casos chile

REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN Ficha Nº099

Año de aparición en prensa Nombre mediático del caso País 1999

Casos Vinculados Caso Aulas Tecnológicas Chile No

Resumen caso En 1996 los diputados Víctor Pérez (UDI) y Lily Pérez (RN) denunciaron las irregularidades que se habrían cometido en la compra de aulas tecnológicas durante el gobierno del Presidente P. Aylwin (DC), siendo Ministro de Educación Ricardo Lagos (PS). Con base en informes generados por Contraloría, se llegó a la conclusión que se habría cometido “Fraude al Fisco” y se propuso emprender acciones civiles y penales el año 2000. Al parecer, el Ministerio de Educación (MINEDUC) habría pagado un monto superior a los US$ 4 millones de sobreprecio para adquirir aulas tecnológicas en un convenio con España. También se detectaron irregularidades en los contratos de equipamiento educativo con la empresa estatal española Fomento de Comercio Exterior (FOCOEX) (inversiones de aproximadamente US$ 13 millones). La Cámara de Diputados armó una Comisión Investigadora, la que concluyó que no hubo ilícitos, pese a que la Contraloría señaló que sí hubo irregularidades.

Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Fraude: Estafa al Fisco Ilegal 1996

Actores implicados 1. Ministerio de Educación 2. Empresa internacional española Fomento de Comercio Exterior (FOCOEX)

Denunciante (y cargo si aplica)

Lily Pérez (diputada, público alto) y Víctor Pérez (diputado, público alto)

Acusado/a (cargo y jerarquía)

Ricardo Lagos (Ministro de Educación, público alto)

Tratamiento del caso Situación del caso Administrativo Sí, Cerrado Político No Civil No Penal No Sistema Interamericano de Derechos Humanos

No

Sector Económico Terciario-Servicios educacionales Actores Afectados

1. Beneficiarios(as) de la política pública -Aulas Tecnológicas 2. Empresas competidoras en servicios educacionales.

Mayor información

Otras observaciones o comentarios

Fecha del registro: Agosto/2009



Casos Vinculados Caso Banco Central-INVERLINK Chile Caso Corporación del Fomento

(CORFO)-INVERLINK Resumen caso

El caso quedó al descubierto en febrero de 2003, cuando el presidente del Banco Central (Carlos Massad), encontró en su computador un mensaje de correo electrónico rebotado que contenía información confidencial. Dicho correo estaba dirigido al gerente general de Inverlink Corredores de Bolsa (Enzo Bertinelli), y había sido enviado por la secretaria de Massad (Pamela Andrada Díaz). A cambio de esta información económica privilegiada, Andrada habría recibido $42 millones pesos chilenos de manos de Bertinelli. El Banco Central se querelló por los delitos de “Cohecho” y “Violación de secreto” y “Violación a la ley de delitos informáticos”, contra Pamela Andrada y Enzo Bertinelli. Al año 2007 la investigación aún seguía su curso. No se lograron recabar más antecedentes, aunque el caso ha seguido siendo mencionado por la prensa a través del caso Corporación del Fomento (CORFO)-Inverlink, vinculado a este caso (ver ficha).

Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Cohecho/Soborno/Extorsión Ilegal No se accede al dato 2. Delitos informáticos Ilegal No se accede al dato 3. Violación al secreto público Ilegal No se accede al dato

Actores implicados 1. Empresa privada-INVERLINK 2. Bancos/Entidades Financieras-Banco Central


Carlos Massad (Presidente, público medio)


Pamela Andrada (secretaria, público bajo), Enzo Bertinelli (gerente general de empresa privada, privado alto)

Tratamiento del caso Situación del caso Administrativo No Político No Civil No Penal No se accede al dato Sistema Interamericano de Derechos Humanos

No

Sector Económico Terciario- Servicios Financieros Actores Afectados

1. Compradores(as)/Clientes 2. Empresas competidoras

Mayor información

Otras observaciones o comentarios Al año 2003, 1US$ equivalía a aproximadamente 691 pesos chilenos Fecha del registro: Agosto/2009



Casos Vinculados Caso Cancillería Chile No

Resumen caso El año 2008 se detectan irregularidades –“Adulteración de documentos contables”- en la Embajada de Chile en Perú, a propósito del control de cuentas que se realiza por el cambio de embajador. Se estima que el encargado del área de finanzas, Ricardo Harboe, defraudó al Fisco por aproximadamente $66.000.000 de pesos (US$ 100.000 aprox.). Se le aleja del cargo y se inicia un procedimiento administrativo. Una vez terminado dicho procedimiento, se inicia un procedimiento penal en su contra. Al momento de detectarse la irregularidad, era Embajador de Chile en Perú Cristian Barros.

Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Falsificación de documentos/Uso

malicioso de documentos Ilegal 2006, 2007, 2008

2. Fraude: Estafa al Fisco Ilegal 2006, 2007, 2008 Actores implicados

1. Ministerio de Relaciones Exteriores – Embajada en Perú Denunciante (y cargo si aplica) Ministerio Relaciones Exteriores, Ministerio Público Acusado/a (cargo y jerarquía) Ricardo Harboe Gaete (funcionario, público medio)

Tratamiento del caso Situación del caso Administrativo Sí, Cerrado Político No Civil No Penal Sí Abierto Sistema Interamericano de Derechos Humanos

No

Sector Económico No aplica Actores Afectados

1. Ciudadanos(as) de Chile Mayor información

1. El diario electrónico El Mostrador fue quien hizo público el caso. Ver http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulo/cancilleria_investiga_millonario_fraude_en_embajada_de_chile_en_peru





Casos Vinculados Caso Chiledeportes Chile Caso PUBLICAM-SERVEL, Caso

PUBLICAM Resumen caso

Mediante una investigación aleatoria, Contraloría detectó irregularidades en 70 de 77 proyectos de Chiledeportes, cometidas a fines de 2005, por un total de $417 millones de pesos. Frente al hecho, diversas querellas emergen. Un grupo de diputados conformado por los RN (Partido Renovación Nacional) Alberto Espina, José García Ruminot y Nicolás Monckeberg y de la UDI (Partido Unión Demócrata Independiente), Andrés Chadwick, Marcelo Forni y Julio Dittborn, interpusieron una querella por “Fraude al Fisco”, “Malversación de fondos públicos” y “Uso malicioso de instrumento privado”. En noviembre de 2006, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella por los ilícitos de “Fraude al Fisco”, “Falsificación de instrumento público” y “Apropiación indebida de dinero”. Por estos motivos, se detiene al ex Director Regional Metropolitano de Chiledeportes Juan Michel Salazar, del Partido Demócrata Cristiano, quien ocupó dicho cargo entre agosto de 2005 y abril de 2006, siendo acusado por “Fraude al Fisco”. Además, su primo, Mario Salazar, es declarado culpable por delito de “Estafa reiterada al Fisco”, por apropiarse de $23 millones de pesos, recibidos por proyectos de asignación directa que gestionó ante Chiledeportes. También fue acusado de fraude el ex jefe de Gabinete de Juan Michel (David Navarro), y el funcionario del Servicio de Impuestos Internos (Luis Jofré), quien fue procesado por “Fraude al Fisco”. Este último también estaba siendo investigado en el caso de facturas falsas de PUBLICAM, por lo que se realizaron investigaciones paralelas en ambos casos (ver ficha del caso). En enero de 2007, se conoce que otros 114 proyectos de asignación directa presentarían irregularidades, habiendo sido adjudicados en fechas coincidentes con la campaña electoral de 2005. De los $135 millones de pesos auditados por Contraloría, sólo 30 fueron regularizados a través de la entrega de antecedentes, por lo que al menos 104 millones de pesos correspondían a gastos no justificados. En abril de 2009, se inicia el juicio oral contra J. Michel, quien fue declarado culpable por uno de los nueve delitos de “Malversación reiterada de fondos públicos” que se le imputaban. En el juicio se acreditó que en los nueve casos se defraudó al fisco, pero que sólo en uno le cupo responsabilidad a Michel en su calidad de funcionario público a cargo de la custodia de los recursos (se le condenó por la entrega de $9 millones de pesos a fines de 2005, a través de asignación directa y de los cuales no pudo rendirse cuentas), De los otros ocho cargos que cuestionaban la utilización de $40 millones de pesos aproximadamente, fue absuelto a pesar de considerarse que constituían “Fraude al Fisco”, en tanto no se acreditó la participación de Michel como funcionario público a cargo de los caudales defraudados en ninguno de ellos. Su condena fue de tres años de libertad vigilada, no poder ejercer cargos ni oficios públicos mientras dure la condena, la inhabilitación perpetua de derechos políticos, y el pago de una multa de 11 UTM ($403.502 pesos).

Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Apropiación indebida Ilegal 2005 2. Falsificación de Documentos/Uso

malicioso de documentos Ilegal 2005

3. Fraude: Malversación de caudales públicos/Peculado

Ilegal 2005

4. Fraude: Estafa al Fisco Ilegal 2005 Actores implicados

1. Otras Instituciones públicas-Chiledeportes ó Instituto Nacional de Deportes 2. Empresa Privada-PUBLICAM


Consejo de Defensa del Estado (CDE). Alberto Espina (diputado, público alto), José García Ruminot (diputado, público alto),

Nicolás Monckeberg (diputado, público alto), Andrés Chadwick (diputado, público alto), Marcelo Forni (diputado, público alto), Julio Dittborn (diputado, público alto).


Juan Michel Salazar (Director, público medio), David Navarro (Jefe de Sección, público medio), Luis Jofré (funcionario, público bajo), Mario Salazar (representante de organizaciones de la sociedad civil)

Tratamiento del caso Situación del caso Administrativo Sí, Cerrado Político No Civil No Penal Sí, Abierto Sistema Interamericano de Derechos Humanos

No


1. Beneficiarios(as) de la política pública Mayor información


Al año 2005, 1US$ equivalía a aproximadamente $559 pesos chilenos Fecha del registro: Agosto/2009



Casos Vinculados Caso Coimas Chile Caso MOP-GATE

Resumen caso A raíz de una investigación periodística sobre falsificación de certificados de revisión técnica (Canal 13 y revista Qué Pasa), se da a conocer que los dueños de plantas de revisión técnica Carlos Filippi y Gabriel Álamo habrían contactado a Víctor Manuel Rebolledo (diputado PPD) para que consiguiera de forma irregular el permiso de funcionamiento de una planta de revisión técnica en Rancagua. El Subsecretario de Transportes en ese momento, era Patricio Tombolini (PS). Al asumir un nuevo Subsecretario se produce el cierre de dos plantas de revisión técnica de estas personas, tras lo cual sus dueños deciden dejar de pagar al diputado Rebolledo. En represalia, Iván Sánchez Santibáñez (amigo y socio de Filippi recurre a los diputados Cristián Pareto (DC) y Jaime Jiménez (DC) quienes filtran documentos que comprometían al diputado Rebolledo y al ex-subsecretario Tombolini. A continuación, pasaron de acusadores a acusados cuando se dio a conocer que Iván Sánchez Santibáñez giró $20 millones de pesos a los diputados democratacristianos para que ellos a) denunciaran las coimas recibidas por Rebolledo y Tombolini y b) consiguieran una “fórmula irregular por la vía administrativa” para recuperar la planta de revisión técnica. Las condenas de las personas imputadas fueron dadas a conocer un año y ocho meses después de abierto el caso: (1) Patricio Tombolini: Sentenciado a una pena de cárcel de tres años y un día, una multa de 36 millones de pesos e inhabilidad perpetúa para ejercer cargos públicos. En mayo de 2007 la Corte

Suprema le absuelve unánimemente de esta condena. (2) Cristián Pareto y (3) Jaime Jiménez: Fueron condenados como coautores de “cohecho”. Se les condenó con 540 días de cárcel remitida, una multa de 20 millones de pesos e inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos (ambos eran diputados). (4) Víctor Manuel Rebolledo: Filippi denunció con comprobantes de pago que le entregó 12 millones de pesos. Inicialmente fue condenado como coautor de “soborno”. La condena fue de 300 días de cárcel conmutables por un año de firma, una multa de 30 millones de pesos e inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos. En mayo de 2007, se le redujo la pena a cien días de reclusión menor, más una multa en beneficio fiscal de $3.333.333 y mantuvo la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. (5) Gabriel Álamo: Inicialmente condenado como coautor de “soborno” a Patricio Tombolini. La condena fue de 300 días de cárcel remitida, multa de 30 millones de pesos e inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos. En mayo 2007, su condena se modificó a cien días de reclusión menor más una multa de $3.333.333. (6) Carlos Filippi: Su condena consistió en reclusión nocturna por 2 años; tres multas: una de 30, otra de 20 y una última de seis millones de pesos (56 millones de pesos en total). También se le condenó con la inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos. En mayo de 2007, Filippi fue absuelto de uno de los cargos en su contra y lo condenaron a dos penas de cien días por delitos de “sobornos”, más dos multas: una de $3.333.333 y otra de $2.500.000, correspondientes a los montos de los beneficios que habría pagado a otros involucrados en la causa. (7) Iván Sánchez: En mayo de 2007 se le condena a 60 días de prisión, una multa de $2.500.000 e inhabilidad para ejercer cargos públicos por cinco años. En mayo de 2007 se les concedió a todos los condenados la remisión condicional de la pena, pero debieron permanecer bajo la vigilancia de Gendarmería por un año.

Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Cohecho/Soborno/Extorsión Ilegal 2000, 2001

Actores implicados 1. Ministerio de Transporte 2. Empresa privada-Plantas de Revisión Técnica 3. Poder Legislativo

Denunciante Prensa (Canal 13, Revista Qué Pasa), Jaime Jiménez (Diputado, público alto), Cristián Pareto (Diputado, público alto)


Gabriel Álamo (dueño de empresa, privado alto), Carlos Filippi (dueño de empresa, privado alto), Jaime Jiménez (diputado, público alto), Cristián Pareto (diputado, público alto), Víctor Manuel Rebolledo (diputado, público alto), Patricio Tombolini (subsecretario, público alto).

