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CONFLICTO ARMADO Y GRUPOS POLÍTICOS EN CÓRDOBA

Victor Negrete Barrera Centro de Estudios Sociales y Políticos. Universidad del Sinú

María Milene Andrade Garcia Defensoría del Pueblo Regional Córdoba

Permanencia y territorios del conflicto armado

El departamento de Córdoba ha pasado por sucesivos períodos de conflicto armado que han involucrado a poblaciones de distintos municipios. Los actores comprometidos y su permanencia en el tiempo nos dejan profundas enseñanzas que es necesario asimilar. Veamos cuáles han sido.

• Enfrentamiento liberal-conservador (1949-1959) en Montería, Tierralta, Canalete, Montelíbano, Puerto Libertador, San Carlos, Chimá, Ayapel.

• Expansión terrateniente (1960-1966) en Montelíbano y Puerto Libertador. • Surgimiento y frustración de la guerrilla de izquierda (1967 en adelante) en el alto Sinú

(Tierralta, Valencia), San Jorge (Puerto Libertador, Montelíbano, Ayapel, Planeta Rica, Buenavista, Pueblo Nuevo), Urabá cordobés (Canalete, Montería) y Sabanas (Chinú y San Andrés de Sotavento).

• Presencia del narcotráfico y formación de grupos armados privados. (1980-1994) en Montelíbano, Buenavista, Cereté, Canalete, Ayapel, Montería, Valencia, Tierralta.

• Surgimiento y fortalecimiento de la contrainsurgencia privada (1994-2003), en la mayoría de los municipios

¿Cómo se ha desenvuelto el conflicto armado a través de los años, cuál ha sido la influencia del narcotráfico y qué posición han adoptado los grupos políticos respecto a uno y otro? Es lo que intentaremos aclarar mediante un breve repaso a la historia vieja y reciente del conflicto armado.

Enfrentamiento liberal-conservador

Este período es conocido también en el nombre de violencia bipartidista. Empezó en 1949, tres años antes de la creación del departamento de Córdoba, segregado del de Bolívar. A la sazón los gobiernos del departamento de Bolívar y el municipio de Montería estaban en manos de los conservadores. Sus gobernantes y directorios políticos controlaban toda la situación. En Cartagena sobresalían Juan Pupo Villa, Alfredo Araújo Grau, Chepe de la Vega y Ramón P. de Hoyos y en Montería Ignacio, Prisciliano y Eusebio Cabrales, Miguel Escobar Méndez, Francisco Burgos, Ramón Berrocal Failach, Manuel Antonio Buelvas y Horacio Guzmán, entre otros. La disputa por el control de los organismos y cargos gubernamentales, la posesión de la tierra, los privilegios familiares, el electorado de las cabeceras y el campo y una que otras diferencias sobre derechos sociales y autoridad, fueron las razones principales que

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enfrentaron a los liberales y conservadores en las áreas urbanas y rurales de las zonas del Sinú y San Jorge. Los liberales acusaban a los conservadores en el poder de desconocerles sus derechos ciudadanos, ordenar abusos a la policía y en general, aprobar tropelías y agresiones contra los miembros de su colectividad. Ante los atropellos los liberales respondieron de distintas maneras. Explicable por la diversidad de matices ideológicas que siempre los ha caracterizado, el grado de compromiso con el partido, la gravedad de la agresión y la lejanía o aislamiento del lugar donde se encontraban. Algunos dirigentes y miembros del directorio liberal de Montería, por ejemplo, fueron encarcelados o buscaron refugio en otras ciudades por un tiempo prudencial. Tales fueron los casos de Antonio Navarro, Eugenio Giraldo, Héctor Lorduy y Jesús Rodríguez Corrales. Otros sobrellevaron la situación por vínculos de amistad, parentesco o negocios con la dirigencia conservadora local. En sitios del alto Sinú y San Jorge, así como en Canalete y en límites con Antioquia por la serranía de Abibe, los líderes conformaron grupos guerrilleros. En ellos había algo en común: el alto San Jorge con tradición de rebeldía desde la época de la colonia; el alto Sinú con historias de luchas por la tierra y una abundante población de colonos y pequeños productores inconformes y Canalete con antecedentes de luchas por la tierra y una masa campesina decidida a contaminarlas. En el San Jorge operó Julio Guerra hasta 1959 cuando llegó a acuerdos con el gobierno nacional. En Tierralta, Mariano Sandón y en Valencia, Evaristo Calonge: ambos amnistiados por el gobierno del General Rojas Pinilla (1953-1957). En Canalete y parte del Urabá antioqueño, Oscar Domínguez, Tiburcio León, Cartagena, Rudas, Fuentes y Pozzo, entre otros. Unos cayeron en combate mientras otros fueron apresados o abandonaron la insubordinación. Los directorios políticos de Cartagena y Montería vieron con reservas la organización y acciones de estos grupos y aunque la mayoría de sus miembros no estuvo de acuerdo con ellos, evitaron las censuras y rechazos públicos. Eran conscientes de la defensa que hacían de los intereses e ideología liberal pero para evitar contradicciones irreconciliables con la cúpula conservadora, el poco apoyo que les prestaron fue a título personal y de manera subrepticia. Al parecer el propósito era mantener el control político de los directorios y preservar sus jerarquías. Las bases, mandos medios, dirigentes y líderes guerrilleros, en especial de los pueblos y el área rural, individual o en grupos, debieron sortear la situación con sus propios esfuerzos y criterios, sin contar con el apoyo y orientación de los jefes. En los pueblos hubo dirigentes destacados que fueron apresados o acusados por hacer parte de las guerrillas. En Valencia es conocido el caso de Quique Silgado y en Canalete el de

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Diego Vellojín. Cuando detuvieron a este último en Montería el periódico conservador El Deber, registró así la noticia, según recorte de prensa que mantiene la familia:

“Capturado el bandolero Diego Vellojín. En las últimas horas de la tarde del martes fue capturado en esta ciudad uno de los famosos bandoleros que encabeza las chusmas criminales que actúan en la región de Canalete. El célebre personaje entraba a la ciudad donde se dice que tenía la costumbre de venir a comprar plomo, pólvora, sal, azúcar y otros objetos para el sostenimiento de la banda. A este pájaro de mal agüero se le imputa el delito de haber sentenciado a muerte al distinguido conservador señor Félix Munzón en Santa Catalina. Ahora veremos si alguien sale a decir que el tal bandolero es persona honorable y de buena conducta. Mientras tanto que se le apliquen la ley hasta donde dé”. Durante dieciocho meses lo mantuvieron detenido.

