica cada vez más alejada de su pacto constitucional y ajena a las orientaciones, las relaciones y los acuerdos internacionales que pudieran frenar su deriva autoritaria.

1. Preliminares: lo internacional y el sistema político

La intención de lo que puede resumirse como promoción y protección de intereses de Estado y de Gobierno es propia de la política exterior de cualquier país, particularmente en tiempos de desajustes internacionales. Lo es de un modo más prioritario y específico cuando el país está en trance de mudanzas en su sistema político y, con un alcance mucho mayor, cuanto se trata de un cambio de sistema político, es decir, de los principios, la organización y los intereses que subyacen a las políticas nacionales.

En la propia experiencia venezolana del siglo XX se encuentran interesantes ilustraciones sobre la importancia de la atención a las relaciones internacionales en momentos de giros pronunciados en las características del sistema político. Así fue en


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Entorno, ideas, estrategias e institucionalidad: el papel de las relaciones internacionales en la reconfiguración del sistema político venezolano

1908, cuando Juan Vicente Gómez desplazó a Cipriano Castro del poder; en 1936, cuando muerto Gómez y desaparecido con él su férreo control personal del Gobierno, asumió la presidencia Eleazar López Contreras; en 1945, luego del derrocamiento de Isaías Medina Angarita y tres años después tras el de Rómulo Gallegos, así como en 1958 al instalarse la Junta presidida por Wolfgang Larrazábal. En cada momento, no obstante la diversidad de sus circunstancias, un denominador internacional común fue la necesidad de transmitir al exterior certidumbre en cuanto a la capacidad para garantizar lo que contemporáneamente llamamos gobernabilidad, acompañada por la disposición a cumplir los compromisos internacionales contraídos y la promesa de alcanzar prontamente una cierta normalización institucional. En tres de esas situaciones –1945, 1948 y 1958– se añadió un cuarto elemento internacional: la explícita y activa búsqueda de aliados a partir de afinidades políticas, como con especial intensidad ocurrió también desde 1999.

Lo cierto es que esa necesidad de cultivar el entorno exterior adquiere mayor urgencia e importancia cuando se produce una diferenciación significativa ya no solo respecto a la trayectoria del sistema político, sino en referencia a la prevaleciente en el conjunto de relaciones y acuerdos en los que el país participa. Así sucedió con la llegada de Hugo Chávez a la Presidencia, cuando el discurso y las iniciativas internacionales del Gobierno de Venezuela se comenzaron a mover rápidamente desde propuestas de diversificación de relaciones hacia el abierto desafío y confrontación de contrapartes tradicionales. En no pocas ocasiones esto condujo a la ruptura de vínculos, acuerdos y normas internacionales, en materias de un espectro tan amplio de asuntos como democracia y derechos humanos, seguridad e integración.

Paralelamente se trabajó oficial y oficiosamente, con creciente frecuencia e incluso fuera de lo permisible en las convenciones diplomáticas y el derecho internacional, en busca del acercamiento a actores internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, nacionales y subnacionales, que fueron considerados afines o útiles al propósito de legitimación, defensa y proyección de la reconfiguración del sistema político venezolano.

En suma, las relaciones internacionales fueron reconducidas en el marco de un cambio profundo en las concepciones sobre el país y su lugar en el mundo. Es sobre la estela de esas redefiniciones fundamentales que desde el presente se hace necesario pensar tanto en los desafíos internacionales a una reconfiguración democrática del sistema político venezolano como en las medidas iniciales para hacerla posible y sostenerla.1 1 Es amplia y diversa literatura que alienta las comparaciones y conceptualizaciones sobre la naturaleza

del régimen político venezolano y las implicaciones internacionales de su establecimiento y evolución. En dos estudios previos de la autora han sido trabajadas algunas de esas perspectivas: Cardozo, Elsa, “El país que somos en el mundo”, en Alarcón Deza, Benigno (coordinador), El Desafío venezolano: continuidad revolucionaria o transición democratica, Caracas, UCAB, 2014, pp. 97-122; Cardozo,


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Elsa Cardozo

Así sea de modo introductorio conviene perfilar lo que se entenderá en adelante por dimensión internacional, que es un modo de referirse a las varias facetas de las relaciones con el mundo de necesaria consideración para analizar el sistema político venezolano sobre las primeras dos décadas del siglo XXI. La más obvia de ellas es lo internacional como entorno en el que se encontraron oportunidades y dificultades, margen de maniobra mayor o menor, para la transformación del sistema político.

La mirada más difundida a lo propio de ese entorno se centra en la situación estratégica de Venezuela, que vendría definida por su ubicación espacial, sus recursos y sus orientaciones geopolíticas. Esa situación había sido descrita desde las décadas de 1960 y 1970 por los cancilleres Ignacio Iribarren Borges y Arístides Calvani. En la conjunción de sus perspectivas se definía un país de perfil democrático y occidental, petrolero, en desarrollo y americano, en relación con todo el continente y, en lo más cercano, en sus facetas andina, amazónica, caribeña y su asomo al Atlántico.2 Se combinaban así las oportunidades y los desafíos del entorno visto desde una situación estratégica en la cual era necesario y posible, con cambiantes niveles de dificultad, cuidar los intereses y necesidades del sistema democrático.

Ahora bien, ese entorno nunca fue considerado como inamovible y esto se manifestaba en la prioridad y trato que en diferentes momentos recibió cada una de esas referencias.3 Tampoco lo ha sido en años recientes ante las posibilidades que ofrecían nuevos desarreglos y arreglos en la política internacional y la economía global.

Elsa, “El reto de construir y consolidar relaciones e incidencia internacional democrática”, en Alarcón Deza, Benigno y Martínez Meucci, Miguel Ángel (eds.), Transición democratica o autocratización revolucionaria. El desafío venezolano II, Caracas, UCAB, 2016, pp. 141-168. Además de los volúmenes colectivos citados, se cuentan entre los más difundidos los escritos de Corrales, Javier, “Using Social Power to Balance Soft Power: Venezuela’s Foreign Policy”, en The Washington Quarterly, n° 32, octubre 2009, pp. 97-114 y “Autocratic Legalism in Venezuela”, en Journal of Democracy, vol.26, n° 2, abril 2015, pp. 37-51; Corrales, Javier y Penfold, Michael, Dragon in the Tropics: Hugo Chavez and the Political Economy of Revolution in Venezuela Washington, Brookings Institution Press, 2011; Alarcón, Benigno, Álvarez, Ángel E. e Hidalgo, Manuel, “Can Democracy Win in Venezuela? ”, en Journal of Democracy, vol.27, no. 2, abril 2016, pp. 20-34.

2 Iribarren Borges, Ignacio, “Introducción”, Libro Amarillo de la República de Venezuela presentado al Congreso Nacional en sus sesiones ordinarias de 1965 por el ministro de Relaciones Exteriores, Caracas, MRE, 1965, pp. E-L; Calvani, Arístides, “La política internacional de Venezuela en el último medio siglo”, en Fundación Eugenio Mendoza (ed.), Venezuela moderna. Medio siglo de historia 1926-1976, Barcelona, Ariel, 1979, pp. 437-531.

3 El modo como fueron entendidas y atendidas en diferentes momentos se encuentra muy refinadamente analizado en Josko de Guerón, Eva, “La política exterior. Continuidad y cambio, contradicción y coherencia”, en Naím, Moisés y Piñango, Ramón (eds.), El Caso Venezuela, una ilusión de armonía, Caracas, Iesa, 1984, pp. 350-375 y “Cambio y continuidad en la política exterior”, en Romero, Carlos (coord.), Reforma y política exterior en Venezuela, Caracas, Nueva Sociedad, 1992, pp. 41-75.


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En efecto, la oportunidad para aprovechar e intentar incidir en los cambios del entorno se amplió en medio de las incertidumbres y cambios en el orden mundial de las últimas décadas del siglo XX, caracterizadas por los ajustes en la distribución y naturaleza del poder en todos sus registros, los retos a la institucionalidad internacional en sus diversas manifestaciones y la proliferación de amenazas transnacionales y subnacionales a la seguridad en el ancho espectro entre lo global y lo local. Esas circunstancias alentaron al Gobierno venezolano a actuar sobre ellas para ampliar su margen de maniobra a través de la primacía y los recursos destinados a estrategias internacionales para aumentar su capacidad de cultivar relaciones que le permitieran bloquear presiones, neutralizar resistencias y ganar apoyos.

La institucionalidad que interna e internacionalmente sustentó esas estrategias es otra dimensión, parte peculiar del entorno, sobre la que también se debía actuar en el mismo sentido de alentar, neutralizar, redefinir o desarticular. Este aspecto incluye la organización de la política exterior, desde la revisión de su personal, su estructura y funciones tradicionales hasta la ampliación de sus modalidades informales y verdaderamente heterodoxas de actuación internacional. También se refiere a la participación en acuerdos e instituciones internacionales que, en sentido amplio pueden considerarse regímenes internacionales, es decir, conjunto de principios, normas y procedimientos concertados más o menos formalmente en torno a temas como comercio, integración, inversiones, derechos humanos, ambiente, energía y petróleo.

Enunciadas al final, pero no menos importante y en cambio de primera relevancia como trasfondo de las facetas anteriores, se encuentran las ideas –sobre orden mundial, soberanía, seguridad, desarrollo, integración, derechos humanos, democracia, entre las fundamentales– desde las que se perfiló la visión del entorno y de las relaciones e instituciones a desarrollar a la medida de las necesidades de legitimación, consolidación, proyección y protección del sistema político.

De nuevo, se trata de facetas propias del estudio de cualquier sistema político y, en lo que a Venezuela se refiere, presentes en otros momentos de su historia, aunque sin la visibilidad y los efectos recientes. Para constatarlo conviene prestar atención tanto a la ya mencionada complejidad del entorno –por la mezcla de incertidumbre, acentuada interdependencia y su efecto difuminador de límites entre lo doméstico y lo exterior–, como al ambicioso despliegue de estrategias del Gobierno venezolano para intervenir, crear y alterar relaciones y obligaciones. En ese despliegue es indispensable incluir el peso del liderazgo de Hugo Chávez, cuya presencia constante, discursos e iniciativas se orientaron a construir alianzas tanto como a debilitar y bloquear contrapesos en la institucionalidad interior e internacional.


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La exposición que sigue comienza por un breve recorrido inicial sobre el entorno y las ideas, las estrategias y la institucionalidad que dieron forma a la dimensión internacional a partir de 1999. Luego será presentado un balance del estado de la reconfiguración de las relaciones internacionales tras la muerte de Chávez para finalmente introducir propuestas de reformas iniciales útiles a una revisión de las relaciones exteriores que favorezca la transformación democrática del sistema político venezolano.

2. Entorno e ideas, estrategias e institucionalidad… y Chávez

Al calor de su triunfo en las elecciones presidenciales de 1998, Hugo Chávez agitó nacional e internacionalmente la bandera de la refundación democrática. Así lo enunciaba su programa de Gobierno: “El proceso constituyente que vive Venezuela incorpora un signo especial a la política exterior venezolana, cual es el del cambio, la transformación y la profundización democrática”.4 Ese mensaje buscaba transmitir confianza hacia la intención democrática y ganar legitimidad para el recién elegido presidente que accedía electoralmente al poder pero con el lastre de su intento de golpe de Estado y de una campaña electoral muy agresiva contra la institucionalidad política y económica.5 Así fue reiterado tempranamente en sus viajes al exterior desde que salió de prisión, en la gira que como presidente electo hizo por doce países 6 y en su discurso de toma de posesión.7 Era evidente el reconocimiento de la necesidad de lograr aceptación

4 La propuesta de Hugo Chavez para transformar a Venezuela Una revolución democratica, disponible en: https://es.scribd.com/doc/192305304/Hugo-Chavez-La-propuesta-de-Hugo-Chavez-para-transformar-a-Venezuela (consulta: 19 de noviembre de 2016).

5 En palabras de Chávez tras salir de prisión: “El proyecto enemigo, neoliberal, desprestigiado, está sin fuerza en la calle, hundiéndose no solo en Venezuela, sino que ya comenzó a hundirse en Francia, México, Argentina”. En Blanco Muñoz, Agustín, Habla el comandante, Caracas, UCV-CEP, 1998, p. 409.

6 López Martínez, Ramón Alfredo, Un seguimiento a los viajes internacionales de Hugo Chavez Frías. 26 de marzo de 1994 – 19 de agosto 2000, Caracas, el autor, 2000.

7 En sus palabras: “Pero por otra parte, hemos ido por el mundo y hemos conseguido, así lo he dicho, comprensión y esperamos seguirla consiguiendo. Desde su Majestad el Rey Juan Carlos de Borbón hasta el Primer Ministro Canadiense, desde el presidente del Gobierno Español Don José María Aznar hasta el presidente de los Estados Unidos Bill Clinton, el presidente o Director Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, el señor Camdessus, pasando por el Director del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, del Club de París, con todos ellos hemos estado hablando en estos últimos cuarenta días; nosotros no hemos descansado y ustedes lo saben, buscando, viajando, hablando, tratando de convencer, primero: que yo no soy el diablo, porque por la campaña salvaje que me hicieron mucha gente por allá en esas tierras frías llegaron a pensar que de verdad Hugo Chávez casi que el diablo era. Y segundo, explicando nuestra verdad.

La deuda externa nosotros queremos pagarla, sencillamente no podemos pagarla según la manera como se ha diseñado (…) tenemos la esperanza firme y así lo digo al mundo, y vamos a seguir trabajando con mucha intensidad ahora mucho más que antes, para lograr en el más corto plazo posible un


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y acceso a oportunidades, comenzando por las de financiamiento, en un contexto mundial de precios petroleros bajos. Ahora bien, al lado de esa política de adaptación a las condiciones del momento también se fueron haciendo visibles las ideas a partir de las cuales eran comprendidas las relaciones internacionales y estaba siendo revisada la ubicación de Venezuela en ellas.

Conviene a los propósitos de este análisis mirar el entorno a través de las ideas que dieron forma a las estrategias de acción internacional para sustentar y proyectar las transformaciones políticas nacionales. Las redefiniciones fundamentales fueron hechas alrededor de la democracia y los derechos humanos, la soberanía y la seguridad, la integración y la cooperación.

a. De la reconfiguración a la desconfiguración de la democracia

Despuntando el siglo XXI, a raíz de la crisis política peruana, la atención hemisférica se concentró en la vertiente internacional del tema de la democracia. En reuniones sucesivas a lo largo de 2001 –en Quito, San José de Costa Rica y Lima– la Asamblea General de la OEA fue forjando la Carta Democrática Interamericana. Mientras tanto, en Venezuela había ganado terreno la crítica a la democracia representativa y se hacía espacio la propuesta de democracia participativa en la Constitución de 1999.8 En las discusiones en torno al texto de la Carta Democrática esa idea se fue revelando como algo más que un complemento a la democracia representativa para ampliar los alcances de la participación política. Entonces funcionó la presión del consenso hemisférico, de modo que el Gobierno venezolano se dio por satisfecho con la incorporación de un artículo sobre participación y el título sobre democracia, desarrollo integral y combate a la pobreza. En realidad la intención esencial del nuevo compromiso era la defensa de elementos esenciales de la democracia, incluidos de modo especial los propios de la democracia representativa: la separación de poderes y los mecanismos y procedimientos para proteger la representación de los intereses y garantizar integralmente los derechos ciudadanos. No se trataba únicamente –como en acuerdos hemisféricos previos– de

refinanciamiento de nuestra deuda externa”. En Discurso de toma de posesión, disponible en: http://www.todochavez.gob.ve/todochavez/3013-toma-de-posesion-del-comandante-presidente-hugo-rafael-chavez-frias (consulta: 15 de noviembre 2016).

8 Artículo 6, sobre la forma de Gobierno: “El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables”; mientras que el artículo 3 de la Constitución de 1961 establecía “El Gobierno de la República de Venezuela es y será siempre democrático, representativo, responsable y alternativo”.


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proteger la permanencia en el poder de gobiernos elegidos democráticamente, sino de velar por el ejercicio efectivo de la democracia por parte de ellos.

En 2002, Venezuela se convirtió en el primer caso de invocación de la Carta Democrática Interamericana. Para ponderarlo es importante tener en cuenta la secuencia de eventos que precedieron a esa solicitud: una escalada de varios meses de protestas ante medio centenar de decretos-leyes –dictados al abrigo de la primera Ley Habilitante de las cuatro que fueron otorgadas al presidente Chávez– que introdujeron cambios de fondo en los regímenes económico, educativo y político;9 la violenta represión de la manifestación multitudinaria del 11 de abril; el anuncio de la renuncia del presidente, el decreto golpista del día siguiente y el regreso de Chávez.10 En tanto que el Gobierno presentó el caso como un intento de golpe de Estado, la oposición que desde julio de 2002 se agruparía en la Coordinadora Democrática –alianza muy diversa de partidos, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil– lo planteó nacional e internacionalmente en el contexto más amplio de la situación en la que el propio Gobierno había estado socavando la institucionalidad constitucional. Solo después de varios meses de promover un diálogo con algunos representantes de la oposición, y ante una situación política y económica de crecientes dificultades, el Gobierno aceptó la presencia del Centro Carter, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y, finalmente, también de la Organización de Estados Americanos. Por exigencia gubernamental estos tres actores fueron recibidos como facilitadores y no como mediadores, cuya tarea habría tenido mayor alcance. Se instalaron en Caracas en torno a la Mesa de Negociación y Acuerdos que funcionó siete meses, entre 2002 y 2003.

Estas referencias son importantes por lo que entonces y después se perfiló como política venezolana ante el Sistema Interamericano y por lo que aclaró sobre la idea de democracia participativa que haría prevalecer ante la solicitud opositora de convocatoria de un referendo revocatorio del mandato presidencial. Este solo pudo realizarse el 15 de agosto de 2004 tras superar la serie de obstáculos impuestos por el Gobierno que, en el camino, dedicó recursos y medios en cantidad creciente para mejorar sus disminuidos

9 En el marco de la primera Ley Habilitante (1999, seis meses) Chávez aprobó 53 decretos-leyes. Con la segunda (2000, doce meses), tercera (2007, 18 meses) y cuarta (2010, 18 meses) resultaron 49, 59 y 54 decretos-leyes, respectivamente. Fueron 215 decretos que evidenciaron la transferencia de poder al presidente por la Asamblea Nacional, instancia fundamental de representación controlada por el oficialismo. Hasta diciembre de 2016, el presidente Maduro legisló a partir de las leyes habilitantes de 2013 (12 meses) y 2015 (9 meses), con 76 decretos.

10 Para la comprensión de la trascendencia de esa secuencia, las negociaciones que siguieron y los acuerdos alcanzados y nunca honrados es indispensable la lectura del documentado análisis de Martínez Meucci, Miguel Ángel, Apaciguamiento. El referendo revocatorio y la consolidación de la Revolución Bolivariana, Caracas, Alfa, 2012.


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apoyos nacionales y reducir los de la oposición, a la vez que para limitar los alcances del escrutinio internacional.

El contenido de las resoluciones y declaraciones de la OEA ante la crisis venezolana evidencia, en efecto, la preocupación que fue manifestada con insistencia ante el deterioro de la gobernabilidad democrática en Venezuela, lo que se extendió más allá del rápido restablecimiento del presidente Chávez en su cargo.11 La insistencia en tratar una situación que ciertamente distaba de ser normal en el marco de la Carta

11 La secuencia de decisiones desde la OEA incluye tres resoluciones del Consejo Permanente especialmente importantes:

Situación en Venezuela, (CP/RES 811, del 13 de abril de 2002), que invocando principios de la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana resuelve entre otras cosas “Expresar su solidaridad con el pueblo venezolano y apoyar su voluntad de restablecer una democracia plena, con garantías ciudadanas y de respeto a las libertades fundamentales, en el marco de la Carta Democrática Interamericana”, enviar a Caracas una misión presidida por el secretario general con el fin de “investigar los hechos y emprender las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la más pronta normalización de la institucionalidad democrática” así como convocar –en conformidad con la Carta Democrática– una Asamblea General Extraordinaria. Disponible en: http://www.oas.org/consejo/sp/resoluciones/res811.asp (Consulta: 15 de noviembre, 2016).

Apoyo al proceso de dialogo en Venerzuela (CP/RES, 821 del 14 de agosto de 2002), que saluda que el diálogo convocado por el Gobierno convoque a todos los sectores del país, respalda los buenos oficios de la OEA, el Centro Carter y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y exhorta a que en “estricto apego a la Constitución” se logre la reconciliación nacional y “el pleno ejercicio de la democracia en Venezuela.”, disponible en: http://www.oas.org/es/council/CP/documentation/res_decs/ (Consulta: 15 de noviembre, 2016).

Respaldo a la institucionalidad democratica en Venezuela y a la gestión de facilitación del Secretario General de la OEA (CP/RES, 833 del 16 de diciembre de 2002), emitida tras la recepción del informe del secretario general sobre la escalada de tensiones y violencia en Venezuela, no ahorra referencias a la Carta Democrática Interamericana, comenzando por su primer artículo –“los pueblos de América tienen derecho a la democracia, y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”–, cuando urge “al Gobierno de Venezuela y a la Coordinadora Democrática para que en negociaciones de buena fe alcancen una solución constitucional, democrática, pacífica y electoral en el marco de la Mesa de Negociación y Acuerdos que cuenta con la facilitación del Secretario General de la OEA” y hace “un llamado a todos los sectores de Venezuela a que respeten los principios consagrados en la Carta Democrática Interamericana, incluidos, entre otros, el respeto a los derechos humanos, el estado de derecho, la transparencia y la buena gestión de los asuntos públicos.”, disponible en: http://www.oas.org/OASpage/eng/Venezuela/CP10628S01.htm (Consulta: 15 noviembre, 2016).

En la Asamblea General: - Apoyo a la Democracia en Venezuela (AG/RES 1 del 18 de abril de 2002), cuya convocatoria de sustenta

en la Carta Democrática Interamericana. Tras saludar el restablecimiento del orden constitucional, respalda la iniciativa de diálogo del Gobierno, lo alienta a en su voluntad expresa de observar y aplicar plenamente los elementos y componentes esenciales de la democracia representativa, como lo estipulan los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana y manifiesta satisfacción por que “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya aceptado la invitación que el Gobierno de Venezuela hiciera en septiembre de 1999, para realizar una visita in loco a Venezuela que se efectuará en la primera semana de mayo del presente año.” disponible en: http://www.oas.org/consejo/sp/AG/resolucionesextraordinarias.asp (Consulta: 15 de noviembre, 2016).


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Democrática, en que se hiciera efectiva la investigación sobre las responsabilidades en la violencia de abril y se levantara un informe sobre el estado de los derechos humanos, revelaba la naturaleza del diagnóstico prevaleciente en el hemisferio sobre el rumbo que iba tomando Venezuela.

Ante esas iniciativas, y al reaccionar a la aprobación de la resolución de la OEA que instaba al Gobierno y la oposición a acordar una “solución constitucional, democrática, pacífica y electoral” en la Mesa de Negociación y Acuerdos, en diciembre de 2002 el presidente Chávez colocaba el tema en el terreno de la legitimidad electoral y popular de su mandato, crucial también como clarificación de su concepción de la democracia participativa:

[En Venezuela] Hay un gobierno legítimo y legitimado, elegido democráticamente por un pueblo una y dos veces [en 1998 y 2000], y cuando lo tumbaron los golpistas lo volvió a traer el pueblo. Tres legitimaciones tiene este gobierno. No puede ningún cuerpo internacional ni ningún país del mundo, pretender que en Venezuela hay una confrontación entre iguales.12

En adelante, a medida que el Gobierno fue recuperando control de la situación política y logró postergar la realización del referendo revocatorio hasta construirse condiciones que le permitieran mantenerse en el poder, también replanteó cada vez más abiertamente su posición y sus vínculos con la OEA, la Carta Democrática, el sistema hemisférico de protección de los derechos humanos y, en general, con los protocolos o cláusulas que en esos ámbitos incorporaban los acuerdos de integración regional.

En ese tránsito, mientras nacionalmente postergaba el referendo y aumentaba su control sobre la industria petrolera y las finanzas, estrechó sus vínculos con el régimen cubano, ya sobre el piso del muy amplio convenio de cooperación del año 2000,13 con el lanzamiento de las “misiones” sociales. Paralelamente procuró nuevas

- Declaración sobre la democracia en Venezuela (AG/DEC. 28, del 4 de junio de 2002), que incluye entre sus considerandos no solo la “grave alteralción del orden constitucional y una ruptura de la democracia” ocurridos el 11 de abril, sino “Que los elementos esenciales de la democracia representativa incluyen, inter alia, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al ejercicio del poder con sujeción al estado de derecho, la celebración de elecciones periódicas justas y libres basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía popular, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas, y la separación de los poderes públicos”. En OEA. Asamblea General. Trigésimo segundo período de sesiones. Bridgetown, Barbados. Del 2 al 4 de junio de 2002. Actas y Documentos. Volumen I. Disponible en: http://www.oas.org/consejo/sp/AG/resoluciones-declaraciones.asp (Consulta: 15 de noviembre, 2016).

12 Alfredo Rojas, “No me iré por presión de un grupo”, El Universal, Caracas, 16 de diciembre de 2002, Citado por Martínez Meucci, Miguel Ángel, op. cit.

13 Una primera ilustración es el Acuerdo Energético de Caracas suscrito en octubre de 2000 que estableció el suministro de petróleo venezolano en condiciones especiales de financiamiento a Costa Rica, El Salvador, Panamá, Haití, República Dominicana, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Jamaica y Belice.


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alianzas internacionales aprovechando circunstancias favorables entre las que destaca especialmente el triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, cuyo gobierno influyó en la última fase de la mediación internacional y en el abrupto cierre del caso venezolano en la OEA tras el revocatorio, sin que quedara establecida ninguna fórmula de seguimiento de lo acordado en mayo de 2003 al levantar la Mesa de Negociación y Acuerdos.14

El régimen trabajó desde entonces con más ahínco para incidir sobre un entorno que se le iba haciendo más favorable para protegerse de compromisos democráticos y de escrutinio en materia de derechos humanos. Se hizo cada vez más evidente su bloqueo a las disposiciones de la Carta Democrática en materia de desempeño democrático y solo aprobó que se activara ese compromiso en situaciones de otros países en las que consideró que estaban amenazados mandatos de presidentes cercanos al chavismo, como en Bolivia (2008), Honduras (2009), Ecuador (2010) y Paraguay (2012). Es más, a partir de 2010, tras la crisis ecuatoriana que el presidente Rafael Correa denunció como intento de golpe de Estado, fueron debilitados los protocolos regionales de protección de la democracia; si bien establecieron mayor severidad de sanciones, desde diplomáticas hasta económicas, las nuevas versiones se centraron en la protección del mandato de gobiernos de origen electoral democrático, lo que debilitó la posibilidad de evaluación sobre su ejercicio democrático efectivo.15

Además, incluso sobre las condiciones de esa legitimidad electoral hubo un giro fundamental. En efecto, las elecciones presidenciales de 2006 fueron las últimas en las que el Gobierno de Venezuela solicitó la observación de la OEA y recibió la del sistema

Aparte y con otros alcances políticos y materiales, fue suscrito entonces por separado con Cuba otro más amplio acuerdo de cooperación integral, objeto de polémica por el irrespeto del procedimiento constitucional para su discusión aprobación legislativa y por la opacidad que cubrió sus términos y los de incontables acuerdos complementarios que le siguieron.

14 Acuerdo entre la representación del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y los factores políticos y sociales que lo apoyan y la Coordinadora Democratica y las organizaciones políticas y de la sociedad civil que la conforman, disponible en: http://www.oas.org/oaspage/eng/venezuela/acuerdo052303.htm (consulta: 20 de diciembre, 2016). Salvo por la tardía realización del revocatorio, otros compromisos fundamentales, también dependientes de la voluntad del Gobierno, fueron incumplidos: el desarme de civiles y la recuperación del monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado en el marco de las garantías constitucionales, la renovación del poder electoral que asegurara su independencia y el establecimiento de una comisión de la verdad que clarificara responsabilidades en los hechos de violencia del 11 de abril de 2002.

15 En términos semejantes fueron acordados en 2010 por la Unasur el Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de Unasur sobre Compromiso con la Democracia y por la Cumbre Iberoamericana la Declaración Especial sobre la Defensa de la Democracia y el Orden Constitucional en Iberoamérica. De modo semejante, en 2011 la recién creada Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños adoptó la Declaración Especial sobre la Defensa de la Democracia y el Orden Constitucional y el Mercosur aprobó el Protocolo de Montevideo (Ushuaia - II).


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de observación electoral de la Unión Europea. En adelante, desde Caracas se promovió la figura de los acompañantes electorales, con nulas posibilidades de siquiera informar ni mucho menos contribuir oportunamente a corregir irregularidades en los procesos electorales. Así lo acogió la Unión Suramericana de Naciones a partir de 2011, lo que formalizó al año siguiente al fundar su Consejo Electoral.

La creación de foros como la Alternativa y luego Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (2004), la recién mencionada Unasur (2008) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (2011) fue parte de la estrategia de fundación de una institucionalidad regional alternativa desde la cual proteger y proyectar las necesidades políticas y de seguridad del régimen, limitando también la incidencia de otros organismos internacionales, comenzando por la OEA.

b. De la vindicación al abandono de la protección de los derechos humanos

La protección de los derechos humanos quedó ampliamente consagrada y garantizada nacional e internacionalmente en los preceptos de la Constitución de 1999, que reconocieron y adoptaron el régimen supranacional que los protege, pero esto fue prontamente desconocido en los hechos. Alegando una concepción participativa y humanista que decía privilegiar la protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, se fueron haciendo cada vez más borrosas las garantías a los derechos políticos vinculados al ejercicio de la democracia representativa y, con el tiempo, también a la participativa. En mayo de 2002 se produjo la última visita in loco de representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,16 cuya presencia nunca más fue aceptada por el Gobierno venezolano. Los informes sucesivos de la CIDH –descalificados una y otra vez por voces gubernamentales– siguieron haciendo recomendaciones frente al deterioro del Estado de derecho, el sistema de administración de justicia, los derechos a la vida y la integridad personal, las libertades sindical y de expresión y pensamiento, denuncias ante las cuales el Gobierno amenazó con retirarse de esa Comisión.17 Eso en realidad no era posible sin abandonar la OEA, y la permanencia

16 La gravedad de la situación es expresada en el primer párrafo de las conclusiones del informe que resultó de esa inspección: “En conclusión a criterio de la Comisión, todas situaciones identificadas en los distintos capítulos del presente informe reseñados anteriormente representan una clara debilidad de los pilares fundamentales para la existencia del Estado de Derecho en un sistema democrático en los términos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales.”, en Informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, del 24 de octubre de 2003, disponible en: http://www.cidh.org/countryrep/venezuela2003sp/indice.htm (Consulta: 19 de noviembre, 2016).

17 Ante el informe Democracia y derechos humanos en Venezuela del 30 de diciembre de 2009 –disponible en: https://www.cidh.oas.org/countryrep/Venezuela2009sp/VE09CAPISP.htm (Consulta: 19 de noviembre, 2016) – y en años sucesivos el Gobierno reaccionó con graves acusaciones a miembros de


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en ese foro parecía necesaria para frenar u obstaculizar iniciativas inconvenientes al régimen. Con ese sentido, por ejemplo, el Gobierno venezolano procuró influir en el proceso de reflexiones para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.18 En cuanto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el otro pilar de ese sistema, después de haber declarado inejecutables una docena de sentencias alegando fundamentalmente que vulneraban la soberanía nacional,19 el Gobierno anunció su retiro en 2012. Materializado este en 2013, Venezuela quedó fuera de esa jurisdicción salvo por los casos en proceso.

El 28 de abril de 2017, al comunicar su voluntad de retirarse de la OEA, el gobierno de Venezuela también inició el proceso de retiro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Argumentos descalificadores semejantes a los empleados ante la Comisión y la CIDH también fueron luego la respuesta gubernamental a las numerosas observaciones surgidas de la Evaluación Periódica Universal de la que fue objeto Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2014 y 2016.

c. De la proclamación a la vulneración de la soberanía

La idea de soberanía nacional ha sido una pieza central en la visión y revisión del entorno internacional en diferentes aspectos y de modos contradictorios. Lo esencial para el régimen ha sido su particular concepción de los principios de autodeterminación y no intervención, cuya importancia fue en aumento al ritmo del paulatino desconocimiento de garantías y procedimientos institucionales para el ejercicio directo e indirecto de la soberanía popular. Así se deja ver en lo recién mencionado sobre los frenos a la protección internacional de la democracia, los mecanismos internacionales de observación electoral y los sistemas de protección supranacional de los derechos humanos.

la CIDH y críticas a su supuesta parcialización, falta de información y transparencia, arbitrariedad y falta de metodología, ambigüedad y denuncia selectiva que se denunciaba como parte de una campaña desestabilizadora. La secuencia se encuentra descrita en detalle en Civilis, Retiro de Venezuela del Sitema Interamericano de Derechos Humanos, disponible en: http://www.civilisac.org/civilis/wp-content/uploads/retiro-de-venezuela-del-sidh-1-1-1.pdf (Consulta: 19 de noviembre, 2016).

18 Para ello buscó aliarse con otros países que plantearon reducir fondos a la Relatoría sobre Libertad de Expresión y eliminar el Capítulo IV de los informes de la Comisión en el que se presentan secciones especiales sobre los países en los que se concentra la preocupación de la Comisión por el estado de los derechos humanos y donde Venezuela figura desde 2005. Esas modificaciones, sin embargo, no llegaron a producirse.

19 El análisis de los argumentos para declarar inejecutables de las sentencias de la CIDH acumulados en los primeros diez años del gobierno de Chávez se encuentra en Ayala Corao, Carlos, La inejecución de las sentencias internacionales en la jurisprudencia constitucional de Venezuela (1999-2009), Caracas, Fundación Manuel García Pelayo, 2009.


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Ahora bien, en materias muy diversas la proclama de recuperación de la soberanía y la independencia nacional entró en contradicción con otros dichos y muchos hechos. Territorialmente, el trato inconsistente de la reclamación territorial frente a la República Cooperativa de Guyana y el abandono en general de las fronteras, sus recursos y pobladores, particularmente en el caso de Colombia y ante la penetración de la guerrilla a territorio venezolano, revelan mucho más que ineficiencia. Se lee en esas inconsistencias una deliberada alteración de prioridades y estrategias con miras a favorecer políticas que el régimen juzgó convenientes para cultivar aliados gubernamentales y no gubernamentales para con ellos ejercer presión ante gobiernos y en organizaciones internacionales que le ofrecieran resistencia.

Convenios nunca del todo conocidos ni mucho menos debatidos o aprobados por la Asamblea Nacional ni sometidos al debido control administrativo, como los que notablemente perfilaron las relaciones con Cuba, penetraron aspectos esenciales para la seguridad de los ciudadanos y del Estado –educación, salud, identificación, registros, entrenamiento y presencia en fuerzas de seguridad, comunicaciones– que fueron subrayados en expresiones del propio Chávez tales como “tengamos conciencia de que somos una sola nación” o que Venezuela y Cuba tenían dos presidentes pero “somos un solo Gobierno”20 o de modo más dramático, con su decisión de que su tratamiento médico, convalecencia y disposiciones finales se produjeran, con el mayor secretismo, en La Habana. En diferente escala pero de la misma naturaleza por sus posibles alcances para los intereses permanentes del Estado, abundan ejemplos en los acuerdos que se fueron construyendo con países como Rusia, China e Irán a partir de 2005, así como en los financiamientos a una larga lista de “socios estratégicos”, desde Argentina, Bolivia y Nicaragua, hasta los fondos anunciados en 2010 con Libia y Siria.

Otra cara de la contradicción entre la proclama recurrente del principio de no intervención ante Estados Unidos y la OEA o para confrontar y descalificar a organizaciones internacionales y no gubernamentales críticas en materia de derechos humanos, fue la política de construcción de alianzas, ya no con otros gobiernos, sino dentro de otros países. En 2004, superada por el presidente la prueba del referendo revocatorio de su mandato, fue formulado un plan para los dos años siguientes en el que se alentaba a trabajar “en todos los niveles” ante los “vientos de cambio” que soplaban en Latinoamérica,21 así era dictada la instrucción de buscar aliados en partidos políticos,

20 “Chávez: Cuba y Venezuela van a confederación de repúblicas bolivarianas”, Aporrea, Caracas, 14-10-2007, disponible en: http://www.aporrea.org/actualidad/n103042.html (Consulta: 19 de noviembre,2016).

21 “En América Latina hay un gran forcejeo, es un forcejeo histórico de dos siglos por lo menos. En Suramérica están pasando cosas bien importantes que nos obliga a una acción muy acelerada, pero bien planificada; y debemos trabajar en todos niveles.”, en Harnecker, Marta, Nuevo Mapa


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gobiernos, grupos de apoyo dentro de otros países, incluidos movimientos como los Sin Tierra brasileños, los Piqueteros argentinos y movimientos y organizaciones indígenas en Ecuador, Perú y Bolivia. A esa tónica respondían el Congreso Bolivariano de los Pueblos y el Congreso de Intelectuales a finales de ese año. El objetivo era, por una parte, cultivar solidaridades y, por la otra, apoyar a organizaciones y liderazgos afines en sus campañas para ganar y desplazar del poder a quienes no se mostraban cercanos o tolerantes al régimen bolivariano.

Los cambios que estaban perfilándose en el mapa político regional se conjugaron con esta estrategia la más de las veces injerencista y reclamada como tal por varios gobiernos. Era la llamada “diplomacia de los pueblos” que en sus diversas facetas contribuía a construir redes de apoyo en paralelo a la institucionalidad diplomática formal, con todos los inconvenientes de la ausencia de escrutinio y control de actividades y recursos que ello acarreaba. Nacional e internacionalmente el impulso y financiamiento de una red comunicacional y el aliento al establecimiento de medios alternativos fue una estrategia complementaria.

El aprovechamiento de espacios como los Foros de São Paulo y Porto Alegre, en su diversidad, e iniciativas como el mencionado Congreso Bolivariano de los Pueblos, la Coordinadora Continental Bolivariana –transformada luego en Movimiento Continental Bolivariano– y la concepción del llamado Bloque Regional del Poder Popular fueron parte del “trabajo en todos los niveles” instruido por el propio Chávez.

Es desde luego importante, desde la perspectiva de la soberanía, la distinción entre los proyectos de apoyo a países aliados y los dirigidos a gobiernos que por no serlo protestaron el injerencismo venezolano, como trascencdió públicamente en varios momentos desde los de Colombia, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, México, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador. Era esta una estrategia injerencista expresamente propuesta en 2007 en el plan de desarrollo adjetivado como primer plan socialista, con referencias

muy específicas para Latinoamérica y el Caribe, Europa y Norteamérica. 22

estratégico. Taller de alto nivel, p. 26), disponible en: http://www.minci.gob.ve/wp-content/uploads/downloads/2013/01/nuevomapaestrategico.pdf (Consulta: 22 de noviembre, 2016). Documento que recoge las intervenciones del presidente Chávez en las reuniones realizadas los días 12 y 13 de noviembre de ese año en las que expuso los temas y objetivos hasta las elecciones presidenciales de 2006.

22 En cuanto a Latinoamérica y el Caribe se planteó entonces “Neutralizar la acción del imperio fortaleciendo la solidaridad y la opinión pública de los movimientos sociales organizados”; respecto a Europa, “Consolidar las alianzas políticas con las fuerzas sociales, partidos políticos y Parlamentos Nacionales, haciendo especial énfasis en los movimientos sociales”; y sobre Norteamérica, “Fomentar el intercambio permanente de personalidades del ámbito político, social, académico y religioso. Incrementar el apoyo y solidaridad con los sectores excluidos de la sociedad norteamericana. Incentivar la organización de grupos de solidaridad con la Revolución Bolivariana”, en Proyecto Nacional Simón Bolívar. Primer Plan


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Los vientos políticos que, si bien irregularmente, se hicieron sentir en el continente23 coincidieron con el mayor control del gobierno venezolano sobre los recursos financieros que el sostenido aumento de los precios del petróleo iba haciendo más abundantes.

Un aspecto de necesaria mención en el que se vinculan estrechamente soberanía y seguridad, que si bien escapa a los alcances de este capítulo conviene almenos mencionar, es el de las redes de ilícitos que se fueron tejiendo en medio de la pérdida elementos esenciales para la institucionalidad de la democracia, el Estado de derecho, la diplomacia y la protección efectiva de la soberanía. Venezuela se hizo en extremo vulnerable ante toda suerte de amenazas a la seguridad: desde las epidemiológicas y ambientales hasta las del crimen organizado transnacional.

Mientras tanto, particularmente a partir de 2005, fue redefinido el patrón de relaciones en esta materia, muy visible en masivas compras de equipos militares y armamento a Rusia y China, así como en acercamientos con explícitas motivaciones geopolíticas como el que se mantuvo con Irán en la fase más tensa de la imposición internacional de sanciones a Teherán. En efecto, en el Plan de Desarrollo Económico y Social 2001-2007 se programaba el acercamiento político y económico desde América Latina hacia otras regiones y países en Asia, África y Europa, con mención especial de China, Rusia e India, a objeto de consolidar y diversificar las presencia de Venezuela en los reacomodos de la escena internacional.24 En 2007 los planes eran ya más ambiciosos “en la búsqueda de objetivos de mayor liderazgo mundial” a través de “la diversificación de las relaciones políticas, económicas y culturales, para la creación de nuevos bloques de poder”.25 Esto se expresó en la definición de siete “áreas de interés geoestratégicas” traducidas a una lista de relaciones a procurar. Estas fueron expuestas de un modo que sugería cierto orden de prioridades: América Latina y el Caribe; Irán, Siria, Bielorrusia

Socialista 2007-2013, Caracas: 2007, pp. 40-43, disponible en: http://www.cendit.gob.ve/uploaded/pdf/Proyecto_Nacional_Simon_Bolivar.pdf (Consulta: 22 de noviembre, 2016).

23 Así fue, con la llegada a la Presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y Néstor Kirchner en Argentina (2003), Tabaré Vásquez en Uruguay (2005) Evo Morales en Bolivia y Michelle Bachelet en Chile (2006), Daniel Ortega en Nicaragua y Rafael Correa en Ecuador (2007), a los que se sumarían luego Fernando Lugo en Paraguay (2008) y Mauricio Funes en El Salvador (2009) y Ollanta Humala en Perú (2011). No sobra insistir en la diversidad de cercanías en esta lista, no solo por las características de cada líder, sus propuestas y los contrapesos sociales e institucionales a su ejercicio, sino en cuanto a su proximidad efectiva al Gobierno venezolano.

24 Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, septiembre de 2007, disponible en: http://www.flacsoandes.org/internacional/gobiernos_en_linea/venezuela/02plan_de_desarrollo_2001_2007.pdf (Consulta: 22 de noviembre, 2016).

25 Proyecto Nacional Simón Bolívar. Primer Plan Socialista 2007-2013, Caracas: 2007, p. 40, disponible en: http://www.cendit.gob.ve/uploaded/pdf/Proyecto_Nacional_Simon_Bolivar.pdf (Consulta: 22 de noviembre, 2016).


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y Rusia; China, Vietnam, Malasia y zonas circunvecinas; Europa; África; Organización da Países Exportadores de Petróleo, y América del Norte. Las aproximaciones a Rusia, China y a países del Medio Oriente y el Norte de África habrían de generar consecuencias económicas y de seguridad. Baste dejar apenas anotada la expansión de las ambiciones de la política exterior y su incursión en las complejidades de conflictos y vínculos con líderes y movimientos considerados útiles al propósito de confrontar el orden internacional. En realidad eso era muy lejano a las necesidades de seguridad de Venezuela por tratarse de relaciones marcadamente asimétricas en cuanto a la diversidad de las prioridades y el desbalance de costos y riesgos para unos y otros.

En suma, la soberanía defendida no ha sido la proclamada en la Constitución de 1999, pues no se trata de la autodeterminación, como protección de la soberanía popular, ni de la intervención, como protección de la seguridad del Estado. En cambio, se circunscribe a la seguridad del régimen, aceleradamente restringida a partir de 2013 a la de quienes detentan el poder, aun al precio de incurrir en graves contradicciones con los principios proclamados de autodeterminación y no intervención.

d. Del régimen de la integración a la geopolítica de las alianzas

No es de extrañar que la concepción de la integración regional –junto a la de la cooperación con la que se fue disolviendo– y las estrategias para materializarla hayan sido congruentes con las ideas de democracia, derechos humanos y soberanía cada vez más visiblemente centradas en la construcción de alianzas y en el aislamiento del escrutinio, la crítica y la posibilidad de presiones y sanciones –ya no solo políticas, sino económicas– por incumplimiento de compromisos internacionales.

La idea de integración se fue alejando de la consolidación de la institucionalidad existente que se hizo parte de la Constitución de 1999, en la que se había conjugado una visión muy amplia de propósitos (económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales) y de alcance geográfico (toda Latinoamérica y el Caribe) con el expreso reconocimiento de la supranacionalidad de las normas adoptadas por Venezuela en el marco de los acuerdos de integración.26

26 En su Preámbulo se incorporaron, entre las grandes orientaciones, la promoción de “la cooperación pacífica entre las naciones” y el impulso y la consolidación de “la integración latinoamericana”. En el extenso artículo 153 se lee esa concepción en los siguientes términos: “La República promoverá y favorecerá la integración latinoamericana y caribeña, en aras de avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones, defendiendo los intereses económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales de la región. La República podrá suscribir tratados internacionales que conjuguen y coordinen esfuerzos para promover el desarrollo común de nuestras naciones, y que aseguren el bienestar de los pueblos y la seguridad colectiva de sus habitantes. Para estos fines, la República podrá atribuir a


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En las orientaciones de políticas se mantuvo inicialmente esa valoración de la integración como estrategia para enfrentar los obstáculos al desarrollo humano, los desafíos de la pobreza, la seguridad y la defensa así como la concertación política. Pesó inicialmente mucho la reserva –muy pronto transformada en abierta oposición– a las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. Tras ser descartado en 2005 luego de varios años de conversaciones, la estela de esa propuesta se prolongó en el rechazo venezolano a la multiplicación regional de tratados bilaterales de libre comercio con Estados Unidos. En adelante, a medida que se fue redefiniendo el régimen económico doméstico en términos cada vez menos compatibles con la apertura exigida por los compromisos vigentes, se acentuó la posición crítica del Gobierno hacia los acuerdos de integración que inicialmente había propuesto cultivar y vincular entre sí: la Comunidad Andina y el Mercosur. En la búsqueda de la adhesión al Mercosur, un proceso largo y tenso, no faltaron duras críticas a ese modelo de integración expresadas por el propio Chávez. En esa tónica se produjeron, en 2006, los retiros de la Comunidad Andina y del Grupo de los Tres, el acuerdo de libre comercio que había sido suscrito con Colombia y México en 1995. Ahora la visión de la integración se mostraba cada vez más penetrada por consideraciones geopolíticas y en estrecha relación con la cooperación energética o, más bien, en deliberada y exagerada conjunción de la potencialidad energética venezolana con la reconfiguración del orden mundial mediante nuevos esquemas de cooperación económica.

Es el caso que de 2001 a 2007, entre los dos planes de desarrollo ya citados y en adelante, fueron cambiando las capacidades del Gobierno venezolano y el alcance de sus vínculos internacionales. A lo primero contribuyeron especialmente el aumento de los ingresos petroleros y de su valor estratégico, junto a los desajustes y reacomodos de un sistema mundial en el que se abrían espacio económico y político potencias emergentes y reemergentes. Para lo segundo fueron fundamentales la intensa diplomacia presidencial, la ya mencionada diplomacia de los pueblos y lo propio de la llamada petrodiplomacia; todas se orientaron a ampliar el alcance de solidaridades y alianzas. Si tanto en el alejamiento de la Comunidad Andina y el Grupo de los Tres como en el acercamiento al Mercosur pesó la reconsideración de la integración como alianza –en la que la que se cultivó la cercanía política y económica a los gobiernos de Luiz Inácio Lula Da Silva, Fernando Lugo, Néstor y Cristina Kirchner, Tabaré Vásquez y Pepe Mujica–,

organizaciones supranacionales, mediante tratados, el ejercicio de las competencias necesarias para llevar a cabo estos procesos de integración. Dentro de las políticas de integración y unión con Latinoamérica y el Caribe, la República privilegiará relaciones con Iberoamérica, procurando sea una política común de toda nuestra América Latina. Las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración serán consideradas parte integrante del ordenamiento legal vigente y de aplicación directa y preferente a la legislación interna”.


