cap. 1 para eldiario

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Tierra de saqueo

Voluntariamente ofrezco este sacrificio personal para que Mariano Rajoy sea el próximo presidente del Gobierno, para que el Partido Popular gobierne España y para que España sea esa gran nación que los españoles queremos. Un sacrificio personal y un sacrificio político y familiar. Dejo la presidencia de la Generalitat. La dejo en este mismo ins-tante. Inocente. Completamente inocente de las barbarida-des que durante estos años se han dicho de mí, como las otras tres personas que están también en un mismo absur-do, brutal proceso que nadie entiende, que nadie compren-de, que es falso. Y que el día de mañana muchas personas —no como yo—, tendrán que bajar la cabeza por la barba-rie que han ido cosiendo para tapar la ilusión democrática, legítima y de libertad del pueblo al que represento, que es el pueblo valenciano.

Francisco Camps pronunciaba aquellas palabras el 20 de julio de 2011 a las cinco en punto de la tarde ante las mismas pie-dras colocadas hacía casi seis siglos en el patio gótico del edi-ficio medieval que alberga la sede de la Generalitat, en el co-razón de Valencia. Un escenario cargado de simbolismo y testigo de multitud de contingencias históricas y políticas

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SERGI CASTILLO PRATS

desde que en 1418 Alfonso el Magnánimo convirtiera la Ge-neralitat en el órgano de administración de los fondos del Reino de Valencia y decidiera dotarla de su propio edificio.

En su origen, la Generalitat administraba los donativos e impuestos ofrecidos por los tres brazos integrantes de las Cortes, el eclesiástico, el militar y el civil. Aquellas mismas paredes albergaron la Real Audiencia tras la guerra de suce-sión y la derogación de los fueros, el revolucionario Comité Ejecutivo Popular de Valencia durante la contienda de 1936 y la Diputación Provincial durante la dictadura franquista. En 1982, con la llegada de la autonomía, se recuperó su uso ori-ginal y, en 2003, Camps se convirtió en el tercer presidente electo en ocupar el emblemático edificio decorado con obras de Juan de Juanes, Mariano Benlliure, Francisco Ribalta o Je-rónimo Jacinto Espinosa.

El mismo presidente Camps culminó la rehabilitación de la dependencia más antigua para convertirla en la sala donde se reunía su gobierno y colocó en cada pared un cuadro re-presentativo: uno de Jaume I el Conquistador, otro del piado-so Padre Jofré y un tercero del humanista Luis Vives.

Ahora comparecía derrotado, con la senyera de fondo y acompañado de sus personas más cercanas —entre ellas su mentora y protectora, la alcaldesa de Valencia Rita Barberá, que aquella tarde había cambiado su uniforme rojo por un ri-guroso luto— para anunciar que abandonaba el cargo de pre-sidente que ostentaba desde hacía ocho años.

Bajaba del trono para sentarse en el banquillo.

La Comunidad Valenciana es lo más grande que hay en el mundo. Eso lo aprendí en mi casa, de mis mayores y lo he transmitido también a mis hijos. Somos los mejores, este es

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TIERRA DE SAQUEO

el mejor territorio, la comunidad más grande de España y la mejor región de Europa, y por eso han ocurrido las cosas que han ocurrido.

Lo que había ocurrido era el estallido del caso Gürtel en el cénit de su carrera y la revelación de sus íntimas relaciones con los miembros de una trama corrupta que había saqueado los fondos públicos de la Generalitat. Francisco Camps esta-ba imputado por corrupción y acusado de un presunto delito de cohecho pasivo impropio por el que iba a ser juzgado en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Según todos los indicios, Camps había aceptado varios tra-jes de la red de corrupción. Aquellas prendas de vestir habían acabado con su carrera, pero pronto se descubriría que no se trataba de un hecho aislado. Bajo su mandato, la Generalitat había alcanzado las cuotas de corrupción y degradación más altas de cualquier institución europea.

Camps no entendía por qué tenía que ser él quien pagara por todos los pecados de su partido. Debió de pensar que la denominada «rama valenciana de Gürtel» y los «tres trajes» que le atribuían eran una anécdota para un partido que, se-gún la investigación y los testimonios, llevaba décadas finan-ciándose de forma ilegal, cuyos miembros de la cúpula, in-cluido el presidente Mariano Rajoy, habían ido recibiendo sobresueldos de pagos en dinero negro procedentes de em-presarios a los que compensaban con adjudicaciones de con-tratos públicos.

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1. El virrey

«Amistad, que no dinero.» El lema está inscrito en una vieja talla de madera de roble que, colgado detrás de la barra, pre-side el clásico mesón. En el escudo situado justo encima, ape-nas pueden intuirse los restos de lo que un día fue el dibujo de la senyera de Jaume I, un castillo y un toro bravo. Comple-tan ese peculiar altar vertical un conjunto de época formado por un trabuco, una porra y una espada y, un poco más lejos, una balanza, el símbolo de la justicia.

Francisco Camps, Esteban González Pons y Gerardo Camps acudían a diario a aquel local, un mesón situado en la calle Artes Gráficas de Valencia, a espaldas de la facultad de Derecho y muy cerca del estadio de Mestalla. Corrían los años ochenta y ellos eran jóvenes estudiantes a los que tiem-po después apodarían «el clan de la Gomina». El nombre del establecimiento era premonitorio: El Agujero.

En aquel bar, debajo de aquella frase, «Amistad, que no di-nero», y entorno a un café con leche, los tres mantenían lar-gas tertulias sobre política y deporte, las dos pasiones del lí-der del grupo, Francisco Camps. En 1982 Camps se había afiliado a Alianza Popular y, al poco tiempo, fichó a sus ami-gos Esteban y Gerardo, por entonces presidente y secretario de la Asociación Independiente de Estudiantes. En cuanto a

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su segunda pasión, Camps era hincha del Valencia Club de Fútbol: su abuelo no solo había sido fundador del club sino que también había hecho posible la construcción del estadio del Valencia C.F. en 1923.

Francisco Enrique Camps Ortiz (Valencia, 1962) se crió en la pedanía valenciana de Borbotó, al norte de la ciudad. Su familia materna era del Cabanyal y la paterna, de Poble Nou, donde él nació. Le pusieron Francisco por su padre y Enrique por su abuelo. Se educó en los jesuitas de Valencia y todos lo definen como una persona creyente, practicante, de misa do-minical.

Su abuelo Enrique era un emprendedor que puso en mar-cha una empresa familiar de transportes. En los años setenta, sus padres montaron una fábrica de género de punto y los hi-jos ayudaban.

Se casó con la novia que tenía desde COU, Isabel Bas, y tuvo tres hijos. Estudió Derecho, pero nunca llegó a ejercer de abogado. En aquellas charlas en El Agujero hablaban de sus sueños, de su futuro, de las posibilidades personales que se les abrirían cuando terminaran la carrera, pero sentado en aquel mesón, Francisco Camps no llegó a imaginar nunca en el verdadero agujero por el que terminaría cayendo cuando alcanzara lo más alto de su carrera política.

A sus más fervientes seguidores les gustaba decir que Paco es una persona hecha a sí misma que ha ido escalando posi-ciones poco a poco. Que lo ha sido todo en el partido. Inclu-so había hecho de conserje en la sede de Alianza Popular. Él mismo explicó en abril de 2007 a El País que cuando se afilió al partido le dieron las llaves para quedarse en un local en el que no había nadie, tan solo un joven de buena familia del centro de Valencia, Fernando de Rosa, al que años más tarde

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EL VIRREY

haría conseller de Justicia y vicepresidente del Consejo Ge-neral del Poder Judicial.

¿Por qué se afilió? Le preguntaron en una entrevista en Telva. «Me dolía la falta de peso que tenía Valencia en las no-ticias nacionales. Aunque ahora estamos apareciendo dema-siado… Pero en fin. Yo pensaba: “Si los valencianos somos los mejores, ¿cómo es posible que no ocurra nada en Valencia, ni coches, ni motos, ni juegos olímpicos, ni exposiciones…?”. Y mire ahora.»

Entre 1983 y 1999, Camps fue asesor del Grupo Popular, concejal de Tráfico, de Hacienda, portavoz del Gobierno mu-nicipal, diputado nacional y conseller de Cultura, Educación y Ciencia. En enero de ese mismo año, Camps fue llamado por José María Aznar para ocupar el segundo escalón del go-bierno, al frente de la secretaría de estado de Administracio-nes Territoriales. Y poco después era nombrado vicepresiden-te primero del Congreso. Tanto en 1996 como en 2000, época de máximo esplendor nacional del PP, encabezó la lista al congreso del PPCV por la provincia de Valencia, lo que le otorgó una gran popularidad y lo convirtió en uno de los principales activos del partido.

A lo largo de todo este recorrido por el escalafón adminis-trativo y durante su presencia en Madrid, Camps fue cono-ciendo a personas que serían clave para él. En su etapa en la capital de España vivió en casa de Juan Cotino, con quien había compartido buenos momentos cuando los dos eran concejales del gobierno de Rita Barberá. Cotino era entonces director general de la Policía. Aquella alianza entre los tres demostraría ser sólida y permanecería inalterable durante mucho tiempo.

En julio de 2002, el presidente del Gobierno, José María

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Aznar, vive sus días de gloria. Todavía no ha estallado la gue-rra de Irak ni se ha celebrado la pomposa boda de su hija en El Escorial cuya ostentación fue objeto de crítica hasta por parte de los medios de comunicación más cercanos, pero una molesta huelga se lleva por delante al ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, y el presidente echa mano para el cargo de una persona con talante y buena imagen en Madrid: Eduardo Zaplana.

Éste pensaba que se había dejado todo atado y bien atado en Valencia. Su número dos en el gobierno, José Luis Olivas, ocuparía temporalmente la presidencia de la Generalitat —a la espera de un destino relevante, como la presidencia de Bancaja— y Camps aguardaría el máximo tiempo posible al frente de la Delegación de Gobierno para beneficiarse de los logros de Aznar y poder presentarse en las elecciones de 2003 como candidato infalible.

Y así fue. Camps se convirtió en 2003 en el tercer presi-dente autonómico elegido en las urnas, el sexto en ocupar el cargo por detrás de Josep Lluís Albiñana, Enric Monsonís (preautonómicos), Joan Lerma, Eduardo Zaplana y José Luis Olivas. «Yo jamás me he acomodado en ningún cargo. Podría seguir siendo concejal del ayuntamiento con Rita, pero fui aceptando retos —declaró Camps en su última entrevista—. Empecé ordenando el tráfico y terminé dirigiendo todo el es-cenario, que es lo bonito, lo que a mí me gusta. Es que al final mi bagaje es impresionante…», presumía sin conocer qué es la modestia.

Camps fue el primer mandatario de la Comunidad Valen-ciana que hizo su discurso oficial de investidura íntegramente en valenciano, jurando su cargo sobre la Constitución, el Es-tatuto de Autonomía, un ejemplar de Els Furs de Jaume I y

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EL VIRREY

una Biblia. Estos cuatros volúmenes condensan su visión de la política y de la vida.