Derrocada la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla e instaurado el Frente Nacional o la paridad entre los partidos (1958-1974), los grupos políticos de Córdoba acordaron alianzas o coaliciones con el objeto de obtener mejores resultados en las elecciones para las corporaciones públicas. Los conservadores Laureanistas (de Laureano Gómez) se agruparon en torno a Manuel Antonio Buelvas y Ramón Martínez Vallejo. y los ospinistas (de Ospina Pérez) con Remberto Burgos Puche, Amaury García y Enán Burgos. Mientras los liberales navarristas (de Antonio Navarro) lo hicieron con Antonio Navarro, Libardo y Edmundo López, Alfonso De La Espriella y los aministas (de José Gabriel Amin) con José Gabriel Amin, Germán Bula Hoyos, Marcos Díaz Castillo, Jesús Rodríguez Corrales. Eran coaliciones entre fracciones de un mismo grupo. En el transcurso del Frente Nacional las coaliciones se hicieron entre fracciones de los dos grupos por conveniencia electoral y, por ende, mayores posibilidades de acceder al poder. Una de las más estables fue la de Remberto Burgos (conservador)- Germán Bula (liberal) y Miguel Escobar (conservador)- Libardo López (liberal). El gobierno de Julio Cesar Turbay (1978-1982) enfrentó a los grupos armados y bajo el amparo del Estatuto de Seguridad, reprimió la protesta popular y crecieron las violaciones a los derechos humanos. Pero además empezaron a funcionar formalmente las llamadas comisiones, porcentajes en dinero como forma de pago por acceder a puestos y contratos. Mediante ellas los funcionarios obtienen ganancias extras y favorecen a amigos, familiares y toda clase de personas cercanas a sus grupos políticos. En Córdoba, todos los grupos, unos más que otros, han hecho uso de ellas. Este nuevo elemento le entregó más recursos a los grupos políticos y a las campañas electorales, dinamizó las coaliciones, estimuló el lentejismo y posteriormente contribuyó a crear las famiempresas electorales.

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Posteriormente del Bulismo se desprendieron Francisco Jattin de Lorica, Salomón Náder y Jorge Elías Náder de Sahagún; lo que quedó del Burguismo y Escobarismo lo ha recogido Julio Manzur de Cereté, aunque un sector se mantiene fiel al burguismo; el Lopismo sigue en manos de la familia bajo la dirección de Juan Manuel de Montería y el grupo de Miguel De la Espriella de Cereté no tiene aliados fijos o permanentes. Francisco Jattin y el senador Jorge Elías Náder conformaron después su propio movimiento, Insurgencia Liberal. Este recién creado movimiento logró lo que parecía imposible: en un mismo período legislativo colocó a sus dos jefes en las presidencias de la Cámara y el Senado del Congreso de la República. Poco tiempo después el Consejo de Estado le declaró la pérdida de investidura a Francisco Jattin por conflicto de intereses en relación con la aprobación de un proyecto de ley sobre la despenalización del enriquecimiento ilícito y la Corte Suprema de Justicia condenó a Jorge Elías Náder por enriquecimiento ilícito, inhabilitándolo políticamente a aspirar a cargos públicos. Por el mismo cargo fue condenado Jaime Lara del grupo Mayorías Liberales que seguía las orientaciones del senador Juan Manuel López. El caso del grupo Mayorías Liberales llama la atención. Es uno de los de mayor votación en el país y el de más tradición en Córdoba. El bisabuelo del senador fue general de la república y prefecto de la provincia del bajo Sinú. Importó la primera imprenta para difundir las ideas liberales. Su abuelo quedó invidente a los 30 años de edad pero siempre mantuvo una estrecha relación con políticos, comerciantes, ganaderos e intelectuales de Cartagena, donde decidió vivir. (López, 2004). Su padre, Libardo, fue el creador del movimiento, ocupó cargos oficiales importantes que le facilitaron conformar un grupo fuerte y estable. Sus tíos y hermanos han sido ministros, embajadores, gobernadores y alcaldes. En fin, han vivido hace varias generaciones para el partido liberal y la administración pública que la han usufructuado con generosidad.

Expansión terrateniente

Al tiempo que Julio Guerra preparaba a sus hombres y le daba forma a su organización armada, un grupo de activistas del Partido Comunista llegados del interior del país adelantaba proselitismo político en la zona. De esta manera en el área actuaron la guerrilla liberal de Julio Guerra y el Sindicato de trabajadores agrícolas del San Jorge orientado por los comunistas. Aunque existieron diferencias ideológicas, por lo regular terminaban uniendo esfuerzos para enfrentar los enemigos comunes: la policía conservadora y los hacendados inescrupulosos que explotaban el trabajo campesino o los despojaban de sus tierras. Desmovilizadas las fuerzas de Julio Guerra, desapareció el control de entrada al área. De inmediato se desató un deseo desaforado por tierra que generó un nuevo conflicto. Hacendados, comerciantes y aventureros del San Jorge, Antioquia, San Marcos (hoy Sucre) y hasta un finlandés, adquirieron o engrandecieron predios con base en amenazas, engaños, intimidaciones y maniobras fraudulentas.

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Los miembros del Sindicato trataron por todos los medios de defender sus propiedades y recuperar las perdidas. Las colonias o pueblitos organizados que habían establecido, cerca de 20, con poblaciones entre 40 y 2000 habitantes, algunas de las cuales alcanzaron a ser corregimientos, fueron desapareciendo bajo el fuego de bandas de sicarios traídas del interior del país, la ineficiencia de la justicia local y departamental, la indiferencia de las administraciones gubernamentales y la complicidad de los grupos políticos. La zona fue estigmatizada como guarida de asesinos, maleantes y cuatreros, donde todo se justificó por ser tierra de nadie. Al final del período grandes extensiones de tierra quedaron en pocas manos: conocidos e influyentes hacendados, comerciantes y políticos de ambos partidos. Aquí tal vez está la razón el por qué del silencio de los grupos políticos.