Tratamiento del caso Situación del caso Administrativo No Político No Civil No Penal Sí, Cerrado Sistema Interamericano de Derechos Humanos

No

Sector Económico Terciario-Servicios Personales/Profesionales/Técnicos Actores Afectados

1. Usuarios(as) del servicio-Plantas de Revisión Técnica. 2. Representados(as) por la autoridad 3. Empresas competidoras

Mayor información 1. Reportaje detallado del caso http://www.puntofinal.cl/572/coimas.htm





Casos Vinculados Caso Corporación del Fomento (CORFO)-INVERLINK

Chile Caso Banco Central-INVERLINK

Resumen caso En febrero de 2003, Javier Moya (jefe de Tesorería de la Corporación del Fomento, CORFO) sustrajo y comercializó en el mercado 159 documentos a plazo de la CORFO a través de la administradora de fondos mutuos del holding Inverlink. Moya habría recibido a cambio una coima de $150 millones aprox. Moya fue descubierto en marzo de 2003, dándose a conocer que los documentos sustraídos tenían un valor de más de US$100 millones. El caso tuvo tratamiento administrativo, pues se desarrollo una investigación por la Contraloría, y también tratamiento judicial por las demandas civiles y del Servicio de Impuestos Internos (SII), pero no todos los cargos pudieron confirmarse, por lo que muchos de los imputados fueron absueltos. En abril de 2003, la Superintendencia de Valores y Seguros, se querelló en contra de los ex ejecutivos de Inverlink por el delito de “Asociación ilícita”. Esta querella significó que Juan Pablo Prieto (ex operador de la corredora del BBVA) y Larry Fletcher (ex captador de Inverlink), fueran detenidos al establecerse el delito. Además, se procesó por “Estafa” a Eduardo Monasterio, Ignacio Wulf, Javier Moya, Enzo Bertinelli y otros ejecutivos de Inverlink, quienes habrían cometido el ilícito entre diciembre de 2002 y marzo de 2003. En diciembre de 2003, se procesa a las doce personas que constituían la plana mayor de Inverlink por haber realizado operaciones fraudulentas sin respaldo económico y a espaldas de los inversionistas que les habían confiado sus dineros. El procesamiento afecta al presidente del holding, Eduardo Monasterio, y los directores Francisco Edwards, Pablo Schaffhauser, Ignacio Wolff, Enzo Bertinelli, Juan Antonio Yáñez. En calidad de cómplices fueron encausados Patricio Collarte, Eduardo Tapia, Carlos Rubilar, Guillermo Brito, José Muñoz y Carlos Berríos. En marzo de 2008, se decide absolver a cinco integrantes de la plana mayor del holding. Así, se exculpó a Ignacio Wulf, Pablo Schaffhauser, Eduardo Monasterio, Enzo Bertinelli y al contador Patricio Reyes, por declarar impuestos maliciosamente incompletos o falsos y por la omisión maliciosa de declaraciones tributarias.

Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Asociación Ilícita Ilegal No se accede al dato 2. Delitos tributarios Ilegal No se accede al dato 3. Fraude: Estafa al Fisco Ilegal 2002, 2003

Actores implicados 1. Otras instituciones públicas-Corporación del Fomento (CORFO) 2. Empresa privada-INVERLINK


Estudio de abogados Miguel Soto y Compañía. Servicio de Impuestos Internos (SII) Superintendencia de Valores y Seguros (SVS)


Pamela Andrada (secretaria, público bajo), Carlos Berríos (Trabajador, privado medio), Enzo Bertinelli (director, privado alto), Guillermo Brito (trabajador, privado medio), Patricio Collarte (gerente, privado alto), Francisco Edwards (director, privado alto), Larry Fletcher (trabajador, privado medio), Eduardo Monasterio (presidente, privado alto), Javier Moya (jefe de sección, público medio), José Muñoz (trabajador, privado medio), Marcelo Muñoz (trabajador, privado medio), Juan Pablo Prieto (trabajador, privado medio), Patricio Reyes (trabajador, privado alto), Carlos Rubilar (trabajador, privado medio), Pablo Schaffhauser (director, privado alto), Eduardo Tapia (trabajador, privado medio), Ignacio Wolff (director, privado alto), Juan Antonio Yáñez (director, privado alto).

Tratamiento del caso Situación del caso Administrativo Sí, Cerrado Político No Civil No Penal No se accede al dato Sistema Interamericano de Derechos Humanos

No

Sector Económico Terciarios, Servicios Financieros. Actores Afectados

1. Compradores(as)/Clientes(as)-INVERLINK 2. Beneficiarios(as) de la política pública 3. Usuarios(as) del servicio

Mayor información 1. Libro del periodista Hugo Traslaviña “Inverlink. La ruta de una estafa”. El libro

concluye con gran cantidad de anexos, entre ellos una cronología del caso, la reproducción del mail enviado por Pamela Andrada y un organigrama de las empresas del grupo Inverlink. Mayores referencias en http://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id={23bdf15e-f03c-42d0-8883-a8a0cf5a8ff8}

2. Tesis. “El impacto del caso Inverlink en la industria de los fondos mutuos”, de Daniela Morales Najum y Pía Vielma Cornejo. Ver http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2003/morales_d/html/index-frames.html

Otras observaciones o comentarios Este caso también se conoció como “Fondos mutuos”. Al año 2003, 1US$ equivalía a aproximadamente $691 pesos chilenos Fecha del registro: Agosto/2009



Casos Vinculados Caso Empresas de Ferrocarriles del Estado (EFE)

Chile No

Resumen caso A comienzos de 2007, a solicitud de la Comisión de Transporte del Senado, la Contraloría General de la República informa graves irregularidades en implementación del Plan Trienal 2003-2005 –plan de US$1.100 millones- de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), cuando era administrado por Luis Ajenjo (Democracia Cristiano). Entre otras, cuestiona:

a) La pérdida de $ 38.000.000 de pesos. Señala que podría deberse a posible “Fraude al Fisco”

b) Extravío de facturas c) Que EFE haya contratado a la empresa Evasa Consultores Ltda. para efectuar un trabajo

que no se hizo y que ya había sido realizado anteriormente por una filial de la propia EFE

d) La compra de 4 automotores diesel para el tramo Victoria –Puerto Montt a la empresa española RENFE debido a su baja calidad (lo que condujo a la paralización del servicio) y el hecho de que no se hayan cobrado las garantías correspondientes. El costo total de los automotores fue de alrededor de US$ 8 millones.

Ya con anterioridad el Sindicato de Trabajadores de EFE había solicitado a la Contraloría y al Consejo de Defensa del Estado que investigarán el Plan Trienal, sin resultado. Con los antecedentes entregados por la Contraloría, en abril del 2007 se constituye por la Cámara de Diputados una Comisión Investigadora. Paralelamente, los diputados Matthei (Unión Demócrata Independiente –UDI-) y Prokurica (Renovación Nacional) interpusieron querella criminal por los delitos de “Malversación de caudales públicos”, “Fraude al Fisco” y “Estafa”, en contra de quienes resulten responsables. Dichas acusaciones se interponen en los tribunales del antiguo sistema procesal penal chileno. Durante la investigación de la Comisión Investigadora, surgen las siguientes nuevas aristas:

a) Se denuncia ante la Contraloría a Ajenjo porque recibió, junto a sus remuneraciones regulares, otros pagos adicionales por participar en el directorio de algunas empresas filiales de EFE, situación prohibida por ley. Esta arista termina con la absolución de Ajenjo, por considerarse que no era funcionario de Alta Autoridad Publica.

b) Interposición en junio de 2007 por el Consejo de Defensa del Estado de una querella en tribunal de garantía –nuevo proceso penal- por “Fraude al Fisco” y “Estafa” contra dos ex gerentes de EFE -Claudio Carreño, gerente de administración y finanzas, y Guido Olavarría Ortiz, jefe de la unidad de consumos básicos- y tres de sus contratistas: Rodrigo Tagle, Jessica Castro Soto y Anastasio Cerda González. El Ministerio Público finalmente formalizó a Carreño y Tagle por “Fraude al Fisco”, por un contrato entre EFE y Evasa por el que se pagaron $117 millones de pesos en dos meses.

Los congresistas querellantes solicitaron un ministro en visita, por la complejidad del caso. La Corte Suprema acoge la petición y nombró a Omar Astudillo, en quien queda radicado el conocimiento y fallo de las irregularidades ocurridas entre 2003 y 2005. En tanto, las irregularidades acaecidas desde 2005 en adelante quedan radicadas en el Ministerio Público. En noviembre de 2007, el juez Astudillo dicta sus primeros autos de procesamientos: a) el ex gerente de EFE Claudio Carreño por “Fraude al Fisco” y “Negociaciones incompatibles” por más de $50 millones de pesos; b) Luis Briceño y Ximena Espinoza por “Estafa”, pues se les pagó por asesorías tributarias que no se hicieron totalmente. Posteriormente, en enero del 2008, y en virtud de un informe del fiscal de EFE, el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella en contra de los que resulten responsables del “Fraude al Fisco” que asciende a $6.187.952.000 ($US11.854.314 aprox.), por la sustracción de bienes en EFE y el abultamiento de la contabilidad durante la gestión de Luis Ajenjo (2003-2006). Además, a mediados de enero de 2008, fue procesado Rodrigo Tagle, por “Estafas”, pues se le imputa la sustracción de aproximadamente $80 millones de pesos. Además, un informe pericial señala que EFE 'sobrepagó por la instalación de sus oficinas más de $320 millones de pesos que 'no tienen justificación. Respecto de la causa seguida en el nuevo sistema procesal penal, a Briceño se le formalizó por “Cohecho” y a Guido Olavarría por “Fraude al Fisco” por cerca de $79 millones en complicidad con Claudio Carreño. A mediados de enero de 2008, el Consejo de Defensa del Estado presentó la primera querella en contra de Luis Ajenjo, ex presidente de Empresa de Ferrocarriles del

Estado, por “Malversación de caudales públicos”, por $14.444.443. Este monto se pagó a Patricio de Gregorio, a instancias de Ajenjo, por asesorías que no se realizaron. La querella también es en contra de De Gregorio; el ex gerente general Eduardo Castillo y el ex gerente de Administración, Claudio Carreño. Se sumaron la senadora Matthei y el diputado Alvarado, ambos de la UDI, a través de una querella por delitos de “Malversación de fondos”, “Falsificación de documento público” y “Negligencia inexcusable” en contra de Luis Ajenjo. En octubre de 2008, y dentro del nuevo proceso penal, se condena a Claudio Carreño por 83 delitos reiterados de “Fraude al Fisco” y dos delitos de “Cohecho”. En enero del 2009, el ministro en visita Astudillo, condena por “Fraude al Fisco” –por más de $80 millones de pesos- a Claudio Carreño, además de otros procesados.

Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Cohecho/Soborno/ Extorsión Ilegal 2003, 2004, 2005, 2006 2. Falsificación de

documentos/Uso malicioso de documentos

Ilegal 2003, 2004, 2005, 2006

3. Fraude: Estafa al Fisco Ilegal 2003, 2004, 2005, 2006 4. Fraude: Malversación de

caudales públicos/Peculado Ilegal 2003, 2004, 2005, 2006

5. Licitaciones públicas fraudulentas

Ilegal 2003, 2004, 2005, 2006

6. Negociaciones incompatibles/ Conflicto de intereses

Ilegal 2003, 2004, 2005, 2006

Actores implicados 1. Empresa Pública–Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) 2. Empresa Privada– Evasa 3. Empresa extranjera-RENFE


Sindicato de Trabajadores de EFE, Evelyn Matthei (diputada, público alto), Baldo Prokurica (diputado, público alto), Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, Contraloría General de la República, Ministerio Público,


Luis Ajenjo (director, público alto), Luis Briceño (asesor), Claudio Carreño (jefe de sección, público medio), Eduardo Castillo (gerente, público alto), Jessica Castro (trabajador, privado medio), Anastasio Cerda (trabajador, privado medio), Ximena Espinoza (otro), Patricio de Gregorio (trabajador, privado medio), Guido Olavarría (jefe de sección, público medio), Juan Rodríguez Tagle (gerente, privado alto)


No

Sector Económico Terciario- Servicios de transporte Actores Afectados

1. Trabajadores(as) de EFE 2. Usuarios(as) del servicio

Mayor información 1. Fiscalía cierra caso EFE y pide 5 años de presidio para ex presidente de la empresa Luis

Ajenjo. 17 de junio de 2002. Véase en: http://latercera.com/contenido/680_142984_9.shtml

Otras observaciones o comentarios Al año 2008, 1US$ equivalía a aproximadamente $522 pesos chilenos Fecha del registro: Septiembre/2009



Casos Vinculados Caso Frambuesa Chile No

Resumen caso El diario electrónico El Mostrador denunció en abril del 2008 el uso indebido de un vehículo fiscal por parte de la subsecretaria de Transporte, Elinett Wofft, puesto que la usaba para la distribución de frambuesas, como parte de su microempresa familiar. Según la legislación chilena, su conducta contraviene la ley de probidad administrativa, puesto que los funcionarios de exclusiva confianza no pueden desempeñar actividades económicas ajenas a sus cargos ni tampoco usar infraestructura fiscal para fines distintos al trabajo público. Aunque la acusada negó las acusaciones, terminó renunciado a su cargo.

Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Abuso de funciones/de autoridad Ilegal 2008

Actores implicados 1. Ministerios-Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones – Subsecretaria


Medios de comunicación escrita-Diario Electrónico “El Mostrador”


Elinett Wofft (Subsecretaria de Transportes, público alto)

Tratamiento del caso Situación del caso Administrativo No Político No Civil No Penal No Sistema Interamericano de Derechos Humanos

No


1. Ciudadanía Mayor información

1. Reportaje del El Mostrador que denunció el caso. Disponible en http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulo/el_ins/



REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN Ficha Nº 107


Casos Vinculados Caso GMA-Huechuraba, Recoleta, Viña del Mar.

