Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer - CEDAW

Documento de seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones del Comité de la CEDAW al Estado colombiano

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UNFPA• • •Porque cada persona cuenta

Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer - CEDAW

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Documento de seguimiento ai cumplimiento de las Recomendaciones del Comité de la CEDAW al Estado colombiano

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confluencia nacional de redes de

m u j e r e s d e c o l o m b i a•

Porque cada persona cuenta

Los contenidos de la presente publicación fueron realizados por mujeres lideresas de las organizaciones de Montes de María, Magdalena Medio, Meta y Bogotá D. C., con el apoyo técnico, metodológico y político de la Confluencia Nacional de Redes de Mujeres en el marco del proyecto “MUJERES POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGUALDAD: Seguimiento e incidencia a las Recomendaciones de la CEDAW a partir de su incorporación y apropiación en la agenda política del Movimiento Social de Mujeres", financiado por el Fondo de Población de Naciones Unidas -UN FPA­

MES A DE TRABAJO DE LA CONFLUENCIA NACIONAL DE REDES DE MUJERES DE COLOMBIA

María Elisa DíazIsabel Camacho PosadaCecilia BarrazaGloria Helena GilBeatriz QuinteroMaría Isabel Martínez Garzón

Católicas por el Derecho a Decidir - CDD Colombia Fundación de Apoyo Comunitario - FUNDAC Corporación Humanas Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad - LIMPAL Red Nacional de MujeresRed de Educación Popular entre Mujeres - REPEM Colombia

iEQUIPO FACILITADOR Y DINAMIZADOR DEL PROCESO:

Región de Montes de María:Fanny Gómez: REPEM ColombiaMartha Yaneth Guarín: Red Nacional de MujeresPromotoras: María Angélica López, Nerlis Garizado

Región del Magdalena Medio:María Isabel Martínez Garzón: REPEM Colombia Isabel Camacho Posada: FUNDACPromotora: Graciliana Moreno Echavarría: Fundación Mujer y Futuro

Región del Meta:Sandra Mazo: CDD Colombia Astrid Daza: LIMPALMartha Yaneth Guarín: Red Nacional de Mujeres Promotora: Nancy Ramos

Bogotá Distrito Capital:Hilda María García: REPEM Colombia,Aydeé Rodríguez Soto: FUNDAC María Elisa Díaz: CDD Colombia Isabel Camacho: FUNDAC

**

1Corrección de estilo:Fanny Gómez María Isabel Martínez Beatriz Quintero

Administración del ProyectoCorporación de Apoyo a Comunidades Populares -CODACOP - Directora: Janneth Lozano Bustos Administradora: Martha Rubiano

Coordinación General del ProyectoMaría Isabel Martínez Garzón: REPEM ColombiaAsesora Género y Desarrollo de la Corporación de Apoyo a Comunidades Populares - CODACOP -

Diseño e Impresión TORREBLANCA Agencia Gráfica Oscar Coca2010

Seguimiento a las Recomendaciones del Comité de la CEDAW

P r e s e n t a c i ó n

“Sólo si hacemos seguimiento y vigilamos las acciones

podemos exigir desde la plena ciudadanía”

Con este documento la Confluencia Nacional de Redes de Mujeres2, da a conocer los resultados de un proceso de seguimiento implementado desde el 2008, a las Recomendaciones que hizo el Comité de la CEDAW al Estado

colombiano en enero de 2007. El proceso fue realizado por mujeres integrantes de organizaciones de las regiones de Montes de María, Meta, Magdalena Medio y Bogotá Distrito Capital. En el año 2008 la Procuraduría General de la Nación, responsable de hacer cumplir las leyes y de demandar la garantía de los derechos humanos acompañó el proceso; desafortunadamente por diferentes motivos y especialmente por incompatibilidad de intereses, en el año 2009 no lo hizo.

Este proceso de seguimiento, se enmarca en el proyecto “Mujeres por la construcción de la igualdad: seguimiento e incidencia las Recomendaciones de la CEDAW a partir de su incorporación y apropiación en la agenda política del Movimiento Social de Mujeres” coordinado por la Confluencia Nacional de Redes de Mujeres y apoyado por el Fondo de Población de Naciones Unidas -UNFPA-.

Los informes regionales presentados dan cuenta de los avances, las dificultades y los obstáculos en la aplicabilidad de las Recomendaciones de la CEDAW en las políticas públicas orientadas al adelanto de las mujeres y a la realización de sus derechos. Estos informes, dan cuenta del estado de cumplimiento de las Recomendaciones en materia de violencias contra las mujeres, desplazamiento, participación política, pobreza y empleo. Así mismo, dan a conocer el estado de conocimiento y divulgación en las regiones, de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer -CEDAW-.

Los informes, fueron elaborados por organizaciones de mujeres en las diferentes regiones quienes en un ejercicio de incidencia, llevaron a cabo el seguimiento a las Recomendaciones en las instituciones gubernamentales del orden local, municipal y nacional. Así mismo, fueron presentados en audiencias públicas realizadas en las regiones, en el marco del Día Internacional de la No violencia contra las Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre, para comprometer a las y los funcionarios responsables de desarrollar programas y políticas dirigidos a las mujeres.

2 La Confluencia Nacional de Redes de Mujeres, es un espacio de articulación que hace incidencia política y seguimiento, para que el gobierno incorpore en sus políticas, planes, programas y proyectos los derechos de las mujeres. La Confluencia está integrada por la Red Nacional de Mujeres, la Red de Educación Popular entre Mujeres -REPEM -, la Fundación de Apoyo Comunitario -FUNDAC-, la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad -LIM PAL-, Católicas por el Derecho a Decidir -CD D Colombia- y la Corporación Humanas.

Seguimiento a las Recomendaciones del Comité de la CEDAW

PRIMERA PARTE:

EL PROCESO EN LAS REGIONES:

BOGOTÁMAGDALENA MEDIOM etaMONTES DE MARÍA

* • * *

B O G O T Á

Los informes 1 y 2 sobre el estado de aplicación de las Recomendaciones hechas por el Comité de la CEDAW al Estado colombiano, fueron realizados por:

Informe 1:

Confluencia Nacional de Redes de Mujeres y el espacio autónomo del Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá. D.C.

Informe 2:

Las siguientes organizaciones de las localidades de Bosa, Kennedy, San Cristóbal, Engativá, Suba, Usaquén, Tunjuelito, Teusaquillo, Candelaria, Santa Fe y Mártires del Distrito Capital de Bogotá:

Gí Asociación periferia,Gí ASRIO,Gí AHDEX,Gí ASOPRO,Gí A.M.C.L.A.N,Gí Casa vecinal El Ruby,Gí Consejo consultivo de mujeres,Gí Corporación mesa de mujer y género,G) Comité mujer y género,Gí Comité de derechos humanos,G) Comujeb,G) Escuela cultural juvenil videos y rollos,G) Codacop,G) Católicas por el derecho a decidir,Gí Fundac,G) Fundación Lisafe,G) Fundecom,Gí Fundación tejido social y humano,Gí JAC ALCOLI,Gí JAC SUCRE,Gí Mesa de mujeres centro de promoción FASOL,Gí Mujeres, vida y paz,Gí Red de Educación Popular entre Mujeres -REPEM-,Gí Red de mujeres líderes de Santa fe,Gí Redes de control social,Gí Red de participación ciudades seguras, yGí Red de participación de mujeres de Suba

Seguimiento a las Recomendaciones del Comité de la CEDAW

INFORME 1: 03/09

La percepción de las mujeres sobre la aplicación de la política pública de m ujer y géneros y las Recomendaciones de la CEDAW

El presente informe da cuenta de las percepciones y vivencias de las mujeres de diferentes localidades del distrito Capital, sobre la aplicación de las Recomendaciones de la CEDAW, la Política Pública de Mujer y Géneros y el Plan de

Igualdad de Oportunidades. Este análisis se realiza entre la Confluencia Nacional de Redes de Mujeres y el espacio autónomo del Consejo Consultivo de Mujeres, tomando como base el instrumento de seguimiento a las Recomendaciones de la CEDAW, que elaboró la CONFLUENCIA en el año 2008. En este informe se priorizaron los temas de violencia contra las mujeres, desplazamiento, salud, trabajo y pobreza.

Resultados

et Las mujeres sienten que las instituciones distritales y locales desconocen las Recomendaciones de la CEDAW y por lo tanto su implementación es mínima.

<¡> Falta mayor información y sobre todo apropiación de las Recomendacionespor parte de las mujeres para hacer valer sus derechos ante las diferentes entidades que tienen la obligatoriedad de velar para que estos derechos se cumplan.

En cuanto a las violencias contra las mujeres

a Sobre políticas públicas para la prevención, atención, protección yeliminación de la violencia contra las mujeres, las mujeres están de acuerdo en que la existencia de la Política Pública Mujer y Géneros - PPMYG visibiliza y permite trabajar el tema, por ejemplo, desde las Casas de Igualdad de Oportunidades. Perciben articulación para la puesta en marcha de la Política, entre hospitales, fiscalía y comisarías, principalmente.

«a En las observaciones las mujeres plantean que se han implementadoproyectos que trabajan las violencias de género "las mujeres participan pero las instituciones son poco receptivas".

© En cuanto a la calidad del servicio de atención en violencias, las mujeres opinan que es deficiente y que las acciones que desarrollan en programas de prevención, no protegen su integridad física, mental o afectiva. w m

En cuanto a la atención en salud se desconocen las demandas de las mujeres aunque existen normas que las respaldan, como por ejemplo la sentencia que despenaliza el aborto en tres circunstancias. En cuanto a atención en justicia, ellas dicen que "brilla por su ausencia", por ejemplo las penas que se dan a los agresores no tienen punto de comparación y menos de reparación con los daños causados a las mujeres.

Principales obstáculos que enfrentan las mujeres víctimas de la violencia, que acuden a los centros de atención de protección, salud, justicia y educación, para que sus derechos sean reconocidos:

a Desconocimiento para acceder a servicios cuando se ha sido víctima de maltrato.

a Justificación de la violencia.a Carencia de sensibilidad en la mayoría de funcionarios y funcionarías, a La misma Norma permisiva al no reconocer las formas de violencia,a Dependencia económica de las mujeres,a Miedo a denunciar por parte de las mujeres,a Soporte a maltratos por presiones sociales.© Falta de entidades de apoyo para la persona agredida,a Falta compromiso y seguimiento psicológico y jurídico a los casos de

violencia contra las mujeres, a Carencia de atención integral oportuna ni un seguimiento permanente para

tratar la salud física y mental de las mujeres, a Se desestiman las demandas de protección cuando no hay evidencia física

del maltrato.© Revictimización a las mujeres que denuncian por parte de los y las

especialistas en justicia con perspectiva de género, a Ausencia de coordinación inter institucional para atender casos de violencia,a No hay atención inmediata y oportuna, por ejemplo cuando las mujeres

ponen la demandan solo hasta los dos meses citan al agresor y si éste no acude no hay ningún mecanismo que lo obligue,

a Carencia de rutas de atención claras según los tipos de denuncia.

Sobre el mecanismo de conciliación para la resolución de conflictos de violencia doméstica las mujeres en las localidades dicen:

Se utiliza en las Comisarías de Familia y la realizan las y los Comisarios. Se exige la conciliación sin respetar los derechos de las mujeres, desconociendo las condiciones en las que se ejerce el maltrato. El victimario ejerce poder sobre la víctima, y el hecho de ponerlos frente a frente, coloca a las mujeres en una condición de desigualdad. No hay un proceso de información, para que la mujer que ha sido víctima de violencia y maltrato pueda tomar una decisión acorde con su situación.

Para algunas mujeres, este mecanismo se utiliza inadecuadamente; por ejemplo, se tiene la falsa creencia de que es obligatorio conciliar y casi que se obliga a la mujer para que concilie con su agresor, lo mismo ocurre con la justicia comunitaria.

Con relación al conocimiento de instituciones responsables de trabajar el tema de las violencias de género, las mujeres tienen conocimiento del CAVIF (Centro

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de atención a víctimas de violencia intrafamiliar, según las mujeres el sistema de información que se lleva no está discriminados por sexo), los centros de salud y las casas de igualdad de oportunidades. Desde estos centros se reciben casos de violencia doméstica pero no se atienden de manera integral. En las Casas de Igualdad se brinda asesoría jurídica pero no se les apoya si el proceso exige un litigio.

Frente a la información que poseen sobre la situación de la violencia, explican que en los casos en que las mujeres acudieron a buscar información para la elaboración de las agendas, encontraron que las estadísticas no estaban desagregadas por edad y por sexo.

Sobre el desplazamiento forzado:

a En algunas de las localidades receptoras de personas en situación de desplazamiento se observa que la mayoría son mujeres, niños y niñas, en especial de población indígena y campesina, lo que incrementa la economía informal y la mendicidad.

Frente al tipo de apoyo que reciben por parte de las instituciones responsables de atender esta problemática y la atención que reciben las mujeres víctimas del desplazamiento forzado, las mujeres encuentran que hay un sinnúmero de familias desplazadas por el conflicto armado que en algunos casos no han recibido ninguna ayuda o protección del Estado, además encuentran barreras institucionales que les exigen trámites de difícil cumplimiento. Los apoyos recibidos solamente se dan por tres meses y luego quedan desprotegidas.

Las mujeres, consideran que los principales problemas que, enfrentan las mujeres desplazadas cuando son atendidas por las entidades del Estado son:

a Falta de credibilidad, a Criterios de tiempo.a No se reconocen como válidos sus testimonios.a Durante sus recorridos son acosadas sexualmente para obtener alimentos

y techo.a Violación por actores armados (ejército, guerrilla, paramilitares). a Las mujeres se convierten en botín de guerra.a Ven en hombres, como los militares, la solución a sus problemas económicos,

por eso terminan accediendo a sus presiones sexuales, a Las mujeres son utilizadas como informantes, utilizando su cuerpo como un

mecanismo para infiltrarse en otros grupos armados.

En cuanto al conocimiento sobre leyes que protejan derechos de las mujeres desplazadas, tienen información sobre la existencia de la Ley 387, pero no conocen la normatividad, muy pocas tienen conocimiento sobre el Auto 092.

Con relación a si conocen las mujeres y la población desplazada en general las rutas y procesos que deben seguir para acceder a los servicios, la mayoría

m m

manifiestan un desconocimiento de las rutas de atención. Resaltan la existencia de organizaciones de mujeres en situación de desplazamiento, por ejemplo en la Localidad de Bosa; estas organizaciones se encargan de difundir las rutas y orientar a la población para que puedan acceder a los servicios que brindan las Unidad de Atención Operativa- UAO.

Por unanim idad, las m ujeres plantean que es mínima la participación de la población desplazada en la formulación y seguimiento de políticas, esto se debe a que es una población flotante y a muchas les da temor realizar dichas acciones.

Salud de las mujeres

Según las mujeres consultadas, los principales problemas de atención en salud que enfrentan las mujeres son los siguientes: largas filas, gestiones para lograr una cita médica, la información que reciben desde que entran hasta que salen no es clara, demora para la realización de exámenes médicos y además tienen que trasladarse a otro lugar lejos de su sitio de vivienda, por esta razón algunas no reclaman los resultados. Cuando las mujeres pasan de los 35 años todo se le atribuye a la menopausia, los métodos de control natal solo son para las mujeres. Los especialistas solo atienden por remisión y los medicamentos son limitados.

Se desconoce la sentencia 355 de 2006 sobre la interrupción voluntaria del embarazo en tres circunstancias: violación, malformación del feto y cuando peligra la salud o la vida de la mujer, se dan interpretaciones que corresponden a las creencias o tendencias personales desconociendo el derecho a decidir libremente de las mujeres. Según el conocimiento que tienen las mujeres, algunas opinan que esta sentencia no se aplica, dado que algunos profesionales se acogen a la objeción de conciencia y algunos hospitales desconocen o hacen caso omiso de la sentencia - por ejemplo, un caso reciente es el de una joven de 15 años víctima de violación múltiple (tres sujetos la desaparecieron 2 días) que fue atendida en el hospital Occidente de Kennedy, se le negó el procedimiento para abortar alegando objeción de conciencia.

Al nivel general los derechos sexuales y reproductivos, así como la salud sexual y la salud reproductiva se han trabajado en grupos focalizados y de manera dispersa. En el ámbito local se tiene conocimiento general sobre programas de educación e información sobre salud sexual y reproductiva, por ejemplo en el hospital del sur se entregó kit con información mínima pero efectiva.

Las mujeres opinan que lastimosamente la orientación moralista y religiosa, que se imparte en los centros educativos, obstaculiza una información más clara y preventiva para los y las jóvenes en cuanto a salud sexual y reproductiva.

1EB

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Trabajo y pobreza

Las mujeres resaltan que hay más desempleo y aumento del trabajo informal. Desde la administración se hacen esfuerzos más en la capacitación que en la generación de ingresos.

Se conocen experiencias de redes de mujeres productoras que generan sus propios ingresos. En acceso a créditos se conocen los programas de presidencia y crédito semilla, sobre capacitación se conoce el SENA y DANSOCIAL en emprendimientos. Los resultados son poco halagadores, algunos sólo han endeudado a las mujeres, otros han creado falsas expectativas y otros no han llegado.

Se reconoce el papel de las Casas de Igualdad de Oportunidades en cuanto a información y contacto, por ejemplo para ubicación laboral.

Finalmente, reconocemos la gestión del equipo responsable de la Política Pública de Mujer y Géneros, sin embargo desde nuestra experiencia en los ejercicios de veeduría ciudadana, se evidencian barreras institucionales desde las instancias de dirección y decisión, para lograr mayor celeridad en el avance de la Política Pública. Por ello es indispensable que el ejercicio de control político y la interacción cabildo, organizaciones, ciudadanía, se mantenga para que el próximo año estemos realizando un segundo debate de control político evidenciando mayores resultados.

CONFLUENCIA NACIONAL DE REDES DE MUJERES CONSEJO CONSULTIVO DE MUJERES DEL DISTRITO CAPITAL Documento presentado al Concejo de Bogotá en marzo de 2009

INFORME 2. 12/09

Acciones y reacciones sobre LA CEDAW en violencias, participación e igualdad

En ese juego diario de mirarnos en el mundo, nos descubrimos al calor de las preguntas

supimos del color de esta tierra del sabor de las madrugadas,

del olor de los días inundados de flores.Nos miramos a la luz de los tiempos

y bautizamos los senderos en los cuales se conjugaron nuestras voces.

Desde ese entonces primigenio transitamos por el mundo

escribiendo la geografía de nuestros cuerpos abrazados por la esperanza

Malú

Las siguientes organizaciones de mujeres: ASOCIACIÓN PERIFERIA, ASRIO, AHDEX, ASOPRO, A.M.C.L.A.N, CASA VECINAL EL RUBY, CONSEJO CONSULTIVO DE MUJERES, CORPORACIÓN MESA DE MUJER Y GÉNERO, COMITÉ

MUJER Y GÉNERO, COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, COMUJEB, ESCUELA CULTURAL JUVENIL VIDEOS Y ROLLOS, CODACOP, CATÓLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR, FUNDAC, FUNDACIÓN LISAFE, FUNDECOM, FUNDACIÓN TEJIDO SOCIAL Y HUMANO, JAC ALCOLI, JAC SUCRE, MESA DE MUJERES CENTRO DE PROMOCIÓN FASOL, MUJERES, VIDA Y PAZ, REPEM, RED DE MUJERES LÍDERES DE SANTA FE, REDES DE CONTROL SOCIAL,, RED DE PARTICIPACIÓN CIUDADES SEGURAS Y LA RED DE PARTICIPACIÓN DE MUJERES DE SUBAde las localidades de Bosa, Kennedy, San Cristóbal, Engativá, Suba, Usaquén, Tunjuelito, Teusaquillo, Candelaria, Santa Fe y Mártires del Distrito Capital de Bogotá, preocupadas y comprometidas con los derechos de las mujeres, damos a conocer a Ustedes, los resultados de un proceso de seguimiento a las Recomendaciones que hizo el Comité de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres -CEDAW-, al Estado Colombiano en enero de 2007, y a la Política Pública de Mujer y Géneros en particular al Plan de Igualdad de Oportunidades; como estrategia de incidencia política para mostrar los avances, los vacíos y obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a programas, planes, políticas y servicios que garantizan condiciones de igualdad y equidad para las mujeres y las niñas, en especial en los temas de Violencias contra las mujeres y participación política y en la búsqueda de la igualdad.

Seguimiento a las Recomendaciones del Comité de la CEDAW

Este proceso se realiza en coordinación y apoyo con la Confluencia Nacional de. Redes de Mujeres de Colombia, la cual es un espacio de articulación de diferentes redes de mujeres que busca hacer incidencia política ante la institucionalidad para lograr la formulación e ¡mplementación de políticas y normatividad a favor de las mujeres, hacer seguimiento y control al cumplimiento de los compromisos del Estado colombiano con los derechos de las mujeres y hacer incidencia en instancias internacionales del Sistema de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano.

El papel de la Confluencia es facilitar estrategias para la ¡mplementación de la CEDAW y de las Recomendaciones. Proceso que ha sido posible gracias al apoyo técnico y financiero del Fondo de Población de las Naciones Unidas -UNFPA-

Un ejercicio de incidencia política y seguimiento a compromisos, requiere construir alianzas y acuerdos entre diferentes expresiones sociales; en este caso el Consejo Consultivo de Mujeres ha sido gran aliado, además se ha contado con la presencia y participación de las responsables de la Política Pública Mujer y Géneros - PPMYC en cabeza de la Subsecretaría de Mujer y Géneros y Diversidad Sexual, y la Gerencia de Mujer y Géneros del IDPAC a quienes hacemos un reconocimiento especial por su compromiso y apoyo permanente.

Los resultados que presentamos a continuación se obtuvieron gracias a un proceso organizado y cuidadoso de recolección de la información en donde las propias mujeres hicieron una labor de indagación y observación al interior de las instituciones del Distrito Capital y de algunas instituciones de las administraciones locales; por medio de entrevistas, sondeos, cartas, reuniones y visitas, entre otras.

El instrumento utilizado para la recolección de la información fue la Guía de Seguimiento a las Recomendaciones de la CEDAW, elaborada por la Confluencia Nacional de Redes de Mujeres en el 2008, la cual propone generar información que facilite los procesos de control político y veeduría ciudadana para garantizar la plena vigencia de los derechos humanos de las mujeres.

En algunas de las instituciones consultadas, se logró una respuesta favorable y en otras no, por diferentes razones, entre ellas se resalta que aún falta conocimiento de algunos funcionarios y funcionarías del derecho que tienen las mujeres y sus organizaciones de hacer incidencia, seguimiento y veeduría a las políticas públicas.

En el ámbito Distrital respondieron oportunamente la Secretaría de Planeación de manera directa a través de la Subsecretaría de Mujer y Géneros y Diversidad Sexual; la Secretaria de Gobierno a través de la Gerencia de Mujer y Género del IDPAC; la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación.

En el ámbito local, se cuenta con información de las localidades de Santa Fe, San Cristóbal, Kennedy, Mártires, Candelaria y Suba, entre las instituciones que brindaron información están:

En Santa Fe, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar localidad Santa Fe- Candelaria, la Casa de Igualdad de Oportunidades (Santa Fe -La Candelaria - Los Mártires) y la Fiscalía.

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En San Cristóbal, la Red del Buen Trato que depende de la Secretaría Distrital de Integración Social, el Plan de Intervenciones Colectivas que depende del Hospital San Cristóbal y el Punto Focal que depende de la Alcaldía Local.

En Kennedy se recibió informe del Hospital del Sur, de la Subdirección de Integración Social y de la Casa de Igualdad de Oportunidades.

En Suba el Comité Operativo Local de Mujer y Género hizo un informe sobre su plan de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de la CEDAW a aplicarse en la Localidad.