Surgimiento y frustración de la guerrilla de izquierda.

En 1964, producto de serias divergencias, un grupo de dirigentes abandonaron el Partido Comunista de Colombia y crearon el Partido Comunista Marxista Leninista (PCML) de orientación maoísta. Dos años más tarde en un pleno de su comité central trazaron la línea militar y seleccionaron los sitios posibles donde podrían organizarse y operar los primeros núcleos armados. Algunos de estos lugares fueron el Alto Sinú y San Jorge, Urabá, Bajo Cauca y sur de Bolívar para mencionar los más cercanos. En diciembre de 1967 el (PCML) anunció en una proclama el nacimiento de su brazo armado, el Ejército Popular de Liberación (EPL), en la zona montañosa del Alto Sinú y San Jorge. La base principal de su actividad política y militar fueron los Llanos del Tigre y Manso por la fácil comunicación entre el Sinú y San Jorge y la experiencia ganada por los campesinos en la guerrilla liberal. Los primeros años fueron traumáticos. Perdieron ideólogos, fundadores y responsables militares. Sufrieron purgas, diserciones y el ejército los acosó con insistencia. (Uparela, 1995). A pesar de ello lograron sobreponerse y alcanzaron gran influencia en la organización y luchas campesinas, estudiantiles, sindicales, magisteriales, artísticas y culturales durante la primera mitad de la década de los setenta. Como ejemplos aparecen la participación, junto con otras fuerzas de izquierda y movimientos sociales y comunitarios, en la lucha por la tierra que adelantó la Asociación de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC) entre 1970 y 1974; la creación de la Federación de Estudiantes de Córdoba; el paro cívico de 1974 que paralizó varios municipios por reivindicaciones relacionadas con educación, servicios públicos, derecho a la tierra, costo de vida y mejores salarios, entre otras y el fortalecimiento de sindicatos de la educación, vías nacionales, servicios públicos, salud y comunicaciones, especialmente. Por primera vez en la historia del departamento un grupo de organizaciones de izquierda, bajo el liderazgo del (PCML) y el apoyo de amplios sectores de la población, fueron protagonistas de reivindicaciones sociales que cuestionaron las políticas y programas de los gobiernos nacional y departamental. Durante estos años los directorios políticos no tomaron posición oficial sobre los hechos sucedidos. Hubo pronunciamientos aislados de algunos dirigentes y funcionarios solicitando la intervención del gobierno central para restablecer el orden perturbado y darle solución a algunas de las demandas exigidas.

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Solo la dirigencia local del Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), disidencia del partido liberal que dirigía Alfonso López Michelsen, se pronunció a favor de estas protestas y vio con buenos ojos las acciones reivindicatorias que apoyaba la guerrilla. El grupo lo conformaban reconocidos profesionales y dirigentes como Rafael Yances, Antonio Brunal Echenique, Hernando Santos, Eduardo Pastrana, Jorge León y García y Edilberto Kerguelén, entre otros. A través del periodismo, la literatura y las cátedras que dictaban en el colegio Ateneo, fundado por ellos, dieron a conocer sus opiniones y propuestas sociales. Aunque no lograron darle cuerpo a ninguna organización y crear una corriente de opinión, los aporten que hicieron al periodismo y literatura son significativos. Llama la atención que en los grupos liberal y conservador no se produjeron rupturas ni realinderaminetos de ninguna clase. Sin duda alguna estos fueron los años de la guerrilla de izquierda con ideales revolucionarios que despertaron entusiasmo y ganaron simpatías. Los años siguientes fueron de divisiones, fusiones y desapariciones de grupos en la izquierda colombiana. Del PCML, por ejemplo, surgieron los grupos Proletario y Tendencia Marxista Leninista. Estos a la vez, en corto tiempo, dieron origen o se sumaron a otros movimientos. Dos hechos le señalarían al PCML y su brazo armado sus nuevos caminos a seguir. Nos referimos al Congreso del Partido en 1980 donde tomaron la decisión de adelantar trabajo político y militar en los centros urbanos y a la primera conferencia nacional del EPL en 1981 donde insistieron en la necesidad de recaudar fondos por distintos medios para poder crecer y mantener la guerra. Bajo esta orientación las llamadas “contribuciones voluntarias” a ganaderos, agricultores y empresarios en general aumentaron en precio y número de contribuyentes. Ya no solo eran los ricos y pudientes, a los medianos también “les tocó meterse la mano al dril”, según la expresión popular. Las otras modalidades de recaudo eran la extorsión, robo, abigeo y secuestro. En caso de rechazo u oposición eran víctimas de homicidios, ajusticiamiento, fusilamiento de reses o quema de fincas. Al narcotráfico le cobraban una especie de impuesto o participación por carga enviada al exterior. Este fue uno de los aspectos, no el único, que contribuyó a la radicalización de los ganaderos y la génesis de las Autodefensas que terminaron confrontando y causando la desmovilización casi total de esta fuerza beligerante. En 1980 empezó a incursionar el 5 frente de las FARC que operaba por el norte de Antioquia. Tres años más tarde conformaron el 18 frente, después el 35, 37 y el 58 que tradicionalmente han hecho presencia en Córdoba. En 1976 llegaron los primeros cuadros del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) de orientación trotskista. El brazo armado que crearon incursionó por los límites con el departamento de Sucre sin mucha notoriedad. La Corriente de Renovación Socialista (CRS),

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disidencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), surgió antes de la desmovilización del EPL en 1991.

