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AUD.NACIONAL SALA PENAL SECCION 3 MADRID SENTENCIA: 00040/2015 AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO PENAL
SECCIÓN 003
Teléfono: 91.7096599
Fax: 91.7096608
20107
N.I.G.: 28079 27 2 2012 0000927
ROLLO DE SALA: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000004 /2014
PROCEDIMIENTO DE ORIGEN: DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO
0000028 /2012
ÓRGANO DE ORIGEN: JUZGADO CENTRAL INSTRUCCION nº: 002
ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:
D. F. Alfonso Guevara Marcos
Doña Carmen Lamela Díaz
D. Antonio Díaz Delgado
SENTENCIA nº 40/2015
En la Villa de Madrid a veintidós de octubre de dos mil
quince.
Ha sido visto en juicio oral y público por los Magistrados
reseñados al margen, integrantes de la Sección 3ª Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional, el presente proceso penal que
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ha abierto el Rollo de Sala 4/2014, dimanante de las
Diligencias Previas 28/2012 instruidas por el Juzgado Central
de Instrucción nº 2 por los delitos de Administración Desleal
en Concurso de Leyes con un delito de Apropiación indebida y
alternativamente por un delito de Estafa, contra los siguientes
acusados:
Julio Fernández Gayoso, defendido por el Letrado D. Carlos
Saíz Díaz y representado por el Procurador Dª Sylvia Scout-
Glendonwyn.
José Luis Pego Alonso, defendido por D. Pablo Rodríguez
Mourullo Otero y representado por el Procurador Dª Carmen Ortiz
Cornago.
Gregorio Gorriarán Laza, defendido por el Letrado D. Pablo
Rodríguez Mourullo Otero y representado por el Procurador Dª
Carmen Ortiz Cornago.
Óscar Rodríguez Estrada, defendido por el Letrado D. Pablo
Rodríguez Mourullo Otero y representado por el Procurador Dª
Carmen Ortiz Cornago.
Francisco Javier García de Paredes Moro, defendido por el
Letrado D. José Antonio Choclán Montalvo y representado por el
Procurador Dª Esther Gómez de Enterría Bazán.
Ricardo Pradas Montilla, defendido por el Letrado D. José
Javier Vasallo Rapella y representado por el Procurador D. Raúl
Sánchez Vicente.
Han sido partes acusadoras:
El Ministerio Fiscal, representado por las Iltmas. Sras.
Pilar Melero Tejerina y Concepción Nicolás.
NCG Banco S.A., como acusación particular, defendida por
el Letrado D. Javier Sánchez Junco y representada por el
Procurador D. Antonio Barreiro-Meiro Barbero y ADICAE
(Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros), como
acusación popular, defendida por el Letrado D. José Luis Barral
Alveiro y representado por el Procurador Dª Mª del Mar de Villa
Molina.
Actúa como ponente el Magistrado D. Antonio Díaz Delgado.
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El Ministerio Fiscal en sus conclusiones
provisionales, calificó los hechos procesales como:
“SEGUNDA.- Los hechos anteriormente descritos son
constitutivos alternativamente de los delitos de:
APROPIACION INDEBIDA previsto y penado en el artículo 252
del Código Penal y ADIVIINISTRACION DESLEAL previsto y penado
en el artículo 295 del Código Penal, concurso de normal a
resolver conforme a lo dispuesto en el artículo 8.4 C.P.
Alternativamente los hechos podrían ser constitutivos del
delito de ESTAFA previsto y penado en los artículos 248 y
250.1. n° 5 del Código Penal.
TERCERA.- De los hechos que han quedado narrados responden
en, cualquiera de los supuestos:
-José Luis Pego Alonso, Oscar Rodríguez Estrada, Gregorio
Gorriarán Laza y Francisco Javier García de Paredes Moro en
concepto de AUTORES de los artículos 27, 28 y 61 del Código
Penal.
-Julio Fernández Gayoso y Ricardo Pradas Montilla, en
concepto de COOPERADORES NECESARIOS, articulo 28 párrafo
segundo b) y 61 del Código Penal.
CUARTA.- No concurren circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal.
QUINTA.- Procede imponer a cada uno de los acusados — en
cualquiera de los supuestos y para todos los acusados- la pena
de:
TRES AÑOS DE PRISION con inhabilitación especial para el
derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena,
MULTA DE 10 MESES con una cuota diaria de 250 euros con la
responsabilidad personal y subsidiaria para el caso de impago
prevista en el articulo 53 C.P., TRES AÑOS DE INHABILITACION
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para el ejercicio profesional de actividades relacionadas con
el sector financiero o bancario y/o ejercicio profesional,
conforme al articulo 45 C.P.
Abonaran las costas procesales de conformidad con lo
previsto en el artículo 123 del Código Penal.
SEXTA.- Responsabilidad Civil: Los contratos con las
cláusulas introducidas el 20, 25 de octubre de 2010 y 30 de
diciembre de 2010 por ilicitud de la causa (artículos 6.3, 1275
y 1305 del Código Civil, son nulos de pleno derecho debiendo
restituir a NOVACAIXAGALICIA (ahora NCG BANCO) los acusados
solidariamente e íntegramente las cantidades ilícitamente
percibidas (artículos 109, 110.1 y 111.1 del Código Penal), que
ascienden a 18.915.291,56 euros, reponiendo el estado de cosas
a la situación anterior a la firma de los contratos y teniendo
en cuenta lo pactado con el FROB en la escritura de emisión y
suscripción de participaciones preferentes de 21 de diciembre
de 2010, así coma en el resto de la normativa vigente en la
fecha de pago; y que se determinaran definitivamente en
ejecución de sentencia.
SEGUNDO.- La acusación particular en sus conclusiones
provisionales calificó los hechos en idéntico sentido del
Ministerio Fiscal, solicitando las mismas penas y
responsabilidad civil
La acusación popular (ADICAE), calificó del mismo modo que
el Ministerio Fiscal, salvo en las penas que fueron las
siguientes:
JOSE LUIS PEGO ALONSO: La pena de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN,
y multa de DIEZ MESES con cuota diaria de trescientos euros
(300€), mas la accesoria de inhabilitación especial pare el
desempeño de profesión relacionada con la administración o
dirección de empresas de cualquier tipo, durante el tiempo de
la condena (art. 56.3 del CP).
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GREGORIO GORRIARAN LAZA: La pena de CUATRO AÑOS DE
PRISION, y multa de DIEZ MESES con cuota diaria de trescientos
euros (300€), mas la accesoria de inhabilitación especial pare
el desempeño de profesión relacionada con la administración o
dirección de empresas de cualquier tipo, durante el tiempo de
la condena.
OSCAR RODRIGUEZ ESTRADA: La pena de CUATRO AÑOS DE
PRISION, y multa de DIEZ MESES con cuota dada de trescientos
euros (300€), mas la accesoria de inhabilitación especial para
el desempeño de profesión relacionada con la administración o
dirección de empresas de cualquier tipo, durante el tiempo de
la condena.
JULIO FERNANDEZ GAYOSO: La pena de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN,
y multa de DIEZ MESES con cuota diaria de trescientos euros
(300€), mas la accesoria de inhabilitación especial para el
desempeño de profesión relacionada con la administración o
dirección de empresas de cualquier tipo, durante el tiempo de
la condena.
FRANCISCO JAVIER GARCIA DE PAREDES MORO: La pena de CUATRO
ANOS DE PRISION, y multa de DIEZ MESES con cuota diaria de
trescientos euros (300€), mas la accesoria de inhabilitación
especial para el desempeño de profesión relacionada con la
administración o dirección de empresas de cualquier tipo,
durante el tiempo de la condena.
RICARDO PRADAS MONTILLA: La pena de CUATRO AÑOS DE
PRISION, y multa de DIEZ MESES con cuota diaria de trescientos
euros (300€), mas la accesoria de inhabilitación especial para
el desempeño de profesión relacionada con la abogacía durante
el tiempo de la condena.
Las costas deberán ser abonadas, incluidas las de esta
Acusación popular, por los acusados, todo ello en virtud de lo
establecido en el artículo 123 del Código Penal.
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TERCERO.- Las defensas de los acusados en sus conclusiones
provisionales solicitaron la libre absolución de éstos, con
todos los pronunciamientos favorables.
CUARTO.- En el trámite de conclusiones definitivas, el
Ministerio Fiscal, introdujo las siguientes modificaciones:
PRIMERA. Se reproducen en los hechos que figuran en el
escrito de conclusiones provisionales.
SEGUNDA.- Los hechos anteriormente descritos son
constitutivos alternativamente de los delitos de:
-ESTAFA previsto y penado en los artículos 248 y 250.1. n°
5 del C6digo Penal.
-APROPIACION INDEBIDA previsto y penado en el artículo 252
del Código Penal o ADMINISTRACION DESLEAL previsto y penado en
el articulo 295 del C6digo Penal, en concurso de normas a
resolver conforme a lo dispuesto en el articulo 8.4 C.P.
TERCERA.- De los hechos son responsables:
-José Luis Pego Alonso, Oscar Rodríguez Estrada, Gregorio
Gorriarán Laza y Francisco Javier García de Paredes Moro en
concepto de AUTORES de los, artículos 27,28 y 61 del C6digo
Penal.
-Julio Fernández Gayoso y Ricardo Pradas Montilla, en
concepto de COOPERADORES NECESARIOS, de los artículos 28
párrafo segundo b) y 61 del C6digo Penal.
CUARTA.- No concurren circunstancias modificativas de la
responsabilidad
QUINTA.- Procede imponer a cada uno de los acusados en
cualquiera de los supuestos (estafa o apropiación indebida) la
pena de:
- TRES AÑOS DE PRISION con inhabilitación especial para el
derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena,
MULTA DE 10 MESES con una cuota diaria de 250 euros con la
responsabilidad personal y subsidiaria para el caso de impago
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prevista en el articulo 53 C.P., TRES AÑOS DE INHABILITACION
para el ejercicio profesional de actividades relacionadas con
el sector financiero o bancario y/o ejercicio profesional,
conforme al articulo 45 C.P.
SEXTA.- Responsabilidad Civil: los acusados solidariamente
deberán de indemnizar a NCG BANCO o a su sucesor universal en
relación con este derecho de crédito en 18.915.291,56 euros.
Asimismo se deberá decretar la nulidad de los contratos de
20 y 25 de octubre de 2010, así como la de las pólizas
individuales de aseguramiento personal de 25 de noviembre de
2010.
El Ministerio Fiscal con posterioridad, en el trámite de
informe, el 6 de julio de 2015, retiró la acusación respecto
del acusado Francisco Javier García de Paredes Moro,
presentando el escrito que se transcribe a continuación, el 8
de julio, después de la retirada de la acusación de García de
Paredes.
“EL FISCAL, en las Diligencias previas 28/201 procedentes
del Juzgado de Instrucción Central n° 2 evacuando el traslado
que le fue conferido por el Ilmo. Sr. Presidente de la Sala el
día 6 de Julio de 2007 a raíz del informe efectuado en el acto
del juicio por el Ministerio Fiscal, a modo de aclaración,
para el supuesto de no entenderse procedente por la Sala la
condena para el Sr. García de Paredes, y por si pudiera
resultar esclarecedor para la Sala pasa a redactar del modo
que sigue, el apartado 6ª (responsabilidad civil) del escrito
de conclusiones definitivas.
PRIMERA. DELITO DE ESTAFA.
Los acusados solidariamente deberán de indemnizar a NCG
BANCO a su sucesor universal en 13.256.253,97 euros.
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Asimismo se deberá decretar la nulidad de las pólizas
individuales de aseguramiento personal de 25 de noviembre
2010.
SEGUNDA.- Alternativamente y para el supuesto de que los
hechos fueran calificados como delito DE APROPIACION INDEBIDA
en concurso de normas con el delito de administración desleal,
los acusados solidariamente deberán devolver a NCGBANCO los
importes que constan en el apartado A o en el apartado B que a
continuación se citan:
Apartado A.
-6.476.237 euros, cantidad que le correspondería devolver
a José Luis Pego Alonso, en adelante JLPA si la indemnización
hubiera consistido en dos anualidades de retribución (Pág. 33
del informe pericial firmado por el perito del Banco de España
Antonio González).
-3.969.349,31 euros, cantidad que le correspondería
devolver a Gregorio Gorriarán Laza, en adelante GGL si la
indemnización hubiera consistido en dos anualidades de
retribución (Pág. 33 del informe pericial firmado por el
perito del Banco de España Antonio González).
No proceden realizar estos cálculos para ORE ya que su
jubilación estaba prevista para un periodo inferior a un año.