El robo a las monjitas

Eduardo Zaplana (Cartagena, 1956) llegó a la política rodea-do de escándalos, acusaciones de corrupción y de despilfarro. Los principales méritos del entonces líder del PPCV eran haber convertido a una región votante de izquierdas y de tra-dición republicana en uno de los principales feudos de la de-recha española y haber fagocitado al regionalismo valenciano incorporándolo al partido. Teniendo en cuenta su origen murciano, en este segundo caso, el mérito es todavía mayor.

Zaplana instauró en 1995 una nueva forma de entender el poder en la Comunidad Valenciana que quedaría asentada una vez se marchara a Madrid. Las amplias mayorías del PPCV y esa forma de entender la política serían su legado. El periodista de Información de Alicante, Pere Rostoll, consi-dera que Zaplana fue «el diseñador de un modelo basado en el enriquecimiento fácil y en un sistema corrupto que instaló en el PP de la Comunidad».

A pesar de ser el blanco de todas las dianas, el antecesor de Camps nunca llegó a estar imputado por corrupción, pero uno de sus consellers no solo fue imputado sino que llegó a entrar en prisión por robar el dinero a unas religiosas, inau-gurando así la triste historia de la corrupción en la Comuni-dad Valenciana. Luis Fernando Cartagena (Orihuela, 1954) fue alcalde de su ciudad natal de 1987 a 1995, año en el que fue nombrado conseller de Obras Públicas de la Generalitat.

Todo aquello ocurrió en 1993. La hermana Bernardina, del

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Hospital Municipal de San Juan de Dios de Orihuela, entre-gó un sobre con ocho millones de pesetas (48.000 euros) al consistorio para que fueran destinados a las familias más po-bres y necesitadas del municipio. El entonces alcalde, Luis Fernando Cartagena, lo cogió, lo escondió en un piano situa-do en el edificio consistorial y fue sacando billetes poco a poco, en función de sus necesidades personales y las necesi-dades de su partido.

Cuando se enteró de que se investigaba el paradero del do-nativo, Cartagena tenía varias opciones. La más sencilla, re-ponerlo de su bolsillo. Sin embargo, prefirió diseñar un plan bastante más complicado, recurriendo a un empresario amigo, Ángel Fenoll, al que le pidió que falsificara unas facturas con las que justificar el gasto y hacer creer al juez que el dinero se lo había gastado en mejoras en las chabolas de los gitanos del municipio. No le salió bien.

La Audiencia de Alicante condenó a Cartagena y a Fenoll a cuatro y un años respectivamente por malversación de cau-dales públicos y falsedad en documento mercantil. El ex al-calde de Orihuela y ex conseller de Obras Públicas pidió el indulto al Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapa-tero, que lo rechazó, y en 2008 ingresó en el Centro Peniten-ciario de Villena. De Ángel Fenoll hablaremos más adelante.

El asunto de las monjitas no es el único al que se ha tenido que enfrentar Luis Fernando Cartagena. De hecho, no fue por este caso por el que dimitió en 1999 del Consell de Za-plana sino por otro que todavía está pendiente de resolver en los juzgados veinticinco años después.

Presuntamente, Cartagena se benefició en 1988 de un pro-ducto financiero del Banco de Santander que era opaco al fis-co, en el conocido como caso de las primas únicas. La Agen-

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cia Tributaria dio de plazo entre 1993 y 1996 para que los titulares de las primas únicas regularizaran su situación y pa-garan a Hacienda. La mayoría de imputados así lo hicieron, pero algunos, entre los que se encontraba Cartagena, negaron ser los titulares de esas cuentas.

El caso ha pasado por varios juzgados y el grueso se archi-vó, no así la pieza que afectaba a Cartagena. El ex conseller ha pedido sin éxito el archivo de su causa alegando prescrip-ción, pero en 2008 un juzgado de Orihuela decretó la apertu-ra de juicio oral. El fiscal anticorrupción de Alicante pide tres años de cárcel por un fraude fiscal de 310.000 euros.

Por último, Cartagena también está imputado en el caso Metrored, un fraude fiscal de más de siete millones de euros relacionado con la venta de minutos de telefonía. El ex con-seller se enfrenta a una pena de cinco años de prisión por su gestión, en esta ocasión, como empresario.

La esposa de Cartagena, Ana Encabo, alto cargo de la Ge-neralitat en época de Zaplana, fue secretaria autonómica de Empleo con Francisco Camps y guarda muy buena relación con el sector empresarial valenciano. De hecho, tras su paso por la administración pública, fue fichada como secretaria ge-neral de la Cámara de Comercio.

Cuando el ex conseller salió de la cárcel, en 2010, fue con-tratado por el presidente del Consejo de Cámaras de Comer-cio de la Comunidad Valenciana, José Vicente Morata, como asesor. El dirigente empresarial alegó que se presentaron tres firmas para el concurso y que la empresa de Cartagena resul-tó adjudicataria por cuatro años y un importe de setenta mil euros. Morata calificó de «gran profesional» al ex conseller.

Sor Bernardina seguro que no opina lo mismo.

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El voto cautivo

«El que gana las elecciones coloca a un sinfín de gente y toda esa gente es un voto cautivo… Supone mucho poder, en un ayuntamiento, en una diputación, en todas partes.» En febre-ro de 2009 la Cadena Ser difundió una conversación privada en un mitin de Carlos Fabra en vísperas de las elecciones au-tonómicas y municipales de 2007. Sin saber que alguien lo grababa, el dirigente provincial mostraba sus cartas: «Yo no sé la gente que habré colocado en doce años, pero entre Peñeta (complejo socio-educativo de la Diputación), el Hospital, la Diputación, el Puerto…».

La llegada del PPCV al poder autonómico en 1995 no su-puso solamente el relevo en las administraciones sino que se intentó ocupar todo el espacio ciudadano: el social, cultural, empresarial, educativo… Las subvenciones y ayudas estarían condicionadas a la lealtad que cada colectivo mostrara con el poder político.

De las tres fundaciones de la Generalitat Valenciana exis-tentes en 1995 se pasó a 79 fundaciones, agencias y empresas públicas en 2010 donde han colocado a 12.136 personas, se-gún reveló en 2012 el diputado socialista Rafael Rubio. El representante del PSPV-PSOE en las Cortes definió a este entramado como una «administración paralela a la oficial», donde miles de personas cobran sueldo público sin pasar por concurso o prueba de méritos. Todos enchufados. Todos al servicio de quien los enchufó.

A esta cantidad hay que sumar las tres diputaciones, con sus respectivas entidades vinculadas, los ayuntamientos, y multiplicar por los familiares, amigos y personas cercanas a los enchufados, que siempre votarán al PP.

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La Asociación Contra la Corrupción de la Comunidad Va-lenciana presentó en septiembre de 2013 en el Tribunal Su-perior de Justicia de la Comunidad Valenciana sendas quere-llas contra los dirigentes del PPCV Alberto Fabra y Serafín Castellano por enchufar a familiares y contratar a personas que no acuden a su lugar de trabajo. Entre otros delitos, los acusan de malversación, prevaricación y tráfico de influencias, cuando Alberto Fabra estuvo al frente del Ayuntamiento de Castellón y cuando Castellano aterrizó en la conselleria de Gobernación y Justicia.

Las palabras de Carlos Fabra no han quedado aisladas. La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, fue pillada in fraganti en las conversaciones del caso Brugal cuando intentaba que el empresario Enrique Ortiz —sus empresas se llevan uno de cada tres euros del presupuesto municipal por adjudicaciones de servicios— contratara a las personas que ella le sugería. En su declaración ante el juez, Castedo reconoció que «personal-mente» intentaba «mover los currículos», porque eso era parte de su labor como alcaldesa.

Hay otras fórmulas. El empresario Ángel Fenoll, el mismo que intentó dar coartada a Luis Fernando Cartagena en el robo a las monjitas, fue condenado en 2002 por delito electo-ral, al comprobarse que había pagado treinta euros por cada voto al PP al colectivo gitano de Orihuela en los años noventa.

Más recientemente, en junio de 2009, el Centro Integral de Inmigrantes Latinoamericanos de Castellón denunció que a 39 familias de inmigrantes les ofrecieron un puesto de traba-jo para que acudiesen al mitin electoral que el PP celebró con motivo de las elecciones al Parlamento Europeo en la plaza de toros de Valencia. Las familias lo denunciaron cuando no vieron recompensado su esfuerzo y continuaron en el paro.

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El encargado de reclutarlos fue Germán Fernández, presi-dente de la asociación colombiana Valencia Nos Une y traba-jador de la red Amics que impulsó el conseller Rafael Blasco cuando estuvo al frente de la conselleria de Cooperación. Fernández, quien según el PSPV-PSOE ha recibido 254.584 euros en subvenciones del Ayuntamiento de Castellón, está imputado por un supuesto fraude en el reparto de alimentos a personas necesitadas.

Eliminar el zaplanismo

Uno de los retos más grandes a los que tuvo que hacer frente Francisco Camps cuando fue elegido presidente fue gestionar la herencia de Eduardo Zaplana en el PPCV o, mejor dicho, despegarse de ella. El ex alcalde de Benidorm supo conformar una organización cohesionada (con la excepción, si a caso, de Carlos Fabra en Castellón) y anuló las referencias locales (también con la excepción de Rita Barberá, con cuyo protago-nismo institucional no tuvo más remedio que convivir).

«El todopoderoso líder del PP valenciano se convirtió en Dios y la afirmación no resulta exagerada a los ojos de cual-quiera de los que entonces convivieron y tuvieron una rela-ción más o menos cercana con el dirigente popular. Nada se hacía o decidía en la Comunidad sin pasar o saberse en el despacho del Palau de la Generalitat. Zaplana ejerció un po-der absoluto», relataba el periodista Juan Carlos Ferriol en Las Provincias (19 de junio de 2011).

Siendo ya ministro Zaplana intentó influir desde Madrid, como si Camps continuara siendo un simple delegado suyo, lo que provocó grandes tensiones en el seno del partido. Camps

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llegó a la presidencia de la Generalitat en junio de 2003 y se puso al frente de un grupo parlamentario que solo tenía fide-lidad hacia su antecesor. Además, en su primer ejecutivo, tuvo que incluir a tres personas hasta entonces identificadas con el zaplanismo y con las que no guardaba simpatía alguna: Gema Amor, Miguel Peralta y Alicia de Miguel. El núcleo duro lo conformaban Gerardo Camps y Esteban González Pons, con quienes pasó de compartir la terraza del bar El Agujero a sen-tar en la mesa del Palau de la Generalitat.

Para diferenciarse del boato, la soberbia, la ambición des-medida, el gusto por el gasto y la ausencia del valenciano que marcaron a su antecesor y que habían centrado todas las crí-ticas de la oposición, aquellos primeros meses en el poder de Camps en 2003 fueron de sobriedad, cercanía y cierto valen-cianismo gestual.

El decano de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Castilla la Mancha, Antonio Laguna, considera que Camps se convierte en poco tiempo «no solo en alumno aventajado de Zaplana sino en un maestro que lo supera por completo. Zaplana ha construido un partido clientelar, una máquina para ganar elecciones, y Camps lo que hace es mul-tiplicar eso».

