boletin no 20. gobernabilidad local y descentralizacion
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Boletin 20 Abril - Mayo 2012TRANSCRIPT
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No. 20
Abril – Mayo 2012
Centro Regional LAC
En esta Edición Perspectivas Reseñas Artículo – Encuesta de Gobernabilidad: La Participación
Ciudadana en lo Local Evento - Nuevas Metodologías en el Camino de Aumentar la
Participación Política y Electoral de las Mujeres y Jóvenes Indígenas
Sitio Web Temático Golstat Bienvenida
PPeerrssppeeccttiivvaass
Acceso a la Información: Analizando Algunos Desafíos y Dilemas desde la Gobernabilidad Democrática
Gobernabilidad Local y Descentralización
Durante las últimas tres décadas una
ola de democratización se ha extendido
por los países en diferentes
continentes. Sin embargo, la mayoría
de las nuevas democracias siguen
enfrentando algunos desafíos y dilemas
en temas de rendición de cuentas y la
transparencia. Por ejemplo, algunos
asuntos públicos son aún manejados o
implementados con altos niveles de
opacidad; si bien la información pública
está más disponible, la arquitectura
para asegurar una amplia diseminación
aún es limitada; los ciudadanos no
están utilizando su derecho a la
información de forma más constructiva;
y está pendiente lograr un equilibrio
entre la necesidad de ser transparente
y la necesidad de proteger los datos
personales. No es de extrañar que,
junto con la ola de democratización
durante las pasadas tres décadas
también haya habido un surgimiento
de Leyes de Acceso a la Información
(LAIs). Tan sólo una década atrás, pocos
países contaban con legislación
específica que garantizaba el derecho
de los ciudadanos de acceder a la
xxxxxx
información pública. Durante la última
década, más países han adoptado leyes
de Acceso a la Información que
cualquier algún otro periodo de la
historia reciente. De acuerdo con
www.right2INFO.org a Enero del 2012,
alrededor de 90 países habían
aprobado Leyes de Acceso a la
Información. En la región de América
Latina y el Caribe casi 20 países han
aprobado Leyes de Acceso a la
Información (Antigua y Barbuda, Belice,
Brasil, Chile, Colombia, República
Dominicana, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Jamaica,
México, Nicaragua, Panamá, Perú, San
Vicente y Granadinas, Trinidad y
Tobago, y Uruguay), y en otros países
existen decretos presidenciales sobre la
libertad de información (Argentina y
Bolivia).
Las leyes que han sido adoptadas
varían considerablemente en términos
de la profundidad, alcance y el grado
en que el acceso a la información está
garantizado en la práctica. Más que el
número, de LAIs el principal y más
difícil reto es la implementación. Como
recientemente se reflejo en el Tercer
Seminario Internacional sobre el
Impacto del Derecho de Acceso a la
difícil reto es la implementación. Como
recientemente se reflejo tanto en el
Tercer Seminario Internacional sobre el
Impacto del Derecho de Acceso a la
Información realizado en Chile, como
en el estudio del PNUD sobre Acceso a
la Información (el cual analizó la
implementación de las Leyes de Acceso
a la Información en 8 casos de estudio),
analizando las experiencias de los
países en la implementación,
proporciona una serie de insumos para
entender los desafíos.
El acceso a la información ha tenido un
amplio reconocimiento como un
derecho humano básico. El Artículo 19
de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (1948) establece
explícitamente que todos deben
disfrutar de libertad de opinión y de
expresión, incluido el derecho a
"buscar, recibir y difundir información e
ideas." Adicionalmente, y en relación a
la libertad de información, se trata
también de tener acceso a la más
amplia diversidad posible de puntos de
vista sobre un tema particular. Como
xxx
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tal, las Leyes de Acceso a la
Información van más allá de los
derechos de libre expresión, acogiendo
una premisa fundamental de la
gobernabilidad democrática: la noción
que el aparato de gobierno y sus
entidades públicas tienen información
no sólo para ellos mismos como
guardianes del bien público, sino que
esta información debe ser accesible
para los ciudadanos. Sin información
los ciudadanos no pueden realizar un
ejercicio efectivo de sus derechos de
participación política y de sus
obligaciones. Los derechos a la
información constan de tres elementos
principales: (1) buscar y recibir
información, (2) informar y (3) ser
informado.
