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CONGRESO DE LA REPÚBLICA PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2004

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTRALORÍA

MARTES 9 DE NOVIEMBRE DE 2004

PRESIDENCIA DEL SEÑOR JAVIER VELÁSQUEZ QUESQUÉN —A las 16 horas, se inicia la sesión. El señor PRESIDENTE.— Buenas tardes, señores congresistas.

Con la presencia de los congresistas Heriberto Benítez, José Barba que hace unos momentos ha estado acá, Aurelio Pastor, Wilmer Rengifo, Juan de Dios Ramírez Canchari y quien les habla, Javier Velásquez, como presidente; con la licencia del congresista Mulder, Aranda Dextre, Valdez Meléndez, Mera Ramírez y Tait Villacorta, damos inicio a esta sesión; dejando constancia que hoy oficialmente el congresista Wilmer Rengifo se incorpora como miembro titular de esta Comisión por haberlo así dispuesto el Pleno en la última sesión del jueves 3 de noviembre, a propuesta del grupo parlamentario como miembro titular de la Comisión en reemplazo del congresista Jorge Mufarech Nemy.

Dejo constancia también que, en tanto los congresistas de Perú Posible nos alcancen la propuesta de quien ocupe la vicepresidencia de la Comisión, ésta será cubierta con arreglo a dicha propuesta.

Damos inicio a esta Décima Segunda Sesión Ordinaria.

El acta de la Décimo Primera Sesión ha sido remitida electrónicamente a su despacho.

Si hubiera alguna observación háganla saber, sino pasamos a aprobarla.

Bien. El acta de la Décima y Décimo Primera Sesión Ordinaria, al voto. Queda aprobada por unanimidad.

DESPACHO

En el despacho está el registro de denuncias recibidas, documentos recibidos, registro de documentos remitidos.

Si los señores congresistas necesitaran algún otro documento lo pueden solicitar para que Asesoría se los pueda extender.

Asimismo, informo ahora con Oficio N.° 204-2004 que el congresista Carlos Armas Vela solicita se conforme un grupo de trabajo que investigue el proceso de selección para la adquisición de mobiliario en la Región Callao, irregularidades en la ejecución de los dos pasos elevados en la avenida Guardia Chalaca, existiendo indicios de sobrevaloración de la obra y de los gastos irregulares en el Programa Callao te quiero verde, entre otras irregularidades.

Eso lo vamos a pasar al Orden del Día.

Pedido del congresista Aurelio Pastor para que se forme un grupo de trabajo para investigar los hechos denunciados por la empresa peruana "PCV Petit Empresa Individual de Responsabilidad Limitada", a efectos que se investigue si la transferencia de tecnología entendida como uno de los mayores beneficios a ser instrumentados por el acuerdo comercial entre la República del Perú y los Estados Unidos de América,

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tecnología transferida de manera defectuosa y sin garantía efectiva, se anexa a la presente agenda este pedido del congresista Aurelio Pastor, a quien le daremos el uso de la palabra en el Orden del Día para que sustente brevemente su pedido.

Pedidos

Estoy en la etapa de Pedidos colegas. Si hubiera algún pedido.

Bien. Si no hubiera ningún otro pedido para pasar al Orden del Día.

Pasamos al Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA

El congresista Aurelio Pastor para que sustente su pedido.

El señor PASTOR VALDIVIESO (PAP).— Gracias, señor Presidente.

Señor Presidente, éste es un tema que no solamente ha sido recibido por la Comisión de Fiscalización, sino que, además, ha sido expuesto por mi en el marco de la última reunión realizada en la ciudad de Guayaquil en la ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio porque, sin duda, revista una preocupación por parte de los pequeños y medianos empresarios nacionales.

Sucede lo siguiente. Una empresa peruana, una mediana empresa peruana dedicada a las impresiones negoció con una gran empresa norteamericana que se llama "3M" la compra de maquinaria valorizada en casi 200 mil dólares.

Lamentablemente, para la empresa nacional, la maquinaria que le fue entregada nunca funcionó, a pesar que fue motivo de un financiamiento bancario y de todo lo que implica el pago de intereses, etcétera.

La empresa "3M" que es la americana, en todo momento, se negó a cumplir con la empresa peruana. Cobró todo el monto de la operación comercial e instaló una máquina que nunca funcionó a pesar del costo.

Esto generó algunos reclamos, no solamente verbales, por parte de la empresa peruana que se llama "Petit" que repito, es una empresa de publicidad, sino que esta empresa, además, fue buscando una alternativa para solucionar el conflicto y esta alternativa lo llevó hasta el Estado, hasta los Estados Unidos, al Estado de Minnesota que es el lugar en donde queda la central de "3M".

En Minnesota se le respondió que no tenían competencia para ver el caso y que, por lo tanto, ellos debían reclamar en el Tribunal de Nueva York. Fue al Tribunal de Nueva York y en el Tribunal de Nueva York le dijeron que a pesar de tener competencia por los hechos; sin embargo, ellos solamente podían ver temas o conflictos superiores al millón de dólares y siendo ésta una operación de casi 200 mil dólares no podían tener competencia.

Frente a los tribunales peruanos la empresa tampoco ha conseguido amparo porque la empresa americana ha sostenido que ella no negoció con la empresa peruana, sino que lo hizo otra empresa peruana que se llama "3M Perú" y en donde el 99% de las acciones pertenece a "3M Center" de Estados Unidos, el 99%, a pesar de eso la empresa americana argumentó que no es ella, sino que es otra persona jurídica.

Y esta otra persona jurídica en el Perú es un escritorio. Entonces, esto, además, en las últimas semanas la empresa norteamericana ha iniciado una serie de acciones contra la mediana empresa peruana por haber osado poner en tela de juicio el prestigio de su marga, por haber reclamado en tribunales internacionales y nacionales, y por haber recurrido al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Embajada

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de Estados Unidos y a otras instancias nacionales, y por haber puesto en tela de juicio el prestigio de su marca ha empezado una serie de procesos civiles y penales contra la empresa peruana.

Es decir, la empresa a la que se le sorprendió y que reclama su derecho termina acosada por una gran transnacional frente a un incumplimiento.

Esto, señor Presidente, ha sido puesto en conocimiento del Ministro de Comercio Exterior, de su viceministro que, además, es el negociador principal del Perú ante el TLC de Estados Unidos.

Y yo lo he sostenido en una rueda de conversaciones en la ciudad de Guayaquil, en la quinta ronda de conversaciones.

Y los pequeños y medianos empresarios que estaban constituidos ahí han mostrado su preocupación por un hecho evidente.

El Tratado de Libre Comercio tiene, entre otros objetivos, generar un flujo mayor de negociaciones y de intercambio tecnológico entre los Estados Unidos y el Perú. Y, entonces, vamos a hacer que las grandes transnacionales norteamericanas negocien con mucha más fluidez con las peruanas; pero cuando se ven este tipo de casos que ya se están presentando, ¿quién va a solucionar, señor Presidente?

El Tratado de Libre Comercio no contempla ninguna posibilidad al respecto.

El capítulo correspondiente a la solución de controversias se refiere exclusivamente a las controversias que se generan como interpretación del tratado entre los Estados, a pesar que también hay una crítica ahí porque ni siquiera esas soluciones que se hacen a través de un árbitro tienen carácter vinculante. No hay absolutamente nada para poder proteger a los nacionales que tienen este tipo de problema.

Yo, entiendo que algunos dirán dónde hay acá un hecho que pueda involucrar a la Comisión de Fiscalización. Yo creo que sí tiene mucho que ver.

En esta Comisión, en donde en algún momento se investigó, por ejemplo, los litigios privados entre una empresa de aviación nacional con una empresa de aviación fundamentalmente extranjera y la participación de algunas instituciones del Estado peruano, creo que también cabe la posibilidad que se pueda investigar este tipo de casos en donde de por medio está también la presencia de una institución como el Ministerio de Comercio Exterior.

Yo estoy seguro que si generamos un grupo de trabajo sobre este tema, vamos a poder, no solamente invitar al Ministro, al viceministro, con quienes he conversado el tema, a buscar, de alguna manera, una explicación a todo lo que está ocurriendo y a buscar de qué manera el Estado peruano frente a —yo diría— inminencia porque el tema va avanzando a buen pie de la firma del Tratado de Libre Comercio entre nuestro Estado con los Estados Unidos, pueda generar un marco de protección a los intereses de los peruanos.

Por eso, yo les pido, señor Presiente, no con ganas de confrontar absolutamente con alguna institución pública, sino con ganas, más bien, de llamar la atención de un hecho que ha generado ya controversia en los pequeños y medianos empresarios que son la gran mayoría de los empresarios peruanos y que están reclamando un marco que les de una protección frente a los negocios jurídicos o a los actos jurídicos que van a realizar en el futuro.

Creo que un grupo de trabajo sobre esta materia va a ayudar mucho a

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esto y va a permitir que la Comisión de Fiscalización y Contraloría pueda, señor Presidente, servir también como una posibilidad de solución a este tipo de preocupaciones por parte de este grupo de empresas nacionales, repito.

Por tanto, señor Presidente, solicito, como lo hecho por escrito, ahora verbalmente, la conformación de un grupo de trabajo para ver éste y los casos análogos que sobre esta materia se puedan presentar.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE.— La propuesta es conformar el grupo de trabajo a pedido del congresista Aurelio Pastor y la próxima semana, en la próxima sesión, luego que lo coordinemos, podemos proponer quienes son los miembros de este grupo de trabajo.

Al voto. Los congresistas que estén de acuerdo. Aprobado por unanimidad.

Habiéndose aprobado la conformación de este grupo de trabajo y también, estando en la Agenda al Orden del Día, continuar con las últimas diligencias referidas a la investigación de la concesión de servicio telefónico fijo local otorgado a la empresa Telecomunicaciones Hemisféricas SAC por un período de 20 años, vamos a suspender brevemente la sesión para invitar al doctor Juan Antonio Pacheco Romani, viceministro de Comunicaciones del Ministerio de Comunicaciones.

Suspendo brevemente la sesión para invitar al señor Pacheco Romani.

—Se suspende la sesión por breves momentos. —Se reanuda la sesión. El señor PRESIDENTE.— Reanudamos la sesión.

Le doy la bienvenida, señor viceministro de Comunicaciones, Juan Antonio Pacheco Romani.

Como se lo hemos expresado en el documento de la invitación, esta Comisión está llevando adelante una investigación referida a esta concesión que se le otorgó a la empresa Telecomunicaciones Hemisféricas SAC por un período de 20 años.

Las preguntas que le vamos a hacer los miembros de la Comisión están referidas a ese tema.

Antes de dar inicio a las preguntas, quisiéramos dejarlo en el uso de la palabra para que nos diga su nombre completo, su número de documento de identidad, su domicilio y el cargo o la profesión que tiene, para luego usted pueda, de repente, antes que le hagamos las preguntas pueda darnos, de repente, una opinión general sobre el tema que es materia de la investigación.

El VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES, doctor Juan Antonio Pacheco Romaní.— Muchas gracias, señor Presidente. Muy buenas tardes a los señores congresistas presentes. Mi nombre completo es Juan Antonio Pacheco Romaní. Mi número de DNI es el 09272577 y mi domicilio es calle Los *Atileros* 270, La Molina. Ocupo el cargo de viceministro de Comunicaciones y soy abogado de profesión.

El señor PRESIDENTE.— Dígame, desde qué fecha ejerce el cargo de viceministro de Comunicaciones.

El VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES, doctor Juan Antonio Pacheco Romaní.— Desde el 15 de octubre del 2002.

El señor PRESIDENTE.— Podría usted explicarnos, brevemente, en qué

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consiste la política del Gobierno en materia de telecomunicaciones. ¿Qué medidas han adoptado para implementar estas políticas?

El VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES, doctor Juan Antonio Pacheco Romaní.— Sí. Gracias, señor Presidente.

Mire, en 1992 —de repente, voy a hacer un poco de historia para poder llegar al antecedente— se dictó el Decreto Legislativo N.° 702 por el cual el Estado peruano acordó liberalizar las telecomunicaciones.

Fue el marco legal para preparar la privatización de las empresas Compañía Peruana de Teléfonos y Entel Perú. (2)

A raíz de eso, se llevó a cabo en 1994 una licitación pública internacional, por la cual se vendieron las acciones de Compañía Peruana de Teléfonos y de Entel Perú, licitación que fue ganada —como todos sabemos— por la Compañía Telefónica Internacional de España.

A raíz de esta adquisición, Telefónica tomó control de las principales empresas que existían de telecomunicaciones en ese momento en el país, y en el contrato de concesión se contempló —como estaba ya definido desde un primer momento— una situación, un período de concurrencia limitada durante cinco años que fue planteada entre 1994 y 1999, para que esta empresa tuviera la exclusividad en el negocio.

A partir de 1997 el gobierno formó la Comisión Técnica de Telecomunicaciones —que así la denominaron—, fue un grupo presidido por un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros, por un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, por un representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y como secretaría técnica actuó el Osiptel, que ya estaba conformado y en pleno funcionamiento.

El objetivo de esa comisión fue preparar el escenario de la apertura de mercado de telecomunicaciones que se iba a llevar a cabo el año 99. Se llevaron a cabo audiencias públicas, consultorías, hubo muchos procesos de consulta, incluso a operadores que pretendían ingresar al país y que tenían, de alguna manera, interés en que las reglas de juego fijaron claramente y que no hubiera problemas en cuando a la competencia que iban a tener con un operador dominante que tenía todo el acceso del mercado.

Entonces, como producto de ese trabajo en la Comisión Técnica de Telecomunicaciones, se aprobó un modelo de apertura llamado Modelo Perú, que fue contenido o fue volcado en el Decreto Supremo 020-98-MTC, cuya explicación mucho más detallada y mucho mejor explicada —creo yo— está en el Libro Blanco de Proceso de Apertura de Mercado de Telecomunicaciones en el Perú, que posteriormente le voy hacer entrega, señor Presidente.

