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F E D E R A C I Ó N D E T R A B A J A D O R E S D E L A E N S E Ñ A N Z A MAYO 2013

FETE-UGT urge al Gobierno a retirar la LOMCE

El dictamen del Consejo deEstado sobre la Ley Orgánicapara la Mejora de la CalidadEducativa (LOMCE) cuestiona

numerosos aspectos contemplados enel anteproyecto de ley con el que elGobierno de Mariano Rajoy aspira amodificar parcialmente la Ley Orgánicade Educación (LOE). El máximo órganoconsultivo del Gobierno pone reparos aasuntos como la supresión deEducación y Ciudadanía, el blindaje delos conciertos para los centros quesegregan por sexo a su alumnado, lasevaluaciones que las universidades pue-den realizar para seleccionar a los estu-diantes o la disminución de la participa-ción de padres y docentes en los órga-nos de control y gobierno de los cen-tros, entre otros muchos.Antes que otra cosa, el Consejo deEstado, cuyo dictamen tienecarácter consultivo, sugierela conveniencia de llegar aun acuerdo general entre lasfuerzas políticas y socialespara lograr un texto que déestabilidad al sistema, algoque FETE-UGT viene recla-mando desde hace años.Frente a lo previsto por elMinisterio de José IgnacioWert, el Consejo establecela necesidad de una asigna-tura obligatoria de forma-ción ético-cívica, que no seaalternativa a la de Religión.Bajo su punto de vista,supone una discriminaciónpara los alumnos que eligenla materia religiosa, ya quede ese modo no podráncursar ninguna asignaturasobre valores sociales y éti-cos “a lo largo de toda suformación”. FETE-UGT havenido defendiendo la natu-raleza de Educación para laCiudadanía como asignatu-

ra obligatorio, independientemente dequé nombre reciba.

El blindaje del concierto educativo queel Gobierno del PP pretende tambiénpara los centros que segregan por sexoa su alumnado también merece un rapa-polvo por parte del Consejo de Estado.Aunque, después de hacer una defensade la educación mixta, solo pide que sejustifiquen los beneficios educativos deesa separación -“una justificación objeti-va y razonable de la excepción”-, asícomo que se concrete un programa ymedidas académicas a poner en marchapara favorecer la igualdad. Para nuestrosindicato, la medida sigue siendo segre-gadora, puesto que la educación ha debasarse en una relación entre iguales.

En numerosos puntos el dictamen coin-cide con observaciones hechas por

FETE-UGT al anteproyecto. Un ejemploes el de la insuficiente valoración eco-nómica.También nuestra organización laconsideró insuficiente, puesto que lasmedidas que contiene deberían iracompañadas de un aumento de recur-sos y de inversión, cuando lo que primaen esa memoria es precisamente locontrario, un recorte del gasto.

La falta de participación de la comuni-dad educativa y la disminución de susfunciones son aspectos en los que elConsejo de Estado y FETE-UGT coinci-den. Existe una notable incoherenciaentre la disminución de la participa-ción de los distintos sectores de lacomunidad escolar y la tantas vecesnombrada en el anteproyecto autono-mía de los centros. FETE-UGT consi-dera que la autonomía puede resentir-se cuando no existe participación acti-

va y cuando la mayor capa-cidad de decisión recae enla dirección del centro.

El proceso de selección deesta figura es objeto tam-bién de censura por partedel Consejo de Estado, puesel anteproyecto reduce losrepresentantes del centroen favor de laAdministración.

Sin embargo, el dictamenapoya la creación de la FPbásica en sustitución de losactuales PCPI.A FETE-UGTle sigue pareciendo unasegregación temprana delalumnado, que terminaráexpulsando del sistema a ungran número de jóvenes.