Presencia del narcotráfico y formación de grupos armados privados

Del contrabando al narcotráfico El contrabando fue práctica común en la zona costanera del departamento. En Los Córdobas, Moñitos, Puerto Escondido y San Antero, municipios del litoral, era fácil la adquisición de electrodomésticos, relojes, licores, cigarrillos, vajillas, telas, vestidos, perfumes, calzado, sombrillas, medicamentos, calculadoras, radios y cualquier cosa que encargaran los compradores. Era fácil por la ausencia de autoridades y cuando hacían presencia, era la inoperancia y la venalidad lo que lo permitía. Con el transcurso de los años se restringió el contrabando pero subsistieron rutas, contactos y experiencias. En la segunda mitad de la década de los setenta irrumpió la marihuana. Todavía se recuerda a los guajiros metidos en el negocio con sus camionetas, gruesas cadenas y pulseras de oro, relojes costosos, los conjuntos vallenatos que contribuyeron a popularizarlos y fiestas extravagantes. Hubo monterianos y cordobeses que se metieron en la actividad y amasaron o aumentaron pequeñas o medianas fortunas con discreción, sin las ostentaciones de los guajiros. Algo parecido pero en menos proporción de lo que ocurrió en el departamento del Cesar. Al despuntar la década de los años ochenta el narcotráfico estaba en constante crecimiento en el país. Los grandes capos de la droga se fijaron en Córdoba por sus características naturales e institucionales: 124 kilómetros de litoral; las serranías de Abibe, San Jerónimo y Ayapel; extensas llanuras; la cercanía a Panamá que facilitaba el contrabando, el tráfico de armas y drogas y el lavado de activos; el parque nacional natural Paramillo con más de 300.000 hectáreas en el sur del departamento; el aislamiento geográfico y abandono estatal de amplias zonas y la debilidad e indiferencia de las administraciones y autoridades locales. Adquirieron tierras y montaron empresas fachadas. En los predios construyeron bodegas para almacenar y pistas para despachar la droga al exterior. Estaban situados en Montería, Canalete, Cereté, Montelíbano, Buenavista y la zona costanera, donde también fue frecuente el empleo de embarcaciones rápidas por el mar. Algunas de las pistas estaban dotadas de iluminación para el tráfico nocturno. Hubo períodos en que el número de pistas en operación superaba las 30. (Sánchez, 2001 y 2003). En los sitios donde operaba el EPL, la alianza con el narcotráfico terminó celebrándose por la convivencia que le reportaba a ambos: el primero recibía una especie de impuesto por avioneta cargada que podría ser en dinero o en especie (armas, medicamentos y provisiones) y el segundo, a cambio, le permitía las operaciones y le brindaba cierta seguridad por ser territorio bajo su control. Los primeros cordobeses involucrados en el negocio eran de Montelíbano y Ayapel. Poseían o adquirieron fincas y les construyeron pistas y caletas. Después se vincularon pilotos de

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avionetas utilizadas en el tráfico y un número desconocido de personas que invirtieron sumas diversas de dinero destinado a comprar base de coca o la cocaína ya procesada para enviarla al exterior. Durante varios años, casi una década, al parecer el negocio marchó sin mayores contratiempos. En 1991 la Policía de Bogotá conocía de los embarques que efectuaban desde distintos sitios del departamento y envió al director de la sección de estupefacientes el capitán Pedro Rojas Betancurt. Tres jóvenes de distinguidas familias de Montería, involucrados en el negocio, fueron condenados por la muerte y desaparición del capitán y su conductor. (Sánchez, 2001), este suceso puso al descubierto parte de la realidad del narcotráfico y las dimensiones que había alcanzado en la sociedad cordobesa. Del narcotráfico a los grupos armados privados y las Autodefensas No conocemos quienes lo trajeron o le cursaron la invitación, el motivo ni la fecha de llegada. Se sabe que compró la finca Las Tangas, situada a orillas del río Sinú en el municipio de Valencia, en los primeros años de la década de los ochenta. Nos referimos a Fidel Castaño, “antiguo narcotraficante antioqueño con nexos con Pablo Escobar y el cartel de Medellín”. (Romero, 2003). Poseía recursos económicos, experiencia, relaciones con políticos y estamentos militares, amplios conocimientos sobre el narcotráfico y la guerrilla y comprendía la mentalidad de los ganaderos. A esto se le sumaba su atlética presencia física, carisma y liderazgo. Sabía, además del modelo de Autodefensas y paramilitares del Magdalena Medio impulsado por sectores de la oficialidad de la XIV Brigada del Ejército con sede en Puerto Berrío (Romero, 2003). Sostenía que a la guerrilla se le combatía con sus mismos métodos irregulares. Bajo la orientación de Castaño, los ganaderos empezaron a armar con diligencia una especie de red antisubversiva: recibieron instrucciones sobre el modelo y los procedimientos que emplearían; adquirieron armas; contrataron hombres y formaron grupos para la defensa de su vida y bienes; montaron un sistema de comunicación entre las fincas y de informantes en las áreas urbanas y rurales y elaboraron un discurso basado en el derecho a la defensa propia cuando el Estado no quiere o no puede brindarlo. La lucha frontal que desataron contra la guerrilla no solo golpeó a sus militantes, simpatizantes y colaboradores, extensiva a veces a los familiares, también a miembros de sindicatos, asociaciones campesinas, organizaciones no gubernamentales, de derechos humanos y hasta ambientalistas, activistas sociales y políticos independientes y, en fin, a críticos o inconformes por la exclusión y las desigualdades sociales, el control político y la concentración del poder y la riqueza. Muchos de estos dirigentes y animadores no tenían relación con la guerrilla pero los convirtieron en objetivo militar por la visión y táctica contrasubversiva que emplearon. De esta manera muchas organizaciones del campo y centros urbanos desaparecieron, redujeron sus actividades o cambiaron su visión. Hubo muertos, desaparecidos, exiliados internos, desplazados, amenazados, intimidados, sitiados en su propia comunidad. La desmovilización del EPL en 1991 fue vista como un triunfo de Fidel Castaño y el Ejército Nacional. La imagen de Castaño creció como protector de la sociedad y la democracia.