¿Esto qué significo? ¿Qué es lo que se planteó en este estudio? Que en cuanto a las barreras de acceso se minimizaran estas para que hubiera la mayor cantidad de operadores posibles que compitieran tanto en mercado de telefonía fija como en mercado de larga distancia. Y fue un tema que a diferencia del mercado chileno y el mercado mexicano, se abrió conjuntamente.

Nosotros tenemos una característica, a Telefónica se le vendió las acciones de Entel Perú y se les vendieron las acciones de CPT, Compañía Peruana de Teléfonos, que trabaja solamente en Lima. Por ejemplo, la apertura chilena fue que la privatización fue separada al igual que México. Entonces, aquí como se vendió todo junto, se abrió todo junto, se abrió telefonía fija y se abrieron todos los demás servicios, aunque algunos ya habían sido otorgados como los

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portadores, habría algunas empresas.

Entonces, ese trabajo de esa comisión que llevó un buen tiempo y que fue hecho público, que fue consultado, y que tiene opiniones, incluso, que están reflejadas en el Libro Blanco —como lo mencionaba hace algún momento— tiene varias razones de ser. El objetivo era conseguir 20 de cada 100 habitantes del Perú debía tener servicio de telecomunicaciones para el año 2003. Teníamos que tener 5 mil poblados rurales con telefonía rural a través del modelo del desarrollo Fitel, que también fue explicado como un modelo de acceso universal.

La digitalización de la red tenía que llegarse a un porcentaje del 100%, y el tiempo de espera debía reducirse a cinco días como máximo de solicitudes. Para eso se dictaron una serie de disposiciones complementarias, por las cuales la administración, las personas que diseñaron este modelo, que es el Modelo Perú, que además ha sido analizado a nivel del Banco Mundial e, incluso, replicado en el modelo de acceso universal en unos países del África y otros que nos han visitado, consistía básicamente en eliminar las barreras de entrada, que no hubiera la mayor cantidad de burocracia, que fuera lo más rápido posible —por eso es que puso un plazo máximo de 50 días—, que no se regulara la tecnología, que se siguiera el principio de neutralidad tecnológica que significa que el ministerio, así como otras administraciones del mundo no regule tecnología, sino que, simplemente, apruebe servicios. Y, entre otras cosas, se dijo que la administración no debía evaluar la gestión técnica-financiera de las empresas, sino que eso correspondía al desarrollo de mercado, por una razón muy sencilla, según lo que también se explica en este modelo de apertura.

Como ya Telefónica tenía la infraestructura principal, todos los demás que venían, venían a invertir por su cuenta y riesgo, venían a poner su infraestructura, venían a competir. Entonces, ellos que tenían, se les ofreció a los operadores de mercado la apertura para que venga a invertir sobre su propio riesgo. Ellos no tenían en ese momento ninguna infraestructura. Ya en el país existía Firtscom, después fue AT&T, y ahora es Telmex, y uno que otro operador chico. Y así fue, todos los demás operadores, a excepción de Telefónica, absolutamente todos, ingresaron con su propia infraestructura, con su propio riesgo.

Entonces, además, señaló también estos lineamientos de apertura, que cuando se trate de concesiones que no haya restricciones técnicas de espectro, sean otorgadas a solicitud de parte, cuando hayan restricciones de temas técnicos por temas de espectro por banda de acceso, ahí se realizará por concurso público.

Entonces, que ese fue el escenario, por el cual, se dio la apertura el año 98, se dieron una serie de concesiones, y esas han sido las reglas de juego que han atraído a los diversos operadores que todos podemos ver en este momento en el país, no solamente en el segmento fijo, sino también en el segmento móvil. Sin embargo, nosotros tenemos actualmente una situación que se podría graficar en dos puntos del problema: tenemos un déficit de cobertura, un déficit de infraestructura, es decir, no tenemos el 100% cubierto en comunicaciones; y tenemos un problema de tarifas en las zonas donde sí se cuenta con servicio.

La primera aplicación es que nuestras características geográficas han hecho muy difícil que algunos operadores lleguen a zonas muy alejadas, donde ellos, donde la iniciativa privada ha considerado que no es rentable. Los compromisos asumidos por Telefónica en su contrato de concesión ya fueron cumplidos el año 98, y a partir de ahí ellos ya no

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tienen mayor obligación que comunicar quinquenalmente al ministerio cuánto pueden expandir o cuánto desean expandir y dónde lo desea hacer. Y, además, el Perú también adolece de un déficit de cobertura, por ejemplo, satelital, porque no tenemos satélite propio. Entonces, las zonas altoandinas, las zonas de la selva donde básicamente se llega a través de cobertura satelital tiene ese problema de cobertura, es más caro ir a esa zona.

Y, como también es de conocimiento público, tenemos un problema de la percepción —para decirlo de alguna manera— o situación real —como lo dicen otros— de tarifas altas en los lugares donde ya tenemos servicio, hemos avanzado donde antes casi era imposible tener un teléfono y ahora es más fácil que hace 10 años, porque ahora tenemos 13. Pero a pesar de eso, tenemos una teledensidad todavía muy baja y, entonces, nosotros como política de gobierno lo que hemos ido es tratando de construir..., ser facilitadores para que los operadores puedan expandir su cobertura.

Por eso hemos reducido canon. El canon es un derecho que se cobra por el uso del espectro radioeléctrico en las zonas rurales de preferente interés social y en zonas de frontera. Por eso, también..., y también le hemos hecho igual en radio y televisión; pero este es otro caso. En los temas de telecomunicaciones también hemos liberado siguiendo una tendencia internacional determinadas bandas del espectro radioeléctrico que sirven para acceder en zonas rurales para hacer más barato la llegada, que llegar con una infraestructura física que significa un costo hundido, que las empresas es más difícil llegar.

Entonces, nuestro interés consiste básicamente —porque además es una obligación legal del ministerio— en prestar o procurar o promover que la mayor cantidad de peruanos pueda contar con servicio de telecomunicaciones; porque, además, consideramos, que es una herramienta las telecomunicaciones, son una herramienta indispensable para el desarrollo social y económico de nuestra población. Y con una inversión mucho menor que se requeriría, por ejemplo, en el caso de infraestructura física, podríamos tener un desarrollo más avanzado, y podríamos tener una avance hacia el desarrollo de la sociedad de información y del conocimiento. Y eso es muy importante, porque no se trata solamente de educación, se trata de darle la posibilidad a nuestros compatriotas de que se integren al país, de que puedan tener acceso a sus representantes democráticos, por ejemplo, en el Congreso de la República, a que los gobiernos regionales puedan integrarse y las demandas del país puedan conocerse, poder, por ejemplo, la oferta exportable de determinadas zonas, tener la posibilidad de colocarlas en el extranjero. Todo eso, lo constituye la masificación de la internet.

Entonces, no solamente hemos facilitado, hemos expedido algunas normas, además, de la modificación del reglamento de la ley, hemos creado unos lineamientos reales donde hemos separado la numeral rural para hacer una tarifa diferenciada, donde hemos dado la facultad a los operadores rurales para que ellos coloquen la tarifa y así los consumidores de Lima puedan saber que cuando están llamando a una zona rural es una tarifa diferenciada, porque es más caro por la cobertura satelital.

Además, también hemos creado el tema de..., no creado, simplemente recogido la experiencia internacional acerca de la interoperatividad de redes y servicios. ¿Qué significa? De que se puedan reconocer códigos interoperables entre las centrales de cada empresa para que la gente pueda tener acceso a la competencia y no dependa de una sola tarjeta, por ejemplo, para que sea prepago y los teléfonos puedan

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tener alternativas, los teléfonos control, por lo general, que se supone son usados por los segmentos de menos recursos puedan tener alternativas para que el costo por la llamada, no el pago fijo que realicen, le salga más barato.

Y, además, durante nuestra gestión hemos trabajado conjuntamente, y Telefónica ha logrado el año 2003, 220 mil nuevos clientes, en nuevos abonados, gracias al ofrecimiento de planes tarifarios diferenciados segmentados en función de cada consumidor. Además, hemos colocado aproximadamente 400 antenas de retransmisión de señal del canal del Estado en los pueblos que no tienen ningún servicio de telecomunicaciones y donde muchas veces el Estado tiene muy poca o nula presencia.

Entonces, nosotros creemos que la estrategia del tema de política de telecomunicaciones, en este momento, consiste fundamentalmente en promover a los inversionistas privados, entendiendo que el Estado no es ni ya puede retroceder a ser operador de telecomunicaciones para que cubran los servicios donde actualmente nuestros compatriotas no lo tienen, y para que exista competencia efectiva, libre y leal, en aquellos lugares donde actualmente contamos con servicios. ¿Por qué cuál es la situación del mercado? La gente, los operadores se han concentrado siguiendo lo que pasa en la economía —por explicarlo de alguna manera— de acuerdo a la concentración del ingreso que ha tenido el país en función de las ciudades. Entonces, vemos que Lima concentra la principal cantidad de operadores. Provincia tiene menos operadores.

Existen algunos estudios —que algunos nos resistimos a creer— de que en provincias nunca va a existir demanda para esos operadores. Y yo creo que no es justo, porque eso sería sacrificar y abandonar el rol social de las telecomunicaciones para con nuestros compatriotas, porque simplemente los condenaríamos a no tener ningún servicio, porque no podrían pagarlo.

Entonces, nosotros creemos que sí es posible avanzar en el marco actual y perfeccionarlo en el sentido de facilitar, por ejemplo, con la Comisión Pro Inversión que preside el congresista Del Castillo, a efectos de facilitar un escenario donde podamos cubrir todo el país con comunicaciones, de preferencia avanzar esa banda ancha —banda ancha quiere decir más servicios en un solo espacio utilizando mejor el espectro en aquellos lugares donde no se pueda— y aprovechar las ventajas que la tecnología nos ofrece a nivel mundial, que pueden significar un elemento de desarrollo en el país. (3)

Muy pocas veces se habla de telecomunicaciones, generalmente se habla por los temas de conflictos tarifarios. Nos ofrece mucho más las telecomunicaciones, la maxificación del internet, somos el segundo, tercer país, a nivel de Latinoamérica, que tiene a nivel de usuarios de internet. Eso tenemos que incentivarlo porque eso contribuye, además, a que seamos objeto de estudios por la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

El fenómeno de las cabinas es un fenómeno que ha sido recogido y está siendo analizado sociológica y económicamente. Entonces, nosotros somos unos de los pocos países que tienen los límites máximos permisibles para las relaciones no iniciantes en las estaciones en general, tanto de radiodifusión como estaciones de telefonía móvil.

Tenemos en general la Ley de Compartición, que va a permitir un uso eficiente de la infraestructura por un pago, no es gratuito, que es un asunto además que data del año 2000, incluso desde el año 98 ya se discutía el tema de compartición, y que hasta en la Comunidad Andina se ha tratado.

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Como ya mencioné el tema de interoperabilidad, y lo que nosotros creemos que podemos seguir avanzando es construyendo el escenario necesario, no solamente normativamente, sino con el clima adecuado para que podamos incentivar a que estos operadores que ya están en el país, los operadores que ya tienen operaciones formales en el país puedan expandirse en los lugares que actualmente no tienen ningún servicio.

Es impresionante, señor Presidente, déjeme contar esta anécdota. Por ejemplo, cuando usted visita una localidad de Huancavelica donde tiene un teléfono público el poblado, la localidad de Huánuco, por ejemplo, donde se está desarrollando un proyecto con el Inictel, y usted ve como la gente puede apropiarse de la tecnología sin muchas veces tener mucha capacidad cultural; pero simplemente entendiendo que eso es muy importante para que sus hijos puedan tener un futuro diferente al que ellos han tenido.

Ese ése es el mensaje, digamos, en cuál es nuestra tarea, es simplemente promover el desarrollo de telecomunicaciones, porque ésa es la alternativa para cualquier actividad económica, para la que usted se imagine, para la agricultura, para el turismo, para la salud, para el trabajo, para todas las áreas.

El señor PRESIDENTE.— Gracias.

El congresista Ramírez Canchari, puede hacer uso de la palabra.

El señor RAMÍREZ CANCHARI (PP).— Señor Presidente, por su intermedio, para hacer un saludo al Viceministro.

Tenía ahí unas preguntas que hacerle al Viceministro. Una de ellas es, ¿por qué se entregó la concesión a esta empresa que tenía un capital social de apenas 5 mil nuevos soles, y entre sus accionistas —sin desmerecer su condición— se encontraba un chofer y un canillita? Es una pregunta.

El señor PRESIDENTE.— Señor Pacheco.

El señor PACHECO.— Gracias, señor Presidente, por su intermedio al congresista Ramírez Canchari.

Como ya expliqué, nuestra legislación de apertura de telecomunicaciones no exige barreras mínimas para el acceso al mercado. ¿Dónde lo encontramos eso?, dentro de los ordenamientos 20 al 26 del Decreto Supremo N.° 020-98. Entonces, en ese sentido el capital social no forma parte de un requisito.

Es más, tengo aquí una lista que le va a hacer entrega de las concesiones que se han otorgado a partir del año 98 y que formalmente entiendo que el señor Presidente también las ha solicitado y le vamos a entregar, donde en algunas de ellas, incluso, tenemos los capitales que en muchos casos son iguales, un poco mayores, menores Incluso, en el caso de telefonía fija, como el caso de Insa, el caso de Infoductos, el caso de Compañía Telefónica Andina, que son los casos específicos de telefonía fija, pero también en el caso de otros servicios, de servicios a exportadores.

Entonces, señor Presidente, yo no sé si podría alcanzarle los expedientes.

El señor PRESIDENTE.— Congresista Ramírez.