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eso estuvo presente mucho más visiblemente en la creación y ampliación gradual de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América ALBA, fundada en 2004 por Fidel Castro y Hugo Chávez, que luego se redesignó como Alianza y sumó a tres países de Centro y Suramérica (Nicaragua, Bolivia y Ecuador) y seis del Caribe insular (Mancomunidad de Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, y Granada). Nacida del rechazo al ALCA, los principios que en la ALBA orientaron al llamado Tratado de Comercio de los Pueblos y su Plan de Acción mostraron sobre todo la naturaleza declarativa de oposición a la apertura comercial y a los tratados de libre comercio, mientras que en lo propositivo se quedó en consideraciones muy generales sobre lo que no pretendía ser y otras más bien propias de un acuerdo de solidaridad.27

Petrocaribe fue desde 2005 otra iniciativa reveladora del giro en la concepción de la integración y particularmente de la cooperación. Con antecedentes en los convenios de cooperación energética de las décadas de 1970 y 1980 y en los suscritos separadamente con Cuba y otros países del Caribe en octubre de 2000, este acuerdo que llegó en su mejor momento a sumar dieciocho miembros –Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam y Venezuela– materializó la estrategia de construir relaciones de solidaridad en un contexto de precios petroleros altos, de difícil manejo para las economías del Caribe, a la vez que de reciprocidad en el apoyo político. Sirva como ilustración que en Petrocaribe se llegaron a contar, incluida Venezuela, diecisiete de los 34 miembros de la OEA, para colocarlo en proporciones hemisféricas que de tanto interés han sido para el régimen venezolano en varios momentos críticos.

El balance económico de estos y otros convenios suscritos en el marco de las relaciones calificadas de estratégicas por el Gobierno (como con los de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil) es difícil de analizar dada la opacidad de las operaciones y, en general, la falta de rendición de cuentas.28 Con todo, sí pueden constatarse los apoyos que el Gobierno venezolano recibió y mantuvo, aunque con el tiempo las promesas de

27 Principios Fundamentales del Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), Cochabamba, Bolivia, 17 de octubre de 2009, disponible en: http://alba-tcp.org/contenido/principios-fundamentales-del-tratado-de-comercio-de-los-pueblos-tcp (Consulta: 24 de noviembre, 2016).

Plan de Acción para el Desarrollo del Comercio en la Zona Económica de Desarrollo Compartido del Alba-Tcp, Cochabamba, Bolivia, 17 de octubre de 2009, disponible en: http://alba-tcp.org/contenido/plan-de-acción-para-el-desarrollo-del-comercio-en-la-zona-económica-de-desarrollo-comparti (Consulta: 24 de noviembre, 2016).

28 Un balance general de la petrodiplomacia se encuentra en Cardozo, Elsa, “Fondos y trasfondos de la petrodiplomacia”, en Balza, Ronald (ed.), Venezuela 2015. Economía, política y sociedad, Caracas: Fundación Konrad Adenauer – Universidad Católica Andrés Bello, 2015, pp. 105-129, disponible en:


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la cooperación dejaran de ser creíbles y se activaran más bien los temores sobre cobro de acreencias o no pago de deudas por parte de Venezuela.

Finalmente, así como la concepción geopolítica de la integración llevó al abandono de algunos acuerdos y al menosprecio de la institucionalidad de otros, una mirada semejante a la cooperación se materializó en vínculos a la larga muy endebles e inconvenientes: por la deliberada intención de hacerlos dependientes de significativos aportes económicos de Venezuela y por lo que el desvío de fondos y oportunidades comerciales y de negocios costó en fondos y oportunidades para el desarrollo económico nacional. Además, valga insistir en ello, la falta de transparencia en los acuerdos internacionales y su ejecución fue a la vez consecuencia y causante de su endeble institucionalidad.

e. Y Hugo Chávez…

En el reconocimiento de la importancia del entorno mundial y el giro en las concepciones desde las que fue considerado y desafiado desde Venezuela, la presencia de Chávez fue central: desde su discurso hasta su actuación personal para crear espacios y construir defensas externas a la reconfiguración del sistema político venezolano.

Así se hizo sentir en torno a los objetivos prioritarios para la política exterior que inspiraron las gestiones iniciales para contribuir a la recuperación de los precios del petróleo desde la Opep, el manejo de la presión de la OEA durante la crisis que se prolongó después del golpe de Estado de 2002, la profundización de las relaciones y ampliación de los acuerdos con Cuba, la confrontación de la propuesta hemisférica del Alca, la redefinición del trato al conflicto colombiano y la relación con la guerrilla, la confrontación política y el cuidado a los lazos económicos con Estados Unidos, el impulso y la presencia en foros regionales alternativos y nuevas organizaciones internacionales, los acuerdos de cooperación y propuestas de integración energética, las relaciones con personalidades y líderes mundiales de particular visibilidad –para bien y para mal–,29 la compra de armamento y equipos militares y los controversiales y secretos acuerdos de

http://w2.ucab.edu.ve/tl_files/Publicaciones/VENEZUELA-2015.Economia%20,%20Politica%20y%20Sociedad%20%20.pdf (Consulta 25 de noviembre, 2016).

En materia de opacidades, es de espacial interés la serie de publicaciones de Transparencia Venezuela, Boletín Petrocaribe (no 1). 1 de octubre de 2013, disponible en: http://2016.transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2012/12/Boletin-Petrocaribe-1.pdf (Consulta: 30 de noviembre, 2015). Boletín Petrocaribe (no 2), 20 de enero 2014. Boletín Petrocaribe (no 3), 1 de agosto 2014. Boletín Petrocaribe (no

4), 4 de febrero de 2015. disponible en: http://2016.transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2012/12/PETROCARIBE4.pdf (Consulta: 30 de noviembre, 2015).

29 En el segundo caso detacan los desafiantes acercamientos a los dictadores de Zimbabue, Robert Mugabe, y Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, así como las aproximaciones a líderes como Vladimir Putin,


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supuesto acceso a tecnología nuclear. En los giros fundamentales, recién resumidos en esquemática secuencia, estaban presentes el discurso y la actuación de Chávez, quien no por casualidad tuvo seis cancilleres que, salvo Nicolás Maduro, su sucesor en el cargo, no alcanzaron los tres años en el cargo.30 Lo esencial no era el canciller ni la organización institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores y las otras dependencias vinculadas directa o indirectamente a la gestión internacional, sino las orientaciones y prioridades definidas por el presidente.

No es por tanto extraño que la Ley del Personal del Servicio Exterior fuera modificada tres veces. Si la reforma del año 2001 encontró buen eco por su ampliación del espectro profesional de candidatos a ingresar en la carrera diplomática, la reforma parcial de 2005 fue mucho más polémica porque suprimió la cuota ejecutiva de nombramientos y dejó en manos del presidente la designación de todos los jefes de misiones diplomáticas y oficinas consulares, en tanto que modificó la composición del comité evaluador (antes jurado calificador) para el ingreso y el desarrollo de la carrera profesional, lo que lo hizo mayoritariamente gubernamental.

La Ley Organica del Servicio Exterior incorporó ocho años después disposiciones iniciales sobre las orientaciones que habrían de guiar a la política exterior. Incluyó de modo expreso las prioridades gubernamentales, tal como lo hizo al enmarcar al servicio exterior en “la directriz de la refundación de la Nación venezolana”,31 más allá de lo definido en el preámbulo de la Constitución. En adición, al eliminar el comité evaluador y el concurso de ingreso, admitió el libre nombramiento y remoción de todos los funcionarios del servicio interno y externo, salvo que algo diferente se llegara a disponer en la Ley Especial del Estatuto del Personal del Servicio Exterior, pendiente desde 2013. Esta breve referencia revela normas que no han favorecido en este sector de la administración pública el desarrollo del “sistema de excelencia, meritocracia y alto profesionalismo” que prometía el programa de gobierno de 1998. En cambio, entre el activismo de la diplomacia presidencial y el afán de desafío a la institucionalidad internacional, incluido el principio de la no intervención, la diplomacia institucionalizada vio diluirse sus formas y competencias.

Bajo liderazgo personal y decisivo del presidente Chávez se fue produciendo la desarticulación profesional del servicio diplomático y consular mientras que,

Mahmud Ahmadinejad y Bashar al-Assad, aun desafiando las sanciones internacionales impuestas a sus gobiernos.

30 José Vicente Rangel (1999-2001), Luis Alfonso Dávila (2001-2002), Roy Cháderton (2002-2004), Jesús Arnaldo Pérez (2004), Nicolás Maduro (2004-2013).

31 Ley Organica del Servicio Exterior de Venezuela, Título I, artículo 7, disponible en: http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_4b9ca1ed4c259a4f27d7522660fa40943edd1830.pdf (Consulta, 30 de noviembre, 2016)


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paralelamente, se desarrollaban vínculos oficiosos. Lo que contribuyó a facilitar la directa y rápida gestión presidencial, le restó capacidad para el debido seguimiento y evaluación de relaciones y acuerdos, tan dependientes en unos aspectos de la voluntad de Chávez y, en otros, de una disgregada y en buena medida incontrolable ejecución poco o nada institucionalizada. De modo diverso esto se puede ilustrar, aparte de la relación con Cuba, con otros cuatro conjuntos de vínculos de tanto interés para Chávez como de malos resultados para el país, tales como los problemas de seguridad derivados de los entendimientos con la guerrilla colombiana; el costo en recursos y los riesgos de seguridad que derivaron de los inauditables acuerdos con Irán; la mezcla de vínculos económicos y políticos con Brasil y Argentina a la sombra de cuyas opacidades se desarrollaron densas tramas de corrupción, y las ineficiencias, costos y pérdida de oportunidades nacionales en el manejo de las relaciones económicas y los fondos con China.

A partir de 2012, a la disminución de recursos materiales disponibles para financiar las estrategias internacionales de sostén, proyección y protección del régimen se añadió la pérdida de la voz y presencia de Chávez en ellas. En adelante fue crucial el estado de lo “refundado” internacionalmente: para el sostén del régimen sin Chávez, pero también para estrategias opositoras conducentes a una reconfiguración democrática del sistema político.

La selección de Nicolás Maduro como candidato a sucederlo, su principal vocero y agente en el exterior desde agosto de 2006, fue la última decisión hecha pública por el propio Chávez con la evidente intención de procurar traspasarle legitimidad interior y exterior, necesaria para la continuidad del régimen en ausencia de quien había concentrado un poder tan personalmente fuerte como institucionalmente frágil.

El programa de gobierno presentado por Chávez en junio de 2012, “de transición al socialismo y de radicalización de la democracia participativa y protagónica” con miras “a traspasar la barrera del no retorno, a hacer irreversible el tránsito hacia el socialismo”,32 se convirtió en ley como Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019.33 Allí, a semejanza del Plan 2007-2013, la proyección y protección de la continuidad y consolidación definitiva de la revolución bolivariana no ahorraba desmesuras al proponer la conversión de Venezuela en un país potencia a partir de su capacidad energética para desempeñar un papel protagónico en el desarrollo de una nueva geopolítica internacional. En el mismo tono añadía lineamientos en la dimensión

32 Propuesta del candidato de la patria comandante Hugo Chavez para la gestión bolivariana socialista 2013-2019, pp. 2-3, disponible en: http://blog.chavez.org.ve/Programa-Patria-2013-2019.pdf (Consulta 27 de noviembre, 2016).

33 Ley del Plan de la Patria. Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y social de la Nación 2013-2019, pp. 21, 23-26, disponible en: http://www.mppp.gob.ve/wp-content/uploads/2013/09/ley_plan_patria.pdf (Consulta: 27 de noviembre, 2016).


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ambiental en defensa del socialismo “como única opción frente al modelo depredador, discriminador e insostenible capitalista” y algunas líneas, no por breves poco importantes, sobre el desarrollo del poderío militar para la defensa de la patria; propósito en el que la seguridad del país se hacía equivalente a la del régimen y su proyecto.34 Puede por tanto decirse que el rasgo distintivo en el balance de lo internacional a partir de 2013 va a estar marcado por el propósito de irreversibilidad del régimen, acompañado por la reiteración de las ideas y estrategias con las que se había venido interviniendo el entorno internacional desde 1999.

3. Lo internacional y la aceleración del derrumbe interior desde 2013

La desaparición de Chávez, la disminución acelerada de apoyo popular revelada en los apretados resultados de la elección de Maduro que quedó confirmada y aumentada en las elecciones legislativas de 2015, la merma de recursos económicos, la presión de las acreencias junto al profundo y rápido deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos y la multiplicación de protestas acompañadas por la profundización y generalización de la represión se acumularon en un entorno nacional en el que las estrategias para el sostenimiento del régimen, cada vez más centradas en el sostenimiento de los detentadores del poder, contribuyeron a ampliar la brecha entre las promesas iniciales de la refundación y a multiplicar problemas de eficiencia y a acelerar a pérdida de legitimidad del gobierno y del régimen como tal.

En el entorno internacional ocurrieron cambios importantes, a tomar en cuenta tanto en el balance presente como en la consideración de posibilidades para una reconfiguración democrática del sistema político.

Son muchos los datos que fueron revelando complicaciones internacionales para la consolidación del régimen e incluso para su continuidad. Son señales que bien pueden ser organizadas alrededor de las ideas con las que quedaban resumidas las grandes preocupaciones y orientaciones de lo internacional para sostenimiento de la revolución bolivariana.

En la acelerada reducción de margen de maniobra para las estrategias asociadas a la protección de la democracia participativa se cruzaron, de un lado, la anotada ausencia de Chávez, su discurso, disposición y capacidad de manejo político, con el añadido de

34 Así se lee en ese plan: “Preparar y adiestrar a los integrantes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana bajo la premisa fundamental de los ideales bolivarianos de integración, soberanía, independencia, partiendo del concepto de guerra popular prolongada, asimétrica y de resistencia”.


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una notable reducción de recursos económicos y apoyo político. En ese contexto, a partir de 2013 se encadenaron eventos domésticos con repercusión internacional.

El reclamo opositor de recuento de votos en las elecciones presidenciales de abril de ese año fue atendido en la Unasur desde donde se acordaron medidas finalmente no puestas en práctica por el Consejo Nacional Electoral.

Las protestas entre febrero y mayo de 2014 fueron respondidas violentamente por fuerzas estatales, y con participación de bandas armadas, mediante fuertes medidas represivas, encarcelamientos y torturas, con más de cuarenta víctimas mortales y centenares de heridos. Ante la gravedad de la situación se produjeron manifestaciones internacionales sobre la violación de derechos humanos en Venezuela; un conjunto notable de declaraciones e iniciativas imposibles de ignorar por su cantidad, claridad de su contenido, variedad y relevancia de su origen.35 Se movilizó la Unasur, nuevamente la única instancia en la que el Gobierno aceptó se tratara el tema. Allí fueron designados tres cancilleres, los de Colombia, Ecuador y Brasil, quienes en compañía del nuncio apostólico facilitaron un diálogo entre representantes gubernamentales y de la oposición organizada en la Mesa de Unidad Democrática. Ante la falta de respuestas concretas por parte del Gobierno, la oposición optó a mediados de mayo por congelar su participación en el diálogo aunque sin suspenderlo con los acompañantes internacionales.36 Días después estos publicaron un breve y poco preciso comunicado de prensa que dejó expresada su disposición a “continuar el diálogo que permita avanzar en la búsqueda de soluciones a los temas que se han planteado”.37 Lo más importante en esta accidentada secuencia fue la constatación del fortalecimiento de los vínculos internacionales de la oposición, en una marea de reacciones en las que no solo se reflejó la magnitud y reverberación de la conducta represiva del Gobierno, sino la cosecha de varios años de deliberado tejido de lazos con actores comprometidos con los derechos humanos y la democracia.

Desde comienzos de 2015 nuevas protestas y otra oleada represiva llevaron a reactivar la misión de los tres cancilleres que, al igual que en 2014, finalizó sin acuerdos

35 Organizaciones internacionales, no gubernamentales, parlamentos y partidos, personalidades con voces de resonancia mundial, algunas cancillerías y gobiernos, expresaron su preocupación de diversos modos, apostando por la normalización a través de diálogos, pero también clamando por la garantía de los derechos humanos.

36 Entre los temas que llevó a la mesa la oposición estuvieron el establecimiento de una Comisión de la Verdad que investigara los hechos de violencia de abril y mayo, la inclusión de los estudiantes en el diálogo, la amnistía para presos políticos y la escogencia de un Consejo Nacional Electoral imparcial, “Mesa de la Unidad: El diálogo está congelado”, en El Universal, 13 de mayo de 2014, disponible en: http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/protestas-en-venezuela/140513/mesa-de-la-unidad-el-dialogo-esta-congelado (consulta: 19 de diciembre, 2016).

37 Comunicado conjunto de los Cancilleres de Brasil, Colombia, Ecuador y el Nuncio Apostólico, disponible en http://brasil.embajada.gov.co/newsroom/news/2014-05-20/3386 (consulta: 19 de diciembre, 2016).


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concretos y apenas con la insistencia regional en que las tensiones políticas encontraran solución en las elecciones legislativas para las que se solicitó insistentemente fijar prontamente la fecha. Finalmente esas elecciones se realizaron el 6 de diciembre, con un resultado ampliamente favorable a la oposición.

En 2016, ante los reiterados irrespetos gubernamentales a la nueva configuración política de la Asamblea Nacional –desde el desconocimiento de la mayoría calificada hasta la anulación judicial de las leyes aprobadas y la negación de las competencias de control político y administrativo del Poder Legislativo–, se intensificaron las medidas represivas y judiciales contra líderes políticos y manifestantes, mientras que la solicitud opositora de un referendo revocatorio del mandato presidencial era obstaculizada de diversos modos, hasta llegar a su suspensión por una vía ajena a las normas constitucionales y legales. Esta vez, no obstante la resistencia gubernamental y su estrategia de canalizar la presión internacional a través de la Secretaría de la Unasur y de su invitación a tres expresidentes –Martín Torrijos, Leonel Fernández y José Luis Rodríguez Zapatero– para iniciar un diálogo con la oposición, también en la OEA fue tratado el caso.

El documentado diagnóstico que presentó a finales de mayo de 2016 el secretario general Luis Almagro sobre la gravedad de la crisis venezolana –que no dudó en caracterizar dentro de los preceptos del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana–38 tuvo como soporte las gestiones e informes de dirigentes de la oposición y de organizaciones sociales de Venezuela, así como de personalidades con eco en la comunidad internacional, partidos políticos y parlamentos, organizaciones no gubernamentales, voceros de organizaciones internacionales y, si bien en menor medida, gobernantes en ejercicio.

El agravamiento de la situación política, económica y social de Venezuela ocurrió, además, en medio de un cambiante mapa político regional, cuyos más relevantes datos fueron, por una parte, la dosis de pragmatismo que insufló a la región el final de una década de notable aumento de la demanda y los precios de las materias primas, y por el otro, la salida del Gobierno de líderes y partidos cercanos al chavismo o renuentes a pronunciarse sobre la crisis venezolana. Esto ocurrió en Uruguay y Panamá (2014), Guyana y Argentina (2015), Perú y Brasil (2016). De modo que el llamado “chavismo 38 Almagro, Luis, Comunicación al Presidente del Consejo Permanente de la OEA, Embajador Juan

José Arcuri OSG/243-16, disponible en: http://www.oas.org/documents/spa/press/OSG-243.es.pdf (Consulta: 30 de noviembre, 2016). El artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana autoriza al secretario general a actuar en estos términos: “En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente.” OEA, Carta Democrática Interamericana, disponible en: http://www.oas.org/charter/docs_es/resolucion1_es.htm (Consulta: 30 de noviembre, 2016).


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regional” perdió a Chávez, a socios estratégicos y pragmáticos, a la vez que vio disminuir los recursos que alimentaban programas de cooperación y solidaridades transnacionales, mientras crecían las manchas de ramificaciones de corrupción venezolana en sonados casos denunciados en Argentina, Brasil y Nicaragua, por mencionar los más difundidos.

El informe de Almagro fue escuchado en el Consejo Permanente de la OEA el 23 de junio a pesar de la resistencia del Gobierno venezolano que, sin embargo, para mantener a esa organización al margen se adelantó, como ya se indicó, a invitar tres expresidentes para que bajo el paraguas de la Unasur, aunque procedentes de países no vinculados a este acuerdo, lo apoyaran en su propuesta de diálogo con la oposición en un momento en el que crecía la presión de la protesta en la calle y las manifestaciones internacionales de preocupación ante la falta de respuestas gubernamentales constructivas.

Desde la Secretaría General y el Consejo Permanente de la OEA, ante la falta de votos suficientes para que con la Carta Democrática Interamericana se avanzara en otras gestiones, se produjo el apoyo a los tres expresidentes y se mantuvo la atención sobre Venezuela, en cuanto al deterioro de la democracia, el Estado de derecho y la garantía de los derechos humanos.

En los hechos de 2014, 2015 y 2016 se hicieron particularmente visibles las responsabilidades del Gobierno por acción y por omisión de la erosión en todo el espectro de los derechos consagrados en la Constitución y en el régimen internacional en esa materia. Ya no solo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su alarma, sino que durante las dos sesiones de la evaluación periódica universal de derechos humanos de las que ha sido objeto Venezuela en las Naciones Unidas fueron presentadas denuncias y planteadas recomendaciones al Estado venezolano que, una y otra vez, como ha sido señalado antes, ha alegado intromisión en sus asuntos internos para desestimar las recomendaciones presentadas sobre libertad de expresión, relaciones con la sociedad civil, protección de defensores de derechos humanos y acceso a la justicia. Si en 2011 intervinieron 50 países en la fase de intercambios con Venezuela y se produjeron de 148 recomendaciones al Estado (de las que aceptó 97, rechazó 51 y no hizo rectificación alguna), en noviembre de 2016 participaron representantes de 103 Estados que hicieron en total 274 recomendaciones (de las que aceptó 193, tomó nota de 28 y rechazó 53, entre ellas las relativas a detenciones arbitrarias y por razones políticas, y a la separación e independencia de los poderes públicos).

A mediados de marzo de 2017 el secretario general de la OEA presentó una actualización de su informe de mayo de 2016 en la que documentaba la aceleración del deterioro social, político y económico y la necesidad de dar por agotadas las gestiones diplomáticas visto el incumplimiento gubernamental de las cuatro condiciones que habían quedado pendientes para que pudiese reanudarse el diálogo que había sostenido


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con la oposición entre octubre y noviembre. Estas habían sido recogidas en una carta del secretario de Estado del Vaticano, monseñor Pietro Parolin, el 1 de diciembre, a saber: la apertura de un canal de asistencia con medicinas y alimentos, el reconocimiento pleno de las competencias de la Asamblea Nacional, la definición del calendario electoral para los procesos vencidos y próximos, y la liberación de los presos políticos. Dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que despojaron a la Asamblea Nacional de sus facultades legislativas colocaron el tema venezolano en otra escala y el 31 de marzo veinte países solicitaron una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA que tuvo lugar el 3 de abril, cuando fue aprobada por consenso una Resolución que calificó la situación como de alteración inconstitucional del orden democrático, urgió al gobierno a garantizar la separación e independencia de poderes y acordó “emprender, en la medida que sea necesario, gestiones diplomáticas adicionales para fomentar la normalización de la institucionalidad democrática, de conformidad con la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, incluyendo la convocatoria de una reunión de nivel ministerial”.

Mientras tanto, en el Mercosur se acordó cuatro días más tarde, en aplicación de su protololo democrático, excluir al gobierno de Venezuela. En efecto, ante el inicio de masivas protestas, la escalada represiva gubernamental dio nuevas razones para que se mantuviera la situación venezolana en la agenda hemisférica. Pese al rechazo del Gobierno venezolano, el 26 de abril el Consejo Permanente en sesión extraordinaria aprobó convocar una Reunión de Consulta de Cancilleres. Dos días más tarde fue entregada la nota de solicitud de retiro de Venezuela de la OEA que, de acuerdo a la Carta que rige a esta organización, se haría efectiva en abril de 2019.

El 1 de mayo, el anuncio presidencial de una convocatoria a todas luces inconstitucional de una Asamblea Constituyente Comunal, en medio del recrudecimiento de la violencia represiva y en franca negación de las cuatro condiciones pendientes ante la comunidad internacional, encendió nuevas alarmas. Con apenas seguridad de dos apoyos en la Unasur, el gobierno intentó mover en dos ocasiones su caso a una reunión de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) pero en la primera ocasión, el 2 de mayo, asistieron apenas cuatro cancilleres y faltaron siete representantes; la segunda fue cancelada el 20 de mayo por falta de suficientes confirmaciones.

En la OEA, a falta de consenso y de, siquiera, la necesaria mayoría calificada para actuar con el sentido de urgencia y eficiencia que el deterioro venezolano reclamaba, se impuso la lentitud y la XXIX Reunión de Consulta de Cancilleres fue finalmente convocada para el 31 de mayo. En esa cita, no hubo los votos necesarios para aprobar las dos declaraciones sometidas a consideración –una por la Comunidad del Caribe y otra por


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Canadá, Estados Unidos, México, Perú y Panamá– y tras intentar en vano una propuesta compartida se acordó darle un nuevo plazo, lo que llevó a una nueva convocatoria de los cancilleres, el 19 de junio, previa a la instalación de la Asamblea General de la OEA. Poco antes del encuentro, los proponentes de las declaraciones iniciales las retiraron tras haber logrado un texto que contaría con la mayoría calificada necesaria. Sin embargo, intensas gestiones de la cancillería venezolana, que resolvió asistir a Cancún con una inusualmente numerosa delegación, incentivaron los cambios de posición y no se logró aprobar el texto que, aparte de insistir en la necesidad de procurar una solución negociada a la crisis, solicitaba al gobierno de Venezuela reconsiderar la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Luego, en el desarrollo de la Asamblea General, aunque no fueron aprobadas las numerosas propuestas del Gobierno venezolano, tampoco lo fueron las de incorporar pronunciameinto alguno sobre la situación de Venezuela. No deja de ser importante señalar que tanto en la Reunión de Cancilleres como en la Asamblea, para oponerse a las propuestas sobre el caso venezolano no hubo en ningún caso pronunciamientos valederos de fondo, sino argumentos predominantemente procedimentales y unos pocos –de los ministros de Nicaragua y Bolivia– con alegatos de soberanía que desde hace décadas dejaron de tener sentido en materia de derechos humanos y, cada vez más, en lo que concierne a la legitimidad democrática del ejercicio gubernamental. Sobre el resultado de la votación de los cancilleres –20 votos a favor, ocho abstenciones, cinco en contra y una ausencia (la de Venezuela)–, se ha destacado no solo el paulatino aumento de los gobiernos dispuestos a manifestar su preocupación, sino el peso geopolítico de una mayoría que representa el 90% de la población y la economía hemisférica, pero también el hecho de que el 10% haya podido bloquear una mera declaración colectiva.

En todo caso, las razones objetivas de preocupación persisten, desde las humanas hasta las de seguridad regional, el tema de la crisis venezolana sigue sobre la mesa y la Reunión de Consulta se ha mantenido abierta, aunque sin fecha definida para sesiones subsiguientes. Mientras, se han intentando otras acciones y gestiones diplomáticas, entre medidas unilaterales –como es visiblemente el caso de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a altos funcionarios del Gobierno venezolano y las que estaría considerando la Unión Europea– y las iniciativas de construcción de vías diplomáticas que puedan contribuir a crear posibilidades de negociación de una solución pacífica y democrática. Quizá el mejor resumen de las perspectivas de actuación hemisférica a mediados de 2017 ha sido hecho por el secretario general de la OEA, cercano a lo que se ha venido haciendo e indudablemente comprometido en la búsqueda de una solución democrática. Valga la extensa cita:


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El escenario de sanciones puede recrudecer si la situación continúa deteriorándose. Nosotros hemos llamado a sanciones individuales. Es verdad que las sanciones por sí solas no resuelven el problema.

(…)las sanciones, que es el paradigma más alto de la presión internacional, sirven en función de las acciones internas que el país tome para volver a la democracia. Pero por sí solas, no van a significar el elemento crucial de la redemocratización.

(…) El tema es que la negociación real va a tener que ser entre gobierno y oposición. Con la menor participación internacional posible. El grupo de amigos, si se concreta, lo que hará es buscar acercar posiciones para que se concrete ese diálogo real en el país. Ese sería su propósito más loable y saludable.39

La soberanía entendida como protección del régimen en un entorno interior de erosión inocultable del Estado de derecho y exterior de pérdida de apoyos y recursos, siguió siendo componente fundamental del discurso gubernamental en todos los ámbitos que definió como amenazados por sus enemigos internos y externos. Tres situaciones ilustran esa instrumentación de la soberanía y sus efectos contraproducentes.

Los decretos de emergencia impuestos, para comenzar, en la frontera con Colombia a mediados de 2015 fueron justificados como medida de defensa ante una supuesta ofensiva de guerra económica contra el régimen. En realidad pesaron mucho en su contenido consideraciones políticas y medidas limitantes de la dinámica de la campaña y movilización electoral. Sea como fuere, tuvo como efecto importantes restricciones y daños materiales a los habitantes de la frontera y generó rechazo nacional e internacional pues sus medidas incluyeron un prolongado cierre de los pasos fronterizos y la expulsión de dos decenas de miles de colombianos. El caso fue llevado por el presidente Juan Manuel Santos a la OEA, donde por apenas un voto no logró elevarlo a la instancia de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para estudiar sanciones. Con todo, en el resultado de esa votación se leía la pérdida de apoyos incondicionales al Gobierno venezolano en el Caribe, votos con los que había contado en otras ocasiones.

En mayo del mismo año fueron decretadas cuatro Zonas Operativas de Defensa Integral Marítimas e Insulares (Zodimain) que incorporaban expresamente las áreas marinas y submarinas de la zona en reclamación frente a Guyana y las no delimitadas con Colombia en el golfo de Venezuela. Poco más de un mes después la emisión de un nuevo decreto eliminó esas referencias pero eso no mejoró la debilitada posición venezolana ante la reclamación territorial ni frenó el deterioro de las relaciones con Guyana, un acercamiento político que Chávez había privilegiado por encima de la

39 De Alba, Mariano, “Entrevista a Luis Almagro: Venezuela, la OEA y la recuperación de la democracia”, portal Prodavinci, 15 de junio de 2017, disponible en http://prodavinci.com/2017/06/15/actualidad/entrevista-a-luis-almagro-venezuela-la-oea-y-la-recuperacion-de-la-democracia-por-mariano-de-alba/ (consulta, 16 de junio, 2017).


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reclamación misma. Después de los decretos, el malestar continuó y se proyectó también entre los socios guyaneses en la Comunidad del Caribe (Caricom).

La tercera situación se refiere a la referencia constante especialmente desde 2014 a razones de soberanía ya no para defender al régimen, sino al gobierno. Así se reveló abiertamente con la suspensión del referendo revocatorio, el retardo en la convocatoria a elecciones regionales y la inconstitucional convocatoria a una Asamblea Constituyente sin que mediase un referendo aprobatorio de la misma. De modo que el reclamo de soberanía con que el gobierno justificó el retiro de la OEA y se ha negado recurrentemente a responder internacionalmente en materia de derechos humanos, reniega de la fuente misma de legitimidad democrática del mandato gubernamental mientras que autoritariamente multiplica problemas de gobernabilidad y seguridad que trascienden las fronteras nacionales.

En efecto, se han seguido acumulando los casos internacionalmente atendidos a través de denuncias, informes, ramificación de investigaciones en otros países, juicios y sentencias, que han puesto en evidencia la densidad del entramado de ilícitos y el modo como comprometen la seguridad nacional e internacional de Venezuela. No son pocas las ilustraciones sobre denuncias y procesos internacionales que en materia de violación de derechos humanos, corrupción, lavado de dinero y narcotráfico tendrán que ser atendidos en el tránsito a la reconfiguración del sistema político venezolano.

En otra dimensión de la seguridad, como la relativa a la protección ambiental, es enorme la contradicción entre lo prometido con grandilocuencia en el Plan de la Patria y lo que significa la aprobación de la llamada Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, que expone una octava parte del territorio venezolano, dos tercios de las fuentes de agua dulce del país y una decena de comunidades indígenas a la depredación de la minería a cielo abierto. Además de su inconstitucionalidad e ilegalidad, una complejidad adicional de este proyecto es la modalidad de gestión y otorgamiento de concesiones que lo enlaza, en su opacidad, con la militarización del Gobierno.40 En términos puramente ambientales, antes que revisar políticas para poder acceder a fuentes

40 Decreto de creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (2488, 24 de febrero, 2016) disponible en: http://www.mp.gob.ve/c/document_library/get_file?uuid=2f65f31f-78ff-4881-979e-6fe17fdfe9f0&groupId=10136) (consulta, 19 de diciembre, 2016).

A este decreto lo precedió en pocos días el de creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (2231, del 10 de febrero, 2016), una de las beneficiarias de los convenios anunciados el 5 de agosto de 2016 por el presidente Maduro, en un conjunto de ocho empresas mixtas que solo incluyó una empresa conocida en el ámbito de la minería, la canadiense Gold Reserve. Un resumido y sólido análisis de las implicaciones ecológicas, económicas y legales de este decreto se lee en Vera, Leonardo, “Asediado financieramente, Maduro se entrega al ‘rentismo’ minero”, portal Prodavinci, 17 de agosto 2016, en: http://prodavinci.com/2016/08/17/actualidad/asediado-financieramente-maduro-se-entrega-al-rentismo-minero-por-leonardo-vera/ (consulta: 19 de diciembre, 2016).


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internacionales de financiamiento, requerido con urgencia, el Gobierno en aras de su mantenimiento ha optado por olvidar la condena del mencionado Plan de la Patria a un modelo económico “depredador, discriminador e insostenible”.

Como faceta adicional hay que añadir los fundados temores internacionales al efecto expansivo que va teniendo la acelerada pérdida de gobernabilidad en Venezuela, teniendo en cuenta asuntos tan diversos como la emigración y el descontrol de epidemias. Son temas requeridos de cooperación internacional en los que se revela el abandono gubernamental de la dimensión humana de la seguridad.

En cuanto a integración y cooperación, la continuidad de los propósitos no se correspondió con las dificultades crecientes de la participación en todos los acuerdos. Lo ya anotado sobre las relaciones con Guyana y su resonancia en el Caribe anglófono, la disminución venezolana de los aportes a Petrocaribe y la disposición a ejercer presión sobre las deudas acumuladas –como se hizo con Panamá y Paraguay para procurar sus apoyos en la OEA– dejó ver nuevos frenos a las viejas solidaridades a la vez que creciente recelo. Así cabe interpretar dos situaciones recientes: los resultados de la votación de la ya referida solicitud colombiana en el Consejo Permanente a mediados de 2015 y, entre 2016 y 2017, los obstáculos que ha encontrado en ese mismo foro el Gobierno de Venezuela para impedir la consideración de la situación del país en todas las instancias de la OEA y la ya mayoritaria disposición a manifestar preocupación y fijar posición ante la situación venezolana. Es más, a mediados de 2017, en la mencionada Reunión de Consulta de Cancilleres de la OEA, los argumentos de los países del Caribe que explicaron sus votos negativos y abstenciones ante la propuesta de declaración que había sido previamente negociada por la representación de Caricom no ofrecieron razón de fondo alguna que justificara su oposición a atender la emergencia humana, política y económica en que se ha convertido Venezuela.

La Alianza Bolivariana también se vio debilitada por la disminución de los aportes de Venezuela y por la dificultad para algunos de sus miembros –en particular los del Caribe– para mantener la disposición a emitir declaraciones de amplio apoyo al Gobierno venezolano, como había ocurrido hasta comienzos del mandato de Maduro. En 2014 el acercamiento de Cuba y Estados Unidos y la normalización de sus relaciones diplomáticas al año siguiente sumaron complejidad a ese balance dada la disposición del régimen cubano a hacerse su propio espacio político y proyección internacional, aunque sin prescindir su privilegiada relación económica e influencia política en Venezuela.

La Unasur, especialmente desde que se produjo el abierto respaldo venezolano a la elección de Ernesto Samper como secretario general, había sido el único acuerdo en el que había disposición de aceptar acompañantes para elecciones y diálogos. Su balance


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político, sin embargo, ha cambiado haciendo a los gobiernos de los miembros de este grupo mucho menos permeables a la influencia del Gobierno venezolano.

En materia de integración económica propiamente dicha, la cesación de Venezuela por parte del Mercosur a finales de 2016 por el incumplimiento de las condiciones para hacer efectivo su ingreso como miembro pleno, dejó al país fuera de los grandes acuerdos económicos regionales y de su plataforma para negociaciones extrarregionales, vulnerable en extremo a concesiones en relaciones bilaterales y a arreglos ad hoc, en medio de una pronunciada recesión. Y en cuanto a cooperación propiamente dicha, Venezuela también se encuentra lejos de beneficiarse de una modalidad de flujos internacionales que serían tan necesarios pero que suponen recuperar cierto orden, transparencia e institucionalidad que el gobierno de Maduro no ha estado dispuesto a asumir.

De este esquemático balance pueden extraerse dos consideraciones mas allá de los datos sobre la situación internacional. La primera es que el margen de maniobra exterior del régimen ha disminuido notablemente desde 2013 en cuanto se ha debilitado su capacidad para sostener sus alianzas, mientras que ha aumentado la capacidad de incidencia de diversidad de actores internacionales dispuestos a evaluar y criticar las decisiones y políticas gubernamentales que erosionan el Estado de derecho, la democracia, los derechos humanos, los acuerdos económicos y la seguridad internacional. La segunda es que, sin embargo, el Gobierno ha sido capaz de contener, aun al precio de un aislamiento muy costoso para los venezolanos y de la reiteración de una amenaza implícita y explícita de caos, las presiones internacionales que favorecen la recuperación efectiva de la alternancia, el respeto a la Constitución y lo que su observancia plena permitiría comenzar a reconfigurar.

Otra parte del balance hay que buscarla en la resistencia democrática a la consolidación y pretensión de irreversibilidad del régimen. Desde una multiplicidad de iniciativas y focos de atención –como muy visiblemente ha ocurrido en derechos humanos, observación electoral, presos políticos o asistencia humanitaria– actores políticos y sociales, con redes y alianzas internacionales cultivadas especialmente desde 2013, han ido propiciando no solo la difusión de sus informes y denuncias, sino la recuperación de contrapesos internacionales en muchas instancias gubernamentales y no gubernamentales.

A partir de este grueso balance es posible asomar recomendaciones generales sobre los pasos internacionales iniciales para lograr el tránsito a un sistema político democrático.


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4. Propuestas en trazos gruesos: desde afuera y desde adentro

Para la reconfiguración democrática del sistema político el más complicado y mínimo equilibrio inicial a restablecer en lo internacional es entre la apertura a las relaciones y los acuerdos necesarios para facilitar la reconstrucción material e institucional, por un lado, y el cuidado de condiciones que hagan gobernable y sostenible un tránsito que se perfila domésticamente muy complejo, por el otro. Adicionalmente, no se puede perder de vista la estela de relaciones y acuerdos sobre los que se ha movido y proyectado internacionalmente el régimen chavista en sus diferentes momentos y, particularmente, lo que de ellos ha permanecido después de Chávez, así sea en circunstancias menos favorecedoras en las que los actores democráticos venezolanos han encontrado espacios y vínculos internacionales que le proporcionan resonancia y apoyo a sus denuncias, demandas y propuestas.

Hay que añadir que en procesos de cambio de régimen político, para lograr respaldos y disminuir resistencias internacionales ha sido esencial hacer todo lo posible para disminuir la incertidumbre, eso significa mostrar capacidad de construir y mantener un orden interior sostenible, disposición a cumplir con los compromisos internacionales vigentes y, como complemento no decisivo pero cada vez más importante, expresa voluntad de que el tránsito fluya democráticamente y se institucionalice del mismo modo.

Teniendo en cuenta esos dos enunciados previos, las recomendaciones de reformas iniciales vinculadas a lo internacional pueden agruparse en torno los criterios que han dado forma al análisis: las ideas orientadoras y el entorno y, entre los aspectos prácticos, los relativos a estrategias e institucionalización.

- En cuanto a las ideas, en términos de principios orientadores y propuestas programáticas, lo inicialmente esencial es volver, anunciándolo y reiterándolo de modo expreso, a lo pautado en el pacto constitucional de 1999 en materia de relaciones internacionales, que no es poco. Democracia, derechos humanos, soberanía e integración y cooperación tienen allí un lugar importante y, desde luego, mucho más integral y cercano a la democracia que lo que la práctica política ha hecho de esas ideas.

- El entorno fluye y es necesario tener una panorámica actualizada de los actores y relaciones con posibilidad o con efectiva disposición apoyar o frenar, facilitar o complicar, desde sus primeros pasos, un proceso de transición a la democracia. Sobre esa base, fundamentalmente, se decidirá propiciar o manejar cuidadosamente unos vínculos y deshacer o bloquear otros. Como primeros pasos conviene


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estrechar lazos con quienes se pudieran fortalecer relaciones que beneficien los planes de reconfiguración nacional (economía y deuda social, seguridad en todas sus dimensiones, institucionalidad política), tanto como lo será revisar a fondo los vínculos que los puedan obstaculizar. Esa evaluación, desde la certeza de que se han multiplicado los canales y modalidades de influencia internacional, debe incluir el espectro más amplio posible de actores gubernamentales y no gubernamentales, nacionales y subnacionales, internacionales y transnacionales de interés especial por su posibilidad efectiva de facilitar o complicar la reconfiguración política.41

- Las estrategias para procurar el cambio o la continuidad en las relaciones con ese entorno tendrían inevitablemente que combinar la consideración de su peso material (razones económicas y de intereses geopolíticos) y su peso institucional (razones de principios, normas y procedimientos), a la luz de la necesidad de procurar tanto estabilidad como consistencia en el empeño de reconfiguración democrática. Para ello es necesario que con criterios institucionales de principios, transparencia y eficiencia se haga, por una parte, una franca revisión de los vínculos financiados por la llamada petrodiplomacia, de las costosas desmesuras de iniciativas de proyección geopolítica mundial y de vínculos que han generado compromisos económicos y geopolíticos (como, en su diversidad, China, Cuba y Rusia) con miras a su redefinición, reducción o eliminación. Sobre la cuestión de los vínculos políticos que han servido para proteger al régimen saliente es de tener en cuenta la necesidad de desmontar las relaciones de colaboración con regímenes autoritarios y la extensión de sus estrategias de “prevención de la democracia”.42

Por otra parte, es igualmente indispensable la construcción o reconstrucción de vínculos con actores e instancias internacionales que por sus intereses y capacidades 41 A diferencia del papel bastante marginal que los estudios sobre democratización asignaban a la variable

internacional en las dos últimas décadas del siglo XX, análisis más recientes le reconocen más importancia y variedad de posibilidades, por la diversidad de actores, modalidades de incidencia y posibilidades de trascender el espacio clásico de las relaciones entre Estados. Se extienden en este argumento, desde diferentes enfoques, Schmitter, Phillippe C., “Twenty-Five Years, Fifteen Findings”, Journal of Democracy (vol 21, no 1), enero 2010, pp. 17-28, disponible en: https://muse.jhu.edu/article/370482/pdf (consulta: 24 de noviembre, 2016) y Levistky, Steven y Way, Lucan A., Competitive Authoritarianism. Hybrid Regimes After the Cold War, Nueva York, Cambridge University Press, 2010, pp. 15-28.

42 Lo que se materializó como estrategia gubernamental venezolana del siglo XXI es en realidad una práctica internacional de que ha sido estudiada, entre otros autores, por Von Soest, Christian, “Democracy prevention: The international collaboration of authoritarian regimes”, en European Journal of Political Research, vol. 54, no 4, noviembre 2015, pp. 623-638, disponible en: https://www.giga-hamburg.de/sites/default/files/publications/ejpr_12100_rev2.pdf (consulta: 24 de noviembre, 2016); y Whitehead, Laurence, “Antidemocracy Promotion. Four Strategies in Search of a Framework”, en Taiwan Journal of Democracy (vol. 10, no 2), diciembre 2014, pp. 1-24, disponible en: http://www.tfd.org.tw/export/sites/tfd/files/publication/journal/dj1002/001-024-Antidemocracy-Promotion.pdf (consulta: 24 de noviembre, 2016).


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pudieran ser útiles a la transformación política de Venezuela en sus aspectos materiales e institucionales. En una primera fase esto debe comenzar por recuperar el genuino sentido de la cooperación internacional para un país en la situación de extrema vulnerabilidad como la que caracteriza a Venezuela en todos los ámbitos. Cada uno de los temas tratados en este volumen tiene, en ese sentido, una vertiente internacional a la que una política exterior para la reconfiguración democrática debe atender, con la urgencia y claridad de propósitos que cada área requiera.

Revisar relaciones y acuerdos es, en suma, un asunto central para una propuesta de reformas de primera instancia que debe ser abordado con dos filtros: el de los principios que orientan la reforma y el de lo conveniente para hacerla sostenible. En grueso, de lo hasta aquí expuesto se infiere que es necesario modificar el perfil de las relaciones exteriores para abrirlas y ampliarlas con actores que compartan valores democráticos y reducirlas o cerrarlas con los que no; y al hacerlo se estarían conjugando naturalmente principios y conveniencias.

Debida documentación e información mediante –que es todo un desafío inicial– en el primer caso estarían las relaciones con buena parte de Latinoamérica y el Caribe, Norteamérica y Europa, también con organizaciones, foros y redes democráticos; en el segundo los vínculos con Cuba, Nicaragua, Bolivia, Rusia y China, así como la mayoría de las conexiones establecidas por la diplomacia informal y de los pueblos. Pero el balance puede ser bastante más complicado, especialmente si se trata de las primeras fases de un proyecto de reformas en el que deben dejarse opciones abiertas, cuidando a la vez que los ajustes en las relaciones exteriores contribuyan a la estabilidad interior.

La revisión de los acuerdos vigentes, incluidos contratos de interés nacional, vista la expectativa internacional de que sean respetados, es otro enorme reto por la opacidad que ha caracterizado precisamente a los más comprometedores, como lo ejemplifican la acumulación de convenios con Cuba o los contratos para la explotación del ya mencionado proyecto del Arco Minero. En ellos se evidencia tanto la violación de preceptos constitucionales y legales como la conjunción de intereses gubernamentales, paragubernamentales y privados en un sistema de engranajes que es necesario identificar y desmontar con el mayor cuidado y meticulosidad. Otros acuerdos, como los financieros, comerciales y petroleros con China o, en escala mucho menor, lo que resta de Petrocaribe y otros tratos bilaterales, requieren de la determinación precisa de deudas y acreencias, para la eventual renegociación de sus términos.

En el cuidadoso análisis y posible ajuste o terminación de relaciones y acuerdos no faltarán irregularidades y casos judiciales ya conocidos o por encontrar que también ameritarán refinado tratamiento en el que, sin renunciar a razones de principios, será necesario incorporar consideraciones de estabilidad que una primera fase de


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reconfiguración del sistema político no podrá eludir, tanto más cuando ya existen acusaciones internacionales y sanciones en marcha. No es el caso entrar en materia de justicia transicional, que por sus alcances y trascendencia requiere de un estudio especial, pero sí de dejar apenas anotado que es un tema inicial en el que la cooperación a partir de experiencias internacionales exitosas y la disponibilidad de garantes podrían contribuir a tratar eficientemente.

- La dimensión institucional internacional, interior y exterior, es crítica para las posibilidades de reconfiguración democrática.

Interiormente, la reconfiguración de un servicio diplomático y consular politizado y sin una institucionalidad que le dé cuerpo como carrera de Estado, plantea un reto muy grande a enfrentar prontamente; en lo inmediato, como medida temporal, obligaría a contar con una organización alternativa que sin renunciar a beneficiarse de la experiencia de cuadros excluidos del servicio profesional, debería poner especial énfasis en la incorporación de los más jóvenes profesionales que se han ido formando en el ejercicio internacional de la oposición democrática. Ello también permitiría articular esfuerzos diversos y dispersos, tarea indispensable para construir y proyectar certidumbre, o reducir razonablemente la incertidumbre, ante propios y extraños, ya no solo en materias generales de derecho y diplomacia, sino en un amplio espectro de asuntos que requieren conocimiento especializado, desde temas financieros y comerciales hasta los relativos a seguridad y cuestiones ambientales.

