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Intervención de la C. Secretaria de Desarrollo Social, Ana Teresa Aranda, en la Conferencia de Alto Nivel “Promover la cohesión social: Las experiencias de la Unión Europea y América Latina y el Caribe” organizada por la Unión Europea (UE) 27 y 28 de marzo de 2006. Bruselas, Bélgica Retos para la Cohesión Social en América Latina y el Caribe
I. Antecedentes
Quiero iniciar reconociendo que la Unión Europea y América Latina y el Caribe hemos logrado avances importantes en el fortalecimiento de la cooperación política y económica, desde la realización de la Primera Cumbre Birregional de Jefes de Estado y de Gobierno de Río de Janeiro, en 1999.
En mayo de 2004, en Guadalajara, identificamos la responsabilidad común de construir sociedades más justas e incluyentes.
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Ahí decidimos que la cohesión social sería un objetivo compartido y el eje esencial de la relación entre ambas regiones. También decidimos buscar activamente soluciones a los retos que enfrentamos en esta materia.
La cohesión social es vital para avanzar en el desarrollo integral de la población. Reforzarla es un compromiso que debe atenderse a nivel nacional, regional y mundial para lograr una definición más clara de responsabilidades entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil.
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A nombre del Gobierno de México, que ocupa la Presidencia del Grupo de América Latina y el Caribe de la Cumbre Unión Europea – América Latina y Caribe, quisiera refrendar el día de hoy este compromiso con la cohesión social, a fin de identificar estrategias y acciones concretas que incidan en el desarrollo de nuestros pueblos.
La consolidación de la democracia en la región se ha traducido en un compromiso con el combate a la pobreza y la exclusión social, y ha permitido avanzar en una institucionalización de la política social.
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El fortalecimiento de las instituciones ha permitido a los países de la región progresar hacia una mejor coordinación de los esfuerzos de combate a la pobreza, el diseño de sólidos programas de transferencias condicionadas y el impulso a estrategias para el desarrollo local y la inversión en infraestructura.
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II. Pobreza y desigualdad
La pobreza y la desigualdad siguen siendo los mayores retos de América Latina y el Caribe.
En este contexto, la formulación y aplicación de políticas públicas centradas en un desarrollo integral resulta fundamental pues, como sabemos, el crecimiento económico es una condición necesaria pero insuficiente para reducir la pobreza y la desigualdad.
En el periodo 1990-2004 la tasa promedio anual de crecimiento del PIB en la región fue de tan sólo 2.7 por ciento, la mitad del crecimiento de 5.5 por ciento observado entre 1950 y 1980.
La región enfrenta el doble reto de integrarse con más dinamismo a los mercados mundiales, y de cerrar las brechas de equidad, exclusión y deterioro ambiental.
En América Latina y el Caribe existe una notable rigidez de la desigualdad en la distribución del ingreso.
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Ello limita la reducción de la pobreza extrema, a pesar de los esfuerzos de nuestros gobiernos por aumentar el gasto público social, que creció del 10.1 al 13.8 por ciento del PIB regional entre 1990 y 2002.
Cifras del Banco Mundial nos dicen que en la región el 10 por ciento más rico de la población percibe 48% del ingreso total, mientras que la décima parte más pobre sólo percibe 1.6%. En contraste, en los países industrializados el primer grupo recibe 29.1% del ingreso, mientras que el segundo recibe 2.5%.
La desigualdad, tanto entre países, como entre regiones al interior de estos, no ha sido ajena para la Unión Europea.
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Para atender estas asimetrías, la Unión Europea estableció desde 1957 el Fondo Social Europeo que tiene por objeto mejorar las capacidades de las personas y, por tanto, sus oportunidades laborales, y en 1975 instituyó el Fondo Europeo de Desarrollo Regional con el fin de apoyar a las regiones más rezagadas.
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Los resultados de la aplicación de estos fondos han sido exitosos, y han permitido la convergencia entre países y regiones con diferentes niveles de desarrollo.
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Si bien sería prematuro pensar en un Fondo similar entre países de América Latina, la experiencia de la Unión Europea a través de los Fondos Estructurales, podría ser de gran valor para los países de América Latina en el diseño y consolidación de sistemas de transferencias que permitieran equilibrar el desarrollo social de sus diferentes regiones.
En los años recientes el gobierno mexicano ha realizado grandes esfuerzos para combatir la pobreza y la desigualdad, y para cerrar las brechas en el desarrollo regional a través de programas con enfoque territorial.
El trabajo ha rendido frutos, pero todavía no estamos del todo satisfechos y el camino por andar es todavía largo y complicado.
Según las cifras oficiales de nuestro país, avaladas por un comité independiente de expertos en medición de pobreza, entre 2000 y 2004, 5.6 millones de personas dejaron la pobreza alimentaria o extrema. En estos datos coinciden organismos como la CEPAL y el Banco Mundial.
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Esto ha sido posible, gracias a programas basados en transferencias monetarias condicionadas, como Oportunidades, y a otros más que fortalecen la estrategia gubernamental para la dotación de capacidades básicas a la población en condición de pobreza.