El señor RAMÍREZ CANCHARI (PP).— Frente a esta política de acceso que permite que cualquier persona pueda prestar un servicio de telecomunicaciones, ¿quién protege a los usuarios del servicio que probablemente prestarían?, y los intereses del Estado.

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El señor PACHECO.— Señor Presidente, por su intermedio. Digamos, en la legislación existen mecanismos regulatorios de control, una vez otorgada la concesión el ministerio otorga hasta un plazo de un año para verificar el inicio de la operación.

Una vez que se cumple el año el ministerio visita el local donde va a funcionar el operador concesionado o el concesionario, verifica el inicio de operaciones y el Osiptel, digamos casi en forma inmediata, también verifica que la calidad del servicio, las condiciones tarifarias y que las condiciones de facturación se adecuen a las normas que el regulador tiene en este momento; es decir, permanentemente tiene facultades de control.

En ningún momento el usuario puede verse perjudicado porque el Osiptel inmediatamente que tiene la exclusividad como competencia la política tarifaria y el seguimiento a los operadores en la parte de lo que se refiere a su relación con otras empresas y con los usuarios, inmediatamente lo fiscaliza. Hay una gerencia de fiscalización también en Osiptel y hay una dirección de control también dentro del subsector comunicaciones que verifica los inicios de operación de las concesiones que se otorgan; es decir, el usuario nunca está desprotegido.

En cuanto al Estado si verificamos a los intereses del Estado, además de estar garantizado con la carta fianza por el 6% del inicio de operaciones durante el primer año, si verificamos que no ha operado, revierte la concesión, se deja sin efecto la resolución ministerial y el contrato de concesión, y obviamente se ejecuta la fianza.

El señor RAMÍREZ CANCHARI (PP).— Por su intermedio, señor Presidente, los requisitos para tener una concesión ¿han sido siempre los mismos?

El señor PACHECO.— A partir del modelo de apertura, a partir del modelo Perú, sí, salvo la carta fianza. La carta fianza fue planteada en el Decreto Supremo N.° 020-98 y fue derogada a través del Decreto Supremo 022-99.

Digamos, fue restituida a raíz de la expedición del Decreto Supremo 012-2004, de este año, cuando modificamos el reglamento de la ley. ¿Y por qué razón la volvemos a incluir?, porque existe la siguiente división: cualquier persona natural o jurídica puede solicitar una concesión de servicios públicos de telecomunicaciones que no tengan restricciones técnicas, a pedido de parte; en Lima y Callao tiene unos requisitos y para provincias tiene otros requisitos.

Entonces, la fianza para Lima se exige el 5% en cinco años como mínimo de la capacidad instalada por el operador dominante, que más o menos son 56 mil, 57 mil líneas, más el 6% de la carta fianza. En provincias no tienen mayor obligación, de acuerdo al Decreto Supremo N.° 015-2003, a instalar un número mínimo u otorgar carta fianza.

En esa parte, además, en el reglamento de la ley, en la modificación de marzo de este año, el Decreto Supremo 012, hemos incluido la certificación de la vigencia de poder del representante legal, con una antigüedad no mayor a tres meses; hemos incluido la copia legalizada del representante legal, y hemos incluido el certificado de habilitación del ingeniero o del profesional que suscribe el proyecto técnico, porque antes no se exigía eso.

Incluso, en los expedientes que acabo de hacer entrega, ustedes podrán apreciar que en la mayoría de los casos no tiene carta fianza porque son posteriores al 99, en los casos que ello ocurra; y tampoco tenía certificación del colegio respectivo el profesional que firmaba los proyectos. Entonces, esos son los requisitos que se han agregado a

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partir de marzo de este año.

El señor RAMÍREZ CANCHARI (PP).— Señor Presidente, una última pregunta.

El señor PRESIDENTE.— Sí, congresista Ramírez Canchari.

El señor RAMÍREZ CANCHARI (PP).— Explíqueme, entonces, si es tan sencillo adjudicarse una concesión, ¿cuál era el negocio que esperaba obtener esta empresa?

El señor PACHECO.— Perdón, primero hay que precisar un concepto. Esto no es un concurso público, esto no es una licitación, no es una adjudicación, esto es un trámite a solicitud de parte.

Y respecto a la segunda parte de la pregunta, yo preferiría abstenerme, porque yo no sé a qué se refiere; o sea, digamos, los solicitantes de la empresa Telecomunicaciones Hemisféricas sabrán cuál es el negocio que habrán querido hacer, pero yo no tengo idea sobre el tema.

El asunto es muy claro, esto no es una licitación, el Estado no les entrega nada, no les entrega un poste, no les entrega un teléfono, no les entrega una central; les entrega un título habilitante, un papel para ingresar a un mercado.

Es así de simple, cualquier persona natural o jurídica puede acceder al mercado de telefonía fija, siempre y cuando no haya restricciones de tipo técnico en aspectos radioeléctricos. Esto no es radio y televisión, es totalmente distinto, y esto lo conocen todos los operadores de telecomunicaciones que están en el sector.

El señor RAMÍREZ CANCHARI (PP).— Eso es todo de mi parte, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE.— Congresista Heriberto Benítez.

El señor BENÍTEZ RIVAS (FIM).— Gracias, Presidente.

Dígame, señor Pacheco, sobre su última respuesta. ¿Pero si le dan a Telecomunicaciones Hemisféricas esta concesión, también se la podrían dar a otra empresa si lo solicitaba sobre las mismas cosas?

El señor PACHECO.— Claro, porque la concesión, congresista, perdón, señor Presidente, por su intermedio, consiste en un acto jurídico, en un título habilitante; es decir, si cualquier otra persona natural o jurídica reúne los requisitos, puede obtener la concesión, no está cerrada, no ha desplazado a nadie.

El señor BENÍTEZ RIVAS (FIM).— O sea, entendemos que si se presentan 20 empresas más y las 20 más solicitan la misma concesión, ¿a las 20 les pueden otorgar y entre ellas se distribuirían el mercado?

El señor PACHECO.— Le explico, cuando el Perú suscribió el acuerdo de la Organización Mundial de Comercio, que se lo vamos a hacer llegar, existe un capítulo especial donde se señala expresamente, así como está en el libro blanco del modelo de apertura, el Estado no puede limitar el número de concesionarios, salvo que exista un tema de restricción técnica, qué quiere decir, que ya no haya más espacio en el espectro radioeléctrico.

Pero si se trata de telefonía fija donde en principio estamos hablando, digamos, por decirlo de alguna manera y más entendible para mí y de repente también para ustedes, telefonía alámbrica, ahí no hay restricciones. Entonces, si va a venir, como usted dijo, 20 concesionarios más a solicitar el tema y cumple con los requisitos, se le daría.

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Es decisión de cada uno, el Estado no les entrega dinero, no les da plata, no les da nada; les da un papel, un título habilitante que se llama concesión. En otros países, incluso, la Comunidad Económica Europea y Venezuela en la Comunidad Andina ha ido a un proceso de desmaterialización de las concesiones. ¿Qué quiere decir eso? Que entran al mercado, le notifican la autoridad correspondiente y después el Estado los controla, pero ni siquiera le dan concesión. Entonces, hay vertientes que países, digamos, otros son más liberales y Perú, digamos, tiene una legislación avanzada en esa parte.

Mientras no exista una restricción de tipo técnico, el Estado no puede limitar el número de concesionarios; es decir, en el caso específico cualquier otra persona puede acceder a mercado de telefonía fija; y siempre con la diferencia que para Lima y Callao se exige un mínimo de 5% de los teléfonos que tiene el operador dominante, que más o menos equivale 57 mil, 60 mil líneas, y el 6% de la inversión inicial para el primer año de operaciones.

Y, en provincias, no tienen ninguna obligación ¿por qué? Porque lo que queremos es que se genere presencia de operadores en provincias y salgamos del atraso que estamos en telecomunicaciones por el déficit de la densidad. Teníamos que llegar a 20 por cada 100 habitantes al 2003, estamos en 18 y medio gracias a los teléfonos móviles, pero en fija estamos más estancados.

El señor BENÍTEZ RIVAS (FIM).— Dígame, señor Pacheco, por intermedio de la Presidencia, si este estudio que hicieron en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para otorgarle la concesión a la empresa Telecomunicaciones Hemisféricas, supuestamente se llevó a cabo de una manera regular y la empresa reunía todos los requisitos, ¿cuál fue la razón por la que después dejan en suspenso esta concesión y deciden denunciar a estas personas y a los que resulten responsables?

El señor PACHECO.— Por una razón, no por una razón, por varias razones. Ante los indicios que se formuló a través de la denuncia periodística que tomamos conocimiento, que creo que fue un domingo 18 de junio, el ministerio inició aplicación del privilegio de control posterior.

La resolución ministerial fue el 10 de junio, el contrato entiendo que se firmó el 14 ó 15 de julio; tres, o cuatro días después sale la publicación, inmediatamente se toma la decisión en base a los fundamentos de los indicios de una supuesta simulación (4) de la constitución social donde los accionistas que aparecen en Telecomunicaciones Hemisféricas no serían los verdaderos accionistas y, por lo tanto, ante ese indicio de la simulación de un acto jurídico que aparece, además, inscrito en Registros Públicos que de acuerdo al Código Civil solamente el Poder Judicial puede anular lo que está inscrito en los Registros Públicos, ante esos indicios, tanto la dirección correspondiente, como la Oficina de Asesoría Jurídica recomendaron, yo también estuve de acuerdo, en suspender el acto administrativo mientras que el Poder Judicial y las autoridades competentes, esclarecen el tema de que sí hay una simulación.

El señor BENÍTEZ RIVAS (FIM).— Dígame, ¿han sancionado alguna persona por alguna irregularidad en esta tramitación dentro del Ministerio?

El señor PACHECO ROMANÍ.— Nosotros, lo digo como ministerio, se solicitó inmediatamente la intervención de la Contraloría General de la República y también, como recordará el presidente, en el mes de julio enviamos o el señor ministro envió una copia fedateada del expediente, además de haber informado ante la Comisión de Transportes y Comunicaciones, la Comisión de Relaciones Exteriores, la Comisión de

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Comercio Exterior que por un tema relacionado al tema, al asunto aéreo, coincidió y le explicamos el tema y también le proporcionamos una copia en el mes de julio.

Digamos, que nosotros hemos pedido la intervención de la Contraloría General de la República y, además, en la denuncia penal interpuesta por el procurador, por instrucción del ministro, dice, además de los denunciados, todos los que resulten responsables de acuerdo al esclarecimiento de los hechos.

El señor BENÍTEZ RIVAS (FIM).— Claro, pero sabe usted si se ha denunciado a alguien más aparte de los de Telecomunicaciones Hemisféricas, porque tengo entendido que esto pasó a un Fiscal Anticorrupción, el Fiscal lo denunció ante el Juzgado y la información es que el caso ya está judicializado. Pero sabe usted, o la Procuraduría les han informado si dentro de la denuncia que han encontrado responsables se ha comprendido también a alguien del Ministerio de Transportes?

El señor PACHECO ROMANÍ.— No, que yo tenga conocimiento en el procedimiento penal que se está llevando a cabo después de la denuncia formulada por la Fiscal Provincial Anticorrupción, que yo tenga conocimiento no estaba comprendido ningún funcionario del Ministerio.

El señor BENÍTEZ RIVAS (FIM).— Una última pregunta, Presidente, por su intermedio.

Dígame, señor Pacheco, ¿en algún momento cuando se tramitó este expediente, usted recibió alguna visita o llamada del señor Pedro Toledo Manrique para que agilizara, para que le informara preocupado por el avance de este otorgamiento de concesión?

El señor PACHECO ROMANÍ.— No, no, señor congresista. Solamente quería agregar un punto que la otra vez usted hizo una pregunta y quedó no muy bien explicada y me parece oportuno aclararla.

Usted preguntó, ¿en qué otro caso el Ministerio había actuado suspendiendo? Por temas absolutamente...

El señor BENÍTEZ RIVAS (FIM).— Perdón, perdón, suspendiendo a raíz de denuncias periodísticas, porque el ejemplo que pusieron también era que, por una denuncia periodística se había actuado de esa manera; entonces yo pregunté si habían otros casos en lo que habían actuado de manera similar.

El señor PACHECO ROMANÍ.— No, no por una denuncia periodística sí, pero por hechos que fueron públicos y de conocimiento de toda la nación, en el caso de Panamericana Televisión, el Ministerio suspendió por primera vez después de más de 40 años de radiodifusión la licencia o la autorización de esa estación en la ciudad de Lima; entonces, no es la primera vez que suspende un acto administrativo o por otra naturaleza.

El señor BENÍTEZ RIVAS (FIM).— Aprovecho su observación y dígame, así como este caso de Telecomunicaciones Hemisféricas, ¿ha habido algún otro en el que han tramitado una concesión y, por alguna denuncia periodística, han procedido de manera similar a suspender la concesión?

El señor PACHECO ROMANÍ.— No, que yo recuerde, congresista.

El señor PRESIDENTE.— Quiero hacer una pregunta referido a los lineamientos.

Nosotros hemos accedido a esta información de la Secretaría de Comunicaciones, estadísticas de los servicios al primer trimestre del

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2004, allí nos hablan de la densidad en Lima que es de 14.4 teléfonos por cada 100 personas, en tanto en Huancavelica la densidad es de 0.5 por cada 100 personas y en Amazonas es de 1.05, ¿no cree usted que se debería proporcionar estas facilidades a aquellas empresas que puedan promover concesiones en estos lugares donde hay menos acceso de este servicio fundamental?