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Disminuyó el número de homicidios, secuestros, extorsión, boleteo, abigeato y desplazamiento forzado, se revalorizó la tierra, hubo recuperación parcial del hato ganadero, cierto retorno al campo y alguna reactivación de la economía agraria. Después de este breve lapso los espacios dejados por el EPL fueron ocupados por otras organizaciones guerrilleras, en especial las FARC. Esto motivó la reactivación del aparato militar de Castaño. En 1994, en condiciones no aclaradas todavía, desapareció Fidel siendo sucedido de inmediato por su hermano Carlos. En 1993 en el recorrido que hicimos por el río San Jorge, nos topamos en varias ocasiones con personas movilizando insumos para el procesamiento de la coca. Parece ser que en Córdoba empezaban los cultivos de uso ilícito y su procesamiento. Años después los extenderían a los municipios de Tierralta, Valencia y Ayapel. Los grupos políticos fieles a su comportamiento tradicional, no emitieron declaraciones ni tomaron posiciones sobre los hechos. Los gobiernos departamental y municipales dejaron todo en manos de la fuerza pública y el gobierno nacional. Eludieron su responsabilidad en estos asuntos. Con la llegada de Belisario Betancur a la jefatura del gobierno (1982-1986) hubo un cambio en el tratamiento del problema de la guerrilla. En noviembre de 1982 expidió la ley número 35, “por la cual se decreta una amnistía y se dictan normas tendientes al establecimiento y preservación de la paz”. De esta manera se produjo el excarcelamiento de casi 500 militantes de izquierda y el gobierno reconoció la importancia de la Comisión de Paz, constituida años atrás, con la tarea específica de lograr acercamientos con las guerrillas y diseñar principios de acuerdo que pudieran ser suscritos con el gobierno. La Comisión, en cumplimiento de sus deberes, consiguió en 1984 acuerdos de tregua o cese al fuego con las FARC, Movimiento 19 de Abril (M19), EPL y Autodefensas Obreras (ADO). Las FARC y el EPL montaron sendos movimientos políticos legales para atender la coyuntura de la tregua: la Unión Patriótica (UP) y el Frente Popular respectivamente. Años más tarde, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Tendencia y Debate Marxistas y Leninistas, también crearon el movimiento político legal A Luchar con el que hicieron presencia en eventos y movilizaciones. Las primeras manifestaciones públicas de la UP y el Frente Popular las llevaron a cabo en distintos lugares del departamento. La inconformidad de la fuerza pública y los ganaderos no solo era por la amnistía sino también por las movilizaciones. Pocos meses después el ejército, la policía y los ganaderos acusaron a la guerrilla de estar aprovechando la tregua para hacer proselitismo político a favor de la lucha armada y de continuar con los secuestros, extorsiones, quemas de “mayorías” en las haciendas y sacrificio de hatos ganaderos. Por su parte la guerrilla los responsabilizaba de adelantar allanamientos y detenciones ilegales, de ser responsables de desapariciones, cómplices de grupos paramilitares, aumentar el pie de fuerza y aprovisionarse de armas y vehículos.

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Ante los hechos causados por el presidente Betancur los directorios políticos no se pronunciaron como tales. De nuevo las consabidas declaraciones de un funcionario o dirigente sin comprometer al conjunto de las directivas. En el alto San Jorge las cosas eran diferentes. Líderes locales le dieron cuerpo a la Corporación de Amigos de Puerto Libertador, una asociación de organizaciones populares preocupadas, entre otras prioridades, por la suerte del proceso de paz. A instancias de ellos hubo reuniones en Pica Pica Nuevo, Anchica, La Rica y otros sitios donde asistieron miembros de la Comisión de Paz, EPL administración local, concejales y directivos de empresas, entre otros, para analizar la marcha del proceso y la situación del municipio. Los documentos de esta organización mencionan los grandes latifundios dedicados a la ganadería extensiva; alto número de colonos, minifundistas y jornaleros; el desplazamiento de los pequeños propietarios; las dificultades de la producción, la comercialización, el transporte y la capacitación; la falta de educación y servicios de salud. Estas Corporaciones de amigos funcionaron también en Montelíbano, Uré y La Apartada. Sus dirigentes estaban convencidos que la paz la obtenían mejorando las condiciones de vida de la población y no solo desmovilizando y reinsertando a los combatientes. Al final el proceso fracasó, varios miles de miembros de los movimientos legales de las organizaciones de izquierda fueron asesinados en numerosos sitios del país. El gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) reanudó los diálogos con la insurgencia al tiempo que los actores armados aumentaban su capacidad y preparativos para la guerra. En 1987 el gobierno creó la XI Brigada del ejército con sede en Montería; el EPL hizo parte, con las FARC y el ELN, de la Coordinadora guerrillera Simón Bolívar y los diferentes grupos armados privados crecían y fortalecían cada vez más. Los tres últimos años de este período presidencial son difíciles de olvidar por los altos niveles que alcanzó la confrontación entre los actores. Algunas cifras indican que la tasa de asesinatos políticos o presumiblemente políticos sucedida en el departamento fue de las más elevadas del país. En 1990, según la opinión de algunos excomandantes, la mayoría de los mandos del EPL estaban convencidos que debían abandonar la lucha armada y construir un movimiento político abierto y democrático. Esta disposición aligeró el acuerdo de paz que buscaba con el gobierno nacional. Al parecer el EPL puso como condición para la desmovilización que Fidel entregara las armas. Aunque no resultó fácil convencerlo, terminó accediendo. En el mes de octubre hizo entrega del material de guerra. Asistieron al acto, además de Fidel, Omar Caicedo y Anibal Palacios, líderes del EPL; Otty Patiño y Alvaro Jiménez por el M-19 como mediadores; Rodrigo García Caicedo, presidente del Fondo Ganadero y reconocido líder del gremio y el exgobernador del departamento Jorge Elías Náder. (Sánchez, 2001). Como es sabido el 25 de enero de 1991 hubo la desmovilización del PRT en Don Gabriel, Ovejas, Sucre; el 1 de marzo del mismo año la del EPL en Juan José, Puerto Libertador, Córdoba y el 9 de abril de 1994 la de la CRS en Flor del Monte, Ovejas, Sucre. En Córdoba el número de desmovilizados del EPL fue de 349 combatientes, 30 de la CRS y 16 del PRT. En la actualidad subsisten disidentes del EPL y el PRT.

