Universidad NacionalPedro Ruiz Gallo

Facultad de Derecho y Ciencias Polticas

CURSO: DERECHO DE PERSONAS TEMA: PROPIEDAD Y TENENCIA DE LAS TIERRAS CAMPESINA EN CHILE Y PER

DOCENTE: JOS GAMONAL GUEVARAINTEGRANTES: CARRANZA QUINTANA, Brayam. CORONEL LLAMO, Keyla HojanyFALCON MERINO, StaniaOLIVERA ROMERO, CarlosPASTOR OLIVA, LucilaPRADA CHAYN, JessicaPRADO ALARCN, Olenka

Lambayeque, marzo de 2015

NDICE

Territorio rural en Chile (LUCILA PASTOR OLIVA) Polticas indgenas en chile (siglos xix y xx) de la asimilacin al pluralismo -el caso mapuche- (KEYLA CORONEL LLAMO) La reforma agraria ( STANIA FALCONI MERINO) Implementacin de legislacin y jurisprudencia nacional relativa a los derechos de los pueblos indgenas: La experiencia de chile ( CARLOS OLIVERA ROMERO) La problemtica sobre el derecho de propiedad de las poblaciones previstas en el convenio 169 de OIT. (JESSICA PRADA CHAYN) Conflicto pblico de tierras y Recursos naturales:Expansin forestal y territorialidad Mapuche (Chile)(BRAYAM CARRANZA QUINTANA )

TERRITORIO RURAL EN CHILE

AUTOR: LUCILA PASTOR OLIVA

INTRODUCCIN

El desarrollo rural es un concepto polmico, ya que como discurso, enfoques, prcticas, propuestas y desafos, ha tenido diversas versiones no exentas de contraposicin, convergencias, divergencias, y, por supuesto, de crticas. Y no puede ser de otra manera, ya que se trata, ni ms ni menos, de una discusin continua sobre la situacin real a la cual se quiere llegar respecto al mundo rural en un contexto territorial determinado, lo que tambin conlleva a reflexionar sobre el tipo de sociedad y mundo al cual aspiramos.

No obstante, en sus ms de cincuenta aos de vida en Latinoamrica, ha habido versiones hegemnicas del desarrollo rural que se han impuesto en los pases de la regin, marginando de esta importante discusin a la mayora de la poblacin, inclusive a la poblacin rural. Entonces, si consideramos al desarrollo rural como una construccin social e histrica, ste, como discurso y como prctica, ha sido construido de forma bastante asimtrica y excluyente, predominando versiones influenciadas por organismos internacionales tales como el Banco Mundial, el FMI, el BID, FAO, CEPAL e IICA, centros de investigacin y enseanza, y los gobiernos nacionales (Valcrcel, 2007).

Los balances que se han hecho de los resultados de estos enfoques y estrategias de desarrollo rural en la regin concuerdan en diagnosticar un fracaso generalizado, debido a que la pobreza rural, las desigualdades y la exclusin social en el medio rural latinoamericano han aumentado sostenidamente. Esta situacin ha obligado a recurrir a replanteamientos o reformulaciones acerca de estos enfoques y prcticas, cuestin que hasta hoy es un necesario debate abierto.

Cabe entonces preguntarse por la situacin de Chile, ya que desde el fin de la dictadura a esta parte parece haberse acumulado suficiente material para intentar un balance crtico. Esta ponencia apunta a esta direccin, reuniendo distintos apuntes y argumentos que nos permitan, en una primera parte, aproximarnos a los modos en que se ha construido el desarrollo rural en Chile y sus implicancias, para luego, en una segunda parte, plantear algunos aspectos que me parecen relevantes para hacer frente a los problemas de fondo que encierra la discusin sobre el desarrollo rural, en lo cual la sociedad civil tendra un rol fundamental que desempear.

OBJETIVO GENERAL Y PRINCIPIOS RECTORESEl objetivo general es mejorar la calidad de vida y aumentar las oportunidades de la poblacin rural, a travs de la adopcin gradual, planificada y sostenida del nuevo paradigma rural, para lo cual se concibe un accionar pblico con enfoque territorial e integrado en distintos niveles, que propicie sinergias entre iniciativas pblicas y pblico-privadas con el objeto de diversificar y potenciar el desarrollo rural, resguardando el acervo natural y cultural esencial para la sustentabilidad territorial. La Poltica se basa en los siguientes principios rectores:Bienestar Social: Se debe procurar generar las condiciones para mejorar la calidad de vida de todos los chilenos que habitan en territorios rurales, buscando su mayor desarrollo social, econmico y espiritual. Diversidad de Oportunidades: El desarrollo territorial de los sectores rurales debe basarse en reconocer y potenciar los recursos sociales, econmicos, medioambientales y culturales presentes en cada zona, buscando ampliar la matriz de oportunidades para el bienestar de su poblacin. Equidad: Se debe promover un acceso equitativo de los habitantes de territorios rurales a los bienes y servicios pblicos, y a participar activamente de las oportunidades de crecimiento y desarrollo del pas, promovindose mejores condiciones de vida.Integracin Territorial: Se debe buscar una ocupacin equilibrada del territorio que considere la distribucin geogrfica de la poblacin, la seguridad del territorio y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, de manera de sentar las bases para una efectiva ocupacin del territorio nacional.Identidad: El desarrollo de los territorios rurales buscar reconocer, respetar y potenciar los valores, patrimonio, historia, cultura y su particular relacin con los recursos naturales de tal forma de fortalecer el sentido de pertenencia de las personas y de sus comunidades a dichos territorios. Descentralizacin: La formulacin y ejecucin de polticas, planes y programas de alcance nacional, regional y local deber propender a la entrega gradual y creciente de responsabilidades y atribuciones a los actores de cada nivel.Sustentabilidad: Las polticas, planes y programas que tengan impacto en el territorio rural debern considerar las dimensiones sociales, econmicas y, ambientales, teniendo en cuenta su accin en el tiempo y en el espacio geogrfico.Eficiencia: Las polticas, planes y programas que se implementen en el territorio rural debern considerar un sistema de diseo, evaluacin y medicin de impacto apropiado, considerando siempre el principio de escasez y uso alternativo de los recursos pblicos. Participacin: Para la formulacin de polticas, planes y programas, se debe buscar distintos mecanismos para incorporar a los habitantes locales en estos procesos, de tal manera de que formen parte y se comprometan con el desarrollo de su territorio.Resiliencia: Se debe propiciar que los habitantes rurales y sus organizaciones pblicas y privadas, desarrollen las capacidades para anticiparse y/o sobreponerse a las adversidades, a los desastres naturales y a las crisis econmicas.Gradualidad: Las proposiciones de esta Poltica se formulan pensando en que su materializacin ser paulatina en el tiempo, que abordar el territorio en forma progresiva, y que se implementar previa evaluacin de los recursos necesarios y su disponibilidad.Integralidad: La formulacin de polticas, planes y programas sectoriales procurarn ajustarse a los principios sealados, permitiendo una accin coordinada, eficaz y eficiente de los distintos organismos pblicos y en definitiva, mejores condiciones y oportunidades para los habitantes del sector rural. DEFINICIN DE TERRITORIO RURAL

Actualmente en Chile lo rural se define como lo no urbano (INE), y el criterio para definir su condicin se fija a travs de un lmite de 2.000 habitantes por localidad poblada, siendo sta su unidad de anlisis. Segn esta definicin en 2012, 2.171.745 personas viven en localidades rurales (13,1% de la poblacin nacional). Usando nuevos criterios y conceptos asociados con la ruralidad y validados internacionalmente, la cifra de ruralidad en el pas duplica y casi triplica las actuales cifras oficiales. Por tanto, la forma actual de cuantificarlo subestima significativamente el tamao efectivo de la poblacin rural y minimiza la magnitud de esta realidad. El pas debe transitar desde el actual escenario de ruralidad como espacio no urbano hacia el despliegue gradual, sostenido y ordenado en el tiempo del nuevo paradigma rural. Tomando esto en consideracin, la Poltica entender por territorio rural, aquel que se genera producto de la interrelacin dinmica entre las personas, las actividades econmicas y los recursos naturales, caracterizado principalmente por un poblamiento cuya densidad poblacional es inferior a 150 (hab./km2), con una poblacin mxima de 50.000 habitantes cuya unidad bsica de organizacin y referencia es la comuna.La definicin planteada tiene la virtud de compatibilizar las orientaciones emanadas de la OCDE, con las capacidades actuales de implementacin e internalizacin por parte de la institucionalidad pblica y de los distintos actores que gravitan en torno de la temtica rural. Es as como, teniendo presente la realidad compleja y multidimensional de los territorios rurales, la definicin debe ser entendida como la primera etapa de un proceso gradual, planificado y adaptativo que permita establecer una cantidad de categoras de comunas que vayan desde las comunas urbanas densamente pobladas a las comunas rurales aisladas. En esta segunda etapa la densidad no debera ser el nico factor de clasificacin de las comunas y se deberan asumir otros elementos o criterios para su clasificacin como la distancia a un centro poblado relevante.

Una dimensin complementaria y que deber trabajarse paralelamente por el Comit de Ministros, es la clasificacin, dentro de cada tipo de comuna, de las rea que van a ser consideradas como urbanas, rurales-urbanas y rurales, para que as todos los actores pblicos tengan un mismo criterio ordenador. Esto va a permitir entender, con toda claridad, cuando algn Ministerio est aplicando un programa en una comuna, de qu tipo de comuna se trata y qu tipo de rea es la beneficiaria de dicha accin. Ejemplo, ya no bastar con sealar que se est mejorando la atencin primaria con la construccin de consultorios en zonas rurales, o que se han pavimentado x kilmetros de caminos en zonas rurales. Al tener un sistema de clasificacin de comunas y de reas dentro de dichas comunas, podremos tener una mirada mucho ms precisa acerca de dnde se est interviniendo: en cules comunas y zonas, y dentro de dichas comunas, con todos los beneficios que ello conlleva. Lo que se busca entonces es dar un mayor alcance y un mejor grado de precisin a la clasificacin de lo que es la ruralidad. De esa forma tendremos tambin un sector pblico y un sector privado que conozca y reconozca mejor a los sectores rurales en sus atributos, complejidades y en sus diferentes necesidades. Todo esto supone, por cierto, incrementar sostenidamente las capacidades institucionales para asumir los desafos de su implementacin, redundando, en ltimo trmino, en un impacto positivo de aplicacin de la Poltica.