El señor PACHECO ROMANÍ.— Presidente, la iniciativa privada en telecomunicaciones es libre, entonces, nosotros lo que procuramos precisamente es facilitar que en estas localidades; por ejemplo, Huancavelica, nosotros estamos dispuestos a avanzar más en lo ya terminado, en lo ya trabajado para que las empresas que deseen puedan ir a esos lugares, por eso es que en el caso de interoperalidad de servicios que consiste en el reconocimiento de códigos hemos exigido a las empresas que la única condición para que obtengan ese beneficio de tener un beneficio de competencia que le va a generar rentabilidad, expandan sus servicios donde el Ministerio les ha indicado y, digamos, está Cajamarca, está Huancavelica, está Huánuco, está Madre de Dios, está Puno, está Ayacucho; diversas localidades, hemos puesto por pares.

Entonces, la idea es incentivar a estos operados para que vayan a estas zonas, porque ellos actualmente condenan que no es rentable ir. Entonces, nosotros consideramos que no es necesariamente exacto eso y tampoco sería justo condenar a nuestros compatriotas a que no tengan servicio; entonces, para nosotros es un tema precisamente fundamental expandir el servicio.

Para eso, tenemos, ¿cuál es limitaciones? El contrato de Concesiones Telefónica ya venció, digamos, ya cumplió con sus metas, el año 98, Telefónica de ahí para adelante, digamos, que ofrece al Estado peruano lo que ellos de acuerdo a su rentabilidad le plantean.

El señor PRESIDENTE.— Congresista Ramírez.

El señor RAMÍREZ CANCHARI (PP).— Claro, dice en tal zona no es rentable y, no lo ponen, lo ponen en los sitios donde sí es rentable, entonces, tiene que haber un contrato donde no permita que pueblos, por ejemplo, en Marcona y en Palpa no hay telefonía móvil por lo que dice que no es rentable, entonces, esos contratos deben de ser equilibrados, no solamente se van a llevar la carnecita.

El señor PRESIDENTE.— Señor Pacheco.

El señor PACHECO ROMANÍ.— Gracias.

Mire, precisamente por esa preocupación en las bases, en las definiciones técnicas, en las especificaciones técnicas que le hemos propuesto a Proinversión en la licitación de la cuarta banda, nosotros hemos dicho, miren, aparte de solamente Lima el operador que gane la licitación de cuarta banda tiene que ir a estos lugares que de acuerdo a sus estadísticas no están bien servidos, no nos interesa recaudar ya miles de millones que al final tienen otro destino, nos interesa que se haga inversión en aquellos lugares que actualmente no están servidos.

Entonces, por eso es que hemos diseñado un nuevo esquema donde el contrato preferimos que la empresa que gane, en este caso sin una licitación internacional, se comprometan a invertir en estos lugares que no tienen servicio.

El señor PRESIDENTE.— Cuál es el plazo promedio para que dentro del proceso de evaluación de la solicitud, la Dirección General de Gestión de Telecomunicaciones emita su informe y lo derive a la Oficina de

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Asesoría Jurídica, ¿cuál es el plazo promedio?

El señor PACHECO ROMANÍ.— Mire, de lo que yo he estado analizando tenemos dentro, incluso, los expedientes que acaba de proporcionarles, plazos para el otorgamiento de la concesión entre 6; 7; 5 ó 3 meses, específicamente lo que usted me pregunta, eso depende del análisis y que las empresas cumplan con su compromiso, con su, digamos, con los requisitos de sus solicitudes.

Nosotros tenemos como máximo legal de 50 días establecidos en la Ley.

El señor PRESIDENTE.— Yo me estoy refiriendo al plazo que tiene su oficina para evacuar su opinión y pasarla a asesoría jurídica, ¿cuál es el plazo promedio que tienen ustedes?

El señor PACHECO ROMANÍ.— No puedo precisarle en este momento el plazo promedio, pero sí, eso depende de que la empresa cumpla con los requisitos que están establecidos en la Ley, en el reglamento, eso depende de cada caso, pero podrían compararlo con los casos que le acaban de alcanzar.

El señor PRESIDENTE.— En los casos dentro de dicho proceso se llevan a cabo la audiencia pública la que se refiere el artículo 137.° del Reglamento.

El señor PACHECO ROMANÍ.— En ningún caso, porque se refiere, y así ha sido entendido por el Ministerio, en los casos que se tratan de nuevos servicios muy complejo, muy raros, digamos, cuando vamos a suponer ven el asunto de televisión digital usted por televisión digital va a poder dar proveer internet, pero ahí vamos a tener una discusión con los radiodifusores, allí va a decir, "oiga, ¿doy televisión por internet o internet por televisión?, entonces, en ese caso que va a tener consecuencia en esos casos es que se está pensado para un asunto de telefonía fija donde además existen varios operadores donde no hay mayor variación al tema no se convocan audiencias.

Perdón, Presidente, en los otros expedientes que le acabo de alcanzar la lista tampoco se ha convocado a audiencia pública.

El señor PRESIDENTE.— Pero es porque es una interpretación un poco unilateral la que ha hecho, porque el reglamento dice lo siguiente: "una vez efectuada la publicación, el Ministerio dentro de los 3 días siguientes puede disponer que la solicitud se ventile en audiencia pública, no dice que sea una actividad nueva, compleja, ese es una interpretación que ustedes han realizado.

El señor PACHECO ROMANÍ.— Presidente, con todo respeto y sin ánimo de discrepar, respeto su opinión; pero como dice puede es facultad del Ministerio y, digamos, yo lo encontré así, a veces es una...

El señor PRESIDENTE.— No es mandatorio coercitivo, pero sí, si se ha puesto esa audiencia ahí, entiendo yo que el sentido de la interpretación va camino que estos actos sean transparentes, en una audiencia se transparentan los actos.

El señor PACHECO ROMANÍ.— Sí, concuerdo con usted, Presidente, pero también debemos precisar que las solicitudes se publican, en este caso, se publicaron en el diario oficial El Peruano y en el diario El Comercio, o sea, mecanismo de transparencia han existido con publicación de solicitud.

El señor PRESIDENTE.— Y qué entiende usted o qué entiende su despacho cuando el artículo 116.° del entonces vigente reglamento establecía que el Ministerio debía efectuar un análisis integral de las solicitudes que se presenten para prestar servicios de

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telecomunicaciones, análisis, que es una etapa del razonamiento del conocimiento, que no es solamente, como han venido los funcionarios, no la solicitud, la declaración jurada y, ¿dónde está el análisis?, ¿cómo lo entienden ustedes?

El señor PACHECO ROMANÍ.— Presidente, si soy mejor explicando que mis funcionarios.

El análisis integral nosotros los entendemos en el marco de los lineamientos de apertura con el proyecto que se está presentando esté de acuerdo al servicio que se está solicitando.

Un análisis integral que no puede ingresar a analizar la cuestión económica financiera de la empresa, porque se lo prohíbe el lineamiento 21; 22; 23; 24 y 25 que no puede regular la tecnología. Entonces, lo que hacen los ingenieros es evaluar el proyecto que se le presentan, eso es por lo menos lo que siempre he entendido así y lo que me han explicado esta gente que tiene 20 y tantos años de experiencia que son además profesionales concerta con bastante antigüedad y experiencia mucho más que yo en el tema, en que ellos el proyecto encaje con el servicio que se está solicitando, de acuerdo a un análisis que se da en función de un servicio, como yo he explicado Telefonía Fija no es nada novedoso. Entonces en eso consiste lo que realizan. Cuando piden el servicio de portador local de transporte o de otro tipo de servicio de cable, también nos dicen lo mismo.

El señor PRESIDENTE.— Y usted comparte la opinión de su director de telecomunicaciones del señor Ames cuando él dice que ellos entienden que evaluación , este análisis se refiere a la evaluación exclusivamente al cumplimiento de requisitos y de existir algún impedimento para otorgar la concesión.

El señor PACHECO ROMANÍ.— Presidente, tenga usted en cuenta que el ingeniero Ames es de profesión ingeniero, entonces, ellos generalmente los ingenieros son más literales para interpretar la norma, entonces el tema de análisis integral, como abogado, yo lo entiendo de otra manera. Entonces en ese sentido, si eso es lo que él ha declarado, tendría que él precisarlo sobre todo. (5)

El señor PRESIDENTE.— Pero el ingeniero Ames es el que prácticamente da el visto bueno para que se le otorgue la concesión a esta empresa.

El señor VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES, doctor Juan Pacheco Romaní.— Primero es la Subdirección de Servicios Públicos, luego la Dirección de Concesiones y Autorizaciones, luego el Director General, luego la Oficina de Asesoría Jurídica.

El señor PRESIDENTE.— El entonces vigente artículo 136.°, al que hemos hecho referencia, del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, establecía que la solicitud para el otorgamiento de una concesión debería contener el perfil del proyecto técnico, así como la proyección de la inversión prevista para los primeros cinco años y monto de la inversión inicial, a ser ejecutado durante el primer año.

¿Es usual y aceptable que la base del perfil técnico fuera la información proveniente del Internet, que describía las características de equipos de comunicación?

El señor VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES, doctor Juan Pacheco Romaní.— Presidente, ahí hay, entiendo, una falta de explicación más detallada.

El proyecto de comunicaciones aparece descrito, que es básicamente la descripción de la arquitectura de la red —yo no soy ingeniero, estoy tratando de explicarlo en palabras de abogado— de telefonía fija para

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la ciudad de Lima.

Como el solicitante, como cualquier empresa, no está obligada a adquirir los equipos antes de que le otorguen el derecho, entonces la información que obtenga ya sea por Internet, ya sea de cualquier proveedor, es irrelevante si está o no obtenida de una Página Web. Lo que tiene que estar bien descrito es la arquitectura de la red para ver si el servicio que va a prestar es viable o no es viable.

Entonces, no es necesario que haya tenido conversaciones con el proveedor, no es necesario que acredite haber comprado los equipos. ¿Por qué? Porque no tiene el derecho, y no estoy hablando de este caso en particular, estoy hablando de los casos en general que he visto en el Ministerio. Entonces, esa parte quería precisarla.

De lo que yo he visto, generalmente, todos presentan la marca "X" y al final termina poniendo a marca "Y", porque no se regula tecnología y hay libertad de ellos de cambiar el equipo que quieran poner al final.

Lo que nosotros verificamos es que opere de acuerdo a las condiciones que se le han probado. ¿Con qué equipo? Es problema de ellos.

El señor PRESIDENTE.— O sea que es normal que puedan obtener la autorización con un tipo de equipo y luego implementarla con otro.

El señor VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES, doctor Juan Pacheco Romaní.— Siempre y cuando avisen previamente al Ministerio.

El señor PRESIDENTE.— Perfecto.

¿Cuáles fueron las razones para designar en julio del año 2003 al señor José Carlos Hurtado Rantes como subdirector?

El señor VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES, doctor Juan Pacheco Romaní.— Presidente, el señor José Carlos Hurtado Rantes fue encargado de la Dirección de Servicios Públicos por el Director General de Gestión de Telecomunicaciones, y a mí me comunica simplemente el tema

Entiendo, por la experiencia tanto de él como del ingeniero Ames, que anteriormente ha sido Director General de la gran Dirección de Gestión en Telecomunicaciones.

Un poco le explico el antecedente, en el año 2002 ó 2001, no recuerdo en este momento, se separa el Ministerio de Vivienda y Construcción. Entonces se crea un nuevo Reglamento de Organización y Funciones y se aprueba una nueva organización del subsector. Antes todo se veía en una Dirección General de Telecomunicaciones, era una gigantesca dirección.

Se separa esta Dirección General, se crea una Dirección General de Control, se crea una Dirección General de Gestión, se crea una Oficina de Proyectos de comunicaciones, se crea una Oficina de Recaudación y permanece la Dirección General de Servicios Postales, antes la Dirección General de Correos.

Entonces, a raíz de eso los directores respectivos comenzaron a designar a sus funcionarios en cada subdirección, en cada dirección.

El señor PRESIDENTE.— ¿Y usted nos puede informar por qué razones lo retiraron al día siguiente en que se firmó la resolución ministerial que autoriza la concesión?

El señor VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES, doctor Juan Pacheco Romaní.— Entiendo que el Director General de Gestión ha realizado rotaciones, no solamente en el área de la Subdirección de Servicios Públicos sino en la Subdirección de Servicios Privados y en el área de la Dirección de Radiodifusión. Y también hubo cambios en la Dirección General de

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Control.

O sea, generalmente están cambiando ellos sus funcionarios de acuerdo a las necesidades que ellos tienen, y de acuerdo al Manual de Organización y Funciones y a los niveles que se puede, porque como es personal nombrado hay ciertos requisitos, no se puede poner a cualquiera.

El señor PRESIDENTE.— Usted ha dicho que, por lo indicios de la denuncia formulada en la prensa se suspendió la concesión hasta que el Poder Judicial determine si hubo o no simulación del acto jurídico. Usted lo ha dicho tanto en la Comisión de Transportes como lo ha dicho ahora.

La Ley de Procedimiento Administrativo establece que se puede suspender un acto administrativo si se aprecia objetivamente la existencia de un vicio o nulidad. ¿Cuál ha sido el hecho objetivo en este caso, una denuncia pública? ¿El solo mérito de esto puede ser el hecho objetivo? ¿Cuál ha sido la causal que haber determinado esta suspensión?

El señor VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES, doctor Juan Pacheco Romaní.— No, le explico.

¿Cuál es el indicio que le otorga la denuncia periodística? La presunta participación del señor Pedro Toledo como el verdadero accionista de Telecomunicaciones Hemisféricas y, entonces, eso significaría la intervención de una persona que estaría prohibida de contratar con el Estado. Y para nosotros ese es un hecho grave.

Por eso es que hemos suspendido el acto jurídico. Tan es así que ahora, después de haber declarado infundado el recurso de reconsideración sobre la resolución de la suspensión, hemos sido demandados —y lamentablemente no sé si lo he traído, pero le voy a hacer llegar— con una acción de amparo por los accionistas de Telecomunicaciones Hemisféricas por haber suspendido el acto. Y ahora incluso han llevado a la vía judicial esa parte también.