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De la desmovilización nació el movimiento Esperanza, Paz y Libertad. Participaron en elecciones solos y en alianzas. Con el ganadero Rodrigo García por poco ganan la gobernación en la primera elección por voto popular en 1992 y durante varios períodos obtuvieron diputado y concejales. Después, a medida que a la mayoría de los desmovilizados se les complicaba la situación económica por el fracaso de los proyectos productivos y la terminación de los subsidios entregados por el gobierno, se reincorporaron a las filas de las FARC y de los grupos armados privados que terminaron conformando las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). Un porcentaje no definido perdió la vida por distintas causas y solo un 30% aproximadamente aprovechó las ventajas de la reinserción y con honestidad se reincorporó a la vida civil. Para 1996 el EPL como movimiento dejó de ser opción política. La vigencia de su personería jurídica terminó con la aprobación de las leyes que reglamentaron la existencia y funcionamiento de los partidos políticos en el actual gobierno (2002-2006). El balance y las lecciones que deja esta experiencia de 30 años todavía no están agotadas y mucho menos asimiladas. Lo mismo podemos decir del PRT y la CRS.

Surgimiento y fortalecimiento de la contrainsurgencia privada

Las estructuras que dejó Fidel Castaño, fácilmente fueron reactivadas por su hermano Carlos para hacerle frente a lo que llamó “la nueva guerra de agresión” de las FARC. Con una diferencia: la respuesta no sería estrictamente militar sino a través de un frente político-militar que empezaron a moldear con las llamadas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) en 1994. Los principios que sustentaron la filosofía de este proyecto partían de considerarse, como ya dijimos, movimiento político-militar antisubversivo de resistencia civil, con derecho a ejercer la legítima defensa personal o colectiva ante la desprotección estatal por la vida y la propiedad privada y a rechazar las abominables prácticas de clientelismo y corrupción en la gestión pública.(Castaño, 1999). Bajo estos criterios Carlos Castaño buscó la coordinación con otros grupos de Autodefensas y paramilitares que operaban en distintas regiones del país. Después de un período de discusiones y compromisos decidieron agruparse en el movimiento nacional Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en abril de 1997, para adelantar la “lucha confederada contra la subversión”. En el acto de constitución definieron las AUC como “un movimiento político-militar de carácter antisubversivo en ejercicio del uso del derecho a la legítima defensa, que reclama transformaciones del Estado pero no atenta contra él”. (Castaño, 1999). Un mes después, la mayoría de estos grupos, de carácter antisubversivo o narcotraficante, ingresaron a la organización. El respaldo que recibieron de sectores radicales de los ganaderos, empresarios y comerciantes, así como de la fuerza pública, funcionarios estatales y medios de comunicación, les facilitó influir en los estratos medios y altos de la sociedad, los gobiernos locales, las instituciones descentralizadas del orden nacional, la justicia, los órganos legislativos, los grupos políticos y en la vida misma de las comunidades

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bajo su control. Después intervinieron en la economía con el lavado de cuantiosas fortunas, agroindustrias, comercio, ganadería, tierra, vivienda, salud, juegos de chance. Debemos anotar que no todos los ganaderos, empresarios y comerciantes que secundaron y patrocinaron este movimiento anticomunista estuvieron de acuerdo con desconocer y reemplazar las fuerzas de seguridad del Estado, más bien, afirmaban, debían colaborar sin sobrepasar los límites de la legalidad. Tampoco compartían la ejecución de masacres, el empleo de métodos brutales en las acciones ni las acusaciones indiscriminadas contra comunidades, sectores sociales e individuales que disentían de su ideología y procedimientos. Eran apreciaciones con cierto sustento ideológico, político, cultural o religioso. Ante la imposibilidad del Estado de garantizarles el manejo de los bienes y el derecho a la vida y la urgencia de adoptar medidas de control al avance subversivo, los radicales no encontraron oposición y terminaron siendo los voceros autorizados ante los jefes de las Autodefensas. En el año 2002, la Policía en el departamento dio a conocer los grupos de las FARC y las Autodefensas que se encontraban operando: Por las FARC los frentes 5, 18, 35, 37 y 58, prácticamente por el oriente, sur y occidente del departamento en límites con Antioquia. Hacían presencia, además, reductos del ELN y el PRT. Por las Autodefensas el bloque Sinú-San Jorge, con presencia en el alto Sinú, San Jorge y límites con el Urabá Antioqueño y el grupo urbano que actuaba en Montería y Cereté. Bloque Elmer Cárdenas tenía a su cargo la zona costanera y el bloque Metro con ingerencia en el San Jorge, en límites con el bajo Cauca. El año 2002 fue de elecciones: en marzo para congreso y en mayo para la presidencia de la República, período 2002-2006. La campaña enfrentó a Horacio Serpa del Partido liberal y Alvaro Uribe, disidente liberal; apoyado por distintos movimientos y grupos políticos. Las propuestas de este último contra la corrupción y la poliquitería; el combate sin tregua a los grupos armados ilegales y el restablecimiento del orden y la seguridad, atrajo la atención de los jefes de las AUC. En Córdoba las AUC hicieron campaña a favor de Alvaro Uribe y Eleonora Pineda, cabeza de lista para la Cámara por el grupo de Miguel Alfonso De la Espriella, candidata de Salvatore Mancuso, comandante de las Autodefensas de Córdoba. En el departamento los resultados de ambas elecciones, según la Registraduría Nacional del Estado Civil fueron los siguientes: Para la Cámara Eleonora Pineda Arcia, 82.082 votos, Movimiento Popular Unido, liberal. Zulema Jattin Corrales, 61.522, Apertura liberal Fredy Sánchez Arteaga, 56.573, Partido liberal