Apartado B
-El importe de la retribución complementaria por resultados
parte fija (RCRPF) que asciende a:
117.871,05 euros (JLPA)
14.904,18 euros (ORE),
90.369,13 euros (GGL) (pag. 34 del informe pericial
firmado por Antonio González).
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Todos estos importes, lógicamente ajustados al tipo de
interés de descuento y que deberán descontarse, así en el caso
de JLPA asciende la tasa de descuento a 1.179.253,97 euros
(folio 26 y 27 del informe pericial) y en el caso de GGL
asciende a 642.213,79 euros (folio 30 del informe pericial). No
procede hacer estos cálculos para ORE ya que su jubilación
estaba prevista para un periodo inferior a un año.
-El importe cobrado en concepto de Retribución Variable
(folio 36 del informe pericial firmado por Antonio González) o
gratificación o premio por su "especial dedicación al
desarrollo, crecimiento y expansión de la entidad". El abono de
las Retribuciones Variables debería haber sido autorizado por
el Banco de España y los importes son los siguientes:
JLPA 933.156,00 euros;
ORE 225.000,00 euros;
GGL580.986,00 euros.
-El "plus convenio" indebidamente cobrado:
JLPA debería devolver la parte proporcional del mismo y que
asciende a 304,52 euros;
GGL debería devolver 250,95 euros y ORE debería devolver
440,90 euros.
No obstante estos cálculos, en la hoja que llevó JLPA al
Banco de España dijo que para los tres eran 941,11 euros.
Así mismo se deberá decretar la nulidad de las pólizas
individuales de aseguramiento personal de 25 de noviembre de
2010.
Las acusaciones particular y popular se adhirieron al
Ministerio Fiscal en sus conclusiones definitivas, así como a
su informe.
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Las defensas de los acusados en sus conclusiones
definitivas han solicitado la libre absolución con todos los
pronunciamientos favorables, salvo la defensa del acusado Sr.
García de Paredes que manifestó que nada tenía que decir ante
la retirada de la acusación.
Concedida la última palabra a los acusados, a los que se les
mantuvo la acusación, nada dijeron al respecto.
QUINTO.- El juicio se ha celebrado durante los días 27 y 28
de mayo, 8, 9, 10, 11, 12, 29 y 30 de junio y 1, 8 y 9 de julio
de 2015.
HECHOS PROBADOS
PRIMERO.- Como consecuencia de la situación económica y
financiera que atravesaba Caixa Galicia, que estaba en
situación de insolvencia, y Caixanova, cuya situación era no
tan grave como la de Caixa Galicia, pero tenía serios problemas
de viabilidad, a finales de 2009, ambas cajas iniciaron
contactos para llevar a cabo un proceso de integración mediante
la fusión de ambas Cajas, con el fin de asegurar su
desenvolvimiento y estabilidad futura en el mercado financiero,
y así constituir una nueva entidad con presencia relevante en
su natural ámbito geográfico, la Comunidad Autónoma de
Galicia.
El 11 de mayo de 2010 los Consejos de Administración de
ambas cajas mostraron su voluntad para su integración mediante
fusión, y el día 28 de junio de 2010 ambos Consejos aprobaron
el protocolo y el Plan de integración solicitando del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), 1162 millones de
euros, límite máximo autorizado por la U.E., que se
correspondía con el 2% de los activos ponderados por el riesgo
del conjunto de las dos entidades; apoyo que se materializó
mediante la adquisición el día 21 de diciembre de 2010 por
parte del FROB, de participaciones preferentes convertibles que
emitió la entidad financiera resultante de la fusión,
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CaixaNovaGalicia. La comisión ejecutiva del Banco de España en
su sesión de 29 de junio de 2010 aprobó el mencionado plan de
integración, que incluía la emisión por la nueva entidad
resultante de la fusión, de las referidas participaciones
preferentes convertibles en cuota participativas por el importe
dicho de 1162 millones que suscribió el FROB, órgano
constituido en virtud de RD Ley 9/2009 de 26 de junio, como
entidad pública de carácter administrativo con personalidad
jurídica propia, que el día 29 de junio de 2010 a través de su
comisión rectora, aprobó las condiciones para la suscripción
por su parte, de la referida cantidad de 1162 millones de
euros.
Llegado el 21 de Diciembre de 2010 mediante escrituras
públicas tras la aprobación el 20 de Diciembre de 2010 en la
Asamblea General Extraordinario de C. de Ahorros de Galicia,
Vigo, Ourense y Pontevedra, se suscribieron las participaciones
preferentes que en dicho acto fueron íntegramente adquiridas
por el FROB efectuándose el desembolso por la adquisición el 30
de diciembre de 2010. Así mismo se estableció que devengarían
las participaciones preferentes convertibles, un tipo de
interés inicial de 7,75% estableciéndose sucesivos incrementos.
La entidad emisora con motivo del desembolso por el FROB
de los 1162 millones de euros, adquirió entre otros los
siguientes compromisos:
1. Recomprar las Participaciones Preferentes Convertibles
tan pronto como esté en condiciones de hacerlo en los términos
comprometidos en el Plan de integración aprobado por el Banco
de España. (Condición que jamás cumplió); y entre tanto las
participaciones preferentes seguirían siendo de la titularidad
del FROB, como así han resultado finalmente, pues nunca se han
recomprado dichas participaciones preferentes.
2. Ajustar las políticas de retribución de sus altos
directivos a los criterios señalados por la normativa
comunitaria aplicable y a lo dispuesto por la Comisión Europea
en sus Recomendaciones de 30 de abril de 2009 o en sus
posteriores modificaciones (condición que tampoco se cumplió).
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En cuanto al plan de integración se contemplaba lo siguiente
entre otros aspectos, respecto a los activos aportados por la
Caja de Ahorros de Galicia a la nueva entidad, se hacía una
estimación total de pérdidas esperadas de 2090 millones de
euros (1463 millones netos de efecto fiscal), a sanear con
reversas en el momento inicial, aspecto muy significativo de la
situación en que nacía la nueva entidad.
Este proyecto de fusión entre Caixa Nova y Caixa Galicia
suscrito el 6 de septiembre de 2010 por los Consejos de
Administración de ambas Cajas fue aprobado por sus respectivas
Asambleas Generales el 18 de octubre de 2010, y se fijo el 30
de noviembre de 2010 como fecha de la fusión y por lo tanto, el
momento a partir del cual las operaciones efectuadas por las
entidades que se fusionaban se entenderían realizadas por
cuenta de la nueva entidad que pasaba a denominarse Nova Caixa
Galicia.
La fusión fue autorizada por la Xunta de Galicia, el 18 de
noviembre de 2010.
2. La aportación por parte del FROB el 21/12/2010 de la
cantidad de 1162 millones de euros, fue solicitada por los
acusados para la viabilidad en sus inicios de la nueva entidad
nacida de la fusión, toda vez que como se ha dicho, Gaixa
Galicia era una entidad prácticamente inviable, y Caixa Nova si
bien no presentaba una situación como Caixa Galicia su
situación era bastante mala. Ahora bien dicha aportación no fue
suficiente para la buena marcha de la entidad nacida de la
fusión, y por ello fue necesario acudir a una ampliación de
capital en Nova Caixa Galicia que suscribió íntegramente el
FROB por 2465 millones de euros, haciéndose el FROB con el
93,16% del capital social con fecha 10 de octubre de 2011
previa su aprobación por dicha entidad pública en la reunión
que celebró el 29 de septiembre de 2011. Con motivo de esta
nueva aportación procedió el FROB a controlar prácticamente el
capital social de NCG, y valoró la entidad resultante de la
fusión (Nova Caixa Galicia), por 3 entidades (Ernst&Youn,
Societé Generale y Rothschild), resultando que NCG tenía un
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valor de 181 millones de euros, cantidad a la que se llegó de
la siguiente manera:
“FROB Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
5. FIJACION DEL PRECIO DE ADQUISICION.
5.1 Valoración de la entidad.
El valor asignado a NCG por los expertos independientes
contratados por el FROB ha sido:
i. Rothschild obtiene un valor de 188 millones de euros
ii. Ernst & Young obtiene un valor de 174 millones de
euros
iii. Societe Generale obtiene un valor de -287 millones
de euros
5.2 Fijación del valor económico de la entidad
De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2. a) de
la Norma cuarta del acuerdo de la Comisión Rectora por el que
se detallan los criterios y condiciones a los que se ajustará
su actuación en los procesos de reforzamiento de los recursos
propios de entidades de crédito previstos en los artículos 9 y
10 del Real Decreto-ley 9/2009, al ser una de las valoraciones
inferior en más de un 15% a la que ocupa la posición central,
queda descartada y el valor económico de la entidad se fija
coma la media aritmética de las otras dos valoraciones que
difieren entre ellas menos de un 15% es decir:
188+174=362 millones de euros
362:2=181 millones de euros
por lo que el valor económico de NCG queda fijado en 181
millones de euros.
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5.3 Fijación del precio de la participación económica del
FROB y del porcentaje del capital del Banco NCG que le
corresponde.
Valor económico de la entidad antes de la ampliación de
capital que suscribirá el FROB: 181 millones de euros.
Fondos que aportara el FROB en la ampliación de capital:
2.465 millones de euros.
Total valor de la entidad después de la ampliación:
181+2.465 = 2.646 millones de euros.
Porcentaje que supone 2.465 sobre 2.646 = 93,16%.
Porcentaje que le corresponde al FROB en el capital del
Banco NCG = 93,16%.”.
En Diciembre de 2012 ante las imposibilidad por parte de
NovaCaixaGalicia de recomprar las participaciones preferentes a
que se había obligado por la primera aportación del FROB a la
referida entidad (1162 millones de euros), se produjo la
conversión de dichas participaciones preferentes en capital de
Nova Caixa Galicia. No obstante dada la situación financiera
que presentaba la entidad nacida de la fusión, en dicho mes de
Diciembre de 2012, se inyectaron por el FROB, 5425 millones de
euros más, ascendiendo a 9052 millones de euros el total de las
ayudas financieras aportadas por el FROB a la entidad nacida de
la fusión de ambas cajas al 18 de diciembre de 2013 en que se
vendió en pública subasta el Banco NCG, creado tras el traspaso
de todo el negocio bancario de la Caja nacida de la fusión,
siguiendo el proceso que se explicitará a continuación,
adquiriendo el BNCG, Bandesco por 1003 millones de euros, de
los que correspondieron al FROB 712 millones de euros por la
venta de su participación, habiendo vendido en el año 2012 el
FROB acciones por valor de 71 millones de euros. En julio de
2014 tomo el control definitivo del BNCG el grupo bancario
referido, creando la marca Abanca.
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3. La entidad nacida de la fusión, NCG; como consecuencia
de la aportación por el FROB de los 2462 millones de euros, se
le impuso unas condiciones por el organismo público citado, que
determinaron que en la Asamblea General de NovaCaixaGalicia
celebrada el 21 de julio de 2011, se acordaba el traspaso de
todo su negocio financiero a un Banco que pasó a denominarse
NovaCaixaGalicia Banco, SA, íntegramente participado por Nova
Caixa Galicia, pero cuyo capital en un 93,6% pertenecía al
FROB, teniendo NCG solo un 6% del Banco, el cual adquirió por
sucesión universal la totalidad de activos, pasivos, derechos y
obligaciones así como expectativas que integraban el patrimonio
de la Caja, con la excepción de determinados activos que como
Caja, se vincularon a la obra benéfica/social de NCG, sin que
este proyecto tampoco funcionara lo que determinó, que en
diciembre de 2012 cuando el FROB inyectó 5425 millones de euros
dejó fuera del BNCG a NCG, adquiriendo el FROB el control
íntegramente del Banco NovaCaixaGalia, SA. NCG como Caja
terminó como obra social, para pasarse al final convirtiéndose
en una Fundación ordinaria el 28 de diciembre de 2012. En
diciembre de 2013 el FROB en pública subasta vendió por 1003
millones de euros el Banco Nova Caixa Galicia.
4. Los acusados José Luis Pego Alonso, Gregorio Gorriarán
Laza y Óscar Rodríguez Estrada, mayores de edad y sin
antecedentes penales, era Altos Directivos de Caixa Nova,
siendo los máximos gestores ejecutivos de esta entidad, lo
mismo que Francisco Javier García de Paredes Moro, mayor de
edad y sin antecedentes, lo era de Caixa Galicia, acusados que
en el momento de la fusión quedaron como máximos gestores de la
entidad nacida de la fusión. (NCG).
Los acusados Pego Alonso, Gorriarán Laza y Rodríguez
Estrada provenientes de Caixa Nova antes de la fusión de la
cajas gallegas tenían cada uno de ellos con Caixa Nova un
contrato de Alta Dirección; no así García de Paredes Moro, que
provenía de Gaixa Galicia, al no considerar oportuno este
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acusado en dicha entidad celebrar un contrato de Alta
Dirección.