Una ciudadanía informada es una
condición central de la gobernabilidad
democrática. Los ciudadanos requieren
el acceso a la información sobre las
decisiones que les afectan así como
información relevante sobre los
resultados y consecuencias de las
políticas nacionales y subnacionales.
Adicionalmente los ciudadanos también
necesitan tener la oportunidad de
expresar sus opiniones, tener la opción
de influir en los posibles resultados de
la política y recompensar o no a los
funcionarios públicos de acuerdo a su
desempeño. Las LAIs promueven la
transparencia, las cuales a su vez
someten a los funcionarios elegidos a un
mayor escrutinio en sus
circunscripciones electorales, y por lo
tanto potencialmente pueden generar
mayores niveles de rendición de cuentas.
Así mismo, las LAIs pueden ser una
gran herramienta anticorrupción. Los
periodistas y las organizaciones de la
sociedad civil (OSC) pueden usar el
derecho de acceso a la información
para monitorear las políticas públicas,
para que los servidores públicos rindan
cuentas y para denunciar delitos. Las
LAIs pueden proporcionar una línea
base de información más objetiva, que
puede ayudar a periodistas y
organizaciones de la sociedad civil a no
depender solo de información basada
en la especulación y/o que ha sido
manipulada por las fuerzas políticas. En
resumen, las leyes de acceso a la
Información tienen implicaciones no
solo teóricas, sino prácticas para
mejorar la gobernabilidad democrática.
Las LAIs son importantes porque
proveen medios más específicos para
asegurar y defender el derecho público
de conocer y la obligación
gubernamental de informar. Sin
embargo, por sí mismas, las leyes de
Acceso a la Información no
necesariamente garantizan un gobierno
democrático más abierto, transparente
y que cuente con procesos de rendición
de cuentas. Las LAIs pueden ser
extraordinarias en el papel, pero son
limitadas a menos que ellas estén
enraizadas en un entorno propicio que
permita su plena aplicación. Este
último incluye asegurar los suficientes
recursos institucionales, tecnológicos y
humanos, así como la voluntad política
por parte del gobierno para divulgar la
información y la capacidad de los
ciudadanos a solicitar información
pública, entender y analizar la
información. Esto explica por qué con
frecuencia la confianza en el gobierno,
la transparencia y la rendición de
cuentas, no aumentan automáticamente
debido a la introducción de leyes de
Acceso a la Información. Con
frecuencia un acceso a la información
verdadero sigue siendo circunscrito por
la vaguedad y la forma en que las leyes
son interpretadas, los procedimientos
burocráticos lentos, la frecuente
renuencia de los funcionarios del
gobierno para facilitar el acceso a la
información, y la incapacidad de poder
judicial de hacer cumplir los marcos
legales. Los mismos objetivos de las
LAIS pueden minar su impacto real, de
tal forma que las mismas solicitudes
obtenidas a través de las LAIs pueden
ayudar a obtener información acerca
de las irregularidades de políticas y/o
de injusticias percibidas, al mismo
tiempo que las solicitudes no
concedidas pueden servir para reforzar
las percepciones de un gobierno
secreto y opaco.