Es importante destacar que si bien las anteriores instituciones que tienen un trabajo en las Localidades hicieron un esfuerzo por responder, la información es incompleta y las funcionarías, en alto porcentaje, tienen pocos conocimientos respecto a la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las Mujeres - CEDAW, a la Política Pública de Mujer y Géneros y al Plan de Igualdad de Oportunidades.

El Hospital de Kennedy presenta el tema de transversalidad de género como elemento importante a tener en cuenta dentro de sus procesos de intervención en la Localidad.

¿Cómo vamos las mujeres en Bogotá, D.C?

En Bogotá Distrito Capital, las mujeres contamos con la Política Pública de Mujer y Géneros y con un Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género 2004 - 2016, creado por el Acuerdo 091 de 2003, construida colectivamente por las mujeres representantes de diferentes organizaciones femeninas de las veinte localidades de la ciudad, teniendo como parte del marco legal la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las Mujeres - CEDAW.

En la Reforma Político Administrativa de 2007, se institucionaliza la Política en la Secretaría de Planeación del Distrito con la creación de la Subsecretaría de Mujer, Géneros y Diversidad Sexual y en la Gerencia de Mujer y Géneros del Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal -DPAC, adscrito a la Secretaría de Gobierno y encargada de territorializar la política pública en las veinte localidades.

En el Plan de Desarrollo Económico, social, ambiental y de Obras Públicas para Bogotá Distrito Capital 2008 - 2012 “Bogotá Positiva para vivir mejor”, en el objetivo “Ciudad de Derechos”, está el Programa “Bogotá Positiva con las Mujeres”, que busca avanzar en el reconocimiento, garantía y restitución de los derechos de las mujeres y garantizar las condiciones para el ejercicio efectivo de los mismos. En ese sentido, reconocemos que Bogotá ha venido avanzando en la incorporación de una política pública para el adelanto de los derechos de las mujeres, que además existe un compromiso y voluntad política en la implementación de acuerdos y políticas. Sin embargo, las mujeres participantes en este proceso, pensamos que no es suficiente y requiere de un mayor compromiso institucional de todos los entes que conforman la administración

Seguimiento a las Recomendaciones del Comité de la CEDAW

distrital, para transformar una cultura patriarcal que por siglos se ha instaurado en los imaginarios y las mentes de las personas, que históricamente ha invisibilizado y discriminado a las mujeres en los distintos ámbitos de la vida social, familiar, política, económica y comunitaria. Por eso consideramos, que este ejercicio de seguimiento a las Recomendaciones hechas por el Comité de la CEDAW al Estado colombiano en enero de 2007, se constituye en un reto político que debe seguir posibilitando escenarios de diálogo que comprometan las acciones institucionales. Es por lo anterior, que para el caso de Bogotá, centramos dicho seguimiento en el Plan de Igualdad de Oportunidades.

Violencias contra las mujeres

Aunque han sido grandes los esfuerzos por coordinar estrategias y acciones para disminuir los diferentes niveles de violencias que viven las niñas, jóvenes y mujeres en el Distrito Capital aún tenemos datos alarmantes:

a de acuerdo con el reporte de Medicina Legal, para el año 2008 en Bogotá denunciaron por violencia física de pareja, 14.396 mujeres. Con relación al maltrato infantil se reportaron 1.691 casos de niñas y 1.491 niños. En total se reportaron 56.321 demandas por violencia intrafamiliar de las cuales el 78% fueron realizadas por mujeres y niñas.

si se registraron en las Comisarías de Familia 537 denuncias por violencia sexual, de las cuales el 82% fueron realizadas por mujeres. Mientras que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses registró en el mismo periodo 3.616 denuncias de mujeres y niñas2.

si acerca de las mujeres y niñas víctimas de violencia de la calle se reporta para el 2008 que 4.891 mujeres han sido víctimas3.

a entre los casos identificados de violencia intrafamiliar según sexo por localidad, en el 2008 se identificaron 3.775 casos entre los cuales 3.155 corresponden a mujeres y 620 a varones, siendo Suba la localidad con mayor porcentaje, con 508 casos de los cuales 422 corresponden a mujeres y 86 a varones, seguida de Bosa, Kennedy, Engativá, San Cristóbal y Usme4. Por ejemplo, en la localidad de Kennedy, el hospital informa que las mayores violencias reportadas son: física, emocional, sexual, económica, por negligencia y por abandono. Se observa que la violencia emocional, seguida por la violencia física representan los más altos porcentajes de la violencia ejercida contra las mujeres en las localidades de Kennedy y Puente Aranda.

2 Datos suministrados por la Subsecretaría de Mujer, Géneros y Diversidad Sexual en las respuestas dadas a los derechos de petición presentados por la Confluencia Nacional de Redes de Mujeres.

3 Reporte dado a través de la Secretaria Distrital de Gobierno y específicamente el Centro de Estudios y Análisis el cual referencia como delitos de alto impacto social el Homicidio, el hurto y las lesiones personales.

4 Datos suministrados por la Secretaría Distrital de Salud, según el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Violencia Intrafamiliar, el Maltrato Infantil y la Violencia Sexual - SIVIM-.

si de los casos identificados de violencia sexual, según grupo de edad y sexo, para el 2008, de 3.775 casos, 3.155 corresponden a mujeres y 620 a hombres. Siendo el grupo de edad entre 11 y 15 años el más afectado, del cual 996 corresponden a mujeres y 156 a varones. Seguido por el grupo de o a 6 años para un total de 878 casos, de los cuales 622 de mujeres y 256 de hombres5.

Frente a la recomendación: Tomar medidas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer tanto de agentes estatales, como de organizaciones o personas: de manera directa o como consecuencia de una acción u omisión.

En el Distrito Capital, aunque no existe una política pública orientada a eliminar la violencia contra las mujeres, según la Subsecretaría de Mujer, Géneros y Diversidad Sexual, está el Plan de Igualdad de Oportunidades que plantea acciones afirmativas en torno a lograr una política integral.

La Secretaria Distrital de Integración Social es la responsable y a su vezejerce la Secretaria Técnica del Consejo Distrital de Atención a las Víctimas de Violencia Intrafamiliar, Violencia y Explotación Sexual Comercial, con los siguientes planes: Plan de Atención a las Víctimas de Violencia Intrafamiliar y Sexual, Plan de Prevención a la Violencia Intrafamiliar y Sexual y Plan de Prevención de la Explotación Sexual y Comercial, los cuales serán revisados y ajustados en el 2010 a la luz de la ley 1257 de 2008, a fin de avanzar en la definición de un plan integral de prevención, atención y sanción a las violencias contra las mujeres en el Distrito Capital. Aunque La Secretaría Distrital de Educación afirma que existe una política orientada a disminuir los niveles de todo tipo de violencias que se presentan en las instituciones educativas con la ejecución del Acuerdo 125 del 21 de Junio de 2004, que crea la Cátedra de Derechos Humanos, Deberes y Garantías y Pedagogía de la Reconciliación; el cual reconoce la diversidad poblacional en concordancia con los propósitos del Plan Sectorial de Educación a través del proyecto “Promoción de los derechos humanos, la participación y la convivencia en el sistema educativo oficial de Bogotá”, de las acciones de reactivación del programa Caminos Seguros a la Escuela, de la convocatoria Prometeo (estrategia que potencia los planes de derechos humanos, convivencia y seguridad en los colegios) y de la estrategia INVENTUDES. No es tan evidente el foco hacia la prevención de las violencias en las niñas y mujeres de las comunidades educativas, situación que se hace más preocupante por la ignorancia y en muchas ocasiones por la falta de interés de los funcionarios directivos en este tema. De otro lado, a los colegios llegan programas o proyectos contratados, que no cubren la población total y son temporales. Otros aunque están mencionados por ejemplo en el plan sectorial de educación no se conocen entre las comunidades educativas de las instituciones distritales.

Existen esfuerzos minoritarios en algunas instituciones educativas por difundir los derechos de las mujeres y en particular por promover campañas en prevención de violencias para las mujeres, en particular en el mes de Noviembre dentro del marco del 25 de noviembre - día de la No Violencia Contra la Mujer.

k m 5 Idem.

Seguimiento a las Recomendaciones del Comité de la CEDAW

Con relación a los mecanismos de consulta y de participación de la sociedad civil en, particular de las organizaciones de mujeres en la formulación e implementación de la política, la Secretaría Distrital de Educación plantea que las instancias de participación son las mesas distritales y locales de política educativa, sin hacer referencia específica a la consulta en el tema de violencia.

La Secretaría Distrital de Salud, afirma que cuenta con varias políticas y programas que respaldan la oferta de servicios institucionales en salud física y mental para la atención de víctimas al maltrato infantil, violencia sexual, y violencia intrafamiliar en la ciudad, y para la promoción del buen trato, entre las que están: Política Distrital de Salud Mental, Plan de Prevención de Violencia intrafamiliar, violencia sexual, maltrato infantil y la Explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes -ESCN NA. Entre los proyectos específicos liderados desde la Dirección de Salud Pública se tiene: Redes locales del buen trato, Línea 106, Sistema de Vigilancia epidemiológica de la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil y la violencia sexual SIVIM y se coordina con las Direcciones de Aseguramiento y Desarrollo de servicios para la prestación de Atención integral a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, Maltrato a la mujer, Maltrato al menor, y Delitos sexuales. Sin embargo, en la información suministrada no aparece la especificidad de una política pública encaminada a eliminar la violencia contra las mujeres.

La Secretaría de Salud cuenta con 20 Redes locales del buen Trato, la línea 106 “al alcance de las niñas, niños y adolescentes”, que funciona como una red de apoyo a las acciones del Plan de Intervenciones Colectivas en los escenarios escolares, laborales, comunitarios y de instituciones prestadoras de servicios (IPS) del Chat virtual www.infanciabogota.gov.co. Aunque no son espacios exclusivos en los que participan las mujeres, reciben los casos y promueven la participación de la población en general.

En las localidades, lo anterior se materializa a través de las diferentes actividades y articulaciones que se realizan desde las 12 “Casas de Igualdad de Oportunidades” que aunque tienen un cubrimiento para todas las localidades, la infraestructura, los equipos humanos y los presupuestos no son suficientes para atender todas las demandas que se presentan día a día. Desde estos espacios se desarrollan diferentes procesos y acciones en los 6 derechos del Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Géneros - PIOEG: Derecho a una vida Libre de Violencias, Derecho a la participación y representación de las mujeres, derecho al trabajo en condiciones de Igualdad y dignidad, Derecho a la salud Plena, Derecho a la Educación con Equidad, y Derecho a una Cultura Libre de Sexismo.

A través de abogadas especializadas en perspectiva de género y derechos de las mujeres se adelantan acciones frente a UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS, prestando el servicio de orientación jurídica gratuita a todas las mujeres niñas y adolescentes de las localidades, orientación que pretende empoderar a las mujeres consultantes como mujeres sujetas de derechos, se explica la ruta de atención de las diferentes instituciones responsables de atender a las mujeres víctimas de violencias y se realizan procesos de sensibilización para el conocimiento de la normatividad vigente en materia de derechos humanos de las mujeres.

En los hospitales de San Cristóbal y Kennedy están comprometidos con la transversalidad de género, por lo tanto el conjunto de programas, proyectos y normas se desarrollan sobre la base de los seis derechos del Plan de Igualdad de Oportunidades del Distrito Capital. Las acciones buscan propiciar el reconocimiento de los procesos organizativos de las mujeres y su participación en los programas y estrategias diseñadas con miras a erradicar la violencia contra ellas.

En cuanto a la recomendación: Mejorar el acceso a la justicia y a los programas de protección a las mujeres; la Subsecretaría de Mujer, Géneros y Diversidad Sexual viene realizando diferentes acciones que responden a dicha recomendación, entre las más importantes están:

a la gestión de compromisos, coordinación y seguimiento con la Secretaría Distrital de Integración Social para la revisión del modelo de seguimiento PARVIF a fin de incorporar el enfoque de género al seguimiento de casos de violencia intrafamiliar; incorporación en el plan de formación de la Secretaría Distrital de Integración Social de un módulo en violencias contra las mujeres y acceso a la justicia con perspectiva de género dirigido a comisarios y comisarias de familia.

a la puesta en marcha de cuatro Casas Refugio para víctimas de violencia; atención jurídica especializada con enfoque de derechos y géneros a 1.500 mujeres en Casas de Justicia; articulación con la coordinación del proyecto de atención Integral a la Población Desplazada para la implementación y seguimiento al Auto 092 de 2008 para la definición y organización de una mesa interinstitucional; es de aclarar que éstas hacen parte de las metas del Plan de Desarrollo Distrital y en la actualidad está en puesta el funcionamiento de una Casa Refugio.

a la incorporación de la temática de violencias de género en la planeación y realización de la Semana del Buen Trato en coordinación con la Subsecretaría de Mujer, Géneros y Diversidad Sexual; participación en la conmemoración del día de la No Violencia contra las mujeres vinculando la campaña del Lazo Blanco.

g> el diseño y difusión de una ruta de atención a mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia al interior de la familia, violencia sexual y explotación sexual comercial.

g> el desarrollo de una estrategia de socialización de la ruta de atención a mujeres y niñas y adolescentes víctimas de violencia al interior de la familia, violencia sexual y explotación comercial en las localidades del distrito a través de las subdirecciones locales para la integración social y la estrategia de Gestión Social Integral.

© difusión del estudio sobre explotación sexual comercial y trata de personas al interior del Consejo Distrital de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, Violencia y Explotación sexual.

© desarrollo e implementación de un proyecto piloto de atención terapéutica con enfoque de género dirigido a mujeres víctimas de violencia al interior de la familia y violencia sexual.

Seguimiento a las Recomendaciones del Comité de la CEDAW

a revisión y adecuación de los planes de atención y prevención a la luz de la nueva ley de violencias contra las mujer.

g > seguimiento a los recursos que la entidad aporta para la prevención y atención a las violencias contra las mujeres.

En las localidades, frente a la existencia de instancias para la protección de las mujeres víctimas de violencia se hace referencia a las ya contempladas se encuentran en las Instituciones que el Distrito tiene a nivel local y Distrital como: Casas de Justicia Comisarias de Familia, Centros Zonales del ICBF, Subdirecciones Locales para La Integración Social, Personerías. En el ámbito Distrital están las principales Institucionales del Estado y del Distrito responsables de atender las víctimas de violencia como la Fiscalía que está descentralizada en todo el territorio Nacional y los Centros de Atención a Víctimas de Violencia.

Con relación a las asignaciones presupuéstales para adelantar programas en prevención y atención de las violencias contra las mujeres encontramos que si bien es cierto hay rubros significativos, éstos no son suficientes para atender las demandas de las mujeres, niñas y adolescentes en el Distrito Capital.

Frente a la Revisión de la eficacia de los mecanismos existentes para hacer frente a la violencia contra la mujer en el hogar, en particular el mecanismo de conciliación.

Consideramos que se sobrepone la conciliación a los derechos de las mujeres, desconociendo las condiciones en las que se ejerce el maltrato, en el cual necesariamente hay una víctima y un victimario. Y el victimario ejerce poder sobre la víctima, y el hecho de ponerlos frente a frente, coloca a las mujeres en una condición de desigualdad. Dentro de la conciliación, no hay un proceso previo de información, para que la mujer que ha sido victima de violencia y maltrato pueda tomar una decisión acorde con su situación. Consideramos que este mecanismo se utiliza inadecuadamente. Por ejemplo, se tiene la falsa creencia que es obligatorio conciliar y casi que se obliga a la mujer para que concilie con su agresor.

En cuanto a la calidad del servicio de atención en violencias, las mujeres que han utilizado éste, opinan que es deficiente y que las acciones que desarrollan no protegen su integridad física, mental o afectiva, esto para programas de prevención. En cuanto a atención en justicia, ellas dicen que “brilla por su ausencia”, por ejemplo las penas que se dan a los agresores no tienen punto de comparación y menos de reparación con los daños causados a las mujeres.

Con relación al Mejoramiento délos sistemas de información sobre la violencia contra la mujer en el hogar desglosados por sexo, tipo de violencia y relación de la víctima con el autor de los hechos.

De manera independiente, en algunas de las instituciones se ha iniciado la elaboración de indicadores de género, sin embargo, no existe un sistema de información unificado, a Subsecretaría de Mujer, Géneros y Diversidad Sexual viene realizando en coordinación y seguimiento con la Secretaria de Gobierno la producción de información sobre violencias contra las mujeres en

el espacio público y privado desagregada por sexo y el acompañamiento en la construcción del sistema unificado de Información y el Registro unificado de posibles agresores sexuales - RUDPA. La secretaría Distrital de Salud está implementando el Sistema de Vigilancia Epidemiológico de la Violencia Intrafamiliar, el Maltrato Infantil y la Violencia Sexual. La Secretaría de Educación afirma que en la actualidad está implementado un software que arrojará de manera sistemática y periódica las estadísticas de incidencia y prevalencia de acciones violentas que suceden al interior de los colegios, o en sus entornos y que involucran a la comunidad educativa. Dicha situación se ve reflejada de la misma manera en las localidades.

En referencia a Intensificar la coordinación entre todas las instituciones responsables de ayudar en los casos de violencia contra la mujer en el hogar.

Es de destacar los esfuerzos de la Secretaria de Gobierno a través de la Gerencia de Mujer y Género del IDPAC, de la Subsecretaría de Mujer, Géneros y Diversidad Sexual, de la Secretaría Distrital de Salud y de la Secretaria de Educación por establecer espacios de coordinación para avanzar en la prevención y eliminación de las violencias contra las mujeres en el Distrito Capital. Sin embargo, dada la magnitud de la problemática aún queda mucho camino por recorrer, pues no todas las instituciones se comprometen de la misma manera, ni en todas se cuenta con las referentes de género que permitan avanzar en la articulación para la eliminación de la violencias contra las mujeres. Aún persisten grandes obstáculos que enfrentan las mujeres víctimas de violencias cuando acuden a los centros de atención de protección, salud, justicia y educación. Entre éstos están:

a Desconocimiento para acceder a servicios cuando se ha sido víctima de maltrato.

s> Justificación de la violencia.a No hay sensibilidad en la mayoría de funcionarios y funcionarías frente a

la perspectiva de género, la tendencia lleva a revictimizar a las mujeres que denuncian.

® La misma norma es permisiva en no reconocer las formas de violencia.® Dependencia económica de las mujeres.a La inasistencia alimentaria genera doble violencia contra las mujeres; su

calidad de vida es precaria.a Miedo a denunciar por parte de las mujeres.a Faltan entidades de apoyo para la persona agredida.® Falta compromiso con el seguimiento psicológico y jurídico a los casos de

violencia contra las mujeres.® No hay una atención integral oportuna, ni un seguimiento permanente

para tratar la salud física y mental de las mujeres.s> Se desestiman las demandas de protección cuando la mujer ha sido

víctima de violencia económica o psicológica.® Los y las especialistas en justicia con perspectiva de género son escasas.

<s> No existe coordinación inter institucional para atender casos de violencia.

Seguimiento a las Recomendaciones del Comité de la CEDAW

m No hay atención inmediata y oportuna, por ejemplo cuando las mujeres demandan sólo hasta los dos meses citan al agresor y si éste no acude no hay ningún mecanismo que lo obligue.

© Aunque existen rutas, la atención no es efectiva ni suficiente.

Participación e igualdad

En cuanto a la incorporación en el Plan de Desarrollo del Distrito Capital de una política pública a favor del adelanto de las mujeres, se cuenta, según la Gerencia de Mujer y Géneros, desde el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Positiva”, con el programa Bogotá Positiva con las mujeres y la Equidad de género, en donde se han puesto en marcha 12 Casas de Igualdad de Oportunidades, entre una de sus acciones ha sido la sensibilización a las mujeres en derechos humanos enfatizando en el derecho a la participación y representación, se impulsa la participación de las mujeres en la Mesa Diversa, se avanza en la investigación sobre la forma de participación de las mujeres en los encuentros ciudadanos, se participa en el espacio del Consejo Consultivo de Mujeres y se apoya en el fortalecimiento en línea del derecho a la participación con las organizaciones de mujeres.

En cuanto a la percepción que tienen las mujeres de las Casas de Igualdad de Oportunidades - CIO - en las localidades, afirman que: aunque cuenta con un equipo de mujeres profesionales, en algunas, estos equipos aún son débiles y por la forma de contratación con el Distrito, los procesos se atrasan o se estancan. Los presupuestos para éstas son limitados. Algunos equipos de las CIO, no están totalmente consolidados y dado que éstas son Inter locales, no alcanzan a cubrir la alta demanda que tienen las mujeres frente a la garantía de derechos.

En la Secretaría Distrital de Salud, en armonía con los lincamientos definidos en el Plan de Desarrollo 2008 - 2012 “Bogotá Positiva”, se construyó el Plan de Salud Territorial 2008- 2012, donde se incluyó el Eje de Promoción Social, cuyo propósito es “Generar condiciones para el ejercicio de ciudadanía y garantía de los derechos de la población, potencializando las capacidades de las personas y reconociendo la diversidad para transformar las condiciones de vida”. Ejes, en los cuales se han definido objetivos y metas específicas que tienen que ver con el enfoque diferencial y de género. Desde la dirección de salud pública hay un compromiso con la incorporación de la perspectiva de género en las diferentes intervenciones del Plan de Intervenciones Colectivas -PIC a través de las articulaciones al interior de la empresa social del Estado, con la PPMYG y con las organizaciones de mujeres, a partir de 2007. Desde la dirección de Participación Social y servicio al Ciudadano se difunden acciones, se sensibiliza a los y las actoras institucionales, servidores y servidoras públicas y a la ciudadanía en general sobre la incorporación de la perspectiva de género.

En la Secretaría de Educación, esto se realiza desde la Dirección de Participación, la que cuenta con un presupuesto destinado a la formación, acompañamiento y promoción de las mesas de participación locales y distritales. Se tienen convenios institucionales con el IDPAC y la Escuela Galán para la realización de la formación en participación.

Frente a la recomendación que hace referencia a la toma de medidas que aseguren la participación plena y equitativa de la mujer en todas las esferas, especialmente en órganos electivos y en el poder judicial:

En el Distrito Capital se conformó el Consejo Consultivo de Mujeres en el año 2007, aprobado por el Alcalde Mayor Luis Eduardo Garzón a través del Decreto 402 del 5 de septiembre de 2007, integrado por 36 representantes: 25 de organizaciones de las mujeres y 11 de las autoridades políticas y administrativas del Distrito Capital y tiene entre sus finalidades garantizar la interlocución entre la Administración Distrital y las Representantes de las Mujeres; coordinar entre las organizaciones, grupos y redes de mujeres y la administración; analizar y asesorar sobre los temas de la Política Pública de Mujer y Géneros; representar las necesidades e intereses de las mujeres considerando su diversidad.

De igual manera cuenta con el espacio de la Mesa Diversa de Mujeres del Distrito como escenario de interlocución entre la PPMYG y las organizaciones, grupos y redes de mujeres, desde el reconocimiento de la diversidad y las diferencias; para la construcción colectiva de la PPMYG y del PIOEG; para realizar un ejercicio de corresponsabilidad para el desarrollo del PIOEG desde las rutas de la participación para la inclusión, la veeduría, la rendición de cuentas del cumplimiento de los compromisos de la administración, el ejercicio de participación y la representación.

La Secretaría de Educación con el Decreto 293 de 10 de septiembre de 2008 crea y estructura el Consejo Consultivo Distrital de Política Educativa, los Consejos Consultivos Locales y las Mesas Locales de Política Educativa; establece en su capítulo III de las mesas distritales y locales de Política Educativa el Artículo 18, la participación de representantes elegidos de forma democrática en cada uno de los colegios del distrito donde se tiene en cuenta que no haya ningún tipo de discriminación por género, etnia, cultura, orientación sexual, entre otras. De igual forma, desde la dirección de participación se promueve que niños, niñas y jóvenes participen de manera equitativa en los procesos de participación en los órganos del gobierno escolar, según la Resolucióni8i del 27 de Enero de 2009.