Josep Moreno, diputado socialista en las Cortes Valencia-nas, define a Camps como un escolanet: «Iba de bueno, de persona caritativa, de un personaje histórico. Eduardo Zapla-na en cambio era el chulo, el macarra, el pillo, el caradura, el soberbio».

Para el ex portavoz socialista Ángel Luna, Francisco Camps «parecía más escrupuloso con la gestión de los servi-cios públicos que Zaplana». Según Luna, este último «se pre-sentaba como un liberal y, de hecho, en su comportamiento

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privado actuaba como un liberal». Desde su punto de vista, Camps «solo tenía una obsesión, que era el poder. Y para ob-servar y acrecentar su poder sería capaz de cualquier cosa».

Los personajes históricos preferidos de Camps —decla-rado por él— son Winston Churchill, Juan Pablo II y Juan Carlos I. Sobre todo el primero, de quien admira su «valentía de enfrentarse él solo al fascismo desde su pequeña isla». No solo los admiraba sino que el propio Camps ha llegado a compararse con Churchill, uno de los principales líderes eu-ropeos del pasado siglo. «Es que es lo mismo —se justificaba en una entrevista—. Churchill dijo: “Hitler sabe que o gana esta pequeña isla o perderá la guerra”. Yo dije: “Zapatero sabe que o gana esta pequeña Comunidad que yo presido o perde-rá el gobierno de España”.»

Ángel Luna destaca de Camps su «mesianismo». «Tengo la sensación de que quería hacer un paréntesis en la historia en-tre Jaume I y él, como si en medio no hubiera habido prácti-camente nada. Quiso erigirse en el símbolo espiritual de lo valenciano y eso de alguna manera le servía de justificación moral para hacer lo que hacía. Todo estaba justificado en la medida de que él era el único capaz de entender, comprender y defender al pueblo valenciano y que la defensa del pueblo valenciano estaba por encima de cualquier cosa.»

El portavoz adjunto de Esquerra Unida en las Cortes, Ig-nacio Blanco, considera que Camps «parecía un asceta, una persona con una vena profética, un poco iluminado», pero re-conoce que «en los primeros momentos todavía se controlaba y parecía que iba a poner un poco más de orden en la gestión del dinero público».

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Aire fresco

La jefa de política del periódico El Mundo en la Comunidad Valenciana, Marisol Hernández, subraya que Camps «tuvo una inmensa suerte, todavía no he entendido por qué», ya que «gozó desde el principio de un tratamiento en los medios de comunicación mejor que el de Zaplana. Todos estaban rendi-dos a sus pies. Se presentó como un político diferente a lo que había supuesto Eduardo Zaplana. Sobre él siempre había habido sospechas de corrupción que no han sido probadas y Camps construyó su figura en contraposición a él, marcando distancias desde el primer momento».

Pere Rostoll afirma que Camps «abrió la mano y ofrecía, al menos de puertas hacia fuera, una imagen diferente».

El jefe de contenidos de Radio Valencia Cadena Ser, Ber-nardo Guzmán, acusa de ello a la izquierda y cree que mu-chas personas del ámbito del PSPV-PSOE «equivocaron su estrategia» al recibir al nuevo presidente «con los brazos abiertos». «La izquierda contribuyó muchísimo a consolidar a Francisco Camps ya que juzgaron más las personas que las políticas de las que el Partido Popular había sido responsable ya durante ocho años. Lo vieron más como una bocanada de aire puro.» Para Guzmán, la izquierda «contribuyó a finiqui-tar la etapa anterior de Eduardo Zaplana, que había generado muchísimas enemistades y controversias. Eso permitió a Camps unos primeros años muy plácidos, elevando su ima-gen a la honestidad más absoluta».

Uno de sus primeros anuncios, descartar la fusión Bancaja y la CAM fue cuestionado por el entonces síndic parlamen-tario, Serafín Castellano, que continuaba siendo portavoz de Zaplana más que de Camps. El momento más duro del en-

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frentamiento entre ambos fue el 27 de julio de 2004, cuando casi una veintena de diputados populares se ausentaron du-rante una intervención ante el pleno de las Cortes de Gerar-do Camps demostrándole así al presidente su debilidad.

Zaplana continuaba mandando. Hasta noviembre de ese año, Francisco Camps no se hizo con la presidencia del PPCV, que seguía ostentando Zaplana. Incluso semanas an-tes, José Joaquín Ripoll amenazó con presentar una candida-tura alternativa a la presidencia si no se producía una integra-ción efectiva en la nueva dirección.

Ripoll había sido vicepresidente del Consell de Eduardo Zaplana y una de las personas que formaba parte de su círculo más cercano. Con la marcha a Madrid del ex presidente, su delfín accedió a la presidencia de la Diputación de Alicante y la del PP provincial. Julio de España, que hasta entonces ocu-paba ambos puestos, pasó a presidir las Cortes Valencianas, también como cuota zaplanista. Tras pinchar en el intento de alcanzar la presidencia regional, los acólitos de Zaplana plega-ron velas y se atrincheraron en Alicante y su Diputación.

Entre 2004 y 2008, muy lentamente, Camps fue consoli-dando su liderazgo en el PP regional, en un proceso progresi-vo de conversión en Valencia de quienes hasta entonces solo habían reconocido un único líder, Zaplana, y que terminaron claudicando ante la nueva situación.

El apoyo de Rita Barberá fue inmediato y sus buenas rela-ciones con Carlos Fabra también le dieron seguridad en Cas-tellón. Desde Serafín Castellano a Julio de España o Alicia de Miguel, todos en Valencia dieron su brazo a torcer y aca-baron aceptando, a veces a regañadientes y por no tener otra opción, su posición indiscutible de número uno. A rey muer-to, rey puesto.

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En el feudo zaplanista de Alicante, en cambio, el proceso fue más costoso y no culminó. Se centró en las grandes ciu-dades, aquellas que no dependían de las subvenciones de la Diputación y que escapaban al control de Ripoll. Tras varios intentos frustrados para disputarle la presidencia provincial del PP a Ripoll, Camps echó el resto en diciembre de 2008 y apostó por uno de los últimos reconvertidos a su causa, el en-tonces alcalde de Benidorm, Manuel Pérez Fenoll, cuya loca-lidad de procedencia, la misma en la que se inició Eduardo Zaplana, suponía un valor añadido.

En diciembre de 2008, se libró el enfrentamiento en el Teatro Circo de Orihuela y el resultado, por un estricto mar-gen de cinco votos, fue la victoria del candidato zaplanista. Al dirigirse al escenario para clausurar el cónclave, Camps fue abucheado. Un momento amargo.

En el recorrido de esta senda, Camps tuvo un aliado ines-perado: el PSOE. Cuando en 2004 José Luis Rodríguez Za-patero ganó las elecciones y Zaplana se convirtió en portavoz del PP en el Congreso, desde la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz insistían al Partido Socialista del País Valen-ciano en que siguieran sacando sus trapos sucios (fiscalizaron hasta los gastos en chicles y yogures en la etapa de Zaplana en el ministerio).

José Antonio Piqueras, profesor de Historia Contemporá-nea de la Universitat Jaume I de Castellón lo considera «un gran error», porque Zaplana, aquí, «ya no era nadie». «Ése ya no era el problema de la Comunidad Valenciana, porque ha-bía habido una reacción interna y lo habían descabalgado. La oposición debió haber estado más atenta con las prácticas que estaba introduciendo Camps.» La pregunta es la siguien-te: ¿lo estuvo o no?

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La llegada de Zapatero

Como veremos más adelante, hay una fecha crucial: el 19 de mayo de 2005, dos años después de la llegada al poder de Camps y siete antes de su dimisión. Los medios de comuni-cación hablaban ese día de un misterioso joven al que apoda-ron «Piano Man». Había aparecido en una playa inglesa sin documentación, tenía la mirada perdida, maneras taciturnas y no contestaba a las preguntas de la policía. Como no hablaba, dibujó un piano. Le facilitaron el instrumento y sorprendió a todo el mundo con su capacidad interpretativa. Nadie lo en-tendía y todos especulaban sobre su repentina aparición.

El 19 de mayo explica cuestiones clave en la construcción del discurso del PPCV y en lo que estaba ocurriendo en la Comunidad Valenciana.

Aquel jueves el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, comparecía ante la Cámara autonómica para dar cuenta a las preguntas de los diferentes grupos parlamenta-rios en la conocida como «sesión de control al Gobierno», un debate entre los portavoces de los grupos políticos, que inter-pelan, y el jefe del ejecutivo, que responde.

El mecanismo de este debate siempre es el mismo. Los síndics de la oposición sacan los temas más espinosos para el Gobierno, mientras el portavoz del grupo mayoritario, en este caso, el Grupo Popular suele hacer siempre la más amable y conveniente para que el presidente presuma de gestión y ex-hiba sus argumentos más favorecedores. Camps iba a explicar públicamente el primer encuentro que había mantenido dos días antes con el presidente del Gobierno de España, el so-cialista José Luis Rodríguez Zapatero.

«El presidente del Gobierno está atenazado por sus socios

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de Esquerra Republicana de Cataluña. De ahí que le sea im-posible hablar de la Comunidad Valenciana —afirmó en res-puesta al portavoz del Grupo Popular, Serafín Castellano—. La especialidad de esta legislatura es el no al agua, no a nues-tra personalidad, no al desarrollo económico de la Comunidad, no a los instrumentos que nos permiten ser competitivos y no al futuro de los valencianos», sentenció el dirigente popular.

En este contexto, el presidente instó a la oposición del PSPV-PSOE a sumarse a la Generalitat Valenciana en la de-fensa de los intereses valencianos ante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. «El modelo de financiación es ex-cepcional, lo que ha ocurrido es que hemos aumentado la po-blación y necesitamos que se reconozca.»

Apenas había pasado más de un año de la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero y el PSOE al poder y los populares valencianos ya tenían bien armado todo su discurso. Lo ha-bían convertido en un argumento cerrado e infalible. El man-tra que se repetiría siempre. Daba igual el lugar, el acto, el día, la forma y el aforo.

Según Antonio Laguna, el discurso practicado por el PP desde su llegada al poder estuvo «dirigido a los sentimientos, con palabras altisonantes, estructurado en frases breves, di-rectas y, por lo menos, fácilmente reproducibles por los me-dios, con apelaciones constantes a la identidad valenciana, al orgullo por pertenecer a un lugar y a una tierra especial y di-ferente del resto, avalada por una gran tradición, una cultura propia y una historia singular que justificarían la envida, el acoso o el miedo que nos tienen los otros, los de fuera. Una arquitectura discursiva repleta de imágenes y símbolos que pretende evocar la mixtificación entre partido e identidad va-lenciana».

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«La pugna política no se libra en el terreno de las ideas o de los proyectos sino en el de las identidades básicas: quién defiende mejor lo nuestro, quién está más capacitado para gobernar lo nuestro. El PP hace un discurso de autoestima y orgullo», argumenta Laguna.

«En ese planteamiento había una simplificación. O estás conmigo como valenciano, o estás contra mí como antivalen-ciano. Esa simplificación es reiterada y ampliada por toda una serie de personajes que le dan mucha fuerza y que van desde los portavoces de la Iglesia al presidente del Valencia C.F., llegando a líderes sociales y empresariales. Todo eso orques-tado en forma de coro acaba dando una consistencia a ese discurso simbólico, identitario, emocionante que se generali-zaba», añade el profesor Laguna.