Al tiempo que valora elrechazo que hace elConsejo respecto a la obli-gatoriedad de laComunidad Autónoma depagar los gastos de escola-rización en un centro priva-

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do que utilice el caste-llano como lengua vehi-cular, cuando los padreslo decidan, FETE consi-dera que no está clara lavaloración por parte delConsejo de Estado delas pruebas individuali-zadas de Primaria. No sesabe si se refiere a lasevaluaciones individuali-zadas a lo largo de laetapa o solamente a larealización de la evalua-ción individualizada alfinalizar 6º, que será lle-vada a cabo por lasAdministraciones edu-cativas utilizando profe-sorado externo a loscentros docentes. El documento esambiguo y no se posiciona respecto aesta última y a las condiciones para surealización.

El Consejo de Estado también reco-mienda la revisión y aclaración de dife-

rentes aspectos como el reparto decompetencias, el que se permita a lasCCAA desarrollar ciertos aspectos delcurrículo y otros no, asignaturas tron-cales y específicas, materias optativasque deberían ser obligatorias, etc.,aspectos que FETE-UGT ha venido

solicitando. Además,el Consejo tambiéncritica la posibilidadque se da a las uni-versidades para hacerevaluaciones de acce-so, ya que, considera,puede ser un elemen-to que podría perjudi-car el tratamiento uni-forme del alumnado.

En resumen, FETE-UGT valora el dicta-men del Consejo deEstado, pero constataque en algunos aspec-tos pasa de puntillas oresulta ambiguo, ya queno hace un análisis, sinoque se limita a recoger

las aportaciones que se han realizado a lolargo de la tramitación del expediente.

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Se observa la insuficiencia de la valo-ración económica que entrañará la apro-bación del Anteproyecto.

Sería deseable que con motivo deesta reforma se alcanzara un acuerdogeneral de las fuerzas políticas y socialesa fin de buscar un texto que pueda darmayor estabilidad al sistema.

No se deduce con claridad cuál es elcriterio definidor, ni tampoco el sentidode la distinción entre asignaturas tronca-les y específicas.

Procedería imponer como obligatoriaen algún momento una asignatura relativaa formación ético-cívica, ya que se consi-dera una competencias clave para elaprendizaje y la adquisición de competen-cias cívicas y sociales.

Mayor coherencia en la distribuciónde competencias y en la participación enel desarrollo del currículo entre laAdministración general del Estado, lasAdministraciones educativas y los cen-tros docentes.

En relación a la Educación Primaria ysu organización, currículum y evaluación,

en su análisis se destaca la supresión delos tres ciclos de Educación Primaria y laorganización de la misma en un solo ciclo.Según el Consejo de Estado, este cambioparece guardar relación con los nuevoscriterios de evaluación y promoción delos alumnos previstos en el anteproyecto.En relación a las áreas, destaca la elimina-ción del carácter obligatorio del áreaEducación Artística.

El dictamen expone las solicitudes encontra de esta medida que se han pre-sentado durante la tramitación delexpediente y reconoce las razones paraque siga teniendo carácter obligatorioen la etapa de Primaria por la impor-tancia que tiene en el desarrollo inte-lectual del alumnado. Por ello se acon-seja “que, aun cuando el área deEducación Artística se convierta enoptativa para los alumnos, su oferta sigasiendo al menos obligatoria para lasAdministraciones educativas, y que estemismo carácter de oferta obligatoria seotorgue también a la oferta de SegundaLengua Extranjera, actualmente optati-

va, dada la creciente relevancia delconocimiento de idiomas.

Con respecto a la evaluación y losnuevos criterios introducidos en elAnteproyecto en la Primaria -“realizaciónde las evaluaciones individualizadas”,comenta su carácter de novedad impor-tante que habría que sopesar en conside-ración a la edad de este alumnado.Además cuestiona que se remita a lasAdministraciones educativas la determi-nación del curso, 2º o 3º, para la realiza-ción de la 1ª evaluación individualizada.No aprecia motivos para que sea diferen-te según el ámbito de gestión. Por otraparte, como señala el Consejo Escolar delEstado,“la realización de la prueba en dosposibles cursos distintos de la etapa difi-culta la unificación de criterios y la com-paración de resultados. Convendría porello que la prueba se realizara en un únicocurso, para lo que parece más apropiadoal terminar el tercero -por producirse amitad de esa etapa educativa-”. En base alo anterior sugiere la posibilidad de queesta etapa podría organizarse en dos

Observaciones más destacadas del dictamen

Para FETE-UGT, la LOMCEsigue siendo una leyinoportuna, y urge por elloal Gobierno a retirarla.