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El Programa Oportunidades tuvo una notable expansión, ya que entre 2000 y 2005 amplió su cobertura para alcanzar a 25 millones de personas, casi la cuarta parte de la población de México.
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Además de su impacto directo en la reducción de la pobreza, evaluaciones independientes han demostrado la efectividad de este programa en incrementar la permanencia escolar y mejorar la salud y nutrición de los beneficiarios.
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Como sabemos, al aumentar las capacidades básicas de las familias se dan pasos firmes en la interrupción del ciclo intergeneracional de la pobreza.
Oportunidades ha sido un ejemplo exitoso del impacto de las transferencias monetarias focalizadas, de la corresponsabilidad social y del enfoque de género.
Por ello, estamos trabajando intensamente para que Oportunidades se sostenga en el largo plazo como componente de una política social de Estado, con objeto de que rinda resultados efectivos en materia de capital humano y de ruptura del círculo vicioso de la pobreza.
Sabemos que una de las mejores políticas sociales, es una buena política económica, y que las crisis económicas son grandes generadoras de desigualdad e inequidad social.
En el caso de México, a pesar de que el crecimiento de la economía no ha sido el deseado, la pobreza en el país se redujo.
Entre los principales factores que explican esta reducción en la pobreza se encuentran, en primer lugar, los programas de transferencias como Oportunidades, que incrementan
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el ingreso de los hogares a la vez que promueven el desarrollo de capacidades básicas entre la población más pobre.
La reducción observada también obedece en gran medida, a la estabilidad macroeconómica, reflejada en una baja inflación y en el incremento de los salarios reales asociado a ésta.
Ello constituye una clara prueba de que lo económico y lo social están íntimamente vinculados, y de que las políticas sociales activas deben ir acompañadas de una estrategia macroeconómica sólida que le dé certeza al patrimonio y los esfuerzos de las familias más vulnerables y que permita generar los empleos formales que demanda la población.
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III. Empleo, Educación y Protección Social
Es necesario avanzar hacia una política social para el empleo que permita no sólo mejorar el ingreso de los más desprotegidos, sino incorporarlos de lleno a la economía.
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Cuando el empleo es insuficiente e incierto se debilita seriamente la cohesión social, y esto mina los canales democráticos de participación hacia un proyecto colectivo de desarrollo.
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Al tiempo de reconocer que las instituciones de cada país responden a sus circunstancias particulares, la región de América Latina y el Caribe podría beneficiarse enormemente de la experiencia de la Unión Europea en la vinculación de la política social con la política de empleo.
No existen recetas únicas pero sí la posibilidad de trabajar en conjunto, compartiendo las experiencias y los resultados alcanzados.
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Durante la última década, 70 por ciento del empleo en la región ha estado concentrado en los sectores informales. Actualmente más de 25 por ciento de los miembros activos de las familias más pobres, trabajan en el sector informal y dedican todos sus ingresos laborales a subsistir.
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Es por esto que uno de los componentes prioritarios de la política social en México es la protección social para quienes han quedado fuera de los esquemas formales de seguridad social.
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El recientemente creado Sistema de Seguridad Social Popular de México coordina la provisión de salud, vivienda y ahorro para el retiro de la población que vive en situación de pobreza y que, en su mayoría, son trabajadores por cuenta propia.
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Es un primer paso para extender la seguridad social a los mexicanos que no tenían acceso a ella por su falta de vinculación con el empleo formal.
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La experiencia internacional subraya el papel del desarrollo social en el crecimiento y el desarrollo económicos. La educación es un aspecto crucial, como vemos en los países hoy desarrollados, cuyo despegue y continuo crecimiento económico se sostiene de manera importante en aumentos considerables en los niveles educativos de su población.
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Las políticas públicas que logren una ampliación en las oportunidades educativas de la población pobre, serán determinantes en lograr avances en la cohesión social.
En el caso de México, a través del Programa Oportunidades, 5.3 millones de niñas y niños reciben becas desde el tercer año del nivel básico hasta el nivel medio superior.
Además, en 2003, Oportunidades creó un componente de apoyo patrimonial para los jóvenes que completan los doce años de educación obligatoria, a través de una cuenta de ahorros que les permite continuar sus estudios, adquirir una vivienda, ingresar al Seguro Popular de Salud o iniciar una microempresa.
Un área en la que convergen lo social y lo laboral de manera muy clara, es en las políticas dirigidas a las familias.
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La Unión Europea está instrumentando con éxito políticas públicas que, por un lado, promueven una creciente solidaridad con los adultos mayores y, por el otro, permiten a los hombres y las mujeres compatibilizar su vida familiar con su vida profesional.
Si bien las condiciones demográficas de ambas regiones son distintas, el intercambio de experiencias en materia de una política familiar que promueva el desarrollo de sociedades más sanas, más igualitarias y más solidarias, también debería formar parte de la agenda de cooperación birregional.