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Musa Besailes Fayad, 52.552, Partido liberal Reginaldo Montes Alvarez, 48.302, Movimiento de Integración Popular Liberal (MIPOL). Para el Senado Juan Manuel López, 104.377, Partido liberal Miguel Alfonso De la Espriella, 65.540, Movimiento Popular Unido, liberal Julio Manzur Abdala, 45.032, Partido Conservador. Mario Salomón Náder, 43.068, MIPOL Para presidente Horacio Serpa Uribe, 196.697 votos, Partido liberal Alvaro Uribe Vélez, 142.407, varios movimientos. Mayoría Liberales acompañó a Horacio Serpa y le ganó a Uribe a pesar de no poder hacer proselitismo en los municipios de Valencia y Tierralta, bastiones de la AUC, según confesó uno de sus dirigentes. En la actualidad Mayorías Liberales cuentan con 20 de los 28 alcaldes, 7 de los 13 diputados y la mayoría de concejales, ediles y líderes. En los últimos 20 años la gobernación de Córdoba ha estado en manos de insurgencia Liberal (José Gabriel Amin, Jorge Elías Náder, Luciano Lepesquer, Jorge Manzur Jattin, Javier Jiménez Amin y Carlos Buelvas) y Mayorías Liberales, antes libardismo (Héctor Lorduy, Raúl Quintero, Fredy Sánchez, Angel Villadiego, Jesús Maria López y Libardo López Cabrales, el actual, elegido en coalición con Mario Salomón Náder del MIPOL. En las elecciones pasadas la posición de los grupos políticos respecto a las AUC fue diferente: Mayorías Liberales al parecer les ofreció cuota en el gabinete a cambio de poder adelantar campaña sin restricciones por parte de ellos; sin embargo, al momento de hacerla efectiva hubo desacuerdos que mantuvieron interinidad en las secretarías de hacienda y salud durante varios meses; Náder se mantuvo alejado, Manzur callado y De la Espriella le abrió cupo en su grupo a Eleonora Pineda, cabeza de lista para la Cámara. Una vez posesionado Alvaro Uribe Vélez como presidente de la república en agosto del 2002, las AUC, en cabeza de Carlos Castaño, le reiteraron su disposición a iniciar un proceso de desmovilización. El presidente acogió la propuesta. En diciembre ya existía una comisión exploratoria del gobierno encargada de evaluar la posibilidad de un acuerdo de paz. Y en efecto el 15 de junio del 2003 en Santafé Ralito, un corregimiento pobre y desconocido del municipio de Tierralta en el alto Sinú firmaron el acuerdo que dio comienzo a la negociación formal. Entre otras cosas se comprometieron “a desmovilizar a la totalidad de sus miembros en un proceso gradual que comenzará con las primeras desmovilizaciones antes de terminar el presente año y deberá culminar a más tardar el 31 de diciembre del 2005” y a lograr “una Colombia sin narcotráfico”.

A manera de conclusión

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- En Córdoba la mayoría de los procesos sociales importantes, aquellos que de una u otra manera han afectado la situación o el desarrollo del departamento o parte de él, los han promovido o llevado a cabo los grupos armados (guerrillas liberales, de izquierda y autodefensas) y la llamada sociedad civil (organizaciones sociales, de servicio social, comunitarias y las mismas comunidades). En esta oportunidad nos referimos a los procesos sociales en los que ha participado la sociedad civil a pesar de las limitaciones que impone el conflicto armado. En la década de los setenta los campesinos de la Asociación nacional de usuarios campesinos de Colombia (ANUC) libraron la lucha por la tierra; los jóvenes de la Federación de estudiantes de Córdoba por el derecho a la educación; los educadores de la Asociación de maestros de Córdoba (Ademacor) por mayor cobertura y pago oportuno; el paro cívico del año 74 fue la síntesis de las demandas más sentidas de gran parte de la población del departamento; los comités cívicos recogieron las necesidades apremiantes de los barrios de Montería y los centros de investigación social empezaron el estudio sistemático de la realidad y su proyección. En la década de los ochenta las Juntas de acción comunal exigieron mejoramiento de las condiciones de vida de poblaciones urbanas y rurales; el movimiento cultural se enriqueció con el trabajo de organizaciones artísticas y literarias; las empresas radiales permitieron la emisión de programas de análisis de la situación social con participación de los protagonistas. En la década de los noventa principió en firme el trabajo de las organizaciones no gubernamentales (ONG) más representativas; las organizaciones de mujeres impulsaron programas de seguridad alimentaria, agropecuarios y de artesanías; indígenas, campesinos y pescadores alertaron sobre las consecuencias de la hidroeléctrica de Urrá; los sectores populares expresaron su inconformidad por los malos servicios públicos y la falta de planes de vivienda. Y en estos primeros años del nuevo siglo las manifestaciones masivas y violentas por vivienda; la defensa de los recursos naturales y el medio ambiente, en especial los humedales y la puesta en marcha de las escuelas de liderazgo. En este sentido es poco lo que han aportado los grupos políticos. - La cohesión de los grupos políticos en Córdoba han tenido como base el compartir una serie de propuestas coyunturales, generalmente de orden nacional, antes que razonamientos de tipo ideológico o programático; la lealtad y comprensión de los líderes y base; la satisfacción mínima de las necesidades personales o colectivas de miembros subalternos claves y el reconocimiento de los derechos de la cúpula (la dirigencia más cercana al jefe natural o histórico), Algunas escisiones o desapariciones de grupos han tenido como causa el desconocimiento de este último. Las coaliciones (liberal-liberal, conservador-conservador, liberal-conservador) las han formado con soporte en un conjunto de propuestas comunes de gobierno; reparticiones de cargos y otras prebendas; decisiones compartidas y consultas permanentes.