CCoonnttiinnuuaacciióónn ddee PPeerrssppeeccttiivvaass
Acceso a la Información: Analizando Algunos Desafíos y Dilemas desde la Gobernabilidad Democrática
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CCoonnttiinnuuaacciióónn ddee PPeerrssppeeccttiivvaass
Acceso a la Información: Analizando Algunos Desafíos y Dilemas desde la Gobernabilidad Democrática
Como se evidencio en el Tercer
Seminario Internacional sobre el
Impacto del Acceso a la Información
realizado en Chile y el estudio de
PNUD, mencionados anteriormente, la
adopción e implementación de leyes de
acceso a la información requiere
generalmente tres condiciones
mínimas: 1) un nivel de voluntad
política y una presión interna o
internacional suficiente para conducir a
los políticos a facilitar y/o garantizar el
acceso a la información; 2) una
sociedad civil desarrollada, con
suficiente capacidad para movilizar
efectivamente el apoyo y uso de las
leyes de acceso a la información y
promover una mayor transparencia y
rendición de cuentas; y 3) una
estructura institucional con la
suficiente capacidad para responder
apropiadamente a los requerimientos
de los ciudadanos.
De igual forma, tanto el Tercer
Seminario Internacional de Chile, como
el estudio del PNUD sobre el Acceso a
la Información, han destacado las
principales y más importantes cuestiones
de políticas en materia de acceso a la
información. Por ejemplo, definiendo
claramente la entidad garante/
responsable y sus responsabilidades, así
como garantizando autonomía y
suficientes recursos para asegurar una
capacidad financiera, operacional y
administrativa. También son importantes
las políticas públicas para
gestionar/archivar la información, y el
uso de las tecnologías de la información,
más allá del computador y las
tecnologías basadas en las plataformas
web. Otro factor clave, es la promoción
de una cultura de la transparencia que
vaya más allá del derecho a solicitar
información, de tal modo que la
libertad de información se convierte en
parte de todas las rutinas
institucionales. En este sentido, las
solicitudes ciudadanas son sólo un
eslabón de una cadena más sofisticada
de la transparencia –que asegura un
acceso más proactivo a la información
a través de un gobierno abierto y el
presupuesto participativo entre otros -
y a su vez se articula con otros
mecanismos de rendición de cuentas.
También es importante la
incorporación y/o creación de una
estrategia deliberada para construir
“capacidades en transparencia” en el
sector educativo, en la vida política, y
en los gobiernos subnacionales.
Una cuestión final pero central para la
implementación de las LAIs es el
fortalecimiento e independencia del
órgano judicial. Mientras la creación de
una entidad de información
independiente puede ser una vía para
facilitar el acceso a la información sin
tener que recurrir a los tribunales, al
final, cuando la información es negada
por alguna razón, la apelación acaba en
los tribunales. La transición efectiva a
una cultura de la transparencia es
xxxxxx
institucionalizada cuando existe un
sistema de justicia independiente y
creíble.
Como cualquier otra pieza legislativa,
las LAIs no son documentos estáticos;
están en constante cambio
dependiendo de los nuevos temas que
emergen en la arena política, la
emergencia de nuevos actores
políticos, los avances tecnológicos y
cambios en las coaliciones políticas.
Estas pueden ser esferas críticas de
política y programación. Si bien es
importante para el acceso a la
información pública ser reconocido por
una ley específica, su eficacia implica
una política pública que garantice no
sólo un marco normativo, sino también
una entidad responsable/garante,
ajustes de procedimiento en el sistema
de administración pública, y en
aquellas instituciones que son
responsables de la información. Sin
embargo, este marco institucional sería
inútil sin una amplia campaña de
sensibilización sobre este derecho, no
sólo entre los ciudadanos, sino también
entre los funcionarios públicos. El
objetivo final debe ser construir una
cultura de transparencia, tanto para los
gobiernos (que se sienten obligados a
hacer pública su información, no solo
porque se sienten observados), como
también para los ciudadanos (quienes
conocen y ejercen sus derechos).
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RReesseeññaass
La Economía Local. La función de las Agencias
de Desarrollo.