Chile Caso Sobresueldos en

Municipalidad de Viña del Mar Resumen caso

El caso se da a conocer en marzo de 2008, cuando se denuncian irregularidades en los contratos que sostenía la Municipalidad de Huechuraba con la empresa de Gestión Municipal Avanzada (GMA). Esto conlleva a que se investiguen otros municipios que también tenían contratos con esta empresa, estimándose que son 11 municipios (todos pertenecientes al partido UDI “Unión Demócrata Independiente”). Sin embargo, en los medios de comunicación sólo se han dado a conocer cuatro municipios: Huechuraba, Recoleta, Viña del Mar y Renca tratándose en mayor profundidad los tres primeros mencionados. Huechuraba. En abril 2008, Isaac Givovich acusa a la alcaldesa Carolina Plaza por las irregularidades existentes en los contratos con GMA. Givovich debía trabajar con los productos que entregaba GMA (Ficha la Ficha Vecina y el Sistema de Información Georreferencial, SIG), enterándose que existía un contrato desde mayo 2005 y que el municipio había pagado los servicios cuando éstos no se habían realizado. En junio de 2008, Contraloría confirmó irregularidades por $160 millones de pesos. Un segundo contrato por las mismas funciones entre la municipalidad y GMA, poseía el doble del costo del primer contrato: $2 millones mensuales los años 2005, 2006 y 2007, para luego cobrar $6 millones por el mismo servicio. En agosto de 2008, Isaac Givovich declara ante al Tribunal Electoral por la solicitud de destitución que pesaba sobre Plaza por los cargos de “Notable abandono de deberes y Faltas a la probidad”. Recoleta. En julio de 2008, Contraloría confirma una serie de irregularidades en Recoleta, cuyo edil era Gonzalo Cornejo (UDI). Las irregularidades también se refieren a los contratos que la municipalidad contrajo con GMA, cuya gerente general y representante era Jenny Acevedo Sepúlveda (desde marzo de 2005), que también se desempeñaba como Jefa de Gabinete en la municipalidad (entre marzo de 2001 y mayo de 2005). Además, Cornejo y Acevedo eran socios en la empresa Rush S.A. Los contratos firmados por Cornejo con GMA son de agosto 2006 y por un monto de $1.500.000 pesos. Luego, suscribieron otro en mayo de 2007 por $9.282.0000 pesos. Por estos motivos, en julio de 2008, el Primer Tribunal Electoral Metropolitano acogió el reclamo formal de los concejales Francisca Zaldívar (Demócrata Cristiana), Jadille Baza (Partido Por la Democracia) y Fernando Pacheco (Partido Socialista), por “Notable abandono de deberes” y “Contravención de las normas sobre probidad administrativa”. En agosto de 2008, la Fiscalía indagaría la triangulación de $32 millones de pesos, entregados por GMA a Rush S.A, empresa del alcalde Cornejo. Este pago se habría realizado mediante cuatro cheques de $8 millones cada uno, fechados entre 2005 y 2007. En junio 2009, Contraloría confirmó las irregularidades y derivó el caso a la Fiscalía Centro Norte, para que se abriese una investigación criminal. Por esta investigación, se formalizaría al ex edil de Recoleta (Gonzalo Cornejo); el ex operador de la UDI (Iñaki Busto); uno de los dueños de GMA (Jaime Jullian); la asesora personal de Cornejo (Jenny Acevedo) y la edil de Huechuraba (Carolina Plaza), entre otros. De momento no se tendrían más noticias de los avances del caso, pero el monto total ascendería

a cerca de $300 millones de pesos. El uso de estas empresas supuestamente estaría vinculado al financiamiento de las campañas municipales de Plaza, Cornejo y también de Claudia Nogueira, esposa de Cornejo y candidata a diputada. Los cargos que han aparecido en los medios de comunicación, hablan de “Negociación Incompatible” y “Fraude al Fisco” en Recoleta, además de investigarse la “Asociación Ilícita” por la existencia de otros casos en otros municipios de la UDI. Viña del Mar. También desde marzo de 2008 se investigó la vinculación de GMA con la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato. En esta alcaldía, se requirieron los servicios de GMA junto a otras empresas e instituciones (Esrri, Dell Computación y la Fuerza Aérea de Chile), para actualizar la carta geográfica. Virginia Reginato dictó un decreto para adjudicar la contratación de los servicios de GMA (asignación directa), pero Contraloría Regional de Valparaíso objetó este decreto, ordenando un sumario por los quince millones de pesos pagados a GMA. A su vez, esta investigación de Contraloría también generó que se conocieran las irregularidades en cuanto a sobre sueldos pagados a funcionarios de la Municipalidad, con Fondos del Casino de la ciudad (ver ficha sobre caso de sobresueldos en Viña del Mar).

Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Asociación Ilícita Ilegal 2005, 2006, 2007 2. Fraude: Estafa al Fisco Ilegal 2005, 2006, 2007 3. Negociación incompatible/Conflicto de

intereses Ilegal 2005, 2006, 2007

Actores implicados 1. Gobierno Local-Municipalidad de Recoleta 2. Gobierno Local-Municipalidad de Huechuraba 3. Gobierno Local-Municipalidad de Viña del Mar 4. Empresa privada-Gestión Municipal Avanzada (GMA)


Contraloría General de la República, Jadille Baza (concejal, público medio), Isaac Givovich (Jefe de sección, público medio), Fernando Pacheco (concejal, público medio), Francisca Zaldívar (concejala, público medio).


Jenny Acevedo (jefa de sección, público medio), Iñaki Busto (colaborador de campaña), Gonzalo Cornejo (alcalde, público medio), Jaime Jullian (propietario de empresa, privado alto), Carolina Plaza (alcaldesa, público medio), Virginia Reginato (alcaldesa, público medio).


No

Sector Económico Terciario-Servicios personales/profesionales/técnicos. Actores Afectados

1. Habitantes de la zona- Comuna de Huechuraba 2. Habitantes de la zona- Comuna de Recoleta 3. Habitantes de la zona- Comuna de Viña del Mar 4. Representados(as) por la autoridad

Mayor información

1. Municipalidad de Huechuraba Informe Final - Junio 2008. Informe de Contraloría General de la República de Chile sobre el caso.

2. Municipalidad de Recoleta Informe Final - Junio 2008. Informe de Contraloría General de la República de Chile sobre el caso.

Otras observaciones o comentarios En mayo de 2008, Carolina Plaza renuncia al partido Unión Demócrata Independiente (UDI) por el escaso apoyo brindado por este ante los hechos. Al año 2008, 1US$ equivalía a aproximadamente $522 pesos chilenos Fecha del registro: Agosto/2009


Año de aparición Nombre mediático del caso País 2000

Casos Vinculados Caso Indemnizaciones Chile No

Resumen caso En septiembre del 2000 el Sindicato de Trabajadores de Correos de Chile denuncia a diversas autoridades que altos ejecutivos de la empresa recibían millonarias indemnizaciones por su desvinculación o cese de funciones. Posteriormente, su gerenta general –María Soledad Lascar- solicita la investigación de Contraloría. Entre las medidas inmediatas que toma el gobierno de Lagos, destacan: dictación de un instructivo presidencial para limitar las indemnizaciones al máximo establecido en la normativa laboral; publicación de un informe con 59 altos funcionarios que recibieron indemnización por encima de la establecida en el Código del Trabajo; y exigir la devolución de las indemnizaciones o, si se niegan, la desvinculación de su cargo a quienes todavía seguían prestando servicios al Estado. De estos últimos, diez acogieron la petición de devolución y otros seis renunciaron a sus cargos. Con todo, el presidente Lagos manifiesta que aunque reprochables desde la ética, son conductas legales. Entretanto, se descubre que dichas prácticas se extienden a otras empresas públicas: ENAP, Polla Chilena de Beneficencia, CODELCO y Ferrocarriles del Estado; y que estas prácticas se vienen cometiendo desde el gobierno del anterior presidente. Se forma una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados. Ésta termina su investigación concluyendo que unos 875 ejecutivos obtuvieron indemnizaciones millonarias. Entre ellos destacan:

a) Correos de Chile: i) Facundo René Labraña Larrondo, recibió en total $124.087.920 ii) Fernando Rau, recibió $ 46.312.301; iii) Roberto Morales Puelma, recibió $ 46.666.667; iv) Jorge Figueroa Groenmeyer, $ 19.317.168, v) Marcelo Zapata, $ 10.000.000.

b) Empresa Nacional de Petróleo (ENAP): Alvaro Garcia Alamos, por $211.840.615, ii) Marcelo Iván Rodríguez Concha, $89.507.029, iii) Jaime Jorge Jara Miranda, $83.075.733, iv) Alex Avsolomovich Callejas, $290.796.419.

c) Polla Chilena de Beneficencia: Orlando Cantuarias, 90 millones de pesos d) Empresa ferrocarriles del estado: i) Patricio Corvalán M., $ 41.000.000, ii) Hernán

Riquelme, $ 69.000.000. e) Empresa Nacional de Minería (ENAMI): i) ex vicepresidente de la empresa, Patricio

Artiagoitía, $ 37.192.597 ( prefiriendo renunciar a su cargo antes que devolver el dinero); ii) María Verónica Baraona Del Pedregal, $ 34.356.237, iii) Santiago

Cadenasso Saure, $ 220.649.817 Contraloría expone su informe frente a la Comisión. Señala que no puede imponer sanciones administrativas a los ejecutivos, pues no son empleados públicos sino funcionarios sujetos a la normativa laboral privada. La Comisión resuelve asignar responsabilidad política a dos ex ministros: Sergio Jiménez, de Minería, y Carlos Hohmann, de Transportes y Telecomunicaciones, porque no velaron por el adecuado uso de los recursos públicos de sus respectivas reparticiones, al no fiscalizar el cumplimiento de instructivos emanados del Ejecutivo, facilitando que se produjeran abultados pagos en las empresas bajo su tuición (Codelco, ENAP, ENAMI, Correos y Ferrocarriles). La Comisión solicita, además, la designación de un ministro en visita. Pero dicha petición es rechazada por la Corte Suprema. Entretanto, el Consejo de Defensa del Estado interpone 25 denuncias para perseguir responsabilidades penales. Entre ellas: i) en Correos: contra los ejecutivos René Labraña y Fernando Rau por fraude al fisco y estafa; ii) en ENAP: contra el ex gerente Álvaro García Álamos, ex secretario general Marcelo Rodríguez Concha y ex fiscal Jaime Jara Miranda, todos por negociaciones incompatibles. También interpone 18 denuncias para perseguir responsabilidades civiles. Respecto del procedimiento seguido contra funcionarios de ENAP, los diputados Lily Pérez y Baldo Prokurica se hacen parte del procedimiento y se querellan contra Álvaro Álamos y Sergio Jiménez por fraude al fisco, y contra Marcelo Rodríguez y Jaime Jara por negociaciones incompatibles. La jueza que conoce de la causa, Carmen Garay, finalmente se niega a procesarlos por falta de antecedentes. Respecto del procedimiento seguido contra funcionarios de Correos, en el 2001 fallece Fernando Rau, por lo que la causa penal abierta en su contra es cerrada.

Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Abuso de funciones/de autoridad Legal No se accede al dato 2. Fraude: Estafa al Fisco Ilegal No se accede al dato 3. Negociación incompatible/

conflicto de intereses Ilegal No se accede al dato

Actores implicados 1. Empresa pública – Correos de Chile 2. Empresa pública – Empresa Nacional de Petróleo ENAP 3. Empresa pública – Empresa Nacional de Minería ENAMI 4. Empresa pública – Ferrocarriles del Estado EFE 5. Empresa pública – Polla chilena de beneficencia 6. Empresa pública – Corporación Nacional del Cobre CODELCO


Sindicato de Trabajadores de Correos de Chile, María Soledad Lascar (gerenta, público alto), Contraloría General de la República, Consejo de Defensa del Estado, Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados


Patricio Artiagoitía (vicepresidente, público alto) Alex Avsolomovich Callejas María Verónica Baraona Del Pedregal Santiago Cadenasso Saure Orlando Cantuarias Patricio Corvalán M. Facundo René Labraña Larrondo Roberto Morales Puelma Jorge Figueroa Groenmeyer Álvaro García Alamos (gerente) Carlos Hohmann (ministro, público alto)

Jaime Jorge Jara Miranda (ex fiscal) Sergio Jiménez (ministro, público alto) Fernando Rau Hernán Riquelme Marcelo Iván Rodríguez Concha (secretario general) Marcelo Zapata

Tratamiento del caso Situación del caso Administrativo Sí, Cerrado Político Sí, Cerrado Civil No se accede al dato Penal Sí, Cerrado Sistema Interamericano de Derechos Humanos

No

Sector Económico Primario-Minería Secundario-Industria petrolera Terciario-Servicios de comunicaciones Terciario-Servicios de transportes Terciario-Servicios de Ocio y Entretenimiento

Actores Afectados 1. Ciudadanía

Otras fuentes de información

1. Millonarias indemnizaciones. El entierro de un escándalo publico. Diario El Mercurio. Miércoles 31 de octubre 2001. Véase en http://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id={e2c2ec6d-7b2a-4caf-9518-52f46b45b3f5}

2. Caso Indemnizaciones: segunda parte y ¿final?. Diario El Mercurio. Cuerpo D Reportajes. Domingo 25 de Marzo 2001. Véase en http://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id={78d5880e-9678-4375-8e27-fe3f02d80997}

3. Entregan lista de algunos involucrados en caso indemnizaciones. El Mercurio Electrónico. Jueves 28 de septiembre 2000. Véase en

http://www.emol.com/noticias/todas/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=33902


Al año 2000, 1US$ equivalía a aproximadamente $536 pesos chilenos Fecha del registro: Septiembre/2009



Casos Vinculados Caso INJUV Chile No

Resumen caso En 1998 se conocieron una serie de irregularidades administrativas y financieras que afectaron al Instituto Nacional de la Juventud. Se acuso a la Dirección del organismo, en su mayoría militantes del Partido Socialista.