5. No obstante sabedores los cuatro acusados
referidos, de la situación real de las entidades que se
fusionaban; -(donde por sí solas Caixa Galicia era
prácticamente inviable, y Caixa Nova tenía serias dificultades
de viabilidad, situaciones que a pesar de su fusión necesitaban
imperiosamente de las ayudas pública del FROB para la
viabilidad de esta fusión. Viabilidad tan comprometida, que
tuvo que crearse como se ha dicho el Banco denominado Nova
Caixa Galicia Banco SA, al que traspasaron los activos y
pasivos tóxicos, entidad que recién creada tuvo que acudir a un
ERE, que produjo 1850 despidos)-; con la colaboración esencial
e imprescindibles de los acusados Julio Fernández Gayoso,
presidente de Caixa Nova y copresidente en la entidad nacida de
la fusión, y Ricardo Pradas Montilla, asesor jurídico,
vinculado a Fernández Gayoso desde la existencia de Caixa Nova,
ambos mayores de edad y sin antecedentes penales, urdieron un
plan para que los cuatro altos directivos que se iban a ocupar
de la gestión en principio de NovaCaixaGalicia resultaran
beneficiados en el supuesto más que probable, razonable y
lógico de que una vez acabadas las ayudas públicas, los nuevos
inversores dueños de la entidad decidieran prescindir de sus
servicios al ser señalados como máximos gestores de las Cajas
fusionadas que habían llevado, o no habían sabido gestionar
adecuadamente los intereses de las Cajas en las que prestaban
sus servicios, llevándolas a la situación de práctica
insolvencia en que se encontraban.
6. Así y dentro de la previsión de ser cesados los altos
directivos acusados, en sus puestos con la finalidad de obtener
unas ventajas económicas mayores a las que podían acceder con
sus contratos de alta dirección; -(como así, cumpliéndose dicha
previsión lo impusieron los nuevos inversores en septiembre de
2011 al nuevo presidente del Banco creado para la viabilidad de
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la Caja, NOvaCaixaGalicia, José María Castellano de que la
condición para invertir en el Banco NovaCaixaGalicia Banco era
que no lo gestionaran los acusados Pego Alonso, Gorriarán Laza
y Rodríguez Estrada; respecto a García de Paredes Moro su cese
se debió sus desencuentros con González Bueno nuevo Consejero
Delegado en el Banco NovaCaixaGalicia); a pesar de tener
contratos de Alta dirección Pego Alonso, Gorriarán Laza y
Rodríguez Estrada celebraron unos nuevos contratos de Alta
Dirección. García de Paredes Moro que no tenía en Caixa Galicia
contrato de Alta Dirección también celebró un contrato de Alta
Dirección en la Caja nacida de la fusión. Los nuevos contratos
mejoraban económicamente a los acusados que ya disfrutaban de
ellos, y por supuesto a García Paredes Moro que no tenía
contrato alguno, asegurándose a costa de una entidad financiera
que finalmente resultó inviable que tuvo que funcionar con
dinero público una mejor posición económica, a la que ya se
contemplaba en los contratos anteriores de alta dirección de
los directivos de Caixanova, y que se le concedió “ex novo” a
García Paredes Moro, al cesar unilateralmente mediante
desistimiento de su relación laboral cada uno de ellos en la
Caja nacida de la fusión.
7. A/. Así, respecto al acusado José Luis Pego Alonso, el
día 13 de enero de 2005 celebró un contrato de Alta Dirección
con Caixa Vigo por el que se le nombraba Director General
Adjunto de la Entidad referida. Caixa Vigo con posterioridad se
integró con otras cajas pasando a constituir Caixa Nova. En
dicho contrato le fueron reconocidas a José Luis Pego
facultades de extinción voluntaria de la relación laboral, bien
por prejubilación a partir del cumplimiento de la edad de 60
años, bien por desistimiento, en este caso por alteración de
las características de contratación que en el documento se
especificaban.
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En fecha 21 de junio de 2006, se suscribió un anexo al
citado contrato ya con Caixa Nova constituida, en el que se
adoptaron los siguientes ACUERDOS:
““De tal forma que, ambas partes, CAIXANOVA y D JOSÉ LUIS
PEGO ALONSO, la primera representada en el presente acto por su
Presidente D. Guillermo Alonso Jáudenes, deciden celebrar el
presente acuerdo que viene a completar el contrato de alta
dirección así como los contratos modificativos posteriores,
todos ellos recogidos en el Acta de Protocolización otorgada
ante el notario de Vigo, D. José Piñeiro Prieto el día 27 de
octubre de 2005 y registrada con el número 1.838 de su
Protocolo. A tal efecto, se modifica la Cláusula Octava del
contrato de alta dirección suscrito el día 13 de enero de 2005,
así coma se introduce una nueva Cláusula Adicional, ambas con
la siguiente redacción:
Cláusula Octava:
Se modifica la referida cláusula del contrato de alta
dirección celebrada entre las partes, específicamente en lo
referente al apartado f), que queda redactado en los siguientes
términos:
”Apartado f) Plus Equipo Directivo, establecido por la Caja
según acuerdo del Consejo de Administración de fecha 16 de
enero de 1989 y modificado con posterioridad el día 25.05.06
por acuerdo del mismo Órgano de Gobierno, incrementando el
importe hasta ahora vigente, liquidándose en todas las pagas
(18,5) teniendo la condición de pensionable y actualizable
anualmente y teniendo presente el ajuste del peso de la
retribución variable”.
En consideración de la modificación establecida
anteriormente, y teniendo en cuenta las actualizaciones
producidas en los distintos conceptos retributivos desde la
firma del contrato de alta dirección antes referidas, la
estructura retributiva del Director General Adjunto, Sr. PEGO
19
ALONSO, queda fijada en esta fecha conforme al siguiente
detalle:
Sueldo base ........ 2.594,28x2051.885,60
Incremento caja+100M 766,96x20 15.339 ,20
Plus Categoría ..... 1.141,92x20 22.838.40
Plus Esp.Comp. ..... 78,55x12 942.60
Plus Convenio ...... 240,00x1 240,00
Plus Equipo Directivo 14321,98x18.5 264.956,57
En todo caso, y complementariamente a los conceptos
anteriormente reseñados se mantiene en su totalidad lo
dispuesto en la Cláusula Octava del citado contrato, con lo
que los importes antes citados se complementaran con los
correspondientes a los conceptos retributivos a los quo se
refieren los apartados b), g), h), j) y k) qua figuran en la
citada cláusula, manteniéndose la actualización anual que
corresponda a los distintos conceptos retributivos.
Cláusula Adicional:
Se incorpora una nueva cláusula adicional al contrato de
alta dirección conforme a la siguiente redacción:
“Un eventual pronunciamiento judicial que afectare a la
naturaleza jurídica del vínculo de relación laboral especial
que ambas partes decidieron otorgarse, deviniendo, como
consecuencia de aquél, en relación laboral ordinaria, no
incidirá en la validez del objeto, causa y condicionado del
contrato laboral, pasando a incorporarse al patrimonio del
alto cargo el conjunto de elementos y mejoras que lo
integran.””.
El 20 de octubre de 2010, una vez aprobadas por el Consejo
de Administración de CaixaNova y CaixaGalicia el protocolo de
integración de ambas cajas y ya habiendo solicitado del FROB
para la viabilidad de la fusión la primera aportación de 1162
millones de euros, habiendo sido aprobado por el Banco de
20
España en junio de 2010 el protocolo de integración, así como
por la Comisión Rectora del FROB en junio de 2010, la entrega
que se materializó en Diciembre de 2010 de los referidos 1162
de euros; Caixa Nova actuando en su nombre y representación
Julio Fernández Gayoso celebró con José Luis Pego Alonso, bajo
la cobertura de producirse con la fusión claras alteraciones
de carácter organizativo, al nombrar a Pego Alonso Director
General de la Caja resultante de la fusión, un nuevo contrato
de Alta Dirección bajo el disfraz de un complemento del
anterior contrato, en el que se establecieron las
estipulaciones que mejoraban económicamente a este acusado
respeto al anterior contrato que tenía antes de la fusión.
El nuevo contrato señalaba:
“Ratificación del conjunto de las condiciones establecidas
en el contrato de Alta Dirección celebrado el día 13 de enero
de 2015 y su anexo de 21 de junio de 2006.
Tercera: Remuneración por todos los conceptos a percibir
por el Sr. Pego Alonso en función del desempleo de la
responsabilidad de Dirección General.
El desempeño del cometido y funciones que comporta la
responsabilidad que le es asignada al Sr. Pego Alonso, dará
lugar al respeto del nivel económico salarial que viniere
disfrutando hasta la fecha de la integración efectiva de las
dos Entidades, sin merma alguna de su remuneración percibida
por todos los conceptos a la fecha en qua asume su nueva
responsabilidad en la Caja resultante de la fusión,
respetándose en todo caso su estructura retributiva, en
conceptos, números de pagas a importes, que figura en el
anexo 3, que se incrementaran con las actualizaciones que
puedan corresponder a cualquiera de alias. Cualquier
modificación en su estructura retributiva, distinta a los
incrementos de los importes, requerirá la explícita aceptación
del Sr. Pego Alonso, sustituyéndose -en todo caso- este anexo
21
3 por el que corresponda como consecuencia de la, en su caso,
aceptada modificación.
Cuarta: Prejubilación o jubilación
A partir de la fecha en que D. José Luis Pego Alonso pase
a situación de prejubilación a jubilación, percibirá, además
de la prestación-publica, las siguientes cantidades:
a. Comenzará a percibir, coma beneficiario, el
complemento de pensión que le corresponda en el Plan de
Pensiones de la Entidad, para el supuesto de jubilación,
de conformidad con los derechos que acredite en ese
momento, cesando -en consecuencia- en la candición de
participe del Plan. El cálculo de este complemento se
efectuara conforme al sistema establecido con carácter
general en el Plan de Pensiones.
b. Tendrá derecho a percibir una renta de carácter
vitalicio a cargo de la Entidad que instrumentara este
compromiso mediante una póliza de aseguramiento/contrato
de seguro conforme a lo dispuesto en la estipulación
sexta de este acuerdo, por la diferencia entre el salario
en activo de la estipulación Octava del contrato de 13
de enero de 2005 y su anexo de fecha 21 de junio de 2006,
compuesto por los conceptos reseñados en el Anexo 3, y la
suma de la prestación pública de pensión de jubilación y
el complemento de pensión que perciba del Plan de
Pensiones de la Entidad.
La cantidad resultante en concepto de Renta
Vitalicia será abonada conforme a las condiciones
establecidas en el contrato de seguro y será objeto de
actualización anual conforme al mismo porcentaje de
incremento salarial que se aplique anualmente para los
empleados de la Entidad en activo, haciéndose efectiva la
actualización a primeros de enero de cada año o lo antes
posible una vez determinado el índice de actualización.
22
Quinta: Renta Vitalicia Total a reconocer al Sr. Pego
Alonso en cumplimiento de lo establecido en la cláusula 10ª
del contrato de 13 de enero de 2005, pare el supuesto de
instar su aplicación por el interesado, v Renta Vitalicia
conforme a la anterior estipulación cuarta. b.
La Renta Vitalicia Total a percibir por D. José Luis Pego
Alonso, en un eventual caso de extinción del contrato de
trabajo, acogiéndose a lo estipulado en las cláusulas Décima,
Decimosegunda y Decimotercera del mencionado contrato, estará
constituida por el importe coincidente con el último salario
anual percibido por él como activo, por todos los conceptos
(actualizados a este feche en el Anexo 3) a los que se refiere
la estipulación Octava del contrato reiteradamente mencionado
de 13 de enero de 2005 y en su anexo de 21 de junio de 2006,
con sus correspondientes actualizaciones, excepto los del
apartado h).
Para conocer exactamente el importe de la renta vitalicia
a reconocer al Sr. Pego Alonso, y a la que se refiere la
anterior estipulación Cuarta, se descontaran de la Renta
Vitalicia Total las cantidades que la Seguridad Social
reconozca en concepto de pensión pública de jubilación en
favor de D. José Luis Pego Alonso y la que le sea reconocida
por el Plan de Pensiones en función de sus derechos
consolidados a la fecha en que se produzca la prejubilación o
jubilación del Sr. Pego Alonso, siendo esta Renta Vitalicia la
qua se considerara a efectos de las provisiones matemáticas de
la póliza de aseguramiento a que se refiere la estipulación
Séptima de este acuerdo.