Internacionalmente, la reconstrucción inmediata de los vínculos y el efectivo compromiso con instancias, acuerdos y protocolos internacionales que velan por la protección de la democracia y los derechos humanos serán de particular importancia como señal de compromiso político a la vez que como gesto para fortalecerlos. Algo semejante deberá hacerse en referencia a acuerdos comerciales y de integración, aunque con la debida evaluación de las posibilidades reales que ofrecen a las necesidades inmediatas de la recuperación material de Venezuela.

En suma, también para la reconfiguración democrática del sistema político venezolano serán de especial importancia las relaciones exteriores, solo que ahora la tarea será replantearlas en términos que contribuyan al afianzamiento y sostenimiento, material e institucional, de la democracia en Venezuela.


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El papel de la estructura militar en la configuración del nuevo sistema políticoricarDo sucre HereDia

1. Preliminar

El texto elabora las dos interrogantes que formula el proyecto “Las transformaciones del sistema político venezolano en el siglo XXI” que son ¿cuáles son las innovaciones ocurridas en la estructura militar como parte del nuevo sistema político? De ser afirmativa la respuesta ¿puede hablarse de una nueva estructura militar1, sea esta estable o fluida? De entrada, para los enfoques contemporáneos de las relaciones civiles-militares, estas son fluidas, con tensiones (Sucre, 2004)2.

Sí puede hablarse de una nueva estructura militar a partir de 1999, con componentes estables –sustentados en lo que llamo Agenda de las FAN3– y otros que fluyen, que 1 Por estructura militar entiendo las relaciones que se crean al organizar la gestión de la guerra que

compete a las Fuerzas Armadas, dentro de niveles de tensión con respecto a su relación con el poder civil, el cual determina la política de defensa y la interacción civil-militar. Yépez Daza (1985) define Fuerzas Armadas como la “organización de que se dota el Estado para prevenir, evitar, o hacer la guerra”.

2 Las tensiones civiles-militares existen. En un país del cual nadie sospecharía de tener unas FAN “politizadas”, un militar de carrera escribió, “The military is part of the political system, and civilian groups seek to control it in orden to exert influence over nacional strategy. The inability to divorce the military institution from either government branch suggests that the existence of an apolitical or autonomous military is impossible(…)Expecting or demanding the military to simply salute and obey is reckless(...)Civil-military relations are largely conditional” (McLaughlin, 2008: 9, 50, y 60). En un artículo, argumenté que, “Más que un hecho, las relaciones civiles militares son un proceso(…)De aquí que pueda hablarse, en la actualidad, de ‘modelos contingentes sobre las relaciones civiles-militares’, más que de un modelo único para alcanzar la sujeción castrense al control civil” (Sucre, 2004: 277).

3 Por agenda de las FAN entiendo las cuestiones de política y de políticas públicas que no fueron atendidas durante la democracia representativa (1959-1998), que se transformaron en objetivos de la corporación ante el poder político. Por ejemplo, el voto militar, la deliberación, los ascensos, la educación militar, y la relación de las FAN con la sociedad. Un elemento clave de esta agenda es el tema de los derechos humanos y la aplicación de la fuerza. El 27 de febrero de 1989 fue un parte-aguas para las FAN, al quedar señaladas como violadoras de los derechos humanos por su actuación durante los comportamientos colectivos de ese año. Desde el plano militar, la polémica Resolución 008610 (enero de 2015) firmada por Padrino López, busca cerrar la herida de 1989 desde el plano normativo, al definir para la FANB, el uso de la fuerza en situaciones de orden público. Para una visión sobre la resolución, mi comentario en http://politicaconsentido.blogspot.com/2015/01/la-resolucion-padrino-lopez.html revisado el día 17-6-16.


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El papel de la estructura militar en la configuración del nuevo sistema político

son definidos por la interacción entre esa agenda y el sector político4. Los dos van a determinar otra inquietud que plantea el proyecto: las perspectivas de reforma, en este caso, de la estructura militar que se edificó a partir de 19995.

La nuez, lo central de la nueva estructura militar, se halla en un párrafo de un comunicado del Ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, de fecha 26-4-166:

(…)La misma carta magna se refiere a la institución castrense en el artículo 328, el cual conceptualiza su naturaleza y misión. Si bien no se le permite la militancia partidista, es parte activa de las políticas emanadas del poder ejecutivo y del proceso de toma de decisiones orientadas a la concreción de los objetivos y más elevados intereses de la nación. En tal sentido, la deliberencia (sic) sobre los asuntos relativos al cumplimiento de las funciones que le son asignadas, debe realizarse dentro de los límites establecidos por el mismo ordenamiento jurídico.

Lo central de la nueva estructura militar es la autonomía de la FANB en sus asuntos, aunque se subordinen a gobiernos electos (sean del PSUV hoy, o un futuro gobierno de la oposición), en el marco de reglas de juego constitucionales que acatan. Por autonomía se

En tiempos recientes, la opinión de un oficial general, posiblemente prototipo del “oficial socialista” al comentar cómo eran las FAN pre-1999, expresó que, “aquella FAN complementaba su formación en la Escuela de las Américas, y hoy el oficial se forma en las comunidades junto al poder popular(…)La democracia era un fraude total. Desmoralizados estábamos todos. Por eso fue el 4F, y nos entregamos, y fui preso orgulloso”. Véase la entrevista al general José Ornelas Ferreira –quien hoy ocupa posición clave dentro de la FANB– en Araujo, L. E. (2016, julio 31). Ornelas: “Mi comandante era un hombre fuera de época, solo un pueblo puede ocupar su lugar”. Correo del Orinoco, n° 2.456, pp. 8-9.

4 Un indicador son las reformas a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (Lofan). Chávez llegó con la Lofan de 1995. Esta ley tiene 5 modificaciones hasta la fecha: 2005, 2008, 2009 (reimpresa en 2010), 2011, y 2014. Esto sugiere cómo la legislación se ajusta a la fluidez de las relaciones político-militares.

5 El enfoque de este ensayo es institucional, en el sentido que analiza o describe la estructura militar, al partir que existe una estructura militar. Otras líneas para analizar la FAN a partir de 1999 toman caminos diferentes: cómo el proyecto comunista de la lucha armada de los 60 penetró en las FAN, y es lo que Chávez asumió como agente de esa doctrina, o la tesis que la estructura militar se desarrolló a partir del Esquema Ceresole. Para estas líneas, puede consultarse a Alberto Garrido (2000) y a Aníbal Romero (2000).

6 El general Padrino López fue designado por Nicolás Maduro comandante del CEO en julio de 2013. También, en esa fecha, fue ascendido al grado de general en jefe. A partir de julio de 2014 también fue designado por el jefe del Estado, ministro de la Defensa y comandante del CEO. Egresó de la Academia Militar de Venezuela en el año 1984. Desde mi punto de vista, Padrino López es un buen exponente de la agenda FAN, y ha sido consecuente con ella en términos de desarrollarla como política pública dentro de la FANB. Su mensaje en http://www.mindefensa.gob.ve/index.php/es/eje-bienestar-social/article-categories/80-noticias-anteriores/897-mensaje-del-g-j-vladimir-padrino-lopez-a-la-fuerza-armada-nacional-bolivariana revisado el día 6-6-16.


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Ricardo Sucre Heredia

entiende la conciencia de la FANB sobre su historia, misión, su capacidad para deliberar, y límites7 sobre los asuntos de su competencia dentro de la sociedad.

Si se quiere entender –e influenciar, si se busca su reforma– la estructura de la FANB, hay que apreciar este elemento definitorio que abre una amplia interacción civil-militar, que puede tener grados diversos de tensión y, en muchos casos, las fronteras pueden ser difusas, como pasa con la estructura militar del nuevo sistema político8.

¿Cómo se llegó a esta estructura militar? Es lo que se va a desarrollar en las páginas siguientes, al describir cómo se produjo en dos tiempos –Hugo Chávez y Nicolás Maduro– y ubicarla dentro del sistema político que surge en 1999.

2. La superestructura para construir la doctrina militar

El propósito de esta parte del ensayo es argumentar cómo se construyó una representación social9 de lo militar que amalgama lo que el Plan Sucre (2010)10 llama el “Nuevo pensamiento y doctrina militar bolivariana”. Esta elaboración de la representación social de lo militar –de aquí la metáfora con la superestructura– le da sentido a la FANB como estructura fundamental dentro del sistema político.

¿Cómo caracterizar el modelo civil-militar de la llamada “V República”? El artículo 328 de la constitución nacional establece que:

7 El tema de la deliberación de la FANB es polémico. Durante la Asamblea Nacional Constituyente fue objeto de amplio debate. Una aproximación a lo que se entiende por deliberación en la FANB la ofrece el general Alexis López Ramírez, exrector de la Universidad Militar Bolivariana y Secretario del Codena, al afirmar que, “¿Puede la FANB deliberar? Sí, por supuesto, en las materias, en la oportunidad, en el lugar y bajo el respectivo marco legal. Las instancias de deliberación de la FANB son los estados mayores, las planas mayores, las distintas juntas existentes, las reuniones de comandantes, las aulas de las escuelas, y academias de la Universidad Militar. Fuera de ese marco, la FANB no debe deliberar”. En https://pbs.twimg.com/media/CY__wHTWMAQDyCB.jpg:large revisado el día 6-6-16.

8 Por ejemplo, el saludo militar en donde se menciona a Chávez ¿es o no partidista y alejado de la constitución (principalmente, del artículo 330)? Sí lo es. Para el TSJ, no. En http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/junio/165491-651-11614-2014-14-0313.HTML revisado el 7-6-16. Otro ejemplo. El radiograma –mensajes internos en la FANB– del Ejército número 0138 de fecha 23-2-16, en el cual se informa a los candidatos a ascender a general debrigada en julio de 2016, sobre las pruebas a realizar, entre otras, un examen sobre “el legado del comandante supremo Hugo Chávez”.

9 Por representación social se entenderá en palabras de Serge Moscovici (1983), “Una elaboración de un objeto social por una comunidad”. Aquí, el objeto y la comunidad es la FANB.

10 El Plan Sucre (2010) es el documento de planificación para los cambios en la FANB con una duración hasta 2019. Se organiza en cinco ejes (doctrinario, jurídico, logístico, de dirección, educación). Tiene una visión de largo plazo 2007-2019, y un comité de seguimiento (Gaceta Oficial n° 40.232 de fecha 20-8-2013). También, la FANB hizo suya el “Plan de la Patria 2013-2019” (Gaceta Oficial nº 6.118 Extraordinaria, de fecha 4-12-13). Vid: Memoria 2015 del MPP para la Defensa (página 9).


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La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y la ley. En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación. La Fuerza Armada Nacional está integrada por el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, que funcionan de manera integral dentro del marco de su competencia para el cumplimiento de su misión, con un régimen de seguridad social integral propio, según lo establezcan sus respectivas leyes orgánicas.

En 2010, la Comisión de Alto Nivel de la República Bolivariana de Venezuela lo expuso así en el Consejo de Defensa Suramericano de Unasur:

La política de defensa del Estado venezolano está normada por la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su título VII, de la Seguridad de la nación, Capítulo I, Disposiciones generales, artículo 322 y capítulo II, De los Principios de la seguridad de la nación, artículo 326, y a su vez, por la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, Título I, Disposiciones fundamentales, artículos 2 y 3.

La base del diseño militar de hoy es lo contrario a la lógica de Puntofijo con respecto a las FAN (“apolíticas, obedientes, y no deliberantes”). Ahora la institución armada es “política, obediente, y deliberante”.

A diferencia del diseño de Puntofijo, las FAN hoy son parte de los procesos y de los contenidos políticos (Sucre, 2003). Están abrochadas a un proyecto político que asumen como propio, natural de los militares venezolanos. Por esta razón, lo relativo a la defensa de las instituciones democráticas y de la constitución, como lo sugería el artículo 132 de la derogada carta magna, se eliminó: es redundante. Ellas están dentro del proyecto, y no solo se limitan a los procedimientos, sino son parte del contenido.

Es importante destacar que la concepción de seguridad del Estado de acuerdo con la constitución de 1999, se orienta a la defensa, pero también hacia lo interno, y aunque el artículo 328 copió algunas funciones de las FAN de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales (Lofan) de 1995, adjetivó la participación en el desarrollo interno, y la llama “participación activa” (también en el artículo 3 de la Lofanb)11. La seguridad de la nación tiene un sistema legal que va desde el título VII de la carta magna hasta la

11 Para un sucinto análisis de la Lofanb, véase mi documento para el portal Parlamentemos promovido por Cedice ( www.parlamentemos.org ) titulado “Evaluación para Parlamentemos de la Ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (decreto nº 1.439 en la Gaceta Oficial nº 6.156 de fecha 17-11-14)”, marzo 2015.


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Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (2014)12, bajo la idea de la corresponsabilidad “entre el Estado y la sociedad civil” (artículo 326 de la Constitución).

Es sobre la idea de la corresponsabilidad Estado-sociedad civil que se levanta la nueva estructura militar. Esta dupla no es nueva en la historia de Venezuela, pero se separa a partir de 1910, fecha que marcó el nacimiento de las FAN modernas (Ziems, 1979). El modelo militar socialista retomó lo que puede llamarse “el proyecto militar” –llamado por Müller Rojas (1992), “ideología militar”– caracterizado por la idea de Patria, entendida como liberación del suelo –una visión espacial, donde lo sagrado no es el grupo, sino el suelo– de los libertadores, que los militares deben proteger para el usufructo de todos. De aquí su cercanía con los valores republicanos e igualitarios, y al ser un espacio lo que se heredó, es para la transformación física –punta doctrinaria del Nuevo Ideal Nacional de Pérez Jiménez, por ejemplo– y está cerca del positivismo. Es un “nacionalismo político” (Müller Rojas, 2003). Como lo que se defiende es el espacio, el proyecto también tiene vocación interna, en la idea del desarrollo interno, que tomó fuerza a partir de los 70 con la tesis del “nuevo profesionalismo militar” (Trinkunas, 1992). Como sugiere Agüero (1990, c. p. Norden, 1998), el ethos de las FAN es desarrollista.

De aquí el esfuerzo conceptual de la estructura militar, para establecer un vínculo sin solución de continuidad desde la Independencia hasta el presente, para darle fuerza a la “ideología militar”. Así lo formuló el artículo 1 de la Lofanb:

(…)En reconocimiento de la realidad histórica de la institución militar bolivariana, desde la gesta revolucionaria independentista y el mandato constitucional que instituye la doctrina de Simón Bolívar el Libertador, como fuente inspiradora de los valores éticos y morales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana(…).

Se plantea que esta nueva significación ocurre para resolver el problema sobre la continuidad de las FAN en el tiempo, porque es consenso –aunque se disputa– entre los estudiosos del tema, que las FAN que hoy conocemos no nacen con la Independencia –El Ejército Libertador operó hasta circa 1836 (Ochoa Antich, 1985)– sino es una creación de principios del siglo XX con la reapertura en 1910 de la Escuela Militar en La Planicie (Caracas). No es de poca importancia este detalle, porque para los críticos civiles de las FAN, su origen ocurrió dentro de una forma de gobierno dictatorial –Juan Vicente Gómez– por lo que resulta cínico hablar de “Ejército de Venezuela, forjador de libertades”, porque su principio no es el Campo de Carabobo, sino una decisión política tomada por Cipriano Castro y que Gómez perfeccionó. Es lo que los lleva a hablar del

12 Gaceta Oficial extraordinaria nº 6.156 de fecha 17-11-14.


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“pretorianismo militar venezolano”13, corriente que tiene fuerza en varios estudiosos civiles de las FAN.

Crear a la FANB dentro de las FAN supuso el manejo simbólico de la historia del Ejército para separarlo de su historia pretoriana, que da origen a un concepto central de la nueva estructura militar: la unión cívico-militar, que tiene su referente en el concepto de la militaridad por oposición al militarismo. Es decir, la FANB no es militarista porque su historia es la de un ejército popular y libertador14, y ese vínculo con lo popular es lo que define a la militaridad. Así la describen los oficiales generales del Ejército promotores del concepto (Aguana y Sayegh, 2014: 23, 59-61):

(…)La militaridad es expresión de la actuación de los militares en el campo social, como parte de un pueblo, no como una especie separada de la política cívico militar de una nación(…)Se concibe con un nuevo enfoque de la constitución, donde el Estado y la sociedad civil se unen para conformar el concepto de nación, no solo desde una comunidad política, sino también en la representación del Estado y sus poderes(…)Luego entonces la FANB no son invitadas a participar como simple espectador, dentro del modelo de la militaridad, sino como agente transformador y promotor de los cambios sociales, que se operarán dentro de la sociedad venezolana y la Milicia Bolivariana sirve como punto de unión entre la FANB (como ejército organizado y respetuoso del ordenamiento político), y el ciudadano preparado para defender los avances sociales que ha tenido el proceso revolucionario bolivariano(…)En resumen, el modelo de la militaridad trata de convertir al militar profesional en un militar popular y revolucionario, lo junta a

13 Este es el “punto de honor” de la mayoría de los estudiosos civiles de las FAN. No existe tal herencia del Ejército Libertador. Leamos lo que plantean Irwin y Micett (2008: 278), “La idea de los autores parece ser continuar con la falacia del origen libertador de la fuerza armada nacional. Sutilmente, se procura destacar la idea, ya expuesta por López Contreras y su bolivarianismo de la década de 1930, según la cual aquellos herederos de quienes libertaron la patria, heredaron igualmente el derecho de seguir haciéndola(…)También este ejército –el ejército libertador, N. R– es rápidamente desmantelado desde la disolución de la Colombia grande de Bolívar en 1830”. Para estos autores, tal herencia no existe, lo que es clave para establecer la línea pretorianismo-FAN. Para los profesionales militares en diversos momentos, sí existe la continuidad y la herencia. Para Medina Angarita (1963: 139), “De las gloriosas y cruentas guerras de la Emancipación vienen nuestras instituciones armadas; del nacimiento mismo de nuestra soberanía e independencia política arrancan su historia y evolución(…) se origina nuestra tradición militar”. Otro militar lo expresó así, “Las FF.AA. han jugado un papel fundamental en la vida del Estado venezolano; por esa razón, podemos afirmar, sin exageración, que la historia de las FF.AA. es la historia de Venezuela” (Ochoa Antich, 1985: 177). Para los militares formados durante Puntofijo tampoco fue problema, “La interacción del militar con las instituciones políticas es un fenómeno enraizado en la historia patria, y se confunde con las propias raíces de nuestra nacionalidad” (Varela, c. p. Peña, 1980: 162).

14 La idea de la relación pueblo-FAN tampoco es nueva. En los comienzos de los 80, el exministro de la Defensa, general Luis E. Rangel B, afirmaba que, “El pueblo es el alma de las Fuerzas Armadas. El pueblo constituyó las unidades en la Independencia, y alimenta las divisiones, brigadas, regimientos, y batallones de la república”. Añadió que hay que “hacer retroceder a quienes pretendan disociar el sentimiento de hermandad entre pueblo y Fuerzas Armadas” (Rangel, 1983: 181-182).


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la sociedad civil, dando respuestas al momento político que se está desarrollando en la FANB.

En el marco del neorrealismo en donde se ubica el gobierno socialista (Hurtado, 2015), la conversión del profesional de las armas en uno “popular y revolucionario”, se logró en términos de una razón moral: la lucha del socialismo frente al capitalismo. La misión de “salvar al planeta” crea una superioridad moral – “moral revolucionaria”– que está por encima de la sociedad y de las visiones particulares, que se asumen contrarias a lo colectivo.

Esta superioridad se construye simbólicamente: no solo los cambios a la bandera, al escudo; el paso de las FAN, a la FAN, para cerrar en la FANB, junto a la deconstrucción de figuras como Bolívar, Sucre y, quien puede prestarse mejor para construir el relato popular y revolucionario, necesario en la nueva doctrina militar: Francisco de Miranda15.

Miranda es el “precursor necesario” para construir el relato antiimperialista y socialista. A diferencia de Bolíva, que es un icono nacional, un Dios, con Miranda no ocurre lo mismo. Todo el mundo ha escuchado hablar de él, pero pocos conocen realmente al personaje y su gesta. En el Generalísimo se abrió un camino para construir un relato propiamente venezolano, y esto resolvió el problema del discurso socialista sobre –y para– la FANB16.

Junto a Bolívar y a Sucre, Miranda es el prócer inevitable para el gobierno y para la FANB. Su historia de vida puede ajustarse más a un discurso socialista que la del Libertador17, y por eso la apropiación del Generalísimo, para reconstruirlo en una figura que tuvo como ejes centrales la conciencia de la dominación y la identidad cultural propia, americana, no mantuana, que derivan en un deseo de independencia y de integración, que da la legitimidad para justificar la vocación internacional de las ideas que busca promover el gobierno de Venezuela, ya no solo en América, sino en el mundo. Es construir a Venezuela como una potencia, pero que tiene una razón moral para serlo: la búsqueda de la igualdad, “del equilibrio de poder en el mundo” (Bohórquez, s/f)18.

15 Tampoco es novedad en cuanto a la participación de nuestros militares en política. Uno de los autores clásicos en el tema civil-militar venezolano argumentó que la raíz del militarismo criollo está en la Guerra de Independencia, porque una Capitanía General venció a un imperio, y eso es fuente de orgullo nacional (Burggraaff, 1972: 4).

16 También para la FANB, al plantear que la “partida de nacimiento” del Ejército venezolano es el 23-7-1811 con la acción de Francisco de Miranda al tomar Valencia (Padrino López, 2011). Para el militar profesional, no existe la disyuntiva entre Ejército Libertador y Ejército profesional. Padrino sugiere hacer una suerte de revisión histórica de esta disyuntiva, para cerrarla.

17 A mi modo de ver, es la tesis de una estudiosa del Precursor vinculada al “proceso”: la profesora Carmen Bohórquez. En http://www.aporrea.org/actualidad/n74432.html consultado el día 2-7-16.

18 E n h t t p : / / w w w . a s a m b l e a n a c i o n a l . g o b . v e / u p l o a d s / d o c u m e n t o s /doc_29a5bdc23c9a29cdd64c98beb81fea882c1bed1c.pdf visto el día 2-7-16. Durante el programa


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De esta manera, el gobierno legitima un discurso de la sociedad amenazada por las “pretensiones imperiales de nuevo cuño” –Bohórquez dixit– pero que tiene una historia antiimperialista que data por lo menos desde el siglo XVIII, y que justifica el proyecto que adelanta el actual gobierno, sin solución de continuidad: la llamada “V República”, la que se asume como la única y autorizada continuación del proyecto de Bolívar y de los “padres fundadores” de la Patria.

Chávez lo conceptualizó así (2009):(…)Dando pasos en la conformación de la nueva doctrina militar bolivariana, de la nueva filosofía militar venezolana, de la Fuerza Armada Bolivariana, que es por esencia y en consecuencia todos sus miembros, nosotros, ustedes compañeros de armas, una Fuerza Armada popular, porque viene del pueblo, es parte del pueblo, es el pueblo mismo armado y uniformado; una Fuerza Armada antiimperialista, porque nacimos desde hace 200 años para enfrentar los imperios.

La idea de ir a nuestras raíces en el tema militar fue central en Chávez (2009):Estas son máximas para nuestra guerra popular de resistencia. No tenemos que ir nosotros a estudiar manuales yanquis ¡No! Manuales venezolanos, escritos por Páez, por Bolívar. Hay un libro del general López Contreras que yo recomiendo, debemos incluirlo en la biblioteca del oficial ¿Saben cómo se llama? Bolívar, conductor de tropas. Ese es un libro extraordinario.

Sobre esta base se construye la nueva ideología militar. ¿Cuál es el símbolo que objetiva esta ideología? Es la energía (petróleo y gas, principalmente). Es lo que se quiere simbolizar, para darle textura material a la nueva ideología militar del antiimperialismo19. Energía que se dice será para liberar al mundo –Petrocaribe, por ejemplo– por lo que se halla amenazada por los “poderes imperiales”, que la quieren para sí, no para redimir al mundo, sino para sus intereses egoístas20. En este contexto, los militares adquieren una misión no solo dentro de Venezuela, sino universal y atemporal. En la frase de Huntington (1996), el gobierno maximizó el “control subjetivo” –es decir, la presencia de intereses externos a las FAN para lograr su subordinación al poder político, en este caso, intereses de un partido político– sobre el aparato militar, al lograr que los intereses del proyecto político del PSUV se asimilen a los intereses de los militares.

En Contacto con Maduro del día 12-7-16, Bohórquez asistió para hablar de Miranda, y expresó que el Generalísimo es poco conocido entre los venezolanos, y que sus ideas, “están más vigentes en estos momentos”. La importancia simbólica de Miranda para el gobierno no tiene dudas: el día 14-7-16, el Precursor fue ascendido a Almirante en Jefe.

19 Una manera en que esta relación energía-FANB se manifiesta no es solo la empresa Caminpeg, sino también la creación de la unidad especial de seguridad y protección de la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez Frías, formalizada en la resolución del MPP para la Defensa nº 015254 de fecha 2-8-16.

20 Desde afuera, esta es una de las razones por las cuales “Pepe” Mujica le dijo “adiós” a Almagro. Carta de Mujica a Almagro en http://www.correodelorinoco.gob.ve/politica/%E2%80%9Ccarta-adios%E2%80%9D-pepe-mujica-a-almagro/ visto el día 10-7-16.


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Una convergencia ideológica que convierte a las FAN en un actor político-ideológico-partidista, en posición contraria a lo establecido en el 328 de la Carta Magna21.

No se plantea que la FANB quiera regresar al “ejército de milicias” del siglo XIX (Schaposnik, 1985: 13), aunque el término de milicia y miliciano es polémico, con mayor carga política que el de reserva militar o fuerzas de complemento, pero que tenga un cuerpo que llama milicia se explica por la doctrina del diseño de la FANB, que es la idea de un cuerpo armado socialista22.

En “El programa militar de la revolución proletaria”, Lenin es partidario de una “milicia proletaria”. A partir de esta idea seminal, el principio fundamental que estructura unas FF.AA. socialistas es la unidad del ejército y del pueblo, que se logra mediante la dirección del partido comunista sobre ellas (Grechko: 9-10). Luego, la esfera partidista y la militar se diluyen. Son una sola, a diferencia de las FF.AA. no partidizadas, en donde la esfera partidista y la castrense están separadas por el principio del control objetivo –es decir, la conciencia de la profesión militar, alejada de lo político– que es lo que permite hablar de relaciones civiles-militares, con todo lo que este término implica (Sucre, 2007: 88).

Si bien las cosas del gobierno hay que verlas en dos dimensiones: lo teórico –lo que se desea– y lo práctico –lo que se hace o lo que se logra– desde Chávez y con más fuerza durante el lapso de Maduro, se busca integrar estas dos esferas (la política y la militar). Desde 2013, con Maduro funciona una instancia llamada “alto mando político cívico militar”, que mayormente aborda asuntos vinculados a la estabilidad política y a las amenazas que percibe el gobierno, conformado por civiles y militares. También, el gobierno de Maduro usa mucho instancias con presencia civil y militar. Algunas de corta duración como el “Organo superior para la defensa popular de la economía” (2013)23, y otras más notables, como el “Estado Mayor Fronterizo Cívico Militar” o el decreto que

21 Por ejemplo, el discurso de la teniente de la aviación pronunciado en nombre de los graduandos como oficiales en el acto del día 7-7-16, bien pudo ser dicho por cualquier dirigente político del PSUV. En https://www.youtube.com/watch?v=TIqCKYjUGR4 consultado el día 8-7-16. Es interesante que la partidización de la FANB tiene sus tensiones, como en el pasado. El secretario del Codena, general López Ramírez, al felicitar a los nuevos oficiales de las promociones de 2016, tuiteó que, “Felicitaciones a los nuevos oficiales de la FANB. Siempre al servicio de la patria, y no de ningún proyecto partidista. Éxitos” (tuit del día 8-7-16).

22 La Lofan de 1995 no habló de milicia, sino de “las fuerzas de complemento y las reservas” (artículos 365 y 366). En el gobierno de Chávez se mantuvo esta idea en la legislación de 2005 con el agregado de la corresponsabilidad, pero en un tono si se quiere neutro. Vid. Gaceta que crea la reserva en http://historico.tsj.gob.ve/gaceta/abril/040405/040405-38158-02.html consultado el día 28-8-16. Esto cambió en 2008, en la reforma a la LOFAN, cuando se denomina “milicia nacional bolivariana” y tiene como misión, entre otras, preparar al “pueblo para la defensa integral” (artículo 44 de la Lofanb 2008).

23 Gaceta Oficial nº 40.261 de fecha 30-9-13. Otras instancias creadas durante el gobierno de Maduro son: la Fuerza de Tarea Conjunta Fronteriza Cívico Militar (Gaceta Oficial nº 40.232 de fecha 20-8-


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creó el “Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa)”, instancia en donde tal vez se usó por primera y única vez en una norma, el término “Dirección político militar de la revolución bolivariana” (artículo 3)24.

La corresponsabilidad Estado-sociedad civil en la seguridad y defensa de la nación, y la unión cívico-milita25, son el continente que reúne y les da forma a los contenidos vinculados a la nueva estructura militar, con su correspondiente doctrina que es la Defensa integral de la nación26. Justifica el qué y el para qué de la FANB. La Lofanb tiene una sección dedicada a la “unión cívico militar”, que conviene citar (artículos 76):

La unión cívico militar se define como la actividad diaria y permanente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para materializar el principio de corresponsabilidad previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, unida al pueblo; sustentada en los valores de independencia, soberanía, y libertad, sobre la base del Estado social de derecho y de justicia, para garantizar la defensa integral de la nación.

Lo anterior resuelve el problema histórico para las FAN. ¿Cómo unir la historia del Ejército Libertador con las FAN modernas que nacen en 1910, pero más importante, con la FAN que se piensa desde 2004, fecha que puede marcar la ruptura con las FAN de Puntofijo27? La respuesta es que la corresponsabilidad en seguridad y defensa ha existido

13). También, se recuerda que un oficial activo fue nombrado “Quinto vicepresidente del Consejo de Ministros revolucionarios” (Gaceta Oficial nº 40.266 de fecha 7-10-13).

24 Gaceta Oficial nº 40.266 de fecha 7-10-13. El uso de este término generó revuelo en la opinión pública, y fue modificado para suprimir la instancia (Gaceta Oficial nº 40.279 de fecha 24-10-13). En los considerandos que se formularon para crear el “Estado Mayor Fronterizo Cívico Militar” se afirmó que, “El Estado y la sociedad son corresponsables en materia de seguridad y defensa integral de la nación, y las distintas actividades en los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar, para garantizar la satisfacción de los intereses y objetivos nacionales, así como la integridad del territorio y especialmente sus fronteras” (Gaceta Oficial nº 40.225 de fecha 9-8-13).

25 Se insiste que para el tema militar es prudente ver las cosas en el tiempo. La idea de la integración civil-militar no es nueva en Venezuela. En 1976 fue promulgada la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa (Gaceta Oficial Extraordinaria nº 1.899 de fecha 28-8-76), que estableció la responsabilidad de “todas las personas venezolanas” por la seguridad y defensa del país (artículo 1). Recientemente, el Ejército de Colombia presentó su nueva doctrina militar, en la que asumirá funciones “de apoyo social a la comunidad, sin dejar la defensa militar”. En http://www.eltiempo.com/politica/justicia/ejercito-presenta-nueva-doctrina/16666063?hootPostID=a2deb9534ebb0410536c85d658c5d1a2 consultado el día 6-8-16.

26 La Ley Orgánica de Seguridad y Defensa de la Nación define la defensa integral como “el conjunto de sistemas, métodos, medidas y acciones de defensa, cualesquiera que sean su naturaleza e intensidad, que en forma activa formule, coordine y ejecute el Estado con la participación de las instituciones públicas y privadas, y las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con el objeto de salvaguardar la independencia, la libertad, la democracia, la soberanía, la integridad territorial y el desarrollo integral de la Nación” (artículo 3, Gaceta Oficial extraordinaria nº 6.153 de fecha 19-11-2014).

27 Es una fecha arbitraria, pero se justifica a partir de lo dicho por Chávez en el “Taller Nuevo Mapa Estratégico” (2004). Aquí, Chávez invitó a “actualizar el auténtico pensamiento militar venezolano,


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desde que Venezuela era una Capitanía General, y en la lógica discursiva del gobierno, esa continuidad se rompió con Puntofijo desde 1958 hasta 1999. La característica de los 40 años de la experiencia democrática liberal fue la separación de la sociedad y las FAN28, escisión ocurrida también dentro de las FAN.

También resuelve otro problema más doctrinario y operacional, al permitir introducir junto a la idea de guerra convencional –la doctrina sobre la que se edificaron las FAN de Puntofijo– el concepto de guerra popular de resistencia29, en la que todos los ciudadanos son parte de la defensa de la nación30, con lo que se cierra el círculo de la superestructura, y del qué y el para qué de la FANB, de acuerdo al Plan Sucre (2010: 4):

El perfeccionamiento de la FANB(…)para garantizar la independencia y soberanía de la nación, y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno, y la participación activa en el desarrollo nacional, tal como lo señala la constitución de la república, todo ello enmarcado en el nuevo escenario político nacional e internacional, en donde las fuerzas políticas que adversan al Gobierno Revolucionario están apoyadas por el gobierno de los Estados Unidos y aliados, amenazando seriamente la seguridad de la nación venezolana.

En resumen, las páginas precedentes argumentaron que el primer paso para construir la nueva estructura militar fue en el plano de lo simbólico, para fundar una narrativa militar que le diera sentido al qué y al para qué de la FANB, centrada en la continuidad del Ejército Libertador que se manifiesta en la corresponsabilidad civil-militar en materia de seguridad y defensa. Esta engloba la doctrina de la defensa integral de la nación. Puede afirmarse que las fechas de nacimiento de esta doctrina militar, son julio de 2004 y enero de 2005.

y borrar todo vestigio de la inyección que nos hicieron o nos aplicaron de la doctrina imperialista(…)Aumentar la preparación y eficacia de la Fuerza Armada Nacional y consolidar su unidad, la unidad cívico militar son objetivos específicos”.

28 Un oficial general comandante de una fuerza lo escribió de esta manera en los 90, “(…)La sociedad civil, no comúnmente dispuesta a tales rigores, también dejó a las fuerzas armadas en su papel de guardián, en su rol defensor, sin atender a su verdadera dimensión de pertenencia legítima a esa misma sociedad que parece situarlas al margen de su propia y común existencia” (Rangel Rojas, 1992: 182).

29 Un manual de la FANB lo plantea así, “se ha querido con ello poner en movimiento el proceso de construcción del poder popular, fortalecer las relaciones civiles-militares y a la Fuerza Armada Nacional (FAN), para dar respuesta a una política de Estado enfocada con pasos firmes sobre la base de un humanismo cívico y del socialismo del siglo XXI, para satisfacer la necesidad de la sociedad venezolana de contar con una defensa integral que le permita, en el espacio geográfico nacional, la posibilidad ‘segura’ de disfrutar de sus derechos constitucionales, pero a la vez, abriendo los cauces necesarios para el cumplimiento de los deberes ciudadanos dentro del marco del principio de la corresponsabilidad”.

30 Un excomandante del CEO lo formuló así en http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/barrientos-nueva-doctrina-militar-incorpora-al-pueblo-a-defensa-integral-nacion/ visto el día 2-7-16.


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En julio de 2004, Raúl Baduel, como comandante del Ejército, invitó a:Romper el paradigma de lo estrictamente convencional de la guerra. El nuestro obedece a doctrinas foráneas, preponderantemente adaptado a los resultados de la Segunda Guerra Mundial. La guerra de hoy es diferente ante la alternativa de la confrontación asimétrica que vislumbramos(…)En ese orden de cosas, podemos esbozar los siguientes escenarios: primero, guerra de cuarta generación, con el propósito de desestabilizar al país(…)segundo, golpe de Estado, subversión, y acciones de grupos separatistas(…)Tercero, conflicto regional, como extensión de conflictos internos de países vecinos(…)Y cuarto, intervención militar al estilo de las coaliciones que han intervenido en diferentes países del mundo, bajo mandato de la OEA, la ONU(…).

El 28-1-05, el general Melvin López Hidalgo, a la sazón secretario del Consejo de Defensa de la Nación (Codena), expresó que Chávez le dio instrucciones, “para cambiar la doctrina militar de la FAN(…)con el fin de enfrentar una potencial guerra asimétrica” (Iaeden, 2005: 30).

El Plan Sucre también reconoció el “corte de fecha” para el cambio en las FAN: 2002 y 2004 (2010: 3-4):

Los acontecimientos suscitados durante el año 2002, enmarcados en la materialización de un golpe de Estado con injerencia foránea, evidenciaron desde el punto de vista de la Seguridad y Defensa Integral que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, no estaba preparada para enfrentar una amenaza de agresión militar (hipótesis de guerra), planteada en términos no convencionales(…)A partir de esa fecha, se han ejecutado esfuerzos significativos en optimizar la capacidad operativa de la FANB(…)A partir del año 2004, se comienza con las tareas de revisión y rectificación del proceso de perfeccionamiento de la FANB y la Milicia Bolivariana, y posteriormente es reimpulsado en el año 2008 con la de la Tarea Libertad, con la cual se pretendía elevar el poder de combate(…).

Construir a la FANB sin solución de continuidad desde el Ejército Libertador, era necesario para darle sentido a la doctrina y estructura que se levantarán a partir de 200431, que se objetivó en referentes como Francisco de Miranda al resaltar su carácter de Americano Universal, que comunica la idea de una FANB que trasciende su propia misión, no solo desde el punto de vista geográfico –trasciende las fronteras de Venezuela, para ir a la Patria Grande– sino en el tiempo. Los ideólogos de la FANB aprovecharon tradiciones o asuntos militares anteriores a 1999, que eran cuestiones de políticas públicas que no habían sido abordadas por Puntofijo –la Agenda de las FAN– y que

31 Esta tesis la expresó muy bien Maduro durante el acto de transmisión de comandos de fuerzas y Redis el día 9-7-16, al afirmar que, “Todo en nosotros está lleno de símbolos(…) la marca de Venezuela desde hace 200 años, es una sola: un pueblo anticolonialista, antiimperialista(…) ese es el ADN original, fundacional(…) de la FANB(…) la que fundó la república”. En https://www.youtube.com/watch?v=6nvx8NhrOZw visto el día 10-7-16.


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la historia sugiere que cuando estas cuestiones de políticas públicas no se afrontan, se producen las crisis en las relaciones civiles-militares en Venezuela (por ejemplo, 1928, 1945, 1958, y 1992).

Esta construcción ideológica es flexible, en tanto se asume que la FANB no es el cuerpo por excelencia que organiza la sociedad. Tiene la capacidad para hacerlo –y se afirma en los discursos de los civiles– pero lo más importante, tiene la tradición y el mandato para implantarlo si es preciso, como cuerpo ligado a la historia de Venezuela y, para algunos, fundida en ella, por lo que decir historia de Venezuela es afirmar historia de la FANB. Aquí se abre el espacio para las tensiones en las relaciones civiles-militares. Expresamente la FANB no se define ni pretoriana ni militarista. Reconoce su subordinación al poder civil, el cual acata, tal como lo establece la exposición de motivos de la carta magna de 1999:

Para la mejor ejecución de los altos fines que le han sido encomendados por la constitución, se unifica a las Fuerzas Armadas Nacionales en un cuerpo militar uniforme denominado la Fuerza Armada Nacional, pero manteniendo cada uno de los cuatro componentes integrantes de la institución, sus características y especificidad como fuerza; siendo esta institución esencialmente profesional, sin militancia política alguna, subordinada a la autoridad civil, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta constitución y la ley.

En el cumplimiento de sus funciones, la Fuerza Armada Nacional está al servicio exclusivo de la nación y de la constitución, en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación conforme a lo establecido en la Constitución y las leyes.

Así, la estructura militar definió su visión (Iaeden, 2005: 38):La Fuerza Armada Nacional coadyuvará al sostenimiento de la democracia participativa y protagónica, así como interactuará dentro del sistema socioeconómico a través de la participación activa en el desarrollo sustentable de un modo cohesionado con el pueblo, mediante el cumplimiento de novísimas tareas y misiones que garanticen la defensa integral, dentro del contexto de un mundo multipolar resguardando la soberanía y la identidad nacional, el patrimonio cultural, la integridad territorial, y la biodiversidad ambiental, a los fines de garantizar la independencia, la libertad, y la seguridad del Estado venezolano.

También definió el concepto estratégico militar de la FAN (Ministerio de la Defensa ¿2005?):


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Ante ello, el concepto estratégico militar constituye el instrumento rector de la Fuerza Armada Nacional para cumplir sus funciones, estableciendo las principales directrices de actuación y expresando la razón de ser y el papel institucional en el ámbito nacional e internacional(…)Ante este panorama, la Fuerza Armada Nacional promueve y afianza su modelo, dirigido a garantizar la satisfacción de las exigencias del Estado, de la región y del hemisferio, con una visión que va más allá de la misión y los roles tradicionales, siempre orientada por los preceptos constitucionales y futuros escenarios(…)Un sistema de defensa integral complementado con los medios y recursos del Estado y la sociedad civil, que permita la protección y defensa de los objetivos estratégicos nacionales establecidos en los planes para garantizar la integridad del territorio y demás espacios geográficos de la República, en sus dimensiones fundamentales: terrestre, acuática, aérea, y espacial(…)En síntesis, el Concepto Estratégico Militar de la Fuerza Armada Nacional, está enmarcado en los más sublimes principios y valores constitucionales e institucionales, en sus pilares fundamentales como son: la disciplina, obediencia y subordinación, y con estricto apego al cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales válidamente celebrados por la República, tiene como fin ulterior, orientar con la mayor claridad y precisión, los objetivos, medios y métodos militares para la exacta ejecución de su principal misión de “Garantizar la Independencia y Soberanía de la Nación y asegurar el espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional”, todo ello en estrecha armonía y comunión, con los más elevados ideales expresados en el Preámbulo y en el texto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Lo central para la FANB no es desplazar o tutelar al gobierno civil; ni ser militaristas o pretorianas, ya que la FANB está imbricada en la sociedad, pero sí preservar la especificad que contiene la agenda de las FAN, que le da su identidad. Esta agenda, con sus logros y avances, junto a su relación con la política, es la que definirá los grados de tensión, armonía, y fluidez en las relaciones civiles-militares. Se postula que hoy esa agenda es armónica con el mundo político socialista, por ser la FANB parte en los procesos y contenidos del nuevo sistema político, a través del control subjetivo. Es decir, ser parte de la doctrina del gobierno, pero con su carácter profesional: una organización que recuperó la conciencia de sus raíces anticolonizadoras con Miranda, y que su historia le indica ser un ejército organizado y profesional, tal como lo pensaron Bolívar y Sucre.

Construida la ideología que sustenta la doctrina, se pasó a levantar la estructura militar para darle sentido. Es lo que se abordará en el próximo punto.


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3. La estructura militar: la doctrina en funcionamiento

Esta parte del ensayo argumentará cómo, desde el plano normativo y de dos indicadores, la nueva estructura militar se erigió sobre el discurso de lo militar, construido a partir de 2004, tanto con Chávez como con Maduro. Se afirma que la estructura militar que nace en 2004 tiene vida propia, solidez, y sus resultados varían de un área a otra, en términos de logros más amplios o resultados más modestos, y hay continuidad para llevarla a cabo entre los dos presidentes.

Estudiosos nacionales (Ziems, 1979 y 1992) y de otros países (Bigler, 1981; Serra, 2008), han estudiado fuerzas armadas a partir de la estructura normativa que las regula o las define. Aquí se seguirá esta línea, al analizar una selección de normas vinculadas a lo castrense, y, luego, el gasto militar. En algunos casos, se comparará con otros momentos de la vida de la FAN de Venezuela32.

No se pretende ser exhaustivo o novedoso en este análisis, porque el tema civil-militar tiene diversas aristas, y es un tema complejo (Olavarría, 1999). La novedad del ensayo es ofrecer la sistematización de una selección de normas y del comportamiento del gasto militar para acercarnos a la estructura militar en funcionamiento, de tal forma que pueda observarse el comportamiento global de la organización militar (1999-2016), y su evolución durante Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

a. Estructura normativa

El propósito de esta parte es describir cómo la estructura militar tomó forma, a partir de la selección de varias normas categorizadas en áreas, las que permiten ver su evolución en el tiempo.

Se tienen 12 categorías de normas (en orden de importancia para la organización militar): Normas guías, Normas orgánicas, Normas operacionales, Derechos humanos, Educación e investigación, Inteligencia y seguridad, Orden público, Empresariales, Seguridad social, Medios de comunicación, Normas políticas, y Normas asociadas. Se seleccionaron 78 normas para clasificar. Agrupadas, se tiene que:

32 Por ejemplo, las resoluciones del Ministerio de la Defensa que van desde la nº DG-19186 hasta la nº DG-19210, en la que se pasó a retiro a los militares de “la plaza Altamira”, publicadas en la Gaceta Oficial nº 37.582 de fecha 2-12-02.


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Cuadro 1. Clasificación de una selección de normas de la estructura militar 1999-2016

Categoría19

99

2000

2001

2002

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Tota

l

Normas guías 1 1 - 1 2 1 1 1 1 - 1 2 1 - 13NormasOrgánicas - - - - 2 - 3 1 - - 1 2 2 - 11

Normas Operacionales - - - - - - - 1 - 1 8 4 2 - 16

DerechosHumanos - - - - - - - - - 1 - - - - 1

Educativas/Investigación 1 - - 1 1 - - 3 4 2 2 1 - - 15

Inteligencia - - - - - - - - - - - - 2 - 2OrdenPúblico - - - - - - - - - - - - 1 - 1

Empresariales - - - - - - 1 - - - 4 - 1 - 6SeguridadSocial - - - - - - - - - - 1 - 1 - 2

Medios deComunicación - - - - - - - - - - 2 - - - 2

Políticas - 1 - - - - - - - 1 - - - - 2NormasAsociadas - - 1 - - - 1 - 1 1 2 - - 1 7

Total 2 2 1 2 5 1 6 6 6 6 21 9 10 1 78


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Si esta selección de normas se analiza a nivel agregado (el total), se tiene que durante el lapso de Chávez (1999-2012) se aprobaron un total de 37 normas (47,4%), y en lo que va de Maduro (2013-2016) se registraron 41 instrumentos (52,5%), lo que parece confirmar uno de los supuestos del ensayo –en el Preliminar– sobre la autonomización de las Fuerzas Armadas, en el sentido que más normas aprobadas tiene Maduro en 3 años, que las que se sancionaron cuando Chávez durante 13 años, en la selección realizada. Aquel echó las bases normativas de la estructura militar, y con Maduro, esta estructura tiene su propio desarrollo.

Por temas, las normas que pueden llamarse medulares para la FANB –guías, orgánicas, y operacionales– concentran el 51,2% del total. Si se suman las vinculadas a la Educación/investigación, el total aumenta al 70,5% de normas vinculadas a lo medular de cualquier estructura militar: organización, doctrina, y operación.

Si se examina por fechas, a partir de 2005 aumentó el número de normas aprobadas, y llegó a su pico en 2013, con 22 instrumentos publicados. Resulta tentador pensar que entre 1999-2004, fue el período de lucha por el poder dentro de la FAN, como ocurrió en el país. Sucedió el 11 de abril, el paro de 2002-2003, plaza Altamira, y la posterior purga de oficiales que Chávez hizo en la FAN33. Luego de ese lapso, y estabilizada la FAN, comenzó la edificación jurídica de la nueva estructura militar, que también coincidió

33 En http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=VE&view=chart revisado el día 17-7-16.


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con el giro que Chávez dio a partir de 2004, luego del referéndum revocatorio. Ahora ¿Cómo fue el comportamiento con Chávez y Maduro?

Cuadro 2. Normas de la estructura militar agregadas por categoría y presidente1999-2016

Categoría Hugo Chávez Nicolás Maduro TotalNormas guías 9 4 13Normas orgánicas 6 5 11Normas operacionales 2 14 16Derechos humanos 1 0 1Educación/Investigación 12 3 15Inteligencia 0 2 2Orden público 0 1 1Empresariales 1 5 6Seguridad social 0 2 2Medios de comunicación 0 2 2Políticas 2 0Normas asociadas 4 3 7Total 37 41 78

Chi² = 19,224 GL = 5 p= 0,0017 Nota: el 33% de las celdillas para el cálculo tuvieron valores < 5

El Chi² es estadísticamente significativo, lo que sugiere que la distribución de las normas entre los dos presidentes no es por azar estadístico, sino pueden conjeturarse otros motivos. Luce tentador volver a la hipótesis que Chávez echó las bases, y con Maduro, la estructura tomó forma y autonomía.