El señor PRESIDENTE.— Sí lo sabemos, porque nos informaron sobre esto.

Por último, ¿cuándo le indicó el ministro que debía suspender la concesión?

El señor VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES, doctor Juan Pacheco Romaní.— No. El ministro lo que nos indicó, apenas conoció el hecho, es que se iniciaran los procesos de verificación posterior que yo ordeno a la dirección correspondiente. La dirección correspondiente eleva su informe a la Oficina de Asesoría Jurídica y la Asesoría Jurídica sugiere al ministro expedir la resolución ministerial, que es expedida el día 19 de junio de este año, si mal no recuerdo.

El señor PRESIDENTE.— ¿Conoce usted al señor Ismael Pérez Ramírez?

El señor VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES, doctor Juan Pacheco Romaní.— No.

El señor PRESIDENTE.— ¿Conoce al señor Cesar Montoya Francia?

El señor VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES, doctor Juan Pacheco Romaní.— No.

El señor PRESIDENTE.— ¿Nunca acudió a su despacho a conversar con usted sobre el tema?

El señor VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES, doctor Juan Pacheco Romaní.— No.

El señor PRESIDENTE.— ¿Alguna persona lo llamó, sea de la propia

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empresa o del Ministerio, para mencionarle algo acerca de esta solicitud de concesión?

El señor VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES, doctor Juan Pacheco Romaní.— No, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE.— ¿Y conoció hasta esa fecha personalmente al señor Pedro Toledo?

El señor VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES, doctor Juan Pacheco Romaní.— No.

El señor PRESIDENTE.— ¿Lo llamó algunas veces?

El señor VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES, doctor Juan Pacheco Romaní.— No.

El señor PRESIDENTE.— Señor viceministro, no habiendo otra pregunta que hacerle, voy a dar por terminada esta diligencia. Si usted tiene algo que agregar lo puede hacer en este momento.

El señor VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES, doctor Juan Pacheco Romaní.— No, señor Presidente. Simplemente agradecerle por la invitación y la oportunidad de esclarecer mi participación.

Encantados de seguir colaborando con ustedes, incluso les hemos hecho llegar las cartas notariales donde la señora Susan Milagros Herrera nos amenazaba por una supuesta acción para que ustedes puedan tener mayores datos acerca de los temas bancarios sobre los cuales se emitió la carta fianza.

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, señor Pacheco. Le agradezco mucho su presencia en la Comisión.

Estando también el Ministro de Transportes en la antesala, suspendo brevemente la sesión para invitarlo a pasar a la sala.

—Se suspende la sesión. —Se reanuda la sesión. El señor PRESIDENTE.— Reanudo la sesión. Y doy la bienvenida al Ministro de Transportes y Comunicaciones, José Ortiz Rivera.

Ministro, conforme le hemos detallado en el oficio de la invitación, en la Comisión estamos llevando adelante esta investigación sobre esta concesión otorgada a la empresa Telecomunicaciones Hemisféricas SAC., por un período de 20 años.

Al respecto se ha abierto una investigación, inclusive el Pleno del Congreso nos ha dado facultades de comisión investigadora para profundizar esta investigación, yo le voy a agradecer. Y dejo constancia que siempre usted ha estado a disposición y nos ha entregado toda la información que requeríamos, inclusive antes de tener estas facultades. Y queremos hacerle algunas preguntas que son propias y necesarias para la investigación.

Quisieras darle el uso de la palabra, y si antes de eso usted pudiera dar una impresión general sobre los hechos que son materia de la investigación o sino pasamos directamente a las preguntas.

El señor MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, ingeniero José Ortiz Rivera.— Le agradezco mucho, señor Presidente y, por su intermedio, a los congresistas que componen la Comisión de Fiscalización.

Para mi es muy grato venir a esta Comisión a esclarecer mi posición personal e institucional frente a los hechos acontecidos a Telecomunicaciones Hemisféricas. Siempre ha actuado con absoluta

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transparencia en mis actos, y esta vez no puede ser de otra manera, más aun que estoy en la Comisión de Fiscalización, que tiene la finalidad expresa de aclarar posiciones y conductas de los funcionarios públicos.

De manera que, señor Presidente, estoy a disposición de la Comisión para lo que tenga a bien interrogarme.

El señor PRESIDENTE.— Voy a dar el uso de la palabra al congresista Juan de Dios Ramírez Canchari, para que le haga las primeras preguntas.

El señor RAMÍREZ CANCHARI (PP).— Señor Presidente, no sin antes, por su intermedio, alcanzar un saludo al Ministro de Transportes y Comunicaciones como también a quienes lo acompañan. Voy a hacer una pregunta concreta.

Diga usted, señor ministro, cuál ha sido su participación en el proceso de la concesión otorgada a Telecomunicaciones Hemisféricas.

El señor MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, ingeniero José Ortiz Rivera.— Gracias, señor Presidente. Quiero previamente hacer una apreciación.

La resolución ministerial que mi despacho otorga, es el acto final de una cadena de acciones que competen a diferentes estamentos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en este caso específico. Aquí intervienen, para darse la concesión finalmente, una serie de pasos y de procedimientos administrativos. Intervienen la Subdirección de Servicios Públicos, la Dirección de Concesiones y Autorizaciones, la Dirección General de Gestión de Telecomunicaciones, la Dirección General de Asesoría Jurídica, el Viceministro de Comunicaciones, y finalmente mi despacho.

En el ordenamiento del Ministerio de Transportes, en general de las organizaciones gubernamentales, existe una línea de confianza para llegar al acto final del ministro en su resolución ministerial; o sea, uno confía en el trabajo y en los controles que hacen los diferentes estamentos del Ministerio. Así, estas subdirecciones que he señalado, la Asesoría Jurídica y finalmente el Viceministerio de Comunicaciones son los órganos competentes para efectuar los controles correspondientes en cada uno de los pasos que deben dar los administrados para gozar, en este caso específico, de una concesión.

De manera que cuando a mi se me llevó la resolución ministerial a firmar, yo verifiqué con los órganos competentes que se hubieran cumplido con todos los pasos, cosa que así se había hecho, que tuviera las visaciones correspondientes que señala la ley. Tenía todas las visaciones que señala la ley.

Hice algunas preguntas porque esta era la primera resolución que yo firmaba en mi despacho de este tipo de concesiones. Entonces, interrogué. Por cierto, me llamó la atención, como empresario que soy, que no figurase por ejemplo una referencia bancaria, que no figurase algunas consideraciones de tipo comercial que consideraba necesarios.

Entonces, se me explicó que el Decreto Supremo N.° 020-98, que regula este tipo de concesiones, señalaba específicamente que no se debería de pedir ese tipo de cosas. Dice: “No deben evaluarse aspectos propios de la gestión empresarial como la factibilidad técnica y económica de la empresa”.

E igualmente, dentro de la línea de la Ley de Procedimiento Administrativo General, se parte del principio de veracidad en la información que proporcionan los usuarios para después,

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posteriormente, el Ministerio está en la facultad de hacer lo que se llama la fiscalización post. Entonces, ahí dice: “Podría evaluar algunos aspectos en caso de que estuviera incumpliendo la empresa con su solicitud de concesión.”

De manera que cuando yo firmé la resolución ministerial respectiva, todos los pasos que las normas sobre el particular exigían se habían dado y contaba con las visaciones respectivas. Mi participación, pues, concluía en firmar la resolución que autorizaba esta concesión.

El señor PRESIDENTE.— Congresista, Ramírez. (6)

El señor RAMÍREZ CANCHARI (PP).— O sea, cuando se otorga la concesión a esta empresa sin verificar su solvencia patrimonial ni social y condición de sus accionistas, se basa usted ese decreto que hace mención.

El señor MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, ingeniero José Javier Ortiz Rivera.— Esa fue la información que yo recibí, que efectivamente en el Decreto Supremo 020-98, que señala los lineamientos de política de apertura del mercado de telecomunicaciones, se dice específicamente, que el otorgamiento de concesiones debía estar sujeto a un plazo máximo, bajo responsabilidad, de 50 días. O sea, en 50 días debía darse este tipo de concesiones.

Y para el caso que nos ocupa, señor Presidente, esta concesión se inició en diciembre, el 5 de diciembre se entregó la solicitud de esta concesión, mucho antes que yo fuera nombrado, inclusive, ministro de Estado, y se concluyó el 10 de junio, prácticamente seis meses.

Si algo se incumplió desde el punto de vista de esta norma, fue el tiempo en que debió haberse otorgado la concesión, y no como se ha dicho en algunos medios malintencionadamente, que la dimos con celeridad pasmosa. En el caso que me ocupa no ha sido así, seis meses se ha demorado la concesión.

Y yo puedo afirmar, señor Presidente, que, por ejemplo, el informe del área correspondiente, el informe del 29 de marzo el subdirector de Servicios Públicos de la Dirección de Concesiones y Autorizaciones de Telecomunicaciones recomendó en esa fecha que se emitiera la resolución ministerial respectiva autorizándola. De ahí pasó a la Asesoría Jurídica el 24 de mayo, es decir, casi dos meses después recién emite informe. No ha habido ningún... El 27 de mayo me eleva a mí el viceministro su informe diciendo que se ha cumplido con todos los pasos para otorgar esta concesión y yo firmo la resolución ministerial el 11 de junio, 14 días después.

Entonces, dónde están los procesos acelerados, el tema de que se ha facilitado enormemente la concesión por un fin subalterno. De manera que yo rechazo rotundamente ese de tipo de cosas. No habido ningún apresuramiento. Todo esto ha tenido un proceso larguísimo iniciado mucho antes de que yo fuera ministro de Estado, con normas que se han dado cuando yo era ni siquiera ministro de Estado. Por el contrario, en marzo pusimos una s nuevas disposiciones sobre estos reglamentos para adjudicar este tipo de concesiones, en cual pusimos específicamente una norma, por el cual se exigía poner una garantía bancaria a los concesionarios, y exigimos de que los procesos que estaban en trámite se sometieran a esa norma. Es decir, le pusimos un añadido adicional —valga la redundancia— para que los administrados tuvieran que presentar una fianza bancaria, que antes no se exigía, de tal suerte que el Estado tuviera una mejor garantía respecto a la inversión que ellos pretendían hacer.

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El señor PRESIDENTE.— Congresista Ramírez.

El señor RAMÍREZ CANCHARI (PP).— Sí, señor Presidente, por su intermedio.

Cuál fue su actitud cuando se enteró de la denuncia periodística sobre la concesión de su despacho a una empresa vinculada con el señor Pedro Toledo.

El señor MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, ingeniero José Javier Ortiz Rivera.— El día 18 de julio en el programa periodístico La Venta Indiscreta, que no lo vi, tengo entendido que se dio conocer esta información de una supuesta vinculación que existiría entre el señor Pedro Toledo y esta empresa Telecomunicaciones Hemisféricas; hecho que en ningún momento en el expediente se podía vislumbrar la vinculación del señor Toledo.

Yo el día lunes 19 desde muy tempranas horas me dirigí al departamento de Piura a una reunión de trabajo con el gobierno regional y sus autoridades edilicias, estuve todo el día en esta localidad para ver de qué mi manera mi despacho podía colaborar con el trabajo del Gobierno Regional de Piura y sus municipios. Y cuando me enteré de esta situación de inmediato llamé al viceministro, le dije que verificase si efectivamente había una vinculación entre el señor Pedro Toledo y esta empresa, y de ser así, que procediese de inmediato la nulidad de la concesión. El viceministro como a la hora me llamó para informarme de que efectivamente se había verificado que habían muchos indicios que apuntaban a una presencia del señor Toledo, una vinculación del señor Pedro Toledo con esta empresa. Entonces, ¿en base a qué?, a que los domicilios coincidían que eran de propiedad del señor Toledo, los teléfonos, etcétera.

Entonces, hubo un informe respectivo del área de telecomunicaciones que confirmó estos indicios, y en base a eso yo dispuse desde Piura que se procediese de inmediato a la anulación. Se me contestó de que no se podía anular, desde el punto de vista jurídico, porque el procedimiento había sido normal. Entonces, donde estaba era una aparente simulación de la presencia del hermano del Presidente, que por ley no puede tener concesiones, y eso solamente se podía verificar a través..., ¿quién lo podía verificar? El Poder Judicial.

En mérito a ello, nosotros de inmediato dispusimos que se produjese, que se diera una resolución ministerial para que suspendiese la concesión otorgada y se autorizase al procurador público para que iniciase de inmediato las acciones pertinentes que diera lugar contra esta firma y sus responsables. Y así se produce la resolución ministerial el día 19 de julio, la 551, que después de todos los considerados respectivos, dice: "Resuelve: autorizar al procurador público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para que en nombre y representación del Estado inicie y culmine las acciones legales que correspondan, a fin de obtener la declaración de nulidad por simulación del acto jurídico de constitución de la empresa Telecomunicaciones Hemisféricas, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución ministerial, y suspender los efectos del acto administrativo de otorgamiento de concesión contenida en la resolución ministerial".

De inmediato reaccionamos, señor Presidente, no esperamos, como una serie de otras denuncias que se hacen en los medios periodísticos, un tiempo, que duerman, que pase los días. A las 24 horas reaccionamos y dispusimos la acción ante el Poder Judicial denunciándose a quienes estuvieran inmerso en esto. A las 24 horas, señor Presidente, me

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dirigí al órgano de control, a la Contraloría General de la República, para pedirle que intervenga, hicieran un examen de control sobre este procedimiento. Me dirigí a los procuradores anticorrupción, hice de conocimiento de los procuradores anticorrupción esta situación diciéndoles que el ministerio se ponía a su disposición para brindar toda la información que sea requerida. En un acto de transparencia y de consideración al Consejo de Ministros me dirigí a todos y cada uno de los ministros, haciéndoles conocer cuál había sido mi participación y que es lo que había ocurrido. Me dirigí igualmente a todos los trabajadores del Ministerio de Transportes, haciéndoles ver cuál era la participación del ministro en esta situación, porque considerándome líder del ministerio los trabajadores tienen que confiar en su líder; de lo contrario, se sienten defraudados y no se sienten motivados.