DESARROLLO RURAL EN CHILE: PRINCIPALES AGENTES Y ENFOQUES A TRAVS DE LA HISTORIAComo bien apunta Escobar (2003) los enfoques y acciones de desarrollo rural se han desplegado histricamente en relacin a los modelos econmicos y proyectos de desarrollo que han seguido los pases, teniendo en cuenta las variables macroeconmicas que han influido en su definicin. Para el caso especfico de Chile es tarea pendiente una mayor sistematizacin y reflexin terica sobre el desarrollo rural tanto a travs de nuestra historia como en la situacin actual. No obstante, teniendo claro que no es el fin principal de este trabajo profundizar en el tema, expondremos aqu algunos apuntes generales para caracterizar y analizar los principales agentes con sus respectivos enfoques y/o formas de operar. De momento, y para fines de este estudio, entenderemos el desarrollo rural desde una perspectiva amplia, que considere las complejidades de las realidades rurales actuales y est centrado en el bienestar de su poblacin y sus entornos, a la vez que armonice con un desarrollo global del pas. Es as como, trascendiendo lo meramente agropecuario, concebiremos el desarrollo rural como todo proceso orientado a mejorar el nivel de bienestar de la poblacin rural y la contribucin que el medio rural hace de forma ms general al bienestar de la poblacin en su conjunto (Cea, 1993:29, citada por Prez, 2001:15). Segn esta concepcin amplia, el desarrollo rural contempla intervenciones en planos sociales, econmicos, culturales, medioambientales y polticos, desplegadas en o hacia el medio rural por iniciativa y concurso de diferentes actores. Si bien en los aos 30 ya existan legislaciones que regulaban el trabajo asalariado (Cdigo del Trabajo de 1931) y las formas de previsin (Ej: el Seguro Obrero Obligatorio), el cumplimiento de stas se dio muy lentamente en el campo: los terratenientes protestaban contra tales legislaciones, aludiendo que el trabajo en el campo era diferente (argumento que hoy sigue vigente); haba poca fiscalizacin y las condiciones de trabajo dependan predominantemente de la voluntad del patrn (Gundelach, 1955). En los aos 50, el Estado y la iglesia catlica eran los principales agentes de desarrollo rural. El Estado implementaba no desde hace mucho- Servicios de Extensin Agrcola, modelo de intervencin estadounidense que en nuestro pas se orient a la capacitacin y asesora tcnica para pequeos productores, y al desarrollo organizacional a nivel local (Ej: clubes agrcolas 4- C), tambin siguiendo un modelo estadounidense conocido como enfoque de desarrollo de la comunidad (Escobar, 2003; Barril, 2002). Destaca la accin de organismos estatales como el Servicio Agrcola y Ganadero (SAG) y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), ste ltimo creado en 1962. La iglesia catlica desarrollaba actividades organizacionales y de apoyo a la alfabetizacin en campesinos y obreros agrcolas, dando origen posteriormente a instituciones como el Instituto de Educacin Rural y la Fundacin de Vida Rural. En esta poca, el inters del Estado estaba fijado en los campesinos como productores de bienes de consumo local y nacional (una constante que se mantiene en la actualidad) y en la alfabetizacin de la poblacin en general en relacin al proyecto nacional desarrollista que se instaura desde los aos treinta en el pas, cuyo proceso se aprontaba a una reforma estructural del agro con miras a consolidar dicho proyecto.

La reforma agraria (1965-1973) puede considerarse como el ms grande proyecto de desarrollo rural realizado en nuestro pas hasta ahora, pese a que responda como hemos visto anteriormente- antes que nada a un proyecto nacional de desarrollo que consumi casi todos los esfuerzos del gobierno en los temas rurales, dejando de lado las actividades anteriores o potencindolas si se enmarcaban en las actividades reformistas comandadas por la Corporacin para la Reforma Agraria (CORA), entidad estatal encargada del proceso. Desde una planificacin estatal centralizada y legalizada, se realizaron expropiaciones, se formaron y dirigieron asentamientos, y se educ y capacit a los asentados (ex inquilinos y trabajadores de los fundos y haciendas) para transformarlos en productores de acuerdo con los fines de la reforma. El golpe militar de 1973 anunci el trmino de este proyecto, que fue revertido con la contrarreforma. El gobierno militar, de acuerdo con la estrategia neoliberal que implant, la cual se expres en una reduccin notoria del gasto social, la descentralizacin del Estado y la municipalizacin de la salud y la educacin pblica, tuvo durante todo su perodo un muy bajo papel en trminos de desarrollo rural, limitndose a reactivar organismos tcnicos como el SAG y el INDAP, que retomaron las funciones que desempeaban antes de la reforma, y a impulsar un desarrollo agroexportador acorde con las demandas del mercado internacional. Se destaca en esta poca el trabajo subterrneo de los Organismos No Gubernamentales (ONGs) tales como GIA, INPROA, IER, ICECOOP, OCAC, Canelo de Nos, entre otras, en la mantencin de investigaciones y acciones de desarrollo rural con perspectivas de recuperacin democrtica, los cuales eran apoyados principalmente desde el extranjero para trabajar aspectos focalizados dentro de marcos institucionales difciles.

Las polticas llamadas de ajuste estructural del Estado, dejan hasta ahora al menos dos consecuencias importantes para el desarrollo rural y las polticas sociales en general: 1) un papel debilitado del Estado frente a las fuerzas del mercado para la promocin social y la inversin productiva, y 2) un giro de enfoque en el cual, para el Estado, el sentido del desarrollo y las polticas sociales deviene en compensatorio de las consecuencias no deseadas del nuevo orden econmico mundial, con la finalidad de impedir el deterioro de los equilibrios sociales y polticos (Llamb, 1995). La doctrina del equilibrio monetario se impuso por sobre las teoras desarrollistas que formaron proyectos nacionales. Lo que importa al Estado ahora es el equilibrio, la estabilidad, la gobernabilidad, sin mayores teleologas, y bajo estos intereses se enmarca la situacin actual del desarrollo en nuestro pas.

El fin de la dictadura hizo emerger el trabajo de las ONGs, por un lado, y aterrizar los discursos, enfoques y estrategias de desarrollo rural que venan trabajando haca aos organismos internacionales tales como FAO, Banco Mundial, BID, CEPAL, IICA o FIDA. Es desde este momento que aparece reiteradamente el concepto de desarrollo rural en nuestro pas, al menos como discurso, el cual, tal y como lo plantean con ciertas diferencias estos organismos, se refiere principalmente a la superacin de la pobreza rural a travs de la integracin de la produccin campesina a los mercados, y del uso de redes sociales para poder resolver paulatinamente sus problemas (concepto de capital social aplicado al desarrollo rural). Se trata de enfoques coherentes con la globalizacin neoliberal, cuyos conceptos y planteamientos operativos han sido trabajados con pretensiones tericas, incorporando aspectos como la territorialidad y la sustentabilidad ambiental, convirtindose en el discurso dominante a la hora de trabajar explcitamente el desarrollo rural, ya que suelen aconsejar y/o financiar a agencias tales como el Estado y las ONGs .

Por su parte, el Estado Chileno no ha generado una poltica de desarrollo rural. En materia silvoagropecuaria se privilegia un modelo exportador de materias primas con escaso valor agregado, desvinculado de medidas de desarrollo social y con vnculos asimtricos con la pequea produccin; para el campesinado existen programas de fomento productivo (INDAP) subsidiarios que por lo general han endeudado a los productores, adems de establecer vnculos dependientes que no han logrado xito en la generacin de desarrollo autnomo de las organizaciones usuarias15; y para el resto de los habitantes rurales existen polticas focalizadas, asistenciales, compensatorias y minimalistas a travs de fondos de inversin social (FOSIS) que aportan recursos pequeos con fines sociales, buscando finalmente resultados en indicadores cuantitativos macro (reduccin de pobreza, nmero de usuarios atendidos, producto interno bruto) con el fin de mantener la gobernabilidad y la imagen pas, evitar as las crisis sociales y salvaguardar el equilibrio monetario en una economa cada vez ms abierta que privilegia el crecimiento econmico como principal indicador y propulsor del desarrollo. Tambin existen intervenciones parciales desde organismos transversales (Ej: ministerios, SENCE) y regionales (gobiernos regionales).

Apey y Delgado (2006) sealan que el gasto pblico rural en Chile, en el perodo 1996 2004, represent el 6,6% del gasto pblico nacional, observndose una tendencia a disminuir en relacin a este ltimo. La mitad de este gasto pblico rural ha sido destinado al fomento productivo, y el resto a servicios sociales (29%) e infraestructura (21%). El relativamente bajo monto de inversiones pblicas en el sector rural se puede explicar a travs del planteamiento de Cox (2002), quien seala que en nuestro pas, as como en otros pases subdesarrollados, ha existido permanentemente un sesgo urbano antiagrcola y antirural de las polticas pblicas, que afectan a la poblacin agrcola y a los habitantes rurales: De acuerdo a Lipton (1977) este sesgo urbano es, en el fondo, resultado de los mayores costos de transaccin que se deben enfrentar en las zonas rurales. Ello repercute, en la mayor facilidad de articular poder poltico efectivo en las zonas urbanas que en las rurales. De all se derivan polticas y decisiones de inversin pblica que tendern necesariamente a favorecer en mayor medida los sectores urbanos. Ello incluye no slo las inversiones a favor de las reas urbanas, sino, sobre todo, la discriminacin ms devastadora para los ingresos de los habitantes rurales, como es la que se da a travs del sistema de precios (Cox, 2002: 127). Por su parte, casi todos los municipios del pas tienen, en mayor o menor medida, zonas rurales bajo su administracin, por tanto deben planificar y coordinar acciones propias y externas para el desarrollo econmico local y sociocomunitario, adems de hacerse cargo de los servicios de educacin y salud pblica, entre otras funciones. De acuerdo a Gonzlez (2006:19), el municipio es valorado y reconocido por los habitantes rurales como un gravitante espacio de disputa e incidencia en decisiones significativas. Si bien se ha documentado que los municipios con alta ruralidad han sido eficientes (SUBDERE, 2004:3), suele existir asistencialismo, clientelismo y baja injerencia de la participacin ciudadana a la hora de decidir las iniciativas de desarrollo local.

Las ONGs tienen hoy una presencia sujeta a intervenciones focalizadas y de pequea escala, altamente dependiente de proyectos financiados por el Estado o por agencias de cooperacin internacionales. La migracin de profesionales hacia el sector pblico tras el fin de la dictadura, las restricciones de las agencias financieras y el escenario competitivo que genera la licitacin de proyectos han disminuido la injerencia de las ONGs en la construccin de formas alternativas de desarrollo rural, al punto que slo algunas de ellas siguen produciendo bibliografa sobre el tema (GIA, RIMISP, Programa Servicio Pas de la FUSUPO, Canelo de Nos, entre otras).