Habían conseguido que el PP fuera a la Comunidad Va-lenciana lo que Convergència i Unió a Cataluña. Como pasó con Jordi Pujol, quien atacara a Camps atacaba a la Comuni-dad Valenciana. «Por fin un partido ha convertido a la Co-munidad Valenciana en el centro del mundo. Éste era el mensaje reiterado por Camps. Somos los mejores del mundo mundial, tenemos Gran Premio de Fórmula 1, tenemos la Copa del América… Somos la envida», explica.

El Camps sumiso de 2003 al gobierno de Aznar y Zaplana había dado rienda suelta con la llegada de Zapatero a un in-sólito discurso valencianista hasta el punto de asimilar el par-tido a la región.

La llegada de Zapatero al poder después de los atentados del 11-M en Atocha conllevó la retirada de las tropas de Irak y un cambio en la política internacional de alianzas, pero, además, hubo cambios de gran calado en la gestión política de algunas cuestiones que afectarían directamente a la Co-

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munidad Valenciana y serían utilizadas para cimentar su dis-curso.

Zapatero se centró en destensar la situación territorial, de-rogando el polémico trasvase del Ebro, poniendo en marcha la reforma del Estatut de Catalunya prometido al presidente de la Generalitat de Catalunya, Pasqual Maragall, e intentado una salida dialogada al terrorismo en el País Vasco.

De hecho, el discurso que fabricó a nivel nacional el PP contra Zapatero para desgastarlo en el intento de abrir un diálogo con la banda terrorista ETA caló profundamente en la sociedad valenciana, que había sufrido varios atentados de 2002 a 2005 en Alicante, Benidorm y La Vila Joiosa.

En este sentido, el ex director general de la Policía y ex conseller Juan Cotino siempre se posicionó en estas cuestio-nes junto al ala dura del PP. En una entrevista en 2011 a Rà-dio 9 sostuvo que durante la tregua de 2006 el Gobierno fi-nanció a la banda terrorista «para que comprara las pistolas y los explosivos con los que volaron la T-4» (con ese atentado se rompió la tregua). Incluso Camps quiso demostrar su sen-sibilidad en este asunto incorporando en el segundo escalón de su gobierno a una de las líderes de la agitación social por la supuesta «rendición del estado ante ETA», la ex socialista Gotzone Mora, que en 2007 asumió la secretaría autonómica de Inmigración y Ciudadanía a pesar de no tener ninguna vinculación con esta tierra.

La tensión territorial

El 1 de julio de 2005 se aprobó al nuevo Estatut de la Co-munitat Valenciana con los votos del PP y el PSPV-PSOE y,

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el 20 de septiembre de 2005, se debatió en Madrid. El Con-greso había tumbado el nuevo Estatuto Político de Euskadi, conocido como Plan Ibarretxe, que contemplaba el «derecho de autodeterminación», y pronto recibiría l’Estatut de Pas-qual Maragall que reconocía Catalunya como «nación». La política territorial estaba al rojo vivo y en todos los foros se especulaba de hasta dónde llegaría el tripartito catalán.

Sorprendentemente, el Parlamento valenciano se adelantó. La principal novedad de este estatuto era la que los medios bautizaron como «cláusula Camps», que no era otra cosa que reservarse el derecho de pedir las mismas competencias que cualquier otra región.

En el nuevo texto estatutario valenciano, Camps conjugó el nacionalismo español de su partido con el patriotismo valen-cianista del que hacía gala: «Una cosa es tener la facultad de poder desarrollar una competencia y otra cosa es que políti-camente deseemos tenerla». En realidad, Camps no quiso desplegar todas las posibilidades que desarrollaba aquella car-ta de derechos propios. Tan solo jugaba a ser una pieza rele-vante en el tablero nacional.

El entonces portavoz socialista Joan Ignasi Pla revela en un artículo publicado en la obra Comentarios sobre el Estatuto, editada por el Consell Jurídic Consultiu, que un «debilitado» Rajoy «necesitaba» el apoyo de Camps para mantenerse en Génova y esa «posición de privilegio» permitió a Camps «ob-tener el aval del PP nacional hacia lo que hasta ese momento resultaba impensable en la derecha española, como era admi-tir la disolución anticipada en más comunidades autónomas».

Sin embargo, el estatuto no solucionaba uno de los princi-pales problemas que tenía la Comunidad Valenciana, el pro-blema de la financiación por número de habitantes. Y eso dio

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alas a otro gran lema del PP: somos cinco millones y recibi-mos financiación por cuatro.

En el argumentario oficial se explicaba que la gestión de los gobiernos populares había convertido la Comunidad Va-lenciana en una región próspera y atractiva, lo que la hacía re-ceptora de inmigrantes (recordemos el discurso xenófobo del momento contra la regularización de los indocumentados promovida por el PP).

Según aquellos postulados, Zapatero marginaba a la Comu-nidad Valenciana, ya que a la hora de repartir el dinero no se actualizaba el número de habitantes, lo que también venía ca-saba bien para continuar alimentando el argumento victimista junto a la reivindicación del agua y de las infraestructuras.

En realidad, como se encargaba de repetir sin encontrar al-tavoz el PSPV-PSOE, el modelo de financiación de 2002 ha-bía sido pactado por el presidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana y el presidente del Gobierno José María Aznar. Fue Zapatero quien lo cambió bastante tiempo des-pués, en 2009, haciendo encaje de bolillos entre las pretensio-nes de las autonomías y el ego de sus barones. Lamentable-mente, Camps estaba en plena crisis por Gürtel, lo que le restó capacidad de negociación y no solucionó el problema.

El discurso victimista de Camps era humo, pura invención. Según los datos del Ministerio de Fomento facilitados por el PSOE, durante el periodo de Aznar (1998-2003), el Gobier-no de España invirtió 2.033 millones de euros en la Comuni-dad Valenciana, es decir, el 5,08 por cien de las inversiones regionalizables. Bajo el mandato de Zapatero (2004-2009), se alcanzaron los 6.760,1 millones de euros, lo que representa el 8 por ciento. Las inversiones ejecutadas se multiplicaron por tres.

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Valencia soy yo

¿Cómo es posible que Camps abanderara el valencianismo político desde el partido más españolista? ¿Cómo es posible que fuera reivindicativo ante España precisamente el princi-pal adalid de quienes impusieron como himno el «Per ofrenar noves glòries a Espanya»?

Antonio Laguna sitúa el origen de esta aparente contradic-ción en el episodio que constituyó para la configuración de la cultura identitaria la conocida como «batalla de Valencia», entre los años 1976 y 1982. «Aquí la transición del franquis-mo a la democracia se hizo de forma muy traumática. No conseguimos depurarlo y se consolidó en los aspectos cultu-rales e identitarios de los valencianos.»

Laguna recuerda que en los años setenta y ochenta se plan-tean dos modelos sobre el tipo de autonomía y de estatuto de la región: la recuperación de las señas de la Segunda Repúbli-ca diferentes a las del franquismo, como el nombre de País Valencià o la «convivencia con Cataluña», o, por el contrario, «todo lo que ha significado ese tipo de cultura folklórica re-gionalista levantina del franquismo».

«Esa batalla de lo que somos, de la identidad valenciana, fue muy dura, con enfrentamientos y con heridos —hubo in-cluso atentados en las casas de los intelectuales Joan Fuster o Sanchis Guarner—, y la ganó la derecha», subraya. «El gran fracaso de Joan Lerma y el PSPV-PSOE es que dejaron a la derecha esa victoria y no la cuestionaron», señala.

El doctor en Historia critica que «cuando los gobiernos so-cialistas crearon un medio de comunicación muy potente, fundamental, como lo fue Canal 9, el modelo cultural que defendió fue precisamente el de la derecha, el de la cultura

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más tópica, el del folklorismo que se había desarrollado du-rante el franquismo». Es el «modelo de A guanyar diners», afirma en alusión al programa de la estrella televisiva de aquella época, Joan Monleón.

Laguna critica la «ceguera absoluta» y «falta de perspectiva» de la izquierda, que no fue consciente de «lo determinante» que fue esa batalla en la cultura política. La derecha sí lo hizo. «Zaplana se dio cuenta de que era un filón que no podía dejar escapar y fichó a Unión Valenciana y al regionalismo. Entre otras cosas, porque él venía de Murcia y necesitaba ese com-plemento.» Además, lo necesitaba para mantener el poder en su primera legislatura. Su sustituto culminaría su obra.

El profesor José Antonio Piqueras opina que Camps «gene-ra un sentimiento de partido y de comunidad permanente-mente hostilizada desde fuera que no es tratada como debería, incentivando un sentimiento de agravio». En su opinión, se trata de una «contradicción perfectamente compatible: un partido nacionalista que es el más español de todos».

En el discurso del Partido Popular valenciano cualquier ex-cusa era suficiente para agitar el enfrentamiento con Madrid: las prospecciones petrolíferas en la Albufera, la aplicación de la Ley de Costas en los chiringuitos de la playa, el retraso en la llegada del AVE… Todo iba contra el futuro de los valen-cianos y había sido diseñado concienzudamente por los so-cialistas para cargarse la economía valenciana y su futuro.

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, llegó a afirmar en 2008: «Si el AVE llega a Valencia en 2010 me tiro por la ventanilla». No cumplió su promesa cuando volvió a errar en sus pronósticos y en diciembre de aquel mismo año subió a bordo de un vagón de alta velocidad acompañando a los reyes de España en el viaje inaugural.

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Agua para todos

La derogación del trasvase del Ebro el 21 de abril de 2005 por el Congreso de los Diputados y la sustitución de esta in-fraestructura por un programa (Agua) basado en desalini-zadoras sentó las bases para uno de los lemas que más iba a repetirse durante los siguientes años: «Agua para todos».

Zapatero carecía de mayoría absoluta en el Congreso y ne-cesitaba del apoyo de partidos como Esquerra Republicana de Catalunya e Izquierda Unida (socios del PSC en el tripar-tito catalán), que impusieron aquella medida. Tan solo el Par-tido Popular defendió la canalización que impulsó el anterior ejecutivo de Aznar y que habían rechazado las comunidades de Aragón y Cataluña.

«La campaña “Agua para todos” utilizaba un mensaje sen-cillo y claro que podía ser asumido sin problemas por la gran mayoría y reiterarlo en cualquier debate y por cualquier me-dio como si fuese un argumento de autoridad. La simpli-ficación del mensaje universaliza su comprensión, aunque empobrece la reflexión o el pensamiento crítico», afirma An-tonio Laguna.

El actor Xavi Castillo recordaba en sus espectáculos como todos y cada uno de los telediarios del canal autonómico, No-tícies 9, contaba con una reportera postrada en la desemboca-dura del Ebro para dar fe del agua que se perdía en el mar y demostrar repetidamente que el gobierno socialista negaba a los valencianos a los que dejaba morir deshidratados. Llevada hasta su máximo extremo, esta imagen era un icono que pe-netraba fácilmente en la mente de los futuros votantes.