Así, con Chávez, se aprobaron más normas Guías, Orgánicas, y de Educación/Investigación que con Maduro: 27 normas versus 12. En cambio, con Maduro, el número de normas Operacionales aprobadas es mayor que las aprobadas por Chávez: 14 y 2, respectivamente. Lo que apoya la idea que una vez que la estructura tiene bases –lo orgánico, con Chávez– se pasó a la etapa –con Maduro– de darle forma y vida operacional, para tener a la corporación militar en funcionamiento –por ejemplo, las empresas militares recibieron un envión decisivo con Maduro, en 2013– y tal vez eso explique por qué con Maduro la variedad de categorías en las normas aprobadas son más amplias que durante la época de Chávez. Este tuvo leyes en 8 de las 12 categorías de normas, mientras Maduro validó leyes en 10 de las 12 categorías de normas seleccionadas.


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Como conclusión tentativa, la estructura militar pasó por una etapa de “transición” (1999-2004) que le tocó a Chávez. Con Maduro, esa estructura tiene estabilidad, por lo que se desarrolla y manifiesta. Por ejemplo, con apenas un mes en la Presidencia, Maduro participó en las primeras maniobras militares de su mandato (mayo 2013). Desde entonces, el gobierno ha hecho maniobras de distinta escala todos los años (las últimas, en mayo de 2016). Incluso, en 2014, año políticamente conflictivo, se hizo la operación Cumaguara 01-2014 (en mayo).

b. El gasto militar

El gasto militar de Venezuela durante el lapso 1914-2015 totalizó 103.130 millones de dólares. Esta cifra puede ser mucha o necesaria para la defensa, de acuerdo a como se mida.

Mucha, si el criterio es el costo de oportunidad que se pudo cubrir con esa cantidad en otras áreas (educación, salud, vivienda). Necesaria, si se toma el PIB en dólares corrientes del país en 2013, que fue poco más de 371 mil millones de dólares34. En un siglo se gastó en defensa cerca del 28% del PIB de Venezuela de un año (2013). Si se toma el PIB de 2013 con el gasto militar de 2015, corresponde al 1,40% del PIB, que es menor al gasto en salud para 2014 que correspondió al 5,3% del PIB35, al gasto del gobierno en educación que fue del 6,9% del PIB para 200936, o a la importación de bienes y servicios que fue del 29,5% del PIB (201337. También, es más bajo que la salida de capitales de Venezuela durante el lapso 2003-2010 (en teoría, con un control de cambio), que sumó 116.240 millones de dólares38. Es decir, en 7 años, la salida de dólares fue mayor al gasto en dólares del sector defensa durante 101 años. Tampoco es extremo si se compara con las sobrefacturaciones –un acto de corrupción– de las importaciones venezolanas durante 2005-2014, que llegaron a casi 67 mil millones de dólares39. En 9 años, se robaron el equivalente a 2/3 del total del gasto militar de 101 años ¿Cómo ha sido el comportamiento de ese gasto?

34 En http://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.TOTL.ZS?locations=VE visto el día 17-7-16.35 En http://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.TOTL.ZS?locations=VE chequeado el día 17-7-16.36 En http://data.worldbank.org/indicator/NE.IMP.GNFS.ZS?locations=VE leído el 17-7-16.37 En http://prodavinci.com/2011/05/17/prodavinci/%C2%BFpor-que-se-fueron-de-venezuela-116-240-

millones-de-dolares-en-8-anos-por-asdrubal-oliveros/ abierto el día 17-7-16.38 En http://prodavinci.com/2016/07/19/actualidad/quiere-saber-de-cuanto-fue-la-sobrefacturacion-de-

importaciones-en-venezuela-entre-2005-y-2014/?platform=hootsuite buscado el día 21-7-16.39 En http://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS visto el día 17-7-16.


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El gasto militar tiene una pendiente positiva a partir de 1914, con una importante subida a partir del año 2000, que coincide con la llegada de Chávez al poder. Durante los gobiernos 1958-1998 la pendiente también fue positiva, pero con un comportamiento más discreto, y a partir de la década de los 70 hasta la de los 90, el aumento del gasto militar no tuvo una elevada pendiente.

Se construyó una categoría para ver el gasto militar desde otro punto de vista: por gobiernos. Así, hay cuatro gobiernos: 1914-1958, 1959-1998, 1999-2012, y 2013-2015.

A primera vista, luce que los gobiernos durante el lapso 1959-1998 acumularon el mayor porcentaje del gasto militar, pero hay que tomar en cuenta que se habla de 40 años, para un gasto militar total de 46.192 millones de dólares. Si se observa el lapso que comienza en 1999, la proporción del gasto militar es alta, si se contrasta con el tiempo del gobierno. En este caso, el de Chávez, el cual en 13 años, acumuló un tercio del total del gasto militar venezolano desde 1914 (34.522 millones de dólares). En dos años (2013-2015), Maduro suma casi el 16% del total desde 1914 (16.156 millones de dólares). Si se suma Chávez con Maduro, acumulan casi el 50% del gasto militar total desde 1914 (50.678 millones de dólares) en 17 años. Los gobiernos 1959-1998 casi llegan a esa cifra, pero les tomó 40 años. Los gobiernos desde 1914 a 1958, totalizaron el 6,9% del total, que son 7.123 millones de dólares. En otras palabras, con Chávez y Maduro sí se ha invertido, y mucho, en la estructura militar.


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Aunque el gasto militar en la era Chávez-Maduro pasó de poco más de 1 millardo de dólares en 1999 a poco más de 5 millardos de dólares en 2015, el comportamiento del gasto por año no es uniforme. Desde 1999 a 2002 el gasto no varía mucho, pero de 2003 a 2008 el aumento es importante, y luego viene una caída hasta 2011 –que puede ser explicada por la baja en los precios petroleros y la crisis de la economía mundial durante esos años– para subir a partir de 2012 hasta 2015, año que registró una leve baja en comparación con 2014. Puede ser por la crisis económica venezolana, pero también por el fin del contrato de armas con Rusia, el cual terminó en 2016.

Sin embargo, a pesar del alto valor nominal, el promedio del gasto militar durante el lapso 1999-2015 es menor al promedio del gasto militar mundial desde 1988, el cual tuvo su punto más bajo en 2000 con 2,2% del PIB mundial40, y el promedio durante el lapso de Chávez y Maduro es de 1,32 por ciento del PIB. En 2015, de los 11 países de la región que evalúa el SIPRI en el gasto militar, Venezuela ocupó la cuarta posición, luego de Brasil, Colombia, y Argentina (a Venezuela le sigue Chile).

40 En el caso de Maduro, los presupuestos están disponibles, no así con los datos de archivo para épocas previas a 2013. De manera que, por ejemplo, en Maduro están los montos de las leyes paraguas, y posiblemente esto hace que el porcentaje del gasto militar sea mayor. Para atenuar este efecto, se calculó el porcentaje con el presupuesto presentado y con el monto de la ley paraguas del año respectivo, para ver la diferencia entre uno y otro. Igualmente, se agrega que las cifras de archivo son sobre el presupuesto presentado y no ejecutado, lo que puede terminar en una sobre o subestimación del gasto militar. Por ejemplo, en 2015, el gasto militar presentado fue de 33.084.606.373 bolívares, pero el ejecutado hasta el 10-12-15 fue de 121.961.273.444,44 bolívares. Es decir, un aumento del 269% sobre el monto original.


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Solo para comparar, por ejemplo, con Colombia. El promedio anual del gasto militar de este país durante el lapso 1999-2015 fue de 7.623,8 millones de dólares, el promedio anual del gasto militar como parte del PIB es de 3,61% y el promedio anual del gasto militar per capita es de 169,5 dólares. Las cifras de Venezuela son: 3.240,1 millones de dólares; 1,32%; y 115,2 dólares, respectivamente. Una importante diferencia a favor de Colombia, que puede explicarla por el conflicto interno que comenzó en 1964, y que se espera finalice en 2016 con los acuerdos de paz entre el gobierno de Santos y las FARC. No obstante la explicación acerca del conflicto interno, la comparación vale porque el país vecino en algún momento fue parte de una hipótesis de guerra con Venezuela. Para 2015, los gastos fueron respectivamente: 9.871 millones de dólares, 3,5% del PIB, 205 dólares per capita, y 11,5% del gasto del gobierno en el caso de Colombia; y 5.265 millones de dólares, 0,6% del PIB, 170 dólares per capita, y 1,4% del gasto del gobierno en el caso de Venezuela.

Como se ha planteado, la estructura militar venezolana tiene normas, pero también un generoso presupuesto. Esto invita a una comparación con los gobiernos previos a 1999, para evaluar el comportamiento del gasto militar, que ayude a argumentar a favor de la existencia de una organización militar a partir de 1999.Cuadro 3. Gasto militar (millones de dólares) y porcentaje de incremento 1959-1975 y

1999-2015Valores absolutos y valores relativos

Tiempo 1959-1975 Incremento 1999-2015 Incremento6 años 4.741,15 - 8.692,1 -12 años 9.264,28 95,4% 27.171,2 212,5%17 años 14.825,9 60,03% 50.678,2 86,5%

Chi² = 4,397 GL = 1 p= 0,0360

Para comparar los dos momentos, se buscó un marco de tiempo fijo aplicable a cada momento, que es de 16 años porque es el tiempo que lleva el modelo socialista con presupuestos militares que se conocen de forma pública. Así, se comparó el comienzo de los gobiernos de democracia representativa hasta que cumplieron 16 años en el poder, que van desde 1959 a 1975, para compararlos con los 16 años de Chávez y Maduro (1999 a 2015), de tal modo que el tiempo sea una variable estable, al dividirlo en tres cortes (6 años, 12 años, y 16 años). ¿Cuánto gastó cada gobierno al cumplir 6 años en el poder, cuando tenía 12 años, y a los 16 años?

El resultado es estadísticamente significativo. A los 6 años, Chávez gastó en lo militar casi el doble de lo erogado por Betancourt. A los 12 años, los dos gobiernos registraron


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aumentos en el gasto militar, pero el incremento en la era Chávez-Maduro es alto: 212% frente a 95% de los gobiernos de Puntofijo. A los 16 años, el gasto militar subió, aunque en una proporción más discreta que la alcanzada a los 12 años. Se mantiene el patrón el cual durante los gobiernos de Chávez y Maduro, el gasto militar subió más que durante los gobiernos de AD-Copei en el mismo tiempo: 86,5% y 60% respectivamente a los 16 años, con respecto al incremento a los 12 años.

Si se analiza el gasto militar como parte del gasto del gobierno, se tiene que durante la etapa madura de Puntofijo (1977-1991), el promedio fue de 5,4% del gasto total del gobierno (Kornblith, Añanguren, y Lugo, 1994: 322). De acuerdo con el SIPRI, el promedio 1988-1998 fue del 6,09% del gasto total del gobierno, con su punto más alto en 1989 con el 8,5% y el más bajo en 1996 con el 3,7% del total del presupuesto del país destinado al gasto militar.

Con Chávez, el promedio fue del 4,7% del gasto total del gobierno, con su punto más alto en 1999 con el 5,5% y más bajo en 2011 con 1,9 por ciento.

Con Maduro, se registró un importante aumento del gasto militar como parte del gasto del gobierno41 En 2013, representó el 8,08% (12,12% con la ley paraguas); en 2014, el 6,34% (8,51% con la ley paraguas); en 2015, 4,45% y en 2016 5,62%. Los gastos importantes dentro de la ley paraguas se hicieron en 2013-2014, de manera que en 2015-2016 su proporción es pequeña (0,4% y 0,13% respectivamente). El promedio del gasto militar durante Maduro como parte del presupuesto nacional es de 10,23% (incluye los montos de la ley paraguas), promedio muy superior al de los últimos 20 años de Puntofijo, y a los 13 años de Chávez.

Lo anterior apoya la idea de que la estructura militar tiene su presupuesto, y no lo recibe por azar, sino que responde a unos objetivos definidos por el poder político.

Cuadro 4. Gasto militar (millones de dólares) y el Plan SucreValores absolutos

Lapso de gobierno Hugo Chávez Nicolás Maduro1999-2009 23.808,2 -2010-2015 10.714 16.156

Chi² = 21014,18 GL = 1 p= 0,000 Nota: una de las celdillas tiene valor = 0

41 Por conflictos de cuarta generación se entiende, “(…)This is the methodology the weak employ against the strong. The primary characteristic is that of asymmetry, or the use of disparity between the contending parties to gain advantage. Strategic asymmetry has been defined as ‘acting, organizing, and thinking differently than opponents in order to maximize one’s own advantages, exploit an opponent’s weaknesses, attain the initiative, or gain greater freedom of action. It can have both psychological and physical dimensions” (Manwaring, 2005: 46). Este autor indica que este es el único tipo de guerra en donde los EE.UU. han salido derrotados.


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La asociación entre el gasto de Chávez y Maduro, y el corte antes y después del Plan Sucre, es estadísticamente significativa, lo que invita a pensar como motivo que la FANB dotó a la estructura militar del presupuesto para atender los objetivos del mencionado plan, que encierra una visión política, una doctrina, y metas hasta 2019.

Cuadro 5. Gasto militar (MM $), gobiernos 1988-1998 y 1999-2009, y el Plan SucreValores absolutos y promedios

Categoría 1988-1998 1999-2009 2010-2015En dólares corrientes 12.160 24.972 26.870Porcentaje del PIB 1,91% 1,51% 1,22%

Per cápita ($) 58,47 94,67 179,4$

Chi² = 22,531 GL = 4 p= 0,0002 Nota: el 33% de las celdillas tuvo valores < 5

El comportamiento del gasto militar que muestra el cuadro 5 es estadísticamente significativo, lo que sugiere que lo invertido en los últimos 10 años de los gobiernos de AD-Copei, los primeros 10 años del gobierno de Chávez, y lo erogado a partir de la puesta en funcionamiento del Plan Sucre (2010), no es por suerte, sino que respondió a las políticas de gasto militar en su momento, derivadas de una política y una doctrina militar. Interesa la comparación entre los 10 primeros años de Chávez, y el gasto a partir del Plan Sucre. Cabe pensar que el mayor gasto militar durante los 5 años del Plan Sucre (2010-2015) frente a los primeros 10 de años de Chávez (a partir de 1999) corresponde a la necesidad de darle forma a la estructura militar, para hacerla acorde a los lineamientos del plan. De nuevo, otra evidencia que apunta afirmar que sí existe una organización militar que se forma desde 1999 y que hoy posee vida propia.

4. Balance de la estructura militar

Conviene hacer un balance de lo trajinado hasta ahora. En la primera parte del ensayo, se dio respuesta a las dos interrogantes del proyecto “Transformaciones del Sistema Político Venezolano”: sí puede hablarse de una estructura militar, y esta es fluida, en tanto tiene un desarrollo en el tiempo, y posee autonomía. En la segunda parte, se argumentó que la estructura militar comenzó a edificarse a través de la construcción de un discurso sin solución de continuidad del Ejército Libertador a la FANB, para dar paso a la idea de la corresponsabilidad sociedad-Estado en materia de defensa, y su correspondiente doctrina, que es la defensa integral de la nación. Este discurso legitima y define el porqué –es el legado de los Padres de la Patria, que es la libertad– y el para qué de la FANB –la defensa de la integridad del espacio geográfico, en el cual se despliega la


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vida de la nación y sus principales atributos: la independencia y la soberanía– y es lo que recubre la estructura militar, abordada en la tercera parte del texto, que buscó demostrar que aquella no es solo un discurso y una doctrina, sino que tiene vida organizacional al examinar dos dimensiones clásicas de los estudios en las relaciones civiles-militares (las normas y el gasto militar). Así las cosas, la estructura militar tiene su identidad, un relato histórico, una doctrina, y un importante sistema educativo; posee una organización y normas. Está desplegada en lo militar, pero también tiene “una participación activa en el desarrollo nacional”. Produjo un plan con objetivos definidos pensado hasta 2019. Tiene un presupuesto relevante. Posee un pie de fuerza respetable. También, vínculos internacionales. Finalmente, exhibe indicadores de eficiencia aceptables y tiene un arsenal importante. En este sentido, el viaje para describir la estructura militar se completó.

No pareciera que hubo un gran plan desde 1999 para desarrollar la estructura militar –en la propuesta electoral de Chávez de 1998 no se mencionó a las FAN, y Chávez pudo legislar en lo militar con la LOFAN de 1995 hasta que fue derogada en 2005, es decir, durante 6 años– aunque estaban presentes las cuestiones de políticas públicas de la Agenda de las FAN, que pueden dar cuenta de los inicios de una visión distinta, que arrancó con el acercamiento a la sociedad a través del Plan Bolívar 2000. Puede afirmarse que hasta 2004 la estructura militar se mantuvo dentro de los cánones de las FAN de Puntofijo, pero en un sentido reformista. Es decir, el discurso de Chávez apuntó al compromiso de la FAN con “el proceso”, pero la estructura militar se desarrolló en el marco pre-1999, pero con crecientes tensiones, desde “el goteo militar” hasta la “desobediencia militar” de la plaza Altamira, como puntos de inflexión que abrieron la puerta a la estructura militar socialista. Con Chávez, la FAN tuvo 4 etapas.

La primera, que puede llamarse “consenso desarrollista”, va de 1999 a 2002. En esa etapa participaron, por ejemplo, Guaicaipuro Lameda y Enrique Medina Gómez, porque el objetivo era acabar con las instituciones de Puntofijo. Tal vez el cálculo, por ejemplo, que hizo Lameda fue que se iba a imponer solo el elemento desarrollista –los militares como eje de las políticas públicas de desarrollo del país– pero no fue así.

Cuando comenzó a surgir el elemento socialista en Chávez, se pasa a la segunda etapa, que fue la ruptura del “consenso desarrollista”: el 11 de abril de 2002. Esta etapa se define por la entrada de contenidos socialistas en el ámbito militar. El 11 de abril abrió las puertas a la inevitable partidización de la FAN, y el gobierno aprovechó para purgar a la FAN de militares que estaban en contra del “proceso”. Este segundo momento duró hasta 2003.

La tercera etapa puede llamarse “institucionalización con influencia partidista moderada”. Dentro del proyecto político que establece la constitución, la FAN se mantuvo distanciada del elemento partidista. Los militares de alto grado opuestos al


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gobierno estaban fuera de la FAN o en sus casas. Esta etapa duró hasta 2005. La cuarta etapa, con duración entre 2006 y 2010, puede llamarse “institucionalización partidista con tensiones”, caracterizada por la partidización abierta de la FAN.

¿Por qué la tensión de esa etapa? Aunque hay consenso en el objetivo final –la partidización y la ideologización de la FAN– hubo diferencias en la manera de vincular a la FAN con el estamento partidista que gobierna al país. Este objetivo y las maneras sobre cómo llevarlo a cabo, definieron los momentos de tensión y de estabilidad de las relaciones del gobierno con los militares a partir de 2006. Más altos a partir de ese año; más bajos, a partir de 2010 hasta el presente.

Si habría que decir cuáles son los momentos claves que impulsaron al gobierno a acelerar el control político de la FAN, son dos: el 11 de abril de 2002 y el retiro de Raúl Baduel como oficial activo, en julio de 2007.

Baduel abrazó el objetivo de politizar a la FAN, pero dentro del marco de la constitución. Es decir, la FAN comparte el proyecto político del gobierno, pero hay una separación entre la esfera partidista y la esfera militar. El general en jefe pensó que la manera de mantener esa separación y al mismo tiempo establecer un puente entre ambas, no era un partido, sino el tema de la energía: Venezuela como potencia petrolera, amenazada por las “guerras de cuarta generación”42, lo que permitía compartir el discurso del gobierno de la “guerra asimétrica”, al mismo tiempo que mantenía alejadas las influencias partidistas-ideológicas, que desde la Comandancia en Jefe de Miraflores impulsaba el general Alberto Müller Rojas. Esta tensión Baduel-Müller llegó a su punto culminante cuando Müller, general activo en ese entonces (2007), sugirió que se inscribiría en el Partido Socialista Unido de Venezuela anunciado por Chávez ese año. Aquí apareció la segunda crisis importante y el cambio de táctica por parte de Chávez, pero no de estrategia, para evitar un choque militar por la acelerada y pública partidización de Müller Rojas, ¿La solución? Chávez sacrificó a Baduel y a Müller. Se cambió la estrategia: la partidización de la FAN se hizo desde adentro. La tesis de partidizar a la FAN desde afuera que predominó desde 2005 hasta la crisis Müller-Baduel en 2007, cerró su ciclo.

Seguramente, en esto privó el desarrollo de la estructura militar con personalidad propia, notable a partir de 2004 luego de superada la crisis política y militar de 2002-

42 La afirmación que marcó la entrada a una estructura militar definitivamente comprometida con “el proceso”, la dijo el general Rangel Briceño cuando puntualizó que, “no acepto esa visión cobarde que rehúye de las responsabilidades reales y verdaderas del momento histórico que estamos viviendo porque ‘yo soy institucionalista y entonces no…’. Entonces ¿usted no? Entonces usted se va, usted está fuera de orden, no entiende lo que está pasando. Que Dios lo bendiga, y algún día vea la realidad”. Véase Espinosa, M. D. (2008, abril 26). Rangel Briceño “no acepta visión cobarde de los institucionalistas”. El Universal. p. 1-4.


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2003. El aporte de Chávez fue echar las bases organizacionales, doctrinarias y de relaciones internacionales (principalmente, en el equipamiento militar y las alianzas con países como Rusia), para que esa estructura tuviera vida propia. Esto puede explicar la dispersión en la categoría de normas que se observa en la era Chávez –por ejemplo, cuadros nº 1-2– lo que sugiere que a Chávez le tocó una época de tensiones, que requirió avances y retrocesos –las famosas “retiradas tácticas” de Chávez– priorizar un área y no otra; por ejemplo, no podían ascender todos los candidatos de una sola promoción sino de varias promociones, por diversas razones; o había que aprobar normas en áreas muy concretas, para garantizar la viabilidad de la estructura militar. De tal modo que con Chávez, la estructura militar se desarrolló bajo su supervisión, con tres elementos centrales que definen la intención de Chávez hacia la organización militar: primero, una FAN comprometida con el “proceso” a través de maximizar el control subjetivo –en este caso, el partido, primero desde afuera, pero luego desde adentro con el tema de la energía y, hoy, con las amenazas a la seguridad de la nación– segundo, construir una estructura que hiciera inviable otro 11 de abril de 2002; una FAN con sus propios checks and balances. Por ejemplo, la Milicia, separar al Ministerio de la Defensa del CEO, la centralización presupuestaria, las sucesivas reformas a la Lofanb, y hacer de la prerrogativa comandante en jefe un grado militar pensado exclusivamente para Chávez, con lo que su liderazgo político e institucional se unieron; y tercero, una FAN imbricada con la sociedad “como el pez al agua”, con la “unión cívico-militar”. Así lo formuló Chávez en 2009:

La meta de la Fuerza Armada Bolivariana es convertir a Venezuela en una fortaleza inexpugnable, y así la dejaremos a nuestros hijos ¡Que nadie venga a meterse con nosotros! ¡Que nadie se atreva a meterse con nosotros!

Si hay que poner una fecha para representar la estabilidad de la nueva estructura militar y su alejamiento definitivo de la estructura pre-1999, fue durante el lapso en que el general Gustavo Rangel Briceño fue Ministro de la Defensa, quien sucedió a Baduel en julio de 2007, y estuvo en el ministerio hasta 200943. Luego –salvo el año de Ramón Carrizales, militar en retiro, hasta 2010– el ministerio fue ocupado por oficiales con visible compromiso político hacia el “proceso” de menos a más, siendo el punto de mayor expresión de la partidización de la FANB, el lapso del almirante Diego Molero (2012-2013). Luego de esta fecha, comenzó un período de autonomización institucional de la FANB, pero dentro de la concepción política del gobierno, con la dupla Meléndez Rivas-Padrino López, que ha continuado el segundo, con su equipo, el cual también ha tenido estabilidad en esta nueva etapa (por ejemplo, con el general García Toussaint y el almirante Ceballos Ichaso).

43 Resolución del Ministerio de la Defensa N° 013146 de fecha 16-2-16.


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Esta es la etapa de Maduro. Por autonomización institucional no se entiende que la FANB hace lo que quiere, sino que en el marco de la subordinación al gobierno electo desarrolla sus proyectos y planes. Tal vez la diferencia entre Chávez y Maduro es que con el primero, cualquier asunto de la FANB requería su visto bueno. Con el segundo, la FANB puede desarrollar sus políticas dentro del marco de las políticas del Estado, con el check and balance de la prerrogativa constitucional –y todavía grado militar, aunque Maduro es civil– de ser comandante en jefe de la FANB. En otras palabras, a Chávez le tocó la tensión que requirió una supervisión directa de la estructura militar para que pudiera sostenerse; a Maduro le toca la estabilidad de la estructura militar, que requiere de la supervisión del comandante en jefe, pero en lo permitido por las normas, la política, y las políticas, la FANB es autónoma para que la estructura militar tenga su vida. Chávez fue lo organizacional. Maduro es lo operacional.

Esto puede explicar que la época Maduro se caracterice por la concentración normativa en lo operacional (cuadro nº 2), para que la estructura militar se desenvuelva. Por ejemplo, el día 16-2-16 se aprobó la nueva “estructura organizativa” de la FANB44. En otro ejemplo, ascienden mayormente los integrantes de la promoción que tiene que ascender en un año determinado, y los más meritorios ocupan más plazas que los menos meritorios45. El tema ya no es echar las bases o manejar la tensión, sino poner a andar la estructura, que esta se despliegue y tenga autonomía en su accionar, dentro del control subjetivo. Así, los primeros anuncios de Maduro en 2013 se orientaron a destacar el rol empresarial de la FANB –con las empresas militares– y en 2014 y 2015, a desarrollar aspectos operacionales de la estructura militar (maniobras militares, las REDI, las ADI, o la Milicia, por ejemplo), los programas de bienestar social del personal militar y civil (Misión Negro Primero, hoy ley orgánica), y lo operacional. Hoy, se avanza en otro escalón en lo operacional: Maduro declaró 2016 como el año “de las fuerzas especiales de la FANB”.

44 Por ejemplo, al analizar 108 ascensos de general de brigada a general de división del Ejército entre 2009-2015 (con excepción de 2010), se halló que, en promedio, el 60% de los ascendidos son “de los primeros de las promociones”, y el 40% no son “de los primeros de las promociones”.

45 En el caso de la GMAS, no parece existir una “copresidencia” de Padrino López. El artículo 5 del decreto que lo crea establece claramente la línea de mando civil sobre la militar. Más que la “copresidencia”, el riesgo es que el tema de la distribución de bienes sea un “asunto de seguridad de la nación”, y que enfoques como el de la “guerra asimétrica” y “no convencional”, sean llevados al ámbito civil. Véase la Gaceta Oficial nº 40.941 de fecha 11-7-16. También el mensaje del general Padrino López a propósito del Día del Ejército en http://www.vtv.gob.ve/articulos/2016/07/24/padrino-lopez-nos-corresponde-enfrentar-nueva-batalla-fraguada-por-enemigos-de-la-patria-5220.html visto el día 10-8-16. En este sentido, la extensión de la misión de la FANB va más allá del control civil en la definición de Dunlap (1994: 343-344), “(…)The principle of civilian control may be offended when the influence of the armed forces extends into areas that endanger liberties or the democratic process, even when that expansion is sanctioned by the civilian leadership”.


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Así como Chávez tuvo una intención política con la FANB, ¿cuál puede ser la intención política de Maduro con respecto a la estructura militar?

Tiene tres niveles. El primero, construir su red de militares cercanos. Esto se apreció en toda su fuerza durante los ascensos y transmisiones de mando de julio de 2016, en donde se promovieron a oficiales que puede afirmarse son cercanos a Maduro.

Lo segundo, lo más doctrinario. Maduro parece ver en la organización militar dos cosas. La primera, una capacidad para desarrollar al país –de aquí, de nuevo, los roles empresariales y económicos que Maduro ha concedido a la FANB– a partir de la disciplina y planificación, atributos vinculados a la corporación militar.

En este sentido, Maduro parece seguir una idea en boga durante los 70 y 80 en algunos países asiáticos –notablemente, Corea del Sur– que se conoció como la “fusión civil-militar”, la que argumentó a favor del rol de las FF.AA. para organizar a la sociedad y construir “modelos políticos estables para las naciones del Tercer Mundo”, porque son disciplinadas (Kim, 1980). Aunque se puede argumentar que hay grandes diferencias entre las FF.AA. de Corea del Sur y nuestra FANB, la idea de las FF.AA. como “organizadoras de la sociedad” es una corriente que no es ajena a la región –“el nuevo profesionalismo militar” de los 70– y en Venezuela esta propuesta se manifestó con fuerza durante Pérez Jiménez, en la doctrina nacionalista-desarrollista de las FF.AA.

Lo segundo, una de las características del gobierno de Maduro es el aparato de inteligencia y seguridad, porque se percibe como un gobierno amenazado por fuerzas que lo quieren desalojar. En este contexto, la FANB tiene un rol clave como organización para asumir la “guerra no convencional” que denuncia el gobierno –tesis que se trasladó, incluso, al tema de alimentos o medicinas, que es lo que dio origen a la Gran Misión Abastecimiento Soberano (GMAS)46– que llevó a que la FANB desarrolle mecanismos de inteligencia de forma permanente para hacer frente a la “guerra no convencional”47.

¿Hasta dónde llegará esta segunda vertiente? Es posible una versión de la “doctrina de seguridad nacional” en la cual la FANB sea una “guardia pretoriana” que defiende el sistema político socialista de las “amenazas internas”, en este caso, representadas por la oposición. Otra opción es que la FANB asuma que su presencia en actividades civiles forma parte de su misión, debido a que el sistema político afronta adversidades excepcionales, y la FANB como garante de la unidad del Estado debe responder a ese requerimiento que asume forma parte del 328 constitucional.

46 La última instancia de inteligencia creada al 24-8-16 es la “Selección de datos”, la que se encargará de levantar información para la inteligencia militar. Fue creada de acuerdo con la resolución nº 015543 del Ministerio del PP para la Defensa, publicada en la Gaceta Oficial nº 40.973 de fecha 24-8-16.

47 En https://twitter.com/puzkas/status/758776597210132481/photo/1 consultado el día 7-8-16.


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Finalmente, la relación con el mundo civil. Aunque con Chávez se planteó y desarrolló la idea de la “unión cívico-militar”, con Maduro este concepto tiene un desarrollo importante y constante. Una de las características de la política militar de Maduro, es la “unión cívico-militar”, y su propósito es que ocurra dentro del marco del Estado, más como auxiliar de las estructuras de la administración pública, que se asumen no responden a las demandas de la sociedad por la “burocratización”. Hoy, la “unión cívico-militar” es de orientación instrumental, pero en el futuro puede tener un carácter político, en el sentido de que la FANB asume abiertamente una militancia partidista –ya no solo política– con sus cuadros dentro del poder del Estado. Es decir, la versión más pura de una FAN socialista.

En resumen, el sistema político que nace en 1999 tiene una estructura militar, que tiene estabilidad y autonomía profesional, dentro de un proyecto político del cual siente que forma parte desde el punto de vista histórico y doctrinario, por medio del cual se efectúa el control subjetivo sobre la FANB.

A diferencia de la tesis de Huntington –el militar es profesional porque está alejado de la política– la estructura militar que nace en 1999 se acerca a la tesis de Janowitz –el otro gran autor en el tema de las relaciones civiles-militares– en el sentido de la “convergencia” en el profesional de uniforme de las habilidades civiles y militares, porque va a interactuar más con el mundo político.

5. Las tensiones de la estructura militar

Esta parte sigue las tres categorías usadas por Bigler (1981) para explicar las tensiones que puede tener la estructura militar. Hasta ahora, se expuso cómo se formó la nueva FAN. Ahora se abordarán las posibles fricciones que se derivan de la actuación de esta novedosa estructura.

a. Las injusticias y las demandas militares

En esta categoría se incluyen las tensiones que pueden influir en el mundo militar, que nacen en el ámbito castrense. Hay dos importantes: los militares en la administración pública y la corrupción en integrantes de la FANB.

El gabinete con el que Maduro comenzó en abril de 2013 tuvo 9 ministros militares y 26 civiles. El gabinete con fecha 27-7-16, posee 9 ministros militares y 24 civiles. Hay diversas cifras sobre la presencia de militares en la administración pública. La más reciente, indica que, desde 1999, 1.614 uniformados han estado en la administración


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pública, de los cuales 77% correspondió a Chávez y el 22% a Maduro48. La Asociación Civil Convite, al estudiar las gacetas oficiales entre julio de 2014 y julio de 2015, registró que 105 militares fueron designados en puestos de la administración pública. Casi la mitad se ubicaron en los ministerios del Interior y de Transporte, y un poco más de la mitad de los designados son oficiales generales y almirantes49.

La participación de la FANB en el engranaje de toma de decisiones del Estado puede tener dos niveles. Uno, nivel ejecutivo; el otro, nivel operativo.

En el primero –por ejemplo, la presencia de Padrino López en la GMAS– la interacción civil-militar ocurre en términos de paridad, bajo la subordinación a la autoridad civil o a la cadena de mando que se designe (civil o militar). No se asume en este nivel que los militares “ordenen” políticas a los civiles, ya que son relaciones de paridad y normalmente entre funcionarios de alto nivel, sean políticos o militares. Lo importante es que en este nivel, la preponderancia civil se mantiene o la de la institución, en el caso de ministros militares. Por ejemplo, el general Reverol en el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Los posibles roces se derivan de que el titular militar de un alto puesto, lleve su equipo compuesto por militares, y ocupen cargos en todos los niveles de una organización, y eso genere resistencias en los funcionarios existentes, principalmente en los de carrera que se sienten desplazados, y que se impone un “ambiente de cuartel” en organizaciones civiles.

En el segundo nivel –por ejemplo, a nivel de cargos medios; un director de administración militar de algún ministerio- la posibilidad de una relación civil-militar menos armónica es mayor, ya que la relación no será entre iguales, sino entre un superior –en este caso, militar- y funcionarios, civiles o militares. Va a depender de la persona la calidad de la relación, que puede ser más abierta o más cerrada; más centrada en el puesto o centrada en el empleado. En este nivel, son posibles casos de corrupción y abusos, en la medida de que la supervisión puede ser más dispersa, con mayor presencia de militares en tareas de control. Por ejemplo, en puertos: un jefe militar encargado de las nacionalizaciones de mercancías puede aprovechar para cobrar comisiones, con la anuencia o no de su superior, quien también puede ser militar, y tal vez con la aceptación de los niveles más altos, que a su vez representan los “carteles” o grupos que controlan fuentes para obtener rentas, sin importar el grado militar. Lo relevante, son las rentas

48 En https://drive.google.com/file/d/0B1ltDk1NFa4eektOSk9kNmpGbExJa1ZwZURDNFV6LVkybTU0/view consultado el día 10-8-16.

49 Un indicador de la pérdida de disciplina puede inferirse del radiograma del Ejército nº 52-201-00070-0660 de fecha 5-5-16, en la que se ordena sancionar por “dejar de cumplir una orden por negligencia” a 161 militares que no se presentaron a una prueba para optar por el ascenso al grado inmediato superior. Habrá que evaluar si estos comportamientos son fortuitos o responden a una tendencia disciplinaria dentro de la FANB.


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que se manejan, de manera que se puede tener a un capitán, con un nivel de vida muy superior al de un general, con los problemas en la moral y disciplina que esto traerá por el estilo de vida que ostentan profesionales militares, no acorde a la profesión.

En síntesis, la presencia de militares en la administración pública puede generar dos tipos de problemas: por una parte, puede alejar al profesional de su área de competencia que es la defensa, de manera que se tienen más administradores y menos profesionales de la guerra. Lo segundo, puede generar fricciones internas, en tanto habrá un grupo que tendrá cargos administrativos con los privilegios que se derivan de tales posiciones –legales e ilegales– y otros estarán en las actividades del cuartel.

Lo anterior puede explicar al anuncio de Maduro en diciembre de 2015, al ordenar el regreso al mundo castrense de quienes están en servicio en la administración pública. Es una manera de preservar los valores y disciplina de la profesión ante el riesgo de tener una FANB de burócratas con privilegios (y eventualmente corrompida), y una FANB de profesionales de la guerra50.

Otra tensión es la corrupción de integrantes de la FANB o hechos dolosos que empañan su prestigio, relacionados al narcotráfico y a la delincuencia. Puede ser la consecuencia de una mayor presencia militar en actividades económicas, lo que ofrece incentivos para romper la disciplina y el honor militar. De forma indirecta, por ejemplo, las acusaciones de desvío de fondos en la todavía no inaugurada planta de fusiles y municiones Kaláshnikov. De forma directa, los reportes de militares vinculados al narcotráfico. La Fiscalía informó que encausa a 27 uniformados por casos de este tipo durante el primer trimestre de 2016. Hay casos como la destitución de un general de brigada por estar aparentemente vinculado al delincuente El Picure51. Igualmente, las acusaciones hechas por la justicia de los EE.UU. contra el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, general Néstor Reverol Torres52, y el general Hugo Carvajal Barrios53, entre otros altos oficiales de la FANB, por haber recibido pagos de narcotraficantes. En uno de los pocos

50 En http://www.aporrea.org/ddhh/n280590.html leído el 7-8-16. El señalado es el general de brigada Richard de Sancho Pérez, quien egresó de la Academia Militar en 1989, en el puesto nº 32 de 168 alféreces. Fue ascendido a general de brigada en julio de 2014, en el puesto nº 19 de 55 coroneles, de acuerdo con la resolución del Ministerio de la Defensa nº 005414 de fecha 3-7-14. Al momento de su separación, era Secretario de Seguridad de la Gobernación de Guárico. El gobernador, Contralmirante Rodríguez Chacín, desmintió esta relación delincuencial. En http://www.noticierovenevision.net/politica/2015/noviembre/9/140560=gobernador-rodriguez-chacin-desmintio-vinculacion-de-su-gabinete-con-organizaciones-delictivas- leído el día 7-8-16.

51 En https://www.justice.gov/usao-edny/pr/former-top-leaders-venezuela-s-anti-narcotics-agency-indicted-trafficking-drugs-united trabajado el día 7-8-16. Reverol rechazó las acusaciones. En http://www.avn.info.ve/contenido/pol%C3%ADticas-soberanas-seguridad-arrojan-resultados-positivos-lucha-contra-tr%C3%A1fico-drogas visto el día 24-8-16.

52 En http://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2015/vol1/239028.htm consultado el día 27-8-16.53 En sendos decretos nº 2.251 y 2.252 publicados en la Gaceta Oficial nº 40.857 de fecha 26-2-16.


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casos en la historia militar de Venezuela, Maduro decretó degradar y expulsar de la FANB a dos oficiales por estar vinculados al tráfico de drogas54.

b. Los problemas de ajuste en el sistema civil-militar

En este grupo entran las tensiones derivadas de la relación de la FANB con el mundo civil. Hay tres importantes: la partidización de la FANB, la crítica de la opinión pública y el tema de los derechos humanos.

Los artículos 328 y 330 de la constitución son claros en el carácter no partidista de la FANB. El 328 define que la FANB está “al servicio exclusivo de la nación, y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”. Los esfuerzos desde el TSJ o desde el Ministerio de la Defensa para justificar su partidización no tienen fuerza, si bien la FANB mantiene su carácter profesional. Como se argumentó en el punto 1, no es un ejército miliciano, es un cuerpo armado profesional, pero partidista, lo que está al margen de la constitución. La exposición de motivos de la carta magna preservó una tradición constitucional de Venezuela, al postular que a los militares “se les mantiene la prohibición de optar a cargo de elección popular, o participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político”. Lo último no se cumple.

De la partidización de la FANB puede derivar una importante amenaza a la sociedad civil: la FANB puede asumir un discurso “amigo-enemigo” tipo doctrina de la seguridad nacional, como se infiere del Plan Sucre (páginas 3-4). Desde que el exministro de la Defensa, Henry Rangel Silva, construyó a la oposición en términos de “ellos” con un proyecto que tendría el rechazo de la FANB55, el discurso de integrantes del alto mando es retratarla como “un sector antipatria”. En un hipotético momento de conflicto político extremo, las personas o grupos que no se identifiquen con el gobierno, podrían ser tratadas por la FANB como el “enemigo” a anular mediante la fuerza.

54 En https://www.youtube.com/watch?v=6sj9BBf16kc visto el día 27-8-16.55 Al menos de forma pública, no se conocen estudios dedicados exclusivamente a evaluar a la FANB. Una

excepción a esta línea de las encuestadoras, fue el estudio coordinado por la ONG Comprensión de Venezuela y efectuado por el IVAD, dedicado exclusivamente a la FAN, con el título “Percepción de la población acerca de la Fuerza Armada Nacional y los militares”, con campo entre el 17 al 26 de agosto de 2002 y N = 1.200 entrevistas. En ese estudio, la evaluación favorable de la FAN fue positiva 60,2% regular 29,6% negativa 6,9% y Ns/Nc 3,3%. Tal vez sea el primer estudio en Venezuela para medir la opinión pública sobre la FAN, hecho de forma pública. Para las cifras comentadas aquí, se tomaron los guarismos de la firma Consultores 21 en tres de sus estudios del 17 al 25 de junio de 2004 (N = 1.500 entrevistas), del 20 de junio al 5 de julio de 2015, y del 11 al 20 de marzo de 2016. Los dos últimos con una N = 2.000 entrevistas.


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Esta partidización puede ser una de las causas que explique que la imagen favorable de la FANB en la opinión pública se haya resentido desde 199956.

El promedio de la evaluación favorable de la FAN durante los últimos 10 años de Puntofijo (1988-1998), fue de 37%. En 1999, la FAN arrancó con una evaluación favorable de 66 por ciento, y el promedio hasta 2004 (cuando comienza la nueva FAN), fue de 59,2%. El promedio desde 2005 hasta 2012 (con Chávez al mando), fue de 56,1% de evaluación favorable de la FANB. Si se toma el promedio desde el Plan Sucre (2010) hasta 2016, la opinión favorable es de 51,4%.

Al comenzar Maduro en 2013, la aprobación de la FANB fue de 60%. El promedio de evaluación favorable de la FANB hasta marzo de 2016, es de 50,1%. Si se compara con la evaluación que los ciudadanos de Latinoamérica hacen de sus FF.AA. (en la confianza)57, la evaluación favorable de la FANB está en el promedio regional: en 2016 el promedio fue del 50% que expresó tener confianza hacia sus FF.AA. El promedio para la región entre 1995-2016 es de 47%. Si se asume la confianza como un Proxy, la FANB está 3 puntos por encima del promedio de la región.

Si bien es un promedio superior al que tuvieron las FF.AA. al cerrar el modelo AD-Copei en 1998, es una importante caída, si se toma en cuenta que en 1999, las FF.AA. llegaron a tener su nivel más alto de aprobación que fue de 71%.

La baja en la evaluación de la opinión pública puede estar vinculada al tercer factor en esta categoría: los derechos humanos. El conflicto político que arrancó en 2014 fue un antes y un después en la aprobación del público a la FANB. El promedio de opinión favorable durante el lapso 2011-2013 –antes del conflicto político abierto– fue de 54% y en el período 2014-2016 48,1% (la prueba Z para las medias de dos poblaciones, dio estadísticamente significativa al 0,05), lo que puede sugerir que la caída está asociada a cómo se percibió el comportamiento de la FANB durante el conflicto de 2014.

En varios estudios de opinión realizados durante esos hechos, no quedó clara la percepción sobre la responsabilidad particular de la FANB en la violencia. Por ejemplo, en agosto de 2014, el 57% estuvo de acuerdo con que “las muertes ocurridas durante las protestas de los últimos meses son responsabilidad de grupos irregulares armados, y de las fuerzas policiales y militares que reprimieron a los manifestantes”. Sin embargo, en marzo de 2014, al preguntar sobre la responsabilidad concreta de organismos en las

56 En https://twitter.com/Latinobarometro/status/771805044152893440/photo/1 consultado el día 9-10-16.

57 En estas preguntas, se consultó a la encuestadora IVAD. El estudio de agosto de 2014 fue al 25-8-14 con una N = 800 entrevistas. El estudio de marzo, fue entre el 21 al 30-3-14 con una N = 1.200 entrevistas. Las atribuciones de responsabilidad por las muertes de manifestantes fue la siguiente: GNB 5,8% Colectivos armados del gobierno 12,5% El gobierno nacional 27% Grupos violentos de la oposición 30,9% la Policía Nacional 1,6% y Ns/Nr 22,2%.


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“muertes ocurridas durante las protestas”, la GNB recibió apenas el 5,8% que opinó fue la responsable58. Fuera de las encuestas, los números de la Fiscalía son genéricos, pero sugieren que entre 2010 y 2015 hay una asociación estadísticamente significativa entre acusaciones e imputaciones por casos vinculados a los derechos humanos (derechos fundamentales)59. Esta asociación puede ser simplemente porque con el paso del tiempo hay más casos, pero también puede ser porque hay más casos denunciados de agresión a los derechos humanos por parte de la FANB, que se traduce en que para buena parte de la opinión pública, la FANB está asociada a la violación de los derechos humanos60.

c. Los problemas básicos político-económicos

En esta categoría, se incluyen los roces que se generan a partir de la conceptualización del porqué y el para qué de la FANB dentro del sistema político. Se identificaron dos tensiones: la extensión de la misión de la FANB en la sociedad y las relaciones con un eventual –y posible en el futuro– gobierno de la oposición.

Una posible tirantez es hasta dónde llega lo civil y lo militar en la sociedad. La corresponsabilidad sociedad civil-Estado en materia de seguridad y defensa es muy amplia, y está en todos los ámbitos de la vida nacional. Así lo asumió el constituyente de 1999 al postular que si bien la FANB “coopera en el mantenimiento del orden interno”, este se define en la Exposición de motivos de la carta magna como:

El estado en el cual se administra la justicia, se consolidan los valores de libertad, democracia, independencia, paz, solidaridad, bien común, integridad territorial, convivencia, e imperio de la constitución y la ley. Todo ello armonizado en un escenario donde predominan y se practican los principios constitucionales y preceptos bolivarianos, en un clima de absoluta participación democrática.

El orden interno lo arropa todo, y la FANB coopera en su mantenimiento. ¿Cuáles son los límites para esta cooperación? ¿Son la FANB parte importante del Estado y la

58 Chi² = 165,917 GL = 1 p= 0,000.59 Sendos indicadores de esta percepción son la polémica con la resolución nº 008610 de enero 2015, y el

desarrollo del programa OLP para combatir a la delincuencia. Para esto, véase el artículo “Militarismo en tres actos” del Laboratorio de Paz (revista SIC nº 787, agosto 2016, Pp. 292-295).

60 Incluso, el TSJ se permitió recomendar a la FANB que “sea más cuidadosa” en una tarea privativa de la estructura militar: los ascensos de su personal. En http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/julio/189220-00764-26716-2016-1998-15386.HTML vista el día 27-8-16. Esto contrasta con lo que ocurre en Ecuador: Correa solicitó sancionar a un militar porque en su criterio irrespetó al comandante en jefe, pero el consejo de disciplina de las FF.AA. de Ecuador, absolvió al militar, y expresó que ese consejo es privativo de los militares, “no contempla o abarca el ámbito de una autoridad civil, inclusive la del presidente de la República”. En http://es.panampost.com/karina-martin/2016/08/27/correa-demanda-al-consejo-de-disciplina-militar/?utm_content=buffer14636&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer leído el día 30-8-16.


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sociedad como organización pero no la única, o son las “protectoras del poder civil” y “guardianas de las esencias nacionales”, por las que están llamadas a actuar cuando estimen que esas “esencias nacionales” están en peligro (Kim, 1980: 24; Serra, s/f: 28)?

Si bien hasta ahora los límites parecen estar definidos y no se observan mayores roces entre el Ejecutivo u otras instancias del poder público con la FAN61, en un futuro, esta tensión sobre los límites de la misión de la FANB puede ser fuente de importantes fricciones, especialmente, en un posible gobierno de la oposición articulada en la MUD.