Otros agentes vinculados al desarrollo rural son algunas unidades acadmicas de universidades, quienes producen investigacin e intervencin a travs de programas de postgrado o posttulo, institutos especficos, facultades de agronoma y recursos naturales, y memorias de ttulo de estudiantes de pregrado de ciencias sociales y ciencias del agro. Pese al importante rol que estas entidades cumplen en la formacin de profesionales dedicados al tema, an no se ha logrado generar un corpus de conocimiento terico y aplicado que analice crticamente los enfoques hegemnicos del desarrollo rural en Chile, y que permita promover propuestas para incidir en las polticas pblicas.

Finalmente nos referiremos a las organizaciones y movimientos sociales rurales, a quienes consideramos debieran ser los ms importantes dentro de los actores del desarrollo rural ya que expresan de manera espontnea y autnoma sus propias demandas y anhelos como constituyentes de la sociedad civil rural. Se pueden manifestar en: a) organizaciones locales de carcter socio comunitario (Ej: juntas de vecinos, clubes deportivos, comits, centros de madres, grupos de iglesia, etc.); b) organizaciones sociales gremiales o supralocales (entre ellas MUCECH, CAMPOCOOP, ANAMURI, Plataforma Rural por la Tierra, federaciones campesinas, sindicatos agrcolas y de pescadores artesanales, cooperativas y asociaciones de productores), y c) movimientos sociales de lucha reivindicatoria (mapuches) y movilizaciones de protesta, demanda o conflictos (Ej. conflicto ambiental de Mehun, movilizaciones de pobladores chilotes frente a la no construccin del puente sobre el Canal de Chacao, reciente movilizacin exitosa de temporeros de Copiap, etc.).

Estas organizaciones se caracterizan en general por desplegar algunas acciones de desarrollo rural segn sus intereses particulares, por tener un poder ms bien dbil o limitado para lograr respuestas a sus demandas, y, por lo tanto, por tener una escasa consideracin de parte de las instancias que tienen efectivamente el poder econmico y poltico para desarrollar cambios importantes. A esto debe sumarse que los pobladores rurales son, contradictoriamente, los interlocutores menos contemplados a la hora de debatir sobre los enfoques y estrategias de desarrollo rural a nivel de pas. Sin embargo, y pese a la generalizada fragmentacin y desvinculacin que se aprecia entre las organizaciones de la sociedad civil rural, destaca en la actualidad una articulacin de organizaciones, principalmente ANAMURI, la Confederacin Nacional Ranquil, la Plataforma Rural por la Tierra y MUCECH, que est levantando un discurso antineoliberal y nuevas propuestas de desarrollo rural para el pas, similares a las del MST en Brasil y otros movimientos campesinos que participan de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas (CLOC) y el movimiento mundial Va Campesina. La atencin a estas nuevas propuestas como reaccin a las embestidas del neoliberalismo y el libremercadismo en el entorno rural resulta un desafo interesante para las ciencias sociales y para un debate sobre el desarrollo rural.OPORTUNIDADES ECONMICAS EN EL TERRITORIO RURAL

En el contexto internacional Chile es conocido por experimentar en los ltimos aos un importante proceso de modernizacin, el cual ha ido de la mano de prosperidad econmica y disminucin sostenida de la pobreza. En efecto, el ingreso per cpita se ha ms que duplicado en los ltimos 20 aos, siendo en la actualidad, uno de los ms altos de Amrica Latina, mientras que la pobreza ha disminuido desde alrededor del 40% en 1990 a 14,4% en 2011. (Casen).En general durante los ltimos 30 aos, las polticas econmicas se han orientado hacia la apertura de la economa nacional a travs de la reduccin de las barreras a las importaciones y exportaciones, lo que ha generado una slida expansin de las exportaciones y una ampliacin de la base productiva. Parte de la apertura de la economa se ha centrado principalmente en la explotacin de los recursos ubicados en zonas rurales. Ello ha dado lugar a nuevas industrias basadas en productos primarios, tales como el sector agroalimentario, acuicultura y silvcola. En efecto, una parte importante del total de exportaciones se basa en actividades primarias. En la actualidad, el pas produce casi un tercio del cobre mundial, una exportacin tradicional de Chile, pero han surgido nuevos sectores de exportables como la fruticultura, semillas, celulosa, salmn y vinos.Esencialmente, propiciar oportunidades econmicas en los espacios rurales, implica potenciar y diversificar de manera sustentable la base econmica de los territorios y apoyar el desarrollo de habilidades para el emprendimiento y empleabilidad a travs del fortalecimiento del capital social. En materia de inversin se considera relevante adecuar las normas y metodologas a las caractersticas de los espacios rurales, centrando las iniciativas en la competitividad y sustentabilidad de los territorios. Es as como, se propone profundizar y desarrollar instancias pblico-privadas y generar infraestructura estratgica con el objeto de alcanzar el desarrollo econmico de manera sustentable.

Los ejes estratgicos y objetivos especficos de este mbito son:

MultiactividadIdentificar las particularidades territoriales para impulsar y ampliar la base econmica del medio rural mediante la potenciacin y diversificacin de actividades sustentables, competitivas y multifuncionales, promoviendo con ello la creacin y aumento de la calidad del empleo. Fomentar el aumento del valor agregado y la industrializacin para permitir la consolidacin de los sectores agroalimentarios, silvcolas, pesca, minera, turismo y energa entre otros.Promover que los actores locales puedan desarrollar actividades econmicas especializadas y/o diversificadas complementarias entre ellas, considerando una explotacin sustentable y adecuada a la capacidad de carga del territorio, as como tambin generando beneficios socioeconmicos, culturales y ambientales.

Capital HumanoPropiciar medidas de apoyo a un sistema de formacin, capacitacin y desarrollo de habilidades para el emprendimiento y la empleabilidad, a travs de la cooperacin pblico y/o privada.

Promover el fortalecimiento de grupos y organizaciones mediante el intercambio de conocimiento y capacidad de gestin, entre los diferentes actores de la actividad econmica involucrados en el desarrollo rural.

Red de Oportunidades para el Desarrollo EconmicoAnalizar la adecuacin de las normas, instrumentos y metodologas de evaluacin de inversin pblica a las realidades del territorio rural de manera de dar cumplimiento a los objetivos de esta Poltica.Potenciar y mejorar los atributos y oportunidades de los diversos territorios rurales a travs de incentivos para la atraccin de inversin, generando condiciones para el desarrollo de iniciativas productivas, comerciales y de servicios, fomentando el emprendimiento y la innovacin.Propiciar el establecimiento y desarrollo de instancias pblico privadas de comunicacin, generacin de informacin, intercambio y transferencia de conocimiento tcnico y cientfico, que permitan generar soluciones pertinentes para lograr un desarrollo econmico territorial sustentable.

Infraestructura Econmica EstratgicaPromover el desarrollo de las potencialidades econmicas actuales y futuras de cada territorio, procurando un mayor acceso y mejor calidad de los servicios de infraestructuraenergtica, hdrica, de telecomunicacin y servicios financieros y que permitan un crecimiento sostenible.Promover el desarrollo con criterios estratgicosservicios de infraestructura pblica nacional: vial, portuaria, aeroportuaria y pasos fronterizos que fortalezca la competitividad, con el objeto de incrementar la conectividad y el flujo de personas y bienes, tanto dentro como fuera del pas, resguardando la soberana nacional y fomentando el turismo.

Sustentabilidad Medio Ambiental del Territorio Rural

Chile posee un patrimonio natural abundante y diverso sustentado en su biodiversidad, sus espacios naturales, sus formaciones geolgicas, sus reas protegidas y los servicios ecos sistmicos que ellos proveen. No obstante, este patrimonio an no es lo suficientemente comprendido y valorado como un activo distintivo para el desarrollo sustentable del pas. De hecho, la prdida y degradacin de ecosistemas terrestres, acuticos continentales marinos y litorales, sigue ocurriendo producto de las actividades humanas. En el marco del nuevo paradigma rural que esta Poltica impulsa, se considera la sustentabilidad ambiental como un factor constitutivo indisociable del bienestar de la Sociedad y del desarrollo rural. En tal sentido, la Poltica reconoce y valora la calidad y el potencial de los activos naturales y los ecosistemas, promoviendo su resguardo y gestin dentro de los lmites de su funcionamiento, y asume la gestin de los pasivos ambientales de los territorios rurales. Para enfrentar convenientemente los importantes desafos planteados, es preciso incrementar la conciencia pblica y el conocimiento sobre el valor ecosistmico, econmico y social de los recursos naturales y la biodiversidad en los territorios rurales, peri-rurales y urbanos. Para materializar esta premisa marco, la Poltica aborda la sustentabilidad ambiental de los territorios rurales, a partir de cinco ejes estratgicos complementarios y dialogantes con los dems mbitos y objetivos del desarrollo rural.Los ejes estratgicos y objetivos especficos de este mbito son:

Biodiversidad, Servicios Ecosistmicos y PaisajePromover la investigacin y monitoreode la biodiversidad, para incrementar los conocimientos y mejorar la gestin en su proteccin, conservacin y uso sustentable.Actualizar las estrategias sectoriales vigentesde manera que se mejore la proteccin, restauracin, reparacin, remediacin y mitigacin, de los ecosistemas de inters pblico presentes en el territorio rural, cuando corresponda.Considerar la proteccin de la biodiversidad como elemento relevante en el proceso de planificacin y en los marcos regulatorios de proteccin.Promover la identificacin y caracterizacin de los paisajes naturales y seminaturales de Chile, reconociendo e integrando el paisaje en las polticas sectoriales e informando y sensibilizando al pblico sobre el valor y el resguardo del mismo.

El Sistema HdricoFomentar la gestin integral de los recursos hdricos a travs de instrumentos normativos, reglamentarios, de planificacin e inversin que contribuyan a orientar las decisiones pblicas y privadas, priorizando el acceso del consumo humano.Fortalecer las organizaciones de usuarios, mejorando su gestin, mediante sistemas apropiados de informacin para la toma de decisiones, mecanismos para la distribucin y control de caudales, entre otros, incentivando la regularizacin de los derechos de aprovechamiento de agua. Promover mecanismos de incentivo a la inversin y medidas para el fomento de planes, programas y proyectos que aumenten la eficiencia, el ahorro y el buen uso del agua, basadas -entre otros- en la modernizacin de los sistemas de regado y la potenciacin de usos mltiples, incorporando criterios ambientales.Promover la investigacin e identificacin de fuentes de recursos hdricos nuevos y existentes, para el manejo y uso eficiente, sustentable y asequible del agua, velando por la calidad de sta, en sus distintos usos. Considerar criterios ambientales que permitan equilibrar la conservacin y manejo de los ecosistemas acuticos con las necesidades de seguridad de agua para el ser humano y sus actividades.Recurso SueloPromover una utilizacin y uso del suelo y subsuelo, que involucre su proteccin, conservacin y rehabilitacin, reconociendo su valor ecosistmico.Catastrar y difundir peridicamente la condicin de los suelos y los cambios en su uso, a travs de levantamientos de informacin de terreno, tcnicas satelitales y sistemas de informacin geogrfica.Combatir mediante una adecuada coordinacin pblico- privada, el avance de la desertificacin y erosin del pas, a travs del desarrollo o adaptacin de instrumentos, prcticas y tecnologas sustentables disponibles sectorialmente, procurando el desarrollo de coberturas vegetales ajustadas a la realidad climtica de cada regin.Pasivos AmbientalesCatastrar y evaluar los pasivos ambientales actuales o potencialesque puedan afectar el desarrollo social, econmico y ambiental, para prevenir, gestionar el riesgo, y proponer acciones de remediacin y explorar oportunidades de valorizacin.