La Fundación Agua y Progreso fue una de esas innumera-bles fundaciones y entidades creadas con un objetivo parti-

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dista muy bien definido. Se fundó en 2004 por la Generali-tat. Alcaldes y ex alcaldes del PP fueron contratados como asesores y, en un nuevo ejercicio de clientelismo, también se contrató a la ex presidenta de la Federación de Vecinos de Valencia, Carmen Vila. Entre sus principales objetivos figu-raba la gran manifestación celebrada el 29 de junio de 2004 en Madrid en defensa del Plan Hidrológico Nacional y el trasvase del Ebro. Para preparar los actos y el traslado de personas, dicha fundación contrató los servicios de Special Events, la empresa de Francisco Correa, cabecilla de la tra-ma Gürtel.

Agua y Progreso pasó de recibir seiscientos mil euros en 2004 a 1,3 millones de euros en 2006. Entre quienes la finan-ciaban figura la empresa pública Emarsa, que gestionaba la depuradora de Pinedo y cuyos dirigentes están siendo inves-tigados por múltiples delitos de corrupción. Aportó 24.000 euros.

Gran parte de las movilizaciones fueron agitadas desde la Junta Central de Usuarios del Vinalopó que presidía Andrés Martínez y contaba con Francisco de Santiago como vicepre-sidente. Con el tiempo se descubrió que bajo aquel lema de «Agua para todos» que alertaba de la necesidad de infraes-tructuras para la agricultura y el consumo humano, lo que se escondía en realidad eran más garantías para el futuro de los especuladores urbanísticos de la costa.

De hecho, el empresario Andrés Martínez y su familia te-nían negocios inmobiliarios en Villena vinculados con cam-pos de golf y promociones urbanísticas en varias localidades de la provincia de Alicante (El País, 17 de junio de 2008). En Villena, la familia de Martínez y el tenista Juan Carlos Ferre-ro planeaban conjuntamente un proyecto urbanístico y de

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ocio. Ferrero fue la estrella que puso voz al manifiesto «Agua para todos» de aquella multitudinaria manifestación.

La Comunidad de Regantes de Villena que dirige Martí-nez pretende vender el agua de riego de sus pozos a Danone para embotellarla a cambio de un canon de 240.000 euros (Levante-EMV, 14 de junio de 2013)

Francisco de Santiago, su compañero de pancarta, compar-tía en los noventa despacho en el Ayuntamiento de Beni-dorm con José Ramón García Antón, antes de que éste fuera conseller, y figura como socio de los urbanizadores de varios planes parciales de La Nucia, uno de ellos relacionado con el pelotazo en esta localidad que planeaba Francisco Correa (Pie de Monte) y del que hablaremos más tarde.

Además, según El País (27 de noviembre de 2006), De Santiago está vinculado a la empresa Consultores Asociados Ingeniería y Urbanismo a la que perteneció José Ramón García Antón hasta 1995, junto a su cuñado, Rafael Pastor, hermano de Luisa Pastor Lillo la alcaldesa de San Vicente del Raspeig y presidenta de la Diputación Provincial de Ali-cante. Esta firma aparece vinculada a numerosos proyectos urbanísticos del entorno del parque temático Terra Mítica.

Si el objetivo del PP era utilizar la política del agua para convertir a los socialistas en los enemigos, aquel castigo a los valencianos tenía su origen, además, en los históricos rivales de la derecha en nuestro país: los catalanes, que eran quienes se oponían a la canalización. Fue la época del boicot a los productos catalanes.

Un informe de la embajada de Estados Unidos en España que forma parte de las filtraciones de wikileaks y que fue dado a conocer por Levante-EMV (15 de abril de 2013) atri-buía a intereses electoralistas la guerra del agua del PP, en fe-

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brero de 2008. «El PP gana votos exagerando las preocupa-ciones por la escasez de agua en una comunidad necesitada de lluvia.»

A esta disputa territorial en España hay que sumar otra a nivel interno en la propia Comunidad Valenciana, el del tras-vase Júcar-Vinalopó, que enfrentó a los regantes del sur con los vecinos de la Ribera. La decisión en 2005 de cambiar la toma de agua de Cortes de Pallás (en el interior) al azud de La Marquesa (casi en la desembocadura) pacificó los ánimos, pero no terminó de contentar a nadie. Los regantes del sur de Alicante continuaron criticando la decisión por la poca cali-dad de las aguas que les llegaban.

A causa del enfrentamiento entre administraciones, la construcción de las infraestructuras previstas por el nuevo Plan Hidrológico se fue demorando. La Generalitat y los ayuntamientos del Partido Popular utilizaron todos los meca-nismos posibles, tanto presentándose ante los tribunales como negando permisos para obras.

Y para finalizar este asunto, dos datos más. El PP de Ma-riano Rajoy retiró del programa electoral de 2011 el, en otros tiempos, intocable proyecto del trasvase del Ebro. En enero de 2013, el Tribunal Constitucional avaló el nuevo Plan Hi-drológico Nacional de Zapatero y tumbó los recursos presen-tados por los gobiernos populares de la Comunidad Valencia-na, Murcia y Castilla y León.

Del eje «de la prosperidad» al eje «de la corrupción»

Era tal el interés de Camps por situar en el primer plano la cuestión hídrica que en diciembre de 2003, en pleno debate

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público sobre el Plan Hidrológico Nacional, se inventó un nuevo título, el de «Ambaixador de la Comunidad Valencia-na» para reconocer al ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, por su apoyo al trasvase del Ebro. Nadie más se ha distinguido con ese honor que Camps decidió crear por de-creto y del que Matas pudo disfrutar incluso después de ha-ber sido imputado por múltiples delitos de corrupción y apartado del PP. Fue Alberto Fabra, en 2012, quien retiró el título a Matas.

La obsesión del presidente era diferenciar su proyecto del de Zapatero y el PSOE. Para ello impulsó el bautizado como «Eje de la Prosperidad», que comprendía los territorios go-bernados por el PP y del que formaban parte él por la Comu-nidad Valenciana, Esperanza Aguirre por la Comunidad de Madrid y Jaume Matas por las Islas Baleares.

Matas había arrebatado el poder al pentapartito liderado por Francesc Antich en las islas y Aguirre había conseguido cambiar el resultado electoral de 2003 en la asamblea de Ma-drid y obtener mayoría absoluta, tras el conocido como caso Tamayo y Sáez (los diputados socialistas electos que negaron el apoyo a su candidato y obligaron a repetir las elecciones).

Aquel invento, el «Eje de la Prosperidad», era el contrapeso al proyecto de la Eurorregión que proponía Pasqual Maragall para los territorios de la antigua Corona de Aragón y que a los sectores anticatalanistas más reaccionarios de los que se nutría Camps causaba un enorme rechazo.

El 11 de julio de 2004 los tres dirigentes firmaron en Pal-ma de Mallorca tres protocolos de colaboración con una vi-gencia de tres años. Uno sobre financiación en materia sa-nitaria, otro para apoyar el AVE Madrid-Valencia y la comunicación vía ferrocarril y un tercero sobre educación. En

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el fondo, papel mojado. En una España cuyo poder territorial había quedado teñido de rojo, lo único que buscaban era no quedar aislados.

El portavoz adjunto del grupo de Esquerra Unida en las Cortes, Ignacio Blanco, considera que «toda la propaganda que se hizo de desarrollo económico vinculada a ese proyecto político en el fondo tenía los pies de barro en términos eco-nómicos y sociales, y se está viendo cómo estamos sufriendo la crisis con mayor agudeza que en otras partes del territo-rio». Para Blanco, en realidad, aquel eje de la prosperidad era «el eje de la corrupción, un proyecto ligado a oscuros intere-ses». Eso lo veremos más adelante.

Tocando el cielo

En los comicios de 2007, Camps tiene un discurso maduro y bien armado con el que se presenta como Scarlett O’Hara en Lo que el viento se llevó, «dispuesto a defender la prosperidad de las haciendas ante un ejército de confederados integrados por socialistas, catalanistas y republicanos» (El País, 6 de mayo de 2007). En la presentación del programa electoral, sin llegar a poner a Dios como testigo, hizo el gesto de coger entre sus manos un puñado de tierra, «de Morella o de la Vega Baja», y aseveró: «Me comprometo a que nadie agacha-rá la cabeza de los valencianos, nunca. Nadie nunca va a decir qué somos o lo que tenemos que ser. Que se enteren los del “tripartito”, esos que tienen un contraprograma gris y medio-cre que habla de una Comunidad Valenciana que no existe más que en la mente de cuatro y dice no al futuro de la Co-munidad Valenciana».

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El 21 de mayo de 2007, seis días antes de los comicios, el antiguo dirigente de Unión Valenciana y actual diputado del PPCV Fernando Giner publicaba un artículo de opinión en el periódico Las Provincias en el que decía: «Nunca antes el pueblo valenciano ha experimentado cotas tan elevadas de prosperidad, crecimiento y desarrollo como en la actualidad. En menos de una década, hemos superado los atrasos y las carencias que nos atenazaban para mejorar los niveles de ren-ta per cápita y situarnos al frente de las primeras regiones eu-ropeas en calidad de vida y bienestar».

El discurso hegemónico construido por el Partido Popular imposibilitaba cualquier discrepancia. «En el momento en el que lo intentabas, te convertías en antivalenciano, en persona que intentaba acabar con lo que era por fin el orgullo, la refe-rencia de ser valenciano», analiza Laguna.

«Si pudiéramos definirlo como una imagen, diríamos que en las murallas del castillo está el PP dirigiéndose a la gente y ofreciéndoles lo que tiene que ser, y fuera está el resto. El dis-curso que le queda a la izquierda está fuera, excluido. Tienen que bajar a otro nivel, al análisis de la gestión, de la argumen-tación y de la razón que hoy en día es un discurso absoluta-mente secundario. La gente vota por sensación, emotividad. Y la izquierda se queda fuera. No consigue llegar. Ese es el gran éxito del PP.»

Laguna pone como ejemplo el debate para las elecciones autonómicas de 2007, en el que participaba Joan Ignasi Pla por el PSPV. «El candidato socialista empezó a analizar por qué la gestión de Camps había sido negativa para la Comu-nidad Valenciana y estaba generando un déficit muy alto. Camps le dice: “¿Por qué está en contra de los valencianos, por qué está en contra de que los valencianos crezcamos?”. Ya

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no tuvo que contestarle a más. Empezó a hablar de lo que significa para él Valencia, de su visión, de su sueño…». Pla, y con él toda la oposición, estaba fuera del castillo, al otro lado de las murallas. Sin posibilidades.

Camps arrasó en las elecciones con un 53,3 por cien de los votos y alcanzó su momento de gloria. El presidente tuvo su acto de investidura el 27 de junio de 2007, tercer día en el ca-lendario de la Copa del América. Pronunció el discurso más breve de la reciente historia de la democracia, el más triunfa-lista y el más victimista. «Creo que somos los mejores. Por lo tanto, como presidente, no haré otra cosa durante todos los días que hacer que la Comunidad Valenciana sea la mejor.»