Entonces, mi accionar siempre ha sido transparente, señor Presidente. Yo he actuado con toda celeridad de inmediato. Creo que soy el primer ministro en la Historia de la República, en mis 40 años de vida ciudadana que yo recuerde, que denuncia al hermano del Presidente de la República en pleno ejercicio por un acto que aparentemente puede ser no correcto.

El Poder Judicial —no el Ministerio de Transportes ni mucho menos el ministro— será el que establecerá la responsabilidad o no del hermano del Presidente y de las otras personas. Nosotros hemos actuado de esa manera. Y aquí yo voy hacerle entrega, señor Presidente, en su momento le voy a dejar la denuncia penal respectiva que el procurador presentó el día... Señor Presidente, aquí está, señor fiscal provincial penal de turno de Lima, denuncia penal, día 22 de julio, a los tres días de que se produjo la denuncia. ¿A quiénes se denuncia? Pedro Anatolio Toledo Manrique, Víctor Charalla Jiménez, Ismael Edmundo Pérez Ramírez, Pilar Milagros Olaya Hidalgo, Alejandro Alzamora Mendoza, delitos contra la función jurisdiccional en la modalidad de fraude procesal, delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad genérica. Eso hice de inmediato, señor, dispuse que se hiciera esto.

De manera, pues, que mi accionar ha sido absolutamente transparente, no he tenido nada que ocultar. Por el contrario, al primer indicio de que hubiera un acto contrario a la ley, reaccioné como corresponde, tomando las acciones correspondientes para suspender el acto, denunciar ante el Poder Judicial, dirigirme a la Contraloría General de la República, a los procuradores anticorrupción, a su propio despacho, señor Presidente. Usted el día —si mal no recuerdo— mismo 19 me ofició pidiéndome copia del expediente administrativo, el día 22 ya estuvo en su poder, señor Presidente, con toda transparencia, de inmediato. Si yo hubiera tenido alguna vinculación deshonesta para haber dado esta norma, hubiera tratado de demorar el tiempo, arreglar los papeles, lo que se usa. No, señor, yo de inmediato, mi accionar ha sido absolutamente transparente.

El señor RAMÍREZ CANCHARI (PP).— Señor Presidente, una última pregunta.

El señor PRESIDENTE.— Congresista Ramírez.

El señor RAMÍREZ CANCHARI (PP).— Señor ministro, ¿usted se ha reunido con el señor Félix Málaga o el señor César Montoya o con el señor Pedro Toledo, para tratar sobre el tema de la concesión a Telecomunicaciones Hemisféricas?

El señor MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, ingeniero José Javier Ortiz Rivera.— Por su intermedio, señor Presidente. No, señor congresista. No conozco al señor Pedro Toledo Manrique, nunca me he cruzado con él ni siquiera a un metro de distancia, nunca he tratado

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con él personalmente ni telefónicamente. Tampoco con el señor César Montoya. No he recibido llamada telefónica alguna del señor Pedro Toledo. Sí, me despacho recibió una llamada telefónica del señor Félix Málaga, a quien sí conozco. El señor Félix Málaga es un ingeniero civil como yo, constructor como yo, a quien el señor Pedro Toledo lo llama para pedirle, a su vez, según lo que se ve en el vídeo, la lectura de labios, que sé yo, que le dice: "Yo no puedo llamar al ministro Ortiz, ingeniero llámelo usted y pídale una cita para el señor César Montoya".

Señor Presidente, yo no he hablado absolutamente con ninguno. El día que esta cosa sucede, de estas llamadas, de este tipo, yo me encontraba fuera de mi despacho. El día 4 de octubre que suceden estas llamada telefónicas yo estuve toda la mañana, primero, en el directorio de Fonafe y luego en el directorio de ProInversión, que concluyeron estos dos directorios, seguidos uno detrás del otro, alrededor de las 12 y media, cerca de la 1, de ahí me dirigí a mi domicilio a cambiarme y regresar acá al Congreso de la República, porque fue el día que se presentó el Gabinete Ferrero al Congreso, que nos citaron a las 3 de la tarde y salimos cerca de la media noche. Todo ese día no estuve en mi despacho. Al día siguiente cuando yo he llegado me encontré con el diario Correo con una primera plana donde se hablaba de esta aparente llamada o tráfico de influencia —decía el titular— con el ministro de Transportes Ortiz sobre un tema de telecomunicaciones.

Mi reacción fue de indignarse. De inmediato he hecho un declaración pública a través de diferentes medios rechazando las comunicaciones entre el señor Toledo y mi persona, y le indiqué a mi secretaria que no diera ninguna cita a ninguna persona sobre el particular. Mi secretaria me informó que había recibido una llamada el día anterior, de este señor Félix Málaga, pidiéndome una cita, le dije que de ninguna manera hubiera tal cita, que no había tal cita ni hoy ni mañana ni nunca. Y así le dije que le transmitiera a este señor Málaga. Las llamadas que existen de mi despacho al teléfono celular del señor Félix Málaga no son hechas por mi persona, son hechas por mi secretaria para transmitirle, precisamente, esto. (7) Hay dos llamadas, me parece, seguidas una detrás de otra. La primera, —y es a un celular— llama mi secretaria y no le contestan. Ella espera, timbra, timbra y timbra y no le contestan, entra la casilla de voz. Espera un tiempo prudencial y vuelve a llamar, y como tampoco le contestan, dice que ella no recuerda si habló personalmente o le dejó en el casillero de voz la indicación de que no se le iba a dar.

Yo no lo veo al señor Félix Málaga hace muchos años, no lo trato yo, dejé de ser presidente de la Cámara de la Construcción el año 99, y ya no frecuento como tal mi gremio, sino cuando se llama al Consejo Consultivo o accidentalmente en algunos eventos, como las ferias de Expo Vivienda, de manera que ya no tengo un trato directo con los socios de la Cámara. Y con este señor Félix Málaga, creo que si, inclusive, aparecería en este momento aquí no lo podría reconocer físicamente si es él o no.

De manera que yo no he tratado en ningún momento con ninguna persona, no he dado indicaciones de ninguna especie a ninguno de los funcionarios del Ministerio de Vivienda, porque yo tendría que haber trasmitido a los funcionarios del Ministerio de Transportes el deseo de que esto se acelerase, que esto se hiciese más rápido, yo hubiera tenido que trasmitirles esa inquietud.

Estoy seguro y convencido de que cualquier funcionario que se le pregunte, jamás el ministro de Estado no acostumbra hacer ni en este

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caso ni en ningún caso influir sobre las opiniones de los funcionarios del Ministerio de Transportes, porque eso sería desnaturalizar la esencia misma de la función pública, sería perder el grado de confianza que debo tener en los funcionarios. Porque si yo les voy a decir a ellos que hagan tal o cual cosa y los funcionarios accediesen a ello, entonces qué tipo de funcionarios tendría. Jamás yo puedo influir en eso, y estoy seguro y convencido que ellos deben haber declarado exactamente de que nunca han recibido del ministro acción alguna.

El señor RAMÍREZ CANCHARI (PP).— Ese es todo de mi parte, señor Presidente.

Gracias, señor Ministro.

El señor PRESIDENTE.— Ministro, voy hacerles algunas preguntas, vamos a reiniciar el tema de lo que nosotros hemos visto en esta estadística de servicio público de telecomunicaciones que figuran en el portal del Ministerio, información que es al primer trimestre del año 2004.

En este gobierno se ha aumentado en más del 50% del otorgamiento de concesiones de servicios públicos en telecomunicaciones y ha duplicado las concesiones en telefonía fija. ¿Cuál es el lineamiento?, ¿cuál es la meta que percibe el sector en ese tema?

El señor MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, ingeniero José Javier Ortiz Rivera.— Bueno, en realidad, lamentablemente en nuestro sector tenemos una concentración de la telefonía en un solo operador, tiene dominio del espectro y de las comunicaciones en el país, que tiene el 92%, —me parece— que es el grado de concentración.

De manera que la política es de apertura para que entren más operadores, por eso es que inclusive nosotros ya encontramos una ley en proceso, la Ley de Compartimento de Infraestructura, que pretende a través de este mecanismo legal facilitar que otros operadores ingresen al mercado.

Coincidíamos en ese temperamento y apoyamos esta iniciativa que ya venía de años atrás para que se dé este tipo de posibilidades y facilidades, para que otros inversionistas puedan participar en el mercado.

Yo soy un convencido de las leyes del mercado, la economía social de mercado tiene su basamento en eso, en la pugna entre los inversores, de tal suerte el que salga ganando sea el público, el usuario, de manera que nuestra política es propugnar todo aquello que sea inversión privada.

El señor PRESIDENTE.— Ministro, usted dijo en su primera reacción que tuvo frente a este problema, que por los indicios de la denuncia formulada en este programa de la Ventana Indiscreta, se procedió a la suspensión de la concesión hasta que el Poder Judicial pudiera determinar si hubo o no simulación del acto jurídico, hoy día lo ha vuelto a reafirmar.

Quisiera que nos precisara si esta suspensión, el solo hecho de la propalación de este vídeo en la televisión eran los elementos objetivos a los que se refiere la ley para suspender un acto administrativo.

El señor MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, ingeniero José Javier Ortiz Rivera.— Dispuse, como es natural, no podía basarme simplemente en la opinión de un programa televisivo, por muy respetable que éste pueda ser.

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Pedí al área correspondiente, en este caso al Viceministro de Comunicaciones que dispusiese las indagaciones del caso, y el área pertinente hizo las indagaciones del caso. Y se estableció pues que, efectivamente, el domicilio que señalaba Telefónica Hemisférica era el mismo del señor Pedro Toledo, el teléfono que había dado esta empresa era el mismo del señor Pedro Toledo, entonces habían indicios suficientes para llegar a la conclusión de que había una simulación en el acto correspondiente. Y después se verificó que las personas que se habían presentado como accionistas de esta empresa Telefónica Hemisférica, no tenían la solvencia económica como para hacer frente a un desarrollo empresarial de este tipo.

Lamentablemente las normas, al que he hecho referencia, impiden que uno ingrese a este tipo. Yo creo que habría esa norma que corregirla en realidad.

El señor PRESIDENTE.— Usted ha dicho que no ha sido sujeto de presiones de terceros y de ninguna especie, y la única presión que recibe la de su propia conciencia, eso es lo que ha expresado en la Comisión de Transporte. Pero también ha expresado que no ha recibido ninguna llamada, ninguna interferencia en este caso.

¿Ratifica usted esa relación, señor ministro?

El señor MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, ingeniero José Javier Ortiz Rivera.— Total y absolutamente, señor Presidente, no he recibido absolutamente ninguna llamada del señor Pedro Toledo, ni he hablado jamás con él, no lo conozco, no he hablado con ninguna persona sobre este tema, absolutamente, no he dado ninguna instrucción sobre el particular sobre este tema.

Es más, señor Presidente, cuando el señor Pedro Toledo hace su llamada telefónica y las cámaras de Frecuencia Latina lo captan, —y después hay una persona que dice que le lee los labios— él habla de una empresa Telesat, y este se llama Telecomunicaciones Hemisféricas, de manera que ni siquiera yo podía haber asociado una cosa con la otra. Pero, ese es la realidad, yo no he recibido ninguna presión de ningún tipo.

Por eso es que mi reacción inmediata de indignación ante esta situación fue proceder como procedí, a denunciar, hacer las cosas que se han hecho.

Hemos denunciado la semana pasada ante el Poder Judicial, en el área civil la nulidad de la resolución ministerial, porque es la única forma de hacerlo, demostrar judicialmente que el Poder Judicial establezca la simulación, si es que la hubo, de parte de este grupo de Telefónica Hemisférica en la constitución de su sociedad, y el Poder Judicial proceda anular la resolución ministerial.

Los señores de Telefónica Hemisférica nos han planteado una reconsideración, la hemos denegado una resolución correspondiente, de hace un tiempo atrás. Y acá un señor de ser objeto de una denuncia de estos señores Poder Judicial, que me han planteado una acción de amparo. Aquí resulta de que nosotros denunciamos y ellos nos denuncian a nosotros.

Le hago entrega, señor Presidente, la denuncia que me ha hecho la firma Telecomunicaciones Hemisféricas, plantea una Acción de Amparo contra mi persona, el viceministro y otros funcionarios. Si nosotros tuviéramos alguna colusión con esto, sería lo más absurdo de que lo estemos denunciado penalmente, que lo estemos denunciando civilmente que hayamos hecho todo lo que hemos hecho, resoluciones ministeriales, hemos denegado sus alegatos, sus reconsideraciones.

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Esto es, señor Presidente, la realidad de las cosas. No he recibido ninguna presión de ningún tipo. No la aceptaría, señor, porque es la trayectoria de mi conducta personal y profesional.

El señor PRESIDENTE.— ¿Pertenece a su despacho el número telefónico 4330010?

El señor MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, ingeniero José Javier Ortiz Rivera.— Sí, señor, es uno de mis teléfonos de mi despacho.

El señor PRESIDENTE.— ¿Reconoce el celular 96437295?

El señor MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, ingeniero José Javier Ortiz Rivera.— No, señor, yo nunca he hablado con ese celular.

El señor PRESIDENTE.— ¿Nunca?

El señor MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, ingeniero José Javier Ortiz Rivera.— Nunca, señor, sé que mi secretaria ha hablado con un celular del señor Félix Málaga, no sé si ese será el número de señor Félix Málaga, mi secretaria es la que ha devuelto la llamada a este señor que pedía una cita y por indicación mía le negó la cita. Nunca he recibido a este señor Félix Málaga ni a ninguna otra persona relacionada con este tema.