Educacin AmbientalPromover el trabajo en redes intersectoriales, interinstitucionales y de alianzas pblico-privadas, con el fin de desarrollar programas de Educacin Ambiental, formales y no formales, que contribuyan a reconocer las caractersticas del entorno fsico, e incentivar el compromiso y participacin activa de la ciudadana en iniciativas que lo protejan y pongan en valor.Desarrollar programas de amplia difusin, para el fomento de las buenas prcticas, que mejoren la administracin de los recursos naturales y apoyen a los actores locales (pblicos y privados) en la identificacin de oportunidades de mejoramiento de la gestin ambiental.

Cultura e Identidad Rural

El mundo rural cuenta con un patrimonio cultural escasamente explorado, ms all de lo tnico y/o folclrico, que actualmente cuenta con importantes desafos propios del mundo contemporneo, de la interculturalidad y multiculturalidad. En este contexto, esta Poltica plantea acercarse a este acervo con el propsito de resguardarlo, promoverlo y potenciarlo. En materias de patrimonio se busca identificar y recuperar el patrimonio natural y cultural, promoviendo la responsabilidad de los ciudadanos respecto al resguardo y puesta en valor del patrimonio, donde el Estado juega un rol en la promocin del patrimonio a travs de la planificacin, estableciendo estndares territoriales e identitarios pertinentes en materia de infraestructura, equipamiento y vivienda.En cuanto a la multiculturalidad, se valora la identidad de cada territorio. Por consiguiente, se concibe integrar la identidad territorial en los instrumentos de planificacin territorial y en los planes y programas de desarrollo econmico y social. Finalmente, valorar la identidad significa fortalecer la vida en comunidad a travs programas de educacin y la planificacin de espacios de esparcimiento y deporte. Los ejes estratgicos y objetivos especficos de este mbito son:PatrimonioProcurar identificar, valorar, conservar y recuperar el patrimonio natural, histrico-artstico, prcticas y costumbres locales y cualquier otra expresin cultural de valor, fomentar su mantenimiento y desarrollo.Promover la responsabilidad de los ciudadanos y organizaciones pblico privadas respecto del resguardo, mantencin, puesta en valor y difusin del patrimonio, donde el Estado es un promotor a travs de la planificacin e implementacin de instrumentos adecuados a la realidad territorial.Proponer estndares de servicios de infraestructura y vivienda que involucre un mejoramiento de la calidad de vida, habitabilidad y cohesin social, considerando criterios patrimoniales histricos, culturales y de respeto al paisaje y entorno.MulticulturalidadValorar la identidad de cada cultura y zona geogrfica propendiendo a una agenda de participacin e integracin, que valorice y proteja la cultura, identidad, lengua, tradiciones y valores e incorporndolos a los instrumentos de planificacin y al desarrollo econmico y social. Promover el establecimiento o la adecuacin de los programas de educacin para difundir y valorar la cultura local, la conciencia ciudadana, el cuidado de los espacios pblicos y el sentido de pertenencia. Esparcimiento y DeportePromover el acceso de la poblacin al esparcimiento y el deporte a travs del mejoramiento de la infraestructura y mediante programas destinados para ello.

ESTADSTICAS

BIBLIOGRAFA

BERDEGU, Julio; JARA, Esteban; MODREGo, Flix;SANCLEMENTE, Ximena y SCHEJTMAN, Alexander(2010)Comunas Rurales de Chile.

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POLTICAS INDGENAS EN CHILE (SIGLOS XIX Y XX) DE LA ASIMILACIN AL PLURALISMO -EL CASO MAPUCHE-

AUTOR: KEYLA CORONEL LLAMO

Antes de que la ley 19.253 de 1993 reconociera la existencia del pluralismo cultural en el territorio nacional y sentara las bases de la participacin indgena en las polticas aplicadas por el Estado a las etnias descendientes de las agrupaciones humanas precolombinas, los pueblos autctonos chilenos eran meros objetos del derecho. El papel pasivo que se les atribua se remite fundamentalmente a la relacin que el Estado chileno estableci desde su inicio con los pueblos indgenas: una relacin marcada por el inters de poner la unidad territorial y la hegemona racial por sobre la diversidad cultural existente.Ahora bien, si la poltica indgena implementada por el Estado chileno desde la independencia ha sido fundamentalmente caracterizada por la voluntad de asimilar a los autctonos, es posible distinguir, en funcin del contexto sociohistrico, de los medios empleados y de las formas jurdicas de desposeimiento, varios momentos en esa larga historia de negacin de la especificidad indgena y de despojo de los territorios habitados por esos pueblos.Durante el primer periodo (1818-1850), si bien se declara la igualdad jurdica de los indgenas, veremos que los medios empleados (evangelizacin, parlamentos y colonizacin poblacional) para enfrentar el problema indgena no se diferencian mucho de los usados por las autoridades hispanocriollas durante el siglo XVIII.A partir de 1850, frente a la penetracin incontrolada de colonos y dado el nuevo inters que despertaron las tierras an libres al sur del Bo-Bo, el Estado emple las armas de la conquista territorial y de la apropiacin por el fisco de las tierras indgenas. El anti-indigenismo doctrinal se impuso y los descendientes de los hroes de la guerra de Arauco, ensalzados durante la independencia, pasaron a ser considerados como un obstculo a la modernizacin del pas.Una vez concluida la mal llamada pacificacin de la Araucana y asegurada la derrota militar de los Mapuches (1883), el Estado se aplic a la radicacin de los indgenas. Entre 1884 y 1927, se entregaron ttulos de merced a loslongko(caciques) y se procedi a la delimitacin de reducciones o reservas.Esta poltica de radicacin conoci un cambio radical a partir del segundo tercio del siglo XX. Se impuls entonces la divisin de las comunidades indgenas con el fin de integrar definitivamente al Mapuche en la sociedad nacional chilena. El desarrollo econmico, la educacin, la capacidad y libertad contractual individual del indgena sobre su hijuela, constituyeron las herramientas de una nueva poltica que tuviera como meta civilizar definitivamente a los indgenas. Fue el inicio de una poltica que buscara, a travs de la desorganizacin de las estructuras polticas y sociales autctonas y va la penetracin de la lgica del libre mercado en las comunidades, una solucin definitiva al problema indgena. Hace falta notar que desde el punto de vista del algunos representantes indgenas, la poltica implementada por la sociedadwingka no siempre fue percibida como peligrosa para la integridad cultural de la entidad mapuche. En efecto, algunos vieron en el acceso a la educacin y a la libertad contractual la oportunidad de insertarse de manera positiva en la sociedad dominante cultivando su especificidad en el nuevo marco sociohistrico.LaTerminationPolicychilena conoci una pausa durante el gobierno de la Unidad Popular. Entre 1970 y 1973, va la reforma agraria, las tomas de terrenos y la promulgacin de una nueva ley indgena, cerca de 100000 hectreas fueron traspasadas a comunidades. Se crearon cooperativas indgenas, se intent promover el desarrollo econmico, social y cultural de los Mapuches y se busc (con concepciones a veces ajenas a la lgica sociocultural autctona) el fortalecimiento de la comunidad. Aqu tambin, conviene recalcar que la concepcin etnocntrica segn la cual la economa mapuche representaba de alguna manera el prototipo del Modo de Produccin Comunista Primitivo tena poco que ver con la dinmica socioeconmica real de las comunidades indgenas.El golpe de estado de septiembre 1973 y la implementacin de una poltica econmica neoliberal marc una clara involucin en el reconocimiento de los derechos autctonos. Fue el periodo de liquidacin de las comunidades. Legalmente, los indgenas desaparecieron del territorio nacional. A pesar del carcter objetivamente peligroso de tales medidas, muchos comuneros se conformaron con la entrega de ttulos de propiedad individual. Ello, como veremos, no deja de plantear un problema en cuanto a la manera como los indgenas perciben y controlan las iniciativas provenientes del Estadowingka.El ltimo momento que consideraremos empieza en 1989 con la firma de un acuerdo entre las organizaciones mapuches y la Concertacin de Partidos por la Democracia. Pareciera iniciarse entonces una nueva poca en las relaciones entre el Estado y los pueblos autctonos. Sin embargo, la promulgacin de una nueva ley que reconoce y valora la diversidad cultural, la creacin de la CONADI (Corporacin Nacional de Desarrollo Indgena) como organismo intermediario entre el Estado y las etnias indgenas y la implementacin de polticas intercultural en educacin y salud, no siempre satisfacen las demandas indgenas. La complejidad de la realidad autctona (diversidad sociocultural interna, falta de intermediarios adecuados al nuevo marco institucional de interrelaciones, importancia de la poblacin indgena urbana, etc.) no ha sido captada por la nueva normativa. Queda por definir el contenido del nuevo concepto de etnodesarrollo y sobre todo queda por resolver el problema de la autodeterminacin. De suerte que si los Mapuches ganaron ltimamente en visibilidad y si ciertos derechos les fueron reconocidos, los debates acerca de la calificacin de los autctonos como sujetos del derecho (minora tnica, pueblo o nacin) y de las especificidades juridicamente reconocidas, se encuentran en su etapa inicial.Antes de iniciar nuestra presentacin de las polticas indgenas chilenas queremos dejar en claro dos cosas que tienen que ver con el enfoque y la periodizacin adoptados en este artculo.En primer lugar, analizar las polticas indgenas implementadas en Chile no significa atenerse a la presentacin de las distintas leyes indgenas. De ah que en este trabajo hagamos amplia referencia al contexto sociohistrico y a las ideologas imperantes en cada uno de los momentos distinguidos.En segundo lugar, hace falta notar que la periodizacin aqu determinada no corresponde necesariamente a la manera como los propios indgenas percibieron e interpretaron la historia. Si bien es cierto que el objeto de este artculo no es abordar el rgimen de historicidad autctono, haremos sin embargo alusiones a los desfases que existieron entre las aspiraciones y esperanzas de algunos agentes socialeswingkay las concepciones autctonas respecto del ente estatal y de las iniciativas tomadas desde el exterior.