En cuanto al cumplimiento de la Ley de Cuotas, se percibe un avance, por ejemplo: de las 66 entidades distritales se cuenta con 57.150 personas empleadas de las cuales el 55.4% son mujeres y el 44.6 son hombres. La Gerencia Mujer y Géneros, informa que en los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo de la administración de las 12 secretarías, el 50% está constituido por hombres y el 50 por mujeres, igual pasa en las alcaldías de 20 localidades; 50% corresponden a mujeres y 50% a hombres6.

La Secretaría Distrital de Salud, informa que está dando cumplimiento a dicha ley por parte de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo, en la actualidad se cuenta con 16 de éstos empleos, de los cuales 6 están ocupados por mujeres. No obstante, las mujeres consideramos que no es suficiente el tener mujeres en los cargos, si dichas mujeres no cuentan

6 Según la Subsecretaría de Mujer, Géneros y Diversidades Sexuales y la Gerencia de Mujer y Géneros; en el Departamento Administrativo del Servicio Civil, esta es la composición por sexo de la planta de servidores y servidoras distritales por niveles, con corte a marzo 30 de 2009.

Seguimiento a las Recomendaciones del Comité de la CEDAW

con la claridad y el compromiso en la aplicabilidad de la perspectiva de género, y derechos en los programas, acciones que orientan y adelantan.

Con relación a la ¡mplementación de programas de capacitación en materia de liderazgo para las mujeres, incluidas las indígenas y las afrocolombianas, con el propósito de fortalecer su papel en los puestos de dirección de la sociedad:

Es de resaltar el gran compromiso de la Gerencia de Mujer y Géneros y de la Subsecretaría de Mujer, Géneros y Diversidad Sexual, con relación a la realización de diferentes programas de capacitación en la temática, dirigidos al fortalecimiento del liderazgo y la participación política y ciudadana de las mujeres en las diferentes localidades.

La Secretaría de Educación, desde la Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales promueve la participación desde las Mesas locales y Distritales de Política Educativa a partir de los Consejos Consultivos de Política Educativa. En estas mesas se desarrolla un proceso de formación con líderes estudiantiles desde un enfoque de inclusión y derechos humanos.

La Secretaría de Salud, con la Dirección de Salud Pública a través del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC, transversalidad de género, en articulación con las casas de igualdad de oportunidades, organizaciones de mujeres y otras intervenciones, han garantizado la presencia de las mujeres en diferentes escenarios de las acciones desde salud pública y de la reflexión sobre la perspectiva de género y los derechos de las mujeres. Dentro de la estrategia “Escuela promocional y de calidad de vida” se desarrollan varias acciones que promueven esta participación.

Con relación al grado de valoración de la participación de las mujeres en las localidades; se evidencia una amplia participación de las mujeres en escenarios comunitarios como: Comités de participación en salud - Copacos, Juntas de Acción Comunal, Comités de Derechos Humanos, Comité de Mujer y Género, Delegadas de mesas CPL, hospitales y Consejos Locales de Discapacidad. Sin embargo, la participación no es decisoria, es consultiva, los espacios son restringidos, ya que las decisiones no las toman las mujeres. No se valora la participación de las mujeres, se justifica con la presencia de las mujeres en puntos secundarios y no nos tienen en cuenta al momento de decidir". "A las mujeres nos da pena, todavía somos muy sumisas a la institución. Falta mucho por sentir dignidad y ser autónomas a la hora de la participación”, “le tenemos mucho miedo al ejercicio del poder". Palabras que reflejan el sentimiento frente a la valoración de la participación y posicionamiento de éstas como sujetos y actoras políticas.

ANTE LO ANTERIOR, PROPONEMOS:

Frente a Violenciasa Continuar con la sensibilización y capacitación a funcionarías y funcionarios

con la obligatoriedad manifiesta en los planes de desarrollo, garantizando la continuidad de éstos en dichos procesos. Esta capacitación se debe realizar con personal idóneo en la temática.

si Incorporar de manera real la perspectiva de género en todos los planes,programas y proyectos tanto a nivel distrital como local. Que en el programa de Familias Positivas de la Secretaría Distrital de integración Social se incorpore dicha perspectiva y que haga visible el reconocimiento al derecho a una Vida libre de violencias para las mujeres.

«i Realizar de manera masiva y permanente las campañas educativasen prevención de violencias hacia las mujeres en todos los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios,

si Tener en cuenta que los contratistas que accedan a los recursos posean no solo la capacidad, idoneidad y experticia en la perspectiva de género y violencias sino que cuenten con una actitud receptiva y democrática con las mujeres,

si Ampliar la formación en perspectiva de género y derechos a todos losoperadores y operadoras de justicia a fin de que la responsabilidad norecaiga solo en las jurigenerista.

m Unificar e implementar una ruta única y efectiva de atención a las mujeres víctimas.

si Promover el conocimiento, acceso y aplicación de la Ley 1257 al interiorde todas las instancias gubernamentales y de la ciudadanía en general. Tener en cuenta en la reglamentación de esta Ley que sea el agresor el que salga de la casa y no la mujer víctima,

a En cuanto al mecanismo de la conciliación, que el Distrito realice unseguimiento a éste para determinar su eficacia y ver qué tanto se lesrestituyen los derechos humanos a las mujeres cuando hay conciliación.

si Revisar la aplicación y efectividad de las otras medidas de protección a la luz de larestitución de los derechos de las mujeres, contenidos, protocolos y reincidencia.

<a Fortalecer la articulación interinstitucional e interdisciplinaria en elámbito local para atender los casos de violencias contra las mujeres.

si Fortalecer la capacidad de acompañamiento de la sociedad civil a lasmujeres víctimas de violencias.

si Atender la Justicia desde un enfoque de justicia de género.si Creación de más Casas de Igualdad de tal manera que haya una por

localidad, con recursos tanto humanos como presupuéstales suficientes para que puedan responder a la demanda de la población.

si Establecer políticas educativas en prevención de violencias hacia las mujeresen los currículos escolares y desarrollar proyectos sobre la prevención de Violencias contra las mujeres en todas las Instituciones educativas.

s> Con relación a los sistemas de información: que sea una obligación de lasdiferentes entidades del Distrito contar con un sistema de información sobre la violencia contra la mujer, desglosado y actualizado. Este sistema

Seguimiento a las Recomendaciones del Comité de la CEDAW

debe ser unificado de acuerdo con la tipificación que da la Ley 1257 y debe contar con una suficiente asignación presupuestal y a la vez proponemos la construcción de herramientas de fácil acceso y manejo por parte de las mujeres que permita hacer seguimiento al sistema de información desde la perspectiva del control ciudadano.

En cuanto a Participación e igualdad

si Crear la Secretaría de la mujer en el Distrito Capital con presupuesto propio y autonomía administrativa.

a Incrementar por parte del Distrito las acciones positivas para que las mujeres puedan participar y tener garantizada esa participación.

o Establecer políticas educativas de educación con equidad de género desde el Ministerio de Educación y las Secretarías de Educación, y formar a docentes en perspectiva de género en la educación.

g > Poner a funcionar todas las propuestas de la Política Pública de Mujer yGéneros en el tema del derecho a una educación con equidad.

g > Trasformar el Decreto 403 del 5 de septiembre para darle mayorcapacidad decisoria al Consejo Consultivo de Mujeres.

s> Promover la formación en los altos cargos directivos de las entidades públicas en perspectiva de género y de derechos.

g > Fortalecer la cualificación de las mujeres en el ámbito Distrital y local para el ejercicio de un liderazgo propositivo con enfoque de género y derechos humanos.

s> Establecer un sistema de incentivos para promover el liderazgo y accesode las mujeres en la participación política y ciudadana. Por ejemplo, el tiempo dedicado por las mujeres en diferentes espacios de participación sea tenido en cuenta para garantizar: la seguridad social, el bono pensional, recreación, educación, subsidio de vivienda, entre otros.

o Crear estrategias de comunicación que promuevan la transformación de patrones culturales frente a la capacidad de las mujeres para ocupar cargos de decisión que permitan el reconocimiento del papel que juegan las mujeres en la práctica del ejercicio político y ciudadano.

<s> Adecuar a la dinámica actual, el Acuerdo 13 que reglamenta la participación en Bogotá para incluir a las mujeres con representación específica.

Las mujeres valoramos los logros alcanzados. Sin embargo, expresamos la preocupación sobre las posibilidades y garantías de nuestra participación en los escenarios de la vida pública cuando nos encontramos con servidores y servidoras públicas, con dirigentes y líderes que desconocen que los derechos de las mujeres son también derechos humanos.

Confluencia Nacional de Redes de Mujeres Consejo Consultivo de Mujeres Organizaciones de Mujeres de las localidades de Bosa, Kennedy, San Cristóbal, Engativá, Suba, Usaquén,Tunjuelito, Teusaquillo, Candelaria, Santa Fe y ____Mártires del Distrito Capital de Bogotá. E 9 I

M a g d a l e n a m e d i o

El presente informe sobre el estado de aplicación de las Recomendaciones hechas por el Comité de la CEDAW al Estado colombiano, es realizado por:

© Mujeres de las Provincias de Vélez (Municipios de Barbosa, Cuepsa,Puente Nacional y Vélez) y García Rovira (Málaga y Concepción),

© Mujeres de la región del Magdalena Medio Santandereano(Barrancabermeja, Sabana de Torres y Puerto Parra),

© Mujeres del de Sur de Bolívar (Morales, Tiquisio y Rioviejo),© Mujeres de Bucaramanga y su área metropolitana, pertenecientes a las

siguientes redes:© Red de Mujeres de la Provincia de Vélez.© Red de Mujeres del Nororiente colombiano con incidencia en la

Provincia de García Rovira, Red de Mujeres del Magdalena Medio Santandereano y Bolivarense.

© Red Metropolitana de Mujeres.© Organizaciones de Mujeres Paz, Pan y Vida (Diócesis de

Barrancabermeja); Merquemos Juntas.© Con el apoyo de la Fundación Mujer y Futuro, en los temas de

desplazamiento y violencia contra las mujeres.© Organización Femenina Popular de Barrancabermeja. (documento

aparte).

Seguimiento a las Recomendaciones del Comité de la CEDAW

MAGDALENA MEDIO. 1 1 /0 8

Informe de avance sobre el estado de aplicación de las Recomendaciones del comité de la CEDAW al gobierno colombiano en enero de 2007.

PRESENTACIÓN

Esta información fue recogida por las mujeres durante la segunda quincena de octubre y primera semana de noviembre de 2008 después de un taller de formación e incidencia política sobre las Recomendaciones de la CEDAW, realizado

por la confluencia Nacional de Redes de Mujeres. Con la Guía de Seguimiento a dichas Recomendaciones, se construyeron instrumentos para la recolección de la información. Este proceso de seguimiento se realizó en la Personería, la Alcaldía (Secretaría de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Social y Secretaría de Salud, Comisaría de Familia, Inspección de Policía) y el ICBF. El documento contiene un contexto general sobre la situación de las mujeres en Santander y Magdalena Medio; presenta los resultados de la información aportada por funcionarios y funcionarías en relación a violencia contra las mujeres y desplazamiento, las percepciones de las mujeres y conclusiones generales.

EL CONTEXTO

La región del Magdalena Medio, está conformada por 30 municipios de 4 departamentos: 3 de Antioquia, 5 del Cesar, 9 de Bolívar y 13 de Santander, con 747-222 habitantes7, 462.138 en la zona urbana y 285.084 en la zona rural. Según ACNUR, en esta región han salido por motivos de violencia 103.564 personas y de acuerdo con 13 años de registro de desplazamiento 42.355 personas se fueron de la región. Para el 2006 se registraron 363 acciones contra la población civil en el marco del conflicto armado, según la misma fuente; entre las que se resaltan 160 ejecuciones extrajudiciales y 20 amenazas individuales. En la región del Magdalena Medio Santandereano, hay 393.261 habitantes de los municipios de dicha región, según censo de 2005; de estos 34.568 han sido expulsados entre 1997 y 2006. Según el DANE, el Departamento de Santander cuenta con una población total de 1.913.444 personas, es decir, el 4.6% de la población colombiana. De este total el 74% habita las cabeceras urbanas de los municipios y el 26% restante las áreas rurales.

De acuerdo con las tendencias nacionales, la participación porcentual de la población por género se ha mantenido, superando las mujeres a los hombres casi en un 1 por ciento durante estos 30 años. En Santander, siguiendo esta

7 Revista de Acción de Paz No. 3 - Nilson Dávila Benavides - UNHCR, ACNUR, Observatorio de Paz integral Magdalena Medio - 2005 - 2006 w m

tendencia, las mujeres hoy representan el 51% de la población, mientras que los hombres el 49%, con una proporción similar a la distribución nacional, siendo uno de los departamentos en donde más de la mitad de su población es de sexo femenino. En Bucaramanga capital del departamento de Santander el índice de feminidad corresponde a 110 mujeres por cada 100 hombres. Esta relación se explica, entre otras razones, por la mayor expectativa de vida en mujeres; el tipo de actividad económica predominante en la ciudad; alta migración de mujeres jefas de hogar por motivos económicos y desplazamiento interno, así como migración intrarregional de mujeres.

Según el Observatorio de Salud Pública de Santander (OSPS), el Instituto Nacional de Medicina Legal (INML) y las Comisarías de Familia (CF) durante el año 2006 se registraron en Santander un total de 6.550 casos de violencia, de los cuales corresponden a Bucaramanga un total de 2.193, equivalente al 34% del total. Junto con Floridablanca, Barrancabermeja y Girón estas localidades ocupan los primeros lugares con 1.451, 851 y 786 casos respectivamente, dentro de los primeros 10 municipios con mayor tasa de incidencia según reportes de violencia intrafamiliar y sexual. Le siguen los municipios de San Gil, Lebrija, Pinchóte, Vélez, Landazuri y Chipatá. Frente a esta situación de violencia y desplazamiento, las mayores perjudicadas y afectadas son las mujeres; de los hogares registrados en los municipios de la región, el 39.2% corresponden a hogares con jefatura femenina.

Según Patricia Ramírez Parra8, integrante de la Ruta Pacífica de Mujeres, la situación de los derechos a la vida, a la integridad física, psicológica y moral, y a la libertad de las mujeres, las niñas y las jóvenes en Santander entre 2002 y 2006 es preocupante; esto se evidencia en las ejecuciones extra judiciales, los homicidios políticos, asesinatos, violaciones sexuales, torturas, amenazas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, secuestros y los desplazamientos forzados de hogares con jefatura femenina. Según Ramírez un 76.4% ha sido perpetrado por paramilitares y en uno de los 52 casos se presentaron nexos con el ejército; 4.4% a grupos guerrilleros; 3% a fuerzas de seguridad del Estado; el 16.2% corresponde a grupos armados ilegales.

Adicionalmente se puede afirmar que las diferentes cifras dan cuenta de una problemática estructural como la violencia de género, que debe ser asumida por el Estado como un asunto estratégico en el establecimiento de relaciones de equidad entre los géneros. Es una de las principales brechas que debe ser enfatizada en la acción institucional dados sus múltiples impactos sociales, su carácter injusto, prevenible y evitable, lo cual amerita diversos abordajes desde la acción preventiva, la garantía de atención oportuna y con calidad de las víctimas, la mejora continua en los sistemas de monitoreo y seguimiento.

8 Documento elaborado por Patricia Ramirez Parra: "Violaciones a los derechos humanos, al derecho humanitario y violencia política social en contra de las mujeres, en el Departamento de Santander, Colombia 2002 - 2006

Seguimiento a las Recomendaciones del Comité de la CEDAW

ESTADO DE CONOCIMIENTO, DIVULGACIÓN, APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CEDAW Y LAS RECOMENDACIONES

De acuerdo con la información recogida por las mujeres de los municipios que comprende este informe, se evidencia que desde las instituciones no seconocequé es la CEDAW, no se ha hecho difusión, no se han adelantado procesos formativos y por lo tanto no se ha implementado. Como consecuencia no se conocen las Recomendaciones que hizo el Comité de la CEDAW al Estado colombiano en el 2007 ni los mecanismos para su implementación, seguimiento y evaluación. No obstante funcionarios y funcionarías de algunas secretarias (Sabana de Torres, Bucaramanga y Morales) afirman que cuentan con indicadores para el seguimiento de programas en general, pero existe poca actualización sobre estos sistemas de información, en cuanto a cifras y en cuanto a la desagregación por sexo, edad, etnia y a menudo no son de conocimiento público. Se afirma que existen indicadores socioeconómicos y en salud relacionados con mortalidad poblacional, pero no con relación a la violencia contra las mujeres y las niñas. La ausencia de información desagregada por sexo y de enfoques diferenciales se evidencia en la mayoría de planes de desarrollo municipales, que no incorporan la perspectiva de género y los compromisos derivados de la CEDAW.

ESTADO DE APLICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN SOBRE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Las denuncias por violencia intrafamiliar, se presentan en alto grado. Las denuncias por lesiones personales, son remitidas a una valoración y de acuerdo al dictamen se envía a Fiscalía. Según los funcionarios y funcionarías, se presenta violencia física, verbal y psicológica contra las mujeres y las niñas. La violencia sexual que enfrentan algunas no es denunciada. A su vez se conocen casos de muertes de mujeres y niñas víctimas de violencia callejera.

La información recogida por las organizaciones de mujeres denota que no existe una política pública para la prevención, atención, protección y eliminación de la violencia contra las mujeres; se manejan acciones puntuales frente al tema de salud sexual y reproductiva, no hay una comprensión clara sobre lo que es una política pública; las pocas políticas que se están ejecutando no están consideradas desde las necesidades de las mujeres y desde la perspectiva de género, son políticas homogéneas sin enfoques diferenciales y para toda la población.

En la provincia de Vélez y los municipios de Málaga y Sabana de Torres, para la formulación de los programas, en la mayoría de casos no se consulta a la población, ya que son del orden nacional, el municipio solo los recibe y da cumplimiento (Vélez - Comisaría de Familia), no se cuenta con información sobre los recursos que se manejan.

Existe el programa de Familias en Acción y la Política de Salud Sexual y Reproductiva, que desarrolla acciones de prevención de embarazos a temprana edad; pero no contemplan otras necesidades específicas de las mujeres y están formuladas desde el rol reproductivo.

Existen instancias que atienden a mujeres víctimas de violencia como: la Fiscalía, la Comisaría de Familia, la Defensoría de Familia, los juzgados de familia, el CTI, Centros de Salud, ICBF y la Personería; pero no están lo suficientemente dotadas de equipo humano cualificado y sensible al género, la infraestructura es deficiente para responder a la alta demanda frente a esta problemática.

En el Plan de desarrollo de Barbosa existe la línea “mujer y familia” y se cuenta con un programa sobre violencia intrafamiliar, se espera socializar con las organizaciones de mujeres mecanismos de consulta en la formulación e implementación de la política para enfrentar la violencia contra las mujeres; se realizarán convenios con las organizaciones de mujeres para su formulación y se han realizado talleres de información sobre la problemática de la violencia contra las mujeres. Existe un proyecto para los colegios y madres cabeza de hogar que busca sensibilizar sobre las formas de violencia pero no se ha ejecutado y no se han apropiado recursos. Las Comisarías de Familia son las que atienden estos casos, se realizan capacitaciones y se hacen campañas con la policía y la Secretaria de Salud; se hace difusión por radio y televisión para prevenir la violencia contra las mujeres.

En Morales, de acuerdo con las respuestas suministradas por algunos funcionarios, la Secretaría de Salud no conoce sobre la situación de violencia que viven las mujeres, no existen campañas, se manejan programas del nivel nacional, se realizan acciones puntuales como labores pedagógicas de prevención, La Comisaría de Familia, atiende todo tipo de violencia. Desde el Plan de Desarrollo se trabaja esta problemática pero no se especifican datos ni presupuesto.

En Cuepsa, se cuenta con el programa Haz Paz (ICBF) para erradicar la violencia y construir una sana convivencia entre las familias, sin embargo, no se profundizó sobre el mismo. Con este programa se manejan casos de violencia doméstica.

En la región, según datos arrojados, no existen sistemas de información desagregados por sexo que den cuenta de los tipos de violencia, de la relación de la víctima con el autor de los hechos ni de los actores que ejercen la violencia contra las mujeres. En algunos casos, pueden existir datos en la inspección de policía, pero no es claro si están desagregados por sexo y otras variables. Por lo tanto, no existe ninguna estadística, ni diagnóstico situacional sobre la problemática de la violencia contra las mujeres. En Barbosa se está haciendo un estudio que contrató la alcaldía.

Aunque no se tiene implementado un sistema de información que dé cuenta de la violencia, ésta se hace más por iniciativa de algunos funcionarios y funcionarías comprometidos con la temática, por ejemplo la Comisaria de Familia de Vélez.

No hay un dato específico frente a violencia intrafamiliar en Puente Nacional; hasta ahora se va a presentar un proyecto para recolectar la información.

En cuanto a instancias para la protección de mujeres víctimas de violencia en Morales está “la Inspección de policía con funciones de comisaría defamilia, quien recibe la queja, hace los trámites respectivos ante las entidades correspondientes y a su vez dependen de la alcaldía” (Personería - Jorge Villarreal).

Seguimiento a las Recomendaciones del Comité de la CEDAW

ESTADO DE APLICACION DE LA RECOMENDACION SOBRE DESPLAZAMIENTO

Existe información de tipo general, especialmente de las familias que llegan en condición de desplazamiento, pero no existe un sistema de información que dé cuenta de la situación de la población desplazada en especial de las mujeres; según respuestas, podría encontrarse esta información en la Comisaría de Familia.

En el Municipio de Vélez hay 260 personas desplazadas y se cuenta con un presupuesto especial para casos urgentes - $2.000.000 - según la personería. En Barbosa hay 130 familias desplazadas “se las atiende a todas”. Dentro del plan de desarrollo hay un rubro para atención básica y existe una mesa de concertación. En Puente Nacional “existen en el presupuesto $4.000.000 para la población desplazada que son más o menos 15 familias. Dentro del plan de desarrollo existen programas para atención a los desplazados”.

En Morales y Sabana de Torres, aunque existe el Comité de Atención a la Población desplazada -PIU- que maneja la política de atención, no se tiene información sobre el porcentaje de población que atienden, el tipo de atención que brindan y el presupuesto con el que se cuenta, tampoco se considera desde la perspectiva de las mujeres, en algunos casos esta población “se encuentra inmersa dentro de los diferentes programas a ejecutar por parte de la administración”.

Según la Inspección de Policía de Barbosa, la personería es la encargada de atender a los desplazados, “no existe una política para las mujeres en situación de desplazamiento ya que la administración pretende dar un trato igual a todas las personas", “se hace lo de rigor, lo que la nación manda”. Se considera que la sociedad civil puede participar en procesos de consulta y participación pero no se tiene información sobre los mecanismos que tiene la administración para este fin. Se cuenta con el Comité Institucional de atención a la población desplazada, algunas de estas personas han contribuido en la elaboración y diseño del plan de salud territorial, pero concretamente no se tuvo información más profunda al respecto.

En Morales pueden encontrarse datos en personería y acción social o en Desarrollo social, pero no se tiene conocimiento de la existencia de un sistema de información que de cuenta de la situación de la población desplazada que llega, en especial de las mujeres - no hay datos.

En el plan de desarrollo de Guepsa, “Para el pueblo, por el pueblo y con el pueblo” existe un programa de prioridad de atención a la población desplazada, con un rubro presupuestal para esta área.