Clark Greg, Huxley Joe y Mountford Debra
CAF y OECD
Serie Políticas Públicas y Transformación
Productiva. N° 2, 2012
Este trabajo parte de la premisa que el objetivo del desarrollo local es construir las capacidades institucionales y productivas de un territorio definido, para mejorar su futuro económico y la calidad de vida de sus habitantes. En esta dirección, un desarrollo local efectivo puede contribuir a la reducción de disparidades; generar empleos y multiplicar empresas; entre otros beneficios institucionales. En este contexto las agencias de desarrollo local juegan un rol central. El estudio hace una introducción conceptual a las agencias de desarrollo local, identifica cómo las agencias de desarrollo local están estructuradas, cuál es su papel dentro de las economías y cuáles son aquellas actividades que aportan mayor valor agregado. El documento analiza los casos de agencias de desarrollo local de Barcelona, Bogotá, Curitiba y Bilbao; así mismo, el estudio contextualiza y define las funciones que las agencias de desarrollo local desempeñan, los factores de éxito y las restricciones asociadas a sus operaciones. Un tema central es establecer entre el gobierno local y los socios regionales un marco institucional claro y estratégico para el buen funcionamiento de las agencias. El documento concluye que el éxito de las agencias de desarrollo local reside en la habilidad de consolidar los diferentes esfuerzos de diversos actores, así como en su capacidad para focalizar el trabajo en aquellos nichos de intervenciones existentes donde puedan generar un impacto.
[Para descargar clic aquí]
Movilización de las Rentas Subnacionales en Perú Canavire-Bacarreza Gustavo, Martínez-Vázquez Jorge y Sepúlveda Cristián Banco Interamericano de Desarrollo 2012. Este estudio examina la situación de la movilización de las rentas sub-
nacionales en Perú y propone una serie de reformas políticas para
mejorar el rendimiento en la recaudación, manteniendo al mismo
tiempo una estructura solidad de ingresos. Más específicamente, el
estudio analiza los ingresos corrientes de los gobiernos regionales y
municipales e identifica las principales prioridades para reformar.
Estos ingresos representan una parte significativa de los
presupuestos sub-nacionales y actualmente, se distribuyen sin tener
en cuenta las necesidades de gasto relativas o de la capacidad fiscal
de las unidades sub-nacionales. Para solucionar este problema, el
documento propone la incorporación de una medida de capacidad
fiscal, en la fórmula del FONCOMUN (Fondo de Compensación
Municipal), el fondo establecido en la Constitución Política del Perú,
con el objetivo de promover la inversión en las diferentes
municipalidades del país, con un criterio redistributivo en favor de las
zonas más alejadas y deprimidas, priorizando la asignación a las
localidades rurales y urbano-marginales del país.
Para descargar clic aquí]
Buenas Prácticas de Transparencia y Rendición Social de Cuentas en las que Intervienen las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) Arias Alicia Grupo Faro / CEDA. Quito, Ecuador, 2011
El documento sistematiza 15 buenas prácticas en materia de
transparencia y rendición de cuentas implementadas por las
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) que ilustran distintos
escenarios de intervención para fortalecer la legitimidad, la
transparencia y la rendición social de cuentas, a nivel individual,
colectivo y, en conjunto con el Estado. Esta sistematización parte del
reconocimiento del papel de las OSCs en la gestión pública, exigiendo
mayores niveles de participación ciudadana en la elaboración de
políticas públicas y en el monitoreo de las acciones del Estado. Las
experiencias sistematizadas se han divido en tres áreas temáticas: 1)
Buenas Prácticas de Transparencia y Rendición de cuentas a nivel
internacional, 2) Buenas Prácticas de Transparencia y Rendición de
Cuentas en las OSCs en Ecuador, y 3) Buenas Prácticas de Transparencia
y Trabajo conjunto entre el Estado y las OSCs. Cada experiencia
sistematizada contiene información acerca de la institución que
coordina la actividad, el objetivo de la iniciativa, la metodología que
utiliza, las actividades principales y resultados obtenidos.