Los albores de la repblica: la postura araucanista y la construccin de la casa grande (1810-1850)A pesar de las tentativas reiteradas de conquista y colonizacin de sus territorios por parte de los hispanocriollos durante la Colonia, los grupos Mapuches vivan todava en forma independiente en el momento de las guerras de independencia (1810-1818). Mas an, lejos de haber sido sometidos al yugo colonial, las sociedades indgenas del centro-sur de Chile salieron enriquecidas y potenciadas de esos tres siglos de contactos. Demostrando una gran capacidad de adaptacin e innovacin, los antiguos guerreros reche se haban transformado en hbilesconchavadores,maloquerosy negociadores. A travs de reestructuraciones polticas, econmicas y sociales considerables, haban logrado contrarrestar toda tentativa de sujecin por parte de los agentes coloniales y controlaban un espacio que una los dos Ocanos.La resistencia que los indgenas opusieron a los Conquistadores y luego al ejrcito de Estado permanente desemboc, en el siglo XVII, en la formacin de una zona fronteriza ms o menos estable a lo largo del ro Bo-Bo. Frente al xito militar indgena, las autoridades coloniales implementaron entonces una nueva poltica de sujecin. La mision y el parlamento llegaron a ser los dos pilares de la poltica colonial en esas tierras australes de un inters geopoltico crucial para la Corona. Esas dos instituciones tenan como meta vigilar y civilizar a los indgenas a travs de la inculcacin de la verdadera cultura y religin as como de la implementacin de una norma jurdica comn. Pero a pesar de esta poltica plurifactica de normatizacin, los Mapuches seguan cultivando su especificidad, obedeciendo a una pauta cultural propia y velando por su independencia territorial.Es en este panorama particularmente favorable a los indgenas que llegan las guerras de independencia. De manera global, se puede decir que el nuevo contexto no modific sustancialmente, por lo menos en un primer momento, la lgica imperante en el espacio fronterizo sureo. Como lo seala Jorge Pinto, el mayor inters de los gobiernos de esos aos, se orient a contener los focos de resistencia contra la independencia [] y a establecer con los mapuche acuerdos que aseguraran la tranquilidad en la zona. A pesar de lo estril que haba resultado la poltica de pacificacin espaola, las autoridades chilenas siguieron confiando en la evangelizacin y en los parlamentoscomo medios para integrar a los valientes y bravos guerreros Araucanos. Primero porque el joven Estado-Nacin an no necesitaba las tierras libres de la Araucana. Segundo porque el indgena, convertido en smbolo nacional de la resistencia a la vieja colonia, era visto de algn modo como el aliado natural de los libertadores. El hecho de que los Mapuches se hubieran puesto preferentemente del lado del bando realista no era an visto como una traicin sino ms bin como un desconocimiento de su propio destino histrico. El poco inters que despertaba en los indgenas el proyecto emancipador, no pareca desalentar el espritu integracionista de los padres de la Patria. Los Araucanos, lustre de la Amrica, formaban una preciosa porcin de Chile, afirmaba O'Higgins en 1817. Es en base a los mismos principios liberales que inspiraban la independencia que se dict en 1819 un bando supremo en el que se considera a los indgenas ciudadanos chilenos y libres como los dems habitantes del Estado. Pocos aos antes, en 1813, la Junta de Gobierno pona fin a los denominados Pueblos de Indios, instando a los indgenas a residir desde ahora en Villas Formales. Se trataba, pues, de valorar al mapuche e incluirlo en la nacin que se estaba fundando, para construir con l y sus territorios el nuevo pas que surga de las ruinas del mundo colonial. Por lo tanto, no es de extraarse que despus de los primeros sobresaltos de las guerras de independencia, las autoridades hayan reanudado la poltica tradicional de civilizacin de los indgenas va la misin y el parlamento.Durante el parlamento de Yumbel de 1823, se reafirm el principio de la integracin ciudadana de todos los habitantes del territorio chileno, desde Atacama hasta Chilo. Una dcada despus se reestableci el Colegio de Propaganda Fide de Chilln, pilar de la obra misional en la Araucana colonial despus de la expulsin de los Jesuitas en 1767. En 1837 volvan, en un Chile desde ahora independiente, los primeros doce misioneros franciscanos encargados de la labor de evangelizacin, es decir de civilizacin, sedentarizacin e integracin de los indgenas a esta nueva casa grande que se estaba construyendo. En 1848, las autoridades chilenas asignaron a los Capuchinos italianos la tarea de evangelizar y educar a los indgenas ubicados al sur del ro Cautn. Indudablemente, la fuerza no era el camino elegido para asimilar a los que eran considerados an como los precursores del destino nacional.Tal como lo seala con mucho acierto Jorge Pinto, el estado, que involucra territorio y poblacin, fue pensado en Chile, desde el punto de vista territorial, como una casa que deba construirse con el esfuerzo de todos los pobladores que lo habitaban [] y desde el punto de vista de la poblacin, como una hermandad o gran familia [] la nacin poltica, sujeta a las normas que dentro de la casa impondran las autoridades del pas.Ahora bien, si el contexto ideolgico no pareca an tan desfavorable para los indgenas, es porque los grupos dirigentes haban orientado tempranamente sus preocupaciones hacia el Valle Central (agricultura) y el Norte (minas). De hecho, a pesar de que el joven estado chileno emergi mirando hacia el Norte, los proyectos de conquista territorial y de adelantamiento de la lnea fronteriza sureano desaparecieron del todo. De suerte que la continuacin de la poltica indgena colonial aparece como una solucin de espera en pos de la total anexin territorial de la Araucana. Tres elementos permiten confirmar esta hiptesis. En primer lugar, las normativas de 1823 y 1830 constituyeron la primera tentativa de imponer el dominio estatal sobre terrenos indgenas as como la supremaca del sistema jurdico chileno. En segundo lugar, empez a materializarse la idea de traer a inmigrantes europeos para colonizar la regin con hombres laboriosos.El proyecto de inmigracin selectiva como manera de mejorar la raza chilena ya se concret con la ley de colonizacin dictada por el presidente Bulnes en 1845. En tercer lugar, la integracin econmica de la regin del Bo-Bo al resto del territorio de Chile ya haba empezado en los aos 1830-1840(31).La demanda de productos agrcolas de las regiones mineras nortinas as como, a partir del ao 1848, de California determinaron profundos cambios en la sociedad fronteriza surea. La formacin de latifundios y de numerosas sociedades de accionistas en la regin del Bo-Borepresentaron el preludio de la colonizacin del territorio de la Araucana. Del mismo modo, el inicio de la explotacin carbonfera en la zona costera (Coronel, Lota, Lebu, Arauco) signific la penetracin progresiva de grandes comerciantes en tierras tradicionalmente indgenas. Poco faltaba antes de que la conquista y colonizacin de este enclave salvaje e improductivo en territorio nacional se transformara en unas de las prioridades del Estado. El proindigenismo de los primeros tiempos iba a ser desplazado por un discurso antiindigenista, evolucionista y racista, que legitimara las usurpaciones y violencias legales y privadas de toda ndole.Indios malos en tierras buenas (33): la dinmica de colonizacin y conquista militar de la araucana (1852-1883)