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Con estos criterios la posición asumida por los grupos políticos ante las guerrillas liberales y de izquierda y las AUC no produjeron en ellos polarización, competencia, fragmentación ni realinderamiento de importancia. Si sucedieron algunos de estos casos no fue precisamente por la posición asumida frente a los grupos armados. Las posiciones y declaraciones del sector radical, compuesto por ganaderos y empresarios cordobeses y antioqueños, liberales y conservadores, no representaban la línea “oficial” de los grupos a los que pertenecían en el departamento y por lo tanto no los comprometían. Sus voceros más reconocidos pensaban y actuaban más como ganaderos y víctimas que como representantes de grupos políticos. En los casos del EPL y las AUC parece ser que las cúpulas y los líderes connotados de los grupos políticos no definieron una posición unánime por la existencia de puntos de vista diferentes. Consideraron preferible mantener un bajo perfil sin alinderamientos comprometedores que poner en riesgo la unidad de los grupos. La excepción fue Miguel Alfonso De la Espriella con la inclusión de Eleonora en su lista para la Cámara. Este hecho sugiere dos apreciaciones: su cercanía con las AUC, aunque ha sido parco y un tanto vergonzante al justificarla públicamente y captar un considerable número de votos por la influencia de las AUC en determinados municipios, como en efecto sucedió. En términos generales la posición de los grupos políticos es considerada realista y pragmática para sus intereses porque les brindó una relativa seguridad, mantuvieron en equilibrio la relación con las guerrillas, las AUC y el gobierno y no pusieron en peligro los votos, cargos y privilegios. - ¿Sobre qué bases económicas, culturales y sociales aspiraban las AUC conformar un movimiento político?. Una mirada a dos de las zonas más controladas por ellos durante largo tiempo nos dan la imagen del modelo de sociedad que implantarían como gobierno y autoridad. * Ramiro Vélez Toro, ganadero antioqueño residenciado en Montería, columnista del periódico El Meridiano de Córdoba, publicó hace algunos meses el artículo El Urabá de las AUC: una zona de distensión. Sintetizó sus observaciones: “…El Urabá dominado por las Autodefensas es una verdadera zona de distensión, en donde la única y absoluta autoridad son las organizaciones de las mismas y en donde la ley la aplican los comandantes de cada zona sin derecho a recurso alguno… los directivos supremos tienen no solo poder militar y político, pues imponen las autoridades locales, así ellas fallen, como es el caso del alcalde anterior de Necoclí, hoy recluido tras las rejas por lo malos manejos administrativos. Sino que también tienen un poder económico muy alto pues son poseedores de miles de hectáreas y cabezas de ganado… Establecen el área máxima que los particulares pueden tener. Manejan las vías y establecen cobro de peajes a una rata superior a la de Invías, cobran el 7% del valor de los inmuebles que se vendan en la zona, una cuota de sostenimiento a razón de diez mil pesos por hectárea-año, así mismos los trabajadores deben aportar un día cada dos semanas para el mantenimiento de vías, escuelas, puentes y demás obras comunitarias…

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Tienen una buena política ecológica en letras, pues también sus funcionarios son banales, dejan talar árboles previo pago por debajo de la mesa. No dejan practicar la caza ni la pesca, ni siquiera para sostenimiento de la familia, pero las mansiones de los jefes cuentan con pequeños pero surtidos zoológicos con aves y animales salvajes nativos… Sancionan a las mujeres chismosas y aquellas de “pies lígeros”, que ponen “cuernos” a sus compañeros de hamaca. Son estrictos en la necesidad de la asistencia de los niños a la escuela primaria… Persiguen el consumo de drogas sicotrópicas… El ingreso como nuevo propietario a la región lo hacen después de un análisis concienzudo por parte de los jefes, en muchas ocasiones vetan el ingreso…Predigan, aunque ellos no lo practican, un justo tratamiento laboral a los trabajadores…” * A mediados del año pasado organizamos una reunión en Tierralta con asistencia de concejales, medianos propietarios, trabajadores del municipio y ciudadanos con el fin de evaluar la presencia de las Autodefensas en la zona. En un cuadro con aspectos positivos y negativos quedaron consignadas las opiniones de los asistentes.

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Aspectos positivos

- Ayudaron a desmovilizar el EPL y retiraron a las FARC.

- Eliminaron el abigeato y la delincuencia común.

- Mejoraron algunas vías con maquinaria que poseían pero el municipio pagaba el servicio.

- Brindaron seguridad en áreas urbanas y rurales.

- Contrataron a algunos docentes. - Colaboraron con la dotación del

Centro de Atención Médica de Urgencias (CAMU) de El Caramelo, situado en la Zona de Ubicación.

- Regalaban pintura para mejorar la apariencia de escuelas y casas y en navidad obsequiaban aguinaldos a los niños,

- Prohibieron el corte de madera. - Colocaron límite a las ganancias

de los abogados por demanda contra el municipio.

- Aumentó el valor del jornal en sus propiedades pero sin reconocimiento de las prestaciones sociales.

Aspectos negativos - Imponen alcaldes y concejales. - Designaban funcionarios en

puestos claves de la administración.

- Aplicaban justicia por su propia mano.

- Vigilaban de cerca las actividades de las organizaciones comunitarias y sociales.

- Contaban con retenes en distintos lugares y una red de informantes para el ingreso de vehículos y personas.

- Requerían identificación y explicaciones a forasteros que llegaban al pueblo y les parecían sospechosos.

- El temor a hablar, el recelo, el miedo a ser acusado sin pruebas por venganza, antipatía u otras razones de tipo personal o familiar.

- Enamoraban y embarazaban a adolescentes y jóvenes.

- Crecieron los cultivos ilícitos, aumentó el consumo de drogas.

- Aplicaban penas humillantes por querellas, peleas, infidelidades, comportamientos y uso de indumentaria ajena al medio.

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- A los grupos políticos de Córdoba poco a poco los han convertido en una especie de patrimonio familiar manejado como empresa electoral. Juan Manuel López, Zulema Jattin, Mario Náder y Miguel Alfonso De la Espriella, recibieron como herencia el grupo político como patrimonio de sus progenitores. En algunos casos este tipo de patrimonio viene desde los abuelos (De la Espriella) y bisabuelos (López). Julio Manzur era el representante a la Cámara del grupo conservador que dirigía García Burgos pero terminó adueñándose de casi todo el movimiento. El actual representante a la Cámara, Reginaldo Montes, salido del MIPOL, ha iniciado el proceso de conformación de un nuevo grupo político. Dos de los jefes reconocidos de las Autodefensas de Córdoba, Salvatore Mancuso y Jairo Andrés Angarita, no tienen por ahora ninguna posibilidad de crear un nuevo movimiento político. Ya desmovilizados, el carácter de “protectores y defensores de la democracia” que tenían cuando estaban armados está reducido a favor de la seguridad democrática del presidente Uribe. Además, no cuentan con estructuras organizativas para hacer política, sus antecedentes son cuestionados y hay resentimiento en las víctimas (familiares de muertos, desaparecidos, desplazados, perseguidos, expoliados). Además, como les ha recordado el presidente Uribe, no pueden intervenir ni interferir las campañas políticas por cuanto las desmovilizaciones no han terminado y la justicia no les ha resuelto todavía su situación legal. Por ahora pueden continuar con cuotas en la administración pública y aspirar a cargos de elección popular pero no a conformar ningún movimiento político nuevo.

Montería, 4 de noviembre de 2005

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