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Sensibilización Política, Percepciones a la Corrupción y Rendición de Cuentas Democrática en América Latina Jason Ross Arnold L. Douglas School of Government and Public Affairs, Virginia Commonwealth University 2012
El documento argumenta que el monitoreo efectivo de los ciudadanos sobre los funcionarios públicos, depende de percepciones de corrupción precisas, el cual depende del grado en el que los ciudadanos están políticamente informados. Los ciudadanos de América Latina en diferentes niveles de sensibilización política, tienen muy diferentes percepciones de corrupción en sus países. A través de un análisis estadístico de diez países de América Latina (Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá), el estudio muestra cómo la percepción de corrupción de los ciudadanos está claramente determinada por su nivel de sensibilización política, la cual es mejor medida cuando se utilizan índices de conocimiento político sólidamente construidos. Uno de los primeros pasos para reducir la corrupción a través de mecanismos de rendición de cuentas, es sensibilizar a los ciudadanos, del grave problema de la corrupción. El estudio concluye señalando que los políticos deberían enfrentarse a la ignorancia generalizada de la gente como un obstáculo para controlar la corrupción, ya que en América Latina, así como en la mayor parte del mundo, los ciudadanos no suelen tener motivación, oportunidad o habilidad para adquirir más información política.
[Para descargar clic aquí]
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La Oficina del PNUD en Colombia está comprometida a
promover y fortalecer el papel fundamental para la
sociedad civil en la orientación y control, de modo que sus
gobernantes e instituciones públicas, puedan ofrecer a los
ciudadanos más y mejores oportunidades para llevar el
tipo de vida que valoran. Aunque se reconoce que la
calidad de vida de los ciudadanos es una responsabilidad
en la que están involucrados múltiples actores (distintos
niveles de gobierno, la empresa privada, la academia, las
organizaciones sociales y la ciudadanía en general), en
Colombia se hace especial énfasis en la gestión de los
gobiernos locales, ya que son ellos quienes tienen la
responsabilidad del diseño y ejecución de los planes de
desarrollo, así como de la prestación de servicios públicos
(como el agua potable, el saneamiento ambiental y la
salud, entre otros), que son claves para el logro de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
En este orden de ideas, el PNUD en Colombia viene
acompañando procesos de fortalecimiento de la
gobernabilidad a nivel local en diferentes ciudades del
país. En el marco de este acompañamiento, y para el caso
específico del Distrito Municipal de Cartagena de Indias,
se elaboró y aplicó una encuesta con el fin de conocer la
manera cómo los ciudadanos perciben ciertos aspectos
que impactan su calidad de vida.
Esta encuesta, con una muestra representativa por zonas
de la ciudad, nivel socioeconómico y sexo, fue aplicada el
pasado mes de febrero (2012), dos meses después de la
instalación del nuevo Alcalde de la ciudad electo
democráticamente con más del 54% de los votos. De esta
manera se espera haber generado una información
valiosa sobre las necesidades y retos de los cartageneros,
complementando así los análisis de indicadores técnicos y
brindando mayores herramientas al Gobierno Municipal
para la formulación de su ruta de navegación cuadrienal –
el Plan de Desarrollo – y de políticas públicas.
¿Qué muestran estos resultados?
Los datos recogidos y analizados arrojan como resultado
una Cartagena optimista, puesto que un poco más de la
mitad de los cartageneros (53%) considera que las cosas
en el municipio van por buen camino. Además la gran
mayoría de la población (77%) se siente orgullosa de su
municipio y el 65% del barrio donde vive.
A la vez 8 de cada 10 ciudadanos creen que su condición
de vida irá mejorando a lo largo de los próximos doce
meses. El contraste de estos resultados con los
obtenidos, por ejemplo, en Bogotá es evidente, ya que en
la capital de Colombia apenas un 30% de la gente siente
que las cosas proceden positivamente, y solo un poco
más de la mitad se siente orgulloso de su ciudad.
De igual forma, en general, los resultados de la encuesta
muestran que persiste una creciente desconfianza con la
gestión del gobierno saliente, puesto que los
encuestados no ofrecen calificaciones altas al
mandatario y al Concejo.