El proceso histrico que condujo a la derrota final de los Mapuches como entidad independiente y soberana para convertirlos en una minora tnica sometida a una opresin combinada (econmica, poltica, cultural) remite a dinmicas mltiples que se conjugaron y conspiraron en la misma direccin. La instauracin de la hegemona nacional chilena no fue nicamente el resultado de una conquista por las armas ni tampoco el producto lgico de la asimilacin sin tropiezos de los indgenas a travs de los mecanismos fronterizos de la convivencia pacfica. Como veremos ahora, existen mecanismos mucho ms sutiles de imposicin paulatina de un orden exterior. Las dinmicas histricas transcienden muy a menudo las conciencias de los agentes sociales y si bin los individuos saben lo que hacen y por qu lo hacen, pocas veces anticipan con acierto las consecuencias de lo que hacen. De suerte que las acciones e intereses inmediatos de los agentes sociales pueden producir efectos perversos que, a la larga, jugarn en contra de ellos. Tal es el caso, por ejemplo, de los caciques que arrendaron, regalaron o vendieron tierras a oficiales, comerciantes y colonos en un momento en que no se perciba an la fuerza arrolladora de la nueva dinmica econmica y poltica nacional e internacional. Algunas dcadas ms tarde, va el despojo legal por imposicin del sistema jurdico occidental y de una concepcin diferente de la tenencia y apropiacin de la tierra, va la vinculacin de la economa regional con los mercados internacionales, va la conquista por las armas y va la instauracin de un ideal modernizador productivista, esos mismos indgenas se encontraran trabajando sus antiguas tierras como arrendatarios, inquilinos o peones. Es a travs del anlisis de esos mltiples factores y dinmicas que se entrelazan y potencian (la colonizacin econmica, la imposicin de una normativa estatal, la conquista militar, el ideal de progreso) que enfocaremos lo que fue el ocaso del pueblo mapuche como entidad independiente y soberana.Si dirigimos nuestra mirada hacia la evolucin econmica de la regin surea, constatamos que la dinmica de expansin que arranc en las dcadas anteriores tendi a acentuarse. La colonizacin espontnea, es decir no impulsada desde el Estado, se dio en mltiples frentes y revisti distintas formas. La explotacin de carbn en la franja costera de la Araucana conoci un crecimiento rpido. Los mismos comerciantes que, aprovechndose de la demanda exterior en trigo y harina haban participado en la colonizacin de tierras indgenas del norte de la Araucana, invertieron en la dcada del 50 en la compra y arriendo de terrenos indgenas en los cuales existan mantos carbonferos. Si sumamos a esto que la demanda de harina de California fue cubierta entre 1848 y 1860 mayoritariamente por la produccin de la regin del Bo-Bo, podemos entrever la presin que se ejerci durante esos aos sobre las tierras indgenas sureas. Como consecuencia de este crecimiento econmico, llegaron a la regin las tecnologas modernas: primeras mquinas trilladoras en 1857, planta telefnica y ferrocarril en la zona de Lota en 1881. Las oportunidades de enriquecimiento en la regin atrajeron numerosos inversionistas y mano de obra. En 1855, se registra una cifra de aproximadamente 13.000 no-mapuche entre los ros Bo-Bo y Malleco, es decir ms all del lmite fronterizo histrico. En la zona costera, son 14.000 personas que se instalaron como consecuencia de la explotacin de carbn.Contemporneamente a este proceso de penetracin espontnea, el Estado dict varias normativas que, a pesar de su aspecto regulador y aparentemente protector de los intereses indgenas, tendieron a renforzar la dinmica anexionista y de colonizacin agrcola.Es as como la ley de 1835 sobre denuncios de tierras baldas permiti la adquisicin de grandes extensiones de terrenos en la Isla de la Laja. Esta ley, como las normativas posteriores, desconociendo totalmente el sistema de tenencia y ocupacin de tierras por parte de los indgenas, permita al denunciante apropiarse de un terreno juzgado libre de propietario. Como lo seala Cerda-Hegerl, son los mismos actores fronterizos (capitanes de amigos, oficiales del ejrcito) los que se aprovecharon de esta normativa para apropiarse de las tierras que tradicionalmente haban hecho parte del espacio econmico-territorial potencial de los indgenas.Por otra parte, el Estado dict una ley de colonizacin en 1845 sentando las bases de la futura llegada de colonos extranjeros. Tal como lo seala Carmen Norambuena, las autoridades y las lites sostenan un ideario centrado en dos aspectos: la civilizacin y el progreso por una parte, la utopa agraria por el otro. El primero enunciaba que el contacto con gentes civilizadas europeas provocara la transformacin de las deficientes costumbres de la gente de la frontera. El segundo, fundamentado en la idea productivista segn la cual una tierra que no est trabajada racionalmente y en forma contnua es una tierra balda, sostena la urgencia que tena el pas de poner en produccin grandes espacios territoriales que se presentaban como verdaderos desiertos demogrficos. Como consecuencia directa de esta ley se instalaron colonos alemanes en la Isla de la Laja y en las provincias del sur chileno (Valdivia, Osorno). En los aos 1880, son casi 7.000 colonos del viejo continente que se establecieron en la Araucana. Terminada la conquista por las armas, vendran el segundo plan de colonizacin y la urbanizacin acelerada de los antiguos territorios indios.Con las leyes de denuncios de 1835 y de colonizacin de 1845, se inicia una poltica que tiende a apagar la soberana autctona a travs de diversas decisiones y medidas legislativas unilaterales que ya no consideran los acuerdos pasados durante los parlamentos republicanos. Es as como en 1852, asestando otro golpe a la soberana indgena, se crea por ley la Provincia de Arauco. Esta comprende en su demarcacin los territorios de indgenas situados al Sur del Bo-Bo y al Norte de la provincia de Valdivia. La integracin administrativa iba a buen paso.Finalmente, los contratos de compraventa, arriendo, cesin de derechos involucrando a mapuches sirvieron para traspasar a manos criollas, va la ley de 1866, vastos territorios indgenas (44). La ley de 4 de diciembre 1866 marca un hito en la poltica de despojo legal. Contempla el deslinde, por una comisin de ingenieros, de los terrenos pertenecientes a indgenas y declara baldas y, consiguientemente, propiedad del fisco las tierras sobre las cuales no se puede probar la ocupacin efectiva y continuada de un ao. Como lo seala un estudio sobre legislacin indgena: Este es el origen de la Comisin Radicadora y de los Ttulos de merced. [] Mediante la aplicacin de esta norma [sobre tierras baldas] la Comisin Radicadora que oper con posterioridad fue privando a los indgenas de la mayor parte de sus suelos. Bastaba para ello con no tener por probada la posesin efectiva y continuada a lo menos de un ao sobre los terrenos que realmente ocupaban los mapuches. La misma ley dispone que los terrenos que el Estado posea actualmente y los que en adelante adquiera se vendern en subasta pblica en lotes que no excedan de quinientas hectreas, pagndose el precio en cincuenta anualidades iguales, sin intereses. En suma, la ley de 4 de diciembre de 1866 facilit la apropiacin de las tierras de indgenas, tanto por el Estado como por los particulares.La estrategia legal de colonizacin iba, a partir de esa fecha, a combinarse con la conquista militar. En el ao 1862, empieza, en un clima cada vez ms antiindgena, la llamada pacificacin de la Araucana. La lnea de frontera avanza desde el Bo-Bo hasta el Malleco. El jurista chileno Jos Aylwin describe en esos trminos el plan de conquista del territorio indgena ideado por Coronel Cornelio Saavedra: En 1861 por encargo del gobierno, ste [Saavedra] delnea un plan de ocupacin gradual de la Araucana que el mismo ao ser presentado al Congreso. Su plan, en sntesis, consista en el adelantamiento de la lnea fronteriza hasta el ro Malleco, lnea que sera protegida con la construccin de una serie de fuertes, dejando como territorio mapuche independiente aquel comprendido entre el Malleco y el Toltn; la subdivisin y posterior enajenacin de los terrenos del Estado comprendidos entre el Bo-Bo y el Malleco; y en la colonizacin por extranjeros de los terrenos de la Araucana . En este plan regulador impulsado por el Estado, que tena como objetivo controlar la colonizacin espontnea que se haba dado hasta el momento, el ejrcito jugaba un papel central. La mecnica de despojo legal apoyado en la fuerza militar y determinado por la nueva dinmica econmica indujo lgicamente la merma del territorio indgena. El mismo Saavedra afirmaba: El Estado puede entrar a enajenar ventajosamente las grandes extensiones de terrenos baldos que existen entre dicho ro [el Malleco] y el Bo-Bo. Se puede estimar en no menos de 500 mil hectreas los terrenos comprendidos entre los ros mencionados, el Vergara y la montaa que est al pie de la cordillera de los Andes. De esta porcin permanecern 200 mil hectreas a propietarios civilizados, 50 mil a los habitantes indgenas y el resto debe considerarse baldo y por consiguiente de propiedad del Estado.No fue este el periodo ms sangriento de la famosa guerra de pacificacin puesto que la labor fraudulenta de numerosos especuladores, las ventas al fisco, las donaciones y arriendos de terrenos y la penetracin espontnea diezmaron gran parte del territorio indgena por conquistar. Sin embargo la ltima fase de la ocupacin de la Araucana haba comenzado. Se fundaron fuertes en lugares estratgicos, un ejrcito compuesto por 7.000 hombres comenz a avanzar legitimado en su accin por la ideologa racista que se haba impuesto entre la lite chilena.En efecto, ya no se trataba de establecer relaciones comerciales o alianzas polticas con los indgenas. El objetivo era desde ahora conquistar el territorio an libre, fijar las poblaciones indgenas en reservas, despejar terrenos para los nuevos colonos e incentivar la explotacin racional del suelo en oposicin a las etnocidaria que vena a negar toda posibilidad de soberana de los indgenas sobre sus propios territorios. Las antiguas instituciones fronterizas (comercio, parlamento) y con ellas la dinmica del antiguo espacio fronterizo haban muerto. Los hordas de salvajes sangrientos no pueden ser consideradas como comunidades polticamente organizadas, pensaban las autoridades, y por lo tanto un Estado civilizado no puede contractar con ellas. En este contexto, los grupos indgenas perdan toda existencia jurdica y deban acatar las leyes superiores del Estado-Nacin chileno: La Cmara sabe que nuestra Constitucin poltica determina que los lmites de Chile son: por el norte el desierto de Atacama, al oriente la cordillera de los Andes, por el sur el cabo de Hornos y al poniente el mar Pacfico. Esto significa claramente que dentro de esos lmites no puede haber nadie que no obedezca en todo las leyes de Chile, afirmaba en 1868 el ministro de Hacienda Vicente Reyes. Prosegua en esos trminos: Los ciudadanos y los extranjeros tienen la obligacin de obedecer las leyes de Chile so pena de incurrir en los castigos que ellas sealan a la infraccin. Si esto es cierto; si tampoco puede desconocerse que hay una fraccin de habitantes en nuestro territorio que se llama araucanos, pero que para m son tambin chilenos, en virtud de qu derecho se les quiere eximir de la obediencia a nuestras leyes? [] Es o no un hecho que hay en Chile habitantes que no reconocen nuestra autoridad, ni ejercen uno solo de los actos de la vida civilizada, y que no tienen nuestra religin? Es cierto. Chile no debe soportar eso sin mengua de su dignidad y de su nombre. En conformidad con la doctrina dominante de la poca, los juristas chilenos sostenan que los nicos derechos territoriales vlidos eran los existentes en el seno de las sociedades organizadas segn las formas polticas modernas, las del Estado. En un contexto en que el evolucionismo se haba impuesto como ideologa dominante, los pueblos civilizados tenan el deber de hacer caso omiso de los derechos de los salvajes. Deban combatir la barbarie, como lo dice el ministro Reyes o dominar por la fuerza esa raza salvajey perversa, de vil naturaleza, que posee una crueldad congenital y horripilante como lo pregonaba en un discurso lleno de odio el diputado e historiador Benjamn Vicua Makenna. La prensa (El Mercurio, El Ferrocarril) alimentaba la imagen de un indgena impermeable a la empresa de civilizacin, de una sociedad autctona hecha de hordas de indios ladrones indmitos. Estamos lejos de la poca en que los patriotas ensalzaban la imagen del guerrero araucano bravo y precursor del destino nacional. El estereotipo del indio sangriento y traicionero se haba impuesto. Las mentalidades estaban preparadas para el golpe final.Entre 1870 y 1878, la lnea de frontera avanz hasta Traigun. Una vez terminada la guerra del Pacfico, la segunda etapa de ocupacin del territorio indgena, la ltima y la ms violenta, se desarroll entre los aos 1881 y 1883. La campaa militar, que bajo muchos aspectos se parece a las antiguasmalocashispanocriollas del siglo XVII (cosechas y ranchos quemados, ganado robado, mujeres y nios tomados prisioneros), se acab en 1883 con la refundacin de la ciudad precordillerana de Villarrica. La singular resistencia de los Mapuches haba terminado. Los principios que dominaban la doctrina jurdica en la poca clsica (igualdad jurdica, universalidad, autodeterminacin) y que las autoridades coloniales y republicanas tempranas haban sido constreidas a respetar en razn a la resistencia indgena haban sido desplazados por el nuevo discurso positivista y modernizador.31Se abra entonces una nueva etapa, la radicacin y la integracin de los Mapuches como minora tnica y pueblo derrotado al Estado-Nacin chileno.

La colonizacin interna: regulacin estatal, radicacin indgena y marginacin sociohistrica (1883-1927).