Sexta: Partícipe v beneficiario del Plan de Pensiones.
Durante el periodo que medie desde la fecha de firma de
esta prorroga, y la de extinción de su contrato, D. José Luis
Pego Alonso continuará siendo participe del Subplan 1 del Plan
de Pensiones "Personal Caixanova" a del que, en su caso, lo
sustituya a integre, pasando a la condición de beneficiario
23
del mismo en el momento de acceder a la prejubilación o
jubilación.
Caixanova o la nueva Entidad resultante de la fusión
efectuará las aportaciones al Plan de Pensiones necesarias
para mantener, cubrir y atender las prestaciones que le
correspondan a D. José Luis Pego Alonso conforme a las
actuales especificaciones del Plan y a las referencias del
Anexo 3, correspondiente a la estipulación Cuarta, y a las
aplicables de este acuerdo y del contrato de 4 de enero de
1999.
Asimismo, deben efectuar anualmente las aportaciones
necesarias pare atender las actualizaciones requeridas por las
prestaciones futuras que deberán estar totalmente dotadas en
la fecha de extinción del contrato de 4 de Enero de 1999 y
cumplir los requerimientos del Plan de Pensiones en su
condición de beneficiario del mismo.
Séptima: Póliza de aseguramiento para complementar la
percepción de la renta vitalicia.
Caixanova suscribirá, antes del 25 de noviembre de 2010,
una póliza de aseguramiento/contrato de seguro destinada a
complementar la Renta Vitalicia que le corresponda a D. José
Luis Pego Alonso en el momento de acceder a la prejubilación
y/o jubilación complementaria según la estipulación Décima del
contrato de 13 de enero de 2005, en la cual D. José Luis Pego
Alonso será el beneficiario único, cuya provisión matemática
podrá rescatar total o parcialmente en el momento de acceder
a la prejubilación o jubilación.
La citada póliza de aseguramiento, está destinada a cubrir
la Renta Vitalicia a que se refiere la anterior estipulación
Cuarta de este acuerdo y deberá estar totalmente provisionada
en la fecha del devengo del cobra de la Renta Vitalicia,
conforme a los correspondientes cálculos actuariales, debiendo
06/2010
24
ser anualmente actualizada en el importe necesario para
atender en cada momento el pago de la renta vitalicia
complementaria que le corresponda a D. José Luis Pego Alonso
hasta alcanzar la cantidad total que le corresponda en el
momento de la prejubilación o jubilación junto, con las
cantidades que le acredite la Seguridad Social por pensión
pública, y como complemento a las que perciba del Plan de
Pensiones de la Entidad del que es participe y del que será
beneficiario, conforme a lo dispuesto en la anterior
estipulación Cuarta.
A efectos de cumplir con lo dispuesto en esta estipulación
se acuerda formalizar un contrato de seguro con la Compañía de
Seguros CASER, S.A. instrumentado en la póliza de
aseguramiento número 54525 cuyo modelo se incluye como Anexo 4
y cuyo único asegurado y beneficiario es D. José Luis Pego
Alonso, facilitándole la Entidad una copia de la póliza
formalizada.
Octava: Actualización de la Renta Vitalicia Total.
La cantidad inicialmente establecida en concepto de Renta
Vitalicia Total, será objeto de revisión una vez al año de
acuerdo con el mismo porcentaje de incremento salarial que se
aplique anualmente para los empleados de la Entidad en activo,
haciéndose efectiva la actualización a primero de enero de
cada año o lo antes posible una vez determinado el índice de
actualización, aplicándose la posible diferencia que pudiese
existir a la actualizaci6n de la Renta Vitalicia, una vez
actualizadas, en su caso, las prestaciones de la pensión
pública y del Plan de Pensiones.
Novena: Capitalización de la renta v aseguramiento del
capital resultante.
Conforme a lo establecido en la Estipulación Décima del
contrato de 13 de enero de 2005, la renta vitalicia que
25
pudiera generar el. Sr. Pego Alonso, de decantarse por este
opción, según lo establecido en su contrato, podrá ser
capitalizada a la fecha de la definitiva extinción del
contrato de trabajo del Sr. Pego Alonso con la Entidad
resultante de la fusión. La decisión de capitalización de La
renta es una decisión que depende de la voluntad del Sr. Pego
Alonso.
La Entidad se compromete a garantizar la renta vitalicia
y, por tanto, su eventual capitalización por medico de una
póliza de aseguramiento/contrato de seguro en la que el
beneficiario único sea el Sr. Pego Alonso, para lo que
procederá al debido cumplimiento de esta estipulación a partir
de la firma del presente contrato, con objeto de que se
proceda al estricto cumplimiento de lo que recoge la Cláusula
Décima del contrato de 13 de enero de 2005 y las
estipulaciones Cuarta y Séptima del presente contrato.
Décima: Delimitación del ejercicio de la facultad de
desistimiento que ostenta el señor Pego Alonso reconocida en
la cláusula Duodécima del contrato de Alta Dirección que
suscribió con Caixanova, derivada de lo dispuesto en el art.
10.3 del R.D. 1382J1985 de 1 de Agosto.
El ejercido de la facultad que tiene reconocida el señor
Pego Alonso en su contrato de Alta Dirección suscrito con
Caixanova (y cuya vigencia he sido ratificada por mor de lo
establecido en la Estipulación Primera del presente pacto),
para desistir de la relación laboral, por sucesión de empresa
o cambio importante en la titularidad de la misma, se mantiene
vigente y podrá hacerlo efectivo en cualquier momento dentro
del periodo transitorio de 36 meses establecido en el Proyecto
de Fusión de Caixanova y CaixaGalicia, e incluso, dicha
facultad se extenderá hasta los tres meses siguientes desde la
finalización del mismo y en todo caso hasta el momento de la
toma de posesión de los nuevos Órganos de Gobierno que
resulten del proceso electoral para la asignación de los de la
26
nueva Caja una vez terminado el periodo transitorio de la
fusión y conocido su cargo, responsabilidades competencia y
funciones en la nueva organización, por considerarse que el
plazo del ejercicio del derecho de extinción por voluntad del
Alto Directivo en los tres meses siguientes a la producción de
tales cambios que dispone el apartado d) del art. 10.3 del
R.D. 1382/1985, comienza a correr, en el momento en que haya
finalizado el periodo aludido de 36 meses, que se ha
establecido para la culminación del periodo transitorio de
fusión, y su necesaria prórroga hasta poder clarificar su
situación en la Entidad tras la ejecución del proceso de
renovación de sus el Órganos de Gobierno
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo interior, se
mantiene intacta la facultad del Directivo de desistir de la
relación laboral de Alta Dirección por el resto de las causas
previstas en el contrato de 13 de enero de 2005.
Undécima: Licencia retribuida o Desistimiento
En el supuesto de que D. José Luis Pego Alonso no pueda
acceder a la situación de prejubilación o jubilación por no
cumplir las condiciones requeridas pare acceder a la
prestación de pensión pública a por cualquier otra razón que a
su libre voluntad estime que se lo dificulta, el Sr. Pego
Alonso podrá optar por acogerse a una situación de licencia
retribuida, de conformidad con lo establecido en la
estipulación Décima del contrato de 13 de enero de 2005.
Decidido por D. José Luis Pego Alonso su acogimiento a la
situación de licencia retribuida, continuará percibiendo,
desde la fecha de eficacia de esta y hasta aquella en que
puede acceder a la jubilación, las mismas retribuciones que se
le vengan reconociendo en activo en la fecha en que acceda a
la situación de licencia retribuida, respetándose en todo caso
su estructura retributiva, en conceptos, número de pagas e
importes que figuran en el Anexo 3, actualizados estos
importes en lo que puede corresponder a cualquiera de los
27
conceptos, aplicándoles el mismo incremento salarial anual que
se le aplique a los empleados de la Entidad en activo.
Durante el periodo en que D. José Luis Pego Alonso se
encuentre en situación de licencia retribuida., Caixanova o la
Entidad resultante de la fusión continuara pagando las
cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes al mismo,
el cual continuara teniendo a todo los efectos los mismos
derechos y condiciones que si permaneciera en activo con su
actual rango directivo.
D. José Luis Pego Alonso se compromete a anunciar con una
antelación mínima de 1 (uno) mes su voluntad de pasar a la
situación de licencia retribuida.
Asimismo, el Sr. Pego Alonso podrá acogerse —de forma
alternativa y por su estricta voluntad- al ejercicio de su
facultad de desistimiento de acuerdo con lo estipulada en su
contrato de 13 de enero 2005, aplicándose en tal caso las
condiciones establecidas en el mismo y complementadas con lo
dispuesto en el presente acuerdo.
Duodécima: Derechos de viudedad
En el supuesto de fallecimiento de D. José Luis Pego
Alonso, su viuda ostentará los derechos que le correspondan
conforme a lo contemplado en el Convenio Colectivo de Cajas de
Ahorros, en el actual Reglamento del Plan de Pensiones
"Personal Caixanova” y en la póliza individual de
aseguramiento a la que se hacer referencia en la estipulación
cuarta y de la que D. José Luis Pego Alonso es beneficiario
único, así como -adicionalmente y en su caso- por lo aplicable
como consecuencia de posibles acuerdos de los Órganos de
Gobierno.
Decimotercera: Beneficios sociales
Mientras D. José Luis Pego Alonso continúe en activo o en
situación de licencia retribuida continuará disfrutando de la
28
totalidad de beneficios sociales que actualmente le
correspondan o que en el futuro le puedan corresponder.
Al acceder a la situación de jubilación mantendrá las
mismas condiciones que le son aplicables en las operaciones de
crédito o préstamo que tenga concertadas con la Entidad en tal
momento.
Decimocuarta: Fiscalidad.
A los efectos de las retenciones que se practiquen por
IRPF las rentas obtenidas tendrán la consideración de regular
o irregular según proceda, practicándose los descuentos y
retenciones que correspondan legalmente.”.
Este nuevo contrato de Alta dirección, supuso para Pego
Alonso una mejora económica respecto al anterior contrato de
alta dirección que ya tenía antes de la fusión, de: 6476237
euros por la indemnización percibida por prejubilación;
117.871,05 euros por el concepto de retribución complementaria
por resultados parte fija, sin establecer tasa de descuento
alguno por la capitalización de la renta vitalicia que para
este acusado debía ascender a 1.179253,97; y 933.156 euros por
retribución variable o “premio” por su especial dedicación al
desarrollo y expansión y crecimiento de la entidad, más un
plus convenio de 304,50 euros.
B. El acusado Óscar Rodríguez Estrada celebró a primeros
de febrero de 1991 un contrato de alta Dirección con la Caja
de Ahorros Municipal de Vigo, integrante posterior de
Caixanova, en su función de Subdirector de la Caja de Ahorros
referida con vigencia hasta la edad de 65 años,
estableciéndose en el contrato en el apartado de
retribuciones, lo siguiente:
“QUINTA.- Retribuciones:
Con independencia de las gratificaciones que pudiera
percibir por el cargo de Subdirector, tanto si ocupa dicho
29
puesto como otro adecuado a su categoría laboral de Jefe de
2ª, D. OSCAR M. RODRIGUEZ ESTRADA percibirá los salarios,
tríenos, pluses (asignación individual, extrasalarial, etc.) y
demás prestaciones sociales (prestamos, ayuda de estudios,
etc.) de acuerdo con lo establecido por la CAJA DE AHORROS
MUNICIPAL EE VIGO en sus convenios laborales y demás
Reglamentaciones y acuerdos de su Consejo de Administración
que le puedan afectar y que expresamente se reconoce que le
son aplicables.
En todo aquello no previsto expresamente o por remisión en
el presente contrato, será de aplicación la legislación
reguladora de la relación laboral común, general y especial
del sector Cajas de Ahorros y acuerdos del Consejo de
Administración o pactos internos de la Entidad siempre que
resulten más favorables para el Sr. RODRIGUEZ ESTRADA en la
condición o materia específica de referencia.
Por lo que se refiere a la revaloración de los emolumentos
de D. Óscar M. Rodríguez Estrada como Subdirector, merecerá la
consideración anual que en cada momento determine el Consejo
de Administración de la CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE VIGO, sin
perjuicio de la actualización de la escala salarias del
Convenio que suele producirse anualmente.
Y en cuanto a la suspensión y extinción del contrato de
Alta Dirección se estableció lo siguiente:
NOVENA.- Suspensión de la relación laboral común:
Ambas partes convienen que, desde el momento de la
promoción de D. OSCAR M. RODRIGUEZ ESTRADA al cargo de
Subdirector, quedó suspendida la relación laboral común que le
vinculaba con la CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE VIGO, pero con
pervivencia latente de todos los derechos y obligaciones
inherentes a aquélla.