Los empresarios valencianos estaban encantados con Camps y el PPCV. La Asociación Valenciana de Empresarios presentaba en julio de 2007 un documento titulado «La Gran Ocasión» por el que renunciaban a su función, daban un paso atrás como agentes sociales y encomendaban directamente a Francisco Camps que liderara la puesta en marcha de un mo-delo económico más ambicioso para la región. «En el sistema de liderazgo es pieza clave la figura de la Presidencia de la Generalitat, que debe contar e implicar a los líderes (indivi-duales o colectivos) de las organizaciones políticas, económi-cas y sociales de la sociedad valenciana, para conseguir los objetivos que se propongan.»

Los sindicatos también habían sucumbido a los encantos del presidente Camps en aquel momento. Toda la acción sin-dical y empresarial quedaba enmarcada bajo el denominado Pacto Valenciano por el Crecimiento y Empleo (Pavace), que tuvo dos ediciones, una de 2005 a 2009 y otra de 2009 a 2013. En una exhibición de paz social y consenso, en octubre de 2008 se firmaba el Pavace II. Lo firmaban sindicatos, em-

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presarios y la administración. El Consell ponía cinco mil mi-llones de euros encima de la mesa. El secretario general de UGT-PV y el de CCOO-PV, Rafael Recuenco y Joan Sifre respectivamente, claudicaban ante aquella apuesta de la Ge-neralitat Valenciana por la creación de empleo.

El periódico El Mundo, de pasado zaplanista, puso en mar-cha en noviembre de 2007 la página web de la Comunidad Valenciana y organizó una fiesta por todo lo alto, en la que celebraba su primera década en la región. En el discurso pro-nunciado el 30 de noviembre en el Palau de la Música de Va-lencia ante la flor y nata del empresariado y la sociedad va-lenciana, su director, Pedro J. Ramírez, se deshizo en elogios a Camps y elevó lo sucedido en la Comunidad Valenciana a la categoría de «milagro». Además, hizo suyo al pie de la letra el ideario de Camps, repitiéndolo como ya hacían todos los me-dios de derechas y todos los agentes sociales:

«Es evidente que si continúa el actual Gobierno, hay una parte de él que le tiene puesta la proa al modelo y crecimien-to y al éxito de la Comunidad Valenciana»

«El trasvase de renta que se produce actualmente también debe tener contraprestaciones (…) O se blinda todo o no se blinda nada. Si el dinero de la Comunidad Valenciana va a Aragón, ¿por qué no puede venir aquí el agua?»

Sin oposición

¿Qué pasaba durante este tiempo en la oposición política?La oposición en su conjunto protagonizaba una larguísima

travesía por el desierto. Después del varapalo electoral que supusieron las elecciones autonómicas de mayo de 2007, ca-

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minaba dividida y sin rumbo. Poco antes de las elecciones y ante las dificultades que se vislumbraban para desbancar a aquel Camps pletórico del poder, los partidos de izquierda se agruparon y se reforzaron.

Las formaciones minoritarias, prácticamente invisibles y re-siduales en aquel momento, lograron un hecho insólito al de-jar a un lado sus enormes diferencias y concurrir unidos en una misma plataforma denominada Compromís pel País Valencià, integrada por Esquerra Unida, Bloc Nacionalista Va-lencià, Els Verds, Els Verds-Esquerra Ecologista e Izquierda Republicana. Lideraba la formación la coordinadora general de EUPV, Gloria Marcos, y el segundo lugar era para el líder del Bloc, Enric Morera.

El PSPV-PSOE se presentó por segunda vez con el cartel del veterano Joan Ignasi Pla, secretario general del partido desde el año 2000, si bien en esta ocasión reforzó la candida-tura con el retorno a la política del que había sido alcalde de Alicante de 1991 a 1995, Ángel Luna, y la gimnasta Maisa Lloret.

De todas las encuestas que se publicaron, la encuesta hecha por Grup Marest publicada por Levante-EMV levantó am-plias expectativas, ya que daba opciones a la izquierda a gober-nar en una gran coalición. Este hecho provocó varios guiños entre Pla y Marcos en la campaña. Los sectores progresistas de la sociedad vislumbraron una hipotética pérdida de la mayoría absoluta del PP y la formación de un gobierno multicolor como los que se habían fraguado en Cataluña, Baleares o Ga-licia, pero aquello fue un espejismo.

Aquella coalición de partidos minoritarios no cumplió las expectativas electorales y, en poco tiempo, la formación que-daría abierta en canal.

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Todas las siglas que integraban Compromís pel País Valen-cià sumaron en 2007 un total de 195.116 votos frente a los 268.616 que habían obtenido en 2003 EUPV y Bloc por se-parado. Además, los cinco diputados obtenidos iniciaron una serie de enfrentamientos personales que acabaron en una gran crisis interna que provocó la destitución de Gloria Marcos como portavoz y su paso al grupo mixto, mientras los repre-sentantes del Bloc e Iniciativa del Poble Valencià (una escisión de EUPV liderada por Mònica Oltra) finalizaron la legislatu-ra conjuntamente.

El PSPV-PSOE también bajó de 874.288 votos a 838.987, pero, a pesar de ello y de tratarse de su segundo intento, Joan Ignasi Pla se mostró dispuesto a seguir al frente del partido.

En octubre de 2007, la Cadena Ser reveló que una empresa constructora había pagado la reforma de su casa por valor de 78.000 euros, lo que hizo que se aceleraran los cambios. En un primer momento, el ex candidato socialista alegó que era algo que tenía pendiente de abonar y el 18 de octubre com-pareció ante los medios para presentar su dimisión. Acusó al grupo Prisa y a «gente» de su partido, aunque no dio nom-bres, de urdir un «montaje» con las facturas impagadas de su casa en la que definió como «la mayor campaña de acoso y derribo de un líder político de esta Comunidad». Paradójica-mente, era el líder del PSPV-PSOE y rival de Camps quien dimitía por sospechas de corrupción.

La oposición se quedaba huérfana de liderazgo y la direc-ción del PSOE nombró una gestora presidida por Joan Ler-ma. El histórico dirigente socialista había presidido la Gene-ralitat entre 1983 y 1995 y era entonces portavoz del Grupo Socialista en el Senado. Como vicepresidenta de aquel órga-no de transición se designó a la joven benidormense Leire

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Pajín y, como portavoz en las Cortes, se eligió a Ángel Luna.

El principal partido de la oposición se sumió entonces en un periodo de transición y debate interno en el que se cues-tionó hasta el nombre del partido. Lerma, Pajín y Luna pre-pararon el XI Congreso Nacional que tuvo lugar entre el 26 y el 28 de septiembre de 2008 en Valencia.

El alcalde de Alaquàs, Jorge Alarte Gorbe, ganó al alcalde Morella, Ximo Puig, por tan solo veinte votos al sumar los apoyos de Pajín. Puig logró el aval de Francesc Romeu y sus seguidores y así se acercó a los votos de Alarte. La victoria fue mínima. En el PSPV-PSOE no se superaba la división.

Sin embargo, Alarte se puso a trabajar. El hecho de que Pla —que conocía las ambiciones del alcalde de Alaquàs— no lo incluyera en la lista a las Cortes Valencianas añadió al PSPV-PSOE un nuevo problema: la falta de visibilidad en su acción política por carecer de un escaparate donde exhibir su pro-yecto. El buen entendimiento entre Alarte y Luna favoreció la labor de oposición parlamentaria. La falta de sintonía entre el dirigente valenciano y el presidente del Gobierno y líder del partido, José Luis Rodríguez Zapatero, jugarían en su contra.

El Congreso

En el otro extremo, en el PP valenciano, todo era euforia, pero el éxito electoral de Camps en 2007 contrasta meses más tarde con la segunda gran derrota del líder de su partido, Mariano Rajoy, en unos comicios nacionales. Esa derrota hace que algunos lo den por amortizado y busquen entre los

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pocos barones regionales del PP a un nuevo líder. La figura de Camps es la más sobresaliente y emerge de entre todas ellas.

El 27 de abril de 2008, en un amplio reportaje en la edi-ción nacional de El País, el periodista Antonio Jiménez Barca destacaba sus «modales exquisitos» y lo señalaba directamen-te como el líder del PP nacional en un artículo titulado «El virrey aguarda su turno».

El actual presidente de la Generalitat Valenciana, ganador de dos convocatorias electorales seguidas y barón emergen-te del PP, ha recorrido, en sentido ascendente, todo el esca-lafón, peldaño a peldaño, sin saltarse ninguno pero sin re-troceder: empezó de oscuro asesor de concejal de la oposición del Ayuntamiento de Valencia y ahora, veintiséis años después, es además de presidente de la Generalitat, lí-der indiscutible del PP de la región y serio aspirante, según algunos, a suceder dentro de unos años a Mariano Rajoy al frente del principal partido de la oposición.

El reportaje también incluía amables declaraciones del propio Camps sobre las posibilidades de liderar el PP: «Eso son líos de Madrid y, cuando hay un lío espectacular en Ma-drid y te incluyen en él, conviene no perderse dentro, porque pronto te olvidan. Lo mío es esto».

La fama de Francisco Camps llegó a la Casa Blanca. Entre los doscientos cincuenta mil mensajes secretos de la diploma-cia estadounidense que se hicieron públicos a raíz de las fil-traciones de Wikileaks figura uno en el que el dirigente va-lenciano es considerado «un buen candidato para pasar a la dirección nacional del PP en caso de una reorganización». El

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cable lo enviaba la Embajada de Estados Unidos al entonces presidente, George Bush, en marzo del año 2006.

Según el portal fundado por Julian Assange, «el PP estaba perdiendo la batalla contra el Gobierno de Zapatero» y augu-raba un largo camino en la oposición. La embajada analiza de forma «satisfactoria» su trayectoria, ya que «ha forjado su propia identidad» y reconoce su «valía» para medirse en el ámbito nacional. «A pesar de ser relativamente joven, su talla nacional ha crecido sustancialmente por lo que parece un buen candidato para pasar a liderar el PP nacional en caso de una importante sacudida».

En contraste con la euforia de Camps, el Partido Popular nacional vivía sus momentos más amargos, con Rajoy derro-tado y sus detractores dentro de la formación cuestionando que volviera a presentarse. Al día siguiente de su derrota elec-toral, El Mundo y la emisora de radio COPE ya habían co-menzado a especular con su posible renuncia a continuar en-cabezando la formación. Los mismos medios apoyaban la candidatura de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El 31 de marzo de 2008, Rajoy decide volver a presentarse y anuncia que el congreso para elegir la nueva dirección del partido se celebraría en Valencia. Buscaba alejarse de Madrid y del feudo de Esperanza Aguirre, su principal oponente, e hizo algo inaudito, trasladar un evento de tanta entidad a la periferia. Al mismo tiempo, con ello reconocía el poder de Camps y lo demostraba. En las últimas dos décadas un cón-clave tan importante siempre se había celebrado en la capital.

La interpretación que dieron en clave valenciana los acóli-tos de Camps fue otra. Esto es lo que decía al respecto el di-putado nacional del PPCV Ignacio Gil Lázaro en Las Pro-vincias:

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La celebración en Valencia del congreso nacional comporta el reconocimiento a una labor que aún queremos engrande-cer en beneficio de los intereses de la Comunidad Valencia-na y de España y es también sinónimo de lo mucho que Camps y el PPCV deben aportar al futuro del Partido Po-pular. Por eso Valencia va a ser página sustantiva en la evolu-ción de la que es la estructura más importante de represen-tación política de los españoles por su número de militantes y presencia en todo el territorio nacional y desde aquí co-menzará a escribirse una segunda refundación susceptible de situarnos en mejor condición para ganar el futuro.