La Contraloría inició sumario administrativo. En su investigación, detectó pérdidas por cerca de $600 millones de pesos. Los ilícitos más comunes fueron: fallas administrativas, falsificación de facturas, entregas reiteradas de adjudicaciones a un grupo específico de empresas y consultorías millonarias. Finalmente, se destituye a Leonardo González, su director, junto al resto de la dirección del organismo.

Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Falsificación de Documentos/Uso

malicioso de documentos Ilegal 1994, 1995, 1996, 1997

2. Fraude/Estafa al Fisco Ilegal 1994, 1995, 1996, 1997 3. Licitaciones públicas fraudulentas Ilegal 1994, 1995, 1996, 1997

Actores implicados 1. Otras instituciones públicas – Instituto Nacional de la Juventud (INJUV)


Contraloría General de la República


Leonardo González (director, público medio), Jorge Torres (funcionario, público medio), Rafael Vera (director, público medio)


No


1. Beneficiarios(as) de la política pública Mayor información





Casos Vinculados Caso Mirage Chile Caso Riggs, Caso Ventas de

armas en Ecuador, Caso Ventas de armas a Croacia, Caso

Tanques Leopard Resumen caso

En diciembre de 2003 se inició la investigación sobre el supuesto pago de coimas en la adquisición de 25 aviones Mirage Elkan. El Consejo de Defensa del Estado (CDE), fue quien denunció la

situación por el delito de “Exacción ilegal”. La conducta reprochable, se habría cometido en 1994, cuando Chile pagó supuestamente $US 109 millones a Bélgica por estos 25 aviones. No obstante, sólo $US 70 millones llegaron a ese país, pues los $US 39 millones restantes quedaron en manos de Sabca, la empresa encargada de reacondicionar los aparatos y que, según la investigación, habría repartido $US 15 millones para comisiones a altos uniformados a través de otra empresa (Europavia) que habría actuado como intermediaria. Hasta el momento se han acreditado los delitos de “Malversación de caudales públicos”, “Cohecho”, “Negociación incompatible” y “Fraude al Fisco”. A julio de 2009, estaba procesado Ramón Vega Hidalgo (ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile y ex senador designado), quien habría ocultado su relación con Bernard van Meer (ciudadano británico y yerno del militar), quien fue el principal impulsor del negocio y que confesó recibir $US 2,7 millones de comisión. Otros procesados en calidad de cómplices, son Jaime Estay Viveros y Florencio Dublé Pizarro (Generales en retiro) y Luis Bolton Montalvo (Coronel). También se ha analizado la participación de civiles, tales como Conrado Ariztía (empresario) y Henriette Bahna (viuda de Carlos Honzik, comerciante de armas de origen checo).

Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Cohecho/Soborno/Extorsión Ilegal 1994 2. Fraude: Estafa al Fisco Ilegal 1994 3. Fraude: Malversación de caudales públicos/Peculado Ilegal 1994 4. Negociación incompatible/Conflicto de intereses Ilegal 1994

Actores implicados 1. Fuerzas Armadas de Chile 2. Empresa privada – Safca 3. Empresa privada – Europavia

Denunciante (y cargo si aplica) Consejo de Defensa del Estado Acusado/a (cargo y jerarquía) Conrado Ariztía (empresario, privado alto), Henriette Bahna

(otro), Luis Bolton Montalvo (militar, público medio), Florencio Dublé Pizarro (militar, público alto), Jaime Estay Viveros (militar, público alto), Bernard van Meer (familiar), Ramón Vega Hidalgo (militar, público alto)

Tratamiento del caso Situación del caso Administrativo No Político No Civil No Penal Sí, Abierto Sistema Interamericano de Derechos Humanos

No

Sector Económico Secundario-Industria bélica Actores Afectados

1. Ciudadanía 2. Habitantes de la zona-Chile

Mayor información 1. Libro “Pinochet: El gran comisionista” de Benedicto Castillo (2009). El periodista vincula

los casos Riggs (ver Ficha de Registro) y Mirage. 2. Noticia de La Nación Domingo que detalla el caso y los destinos de los dineros

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20090117/pags/20090117224315.html Otras observaciones o comentarios

Esta investigación ha ameritado exhortos a Bélgica, Inglaterra y otros países para llamar a declarar a personas extranjeras y también ha ameritado viajes a Bélgica para solicitar documentos generados por las investigaciones en torno a la misma causa en dicho país. Otros antecedentes que han

retardado la investigación, es la incineración que hizo la FACH de la documentación del periodo 1981 a 1996, la cual había sido solicitada por el Congreso para realizar mayores averiguaciones de otros posibles casos similares. Esta incineración, supuestamente fue autorizada por la Contraloría General de la República. Fecha del registro: Septiembre/2009



Casos Vinculados Caso MOP GATE Chile Caso Coimas

Resumen caso En agosto de 2000, el frustrado autorrobo perpetrado por Sara Oliva, secretaria y persona de confianza de Héctor Peña Véliz (dueño de GATE), destapó el vínculo comercial entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la empresa Gestión Ambiental y Territorial (GATE S.A.). Oliva declaró ante los tribunales, que su ex jefe Peña Veliz obtenía licitaciones del MOP para financiar campañas políticas. Así Contraloría comenzó a investigar dos contratos por un total de $1.440 millones de pesos que el MOP le adjudicó a GATE en 1999 y 2000, lo que correspondería a sobresueldos para cerca de 79 funcionarios. Por “Fraude al fisco” fueron procesados el Ministro Carlos Cruz, Sergio Cortés (ex jefe de Finanzas de Vialidad del MOP, comisionado por el Partido Socialista para recolectar fondos al interior de Obras Públicas para las elecciones municipales de diciembre 2000), y Roberto Salinas (ingeniero de la Coordinación General de Concesiones), porque en representación de la Dirección General de Obras Públicas firmó con consultoras contratos cuyos precios habrían sido abultados. Entre los antecedentes revelados trascendió que existieron otras empresas vinculadas al MOP que pagaban sobresueldos. Entre estas figuran Auditorías Ambientales Ltda. de Gustavo Alfaro y de Héctor General; y Asyr Contadores, propiedad de los dos anteriores más Yerko General. Además de Belfi, M.I.S. y C.C.P. Ingenierías. A Sergio Cortés, Contraloría lo acusó de “Falta de Probidad administrativa”. En abril de 2003, Carlos Cruz y otros 3 ex funcionarios de la cartera son encausados por “Fraude” y “Estafa al Fisco”. En agosto de 2006. La ministra Chevesich absuelve al ex ministro Cruz en una de la arista que indagaba “Exacción ilegal”. En julio de 2007, tras incautar correos electrónicos de la Coordinadora General de Concesiones, se condenó al ex funcionario del MOP Julio Toro a 541 días de cárcel remitidos por “Exacción ilegal”. En agosto de 2008, se vuelve a procesar al ex ministro Cruz por “Fraude al Fisco” por $30 millones de pesos. A raíz del caso MOP, se dieron a conocer diversos casos de corrupción que ameritaron investigación en cuanto a los vínculos con otras empresas o instituciones (ver ficha del caso Coimas). En agosto de 2008 aún continuaban abiertas 4 aristas de las 27, muchas de las cuales ya habían prescrito en diciembre de 2005. Una pericia contable concluyó que el perjuicio fiscal defraudado alcanzó un total de $1.253.352.295 de pesos, sólo en la causa principal.

Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Asociación ilícita Ilegal 1999, 2000 2. Cohecho/Soborno/Extorsión Ilegal No se accede al dato

3. Exacción Ilegal Ilegal No se accede al dato 4. Falsificación de documentos/ Uso

malicioso de documentos Ilegal No se accede al dato

5. Fraude: Estafa al Fisco Ilegal No se accede al dato Actores implicados

1. Ministerios-Ministerio de Obras Públicas, MOP 2. Empresa privada- Gestión Ambiental y Territorial, GATE S.A.


Sara Oliva (secretaria, público bajo)


Eduardo Arriagada (jefe de sección, público medio), Sergio Cortés (jefe de sección, público medio), Carlos Cruz (Ministro, público alto), Sergio Hinojosa (jefe de sección, público medio), Héctor Peña Véliz (propietario de empresa, privado alto), Héctor Quiroz (otro, público medio), Roberto Salinas (jefe de sección, público medio)


No

Sector Económico Terciario, Servicios Personales/Profesionales/Técnicos Actores Afectados

1. Habitantes de la zona-Chile 2. Empresas competidoras de GATE

Mayor información 1. El expediente judicial del caso MOP GATE se abrió bajo el rol judicial Nº 56.288 y está

caratulado como “Negociación incompatible”. Otras observaciones o comentarios

Otras personas que habrían recibido sobresueldos son: Guillermo Díaz, ex seremi y ex subsecretario de Transportes. ($15.555.000). Ricardo Trincado, ex seremi y ex intendente de la Sexta Región. ($4.660.000). Patricio Zapata, ex seremi y ex intendente de la Primera Región. ($2.880.000). Sergio Cortés, ex inspector fiscal de Gate y ex jefe de Finanzas de Vialidad. ($8.374.184). Dolores Rufián, directora de Planeamiento del MOP. ($14.740.000). Patricio Tombolini, ex subsecretario de Transportes. ($2.750.000). Eduardo Bartholin, director de Obras Hidráulicas. ($10.900.000). Humberto Peña, director de Aguas. ($10.800.000). René Ruiz, ex director de Administración y Finanzas del MOP. ($9.900.000). Juan Rusque, director de Obras Portuarias. ($9.000.000). Pablo Anguita, ex director de Vialidad. ($22.409.100). Yasmín Balboa, seremi Novena Región. ($2.880.000). Gonzalo Berríos, abogado, ex asesor de Carlos Cruz. ($1.386.000). Walter Brunning, subdirector de Planeamiento. ($10.935.000). Ivannia Goles, directora de Arquitectura. ($8.100.000). Sergio Alburquenque, asesor de la Dirección General de OO.PP. ($5.670.000). Juan Lobos, ex director general de OO.PP. ($900.000). Ximena Tudela, ex secretaria de Carlos Cruz. ($2.552.440). Eduardo Abedrapo, ex miembro unidad de Concesiones. ($4.583.333). David Guzmán, director de Aeropuertos. ($9.000.000). Gonzalo Castillo, jefe de gabinete de Juan Carlos Latorre. ($9.000.000). Daniela Devoto, asesora del MOP. ($1.350.000). Mario Tala, jefe de gabinete de Dolores Rufián. ($8.910.000). Osvaldo Aguayo, ($1.300.000). Carlos Alert ($2.880.000). Alia González, ($270.000 y $1.350.000). Roberto Alonso, ($5.691.413). Alvaro Parra ($1.351.238). Gladys Antezana ($756.000). Patricia Araneda ($1.211.796). Juan Arrese ($7.200.000). Carlos Brito ($4.050.000). Juan Bustos ($1.110.000). Manuel Castañeda ($2.880.000). Carolina Cisternas ($150.000). Pilar Concha ($600.000). Patricio Contador ($121.500). Paula Cruz ($2.909.984). Claudia De la Rivera ($860.000). Miguel Espinoza ($1.175.000). Patricio Estay ($2.495.026). Patricia Fuentes ($1.005.483). Carlos Gárate

($5.600.000). Pamela Gómez ($14.000.000). Hernán González ($480.000). Raúl Gutiérrez ($2.880.000). Carlos Inostroza ($1.800.000). Enrique Jiménez ($4.660.000). Claudio Lara ($1.100.250). Pedro Martínez ($2.880.000). Lissette Maureira ($1.413.000). Ginnette Menares ($152.000). Myriam Montecinos ($45.000). Vladimir Morales ($2.880.000). Cecilia Moreno ($756.000). Jeannette Moya ($195.300). Juan Muñoz ($2.880.000). Rodrigo Muñoz ($2.407.970). Javier Narbona ($4.860.000). Mónica Pardo ($4.860.000). Vicente Pardo ($7.800.000). Alvaro Parra ($1.451.428). Manuel Peña ($2.880.000). Ximena Pérez ($2.566.667). Carolina Quintana ($2.335.000). Mario Quiñones ($1.350.000). Carlos Salazar ($4.860.000). Miguel Silva ($2.160.000). Paula Soto ($2.265.000). Osvaldo Torres ($1.600.000). Daniel Vásquez ($6.157.887). Al año 2000, 1US$ equivalía a aproximadamente $536 pesos chilenos Fecha del registro: Septiembre/2009



Casos Vinculados Caso Municipalidad de Algarrobo Chile No

Resumen caso En abril de 2008, a partir de un informe de Contraloría (resolución Nº 1421 del 2008), se dio a conocer que la Municipalidad de Algarrobo tenía serias dificultades en su rendición de cuentas, sistemas de licitaciones de compras públicas, entre otras. En julio de 2008 se inicia un proceso, ya que tres concejales del municipio -Hipólito Aravena (Democracia Cristiana), José Luis Yáñez (independiente) y Jaime Jamett (Unión Demócrata Independiente)- deciden denunciar las irregularidades ante el Tribunal Electoral de la V Región. Lo que solicitaban era la destitución del alcalde Guillermo Urquízar Tapia (independiente pro Renovación Nacional), por “Notable abandono de deberes y contravención graves a las normas de probidad”, cargos que se justificaban por mantener hasta el 01 de abril a su esposa (María Victoria Araya) como directora de la Oficina de la Familia, pese a la prohibición de contratar parientes. También lo acusaron de desórdenes administrativos (que Contraloría ya había detectado), abusos en el manejo de dineros del Fondo Común Municipal, infracciones a la ley de compras públicas, y la no existencia de conciliaciones bancarias. Por estos motivos, en mayo 2009, el Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) confirma unánimemente la destitución de Urquízar, quien cumplía su segundo período al mando del municipio. Junto con la destitución del alcalde Urquízar en mayo de 2009, también se notifica de su destitución al director de Obras del municipio, el arquitecto Alejandro Navarrete, por “Falta a la probidad administrativa”. Esta decisión fue notificada por la Contraloría General de la República, con base en la autorización que Navarrete habría dado para la construcción de un edificio de ocho pisos en un sector donde el plano regulador permite una altura máxima de cuatro pisos.

Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Abuso de funciones/de autoridad Ilegal No se accede al caso

Actores implicados

7. Gobierno Local-Municipalidad de Algarrobo Denunciante (y cargo si aplica)

Hipólito Aravena (concejal, público medio), Jaime Jamett (concejal, público medio), José Luis Yáñez (concejal, público medio)


Guillermo Urquízar (alcalde, público medio) Alejandro Navarrete (público, medio)


No


2. Habitantes de la zona-Comuna de Algarrobo 3. Representados(as) por la autoridad 4. Electores(as)

Mayor información





Casos Vinculados Caso Municipalidad de Camarones Chile No

Resumen caso En octubre de 2005, el concejal Manuel Alvarado (RN) denunció a Sonia Salgado (alcaldesa DC) por cohecho o fraude electoral, pues en Camarones votaron más personas de las que viven en dicha localidad. Se inició una investigación para formalizar a la alcaldesa, pero no fue posible por encontrarse prófuga junto a su marido Ciro Albornoz (consejero regional DC), procesado también por el mismo delito. Salgado y Albornoz aparecieron días antes de que prescribiera el caso, en diciembre de 2005. Albornoz justificaba que habían desparecido por la enfermedad que tenía Salgado: un trastorno bipolar de personalidad. En ese momento son formalizados junto a otras 6 personas, entre ellas su hermana Olga Salgado; Orlando Gómez; Emilio Jiménez (PPD, Jefe de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI) y Gastón Montero. Si bien el caso fue sobreseído en primera instancia por haber prescrito, el Ministerio Público y Hernán Mery (UDI) apelaron a mediados de diciembre de 2005 por lo que la investigación continuó. Después de un año y medio de investigaciones (marzo de 2007), se absolvió de los dos cargos a la alcaldesa, a su marido y a su hermana. Además, en octubre de 2006, se inició una investigación en contra de Salgado por supuesto

“Nombramiento Ilegal de un funcionario”, pues había contratado a un pariente de su ex jefe de campaña en abril de 2005. Esta acusación fue impuesta por Manuel Alvarado ante el Ministerio Público, el mismo concejal que interpuso la primera querella. Finalmente la Fiscalía determinó que Salgado había cometido dicho delito y que debía cesar sus funciones de alcaldesa además de pagar una multa monetaria.

Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Fraude electoral Ilegal 2004 2. Cohecho/Soborno/Extorsión Ilegal 2005 3. Abuso de funciones/de autoridad Ilegal 2005

Actores implicados 1. Gobierno Local-Municipal de Camarones, XV Región

Denunciante Hernán Mery (ex alcalde, público medio), Manuel Alvarado (concejal, público medio)


Ciro Albornoz (concejal, público medio), Orlando Gómez (no se accede al dato), Emilio Jiménez (jefe se sección, público medio), Gastón Montero (no se accede al dato), Olga Salgado (familiar), Sonia Salgado (alcaldesa, público medio).


No


1. Habitantes de Camarones 2. Candidatos competidores- elecciones municipales 3. Representados(as) por la autoridad

Mayor información

Otras observaciones o comentarios Fecha del registro: Agosto/2009



Casos Vinculados Caso Municipalidad de Coquimbo Chile No

Resumen caso En octubre de 2005, la senadora Evelyn Matthei (UDI) presentó dos querellas contra el alcalde

Pedro Velásquez (DC). La primera querella fue por presunto “fraude al fisco”, relacionado con la venta de terrenos municipales a precios inferiores al avalúo comercial. La segunda querella fue por “negociación incompatible” por haber asesorado a privados, cuando su cargo se lo impedía. En octubre de 2006 se suspendió al alcalde, eligiéndose como sucesor a uno de los concejales. En enero de 2007 se emitió la sentencia: Velásquez fue condenado a 300 días de presidio condicional, debía pagar como multa el 10% del monto de los dineros en cuestión, además de quedar inhabilitado perpetuamente para ejercer cargos públicos y de representación popular. Esta sentencia fue dada a conocer por el Tribunal Oral en lo Penal de La Serena.

Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Fraude: Estafa al Fisco Ilegal No se accede al dato 2. Negociación incompatible/Conflicto de intereses Ilegal No se accede al dato

Actores implicados 1. Gobierno Local - Municipalidad de Coquimbo

Denunciante Evelyn Matthei (senadora, pública alta) Acusado/a (cargo y jerarquía)

Pedro Velásquez (Alcalde, público medio)


No


1. Habitantes de la zona- Municipalidad de Coquimbo 2. Representados(as) por la autoridad 3. Electores(as) 4. Compradores(as)/Clientes(as)

Mayor información 1.





Casos Vinculados Caso Municipalidad de Iquique Chile No

Resumen caso En septiembre del 2000, a través de un informe de Contraloría Regional (que cubría el periodo de agosto a diciembre de 1999), se conocieron diversas irregularidades en la Municipalidad de Iquique, cuyo alcalde era Jorge Soria Quiroga (Partido Regional Fuerza País). En junio de 2003, Contraloría formalizó su demanda por “fraude” al acreditarse que $123.667.844 fueron

utilizados indebidamente: $100 millones aproximadamente para el pago de horas extras y $23 millones por la cancelación de jornadas de trabajo no realizadas. Estos dineros fueron a parar a una empresa de aseo cuyo dueño era Ernesto Wittmann. La posterior investigación judicial indagó los nexos entre el alcalde y Ernesto Wittmann, la existencia de planillas de trabajadores falsas, cobros de horas extraordinarias adulteradas y nóminas de empleados inexistentes, irregularidades cometidas con el fin de cobrar remuneraciones y acceder a los beneficios de Decreto con Fuerza de Ley Nº 889, que bonifica la mano de obra en la zona, flujos de dinero que aumentaban durante los períodos de campaña electoral. En junio de 2009, tras cinco años de investigación, se conoció la condena de Jorge Soria por los delitos de “fraude al fisco”, “negociación incompatible” y “cohecho”. La condena fue de 1.082 días de prisión, inhabilitación para ejercer cargos públicos durante el período de castigo e inhabilitación perpetua para ejercer cargos de elección popular. Además se le impuso el decomiso de un terreno y una multa de $65 millones de pesos. También fueron condenados el ex administrador municipal Ernesto Lo, a 541 días por “fraude al fisco” y los contratistas municipales Ernesto y Edwin Wittmann, a 541 días cada uno por “estafa”.

Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Cohecho/Soborno/Extorsión Ilegal No se accede al dato 2. Fraude: Estafa al Fisco Ilegal 1999, 2000, 2001 3. Negociación incompatible/Conflicto de

intereses Ilegal No se accede al dato

Actores implicados 1. Gobierno Local-Municipalidad de Iquique 2. Empresa Privada de Aseo

Denunciante Contraloría Regional de Tarapacá Acusado/a (cargo y jerarquía)

Jorge Soria (alcalde, público alto), Ernesto Lo (funcionario, público bajo) Ernesto Wittmann (propietario de empresa, privado alto) Edwin Wittmann (propietario de empresa, privado alto)

Tratamiento del caso Situación del caso Administrativo Sí, Cerrado Político No Civil No Penal Sí, Cerrado Sistema Interamericano de Derechos Humanos

No

Sector Económico Terciario-Servicios Básicos Actores Afectados

1. Habitantes de la zona-Municipalidad Iquique 2. Empresas competidoras

Mayor información 1. La denuncia de la Contraloría Regional de Tarapacá , dio inicio a la causa rol No.

782958, radicada en el Segundo Juzgado de Letras de Iquique, Otras observaciones o comentarios

El artículo 239 del Código Procesal Penal chileno, contempla dos formas de comisión de delitos para los empleados públicos: una defraudación abierta y otra pasiva. Esta última corresponde a la que incurrieron Jorge Soria y Enrique Lo, pues permitieron que se ocasionaran pérdidas al patrimonio del Fisco. Al año 2003, 1US$ equivalía a aproximadamente $691 pesos chilenos. Fecha del registro: Agosto/2009



Casos Vinculados Caso Municipalidad de María Elena Chile No

Resumen caso En noviembre de 2004 dos carabineros denuncian ante la Fiscalía Local que había personas que teniendo sus permisos de circulación retenidos en otras municipalidades, contaban con permisos de conducir provisorios. La investigación determinó que el alcalde Lambert -en su calidad de titular del Juzgado de Policía Local- había entregado al menos 20 de estos permisos de conducir provisorios a familiares, amigos y conocidos. Esta irregularidad se habría cometido entre 2001 y 2004 El caso apareció en la opinión pública al momento de iniciarse el juicio oral en el año 2006. Los cargos formulados fueron “Otorgamiento irregular de permisos provisionales de conducir”, encontrándosele culpable en agosto de 2006 con una condena a pena remitida de tres años y un día. En el proceso actuaron como querellantes el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público.

Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Abuso de funciones/de autoridad Ilegal 2001, 2002, 2003, 2004

Actores implicados 1. Gobierno Local-Municipalidad de María Elena 2. Poder Judicial-Juzgado de Policía local (cuyo titular era Lambert)

Denunciante Carabineros (Policía), Consejo de Defensa del Estado, Ministerio Público


Santiago Lambert (alcalde y titular del Juzgado de policía local, público medio)


No


1. Habitantes de la zona-Comuna de María Elena 2. Representados(as) por la autoridad

Mayor información

Otras observaciones o comentarios Este delito figura en la Ley del Tránsito chilena, Nº 18.290. Disponible en http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=29708 Fecha del registro: Agosto/2009



Casos Vinculados Caso Municipalidad Pitrufquén Chile No

Resumen caso En febrero de 2003 el Concejo Municipal de Pitrufquén denuncia ante la Contraloría Regional que el alcalde de la localidad habría incurrido en irregularidades administrativas al gastar $78 millones de pesos en viáticos y horas extraordinarias entre los años 2001 y 2002. Esto ocasiona que en septiembre de 2004, el Tribunal Electoral Regional (TER) lo destituyera por “Faltas a la probidad” y “Notable abandono de deberes”. Fue acusado de “Manejo irregular” de $100 millones de pesos de un comité habitacional, además del pago ilegal de viáticos a funcionarios de su confianza y de estudios no realizados. En octubre de 2004, se confirmó su inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años, según el Tribunal Calificador de Elecciones. Sin embargo, Lizama había repostulado al cargo de alcalde, y fue electo, pero en noviembre de 2004 el Tribunal Electoral Regional de la región de La Araucanía resolvió que el Concejo Municipal debía oficializar un nuevo nombramiento para el cargo de alcalde. Al no poder asumir como alcalde reelecto por su sanción, Lizama decide viajar a Santiago para solicitar el indulto del presidente de esa época, Ricardo Lagos (el cual no le fue concedido). En esa época, Lizama también se autoproclama alcalde en algunas ceremonias públicas, lo que causa conmoción pública. Cabe destacar que por el actuar del partido que albergaba a Lizama (Unión Demócrata Independiente), una concejala y el diputado de la zona, deciden renunciar a dicho partido.

Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Abuso de funciones/de autoridad Ilegal 2001, 2002 2. Fraude: Malversación de caudales públicos/Peculado Ilegal 2001, 2002

Actores implicados 1. Gobierno Local-Municipalidad de Pitrufquén

Denunciante Concejo Municipal Acusado/a Pedro Lizama (alcalde, público medio)


No

Sector Económico No Aplica Actores Afectados

1. Habitantes de la zona-Comuna de Pitrufquén 2. Beneficiarios(as) de la política pública- del comité habitacional

Mayor información Otras observaciones o comentarios

Al año 2001, 1US$ equivalía a aproximadamente $634 pesos chilenos Al año 2002, 1US$ equivalía a aproximadamente $688 pesos chilenos




Casos Vinculados Caso Municipalidad de Quinta Normal

Chile No

Resumen caso A raíz de un sumario administrativo que acreditaba la extensión de permisos de circulación sin que los interesados entregaran todos los antecedentes necesarios, pagos con cheques a fecha y cobros por un valor inferior por los permisos, en una resolución de noviembre de 2007, Contraloría resolvió destituir al Director de Tránsito (Juan Cuevas Alarcón); al jefe del Departamento de Permisos de Circulación (Carlos Mora Saldías), y a una empleada del mismo departamento (Claudia Jerez Vargas). Asimismo, el organismo contralor pidió la suspensión durante tres meses, con el goce de sólo el 50% de su sueldo, de la cajera de la Tesorería Municipal (María Rosales Ahumada); y la suspensión durante 60 días, también con el 50% de su sueldo, de la Tesorera Municipal (Mireya Toro Rojas). Finalmente, la Contraloría dispuso multas en contra de la directora de Administración y Finanzas (Nora González Hernández), y de las funcionarias del Departamento de Permisos de Circulación (Rosa Vallejos Urrutia, Victoria Leiva Rodríguez y Mónica Ríos Araneda). En julio de 2008, se da a conocer que el alcalde de Quinta Normal, Manuel Fernández (Democracia Cristiana), no aplicó estas medidas de Contraloría. No obstante, según el Asesor Jurídico de la municipalidad, el único facultado para sancionar en un sumario administrativo es el alcalde, por lo que no existían irregularidades si el alcalde decidió no aplicar las sanciones dispuestas por Contraloría. En cuanto a las irregularidades en los permisos de circulación, generaron un perjuicio de $20 millones a la Municipalidad de Quinta Normal y la pérdida de 958 sellos verdes.

Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Abuso de funciones/de autoridad Ilegal 2003, 2004

Actores implicados 1. Gobierno Local-Dirección Municipal de Tránsito 2. Gobierno Local-Municipalidad de Quinta Normal


Contraloría General de la República


Juan Cuevas Alarcón (jefe de sección, público medio), Manuel Fernández (alcalde, público medio), Nora González Hernández (director/a, público medio), Claudia Jerez Vargas (funcionaria público bajo), Victoria Leiva Rodríguez (funcionaria, público bajo), Carlos Mora Saldías (jefe de sección, público medio), Mónica Ríos Araneda (funcionaria, público bajo), María Rosales Ahumada (otro, público bajo), Mireya Toro Rojas (Tesorero/a, público medio), Rosa Vallejos Urrutia (funcionaria, público bajo)

Tratamiento del caso Situación del caso

Administrativo Sí, Cerrado Político No Civil No Penal No Sistema Interamericano de Derechos Humanos

No


1. Usuarios(as) del servicio-permisos de circulación en Municipalidad de Quinta Normal 2. Habitantes de la zona-Comuna de Quinta Normal

Mayor información 1. Municipalidad Quinta Normal Informe Final sobre auditoría de ingresos - Febrero 2009

Informe de Contraloría General de la República de Chile sobre el caso Otras observaciones o comentarios

Al año 2003, 1US$ equivalía a aproximadamente $691 pesos chilenos Al año 2004, 1US$ equivalía a aproximadamente $609 pesos chilenos Fecha del registro: Agosto/2009



Casos Vinculados Caso municipalidad de San Fernando Chile No

Resumen caso En julio de 2001 cuatro concejales de la Municipalidad de San Fernando denunciaron irregularidades ante el Tribunal Electoral (TRICEL): acusaron al alcalde José Figueroa (PC) de “notable abandono de deberes” y de “falta a la probidad administrativa”. Estos hechos se dieron a conocer públicamente en mayo de 2002. Entre las irregularidades figuraban una sobredotación de personal y altos sueldos pagados a 150 funcionarios de la Corporación de Educación de la Comuna, los que supuestamente correspondían a favores políticos. No obstante, finalmente se concluyó que no había pruebas contra José Figueroa, siendo absuelto en julio de 2003 por el TRICEL. Paralelamente, el alcalde Figueroa enfrentó otras querellas criminales. Una, interpuesta por los mismos concejales por “malversación de caudales públicos”, y otra interpuesta por el Colegio de profesores por “apropiación indebida de recursos”, ya que estos pensaban que el alcalde era el responsable por sus sueldos impagos. De estos cargos se le sobreseyó por no acreditarse el presunto delito. Posteriormente, la administración sucesora encabezada por Juan Paulo Molina (alcalde), investigó de forma privada el déficit financiero de la municipalidad y ante estas averiguaciones, decidió interponer una querella criminal por el “delito de apropiación indebida” contra el ex alcalde José Figueroa y contra Ricardo Ulloa López, ex Secretario General de la Corporación Municipal de San Fernando. Los resultados de esta querella a agosto de 2009, aún se desconocen.

Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Apropiación indebida Ilegal 2001 2. Fraude: Malversación de

caudales públicos/Peculado Ilegal 2001

Actores implicados 1. Gobierno Local-Corporación Municipal de Educación y Salud

Denunciante Concejales, Colegio de Profesores, Juan Paulo Molina (alcalde sucesor)


José Figueroa (alcalde, público medio) Ricardo Ulloa (Jefe de sección, público medio).

Tratamiento del caso Situación del caso Administrativo Sí, Cerrado Político No Civil No Penal No se accede al dato Sistema Interamericano de Derechos Humanos

No

Sector Económico No Aplica Actores Afectados

1. Habitantes de zona-Comuna de San Fernando. 2. Trabajadores(as)-Profesores de colegios municipalizados.

Mayor información





Casos Vinculados Caso Programa de generación de empleos

Chile No

Resumen caso En diciembre de 2005, el alcalde de la comuna de Quillota, Luis Mella (Democracia Cristiana), denuncia al Ministerio Público que se estaban desviando fondos públicos para la campaña del candidato a diputado Marco Enríquez-Ominami (del Partido Socialista en ese entonces). Dichos fondos estaban destinados a financiar los “Planes de Generación de Empleo” (programa público destinado a disminuir la cesantía) pero se desviaban para pagar a los brigadistas de campaña. Iniciada la investigación, el fiscal a cargo se encuentra con que dicha práctica se había extendido fuera de la circunscripción electoral del candidato investigado inicialmente, como Valparaíso, Viña del Mar, San Felipe y San Antonio. Paralelamente, la Contraloría Regional de Valparaíso inicia su procedimiento administrativo en contra del Intendente de la Región Luis Guastavino. Se le sanciona con la censura por su responsabilidad administrativa en la supervisión de los funcionarios de los gobiernos locales. Si bien no se encuentran antecedentes suficientes para sustentar la acusación contra los

candidatos a diputado Marco Enríquez-Ominami, ni contra el senador Carlos Ominami (en ese entonces del Partido Socialista), sí se encuentran para formular acusación en contra de otros funcionarios públicos. Así, se da inicio a tres procedimientos penales:

a) Concejal Marisol Paniagua (Partido Por la Democracia PPD) –hija de la diputada Laura Soto (PPD)- y su pareja Uziel Valle, jefe de finanzas de la Intendencia Regional de Valparaíso, por utilizar los fondos para financiar la campaña de la concejala en el 2004. Fueron formalizados por “Estafa”

b) Diputada Laura Soto y sus asesores –y entre ellos, también su hija Paniagua y yerno-, por utilizar fondos para la campaña de la diputada en el 2005. Se les formaliza por los delitos de “Fraude al Fisco” y “Estafa” por $9.000.468 pesos

c) Diputado Rodrigo González y sus asesores, formalizados también por el delito de “Fraude al Fisco” y “Estafa” por $15.768.000 pesos, durante su campaña el 2005.

En el procedimiento penal en contra de Laura Soto y sus asesores se dictó sentencia absolutoria para la diputada y para el jefe de su campaña electoral, Cristián Gatica. Respecto del resto, fueron declarados culpables: a) por el delito de “Fraude al Fisco”: el secretario regional ministerial (seremi) del Trabajo, José Manuel Mancilla; b) por “Estafa reiterada”: la concejal Marisol Paniagua y su cónyuge Uziel Valle; Luis Gatica, jefe de gabinete de la diputada; y los contratistas Luis Vargas y su hijo Sergio Vargas. En el procedimiento penal seguido en contra de Rodrigo González (PPD) y sus asesores el diputado no fue acusado por no reunirse suficientes pruebas por el Ministerio Público. Respecto de sus asesores, se les formulo acusación y el procedimiento sigue en curso.

Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Fraude: Estafa al Fisco Ilegal 2004, 2005, 2006

Actores implicados 1. Poder Legislativo- Congreso Nacional – Cámara de Diputados 2. Gobierno Local – Municipalidad de Valparaíso – Consejo Comunal 3. Gobierno Regional – Intendencia de Valparaíso 4. Gobierno Regional – Gobernación de Valparaíso 5. Ministerios – Ministerio del Trabajo – Secretaria Regional Ministerial del Trabajo


Luis Mella (alcalde, público medio) Contraloría Regional de la República Ministerio Público Consejo de Defensa del Estado Sergio Romero (Renovación Nacional) (senador, público alto) Jaime Arancibia (senador, público alto)


Fernando Avendaño (funcionario, público medio) Max Bastidas (concejal, público medio) Luigi Fernández (colaborador de campaña) Cristián Garrido (colaborador de campaña) Cristian Gatica (colaborador de campaña) Luis Gatica (jefe de sección, público medio) Luis Guastavino (funcionario, público alto) Rodrigo González (diputado, público alto) Víctor Hueniful (funcionario, público medio) Ricardo León (concejal, público medio) Edgardo Lepe (funcionario, público medio) Giuseppe Malatesta (colaborador de campaña) José Mancilla (funcionario, público medio) Hugo Meza (contratista, privado alto) Marisol Paniagua (concejal, público medio) Jaime Quiroz (funcionario, público medio) Laura Soto (diputada, público alto) Uziel Valle (jefe de sección, público medio)

Luis Vargas Leiva (contratista) Sergio Vargas Pérez (contratista)


No


1. Electores(as) de la zona-Región de Valparaíso 2. Beneficiarios(as) de la política pública-Programas de Empleo 3. Candidatos(as) competidores(as)

Mayor información 1. Reportaje: http://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id={416db632-66e4-4c3c-a60d-

f39256d3ae20} Otras observaciones o comentarios

Al año 2005, 1US$ equivalía a aproximadamente $559 pesos chilenos El cargo contratista para efecto de la base de datos, se clasifica como Propietario(a) de empresa Fecha del registro: Agosto/2009



Casos Vinculados Caso PUBLICAM Chile Caso PUBLICAM-SERVEL, Caso

Chiledeportes Resumen caso

El caso PUBLICAM salió a la luz pública luego que Contraloría emitiera un informe en el que daba cuenta de una serie de irregularidades cometidas al interior de Chiledeportes (ver Ficha de Registro). El ilícito consistió en crear empresas ficticias que comercializaban sus facturas. La principal de estas empresas era PUBLICAM, cuyo principal dueño y gestor era Manuel Arancibia. Publicam operaba vendiendo facturas falsas destinadas principalmente a empresas que pretendían evadir impuestos con documentación falsa, aunque sus papeles aparecieron vinculados casos de corrupción descubiertos en 2006 (ver casos vinculados). Algunas de las facturas fueron descubiertas en la adjudicación de proyectos presentados a Chiledeportes, los que finalmente no se ejecutaban, mientras que otras fueron a parar a la rendición de gastos de algunos políticos ante el Servicio Electoral en las parlamentarias de diciembre de 2005. Al violarse el Código Tributario se presentaron cargos contra la contadora Gloria Pavez Chávez, la secretaria María Chávez Chávez, y Margarita Arancibia, hermana de Manuel Arancibia. El

Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó, a su vez, cargos contra uno de sus funcionarios -Luis Jofré- quien facilitó la creación de más de 40 sociedades y el timbraje de 1.082 facturas de la firma PUBLICAM S.A. Junto a Manuel Arancibia como encargado de PUBLICAM, figuraban Juan Meyerholz y Claudio Zalaquett Breschi. Este último fue condenado a cuatro años de pena remitida y una multa de 10 unidades tributarias anuales (la multa asciende a un total de US$8.053 aprox.), mientras que Meyerholz fue condenado a tres años de reclusión nocturna y a una multa de 10 unidades tributarias mensuales (la multa asciende a un total de US$623 aprox.) De otros implicados por comercialización de facturas falsas, no se conocieron sus sanciones (condenas). Este hecho provocó un perjuicio fiscal de $303.634.738 de pesos (US$ 552.064 aprox.), por concepto de evasión de impuestos (al emitirse facturas falsas se genera un crédito que redunda en evasión del Impuesto al Valor Agregado)

Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Asociación ilícita Ilegal No se accede al dato 2. Delitos tributarios Ilegal No se accede al dato 3. Falsificación de documentos Ilegal No se accede al dato 4. Fraude: Estafa al fisco Ilegal No se accede al dato

Actores implicados 1. Otras instituciones públicas-Servicio de Impuestos Internos 2. Empresa Privada-PUBLICAM

Denunciante Caso conocido a raíz de las investigaciones en el caso Chiledeportes


Manuel Arancibia (propietario de empresa, privado alto), Margarita Arancibia (familiar), María Chávez Chávez (trabajadora, privada baja), Luis Jofré (funcionario, público bajo), Juan Meyerholz (propietario de empresa, privado alto), Gloria Pavez Chávez (trabajadora, privada baja), Claudio Zalaquett (propietario de empresa, privado alto)


No

Sector Económico Terciario Actores Afectados

1. Empresas competidoras 2. Usuarios(as) del servicio

Mayor información





Casos Vinculados Caso PUBLICAM- SERVEL Chile Caso PUBLICAM, Caso

Chiledeportes Resumen caso

En octubre de 2006, el senador Guido Girardi (PPD) incluye dos facturas falsas emitidas por la empresa PUBLICAM S.A en la rendición de sus gastos de la campaña ante el Servicio Electoral (SERVEL). Girardi reconoció públicamente que se utilizaron dichas facturas para justificar gastos de campaña pero señaló que esto se hizo sin su consentimiento. Esto llevó a que finalmente fuese absuelto (en septiembre de 2007), recayendo la responsabilidad penal sobre su administrador electoral, Ricardo Farías, quien fue formalizado por el delito de “estafas reiteradas”, ya que a juicio del Ministerio Público se abultaron gastos con el fin de no devolver los excedentes de la campaña al Servicio Electoral. A Ricardo Farías se le condenó a 541 días de presidio remitido y al pago de una multa de 21 UTM (US$ 1.283 aprox.) por el delito de “estafa al fisco”. Paralelamente, se investigó al dueño de PUBLICAM S.A, Manuel Arancibia, por el delito de “estafa” en calidad de cómplice, por vender facturas falsas al comando del senador Guido Girardi. Posteriormente a Arancibia se le enjuició por una serie de “delitos tributarios” que se conocieron como el Caso PUBLICAM (ver caso vinculado), que salió a la luz pública luego que Contraloría emitiera un informe en el que daba cuenta de una serie de irregularidades cometidas al interior de la institución pública Chiledeportes (ver caso vinculado). También se investigó la presentación de facturas PUBLICAM S.A. para justificar gastos de las campaña de Lily Pérez y Sebastián Piñera (ambos de RN), quienes aspiraron sin éxito al Senado y la Presidencia. De acuerdo a lo señalado por la prensa, el fiscal del caso habría estimado que el perjuicio fiscal de este caso alcanzó aproximadamente $55.890.981 pesos (US$106.055 aprox.)

Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Delito tributario Ilegal 2006 2. Fraude: Estafa al Fisco Ilegal 2006

Actores implicados 1. Empresa Privada-PUBLICAM 2. Otras instituciones públicas-Servicio Electoral

Denunciante Partido de oposición (Renovación Nacional) Acusado/a (cargo y jerarquía)

Guido Girardi (senador, público alto) Ricardo Farías (colaborador de campaña) Manuel Arancibia (propietario de empresa, privado alto)

Tratamiento del caso Situación del caso Administrativo No se accede al dato Político No Civil No Penal Sí, Cerrado Sistema Interamericano de Derechos Humanos

No

Sector Económico Terciario-Servicios de publicidad Actores Afectados

1. Candidatos(as) competidores de senador Girardi, Lily Pérez y Sebastián Piñera 2. Electores(as) de Chile

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Casos Vinculados Caso Red de Corrupción Chile No

Resumen caso Los primeros indicios sobre una supuesta red de corrupción entre la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), el sistema judicial y carabineros, aparecieron en abril de 2007, cuando un narcotraficante pidió el beneficio de baja de condena presentando documentos falsos. A raíz de estos hechos, comenzaron las investigaciones que conllevaron a que en octubre de 2008, se detuviera a 10 detectives (cuyos rangos fluctuaban entre inspectores y comisarios), además de gendarmes, un juez y carabineros. El ilícito consistía en adulterar antecedentes penales de delincuentes (órdenes de arraigo y de detención) y también en entregar información en cuanto a los operativos y allanamientos programados. Esta situación se venía produciendo desde el 2003, dándose de baja a los funcionarios implicados y presentándose querellas por abuso de confianza en el uso de las claves de acceso al sistema informático interno. Con el paso de la investigación, se descubrió que la red también estaba relacionada con los ilícitos cometidos por Francisco Lapolla (ex jefe de la Brigada Investigadora del Crimen de la PDI de Macul, subprefecto), quien fue detenido por filtrar información policial a una banda de narcotraficantes denominada “Los Valladares”, en alusión al nombre de su líder: Luz Valladares Araya. La principal imputada en el caso es Margarita Cuadros, ex trabajadora de PDI y del poder judicial, quien actuaba como el nexo entre los funcionarios de la policía civil y los funcionarios judiciales.

Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Asociación ilícita Ilegal 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,

2008 2. Cohecho/Soborno/Extorsión Ilegal 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,

2008 3. Delitos informáticos Ilegal 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,

2008 4. Falsificación de documentos/Uso

malicioso de documentos Ilegal 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,

2008 5. Obstrucción de la Justicia/investigación Ilegal 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,

2008 Actores implicados

1. Policía de Investigaciones (PDI) 2. Poder Judicial 3. Carabineros de Chile 4. Gendarmería de Chile (GENCHI)


Ministerio Público

Acusado/a (cargo y Margarita Cuadros (funcionaria, público medio), Manuel Donoso

jerarquía) (policía, público medio), Uberlinda Elizondo (funcionaria, público bajo), Diego Inostroza Flores (policía, público bajo), Ricardo Morales Calquín (policía, público bajo), Marcelo Palavecino Flores (policía, público bajo), Óscar Ruiz Silva (policía, público bajo)


No


1. Usuarios(as) del servicio-Internos(as) que no obtuvieron beneficios por conductos regulares

2. Ciudadanía Mayor información

Libros, Reportajes de todo el caso, Noticias ilustrativas, Fallos judiciales, etc. 1. Noticia que relata cada arista detalladamente. Ver

http://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id={84c65cb2-239c-46b0-b2b2-017600b769aa}

2. Noticia que detalla los nombres y cargos de los involucrados http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20081017/pags/20081017210241.html





Casos Vinculados Caso Registro Civil-TATA Chile No

Resumen caso (no más de doscientas palabras) El año 2007, el Servicio de Registro Civil e Identificación inició un proceso de licitación para el Proyecto de Integración de Plataforma Tecnológica, Comunicaciones e Informática (manejo de actas de nacimiento, matrimonios, defunciones, vehículos motorizados, etc.). TATA Consultancy Services BPO Chile S.A, se adjudicó la propuesta por más de US$ 80 millones. La Empresa Quintec, junto con INDECS Ltda., denunciaron un “Tráfico de influencias” ante la Contraloría de la República en octubre de 2007, alegando que en este proceso se cometieron una serie de irregularidades. En enero de 2008, la Contraloría impugnó el proceso y ordenó retrotraer todo a la etapa de evaluación. No obstante los reparos, en marzo de 2008 el Registro Civil volvió a entregarle la licitación a TATA. Sin embargo, el gobierno ordenó reiniciar el proceso tras salir a la luz pública que Andrés Contardo -quien había participado en el diseño de las pautas y requerimientos de la licitación como asesor de Guillermo Arenas (Director Nacional del Registro Civil)-, trabajaba simultáneamente para

TATA en el extranjero. Luego de este incidente, se decidió remover al Director Nacional (Arenas), y a cuatro subdirectores del servicio: Gabriela Huarcaya (Jurídica); Enzo Pistacchio (Operaciones); Luis Mella (Administración y Finanzas) y Andrés Moreno (Estudios y Desarrollo). Arenas sostuvo una serie de reuniones con los ejecutivos de TATA, donde se decidió elevar el precio de la licitación para que él obtuviese una comisión mensual por $16 millones de pesos aproximadamente. Luego de esto, también se formaliza a los ejecutivos de la empresa TATA: Henry Manzano, gerente para Iberoamérica de TATA; Arturo Nahum, ex gerente general de TATA; Pablo Cisterna, ex gerente general de TATA y Andrés Tupper, ex gerente comercial de TATA. Los cargos fueron “Cohecho” y “Fraude al Fisco frustrado”. La última información del caso es que Guillermo Arenas estaba en prisión preventiva, al igual que Danilo Rivas (gestor de negocios), quien habría sido el nexo entre TATA y el Registro Civil.

Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Cohecho/Soborno/Extorsión Ilegal 2007 2. Fraude: Estafa al Fisco Ilegal 2007 3. Tráfico de Influencias Ilegal 2007 4. Violación al secreto público Ilegal 2007

Actores implicados 1. Empresa multinacional- Consorcio indio TATA 2. Otras instituciones Públicas- Registro Civil de Chile

Denunciante Empresa Quintec e INDECS Ltda. denuncian ante la Contraloría de la República.


Guillermo Arenas (Director, público alto), Andrés Contardo (funcionario, público bajo), Danilo Rivas (funcionario, público bajo), Henry Manzano (gerente, privado alto), Arturo Nahum (gerente, privado alto), Pablo Cisterna, (gerente, privado alto), Andrés Tupper, (gerente, privado alto), Gabriela Huarcaya (Jefa de sección Jurídica); Enzo Pistacchio (Jefe de sección Operaciones); Luis Mella (Jefe de sección Administración y Finanzas) y Andrés Moreno (Estudios y Desarrollo).


No

Sector Económico Terciario-Servicios computacionales Actores Afectados

1. Empresas competidoras-Quintec 2. Empresas competidoras-INDECS LTDA. 3. Usuarios(as) del servicio-Registro Civil de Chile

Mayor información

Otras observaciones o comentarios Al año 2007, 1US$ equivalía a aproximadamente $522 pesos chilenos Fecha del registro: Agosto/2009



Casos Vinculados Caso Revistas Chile No

Resumen caso El alcalde de Quilpué Mauricio Viñambres y su Consejo Municipal denunciaron al Ministerio Público a la diputada Amalia Herrera y a algunos de sus funcionarios, pues, cuando ella tenía el cargo de alcaldesa en dicha municipalidad en 2004, utilizó fondos municipales para financiar propaganda para su campaña parlamentaria. En concreto, la entonces alcaldesa encargó a su jefe de marketing, Ricardo de la Barrera, que solicitara a las empresas privadas que tenían deudas con la Municipalidad aportes en dinero para financiar unas 17.000 revistas que daban cuenta de su gestión como alcaldesa, sumando en total $8.745.384 pesos. Dichos montos nunca llegaron a las arcas municipales. El fiscal inicia la investigación penal y la formaliza en febrero del 2008 por los delitos de “Estafa”, “Fraude al Fisco” y “Ejercicio ilegal de la profesión de abogado”. Interviene posteriormente el Consejo de Defensa del Estado, como querellante solicitando la pena por delito de “Cohecho”. El tribunal penal declara culpable a la diputada Herrera y a De la Barrera, ambos por el delito de “Cohecho”. No se reúnen pruebas suficientes para condenarlos por “Estafa”. Posteriormente ambos intentan anular la sentencia. Los tribunales anulan el juicio solo respecto de la diputada Herrera.

Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Cohecho/Soborno/Extorsión Ilegal 2004 2. Ejercicio ilegal de la profesión Ilegal 2004 3. Fraude: Estafa al Fisco Ilegal 2004

Actores implicados 1. Gobierno Local – Municipalidad de Quilpué 2. Empresas privadas


Mauricio Villambres (alcalde, público alto) Consejo Comunal de Quilpué Ministerio Público Consejo de Defensa del Estado


Ricardo de la Barrera (colaborador de campaña), Amelia Herrera (diputada, público alto)


No


1. Electores(as) de la zona-Región de Valparaíso 2. Candidatos(as) competidores

3. Representados(as) por la autoridad Mayor información





Casos Vinculados Caso Riggs Chile Caso Ventas de armas en Ecuador, Caso Ventas de armas a Croacia, Caso Tanques Leopard, Caso

Mirage. Resumen caso

Post atentado a las torres gemelas el 11 de septiembre del 2001, el Senado estadounidense autorizó revisar las cuentas bancarias sospechosas. Entre esas, se investigaron las cuentas de Augusto Pinochet, descubriéndose que mantenía desde diciembre de 1994 cuentas millonarias en el Riggs National Bank de Washington. Los primeros en presentar una acción judicial (denuncia), fueron los abogados de derechos humanos, Carmen Hertz y Alfonso Insunza. Después, el Consejo de Defensa del Estado también se querellaría. Al avanzar la investigación, aparecieron otros casos vinculados (ver sus fichas). Fue así como se le desaforó por cuatro delitos: “Declaración de impuestos maliciosamente incompleta”, “Adulteración de su declaración de bienes”, “Falsificación de pasaportes” y “Falsificación de documentación fiscal”. Sin embargo, sólo se le procesó por “Falsificación y uso de cuatro pasaportes”, “Adulteración de un documento de la Subsecretaría de Guerra”, “Declaración irregular de bienes” y “Evasión tributaria”. En la arista de la investigación que apuntaba a establecer los delitos de “Malversación” y “Negociación incompatible” se avanzó muy lento por los innumerables recursos que interpuso la defensa. Además de los familiares más cercanos a Pinochet, también fue encausada la ex funcionaria del Registro Civil, Erica Steamann Parrao, por ser supuestamente la responsable de la adulteración de los pasaportes utilizados. También se procesaría por los mismos delitos a Lucía Hiriart y sus hijos (Augusto, Lucía, Jacqueline, María Verónica y Marco Antonio Pinochet Hiriart). Todos en calidad de cómplices. Algunos de estos procesamientos ya fueron revocados, mientras que otros continúan pendientes. En diciembre de 2006, muere Pinochet y con eso se le libera de todos los cargos imputados (sobreseído por fallecimiento). El Servicio de Impuestos Internos logró acreditar que el perjuicio fiscal provocado por todos los dineros que Pinochet transfirió y utilizó en el extranjero alcanzó la suma de $ 8.774.324.043 de pesos (aproximadamente US$ 14.623.873). A raíz de esto, al ex dictador se le embargaron todas sus cuentas.

Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Delito tributario Ilegal 1989, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,

2004, 2005 2. Falsificación de

documentos/Uso malicioso de documentos

Ilegal No se accede al dato

3. Fraude: Malversación de caudales públicos/Peculado


4. Negociación incompatible/Conflicto de intereses


Actores implicados 1. Poder Ejecutivo de Chile 2. Fuerzas Armadas de Chile 3. Bancos/Entidades financieras-Riggs National Bank


Carmen Hertz (representante de organizaciones de la sociedad civil), Alfonso Insunza (representes de organizaciones de la sociedad civil), Consejo de Defensa Nacional


Augusto Pinochet (Dictador y ex Comandante en Jefe del Ejército, funcionario público alto), Erica Steamann Parrao (funcionaria, público bajo)


No


1. Habitantes de la zona-Chile Mayor información

1. Artículo sobre la fortuna de A. Pinochet en el extranjero. http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20071205/pags/20071205123205.html

2. Texto del Senado estadounidense titulado “Money laundering and foreign corruption:

enforcement and effectiveness of the patriot act: case study involving Riggs Bank” (“Lavado de dinero y corrupción extranjera: implementación y efectividad de la Ley Patriota: Un estudio del caso del Riggs Bank”). Disponible en http://hsgac.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Documents.Home y también a través de http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20050315/asocfile/ASOCFILE120050315221825.pdf


Fecha del registro: Septiembre/2009

REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN Ficha Nº 127


Casos Vinculados Caso Sobresueldos en Municipalidad de Viña del Mar

Chile Caso GMA-Huechuraba-Recoleta-

Viña del Mar Resumen caso

A partir de las irregularidades detectadas en el caso de GMA-Huechuraba-Recoleta-Viña del Mar (ver ficha), se dieron a conocer otras irregularidades en la Municipalidad de Viña del Mar el año 2008, referidas a los sobresueldos que se habrían pagado a 13 funcionarios municipales con dineros provenientes del Casino de juego de la ciudad, lugar donde éstos jamás habrían cumplido funciones. Dichos funcionarios eran colaboradores personales de la alcaldesa Virginia Reginato (Unión Demócrata Independiente) y de su mismo partido político. En marzo de 2008, los concejales Víctor Andaur, (Partido Comunista) y Jorge Molina (Partido Por la Democracia) realizaron la denuncia ante Contraloría. Uno de los concejales denunciantes –Víctor Andaur- señaló que aproximadamente son $200 millones de pesos los que se desembolsaron por año desde el 2005 para pagar a estas personas, mientras que el segundo concejal denunciante, señaló que en los cuatro años se malversaron al menos $500 millones de pesos. Frente a los cuestionamientos, la alcaldesa indicó que el pago de honorarios extra con fondos del Casino Municipal era una práctica habitual en el municipio desde hace al menos dos décadas. Las investigaciones siguen en curso y podrían conllevar a la destitución de la alcaldesa de Viña del Mar.

Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Fraude: Malversación de caudales

públicos/Peculado Ilegal 2005, 2006, 2007, 2008

Actores implicados 1. Gobierno Local-Municipalidad de Viña del Mar 2. Empresa Privada- Casino de juegos de Viña del Mar


Víctor Andaur (concejal, público medio), Jorge Molina (concejal, público medio)


Virginia Reginato (alcaldesa, público medio)

Tratamiento del caso Situación del caso Administrativo Sí, Abierto Político No Civil No Penal No Sistema Interamericano de Derechos Humanos

No

Sector Económico Terciario-Servicios de Ocio y Entretención Actores Afectados

1. Habitantes de la zona-Comuna de Viña del Mar 2. Compradores(as)/Clientes(as) del Casino de Viña del Mar

Mayor información 1. Noticia publicada en junio 2008

http://www.cambio21.cl/noticia.php?noticia_id=6786&categoria_id=61 Otras observaciones o comentarios

Al año 2008, 1US$ equivalía a aproximadamente $522 pesos chilenos




Casos Vinculados Caso subvenciones escolares Chile No

Resumen caso La Contraloría General informa la existencia de diversos “desórdenes administrativos” en la Secretaria Regional Metropolitana de Educación. Entre los desórdenes destacan gastos no respaldados, duplicidad de pagos, cheques mal girados y 166.000 alumnos matriculados en más de un establecimiento. Se inicia un procedimiento penal, originado por la denuncia del SEREMI (secretario regional ministerial) Metropolitano Alejandro Traverso, en contra de los funcionarios y privados responsables. Se acredita el pago a personas que no son sostenedores escolares por parte de una funcionaria, defraudando al Fisco por $290 millones de pesos. El Ministerio de Educación presenta un informe para aclarar la situación. Además, se inicia un procedimiento administrativo al Seremi por negligencia en el control de sus dependientes, que termina en su destitución. La Contraloría nuevamente informa que, pese a sus intentos, el Ministerio de Educación no es capaz de justificar $262 millones. La Oposición inicia un procedimiento político para destituir a la ministra de educación Yasna Provoste, cuya consecuencia fue finalmente la destitución de su cargo. La ministra acudió al Sistema Interamericano, proceso que aún se encuentra pendiente.

Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Fraude: Estafa al Fisco Ilegal 2004, 2005, 2006

Actores implicados 1. Ministerios-Ministerio de Educación – Secretaría Regional Ministerial 2. Otras instituciones privadas- Sostenedores de los colegios de la zona-Región

Metropolitana Denunciante (y cargo si aplica)

Secretario Regional Metropolitano del Ministerio de Educación Contraloría General de la Republica Ministerio Público Diputados de la Oposición (RN-UDI)


Franka Grez (funcionaria, público medio), Yasna Provoste (ministra, público alto), Alejandro Traverso (funcionario, público medio)

Tratamiento del caso Situación del caso Administrativo Sí, Cerrado Político Sí, Cerrado Civil No Penal Sí, Cerrado Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Sí, Abierto

Sector Económico Terciario-Servicios de Educación Actores Afectados

1. Beneficiarios(as) de la política pública-Estudiantes de la zona-Región Metropolitana 2. Empresas competidoras- Sostenedores escolares que no incurrieron en las

irregularidades Mayor información

1. Cronología del caso: www.3a.cl/contenido/23_3642_9.shtml Otras observaciones o comentarios

Al año 2004, 1US$ equivalía a aproximadamente $609 pesos chilenos




Casos Vinculados Caso Tanques Leopard Chile Caso Riggs, Caso Ventas de armas a Croacia, Caso Ventas de armas a

Ecuador, Caso Mirage Resumen caso

Cuando se destapa el Caso Riggs (ver Ficha de Registro), diversos casos comienzan a abrirse. Se aseguraba que parte de la fortuna de Augusto Pinochet (US$27 millones en total) provenía de comisiones relacionadas con la compra de armamento durante su Comandancia en Jefe del Ejército. Uno de estos casos es la compra de Tanques Leopard a Holanda en 1995, por un valor de US$80 millones. En septiembre de 2005, el propietario de la empresa holandesa Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM), Joep Van Den Nieuwenhuyzen, confirmó que pagó comisiones a Óscar Aitken (ex albacea de Pinochet), por más de US$9 millones. También se pagaron comisiones a Guillermo Ibieta Otto (intermediador), por un 14% de la venta. En esta investigación también se determinó la existencia de sociedades entre Pinochet y el jefe de FAMAE, general Héctor Guillermo Letelier. Pinochet, fue sobreseído de los cargos en su contra al acaecer su fallecimiento.

Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Fraude: Malversación de

caudales públicos/Peculado Ilegal 1998

2. Lavado de dinero Ilegal No se accede al dato Actores implicados

1. Empresa Pública-Fábrica y Maestranzas del Ejército, FAMAE 2. Fuerzas Armadas de Chile 3. Empresa Privada-Rotterdamsche Droogdok Maatschappij, RDM


Medio de comunicación escrita-Periódico holandés “De Volkskrant”


Oscar Aitken (ex albacea, público medio), Guillermo Ibieta (intermediario), Luis Iraçabal (Director de FAMAE, público medio) y Gustavo Latorre (Gerente comercial de FAMAE, público medio), Héctor Guillermo Letelier (General, público medio), Augusto Pinochet (ex Comandante en Jefe, público alto).


No

Sector Económico Secundario-Industria Bélica Actores Afectados

1. Habitantes de la zona-Chile

2. Empresas competidoras-RDM Mayor información

1. Reportaje sobre el negocio de las armas que montó Augusto Pinochet. Se mencionan con mayor detalle las cuentas y empresas involucradas. Ver http://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id={b0b504f0-ec00-4c09-b355-9f9db9227ae0}

2. Noticia donde los ejecutivos Holandeses revelan detalles del caso. Ver http://www.lasegunda.com/detalle_impreso/index.asp?idnoticia= La_Segunda14082009Aexport_La_Segunda_ART_152753_PAG_59676




Año de aparición en prensa Nombre mediático del caso País 2005 (reaparición) Casos Vinculados Caso venta de armas a Croacia Chile

Caso Riggs, Caso Ventas de armas en Ecuador, Caso Tanques

Leopard, Caso Mirage. Resumen caso

En 1991, el embajador de EE.UU. en Chile, Charles Gillespie, informó que un avión con cargamento de ayuda humanitaria había sido detenido en el aeropuerto de Budapest, Hungría. El avión, en realidad, trasladaba 11 toneladas de armas cuyo destino oficial era Sri Lanka, pero que estaba siendo trasladada a Croacia. En ese momento había prohibición de Naciones Unidas para comerciar material bélico con los países de la ex Yugoslavia debido a la situación de guerra existente en esa región. En total se estima que si el negocio se hubiera llevado a cabo, habría alcanzado los US$60 millones. El Ejército inició investigaciones internas, las que concluyeron en una resolución de la Corte Marcial que ordenó acusar a ciertos implicados por falsificación de instrumento público y privado, y para el resto se declara el cierre del caso. No obstante, la Corte Suprema, vía casación, el año 2000 anula dicha resolución y ordena que se formule acusación contra los otros militares involucrados. En agosto de 2005 el juez militar a cargo de la causa, Miguel Trincado, dicta sentencia condenatoria contra los capitanes Pedro Araya Hermosilla y Patricio Pérez Villagrán, del Ejército y la Fuerza Aérea de Chile (FACH), respectivamente, por exportación ilegal de material de uso bélico, además de sentenciar por fraude aduanero al sargento (R) Ramón Pérez Orellana. En octubre de 2005 la Corte Marcial, a petición del Consejo de Defensa del Estado, ordenó reabrir la investigación porque estimó que hubo errores u omisiones, y designa como ministro en visita al juez Alejandro Solís. Además, se obtuvieron nuevos antecedentes a propósito de la investigación sobre la muerte del coronel Gerardo Huber, encontrado muerto luego de prestar declaración en el caso. Entre las nuevas diligencias destacaron los nuevos interrogatorios al ex jefe de la Fábrica y Maestranzas del Ejército, general (R) Guillermo Letelier Skinner y al ex director de Logística del Ejército, Carlos Krumm Rojas. El 2008, el juez Solís halló culpables de exportación ilegal de material bélico y de falsedad al: a) general (r) Guillermo Letelier, ex director de FAMAE; y b) al general (r) de la FACh Vicente Rodríguez; por “Exportación ilegal de armas” al c) oficial (r) Patricio Pérez Villagrán; d) al capitán (r) Pedro Araya Hermosilla: e) al sub oficial (r) Ramón Pérez Orellana; f) al ex coronel

David Fuenzalida González; g) al mayor (r) Carlos Sepúlveda Cataldo; h) a Carmen Molina, mujer de Sepúlveda y ex secretaria de FAMAE; y i) al empleado civil y encargado de Finanzas de FAMAE, José Sobrazo Poblete. Absolvió de todo cargo y responsabilidad al ex director de Logística del Ejército, general (r) Carlos Krum.

Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Delito aduanero Ilegal No se accede al dato 2. Exportación/importación ilegal de

material bélico o tráfico de armas Ilegal No se accede al dato

3. Fraude: Estafa al Fisco Ilegal No se accede al dato Actores implicados

1. Fuerzas Armadas-Fábrica y maestranzas del Ejército de Chile (FAMAE) Denunciante (y cargo si aplica)

Consejo de Defensa del Estado


David Fuenzalida González (militar, público medio), Carlos Krumm (militar, publico alto), Guillermo Letelier (militar, público alto), Carmen Molina (funcionaria, público bajo), Vicente Rodríguez (militar, público alto), Carlos Sepúlveda Cataldo (militar, público medio), José Sobrazo Poblete (funcionario, público bajo).


No

Sector Económico Secundario-Industria Bélica Actores Afectados

1. Habitantes de todos los países en guerra con Croacia. 2. Habitantes de la zona-Chile.

Mayor información 1. Corte Marcial reabre caso armas por irregularidades en la investigación. Diario La

Tercera. 19 de octubre del 2005. Véase en: http://www.icarito.cl/medio/articulo/0,0,3255_5666_166137283,00.html

2. Dos generales irán a prisión por tráfico de armas. Diario La Nación. Miércoles 10 de junio 2009. Veáse: http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20090609/pags/20090609222450.html





Caso venta de armas a Ecuador Chile Casos Vinculados

Caso Riggs, Caso Ventas de armas en Ecuador, Caso Tanques

Leopard, Caso Mirage. Resumen caso

El juez Sergio Muñoz inicia una investigación sobre las ventas de armas a Ecuador, realizada durante 1994 y 1995 cuando dicho país se encontraba en conflicto bélico con Perú, para determinar si los pagos recibidos en dichas ventas estaban destinados a incrementar el patrimonio del ex – dictador Augusto Pinochet. Posteriormente la investigación fue asumida por el juez Carlos Cerda. Se estableció que la Fábrica de maestranzas del Ejército de Chile (FAMAE) encargó al ex albacea de Pinochet, Óscar Aitken, revertir los depósitos hechos por Ecuador. Junto con algunos militares, viajó a Ecuador a inicios de 1995 para eliminar cualquier rastro del pago hecho por ese país a la cuenta de Famae Limited - sociedad off shore ubicada en Panamá- desviándose los dineros a una cuenta del Banco de Chile en Nueva York, a nombre de Famae Limited, y se anuló la transferencia inicial. En el curso de la investigación se determinó que esta operación no tenía relación con el origen de la fortuna de Pinochet. Se desata una contienda de competencia. Finalmente, el conocimiento del caso recae en el juez Joaquin Billard, por orden de la Corte Marcial. En mayo del 2006, el Consejo de Defensa del Estado se hace parte como querellante. Unos días después, también se querella el Ministerio Público Militar. En enero de 2008, el juez Billard, si bien declara que se acreditó el delito de venta ilegal de armas, dicta sobreseimiento definitivo sin inculpados por haber prescrito la acción penal para perseguir las responsabilidades. Chile, al ser garante de la paz según el acuerdo de Río, tenia prohibición de vender armas a cualquiera de las partes en conflicto. Sin embargo, durante las diligencias, se acreditó que la Fábrica de Maestranzas del Ejército Chileno (FAMAE) sí realizó ventas durante el desarrollo del conflicto, y no antes, como afirmaba el Ministro de Defensa Jaime Ravinet.

Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Enriquecimiento ilícito Ilegal 1994, 1995 2. Exportación/importación ilegal de material

bélico o tráfico de armas Ilegal 1994, 1995

Actores implicados 2. Fuerzas Armadas-Fábrica y maestranzas del Ejercito de Chile (FAMAE)


Consejo de Defensa del Estado Ministerio Público Militar


Augusto Pinochet (militar publico alto), Militar Luis Iraçabal (Director de FAMAE, público alto)


No

Sector Económico Secundario–Industria Bélica Actores Afectados

1. Habitantes de Chile 2. Habitantes del Perú

Mayor información

1. Los secretos que encierra la venta de armas a Ecuador. Diario Electrónico El Mostrador. 20 de abril de 2006. Véase en:

http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/imprimir/exclusivo_los_secretos_que_encierra la_venta_de_armas_de_chile_a_ecuador/

2. Nexos de armas a Croacia y Ecuador. El Mercurio. Domingo 8 de enero de 2006. En: http://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id={d32c8f80-6084-4b5e-82e5-f91f1f3b49ec}



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