Según la personería del Municipio de Morales Sur de Bolívar, los mecanismos de participación de la sociedad civil son generales pero no se tiene mayor información, según el asesor de gobierno estos “mecanismos de participación cuentan con apropiados presupuestos para los cuatro años de gobierno”, sin embargo no especificó cuáles son esos mecanismos ni los rubros. El único mecanismo de participación en particular de la población desplazada para la

formulación e implementación de una política de atención, es el que se relaciona con el Plan de desarrollo municipal; sin embargo no se brindó información más detallada al respecto, sobre cómo funcionan y cuáles son.

Por último, las secretarias de salud de los municipios no disponen de un sistema de información a la población desplazada que les permita el disfrute del derecho a la salud.

LA PERCEPCIÓN DE LAS MUJERES RESPECTO A VIOLENCIA Y DESPLAZAMIENTO

Las siguientes son las percepciones y vivencias que tienen las mujeres respecto de los temas de violencia y desplazamiento:

La mayor violencia que enfrentan las mujeres en la mayoría de los municipios es la violencia intrafamiliar. Por ejemplo en Vélez, el conocimiento que tienen de este tema tiene que ver con que no se denuncian los casos, debido en parte al temor al abandono de la pareja y a la situación económica. De otra parte, las instituciones encargadas no llevan registros y no se conoce en sí la situación de violencia.

En otras ocasiones, las mujeres amenazadas a veces denuncian o en otros casos se refugian en regiones o países por miedo. Suele suceder que tampoco se denuncia por desconocimiento de la normatividad, existe un desconocimiento de las leyes y de las instancias o instituciones a donde deben acudir.

El apoyo que se les ofrece a las mujeres desplazadas es de tipo económico con mucho tiempo de espera, no hay acompañamiento institucional personalizado con enfoque de género. El mayor apoyo es la asistencia alimentaria limitada pero esto no soluciona el problema de hambre y de escasez de alimentos. No hay un programa integral que les garantice una calidad de vida digna.

Según la Red del Magdalena Medio Santandereano, en cuanto a las políticas públicas sobre violencia doméstica, no existe una verdadera voluntad política por parte de las y los funcionarios en atender las denuncias o estimular las denuncias. En cuanto a la violencia contra la mujer en el marco del conflicto armado se generaliza la atención en especial en casos de desplazamiento y se invisibilizan las otras violencias contra las mujeres, sobre todo las relacionados por orientación sexual (LGTB).

En Sabana de Torres no existe una oficina de atención a desplazados-as (UAO), la ayuda es escasa, ésta se da solo en casos de urgencia y emergencias. En este mismo municipio, se han presentado varios abusos sexuales contra las mujeres y niñas menores y no se tiene certeza de la manera como las instituciones han actuado en este tipo de casos. Se da el caso de una mujer madre de 2 niños asesinada por mutilación total, presuntamente vendedora de chance y al parecer encontrada por pescadores de la zona a la orilla de la ciénaga. Fue encontrada 7 días después de desaparecida. Episodio ocurrido en el mes de Septiembre en Barrancabermeja.

Seguimiento a las Recomendaciones del Comité de la CEDAW

Por otra parte los sistemas de información sobre situaciones de violencia contra las mujeres no existen o en otros casos estos no se dan cuando se solicita la información en las instituciones

Sobre la existencia de sistemas de información en cuanto a violencias contra las mujeres; la Red Metropolitana de Mujeres de Bucaramanga, sí ha solicitado información, los mecanismos utilizados han sido a través de derechos de petición, oficios de solicitud, visitas y entrevistas con funcionarios de competencia. En todos los casos han proporcionado información, aunque se han demorado en entregarla, dan en ocasiones respuestas evasivas o trasladan la petición a otra dependencia que tampoco da una respuesta, la calidad de la información en ocasiones es deficiente con inconsistencias ó esta no se encuentra desagregada por sexo.

Los 4 Municipios del área metropolitana de Bucaramanga (Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta, Girón) son principalmente receptores de población desplazada. Se recibe aproximadamente el 80% de toda ésta población por los actores del conflicto.

CONCLUSIONES

Existe gran desconocimiento sobre los acuerdos internacionales en especial sobre la CEDAW y las Recomendaciones, por parte de las instituciones y sus funcionarios y funcionarías en la región. No existen mecanismos ni indicadores para su implementación y seguimiento, ni acciones de divulgación ni actualización de funcionarios sobre esta información.

Los programas existentes apuntan a toda la población en general, no consideran las necesidades específicas de las mujeres y en materia de salud se atienden especialmente casos que se relacionan con salud reproductiva.

No se cuenta con datos estadísticos desagregados por sexo, edad, raza frente a los casos de violencia contra las mujeres y desplazamiento.

No hay una política pública de género para hacer frente a la violencia contra las mujeres y el desplazamiento.

Las instituciones se limitan a cumplir lo que se ordena desde la política nacional y no existen iniciativas municipales o regionales.

Se destinan pocos recursos para acciones o proyectos relacionados con violencia contra las mujeres o desplazamiento.A partir de un proceso de incidencia realizado por las redes y organizaciones de mujeres y refrendado en la Constituyente social de Santander, se logró la incorporación en el Plan de Desarrollo Departamental “Santander Incluyente”, compromisos institucionales como la formulación de una política pública de mujer y equidad de género, la cual se encuentra en proceso de contratación de su fase de diagnóstico, la creación de un mecanismo rector de la política, además de programas y proyectos que fortalezcan la organización de las mujeres y su reconocimiento como actoras sociales y ciudadanas titulares de derechos.

Algunos municipios se han comprometido con el avance en los temas de género incorporando acciones y designando recursos. Frente a lo anterior es importante que la Procuraduría afiance su papel como garante del cumplimiento de estos compromisos gubernamentales a fin de avanzar en la aplicación de los convenios internacionales y en particular en las Recomendaciones de la CEDAW, y de seguimiento y vigilancia a los casos documentados sobre violación de derechos humanos de las mujeres.

Aportes de la Organización Femenina Popular OFP-.

i

Los siguientes aportes surgen de nuestra experiencia de trabajo en el territorio con las mujeres del Magdalena Medio, y se apoyan en aspectos como:

1. Nosotras como organización femenina y desde el ejercicio de reflexión que hemos realizado con otros espacios organizativos de mujeres en la región y al nivel nacional, consideramos que para la aplicación de las Recomendaciones del Comité de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer - CEDAW, desde el Estado colombiano, se deben propiciar mecanismos e instrumentos normativos. Creemos que no es el marco de la aplicación de la ley de justicia y paz bajo el cual se aplicaría, como lo ha expresado el Procurador en su intervención y nos preocupa si se asumiera desde esta forma, ya que en el país no se he hecho el debido proceso para que la verdad de las victimas sea reconocida escuchada y por ende se haya abordado un real proceso donde la justicia, la reparación y el derecho a la no repetición sean pilares fundamentales en la búsqueda de la justicia. Si bien no nos equivocamos, en unas de las reflexiones que hemos hecho, estuvimos valorando cómo en el marco de la ley de justicia y paz los delitos relacionados como violencia sexual, violaciones y vejámenes hechos en el cuerpo de las mujeres, nos muestran que los actores armados han tomado el cuerpo de las mujeres como botín de guerra, y éstos hechos no son tenidos en cuenta para ser medidos como delitos que ellos deben confesar y asumir para ser procesados.

2. Creemos también que es importante que el documento muestre cómo las mujeres venimos haciendo resistencia por la vida y la defensa de nuestro derechos en el territorio, o sea que hable de lo que hacemos las redes, y de cómo nos encontramos para fortalecernos; cómo es que las mujeres hacemos incidencia y como construimos política de una forma distinta:2.1 Cómo las mujeres re-significamos nuestras realidades desde lo simbólico.2.2 La capacidad ganada desde las mujeres, así sea en unos mínimos,

para saber que ellas son seres humanos con derechos que deben ser respetados y garantizados desde los gobiernos locales. Para las mujeres en el Magdalena medio, cualquier agresión que sufra una mujer es como si lo vivieran todas en carne propia y que esto que pasa no es un hecho normal; porque es darle vida a la solidaridad de género y a la sororidad.

Seguimiento a las Recomendaciones del Comité de la CEDAW

3. También creemos que es importante relevar dentro de la situaciones que estamos viviendo las mujeres en la región del Magdalena Medio los siguientes hechos:3.1 Para el 2008, la agudización del conflicto armado que se vive en

la región ha exacerbado los índices de violencia contra la mujer. Las violaciones, abusos sexuales, maltrato físico y psicológico han aumentado en referencia con el año pasado.

3.2 La situación de señalamiento y estigmatización por parte de los actores armados legales, los paramilitares y en muchas ocasiones hasta por parte de las autoridades civiles, hacia las mujeres que como sujetas de derecho nos atrevemos a denunciar y a organizar a las mujeres y a las comunidades.

3.3 Los casos de violencia laboral (Cartel del sexo), con la proliferación de empresas contratistas de mujeres (Pareciera que el primer requisito para poder ser empleada o contratada cuando se solicita, es pasar un fin de semana -acostarse- con el posible empleador.)

4. TESTIMONIOS:4.1 Joven violada de 14 años, que vive en el barrio los Naranjos del Municipio

de San Pablo (sur de Bolívar), presentó la denuncia ante la fiscalía y notificó el caso ante la Defensoría del Pueblo, e hizo la respectiva denuncia ante la policía del mismo municipio. La joven identificó a los violadores quienes hacen parte de los desmovilizados que continúan operando en el sur de Bolívar. Hasta el día de hoy la policía no los ha capturado, no los encuentra pero ellos siguen haciendo de las suyas allí mismo en el municipio y ya la familia recibió amenazas por haber denunciado. La joven en estos momentos recibe acompañamiento psicosocial y rehabilitación.

4.2 Mujer de 42 años, habitante de Puerto Wilches, fue abusada sexualmente, violada, torturada por más de dos hombre cuando circulaba por una vía principal del municipio el día 05 de octubre del presente año. Ella queda casi muerta en el sitio de los hechos, es recogida por unos celadores, llevada al hospital del municipio de donde es remitida al hospital en Bucaramanga por su mal estado, las autoridades en el municipio no recogieron la denuncia aludiendo que la agredida era quien tenía que colocar el denuncio, ella hoy se encuentra en el hospital en precarias condiciones ya que el deterioro de su salud ha aumentado y la han pasado a un cuarto de aislamiento. Todo esto generado por negligencia en la atención, tuvimos que recurrir a la Defensoría para presionar la recolección de la denuncia por parte de las autoridades, pero también para que se le prestara una mejor atención. También cabe denunciar la aptitud de medicina legal ante la solicitud de la prueba de que ella había sido violada, ya que no lo hacen porque supuestamente el hospital de Puerto Wilches certificó que ella no había sido violada.

4.3 Mujer de 29 años, aparentemente desaparecida desde hace dos meses. La madre acude a nuestro servicio jurídico a declarar y solicitar apoyo. Se hacen las respectivas denuncias y el acompañamiento a la madre para hacerlas. Dentro del proceso hemos ido encontrando que ella fue sacada de la ciudad, llevada con engaños a una ciudad fronteriza, donde la están obligando a ejercer la prostitución. A éste caso y los anteriores, les hacemos seguimiento.

Informes I y II elaborados por: Red departamental de mujeres del Meta: Conformada por organizaciones de mujeres de La Macarena La Uribe,Vistahermosa,Villavicencio Mesetas yLejanías del departamento del Meta

Seguimiento a las Recomendaciones del Comité de la CEDAW

M et a . 1 1 /0 8

INFORME I: Porque otro mundo es posible sin discriminación ni violencias contra las m ujeres9

Las mujeres somos la mitad del cielo, la mitad de la tierra deberíamos

pisar el mismo suelo Red Departamental de Mujeres del Meta

El Departamento del Meta tiene 29 municipios, una población total de 789.276 habitantes, de éstos, 210.081 están ubicados en la zona rural. El 24,8% de sus habitantes tienen necesidades básicas insatisfechas'0. Según la

Vicepresidencia de la República, en éste departamento, entre el 2003 y el 2006 fueron expulsadas por causa de desplazamiento forzado 14.605 personas y se recibieron en el Meta 11.901 desplazados".

Con relación a la situación de las mujeres, en el Meta no se reportan datos estadísticos sobre Violencia Intrafamiliar ni sobre Violencia Sexual, tampoco sobre la trata de personas, problemáticas sociales donde las más afectadas son las mujeres. Hay un desconocimiento generalizado sobre la Convención por parte de los y las funcionarías de las entidades territoriales, lo cual dificulta el seguimiento a las Recomendaciones del Comité de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer -CEDAW- al Estado Colombiano.

Los Derechos humanos en el Departamento, se vulneran de diversas formas; en el caso de las mujeres se acentúan aún más por razones estructurales en

9 Este documento, refleja la situación de las mujeres del departamento del Meta en los temas

de violencia y desplazamiento. Es elaborado por las mujeres integrantes de la Red Departamental

de Mujeres del Meta, para dar cuenta del grado de apllcabilidad de las Recomendaciones que hizo

el Comité de la CEDAW al Estado colombiano, a partir de un ejercicio de seguimiento que busca

comprometer a los gobiernos nacional, departamental y municipal en el adelanto de los derechos

de las mujeres en el Meta. Este informe de seguimiento se presentó en la audiencia pública del 4 de

noviembre del 2008.

En la Audiencia pública, acudieron al llamado de las mujeres: el Gobernador del Meta Darío Vásquez

Sánchez, el Procurador Provincial Carlos Meló, el Procurador delegado para los derechos de la infancia,

la adolescencia y la familia Aroldo Wilson Quiroz, la Procuradora 30 judicial de familia Gloria Elizabeth

Martínez, la Secretaria Social y de Participación Elena María Flores, los representantes de UNFPA Diego

Palacios Jaramillo y Analissa Rosso.10 Vicepresidencia de la República, Diagnóstico Departamental Meta, p.111 Vicepresidencia de la República, Diagnóstico Departamental Meta, p. 9

nuestro país como el conflicto armado, la pobreza, el desplazamiento forzado, la corrupción; factores que se convierten en “caldo de cultivo” para la prostitución no sólo de mujeres, sino el incremento nefasto en niñas y niños, que terminan siendo explotados sexualmente, insertados en un perverso mercado sexual, donde se ha detectado el uso frecuente de llamadas a través de celulares a menores de edad para contactarlos, ante todo por hombres mayores de edad.

Se presentan múltiples casos de violaciones: las mujeres como trofeos de guerra, violadas no sólo por grupos al margen de la ley sino incluso por integrantes del ejército. Ha habido un incremento de las violaciones de niñas y niños.

En salud sexual y reproductiva se ve con preocupación el aumento de Enfermedades de Transmisión Sexual, vinculada con la prostitución, lo cual hace que en varias ocasiones sean transmitidas diversas infecciones a las amas de casa. El embarazo en adolescentes es otra de las problemáticas, dado que no existe un programa o política que forme y oriente de manera responsable sobre la sexualidad responsable, no hay profesores idóneos para dictar esta asignatura y en varios casos hay ausencia de una mirada ética de parte de aquellos que imparten esta materia. Se percibe además una ausencia de formación en valores y principios hacia los jóvenes, lo que ocasiona vivencias inmaduras e irresponsables alrededor de la sexualidad.

Por otra parte, hay múltiples discriminaciones que atraviesan no sólo el factor de género, sino además de raza y opción sexual, lo viven las mujeres negras en diversos espacios ya sea sociales o políticos, lo vive la población LGBTU, lo cual va en detrimento de los derechos humanos, e impiden superar la intolerancia e irrespeto por la diversidad en el Meta.

Las mujeres del Meta no queremos ser vistas desde la condición de víctimas, queremos ser reconocidas como sujetas de derecho, con pleno poder para ejercer nuestra ciudadanía y para participar en procesos, como el que hoy nos convoca. Queremos tener mayor incidencia en las decisiones que afectan no sólo nuestra calidad de vida como mujeres, sino en general de toda la población de este departamento.

Las mujeres del Meta requerimos de un Estado que...

a Haga difusión y capacitación sobre la CEDAW.a Los funcionarios tengan la formación adecuada para atender los casos de

violencia sexual y violencia intrafamiliar.a Genere diversas estrategias para mejorar la calidad de vida de la población

del Meta.a Implementen diversos proyectos productivos, que dignifiquen el trabajo,

que permitan tener una vida digna.a Los profesores encargados de la asignatura sobre sexualidad sean

personas éticas, idóneas para formar a los estudiantes en este tema sustancial en la vida de todo ser humano.

12 LGBT. Lesbianas, gay, bisexuales y transexuales

Seguimiento a las Recomendaciones del Comité de la CEDAW

® Intensifique los esfuerzos para utilizar el conocimiento y ejercicio delos derechos de las mujeres, teniendo en cuenta la diversidad étnica y regional, con especial atención a las mujeres, niñas y niños en situación de desplazamiento y de vulnerabilidad social,

a Tenga en cuenta el Código de la Niñez y Adolescencia, lo de a conocery genere mecanismos para que los ciudadanos y ciudadanas hagan uso de las herramientas y los instrumentos existentes para hacerlos cumplir.

Las mujeres del Meta, hacemos un llamado de atención a los medios masivos de comunicación, para que no sigan reproduciendo estereotipos sexistas que discriminan principalmente a las mujeres y no se siga utilizando la imagen de la mujer como objeto sexual. Invitamos a los medios masivos de comunicación en Colombia para que asuman una actitud y una posición comprometida con el respeto de los derechos humanos de las mujeres y en esa medida generando mensajes que tengan en cuenta la perspectiva de género.

SITUACION DE LAS MUJERES DE LA MACARENA, LA URIBE, VISTAHERMOSA, MESETAS Y LEJANÍAS DEL DEPARTAMENTO DEL META

La Macarena, La Uribe, Vistahermosa, Mesetas y Lejanías fueron municipios que hicieron parte de la zona de distensión en los años 1998- 2002, ejercicio que pretendió buscar un acuerdo de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla, pero no se logró acuerdo de paz, la zona de distensión se terminó, pero los y las habitantes hemos quedado con el estigma de ser guerrilleros y guerrilleras. Olvidándose que fueron los jefes políticos de turno los que caminaron, almorzaron, negociaron y dispusieron de todos los recursos, hasta de los humanos.

Este acontecimiento suscita que miremos la realidad de nuestros municipios con ojos de mujer. A partir de esta zona de distensión, se ha ido desarrollando el plan de consolidación que pretende disminuir la presencia de grupos armados al margen de la ley y posibilite la recuperación de la zona por parte del Estado colombiano.

Para nadie es un secreto que esta recuperación se ha hecho a sangre y fuego, teniendo como consecuencia, en primer lugar, que los ejércitos se hayan armado hasta los dientes; y, en segundo lugar, nosotras y nosotros hemos puesto los muertos, los desplazados, los desaparecidos, los encarcelados, los torturados, los huérfanos, las madres y padres cabeza de familia.

En este conflicto nadie ha ganado, todos y todas hemos perdido. Hemos perdido la confianza, la solidaridad, el respeto, el valor de la vida y sobre todo hemos perdido en muchos casos la presencia del papá, del abuelo, del hijo, del nieto, del tío y de infinidad de amigos. Y hemos sido nosotras las mujeres quienes hemos tenido que asumir además del papel de mujer, el del rol masculino, necesario para el desarrollo integral de nuestras familias.

Un hecho concreto, al que queremos hacer alusión, son las capturas masivas que se han realizado en nuestros municipios. Desde el año 2006 se han realizado muchas capturas masivas en las cuales se han ido llevando a los esposos, papás, hijos y hermanos.

Si el Estado, en el proceso legal, los encuentra culpables de los delitos que los acusan, ellos deben pagar sus penas, entonces, ¿cómo es posible que los que llevan dos años retenidos no se les haya definido su situación? ¿Qué podemos esperar de los que apenas inician este calvario?

Si bien nuestros familiares y amigos se encuentran allá retenidos, el Estado, que debe garantizar nuestros derechos, por algún momento, ¿se habrá preguntado por nosotras y nuestros hijos e hijas? Hasta ahora no hemos visto esa preocupación.

Hemos sido nosotras, quienes velamos para que nuestras familias subsistan aún en medio de la ausencia de nuestros esposos. ¿El Estado en algún momento se ha preocupado por garantizar los derechos fundamentales establecidos en la declaración universal de los derechos humanos y en la Constitución colombiana?

¿Dónde está el derecho a la educación, a la alimentación, a la vivienda, a la recreación que deben recibir nuestros hijos e hijas? ¿Dónde está la protección que debe brindar el Estado en estos casos cuando nosotras madres de familia tenemos que rebuscar y arañar en trabajos informales para solventar y brindar a nuestros hijos un bienestar social? Nosotras salimos a nuestros trabajos a tempranas horas del día y volvemos llegada la noche y nuestros hijos e hijas deben crecer solos porque el papá está retenido esperando que le aclaren su situación y nosotras buscando cómo llevar el pan a nuestras casas.

¿Dónde está el Estado que nos ofrezca a nosotras mujeres cabezas de familia oportunidades de trabajo dignos para que nuestros hijos e hijas puedan crecer aún en medio de esta realidad que nos ha tocado vivir impuesta por el mismo Estado?

Ante esta situación, solicitamos a ustedes que tengan en cuenta nuestras peticiones:

0 Que se nos mire con buenos ojos pues no tenemos la culpa del experimento que hizo el mismo Estado,

a Queremos perder el estigma de guerrilleros que nos pesa a diario, el cual nos hace vulnerables por la consecuencia del conflicto armado,

si Que se investigue a nuestros familiares antes de llevárselos, y no llevárselos para investigarlos, so principio de positivos militares,

a Presencia real de programas que velen por la seguridad de nuestros hijos e hijas, ofreciendo servicios de salud, educación, alimentación y recreación.

. s> Que se nos garantice oportunidades de trabajo dignos para nosotras madres que vivimos esta situación,

si Acompañamiento profesional para asumir las nuevas tareas que ésta realidad nos plantea.

Seguimiento a las Recomendaciones del Comité de la CEDAW

g> Que las políticas y los programas de desarrollo rural tengan unaperspectiva de género y aborden explícitamente las diferentes dimensiones de la pobreza que enfrentamos las mujeres de esta región,

a Capacitación, orientación y oportunidades de créditos o subsidiosque ayuden a reparar el daño que hemos recibido con consecuencias irreparables para nuestros hijos pero que de alguna forma ayuden a mitigar la pobreza.

a Mediante capacitaciones orientar a menores en Salud Sexual yReproductiva, para evitar riesgos de salud,

a Que tengamos acceso a los programas de protección y se adoptenmedidas necesarias para prevenir y erradicar la violencia perpetrada contra la mujer por cualquier persona, así como la violencia cometida por agentes estatales derivada de sus acciones u omisiones.

s> Sensibilización por parte de las autoridades a las mujeres para quedenuncien casos de violencia, abuso sexual y todos a aquellos que violen nuestros derechos.

Si la intención, a través de este evento es promover la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, es importante que el Estado colombiano empiece desde ya a liderar procesos por medio de programas dirigidos a las mujeres; que garanticen el respeto medíante acciones, normas, políticas y jamás permitiendo discriminen ni vulneren los derechos de las mujeres; procesos que garanticen la protección mediante prácticas preventivas, castigando las conductas discriminatorias y resarciendo a las víctimas por los daños y perjuicios.

La petición más sentida hoy, Señor Procurador, es que por su medio, el Estado Colombiano disponga de lo necesario para reparar el daño a estas mujeres y niños que hoy no poseemos ninguna oportunidad para sacar adelante lo que queda de nuestras familias, que se haga efectiva y dirigida la realización de los derechos humanos de las mujeres en condiciones de igualdad, que se nos reconozca un papel clave como agentes de desarrollo.