Esta desconfianza hacia los representantes locales puede
ser la razón de la disminución, entre 2007 y 2012, de los
índices de participación ciudadana en los “espacios de
encuentro” que la Ley pone a disposición, como son los
Consejos Locales y Distrital de Planeación y el Consejo de
Política Social. Sin embargo, aunque se haya reducido el
XX
AArrttííccuulloo
Encuesta de Gobernabilidad: La Participación Ciudadana en lo Local, por Marco Stella*
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| 66
índice, aproximadamente la mitad (52%) de los
encuestados afirma haber trabajado o trabajar para
resolver los problemas de su comunidad, lo cual refleja
una actitud importante para potenciar la participación
comunitaria.
En cuanto al conocimiento de los espacios de
participación (de un total de 16), aparecen como los de
mayor reconocimiento por encuestados los siguientes: la
Asociación de Juntas de Acción Local Comunal (79%); la
Federación Distrital de Juntas de Acción Comunal (36%);
el Comité Distrital de Desplazados (32%), los espacios de
Rendición de Cuentas de la Alcaldía (27%); y los Consejos
Comunitarios de Comunidades Afro-cartageneras (26%).
A pesar del reconocimiento de los espacios locales de
participación, los resultados de la encuesta señalan un
bajo índice de participación de los ciudadanos en dichos
espacios locales. Por ejemplo, en el caso de la Asociación
de Juntas Acción Comunal por Localidad y de la
Federación Distrital de Juntas de Acción Comunal, tan solo
el 16% de los encuestados dice haber participado en
estos espacios. De igual forma, solo 10% de los
encuestados dicen haber participado en los espacios de
Rendición de Cuentas de la Alcaldía, 9% en los Consejos
Comunitarios de Comunidades Afro-Cartageneras, y 8%
en el Comité Distrital de Desplazados.
Otro tema interesante que sale de los resultados de la
encuesta es la forma o las fuentes de información que se
utilizan para conocer sobre los sucesos y procesos que se
llevan a cabo en el municipio y para conocer acerca de
convocatorias para procesos de decisión públicas. Para
ambos casos, 78% y 52% respectivamente, la televisión es
la principal fuente de información. Los medios de
comunicación local, prensa escrita y emisoras de radio
local, ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente.
Para informarse de los sucesos y procesos que se llevan a
cabo en la ciudad, el 60% de los encuestados se entera a
través de la prensa escrita local y el 43% a través de las
emisoras de radio local. En cuanto a las convocatorias
para los procesos de decisiones públicas de la ciudad, el
28% de los encuestados se informa a través de la prensa
local y el 25% a través de las radios locales.
Finalmente, en la encuesta los ciudadanos de Cartagena
establecen las siguientes prioridades para el
mejoramiento del municipio: 1) la generación de empleo,
2) una mayor seguridad, y 3) la reducción de la
corrupción. De manera que estos serán los retos para la
recién instalada Administración Distrital y demás
instituciones tanto públicas como privadas para hacer de
La Heroica un mejor lugar para vivir.
CCoonnttiinnuuaacciióónn AArrttííccuulloo Encuesta de Gobernabilidad: La Participación Ciudadana en lo Local *
*Oficial de Gobernabilidad Local PNUD-Colombia
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EEvveennttoo
Nuevas Metodologías en el Camino de Aumentar la Participación Política y Electoral de las Mujeres y
Jóvenes Indígenas, por Ferran Cabrero*
GPECS-PNUD organizó el primer taller BRIDGE en América
Latina y el Caribe con especial énfasis en género y diálogo
intercultural. Desde principios de 2011, el PNUD
implementa en América Latina y el Caribe el Programa
Global de Apoyo al Ciclo Electoral-GPECS a través de la
Dirección de Desarrollo de Políticas (Bureau for
Development Policy, BDP), la colaboración del Área de
Practica de Gobernabilidad Democrática de la Dirección
Regional para América Latina y el Caribe (DRALC), y con el
apoyo de la Agencia de Cooperación Española (AECID). En
la región, el programa se focaliza íntegramente en
desarrollar iniciativas para impulsar la participación
política y electoral de los pueblos indígenas, en particular
de las mujeres y los jóvenes, en seis países prioritarios:
México, Guatemala, Nicaragua, Ecuador, Perú y Bolivia.