La lucha entre clanes en el PP fue brutal. El día 7 de abril de 2008, Aguirre pronunciaba una conferencia en el Foro ABC-Deloitte y, ante un ambiente de enorme expectación, amagó con presentarse: «A fecha de hoy no entra en mis pla-nes. Ahora, si hay cambio de planes, el primero en saberlo será el presidente de mi partido». Aquel fue el famoso discur-so en el que la presidenta madrileña pronunció hasta en quince ocasiones el «no me resigno» con otras tantas cargas de profundidad contra el líder de su partido.

Pocos días después, en una entrevista en Onda Cero, decía que no le sorprendía que la socialdemocracia estuviera más cómoda con Rajoy que con ella, que se definía como liberal.

Ante este escenario bélico, Rajoy se echó en brazos de Camps. Un día después ambos protagonizaban un mitin en el Centro de Congresos de Elx ante mil personas, y al que también acudieron, para la foto de los líderes del partido en Murcia, Cataluña y Andalucía, Ramón Luis Valcárcel, Joan Sirera y Javier Arenas respectivamente. Rajoy afirmó: «Si al-guien quiere irse al partido liberal o conservador, que se vaya

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[…] Este partido no responde a ningún grupo de presión, sea de la categoría que sea».

«Me voy a presentar al congreso porque me lo piden mis compañeros, y no ningún periódico ni ninguna radio», con-cluyó. Quedaba claro que iba a excluir a Zaplana, Acebes y la vieja guardia aznarista que lideraba Aguirre. Su apuesta era por un PP «moderado e integrador» donde «todos estén re-presentados» y «no al servicio de doctrinas».

El día siguiente, Camps viajaba a Madrid a entrevistarse con Aguirre y hacer de mediador ayudado por su sonrisa de niño bueno. Y la lideresa no se presentó.

Hubo algún otro intento de plantar cara a Rajoy, como el del castellonense Juan Costa, ex ministro de Aznar, pero aquel globo se pinchó ante la falta de apoyos. En este caso, el ex mi-nistro de Ciencia y Tecnología tuvo en su contra hasta a su propio hermano Ricardo, el secretario general del PPCV y número dos de Camps, que se encargó de recoger el noventa por cien de los avales de la Comunidad Valenciana para Rajoy.

El protagonismo alcanzado por Camps en la escena nacio-nal no le saldría gratis. Uno de los altavoces más importantes del sector de la derecha contrario a Rajoy era el periodista Fe-derico Jiménez Losantos, quien durante varias semanas habló despectivamente del «congreso paella». En un artículo de opi-nión titulado «La cláusula Mayor» (El Mundo, 1 de abril de 2008), cargaba contra Camps, pero al considerarlo líder de una de las dos sensibilidades del partido frente a Jaime Mayor Oreja, reconocía su relevancia en el panorama nacional.

Jiménez Losantos afirmaba que la «cláusula Camps … es poco compatible, por no decir absolutamente incompatible, con la restauración del Estado nacional español y la reasun-ción de funciones en ámbitos como el de la Educación que,

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en manos de la alianza de nacionalistas y sociatas, destruyen las bases mismas de la nación como ser político, empezando por la igualdad de los ciudadanos ante la ley». El locutor de esRadio pedía una candidatura alternativa a la de Rajoy, aun-que fuera «testimonial», para que «se proclame esa voluntad de un amplio sector del PP de no favorecer en ningún caso la tómbola de arrebatacapas».

Camps nunca fue un «líder carismático ni ha tenido un gran discurso», según la periodista de El Mundo Marisol Her-nández, quien reconoce que lo oía hablar y «costaba entender-lo». Las victorias electorales y el desgaste de Rajoy ayudaron a mejorar su imagen. Si Rajoy es hoy presidente del Gobierno es porque Camps «lo permitió» en aquel momento, señala el periodista Gonzalo Cortizo, ex jefe de nacional de la Cadena Ser y premio Ondas por la cobertura del Prestige. «Camps quería sustituir a Rajoy, pero vio los movimientos de Esperan-za Aguirre y los frenó. “Si alguien lo sustituye seré yo”, debió de pensar.» Y, como apunta Cortizo, esta será una clave rele-vante para entender movimientos posteriores en el partido.

El subdirector de El País, José Manuel Romero, afirma que, si bien él no veía a Camps como sustituto, «sí al menos como uno de los barones con más peso e influencia para apuntalar a Rajoy como presidente tras su segunda derrota electoral».

El congreso se celebró en el recinto de Feria Valencia del 20 al 22 de junio de 2008 y supuso el encumbramiento de María Dolores de Cospedal a la secretaría general. Camps lo-gró colocar como secretario de Comunicación a uno de sus hombres de confianza desde aquellas tertulias de juventud en El Agujero, Esteban González Pons. Luis Bárcenas fue as-cendido a tesorero. También se confirmó el relevo en la por-

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tavocía del Congreso de Eduardo Zaplana por Soraya Sáez de Santamaría. El gran oponente de Camps desaparecía de la escena pública, lo que dejaba a sus seguidores en Alicante más huérfanos todavía.

Según Compromís, cinco años después, el PP todavía no ha pagado a Feria Valencia, cuyo patronato preside Rita Bar-berá, el medio millón de euros que costó el evento.

A pesar de no tener rival, Rajoy obtuvo solo el 72,2 por cien de apoyo de los compromisarios, el 82,7 por cien de los votos emitidos. Se trataba del peor resultado de la historia del parti-do, incluso peor que en la época de la refundación del partido por Fraga en 1989 y peor que cuando Aznar fue elegido presi-dente en 1990. Aquella cifra estaba muy lejos del congreso «a la búlgara» —con acuerdos unánimes y sin oposición— que algunos como el locutor Jiménez Losantos habían diagnosti-cado. El congreso será recordado por imágenes como el frío saludo de José María Aznar a Rajoy.

Rajoy era un líder débil, muy débil, pero, aun así, era el lí-der gracias a Camps y al PPCV.

Sirva como muestra el cierre de filas que hizo en julio de 2008, a la primera de cambio, cuando el Tribunal Supremo reabre el caso Fabra y anula el archivo que había dictado la Audiencia Provincial de Castellón: «Fabra tiene la presun-ción de inocencia y para nosotros es un ciudadano y un polí-tico ejemplar».

El cacique

«Si me toca la lotería, me sacaré la pirula y mearé en la sede de Izquierda Unida.» Esta es una de las muchas frases céle-

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bres atribuidas al ex presidente de la Diputación de Caste-llón, Carlos Fabra, harto de tanta mofa sobre su suerte. En doce años le ha tocado la lotería diez veces. Si compró o no los décimos premiados es una incógnita, pero ni con todas las papeletas agraciadas y declaradas ha podido justificar lo abul-tado de su patrimonio.

Carlos Fabra Carreras (Castellón de la Plana, 1946) forma parte de una familia de larga tradición política. Pertenece a la quinta generación de presidentes de la Diputación de Caste-llón. El primero de ellos fue su tío-tatarabuelo Victorino Fa-bra Gil, conocido como el «abuelo Pantorrilles», que presidió la corporación provincial de 1874 a 1892. Él ha sido presi-dente de la corporación provincial desde 1995 hasta 2011 y mantuvo un cargo público —presidente de la empresa públi-ca Aeropuerto de Castellón (Aerocás)— hasta que en marzo de 2013 se dictó el auto que decretaba la apertura de juicio.

Carlos Fabra, antaño el gran aliado en Castellón de Zapla-na, lo fue después de Camps. Sabían que si lo respetaban ten-drían a todo el territorio que controlaba rendido a sus pies, porque, como los antiguos caciques, ha controlado la provin-cia con prepotencia y con chulería. Ni siquiera a las puertas de un juicio por corrupción, nadie en el PP ha osado a abrirle un expediente disciplinario o insinuar su expulsión jamás.

La periodista de El País María Fabra reconoce que en el trato personal es un hombre «afable, socarrón, simpático, di-vertido», al que le gusta «contar chistes». «Dicen que es ami-go de sus amigos, pero también que está claramente dispues-to a no olvidar los favores que ha ido haciendo, cual siembra, y por los que pide lealtad absoluta. No acepta grises. Mien-tras ha estado en política, dividía entre los que estaban con él o contra él», argumenta.

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Sobre Carlos Fabra recae la sospecha de que ha cobrado comisiones de todo lo que se ha movido a su alrededor. Un informe de la Agencia Tributaria detectó que entre 1999 y 2004 el matrimonio Fabra-Fernández había obtenido unos ingresos de 3,7 millones de euros que no correspondían a sus bienes ni a sus rentas.

El portavoz socialista en la Diputación de Castellón, Fran-cesc Colomer, ha reiterado en todos los plenos de los últimos años de su mandato la misma cuestión en el apartado de rue-gos y preguntas: «¿Quién le inyectaba ese dinero injustificado y a cambio de qué?». Nunca ha obtenido la respuesta. El 28 de agosto de 2008, al finalizar un pleno, al presidente se le es-capó ante un micro abierto la expresión: «¡Qué hijo de puta!».

Ese mismo día, la televisión del grupo Intereconomía, be-neficiada por el PPCV con varias adjudicaciones de canales de TDT, mandó al salón de plenos un equipo de cuatro per-sonas ataviadas con gafas de sol para impedir a la reportera Estíbaliz Gabilondo, de Caiga Quien Caiga, que se acercara a Fabra a fin de boicotear su trabajo. El periodista Enrique de Diego destaca en el libro Dando caña la estrecha amistad en-tre la familia Fabra y la del presidente del grupo Interecono-mía, Julio Ariza. El hijo del empresario, Julen Ariza, era en-tonces jefe de gabinete del yerno de Fabra, Juan José Güemes, en la Consejería de Sanidad de Madrid.

De Diego retrata al personaje en la descripción de otra conversación que tuvo lugar en el transcurso de una cena:

En una ocasión, asistí a una cena en la marisquería Ponte Areas, situada en la calle Claudio Coello, con Carlos Fabra, Juan José Güemes y Julio Ariza. Este mostró su rechazo a calificar de matrimonio la unión entre homosexuales, con

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insistencia y cierta vehemencia. La intervención de Fabra resultó desconcertante: «Los homosexuales en Castellón nos votan a nosotros». Se produjo un silencio expectante ante el comentario: «Porque son los dueños de los puticlubs y nosotros, los mejores clientes».

La investigación judicial que lo ha llevado al banquillo está centrada en las supuestas comisiones que Fabra obtuvo por intermediar en la tramitación y la obtención de licencias para fabricar y comercializar productos contra las plagas agrícolas ante responsables políticos y administrativos de los ministe-rios de Agricultura, Pesca y Alimentación y del Ministerio de Sanidad, entre 1999 y 2004, durante los gobiernos de José María Aznar.