Sea esta la oportunidad para agradecer que hoy se nos escuche, que se estén fortaleciendo las expresiones de participación a la mujer con estos encuentros, permitiendo identificar las necesidades más sentidas y la dimensión de equidad de género para promover en igualdad de condiciones a las mujeres y los hombres, afianzando la familia como base fundamental de la sociedad.

EL DESPLAZAM IEN TO EN EL M ETA, UNA REA LID A D QUE REQ U IERE ATEN CIÓ N HUM ANITARIA ¡YA!

La situación de las mujeres que viven en situación de desplazamiento forzado en el Meta debido al conflicto armado, viven en constante peligro y zozobra, en especial porque el desplazamiento genera descomposición familiar, incremento de la violencia familiar, explotación sexual en las mujeres, las niñas y los niños y reclutamiento forzado.

Por otra parte, muchas personas, en especial las mujeres, al llegar a los lugares de destino, se encuentran con el abandono institucional, la discriminación social, la falta de inclusión de sus necesidades en los subsidios y programas que brinda el Estado. A esto se suma que las ayudas brindadas dependen del tipo de desplazamiento que haya tenido si fue masivo o individual sabiendo que las necesidades son las mismas; todo esto ocasiona que las mujeres vivan en un estado crítico de vulnerabilidad (pobreza extrema), ya que las comunidades donde residen no cuentan con fuentes de empleo.

Las administraciones públicas por no contar con una visión de género, desconocen la verdadera situación que viven las mujeres desplazadas. No se crean por parte del departamento, mecanismos de consulta y participación con la población desplazada para la formulación e implementación de políticas que garanticen derechos fundamentales a ésta población, en los presupuestos no se reflejan recursos suficientes la atención inmediata.

La falta de socialización de las rutas de acceso a los servicios institucionales hace que las mujeres sean invisibilizadas y desistan de exigir sus derechos y de denunciar las violaciones a que son sometidas, por miedo a las represalias.

Algunos funcionarios públicos encargados de atender a la población desplazada, no están capacitados en cuanto al conocimiento de la normatividad existente que tiene por objeto atención prioritaria. Por ejemplo, el acceso a los diferentes servicios no es igualitario, en el caso de la educación, hay gran exigencia de documentación para que los niños y las niñas puedan obtener un cupo escolar. En cuanto a salud las mujeres, niñas y niños, en general la población desplazada al encontrarse vinculada al sistema de salud de su lugar de origen son rechazados por no haberse desvinculado. Estas son algunas de las trabas u obstáculos que enfrentan, en especial las mujeres.

RED DEPARTAMENTAL DE MUJERES DEL META

Seguimiento a las Recomendaciones del Comité de la CEDAW

META: 1 2 /0 9

INFORME II:Las mujeres del Meta decimos: ¡no basta!

H an pasado 13 meses desde que las mujeres del Meta convocamos a las autoridades del departamento a una Audiencia Pública realizada el 4 de noviembre de 2008; fecha que no se borra de nuestra

memoria por la importancia que tuvo, pues fue un espacio de expresión de nuestra ciudadanía como sujetas de derechos, y por el compromiso de funcionarios y funcionarias, quienes en aquel momento mostraron voluntad política de avanzar en el largo y difícil camino para alcanzar la equidad de género en el Meta.

En este camino, para avanzar en la divulgación y cumplimiento de los derechos de las mujeres, ha sido de significativa pertinencia conocer, apropiarnos e incidir en las recomendaciones del Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que sin lugar a dudas, es una herramienta de gran importancia para la exigibilidad de los derechos, al tiempo que contribuye a medir el grado de conocimiento y compromiso del Estado en temáticas fundamentales relacionadas con la integridad y el desarrollo humano como son: las violencias contra las mujeres, el desplazamiento forzado, la participación política e igualdad de género, el empleo y pobreza.

Por ello, el proceso de sensibilización, formación y apropiación de los mecanismos de exigibilidad de derechos que nos posibilita la CEDAW, nos ha permitido comprometernos en la mayoría de municipios del Meta a posicionar este instrumento. En este sentido, iniciamos el camino de la incidencia política buscando información en las diferentes instancias del Estado acerca de las líneas de acción que los diferentes municipios se han trazado en cuanto a las políticas públicas dirigidas a las mujeres, especialmente en lo concerniente a generar espacios de participación y a eliminar las múltiples formas de violencias y discriminaciones contra nosotras.

En términos generales hay aspectos positivos como el cumplimiento de la Ley de Cuotas en gran parte de los municipios del departamento, al menos en términos cuantitativos, ya que la situación misma de las mujeres en el Meta deja grandes inquietudes sobre qué tanto influye esta participación en un ejercicio de poder con perspectiva de género, que además transforme prácticas de exclusión y discriminación, dado que frente a aspectos tales como violencias, desplazamiento, pobreza y

desempleo, es evidente la falta de políticas públicas integrales que den soluciones reales a estas problemáticas. Por eso, queremos decir ¡NO BASTA!, ya que aún hay mucho por hacer para un ejercicio real de garantía de derechos con perspectiva de género.

Es necesario que las buenas intenciones y la voluntad política se traduzcan en realidades concretas para las mujeres, las que en su mayoría somos cabeza de familia, víctimas directas del desplazamiento forzado, del conflicto armado, de la violencia sexual; algunas con historias de vida desgarradoras, que nos han vulnerado en lo más hondo de nuestro ser, pero que al mismo tiempo han hecho que las metenses seamos mujeres valientes, que en medio de las adversidades nos mantengamos en pie y con la cabeza en alto para seguir luchando por nuestras familias, por nosotras y por mantener el tejido social a pesar del conflicto social, político, económico y armado que le ha hecho tanto daño y dolor a la sociedad en general y que nos muestra la ironía de vivir en un departamento inmensamente rico en recursos naturales y biodiversidad, pero a su vez afronta de manera cotidiana degradantes formas de violencia y genera graves problemáticas como la pobreza, el desempleo, el hambre, la explotación desmedida de los seres humanos y de la naturaleza, la falta de oportunidades para el desarrollo humano, entre otros, lo que al mismo tiempo, es la causa estructural de la generación y perpetuación de diversas expresiones de violencia en los ámbitos público y privado.

Ante tan preocupante y lamentable situación de derechos humanos en nuestro departamento, reafirmamos que no descansaremos hasta que haya un mejor presente para nuestras hijas y nuestros hijos, para nosotras mismas, nuestras familias y las de los demás. También, nos asiste plena certeza que este mismo compromiso está presente en quienes gobiernan nuestro departamento, pero es importante que sepan una vez más, que sus esfuerzos todavía ¡NO BASTAN!

Por ello, hoy 10 de diciembre, día internacional de los Derechos Humanos, queremos presentar un diagnóstico de la situación de las mujeres en el Meta y sobre el estado de cumplimiento de las Recomendaciones que hizo el Comité de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, al Estado colombiano en enero de 2007.

Queremos compartir el resultado del trabajo que realizamos durante estos dos años, en los que identificamos los principales problemas, violencias e inequidades que enfrentamos las mujeres en el departamento; y nada más valioso que hacerlo ante ustedes, representantes de los medios de comunicación y de organizaciones de derechos humanos, que tienen en su “pluma” y en su quehacer la responsabilidad social de informar a la sociedad, de contribuir con su trabajo en la construcción de región, de país, y definitivamente de defender los derechos humanos.

Buscamos a la vez suscitar con este informe inquietudes y compromisos por parte del Estado, los medios de comunicación, las organizaciones sociales, de mujeres y de derechos humanos; ya que este proceso hace apuestas colectivas para permitir la construcción de políticas públicas integrales que garanticen realmente los derechos y una vida digna para toda la población.

Seguimiento a las Recomendaciones del Comité de la CEDAW

LA CEDAW V SUS RECOMENDACIONES AL ESTADO COLOMBIANO:

En relación con el conocim iento y difusión de la Convención para la Elim inación de todas las form as de D iscrim inación contra la mujer,

CEDAW , su Comité recomendó al gobierno colombiano “Difundirla con las recomendaciones en todas las instancias gubernamentales y legislativas,

adoptarlas e implementar un sistema de seguimiento y control”.

Al comparar con el año 2008, se evidencia que hay un leve incremento en el conocimiento de la CEDAW en algunos municipios como Granada, Puerto López, San Martín y Vista Hermosa; pero en general continúa siendo algo de lo cual no se tiene conocimiento, lo que evidencia una ausencia de voluntad encaminada a su cumplimiento.

Sin embargo, hay que resaltar que el gobierno departamental viene desarrollando una serie de compromisos en la divulgación de los derechos de las mujeres, entre los que es importante subrayar los casos de El Castillo, donde se han hecho talleres para dar a conocer las diferentes normas de protección a las mujeres; en El Dorado, se hacen talleres para prevenir violencias de tipo físico, psicológico y verbal; en Granada, se difunden los derechos de las mujeres en los barrios a través de la Red del Buen Trato; en Puerto López, por medio del Plan de Desarrollo se instaura la Política de Género; en Vista Hermosa hay programas para prevenir la violencia intrafamiliar.

Panorama que nos muestra que se vienen construyendo algunas iniciativas con el fin de plantear propuestas para generar procesos de concientización con respecto a la perspectiva de género y erradicar las violencias de todo orden.

En relación con la situación de violencias contra las m ujeres para cuyo cumplimiento el comité de la CEDAW recomienda específicamente al

gobierno “Tomar medidas para prevenirla y erradicarla tanto desde agentes estatales como desde organizaciones o personas (ya sea por comisión

u omisión); mejorar el acceso a la justicia y a programas de protección; revisar la eficacia de los mecanismos existentes para enfrentarla en el

hogar (en particular la conciliación); mejorar los sistemas de información sobre violencia contra la mujer en el hogar, desglosados por sexo, tipo de

violencia y relación de la víctima con el autor de los hechos e intensificar la coordinación entre todas las instituciones responsables de ayudar en los

casos de violencia contra la mujer en el hogar".

En lo referente a violencias contra las mujeres vemos con mucha preocupación que si bien hay talleres, campañas y procesos de sensibilización frente al tema,

persiste de manera generalizada en los diversos municipios el machismo, la violencia intrafamiliar, el abuso sexual, la trata de personas, el incremento desproporcionado de las niñas y jóvenes mal llamadas “pre-pago", la prostitución, el embarazo en adolescentes, el aborto inseguro y el incremento de Enfermedades de Transmisión Sexual, entre ellas el VIH/SIDA que está presentándose cada vez más en mujeres casadas, heterosexuales.

Todo lo anterior, con el agravante de la ausencia de cifras concretas que brinden datos estadísticos sobre esta problemática, pues existe un enorme subregistro en establecimientos de salud, pero a su vez pocas denuncias en Comisarías de Familia e Inspecciones de Policía y otras entidades a las que correspondería llevar registro de casos y situaciones como éstas; infortunadamente, al no llevarse un registro riguroso, se dificulta obviamente la formulación de políticas públicas al respecto.

Entre los casos más reiterados y preocupantes en los diferentes municipios, encontramos la prevalencia de un comercio sexual desaforado y deshumanizante en relación a las niñas y jóvenes denominadas “pre-pago”, quienes son contactadas a través de sus celulares por proxenetas que las venden como mercancía, incluso a través de catálogos, para ser abusadas por hombres que hacen parte de los diversos grupos armados, ganaderos, comerciantes, adultos mayores, contratistas de grandes multinacionales y en general portodos aquellos que teniendo condiciones económicas, poder político y armado, recurren a esta práctica, que evidentemente constituye una violación a los derechos humanos, especialmente porque vulnera los derechos de los niños y niñas y los de las mujeres en particular.

En este sentido, las mujeres continúan siendo las principales víctimas de la violencia generada por el conflicto armado, ya que una gran mayoría quedan viudas y tienen que asumir solas la responsabilidad de sus hijos e hijas; además persiste la violación sexual por parte de los diversos actores armados, lo cual evidencia que la mujer sigue siendo vista por ellos como parte del botín de guerra y su cuerpo continúa siendo un territorio de control y de apropiación. La impunidad frente a estos delitos no sólo genera miedo, dolor, soledad, destrucción, sino que además debilita la credibilidad en la institucionalidad y la legitimidad del Estado.

De otro lado, hace falta mayor divulgación de los derechos humanos, especialmente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ya que muchos de los resultados de nuestras pesquisas demuestran que hace falta una política pública educativa que incorpore la educación sexual de manera coherente, científica, integral y laica, de manera que a la comunidad educativa se le pueda brindar herramientas para la vida que le permita construir relaciones humanas, sociales y afectivas, basadas en el reconocimiento, el respeto, el cuidado, la responsabilidad y la dignidad. De este modo, se podrían evitar situaciones tan graves como los embarazos en adolescentes, embarazos no deseados, el comercio sexual, las enfermedades de transmisión sexual, los abortos inseguros, entre otros aspectos ligados a la salud y los derechos sexuales y reproductivos.

Ante esta situación, proponemos con carácter urgente que las instituciones educativas cuenten con personal docente idóneo para formar sobre educación sexual. Los avances han sido mínimos en este sentido, pues tan sólo se han

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dado algunos talleres dictados por personas expertas (contratadas de manera externa), llevadas específicamente a la región para este fin, pero ¡NO BASTA!, aún hay mucho que hacer al respecto.

Otro punto importante para resaltar es la difusión que se ha empezado a hacer en nuestra región de la Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Con beneplácito vemos que en la página web de la gobernación del Meta se está haciendo divulgación de la ley y se ha comenzado a desarrollar una campaña de sensibilización. Pero también es necesario plantear que existimos muchas organizaciones de mujeres en el departamento que hace muchos años venimos trabajando estos temas, de ahí que consideramos pertinente que estas instituciones estatales no desconozcan estos procesos y que por el contrario, tengan en cuenta estos avances, procesos regionales y trabajo organizativo.

Así mismo, preocupa sobremanera cómo los medios masivos de comunicación se han convertido en los principales difusores y promotores de una imagen de la mujer como objeto sexual a través de diversos mensajes con contenido sexista. Todo ello genera un imaginario que influye en la mentalidad de niñas y jóvenes que va en contra de su dignidad; ejemplo de ello, son las telenovelas sobre las mafias del narcotráfico en Colombia, que reproducen o venden la idea del dinero fácil, los viajes, el trabajo sexual, en ocasiones las mujeres tienen que alterar sus cuerpos de acuerdo al gusto de los capos o los que manejan el poder económico, político y militar.

Ante todo este caos de situaciones, las mujeres del Meta hacemos explícitas todas estas formas de discriminación y violencias para evidenciar que aún seguimos siendo víctimas inevitables del patriarcado y de un sistema que desprecia la vida y a un sector de los seres humanos en especial de indígenas, afro descendientes, mujeres, pobres, homosexuales y lesbianas; por ello, luchamos por ser reconocidas como sujetas de derecho, que ejercemos nuestra ciudadanía, que trabajamos a través de organizaciones y de manera personal para tener cada vez una mayor incidencia en las decisiones que afectan no sólo nuestra calidad de vida sino en general de toda la población de nuestro departamento.

En relación con la situación de m ujeres desplazadas, el Comité de la CEDAW recomienda al gobierno atender eficazmente las necesidades

específicas de mujeres niñas y niños desplazados y garantizar un acceso igualitario a salud, educación, empleo, seguridad y protección frente a

todas las formas de violencia.

Los datos sobre desplazamiento en nuestra región son dramáticos. De acuerdo con lo presentado en el documento “Plan Integral Único para la Atención y Protección de las Personas en situación de desplazamiento forzado. Departamento del Meta”, entre los años 1997 a 2008 han sido expulsadas 101.350 personas, de las cuales 49.225 son mujeres (49,3%) y 50.632 son

hombres (50,7%); y han sido recibidas 46.764 mujeres (49.7%) y 47-333 hombres (59,3%) para un total de 95.507 personas.

Más allá de las cifras, que de por sí son alarmantes, hay que subrayar que buena parte de las personas desplazadas han recibido solamente ayuda humanitaria de emergencia, pero no han tenido acceso a procesos de verdad, justicia y reparación. El presupuesto asignado para la atención a población desplazada en los diversos municipios es muy bajo y en general las “ayudas” que se brindan no resuelven las verdaderas necesidades de esta población; por el contrario, hace sentir a los personas desplazadas como “limosneras” de sus propios derechos, negándoles ciudadanía y equidad, esto sumado al estigma social que llevan a sus espaldas, quienes además de perderlo todo, son en muchas ocasiones discriminadas por el resto de la sociedad.

Con respecto a esta lamentable situación, las mujeres desplazadas no queremos ser tratadas como personas incapaces, por el contrario exigimos oportunidades de desarrollo que nos permita ser productivas, pues al trabajo es a lo que hemos estado acostumbradas toda la vida; sabemos que estamos viviendo una situación de violencia producto del largo e intenso conflicto armado que padece nuestro país hace muchos años y esperamos que este escenario de desplazamiento sea algo transitorio. En ese sentido, vemos que las “ayudas” del Estado deben ser sólo en una fase de emergencia, pero después de esto queremos tener reales opciones de vida digna, lo que significa: recuperación de nuestras tierras, reparación, justicia, empleos, educación, vivienda, salud y todos los derechos que tenemos por el sólo hecho de ser seres humanos, es decir todo aquello que nos permita garantizar nuestra ciudadanía.

En relación con la participación política e igualdad de género el comité de laCEDAW recomienda:

Fortalecer el papel de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer para coordinar la aplicación de la perspectiva de género en todos

los sectores y niveles del gobierno. Fomentar el diálogo entre los representantes de las entidades

públicas, las instituciones académ icas, y la Sociedad Civil para asegurar que se implementen las iniciativas desplegadas por el Estado para

lograr la equidad.

Adoptar medidas que aseguren la participación plena y equitativa de la mujer en todas las esferas, especialmente en órganos elegidos y en el

poder judicial.Implementar programas de capacitación en materia de liderazgo para las

mujeres incluidas las indígenas y las afro colombianas para fortalecer su papel en los puestos de dirección de la sociedad.

¡NO BASTA! con cumplir la Ley de Cuotas, aunque es un paso importante en el departamento del Meta. Encontramos que en varios municipios la participación

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de las mujeres en cargos públicos es superior al 30% estipulado por la Ley; sin. embargo, esto no garantiza que estas mujeres tengan una perspectiva de género o un interés por promover los derechos y el desarrollo de las mujeres en la región.

Vemos que en muchos casos las mujeres que llegan al poder lo hacen porque son cuotas políticas, pero no porque estén sensibilizadas frente a las necesidades de las mujeres. Frente a esto, es importante buscar alianzas con estas mujeres. El reto está en generar procesos de sensibilización y fortalecimiento de relaciones con las que ya se encuentran sensibilizadas.

Finalmente, vemos con preocupación que hay ausencia de indicadores y cifras desagregadas por sexo que permitan medir la igualdad de género en la región. Nos inquieta que la gobernación del Meta, a través de la Secretaría de Participación Social, venga promoviendo un grupo paralelo de mujeres en el departamento, lo que sin lugar a dudas representa un desconocimiento a la organización de mujeres ya existente y sobre todo le quita autonomía y legitimidad a los procesos organizativos que se desarrollan desde la sociedad civil.

En relación con la situación de las mujeres en materia de em p leo ypo b re za las recomendaciones son:

Reforzar las actividades para ampliar el acceso de la mujer al empleo en el sector estructurado incluso aumentando sus oportunidades de educación

y capacitación.Examinar los impactos de la industria maquiladora y de las labores

agrícolas estacionales en la situación económica de la mujer.Estudiar el efecto de los acuerdos de libre comercio en las condiciones

socioeconómicas de la mujer y examinar la posibilidad de adoptar medidas compensatorias que tomen en cuenta sus derechos humanos.

La pobreza y el desempleo son factores determinantes en los ámbitos que profundizan las violencias. En nuestro caso, es evidente el incremento del empleo informal sin ningún tipo de garantías y una serie de políticas asistencialistas del Estado como por ejemplo “Familias en Acción” que si bien han servido para atenuar algunos problemas inmediatos, no resuelven asuntos estructurales ni dignifica a las personas.

En este sentido, las mujeres planteamos que frente al aumento de la pobreza y el desempleo, se necesitan políticas públicas integrales que involucren proyectos productivos, relaciones de trabajo reguladas por la legislación laboral vigente (con estabilidad y prestaciones sociales), créditos condonables, créditos con bajas tasas de interés, acceso a la tierra y restitución de predios abandonados o despojados por situaciones del conflicto armado. En fin, fomentar el trabajo digno y la autonomía económica.

Las mujeres del Meta consideramos que en los diversos municipios del departamento se debe velar por el cumplimiento de los proyectos y programas que están planteados para las comunidades frente a generación de empleo y disminución de la pobreza. También vemos con preocupación el incremento de ventas de productos por catálogo, sin ninguna veeduría por parte de autoridades públicas, ocasionando abusos de las empresas que vinculan personal en este tipo de empleo informal.

Finalmente, queremos decir ¡NO BASTA! con hacer cursos de capacitación que continúan reproduciendo los estereotipos de género; además de modistería, elaboración de muñecos, escobas, traperos, entre otros. Las mujeres necesitamos formación educativa, formación laboral en otro tipo de tareas que nos permita salir de los roles tradicionales que la cultura patriarcal nos ha impuesto históricamente.

Las mujeres del Meta reiteramos que ¡NO BASTA! con lo que se ha hecho hasta ahora, y por ello PROPONEMOS:

Que las autoridades departamentales y municipales se comprometan con la formación, difusión, capacitación y garantías para cumplir con la CEDAW.

Continuar con la promoción y divulgación de la Ley 1257 de 2008 -Ley de no violencia contra las mujeres-, para que ésta sea comprendida por la sociedad y se logre además vencer los miedos y temores a denunciar delitos como el acoso sexual, las violaciones y en general las múltiples formas de violencia que se ejercen contra las mujeres, de manera que el Estado garantice lo establecido en esta importante ley para la vida, la dignidad y la seguridad de las mujeres en Colombia.

Que los funcionarios y las funcionarlas tengan la formación adecuada para atender los casos de violencia sexual y violencia intrafamiliar.

Que se cumplan las leyes para que el Estado tenga realmente una legitimidad frente a la sociedad y las mujeres.

Que los docentes encargados de la asignatura sobre sexualidad sean personas éticas, idóneas para formar a los estudiantes en este tema, sustancial en la vida de todo ser humano.

Que el Estado a través de sus autoridades competentes intensifique los esfuerzos para utilizar el conocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres, teniendo en cuenta la diversidad étnica, las diferencias regionales y la situación de vulnerabilidad, con especial atención a las mujeres, niñas y niños en situación de desplazamiento.

Que se fortalezcan procesos de formación sobre la perspectiva de género con las mujeres que llegan al poder público.

Que se fortalezcan los movimientos sociales de mujeres en la región, evitando que éstos pierdan su autonomía frente al Estado.

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Seguimiento a las Recomendaciones del Comité de la CEDAW

Que haya una participación activa de las organizaciones de mujeres, de tal manera que nuestras voces sean realmente tenidas en cuenta en la toma de decisiones políticas, económicas, sociales y culturales.

Que el Estado genere diversas estrategias para mejorar la calidad de vida de la población del Meta, que lleven a la disminución de las Necesidades Básicas Insatisfechas.

Que se implementen diversos proyectos productivos, que dignifiquen el trabajo, que permitan tener una vida digna, evitando una mirada lastimera hacia las mujeres.

Además, llamamos la atención a los medios masivos de comunicación, en el sentido de evitar reproducir en sus programas, estereotipos de género, imaginarios que reproducen socialmente la imagen de la mujer como objeto sexual, miradas discriminatorias hacia lo femenino. Al contrario, los medios masivos de comunicación en Colombia deben asumir una posición comprometida con la búsqueda de una mayor tolerancia, respeto de los derechos humanos de las mujeres, buscando incorporar la perspectiva de género en sus mensajes.