30
En el supuesto de que se extinguiere el contrato especial
de Alta Dirección, por cualquiera de las causas previstas en
este documento, con excepción de la de despido disciplinario
declarado procedente, D. OSCAR M. RODRÍGUEZ ESTRADA tendrá
derecho a ejercitar las opciones establecidas en la cláusula
undécima de este contrato.
DÉCIMA.- Extinción del contrato:
El contrato podrá extinguirse por las siguientes causas:
A) Por voluntad de la Caja:
1. Por desistimiento de la CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE
VIGO: en cuyo caso deberá mediar un preaviso mínimo de
tres meses; si se produce incumplimiento de este
plazo, por parte de la Caja, se indemnizará al
Subdirector, con una cantidad equivalente a los
salarios globales de D. OSCAR N. RODRÍGUEZ ESTRADA de
los tres meses aludido.
1.2. Por decisión de la CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE VIGO,
basado en incumplimiento grave y culpable del
Subdirector, de acuerdo con las causas especificadas
en el artículo 54º del Estatuto de los Trabajadores.
3. Por causas objetivos, en la forma y con los efectos
previstos en el artículo 53 del Estatuto de los
Trabajadores por falta de adaptación del directivo a
las modificaciones de cualquier genero operadas en el
puesto de trabajo dentro del ámbito do la relación
laboral de carácter especial del personal de Alta
Dirección.
B) Por desistimiento del trabajador como personal de Alta
Dirección:
••
Con formato: Numeración y viñetas
31
1. D. OSCAR N. RODRÍGUEZ ESTRADA podrá extinguir
el presente contrato especial de trabajo, debiendo mediar
un preaviso mínimo de tres meses. No será preciso
respetar el preaviso en el supuesto de incumplimiento
contractual grave del empresario.
La extinción del presente contrato por voluntad de D.
OSCAR N. RODRIGUEZ ESTRADA, podrá fundarse, entre otras,
en las causas siguientes:
A) Las modificaciones sustanciales en las condiciones
de trabajo que redunden en perjuicio de su formación
profesional, en menoscabo de su dignidad profesional o
sean decididas ante grave transgresión de la buena fe, par
parte del empresario.
B) La falta de pago o retraso continuado en el abono
de cualquiera de las partidas que componen la retribución
pactada en la cláusula quinta de este contrato.
C) En los casos de cambio notable en el contenido y
planteamiento de la actividad que viene desarrollado la
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE VIGO, como consecuencia o por
efecto de la renovación de sus actuales Órganos Rectores,
tales como fusión con otra u otras Cajas, designación o
existencia de un Presidente ejecutivo, designación de
Subdirector/es Adjuntos/s o cargos similares, que
únicamente se mencionan título enunciativo y por vía
interpretativa respecto de lo prevenido en el a artículo
10ª 3 d) del Real Decreto de 1 de agosto de 1985.
d) Cualquier incumplimiento grave de las obligaciones
contractuales asumidas en el presente contrato por parte
del empresario, que a juicio del Alto Cargo,
imposibiliten dificulten el normal ejercicio de las
amplias facultades que a su cargo atribuyen los Estatutos
de la Entidad y apoderamientos y/o delegaciones conferidas
por el Consejo de Administración de la misma.
32
UNDÉCIMA.- Consecuencias de la extinción:
La extinción de este contrato ya sea debida a decisión
unilateral de la CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE VIGO -en el
supuesto previsto en el apartado A)1, de la anterior
cláusula, es decir, por desistimiento de la Caja a incluso en
el caso de que se declarara improcedente el despido en los
supuestos A) 2., y A)3., igualmente de la cláusula
precedente; es decir, por decisión de la Caja basada en
incumplimiento grave y culpable del Subdirector, así como por
falta de adaptación a las modificaciones de cualquier género
operadas en el puesto de trabajo del Subdirector- o bien por
decisión del Alto Cargo, dará a éste derecho a cualquiera de
opciones siguientes:
Segunda: Jubilarse anticipadamente, garantizándole la CAJA
DE AHORROS MUNICIPAL DE VIGO, con independencia y al margen
de lo que establezca el Fondo de Pensiones de la Entidad o
los Convenios Colectivos, su derecho al complemento de
pensión de jubilación hasta el 100 por 100 de sus
retribuciones activas globalmente percibidas por todos los
conceptos obligatorios y voluntarios –sea cual fuere el
origen y naturaleza de los mismos- computando, a los efectos
de su determinación, la máxima anualidad percibida.
En todo caso, la CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE VIGO
garantiza al Alto Cargo la revalorización de su pensión de
jubilación conforme al incremento del IPC o índice que le
sustituya, de forma anual y con sujeción a los índices
conocidos o publicados.
Si el cese se produce con antelación al cumplimiento de
los sesenta años y con objeto de obtener la prestación de la
Seguridad Social y reducir el coste que hasta esa edad sería
a cargo de la CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE VIGO, el Alto
Cargo, al cesar, suscribirá con el Instituto Nacional de la
Seguridad Social el convenio especial de cotización a que se
33
refiere la Orden de 3O de octubre de 1985, siendo a cargo de
la Caja las cuotas de cotización, en cuyo caso, al causar la
pensión de jubilación en la Seguridad Social, los importes
que percibía de ésta se rebajarán de la satisfecho por la
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE VIGO.
La pensión, su conversión en invalidez, viudedad,
orfandad, etc., se regirá en lo que sea asimilable, dentro de
la letra del espíritu de los apartados anteriores, por las
normas del Estatuto de los Empleados de Cajas de Ahorros, no
siendo nunca inferior a lo que habría percibido en situación
activa.
En el supuesto de que el Alto Cargo optare por la segunda
opción, también tendrá derecho a la indemnización pactada en
la opción primera, si bien se reducirá progresivamente según
se aproxime a la edad reglamentaria de jubilación, con
sujeción a la escala siguiente:
A los 54 años de edad, una anualidad por cada 20 años o
parte proporcional.
A los 55 años de edad, una anualidad por cada 27 años o
parte proporcional.
A los 56 años de edad, una anualidad por cada 34 años o
parte proporcional.
A los 57 años de edad, una anualidad por cada 41 años o
parte proporcional.
A los 58 años de edad, una anualidad por cada 48 años o
parte proporcional.
A los 59 años de edad, una anualidad por cada 55 años o
parte proporcional.
A los 60 años de edad, una anualidad por cada 62 años o
parte proporcional.
34
A los 61 años de edad, una anualidad por cada 69 años o
parte proporcional.
A loe 62 años de edad, una anualidad por cada 78 años o
parte proporcional.
A los 63 años de edad, una anualidad por cada 83 años o
parte proporcional.
A los 64 años de edad, una anualidad par coda 90 años o
parte proporcional.
A los 65 años de edad, ninguna.”.
Con fecha 21 de junio de 2006 celebró el acusado Óscar
Rodríguez Estada un Anexo a este contrato de Alta Dirección,
que entre otros aspectos acomodaba la estructura retributiva
de dicho acusado.
El día 25 de octubre de 2010, cinco días después de haber
celebrado Caixanova, representada por el acusado Fernández
Gayoso el nuevo contrato de Alta Dirección con el acusado
José Luis Pego Alonso, este último actuando ahora en nombre y
representación de Caixanova celebró un nuevo contrato de Alta
Dirección con el también acusado Rodríguez Estrada del tenor
siguiente:
“Cuarto: Que previsiblemente el día 1 de diciembre de 2010
se va a llevar a término la efectiva fusión de Caixanova y
Caixa Galicia, dando lugar a claras alteraciones de carácter
organizativo, que encajan en las referencias establecidas en
el mencionado contrato.
Quinto: Que D. José Luis Pego Alonso, era en su calidad de
Director General de Caixanova designado Director General de
la Caja resultante de la fusión (Caixa de Aforros de Galicia,
Vigo, Ourense e Pontevedra), ha ofrecido a D. Oscar Rodríguez
Estrada la continuidad en la prestación de servidos dentro de
-
35
la nueva Entidad, como responsable de la Oficina de
integración y las unidades de Obra Social, Patrimonio y
Secretaría de Dirección.
Sexto: Que es voluntad de D. Oscar Rodríguez Estrada, como
así lo ha comunicado oportunamente a la Dirección General de
Caixanova, proceder a la extinción de su contrato de trabajo,
acogiéndose a lo establecido en las cláusulas 10, 12 y 13,
del contrato de Alta Dirección de fecha 4 de enero de 1999
al que antes se ha hecho referencia.
Séptimo: Que D. Oscar Rodríguez Estrada acepta el
ofrecimiento de continuidad en la actividad laboral que le ha
sido realizada por D. José Luis Pego Alonso en la
inteligencia de que le son respetadas y reconocidas las
condiciones para la prórroga de su condición laboral de modo
expreso, posponiendo y aplazando el desistimiento y/o la
prejubilación a la que tiene derecho (en el Anexo 1 se
recogen los distintos documentos relativos a los exponendos
Quinto, Sexto y Séptimo).
Octavo: Que el Consejo de Administración de Caixanova, en
sesión celebrada el 18 de octubre de 2010, acordó facultar
ampliamente al Director General D. José Luis Pego Alonso para
formalizar el presente documento.
Noveno: Que estando de acuerdo en la celebración del
presente pacto que refleje convenientemente las condiciones
por las que se regirá la prorroga de su condición laboral,
lo materializan con arreglo a las siguientes estipulaciones.”
En definitiva este nuevo contrato de Alta Dirección
estableció la prórroga del contrato de 4 de enero de 1999 y
de su anexo de fecha 21 de junio de 2006 si bien estableció
mejoras económicas sustanciales respecto a su situación
anterior en cuanto a su jubilación, y la correspondiente
36
extinción de su relación laboral; según las estipulaciones
que se exponen:
“Segunda: Extensión o duración de la prorroga en la
actividad laboral del Sr. Rodríguez Estrada.
El Sr. Rodríguez Estrada, continuará trabajando en la
Entidad resultante de la fusión, y con la responsabilidad que
a continuación se determina, hasta previsiblemente el día 30
de junio de 2011, haciendo depender de su estricta voluntad
la duración de la presente prorroga de contrato.
Tercera: Responsabilidad que pasará a desempeñar el Sr.
Rodríguez Estrada en la nueva estructura.
El Sr. Rodríguez Estrada formará parte del Comité de
Dirección de la nueva Entidad y se le encomiendan
específicamente las funciones de responsable de la Oficina de
Integración y de las unidades de Obra Social, Patrimonio y
Secretaria de Dirección.
Cuarta: Remuneración mínima garantizada.
El desempeño del cometido y funciones que comporta la
responsabilidad que le es asignada al Sr. Rodríguez Estrada,
dará lugar al respeto del nivel económico salarial que
viniere disfrutando hasta la fecha de la integración efectiva
de las dos Entidades, sin merma alguna de su remuneración
percibida por todos los conceptos a la fecha en que asume su
nueva responsabilidad en la Caja resultante de la fusión,
respetándose en todo caso su estructura retributiva, en
conceptos, números de pagas e importes, que figura en el
Anexo 3, que se incrementaran con las actualizaciones que en
el futuro puedan corresponder a cualquiera de ellos.
Cualquier modificación en su estructura -retributiva,
distinta a los incrementos de los importes, requerirá la
explicitada aceptación del Sr. Rodríguez Estrada,
sustituyéndose -en todo caso- este anexo 3 por el que
37
corresponda como consecuencia de la , en su caso, a aceptada
modificación.
Quinta: Licencia retribuida o Desistimiento
Por su estricta voluntad, D. Oscar Rodríguez Estrada podrá
acogerse, a partir del 1 de diciembre de 2010, a una
situación de Licencia retribuida, de conformidad con lo
establecido en la Estipulación Décima del contrato de 4 de
enero de 1999.
Decidido por D. Óscar Rodríguez Estrada su acogimiento a
la situación de licencia retribuida, continuará percibiendo,
desde la fecha de eficacia de ésta y hasta aquella en que
pueda acceder a la jubilación, las mismas retribuciones que
se le vengan reconociendo en activo en la fecha en que acceda
a la situación de licencia retribuida, respetándose en todo
caso su estructura retributiva, en conceptos, números de
pagas e importes que figuran en el Anexo 3, actualizados
estos importes en lo que pueda corresponder a cualquiera de
los conceptos, aplicándoles el mismo incremento salarial
anual que se le aplique a los empleados de la Entidad en
activo.
Durante el periodo en que D. Oscar Rodríguez Estrada se
encuentre en situación de licencia retribuida, Caixanova o la
Entidad resultante de la fusión continuara pagando las
cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes al mismo,
el cual continuara teniendo a todos los efectos los mismos
derechos y condiciones que si permaneciera en activo con su
actual rango directivo.