Como consecuencia de sus contactos y gestiones, Fabra lo-gró que las firmas Naranjax, Arcavi y Artemis pudieran hacer negocio. Las dos primeras pertenecían al matrimonio Vicente Vilar y Montserrat Vives y la tercera la pusieron Fabra y Vi-lar a nombre de sus respectivas esposas.

El origen de la investigación se sitúa en un enfrentamiento personal de Vilar y su mujer. El matrimonio Fabra la apoyó a ella en la disputa y él se vengó revelando los supuestos pagos que Fabra les exigía a cambio de su mediación en Madrid. En concreto, le pidió ciento cincuenta mil euros. Vilar expli-có al juez que quien fuera su amigo cobraba en ocasiones en bolsas de plástico. También reconoció haber falsificado sellos y firmas de análisis clínicos.

En 1999, Carlos Fabra constituyó la sociedad Camarcás S.L. junto a sus hijos, una asesoría laboral que facturó a las tres empresas citadas 253.000 euros con el pretexto de infor-mes genéricos sobre seguridad e higiene en el trabajo. Ca-

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marcás S.L. también cobró 153.378,28 euros de supuestos servicios de la empresa de pavimentos cerámicos Cottocer, propiedad en esas fechas de Fernando Roig, dueño del Club de Fútbol Villareal, del Pamesa y, pocos años después, de Val-mor Sport, la empresa encargada de las carreras de Fórmula 1. Su empresa Renomar también tiene adjudicaciones de la Generalitat Valenciana para varias zonas comprendidas en el plan eólico.

El patrimonio de Fabra, quien también aparece en la con-tabilidad del PP nacional como donante, se multiplicó por siete y sus acciones en bolsa por once. A partir de 1999 ad-quirió nuevas viviendas, varias de ellas de lujo, por las que so-portó hipotecas por más de medio millón de euros, coches de alta gama como un Jaguar o un Mercedes, diversas parcelas y obras de arte de gran valor, incluido un grabado de Picasso. Muy difícil pagarlo todo con los seis mil euros de sueldo mensual que recibía el dirigente de la corporación provincial.

Curiosamente, Carlos Fabra ya había sido objeto de una investigación de la Agencia Tributaria en 1999 cuando la de-claración le había salido a devolver. El delegado de Hacienda era entonces Juan Costa Galindo, padre del ex ministro de Ciencia y Tecnología del PP Juan Costa.

En febrero de 2007, este último se vio obligado a declarar como testigo ante el juzgado de instrucción número 1 de Nu-les que investiga a Fabra. En su declaración sufrió una amne-sia selectiva y manifestó no recordar nada de la supuesta reu-nión que mantuvo con el propio Fabra y el entonces ministro de Agricultura, Jesús Posada. Por no recordar, ni siquiera re-cordó si existió tal reunión o si Fabra había visitado el Minis-terio de Agricultura, algo que sí admitió el propio Posada.

La falta de recursos en los juzgados de Nules y los conti-

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nuos cambios —hasta nueve magistrados y cuatro fiscales di-ferentes han llevado el caso— han sido los principales aliados en la estrategia de la defensa para dilatar el juicio. Durante este tiempo, Fabra ha presentado 141 escritos y recursos para dilatar el procedimiento (El Mundo 31/2/2013).

La Audiencia Provincial de Castellón también favoreció en dos ocasiones los intereses del dirigente del PP diciendo que habían prescrito los delitos —en la primera ocasión, en di-ciembre de 2010— y afirmando que no había cohecho —en mayo de 2008—. Sin embargo, el Tribunal Supremo rechazó sus pretensiones en las dos ocasiones y enmendó la plana a la Audiencia Provincial.

En octubre de 2012 la Audiencia de Castellón estimó el recurso que presentó Fabra ante la decisión del juez de impo-nerle una fianza de 4,2 millones de euros, que quedó rebajada hasta 3,2 millones. Las continuas injerencias de este órgano en el trabajo del juez instructor, Jacobo Pin, provocaron que este pidiera amparo al Consejo General del Poder Judicial, que pasó de puntillas y decidió no entrar en el asunto. Ni se lo dio ni se lo negó.

El profesor José Antonio Piqueras subraya que «el sistema judicial español, siendo garantista ante los ciudadanos, es len-to y tiene problemas … Nadie ha hecho todavía un reportaje específico y un análisis de todos los jueces que han pasado por el juzgado de Nules, qué eran cuando llegaron, qué eran cuando se fueron, por qué ninguno entró en el asunto hasta el último, que ha dicho basta. Por qué el Consejo General del Poder nunca abrió una investigación para ver por qué el caso se ha perpetuado y los jueces salían corriendo cuando llega-ban al juzgado de Nules y sus carreras no salían perjudicadas, continuaban progresando».

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Carlos Fabra ya se libró del caso Naranjax —manipularon documentos para legalizar productos fitosanitarios ante el Ministerio de Agricultura en los años 2000 y 2001— por el que la Fiscalía Anticorrupción le pedía dos años de cárcel. De nuevo, la Audiencia Provincial le echó un cable y archivó su imputación y la de su mujer, a pesar de estar relacionada con una de las firmas. A Vicente Vilar y su ex esposa los conde-naron a un año y medio y seis meses respectivamente.

En esta ocasión, Fabra, acusado de cohecho, tráfico de in-fluencias y cuatro delitos fiscales, se enfrenta a penas que van desde los quince años que solicita la Fiscalía a los veinte años y nueve meses que reclama la acusación popular, además de la inhabilitación especial para empleo o cargo público. Deberá explicar los tres millones de euros no justificados y enfrentar-se al delito fiscal por otros 1,7 millones de euros. En el juicio, cuyo inicio está previsto para el 2 de octubre de 2013, inter-vendrán setenta testigos, entre ellos Jesús Posadas, Celia Vi-llalobos, Miguel Arias Cañete y Juan Costa, que fueron mi-nistros de José María Aznar, así como Ricardo Costa y Esteban González Pons, altos dirigentes del PPCV.

La sala de la Audiencia Provincial que lo juzgará es la mis-ma que ya negó en 2008 que hubiera cometido cohecho, pero algunas cosas han cambiado. Ahora hay constancia de hasta dónde puede llegar el poder y la influencia de Carlos Fabra. Y es que el presidente de la Audiencia Provincial de Castellón, Carlos Domínguez, solicitó formalmente el 14 de mayo de 2013 quedar al margen del proceso en base al artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se refiere, curiosamen-te, a la «amistad íntima con cualquiera de las partes». Hasta entonces, Domínguez había negado lo que era un secreto a vo-ces en la capital de La Plana, su vínculo con Carlos Fabra.

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Si de algo puede presumir el ex presidente de la Diputación es de buenas relaciones y de contactos, e incluso de hacer ne-gocio con ello. Gran parte de esas relaciones y de esos contac-tos los logró gracias a las vacaciones que el matrimonio Aznar-Botella pasaba en los noventa en una urbanización de Oropesa. Con sus amistades no solo habría ganado dinero sino que tam-bién ha podido salvar la vida cuando estaba muy grave.

Su hija Andrea —la diputada del PP que se hizo tristemen-te famosa por el «¡Que se jodan!» que lanzó a los parados des-de su escaño en el Congreso— está casada con Juan José Güemes, quien durante un tiempo se consideró el delfín de Esperanza Aguirre en la Asamblea de Madrid. Güemes pre-sentó su dimisión de la Consejería de Sanidad cuando alcan-zaba el punto culminante de su carrera, sin dar demasiadas ex-plicaciones y sin que nadie lo entendiera. Al mismo tiempo, su suegro Carlos Fabra recibía un trasplante de hígado en el hos-pital público 12 de Octubre de Madrid que le salvó la vida y que había rechazado practicarle el hospital La Fe en Valencia, de cuya lista de receptores de órganos lo habían relegado por diferentes motivos (elplural.com, 11 de enero de 2013).

En caso de ser cierta esta versión, este premio era mejor que el premio de cualquier lotería: un atajo para conseguir un hígado, unos buenos contactos y unos años más de vida.

A Juan José Güemes lo imputó en junio de 2013 un juez madrileño en el transcurso de la investigación por el proceso de privatización de los hospitales públicos. La empresa que lo acogió tras su sorprendente salida del Gabinete de Aguirre, Unilabs, era la misma que gestionaba el servicio de laborato-rios clínicos que había privatizado hacía bien poco como consejero. Una de las empresas beneficiadas con el proceso de privatización de la sanidad madrileña es Ribera Salud, cuyo

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gerente es Alberto de Rosa, hermano del ex conseller de Jus-ticia de Camps al que nos referiremos más adelante.

En una ocasión, en medio de un mitin, Carlos Fabra dijo: «Veo yo más con un ojo que la oposición con dos». Y es que Fabra se quedó tuerto de pequeño jugando con su hermano con unas tijeras, un accidente que podría haber tenido conse-cuencias más graves y lo obliga a utilizar gafas oscuras. Y, a pesar de esa minusvalía ocular, su imagen es la de un tipo con suerte. La Coalició Compromís de Ontinyent es consciente de ello y utilizó su fotografía en las papeletas del Sorteo del Niño en 2011, bajo el lema «La Lotería que siempre toca». Y tocó, pero a Fabra, que los denunció. La justicia le dio la ra-zón y obligó a Compromís a abonar quince mil euros.

La sentencia la emitió, cómo no, la Audiencia Provincial de Castellón.

El cambio de ciclo

Con aquellas palabras con las que definió a Fabra como «po-lítico ejemplar» cuando se reabría el caso de corrupción, Ra-joy mostraba el grado de displicencia que estaba obligado a rendir al que había hecho posible que fuera cuatro años más presidente del Partido Popular. Y aquello no era nada compa-rado con lo que estaba por venir. Aunque casi nadie lo sabía, 2009 iba a ser un año muy difícil, se avecinaban importantes cambios.

El 17 de septiembre de 2008 se había producido la quiebra de Lehman Brothers, el desencadenante de la crisis económi-ca mundial que tendría consecuencias desastrosas y abriría una nueva era.

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En el discurso de Año Nuevo retransmitido por Canal 9, Camps anunció un plan de ocho mil millones de euros para los municipios. Era como el plan Zapatero —anunciado ha-cía unas semanas para toda España— pero multiplicado por diez, porque en Valencia todo era «a lo grande».

Ni en los mejores momentos de tertulia en El Agujero, cuando contemplaba aquel lema «Amistad, que no dinero», Camps habría soñado todo lo que le estaba pasando. Tenía el control absoluto de su partido y a un líder nacional débil que le debía la vida, la oposición estaba enfrascada en batallas in-ternas y la mayoría de los medios de comunicación comía de su mano.

Seguramente Francisco Camps vivió aquel 2008 sus Navi-dades familiares más felices, rodeado de regalos y tarjetas de felicitación, recibiendo decenas llamadas de teléfono, ajeno a lo que iba a ocurrirle y que le cambiaría la vida. El 24 de di-ciembre, día de Nochebuena, el momento en el que se reúnen los miembros más queridos de la familia. Justo a la hora de la cena, a las 21:43, suena el teléfono. Camps lo descuelga:

Á: Presidente.F: Feliz Navidad, amiguito del alma.Á: Oye... que te sigo queriendo mucho.F: Y yo también...

cap. 1 para eldiario

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