RED DEPARTAMENTAL DE MUJERES DEL META

SO I

* * *

M O N T E S D E M A R Í A

L ío s Informes I y II fueron elaborados por:

Red de mujeres de los Montes de María:

Nodos de los municipios de:

Carmen de Bolívar,María la baja,San Juan Nepomuceno,San Jacinto,Córdoba,El Guamo,Zambrano,Ovejas,Chalán,Coloso,Morroa,Los Palmitos,San Onofre,San Antonio de Palmito, y Tolúviejo.

Red de mujeres Narrar para vivir.

Seguimiento a las Recomendaciones del Comité de la CEDAW

MONTES DE MARÍA. 1 2 /0 8

INFORME I: A q u í e s t a m o s l a s m u j e r e s

Las lideresas de las organizaciones de mujeres que confluyen en la Red de Mujeres de los Montes de María agradecemos al señor Procurador delegado, Doctor AROLDO QUIROZ MONSALVO su presencia en esta bella región donde

las mujeres aportamos diariamente todo nuestro empeño y esfuerzo por sacar adelante nuestros sueños.

Al señor Gobernador del Departamento de Sucre, a los alcaldes y alcaldesas de la Región de los Montes de María, a los funcionarios del nivel nacional, regional y local le damos nuestro saludo. Esperamos que ustedes asuman como corresponde, con nosotras y ante el señor Procurador, el compromiso de revisar la información que entregamos y atender de manera inmediata las demandas que hacemos en este documento y que han sido construidas de manera participativa con un gran número de mujeres de nuestra región. Saludamos también al Doctor Diego Palacios representante para Colombia del Fondo de Población de Naciones Unidas, Esmeralda Ruiz y Fernando González funcionarios del UNFPA y a María Eugenia Morales de UNIFEM, de quienes hemos recibido todo el soporte, aliento, apoyo y consideración hacia nuestro proceso organizativo. De la misma manera saludamos a la CONFLUENCIA de Redes, que nos ha apoyado en nuestro proceso de empoderamiento para la preparación de esta audiencia.

De manera especial a todas las mujeres presentes que desafiando el clima, las dificultades de transporte se movilizaron para estar en esta audiencia nuestro saludo.

A todos y todas nuestro abrazo montemariano.

Contexto

Este documento es la voz fidedigna del sentimiento y experiencia de muchas mujeres en los 15 municipios de la Región de los Montes de María, integrada por 7 municipios del Departamento de Bolívar (Carmen de Bolívar, Marialabaja, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, Córdoba, El Guamo y Zambrano) y 8 del Departamento de Sucre (Ovejas, Chalán, Colosó, Morroa, Los Palmitos, San Onofre, San Antonio de Palmito y Tolúviejo). Los municipios de Corozal y Sincelejo, son considerados área de influencia regional de los Montes de María.

Las mayores fortalezas de nuestros Montes de María son indudablemente su capital humano, social y cultural; su ubicación geoestratégica; su potencial productivo agropecuario, artesanal, minero, pesquero y ecoturístico donde la participación de las mujeres es clave para su desarrollo. Estas condiciones,

paradójicamente, han convocado la disputa por el poder y el territorio entre los diferentes actores armados y nos han convertido a las mujeres en las esposas, viudas y madres que perdieron a sus hijos e hijas y a sus mismas madres, padres y hermanos; las huérfanas y las dolientes vivas de esta tragedia humanitaria, que demanda con urgencia una solución política negociada. Hemos sido testigas de cómo en nuestros territorios se han ejercido la desaparición forzada, las masacres, los desplazamientos, las ejecuciones extrajudiciales y el rompimiento del tejido social que por años hemos construido.

Informe sobre el estado de cumplimiento de las recomendaciones del Comité de la CEDAW al Estado colombiano en materia de Desplazamiento Forzado y Violencias contra las Mujeres.

El documento que las Mujeres de la Red de los Montes de María preparamos para esta audiencia tiene que ver con las Recomendaciones que la Comisión de Expertas de la CEDAW hizo al Estado Colombiano sobre el cumplimiento de la convención en materia de Violencia contra las mujeres y desplazamiento. La información fue recogida después de un proceso de formación y capacitación sobre el contenido de la CEDAW y de las recomendaciones, durante la segunda quincena de octubre y primera semana de noviembre de 2008.

A partir de este proceso se construyeron instrumentos para la recolección de la información y las mujeres establecimos una ardua búsqueda de información a través de contactos con funcionarios y funcionarías encargadas de las diferentes instituciones responsables de desarrollar programas, políticas y proyectos dirigidos a las mujeres en estos dos temas.

Acudimos a las gobernaciones, alcaldías, personerías, secretarías de gobierno, salud y desarrollo económico y social, comisarías de familias, inspecciones de policía y policía nacional, oficinas de acción social y fuimos atendidas por funcionarios y funcionarías quienes respondieron de acuerdo con su grado de responsabilidad y conocimiento sobre la temática. Algunos nos dejaron en la puerta, otros nos dijeron que ésta información era confidencial, o nos pospusieron las citas y en algunos casos, las programaron en horas no hábiles. De los 15 municipios, 11 nos suministraron información, aunque incompleta en algunos casos, de forma oral o bajada de internet sin ninguna revisión.

Para nosotras como mujeres fue importante reafirmar nuestro trabajo en torno a los derechos de las mujeres. Fue triste, al mismo tiempo confirmar que la gran mayoría de nuestros gobernantes y funcionarios no conocen instrumentos internacionales como la CEDAW y normas nacionales de obligatorio cumplimiento que buscan prevenir y erradicar la violencia y discriminación contra las mujeres, como la ley 051 de 1981, que aplica y ratifica la CEDAW.

Constatamos que en algunos planes de desarrollo existen proyectos dirigidos alas mujeres y que los funcionarios délas alcaldías ni siquiera saben que están escritos en el Plan y no tienen asegurada su financiación. Generalmente en los planes de desarrollo los programas de las mujeres se incluyen con enfoque asistencialista; es decir, focalizados en atención a población vulnerable.

Seguimiento a las Recomendaciones del Comité de la CEDAW

No hay una atención diferenciada frente a las problemáticas específicas de hombres y mujeres.

En este ejercicio de recolección de información sobre el estado de cumplimiento de las recomendaciones al Estado colombiano constatamos que la coordinación interinstitucional no se está dando en el registro de la información; así lo demuestran las estadísticas que no concuerdan entre las instituciones.

Estado de cumplimiento de las recomendaciones sobre violencia contra las mujeres

Las siguientes son las recomendaciones:

1. Aumentar los esfuerzos para reducir y eliminar el persistente clima de violencia.2. Adoptar todas las medidas necesarias para prevenir y erradicar la violencia

contra la mujer por cualquier persona u organización, así como la violencia cometida por agentes estatales, o derivada de sus acciones u omisiones, a todos los niveles.

3. Revisar la eficacia de los mecanismos existentes para hacer frente a la violencia contra la mujer en el hogar, en particular el mecanismo de conciliación.

4. Intensificar la coordinación entre todas las instituciones responsables de ayudar en los casos de violencia contra la mujer en el hogar.

Con respecto a la situación de violencia contra las mujeres en los municipios de los Montes de María existe una gran brecha entre la gravedad del problema y la calidad de la respuesta judicial ofrecida a las mujeres víctimas de ella. En primer lugar, en la investigación que hicimos las mujeres para preparar esta audiencia, pudimos constatar que hay una gran falta de información para las víctimas y sus familiares sobre la forma de acceder a instancias judiciales de protección, el procesamiento de los casos y cómo contribuir a la investigación y al esclarecimiento de los hechos.

Con respecto a las violencias en el contexto del conflicto armado, las víctimas del delito sexual no están dispuestas a hablar abiertamente sobre lo ocurrido, por la carga emocional, los riesgos de estigmatización familiar y social que esto implica y el peligro que pueden correr sus vidas cuando lo denuncian.

Las mujeres víctimas de violencia no logramos el acceso oportuno y efectivo a recursos judiciales cuando denunciamos los hechos sufridos; por este motivo la gran mayoría de incidentes permanecen aun en la impunidad y en consecuencia nuestros derechos han quedado desprotegidos. Con respecto a la atención tenemos que decir que en muchos casos las autoridades no nos ofrecen un trato digno y humano cuando accedemos a estas instancias judiciales y por el contrario terminamos siendo doblemente victimizadas por las condiciones del trato y las características de la atención.

Así mismo, la falta de protección y garantías judiciales para proteger la dignidad y la seguridad de las mujeres víctimas y de los testigos durante el proceso, termina

siendo un impedimento grande por los altos costos económicos de los procesos, y por la ubicación geográfica de las instancias receptoras de denuncias.

En la mayoría de los municipios existen comisarías de familia pero centran su atención en las cabeceras municipales sin tener en cuenta que ha sido en las zonas rurales donde la incidencia de la violencia contra las mujeres es mayor.

Igualmente se reconocen varios sitios de riesgo para las mujeres adolescentes como las zonas lejanas de los municipios, arroyos y montañas, vías veredales, y sitios solitarios alrededor del casco urbano. La violencia intrafamiliar se caracteriza porque es perpetrada por familiares y conocidos de las mujeres. Todos los lugares en los que hay grupos al margen de la ley y fuerzas militares presentan riesgo para las mujeres.

Estado de cumplimiento de las recomendaciones sobre desplazamiento

Las siguientes son las recomendaciones:1. Atender las necesidades específicas de las mujeres y niños y niñas

desplazados internos.2. Garantizar un acceso igualitario a salud, educación, empleo y otras oportunidades

así como seguridad y protección frente a todas las formas de violencia.

En todos los municipios existe población desplazada por las AUC y las guerrillas, pero solo en 4 municipios suministraron cifras exactas:

En Córdoba, actualmente el municipio tiene un reporte de 1.396 mujeres que se desplazaron en el auge de la violencia desde el año 1997 y recientemente llegaron al municipio 28 personas del corregimiento de Tacamocho. Así mismo se registra una mujer muerta por el conflicto.

En Toluviejo, Sucre, se desplazaron 2.005 personas, según Acción Social.

Llamamos la atención del señor Procurador para que se establezcan mecanismos, en todos los municipios, para garantizar que la atención llegue a la población que realmente se encuentra en situación de desplazamiento.

En Colosó Sucre: Tenemos 108 familias desplazadas y reportadas en la zona urbana. En el corregimiento de Chinulito los desplazamientos empezaron en 1992, hubo un retorno coordinado por la Gobernación y Acción Social con fallas que en este momento son objeto de investigación. En los corregimientos de la Ceiba y el Cerro las comunidades fueron desplazadas y en este momento requieren programas de retorno con garantías integrales. Así mismo en el Bajo Don Juan, se presentaron amenazas contra la población que la obligó a desplazarse y en este momento retornaron sin garantías.

En Los Palmitos, Sucre: Tenemos 2.565 personas desplazadas hasta julio 2008.

En Chalan: este Municipio ha sido gravemente afectado por la violencia del conflicto armado que ha venido generando desplazamiento forzado de gran parte de sus pobladores.

Seguimiento a las Recomendaciones del Comité de la CEDAW

Con respecto a los sistemas de información las funcionarías y funcionarios respondieron que en algunos municipios la alcaldía realizó una encuesta; en otros municipios la base de datos la maneja Familias en Acción, SISBEN y Acción Social. En las Personerías se registran a todas las personas que se acercan.

En relación con la discriminación de la información por sexo, etnia y edad en general no está discriminada a excepción de dos Municipios aduciendo como razón la inestabilidad de las y los desplazados.

En cuanto a la garantía de acceso al derecho a la salud, vivienda, educación y empleo, encontramos en un municipio un programa de vivienda que beneficia al 30% de las mujeres desplazadas.

Existe un programa de capacitación en la fabricación de artesanías y en general las mujeres son atendidas desde los programas de madres gestantes y lactantes del Plan Mundial de Alimentos PMA, y de Familias en Acción de Acción Social. Existe un programa de atención psicosocial en articulación con el ICBF y el SENA, dirigido a mujeres desplazadas en un Municipio.

Teniendo en cuenta las consecuencias psicosociales del desplazamiento se indagó por la atención en este sentido y encontramos que existen programas de Apoyo psicosocial en conflicto con la Fundación ASIC. En un municipio se cuenta con una sicóloga en la Comisaría de familia, que presta ayuda psicosocial. Se constató que en 14 municipios, no se brinda apoyo psicosocial a la población desplazada.

Existe un gran número de mujeres desplazadas que no son atendidas aun.En algunos municipios llega hasta el 50% de mujeres sin atención. En otros lugares como no se conocen cifras exactas de desplazamiento pues no se pudo establecer con precisión.

En cuanto al presupuesto que se destina para atender a las mujeres desplazadas en varios municipios se afirma que no hay presupuesto y solo en dos existe 20 millones como máximo. Con respecto a las normas y leyes se afirma que solo algunas mujeres desplazadas de su municipio conocen la sentencia T- 025 de La Corte Constitucional porque las organizaciones de la Red las han dado a conocer, pero que esto no ha sido una preocupación de las entidades del Estado.

Las mujeres desplazadas conocen las rutas de atención porque las han utilizado pero no porque haya una campaña de difusión de ellas. Con respecto a la participación de las mujeres en la formulación de políticas para atenderlas se expresa que no han sido convocadas las mujeres ni sus organizaciones para participar en dicha formulación.

En conclusión decimos:

En los Montes de María las instituciones carecen de una visión y de una política integral para prevenir, sancionar, investigar y reparar actos de violencia contra las mujeres. Esta situación es particularmente crítica en las zonas rurales y marginadas.

2. La deficiencia en la etapa de investigaciones de violencia contra las mujeres se traduce en una gran desconfianza sobre la eficacia de los sistemas de justicia para juzgar y sancionar a los perpetradores de estos actos. Esta deficiencia se expresa en el número tan bajo de juicios y sentencias que no corresponden al gran número de denuncias y la prevalencia del problema.

3. En algunas ocasiones la actuación de funcionarios y funcionarías en todos los niveles, da a entender que consideran los casos de violencia contra la mujer como no prioritarios y descalifican a las víctimas.

4. No hay programas específicos para atender a las mujeres, niñas y niños víctimas de desplazamiento, los existentes los atienden con programas generales que no dan respuesta a sus condiciones específicas de edad y sexo.

5. Finalmente anotamos que mal podrían las instituciones públicas dar cumplimiento a la CEDAW y a las recomendaciones hechas al Estado colombiano cuando en la indagación que las mujeres hemos hecho en los 15 municipios de los Montes de María se constata un gran desconocimiento de la Convención de la CEDAW., y la norma que la reglamenta en Colombia.

Creemos, señor Procurador, señor Gobernador y señores Alcaldes y Alcaldesasde los 15 municipios de los Montes de María que este diagnóstico por lo menosamerita:

1. Que se difunda ampliamente el contenido de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer-CEDAW, y de las Recomendaciones hechas al estado colombiano, entre los funcionarios gubernamentales, los políticos, los parlamentarios y las organizaciones de mujeres y de derechos humanos para que conozcan las medidas que se han adoptado y se han de adoptar a fin de garantizar la igualdad de hecho y de derecho de la mujer.

2. Que es necesario que los mandatarios locales y regionales expresen su voluntad política traducida en proyectos y programas con asignaciones presupuéstales dirigidas a las mujeres, así como la formulación de políticas públicas adoptadas por acuerdos y ordenanzas para que sean de obligatorio cumplimiento.

3. Que en esta región se diseñe y fortalezcan programas de capacitación para funcionarios y funcionarías de las administraciones municipales, departamentales, organismos de justicia y de control político sobre el problema de la violencia considerado como una grave violación de los derechos humanos de las mujeres.

4. Que las entidades del gobierno diseñen una política integral adecuada para garantizar a las mujeres víctimas de violencia y desplazamiento forzado, el acceso adecuado a la justicia y que los actos de violencia que generen desplazamiento, se prevengan, se atiendan, se investiguen, sancionen y reparen de forma justa. Entendemos la ¡ntegralidad de una política como estrategias que incluyen la prevención, atención, tratamiento, eliminación o erradicación de un problema. Por lo tanto exigimos que se aplique y se cumpla con estos parámetros.

5. Que se gestione la creación de un programa interinstitucional de atención psicosocial integral para las mujeres víctimas de todas las violencias y que tenga como objetivo prioritario la atención de sus necesidades particulares.

Seguimiento a las Recomendaciones del Comité de la CEDAW

6. Que se diseñen mecanismos creativos, efectivos y seguros para promover la denuncia de crímenes y violencias sexuales cometidos por los grupos al margen de la ley, funcionarios públicos y de la fuerza pública, que hasta ahora son invisibilizados.

7. Que se incorporen en las políticas las demandas de la población desplazada, así como las disposiciones del Auto 092.

8. Teniendo en cuenta que a una gran parte de las desplazadas les fueron expropiadas sus tierras exigimos que se les restituya su derecho sobre las mismas.

9. Que se proteja y garantice la vida y seguridad de las liderezas y defensoras de los derechos de las mujeres víctimas.

10. Llamamos la atención sobre los procesos de rearme de los grupos ilegales y la reactivación del narcotráfico en los Montes de María.

SlNCELEJO

M o n t e s d e M a r ía . 12 /09

INFORME II: Una vez más las mujeres...

U NA VEZ MÁS LAS MUJERES y pasado un año después de celebrada la primera audiencia, lideresas de las organizaciones que confluyen en las redes de Mujeres de los Montes de María y Narrar para vivir, saludamos y

agradecemos la presencia de:

La Señora Procuradora Regional, Doctora Margarita Sarmiento.El Señor Gobernador del Departamento de Sucre, Doctor Jorge Barraza Farak.El Señor Gobernador (e) del Departamento de Bolívar, Doctor Jorge Mendoza Diago. La Señora Gobernadora del Departamento de Bolívar, Doctora Martha Sáenz. Los alcaldes y alcaldesas de la Región de los Montes de María.Los funcionarios del nivel nacional, regional y local, a quienes agradecemos también el apoyo en nuestro proceso de recolección de información.Los funcionarios del Fondo de Población de Naciones Unidas quienes acompañan y estimulan esta tarea.

La Confluencia Nacional de Redes de Mujeres que nos ha capacitado en estos dos años de trabajo.Las mujeres de las organizaciones presentes y a todas las personas que nos acompañan en este recinto.

Una vez más las mujeres... convocamos a este evento con el apoyo de la Confluencia Nacional de Redes de mujeres y el auspicio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) para convencer e influir a nuestras autoridades sobre la imperiosa necesidad de hacer de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer - CEDAW, Carta Magna de las Mujeres, una realidad en nuestra región de los Montes de María.

Por ello, preparamos el documento para esta segunda audiencia de seguimiento al cumplimiento a las recomendaciones que la Comisión de Expertas de la CEDAW hizo al Estado Colombiano, en enero de 2007, con información recogida en las entidades gubernamentales responsables de la atención a estas problemáticas y entre las organizaciones de mujeres, después de un proceso de capacitación sobre estrategias de monitoreo y seguimiento para realizar el ejercicio de incidencia política. La información hace referencia al estado de situación en el cumplimiento de recomendaciones en los siguientes aspectos:

s> Conocimiento y difusión de la CEDAW. si Violencias contra las mujeres.© Situación de mujeres desplazadas.

Seguimiento a las Recomendaciones del Comité de la CEDAW

® Participación política e igualdad de género en el municipio.

g> Pobreza y empleo de las mujeres.

Una vez más las mujeres... y a un año de transcurrida la audiencia del 13 de noviembre de 2008, realizamos un trabajo de seguimiento para presentarles el estado de situación de las problemáticas, después de 2 encuentros para analizar y sistematizar la información. Participamos en el proceso mujeres de los 15 municipios de la región de los Montes de María, (Carmen de Bolívar, María la baja, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, Córdoba, El Guamo y Zambrano) (Ovejas, Chalán, Coloso, Morroa, Los Palmitos, San Onofre, San Antonio de Palmito y Tolúviejo).

Comparando con el proceso de recolección de información del 2008, encontramos mayor apoyo de las autoridades en la mayoría de los municipios. Acudimos a las gobernaciones, alcaldías y entidades del orden nacional, regional y municipal, a las oficinas de Acción Social y fuimos atendidas por funcionarios y funcionarías que respondieron la mayoría, de acuerdo con su grado de responsabilidad y conocimiento sobre la temática.

Para nosotras fue importante reafirmar nuestro trabajo en torno a los derechos de las mujeres y encontrar que en algunos municipios ya existe coordinación interinstitucional y se conocen la CEDAW y algunas normas que buscan prevenir y erradicar la violencia y discriminación contra las mujeres, como la Ley 051 de 1981 que aplica y ratifica la CEDAW y la ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los códigos penal, de procedimiento penal, la ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones. Constatamos con alegría que el ambiente ha cambiado en algunos municipios en relación con el conocimiento y la sensibilidad frente a la situación de las mujeres y ahí vemos los frutos de nuestro trabajo.

De manera general podemos decir que empieza a verse el compromiso institucional frente a las problemáticas de las mujeres, aunque en los planes de desarrollo los programas no tienen enfoque de género y siguen focalizados en la población vulnerable por discapacidad, etnia y raza, etapa de la vida como infancia y senectud, desplazamiento, jefatura de hogar y en proceso de reinserción. No obstante, destacamos que en el municipio Los Palmitos se creó el Consejo de Política para las Mujeres, y en los municipios de Córdoba y Morroa, se están realizando programas dirigidos a las mujeres como el de huertas caseras y de capacitación en lácteos. Igualmente las mujeres de la Red en Morroa, están terminando su formación básica en primaria. De otra parte, las mujeres de la Red somos visibilizadas, ya nos invitan a las reuniones y somos convocadas para participar en algunos procesos y aumenta la conciencia de las mujeres sobre la necesidad de transformar la situación y trabajar para su mejoramiento social y económico.

Una vez más las mujeres, presentamos el estado de situación sobre cumplimiento de las Recomendaciones del Comité de la CEDAW al gobierno colombiano, así:

tat

En relación con el conocimiento y difusión de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer,

CEDAW, su Comité recomendó al gobierno colombiano “Difundirla con las recomendaciones en todas las instancias gubernamentales y legislativas,

adoptarlas e implementar un sistema de seguimiento y control”.

Comparando con el año 2008, ha aumentado el conocimiento de la CEDAW en algunos municipios, ya sea porque ha habido preocupación de los Alcaldes o porque las mismas organizaciones de mujeres han replicado su conocimiento y la han difundido. Algunos funcionarios de manera particular solicitan información, lo que muestra ya un cierto interés en la región.

Con preocupación observamos que en los Planes de Desarrollo no existen aún, registros de valores para los indicadores de cumplimiento de las Recomendaciones de la CEDAW, ni dependencias especificadas para el seguimiento de los mismos.

Se resalta la labor de la Secretaría de Salud en Zambrano, pues hay cuñas radiales excelentes en contra de todas las formas de discriminación contra las mujeres.

De manera particular destacamos que en los municipios de Tolúviejo, San Antonio de Palmito, Guamo y Morroa empieza a instalarse la preocupación por la CEDAW, aunque aún hay un largo camino por recorrer en la comprensión del enfoque de género en los programas, que debería promover la redistribución de tareas al interior de las familias, para que las mujeres podamos participar en los programas diseñados para nosotras, sin recargar nuestro trabajo doméstico y alargar nuestras jornadas de trabajo. De esta manera empezarían realmente a darse pasos importantes en la transformación de nuestra condición y posición como mujeres.

En relación con la situación de violencias contra las mujeres para cuyo cumplimiento el comité de la CEDAW recomienda específicamente al

gobierno "Tomar medidas para prevenirla y erradicarla tanto desde agentes estatales como desde organizaciones o personas (ya sea

por comisión u omisión); mejorar el acceso a la justicia y a programas de protección; revisar la eficacia de los mecanismos existentes para

enfrentarla en el hogar (en particular la conciliación); mejorar los sistemas de información sobre violencia contra la mujer en el hogar,

desglosados por sexo, tipo de violencia y relación de la víctima con el autor de los hechos e intensificar la coordinación entre todas las

instituciones responsables de ayudar en los casos de violencia contra lamujer en el hogar”.