Si bien a partir de 2014 los jefes militares son cuidadosos a la hora de hablar de una FAN vinculada al proyecto del PSUV, la relación vía control subjetivo es clara, y se evidencia en la definición de la FANB como “patriótica, bolivariana, revolucionaria, socialista, antiimperialista, y chavista”. ¿Será esto aceptado por un gobierno de la oposición? No parece. Aunque no está claro si la MUD tiene una política militar por los distintos voceros que tocan el tema –y las diferencias entre ellos– quien hoy lleva la vocería militar es el presidente de la AN, diputado Henry Ramos Allup, quien ha expresado opiniones que la FANB considera ofensivas, y han tenido respuesta del Alto Mando Militar62. En agosto de 2016, Ramos Allup afirmó tener aspiraciones presidenciales y los estudios de opinión lo ubican con una buena evaluación del público, por lo que su sentir tiene peso en buena parte del país. El diputado de AD expresó con respecto a la FANB, que el “entendimiento” es para que “respeten la constitución y no se entrometan en temas que ni conocen ni les competen”63. Polémicas así serán fuente de tensión con la FANB en un gobierno de la Unidad.

¿Cuál pudiera ser la relación civil-militar en un gobierno de la Unidad? Solo se puede conjeturar al respecto. Lo primero que definirá esa relación es cómo llegue la Unidad al poder. Si llega porque gana las elecciones presidenciales de 2018, su legitimidad ante la FANB será mayor, y tendrá piso político para iniciar el gobierno y tomar medidas, algunas críticas. Si es por una vía de fuerza –una crisis en el gobierno de Maduro promovida desde la MUD– su legitimidad ante la FANB será débil y estará sujeta a la voluntad de la corporación militar. Así, la ruta de mayor fuerza política es ganar las elecciones presidenciales de 2018.

61 Para Ramos Allup en http://www.controlciudadano.org/noticias/ramos-allup-la-fanb-se-ha-convertido-en-un-asco-que-no-defiende-al-pueblo Para la FANB en http://www.mindefensa.gob.ve/mindefensa/wp-content/uploads/2016/06/ComunicadoFANBGJ.pdf las dos leídas el día 10-8-16.

62 En http://acciondemocratica.org.ve/henry-ramos-allup-copresidencia/ revisado el día 10-8-16. 63 Un buen concepto de control civil lo ofrece Agüero (1995. C. P. Serra, s/f: 40), “la capacidad de un

gobierno civil democráticamente elegido para llevar a cabo una política general sin intromisión por parte de los militares, definir las metas y organización general de la defensa nacional, formular y llevar a cabo una política de defensa y supervisar la aplicación de la política militar”.


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Con ese piso de legitimidad, se prevé una relación inicial de respeto de la FANB a la autoridad civil de la oposición electa, que puede evolucionar a una relación más tensa o más armónica. La FANB buscará preservar su autonomía institucional que percibe como su principal logro, mientras que desde el mundo civil, el gobierno recibirá presiones para que la FANB regrese a una situación parecida a antes de 1999, con una autonomía institucional limitada. Dependerá de la habilidad del liderazgo político, la capacidad para lograr la conducción civil de la FANB, al tiempo que se despartidiza la organización militar. Esto traerá conflictos con la FANB, que van desde hacer presión a demostraciones de fuerza públicas para desafiar a la autoridad civil.

La doctrina de la FANB que nace en 1999 seguirá allí, pero eso no significa que no pueda ser revisada o cambiada. Se insiste, dependerá de la habilidad política del nuevo gobierno darle un sentido de misión a la FANB que preserve sus logros alcanzados a partir de 1999, pero subordinada a la autoridad civil.

En síntesis, en un eventual gobierno de la oposición producto de la consulta presidencial de 2018, se estima una relación de respeto y subordinación de la FANB hacia la nueva autoridad civil electa. El reto que tendrá este futuro presidente es despartidizar a la FANB, pero sin negar sus avances desde 1999; más bien, encauzarlos dentro de la subordinación del elemento militar al poder civil electo. El gran desafío que tendrán los civiles hacia lo militar será no ceder a la presión de los extremistas, que buscarán minimizar o eliminar a la FANB, en la idea que la causa de los problemas de Venezuela, es el “militarismo” o “los milicos”.

Hay una tercera tensión, pero que se deja como incógnita en el caso de Maduro: la crisis socioeconómica. Para autores como Burggraaff (1972) y Bigler (1981), el tema económico influyó en las relaciones civiles-militares de Venezuela. El primero argumentó que las intervenciones militares tuvieron como telón de fondo problemas económicos del país o de las FF.AA. como corporación: 1928, 1945, 1948 –relativamente– 1957-1958 (incluidos los intentos de golpe de julio y septiembre), y –se agrega– 1992, luego del programa de ajustes adelantado por CAP II.

Hoy, la crisis económica es una incógnita en el caso de Maduro, porque pese a lo severo del momento económico nacional, esta recurrencia no se ha manifestado, pero no puede descartarse que se exprese en algún momento. Si no lo ha hecho hasta ahora, se piensa que es porque la lógica de Maduro –el “estilo Maduro”– es un complejo y delicado sistema de equilibrios que atiende múltiples áreas, para evitar una crisis definitiva. En el caso de la FANB, a pesar del deterioro en la economía, se ha ajustado su salario, tiene su ley de seguridad social aprobada en 2015, su presupuesto es importante, y su participación en la GMAS es una acción hábil de Maduro para maximizar el control subjetivo, al hacerla parte de la solución a los problemas económicos (o su no solución,


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si es el caso), de tal forma que la FANB no está al margen de la crisis, sino que forma parte de ella junto al gobierno, para abordarla. Este equilibrio puede explicar por qué la recurrencia crisis económica-intervención militar que halló Burggraaff al estudiar a las FAN desde Cipriano Castro a Rómulo Betancourt no se ha cumplido con Maduro, aunque no puede descartarse que suceda en el futuro. Burggraaff advirtió (1972: 205), al plantear que el reto del sistema político de Puntofijo era combinar crecimiento, distribución y libertades, que:

Failure to meet this challenge will almost certainly lead to some form of authoritarianism, left or right, military or civilian.

6. La reforma de la estructura militar

En la última parte del ensayo, se abordará la reforma a la estructura militar. No se trata de presentar una lista de acciones o de iniciativas de políticas públicas, que casi siempre terminan en un listado de cosas inviables o políticamente naïve. Más bien, lo que se presenta son áreas que pueden ser objeto de debate, con el propósito de tener una FANB acorde con el mandato constitucional que define el 328 de la carta magna.

Prestigiosos estudiosos de la civil-military problematiqué han formulado propuestas para cambiar la estructura militar (véase a Irwin, 2004: 349-352). No obstante, el espíritu de las sugerencias aquí presentadas es promover espacios que permitan hablar de lo civil-militar, y con base en esa conversa social, decidir cuál FAN para Venezuela o si la que hoy existe, satisface a la nación. Más que presentar propuestas “radicales” que seguramente serán aplaudidas en buena parte del público, las que aquí se sugieren tienen vocación reformista en tanto se asume que la sociedad venezolana no tiene el nivel ni la fuerza para asumir el conflicto que implican reformas radicales, no solo en la FANB, sino en cualquier dominio de la sociedad. Se optó, entonces, por buscar los puntos para apalancar los cambios a partir del debate en el tema, de forma progresiva.

Antes, hay que plantear cuál visión de la FANB se tiene. Entre la idea de una FAN limitadas al cuartel, y una FANB partidizada, postulo la idea de una FANB que no esté encerrada en los límites de una instalación militar, pero que tampoco llene la escena nacional. Que pueda deliberar en los asuntos de su competencia y en sus espacios; y con la autorización del poder civil a quien debe subordinación y sin buscar alguna influencia injustificada en los asuntos civiles64, pueda hacerlo en la esfera pública, si corresponde. Esta visión asume que las relaciones civiles-militares serán dinámicas y

64 Por ejemplo, este es uno de los argumentos de un general hoy crítico al gobierno de Maduro: Clíver Alcalá, quien percibe un “estado de anarquía” en el país. En http://www.aporrea.org/actualidad/a230285.html leído el día 12-8-16.


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tensas, al reconocer que la FANB es un actor con intereses propios, y buscará ampliar su autonomía organizativa y de gestión (Serra, s/f: 27). A esto no hay que temerle.

Se plantean tres niveles para abordar la reforma de la estructura militar, que de por sí son complejos y tendrán resistencia, tanto civil como militar.

El primer nivel es doctrinario, y debe involucrar a toda la sociedad. ¿Cuál FAN para Venezuela? ¿Cuáles son las amenazas que tiene el país? El gobierno socialista definió la naturaleza de la amenaza: Venezuela tiene riquezas energéticas y es ejemplo para el mundo de una “revolución pacífica”, por lo que está amenazada por “imperios” y “oligarquías” que quieren hacerse de esas riquezas y acabar con la “revolución”, para que el ejemplo no se irradie a otras partes del mundo. Estas amenazas son externas –el “imperio”– e internas –los “lacayos”– y se desarrollan a través de novedosas formas como las guerras de cuarta generación. De aquí, es menester una doctrina que aborde esta amenaza que es la doctrina de la defensa integral de la nación, y una FANB que pueda moverse en dos niveles (convencional y asimétrico; la guerra popular de resistencia), en la que toda la sociedad es combatiente porque esa es su tradición desde la Independencia –la “unión cívico-militar”– para enfrentar la eventual materialización de la amenaza, a través “de la planificación, ejecución y control de las operaciones militares requeridas para asegurar la defensa de la nación” (artículo 329 de la constitución).

El punto es ¿Realmente esas son las amenazas que tiene Venezuela? No es una pregunta ociosa, en tanto es clave que la FAN tenga una misión, y esa misión la provee la autoridad civil a través de la política de defensa y militar, que debe ser de Estado, también del gobierno, y articulada con otras políticas, como la exterior.

Casi todos los estudiosos de las relaciones civiles-militares coinciden en que una variable crítica para relaciones armoniosas entre los militares y los civiles es que la FAN tenga una misión claramente definida. En EE.UU. se argumenta que parte de la tensión entre el mundo político y militar comenzó durante la guerra de Vietnam, cuando el sector político no supo definir con claridad la misión del Ejército de los EE.UU. en el país asiático. En Venezuela, estudiosos explican que la fecha para hablar del comienzo de una crisis en las relaciones civiles-militares es 1973, cuando se había superado la lucha armada a favor del modelo democrático, y las FF.AA. se quedaron sin una misión, que no fue definida por los políticos, salvo las derivadas de estar en el marco de la Guerra Fría.

De manera que, luego de conceptualizar las amenazas que tiene Venezuela, el paso siguiente es ¿Cual misión para la FANB?


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En este nivel, se sugiere revisar el actual concepto estratégico de la nación, para evaluar si está acorde con las amenazas que enfrenta Venezuela y al espíritu del 328 constitucional.

El segundo nivel es político, y tiene dos puntos: el primero, la necesidad de un liderazgo político unido (que no significa que no tenga diferencias). Lo segundo, un compromiso para no involucrar a la FANB en la diatriba política o por el poder.

La mejor política de control civil sobre lo militar es un liderazgo civil sólido, lo que supone una clase política que tenga el nivel para manejar sus diferencias y que no menosprecie al mundo militar (el discurso de “los milicos” y cosas así).

Si habría que hacer una síntesis de buena parte de la literatura acerca de los fac-tores críticos que empujan o previenen la participación de los militares en la política (vía golpe de Estado o acciones pretorianas), son cinco (en orden de importancia): 1)quién decide al final de una discusión o diferencia sobre cuestiones de políticas (¿el civil o el militar?), 2) si el proyecto de país militar es distinto al proyecto de país del mundo civil (¿qué tanto convergen o divergen?), 3) percepción en la FAN sobre la inestabilidad o caos en una sociedad, que amenace la existencia misma del Estado64; 4) la preservación de los intereses corporativos militares que se perciben amenazados, y 5) interés de los civiles en el mundo militar. Muchas de estas variables que empujan a los militares a entrar en la lucha política son estimuladas por las disputas de los actores políticos.

De manera que un liderazgo que sepa manejar sus conflictos –luce que la Venezuela del futuro será construida a partir del conflicto y la diferencia– será clave para lograr una relación civil-militar más sólida y eficaz desde el punto de vista constitucional. Nunca como hoy en Venezuela es cierto lo dicho por Serra (s/f: 30):

Con una opinión pública que ha perdido la fe en el sistema político y en sus dirigentes, es imposible emprender un proceso civil de control militar.

Lo segundo responde a una constante que han hallado los investigadores de las relaciones civiles-militares para Venezuela: cuando hay intervención militar, es porque los civiles la han pedido o estimulado (Burggraaff, 1972: 6). Luce razonable un acuerdo político para ponerle fin a esta constante de la vida nacional. También, como nunca antes, lo escrito por Rafael Caldera en 1959 es tan cierto en la Venezuela de 2016:

Los venezolanos están tan acostumbrados a hacer de las FAN el árbitro de sus diferencias políticas, que a cada momento los más variados grupos con las metas más disímiles, buscan involucrar al Ejército en nuevas aventuras que cambien nuestra realidad política.

Parece llegado el momento en que los civiles disputen sus diferencias sin tener que llamar o invitar a la FANB a que resuelvan lo que ellos no pueden o no quieren


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resolver, y que la mayoría de las veces han creado en su dinámica por obtener el poder. En términos de Huntington y Janowitz, la mejor forma para profesionalizar a la FANB es desmilitarizando a los civiles.

En la medida que lo permita el respeto a la libertad de expresión, de ideas y de opinión, este acuerdo debe involucrar a medios de comunicación, a formadores de opinión, y poderes fácticos, porque no tiene sentido que los políticos se abstengan de llamar a los militares, mientras que medios y poderes fácticos atizan o buscan la intervención castrense en lo civil, para aupar opciones políticas o intereses de poder.

El tercer nivel es el operacional, vinculado a políticas concretas. Es el más cercano a la “lista del supermercado” que tanto se pide, pero aquí en el campo de las relaciones civiles-militares. Se proponen diez acciones (en orden de importancia):

La primera, darle relevancia a una instancia civil que ya existe: el Consejo de Defensa de la Nación (Codena). El artículo 323 de la carta magna lo define como:

El Consejo de Defensa de la Nación es el máximo órgano de consulta para la planificación y asesoramiento del Poder Público en los asuntos relacionados con la defensa integral de la nación, su soberanía y la integridad de su espacio geográfico. A tales efectos, le corresponde también establecer el concepto estratégico de la nación. Presidido por el presidente o Presidenta de la República, lo conforman, además, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, el presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional, el presidente o presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, el presidente o presidenta del Consejo Moral Republicano y los Ministros o Ministras de los sectores de la defensa, la seguridad interior, las relaciones exteriores y la planificación, y otros cuya participación se considere pertinente. La ley orgánica respectiva fijará su organización y atribuciones.

El artículo 34 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación establece la misión del Codena:

El Consejo de Defensa de la Nación es el máximo órgano de consulta para la planificación y asesoramiento del poder público nacional, estadal, y municipal, en los asuntos relacionados con la seguridad y defensa integral de la nación, su soberanía y la integridad del territorio y demás espacios geográficos de la República, debiendo para ello, formular, recomendar, y evaluar políticas y estrategias, así como otros asuntos relacionados con la materia que le sean sometidos a consulta por parte del presidente de la República.

La idea es impulsar una instancia civil que ya está, y que su diseño permite la interacción civil-militar para debatir y consensuar aspectos claves sobre la seguridad y


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defensa de la nación, como el concepto estratégico de la nación. No tiene sentido no aprovechar y no maximizar el uso de este organismo que, como se dijo, ya existe65.

En segundo lugar, darle eficacia institucional al espíritu de la constitución que define la misión de la FAN, y la de los “órganos de seguridad ciudadana” (artículo 332). Al establecer dos instancias de seguridad, el constituyente separó los conceptos de defensa (militar) y orden público (civil). Hay intentos para hacer efectiva esta separación –por ejemplo, la creación de la Policía Nacional Bolivariana en 2009– pero los resultados son magros. Al final, la defensa y el orden interno, se solapan como en el pasado (por ejemplo, el Director de la PNB es un oficial general de la FANB).

La tercera, fortalecer al parlamento como instancia para el control de la política de seguridad y defensa, en tres vías. Una, recuperar el espíritu del artículo 4 de la Lofan de 2005, el cual planteó que el Concepto estratégico de la nación, debía ser presentado a la Asamblea Nacional. Esta disposición fue derogada en las sucesivas reformas de la Lofanb, y habría que recuperarla. Hacer de este espíritu el equivalente a la presentación del famoso “libro blanco” de seguridad y defensa.

Asociado a esto, lograr un acuerdo político para debatir con altura –que no quiere decir exento de críticas o un debate duro– la política militar y los nombramientos del ministro de la Defensa y del comandante del CEO. La idea es regularizar –puede ser en julio, “mes de la FANB”– que el parlamento debata el tema militar en una o varias sesiones dedicada al tema en cuestión.

Dos, la AN debe examinar con responsabilidad institucional el gasto militar, para informar sobre su transparencia a la sociedad, al tiempo que supervise que ese gasto sea eficiente para la seguridad y defensa de la nación.

Tres, a los parlamentarios que forman parte de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad, se les debe brindar preparación –y tengan también el interés– para formarse como diputados conocedores del tema civil-militar, más allá de los “datos” y “cuentos” que llenan las discusiones políticas de Venezuela, y que se toman como prueba de experticia en el área militar, dan fama y vara alta en la política o prensa.

En cuarto lugar, reformar el artículo 19 de la Lofanb, para ajustarlo al espíritu de la carta magna, porque ser comandante en jefe no es un grado militar, sino una atribución y función del presidente civil elegido por el pueblo (así sea militar en retiro o en la reserva estratégica el elegido). La Comandancia en Jefe puede integrarse al Estado

65 Su actual secretario, general Alexis López Ramírez, tuiteó que “siempre he observado la confusión de importantes políticos que enmarcan al Codena en el sector defensa. El Codena es un órgano constitucional y no depende de ningún ministerio. No es un órgano militar, es civil. Aunque el Codena no se reúna, la secretaría general hace lo que el presidente del órgano le exija en cuanto a sus facultades se refiere” (tuits del día 5-4-16, consultados el día 12-8-16).


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Mayor Superior de la FANB (artículo 35 de la Lofanb), o a una de las dos instancias asesoras que dispone el jefe del Estado de acuerdo a la constitución: el Codena y el Consejo de Estado.

Quinto, la designación de un ministro de la Defensa civil. El antecedente más cercano son los ministros civiles que Chávez nombró entre 2001 y 2002, que duraron hasta 2004. Hoy lo administrativo y lo operacional están separados. Un ministro civil sería señal sobre la importancia de lo civil en los asuntos militares, y abre la puerta a una relación civil-militar más armónica y de confianza, en tanto el ministro es civil y el titular del CEO es militar. También, se propone un acuerdo político para que la duración del ministro civil en el cargo sea de al menos tres años, para poder desarrollar una gestión política y de políticas hacia la FANB que sea de Estado, tenga credibilidad, y fortalezca las relaciones civiles-militares.

Sexto, la reforma al artículo 30 de la Ley Orgánica de Educación. Aunque este artículo establece que la educación militar se ejercerá de forma coordinada con el Ministerio del PP para la Educación Universitaria, Ciencia, y Tecnología, en la reforma que se sugiere, se puede agregar no solo coordinar, sino que el ministerio podrá ejercer la supervisión de la educación militar. Considerar plantear, ya en el ámbito de la FANB, una cátedra permanente sobre relaciones civiles-militares dentro del plan de estudio Simón Bolívar de la UMBV (para los estudiantes de pregrado). Finalmente, evaluar una reforma al artículo 149 de la Lofanb, para incluir en la promoción y difusión de la educación militar, la subordinación de la FANB al poder civil electo como un valor.

En séptimo lugar, darle continuidad a lo planteado por Maduro en cuanto a que el personal militar en la administración pública regrese a la FANB. Puede pensarse en una resolución del MPP para la Defensa válida para todos los componentes, en la línea de la directiva del Ejército nº EB-AGEB-DIR-01-16 de fecha 21-1-16, que establece que el profesional militar podrá estar como máximo un año en funciones en la administración pública. Considerar reformar la Lofanb en su artículo 111, para incluir este límite de tiempo de servicio en la administración pública, con una sola prórroga.

En octavo lugar, recurrir ante el TSJ y demandar la sentencia del 11-6-14 acerca del saludo militar, para que este no involucre a personas o doctrinas políticas. La FAN puede ser bolivariana, porque la República es bolivariana, pero no pueden ser socialistas o chavistas, así como tampoco no socialistas o no chavistas. La FAN no se define por lo que es o no es; por “con quien estamos y contra quien estamos”, la FANB es de la nación, de la República, de los venezolanos todos.

En noveno lugar, establecer bajo la dirección del CEO una comisión para la disciplina y el honor militar, que examine los casos del personal militar involucrado en


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actividades delictivas y presente un informe al Ministerio de la Defensa sobre las causas de tales comportamientos, una evaluación de las acciones tomadas hasta el presente, el estatus de los casos, y los correctivos que se proponen o se han usado, y los resultados. Evaluar que esta comisión sea asesorada por el Ministerio Público.

En décimo lugar, definir criterios de gestión, rentabilidad y rendición de cuentas para las empresas militares. Criterios comunes y particulares por empresa. Establecer una política parecida a la de Pdvsa: que sus estados financieros y ejercicio anual sean auditados por firmas externas, y se hagan del conocimiento público. Considerar crear en la Contraloría General de la República una unidad de gestión y seguimiento a las empresas militares, encabezada por un profesional civil escogido por concurso interno.

Notas sobre el método

a.-Algunos indicadores incluyeron el uso de estadísticos no paramétricos (Chi cuadrado y el test Z en los puntos 3.a, 3.b, y 4.b), con el propósito de medir asociaciones entre variables, para apoyar ideas del ensayo sobre la estructura militar.

b.-En la parte titulada Estructura normativa (punto 3.a), se construyeron 12 categorías para clasificar una selección de 78 normas vinculadas a la FANB. Se definieron las categorías para ubicar a las 78 leyes, de la forma siguiente:

1.-Normas guías: son aquellas que definen la política de seguridad, defensa y las instituciones militares encargadas, al establecer los conceptos y estructuras que se derivan de la doctrina militar adoptada por el Estado.

2.-Normas orgánicas: son aquellas que definen y regulan las organizaciones de seguridad y defensa, tanto en los aspectos organizacionales como humanos.

3.-Normas operacionales: son aquellas que definen y regulan los procedimientos para la puesta en práctica de la defensa, externa e interna.

4.-Derechos humanos: son las regulaciones que definen el comportamiento de la FANB en el área de los derechos humanos, tanto para el personal militar como el comportamiento hacia los civiles.

5.-Educación e investigación: las directrices que establecen cómo se desarrollarán los procesos educativos, de investigación y la organización del sistema educativo militar.

6.-Inteligencia y seguridad: las normativas que apuntan a definir las áreas de inteligencia para el aparato de seguridad y defensa, la organización, tareas, y limitaciones para la acción de inteligencia y seguridad del Estado.


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7.-Orden público: las normas que prescriben el comportamiento de la FANB en situaciones de orden público derivadas de amenazas internas o externas, los procedimientos, los límites y responsabilidades por el uso de la fuerza.

8.-Empresariales: las regulaciones que establecen áreas de actividad económica para la FANB, y que describen las formas empresariales o productivas para lograr los objetivos y metas empresariales definidas por el Estado para la FANB.

9.-Seguridad social: las normas que definen la política social hacia el personal militar y civil de la FANB, con las políticas y la organización para llevarlas a cabo.

10.-Medios de comunicación: las disposiciones relativas a cómo la FANB organiza sus medios para comunicarse con la sociedad y con la FANB, el tipo de medios y los mensajes.

11.-Políticas: las normas que permiten la vinculación del mundo profesional militar con la política, que definen los límites y procedimientos para esa vinculación.

12.-Normas asociadas: las disposiciones que no norman directamente a la FANB, pero que coadyuvan o regulan de forma indirecta o se relacionan con la definición, misión, actividades de la FANB y con la política de seguridad y defensa.

Así, las 78 normas se clasificaron de la siguiente forma:Normas guías (13 normas): Constitución (1999), Plan de consolidación de la

FAN 2000-2009 (¿2000?), Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (2002), Concepto estratégico militar de la FAN (2005), Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional (2005), Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (2008), Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (2009), Plan Sucre (2010), Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (2011), Ley Plan de la Patria (2013), Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (2014), Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (2014) y Ley Orgánica de Fronteras (2015).

Normas orgánicas (11 textos): Decreto para Constituir Circunscripciones Militares de Reservistas (2005), Reglamento del sistema de evaluación integral para el personal profesional de la Fuerza Armada Nacional (2005), Ley de conscripción y alistamiento militar (2009), Reglamento de los Consejos de Investigación para el personal de oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (2009), Reglamento del Consejo Disciplinario de la Tropa Profesional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (2009), Ley de reforma parcial de la ley de conscripción y alistamiento militar (2010), Comité de evaluación y seguimiento del Plan Sucre (2013), Ley de registro y alistamiento para la defensa integral de la nación (2014), Resolución para asignar funciones al Viceministerio de Planificación y Desarrollo (2014), Ley de disciplina militar (2015) y Reglamento orgánico del MPP para la Defensa (2015).


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Normas operacionales (16 instrumentos): Distritos militares (2010), Ley de control para la defensa integral del espacio aéreo (2012), Fuerza de tarea conjunta fronteriza cívico-militar (2013), Reglamento de la Ley de control para la defensa integral del espacio aéreo (2013), Resolución que activa los grupos de vigilancia y control del Codai (2013), Decreto que establece las regiones de defensa integral (2013), Decreto que crea la Redimain (2013), Decreto que crea el Estado mayor fronterizo cívico-militar (2013), Decreto que activó las Zodi (2013), Decreto que crea la Redi-Andes (2013), Transformación de la brigadas de defensa aérea (2014), Activación Fuerza Choque (2014), Activación Reswar (2014), Activación Unidad Especial de Seguridad y Protección a Personalidades del Estado (2014), Adscripción de los grupos de artillería AA (2015), y Decreto de creación de la Zodimain (2015).

Derechos humanos: Lineamientos para la incorporación de las unidades curriculares Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en los planes de estudio que se administran en la FANB (2012).

Educación e investigación (15 normas): Creación de la Unefa (1999), Reglamento educativo militar (2002), Atribuciones y funcionamiento del Consejo Superior de Educación de la FAN (2005), Creación de la UMBV (2010), Plan integral de educación de la FANB (2010), Líneas rectoras de investigación de la FANB (2010), Plan de estudio Simón Bolívar 2011-2016 (¿2011?), Reglamento general de la UMBV (2011), Documento rector de la UMBV (2011), Plan de educación militar integral de la FANB (2011), Reglamento de control disciplinario de las academias militares (2012), Reglamento de admisión e ingreso de la UMBV (2012), Creación de la Fundación Murönto (2013), Reforma de la Fundación Murönto (2013) y creación de Centro de doctrina militar bolivariana (2014).

Inteligencia y seguridad: Reglamento orgánico de la Dirección de Contrainteligencia Militar (2015), y creación de la Dirección Conjunta de Ciberdefensa de la FAN (2015).

Orden público: Normas sobre la actuación de la FANB en funciones del control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones (2015).

Empresariales (6 textos): Empresa mixta socialista de vehículos venezolanos S. A. (2009), Emiltra (2013), Banfanb (2013), Agrofanb (2013), Construfanb (2013) y Caminpeg (2015).

Seguridad social: Gran Misión Negro Primero (2013) y Ley orgánica de seguridad social de la FANB (2015).


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Medios de comunicación: Empresa de sistema de comunicaciones de la FANB (2013) y TVFanb (2013).

Políticas: Decreto de reincorporación del personal militar de la FAN (2000), y Ley especial de reincorporación a la carrera militar y al sistema de seguridad social de la FANB (2012).

Normas asociadas (7 leyes): Ley Orgánica de estados de excepción (2001), Ley orgánica de educación (2009), Ley orgánica de los consejos comunales (2011), Resolución nº 58 del Ministerio del Poder Popular para la Educación (2012), Ley para el desarme y control de armas y municiones (2013), Organo superior para la defensa popular de la economía (2013) y decreto de la Gran Misión Abastecimiento Solidario (2016).

c.-Para el gasto militar (punto 3.b), las fuentes consultadas fueron dos: de 1914 a 2007 en https://ourworldindata.org/grapher/military-expenditure-by-country-in-thousands-of-2000-us-dollars-1914-2007?country=ARG+BRA+CHL+COL+ECU+GUY+MEX+PER+VEN y luego de 2007 en https://www.sipri.org/databases/milex las dos revisadas en el mes de julio y agosto de 2016. Para la expresión del gasto militar en dólares, de 1914 a 2007 fue en dólares de 2000. De 2008 a 2015, en dólares corrientes.

Los datos del SIPRI son los usados por casi todos los estudios sobre el gasto militar a nivel mundial, por su acceso y confiabilidad. Sin embargo, la ONG advierte para Venezuela, “The figures for Venezuela exclude an unknown amount of additional funding from the National Development Fund FONDEN, created in 2005 and funded by contributions from the Central Bank and the state oil company Pdvsa. Figures for Venezuela for the years 1991-1997 and from 2011-2015, are for the adopted budget rather than for the actual expenditure. The figure for 2015 should be treated with caution due to the very high rate of inflation in Venezuela”. Algunas cifras son estimadas, como el gasto durante los años 91-93. Otras cifras requieren verificación como la de 2015, a la que el SIPRI calificó como “incierta”.

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Las transformaciones del sistema político venezolano en el siglo XXImerceDes martelo

El sistema electoral en relación con la dinámica del sistema político venezolano en el siglo XXI

Solo unos pocos encuentran el camino, otros no lo reconocen cuando lo encuentran, otros ni si quiera quieren encontrarlo.

Lewis Carrol. Alicia en el país de las maravillas

I. Introducción

El siguiente trabajo de observación y análisis sobre el sistema electoral venezolano (SEV) en lo que llevamos de siglo XXI, se inscribe en el objetivo general de la publicación, de aportar elementos para caracterizar la situación actual del sistema político del país y sus posibles tendencias de comportamiento. Constituye un conjunto de ideas en clave de insumo, con la intención de motivar a la reflexión social en torno a qué se tiene y qué se quiere para el funcionamiento político del país en el futuro. Aspirando a que las ideas puedan resultar accesibles a todo tipo de lectores, se ha tratado de utilizar un lenguaje sencillo, sin menoscabo de la rigurosidad requerida por la actividad de investigación en el campo de la ciencia política. Los planteamientos son de la exclusiva responsabilidad de quien suscribe.

En Venezuela, el sistema electoral ha sido uno de los componentes del sistema político más intervenidos desde que se estableció la democracia, pero especialmente en las últimas dos décadas ha sido objeto de múltiples modificaciones, no solo en lo que respecta a las normas electorales para la votación y la adjudicación de cargos, sino también en lo relativo a las instituciones y actores que participan en las elecciones, así como en sus formas de participación.

A nuestro modo de ver, tales modificaciones del sistema electoral han tenido un impacto negativo en el sistema político, y en lugar de favorecer el desarrollo y la


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Las transformaciones del sistema político venezolano en el siglo XXI

consolidación de la democracia según lo anunciado por sus promotores, han contribuido al retorno hacia formas de actuación política más relacionadas con el autoritarismo, el militarismo y otros ismos (caudillismo, personalismo), corresponsables del atraso sociopolítico experimentado por el país hasta bien entrado el siglo veinte. Los efectos del regreso al autoritarismo, el personalismo y el ejercicio directo de la política por mandos militares pueden extenderse a todas las esferas de la vida nacional, lo que limita las capacidades del país para encontrar su camino al desarrollo sustentable en un contexto democrático.

Por otra parte, cabe señalar que los cambios operados en el sistema electoral, no han logrado mejorar aspectos muy solicitados como el de acercar la relación entre electores y elegidos en el caso de cuerpos colegiados como los concejos municipales y asambleas legislativas. No se dispone de información adecuada para afirmar que haya mejorado tal relación y en qué sentido pudiera haber mejorado. ¿Cuántos ciudadanos conocen y acuden a “su” diputado más que antes para gestiones ciudadanas? ¿Cuántos ciudadanos conocen y acuden a “su” concejal? ¿Qué diferencia real existe entre un diputado nominal y un diputado de lista para un ciudadano común? Tampoco se puede decir que haya mejorado el desempeño de los organismos electorales y sus autoridades, en cuanto a la imparcialidad que deben mantener en la conducción de procesos electorales, según se desprende de las múltiples denuncias de parcialidad hacia el gobierno presentadas en los medios de comunicación en cada elección. Otro aspecto en el que no hay mejoras que destacar, tiene relación con la igualdad de condiciones para la participación en las campañas electorales; el uso descarado de los recursos públicos por parte de las agrupaciones políticas afectas al gobierno, no solo ha sido objeto de denuncias a través de los medios de comunicación, sino que ha sido reflejado en diversos estudios especializados de observadores internacionales.

Si no se han logrado mejoras en los procesos comiciales, ¿qué se ha obtenido con las modificaciones al SEV?

El sistema electoral en lo que va de siglo XXI, parece haber sido utilizado como instrumento de operación política en beneficio de una especie de élite emergente (amalgama de sectores y personalidades, inconformes con su posición en el sistema político estructurado desde 1958), la cual, habiendo logrado el acceso al poder por la vía electoral en 1998, luego promueve, e incluso impone, modificaciones en el sistema electoral y en los procesos electorales en general, orientadas a facilitar su permanencia en el poder con base en dos grandes líneas de actuación: promoviendo la polarización política y cercenando paulatinamente las posibilidades de actuación de la oposición. A consecuencia de ello, han desmejorado significativamente las condiciones para


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el funcionamiento de la democracia política en el país, y hasta se puede decir que la democracia venezolana ya no está en crisis, sino en peligro de extinción.

Cabe por tanto la reflexión, no solo de la dirigencia política y los investigadores, sino de la sociedad en su conjunto, sobre los resultados obtenidos con las reformas electorales y la necesidad urgente de precisar los principios que se quieren tener como guía para el funcionamiento político de nuestra sociedad en las próximas décadas.

Queremos destacar que nuestra perspectiva no es en absoluto neutra, nos identificamos con la democracia como la mejor opción de organización política, en aras de que las sociedades se conviertan en espacios para la vida de los ciudadanos; de los ciudadanos como personas, no como elementos indiferenciados en la tribu, sino como personas; individuos que tienen potenciales, capacidades, habilidades, voluntades y sueños diferentes, pero que pueden aceptarse en sus diferencias y convivir construyendo un espacio en evolución, donde aprender a ser responsables por sí mismos y por la sociedad que integran, cada quien con sus derechos pero también con sus obligaciones. Suscribimos la propuesta de Sartori presentada en su texto ¿Qué es la democracia?1 , según la cual la democracia política (la que supone la igualdad jurídica de todos los ciudadanos ante la ley, ligada al Estado como autoridad separada de cualquier Iglesia, garante del cumplimiento de la ley, que reconoce y protege la disidencia, la diversidad de opiniones, el pluralismo, la diferenciación antes que la uniformidad), es condición necesaria para la democracia social y la democracia económica; sin aquella, estas no son factibles, pues la democracia política es supraordenada y condicionante. En este sentido, si la democracia política precede a la posibilidad de ampliar su radio de acción a las esferas económica y social, se requiere dar prioridad y cuidar el desarrollo de la democracia política en el corto, el mediano y el largo plazo, es decir, siempre. Estas ideas se encuentran en la base del interés en analizar las dificultades que a nuestro juicio atraviesa la democracia política en Venezuela, buscando en particular la relación que pudieran tener con los cambios efectuados en el sistema electoral.

Una primera sección del trabajo, donde se describe el sistema electoral como parte del sistema político, se dedica a precisar algunos términos conceptuales para asegurar un significado compartido con los lectores en general. Al hablar de sistemas electorales, es necesario hacer explícito el alcance de la observación que se va a realizar, dado que como tema se presta a tratamiento en sentido amplio (en términos del proceso completo de una elección, incluyendo instituciones, actores y contexto), o en sentido restringido (enfocándose en el conjunto de reglas y procedimientos establecidos para la adjudicación de los cargos a los candidatos electos). Como se verá, el trabajo se centra en la revisión

1 Sartori, G. ¿Qué es la democracia? Instituto Federal Electoral 1993. Biblioteca Jurídica Virtual. UNAM. http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1135. Capítulo 1.


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del sistema electoral en sentido restringido, a fin de señalar aquellos factores que pueden haber tenido mayor impacto en el sistema político.

En la segunda parte, se presentan las observaciones efectuadas sobre la evolución del SEV a partir de la Constitución de 1999, fundamentalmente en relación con las normas establecidas para las votaciones y la distribución del poder, incorporando algunas observaciones vinculadas con los principales factores que han caracterizado los procesos electorales realizados desde entonces.

Finalmente, se esbozan algunas conclusiones para la discusión con respecto al peligro de una mayor involución, o incluso la desaparición de la democracia en el país, y la necesidad de reestructurar el sistema electoral para contribuir a evitarlo.

2. El sistema electoral como parte del sistema político

El sistema electoral es un componente fundamental del sistema político porque desempeña, entre otras, la función de establecer los mecanismos a través de los cuales se distribuye el poder político, particularmente en las sociedades organizadas para el ejercicio democrático, donde se valora la competencia real entre candidatos que pueden postularse y optar por el favor de los votantes en un marco de libertades amplias y garantizadas para electores y elegidos.

A juicio de Dieter Nohlen, uno de los más reconocidos investigadores en este campo, los sistemas electorales son tan importantes como los votos del electorado para lograr el acceso al poder2. Así, por su influencia en la selección de quienes tomarán las decisiones políticas, los sistemas electorales inciden en la viabilidad, gobernabilidad y perspectivas de consolidación de las democracias.

El sufragio universal (todos a partir de una edad pueden votar), igual (todos los votos valen), directo y secreto, constituye junto con las libertades individuales (expresión, reunión y asociación) prerrequisito fundamental para el establecimiento de una democracia moderna. Quienes resultan electos en este contexto, reciben una gran responsabilidad para la toma de decisiones que impactarán a toda la sociedad, y este resultado es generado mediante la operación de un sistema electoral.

Por tales razones, el sistema electoral ha sido objeto de observación y estudio tanto en el aspecto teórico como en sus manifestaciones en sociedades concretas, desde diversas perspectivas de las ciencias sociales y particularmente en las últimas cuatro décadas. Entre los resultados de este proceso de investigación y análisis se cuentan algunas conclusiones relativamente compartidas a nivel internacional, las cuales se

2 Nohlen, D. (1995). Elecciones y Sistemas Electorales. Editorial Nueva Sociedad. Caracas.


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pueden apreciar en documentos como el Manual para el diseno de sistemas electorales del International Institute For Democracy And Electoral Assistance3 IDEA, el Manual para la Observación de Procesos Electorales de la Unión Europea, el Manual para las Misiones de Observación Electoral de la OEA o el Código de Buenas Practicas en Materia Electoral de la Comisión de Venecia. Utilizaremos estos documentos junto con algunas referencias de reconocidos especialistas en sistemas electorales, como base de la revisión conceptual que se presenta en las siguientes páginas.

En lo que se refiere a definiciones, resulta necesario diferenciar los conceptos de proceso electoral y sistema electoral. El proceso electoral conlleva la organización y realización de diversas actividades antes, durante y después de las elecciones, en tanto que el sistema electoral constituye un conjunto de normas y procedimientos que se activan para el ejercicio del voto y la interpretación de los resultados de la votación en términos que permitan la distribución de los cargos sujeto de elección.

El Manual para la Observación Electoral de la Unión Europea4 (MOE) ofrece una referencia metodológica para la observación exhaustiva de un proceso electoral, describiendo los distintos elementos que se consideran componentes integrantes de este proceso. En este sentido se indican como elementos a observar: contexto político; marco legal (incluye el sistema electoral); administración electoral; registro de votantes; registro de partidos/candidatos; campana electoral; medios de comunicación; reclamaciones, y recursos para resolver diferencias; derechos humanos (incluyendo no discriminación de minorías y mujeres); rol de la sociedad civil; votaciones y recuento durante la jornada electoral; tabulación y publicación de resultados; y entorno postelectoral. De esta manera, al hablar de proceso electoral se engloba un amplio conjunto de actividades (antes, durante y posteriormente a las votaciones), en cuya dinámica se involucran diversas interacciones entre los actores políticos, desde los acuerdos para convocar elecciones hasta llegar a la adjudicación de los cargos de elección para el inicio de un nuevo ciclo de gobierno.

En lo referente al Contexto Político, según el MOE de la UE, se considera que debe poder identificarse con las características de un sistema democrático y, en este sentido, se proponen las siguientes preguntas como guía para la observación y análisis de dicho contexto por parte de una Misión de Observación Electoral de la UE5:

3 http://www.idea.int/es/our-work Se trata de una organización internacional con patrocinio de las Naciones Unidas, con sede central en Estocolmo y oficinas en 13 países, cuyo trabajo se identifica con el apoyo a la democracia produciendo y compartiendo conocimiento comparado con los más reconocidos especialistas a nivel mundial, sobre diversos aspectos relativos a su funcionamiento.

4 Comisión Europea 2008. Manual de Observación Electoral de la Unión Europea. 2da Edición.5 Comisión Unión Europea 2008. Op. Cit. P. 43


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• ¿Ejerce un organismo electo con legitimidad democrática la autoridad de gobernar?

• ¿Se celebran las elecciones para dicho organismo con suficiente regularidad?• ¿Se han convocado las elecciones de acuerdo con el calendario y los

procedimientos debidos? Cuando se celebran elecciones anticipadas, ¿han sido convocadas siguiendo los procedimientos debidos?

• Cuando se estén celebrando unas elecciones aplazadas, ¿cuáles fueron las razones del aplazamiento?

• ¿Existen otros factores políticos y democráticos relevantes para la administración del proceso electoral?

• ¿Existe alguna condición creada por el entorno en su conjunto que dificulte las tareas de los candidatos / partidos políticos?

• ¿Se respetan los derechos humanos y las libertades fundamentales?• ¿Hay un abanico amplio de opiniones, representadas por los candidatos/

partidos políticos existentes, que garantice que los votantes pueden ejercer una elección auténtica?

• ¿Han tomado debidamente posesión los cargos elegidos?En cuanto al Marco Legal, el MOE señala que sus disposiciones deben

proporcionar la base para la celebración de un proceso electoral acorde con los estándares internacionales para unas elecciones auténticas y democráticas, además debe incluir garantías para el ejercicio de las libertades fundamentales y los derechos políticos asociados a las elecciones. Para incrementar la certidumbre y transparencia de un proceso electoral, todas las disposiciones legales deben haber sido preparadas con suficiente antelación a la realización de las elecciones6. Todos los organismos responsables de hacer cumplir la ley (la administración electoral, los fiscales, el poder judicial, los reguladores de los medios de comunicación y los representantes gubernamentales) deben hacerlo de manera consistente e imparcial. De manera que se evalúa no solo si el marco legal resulta ser adecuado para ser considerado democratico sino que también se busca precisar en qué medida estas instituciones cumplen y hacen cumplir el marco legal7. En lo que respecta al sistema electoral, dentro del marco legal no se contempla ningún estándar internacional específico que deba cumplir. No obstante, en la evaluación de un proceso electoral se debe considerar si el sistema electoral es confiable para el electorado, así como el cumplimiento del principio de igualdad del voto (una persona, un voto) de manera que cada votante tenga igual número de votos a disposición y cada voto 6 Cursivas nuestras.7 Cursivas nuestras.


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tenga el mismo peso en los resultados. Adicionalmente, se debe poner atención a que las circunscripciones electorales se correspondan con los cambios demográficos buscando que cada cargo electo represente aproximadamente el mismo número de electores, y que estas no sean utilizadas para la manipulación política a favor de ninguno de los candidatos participantes en las elecciones.

En lo que respecta a la administración electoral, el MOE señala que no existe un modelo estándar de estructura organizativa para el trabajo de los organismos responsables de la realización del proceso electoral (puede ser una dependencia del Ejecutivo, o del poder Judicial, o una organización autónoma integrada por independientes o por representantes de los partidos o de ambos), lo que sí es fundamental es que debe ser responsable, eficiente, transparente, mediante la actuación profesional, justa e imparcial de los funcionarios involucrados. En este sentido, el MOE enfatiza lo siguiente:

Al margen del modelo elegido, una AE debe actuar independiente e imparcialmente. Para que sus decisiones se consideren libres de intereses partidistas, la AE debe actuar de manera transparente y responsable. Las buenas prácticas han mostrado que la confianza pública en una AE se refuerza si todas las partes interesadas son plenamente conocedoras de su trabajo, y todas las decisiones y las actas de las reuniones son publicadas rápidamente. La transparencia se puede lograr a través de consultas con las partes interesadas, encuentros informativos regulares con los medios de comunicación y con la celebración de sesiones abiertas de la AE en las que puedan estar presentes, debidamente acreditados, representantes de partidos o candidatos, observadores y miembros de los medios de comunicación. (Op. Cit. p. 52).

En general, la Autoridad Electoral, independientemente de su modelo organizativo, debe garantizar que se cumplen los estándares internacionales con respecto a la información que deben recibir los votantes, el registro de votantes y el registro de partidos/candidatos, además de los procedimientos adecuados a las necesidades de los votantes para facilitar su participación en las elecciones.

Con relación a las Campanas Electorales, el MOE estipula claramente los parámetros que el proceso electoral debe cumplir:

Las libertades de expresión, reunión, asociación y movimiento sin discriminación son prerrequisitos para un proceso electoral democrático. Para que haya una campaña abierta y disputada limpiamente es crucial que exista la oportunidad para todos los candidatos, partidos políticos y quienes los apoyan –independientemente de si están a favor del partido gobernante o de oposición– de promocionar sus políticas, mantener reuniones y viajar a través del país. El electorado debe ser informado de la variedad de elección de partidos y candidatos. Por tanto, debe haber igualdad de oportunidades para celebrar mítines públicos, producir y usar materiales electorales y realizar otras actividades de campaña, de manera que


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candidatos, partidos políticos y sus partidarios puedan presentar libremente sus opiniones y cualificaciones para ejercer un cargo. La violencia o la amenaza de violencia, intimidación o acoso, o la incitación a tales actos mediante un discurso que incite al odio y la retórica política agresiva, son incompatibles con unas elecciones democráticas. (Op. Cit. p.65)

En cuanto a Medios de Comunicación, un proceso electoral democrático requiere que todos los candidatos tengan acceso a este tipo de recursos sin ninguna discriminación; tanto los medios de carácter público como los particulares deben colaborar a que se cumpla el principio de imparcialidad debida.

Con relación al punto de Reclamaciones y Solución de Diferencias, se debe garantizar que todo ciudadano pueda ejercer el derecho a obtener una compensación real, cuando se hayan infringido sus derechos vinculados al proceso electoral. La ley electoral debe contemplar el tratamiento de este aspecto previendo los procedimientos y recursos a utilizar.

En el tema de Derechos Humanos, el proceso electoral debe permitir que los ciudadanos puedan ejercer a plenitud los correspondientes derechos y libertades políticas sin ningún tipo de discriminación, se deben garantizar condiciones de participación equitativa para mujeres, discapacitados, y minorías.

La Sociedad Civil, a través de sus organizaciones, puede cumplir un rol fundamental como observador no gubernamental del proceso electoral, con la finalidad de identificar debilidades e irregularidades que puedan impactar en la limitación de derechos políticos de la ciudadanía y solicitar correctivos.

Los procedimientos para el Ejercicio del Voto, los correspondientes Escrutinios y la Comunicación de Resultados, también deben ser susceptibles de evaluación según el MOE de la UE referido. Los electores necesitan tener fácil acceso a los colegios electorales, donde debe agruparse un número de votantes cónsono a su capacidad; el tiempo de votación debe ser legalmente limitado e igual para todos los electores; el material electoral debe ser conocido con anterioridad; se debe garantizar el espacio adecuado para el voto en secreto. El cierre de votaciones no debe impedir que votantes en cola pierdan su derecho; el escrutinio debe realizarse luego del cierre sin mayor demora. Deben existir asimismo, procedimientos previamente establecidos para la presentación de resultados y proclamación de ganadores.