D. Oscar Rodríguez Estrada se compromete a anunciar con
una antelación mínima de 1 (uno) mes su voluntad de pasar a la
situación de licencia retribuida.
38
Asimismo, el Sr. Rodríguez Estrada podrá acogerse -de
forma alternativa y por su estricta voluntad- al ejercicio de
su facultad de desistimiento de acuerdo con lo estipulado en
su contrato de 4 de enero de 1999, aplicándose en tal caso las
condiciones establecidas en el mismo y complementadas con lo
dispuesta en el presente acuerdo.
Sexta. Jubilación
A partir de la fecha en que D. Oscar Rodríguez Estrada
pase a la condición de personal pasivo por el reconocimiento
de la pensión de jubilación solicitada (previsiblemente en
junio de 2012), percibirá, además de la prestación pública,
las siguientes cantidades:
a. Comenzará a percibir, coma beneficiario, el_
complemento de pensión que le corresponda en el Plan de
Pensiones de la Entidad, para el supuesto de jubilación de
conformidad con los derechos que acredite en ese momento,
cesando -en consecuencia- en la condición de participe del
Plan. El cálculo de este complemento se efectuara conforme al
sistema establecido con carácter general en el Plan de
Pensiones,
b. Tendrá derecho a percibir una renta de carácter
vitalicio a cargo de la Entidad que instrumentara este
compromiso mediante una póliza de aseguramiento/contrato de
seguro conforme a lo dispuesto en la estipulación Novena de
este acuerdo, por la diferencia entre el salario en activo de
la estipulación Octava del contrato de 4 de Enero de 1999, y
su anexo de fecha 21 de junto de 2006, compuesto por los
conceptos reseñados en el Anexo 3, y la suma de la prestación
pública de pensión de jubilación y el complemento de pensión
que perciba del Plan de Pensiones de la Entidad.
La cantidad resultante en concepto de Renta Vitalicia será
abonada conforme a las condiciones establecidas en el contrato
de seguro y será objeto de actualización anual conforme al
39
mismo porcentaje de incremento salarial que se aplique
anualmente para los empleados de la Entidad en activo,
haciéndose efectiva la actualización a primeros de enero de
cada año o lo antes posible una vez determinado el índice de
actualización.
Séptima: Renta Vitalicia Total a reconocer al Sr.
Rodríguez Estrada en cumplimiento de lo establecido en la
cláusula 10ª del contrato de 4 de enero de 1999 y Renta
Vitalicia conforme a la anterior estipulación Sexta, b.
La Renta Vitalicia Total a percibir por D. Oscar Rodríguez
Estrada estará constituida por el importe coincidente con el
ultimo salario anual percibido por él como activo, por todos
los conceptos (actualizados a esta fecha en el Anexo 3) a los
que se refiere la Estipulación Octava del contrato
reiteradamente mencionado de 4 de enero de 1999 y en su anexo
de fecha 21 de junco de 2006, con sus correspondientes
actualizaciones, excepto los del apartado h).
Para conocer exactamente el importe de la Renta Vitalicia
a reconocer al Sr. Rodríguez Estrada, y a la que se refiere la
anterior estipulación Sexta, se descontarán de la Renta
Vitalicia Total las cantidades que la Seguridad Social
reconozca en concepto de pensión publica de jubilación en
favor de D. Oscar Rodríguez Estrada y la que le sea reconocida
por el Plan de Pensiones en función de sus derechos
consolidados a la fecha en que se produzca la jubilación
pensionable del Sr. Rodríguez Estrada, siendo esta Renta
Vitalicia la que se considerará a efectos de las provisiones
matemáticas de la póliza de aseguramiento a que se refiere la
estipulación Novena de este acuerdo.
Octava: Participe v beneficiario del Plan de Pensiones.
Durante el periodo que medie desde la fecha de firma de
esta prorroga y la de extinción de su contrato, D. Oscar
Rodríguez Estrada continuará siendo participe del Subplan 1
del Plan de Pensiones “Personal Caixanova" o del que, en su
40
caso, lo sustituya a integre, pasando a la condición de
beneficiario del mismo en el momento de acceder a la
jubilación, previsiblemente con efectos 30 de junio de 2012.
Caixanova o la nueva Entidad resultante de la fusión
efectuara las aportaciones al Plan de Pensiones necesarias
para mantener, cubrir y atender las prestaciones que le
correspondan a D. Oscar Rodríguez Estrada conforme a las
actuales especificaciones del Plan y a las referencias del
Anexo 3, correspondiente a la estipulación Cuarta, y las
aplicables de este acuerdo y del contrato de 4 de enero de
1995.
Asimismo, deben efectuar anualmente las aportaciones
necesarias para atender las actualizaciones requeridas por las
prestaciones futuras que deberán estar totalmente dotadas en
la fecha de extinción del contrato de 4 de enero de 1999 y
cumplir los requerimientos del Plan de Pensiones en su
condición de beneficiario del mismo.
Novena: Póliza de aseguramiento para complementar la
percepción de la renta vitalicia.
Caixanova suscribirá, antes del 25 de noviembre de 2010,
una póliza de aseguramiento/contrato de seguro destinada a
complementar la Renta Vitalicia que le corresponda a D. Oscar
Rodríguez Estrada en el momento de acceder a la prejubilación y
jubilación complementaria según la estipulación Décima del
contrato de 4 de Enero de 1999, en el cual O. Oscar Rodríguez
Estrada será el beneficiario único, cuya provisión matemática
podrá rescatar total o parcialmente en el momento de acceder a
la jubilación.
La citada póliza de aseguramiento, -esta destinada a
cubrir la Renta Vitalicia a que se refieren anteriores
estipulaciones Sexta y Séptima de este acuerdo y deberá estar
totalmente provisionada en la fecha del devengo del cobro de la
Renta Vitalicia, conforme a las correspondientes cálculos
41
actuariales realizados estimando la jubilación al 30 de junio
de 2012; debiendo ser anualmente actualizada en el imparte
necesario pare atender en cada momento el pago de la renta
vitalicia complementaria que le corresponda a D. Oscar
Rodríguez Estrada hasta alcanzar la cantidad total que le
corresponda en el momento de la jubilación junto con las
cantidades que le acredite la Seguridad Social por pensión
pública, y como complemento a las que perciba del Plan de
Pensiones de la Entidad del que es participe y del que será
beneficiario, conforme a lo dispuesto en la anterior
estipulación sexta.
A efectos de cumplir con lo dispuesto en esta estipulación
se acuerda formalizar un contrato de seguro con la Compañía de
Seguros CASER, S.A. Instrumentado en la póliza de aseguramiento
número 54526 cuyo modelo se incluye coma Anexo 4 y cuyo único
asegurado y beneficiario es D. Oscar Rodríguez Estrada,
facilitándole la Entidad una copia de la Póliza formalizada.
Décima: Materialización de la extinción definitiva de la
relación laboral del Sr. Rodríguez, Estrada con la nueva
Entidad.
D. Oscar Rodríguez Estrada se compromete a anunciar con
una antelación mínima de 1 mes su voluntad de extinguir el
contrato de trabajo que le unirá a la nueva Entidad.
A su vez la Entidad y con tiempo previa suficiente pondrá
a disposición de O. Oscar Rodríguez Estrada el documento de
liquidación de la relación laboral de ambas partes, que
comprenderá los salarios devengados y no percibidos, el importe
de la renta vitalicia a la que se refiere la cláusula 10ª del
contrato de 4 de enero 1999 con el instrumento de aseguramiento
individual de la propia renta vitalicia (póliza número 52526
formalizada con la Compañía de Seguros CASER) y el complemento
de esta procedente del Plan de Pensiones de Empleados de
42
CAIXANOVA, ambos de acuerdo con lo dispuesto en la estipulación
sexta de este acuerdo.
En el anexo 5, que se adjunta como referencia y modelo, se
detalla el cálculo de la pensión que le correspondería a D.
Oscar Rodríguez Estrada de acceder a la jubilación en la fecha
de firma de este acuerdo, procedimiento que deberá ser aplicado
con los datos debidamente actualizados a la fecha en que
aquella efectivamente se produzca.
Undécima: Actualización de la Renta Vitalicia Total.
La cantidad inicialmente establecida en concepto de Renta
Vitalicia Total, será objeto de la revisión una vez al año de
acuerdo con el mismo porcentaje de incremento salarial que se
aplique anualmente para los empleados de la Entidad en activo,
haciéndose efectiva la actualización a primero de enero de cada
año o lo antes posible una vez determinado el
índice de actualización, aplicándose la posible diferencia que
pudiese existir a la actualización de la Renta Vitalicia a la
que se refieren las estipulaciones Sexta, y Séptima de este
acuerdo, una vez actualizadas, en su caso, prestaciones de la
pensión publica y del Plan de Pensiones
Duodécima: Capitalización de la renta vitalicia y
aseguramiento del capital resultante.
Conforme a lo establecido en la Estipulación Décima del
contrato de 4 de enero de 1999, la renta vitalicia podrá ser
capitalizada a la fecha de la definitiva extinción del contrato
de trabajo del. Sr. Rodríguez Estrada con la Entidad resultante
de la fusión. La decisión de capitalización total o parcial de
la renta es una decisión que depende de la voluntad del Sr.
Rodríguez Estrada, que deberá comunicar a la Caja y a la
Compañía de Seguros con una antelación de, al menos, un mes.
La Entidad se compromete a garantizar la renta vitalicia
y, por tanto, su eventual capitalización por media de una
póliza de aseguramiento/contrato de seguro en la que el
beneficiario único sea el Sr. Rodríguez Estrada, para lo que
43
procederá al debido cumplimiento de esta estipulación a partir
de la firma del presente contrato, con objeto de que se proceda
al estricto cumplimiento de la que recoge la Cláusula Décima
del contrato de 4 de enero de 1999 y las estipulaciones Sexta y
Novena del presente acuerdo.
Decimotercera: Gratificación personal v especial par la
dedicación v la aportación al desarrollo crecimiento y
expansión de la Entidad y por la responsabilidad asumida como
alto cargo de la Caja.
En la fecha en que el Sr. Rodríguez Estrada acceda a la
situación de licencia retributiva la Entidad le hará efectiva
al alto cargo una cantidad en concepto de gratificación
personal y especial por dedicación y aportación al desarrollo,
crecimiento y expansión de la Entidad y por la responsabilidad
asumida como alto cargo de la Caja, de conformidad con lo
establecido en la estipulación Décima del contrato de 4 de
enero de 1999, consistente en la cantidad de 225.000- euros,
que se ha calculado atendiendo a la fecha de comunicación de la
intención de desistimiento de D. Óscar Rodríguez Estrada (27 de
julio de 2010) y computando también dentro de dicho importe la
retribución complementaria por resultados del año 2011,
conforme a lo dispuesto en el contrato de 4 de enero de 1999.
Decimocuarta: Gratificación por retribución complementaria
por resultados, parte variable.
A la fecha en que se firme este acuerdo la Entidad le hará
efectivo al alto cargo el importe completo de la retribución
complementaria por resultados parte variable, en consideración
al ejercicio 2010. El importe total a percibir, será de
204.000- euros considerando lo dispuesto en el contrato que le
une a D. Óscar Rodríguez Estrada con la Entidad.
Decimoquinta: Derechos de viudedad.
44
En el supuesto de fallecimiento de D. Oscar Rodríguez
Estrada, su viuda ostentara los derechos qua le correspondan
conforme a lo contemplado en el Convenio Colectivo de Cajas de
Ahorros, en el actual Reglamento del Plan de Pensiones
“Personal Caixanova" y en la póliza individual de aseguramiento
a la que se hace referencia en las estipulaciones Novena,
Décima y Duodécima y de la que D. Oscar Rodríguez Estrada es
beneficiario único y respetándose asimismo íntegramente la
aplicación de lo acordado en la estipulación Decimotercera,
salvo en lo relativo a la fecha de efectividad que será la de
fallecimiento.
Decimosexta: Beneficios sociales.
Mientras D. Oscar Rodríguez Estrada continué en activo o
en situación de licencia retribuida continuara disfrutando de
la totalidad de beneficios sociales que actualmente le
correspondan o que en el futuro le puedan corresponder.
Al acceder a la situación de jubilación mantendrá las
mismas condiciones que le son aplicables en las operaciones de
crédito o préstamo que tenga concertadas con la Entidad en tal
momento.
Decimonovena: Fiscalidad.
A los efectos de las retenciones que se practiquen por
IRPF las rentas obtenidas tendrán la consideración de regular o
irregular según proceda, practicándose los descuentos y
retenciones que correspondan legalmente.