En relación con el conflicto armado y sus efectos en la vida de las mujeres, el proceso de seguimiento nos muestra que de una manera general la situación se ha transformado, porque el conflicto ha disminuido aunque se ha trasladado más a las zonas urbanas como Sincelejo, Corozal y Carmen de Bolívar (donde la tasa de homicidios ha aumentado sobre todo entre la población reinsertada). Ha mutado su carácter, ahora se manifiesta más, como represalias frente al proceso de reinserción y peleas por el poder local que ha cambiado de manos. En

Seguimiento a las Recomendaciones del Comité de la CEDAW

la región hay casos de amenazas, intimidación y persecución a mujeres lideresas. En Sincelejo y Corozal existen acciones de limpieza social.

Se sigue utilizando a la mujer como botín de guerra; porque los actores armados, que ya no se visibilizan, las presionan para quehaceres domésticos como lavado de ropa, elaboración de comidas, y ellas lo hacen sin saber que están siendo utilizadas por ellos.

Encontramos que hay muchas víctimas que todavía no han sido atendidas en sus procesos de concientización, reparación y sanación, y todavía hay muchas mujeres afectadas por procesos anteriores. Pudimos constatar además que falta información para las víctimas y sus familiares sobre la forma de acceder a instancias judiciales de protección y sobre procesamiento de los casos y esclarecimiento de los hechos. Muchas mujeres víctimas están desorientadas y no conocen sus derechos, las rutas y protocolos de atención.

Existen muchas víctimas cuyos propósitos de sanación y reparación están pendientes. Esta es una gran tarea que tienen las autoridades y que tenemos las organizaciones de mujeres: la CEDAW exige esa atención.

Los procesos de reparación de las mujeres víctimas están entrabados con la ayuda humanitaria en situación de emergencia que establece la Ley de Justicia y Paz. Otros impedimentos para el acceso a la justicia son los altos costos económicos de los procesos y la ubicación geográfica de las instancias receptoras de denuncias.

En relación con la violencia sexual común, persisten situaciones de abuso y desconocimiento. Falta capacitación para reconocer la violación y diferenciarla de una relación sexual consentida y placentera; no se distingue entre unas relaciones sexuales normales y unas relaciones sexuales patriarcales que disfrazan la violencia sexual en nuestras vidas.

Las víctimas del delito sexual en el conflicto armado, no están dispuestas a hablar abiertamente sobre lo ocurrido, por la carga emocional, los riesgos de estigmatización familiar y social que esto implica y sobre todo, por el peligro que pueden correr sus vidas cuando lo denuncian, porque lo reafirmamos: grupos armados siguen actuando de una manera camuflada para no reivindicar su identidad y justificar sus acciones.

Es notorio el aumento del trabajo sexual en niñas y adolescentes, lo que deriva frecuentemente en embarazos tempranos e infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA.

La violencia intrafamiliar se caracteriza porque es perpetrada por familiares y conocidos de las mujeres y es paradójico afirmar, pero han aumentado las cifras de violencia intrafamiliar debido al aumento de la conciencia de las mujeres frente a la defensa de sus derechos.

Se nota el aumento de la responsabilidad y sensibilidad de las mujeres frente a las denuncias en la atención y tratamiento de los casos de violencia sexual e intrafamiliar, como resultado de los programas para la prevención contra el maltrato a las mujeres.

En Córdoba se han recibido algunos casos de violencia intrafamiliar, a los cuales se les ha hecho el seguimiento y valoración por médicos y psicólogos, al igual que algunos casos de inasistencia alimentaria, que han sido procesos conciliables. Las instituciones educativas, las madres comunitarias y la Policía Nacional están llevando a cabo talleres para prevenir la violencia intrafamiliar y la violencia sexual, para las niñas, los niños y adolescentes en condiciones de desplazamiento y vulnerabilidad.

En San Jacinto se han presentado casos de violencia intrafamiliar. A pesar de que hay muchas razones por las cuales se produce, la más común es el desempleo, ya que éste origina desacuerdos y disgustos en los hogares, dando paso a los golpes y separaciones.

En Zambrano: En la seccional de salud, en el año 2009 ya se han registrado 15 casos de violencia física y 17 casos de violencia psicológica. En la Comisaría de Familia hay 24 casos. Existen muchos casos sin denunciar por miedo al maltratador y/o a las instancias respectivas por temor al reproche o al rechazo.

En San Juan Nepomuceno desde el año 2005 se hacen campañas de concientización sobre la violencia intrafamiliar y sexual por medio de los programas de Fortalecimiento del núcleo familiar y el de Promoción de la cultura del amor y la ternura. Se nota el aumento de las denuncias como resultado de este trabajo. No obstante, el 99% de las víctimas son mujeres. En el 2009 se han recibido 12 denuncias relacionadas con violencia intrafamiliar. En las audiencias de conciliación salen a relucir situaciones de violencia, que nunca antes habían sido denunciadas, porque las mujeres le restaban importancia a esta problemática. A las mujeres se les brinda apoyo sicológico y medidas de protección.

En el Guamo: Las mujeres organizadas desde la red, realizan talleres con otras mujeres, y desde la administración municipal se impulsan campañas de sensibilización para que las mujeres denuncien el maltrato intrafamiliar y como resultado el Comisario de Familia afirma que han aumentado las denuncias.

Igualmente algunas mujeres conocen la Ley 1257 de 2008 por un taller que se les brindó.

En Morroa: Con la labor de las gestoras sociales se ha creado el Comité de la mujer en el ámbito municipal por decreto de la Gobernación, con representatividad de las mujeres de la red y todas las redes presentes en el municipio.

En síntesis, en casi la mitad de los municipios que conforman los Montes de María, se observan acciones específicas en el cumplimiento de esta recomendación. Se espera un mayor compromiso de las autoridades competentes para su pleno cumplimiento.

3. En relación con la situación de mujeres desplazadas, el Comité de la CEDAW recomienda al gobierno atender eficazmente las necesidades

específicas de mujeres niñas y niños desplazados y garantizar un acceso igualitario a salud, educación, empleo, seguridad y protección frente a

todas las formas de violencia.

Seguimiento a las Recomendaciones del Comité de la CEDAW

Aparentemente la situación se ha calmado y se afirma que en el presente año no ha habido desplazamientos, pero si, exigibilidad de atención por la sentencia de la Corte, que declaró inexequible la extemporaneidad. Hay mayor presencia del Estado representado en fuerzas de policía y ejército y servicios de atención como la Unidad de Orientación y asistencia - UAO, pero las políticas no corresponden a las necesidades de la población desplazada y no tienen perspectiva de género.

La población que está aún en situación de desplazamiento no tiene facilidad para acceder a los programas que llegan de Acción Social, porque falta orientación por parte de las autoridades y recursos para hacer los trámites. De otra parte, los recursos asignados no están relacionados con políticas específicas para la población desplazada, como la CEDAW y el Auto 092 de 2008, que elimina los plazos de denuncia y reconocimiento de los hechos; pero hay poca capacidad institucional, porque no hay un sistema de información que dé cuenta de la identificación de la población desplazada, ni capacidad para ejecutar los recursos porque no se han elaborado los presupuestos acordes a la problemática de la población en situación de desplazamiento, y específicamente de las mujeres.

Aunque la mayoría de las mujeres desplazadas son cabeza de familia, hay carencia de programas psicosociales institucionales, que permitan la elaboración del duelo. En este sentido destacamos la iniciativa de la Red de Mujeres “Narrar para Vivir” que es un aporte importante para las mujeres víctimas, sobrevivientes y resistentes a la violencia del conflicto armado y vulnerables por su situación de pobreza y desconocimiento de sus derechos. Esta iniciativa consiste en hacerle acompañamiento psicosocial y jurídico a las mujeres para que tengan acceso a los procesos de verdad, justicia y reparación, con garantías de no repetición en aras de la reconciliación.

De otra parte, para la reconstrucción de una vida digna de las mujeres desplazadas es necesario que se facilite el acceso a créditos condonables y a capacitación certificada para gestionar proyectos productivos y asistencia técnica con la banca de oportunidades o entidades similares.

En el estadio actual de la política de seguridad democrática hay promoción del retorno, lo que no es posible para los Montes de María, porque no ha habido acciones de desminado de los territorios. Quienes han retornado no tienen las garantías de supervivencia necesarias porque no hay planes de vivienda, ni programas de generación de ingresos, ni incentivos para el agro y para promoción y mantenimiento de los cultivos; hay insuficiencia de servicios de salud, educación, comunicaciones, vías y servicios públicos como el agua potable. Un ejemplo de esta situación es el Plan de retorno en Las Palmas en San Jacinto y de Capaca en Zambrano.

Un retorno sostenible debe contemplar como condiciones mínimas los artículos 16 y 17 de la ley 387 de 1997 y los Principios Rectores en cuanto a condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad de los retornados.

En relación con la participación política e igualdad de género el comité de la CEDAW recomienda:e> Fortalecer el papel de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer

para coordinar la aplicación déla perspectiva de género en todos los sectores y niveles del gobierno.

a Fomentar el diálogo entre los representantes de las entidades públicas, las instituciones académicas, y la Sociedad Civil para asegurar que se implementen las iniciativas desplegadas por el Estado para lograr la equidad.

® Adoptar medidas que aseguren la participación plena y equitativa de la mujeren todas las esferas, especialmente en órganos elegidos y en el poder judicial.

e> Implementar programas de capacitación en materia de liderazgo para lasmujeres incluidas las indígenas y las afrocolombianas para fortalecer su papel en los puestos de dirección de la sociedad.

En el monitoreo realizado encontramos que existe baja participación de las mujeres en las organizaciones sociales y en las instancias de participación públicas, causada por:

a) Subvaloración de las capacidades de las mujeres y/o falta de interés de ellas mismas.

b) Naturalización de la división social en los roles de género: hombres en la vida pública y mujeres en la vida privada, hecho que perpetúa la discriminación histórica y la cultura patriarcal agudizada en la región.

c) Inequidad debido a la desigual distribución del tiempo y de capacitación para la participación social y política de las mujeres.

En cuanto a la participación en cargos de decisión y mando que establece la ley de cuotas, y en el poder Judicial, aunque en general se cumple en la región de los Montes de María, encontramos que:

a) Por el manejo político interno que le dan las administraciones a las instituciones públicas para cumplir compromisos de campaña electoral, aún se desconocen normas o legislación sobre participación política de las mujeres.

b) Las mujeres que acceden a cargos de decisión, en general no tienen la visión de género y son elegidas más por su militancia política o por parentesco con hombres líderes influyentes, más que por su compromiso con la transformación de las condiciones de las mujeres. Destacamos que la Alcaldesa del municipio de Los Palmitos, una mujer con visión de género, impulsó la creación del Consejo de Política para las Mujeres.

c) Las mujeres que acceden a cargos de toma de decisiones, generalmente están ubicadas en roles de género tradicionalmente relacionados con el autocuidado, como la salud, la educación y el bienestar de la población.

ES

Seguimiento a las Recomendaciones del Comité de la CEDAW

En relación con el cumplimiento de la Ley de Cuotas en la rama ejecutiva13, la situación que encontramos es la siguiente:

Municipio No. de cargos de decisión y mando

No. de cargos ejercidos por

mujeres%

Departamento de BolívarCarmen de Bolívar 18 6 33,33Córdoba 4 0 0El Guamo 5 4 80María La Baja 11 3 27,27San Jacinto 8 3 37,5San Juan Nepomuceno 8 3 37,5Zambrano 6 3 50

Departamento de SucreChalán14Colosó15Los Palmitos 4 2 501Morroa 9 5 55,55Ovejas 10 5 50San Antonio de Palmito 11 6 54,54San Onofre 6 2 33,33Tolúviejo 7 3 42,86TOTAL 107 _____ 45 42,05

A partir de estos datos podemos observar que sí se está cumpliendo con la Ley de Cuotas en términos cuantitativos; sin embargo, aún se debe avanzar más en este sentido y buscar entre otros aspectos, que haya mayor incidencia política de las organizaciones de mujeres en los Montes de María, en la manera como manejan el poder las mujeres que están en cargos públicos, que haya un diálogo, una interacción permanente entre las mujeres en el Estado y las mujeres y sus organizaciones, para que se avance en términos de la construcción de una planificación y una política con perspectiva de género.

Otro aspecto en el cual se debe avanzar es en el tipo de cargos que ocupan las mujeres en el Estado, para evitar que se convierta tan solo en una manera de cumplir con la Ley de Cuotas, y que las mujeres lleguen a cargos públicos con poder de decisión en ámbitos productivos de la sociedad, y que no sólo sean asignadas a cargos relacionados con el cuidado, como la salud, la educación y el bienestar de la población, lo cual refuerza aún más la mirada estereotipada de los roles de género.

Es muy difícil establecer la situación de igualdad de género, porque en los planes de desarrollo municipal, ésta se expresa como equidad social, sin políticas especificas para el logro de la igualdad de género, que es un componente básico de ésta. Cuando se pregunta por este aspecto las

13 Esta información suministrada por los funcionarios y funcionarías de las alcaldías, fue complementada con la que aparece en las páginas web de los municipios.

14 Información desactualizada en la WEB15 Información desactualizada en la WEB

respuestas se concretan generalmente en programas de equidad social. Por ejemplo, para resolver el problema de desigualdad en el acceso a los servicios públicos como el agua potable, el teléfono y la energía eléctrica entre zonas urbanas y rurales, se implementan programas de instalación de redes de acueductos, energía y teléfono en las zonas rurales. Esta es una política de equidad social, que no resuelve directamente la tradicional relación de desigualdad entre hombres y mujeres.

Las políticas de igualdad de género deben tender por ejemplo, a erradicar el maltrato hacia las mujeres, aumentar la tasa de ingreso de las mujeres al mercado laboral, promover una redistribución social del trabajo doméstico que permita conciliar la vida familiar con la vida laboral, por ejemplo instalando servicios de guarderías para niños y niñas.

En general, no existen indicadores, ni información desagregada por sexo, como situaciones de hombres y mujeres en lo económico, lo social, lo educativo, lo político, entre otros, que permitan medir la igualdad de género.

5. En relación con la situación de las mujeres en materia de em pleo yp o breza la recomendación es:

Reforzar las actividades para ampliar el acceso de la mujer al empleo en el sector estructurado, aumentando sus oportunidades de educación y

capacitación.Examinar los impactos de la industria maquiladora y de las labores

agrícolas estacionales, en la situación económica de la mujer. Estudiar el efecto de los acuerdos de libre comercio en las condiciones

socioeconómicas de la mujer y examinar la posibilidad de adoptar medidas compensatorias que tomen en cuenta sus derechos humanos.

Aunque existen en varios municipios programas cuyo propósito final es la generaciónde ingresos y empleo tendientes a reducir la pobreza, encontramos que:

a. Es notoria la carencia de un sistema de información desagregada por sexo para el diseño de políticas para generar empleo e ingresos.

b. Existen programas dirigidos a las mujeres, pero sin un enfoque de género que posibilite la distribución de tiempos, de poder, de recursos económicos para que las mujeres accedan a ellos; pues son factores como la desigual distribución del tiempo en el hogar, del poder, de los recursos, del conocimiento y la información, entre otros, los que mantienen la discriminación y la subordinación de las mujeres y la desigualdad entre hombres y mujeres.

c. Existen políticas asistenciales que paradójicamente tienen efectos adversos sobre el ejercicio de derechos y empoderamiento de las mujeres, porque las inmovilizan para la organización social.

Seguimiento a las Recomendaciones del Comité de la CEDAW

d. El Ingreso tardío de las mujeres a la educación y su temprano retiro del sistema educativo aumenta su situación de vulnerabilidad y pobreza; porque no han tenido el tiempo necesario para formar capacidades que les permitan ingresar en igualdad de oportunidades al mundo productivo y laboral. Esta situación es frecuentemente agravada con los embarazos tempranos de las niñas que se encuentran abocadas a una situación de incapacidad y sobrevivencia, y que lamentablemente se reproduce de generación en generación.

e. El conflicto armado que se ha dado en la región de los Montes de María ha sido una estrategia de despojo intencionada de las tierras de los campesinos y campesinas. Instamos a las autoridades y a los entes de control institucional, para que se cumplan las normas relacionadas con la masiva compra de tierras destinadas a proyectos agroindustriales que ya no están en manos de los campesinos que perdieron la tierra.

f. Es preocupante la estructura de la tenencia de la tierra, en la región de Montes de María concentrada en unos pocos propietarios; esto significa no tener seguridad alimentaria, no tener techo, no tener capacidad de reproducirse social y económicamente. Es importante garantizar la titulación de tierras en cabeza de las mujeres; por ejemplo en San Juan Nepomuceno se titularon tierras a 300 familias y sólo dos títulos quedaron en cabeza de mujeres. Esto demuestra la persistencia de una cultura patriarcal que considera natural que los recursos estén en manos de los hombres.

En San Jacinto pocas mujeres tienen acceso a créditos. Las mujeres que pueden respaldar los créditos con tenencia de bienes tienen acceso a la Banca de Oportunidades, quedando una gran cantidad de mujeres sin acceso o a este servicio.

En San Juan Nepomuceno existe un fondo de crédito, dirigido a los más desfavorecidos para cofinanciar iniciativas productivas, ecoturísticas y ambientales orientadas a la protección, recuperación y protección ambiental. De la población que atienden el 45% son mujeres, que en un 5% participan en asociaciones campesinas legalmente conformadas y al 40% restante, recibe asesorías en formulación de proyectos y acceso a crédito. Del total de los créditos asignados, el 85% han favorecido a mujeres; por ejemplo, con una cuantía mínima de un millón de pesos, se apoya un proyecto de despulpadora de frutas, realizado por mujeres del municipio. Igualmente, se realizó entrega de telas como materia prima para confecciones textiles y se benefició al 69.23% de mujeres en la zona urbana y 30.76% en zonas rurales. Los programas de esta dependencia son dirigidos a la población sin distinción de sexo y hasta ahora, no existen programas para mujeres desplazadas.

En Morroa, se desarrollan capacitaciones para fortalecer las capacidades prácticas y manuales de las mujeres, para mejorar su calidad de vida.

En Guamo, Palmitos, San Antonio de Palmitos y Zambrano, con apoyo del SENA, se capacita a las mujeres para la conformación de microempresas y el acceso al crédito que ofrece la Banca de Oportunidades, cuyo monto asciende a dos millones de pesos. Igualmente en Zambrano se está realizando un diagnóstico socioeconómico con la Red todos Juntos, para empezar a intervenir esta situación.

Una vez más las mujeres reafirmamos que la integralidad de una políticacontempla acciones de prevención, atención, tratamiento, eliminación oerradicación de un problema. Por lo tanto exigimos que en las políticas dirigidasa las mujeres, se apliquen estos parámetros y proponemos:

• Incorporar en las políticas, planes, programas y proyectos indicadores que permitan medir el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), (por ejemplo, los indicadores de Igualdad de Género que estos objetivos establecen), de las Recomendaciones de la CEDAW, del Auto 092 de 2008, de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de todas aquellas medidas que tiendan a eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres. Es necesario establecer qué dependencias departamentales y municipales se encargan de incorporar la información que permita hacer la Rendición de Cuentas para ODM desde Sucre y Bolívar. Esta información sería muy valiosa para mirar cómo se está promoviendo la igualdad de género, el posicionamiento de la mujer y la reducción de la pobreza y de las violencias contra las mujeres.

• Promover iniciativas reparadoras a las mujeres víctimas del conflicto armado, como la que impulsa la red de mujeres NARRAR PARA VIVIR, y seguir capacitando y brindando a las mujeres una real orientación en el tema de los derechos de reparación y justicia, porque hay muchas víctimas que no han accedido a la justicia.

• Divulgar más ampliamente, la Ley 1257 de 2008, pues se mantiene la nodenuncia por razones de miedo e ignorancia. Además es urgente que laprevención, capacitación y difusión en materia de violencia sexual no sea dirigida solamente a mujeres que estén en organizaciones, sino a las mujeres en general, y muy especialmente a los hombres y funcionarios, pues persiste la actitud de culpabilizar a las mujeres, en los responsables de recibir y tramitar las denuncias.

• Implementar condiciones para que las mujeres desplazadas tenganfácil acceso a los recursos que ofrece la banca de oportunidades y hacerseguimiento a la adjudicación de estos créditos para que no sean usados para fines politiqueros y que se asignen con criterios que correspondan a las condiciones económicas de las mujeres.

• Evaluar si los programas tienen un enfoque de género que consideren la distribución de tiempos, de poder, de recursos económicos, etc., que permitan que las mujeres accedan a ellos.

• Capacitar a las mujeres que nos representan en cargos de poder y decisión, en enfoque de género, para que su participación política nos beneficie a todas.

• Considerar el efecto que las políticas asistenciales tienen sobre el ejercicio de derechos y empoderamiento de las mujeres, ya que a veces estas acciones inmovilizan a la población.

• Realizar un CABILDO ABIERTO en la región para analizar el problema de la tenencia de la tierra y de los efectos que ella produce en la población de la región.

Seguimiento a las Recomendaciones del Comité de la CEDAW

• Hacer visible este evento a través de la difusión en medios masivos de. comunicación, la ubicación de información en sitios estratégicos y la realización de campañas de difusión de la CEDAW, replicando ejemplos como el de Zambrano de cuñas radiales u otras estrategias comunicativas con mensajes que busquen eliminar las formas de discriminación contra las mujeres.

• Dar mayor importancia al papel de los entes de control como las personerías y la procuraduría y atender sus recomendaciones.

Agradecemos de manera especial a la Subdirección Operativa de desarrollo Empresarial y Medio Ambiente del municipio de San Juan Nepomuceno, a los alcaldes y funcionarios de San Antonio de Palmito, Tolúviejo, San Jacinto, los Palmitos, Zambrano, Guamo, Morroa y Córdoba la oportuna y completa información suministrada, para establecer el estado de cumplimiento de las Recomendaciones de la CEDAW al Estado colombiano.

Esperamos que ustedes asuman como corresponde, con nosotras y ante los órganos de control institucional, el compromiso de revisar la información que entregamos y atender nuestras demandas que han sido construidas colectivamente de manera participativa con un gran número de mujeres de nuestra región y que es la voz fidedigna y sentida de nosotras las mujeres monte marianas.

Elaborado por: Enith Patencia, Eleida Leiva, Cladis Arrieta, Leidis Ospino, Delfina Buervas, Margarita Pérez, Yarlis Salgado, Aura Camargo, Yuzneris Guzmdn, Adelma Pacheco, Derlis Rivera, indira García, Cándida Porras, Beatriz Suárez, María Herrera, Johanis Gaspar, Norma Ortega, Nerlis Garizado, Lidis Puentes, Zenelia Duran, Elisa Reye, Yesenia Narváez, María Nella Rios, María Ángela López, Laura Pineda, Lesbia Manzón Claudia Cueto, María Angélica Henao, Elsy Santos.Con el apoyo de: Fanny Gómez y Martha Guarín

mb

SEGUNDA PARTE:

Seguimiento a las Recomendaciones del Comité de la CEDAW

Elementos para un balance de la política pública para las mujeres en Colombia

NOVIEMBRE 2009

Confluencia Nacional de Redes de Mujeres

Introducción

El objetivo de este documento es dar a conocer los alcances y límites del accionar de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer -CPEM- en materia de implementación de la política pública para las mujeres en Colombia

a partir de información proporcionada por la propia institucionalidad mediante respuesta de derechos de petición a la Confluencia Nacional de Redes de Mujeres, revisión de la pagina web de la Consejería y de los informes oficiales presentados a entidades internacionales.