El señor PRESIDENTE.— Le hago esta pregunta, señor Ministro, evidentemente, no ponemos en tela de juicio su versión, pero nosotros hemos tenido acceso a la investigación que ha adelantado el Ministerio Público, y según ella, el 4330010 —al que usted ha referido que pertenece a su despacho— en él se recibió la llamada del 96437295 del señor Félix Málaga, que el mismo día había recibido una llamada del señor Pedro Toledo para que a través de él pudiera agilizar el trámite de la empresa Telecomunicaciones.

Es más, en este dictamen del Ministerio Público, que creo debe tenerlo usted, ellos han verificado que del despacho se volvió la llamada a este celular. Por eso quiero que usted deje claramente establecido ¿qué ocurrió en este incidente?

El señor MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, ingeniero José Javier Ortiz Rivera.— Tal como lo narré hace un momento, señor Presidente, efectivamente, sí ese es el número telefónico de mi despacho, los números telefónicos del despacho de los ministros no lo contesta el ministro, como es natural, contestan sus secretarias.

El día 4 de marzo que se producen estas llamadas, quien recepciona las llamadas del señor Félix Málaga es mi secretaria, no yo, y quien devuelve la llamada al señor Félix Málaga es mi secretaria, no yo. Y para qué le devuelve la llamada a mi secretaria, para decirle que se le está denegando la cita que él ha solicitado. Eso es lo que ha ocurrido, señor.

O sea, que en ningún momento ha habido un cruce de informaciones de mi persona con el señor Félix Málaga, no he hablado ni hablo hace muchísimos años con Félix Málaga.

El señor PRESIDENTE.— Tiene la palabra el congresista Ramírez Canchari.

El señor RAMÍREZ CANCHARI (PP).— Señor Ministro, o sea, cuando ocurrió las llamadas, que en ese día usted manifestaba que no estaba en su despacho.

El señor MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, ingeniero José Javier Ortiz Rivera.— Así es, señor congresista, yo voy hacer entrega los documentos que prueban ello.

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El señor RAMÍREZ CANCHARI (PP).— Justamente eso le iba a pedir.

El señor MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, ingeniero José Javier Ortiz Rivera.— Aquí está, señor Presidente, voy a dejar todo este legajo.

El señor PRESIDENTE.— Que quede en la grabación, cuál es ese documento.

El señor MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, ingeniero José Javier Ortiz Rivera.— El Oficio N.° 094, que dirige el señor Donato Velásquez Vásquez, jefe del Área de Transcripciones del Congreso de la República, que comunica a la Secretaría General —a pedido mío— que el día 4 de marzo tuvimos la sesión a las 15 horas y 59 minutos y se levantó a las 22 horas y 47 minutos", a nosotros se nos citó a las tres de la tarde.

Aquí está la copia del acta de la sesión número 72 de Proinversión, que comienza a las 10 de la mañana del día 4 de marzo y se levanta a las 11 horas del día 4 de marzo.

Aquí está el acta de la sesión extraordinaria de FONAFE, del 4 de marzo que comienza a las 11 y 45 y se levantó a las 12 y 15, terminamos ahí conversando algunas cosas, terminó 12 y 30 y de ahí yo me fui inmediatamente a mi domicilio para regresar acá al Congreso a las tres de la tarde.

De manera que esto prueba que yo el día 4 de marzo no estuve en mi despacho.

El señor RAMÍREZ CANCHARI (PP).— Señor Presidente, solamente para pedirle también copia de eso documentos.

El señor MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, ingeniero José Javier Ortiz Rivera.— Yo le voy a dejar todo un legajo con toda una serie de documentos que prueban.

Aquí tengo, señor Presidente, que se ha hablado de que la firma Telecomunicaciones Hemisféricas. Si nosotros conociendo de que el señor Pedro Toledo era accionista de esta empresa le hemos dado la concesión. Esa es una de las conclusiones que hace la Fiscalía: total y absolutamente negado. (8)

Esta es la ficha registral de Telecomunicaciones Hemisféricas y esta es la ficha registral de la firma Representaciones Hemisféricas Holding, que son dos empresas diferentes. Donde el señor Pedro Toledo tiene acciones es en Representaciones Hemisféricas Holding, empresa de la que nosotros en ningún momento teníamos la documentación y como tal podíamos conocer de la presencia de este señor.

¿Usted tiene esto, señor Presidente?

El señor PRESIDENTE.— Ese sí lo tengo.

El señor MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, ingeniero José Javier Ortiz Rivera.— Aquí tengo el informe del director general de Telecomunicaciones, de fecha 29 de marzo, que concluye: Recomienda emitir la resolución ministerial correspondiente.

Este es uno de los órganos de línea que tenía a su cargo la responsabilidad de evaluar el proceso de solicitud de la firma Telecomunicaciones Hemisféricas, documento que lo hace suyo, igualmente, el director de concesiones y autorizaciones, el día 29 de marzo. Se lo entrego, señor Presidente.

El día 24 de mayo, casi dos meses después; ¿dónde está la celeridad con que se ha procedido, las recomendaciones que aparentemente tendría

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que haber mi despacho a raíz de esta infausta llamada telefónica? El 24 de mayo, recién dos meses después, la Oficina de Asesoría Jurídica concluye: Encontramos viable el otorgamiento de concesión solicitada por Telecomunicaciones Hemisféricas.

El día 27 de mayo, el viceministro de Comunicaciones me eleva a mí, diciéndome: El proyecto de resolución ministerial cuenta con la visación de la Oficina General de Asesoría Jurídica y con el informe favorable del director general de Gestión de Telecomunicaciones, el cual hace suyo este despacho y recomienda su suscripción.

Y yo firmo la resolución ministerial el 10 de junio, es decir, 15 días después. No hay ninguna celeridad ni cosa por el estilo.

Y el día 19 de julio, al día siguiente de que se produce la denuncia en La Ventana Indiscreta, yo inmediatamente produzco la resolución Ministerial 551, que ordena al procurador inicie las acciones judiciales pertinentes contra quienes resulten responsables por el acto de simulación que aparentemente se había producido y suspendo los efectos de la resolución ministerial.

El oficio que dirijo el 20 de julio al contralor general de la República pidiéndole un examen especial sobre este caso.

El día 20 de julio, que me dirijo a los procuradores anticorrupción del distrito judicial de Lima, diciéndoles que he dado instrucciones al viceministro de Comunicaciones para que se ponga a disposición toda la documentación que los procuradores pudieran necesitar.

El día 27 de julio me dirijo a la fiscal provincial Juana Meza Peña, enviándole todo el legajo correspondiente y poniéndome a su disposición.

La carta que mencioné hace un momento, en la cual yo me dirijo a todos y cada uno de los miembros del Consejo de Ministros, porque consideré, en resguardo de mi honorabilidad y de mi buen nombre y mi prestigio profesional y mi respeto a los miembros del Consejo de Ministros, dirigirles una carta explicándoles qué es lo que pasaba. Y digo al final: Sé que las circunstancias políticas son absolutamente adversas y como tal deberé enfrentarlas, pero lo haré con la tranquilidad de conciencia que en este, como en todos los actos de mi labor pública, he obrado y obro con absoluta transparencia.

Consideré, como dije hace un momento, que debía a los trabajadores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones una explicación de mi conducta, por ser el líder de los trabajadores, por ser la máxima autoridad de ellos, que vieran de que su ministro no podía estar involucrado en un acto de corrupción. Me dirigí a todos ellos, y les dije al final: Mi despacho en ningún momento ha recibido solicitud alguna sobre este particular, con excepción de una carta del congresista Yonhy Lescano, quien trasladó el reclamo de esta empresa por la demora en otorgársele la aprobación de su solicitud, lo que demuestra que no ha habido ningún favoritismo sobre el particular.

Efectivamente, el congresista Yonhy Lescano me trasladó el reclamo de estos señores que vinieron a su despacho a decir de que yo no les quería otorgar la concesión, que me estaba demorando eternamente. El señor congresista Lescano me traslada simplemente, y no como se ha dicho, que él interfirió a favor de estos señores. No, simplemente me trasladó el reclamo de estos señores, lo que prueba que no había ninguna vinculación ni favoritismo a ellos.

Y les digo: quiero una vez más ratificar ante todos ustedes que en lo personal todos y cada uno de mis actos se ajustan a la ley y a la

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transparencia de la función que ejerzo y que confío plenamente en el profesionalismo y honestidad de vuestro trabajo. Sobre esta base me apoyo para dar las disposiciones que como ministro me competen hacer respetar.

Señor Presidente, le hago entrega de la denuncia penal llevada a cabo el día 22 de julio, cuatro días después de la denuncia periodística. ¿Quién? El procurador de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la cual se denuncia a Pedro Anatolio Toledo Manrique, Víctor Charalla, Ismael Pérez Ramírez, etcétera, por fraude procesal y falsedad genérica.

Le hago entrega, señor Presidente, de la denuncia que hemos efectuado ante el Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, pidiendo que se declare la existencia y simulación relativa en el acto de la constitución de Telecomunicaciones Hemisféricas S.A., que se declare la nulidad del acto administrativo de la Resolución Ministerial 431 que dictó mi despacho. ¿Por qué es esto? Porque, eso es lo que me dicen los especialistas, de mutuo propio no podíamos anular el acto administrativo nuestro porque no ha habido irregularidad en el acto como tal, sino posteriormente se ha establecido que aparentemente —y digo aparentemente porque el Poder Judicial será el que finalmente tendrá que establecer la realidad de las cosas—, denunciamos ante el Poder Judicial.

¿Por qué se ha demorado esta denuncia y recién se ha hecho el 12 de octubre? Porque, lamentablemente, entró el Poder Judicial en paro por la huelga y luego porque la empresa presentó una reconsideración a la decisión de suspenderle sus funciones. Y mientras no se resolvía en la vía administrativa, a juicio del procurador, no podía interponer la denuncia judicial.

La Resolución Ministerial 731, en la cual declaramos infundado el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa Telecomunicaciones Hemisféricas. Bueno, esto es conocido por usted, señor Presidente, porque se lo dirigí el día 22 de julio, adjuntándole todo el expediente, de inmediato. No vacilé en hacer esto.

Finalmente, señor Presidente, en un acto también de transparencia y de colaboración con su despacho, que demuestra que no existe ninguna vinculación entre mi despacho y el ministerio, en general, con este grupo de Telecomunicaciones Hemisféricas, fue que fui informado de que a raíz de la exigencia de la renovación de la carta fianza que había entregado esta firma, sorpresivamente una señora Susan Milagros Herrera Vildoso dirigió una carta notarial al viceministro de Comunicaciones denunciándolo "por apropiación ilícita, abuso de autoridad y estafa cometida por usted en mi perjuicio", porque nos habíamos apropiado de 24 mil dólares de sus fondos. Yo, de inmediato, cuando me di cuenta de que esta señorita tenía una vinculación con el señor Pedro Toledo, dispuse que se le ponga en consideración de su despacho de inmediato, y lo elevé a conocimiento de la Comisión de Fiscalización y Contraloría.

¿Si mi despacho tuviera vinculación alguna con el señor Pedro Toledo, actuaría yo así? No, señor. Esta es una prueba más de la transparencia de mis actos.

El señor PRESIDENTE.— De repente la pregunta que le vamos a hacer es un poco ingrata, señor ministro, pero hay que hacerla porque el Ministerio Público ha hecho su investigación y nosotros queremos agotar todas las pesquisas necesarias para no cometer ni excesos ni tampoco limitaciones que puedan dar a malas conjeturas.

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Y este tema de los teléfonos, fíjese, da lugar a estos hechos coincidentes, que evidentemente no ponen en tela de juicio el honor, porque tratamos en lo posible de que los indicios de responsabilidad se puedan acreditar al cabo de una investigación; pero se ha argumentado ahí también que al día siguiente de esta famosa llamada es cuando el director de Asesoría Jurídica suelta el informe que lo tenía durante 10 días en su despacho.

Entonces, yo le quisiera preguntar a usted si nos podría proporcionar, de carácter reservado, el recibo de su teléfono celular de los meses de febrero, marzo y abril.

El señor MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, ingeniero José Javier Ortiz Rivera.— (Interviene fuera de micrófono)... las llamadas telefónicas.

El señor PRESIDENTE.— Claro, las llamadas telefónicas, el recibo del teléfono, el registro de llamadas, para nosotros descartar ese tema, porque evidentemente que aquí hay una llamada de un celular a un teléfono fijo.

Yo también en la Comisión no respondo las llamadas. Llaman al teléfono de la Comisión y mi secretaria es la que me pasa las llamadas o no me pasa.

En todo caso, el que podría desvirtuar o podría acentuar los niveles de responsabilidad que el Ministerio Público encuentra a esto es el teléfono celular, donde sí es muy poco probable que la secretaria lo maneje o que lo maneje una tercera persona, sino nosotros directamente.

El señor MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, ingeniero José Javier Ortiz Rivera.— En primer lugar, señor Presidente, no ha sido al día siguiente de la llamada telefónica que se produjeron los informes. La llamada telefónica se ha producido el día cuatro de marzo y el informe del Área de Telecomunicaciones es del 29 de marzo y de Asesoría Jurídica del 24 de mayo. O sea, no ha habido una comunicación inmediata.

Yo voy a solicitar a Telefónica que se me dé un reporte de las llamadas de mi celular.

Quiero hacer presente, sí, que mi celular, por razones de mi cargo, muchas veces lo entrego a mis propias secretarias para que contesten llamadas telefónicas, como a mi seguridad, porque estoy en eventos como este, ya usted ve que hoy día me olvidé de entregarlo y ha estado sonando en plena reunión. Entonces, yo acostumbro, en actos oficiales, en Consejo de Ministros, dejamos el celular fuera, lo dejo a veces a mi seguridad para que conteste llamadas o lo entrego en mi despacho, cuando estoy en reuniones, a mi secretaria para que contesten las llamadas. Pero, con mucho gusto, señor Presidente, haré la solicitud a Telefónica y le alcanzaré en su momento oportuno.