En síntesis, para lograr el desarrollo de procesos electorales auténticamente democráticos, el MOE de la UE identifica un conjunto de buenas prácticas basadas en estándares internacionales (normativa en forma de tratados firmados por Estados de numerosos países), y sugiere su aplicación en la mayor medida posible. En general el proceso electoral debe caracterizarse por la transparencia en todas sus etapas


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ofreciendo facilidades para la verificación; debe ser conducido por instituciones organizativas (administración) bajo principios de imparcialidad, eficacia, independencia y responsabilidad; los candidatos y partidos deben tener igual acceso a los recursos que ofrezca el Estado; el electorado debe recibir información adecuada y oportuna de sus derechos y obligaciones; las votaciones deben realizarse en un entorno pacífico, libre de intimidación o represalias sobre candidatos y electores; los resultados deben generarse de la aplicación de los procedimientos establecidos y deben anunciarse a la brevedad posible para disminuir al máximo eventuales inconvenientes por incertidumbre.

Luego de esta revisión general al proceso electoral en su conjunto, podemos proceder al análisis del sistema electoral en su condición de componente de aquel. En este sentido, el sistema electoral comprende el conjunto de normas y procedimientos que permiten, por un lado, la expresión de las preferencias políticas de los electores en forma de votos, y por otro lado, asociar esos votos con los cargos públicos de gobierno o legislativos que serán adjudicados a los candidatos identificados como ganadores.

De esta forma, el sistema electoral es el producto de un conjunto de acuerdos adoptados en un sistema político, para realizar la distribución del poder a partir del resultado de las elecciones (Nohlen 1995, p. 31).

Los acuerdos para la adjudicación de los cargos a los candidatos ganadores, requieren tomar decisiones sobre tres elementos fundamentales, los cuales caracterizan y determinan el funcionamiento del sistema electoral especialmente en lo relativo a su impacto sobre el sistema político:

• El Principio de Representación a adoptar• La Fórmula Electoral para definir quién gana el cargo y• El Tamano de las Circunscripciones electorales o la cantidad de cargos a elegir

en función de un espacio territorial y una cantidad de población.Los Principios de Representación establecen la cualidad del representante electo.

Los representantes pueden resultar elegidos por mayoría, por un mecanismo proporcional o por alguna combinación de estos principios. En el primer caso se tiene un sistema electoral de representación por mayoría o sistema mayoritario; en el segundo caso el sistema electoral se denomina sistema de representación proporcional y el último caso se identifica como un sistema electoral mixto.

Las Fórmulas o Reglas de Decisión determinan quién resulta electo y quién no según la regla establecida (el que tenga más votos por ejemplo, o el que alcance un número predeterminado de votos según una fórmula de cociente electoral acordada). Los cargos únicos para el ejercicio del Poder Ejecutivo (presidente, gobernador, alcalde) se adjudican por el sistema de mayoría (con una sola votación o a dos vueltas). Los cargos


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para cuerpos colegiados (diputados, concejales) se adjudican por mayoría si se realiza elección uninominal, o por representación proporcional si se hace elección mediante listas, o utilizando alguna combinación de ambos.

El Tamano de las Circunscripciones electorales (cantidad de representantes a elegir en un determinado espacio geográfico) está relacionado con el tipo de principio de representación adoptado y el grado de proporcionalidad que puede ofrecer el sistema electoral. Los sistemas mayoritarios requieren la aplicación de circunscripciones pequeñas. Los sistemas proporcionales requieren la aplicación de circunscripciones medianas o grandes, de lo contrario, no pueden garantizar la proporcionalidad. Para los sistemas mixtos hay que encontrar la combinación adecuada a los objetivos planteados en el sistema político. El análisis de este aspecto resulta imprescindible, pues se ha demostrado que puede ser manipulado para favorecer a una tendencia política distorsionando los resultados de la expresión de voluntad de los electores.

Hay otros aspectos o dimensiones características del sistema electoral que también deben analizarse aunque se reconoce que tienen niveles menores de impacto en el comportamiento del sistema político, tales son las Barreras Legales (límites para la obtención de un puesto) y el Tamano del Parlamento (cantidad de parlamentarios en la cámara o cámaras legislativas)

Cada uno de los tres aspectos mencionados genera efectos diferentes en la distribución del poder y, por tanto, en la dinámica de funcionamiento del sistema político de una sociedad.

Con respecto al Principio de Representación (por mayoría o proporcional), en muchos países se valora su importancia política incorporándolo en el texto de la Constitución, en tanto el resto de elementos del sistema electoral se establece en una ley específica. El principio de representación adoptado refleja el comportamiento que se espera lograr o las expectativas del sistema político. En este sentido, el análisis de los sistemas electorales requiere, entre otras, la evaluación del objetivo político que se pretende alcanzar.

El principio de representación por mayoría se origina en sistemas democráticos de gobierno parlamentario, donde socialmente se valora más la estabilidad en el funcionamiento del parlamento que el reflejo de la diversidad de sectores sociales e intereses existentes y por lo tanto se busca la formación de mayorías para facilitar el gobierno. Por otra parte, el principio de representación proporcional supone que se da más valor a la posibilidad de que se evidencien y expresen los diferentes intereses sociales independientemente del tema de la estabilidad parlamentaria.


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Siguiendo a Nohlen (1995, p.44) “el objetivo político de la representación por mayoría es producir una mayoría parlamentaria para un partido” lo cual tiende a facilitar estabilidad en el ejercicio del poder y esto se supone que puede aumentar las posibilidades para el logro de un buen gobierno (lo cual de todas formas no está garantizado). El objetivo político de la representación proporcional es, por su parte, reflejar en el parlamento (lo más fielmente posible) las fuerzas sociales e intereses diversos presentes en el electorado del país, en el entendido de que la dinámica de negociación no tiene por qué afectar las posibilidades para el logro de un buen gobierno.

Se reconoce que los sistemas mayoritarios tienden a generar una diferencia importante entre el porcentaje de votos y el porcentaje de cargos que obtienen los partidos o agrupaciones políticas en las elecciones, así puede ocurrir que un grupo político con menos votos logre obtener más cargos o viceversa, pero esto no tiene por qué generar rechazo, ya que se acepta como una característica del sistema y lo que realmente se valora es la búsqueda de estabilidad. Por su parte, los sistemas de representación proporcional buscan generar la mayor aproximación posible entre porcentajes de votos y de cargos, de manera que los partidos o agrupaciones políticas obtengan una cantidad de cargos relativamente equivalente a la cantidad de votos obtenidos en las elecciones, y a partir de un nivel básico de votación establecido, todos los partidos que lo alcancen puedan tener representación. Los analistas más exigentes podrán encontrar siempre déficits de proporcionalidad en estos sistemas, ya que los cargos no pueden fraccionarse y siempre quedarán votos sin representación. No obstante, existen fórmulas de compensación que ayudan a que los votos sin representación no lleguen a constituir un porcentaje significativo del electorado. En efecto, como se dijo arriba, lo que realmente se valora es que los cuerpos colegiados reflejen la composición sociopolítica del país; así como garantizar la representación de la mayoría estadísticamente significativa, siempre que obtenga los votos, claro está.

En los sistemas mayoritarios, la regla de decisión para adjudicar un cargo es que el candidato obtenga la mayoría de los votos (simplemente más votos, o más votos que el resto de los candidatos sumados).

En los sistemas proporcionales, la regla de decisión para adjudicar un cargo depende de la proporción de votos obtenidos por los partidos u organizaciones postulantes, y se consideran electos los candidatos que obtienen un número de votos igual o mayor a un cociente previamente determinado de acuerdo con alguna de las formulas electorales que se han establecido para ello.

Para la elección de representantes a cuerpos colegiados con aplicación del sistema mayoritario, se requiere hacer la votación en circuitos electorales uninominales (circunscripciones pequeñas), es decir, que elijan un solo cargo y se le otorgue al candidato


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que tenga más votos, luego puede ocurrir que un gran número de electores no se sientan representados en el candidato que resultó electo. Nohlen (1995, p.40) destaca que “la aplicación del principio mayoritario implica que solo cuentan políticamente los votos obtenidos por el candidato ganador y los otros no cuentan8(…) tampoco importan los votos obtenidos por encima de la mayoría”. Esto constituye una desigualdad en el valor de los votos que en cierta forma contradice el principio democrático de buscar la igualdad de valor para cada individuo y cada voto. Con este sistema, una de las consecuencias que se puede esperar en una circunscripción dominada por un partido es que se desmovilice la oposición si es que no visualiza posibilidades de acceder al cargo en siguientes elecciones, e incluso se puede esperar la aparición de abstención entre los simpatizantes del partido dominante porque dejan de percibir significado en su voto, de todos modos, el partido dominante tiene todo bajo su control, hasta que alguna circunstancia externa al sistema electoral permita el logro de la mayoría a otro partido y se invierten los papeles.

El principio mayoritario requiere para su aplicación, como se mencionó anteriormente, circunscripciones uninominales (un solo cargo que se lleva el que gana) o plurinominales muy pequeñas (máximo 3 cargos a repartir), donde el votante puede elegir entre candidatos identificados de manera personal. Para sus defensores, este sistema favorece una relación más directa entre elector y elegido, suponiendo que esto es un desiderátum del sistema democrático. No se discute sin embargo, sobre los votos que se pueden considerar perdidos al no obtener ninguna representación, pues se supone que al aceptar este sistema, el elector acepta que si no gana su candidato no tiene nada que buscar hasta una próxima elección; tampoco hay mayor reflexión en cuanto a los votantes que se pueden quedar sin ninguna posibilidad de “mayor contacto con el elegido” ya que este, una vez impuesto del cargo, puede sesgar su actuación, valorar y facilitar el acercamiento solo con sus votantes, lo cual es muy factible especialmente si existen diferencias profundas (ideológicas o de otro tipo) entre los electores.

La aplicación del principio proporcional busca en la medida de lo matemáticamente posible que todos los votos cuenten por igual, si bien la proporcionalidad al cien por cien es prácticamente imposible como se comentó arriba, ya que los cargos no se pueden fraccionar y los electores que conforman las circunscripciones tampoco. Este sistema requiere la utilización de procedimientos o métodos de cálculo (Método D’Hondt, Método Sainte-Laguë, Variante Hare/Niemeyer y otros) para establecer el número de votos que otorgan un cargo y la forma de repartir estos cargos entre los partidos que participan en la elección. Con distintas fórmulas se obtienen distintos niveles de proporcionalidad, no obstante, para que se genere la mayor proporcionalidad, este sistema se debe aplicar en circunscripciones plurinominales medianas o grandes (con 6

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o más cargos a repartir); el votante elige por listas de partido que pueden ser cerradas o abiertas. Lo importante es que se logre el menor nivel posible de votos sin representación. De este sistema se critica que el elegido está más vinculado al partido que lo postula que al elector que le da el voto, y por ello se trata de una relación distante sin responsabilidad frente al ciudadano para el ganador del cargo. A nuestro modo de ver, no tiene por qué haber necesariamente una relación personal entre elector y elegido para que se logre una buena gestión política, de hecho, la evolución política de la democracia puede relacionarse con el proceso revolucionario de despersonalizar el poder de los monarcas, los nobles o los líderes autoritarios, cambiando los vínculos personales por relaciones institucionales basadas en un marco legal al que todos los integrantes de la sociedad se subordinan.

En todo caso, hace tiempo que se ha abandonado la aspiración de los investigadores a determinar cuál sistema electoral puede identificarse como el mejor, el ideal. Cada uno tiene ventajas y desventajas que se presentan en diversas proporciones en cada situación específica. Se considera que ninguno puede ser mejor que otro en abstracto, pues son muy diversas las líneas de interacción de este con el sistema político y, en consecuencia, en cada sociedad y momento histórico hay múltiples variables que pueden modificar los efectos esperados de cualquier combinación de diseño electoral. Lo importante, es que el sistema electoral se adapte a las características y necesidades de la sociedad para facilitar la dinámica de interacción de los actores políticos.

En este sentido, suscribimos la idea de que la escogencia del principio de representación para el diseño del sistema electoral es un reflejo de las condiciones sociopolíticas de una sociedad en un momento determinado y, como tal, es una decisión de carácter político como expresión de los intereses de los principales actores políticos y la correlación de fuerzas entre ellos.

Los diseños electorales en la práctica de la vida real no siempre logran conciliar de manera coherente el principio de representación que se asume como base del sistema y las reglas de decisión para la adjudicación de los cargos (Nohlen, 1995). Por ejemplo, si se establece la representación proporcional como fundamento del sistema, pero se diseñan circunscripciones muy pequeñas, con muy pocos cargos a distribuir, el resultado final tendrá los efectos de una representación de tipo mayoritario, con una evidente desproporcionalidad, esto es, todo lo contrario de lo que supuestamente se quería lograr. Como señala Nohlen, al trabajar en el diseño de sistemas electorales, se debe tomar en cuenta que no se pueden lograr múltiples y contradictorios objetivos simultáneamente. Si se quiere un sistema electoral altamente proporcional, que facilite y promueva un alto nivel de participación y permita un alto nivel de estabilidad política, no se puede aspirar a que el sistema sea sencillo y sin mayores complicaciones para el votante.


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En el estudio realizado por IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance), para la preparación de su Manual Para el Diseno de Sistemas Electorales9, se presenta una descripción de las contradicciones que se pueden encontrar entre los grupos que se proponen decidir sobre la concepción del sistema electoral.

La selección de un sistema electoral es una de las decisiones más importantes para cualquier democracia. Aun así, no es frecuente que los sistemas electorales sean seleccionados deliberadamente y con conciencia clara de su impacto. Con frecuencia, la selección es esencialmente accidental: el resultado de una combinación no usual de circunstancias, de una tendencia pasajera, o de una singularidad histórica. El impacto del colonialismo y los efectos de vecinos influyentes son factores especialmente poderosos. Y, sin embargo, la selección de un sistema electoral en particular tiene un efecto profundo sobre la futura vida política de un país. Una vez elegidos, los sistemas electorales permanecen básicamente constantes, en cuanto los intereses políticos se cristalizan en torno a ellos y responden a los incentivos que introducen.

Si bien es raro que los sistemas electorales sean elegidos deliberadamente, es aun más raro que sean cuidadosamente diseñados en función de las especiales condiciones sociales e históricas de un país. Toda nueva democracia debe elegir (o heredar) un sistema electoral para elegir a su Parlamento, pero esas decisiones son con frecuencia afectadas por una de dos circunstancias. O los actores políticos carecen de información y conocimientos básicos y no identifican completamente la gama disponible de sistemas electorales y sus respectivas consecuencias o, alternativamente, utilizan su conocimiento de los sistemas electorales para promover diseños que consideran beneficiosos para sus intereses partidistas. En cualquiera de estos escenarios, las selecciones efectuadas pueden no ser las mejores para la salud política a largo plazo del país en cuestión, y tener a veces consecuencias desastrosas para las perspectivas de su democracia (IDEA op. cit. p. 9)

Con base en el resultado de sus investigaciones, el manual del IDEA propone como criterios a tomar en cuenta para el diseño de sistemas electorales en la actualidad los siguientes objetivos a lograr:

asegurar que se genera un parlamento ampliamente representativo; hacer que las elecciones sean accesibles y tengan significado para el votante (que el proceso no sea demasiado complicado ni distante del ciudadano); proporcionar incentivos para la conciliación con miras a disminuir factores de exclusión y enfrentamiento; contribuir a la gobernabilidad; aportar mecanismos para concretar la responsabilidad política de los representantes electos; fomentar partidos diversos y asegurar posibilidades de participación de la oposición en el parlamento.

9 Manual para el diseno de sistemas electorales de IDEA Internacional.2000. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Instituto Federal Electoral. México


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3. El sistema electoral venezolano en el siglo XXI

Desde los años 80 del siglo XX comenzaron a hacerse cada vez más visibles diversos factores de tensión en el funcionamiento de la democracia venezolana10. Las élites políticas y los partidos como organizaciones sociales eran objeto de fuertes críticas por parte de la ciudadanía. Se cuestionaba el pragmatismo de los partidos y la corrupción política y administrativa atribuida a componendas entre sus dirigentes que se asociaban con la ineficacia del gobierno. Los propios militantes de los partidos criticaban a sus organizaciones por la falta de democracia interna. La abstención electoral generaba preocupación, así como la baja calidad de los mensajes políticos en abrumadoras campañas electorales de larga duración. La sociedad se mostraba insatisfecha con el funcionamiento del país, no solo con los mencionados aspectos de carácter político, sino también con la situación socioeconómica reflejada por los indicadores de disminución del crecimiento y aumento de la pobreza.

En este contexto, muchas exigencias de cambio se enfocaron al sistema electoral, a pesar de que este componente del sistema político había cumplido satisfactoriamente los objetivos de contribuir a la gobernabilidad y a la estabilidad política desde su aplicación en 195811 pues se logró la alternabilidad de los gobiernos mediante elecciones y el consiguiente traspaso pacífico de poder, aun en contextos difíciles por la actuación de grupos guerrilleros (adversarios de la vía electoral) en algunas oportunidades, o por la circunstancia de mínima diferencia de votos entre candidatos.

Las expectativas de cambio se planteaban en varias direcciones. Por una parte, se esperaba lograr que las autoridades locales fueran electas en lugar de nombradas por parte del Ejecutivo nacional, lo cual lucía muy razonable a los fines de “profundizar la democracia” para dar paso al surgimiento de liderazgos regionales y a la toma de decisiones con perspectiva local; también se solicitaba que las elecciones presidenciales se separan de las elecciones de cuerpos legislativos, bajo el supuesto de que con un ciclo electoral único, el peso de la elección presidencial en un país presidencialista, arrastra el voto para cuerpos legislativos. Otra solicitud de cambio apuntaba a modificar el principio de representación para que se pudieran elegir representantes en circuitos uninominales

10 Juan Carlos Rey en su texto “La Democracia Venezolana y La Crisis del Sistema Populista de Conciliación” publicado en la Revista de Estudios Políticos n° 74 Dialnet Unirioja.es 1991. Presenta un minucioso análisis de la situación planteada. pp. 564-65.

11 En 1984 el Consejo Supremo Electoral realizó en Caracas un Simposio Internacional sobre Sistemas Electorales Comparados con la participación de reconocidos analistas nacionales e internacionales. Las ponencias publicadas por el CSE dan cuenta de opiniones favorables al sistema electoral existente en Venezuela.


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y que se pudieran postular candidatos independientes fuera de los partidos, como un medio de superar “la partidocracia”.

El sistema político logró dar salida institucional a las presiones. En el marco de una propuesta de reforma general del Estado, se establecieron los lineamientos para algunos cambios significativos en el sistema electoral. Una comisión presidencial12 fue la encargada de darles forma y luego se fueron aplicando a través de los diversos comicios hasta 1998.

Así, a partir de 1989 se comenzó a realizar la elección directa de gobernadores y alcaldes cada 3 años; se incrementó el número de senadores y diputados adicionales a otorgar por partido para mejorar la proporcionalidad; también se abrió la posibilidad de elección uninominal para 50% de los cargos en cuerpos colegiados, con lo cual se estableció una forma de sistema electoral mixto que se aplicaría en las elecciones de 1993.

En 1996, continúa el proceso de cambios institucionales en el ámbito electoral y los principales partidos acuerdan reestructurar la autoridad electoral eliminando el Consejo Supremo Electoral (CSE) para crear un nuevo organismo, el Consejo Nacional Electoral (CNE), cuya directiva debía estar en su totalidad desvinculada de los partidos13.

En 1998 se acordó la separación de las elecciones presidenciales de las parlamentarias y las regionales, con lo cual prácticamente se había completado el conjunto de reformas para la profundización de la democracia que la sociedad había planteado como demandas al sistema político desde principios de los ochenta.14

A pesar de estos cambios, no se logró superar el descontento con respecto al funcionamiento de la democracia y el rechazo a los partidos. En las elecciones de 1998, al separarse el ciclo electoral presidencial-parlamentario, muchos sectores interpretaron este hecho no tanto como un cambio evolutivo para mejorar la democracia, sino como

12 La Comisión para la Reforma del Estado (COPRE) creada en 1984 por el presidente Lusinchi, con el concurso mayoritario de personalidades independientes y representantes de los dos grandes partidos, AD y Copei, estructuró una propuesta de reformas políticas publicada en 1986.

13 El Consejo Supremo Electoral (CSE) según la Ley Electoral de 1958, tenía 23 miembros electos cada 2 años por el Congreso en sus primeros 30 días de sesiones. Eran miembros de los partidos políticos con mayor votación a la Cámara de Diputados. La reforma de la ley en 1959 redujo a 13 sus miembros. La Ley Orgánica del Sufragio de 1970 llevó a 9 el número de miembros (5 representantes de los partidos más votados al Congreso y 4 sin filiación partidista. Los partidos con más de 3% de votos al Congreso podían nombrar un representante con voz). La Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política de 1997 reduce a 7 los miembros del ahora llamado Consejo Nacional Electoral y exige que no tengan vinculación partidista. La Ley Orgánica del Poder Electoral del 2002 llevó a 5 los miembros directivos del CNE.

14 Además de los cambios mencionados, se realizaron también otros muchos cambios en los distintos factores del proceso electoral en sentido amplio que no abordamos por limitarnos al análisis del sistema electoral como señalamos al principio.


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un intento de los partidos por evitar que los perjudicara de manera importante el efecto arrastre de la candidatura de Hugo Chávez que ya se perfilaba como posible ganadora frente a un conjunto de candidatos de confusa identificación partidista15.

Se celebraron entonces, primero en noviembre las elecciones para representantes al Congreso, y luego en diciembre las elecciones presidenciales. En los comicios de noviembre los partidos y grupos identificados con Chávez obtuvieron 75 de 207 escaños (en torno al 36%). Por su parte, el candidato Hugo Chávez, actor emergente, militar participante en los intentos de golpe de Estado en 1992, adalid de la corriente antipolítica y antipartidos, obtuvo en diciembre el favor del electorado para alcanzar la presidencia con el 56% de los votos. Entre sus principales promesas electorales estuvo la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para generar una nueva constitución y una ruptura radical del sistema político-partidista existente. El llamado chavismo y su dirigencia, continuarán enfocando los cambios del sistema político a través de modificaciones al sistema electoral.

En lo que va de siglo XXI, el SEV ha sido objeto de nuevas y más profundas modificaciones (más allá incluso de las demandas socialmente expresadas por mayor capacidad para elegir y cercanía al elegido). Se han acentuado las modificaciones en el principio de representación, en los criterios para definir los ganadores (fórmula electoral), en el tamaño y conformación de las circunscripciones electorales y el tamaño del parlamento, así como en los mecanismos de postulación de candidatos. Es decir, se han realizado modificaciones en los aspectos fundamentales del sistema electoral que tienen el mayor impacto en el funcionamiento del sistema político.

Los cambios en el sistema electoral han sido acompañados de cambios en los procesos electorales en general y se han modificado prácticamente todos los factores del proceso: las autoridades electorales (administración de las elecciones); los procedimientos para votación, escrutinio y presentación de resultados; las normas para las campañas y sus formas de financiamiento; los ciclos electorales y las fechas acostumbradas de las elecciones; los mecanismos de organización política y postulación de candidatos. En consecuencia, el sistema político necesariamente ha estado y estará en los próximos años procesando estos cambios y desarrollando las formas de comportamiento e interacciones correspondientes. Por ello, es importante observar y evaluar si estos están contribuyendo o no al mantenimiento y mejoramiento de un contexto democrático.

Comenzamos la revisión del sistema electoral por los cambios aplicados al principio de representación adoptado, ya que, como se mencionó en la sección anterior,

15 Cabe recordar que los partidos históricos AD y Copei prácticamente se quedaron sin candidato para estas elecciones en que las opciones de triunfo se asociaban a candidatos extrapartido como Irene Sáez y Hugo Chávez.


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este refleja criterios de valoración en relación con los objetivos políticos de las élites dirigentes (lograr mayorías para dar estabilidad y mayor poder al gobierno vs. permitir que se expresen la mayor cantidad posible de intereses presentes en la sociedad para la toma de decisiones por la vía de la negociación).

Cabe recordar que en el siglo XIX, y hasta bien entrado el XX, las elecciones en Venezuela se realizaban con base en el principio de mayoría:

el sistema electoral que se utilizó en Venezuela a partir de 1936, cuando se produjo la apertura democrática por la muerte del dictador Gómez, fue el mayoritario en circuitos uninominales, para elegir los miembros de los Concejos Municipales, los cuales a su vez elegían a los diputados al Congreso. Por este método se seleccionaban también los diputados de las Asambleas Legislativas de los Estados, quienes designaban a los senadores, y entre éstos y los diputados nombraban al Presidente de la República. El sistema conducía a resultados desproporcionados en los cuerpos deliberantes (Rachadell, 2010, p.129)

El principio de representación proporcional se aplicó por primera vez en el país, mediante el Estatuto Electoral de 1946 para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, luego se le dio carácter constitucional en 1947 y posteriormente se ratificó su rango constitucional en la Constitución de 1961. No se trató de una decisión trivial.

La introducción de este principio para la distribución del poder político en el país, constituye un instrumento para evitar que la democracia “pase a ser la dictadura de la mayoría…pero sobre todo, introduce el otro elemento básico de la política, complementando el abandono de las armas: el reconocimiento de la existencia del adversario” (Caballero, 2010. p. 378). Este principio permite el reconocimiento del adversario y proporciona los elementos para darle valor. Adicionalmente, para mejorar la proporcionalidad, es decir, para acercar lo más posible el porcentaje de votos y el porcentaje de puestos obtenidos por los partidos, se adoptó (a propuesta del Partido Comunista de Venezuela) la posibilidad de otorgar senadores y diputados adicionales a aquellos partidos que teniendo una votación total nacional equivalente al cociente de población para obtener un puesto, no lo hubieran obtenido (muchos partidos pequeños lograron llevar representantes al Congreso a través de los distintos procesos comiciales gracias a esta figura y gracias a que en el país nunca se estableció un límite o barrera en porcentaje de votos para que un partido tuviera representación como sí ocurre en otros países).

El proceso democratizador se interrumpió con el golpe militar de 1948. Habría de pasar una década para su reanudación y vale la pena tomar en cuenta que


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…bajo el régimen militar no se aplicó el principio de representación proporcional: en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente de 1952, por el fraude electoral; en la elección de diputados y senadores al Congreso, porque éstos fueron designados discrecionalmente por Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente después de sancionar el texto de la nueva Constitución; y de la misma manera se nombró al Presidente de la República, a los magistrados de la Corte Federal y de la Corte de Casación, a los diputados de las asambleas legislativas y a los concejales de todo el país. (Rachadell, 2007, p. 229)

El SEV funcionó desde que se estableció la democracia en 1958 hasta 1988, con el principio de mayoría para la escogencia del presidente y el principio de representación proporcional para cuerpos deliberantes (Congreso Nacional, Asambleas Legislativas, Concejos Municipales). Como se mencionó arriba, a partir de 1989 comenzaron a elegirse directamente gobernadores y alcaldes y la reforma electoral de 1989 abrió la posibilidad de combinar los principios de representación proporcional y de mayoría en las elecciones de 1993 y justo antes de las elecciones se hicieron nuevos ajustes a la normativa para los comicios.

La Ley Electoral de 1993 (Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sufragio GOE n° 4618 del 20 de agosto de 1993) permitió practicar la llamada representación proporcional personalizada hasta un límite del 50% de los cargos a elegir. Fue necesario entonces definir circunscripciones uninominales en cada estado para permitir que la mitad de los cargos de representantes a cuerpos legislativos se eligieran por nombre y apellido bajo el criterio de mayoría (el que tiene más votos se lleva el cargo); las circunscripciones no debían tener variaciones en términos de población que superaran el 5% para que los distintos representantes electos “representaran” cantidades similares de ciudadanos16. En la elección para diputados de 1993, en14 de los 23 estados se otorgaron más del 50% de escaños uninominales porque se dio prioridad a los diputados uninominales (cuando un partido alcanzaba más diputados uninominales que por lista, se consideraban todos electos), y como era de esperar, desmejoró la proporcionalidad en el sistema, es decir, hubo partidos con más proporción de cargos que de votos y viceversa (partidos sobrerrepresentado y subrepresentados). En las elecciones para diputados de 1998 se permitieron algunas flexibilidades como disminuir la cantidad de votos necesaria para obtener un diputado adicional, pero igualmente se volvió a verificar un aumento de la desproporcionalidad (más diferencias entre los porcentajes de votos y los porcentajes de puestos obtenidos por los partidos). Finalmente, los experimentos con la aplicación del principio de representación por mayoría llegaron al máximo en las elecciones

16 Una descripción detallada de la normativa se encuentra en el trabajo de Edgar Gutiérrez Fijando Las Reglas del Juego. Elecciones, Partidos y Leyes Electorales en Venezuela 1958-2000 Publicado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV. 2007.


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para la Asamblea Constituyente de 1999, donde se aplicó un sistema completamente mayoritario, con todas las circunscripciones de carácter uninominal y ningún resquicio de compensación a la proporcionalidad. Este sistema, fue semejante al que se utilizaba para elegir representantes a nivel municipal en la época de la dictadura gomecista17 (Gutiérrez 2007. p. 159). Todos los candidatos fueron postulados por nombre y apellido. Lo más insólito es que para estas elecciones “fue el mismo Presidente quien fijó las condiciones –parcialmente modificadas por el CNE– para proceder a la elección y la adjudicación de escaños” (Gutiérrez, op. cit. p.160). Que la cabeza del Poder Ejecutivo interfiriera abiertamente las funciones del Poder Legislativo para dictar las reglas de una elección tan significativa, no era una interacción esperada del sistema político democrático en construcción desde 1958, quizás lo fuera del esquema caudillista del siglo XIX. Su ocurrencia, sin que hubiera importantes muestras de desacuerdo expresadas socialmente con firme presión para evitarla, da cuenta de transformaciones que se están operando en el sistema político en una dirección distinta a la de profundizar la democracia.

Al margen de los parámetros legales vigentes, el presidente logró autorización del Tribunal Supremo de Justicia para convocar a la elección de la Asamblea Constituyente mediante un Referendo Consultivo que podría aprobar la convocatoria y, así, se realizó el proceso electoral del referendo el 25 de abril de 1999. Esta elección fue convocada para consultar al electorado con respecto a si se quería hacer una nueva constitución o no, y elegir una Asamblea Constituyente18. En este referendo el nivel de abstención alcanzó un histórico 62,3 %, más de 6,8 millones de ciudadanos optaron por no pronunciarse. Entre los 4,1 millones de votantes ganó el SÍ que logró en ambas preguntas más de 80% de los votos. Tales cifras hacen aparecer el resultado muy legítimo, siempre que se suponga que entre los abstencionistas se mantiene esta proporción. Esto no se puede suponer, como tampoco lo contario, en consecuencia, estamos en presencia de un problema importante para un adecuado funcionamiento de la democracia y es que el criterio de selección de mayoría simple resulta insuficiente para garantizar la legitimidad de una decisión que puede cambiar la vida de todos (los que estan de acuerdo y los que no) en el país, por un lapso de tiempo indeterminado. Para estos casos, hay que prever criterios de decisión que faciliten

17 Cursivas nuestras.18 Pregunta 1 ¿Convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el Estado

y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento de una democracia social y participativa? SÍ / NO

Pregunta 2 ¿Está usted de acuerdo con las bases propuestas por el Ejecutivo Nacional para la Convocatoria a la

Asamblea Nacional Constituyente, examinadas y modificadas por el Consejo Nacional Electoral en sesión de fecha 24 de marzo de 1999 y publicada en su texto íntegro, en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela nº 36.669 de fecha Marzo, 25 de 1999? SÍ / NO


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una ampliación de la legitimidad, de manera que aquí hay un punto de discusión para generar nuevas adaptaciones y cambios en el sistema electoral y en el sistema político.

Luego de aprobada la convocatoria, se realizaron las elecciones para constituyentes en julio de 1999 aplicando el mencionado sistema totalmente mayoritario. Se postularon 1.170 candidatos aspirantes a los 131 puestos definidos sin una clara justificación (en realidad 128, porque 3 eran representantes indígenas), ya que fue una imposición presidencial. Un número tan pequeño de integrantes de la Asamblea solo podía favorecer más la desproporcionalidad, o formación de una sola mayoría, pues, como se sabe, el tamaño de la Asamblea es un elemento que favorece o no la proporcionalidad (cuanto más pequeña es la Asamblea, más difícil es lograr proporcionalidad).

Para sorpresa de muchos, en la campaña electoral los candidatos afectos al partido del presidente se identificaron fuertemente con las siglas y colores oficialistas (¡como si estuvieran en una elección por lista de partido!) e incluso llamaron a votar en bloque por los candidatos del presidente, mientras los otros candidatos hacían gala de sus características personales. El resultado dio la victoria a la estrategia de concentración del voto oficialista: con 62% de los votos, los oficialistas obtuvieron 94,5% de los escanos. Esto es, casi toda la Asamblea. La alta desproporcionalidad castigó la dispersión del voto no oficialista excluyendo a sus emisores de la posibilidad de participar en la elaboración de la nueva constitución, nada menos. ¿Cómo pudo haber pasado esto en una sociedad que había llegado a experimentar altos niveles de proporcionalidad ubicándose entre los mejores del mundo? ¿Cómo pudo aceptar la sociedad que una nueva Constitución fuera redactada por un cuerpo colegiado monocolor sin representación de los distintos sectores a los cuales esa nueva constitución regiría? Todavía no hay respuestas claras para estas interrogantes, que deberán ser objeto de estudio porque atañen a la capacidad de respuesta del sistema político, no solo en cuanto a capacidad de reacción de los partidos, sino también de la sociedad civil.

Resulta una gran contradicción que después de tantos años pidiendo la uninominalidad para tener “mayor participación fuera de los partidos”, se acepte decidir una elección tan crucial para el devenir político nacional por una votación “entubada” al mejor estilo de lo que tanto se criticó a los partidos tradicionales. Todo el proceso electoral para estos comicios, no solo el sistema electoral, sino todo el proceso (los lapsos, las autoridades electorales, la campaña, la participación de los medios de comunicación) encierra lecciones importantes para el ejercicio de la democracia en Venezuela.

La nueva constitución se sometió a Referéndum Aprobatorio en diciembre de 1999, y logró en torno al 72% de aprobación, pero solo el 44% de los votantes acudieron a pronunciarse. ¿Qué significado puede darse a la ausencia del 56%? Fue el tercer proceso


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electoral de ese año. Nunca se habían realizado tantos procesos electorales de tanta envergadura en un mismo año.

La aprobación de la constitución abrió un espacio de gran incertidumbre para el comportamiento del sistema político en lo sucesivo. Entre los cambios que se harán frecuentes se encuentra la práctica de cambiar el nombre y la identificación de todas las instituciones que funcionaron con la constitución anterior. La Asamblea Constituyente preparó lo que llamó la “transición del poder público” y traspasó en febrero de 2000 todo el poder legislativo (incluyendo facultad de nombramiento de autoridades electorales) a un órgano denominado Comisión Legislativa Nacional hasta que se nombrara la nueva Asamblea Nacional unicameral. El año 2000 fue anunciado como año de relegitimación de todos los poderes con base en el nuevo texto constitucional y se convocaron elecciones generales para todos los niveles, nacional, regional y local. Esta convocatoria en realidad entrañaba razones políticas (Gutiérrez 2007. Op. cit. p. 210) “era necesario para esta nueva élite política concluir el proceso de desplazamiento de los viejos actores que aun permanecían en distintas instancias de poder tales como gobernaciones y alcaldías”, se aprovecharía la popularidad y liderazgo del presidente para obtener la mayor cantidad posible de cargos en todos los niveles del Estado, pero especialmente en el nuevo parlamento unicameral. Otra gran contradicción, después de tantos años solicitando elecciones por separado (para evitar el efecto arrastre del presidente) y justo comenzando un nuevo régimen constitucional, la dirigencia política plantea iniciarlo con una megaelección (todos los cargos de todos los poderes en todos los niveles, ¡en un solo proceso!).

La Asamblea Nacional Constituyente declaró inconveniente el apoyo en la LOSPP19 de 1998 para este proceso electoral en el año 2000, dado que se trataba de una normativa asociada a la Constitución anterior. Se generó entonces un nuevo conjunto de reglas de juego: el Estatuto Electoral del Poder Público. Este instrumento normativo por vía de excepción autorizó la permanencia en el cargo de las autoridades aspirantes a relegitimarse, de manera que les permitió competir desde las ventajas del poder con otros candidatos que quisieran postularse.

Como criterio de elección para cargos ejecutivos el Estatuto mantuvo la mayoría relativa sin doble vuelta; la base de población para elección de representantes a la Asamblea Nacional quedó igual en 1,1%, el número mínimo de diputados por estado quedó igual en 3 y se elegirían además igualmente 3 representantes indígenas. De nuevo se afianzó el uso del principio de representación por mayoría al aumentar arbitrariamente el porcentaje de diputados uninominales a 60%, y se mantuvieron los criterios de conformación de circunscripciones por municipios contiguos hasta obtener la población

19 Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política.


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requerida; la cantidad de diputados por representación proporcional quedó reducida a 40%, y se conservó la postulación en listas cerradas, pero además, se eliminó la posibilidad de otorgar diputados adicionales como mecanismo de compensación de proporcionalidad.

Las megaelecciones de relegitimación no pudieron realizarse como se había anunciado en mayo de 2000. La directiva del CNE nombrada por la ANC renunció a sus cargos y la Comisión Legislativa Nacional, aunque sin tener competencia para ello, promovió la elección de una nueva directiva. La Constitución de 1999 dio a la autoridad electoral el rango de poder público nacional, así que sus directores, una vez nombrados, deberían tener la autonomía necesaria para conducir el proceso electoral según los requerimientos de transparencia, eficacia e imparcialidad. La nueva directiva del CNE propuso separar las elecciones en dos bloques: presidente, gobernadores, alcaldes, diputados de la Asamblea Nacional y Consejos Legislativos de los estados, en julio, y para finales de año, los cargos de concejales y juntas parroquiales.

Como se puede apreciar, no se separó la elección presidencial, en consecuencia, no parece inverosímil suponer que el efecto arrastre formaba parte de los objetivos políticos de la megaelección. La normativa de excepción establecida para las megaelecciones (así como el año anterior la normativa de excepción para la elección de los constituyentes) abrió la posibilidad de cambios en los tipos de interacción entre los actores políticos y puede haberse afectado significativamente el código de conducta democrático que se había logrado establecer en Venezuela luego de haber superado las dictaduras a mediados del siglo XX. El hecho de permitir “legalmente” que los candidatos a relegitimarse permanecieran en sus cargos e hicieran uso de los recursos de estos en sus campañas; el hecho de “imponer” la reducción de la representación proporcional y eliminar las posibilidades de compensación proporcional que representaban los diputados adicionales y el hecho de regresar a las elecciones conjuntas para aprovechar el efecto arrastre por la popularidad del presidente, revelan grietas profundas en el entramado democrático que ni los partidos venidos a menos, ni la sociedad civil poco organizada y menos preparada para responder a tales desmanes, pudieron reparar.

A nuestro modo de ver, el proceso descrito representa un punto de inflexión en las tendencias de funcionamiento del sistema político organizado para la democracia desde 1958. Los procesos electorales de 1999 y 2000 (convocatoria y elección de Asamblea Nacional Constituyente, Referéndum Constitucional y megaelecciones) con todos los cambios desfavorables a la democratización del poder impuestos sin mayor dificultad, mostraron la debilidad política de la sociedad civil frente a un renacimiento del espíritu militarista que tanto esfuerzo había costado disminuir hasta mediados del siglo XX.

El presidente-candidato obtuvo su “relegitimación” con un 59,76% de los votos pero con una abstención cercana al 44%; los partidos identificados con el oficialismo


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obtuvieron el control de la Asamblea Nacional al alcanzar 61% de los escaños; solo 7 de las 23 gobernaciones eligieron candidatos de oposición. Las elecciones para concejales y representantes de Juntas Parroquiales se celebraron a finales de año, los electores intoxicados de electoralismo dejaron el proceso a la deriva; la abstención alcanzó un nivel superior al 75% nunca antes visto.

El ciclo electoral quedó modificado entonces, ya que las autoridades electas comenzaron a contar sus periodos a partir del 2000. Ahora las elecciones presidenciales serían cada seis años, con lo que los años electorales serían 2006, 2012, 2018, 202420 (Chávez anunció en más de una oportunidad que gobernaría hasta el 2021, es decir, esperaba participar y reelegirse por lo menos hasta el 2018); el ciclo de las parlamentarias cada cinco años fijaba las próximas en 2005, 2010, 2015, 2020, 2025; en tanto el ciclo de las elecciones de autoridades regionales sería cada cuatro correspondiendo las próximas en 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024. Como se puede apreciar, en el entorno 2024-2025 se estarían realizando muy cercanas de nuevo todas las elecciones para todos los cargos en todos los niveles. (¿Podría ser este el horizonte de tiempo planificado para la implantación definitiva del régimen autodenominado revolucionario y lo que se dio en llamar el socialismo del siglo XXI?).

En todo caso, el cambio del ciclo electoral es un elemento que contribuye a mantener las elecciones en el centro de la actividad política, la atención sobre las elecciones deja menos espacio-tiempo de trabajo político en otras direcciones como la de definir y evaluar políticas públicas. El sistema político pasó de tener un año electoral (donde confluían todas las elecciones y era previsible el año preelectoral) a tres años electorales, lo cual implica un aumento significativo de actividad política electoral y la primera tanda de este nuevo esquema electoral sería para 2004, 2005 y 2006. Sin embargo, al existir la posibilidad de solicitar referendos revocatorios para cargos de elección, establecida por la constitución del 99, podrían plantearse procesos electorales intermedios haciendo más complejo aun el calendario electoral e incrementando la presión sobre los electores, como de hecho ha ocurrido. En lo que va de siglo, la vida política venezolana pareciera girar solo en torno al sistema electoral y las elecciones, mientras otros procesos de cambio se adelantan con menor visibilidad (las modificaciones en la estructura del Estado, por ejemplo, que apuntan a la creación de un formato llamado Estado comunal) por lo que cabe preguntarse si será esto también parte de la estrategia política de la élite emergente que está implantándose en el poder desde 1998.

20 Este ciclo de expectativas electorales se vio interrumpido por la desaparición física del presidente Chávez, quien se presentó y ganó las elecciones en 2006 y 2012. Luego la enfermedad le impidió continuar en el cargo y dejó nombrado sucesor a Nicolás Maduro (¡como en los tiempos de Gómez!), quien ganó la elección presidencial convocada en 2013,


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En 2002 se aprobó el instrumento legal para la organización del Poder Electoral creado por la constitución del 99. Cinco rectores, que no pueden tener vinculaciones partidistas, deben garantizar a través de esta estructura “que se preserve la voluntad del pueblo expresada a través del voto”. La experiencia ha demostrado que la ley no es suficiente sin el compromiso de todos los actores políticos de cumplirla, aun cuando no les beneficie.

Los rectores del CNE designados por la Asamblea Nacional han recibido numerosas críticas por falta de imparcialidad e ineficacia para hacer cumplir las leyes electorales, especialmente cuando alguna regulación perjudica los intereses de candidatos afectos al gobierno. La prensa y numerosos estudios de opinión pública dan cuenta de estas críticas y la insatisfacción con las autoridades designadas por sus vinculaciones con organizaciones políticas oficialistas21. En este aspecto hay otro punto de discusión para la reforma electoral y del sistema político, se debe revisar si acaso resulta más conveniente que el órgano electoral esté conformado por representantes de todas las agrupaciones políticas22 (de esta manera asumen públicamente la representación de intereses que pueden ser perfectamente válidos) antes que por un grupo de independientes sobre quienes pudieran ejercerse presiones que no por menos visibles resultan menos efectivas para orientar decisiones.

En cuanto al marco legal siguió aplicándose la LOSPP en términos generales, con apoyo de reglamentaciones particulares a cada elección elaboradas por el CNE.

En 2004 no solo se convocaron las elecciones regionales para renovar autoridades y cuerpos legislativos, también se convocó por primera vez en el país el referendo revocatorio para el cargo de presidente. Las fuerzas opositoras que no lograron la salida del presidente con las movilizaciones y el intento de golpe en el proceso de agitación política en 2002 y 2003, buscaron en este mecanismo una nueva oportunidad. El revocatorio se realizó en agosto y las regionales en octubre. Ya diciembre dejó de ser un mes típicamente electoral para los ciudadanos en Venezuela; las elecciones se convocan

21 Socorro Hernández y Tania D’Amelio han sido señaladas de tener militancia en el PSUV mientras eran evaluadas para su nombramiento como rectoras del CNE. No obstante, han permanecido y fueron recientemente ratificadas por la Corte Suprema como parte de su enfrentamiento con la Asamblea Nacional para restarle atribuciones. Otros rectores también han sido señalados por su docilidad frente a las actuaciones del presidente Chávez.

22 Rómulo Betancourt en su discurso del 5 de julio de 1946 en oportunidad de abrirse los registros electorales para las primeras elecciones con voto universal, directo y secreto señalaba que “…el Consejo Supremo Electoral tiene los contornos de un verdadero poder electoral. La Junta Revolucionaria de Gobierno, en el Estatuto que lo creó (…) le confirió tales atribuciones y lo rodeó de tal majestad que en sus manos están todos los resortes del proceso comicial. En este Consejo Supremo Electoral, así como en los demás organismos electorales, ningún partido político disfruta del privilegio del voto mayoritario y determinante y todas las fuerzas políticas tienen en ellos representación adecuada”


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para cualquier mes. El resultado del referendo ratificó al presidente en su cargo con el 59% de los votos, y aunque hubo muchas inconformidades con la normativa y los procedimientos, e incluso alegatos de fraude, finalmente se aceptaron los resultados. La ratificación del presidente fue acompañada de una victoria contundente de sus partidarios en las elecciones regionales de octubre: los candidatos oficialistas ganaron 20 de las 22 gobernaciones y 270 de las 332 alcaldías. En estas elecciones se denunció el uso indiscriminado del recurso de las llamadas “morochas” por medio del cual dos grupos políticos acuerdan postular sus candidatos, unos por lista y otros por uninominalidad (o un grupo político postula con dos tarjetas diferentes), de manera que pueden obtener los puestos uninominales y de lista en detrimento de los que no actúan de este modo. El mecanismo ya había sido denunciado por su uso en las elecciones del 2000 en Yaracuy. El tema es que la ley no establece claramente que no se pueda hacer, por lo que no es ilegal. Esto constituye un problema siempre que se valore la proporcionalidad, ya que la perjudica. El sistema electoral requiere revisión en este aspecto y se han hecho recomendaciones sobre ello por parte de diversos analistas y observadores, como ejemplo a continuación los comentarios del Centro Carter en su informe del 2006, p. 5:

A diferencia de lo que ocurre en otros sistemas mixtos, en el sistema venezolano se observa la posibilidad de desviar la intención pretendida por el legislador y el constituyente. Como causa de este fenómeno se cita, entre otros factores, el hecho de que en Venezuela no se requiere que un candidato se postule simultáneamente por un mismo partido en ambas boletas (nominal y por lista), y que no está prohibido, como en otros países, el hecho de que dos partidos coordinen sus mensajes de campaña.

El sistema venezolano, además, no tiene, como otros sistemas mixtos, una serie de “correcciones” para equilibrar los posibles desbalances.

El siguiente año electoral del nuevo ciclo corresponde a 2005 para las elecciones parlamentarias. Sin embargo, nada será ya tan sencillo o claro en el ciclo electoral. Este año 2005, se convocaron además de las parlamentarias, las elecciones de concejales y juntas parroquiales que no se eligieron en 2004 cuando les correspondía, por el alto número de cargos involucrados (2389 concejales y 3207 miembros de juntas parroquiales por uninominal y por lista, lo cual multiplica significativamente el número posible de candidatos a manejar), además se avanzó con la automatización del voto en proceso de implantación con la empresa Smartmatic. Las elecciones municipales se celebraron en agosto. El oficialismo estructuró una alianza entre el MVR y UVE23 de manera que esta última organización presentara los candidatos nominales y la primera los candidatos por lista, institucionalizando la práctica de las llamadas morochas, con anuencia del CNE

23 Movimiento V República (MVR) es el partido de Chávez. Unión de Vencedores Electorales (UVE) es la plataforma electoral oficialista utilizada para la promoción de candidatos nominales.