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IV. Discriminación
Me gustaría referirme también a un reto que no ha sido motivo de suficiente discusión y análisis en América Latina y el Caribe. Se trata de la discriminación, particularmente hacia los indígenas, las mujeres y los adultos mayores, entre otros grupos vulnerables.
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Nunca habíamos contado con datos precisos sobre la dimensión de este problema en la sociedad mexicana.
Por ello, en 2005, la Secretaría de Desarrollo Social realizó por primera vez una Encuesta Nacional de Discriminación, de la cual me permito compartirles algunos datos:
Uno de cada cinco mexicanos considera que es natural que a las mujeres se les prohíban más cosas que a los hombres;
Uno de cada tres opina que es normal que los hombres ganen más que las mujeres;
Poco más de la mitad de las personas con algún tipo de discapacidad considera que ha sido discriminado en el trabajo debido a su condición;
Poco menos de la mitad de los indígenas opinan que no se les han respetado sus derechos por ser indígenas;
Tres de cada cuatro adultos mayores consideran que una persona de edad avanzada tiene pocas o nulas posibilidades de mejorar sus condiciones de vida;
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2 de cada 5 homosexuales dice haber sido víctima de un acto de discriminación en el último año.
Es una realidad que quizá comparten algunos países de la región, y que explican en buena medida la desigualdad social y la pobreza que prevalecen.
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Por eso consideramos que una de las principales líneas de cooperación entre América Latina y la Unión Europea en materia de cohesión social, se refiere a la generación y consolidación de mecanismos y políticas públicas para atacar frontalmente la exclusión de las mujeres, los indígenas, los niños y niñas, los discapacitados y todos los grupos que sufren discriminación.
V. La Declaración del Milenio y sus Valores
Quisiera referirme a continuación al cumplimiento de las Metas del Milenio que constituyen un compromiso de toda la comunidad internacional.
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México ha incorporado estas Metas a su agenda social, a través de un compromiso activo y del fortalecimiento de sus políticas públicas.
De las 12 metas que nos propusimos como país, tenemos una evolución satisfactoria en 11 de ellas, y en materia de reducción de la mortalidad infantil, estamos logrando avances progresivos.
El Gobierno Mexicano ha decidido ir más allá y plantearse objetivos más ambiciosos y más pertinentes con la realidad y las potencialidades de nuestro país.
Hoy, por ejemplo, queremos pasar de la educación primaria universal a la educación secundaria universal.
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En la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es fundamental reforzar la alianza entre los países desarrollados y los países en desarrollo para colocar la equidad en el centro de la atención mundial. Para ello se necesita reconocer las asimetrías entre ciudadanos y entre naciones.
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Se requiere un trabajo conjunto que permita a los países más atrasados redistribuir y movilizar más recursos internos, realizar las reformas pendientes a sus instituciones para adaptarlas a las prioridades nacionales, y adoptar medidas económicas y sociales que estimulen el desarrollo económico.
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Sin embargo, también es determinante que los países desarrollados apoyen activamente este proceso, aumentando y mejorando la cooperación para el desarrollo y la transferencia de tecnología.
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Como sabemos, la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas subraya la importancia de la cohesión social, al cimentar la agenda de desarrollo en valores como la libertad, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia y el respeto a la naturaleza.
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En relación con estos valores y la percepción que se tiene de ellos en América Latina y el Caribe, a continuación refiero algunas tendencias interesantes.
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Entre 2004 y 2005 la proporción de la población en la región que piensa que ha disminuido la corrupción en las instituciones del Estado, subió de 26 a 30 por ciento. Sin embargo, la gente piensa que 68 de cada 100 funcionarios públicos son corruptos.
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En la región, durante los últimos diez años, el porcentaje de la población total satisfecha con la democracia ha tenido altibajos entre 41 por ciento (1997) y 25 por ciento (2001). Parece preocupante que en 2005 sólo 31 por ciento de la población se declaró satisfecha con la democracia.
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Ello constituye un claro llamado a construir democracias más eficaces que den respuesta a los anhelos sentidos de nuestros respectivos tejidos sociales.
VI. Conclusiones
Hemos descrito algunos de los retos que enfrenta la cohesión social en América Latina, y que constituyen áreas potenciales de cooperación con Europa.
Para lograr el impacto deseado, es necesario fijar la cohesión social como centro de la cooperación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. También, establecer un diálogo bilateral y birregional para la transferencia de conocimientos y la búsqueda de respuestas a las preguntas que plantea la cohesión social en nuestras regiones.
Creo firmemente que el principal valor de este foro será, además de presentar los principales avances en materia de cohesión social, comenzar a discutir la forma y el alcance de los mecanismos de cooperación con el fin de que los Jefes de Estado y de Gobierno logren los acuerdos necesarios para reportar resultados en la próxima Cumbre de Viena.
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Quiero agradecer a la Comisión Europea la organización de esta Conferencia de Alto Nivel que, estoy segura, nos permitirá avanzar hacia el objetivo común de construir sociedades más prósperas, justas e incluyentes.
Muchas gracias