Existe una continuidad a nivel de las normativas entre el periodo anterior a la ocupacin definitiva de la Araucana y los aos post-pacificacin. Empero, si la ley de 1866 ya estableca mecanismos de radicacin de los indgenas, deslindes de terrenos por parte de una comisin de ingenieros, regulacin de la colonizacin espontnea y apropiacin por el fisco de las tierras consideradas baldas, no es sino a partir de los aos 80 que estas medidas se aplicaran en toda su magnitud y sobre la casi totalidad de la Araucana histrica. Inmediatamente obtenido el sometimiento mapuche, las autoridades tomaron disposiciones tendiendo a afianzar la ocupacin de las tierras conquistadas y establecieron el marco jurdico e institucional en el cual se regularan las relaciones entre el Estado, los particulares y los indgenas durante ms de cuatro dcadas.De manera general se puede decir que la poltica indgena del Estado en las primeras dcadas post-pacificacin se limit al asunto territorial. De hecho, las distintas normativas no buscaron establecer relaciones con los indgenas ni implementar programas tendiendo a su incorporacin a la sociedad nacional. La preocupacin de las autoridades, en esta zona recin conquistada, era delimitar esferas de influencias entre el Estado y los particulares. Esta obra de normalizacin y de organizacin del dominio estatal en la frontera surea hizo que, en alguna medida, los indgenas no fuesen los verdaderos destinatarios de las distintas leyes. Tal como lo escribe Mylene Valenzuela: la legislacin que se dict [] se dirigi a solucionar el problema de la propiedad indgena, a reglamentar su adquisicin, la celebracin de los contratos, la concesin de derechos reales, deslindamiento, fundacin de poblaciones y colonias, radicaciones, etc. En sntesis, el objeto de la regularizacin legal se centr nicamente en la ocupacin, distribucin, transferencia y delimitacin de la propiedad inmueble indgena.Al abordar con normas de excepcin la sla cuestin de la terratenencia mapuche, la legislacin dejaba los otros mbitos del funcionamiento de la sociedad mapuche (herencia, delitos, obligaciones, etc.) bajo la reglamentacin del Cdigo Civil (1857). Ello vena a negar por omisin toda validez al derecho consuetudinario indgena e ignorar la particularidad cultural de los pueblos autctonos. Los Mapuches, derrotados, se transformaron en objeto del derecho y perdieron rapidamente toda visibilidad en un Estado-Nacin que daba por sentado que el proceso de chilenizacin se iba a dar sin tropiezos. As, la derrota militar, la estatizacin de los mecanismos de funcionamiento sociopoltico, la poltica de urbanizacin y la presin ejercida por los nuevos poderes regionales tuvieron consecuencias dramticas para los grupos mapuches. Constreidos a radicarse en reducciones que abarcaron apenas el 6% de su territorio histrico, los autctonos fueron sometidos a un proceso de campesinizacin y de pauperizacin.Tres eran los ejes de accin definidos en la nueva ley de 20 de enero de 1883: la radicacin de indgenas, la enajenacin de tierras fiscales en pblica subasta y el otorgamiento gratuito de terrenos a colonos extranjeros y nacionales por el Estado. En cuanto al primer punto, la Comisin Radicadora de indgenas otorg, entre 1884 y 1920, un total de 2.919 ttulos de merced, sobre 526.285 hectreas de terreno, para 83.170 personas. Vastas zonas de las provincias (Valdivia, Osorno, LLanquihue, Alto Bo-Bo) no recibieron la visita de la comisin y quedaron sin ttulos. Al terminarse el proceso de radicacin los Mapuches, quienes antiguamente poblaban un territorio de aproximadamente diez millones de hectreas (Arauco por el norte, Llanquihue por el sur), se quedaron con poco ms de 500.000. Con un promedio de 6.8 hectreas por persona, la dotacin en tierra de los indgenas se encontraba muy por debajo del promedio otorgado a los nuevos colonos nacionales y extranjeros (50 y 500 hectreas respectivamente). El patrimonio colectivo indgena haba sido severamente mermado. Los ricos agro-pastores y comerciantes del periodo colonial y republicano temprano haban sido transformados en campesinos pobres. Finalmente, al entregar el ttulo de merced allonkode una comunidad, la ley de radicacin y sus funcionarios coloniales, ignorando la existencia de la posesin individual (i.e.condicionada por la pertenencia al grupo) que reglamentaba el acceso a la tierra al interior de las unidades sociales indgenas, inventaron el mito de la propiedad colectiva ubicada bajo la autoridad de un jefe. Los antiguos distritos sociopolticos desaparecieron y la nueva divisin territorial vino a sobreponerse a la estructura socioterritorial imperante en los siglos anteriores. La desorganizacin de las estructuras tnico-polticas macroregionales desemboc en la formacin de una estructura aislada de comunidad reduccional. Todo conflicto en materia de tierra deba desde ahora resolverse ante el Protector de indgenas, es decir afuera de los mecanismos internos a travs de los cuales se diriman tradicionalmente los conflictos. En fin, al transformarse en minora tnica, el pueblo mapuche empez a ser sometido al sistema de dominacin global y se ubic en una situacin de dependencia respecto del Estado-Nacin y de la sociedad dominante.Centro de la poltica indgena (y no indigenista) del Estado, la radicacin fue pensada como una medida de espera. Ahora bien, aunque concebidas comomouroirsculturales, las reducciones resultaron ser un lugar de reestructuracin y de resistencia cultural frente al modelo dominante (64). Podemos entrever ah un efecto perverso (i.e. no querido o no esperado) de la poltica de hecho segregacionista del Estado chileno. Al despreocuparse de la situacin econmica, social y cultural indgena, al aislar y concentrar la poblacin mapuche en reservas, las autoridades crearon las condiciones para que esta cultura se reprodujera y que la identidad autctona perviviera. As es como en ausencia de una poltica indigenista asimilacionista o integracionista coherente, la especificidad mapuche se mantuvo. Pero la perpetuacin de esta especificidad en una situacin de subordinacin tuvo un precio: la marginacin social y el empobrecimiento. Derrotados y subordinados, los Mapuches tendieron a desaparecer del escenario social nacional. Es durante este momento histrico que los indgenas perdieron visibilidad. El hecho de que Chile hubiera entrado en un proceso de imaginarizacin de la nacin como blanca, europea o criolla y que el Estado se hubiera construido sobre unas bases centralistas determin en gran parte el proceso de relegacin del Mapuche en los mrgenes de la sociedad y de la historia nacional. De hecho, a pesar de las considerables diferencias existentes en las propuestas de las distintas organizaciones indgenas que se constituyeron en las primeras dcadas del siglo XX, es dable notar que todas insisten en la situacin de postergacin social, econmica y cultural en que se encuentra su pueblo.Como en otros territorios indgenas sometidos a un proceso de conquista y colonizacin interna, el sistema de reservas aparece aqu en toda su ambigedad. Espacio de espera y postergacin ajena a la dinmica de crecimiento y de urbanizacin que lo rodea, sometida a un sistema de opresin y extorsin combinada, la reduccin aparece tambin como un lugar a partir del cual los colonizados intentan enderezar un destino torcido y resistir culturalmente. Pero en los aos 30, la poltica para con los indgenas iba a conocer un nuevo vuelco. La divisin de las comunidades y la asimilacin sociocultural del Mapuche se impusieron como los dos pilares de la solucin definitiva al problema indgena. El desarrollo econmico, la inculcacin del arbitrario cultural occidental a travs de la educacin y de la salud y la igualdad de derechos (aunque sea formal) deban producir un efecto homogeneizador sobre los componentes ms atrasados de la sociedad nacional.DIVISIN DE LAS COMUNIDADES, POLTICA ASIMILACIONISTA Y ORGANIZACIONES ARAUCANAS (1927-1970)