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e incluso del Tribunal Supremo de Justicia, donde se desestimaron las reclamaciones. La oposición no estructuró ninguna estrategia y se debatió entre participar o no. La abstención, como en el 2000, superó el 75%. La mayoría de los cargos quedaron en manos de la alianza oficialista. Las elecciones parlamentarias se realizaron en diciembre. Se debían elegir 167 diputados (el tamaño de la Asamblea es reducido, lo cual ya se ha mencionado que no favorece la proporcionalidad). El sector oficialista volvió a emplear la alianza MVR-UVE (morochas) para garantizarse la mayor cantidad posible de escaños y los obtuvo todos sin mayor dificultad, en virtud de la decisión de retirarse del proceso electoral por parte de los partidos de oposición en consonancia con las demandas de la sociedad civil. Los argumentos de la oposición se enfocaron a rechazar cambios en el proceso de votación automatizada con el uso de máquinas de identificación de huellas dactilares, que sembraron dudas sobre el secreto del voto. Por primera vez en la historia democrática del país, el parlamento quedó totalmente bajo control del partido de gobierno y sus aliados. Y ese parlamento tuvo todas las facilidades para nombrar autoridades del Poder Electoral y otros poderes. No hay que usar demasiada imaginación para suponer que los nombramientos sirvieron para favorecer vínculos entre los diferentes poderes y el poder ejecutivo.

El año 2006 cierra el primer ciclo de elección de autoridades dentro del primer período presidencial establecido en la nueva constitución del 99. El presidente se presentó a la reelección manteniéndose en el cargo, con todos los recursos del más alto gobierno (y del más bajo también, dados los resultados electorales de 2004 y 2005) a su disposición. Los principales partidos de oposición se organizaron para presentar como candidato común al gobernador del Zulia, dirigente del partido regional Un Nuevo Tiempo (UNT), Manuel Rosales. Hugo Chávez fue reelecto con el 62,8% de los votos. En este año 2006 también se realizaron comicios locales pendientes en Trujillo, Yaracuy y Miranda.

En 2007 no está prevista la elección de autoridades, no obstante se realiza un proceso comicial de gran impacto: se convoca un proceso electoral refrendario para aprobar o no la reforma constitucional promovida por el presidente24. De nuevo el país se encuentra inmerso en un proceso electoral que relega a segundo plano otro tipo de acciones y decisiones. El presidente somete a consideración un conjunto de modificaciones a la Constitución de 1999 que podría interpretarse como un intento de establecer constitucionalmente el proyecto de Estado socialista. El escrutinio y la comunicación de resultados fueron los puntos críticos del proceso; luego de cinco días 24 ¿Aprueba usted el proyecto de Reforma Constitucional con sus Títulos, Capítulos, Disposiciones

Transitorias, Derogatoria y Final, presentado en dos bloques y sancionado por la Asamblea Nacional, con la participación del pueblo y con base en la iniciativa del Presidente Hugo Chávez? Fue la pregunta que los ciudadanos debían responder.


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el CNE anunció la victoria del NO a los cambios en la constitución (con una votación que se ubicó ligeramente sobre 50%) como resultado irreversible “aunque aun faltaban actas por escrutar”. Y por primera vez en este siglo se percibió la posibilidad de que el oficialismo pudiera perder elecciones.

En 2008, en noviembre, se llevan a cabo las elecciones regionales para designar gobernadores, alcaldes y representantes a Consejos Legislativos estadales. Para estas elecciones, el CNE estableció una resolución para la paridad de género en postulación de candidatos que no llegó a tener impacto real en los resultados. El proceso electoral se complicó de manera importante por la intervención del Contralor de la República anunciando la inhabilitación política de posibles candidatos principalmente catalogados de oposición. En este proceso electoral se hicieron visibles corrientes políticas de disidencia frente al oficialismo, así como renuentes a agruparse con los partidos de oposición. Tanto del lado del oficialismo como del lado de la oposición se encontraron dificultades para establecer candidaturas que permitieran la concentración del voto. Del lado oficialista se optó por probar el mecanismo de las primarias (más elecciones: elecciones antes de las elecciones) con el apoyo y la supervisión del propio CNE. Del lado de la oposición se optó por trabajar para el consenso y solo efectuar primarias donde no fuera posible acordar cuáles serían los candidatos. Esto se realizó en Aragua con el apoyo de la ONG Súmate y en Táchira con el apoyo del CNE. Como resultado del proceso electoral, el oficialismo y sus aliados sumaron a nivel nacional el 52% de los votos y lograron con la concentración del voto obtener 17 de las 22 gobernaciones disputadas (en Amazonas no se eligió gobernador), asimismo, lograron obtener 272 de las 326 alcaldías (en 9 alcaldías no se eligió alcalde) así como la mayoría en los consejos legislativos excepto en los estados Zulia, Miranda y Nueva Esparta. La oposición, a pesar de haber alcanzado a nivel nacional el 42% de los votos, solo logró 5 gobernaciones y 54 alcaldías.

En 2009 no había proceso electoral previsto, pero igual se realizó una elección. En el mes de febrero, se convocó un referendo con miras a la aprobación de una enmienda constitucional orientada a permitir la reelección indefinida de todos los cargos de elección del poder público25. Con un nivel de abstención del orden del 30% se aprobó la enmienda con el 54,8% de los votos. Este año también se introduce otro elemento en el sistema electoral. En julio se aprueba la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPE) que deroga la LOSPP de 1998. En general mantiene el criterio de mayoría simple a una sola vuelta para elección de cargos ejecutivos a nivel nacional, regional y local. Pero para

25 ¿Aprueba usted la enmienda de los artículos 160, 162, 174, 192 y 230 de la Constitución de la República, tramitada por la Asamblea Nacional, que amplía los derechos políticos del pueblo, con el fin de permitir que cualquier ciudadano o ciudadana en ejercicio de un cargo de elección popular, pueda ser sujeto de postulación como candidato o candidata para el mismo cargo, por el tiempo establecido constitucionalmente, dependiendo su posible elección, exclusivamente, del voto popular?


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elección de cargos a cuerpos deliberantes, a efectos prácticos lleva la proporción de cargos a elegir por el principio de mayoría a nivel de 70% dejando solo un 30% para elegir por representación proporcional, además permite la manipulación de los circuitos electorales de manera que pueden favorecer a alguna tendencia política (práctica conocida como Gerrymandering), ya que autoriza al CNE para diseñar las circunscripciones electorales inclusive dividiendo municipios. Un análisis legal detallado de todas las implicaciones de esta ley se puede apreciar en el estudio de Manuel Rachadell26 donde concluye que esta normativa acentuará aun más la desproporción entre los votos que obtienen las organizaciones políticas y los puestos que se les adjudican.

Las modificaciones al sistema electoral realizadas en este año 2009 pueden constituir un nuevo punto de inflexión en el proceso de transformación del sistema político. La posibilidad de reelección indefinida junto con la extensión del principio de mayoría y la permisividad para adaptar las circunscripciones a los intereses de una tendencia política parecen señales inequívocas de una tendencia hacia el autoritarismo que busca reducir al máximo las posibilidades de existencia y participación de una oposición con probabilidades reales de acceso al poder, en otras palabras, una tendencia a eliminar la opción de alternabilidad de grupos políticos en el gobierno. No parece casual que uno de los slogans recurrentes de las campañas oficialistas sea el “no volverán”, aludiendo a los liderazgos despectivamente identificados como puntofijistas.

Para 2010 estaban previstas las elecciones parlamentarias que se realizaron mediante aplicación de la LOPE. De los 165 diputados a elegir para Asamblea Nacional, solo 52 (30%) serán adjudicados por representación proporcional. El partido oficialista llevó a cabo elecciones (más elecciones) primarias para escoger a sus candidatos nominales en todo el país, los candidatos por lista fueron designados por autoridades del partido. La alianza opositora solo realizó primarias en ocho estados donde no logró consenso. Los resultados son una nueva demostración de los efectos desfavorables a la proporcionalidad.

Recordamos que esto no es malo o bueno sino en relación con el valor que se le otorgue a la proporcionalidad. Recordamos también que en Venezuela la valoración de la proporcionalidad había sido alta como reconocimiento a la diversidad política que se pretendió desarrollar después de superar los regímenes dictatoriales. De nuevo ese año la coalición oficialista (en esta ocasión PSUV-PCV) con el 48,1% de los votos se adjudicó 98 diputados (59%); la alianza de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) con el 47,2% de los votos solo obtuvo 65 diputados (39%); los 2 diputados restantes fueron para el PPT. Una diferencia tan grande en porcentaje de puestos con una tan pequena

26 Manuel Rachadell El sistema electoral en la Ley Organica de Procesos Electorales. Revista Provincia N° 23 enero-junio pp. 127-155. 2010


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en porcentaje de votos, no es tema de campaña ni de voluntad de los electores, es una consecuencia del diseño del sistema electoral que utiliza con predominio el principio de representación por mayoría (aparte de otras distorsiones como la participación directa del presidente en la campaña electoral y el uso de diversos recursos públicos a favor de los candidatos oficialistas, o la permisividad ante el uso de técnicas como la reconstrucción interesada de circuitos electorales para favorecer candidatos). Se confirma que la LOPE, lejos de aportar soluciones, viene a agravar el problema.

Para 2012 estaban previstas las elecciones presidenciales y las elecciones regionales. Las presidenciales se convocaron para el mes de octubre. El presidente, con el apoyo del llamado Gran Polo Patriótico (GPP), se presentó a reelección nuevamente. La oposición organizó elecciones primarias para seleccionar un candidato único siendo elegido Henrique Capriles, gobernador del estado Miranda (también se seleccionaron candidatos a gobernadores y alcaldes). El presidente logró su reelección con el 55% de los votos. Ni la legislación, ni las instituciones electorales, ni la opinión pública impidieron que una vez más el candidato presidente utilizara a su favor los recursos gubernamentales. Las elecciones regionales se celebraron en diciembre pero solo para gobernadores y consejos legislativos, pues se separaron las elecciones de alcaldes y las programaron para abril de 2013 sin mayores explicaciones acerca de las razones de esta separación, una arbitrariedad más para sumar a la cuenta de un sistema político que luce incapaz de frenar el autoritarismo del presidente. Los candidatos a gobernadores del oficialismo fueron designados por el presidente reelecto. Los resultados otorgan al GPP 20 gobernaciones, en tanto la MUD alcanza solo 3 a pesar de obtener un porcentaje de votos cercano al 45%. Aparte del fuerte efecto arrastre de la elección presidencial que probablemente impactó al electorado, estos resultados reflejan diversas distorsiones operando en el proceso electoral, en su mayoría relacionadas con el ventajismo practicado por los candidatos del oficialismo, pero también con la debilidad de la autoridad electoral para imponer el cumplimiento de las disposiciones regulatorias de la campaña electoral, además se comenta abiertamente que los funcionarios públicos son objeto de presiones para que mantengan su fidelidad electoral con el gobierno, entre otros. Fue notoria, por ejemplo, la intervención del vicepresidente Nicolás Maduro llamando a votar por los candidatos del presidente en rueda de prensa, por lo cual solo recibió un llamado de atención por violar la ley electoral, pero ninguna sanción. El anuncio de los resultados produjo protestas y reclamaciones, pero quedaron sin respuesta.

El año 2013 trae nuevas complicaciones dada la enfermedad y la contingencia de la muerte del presidente anunciada a principios de marzo. El sistema electoral dispone de mecanismos para la realización de nuevas elecciones, las cuales se convocan para el mes de abril. El candidato del oficialismo no es otro que el vicepresidente Nicolás


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Maduro, a quien había designado el mismo presidente Chávez cuando anunció su viaje al exterior por enfermedad en diciembre anterior. Como si de una nobleza política se tratara, como si el tiempo hubiera retrocedido al caudillismo del siglo XIX, el heredero de la silla presidencial fue seleccionado por el gobernante en activo. El candidato de la alianza opositora es nuevamente Henrique Capriles. Maduro obtiene el triunfo con el 50,6% de los votos por una diferencia apenas superior a los doscientos mil votos sobre su contrincante, quien en primera instancia se negó a reconocer el resultado y pidió reconteo de votos. El CNE ofreció la revisión según sus procedimientos y para el mes de junio confirmó los resultados. Una vez más, la autoridad electoral echó en saco roto las denuncias sobre irregularidades en el proceso electoral en cuanto a uso indebido de recursos públicos y presiones sobre funcionarios para inclinar su voto. Las elecciones municipales (alcaldes y concejales) que se habían programado para abril, se realizaron en diciembre. La coalición oficialista obtuvo 256 alcaldías (76%) con el 48,7% de los votos; la alianza opositora obtuvo 81 alcaldías (24%) con 39,3% de los votos. No hubo modificaciones legales ni de carácter político en el sistema electoral ni en el proceso electoral, de manera que siguieron funcionando las mismas distorsiones mencionadas anteriormente.

Las elecciones parlamentarias de diciembre del 2015 marcan un cambio de tendencia en la hegemonía del oficialismo. La oposición recibe una votación en torno al 65% y obtiene 109 escaños. El oficialismo obtiene una votación en torno al 33% y se adjudica 55 escaños. Los 3 diputados de la representación indígena pueden jugar un papel importante en posibles alianzas. El sistema electoral no ha cambiado, pero sí la organización de la oposición para aprovechar la desproporcionalidad a su favor. Los resultados disgustan tanto al Gobierno que amenaza con desconocer el trabajo de la Asamblea y se generan nuevas tensiones entre poder Ejecutivo y Legislativo que no se habían observado por razones obvias desde que se inició el nuevo régimen constitucional en el 2000. El enfrentamiento entre poder Ejecutivo y poder Legislativo está en marcha. El Ejecutivo, con apoyo del Poder Electoral ha buscado reducir el impacto de la mayoría opositora en la Asamblea; utilizando el recurso de la acusación de fraude, trabaja en la anulación de la elección de los diputados electos por Amazonas. En 2016 se intentó activar un referendo para revocar al presidente Maduro, pero no prosperó por diversas trabas generadas en la institución que administra el poder electoral, lo cual puede interpretarse como una nueva muestra de que no existe en realidad el poder electoral imparcial y eficiente que dispone la Constitución.

Durante el 2016 se incrementa significativamente el enfrentamiento entre el Poder Legislativo por una parte, y el resto de los poderes apoyando al Poder Ejecutivo por la otra. Estando planteada la renovación de autoridades en el CNE por parte de la


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Asamblea Nacional, ya se truncó el proceso por intervención del Tribunal Supremo que en diciembre ratificó a las dos rectoras más cercanas al oficialismo, argumentando el retraso procesal de la Asamblea, además de promover el desconocimiento de sus actos por encontrarse en desacato a otras decisiones del Tribunal. En 2016 tampoco se llevaron a cabo las elecciones regionales correspondientes y siguen en sus cargos los funcionarios con sus períodos vencidos.

El 2017 viene cargado de una gran inestabilidad política aunada a las dificultades de una crisis económica sin precedentes en la historia contemporánea del país. En la agenda política se desarrolla el conflicto entre El Poder Ejecutivo y Legislativo y la tensión se expresa en las calles con participación creciente de la ciudadanía. La gravedad de la situación se incrementa con el tiempo de manera que el sistema político se enfrenta a la necesidad de recuperar la gobernabilidad y evitar que la violencia se lleve el trabajo de varias generaciones para la construcción de una democracia moderna.

Sigue planteándose a muchas voces la necesidad de reformar el sistema electoral27 en múltiples aspectos (en lo referente a principios de representación retomar tamaño de circunscripciones y tamaño de la Asamblea; conformación de la autoridad electoral y su independencia política y los límites a su discrecionalidad para fijar fechas electorales; reestructuración de los ciclos electorales y disminución de la cantidad de años electorales; retomar el financiamiento público de los partidos y aumentar las regulaciones sobre las campañas electorales) pero no parece factible que se realicen estas modificaciones “por ahora” dada la complejidad del conflicto entre las fuerzas políticas del gobierno y la oposición. Quizás si los oficialistas evalúan el castigo de la desproporcionalidad para el que se queda en minoría, se propongan motorizar reformas, quizás ahora que la oposición está descubriendo cómo aprovechar los beneficios de la desproporcionalidad no acepte hacer reformas todavía.

Por su parte, la autoridad electoral se ha plegado una vez más a los planteamientos del Ejecutivo y en lugar de convocar y organizar las elecciones regionales pendientes, ha consentido en el despropósito de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. ¡El gobierno anuncia su expectativa de elaborar una nueva Constitución! Las bases propuestas28 para la elección están fuera de todos los marcos normativos vigentes y, de 27 Instituciones como el Centro de Estudios Políticos de la UCAB, El Centro Carter, La Cátedra Libre

Democracia, Elecciones y Comunicación de la UCV, El Observatorio Electoral Venezolano y otras organizaciones de la sociedad civil, políticos, investigadores, docentes, han presentado diagnósticos y propuestas para la reforma del sistema electoral venezolano que deben tomarse en cuenta para mejorar este aspecto del sistema político.

28 El decreto que fija las bases para la elección de 540 constituyentes establece, entre otras cosas lo siguiente: “La ANC estará integrada por 364 miembros escogidos territorialmente, ocho constituyentes electos por los pueblos indígenas. Se elegirán también constituyentes sectoriales, cuyo número se elegirá del cociente entre el registro electoral de cada sector y el factor obtenido para calcular los constituyentes territoriales.


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aplicarse, trastocarían de modo significativo el sistema electoral sin que ello haya sido producto de una amplia discusión y acuerdo entre los sectores políticos, en todo caso denotan una clara intención de manipulación de todas las variables posibles para que la oposición no tenga igualdad de oportunidades en la elección de representantes. Esta jugada del Ejecutivo contribuye a desdibujar definitivamente la democracia. Una nueva constitución podría cambiar otra vez el período gubernamental de los distintos poderes y sacar del calendario no solo las elecciones regionales pendientes, sino también la elección presidencial que según la constitución vigente debería realizarse en 2018. La oposición en general ya habla de dictadura en Venezuela y quedan pocas dudas acerca de que está planteada la lucha por el retorno a la democracia.

4. Conclusiones

El período democrático entre 1958 y 1998 se puede catalogar como de “estabilidad en las reglas de juego” (Gutiérrez, 2007. p. 259) ya que a pesar de haberse hecho modificaciones en la ley electoral en siete oportunidades para la realización de 14 procesos electorales (elecciones presidenciales y locales), se trató de modificaciones menores que no implicaron un cambio de sistema electoral propiamente dicho. Básicamente, se trata de un sistema presidencial, con representación proporcional para cuerpos colegiados que tenía de fondo el objetivo de permitir la mayor capacidad de acceso a la interacción política a todas las fuerzas políticas con algún peso significativo en la vida del país, es decir, para permitir cauces institucionales de participación incluso a las organizaciones antisistema. A partir de 1993, con la aplicación de los mecanismos de elección nominal y elección por lista para representantes a cuerpos colegiados, se han estado introduciendo modificaciones legales prácticamente para cada elección, lo que da lugar a cierta inestabilidad en las reglas de operación del sistema electoral que incrementa

Esto quiere decir que se elegirá un constituyente sectorial por cada 83 mil electores del registro electoral sectorial. La Asamblea Nacional Constituyente tendrá una conformación unicameral y solo se elegirán representantes principales.

En el ámbito territorial, se producirá la elección de 364 constituyentes a la ANC conforme a la siguiente distribución:• Un constituyente electo por cada municipio del país, que serán electos de manera nominal,

de acuerdo al principio de representación mayoritaria. Todos los municipios van a tener un constituyente.

• Dos constituyentes en los municipios capitales de los estados, que serán electos mediante la modalidad lista, de acuerdo al principio de representación proporcional.

• En el municipio Libertador de Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, se elegirán 7 constituyentes, mediante la modalidad lista de acuerdo al principio de representación proporcional”.


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la incertidumbre en cuanto a los resultados de su aplicación y ello disminuye la confianza tanto del elector como de los candidatos.

Adicionalmente, para los procesos electorales de elección de Asamblea Constituyente en 1999 y megaelecciones de relegitimación en 2000, se crearon instrumentos legales extraordinarios, que conllevaron rupturas con la tradición electoral democrática que se había venido construyendo en el país. A pesar de las críticas recibidas, no hubo capacidad institucional para evitar que se realizaran estos procesos electorales tan importantes al amparo de instrumentos ilegalmente “legales” y ello revela que el sistema político no cuenta con la capacidad de generar “defensas” frente a presiones desestructurantes como las mencionadas.

El sistema electoral y el proceso electoral en la Venezuela del siglo XXI han sido intervenidos en muchos de sus aspectos fundamentales, sin que se haya dado en la sociedad un proceso de reflexión y acuerdo en cuando a la dimensión, dirección y conveniencia de tales cambios.

Las elecciones se convirtieron en el centro casi único de la actividad política, lo que ha desviado y disminuido la atención sobre otros procesos como la transformación organizativa del Estado y la evaluación y negociación de políticas públicas. Las interacciones políticas para el debate y el análisis quedan en suspensión a la espera de los resultados electorales, pero a cada proceso electoral ha seguido otro casi sin descanso.

A partir de 1999, el sistema electoral entró en una dinámica acelerada de cambios (no en los años electorales sino en todos los años) que transformaron su naturaleza. Ahora parece que su objetivo es inducir a la polarización y a disminuir como sea las posibilidades de participación de los que se consideran oposición. Se han hecho cambios de todo tipo. Ya no está claro en qué medida se valora el principio de representación proporcional que antes fuera punta de lanza para apoyar la gobernabilidad y garantizar la inclusión en la vida política de todos los grupos políticos significativos.

El principio de representación proporcional para la adjudicación de cargos a cuerpos colegiados ha pasado de aplicarse para el 100% de los cargos29 a aplicarse en promedio a solo 30% de los cargos y se observan porcentajes aun menores dependiendo de la circunscripción. El tamaño de la Asamblea se ha reducido, lo que ha mermado también las posibilidades de mayor proporcionalidad por disponibilidad de menor cantidad de cargos a repartir. Se ha eliminado el factor de corrección de proporcionalidad mediante la adjudicación de diputados adicionales a aquellas organizaciones que teniendo un número de votos definido como suficiente para tener un diputado no logran obtenerlo por las

29 El principio de representación proporcional permeó a toda la sociedad y se terminó aplicando en las elecciones en sindicatos, organizaciones estudiantiles y asociaciones de diversos tipos (Rachadell, 2007, p.230)


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fórmulas o reglas de decisión. Se ha dejado al arbitrio de la autoridad electoral el diseño de las circunscripciones electorales, lo que abre la posibilidad de que se pueda favorecer a una parcialidad política. Se han modificado una y otra vez los ciclos electorales uniendo y separando conjuntos de elecciones de manera que ya no queda claro cómo es el ciclo electoral. Se han eliminado las fechas fijas para convocar elecciones (antes siempre en diciembre) y ahora pueden ser en cualquier momento, lo que disminuye las posibilidades de planificación política equitativa, ya que solo los que están en los centros de poder tienen idea de cuándo se podían convocar elecciones, los demás deben esperar a los anuncios oficiales. Se ha eliminado el financiamiento público a los partidos, pero los grupos afectos al gobierno han contado con la posibilidad de usufructuar los recursos del Estado para sus campañas. Se han eliminado los representantes de partidos en la autoridad electoral asumiendo que la representación de intereses políticos solo puede ser negativa y ello no tiene por qué ser así (la realidad ha mostrado que los independientes también pueden cometer el error de dejarse influenciar para favorecer algunos intereses). El modo en que se designan actualmente las autoridades electorales no ha impedido que resulten nombradas personas totalmente parcializadas hacia la tendencia política gubernamental.

El tema del tamaño de la Asamblea no es en absoluto trivial. El mínimo establecido de 3 diputados30 para todos los estados aunque por población no les correspondan, ha distorsionado la relación del peso del voto y la población, especialmente entre los estados extremos menos y más poblados, lo que ha distorsionado la interacción de fuerzas políticas.

La buscada personalización del sufragio en realidad termina siendo nada más que una ilusión, ya que el liderazgo autoritario que viene siendo impuesto desde el oficialismo en los últimos 17 años hace extremadamente difícil desarrollar cualquier iniciativa que pueda disminuir la fuerza de la mayoría que se logra por concentración, excepto la misma estrategia de concentración. Los diputados, aunque sean electos por nombre y apellido, no responden al electorado, sino al líder máximo de la revolución que está construyendo el proyecto socialista, el que los nombra candidatos. Ya saben por amarga experiencia que los candidatos que intentan llegar al cargo por “iniciativa propia” no pueden más que jugar un papel de relleno en el proceso electoral.

El cálculo electoral para ganar un cargo ya no es tanto el resultado de buscar identificar las necesidades del electorado y elaborar una propuesta que le atraiga, ahora es un delicado trabajo de ingeniería electoral para encontrar el diseño adecuado de los circuitos en función de cómo se van a obtener los votos.

30 Recurso utilizado para paliar la eliminación de la Cámara del Senado, que garantizaba un mínimo de representantes a cada entidad federal.


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El sistema político hasta 1988 contó con un ciclo electoral de cinco años plenamente definido, de modo que con antelación estaba identificado el año preelectoral y el año en que se realizarían las elecciones. Un domingo de la primera semana de diciembre eran las elecciones. El proceso electoral se realizaba una vez hacia el final de cada período constitucional de cinco años para definir las autoridades del próximo período, y en un solo acto de votación se realizaba la escogencia de Presidente de la República junto con todos los cargos de los cuerpos deliberantes (senadores y diputados al Congreso Nacional, diputados de Asambleas Legislativas, concejales). Se criticaba a este ciclo que daba poca oportunidad a los ciudadanos de participar y que al ser un sistema presidencial esta elección arrastraba las preferencias del elector lo que afectaba las otras elecciones. En los sistemas democráticos se requiere organizar elecciones periódicas para la alternabilidad de autoridades, pero no hay un estándar de periodicidad. Hay lapsos recomendados para la duración de ciudadanos en los cargos (4, 5, 6 años) y recomendaciones sobre posibilidades de reelección (que pueden alargar o no estos periodos, según se permita o no la reelección a continuación del período, o pueden quedar incluso ilimitados si se permiten reelecciones indefinidas). Lo importante es que la duración del ciclo electoral debe ser conocida por los actores del sistema político y toda la ciudadanía, a fin de que puedan realizar las acciones estratégicas de carácter preelectoral, electoral y postelectoral que consideren necesarias para su actividad. En Venezuela, en virtud de la gran cantidad de elecciones de diversos tipos convocadas en las últimas dos décadas, se ha desdibujado el ciclo electoral, ya no está claro ni para la ciudadanía ni para los actores políticos cuándo deben ser convocadas las elecciones para qué cargos u objetivos (pues se han creado procesos electorales refrendarios para aprobar cuestiones o revocar funcionarios); la autoridad electoral tiene autonomía total para esto y es la única que define las fechas en función de criterios que pueden variar de elección a elección (y de interés a interés). El ciclo electoral se complicó al pasar de 1 a 3 años, además se desordenó por aplazamientos y cambios en las fechas previstas de los procesos eleccionarios (por ejemplo, los concejales y miembros de juntas parroquiales electos en 2005 en lugar de 2004, con lo cual los que se habían elegido en el 2000 estuvieron en el cargo 5 años en lugar de 4; las autoridades regionales que debieron elegirse en 2016 y aun no se sabe cuándo se podrán elegir).

La inestabilidad en la normativa y en los procedimientos electorales puede estar contribuyendo a la percepción de que la política electoral se está ejerciendo en un contexto que conlleva la competencia en condiciones de desigualdad (y se puede decir que es más que una percepción) con lo cual se puede estar contribuyendo a un incremento de inestabilidad política que puede llegar a salirse de control institucional y dar paso a la violencia política con consecuencias impredecibles.


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Si se acepta como dice el Manual para el Diseno de Sistemas Electorales referido, que éstos son probablemente las instituciones políticas más influyentes y su diseño es de crucial importancia para las más amplias cuestiones de gobernabilidad, la sociedad debe tomar consciencia de que las reformas al sistema electoral son un instrumento que puede favorecer o perjudicar el desarrollo de un sistema político en un momento determinado y por ello debe asumir esta tarea como una actividad de trascendencia histórica y no como un simple cambio de reglas de juego.

Es perfectamente factible que los actores políticos de la élite emergente que gobierna el país desde 1998 hayan modificado las reglas de juego electoral para adecuarlas a sus objetivos de generar polarización y conflicto, como mecanismos para la interacción política en sustitución de la negociación y el consenso que funcionaron desde 1958. La polarización política que se observa desde el 2000 en el sistema político puede ser un efecto asociado a la aplicación de los sistemas de mayoría y eliminación de compensación de proporcionalidad, la polarización política sirve a los intereses de quienes prefieren el manejo político por el conflicto antes que por el consenso. Recordamos que no se trata de un juicio sobre lo que es malo o bueno, sino de lo que es negociado y pactado o impuesto para el funcionamiento de una sociedad.

En los sistemas políticos donde a los electores les interesa que su voto valga, y donde hay diversidad de sectores que aspiran a verse representados en la vida política, no tiene sentido mantener el principio de representación por mayoría.

Nuestra cita en epígrafe quiere servir para llamar la atención al hecho de que en Venezuela se había construido un sistema electoral adecuado a sus objetivos de modernización política, y habiendo encontrado el camino, dejó de ver dónde estaba para lanzarse a una serie de experimentos electorales que han resultado una verdadera Caja de Pandora. Se requiere ahora un ejercicio sostenido y organizado de madurez sociopolítica para revisar si en verdad queremos seguir en el camino de regreso a la personalización de la política para que nos mande el comandante tal o cual en lugar de un presidente constitucional, si queremos que los militares sigan teniendo preeminencia sobre los civiles a cuenta solo de que son militares, o si queremos un país con diversidad, alternabilidad, respeto, valoración y espacio para todos los grupos políticos. Esto pasa por lograr (entre otras cosas, claro está) conquistar de nuevo un sistema electoral que nos permita estar presentes a todos y no solo a los que se vuelvan más fuertes (con buenas o malas prácticas).

En el gráfico que se presenta a continuación se puede apreciar que la tendencia de las democracias modernas es hacia adoptar sistemas electorales fundados en el principio de representación proporcional.


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La información publicada en el website de IDEA en noviembre de 2016 que se muestra en el gráfico, revela, para un total de 182 países observados, que más de la mitad (53%) utilizan un sistema electoral bajo el principio de representación proporcional. Ello parece indicar que en estas primeras décadas del siglo XXI la representación proporcional cuenta con un mayor número de preferencias entre los países democráticos.

Estamos a tiempo de revisar y corregir.

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Hegemonía y control sobre la comunicación masiva. El modelo chavista

anDrés cañizález

1. Introducción: el otro no existe (comunicacionalmente)

Entre septiembre y octubre de 2016, con escasas semanas de diferencia, tuvimos en Venezuela hechos concretos que evidencian cómo opera en la vida política cotidiana el modelo de comunicación, que para el chavismo significa potenciar la voz oficial e invisibilizar al otro, al que considera enemigo más que adversario.

Hace ya algunos años Marcelino Bisbal, para un libro en el que tuve honor de participar, logró sintetizar en qué consistía esta estrategia oficial: hegemonía y control comunicacional (Bisbal, 2009). Este modelo se implantó en el gobierno de Hugo Chávez y fue cónsono con su política y popularidad entre los más pobres, en lo que bautizamos como “Presidencia mediática” (Cañizález, 2012). Luego el modelo formó parte del legado del comandante y ha sido una eficaz herramienta en manos de un presidente de baja aceptación popular, como es el caso de Nicolás Maduro.

Sintéticamente, el modelo comunicacional del chavismo se ha caracterizado, entre otras cosas, por: a) una arquitectura legal para regular a los medios de comunicación privados; b) manejo partidista de los entes encargados de la veeduría oficial como es el caso de Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel); c) el uso excesivo de las cadenas nacionales de radio y televisión; d) el carácter propagandístico que le dio a los medios administrados por el Estado, junto a la expansión numérica del aparato mediático gubernamental.

En la práctica este modelo se aplica según sea la circunstancia y las necesidades del régimen. Veamos brevemente estos hechos, para ejemplificar de entrada los efectos que tiene este modelo en la vida política y social de Venezuela.


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Hegemonía y control sobre la comunicación masiva. El modelo chavista.

Es 26 de septiembre de 2016. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha anunciado con bastante antelación y de forma muy notoria que ese día al mediodía le dará un mensaje al país en torno al referendo revocatorio. La MUD se dispone a reiterar que se mantiene en el terreno de la lucha democrática y electoral, pese a todas las trabas impuestas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a la activación de un referendo revocatorio del mandato presidencial. Habla, ese día, el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Chúo Torrealba. Solo un canal de televisión abierta se atreve a transmitir lo que es a todas luces la gran noticia del día. Han transcurrido dos minutos escasamente de la intervención de Torrealba y aparece el mensaje de que los medios de radio y televisión del país, de forma obligatoria, deben irse a una cadena con el presidente Nicolás Maduro. El uso, a todas luces, desmedido de los recursos comunicacionales ha sido una característica del chavismo.

Es 23 de octubre de 2016. En día domingo de forma excepcional ha sido convocada la Asamblea Nacional de Venezuela para comenzar a discutir lo que ya se denomina como la ruptura del hilo constitucional en Venezuela. En medio de la sesión irrumpe violentamente un grupo de chavistas, de forma confusa en este acto aparece el alcalde de Caracas y líder del chavismo Jorge Rodríguez. La televisión internacional, da cuenta de este hecho, en algunos casos con transmisiones en directo. Ningún canal de televisión venezolano lo transmitió. La política chavista en materia comunicacional ha logrado implantar la autocensura como modelo de negocios, especialmente para los canales privados de televisión. Después de varios años de presiones, cortapisas y multas, ya los medios audiovisuales no necesitan recibir una llamada telefónica de Conatel para saber qué deben dejar de transmitir.

Es 30 de octubre de 2016. Después de muchas idas y vueltas se instala un espacio de diálogo entre gobierno y oposición. Se trata de un hecho relevante para la vida nacional, pero no se decreta una cadena nacional de radio y televisión, el régimen opta por limitarlo a la señal de Venezolana de Televisión, medio en el cual le da el encuadre favorable a sus intereses. El locutor en off, mientras está por instalarse la mesa, se pasea por diversos hechos del “golpismo” encabezados por la “derecha”, a la que se le acusa de todos los males del país.

Los medios administrados por el gobierno son la antítesis de medios públicos, son sencillamente aparatos de propaganda. En la mesa de diálogo se aboga por moderar el lenguaje político para favorecer el entendimiento nacional, se trata de letra muerta en el caso de un canal como VTV, junto a otros tanto del ahora abultado sistema de medios gubernamentales.

En medio de todas estas acciones concretas en el campo comunicacional, entre septiembre y octubre de 2016, el presidente Nicolás Maduro además designa el 21 de


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octubre de 2016 al frente de Conatel a Andrés Eloy Méndez, cuya hoja de vida tiene este dato destacado: no tiene experiencia alguna en el terreno de medios de comunicación y fungió como Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde). Debe recordarse que Méndez se desempeñó fieramente persiguiendo al comercio privado entre agosto de 2014 y mayo de 2015. Su nombramiento confirma el carácter de orden controlador que tiene Conatel, desdibujándose la condición de ente técnico con el que fue creado.

El 11 de diciembre de 2012 Nicolás Maduro emitió su primera cadena, siendo en ese momento vicepresidente ejecutivo y jefe de Estado en funciones. Tres días antes, también en cadena, Hugo Chávez había delegado el poder en él, siendo la última vez que se vio con vida en una transmisión televisiva al presidente que había sido reelecto para un nuevo período (Morales, 2016).

2. El presidente es el mensaje

Como lo señala el experto Roberto Izurieta (2005), de la George Washington University, “el principal recurso de comunicación de los gobiernos es el presidente. Y el mejor recurso de comunicación del presidente es acudir directamente al público” (p. 206); dicha comunicación directa entre gobernante y gobernados tiene diversos matices según sean las cualidades mediáticas de los jefes de Estado y la relación que establezcan con el sistema de medios de su país. Para este autor, los mandatarios tienen esa plataforma de comunicación directa con los ciudadanos en diversas oportunidades: “el discurso anual ante la nación, ceremonias, viajes, toda clase de discursos y en el caso de los Estados Unidos los sábados por la radio” (p. 206). Esta última práctica es una suerte de herencia que viene de generación en generación, entre los presidentes estadounidenses, desde que Franklin Delano Roosevelt introdujera sus Fireside Chats. Roosevelt tuvo un enorme olfato en materia de comunicación política, lo cual lo llevó no solo a establecer estos diálogos radiales con el ciudadano de a pie, sino que también abrió las puertas de la Casa Blanca para que los estadounidenses le contaran al presidente sus problemas y demandas, a través de cartas y telegramas.

Paralelamente Roosevelt le dio un vuelco a la oficina de información pública que había creado Woodrow Wilson en la Casa Blanca, pues estableció redes de distribución de artículos de prensa entre centenares de periódicos regionales o locales, lo cual fue –en su momento– una formidable campaña de comunicación política gubernamental: “para finales de su administración, los publicitarios del gobierno enviaban mil artículos de prensa aproximadamente al mes, escritos por expertos ex periodistas, con su estilo y formato, que necesitaban pocos o ningún cambio” (Vega, 2005:142). Como precisa


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Izurieta, la imagen de un diálogo directo entre gobernante y gobernados se reforzó con la llegada de la televisión, entrando así en la era de la imagen. Marcó un hito el mensaje de Nixon, como vicepresidente, en el año 1952 conocido como Checkers Speech; fue dado directamente en cadena de televisión, “del cual se dice que salvó su carrera política en ese momento, es considerado como el inicio de la práctica y tendencia de los presidentes de acudir directamente al público sin hacerlo a través de los periodistas” (Izurieta, 2005: 206).

La discusión sobre cuál es el rol de un mandatario en materia comunicacional no es asunto exclusivo de los últimos años, o de la particularidad de Venezuela con un presidente como Hugo Chávez que, además de su maratónico programa dominical Aló, Presidente realizó frecuentes y prolongadas cadenas nacionales de radio y televisión, de transmisión obligatoria por el sistema radioeléctrico del país. Modelo al cual ha dado continuidad su sucesor, Nicolás Maduro. El rol comunicacional de un presidente ya era abordado por el mandatario estadounidense Harry Truman (1945-1953), en una carta que dirigió a su hermana: “Bien, todo lo que un presidente es, es un gran relacionador público que pasa todo su tiempo halagando, saludando y empujando a la gente a hacer cosas que se supone que deberían hacerlas de todas maneras” (Izurieta, 2005: 216). La sociedad moderna, marcada por el auge de los medios masivos, refuerza este sello comunicativo que tiene por sí misma la presidencia de una nación. Para Izurieta (2005: 216), “es difícil saber si la labor de un presidente se medirá por su capacidad retórica (o relaciones públicas) o por su gestión. Hasta ahora la evidencia dice que será por ambas”.

A juicio de este experto en comunicación política, el tiempo que presidentes y ministros exitosos dedican a los medios de comunicación sobrepasa las 15 horas a la semana, sin incluir los viajes fuera de la capital o al exterior en los cuales es una práctica común que el mandatario viaje acompañado de periodistas y medios de comunicación. De acuerdo con un informe de la Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), “muchos presidentes organizan su agenda de trabajo diario en función de los medios de comunicación” (Izurieta, 2005: 216). Al tiempo de contactos directos con la prensa o de apariciones públicas, debe agregarse el tiempo que el presidente, junto a su equipo de colaboradores, invierte en analizar “cómo poder comunicar una política, o si asumir o no una política de estado porque pueda o no pueda ser comunicada correctamente al público” (Izurieta, 2005: 216). Para este experto, que se apoya en la revisión de informes y documentos de otros autores como Samuel Kernell o Philip Lesly, “un presidente emplea la mayor parte de su tiempo haciendo relaciones públicas”. Según el seguimiento que hemos hecho a las apariciones públicas del presidente Nicolás Maduro en televisión durante 2015, bien sea en cadenas de radio y televisión o en las alocuciones transmitidas por Venezolana de Televisión, en promedio


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el mandatario está dos horas diarias frente a las cámaras, al dividir el total de sus horas de transmisión entre los 365 días del año (Cañizález, 2016).

3. La hegemonía como propuesta oficial

Al trasladar a Venezuela esta idea de que el presidente de un país en sí constituye el mensaje de la comunicación oficial, es necesario revisar el uso que le dio el presidente Hugo Chávez al espacio de medios privados y estatales, con hechos y cifras sin precedentes en la historia democrática del país. Desde el discurso oficial se cuestionó el rol político en los medios de comunicación privados, pero de forma simultánea se potenció lo que denominó el entonces ministro Andrés Izarra, en enero de 2007, como la hegemonía mediática del Estado, que justamente lleva al terreno de los medios la acción política y gubernamental (Weffer, 2007).

El número de medios televisivos administrados por el gobierno aumentó significativamente a partir del año 2004. De una sola señal, Venezolana de Televisión, se pasó a siete: Venezolana de Televisión, TVES, Vive, ANTV, Ávila TV y Telesur (con dos señales, una nacional y otra internacional). El Estado potenció tres circuitos radiales con carácter nacional (Radio Nacional de Venezuela, YVKE Mundial y Rumbos) y “más de 250 emisoras comunitarias, la mayoría de las cuales son meras repetidoras de la línea oficialista” (Petkoff, 2010, p. 1), a todo ello se suman tres diarios financiados por los fondos públicos: Vea, El Correo del Orinoco y Ciudad CCS. A juicio de Teodoro Petkoff (2010), editor del diario Tal Cual, la estrategia de establecer una hegemonía comunicacional tiene dos vertientes por un lado, establecer “un desmesurado aparato comunicacional del Estado”, que era manejado discrecionalmente por el presidente Chávez (y luego por Maduro), junto con otra línea “de aplastar a los medios independientes” (p. 1).

Con el apoyo de un texto de Marcelino Bisbal, hicimos un recuento sucinto de las principales tendencias que en materia de política comunicacional llevó adelante el gobierno de Chávez, y que luego han formado parte de su legado: construir la hegemonía mediática. Se trata de una decena de acciones sostenidas en el tiempo:

Uso indiscriminado de las cadenas por parte del presidente; menciones denigrantes o intimidatorias contra periodistas y propietarios de medios; agresiones contra reporteros y camarógrafos; ataques directos contra instalaciones de medios; uso de recursos administrativos como medidas de presión; desatención de las medidas cautelares a favor de comunicadores emanadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; retiro de la publicidad oficial a aquellos medios que son críticos con el gobierno; falta de acceso a la información pública; sesgo informativo en los medios del Estado (Bisbal, 2006: 63).


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Diez años después, el propio Bisbal recapitula la continuación del modelo ahora bajo un nuevo mando. “El presidente Maduro seguirá haciendo un uso intenso de la televisión y su discurso es de abierta confrontación hacia los medios y sus periodistas” (2016: 378), pero el nuevo capítulo del régimen a partir de 2013 ha contribuido a reconfigurar el sistema de medios con acciones hasta ese momento desconocidas, como apunta el mismo autor: “la estructura de propiedad de algunos medios, de alcance y circulación nacional, ha sufrido cambios no solo con el traspaso de su propiedad, sino que en ese traspaso no ha habido claridad en quiénes son realmente los compradores-nuevos dueños del medio” (Bisbal, 2016: 378).

Un cambio de propiedad emblemático ha sido el canal de noticias Globovisión. Fue la primera transacción de compra-venta de medios, se acordó en momentos en que el país estaba en shock al confirmarse la muerte de Chávez, y tuvo lugar como resultado evidente de varios años de asedio contra el medio. Una vez concretada la venta, el canal de noticias dio un giro radical en su línea editorial (Cañizález y Hernández, 2016).

Según la periodista e investigadora Silvia Cabrera (2010), en materia de medios audiovisuales en Venezuela se ha producido una metamorfosis de un sistema mixto-inauténtico a uno de corte mixto autoritario. El mixto anterior al chavismo resultaba inauténtico dado el duopolio que mantenían sobre el sistema de medios los dos principales grupos: 1BC (RCTV) y Cisneros (Venevisión), tal como sosteníamos hace más de 25 años (Cañizález, 1991). El actual modelo, según Cabrera, sigue siendo mixto, dada la notable presencia de la propiedad privada en materia mediática, pero los rasgos autoritarios del régimen chavista le dan una condición de no libre a la comunicación y el ejercicio del periodismo, también como lo ha sostenido la entidad Freedom House (2016).

De acuerdo con diversos monitoreos de medios, los canales oficiales han tenido un evidente sesgo político, que incluso podría catalogarse de discriminación política, siendo que pese a ser bienes del Estado, y por tanto públicos, invisibilizan a una parte de la sociedad venezolana por no comulgar esta con el proyecto de la “revolución bolivariana” que encabezara Hugo Chávez. Un estudio realizado ya en el año 2004 por el investigador Bernardino Herrera del Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela (Ininco-UCV) comprobó que más del 70 por ciento de un día de programación regular de VTV, la principal señal estatal, estaba formada por información-opinión sesgada, propaganda partidista-gubernamental y la repetición de las alocuciones presidenciales (Cañizález, 2008: 69). Entretanto, al cumplirse un mes de la aparición de TVES, en 2007, el canal oficial que sustituyó a RCTV en la señal del canal 2 de la televisión abierta con la promesa de que se establecería una televisora


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de servicio público, un análisis de dos días de programación demostraba que se había sumado un nuevo espacio para el modelo comunicacional del gobierno:

El gobierno nacional utiliza este canal con la finalidad de propagar su doctrina política a través de los informativos, promociones y propaganda de instituciones públicas. Estas propagandas, que se repiten incesantemente durante toda la programación, persiguen fomentar el adoctrinamiento político de la población, además de exacerbar el culto a la personalidad de Chávez (Hernández, 2007: 28).

Pero más allá de la consolidación de un aparato mediático estatal, sin precedentes en la historia democrática de Venezuela, el presidente Chávez gobernó desde la dimensión mediática, y su sucesor le dio continuidad a esa práctica. Según las cifras recogidas por Reporteros Sin Fronteras, entre el 2 de febrero de 1999 y el 31 de diciembre de 2008, el presidente Chávez habló en cadena nacional de radio y televisión durante 1.179 horas, lo cual era el equivalente a 49 días ininterrumpidos de intervenciones (Reporteros sin Fronteras, 2009). En dicha suma no estaban incluidas las horas que salió al aire el programa Aló, Presidente, pero se estima un número similar que las cadenas, aunque solo se transmitía por la red oficial de medios. Durante sus alocuciones televisadas el presidente no solo realizaba anuncios, sino que tomaba decisiones espontáneas de gobierno, cambiaba su tren ministerial, reprendía a sus colaboradores, delineaba las estrategias políticas de su partido, adoctrinaba a sus seguidores, entre otras tantas acciones desde la plataforma mediática. La sobreexposición televisiva de Chávez, sin embargo, parecía ir a contramano de las recomendaciones de expertos en materia de comunicación política: “no se debe abusar de las cadenas políticas pues el público se cansa y pueden terminar siendo contraproducentes” (Izurieta, 2005: 206).

Una característica del modelo de comunicación oficial fue lo que denominamos como decisionismo mediatico (Cañizález, 2012). La toma de decisiones en política pública sucedían (con Chávez, y suceden luego con Maduro) en una especie de show televisado, en el que parecen prevalecer la urgencia y el efectismo por encima del análisis de alternativas e impacto real de las determinaciones oficiales. Acá un ejemplo de cómo opera este modelo, se trata del programa Aló, Presidente número 201:

Estudiante Darwin: Sabe, que no contamos sino con una sola unidad de autobuses, en el colegio Universitario de Caracas.

Presidente Chávez: Carrizales, estás oyendo, tienen un solo autobús. Miren tienen ustedes la suerte de que tengo al frente y lo tengo referido, a un buen hombre, un buen amigo y un gran trabajador, el coronel Carrizales, es el ministro de Infraestructura.

Estudiante Darwin: Contamos con un solo autobús, presidente, entonces, tenemos casi seis mil seiscientos estudiantes, y necesitaríamos de este apoyo, en verdad presidente.


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Presidente Chávez: El ministro te va a saludar, Darwin, conversa con él.

Ramón Carrizales: ¿Cómo está, Darwin?

Estudiante Darwin: ¿Cómo está, ministro?

Ramón Carrizales: Mira, cuándo puedes pasar por mi oficina, para que revisemos la situación del transporte allí.

Estudiante Darwin: Cuando usted diga, señor ministro. Si es posible mañana mismo.

Ramón Carrizales: Mira, a la sede de Minfra, en Parque Central en la Torre Este. Te puedo esperar mañana a las diez de la mañana.

Estudiante Darwin: A las diez de la mañana. Okey, señor ministro, allá estaré.

Asistentes: Aplausos.

Presidente Chávez: Mira. Gracias a Carrizales. Mira Darwin, cuántos autobuses crees tú que hacen falta allí

Estudiante Darwin: Diez autobuses presidente.