El señor PRESIDENTE.— Sí, nos gustaría, señor ministro, que sea del mes de febrero, de marzo y de abril del presente año.

Yo le había hecho esta atingencia porque este es el informe que evacua, del cinco de marzo, Asesoría Jurídica y parece que hay una confusión ahí. Ese documento nos ha sido hecho llegar por el propio ministerio a la comisión.

El señor MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, ingeniero José Javier Ortiz Rivera.— Esta es una comunicación interna, pero este es un informe que no...

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El señor PRESIDENTE.— Levanta una observación.

El señor MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, ingeniero José Javier Ortiz Rivera.— ... que no aprueba, sino pide que se haga una observación.

El señor PRESIDENTE.— Perfecto.

Las últimas preguntas, para darle paso al congresista Benítez, de repente quiere hacer una pregunta.

¿Conoce usted al señor Ismael Pérez Ramírez?

El señor MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, ingeniero José Javier Ortiz Rivera.— No, señor.

El señor PRESIDENTE.— El es uno de los accionistas de la empresa.

El señor MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, ingeniero José Javier Ortiz Rivera.— No conozco a ninguna de las personas que conforman esta empresa Telecomunicaciones Hemisféricas.

El señor PRESIDENTE.— ¿Al señor César Montoya Francia?

El señor MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, ingeniero José Javier Ortiz Rivera.— Tampoco, señor.

El señor PRESIDENTE.— ¿Nunca acudió a su despacho para conversar con usted sobre el tema?

El señor MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, ingeniero José Javier Ortiz Rivera.— No, señor.

Sé que este señor, el día cuatro de marzo, pretendió ingresar, y esa es la razón de la llamada del señor Toledo, que le permitiesen acceder a mi despacho a tener una reunión conmigo. Y yo ese día estuve fuera del despacho, como he demostrado, y como tal nunca se produjo un encuentro con este señor. No lo conozco y jamás lo he visto en mi vida.

El señor PRESIDENTE.— ¿Alguna persona lo llamó, sea de la propia empresa o del ministerio, lo llamó para mencionarle algo acerca de esta solicitud de concesión?

El señor MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, ingeniero José Javier Ortiz Rivera.— No, señor. Yo no he recibido ninguna llamada de ninguna especie. Lo que hice fue, el día cinco de marzo, hacer una declaración pública a través de diferentes medios de comunicación, si mal no recuerdo a CPN Radio y RPP, enérgica, tajante, desmintiendo y rechazando todo tipo de interferencia en este caso. No sé si por eso es que jamás he recibido ninguna llamada.

El funcionario público tiene la obligación de recepcionar llamadas, de recepcionar pedidos, de recepcionar solicitudes de las empresas. Yo mismo, en mi labor empresarial, profesional, a lo largo de mis 42 años, he acudido a diferentes dependencias públicas a reclamar porque no se me atendía con celeridad o que se me estaba poniendo trabas, a instancias superiores. Y eso no tiene absolutamente nada de malo. (9)

Pero en este caso concreto, yo no he recibido ninguna comunicación sobre el particular.

El señor PRESIDENTE.— Por último, señor ministro, usted conoce al señor Pedro Toledo al tiempo que estaba haciendo este trámite y hasta la fecha en que se otorgó esta resolución. ¿Usted conoció al señor Pedro Toledo?

El señor MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, ingeniero José Ortiz Rivera.— Jamás lo he conocido ni lo conozco. Nunca lo he visto

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físicamente, hoy día lo conozco a través de las fotografías que salen en los medios escritos o de la televisión; pero nunca lo he tratado ni lo he visto personalmente.

El señor PRESIDENTE.— Gracias, ministro.

El congresista Heriberto Benítez, en el uso de la palabra.

El señor BENÍTEZ RIVAS (FIM).— Señor Presidente, solamente una interrogante.

Antes de eso, quiero saludar al ministro de Transportes por esa sinceridad con la cual ofrece entregar su reserva de llamadas telefónicas, que demuestra pues que realmente no ha actuado con ninguna mala fe ni mala intención en esta tramitación. Yo lo felicito por eso, me parece que es un acto importante y la Comisión lo valorará al momento de evacuar su informe.

Yo solamente quisiera hacerle una interrogante. Aquí en uno de los debates de la Comisión un parlamentario habló respecto a un proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo, que llegó con carácter de urgencia al Congreso de la República y que tenía que ver con concesiones de teléfonos. Y se comenzó a especular de que era posible, que alguien a nivel del gabinete ministerial haya estado impulsando esta iniciativa para que una vez que se convierta en ley, a los pocos meses aparezca esta concesión de Telecomunicaciones Hemisféricas.

Si es que en caso no ha respondido eso, yo quisiera saber si usted recuerda que en algún momento en las sesiones del Consejo de Ministros o cuando ha estado usted desempeñando el cargo de ministro de Transportes alguien le ha hablado de una iniciativa legislativa relacionada a este tema, que fue presentada dos o tres meses antes creo de que se dicte esta norma. Incluso, hubo una información periodística en la que salió que decían que el Ejecutivo lo ha enviado, nosotros incluso hemos acordado pedir actas de las sesiones del Consejo de Ministros, pues se planteó en una sesión cuando vino el señor Pedro Toledo. Y sería bueno si usted nos pudiera dar un alcance respecto a ese tema, que nos ayudaría para ir aclarando las cosas.

Gracias, Presidente.

El señor MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, ingeniero José Ortiz Rivera.— Cómo no, congresista Benítez. Muchas gracias.

No se trata de una norma sobre concesiones telefónicas, se trata de una norma sobre compartición de infraestructura. Esta norma de compartición de infraestructura tiene antecedentes ya desde el año 2000, en que se comienza analizar este tema por el, valga la redundancia, por el tema de las empresas eléctricas y la negativa de estas últimas a alquilar su infraestructura para el desarrollo de sus servicios.

En setiembre del 2002 el Ministerio de Transportes organizó un foro internacional en que participaron municipalidades, operadores de televisión, Osiptel, Osinerg, el Ministerio de Energía y Minas e Indecopi, etcétera, participación de reguladores de Colombia, Argentina y Chile, concluyéndose en la necesidad de regular el uso compartido de infraestructura.

Sobre la base de estos estudios realizados el MTC elaboró un proyecto de ley que fue remitido para opinión a Osiptel, Osinerg y el Ministerio de Energía y Minas en el año 2003, en abril, mayo del 2003. El proyecto se prepublicó para comentarios en el diario oficial El Peruano el 16 de mayo de 2003, mucho antes que yo fuera ministro de Estado.

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Con los aportes recibidos se reformuló el proyecto y fue remitido a la presidencia del Consejo de Ministros, con fecha 4 de diciembre de 2003, cuando estaba de ministro de Estado, el señor Eduardo Iriarte, para su discusión por la Comisión Viceministerial. Luego de su aprobación en el CCV que se aprobó el 16 de diciembre, me dicen, se dispuso su pase al Consejo de Ministros siendo aprobado el proyecto en la sesión del Consejo de Ministros de fecha siete de enero de 2004, y fue remitido al Congreso como iniciativa del Ejecutivo con fecha dos de enero de 2004.

Sobre este mismo tema han habido iniciativas parlamentarias del congresista Luis Gonzales Reinoso el año 2002, del congresistas Jacques Rodrich, del congresista Pedro Morales, inclusive hay una iniciativa parlamentaria del año 2001 del congresista Guerrero, también sobre una cosa similar de compartición de infraestructura. Y el Congreso de la República aprueba esta ley el 28 de junio de 2004.

Pero no tiene nada absolutamente que ver con el tema de la concesión telefónica a esta empresa. Porque la empresa, y se ha dicho que inclusive nosotros tratamos de desplazar a Telefónica al no renovarle su contrato de concesión por cinco años, para permitir el ingreso de esta empresa Telefónica Hemisférica vinculada al señor Toledo. Nada más alejado de la realidad, señor.

La ley que se ha promulgado ha merecido la aprobación del Congreso de la República, tendrían que haber participado en esto pues los congresistas haberse coludido en hacer una ley con nombre propio.

Y, en segundo lugar, Telefónica tiene su contrato hasta el año 2019, que todavía lo puede renovar 10 años más, si es que nosotros confirmamos nuestra decisión que está en revisión, porque ellos han apelado sobre la ampliación de plazo por cinco años.

Cuando se dio esta norma de la no renovación, inclusive, yo recibí un oficio de la Comisión de Defensa del Consumidor en que me piden que no se renueve el contrato de Telefónica. Y yo en base a los estudios, no yo, sino el Ministerio de Transportes en base a los argumentos de Osiptel y el propio análisis que hizo el Ministerio de Transportes decidió por la no renovación.

Parte de lo que yo estoy recibiendo en lo personal de esta campaña mediática tiene su origen en esa situación, señor. Y yo a pie firme resisto estas circunstancias, pero eso es parte de mi responsabilidad como ministro de Estado.

Entonces también los integrantes de la Comisión que sugirieron que no debería de renovarse el contrato, también estarían pues incursos en haberse coludido para que se dé esta ley. Este es el informe, señor, que yo recibí el siete de junio de 2003 de los congresistas miembros de la Comisión de Defensa del Consumidor. Y aquí están las firmas de todos los congresistas de aquel entonces, yo tengo necesidad de mencionarlos. Se lo dejo, señor Presidente, con mucho gusto.

Entonces, yo en ningún momento, señor, puedo asociar una cosa con la otra, son absolutamente diferentes. Son cosas absolutamente diferentes, no tienen nada que ver la renovación del contrato con la firma Telefónica con la concesión. No tiene absolutamente nada que ver.

Quiero aclarar otra cosa, señor Presidente. Aquí con esta concesión quiero desmentir lo que se ha dicho. Se ha dicho que nosotros hemos dado una licitación millonaria, primero no ha habido ninguna licitación. No se ha dado un centavo a la firma Telecomunicaciones Hemisféricas, no se le ha entregado ningún bien del Estado, lo que se

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le ha dado es una autorización para que ella, a su riesgo, autorización por supuesto que ha sido suspendida ya, pero que a su cuenta y riesgo invirtiese, y una vez hecha su inversión tenía que comunicarse, tenía que llegar a un acuerdo —diré mejor— con TIM, con Telefónica, con Nextel, es decir, con los otros operadores para interconectarse. Y si es que llegaban a un acuerdo, recién entonces podía hacer su inversión. Hay más de 26 empresas que a lo largo de estos años han tenido que desistir de sus concesiones que el ministerio les otorgó, por no poder cumplir con las obligaciones, las exigencias de este caso.

De manera que aquí no hay ninguna vinculación entre una ley y la otra.

El señor PRESIDENTE.— Ministro, antes de terminar, no ya a guisa de pregunta sino de una reflexión final que la queremos compartir. De toda esta experiencia, no adelantando una de las conclusiones del informe, pero creo que tal y conforme está establecido el marco reglamentario para solicitar una concesión de un servicio que es público, es evidente que hay una completa indefensión del buen servicio que se le puede prestar al usuario.

Entonces, es cierto que la intención fue abrir un monopolio de esta concentración dirigida y abrir este monopolio para que ingrese competencia y pueda mejorar calidad, servicio, precios de tarifas. Pero, lo que puede llevar el procedimiento que hoy regula este tipo de solicitud de concesión es a este tipo de situaciones.

Entonces, me gustaría dejar como reflexión al despacho, si ustedes nos pudieran adelantar alguna sugerencia, porque justamente esta son las importancias de estas comisiones investigadoras, que no solamente encontramos responsables sino que buscamos la diferencias de las políticas de Estado, cómo las mejoramos y qué sugerencias podemos recomendar para que, sin que pueda la inversión privada entender que es un obstáculo ingresar al mercado, podamos también generar mecanismos que permitan garantizar que aquellos que van a ingresar al mercado evidentemente son gente con solvencia económica, financiera, técnica, para poder actuar en el mercado y garantizar un buen servicio a los usuarios.

Esa reflexión se la dejo, ministro.

Y yo quisiera agradecerle por su presencia en la Comisión, a nombre de todos los miembros, y dejarlo en el uso de la palabra si tuviera algo más que agregar finalmente.

El señor MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, ingeniero José Ortiz Rivera.— Solamente, señor Presidente, agradecerle a usted también el permitirme aclarar estas cosas sobre mi conducta en este tema. Esta infausta llamada telefónica que nunca he recibido, que nunca he atendido. Esta supuesta relación que la prensa ha tejido, inclusive algún medio hasta reprodujo cuál habían sido las llamadas, cómo había sido mi conversación con este señor Málaga, una forma realmente tendenciosa. Me ha causado mucho daño moral.

Pero le hago frente, señor, con entereza porque yo he venido a servir a mi país y no a servirme de él.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, señor ministro.

Sí, señor congresista Ramírez Canchari.

El señor RAMÍREZ CANCHARI (PP).— Señor Presidente, solamente para pedirle a usted que toda la documentación que está dejando el ministro

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pueda alcanzarla a mi despacho, para yo poder tener elementos de juicio.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE.— Quiero disponer que asesoría no solamente le haga llegar al despacho del congresista Ramírez, sino a todos los despachos. Lamentablemente tenemos el problema de la limitación de las copias aquí en el Parlamento; pero en todo caso que le hagan llegar al congresista Ramírez Canchari y los asesores de la comisión tienen el acceso a la comisión para revisar toda la documentación que fuera necesario.

Nuevamente, ministro, a usted y a los funcionarios que esta tarde lo han acompañado, le agradezco por su presentación en la comisión.

No habiendo nada más que tratar, se levanta la sesión.

—A las 18 horas y 15 minutos se levanta la sesión.