Vigésima: Colaboración
D. Oscar Rodríguez Estrada manifiesta su disposición a
colaborar con Caixanova o la Entidad resultante de la fusión,
con posterioridad a la fecha de extinción de su contrato, en
45
funciones tales como de asesoramiento, supervisión o
representación, de forma totalmente gratuita.
La Entidad, atendiendo a la experiencia profesional y al
conocimiento que de la misma tiene D. Oscar Rodríguez Estrada,
podrá solicitarle tal colaboración con carácter puntual
transitorio.
Vigésimo primera: Elevación a público.
Las partes, de común acuerdo, deciden elevar a público el
presente acuerdo y sus anexos como prórroga del contrato de D.
Óscar Rodríguez Estrada de fecha 4 de enero de 1999.
Y en prueba de conformidad firman ambas partes en lugar y
fecha indicados.”
Óscar Rodríguez Estrada desistió de su relación con Caixa
Nova alrededor del 30 de noviembre de 2010.
Con motivo del nuevo contrato de alta dirección de 2010,
que sí se refiria al Contrato de alta dirección de 4 de enero
de 1999, si bien no para complementarlo sino para mejorar este
acusado su situación económica en caso de salir de la Entidad.
Así percibió en demasía al rescindir unilateralmente su
relación laboral, respecto al anterior contrato: 14.904,18euros
por retribución complementaria por resultados parte fija,
225.000 euros por retribución variable “gratificación o premio”
por su especial dedicación al desarrollo, crecimiento y
expansión de la entidad y 440,90 euros por el plus convenio.
C/. El acusado Gregorio Gorriarán Laza suscribió el 13 de
noviembre de 1990 un contrato de alta Dirección con Caixa Vigo
representada por el acusado Julio Fernández Gayoso, contrato
actualizado con fecha 4 de enero de 1999 al acceder Gregorio
Gorriarán Laza al cargo de Subdirector General de Caixa Vigo.
Contrato de duración indefinida, que establecía las siguientes
condiciones económicas.
“Retribución anual bruta. Conceptos anuales:
46
El salario o sueldo base correspondiente a la categoría
laboral de Jefe de Primera (nivel económico "D" de la Caja)
establecido en cada momento por el Convenio Colectivo y pacto
de Empresa, que para el año 1999 (y a falta de las posibles
actualizaciones anuales, pendientes de aplicar desde 1997, que
resulten de las negociaciones del Convenio Colectivo) comporta
la cantidad anual de 6.931.340 (seis millones novecientas
treinta y una mil trescientas cuarenta) pesetas;
Los trienios que tenga acumulados en su trayectoria
profesional en la Caja y los que para la categoría de Jefe de
Primera (nivel económico "D" de la Caja) y de acuerdo con el
mismo Convenio, correspondan a D. Gregorio Gorriarán Laza.
Los demás conceptos económicos contemplados en el articulo
44 y siguientes del Estatuto de Empleados, Convenio Colectivo
de Empresa, Pactos de Empresa o Acuerdos del Consejo de
Administración que le puedan corresponder por su condición de
Jefe de Primera, nivel económico "D".
Plus de Categoría, establecido por la Caja según acuerdo
del Consejo de Administración de fecha 21 de diciembre de 1973.
Plus Especial Compromiso, establecido por la Entidad según
acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de mayo de
1980.
Plus Equipo Directivo, establecido por la Caja según
acuerdo del Consejo de Administración de fecha 16 de enero de
1989.
Retribución Complementaria por Resultados, parte fija,
establecida por la Entidad según Pacto de Empresa de septiembre
de 1989 y al que se refiere el articulo 26, h) de los
“Estatutos de la Entidad”.
Retribución Complementaria por Resultados, parte variable,
establecida por la Caja según Pactos de Empresa de septiembre
47
de 1989 y al que se refiere el artículo 26, h) de los Estatus
de la entidad.
Plus por Caja de más de 100 millones de pesetas, aprobado
por la Caja (en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47
del Estatuto de Empleados de Cajas de Ahorros) según acuerdo
del Consejo de Administración de fecha 23.12.98.
Cualquier otro concepto que por Convenio Colectivo, Pacto
de Empresa o acuerdo del Consejo de Administración le
corresponda percibir en el futuro.
Revalorización de los emolumentos de D. Gregorio Gorriarán
Laza: la retribución pactada será objeto de la consideración
anual que en cada momento determine el Consejo de
Administración de la Caja, sin perjuicio de la actualización
de la escala salaria] del Convenio que suele producirse
anualmente y le resulta de aplicación e igualmente de la
actualización de los complementos salariales extraconvenio que
viniera percibiendo.
Si en un futuro se llevase a cabo en la Entidad alguna
reordenación de conceptos retributivos que afectase, total o
parcialmente, a los reseñados anteriormente en los apartados
d), el f), g) h) e i), los nuevos conceptos que sustituyan o
subsuman a algunos de los citados serán los que se tomen en
consideración a efectos de la aplicación de lo dispuesto en
las estipulaciones novena y duodécima de este contrato.
NOVENA: COMPLEMENTOS DE PENSIONES.
A efectos de que el Sr. Gorriarán Laza, en el momento de
alcanzar la edad reglamentaria de su jubilación puede obtener
la complementariedad de la pensión de la Seguridad Social
hasta el cien por cien de sus haberes, de acuerdo con el
sistema de cálculo que en ese memento establezca la
legislación en vigor, se le establecerá un plan de pensiones,
viudedad, orfandad, incapacidad permanente y gran invalidez,
igual en cuanto a las bases de cálculo, forma y disposición,
48
que el desarrollado para el personal de la Entidad que presta
sus servicios en la misma con anterioridad al ejercicio de
1986, para lo cual la Caja habrá de aportar las cuotas anuales
establecidas por el Subplan 2º del Plan de Pensiones "Personal
Caixavigo", y hasta la cantidad fiscalmente neutra en cada
momento, mediante aportación empresaria a un fondo individual
de pensión externo y si fuese necesario, por el resto según
los cálculos actuariales, al fondo interno de la Caja o
Instrumento que, en su caso, lo sustituya.
DÉCIMA: PREJUBILACIÓN Y JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA.
A partir de los 60 años de edad, D. Gregorio Gorriarán
Laza podrá, solicitándolo con la mayor antelación que sea
posible, acceder a situación de prejubilación o, en su caso,
de jubilación.
En ambos supuestos, la Caja de Ahorros Municipal de Vigo-
Caixavigo garantizará a D. Gregorio Gorriarán Laza la
percepción, con carácter vitalicio, de una cantidad anual en
concepto de renta, cuyo primer importe coincidiría con el
último salario anual percibido par D. Gregorio Gorriarán
Laza, coma activo, por todos los conceptos a que se refiere la
estipulación séptima, excepto los de los apartados g) y h).
La cantidad inicialmente establecida será objeto de
revisión una vez al año, de acuerdo con el mismo porcentaje de
incremento salarial que se aplique anualmente pare los
empleados de la Entidad en activo.
A los efectos de determinar el importe de la renta que se
establece en la presente estipulación a cargo de la Entidad,
se descontarán las cantidades que la Seguridad Social acredite
en cada momento, en concepto de pensión, a favor de D.
Gregorio Gorriarán Laza.
La renta vitalicia objeto de la presente estipulación,
podrá ser capitalizada a voluntad del Sr. Gorriarán Laza, por
lo que la cantidad necesaria deberá estar totalmente
49
provisionada y a disposición de D. Gregorio Gorriarán Laza, a
la fecha de la extinción de este contrato, por prejubilación
y/o jubilación.
Asimismo, en ambos supuestos a los que se refiere esta
estipulación, la Caja de Ahorros Municipal de Vigo-Caixavigo,
garantizará a D. Gregorio Gorriarán Laza la percepción, por
una sola vez, de una cantidad en concepto de gratificación
personal y especial por la dedicación y la aportación al
desarrollo, crecimiento y expansión de la Entidad y la
responsabilidad asumida como alto cargo de la Caja, cuyo
importe será el resultado de efectuar una multiplicación en la
que actuará como multiplicando la mitad del periodo de tiempo
que medie entre la edad en que accede a la prejubilación o
jubilación y la de 65 años (por ejemplo, 2´5 si se accede a la
prejubilación o jubilación con 60 años de edad), y como
multiplicador la cuantía total acreditada más elevada por los
conceptos de Retribución Complementaria por Resultados, parte
fija y parte variable (apartados g) y h) de la estipulación
séptima), de entre las percibidas por estos mismos conceptos
en los últimos tres años anteriores a la fecha de la
prejubilación o jubilación a la ultima acreditada si no
hubiese percibido estos conceptos durante dicho periodo.
El Sr. Gorriarán Laza determinará la forma (número de
plazos, cuantía correspondiente -en su caso- a los mismos,
fecha/s de percepción, etc...) en que percibirá dicha
gratificación personal y especial, comunicándosela a la
Entidad a los efectos oportunos antes de acceder a la
situación de prejubilación o jubilación.
De ejercer D. Gregorio Gorriarán Laza el derecho que se le
reconoce en esta estipulación sin causar pensión publica, por
no reunir las condiciones de edad y/o de cotización exigidas
por las normas de Seguridad Social, la Entidad asumirá a su
exclusivo cargo la renta anual a conceder a D. Gregorio
Gorriarán Laza, hasta que éste cause pensión pública
50
La situación en la que queda el contrato, mientras D.
Gregorio Gorriarán Laza no cause pensión pública, es de
interrupción de la prestación de servicios, teniendo la
consideración de salario la renta que se perciba, manteniendo
la Entidad el alta en Seguridad social de D. Gregorio
Gorriarán Laza hasta que cumpla la edad, pensionable con
carácter general, de 65 años.
De jubilarse D. Gregorio Gorriarán Laza, al cumplimiento
de la edad pensionable de 65 años, tendrá derecho a un
complemento de la pensión de jubilación cuyo importe será la
diferencia entre el importe de la pensión pública reconocida
por la Seguridad Social a D. Gregorio Gorriarán Laza y el cien
por cien del salario percibido por éste en el último año en
activo en la Entidad por todos los conceptos a que se refiere
la estipulación séptima, excepto los de los apartados g) y h).
El complemento así calculado será objeto de actualización
anual conforme al mismo porcentaje de incremento salarial que
se aplique anualmente para los empleados de la Entidad en
activo, haciéndose efectiva la revisión a primero de enero de
cada año o lo antes posible una vez determinado el índice de
actualización.
Asimismo, tanto en el caso de prejubilación o jubilación
anticipada, como en el de jubilación al cumplimiento de la
edad pensionable de 65 años, D. Gregorio Gorriarán Laza
percibirá, por una sola vez y además de la gratificación
personal referida anteriormente en esta misma estipulación, el
importe completo de los conceptos g) y h) de la estipulación
séptima, en consideración al último período de actividad
desempeñado en la Entidad, considerando como tal el
comprendido entre el 1 de Enero y el día del mismo año en que
se materialice la prejubilación o jubilación. El importe total
a percibir por esta condición –con independencia de la
duración de dicho último período de actividad en la Entidad de
D. Gregorio Gorriarán Laza- será, como hímnico, el equivalente
a la cuantía total acreditada más elevada por los citados
51
conceptos g) y h) de la estipulación octava, de entre los
percibidos por estos mismos conceptos en los últimos tres años
anteriores a la fecha de la prejubilación o jubilación o la
última acredita si no hubiese percibido estos conceptos
durante dicho periodo.
UNDÉCIMA: BENEFICIOS SOCIALES.
D. Gregorio Gorriarán Laza disfrutará de todos los
beneficios sociales que el Estatuto de Empleados o los
diversos Convenios Colectivos del sector de Cajas de Ahorros
tengan reconocidos para los empleados al servicio de la Caja
de ahorros, así como de los específicos establecidos por la
Caja de ahorros Municipal de Vigo-Caixavigo.
DUOCÉDIMA: EXTINCIÓN DEL CONTRATO.
El presente contrato podrá extinguirse, con independencia
de lo dispuesto en la estipulación cuarta, por las siguientes
causas:
A) Por voluntad de la Caja.
1. Por desistimiento de la Caja, en cuyo caso deberá
mediar un preaviso mínimo de tres meses. Si se
produce incumplimiento de este plazo por parte de la
Caja, se indemnizará en una cantidad equivalente a
los salarios globales que tuviere acreditados D.
Gregorio Gorriarán Laza de los tres meses mencionados
incluyendo a los efectos del cómputo de aquéllos
todos los conceptos detallados en la estipulación
séptima, aplicándose en lo que respecta a la
Retribución Complementaria por Resultados (parte fija
y parte variable) la cuarta parte del total anual
correspondiente a la misma.