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ciclos de tres años cada uno y que estasevaluaciones se realicen al finalizar cadauno de ellos. Igualmente sugiere que,aunque estas evaluaciones sean compe-tencias del Estado, el proyecto deberíaestablecer la posibilidad de que lasAdministraciones educativas pudiesencompletar los estándares de aprendizajey los criterios de evaluación establecidospor el Gobierno.

Organización, currículum y evaluaciónde la Educación Secundaria Obligatoria.Realiza una valoración positiva de laorganización en dos ciclos de tres y unaño respectivamente de esta etapa. Estainstitucionalización de dos ciclos en laEducación Secundaria Obligatoria clarifi-ca la regulación vigente. En la LOE ya sevenía haciendo de esta manera, es decir,el cuarto curso ya tenía carácter orien-tador. La LOMCE lo regula. Igual que enPrimaria, aconseja que en materias comoEducación Artística, Música y Tecnologíasy en las áreas de Cultura Clásica ySegunda Lengua Extranjera se mantengael carácter obligatorio de su oferta, porlas mismas razones expuestas.Consideraque “sería preferible que todas las mate-rias optativas incluidas en el bloque deasignaturas específicas, que se configurancon carácter voluntario” -en función dela regulación y de la programación de laoferta educativa que establezca cadaAdministración educativa y en su caso dela oferta de los centros docentes- “seande oferta obligatoria para lasAdministraciones educativas, a fin degarantizar que los alumnos puedan acce-der a las enseñanzas necesarias para suformación y, además, puedan hacerlo encondiciones de igualdad en todo el terri-torio nacional”.

Con respecto a las dos opciones quese ofrecen en cuarto curso: opción deenseñanzas académicas para la iniciacióndel Bachillerato y opción de enseñanzasaplicadas para la Formación Profesional,considera que es una versión “más aca-bada” de las opciones ya existentes.

Tanto en 4º curso de la ESO como enlos tres primeros cursos de la etapa, elConsejo de Estado ve aconsejable quetodas las materias optativas incluidasdentro del bloque de asignaturas tronca-les y específicas fueran de oferta obliga-toria para las Administraciones educati-vas, a fin de garantizar que los alumnospuedan acceder a las enseñanzas necesa-

rias para su formación y además puedanhacerlo en condiciones de igualdad entodo el territorio nacional.

Con respecto a la evaluación y pro-moción en la ESO,el anteproyecto incor-pora la realización de una prueba de eva-luación final realizada por profesoradoexterno a los centros al terminar elcuarto curso de esta etapa educativa. Esuna prueba que debe ser superada paraobtener el título de graduado.El Consejolo considera como una novedad destaca-da. También considera que debe replan-tearse el que el alumnado con tres mate-rias con evaluación negativa pueda pre-sentarse a esta evaluación, por no ser unestímulo para el estudio.

En el anteproyecto no se especificaquién va a ejecutar las pruebas de eva-luación final de 4º de ESO y deBachillerato, si serán profesores del sis-tema público, profesores contratados oempresas privadas. En el dictamen seaconseja que la norma establezca clara-mente que se llevarán a cabo por losorganismos públicos y profesores exter-nos al centro pertenecientes al sistemapúblico y en ningún caso por profesorescontratados o por empresas privadas.

No se contempla en el anteproyectoque cuando un alumno de Bachilleratopase de curso con asignaturas pendien-tes del curso anterior, se matricule obli-gatoriamente de ellas como se contem-pla actualmente en la LOE.