Si bien, a partir de fines de los aos 20, la poltica indgena impulsada desde el Estado tuvo un cariz claramente asimilacionista, hace falta tener en cuenta el papel jugado por las organizaciones indgenas y sus dirigentes durante este nuevo periodo. En efecto, stos se transformaron en verdaderos actores sociales y polticos e intentaron influir en la definicin de las nuevas normativas dictadas en relacin a la divisin de las comunidades y a la recuperacin de las tierras usurpadas. A pesar de las opiniones encontradas a propsito del tema de la divisin de las comunidades, tanto lderes indgenas como comuneros compartan la idea de que el sistema de reduccin imperante resultaba totalmente insatisfactorio. La escasez de tierra, el aislamiento, la marginacin y la ruptura con las jerarquas tradicionales constituan los mayores obstculos al adelantamiento de la entonces llamada raza araucana.Ahora bien, cada organizacin tena su propia concepcin sobre el camino a seguir para salir de la pobreza y del estancamiento.La Sociedad Caupolicn (fundada en 1910) insista en la necesidad de educarse (trocar las armas por la instruccin, el fusil por el arado) y fomentar los nexos con el mundo poltico indigenistawingka. Su principal figura, Manuel Manquilef, defini desde el inicio el campo de lucha de la agrupacin que diriga desde 1916: exigir la radicacin de los mapuches no radicados, el no pago de contribuciones, la subdivisin de las comunidades, educacin, denuncia y amparo constantes de los atropellos sufridos por los indgenas. Empero, en 1926, la Sociedad Caupolicn, encabezada por su nuevo presidente Arturo Huenchulln, se opuso a la ley de divisin (1927), cuyo principal artfice haba sido el profesor Manquilef, ex-presidente de la agrupacin y desde 1925 diputado del Partido Liberal. El argumento avanzado por los dirigentes de la Sociedad era que al dividir las comunidades y al terminar con las normativas cautelares se instaurara una igualdad de derecho que superpuesta a la desigualdad socioeconmica autctona con los no-mapuches iba a acentuar el proceso de usurpacin y pauperizacin. A partir del ao 1931, la Sociedad Caupolicn, encabezada por el joven empleado de la Ford, Venancio Couepn, iba a tomar otro rumbo. Segn el presidente de la nueva Corporacin Araucana (1938) ya no se trataba de esperar ayudas o iniciativas exteriores. Es a travs del desarrollo econmico, de la ocupacin de espacios dentro de las instituciones estatales y desde la antigua tradicin de los caciques gobernadores que se trataba de luchar para la igualdad de derechos y el progreso del pueblo Mapuche. Como veremos ms adelante, esta estrategia indigenista, populista e integracionista desarrollada por Couepn condujo la Corporacin Araucana a formar una suerte de partido mapuche con dirigentes ubicados en lugares claves de la institucionalidad chilena. Frente a la amenaza que representaba el avance poltico indgena, los poderes econmicos regionales y el Partido Agrario Laborista promovieron al dictado de una nueva ley (1961) cuyo objeto era acelerar el proceso de divisin y acabar con la existencia de un grupo tnico separado del resto de la Nacin chilena.La otra organizacin que jug un papel importante en la definicin de una propuesta indgena original fue la Federacin Araucana. Nacida en 1916, hablaba desde el lugar de la identidad ancestral adaptndose al nuevo campo de luchawingka. Fue la primera en enfrentar directamente los poderes de Estado y econmicos. Propuso la creacin de una Republica Indgena y defini un proyecto de autonoma. Su lder, Manuel Aburto Panguilef, aliado de los partidos izquierdistas, tena un discurso con acentos milenaristas en que se mezclaban reivindicaciones de justica social para mapuches y obreros con aspiraciones nativas que le haban sido reveladas en sueos.Precursora de una propuesta sincrtica y autonomista, la Federecin Araucana fue demonizada y tildada de procomunista por los sectores ligados a la Iglesia y al poder latifundista regional.Finalmente, la Unin Araucana, gestada en 1926 bajo la tutela de los Capuchinos, propona la occidentalizacin de la cultura mapuche y la entrada del indgena a la modernidad. El lema de la organizacin durante la Asamblea de 1936 fue Religin, Patria, Familia, Cultura y Trabajo. Es a travs de la evangelizacin, de la educacin y de la asimilacin que la miseria y las injusticias de que era vctima esta raza dotada de cualidades fsicas y morales innegables iban a ser superadas. Sacar los indgenas a la luz y al uso de la Iglesia y de la Nacin, tal era el objetivo.43De las tres organizaciones indgenas mencionadas, la que iba a jugar un papel descatado dentro del nuevo escenario fue la Sociedad Caupolicn, y en particular dos de sus mximos dirigentes:Manquilef y Couepn. El primero particip como diputado en la elaboracin de la ley de 4 de agosto de 1927. Esta normativa tuvo una importancia radical puesto que contena las nuevas orientaciones que marcaran la poltica indgena de este perodo.En su artculo primero estipulaba la creacin de un Tribunal Especial que tena dentro de sus atribuciones proceder a la divisin de las comunidades indgenas con ttulo de merced y la restitucin integral de las tierras adjudicadas durante el perodo de la radicacin. En 1930 se dict una nueva ley que, como la anterior, tena como meta concluir con el sistema de las comunidades mediante la aceleracin de las divisiones y su posterior incorporacin al sistema legal comn. Bajo la presin de los terratenientes el Tribunal Especial fue sustituido por cinco juzgados de indios. Finalmente, el decreto ley de 20 de mayo 1931 puso fin a la divisin obligatoria de las comunidades al exigir que por lo menos la tercera parte de los comuneros la pidiera. Como lo seala Valenzuela, si bien la ley no consagr la indivisibilidad absoluta de la propiedad indgena, por lo menos, permiti la paralizacin de las divisiones. Con todo, la participacin indgena fue mnima y el proceso de divisin haba comenzado. Y a pesar de que la integracin de los autctonos al derecho comn se realizase considerando su grado de civilizacin o instruccin, el sistema de transferencia de la propiedad indgena (capacidad de celebrar contratos, gravar o enajenar las hijuelas adjudicadas durante el proceso de divisin) ya tena vigencia legal.Si exceptuamos el periodo durante el cual los mapuches obtuvieron, con la nominacin de Couepn como Ministro de Tierras y Colonizacin del General Ibaez (1952) y la creacin de la DASIN,su primer reconocimiento por parte del Estado, constatamos que los aos que corren desde la primera ley de divisin (1927) hasta la ley indgena de 1972 se caracterizaron por un empeoramiento de la situacin poltica, econmica, social y cultural de los autctonos.A nivel organizativo, la derrota del movimiento indigenista generado por la Corporacin Araucana de Couepn y la diseminacin de las agrupaciones en todo el espectro polticowingkaa partir de 1960 signific la imposibilidad de llegar a una necesaria unidad tnica. A nivel de tierras, el total de comunidades divididas entre 1931 y 1971 fue de 832. Dadas las frgiles protecciones otorgadas por las distintas leyes, se calcula que alrededor de 100.000 hectreas de las antiguas comunidades pasaron a manos de particulares no-indgenas.El debilitamiento econmico se expres tambin a travs del proceso de minifundizacin progresiva (prdida territorial y/o crecimiento demogrfico) acompaado del proceso de transferencia de excedentes internos mediante las relaciones desiguales con los mercados locales.Correlativo a este desmejoramiento neto de las condiciones econmicas, se gener un proceso de proletarizacin. La captacin de una parte del valor del producto por el mercado y la minifundizacin condujeron a muchos jvenes a migrar hacia las ciudades para incorporarse a los estratos ms bajos del proletariado urbano. Pero como bien sabemos cuando un indgena ha vendido su tierra y gastado su plata, no deja de ser indgena, se vuelve simplemente un indgena sin tierra. De suerte que concomitante al proceso de pauperizacin, los Mapuches de reas rurales y urbanas fueron sometidos a una subordinacin social y cultural sin precedente. Estigmatizados como indios, insertados en una sociedad que justificaba la estratificacin intertnica en base a un conjunto de estereotipos y prejuicios, los Mapuches fueron objetos de una poltica deliberadamente etnocntrica y asimilacionista. La intervencin de la sociedad dominante a nivel educacional se hizo sentir a partir de la ley de instruccin primaria de 1926 y se renforz a travs de las disposiciones contenidas en la ley de 1961 sobre creacin de centros educacionales en las reservas. Las escuelas se multiplicaron en las zonas rurales imponiendo el arbitrario cultural occidental, acentuando la dinmica de aculturacin impuesta pero sin entregar reales oportunidades de insercin en la sociedad dominante. La distribucin desigual de los recursos culturales (capital cultural) y de las oportunidades (capital social y econmico) tendi a intensificar la dinmica aculturativa de insercin social subordinada. Instrumento de control cultural por excelencia, la educacin monocultural monolinge fue acompaada por la imposicin de programas en salud que no tomaban en cuenta las concepciones autctonas del cuerpo y de la enfermedad.El proyecto homogeneizador, progresivamente y gracias a la pauperizacin de los indgenas, iba a intervenir en todos los sectores de la realidad social autctona. La violencia simblica ejercida por los dispositivos ideolgicos de estado hizo que para muchos la lucha contra la discriminacin se identificara con el esfuerzo por la asimilacin de la cultura nacional y con la lucha por la ascencin social individual en la estratificacin de clase. Tal como lo escribe Cantoni, al final de este periodo, la cultura mapuche se preserv como cultura de enclave reforzada por elementos caractersticos de una cultura de resistencia.En fin, puede decirse que durante este periodo la legislacin indgena ha sido esencialmente antiindgena y que la poltica indgena ha sido marcadamente asimilacionista.RECONOCIMIENTO DE LAS CULTURAS INDGENAS Y POLTICA DE INTEGRACIN: CONVERSIN INTERRUMPIDA CON EL PUEBLO MAPUCHE (1970-1973)

La nueva dinmica social, econmica, poltica y cultural en que entr Chile a partir de los aos 60 y que desemboc en la formacin del gobierno de la Unidad Popular tuvo implicancias sobre la poltica indgena estatal. En primer lugar, el proceso de Reforma Agraria iniciado bajo el gobierno de Alessandri (ley de 1962) y que tomara un cariz ms radical bajo el gobierno socialista de Salvador Allende no poda dejar de afectar a una poblacin mapuche en su mayor parte rural(88).En segundo lugar, el reconocimiento de la especificidad cultural indgena por parte del Ejecutivo planteaba por primera vez los problemas de la participacin efectiva de los pueblos autctonos en el desarrollo regional y nacional as como de su insercin en la sociedad desde una ptica cultural pluralista.Ahora bien, las polticas aplicadas por el Estado con respecto a los indgenas en general y a los mapuches en particular no escap del todo al escollo etnocntrico. Para algunos intelectuales de la poca, la estratifiacin intertnica representaba la forma colonial de la estratificacin de clase y la subcultura mapuche determinaba una identidad tnica que dificultaba la emergencia de una clara conciencia de clase entre los indgenas. Segn otros, y desde una ptica voluntarista que poco tena que ver con la lgica socioeconmica autctona, la comunidad indgena deba recuperar los rasgos colectivistas que la habra caracterizado antes de que las mltiples leyes de divisin y la lgica de mercado hubieran empujado a los comuneros hacia la situacin de pequeos propietarios individuales. Pero a pesar de esas limitaciones, la poltica indgena implementada por la UP se diferenci por lo menos en cuatro aspectos de la perspectiva asimilacionista adoptada desde que fuera dictada la primera ley de divisin de 1927: reconocer la existencia en el territorio nacional de grupos culturalmente diferenciados, hacer del asunto indgena un problema nacional, reconocer la deuda histrica que tena el Estado para con los indgenas y sacar a la luz el tema de la participacin autctona.Al reconocer oficialmente, en su proyecto de ley, que los indgenas haban sido despojados, marginados y discriminados durante dcadas, el Ejecutivo abri el camino hacia la legitimacin de las antiguas reivindicaciones indgenas relativas a la escasez de tierras. Recogiendo las ideas planteadas por las propias organizaciones indgenas durante el primer y segundo Congreso Nacional Mapuche (1969 y 1970), las autoridades enviaron al Congreso un proyecto de ley que, despus de numerosas enmiendas y apasionadas discusiones, fue aprobado en 1972.Cules fueron los aspectos claves de esta nueva ley indgena y de qu modo stos se insertaban en el programa ms general de reformas sociales y econmicas puesto en marcha por la UP?.En primer lugar, la ley reconoci la pluralidad cultural existente en Chile. Si bien no integr la autoidentificacin como factor que permitiera determinar la calidad de una persona como indgena, logr desvincular la definicin de la identidad indgena de la pertenencia a zonas rurales (90). Tanto en la preparacin de la ley como en los programas posteriores, las autoridades contaron con la colaboracin de cientistas sociales (antroplogos, socilogos, economistas), lo que demuestra que por primera vez se enfocaba el problema indgena como un asunto social y tambin cultural. Despus de haber sido silenciado durante dcadas el tema indgena volva a tener visibilidad en la sociedad chilena.Otro objetivo de la ley 17.729 era poner trmino al proceso de divisin e impulsar la recuperacin de tierras a travs de la restitucin de las tierras usurpadas y la expropiacin. El total de tierras restituidas a los mapuches durante este breve periodo fue de 68.381 hectreas.El tercer objetivo era promover el desarrollo econmico y social indgena. Eso se lograra a travs de la transformacin del sistema de tenencia y explotacin individual de la tierra por frmulas cooperativas y comunitarias. El desarrollo deba ser integral (econmico, social y cultural) por lo que el Instituto de Desarrollo Indgen estuvo encargado de llevar a cabo una poltica que respetara la idiosincracia y las costumbres de los indgenas. Al prever la incorporacin de indgenas al Consejo de Direccin Superior del IDI se busc la participacin activa de los autctonos en la promocin del progreso e integracin sin asimilacin. El IDI tena facultades para conceder crditos agrcolas y asistencia tcnica, capacitar a los indgenas, promover e integrar a las culturas autctonas, elaborar programas de alfabetizacin, promocionar el desarrollo de la artesana y fomentar el ingreso de indgenas en las universidades.Por primera vez en su historia el Estado chileno implementaba una poltica propiamente indigenista. Obviamente, el gobierno de Allende encaus la cuestin mapuche dentro de los marcos de su propia lucha ideolgica. Indudablemente, quedaba por definir el contenido concreto de la nocin de integracin en el respeto de la idiosincrasia indgena. Evidentemente, las normas de desarrollo educacional contenidas en la le