La Confluencia realiza este documento en el marco del trabajo de seguimiento a las recomendaciones de la CEDAW de febrero de 2007, este seguimiento apunta al fortalecimiento de la política pública en Colombia, y cuenta con el apoyo de UNFPA a través del proyecto Mujeres por la Construcción de la Igualdad. Seguimiento e incidencia a las Recomendaciones de la CEDAW a partir de su incorporación y apropiación en la agenda política del Movimiento Social de Mujeres.

La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer

La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer cumple el objetivo de “adelantar acciones a favor de la equidad de género que contribuyan de manera significativa y determinante a cerrar las brechas sociales, construir ciudades amables y forjar una cultura para la convivencia basada en la equidad la igualdad y la solidaridad promoviendo para ello acciones afirmativas, política social con Igualdad de Oportunidades y transversalidad de género"'6. Por medio del Decreto 519 de marzo de 2003, se le establecieron, entre otras, las funciones de “asistir al Presidente y al Gobierno Nacional en el diseño de las políticas gubernamentales destinadas a promover la equidad entre mujeres y hombres, siguiendo las orientaciones generales trazadas por el Presidente de la República; impulsar la incorporación de la perspectiva de género en la formulación, la gestión y el seguimiento de las políticas, los planes y los programas en las entidades públicas nacionales y territoriales y establecer mecanismos de seguimiento al cumplimiento de la legislación interna y de los tratados y convenciones internacionales que se relacionen con la equidad de la mujer y la perspectiva de género"’7.

16 Información consultada en http://equidad.presidencia.gov.co/consejeria/index.asp, con fecha 7 de noviembre de 2009.

17 Ibid. 61

La nueva Consejería fue creada bajo los objetivos de estructurar la política nacional para las mujeres, transversalizar esta política en la Administración Pública y fortalecer la institucionalización de la política. Frente a las capacidades de la CPEM para cumplir con sus objetivos, el Comité de la CEDAW, se pronunció en sus recomendaciones dadas a Colombia, en el año 2007, señalando:

14. Al Comité le preocupa que la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer no tenga capacidad y recursos suficientes para coordinar efectivamente la aplicación de la estrategia de incorporación de la perspectiva de género en todos los sectores del Gobierno y, en particular, para coordinar efectivamente la aplicación de las políticas y los programas nacionales en los departamentos y los municipios desde una perspectiva de género.

15. El Comité exhorta al Estado Parte a que supervise atentamente la capacidad del mecanismo nacional para el adelanto de la mujer a fin de cumplir plenamente su responsabilidad de promover la igualdad entre los géneros y el disfrute por la mujer de sus derechos humanos. Alienta al Estado Parte a que fortalezca el papel de la Consejería en lo que respecta para coordinar la aplicación de la estrategia de incorporación de la perspectiva de género en todos los sectores y niveles del Gobierno. El Comité recomienda en particular que el Estado Parte fortalezca la capacidad del mecanismo nacional para coordinar la aplicación en los departamentos y los municipios de una serie de políticas, programas y planes sectoriales dirigidos específicamente a promover la igualdad entre los géneros.'8

Con estos antecedentes, el interés por analizar los alcances y límites de la política pública de las mujeres, nace de la preocupación que como expresión del movimiento de mujeres tenemos de que durante las dos administraciones del presidente Uribe, la política pública para las mujeres que se ha adelantado no ha tenido un abordaje integral desde un enfoque de derechos, sino que se ha caracterizado por la realización de acciones de bajo impacto, tanto en la inversión como en el número de beneficiarías, por la desarticulación de estas acciones con la política general que impulsa el gobierno y por la realización de acciones que refuerzan roles y/o percepciones sociales tradicionales sobre el papel que juegan las mujeres en la sociedad.

Otro ámbito de especial preocupación se vincula al hecho que la actual administración no ha propiciado un diálogo ni espacios de rendición de cuentas con las organizaciones de mujeres tradicionalmente reconocida en el país. Su actuación ha sido intencionada de “no dialogar” con las diversas expresiones organizadas reconocidas tradicionalmente como interlocutoras válidas con las que cuenta el movimiento de mujeres en el país.

La política pública para las mujeres que adelanta la CPEM

La Consejería, se ha propuesto 4 metas para el año 2010: "Colombia será una sociedad más democrática, igualitaria y equitativa; con una economía que garantice evidentemente el bienestar de la mayoría de mujeres y de hombres, habrá superado

18 Recomendaciones al Estado colombiano en la 37 sesión de la CEDAW en enero de 2007.

Seguimiento a las Recomendaciones del Comité de la CEDAW

significativamente la situación de desventaja de las mujeres, ofrecerá igualdad de oportunidades teniendo en cuenta las diferencias de sexo, edad, etnia, territorio y nivel socioeconómico y habrá logrado un compromiso real con la equidad de género mediante la coherencia interna de las políticas y los compromisos internacionales”’5

Para ello, desarrolla dos proyectos marcos: el de Asistencia técnica, asesoría y seguimiento para la ¡mplementación y seguimiento de la política de Equidad para las Mujeres y el de implantación del programa de apoyo integral a Mujeres Jefas de Hogar.

El primero busca "proporcionar asistencia técnica, asesoría, seguimiento y evaluación a través de la CPEM a las entidades del orden nacional y territorial para: la aplicación de la “Política Afirmativa” a favor de las mujeres y la equidad de género y el desarrollo de los programas y acciones que la componen; Implementar la estrategia de transversalidad de género con el fin de incorporar en políticas, planes, programas, proyectos y presupuestos esta dimensión; Avanzar en el fortalecimiento institucional de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y de las entidades responsables de procurar el adelanto de la mujer y la equidad de género en las administraciones del nivel central y territorial”10.

El segundo programa macro que desarrolla la CPEM es el de implantación del programa de apoyo integral a Mujeres Jefas de Hogar “con el objetivo de promover el desarrollo socio-económico de las mujeres cabeza de familia de estratos 1 y 2, el fortalecimiento de sus actividades productivas o negocios, mediante el otorgamiento de microcréditos, capacitación empresarial, seguimiento y acompañamiento y la generación de una cultura empresarial y de ahorro y de pago”.

Fue en la administración pasada del presidente Uribe 2002- 2006, en la cual la consejería elaboró la política “Mujeres Constructoras de Paz y Desarrollo”, dicha política se centra en 8 áreas estratégicas: empleo y desarrollo; educación y cultura; salud, salud sexual y reproductiva; violencia contra las mujeres; participación política; mujer rural; comunicación y fortalecimiento institucional. Si bien, esta política quedo incorporada en el Plan de Desarrollo anterior, la CPEM continuó su proceso de ¡mplementación en el segundo período del presidente Uribe.

En dicho plan se comprometió a “formular un Plan de igualdad y equidad en las oportunidades entre mujeres y hombres. Se precisarán las funciones de la Consejería Presidencial de Equidad para la mujer. Se formulará un plan de comunicación pública para la equidad entre mujeres y hombres y entre generaciones, y se difundirán y promocionarán los derechos de la mujer para impactar la violencia intrafamiliar y sexual. La Consejería para la Equidad de la mujer se han basado en el compromiso del gobierno y en la Ley 823 para la definición de su política pública “Mujeres Constructoras de Paz”.

Si asumimos que un Plan de Igualdad de Oportunidades es el conjunto desarrollos de acciones afirmativas para el cumplimiento y realización integral de los derechos de las mujeres en igualdad de condiciones reconociendo las diversidades y desventajas acumuladas dentro de esta diversidad, esta política no cumple estas

condiciones pues se autodefine como: “una política focalizada en las mujeres de más bajos recursos" y prioriza 4 áreas que son: empleo y desarrollo empresarial, participación política, violencias contra la mujer y fortalecimiento institucional.1'

Este plan en su espíritu no busca eliminar la discriminación y la construcción de relaciones de igualdad entre los sexos, sino solventar el problema de pobreza de mujeres de bajos recursos. Esta política no cumple el espíritu inicial de la ley que busca incidir en la realización de derechos de las mujeres de manera integral.

La situación reportada por la CPEM

Uno de los indicadores para medir la capacidad que puede tener un ente rector de políticas públicas para las mujeres tiene que ver con el tipo de recursos que administra el mecanismo. Por un lado, el personal con que cuenta y su capacidad técnica y por otra, el origen de los recursos económicos.

La CPEM, mediante respuesta a derecho de petición con el oficio OFI109- 00098242/AUV 12100, del 18 de septiembre de 2009, señala que el equipo de planta de la entidad es de 6 personas y 19 contratistas/auxiliares. Con respecto al equipo de planta este está integrado por la consejera, 2 asesoras en prevención de violencia contra las mujeres, 1 asesora jurídica, 1 asesora del área administrativa y financiera y 1 auxiliar-recepcionista. De los 19 contratistas/ auxiliares, 5 son pagados por un convenio con Confécamaras, 10 por el tesoro nacional y 4 por la cooperación internacional.

Con respecto al presupuesto que administra la CPEM:

Sector 2006 2007 2008 2009 Total

Público 450.000.000 470.000.000 2.212.000.000 1.914.000.000 5.046.000.000

Cooperacióninternacional 102.000.000 749.414.617 650.013.429 126.000.000 1.627.428 046

Privado 661.172.232 692.717.539 793.552.565 190.000.000 2.337.442.336Total 1.213.172.232 1.912.132.156 3.655.565.994 2.300.000.000 9.010.870.382

Fuente: Derecho de petición 18 de septiembre de 2009

El comportamiento del presupuesto no ha sido sostenido, registrándose la mayor inversión en el 2008 y disminuyendo el presupuesto para el 2009. Los mayores aportes provienen del sector público, si bien la cooperación ocupa un último lugar, aquí no han sido contemplados los recursos asignados a proyectos conjuntos como el Programa Integral contra la violencia basada en género, cuya financiación es de 7.200.000 dólares.

De los datos expuestos en promedio se han invertido anualmente en los últimos cuatro años, 2.252.717.595 pesos colombianos, que tomando en cuenta la población de mujeres mayores de 15 años en el país22, significa que se han invertido sólo $155,1 pesos al año por mujer.

21 Boletín del Observatorio de Asuntos de Género No. 3 Pág. 3.22 La población femenina en Colombia mayor de 15 años es de 14.527.159 mujeres según el Censo

de 2005

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Con respecto a la cobertura de los programas se informa que entre el 2006 y el 2009, se han beneficiado de manera directa:

Políticas Afirm ativas Núm ero de beneficiarías

Área de empleo y desarrollo empresarial 120.000

Área de educación y cultura 3.300

Área de participación política 15.621

Área de prevención de la violencia 15.621

Total 154-542

Fuente: Derecho de petición 18 de septiembre de 2009

Esto significa que anualmente la CPEM ha atendido a unas 38.635 mujeres promedio, es decir 3.219 al mes, 107 diariamente. La cifra absoluta es bastante alta, no obstante si tomamos en cuenta que la población femenina en Colombia mayor de 15 años es de 14.527.159 mujeres según el Censo de 2005, implica que sólo se ha atendido al 1.1 % de las mujeres. Del mismo modo, si tomamos por ejemplo el área de prevención de la violencia en la cual se han atendido 15.621 mujeres en los últimos 4 años, es decir un promedio de 3.905 mujeres al año, y lo comparamos con las cifras reportadas en el Informe FORENSIS 2008 elaborado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; que reporta en violencia de intrafamiliar 52.180 casos de mujeres maltratadas por su pareja hombre durante el año 2008, podemos inferir que anualmente se tiene una atención de tan sólo 7.4% de las víctimas de violencia que acudirían a una instancia de denuncia.

Si se cruzan los datos de presupuesto con cobertura reportados, se puede calcular que la población beneficiaría ha recibido anualmente $58.307,6 pesos colombianos, lo que mensualmente equivale a $4-859 pesos colombianos,$162 pesos diarios.

De las actividades que realiza la CPEM, destaca en el área de empleo y desarrollo empresarial el programa de mujer cabeza de familia microempresaria que se desarrolla en 29 departamentos y la ciudad de Bogotá, en el cual 13.619 mujeres cabeza de familia han recibido crédito. Estas cifras tampoco son altas, si se piensa que en promedio se han dado 454 créditos por departamento y en la ciudad de Bogotá, además de ser este un programa de la principal área que ha fortalecido la CPEM.

Los tipos de actividades que más ha desarrollado la CPEM en todas sus áreas son las de foros, ferias, encuentros, consultorios empresariales y concejos y sólo el área de violencia contra las mujeres desarrolla un Plan Estratégico y ha realizado asistencias técnicas incorporando el enfoque diferencial en políticas para desplazados.

En lo que tiene que ver con la transversalización de género en el gobierno nacional, la CPEM, reporta una serie de actividades articuladas con las demás entidades del gobierno nacional y las políticas designadas en Plan Nacional de Desarrollo. Entre ellas se destaca el consolidar un conjunto de políticas _ _con perspectiva de género, entre las que señala la Revolución Educativa, CSi

Banca de Oportunidades, Red Juntos, Estrategia de Lucha contra la Trata de Personas, entre otras pero no se tiene información sobre avances concretos.

También, se menciona entre las actividades, el diseño e implementación de herramientas pedagógicas para capacitaren la incorporación de la perspectiva de género en las políticas, destacándose la asesoría técnica dada al gobierno para el diseño de los 13 programas ordenados por la Corte Constitucional mediante Auto 092. Además, se señalan otras 7 acciones de transversalización que se relacionan con la creación de indicadores, difusión y divulgación de los derechos de las mujeres, vale la pena señalar que se reportan en 4 años, 49 jornadas de alfabetización jurídica y banca de oportunidades a nivel nacional, pero se señala que 47 han sido de esta última y sólo dos de alfabetización jurídica. Es decir, en promedio una por mes de banca de oportunidades y en 4 años sólo dos jornadas de alfabetización jurídica. También, se menciona la suscripción de una Agenda por la Igualdad Laboral, firmada en marzo de 2009, con los presidentes de gremios económicos, así como el trabajo de coordinación con otros entes del Estado.

Con respecto a la transversalización en las políticas planteadas en el Plan de Desarrollo 2006 -2010, la CPEM ha dado seguimiento con enfoque de género a través de su Observatorio de Asuntos de Género23 a algunos programas, tales como Red Juntos, Familias en Acción, Adulto Mayor, Protección Social, Banca de Oportunidades, Ciudades Amables y Equidad en el campo. Es importante señalar, que la información que reporta en esta actividad está centrada en el seguimiento a la aplicación de la política en número de beneficiarios desagregados, en algunos casos, por sexo, pero no en acciones para efectivamente garantizar igualdad de oportunidades para las mujeres en la implementación de esos programas.

Es pertinente mencionar que durante la primera administración de Uribe se firmó un Acuerdo Nacional por la Equidad entre Mujeres y Hombres con diversas entidades de Estado de carácter nacional y local dirigido a garantizar la inclusión de la perspectiva de género en las políticas públicas, si bien este Pacto fue adherido por múltiples entidades no se conoce los resultados concretos en la implementación de las políticas, que garanticen el propósito y cumplimiento de dicho pacto. Este tuvo como propósito lograr que la política social sea equiparada a un Plan de Igualdad de Oportunidades, para lo cual se concertaron Agendas Interinstitucionales e intersectoriales a nivel nacional y con las tres Ramas del Poder público, medios de comunicación, academia y sector privado.

Es indudable que un acuerdo de estas características es un avance hacia la transversalización de una política de equidad de género. Sin embargo, en los mismos informes de la Consejería se plantea: “ Este acuerdo y el trabajo de la

23 El Observatorio de Asuntos de Género, es una herramienta "para investigar, documentar, sistematizar, analizar y hacer visible la situación de las mujeres y de la equidad de género en Colombia, con el objeto de formular recomendaciones en materia de políticas, planes, programas y normas, que contribuyan

o cerrar las brechas de equidad de género en el país”, hasta ia fecha se conocenlas publicaciones del Observatorio en temáticas específicas pero no los resultados de incidencia de las recomendaciones en las diversas entidades del Estado ni menos los resultados.

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Consejería han permitido avances evidentes aunque es necesario reconocer que no ha sido fácil permear, de manera sostenida ni la estructura, ni la gestión del Estado”!4.

Otro aspecto de especial preocupación es el impulso que se ha dado a la conformación de Consejos Comunitarios para mujeres, el cual ha sido en algunos casos promovido por las “primeras damas” de los departamentos y municipios para abordar problemáticas de las mujeres, este tipo de políticas que contribuye a desinstituclonalizar los avances en materia de mecanismos para el adelanto de la mujer y aíslan tanto los problemas que enfrentan las mujeres de las coyunturas generales como las posibilidades de actorías políticas de mayor impacto en la agenda nacional25.

La política del actual gobierno basada en una concepción de construcción de un Estado Comunitario y las acciones de la CPEM, que en forma sistemática ha a anulado el rol de intermediación de las organizaciones del movimiento de mujeres, se han visto evidenciadas en la creación de instancias como los Consejos Comunitarios de Mujeres presididos por las primeras damas de los municipios y departamentos. A esto hay que sumarle la implementación de una la política pública de carácter asistencial que se focaliza en sectores vulnerables -aunque no en todos, pues desconoce sistemáticamente el impacto del conflicto armado en la vida de las mujeres-, que han significado un retroceso en materia de política pública social de realización de derechos y de reconocimiento de los sujetos y actorías sociales, olvidando los principios de universalidad y de superación de las múltiples formas de violencia y discriminación que afectan a las mujeres.

Aunque no se desconoce los avances que se puedan registrar en materia de polítíca pública, estos no sólo no son suficientes, sino que desde su concepción son débiles, puesto que no busca la realización de derechos sino aliviar la situación de pobreza o vulnerabilidad de las mujeres pobres. La debilidad de la política Mujeres Constructoras de Paz es que no está definida en clave de derechos de las mujeres como ciudadanas, sino como atención y define una "vulnerabilidad selectiva” desde el punto de vista de generación de ingresos.

Las falencias de la política pública para las mujeres

El gobierno nacional se ha esmerado en mostrar los avances en materia de polítíca pública para las mujeres y en especial la CPEM ha manejado un discurso de gran optimismo por los programas y resultados alcanzados, sin embargo y dada la realidad del país, los avances han sido pocos e insuficientes y tal vez lo más grave, la CPEM ha sido sorda para escuchar los aportes que las organizaciones de mujeres habrían podido dar para reorientar los enfoques con que se implementa la política.

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24 Quinto y sexto Informe del Estado Colombiano a la CEDAW.25 Al respecto ver Sentencia C - 089A / 2004 sobre las funciones de las primeras damas.

Las falencias más destacadas de la política pública para las mujeres se pueden agrupar en cinco aspectos que a nuestro juicio son esenciales de superar:

• Ausencia de un enfoque de derechos y de reconocimientos de las especificidades del las mujeres colombianas

La política pública que se adelanta no tiene un piso desde un enfoque de derechos, que reconozca que el ejercicio de los derechos de las mujeres es la base para su empoderamiento y su accionar como sujetos sociales. La política presenta ausencias graves en materia de derechos sexuales y reproductivos, así como en propiciar la autonomía económica vía la consecución de empleo y respeto de los derechos laborales, puesto que esta centrada sólo en el fomento de la microempresa.

En Colombia se ha avanzado en forma significativa en el reconocimiento de derechos, pero hay una enorme brecha con respecto al nivel de ejercicio. Por otro lado, la política debe tener un abordaje diferenciado en el reconocimiento de las diversidades, y población especialmente vulnerable como las mujeres indígenas y afrocolombiana, las afectadas por el conflicto armado en especial las mujeres en situación de desplazamiento y las víctimas de la violencia.

El diseño de una política pública que no se adecúe a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y a las recomendaciones que diversos comités del Sistema de Naciones Unidas, en especial en este caso, de las dadas por el Comité de la CEDAW, no permite garantizar la eliminación de la discriminación que viven las mujeres colombianas.

• Desconocimiento de la existencia de un conflicto armado y de la especial afectación en la vida de las mujeres

La política pública para las mujeres ha desconocido la existencia de un conflicto armado y por tanto -salvo las obligaciones provenientes del Auto 092 de la Corte Constitucional- no ha realizado ningún programa dirigido a las mujeres víctimas de diversas formas de violencia en el marco del conflicto armado colombiano.

Mientras en estos últimos años el gobierno nacional ha propiciado un proceso de desmovilización, la CPEM no reporta un trabajo dirigido a garantizar que los procesos de Desmovilización, Desarme y Reintegración -DDR-se realicen con perspectiva de género.

Tampoco, ha destinado acciones a favor de garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las mujeres víctimas de diversas formas de violencia por parte de los actores armados, máxime aún cuando la violencia sexual ha sido reconocida como una práctica sistemática y generalizada.

Durante esta última década el Consejo de Seguridad de la ONU, ha aprobado dos resoluciones en esta materia la 1325 y la 1820, que comprometen a los Estados partes, tampoco se conocen acciones de la CPEM en esta materia.

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• Baja inserción de la transversalización en programas estratégicos de política social y económica

Como se ha podido observar el centro del accionar de la política pública está en el área de Empleo y desarrollo empresarial, particularmente en el programa de microempresarias, si bien la generación de empleo y el desarrollo empresarial son un eje importante en cualquier política social, y aún más son un componente esencial para garantizar autonomía para las mujeres. En este caso la acción no hace parte de la política de empleo del gobierno nacional y su impacto ha sido reducido (13.619 mujeres cabezas de familia han recibido crédito).

También, como se mencionó la política de transversalización de la CPEM ha sido de seguimiento a programas y no de intervención en los programas que contempla el Plan de Desarrollo, esto es un gran déficit, puesto que la transversalización implica un proceso de coordinación y asesoría técnica que permita garantizar que los programas desde su diseño hasta su evaluación incorporen la perspectiva de género, por lo cual no basta darles seguimiento sino diseñar indicadores que den cuenta de su incorporación.

• Bajo impacto en la cobertura e inversión de los programas de acciones afirmativas

Como se ha podido evidenciar si bien las cifras muestran un valor absoluto alto en materia de inversión cuando estas se cruzan con la población a la que deberían llegar, su impacto es mínimo. Si se considera además las altas cifras de pobreza y el impacto que esta tiene en las mujeres, es aún más baja la inversión que se está realizando hacia los grupos vulnerables, para que superen su situación y no se toma en cuenta el rol que podría jugar las mujeres como sujetas sociales. Más aún cuando la política social que adelanta el gobierno -como el programa de familias en acción- tiene un corte asistencial que no toma en cuenta el potencial que podrían tener las mujeres si se consideraran sujetos sociales que a través de su empoderamiento y autonomía económica aportarían al desarrollo. Tampoco se informa de la forma en que la CPEM coordina sus programas con las oficinas de la mujer que existen a nivel municipal y departamental, cómo se establecen las transferencias de recursos y la articulación de los programas nacionales con los programas de carácter local.

• Ausencia de mecanismos de rendición de cuentas y de concertación con el movimiento social de mujeres

Durante este último mandato del gobierno Uribe, se ha mantenido la tendencia de no realizar procesos de rendición de cuentas dirigidos hacia las principales agrupaciones organizadas y reconocidas nacional e internacionalmente del movimiento de mujeres. Tampoco se ha reportado ningún tipo de acción concertada desde la CPEM, en miras de tener un mayor impacto en las acciones que se adelanta.

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La Confluencia Nacional de Redes de Mujeres considera que la política pública para las mujeres que impulsa la CPEM está lejos de responder a las necesidades y expectativas de las mujeres colombianas y que en particular el gobierno de Uribe está en deuda en su compromiso de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres. Acercándonos a los 15 años de aprobación de la Plataforma de Acción de Beijing, de los cuales 8 años se han dado bajo este gobierno, es evidente que la creación de condiciones para igualdad de oportunidades para las mujeres no ha contado con la voluntad política de este gobierno.