Replanteamiento de algunas materiasoptativas que por su relevancia deberíanser ofertadas obligatoriamente.

No se entiende la separación en dosde la actual vía de Bachillerato deCiencias Sociales y Humanidades.

Se debe tener en cuenta el riesgo queconlleva el conceder a las Universidadesla posibilidad de utilizar evaluacionesespecíficas de conocimientos y/o compe-tencias a la hora de acceder a la universi-dad, ya que introducirán un elemento dediscrecionalidad que podría perjudicar eltratamiento uniforme del alumnado.

Se considera que la introducción delos ciclos de Formación ProfesionalBásica, en lugar de los actuales PCPI,puede ser un instrumento eficaz paraencauzar académica y profesionalmentea aquellos alumnos que, con 15 años

cumplidos, no estén en condiciones deconseguir las competencias propias de laetapa de ESO.

Se encuentra justificado que el ante-proyecto otorgue al Gobierno la habili-tación necesaria para desarrollar demodo más preciso la FormaciónProfesional Dual en el sistema educativo,siempre dentro de los límites de la com-petencia estatal básica atribuida por elartículo 149.1.30ª de la Constitución.

El Consejo de Estado no tiene nadaque oponer a la idea de promover la cali-dad en el sistema educativo y a la adop-ción de medidas para fomentar la espe-cialización curricular, la excelencia, lamejora del rendimiento escolar, así comoel impulso a los centros que incentiven lasacciones de calidad educativa, si bien ellono deberá hacerse en detrimento de losobjetivos de equidad del sistema educativo.

A la posibilidad de reservar al criteriodel rendimiento académico del alumnoshasta un 20% de la puntuación asignada alas solicitudes de admisión a enseñanzaspostobligatorias, el Gobierno deberíavalorar si el porcentaje podría reducirse omodularse cuando sea necesario para noromper criterios de equidad y de cohe-sión del sistema,en especial si no hay ade-cuada oferta de centros en la zona.

En el articulado del anteproyecto, conrespecto a los centros con educacióndiferenciada que aspiren al concierto,debe establecerse la exigencia de unajustificación objetiva y razonable de laexcepción y la concreción de un progra-ma y de las medidas académicas a imple-mentar para favorecer la igualdad, todoello sin perjuicio del resto de requisitosestablecidos para los conciertos. De noser así, la previsión podría no ajustarse alas exigencias derivadas del principio deigualdad que garantiza el artículo 9.2 y 14de la Constitución.

En relación a la participación de lacomunidad educativa, reconoce quequeda limitada a la declaración sobre suintervención en el “control y gestión delos centros”. A su vez el Consejo Escolarpierde en el anteproyecto el carácter deórgano de gobierno, al pasar a tenermeramente funciones de información,propuesta y consulta.

Respecto a los niveles de autonomíade los centros, se considera que pueden

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resentirse, al no ir acompañados de unamayor participación, implicación y res-ponsabilidad de toda la comunidad edu-cativa en el control, seguimiento de losobjetivos institucionales, análisis internosde los problemas y soluciones a travésde los proyectos innovadores, ya que,cuando el modelo de gestión se basa enla atribución de todas las decisiones a unórgano unipersonal sin participaciónactiva del resto de la comuni-dad educativa, la autonomía selimita, ya que el control seejerce por agentes y órganosajenos al centro, lo que sinduda incrementa la dependen-cia de otras instancias.

En el tema del gobierno delos centros se reconoce lasupresión de todas las faculta-des ejecutivas y decisorias quela LOE atribuye al consejoescolar, atribuyéndolas aldirector. Nada tiene que obje-tar el Consejo de Estado a queen el nuevo modelo de organi-zación y funcionamiento, confi-gurado en el anteproyecto serefuercen y potencien las capacidades dedecisión y de dirección del centro, lo quedebería ser compatible con manteneralgunas competencias de decisión ocodecisión en la comunidad educativa,consejo escolar y claustro de profesores,al menos en algunas cuestiones que dencontenido a su derecho a participar en lagestión y ejercer el control.