Este programa que desde el inicio ha avanzado en
permanente consulta y colaboración con las
organizaciones y líderes indígenas –incluyendo a
miembros del Foro Permanente Indígena- y
conjuntamente con ONU Mujeres y otras agencias del
Sistema de Naciones Unidas. El Programa impulsa el
fortalecimiento de diversas redes regionales y
subregionales de organizaciones indígenas, en particular
de mujeres, y promueve alianzas estratégicas y
cooperación Sur-Sur entre las instituciones electorales de
la región; lo que ya ha dado sus primeros frutos en la
colaboración entre las instituciones electorales de México
(Instituto Federal Electoral -IFE- y el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación –TRIFE-) y el nuevo
Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia. También
apoya el desarrollo de capacidades de líderes indígenas –
en especial mujeres y jóvenes- y funcionarios estatales,
con la colaboración de la Escuela Virtual del PNUD y
organizaciones indígenas regionales.
GPECS-LAC se inscribe en el llamado “enfoque de
capacidades” (asociado al concepto de desarrollo
humano), y se focaliza en mujeres y jóvenes indígenas
puesto que se enmarca igualmente en el enfoque de
derechos, más amplio que el anterior. Este enfoque se
hace operativo en procurar desarrollar las capacidades
tanto de los titulares de derechos (los ciudadanos), como
de los titulares de deberes (el Estado), en el ámbito
nacional y el sub-nacional. En el documento de proyecto
del GPECS estas actividades aparecen como prioridad:
“Apoyar redes de conocimiento regionales para
promover la participación de pueblos indígenas en los
procesos electorales nacionales y sub-nacionales,
especialmente para mujeres y jóvenes indígenas, en
consulta con ellos.” Más en concreto, el proyecto
pretende promover “…iniciativas de capacitación para
fomentar capacidades en participación política y
programación del ciclo electoral nacional y sub-nacional
para pueblos indígenas, especialmente mujeres y
jóvenes, profesionales practicantes y órganos de gestión
electoral.”
La metodología BRIDGE (poco difundida en América
Latina y el Caribe: http://bridge-project.org/) es valiosa
para fomentar estas capacidades de participación
política y programación del ciclo electoral tanto de los
ciudadanos como de los funcionarios públicos. En este
contexto, entre el 12 y 23 de marzo en Granada-
Nicaragua, el programa GPECS-LAC del PNUD
implementó el Taller Regional Capacitación de
xxxxxxxxxx
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Capacitadores BRIDGE, “Construyendo recursos en
democracia, gobernabilidad, y elecciones”. El Taller fue
inaugurado por el Coordinador Residente de las
Naciones Unidas en Nicaragua, Pablo Mandeville; por la
Directora de País de ONU Mujeres, Isolda Espinosa; por
los responsables del GPECS en la región, Miguel Alonso
Majagranzas y Ferrán Cabrero; y contó igualmente con la
participación especial de la Presidenta del Foro
Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones
Indígenas, Mirna Cunningham.
El Taller, una iniciativa conjunta entre PNUD y ONU
Mujeres, fue una oportunidad para contar en América
Latina y el Caribe con un grupo de capacitadores/as
sobre participación política y ciclo electoral, con especial
énfasis en los temas de: género, jóvenes, y pueblos
indígenas. A partir de la estrategia del GPECS de
desarrollo de capacidades en cascada en los distintos
países por medio de las comisiones electorales
nacionales y las organizaciones indígenas y de la
sociedad civil en general, se muestra clave contar con un
grupo de estas características para promover la
participación ciudadana en las elecciones y los procesos
políticos nacionales y sub-nacionales, y muy
especialmente la participación de los actores
históricamente relegados, como son los pueblos
indígenas.