Presidente Chávez: Diez autobuses, bueno, llévale mañana al ministro, la solicitud, una carta firmada, para que él luego me lo pase, me pase la solicitud, cuenten ustedes con esos autobuses, Darwin, diles eso a los muchachos, a los estudiantes.

Estudiante Darwin: Se lo comunicaré

Presidente Chávez: Autobuses además modernos, nuevos, con aire acondicionado como tiene que ser. ¿No, Ramón? (Chávez, 2004: 58- 59).En buena medida, y también en un hecho sin precedentes en Venezuela y en los países

democráticos de América Latina (en Cuba durante los años 60 y 70 el presidente Fidel Castro también hizo un uso intensivo de los medios), el presidente Chávez literalmente gobernó desde lo mediático. Cabe hacer un paréntesis para recalcar que con el Aló, Presidente y sus cadenas “Chávez se ha convertido allí en una especie de showman que canta, recita, cuenta anécdotas de su vida” (De la Nuez, 2002, p. 29); pero además con rasgos de personalidad, como lo han establecido algunos estudiosos, que evidenciaron públicamente un marcado narcisismo y una notoria tendencia a usar el pronombre personal en primera persona, se trata del “yoísmo” discursivo del presidente Chávez (Koeneke, 2002: 73). La investigación realizada por Adriana Bolívar en 1999 analizando la alocución en la toma de posesión del jefe de Estado venezolano, comparado con sus predecesores (Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera), evidenció un uso más extendido del pronombre personal en primera persona que el de otras formas pronominales. Así en su instalación como jefe de Estado Chávez lo usó en 44,8 por ciento, mientras que Pérez


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en 20,7 por ciento y Caldera en 29,4 por ciento (Bolívar, 1999 cp. Koeneke, 2002: 73). En una investigación propia determinamos que el 60 por ciento de frases del presidente Chávez, referidas a políticas públicas, tenían al “Yo” como actor de la acción (yo decidí, yo ordené, etc.), a lo que suma otro 14 por ciento de frases en las que el extinto presidente hacía mención a Chávez, es decir a sí mismo, en tercera persona (Cañizález, 2012).

No puede pasarse por alto lo señalado por Bolívar (1995) en relación con el uso de los pronombres personales en la arena política. Citando a Wilson (1990 cp. Bolívar, 1995: 95) la entonces primera ministra de Gran Bretaña, Margaret Thatcher, usaba el “yo” fundamentalmente en tres tipos de ocasiones: 1) para contar anécdotas y establecer rapport con sus interlocutores, 2) para expresar “sinceridad”, y 3) para expresar cuestiones positivas; mientras que el uso de “nosotros” aparecía asociado con organizaciones, personas y conceptos. En tanto que los resultados con otros políticos, igualmente analizados, indican que el uso de “nosotros” puede favorecerse exclusivamente para indicar conceptos abstractos, relacionados con los ideales, la fuerza, la justicia y las creencias. Asimismo, análisis lingüísticos indican que es mayor la frecuencia en el uso de la primera persona singular (“yo”) en el discurso hablado que en el escrito (Chafe, 1982 cp. Bolívar, 1995: 95). En el caso de Venezuela, sin embargo, coincidimos con Koeneke en ubicar este “yoísmo” en el terreno narcisista (Koeneke, 2002: 73).

En no pocas ocasiones, durante su largo mandato, el jefe de Estado dictó pautas, anunció decisiones y cambió estrategias estatales que parecían tomar por sorpresa incluso a sus más cercanos colaboradores. Esto, desde nuestra perspectiva, representa una tendencia oficial, que en particular recae sobre la figura del presidente: muchas decisiones que impactan la política pública no responden necesariamente a los planes y programas previamente diseñados; las decisiones parecen inscribirse en la lógica de una puesta en escena televisiva, en la cual el conductor del espacio (el presidente Chávez) tenía un enorme poder para variar el libreto, hacer anuncios y tomar decisiones sin que estuviesen previamente consensuadas dentro del equipo de gobierno. Fue notable el personalismo en la Venezuela bajo la égida de Chávez y su escenario natural de exposición resultó ser la pantalla chica. Desde el espacio mediático en el cual se tomaron decisiones de envergadura para la vida nacional, y desde lo simbólico se construyó la acción de gobierno. Como hemos indicado, el presidente Maduro “heredó” prácticas y aparato comunicacional, pero su falta de carisma e improvisación han terminado por convertir algunos de sus mensajes en objeto de burla. El país transitó de una versión autóctona de la película The Truman Show, con Chávez, a estar a partir de 2013 bajo la conducción de Maduro en “una realidad que se asemeja más al título de una famosa balada de los años 90: Barco a la deriva” (Morales, 2016: 433).


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4. Restricciones y coerción como políticas para los medios

A partir de lo señalado en los primeros párrafos de este artículo, en relación con el balance de lo ocurrido en Venezuela en la compleja relación entre medios y gobierno, así como el aspecto desarrollado referido a la generación de políticas públicas de comunicación, se puede señalar que en el país durante el gobierno de Hugo Chávez no existieron políticas públicas –tal como se les entiende en la actualidad– orientadas al campo de la comunicación.

Se implementaron, desde el ejecutivo, un conjunto de acciones y decisiones oficiales, que no les dieron respuesta a problemas concretos de los ciudadanos en relación con los medios de comunicación, sino que tuvieron por finalidad crear un cerco legal-institucional para restringir la libertad de expresión, con impacto directo sobre el trabajo de medios y periodistas, y teniendo como fin último hacer invisible a la disidencia.

Estas decisiones oficiales, por otro lado, tampoco fueron el resultado de un espacio de discusión democrática y plural, ni estuvieron precedidas por una genuina consulta ciudadana. El Estado bajo la égida de Chávez asumió sus decisiones de forma unilateral, para sancionar a los medios privados de comunicación, y tampoco desarrolló un plan coherente para hacer de los medios estatales unos espacios de servicio público, y al mismo tiempo usó de forma discrecional el espectro radioeléctrico (un bien de todos, según la Unesco) con el mecanismo de las cadenas presidenciales. Todos estos signos ratifican la vocación oficial en la materia, una hegemonía comunicacional oficial. El presidente Maduro dio cabal continuidad a estas acciones ya implantadas bajo el gobierno de Chávez.

La Figura 1 elaborada a partir de las diferentes aristas que plantea Marcelino Bisbal (2006) como dimensiones que caracterizan a la hegemonía comunicacional, muestran una operación sostenida y desde diferentes ámbitos por parte del gobierno de Hugo Chávez para cercar y restringir la labor de medios y periodistas en Venezuela.

Al verlas en su conjunto, tales tendencias evidencian una acción mantenida en el tiempo por parte de diferentes dependencias oficiales, a lo cual se sumó lo que era un recurrente discurso público por parte del presidente Chávez, que enjuiciaba a los comunicadores.


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Figura 1. Mapa conceptual de las principales tendencias de la hegemonía mediática en Venezuela (elaboración propia).

El caso del cese de la señal abierta del canal RCTV en 2007 evidenció la forma en que el máximo tribunal del país, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al no gozar de independencia, terminó allanando no solo una decisión discriminatoria para castigar la línea crítica de este medio, sino que también avaló la toma de equipos e instalaciones que pertenecían a este canal, para que comenzara a operar la señal oficial de TVES. El TSJ, como también lo ha demostrado con decisiones en otros ámbitos de la vida nacional, terminó siendo un operador judicial del régimen, en su afán de control. Se trató de una suerte de “prestamo forzoso” sin que mediara una indemnización o compensación, mientras que los diferentes recursos introducidos por el medio sencillamente fueron desatendidos o respondidos de forma extemporánea (Cañizález, 2008). La evaluación que hacen reconocidas entidades como Freedom House, con su índice de libertad de prensa en el mundo, o Reporteros sin Fronteras, con su ranking anual en la materia, evidencian de forma coincidente lo ya señalado en relación al impacto negativo que tiene


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sobre el sistema de medios y el periodismo, y por tanto sobre la democracia venezolana, esta política de instaurar una hegemonía comunicacional por parte del régimen chavista. En el proceso de desligar a Venezuela del sistema interamericano de derechos humanos, una de las últimas decisiones presidenciales de Chávez, se conoció a inicios de 2013 que la Corte Interamericana de Derechos Humanos aceptó la demanda contra el Estado venezolano por el caso del cese de la señal del canal crítico RCTV.

El análisis de RSF sobre la situación del país evidencia un punto de quiebre notable en el año 2007, que se relaciona con el cese de la señal abierta de RCTV. No puede obviarse que la decisión de no renovar la concesión a este medio, en castigo a su línea editorial crítica (Correa, 2007), la anunció el presidente Chávez a pocas semanas de su reelección en diciembre de 2006, en un momento estelar de su gobierno, debido al significativo número de votos que obtuvo para un nuevo período presidencial de seis años.

Ese punto de quiebre vivido en 2007 parecía ser, desde el punto de vista político, una consecuencia de la alineación mediática privada en el contexto de los sucesos de abril de 2002 y posteriormente con el llamado paro petrolero de fines de ese año e inicios de 2003. El tema de la información y la necesidad de un reajuste en el ecosistema mediático precedieron, sin embargo, a la crisis político-institucional del período 2002-2003. En el programa de políticas públicas Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, dado a conocer en septiembre de 2001, ya se establecían algunas pautas en relación con la necesidad de impulsar “la información veraz y oportuna” (p. 108). De acuerdo con el documento, los medios debían convertirse en “instrumentos estratégicos de la democracia participativa” (República Bolivariana de Venezuela, 2001: 102), debido al carácter movilizador de éstos. Igualmente se señala como prioridad el “fortalecimiento de los medios de comunicación comunitarios” (p. 108). Debe decirse que esta línea de acción se ha cumplido, pues un balance del campo de la comunicación comunitaria evidencia un auge significativo de nuevos medios, en muchos casos financiados por el Estado, especialmente a partir del año 2002.

Con la primera etapa del gobierno de Hugo Chávez hubo expectativas de que podría generarse una amplia política pública en materia de comunicación, pues parecía existir una suerte de sintonía entre el presidente Chávez y el periodismo. Resultó notoria la pléyade de periodistas que forman parte del “proceso”, desde el inicio del gobierno. Cerca de dos decenas de comunicadores se insertaron bien en el agonizante Congreso Nacional, bien en las instancias de alto mando del Ejecutivo, y hasta la primera dama, Marisabel Rodríguez, venía de ejercer el periodismo. Una tendencia similar, de esta marcada presencia periodística en roles políticos, se observará a fines de 1999 en la composición de la Asamblea Nacional Constituyente (Cañizález, 2009: 222). La


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discusión de la nueva constitución, que se aprobó finalmente en diciembre de 1999, fue una suerte de parte aguas en el sector periodístico. En concreto la introducción del apellido veraz para la información, como parte de los derechos constitucionales, avivó una polémica que venía desde el gobierno de Rafael Caldera. La tragedia de Vargas, en la cual se demostró el papel de los medios y periodistas como mediadores en el contexto de una crisis humanitaria de envergadura, ayudó a soslayar por algún tiempo el conflicto. Si debe buscarse una fecha que marque el fin de aquella efímera luna de miel, esta es el 27 de junio de 2001, en el acto por el Día del Periodista en Venezuela. Por primera vez el presidente no personalizó sus señalamientos contra editores o reporteros, sino que habló del sistema de medios, lo ubicó como parte del poder económico que su proyecto político buscaba desplazar y, por tanto, el enfrentamiento resultaba “inevitable” (Cañizález, 2002: 18).

En el lapso 2005-2007 es notorio el peso que tiene la justicia en relación con la regulación de la comunicación en el país. En el terreno legal, hay una serie de decisiones previas a este período, especialmente por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que comienzan a modelar el sector mediático y periodístico. Entre las medidas previas está la sentencia 1.013 del TSJ, que refrendó una ponencia del magistrado Jesús Eduardo Cabrera, el 12 de junio de 2001. Esta decisión declaró improcedente el amparo introducido por Elías Santana, quien había solicitado un derecho a réplica en el programa Aló, Presidente; el máximo tribunal del país fue más allá, pues en el fondo del asunto asentó una suerte de derecho restringido para los periodistas y comunicadores (Provea, 2001: 378), quienes al acceder a los medios no tienen el mismo derecho a réplica que los ciudadanos comunes. Esto se traduce, según el TSJ, en que ante un señalamiento como el hecho por el presidente Chávez, Santana tenía otros medios a su alcance y por tanto no gozaba del derecho a réplica en el espacio Aló, Presidente.

Dos años después, el 15 de julio de 2003, nuevamente una ponencia del magistrado Cabrera, legalizada por la Sala Constitucional del TSJ, se plasmó en la sentencia 1.942, con lo cual ratificó la vigencia de un conjunto de artículos dentro del Código Penal, relacionados con los delitos de opinión (Cañizález y Correa, 2004). Básicamente se ratificó la vigencia de normas que proporcionan una protección especial a los funcionarios ante la crítica pública y el trabajo periodístico. Lo que en América Latina se conoce como desacato, que hoy está en vías de desaparición en la región, en Venezuela fue refrendado.

Tras la ratificación del mandato presidencial en agosto de 2004, y la estrategia proabstención de la oposición por aquel tiempo, el camino quedó allanado para que en diciembre de 2004 la Asamblea Nacional aprobara dos instrumentos que implican restricciones al campo de la comunicación, con impacto directo en el trabajo periodístico


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y a la crítica pública. El 7 de diciembre le dio el visto bueno a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, y dos días después, el 9 de diciembre, fue aprobada la reforma parcial del Código Penal. En relación con este último instrumento mantuvo sin modificación los artículos relativos a los delitos de opinión, pero incrementó las sanciones de prisión para quienes haciendo uso de los medios masivos cuestionen a altos funcionarios públicos. Con esta reforma, la Asamblea Nacional refrendó la sentencia 1.942 del TSJ, del 15 de julio de 2003, y colocó a Venezuela en sentido inverso a la tendencia prevaleciente en América Latina: la despenalización de la opinión. No se trata, obviamente, de eludir responsabilidades en el ejercicio periodístico o en la crítica pública, pero es una desproporción que quien informe u opine deba pagar con prisión si un funcionario se siente ofendido por una noticia u opinión. El peso político, por encima del papel periodístico, termina imponiéndose en la visión legislativa. No importará que en la Asamblea Nacional una veintena de periodistas cumplan función parlamentaria en aquel 2005 (Cañizález, 2009: 231).

La otra vuelta de tuerca, en la construcción de lo que hemos llamado una arquitectura legal restrictiva para medios y periodismo en Venezuela, lo representó la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Se trató de una ley concebida como una retaliación política contra los medios privados (Cañizález, 2005), por la beligerancia política de éstos en el clímax de la crisis política de 2002-2003 (efímero golpe de Estado, paro petrolero por dos meses). Pese a que, en teoría, el instrumento legal defendería a niñas, niños y adolescentes, en la práctica terminó estableciendo un mecanismo de censura previa pero en temas álgidos para los medios de comunicación y periodísticos. El Ejecutivo tiene la potestad de ordenar la suspensión en cualquier horario, –y sin explicaciones previas– de mensajes que promuevan o hagan apología de la guerra o del delito, o inciten a alteraciones del orden público, o sean contrarios a la seguridad de la nación. Como se ve, todas son temáticas de cobertura periodística, que cobran mayor relevancia en el contexto de una polarización política que tiene como telón de fondo una sociedad claramente fracturada en torno al proyecto político bolivariano del presidente Chávez. En diciembre de 2010, en unas controvertidas sesiones de la Asamblea Nacional, la llamada Ley Resorte se amplió para incluir a los medios digitales en su rango de actuación.

Resulta evidente que el gobierno de Hugo Chávez tuvo éxito en crear un entramado jurídico para controlar la acción de los medios privados de orientación crítica, y al mismo tiempo consolidó un aparato mediático oficial significativo, especialmente si se compara con la situación de los gobiernos anteriores en Venezuela. Sin embargo, la hegemonía comunicacional tuvo serios problemas para conectarse de forma masiva con la audiencia venezolana, y eso tal vez ayude a explicar el recurrente uso de las cadenas


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nacionales de radio y televisión, que es un mecanismo coercitivo para obligar a escuchar o ver un mensaje.

El uso de las cadenas en Venezuela estaba limitado, antes de la llegada de Hugo Chávez al poder, a un número reducido de mensajes a lo largo del año por parte del jefe de Estado, la transmisión de actos oficiales en fechas patrias y el arribo de dignatarios extranjeros. El 2 de febrero de 1999, cuando tomó posesión el presidente Chávez, se estableció una marca sin precedentes en el país ese mismo día. Se transmitieron cuatro cadenas presidenciales que totalizaron 8 horas y 14 minutos de duración en el horario matutino, vespertino y prime time estableciendo el récord de ocupación de la pantalla de televisión en una transmisión gratuita de este tipo (AGB Nielsen Media Research, 2009).

Durante su primera década de gobierno, el presidente Chávez invirtió el equivalente a poco más de un año, en términos de jornada laboral, solamente a sus intervenciones radio-televisadas. El 10 por ciento de su tiempo de gobierno, aproximadamente, estuvo volcado a la dimensión mediática. Al hablar en cadena el presidente anula cualquier otro mensaje, es decir, coarta la posibilidad de que los venezolanos elijan libremente cuáles puntos de vista, informaciones u opiniones seguir. La cadena es un mensaje único, el del presidente, que debe ser seguido de forma obligatoria por el resto del país. Tal como lo sostuvo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su documentado informe “Democracia y derechos humanos en Venezuela”, en el país se registraron durante el mandato de Chávez “una gran cantidad de cadenas nacionales oficiales en los medios de comunicación”, las cuales “obligan a los medios de comunicación a cancelar su programación habitual para transmitir información impuesta por el gobierno”, y “muchas de ellas tuvieron una duración y frecuencia que podrían considerarse abusivas a la luz de la información allí vertida que no siempre podría estar sirviendo al interés público” (CIDH, 2009: p. 406).

El nuevo modelo, estrechamente asociado a una dinámica de ejercicio del poder presidencial desde la dimensión mediática, se ha caracterizado –en la Venezuela bajo la égida de la revolución bolivariana– por la restricción paulatina de la crítica en el espacio radioeléctrico a través de leyes y acciones administrativas, el fortalecimiento de un aparato gubernamental de medios que potencia la voz presidencial, junto a un recurrente discurso oficial que cuestiona la labor de medios y periodistas, con lo cual se busca su deslegitimación social. En líneas generales se ha buscado la hegemonía y el control. “Chávez es el primer presidente venezolano que abrazó hasta la alucinación la mediática, esto es, el control de la sociedad a través de los medios, como el recurso más efectivo para la concentración del poder” (Muñoz, 2009: 10).


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El exacerbado posicionamiento político de los principales medios, especialmente en el lapso 2002-2003 con el pobre papel mediático durante la crisis de abril de 2002 y el paro nacional a fines de aquel año, terminaron proporcionándole elementos al gobierno de Chávez para estrategias de mayor control que justamente se remarcaron a partir de la ratificación presidencial, con el referendo de agosto de 2004. Chávez “construyó una plataforma mediática cuyo objetivo fue cambiar la correlación entre medios privados, estatales y alternativos que existía” antes del 2002 (Muñoz, 2009: 10).

Al mirar en su conjunto las acciones oficiales fue evidente el desinterés en propiciar una política pública en materia de comunicación que fuese plural y transparente, tampoco se apostó por hacer de los medios estatales un ejemplo de servicio público. Es razonable creer que el modelo de Chávez tuvo por objetivo que solo una voz, la del presidente, se impusiera sobre el conjunto de actores que constituyen la esfera pública de Venezuela.

El gobierno de Nicolás Maduro, por su parte, partiendo del modelo que heredó, ha emprendido una serie de acciones políticas que van más allá de las agresiones verbales del propio presidente contra periodistas y medios. Es importante destacar el hecho de que la estructura de propiedad de algunos medios, de alcance y circulación nacional, haya sufrido cambios no solo con el traspaso de propiedad, sino que en ese traspaso no ha habido claridad en quienes son realmente los compradores-dueños del medio, como lo hemos indicado antes.

Otro elemento novedoso, distinto al que se vivió en los años de Chávez en el poder, ha sido la aparición del programa de televisión de Diosdado Cabello Con el mazo dando, que comenzó a emitirse por la señal de televisión del Estado, Venezolana de Televisión, el 10 de febrero de 2014. En aquel momento se presentó el espacio con un carácter institucional dado que Cabello era entonces presidente de la Asamblea Nacional. Sin embargo, el espacio ha continuado al aire una vez que Cabello dejó la presidencia del parlamento. La organización IPYS Venezuela monitoreó del 3 octubre al 3 de diciembre de 2014 las transmisiones del espacio Con el mazo dando’y, en ese período, el dirigente del chavismo hizo acusaciones y descalificó a 165 dirigentes políticos de oposición, activistas de organizaciones de la sociedad civil y empresarios privados.1

De igual manera, hay que destacar la aprobación de nuevas instancias, como el “Estado Mayor de la Comunicación” (de agosto de 2016) o el viceministerio de redes sociales (creado el 14 de enero de 2014) con la finalidad de la observancia, vigilancia y clasificación de información que el gobierno considere “estratégica”. También debemos apuntar las limitaciones y la censura que ha sufrido el servicio de internet desde la

1 Este documento puede consultarse en: https://readymag.com/u44850477/51577/


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Comisión Nacional de Telecomunicaciones que ha considerado a cierta y determinada información como inoportuna. Igualmente, las restricciones administrativas que han sufrido los medios impresos para la compra de papel y de insumos para la impresión. Todas estas acciones, realmente novedosas en el entorno comunicativo del país, se juntan con las que nos son conocidas y que constituyen una constante o patrón de violaciones a la libertad de expresión: intimidación, agresión física y verbal, hostigamiento, censura, persecución judicial, ataques a medios, restricciones administrativas, situaciones de autocensura, amenazas a medios y periodistas y restricciones por la vía legal. Podríamos decir que con el gobierno de Maduro hay una suerte de vuelta de tuerca para achicar el espacio de crítica y deliberación pública, como parte del objetivo de este modelo de hegemonía y control de la comunicación masiva.

Desde que asumió Maduro oficialmente la presidencia, en abril de 2013, ha habido cambios significativos en la estructura de propiedad de algunos medios impresos y radioeléctricos a lo largo del país. Ha sido un proceso demasiado acelerado, como acelerada ha sido la crisis gubernamental que debe ser silenciada y/o manipulada. La investigación Propietarios de la censura en Venezuela del Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS) en alianza con Armando.info y Poderopedia han apuntado que “las ventas estuvieron forzadas por un conjunto de presiones contra los medios por su línea editorial como la apertura de procesos judiciales y cierre de fuentes de información” (IPYS, 2015: 92). Tras el cambio de propiedad se evidenciaron modificaciones de la línea editorial y esfuerzos por silenciar a periodistas críticos. Una constante fue la disminución de las unidades de investigación en impresos y en televisión. Otra, la renuncia y despido de muchos periodistas de su lugar de trabajo luego de haber sido víctimas de la censura por los cambios en la línea editorial. A este proceso lo denominó Bisbal (2015) como de apropiación indirecta. Está en formación un monopolio informal del espacio público (Bautista de Alemán, 2014) que puede trascender al propio gobierno chavista, ya que la propiedad privada de los medios no sería un asunto a discutir en cualquier escenario de cambio político en Venezuela.

Por otro lado, el presidente Maduro ha hecho un uso inmoderado de las cadenas nacionales de radio y televisión. Las cadenas, a pesar de estar reguladas en la legislación venezolana, “en la práctica se han convertido en una herramienta del Estado para el control de la información” (Fernández, 2016: 452). Durante el año 2015, el presidente Maduro estuvo 146 horas y 39 minutos al aire con este tipo de mensajes. En promedio el presidente habló 24 minutos diarios durante todo ese año. Ha pasado a ser un sistema tan de uso exclusivo del presidente, que sencillamente lo usa a su antojo, como lo evidencia en que varias ausencias de Maduro (por viajes al exterior en 2015), en ningún momento el presidente encargado, el vicepresidente Jorge Arreaza se dirigió al país a través de


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una cadena nacional (Cañizález, 2016). Esto ratifica que este tipo de transmisión de radio y televisión dejó ser una herramienta para la comunicación del Estado, para ser un mecanismo de la comunicación presidencial directamente, con fines netamente propagandísticos.

La cadena nacional no solo le quita libertad al ciudadano sobre lo que ve u oye a través de los medios radioeléctricos, sino que también implica una erogación de fondos públicos. Un cálculo modesto, ubicaba en 255.000 BsF el costo por cada minuto de transmisión en televisión durante el año 2015. Eso permitió estimar que el conjunto de las cadenas de Maduro le representaron al país una erogación de fondos públicos por 2,2 millardos de bolívares. Para que se entienda la magnitud de lo que se destina a estas transmisiones, conviene recordar que todo el presupuesto para la Universidad de Los Andes (ULA), con sedes en tres estados, representó 2,5 millardos de bolívares en 2015 (Cañizález, 2016).

5. Conclusión

Durante el gobierno de Chávez y luego con Maduro en la presidencia se puso en práctica la llamada hegemonía comunicacional, que fue la propuesta gubernamental en materia de medios y libertad de expresión. Este plan tuvo dos líneas de acción, por un lado, como se ha dicho cercar la crítica pública con un mayor control sobre los medios privados, especialmente radioeléctricos; mientras que por el otro lado se registró un abultamiento notable del aparato mediático oficial, que terminó cumpliendo una labor propagandística. Con mucha frecuencia se ha dicho que la idea de hegemonía, tal como fue presentada por el gobierno de Hugo Chávez, se relaciona con el pensamiento de Gramsci2. Se trata de un traslado mecánico sin revisar realmente lo planteado por el pensador socialista; “en realidad, Gramsci utilizó cuidadosamente este concepto (el de hegemonía) para distinguir elementos de pluralismo y competencia, de persuasión y de consentimiento, frente a las formas más coercitivas y represivas de dominación” (Kohn, 1995: 53).

Asimismo, debe señalarse que al contrastar con los datos de audiencia televisiva, por ejemplo, este modelo de dominación comunicacional ha tenido efectividad en establecer un control sobre los medios, pero fracasó en el manejo de la audiencia. Se estableció el control pero no la efectiva persuasión, siguiendo lo planteado por Gramsci que recoge Kohn. Esta contradicción puede estar relacionada con un contexto sociopolítico en el

2 Antonio Gramsci (1891-1937) fue un filósofo, teórico marxista, político y periodista italiano. Escribió sobre teoría política, sociología, antropología y lingüística. Fue uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano, encarcelado bajo el régimen fascista de Benito Mussolini.


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cual decreció la gobernabilidad democrática –según los parámetros del Banco Mundial–, y por tanto también hubo una merma en la credibilidad gubernamental.

Hablamos de un modelo chavista de comunicación masiva para referirnos al largo gobierno de Hugo Chávez-Nicolás Maduro en Venezuela. Ambos presidentes dedicaron largas horas a sus alocuciones públicas, con transmisiones por la radio y la televisión tanto púbica como privada. Sin duda, se ha gobernado desde la dimensión mediática: tanto Chávez como luego Maduro analizó situaciones, tomó decisiones, destinó fondos públicos, trazó estrategias, entre otras acciones propias del ejercicio gubernamental, mientras que la puesta en escena era transmitida en vivo y directo al país.

El modelo ha implicado, desde el punto de vista comunicacional, un monólogo presidencial, en el cual paulatinamente se achicó la participación de la ciudadanía (de hecho en su origen la idea estaba en crear un espacio para el diálogo entre el jefe de Estado y los ciudadanos, por eso el nombre Aló, Presidente), mientras que los más cercanos y altos colaboradores presidenciales pasaron a tener un papel francamente secundario. Eso se consolidó en los años de Chávez y ha sido reproducido sin variación por Maduro.

Hablamos de un modelo con tres características principales: a) control sobre las emisiones mediáticas del sector privado con impacto en la visibilización de la disidencia política; b) expansión y partidización de los medios del Estado; c) predominio de la voz presidencial para generar una suerte de monólogo gracias a las cadenas nacionales de radio y televisión. Todo ello lo resumimos en hegemonía y control.

Finalmente, como hemos indicado, en Venezuela se ha conformado un inmenso aparato de comunicaciones en manos del Estado. La lógica que ha regido a este modelo ha sido explícita en dos documentos claves que sirvieron para entender el conjunto de políticas y acciones públicas que hacia el área de la comunicación se habían diseñado y que poco a poco se fueron concretando. El primer documento fue dado a conocer en el año 2004 y se le conoce con el nombre de La Nueva Etapa, el Nuevo Mapa y el segundo documento se expuso en el año 2007 bajo el título Proyecto Nacional Simón Bolívar o también conocido como Primer Plan Socialista 2007-2013.

Pero estos dos documentos, que sirvieron de base para la conformación del modelo chavista en el ámbito de la comunicación masiva, han sido desplazados y complementados con el Segundo Plan Socialista que lleva por nombre Plan de la Patria (2013-2019). Las comunicaciones siguen ocupando un lugar de importancia dentro de este documento. Allí, en consonancia al anterior Plan Simón Bolívar (Primer Plan Socialista 2007-2013), se declara “Seguir construyendo la soberanía y democratización comunicacional” por medio de un conjunto de sub-objetivos. Dentro ellos destacan la idea de fortalecer el uso de los medios de comunicación para impartir valores bolivarianos, garantizar


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el derecho popular a la información veraz, actualizar tecnológicamente la plataforma comunicacional del Estado y moldear los medios de comunicación nacionales con la defensa de la patria y la consonancia con los valores socialistas.

En los objetivos estratégicos y generales existen aspectos más puntuales en materia de comunicación:

• Fortalecer los sistemas de comunicación permanente, que permitan la interacción entre las instituciones públicas y el Poder Popular para la construcción colectiva del nuevo Estado socialista, bajo el principio de “mandar, obedeciendo”.

• Impulsar el nuevo orden comunicacional de nuestra América, con especial énfasis en los nuevos sistemas y medios de información regionales y en el impulso de nuevas herramientas comunicacionales.

• Fortalecer Telesur, garantizando una mayor presencia regional y mundial.• Expandir el alcance de la Radio del Sur como herramienta comunicacional

para la visibilización de los procesos políticos de la región.• Fomentar las redes de cadenas informativas alternativas y comunitarias en la

región, así como las redes sociales.• Difundir de forma permanente información veraz producida por los países

del ALBA y países aliados del sur.• Garantizar la producción permanente de contenidos, para difundir a través

de medios de comunicación regionales los avances económicos, sociales, políticos y culturales de la Revolución Bolivariana.

• Desarrollar capacidades de producción de contenidos audiovisuales en formato digital desde y para la puesta en marcha de la Televisión Digital Abierta (TDA) a nivel nacional y para el intercambio regional.

• Llevar a niveles no vitales la conexión de Venezuela con las redes de comunicación e información dominadas por las potencias neocoloniales.

• Eliminar la dependencia de sectores estratégicos para el desarrollo nacional de redes de comunicación e información controladas por las potencias neocoloniales.

Este conjunto de elementos no deben dejar dudas sobre el carácter estratégico que tomó la comunicación masiva y el control del espacio mediático dentro del modelo chavista, teniendo como ejes para la acción la hegemonía y el control. Si bien las líneas principales de esta política oficial en materia de comunicación las dictó, en su momento,


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Hugo Chávez, posteriormente Nicolás Maduro profundizó este modelo una vez que tomó el poder.

Bibliografía

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EPÍLOGODiego Bautista urBaneja

I

Este libro reúne trabajos escritos con diferentes estilos, a partir de enfoques diversos, como corresponde a una reunión de distintos temperamentos intelectuales y a una temática variada a cuyos temas corresponden metodologías y abordajes específicos.

Nos describen ellos el proceso de transformación del sistema político venezolano, transformación que ofrece facetas específicas y que no necesariamente marchan en forma acompasada.

Sin embargo es posible desgajar de esa variedad un conjunto de rasgos característicos del conjunto, que se manifiestan en cada caso con la peculiaridad que corresponda al área en cuestión.

Ese conjunto está compuesto por los siguientes elementos:• La concentración de poder en manos de un líder y luego de una camarilla

sucesora.• El consiguiente personalismo extremo, de modo que la figura del líder juega un

papel cada vez más central en el conjunto y no se dan pasos en la dirección de disminuir esa centralidad.

• La mediatización en el ejercicio del poder, de forma tal que este se ejerce en gran medida “en vivo y en directo”, a través de los medios de comunicación y de las redes sociales y de modo que la información es sustituida por la propaganda y la directriz.

• La discrecionalidad en la toma de decisiones por parte de ese poder concentrado, que no encuentra frente a sí barreras institucionales de ningún tipo, y que, si las encuentra, las reduce sistemáticamente al mínimo.

• La correspondiente desinstitucionalización del orden jurídico y estatal.


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• La hiperpolitización de todas las esferas del Estado, que se ven convertidas en factores directos de la lucha política.

• La instrumentalización consiguiente, general e inmediata de todos los terrenos de la vida institucional, a los fines de la afirmación y la concentración del poder.

• La inestabilidad general, de modo que los diferentes aspectos del proceso están sujetos a continuos cambios y zigzagueos, tal como el centro de poder los juzgue convenientes según su apreciación de la coyuntura.

• La opacidad en la toma de decisiones y en el funcionamiento del Estado, de manera que la asignación de tareas y responsabilidades y la consiguiente rendición de cuentas se ve sistemáticamente emborronada e imposibilitada.

• El estatalismo, en el sentido de que se amplía sin cesar la presencia del Estado –aunque sea carcomido en la forma que hemos dicho– en el ámbito económico, social, comunicacional, educativo. A partir de cierto momento ese estatalismo se ve doblado por un comunalismo de incierta definición y situación.

• El debilitamiento sistematico del esquema de incentivos que conducen a la eficiencia, la productividad, la calidad de las decisiones en cualquier terreno.

• La consiguiente exacerbación del rentismo, entendido como le dependencia de continuas inyecciones de renta petrolera para suplir las fallas derivadas de todo lo anterior.

• Por último, un dato de difícil comprobación, y no referido como tal en los trabajos constitutivos del libro, pero que nos aventuramos a mencionar aquí, tal es su probable presencia y –de ser este cierta– la probable magnitud de su incidencia: la presencia de un fuerte factor externo –la influencia cubana– sobrevolando los más variados procesos de transformación del sistema político y de la toma de decisiones.

Tales rasgos y la relación pueblo-líder que le sirve de sustento vienen enmarcados por unos parametros ideológicos y una concepción del pueblo que pretenden fundamentarlos y darles sentido.

II

Hay un caso o área que escapa al dominio de los elementos enumerados o en la cual tienen ellos una presencia menos determinante. Se trata de las Fuerzas Armadas.


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Hay allí una labor de construcción organizativa de una mayor solidez, continuidad, estabilidad. Ello ha conducido, a tenor del trabajo a ellas dedicado en este volumen, a la edificación de unas fuerzas armadas con misión, doctrina, normativa, organización, recursos y equipos, lo cual hace de ellas la institución con más solidez de todo el sistema político. A eso contribuyen grandemente características específicas de esa organización, esenciales para su mera existencia y razón de ser: los principios de jerarquía, obediencia y subordinación.

Pero al mismo tiempo, esas fuerzas armadas, a lo largo de su rediseño institucional, han quedado engastadas, empotradas, comprometidas, en y con el proceso general antes descrito. Ello, por diversas vías, entre ellas: la nueva doctrina militar, la asignación de muy grandes y siempre mayores responsabilidades administrativas y gerenciales en el resto del Estado, importantes privilegios corporativos…para no mencionar otras facetas menos decorosas que quizás escapan, aunque sean de mucho bulto, al tema central de este libro.

Pero además –y esto es tal vez lo más importante y lo que por nuestra parte queremos añadir en estas líneas– la presencia de unas fuerzas armadas de mayor solidez funcional, arraigada en los señalados elementos de jerarquía, subordinación y obediencia, tiene mucho sentido dentro de la economía interna del sistema político en configuración en estos años. Pronto veremos la propensión a la entropía, es decir, la tendencia a la desorganización, desorden e incertidumbre encerrada en lo que hemos dicho en la primera sección de este epílogo. Pues bien, ella hace necesaria la presencia de un pilar de sostén de última instancia, de un perno en definitiva confiable, que impida que esas tendencias se lo lleven todo por delante, incluido el régimen político que las genera. Ese pilar son unas fuerzas armadas adoctrinadas, equipadas, jerárquicas y obedientes a “la superioridad”, y altamente comprometidas por otros vínculos muy materiales, con el orden de cosas de que se trata.

III

De la precedente caracterización se derivan con claridad las tendencias allí encerradas. A saber.

• Una creciente entropía de todo el sistema, que se caotiza y se canibaliza a sí mismo.

• La inestabilidad institucional como elemento incorporado. • El estrechamiento de sus bases civiles y populares de sustentación, hasta irse

reduciendo a los núcleos por cualquier razón más irreductibles.


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• La dependencia cada vez mayor del pilar de sostén armado de última instancia. • La incapacidad de “reproducción ampliada”, es decir, de expansión de

cualquier tipo de resultado positivo a sectores más amplios de la población.• El siempre creciente recurso al control y la represión como base de sustentación. • El esfuerzo continuo por la mayor organización y control posibles de lo que va

quedando de respaldo civil y popular.

IV

Lo hasta ahora dicho en este epílogo está pensado para los años dominados por la presencia de Hugo Chávez. Se sabe que su desaparición ha traído consecuencias para la dinámica que el fallecido expresidente había sembrado en el sistema que pretendió instalar. La etapa transcurrida bajo el gobierno de Nicolás Maduro es abordada de diferentes formas en los trabajos de este libro. En cualquier caso, esa desaparición, al coincidir con una baja continua e irreversible de los precios del petróleo, ha significado la coincidencia de una crisis de liderazgo con una crisis de los recursos necesarios para mantener en pie un conjunto de elementos como los que hemos venido señalando. Por otro lado, de los trabajos puede derivarse la conclusión de que los años transcurridos bajo la presidencia de Nicolás Maduro, al desaparecer la figura que daba una forma de unidad a toda la dinámica examinada, traen por lo pronto las siguientes muy relativas novedades.

• El anuncio permanente de una profundización o radicalización de este proceso, de “ la revolución”. De manera que si alguna expectativa hubo de que Maduro iba a significar una moderación o una revisión de lo que venía, tal expectativa ha quedado desmentida por la retórica y las decisiones.

• Así pues, todos los rasgos mencionados como característicos se consolidan y/o se exacerban.

• Lo mismo puede decirse de lo que hemos considerado las tendencias resultantes.

Además hay otras modificaciones que se pueden conjeturar, que implican cambios más sustanciales.

• La figura del líder como foco de la concentración de poder y como fuente de los demás rasgos es reemplazado por un sujeto mas complejo y fragmentado. Algo así como una camarilla, un pequeño grupo de barones feudales del


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oficialismo, y la consiguiente dinámica de rivalidades, acuerdos internos, repartición de cuotas y de zonas

• El presumible aumento de la presencia de un mayor control externo, el cubano, tanto por su más grande incidencia en la personalidad y formación de Nicolás Maduro, como por no tener ya la contraparte de un liderazgo como el de Chávez, de más poderosa personalidad y con más confianza en sí mismo.

V

En cada uno de los trabajos de este volumen se dedica una parte al tratamiento que habría que dar, en caso de un cambio político en el país, a lo que en cada área ha ocurrido y se ha acumulado. Las distintas prescripciones van en la dirección exactamente opuesta a los rasgos que antes hemos destacado. Equilibrio de poderes, institucionalización, vigencia de las reglas, descentralización, transparencia, respeto a la autonomía de cada esfera, esquema de incentivos conducente a la productividad y la superación, inserción inteligente y no dependiente en el cuadro de fuerzas internacionales…tal como cada uno de estos conceptos es aplicable a los diversos terrenos estudiados.

La conclusión mayor que se deriva de lo dicho es que un esquema caracterizado por los elementos y tendencias que hemos intentado resumir, tiene que llegar a un punto de insostenibilidad insuperable. Abrirá el paso a las reformas que se requieran y a las recuperaciones que lo ameriten. No es posible conjeturar detalles respecto a la forma, al momento, en que se producirá ese punto crítico. Lo que por ahora es posible y pertinente es examinar qué nos ha llevado a él, qué se ha configurado entretanto y prepararse en lo posible para hacer lo adecuado cuando el momento llegue.


los autores

Diego Bautista Urbaneja. Historiador, abogado, politólogo y profesor. Individuo de número de la Academia de la Historia. Fue fundador de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela y profesor de Historia de las Ideas Políticas y de Sistema Político Venezolano durante tres décadas en esa misma casa de estudios. Y, entre 1986 y 2006, fue profesor invitado en varias oportunidades del St. Antony’s College de la Universidad de Oxford en diversos programas relacionados con los estudios de los procesos políticos en América Latina. Fue diputado al Congreso Nacional, columnista de El Nacional y director de El Diario de Caracas. Es conductor del programa “La Linterna” en Radio Caracas Radio. Ha publicado los libros: La idea política de Venezuela: 1830-1870 (2004); El gobierno de Carlos Soublette, o, La importancia de lo normal (2006); La política venezolana desde 1958 hasta nuestros días (2007); La renta y el reclamo. Ensayo sobre petróleo y economía política en Venezuela (2013) entre otros. Ganó el IV Concurso Anual Transgenérico de la Fundación para la Cultura Urbana en 2004 con el libro Bolívar, el pueblo y el poder.

Guillermo T. Aveledo Coll.Politólogo y doctor en Ciencias Políticas (UCV). Profesor de Historia de las Ideas Políticas en la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la Universidad Central de Venezuela, y de Pensamiento Político en Venezuela de la Escuela de Estudios Liberales en la Universidad Metropolitana. Es autor del libro Pro Religione et Patria: República y Religión en la Crisis de la Sociedad Colonial en Venezuela (1810-1834) (Unimet, 2013), y la antología La Segunda República Liberal Democratica, 1958-1998”(Fundación Rómulo Betancourt, 2014), entre otros.

Luis Salamanca. Doctor en Ciencias Políticas, politólogo, abogado, profesor asociado en la UCV en Movimientos Sociales y Derecho Constitucional. Investigador en el área política y jurídica, sistema político, análisis de entorno político, consultor en materia electoral. Fue rector en la Comisión de Participación Política y Financiamiento por tres años y medio. Fue director del Instituto de Estudios Políticos de la UCV entre los años 2000-2006. Entre sus publicaciones destacan: “Venezuela: de las elecciones competitivas del siglo XX a las elecciones semi-competitivas del siglo XXI”, en Vicente Santos Atela y Leandro López, Sistemas electorales en Latinoamerica (Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de la Plata, Argentina, marzo de 2015); ¿Por qué vota la gente? (Caracas, Editorial Alfa, 2012); Protestas contra la tiranía en Venezuela: 1935-1937. El nacimiento del movimiento ciudadano venezolano (Editorial Académica Española, Berlín,2011); “Venezuela: el ventajismo electoral institucionalizado”, en Francisco Alfaro y Héctor Vanolli (edit.) Campanas electorales. Ventajismo y reelección presidencial en América Latina (Caracas, Editorial Alfa, 2014) entre otros.


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Fernando Spiritto. Politólogo egresado de la UCV. Especialización en Economía de la Universidad de Colorado. Máster en Políticas Públicas de la Universidad Georgetown. Doctorado en competitividad Empresarial y Desarrollo Económico de la Universidad de Deusto, País Vasco. Director de los Estudios de Postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello.

José Ignacio Hernández G. Abogado de la Universidad Católica Andrés Bello. Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor en la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Central de Venezuela. Director del Centro de Derecho Público de la Universidad Monteávila. Director de la Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello. Autor de diversos libros y artículos, en Venezuela y en el exterior, sobre Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. Articulista del portal digital Prodavinci.

Eglé Iturbe de Blanco.Eonomista venezolana (UCV,1961), con especialización en Planificación Industrial en el ILPES (1962). Por más de 35 años se desempeñó en el sector público de Venezuela, donde ocupó funciones en todos los niveles de la administración pública central y descentralizada. En Venezuela se desempeñó por 15 años en la Oficina de Coordinación y Planificación de la Presidencia de la República (Cordiplán) Fue subdirectora y profesora en la Maestría de Integración Económica, para funcionarios latinoamericanos (IESA). Profesora de Política Industrial y de Integración Económica en la UCV. Asesora económica y directora general del Instituto de Comercio Exterior de Venezuela. Presidente del Banco República. Directora general del Ministerio de Hacienda y Ministro del mismo despacho entre 1989 y 1991 y miembro principal del Directorio de Petróleos de Venezuela, siendo la primera mujer en ocupar ambas posiciones. Director Gerente de PDV USA en Nueva York. Miembro del Directorio del Banco Central de Venezuela y del Fondo de Crédito Industrial: Representante de Venezuela de las acciones clase A en la Corporación Andina de Fomento y negociador de Venezuela en el Grupo Andino. Consultor del BID en Washington, sobre Modernización del Estado y Gobernabilidad e investigaciones sobre mujeres latinoamericanas en el poder, así como la capacitación para altos funcionarios públicos.

Héctor G. Briceño M. Sociólogo por la Universidad Católica Andrés Bello y Magíster en Ciencia Política por la Universidad Simón Bolívar. Profesor e investigador del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela.

Luis Oliveros. Economista. Postgrados en Comercio y política petrolera y en Finanzas internacionales y gerencia financiera. Profesor de pregrado en la Unimet y de postgrado en la UCV. Asesor de empresas privadas nacionales y extranjeras.


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Los autores

José Manuel Rodríguez Grille. Máster en Administración de Empresas y Políticas Públicas del Instituto de Estudios Superiores en Administración (IESA). Cuenta con más de 25 años de experiencia como gerente, investigador y consultor, especialmente en las áreas de estrategia, marketing, gestión de talento y emprendimiento. Es director fundador del Grupo Empléate y participa en el desarrollo de varias startups latinoamericanas. Ha sido docente de postgrado de la Universidad Yacambú y actualmente es profesor visitante del IESA.

Elsa Cardozo.Licenciada en Estudios Internacionales y doctora en Ciencias Políticas (UCV). Profesora titular jubilada de la Escuela de Estudios Internacionales – UCV. Directora y docente de la Escuela de Estudios Liberales de la Universidad Metropolitana (2005-2011). Vinculada académicamente a la Universidad Católica Andrés Bello desde 2012. Sus publicaciones recientes incluyen cinco biografías para la Biblioteca Biográfica Venezolana, el libro Cuatro escritos / Cuatro momentos (Unimet, 2007) y los capítulos “El reto de consolidar relaciones e incidencia internacional democrática” en el libro Transición democratica o autocratización revolucionaria. El Desafío venezolano II (abediciones de la UCAB, CEP, 2016) y El país en el mundo, en A. Baptista (ed.), Suma del pensar venezolano (libro 2) (Fundación Empresas Polar, 2015).

Ricardo Sucre Heredia. Politólogo (UCV, Summa Cum Laude). Periodista (UCAB). Magíster en Psicología (USB, con honores). Director de la firma de consultoría política Smart Thinkers. Profesor de psicología social en la Escuela de Estudios Políticos de la UCV. Autor del libro La amenaza social y el autoritarismo en Venezuela (UCV, 1996).

Mercedes Martelo. Es licenciada en Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad Central de Venezuela con Maestría del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), Maestría en Comercio Exterior de la Universidad de Santiago de Compostela y estudiante del Doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar. Tiene experiencia en el ejercicio de diversos cargos en instituciones públicas y privadas en áreas de investigación, planificación estratégica y gerencia. Trabajó en el área de participación política en el CNE. Tiene experiencia docente a nivel de pregrado y postgrado. Profesor en temas de gobernabilidad y gerencia política en la UCAB.

Andrés Cañizález. Licenciado en Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, tiene dos maestrías una en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar) y otra en Historia de Venezuela (UCAB). Doctor en Ciencia Política por la Universidad Simón Bolívar. Investigador Titular de la Universidad Católica Andrés Bello. Es autor de diversos trabajos de investigación y ensayos sobre la relación entre comunicación y democracia en la Venezuela contemporánea. Su principal obra es el libro Hugo Chávez: La presidencia mediatica (Alfa, 2010).


Este ejemplar se terminó de imprimir en

Caracas en septiembre del año 2017.Para su diseño se utilizó la tipografía

Adobe Garamon Pro 11 ptos., ha sido impreso sobre Papel Bond gramaje 20. Se realizaron

500 ejemplares, encuadernadosen los talleres de

Impresos Miniprés, C.A.


desarmando el modelo.indb 1 10-09-2017 03:02:31 p.m. - ucab

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