En relación a la selección de directorde los centros públicos, la novedad delanteproyecto es la supresión del requisi-to de un ‘año de antigüedad’ en el centropara ser candidato a director. El Consejode Estado entiende que los candidatosque acumulan un determinado periodode antigüedad en el centro tienen unmejor conocimiento de los problemasque afectan a su funcionamiento. Por talrazón, la antigüedad debería mantenersecomo requisito o ser valorada al menoscomo un mérito para la selección dedirector.

En cuanto al procedimiento de selec-ción del director, el anteproyecto reducela presencia de representantes del cen-tro en la comisión de selección. ElConsejo de Estado considera que, enaras del principio de participación demo-crática, debería sopesarse seriamente

esa reducción, que no se correspondeciertamente con el principio de autono-mía de los centros que el anteproyectodice tratar de potenciar. En la propues-ta, los centros educativos perderán larepresentación mayoritaria que actual-mente ostentan en la comisión deselección del director en beneficio delas Administraciones educativas. El ante-proyecto entra en este punto en abier-

ta contradicción con “el aumento de laautonomía de los centros” que la expo-sición de motivos (apartado VII) men-ciona como uno de los principios inspi-radores de la reforma.

Se debería igualmente mantener la‘preferencia’ que actualmente tienen lascandidaturas de profesores del propiocentro.

Con respecto a la organización en elgobierno de los centros privados con-certados se puede hacer extensible locomentado anteriormente. El antepro-yecto contempla competencias del con-sejo escolar meramente consultivas, semodifica el requisito del acuerdo de lamayoría absoluta de dicho consejo esco-lar para el despido de profesores y delacuerdo entre el consejo y el titular delcentro para el nombramiento del direc-tor entre otras modificaciones.

En la evaluación del sistema educativose considera que reglamentariamente sedeberá regulará el procedimiento de revi-sión de las pruebas que garantice la eva-luación por medio de criterios objetivos.

En cuanto a la enseñanza de laReligión, y tras un detallado estudio de laevolución de esta asignatura en las ante-

riores leyes, el dictamen concluye dicien-do que, al establecerse como optativa a laReligión la materia de Valores Culturales ySociales o Valores Éticos, discriminaría alos alumnos que eligen la asignatura deReligión, ya que no cursarían asignaturaalguna sobre valores sociales y éticos a lolargo de toda su formación.

Sobre las lenguas cooficiales, elConsejo de Estado compar-te la posición del antepro-yecto que atribuye a lasAdministraciones educativasla competencia para deter-minar la “proporción razo-nable” de uso de ambas len-guas y las medidas que en sucaso hayan de adoptarsepara garantizar el conoci-miento de las mismas.

Ahora bien, por la mismarazón y puesto que no exis-te un “pretendido derecho arecibir las enseñanzas únicay exclusivamente en castella-no”, la regla de que lasAdministraciones educativas

deberán sufragar los gastos de escolari-zación cuando los padres o tutores deci-dan escolarizar a sus hijos o pupilos encentros privados que utilicen el castella-no como vehicular no debería figurar enla ley, por afectar al ámbito de decisiónde las Comunidades Autónomas con len-gua propia, debiendo quedar en elmarco de las medidas en su caso aadoptar por las administraciones cuan-do estas así lo decidan, en el supuestode no disponer de otros medios orecursos para garantizar en la redpública el uso del castellano como len-gua vehicular.

Con respecto al plurilingüismo seríaconveniente desarrollar una regulaciónmás detallada de este modelo, ya quese aprecia una falta de concreción delos criterios con los que se van a des-arrollar y de especificación de lossupuestos en los que se contrataría aprofesores expertos.

Con respecto a las TIC, podrían serinsuficientes las actuaciones, al tiempoque se echa de menos una planificaciónde las dotaciones de infraestructurastecnológicas y su impacto económico,así como un plan de formación de pro-fesores y alumnos.

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