Concretamente, el objetivo del taller fue formar a 16
capacitadores BRIDGE para que sean puntos focales y
líderes/as de capacitación política y electoral en esta
metodología en sus respectivas instituciones/
organizaciones y países de América Latina y el Caribe. La
presencia diversa de los participantes, que provenían
tanto de la sociedad civil, como del Estado, así como
también del Sistema de las Naciones Unidas, enriqueció
el debate y el aprendizaje mutuo. Además de ser el
primer taller BRIDGE con estas características en la
región, las sinergias del evento de dos semanas de
duración, fueron tan positivas que, junto con estrechar
alianzas regionales e incidir en el trabajo en red, se
alcanzó a concretar un producto inédito: contar con el
primer borrador de un futuro módulo de diálogo
intercultural, el número 24 de la metodología
internacional BRIDGE para el ciclo electoral.
*Ferran Cabrero
BDP/DRALC Experto Regional
CCoonnttiinnuuaacciióónn EEvveennttoo
Nuevas Metodologías en el Camino de Aumentar la Participación Política y Electoral de las Mujeres y
Jóvenes Indígenas*
*BDP/DRALC Experto Regional
Área de Practica de Gobernabilidad Democrática, PNUD
| 99
SSiittiioo WWeebb TTeemmááttiiccoo
BBiieennvveenniiddaa
GGOOLLSSTTAATT
De acuerdo al Informe Anual del Instituto de
Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales del Distrito Federal en México,
en el año 2011 el número de solicitudes de
información fue de 89,610 peticiones, lo que
significa un incremento del 3.9% respecto a las
solicitudes recibidas en el 2010. En cuanto a la
temática de las solicitudes de información, la
mayoría eran sobre Actos de Gobierno (21%);
Informes y Programas (20%), Programática,
presupuestal y financiero (15.5%); Organización
interna (12%); Relación con la sociedad (12%);
Regulatorio (7%); y Otros (12%). De las 89,610
peticiones formuladas por la ciudadanía, el 94%
se admitieron y atendieron, el 5% fueron
canceladas porque el/la interesado(a) no realizó
las precisiones o aclaraciones a su
requerimiento, y el 0.5% fueron canceladas a
petición del demandante o estaban pendientes
respectivamente. Cerca del 60% de los
solicitantes están entre los 20 a 39 años de
edad. Y, 68% del total de los solicitantes eran
hombres, y 32% mujeres.
Visite Nuestro Sitio Web
Walk21 promueve el desarrollo de comunidades
sustentables, saludables y eficientes donde las personas
escogen caminar sobre otras formas de transporte. Walk21
tiene como objetivo responder a la creciente demanda de los
gobiernos, investigadores y profesionales, creando una
plataforma internacional de discusión inclusiva relacionada a
los temas de la peatonalización, y promoviendo este tipo de
movilidad a nivel político. En la página web se puede
encontrar información acerca de las Conferencias de Walk21,
y la convocatoria para próxima Conferencia Internacional
sobre Peatonalización y Ciudades Sustentables que se llevará
a cabo en la Ciudad de México del 3 de Septiembre al 4 de
Octubre de 2012. La página web también cuenta con
documentación en los temas de movilidad inclusiva,
arquitectura y diseño, planeación y desarrollo sustentable,
entre otros.
Para acceder al sitio web, clic aquí
Damos la más cordial bienvenida a Luis Ruiz-Giménez, quien desde el mes
de Marzo se ha incorporado al equipo de Gobernabilidad Democrática del
Centro Regional del PNUD. Nacido en Cataluña, Luís Ruiz-Giménez es
licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad
Pompeu Fabra en Barcelona. Cuenta con una maestría en Relaciones
Internacionales en el Institut Barcelona d’Estudis Internacionals,
especializado en Políticas y Programas de Desarrollo.
Ha realizado prácticas en la Oficina de PNUD en El Salvador colaborando en la coordinación técnica del Proyecto
de Análisis Político y Escenarios Prospectivos (PAPEP). Anteriormente trabajó durante dos años en el área de
servicios sociales del Gobierno de Cataluña coordinando proyectos de gestión del conocimiento en el ámbito
social