1.2. Por decisión de la Caja basada en incumplimiento
grave y culpable del Subdirector General, de acuerdo
con las causas especificadas en el artículo 54 del
Estatuto de los Trabajadores.
Con formato: Numeración y viñetas
52
1.3. Por causas objetivas, en la forma y con los efectos
previstos en el artículo 53 del Estatuto de los
Trabajadores, por falta de adaptación del directivo a
las modificaciones de cualquier género operadas en el
puesto de trabajo dentro del ámbito de la relación
laboral de carácter especial del personal de Alta
Dirección.
B) Por desistimiento del trabajador como personal de Alta
Dirección.
D. Gregorio Gorriarán Laza podrá extinguir el presente
contrato especial de trabajado por desistimiento del
mismo, debiendo mediar un preaviso mínimo de tres meses.
No será preciso respectar el preaviso en el supuesto de la
incumplimiento contractual grave del empresario.
La extinción del presente contrato por voluntad del Sr.
Gorriarán Laza podrá fundarse, entre otras, en las causas
siguientes:
a) Las modificaciones sustanciales en las
condiciones de trabajo que redunden en
perjuicio de su formación profesional, en
reducción o limitación de las responsabilidades
y funciones profesionales que tuviese
encomendadas, en menoscabo de su dignidad o
sean decididas con grave transgresión de la
buena fe, por parte del empresario. Se entiende
especialmente comprendidas dentro de estas
modificaciones las previsiblemente derivadas
del anuncio o culminación de un proceso de
fusión de la Entidad contratante, o de la
ejecución del mismo, que pueda predeterminar un
cambio sustancias en el contenido de la
prestación o devenir en dicho cambio, así como
los cambios que afecten a la composición de los
53
órganos de gobierno, representación y de
dirección de la Entidad.
a)b) La falta de pago o retraso en el abono de la
retribución pactada en la estipulación séptima
de este contrato.
a)c) El cambio notable en el contenido y
planteamiento de la actividad
principal que viene desarrollando la Caja de
Ahorros Municipal de Vigo-Caixavigo siempre que
la extinción se produzca dentro de los doce
meses siguientes a la producción de tales
cambios. A titulo meramente enunciativo se
entiende por cambios notables en el contenido y
planteamientos de la actividad principal: el
adoptar estrategias de especialización no
compatibles con una actuación de la Caja de
tipo universal; el reducir o limitar los
mercados territoriales en que se actúa; el
reducir o limitar los productos o servicios
comercializados; limitar la actividad en los
mercados financieros, o el cambio en la
personalidad jurídica de la entidad.
a)d) Cualquier otro incumplimiento grave de las
obligaciones contractuales asumidas en el
presente contrato por parte del empresario.
DECIMOTERCERA: CONSECUENCIAS DE LA EXTINCIÓN.
1. En el supuesto de lo previsto en el apartado A), 1, de
la estipulación anterior, es decir, por desistimiento de la
Caja, e incluso en el caso de que se declarara improcedente o
nulo el despido por los supuestos A), 2 y A) 3, igualmente de
la cláusula precedente, es decir, por decisión de la Caja
basada en incumplimiento grave o culpable del Subdirector
General, así como por falta de adaptación a las modificaciones
Con formato: Numeración y viñetas
54
de cualquier género operadas en el puesto de trabajo del
directivo.
El Sr. Gorriarán Laza podrá optar par una de las
siguientes soluciones, (que serán vinculantes pare la
Entidad):
a) Percibir una indemnización consistente en el importe
tres anualidades y media del salario percibido en el año
inmediatamente anterior a la fecha de la extinción. Se
computarán a estos efectos todos los conceptos a los que se
refiere la estipulación séptima, considerando a efectos de
determinar la cuantía que le corresponde por el concepto de
Retribución Complementaria por Resultados (parte variable) la
cuantía total acreditada mas elevada de entre las percibidas
por este mismo concepto en los últimos tres años anteriores a
la fecha de optar por esta solución, o la última acreditada si
no hubiese percibido este concepto durante dicho periodo;
b) Seguir en la Entidad con la categoría de jefe de 1ª con
derecho a una ocupación efectiva y con respeto, amén de su
dignidad profesional, de las condiciones retributivas
convenidas en la estipulación séptima de este contrato,
considerando a efectos de determinar la cuantía que le
corresponde por el concepto de Retribución Complementaria por
Resultados (parte variable) la cuantía total acreditada más
elevada de entre las percibidas por este mismo concepto en los
últimos tres años anteriores a la fecha de optar por esta
solución, o la última acreditada si no hubiese percibido este
concepto durante dicho periodo, cuantía que no podrá ser menor
en los años siguientes a la ejecución de esta opción;
c) Prejubilarse o jubilarse en los términos que establece
la estipulación décima, pese a que en el momento de elegir esta
opción, no hubiera cumplido los 60 años de edad.
2. En el supuesto previsto en la letra B) de la
estipulación precedente, es decir, por desistimiento del
trabajador como personal de Alta Dirección, D. Gregorio
55
Gorriarán Laza podrá decidirse formal y explícitamente por
cualquiera de las siguientes opciones, que serán vinculantes
para la Entidad:
a) Pasar a desempeñar sus funciones en la Caja de Ahorros
Municipal de Vigo-Caixavigo de acuerdo con su categoría
profesional de Jefe de Primera, dentro de una relación laboral
común, con derecho a una ocupación efectiva que no menoscabe
su rango, jerarquía y dignidad profesional, respetándose a
titulo personal y particular, las mismas condiciones
retributivas convenidas en la estipulación séptima de este
contrato, considerando a efectos de determinar la cuantía que
le corresponde por el concepto de Retribución Complementaria
por Resultados (parte variable) la cuantía total acreditada
mas elevada de entre las percibidas par este mismo concepto en
los últimos tres años anteriores a la fecha de optar por el
desistimiento, o la última acreditada si no hubiese percibido
este concepto durante dichos período;
b) Extinguir totalmente su vínculo laboral, causando baja
voluntaria en la Entidad y con derecho a la misma
indemnización señalada en el punto 1 apartado a) anterior de
esta estipulación;
c) Prejubilarse o jubilarse en los términos que establece
la estipulación décima, aunque en el momento de elegir esta
opción no hubiera cumplido los 60 años de edad.
DECIMOCUARTA: CONTINUIDAD DEL CONTRATO.
En el supuesto de que D. Gregorio Gorriarán Laza, en el
desarrollo de su carrera profesional, ascendiese a un nivel
económico superior dentro de los que tenga establecidos la
Entidad para su categoría profesional o fuese designado para
otro cargo de mayor relevancia o significación que el
Subdirector General dentro de la estructura organizativa de la
Caja, el presente contrato mantendrá su pleno vigor en todos
sus exponendos y estipulaciones, bastando para su correcta
interpretación sustituir la categoría profesional, el nivel
56
económico y/o la denominación del cargo que figuran en el
presente contrato por los que, en su caso, D. Gregorio
Gorriarán Laza tenga asignados en el futuro en cada momento.
DECIMOQUINTA: LEGISLACIÓN SUPLETORIA.
En lo no estipulado expresamente en este contrato, se
estará a lo dispuesto en el Real Decreto 1382/85 de 1 de
agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter
especial del personal de Alta Dirección y normas subsidiaria
del mismo.”.
Como quiera que la nueva entidad Caixa Nova Galicia
entraba en funcionamiento el 30 de noviembre de 2010, el 20 de
octubre de 2010, el acusado Pego Alonso en nombre y
representación de Caixanova suscribió con el también acusado
Gregorio Gorriarán un nuevo contrato de Alta Dirección que
también como el de los otros dos acusados, Pego Alonso y
Rodríguez Estrada, suponía una mejora ostensible en sus
condiciones económicas, y ampliando las facultades de
desistimiento para el caso de que la ejecutara como así hizo.
“Las cláusulas del nuevo contrato de 2010, y exposición de
los motivos son los siguientes:
Primero: Que con fecha 4 de enero de 1999, Caixavigo,
representada por D. Ramón Cornejo Molins y D. Gregorio
Gorriarán Laza celebraron un contrato al que se le otorgó la
denominación y naturaleza de Alta Dirección.
Segundo: Que en el mencionado contrato le fueron
reconocidas a D. Gregorio Gorriarán Laza facultades de
extinción voluntaria de la relación laboral, bien por
prejubilación a partir del cumplimiento de la edad de 60 años,
bien por desistimiento, en este caso, por alteración de las
circunstancias de contratación que en el documento se
especifican, pudiendo prejubilarse sin alcanzar la edad
mencionada.
57
Tercero: Que con fecha 21 de junio de 2006 se suscribió
un anexo al citado contrato, estando representada Caixanova
por su Presidente D. Guillermo Alonso Jaudenes, en el que -
entre otros aspectos- se redactaba el apartado f) de la
cláusula octava y se determinaba la estructura retributiva
correspondiente en esa fecha a D. Gregorio Gorriarán Laza.
Cuarto: Que previsiblemente el día 1 de diciembre de 2010
se va a llevar a termino la efectiva fusión de Caixanova y
Caixa Galicia, dando lugar a claras alteraciones de carácter
organizativo.
Quinto: Que D. José Luis Pego Alonso, en su calidad de
Director General de Caixanova y designado Director General de
la Caja resultante de la fusión (Caixa de Aforros de Galicia,
Vigo, Ourense e Pontevedra), ha ofrecido a D. Gregorio
Gorriarán Laza la continuidad en la prestación de servicios
dentro de la nueva Entidad, come responsable del Grupo
Inmobiliario de la Caja resultante de la fusión.
Sexto: Que es voluntad de D. Gregorio Gorriarán Laza
proceder a la extinción de su contrato de trabajo con
CaixaNova, acogiéndose a lo establecido en las cláusulas 10, 12
y 13, del contrato de Alta Dirección de fecha 4 de enero de
1999 al que antes se ha hecho referencia.
Séptimo: Que D. Gregorio Gorriarán Laza acepta el
ofrecimiento de continuidad en la actividad laboral que le ha
sido realizado por D. José Luis Pego Alonso en la inteligencia
que le son respetadas y reconocidas las condiciones para la
prorroga de su condición laboral de modo expreso, posponiendo y
aplazando la prejubilación a la que tiene derecho, en
aplicación de lo establecida en las cláusulas Décima,
Decimosegunda y Decimotercera del contrato mencionado (en el
Anexo I se recogen los distintos documentos cruzados entre las
partes referidos al proceso relacionado con los exponendos
Quinto, Sexto y Séptimo.
58
Octavo: Que el Consejo de Administración de Caixanova, en
sesión celebrada el 18 de octubre de 2010, acordó facultar
ampliamente al Director General D. José Luis Pego Alonso para
formalizar el presente documento.
Noveno: Que estando de acuerdo en la celebración del
presente pacto que reflejen convenientemente las condiciones
por las que se regirá la prorroga de su condición laboral, lo
materializan con arreglo a las siguientes
ESTIPULACIONES
No obstante exponer en el motivo 6º que su voluntad era
extinguir su relación laboral en Caixa Nova y actuar lo
estipulado en las condiciones 10, 12 y 13 del contrato de Alta
dirección de 1999, en donde se trataban los supuestos de
prejubilación por desistimiento unilateral y los efectos de la
extinción de contratos, se estipuló lo siguiente:
“Primera: Prorroga del contrato de 4 de enero de 1999, que
se adjunta al presente.
Ambas partes deciden prorrogar el contrato que les une
desde la fecha 4 de enero de 1999, sustituyendo, en la
condición de sujeto empresarial, la Caja resultante de la
fusión de Caixanova y Caixa Galicia (es decir, Caixa de Aforros
de Galicia, Vigo, Ourense e Pontevedra) a Caixavigo, que fue la
Entidad que celebro con D. Gregorio Gorriarán Laza el contrato
de Alta Dirección al que hace referencia la presente
estipulación.
Para mayor claridad, las partes deciden adjuntar al
presente contrato el de Alta Dirección de 4 de enero de 1999 y
su Anexo de fecha 21 de Junio de 2006, con los documentos que
oportunamente se elevaron a público (Anexo 2).”
59
Prórroga que en modo alguno fue tal prórroga pues con el
nuevo contrato de Alta dirección de 2010 se mejoraron
sustancialmente las prestaciones económicas frente al de 1999,
para el supuesto de prejubilación por desistimiento unilateral
por voluntad del acusado.
“Segunda: Responsabilidad que pasará a desempeñar el Sr.
Gorriarán Laza en la nueva estructura.
El Sr. Gorriarán Laza formará parte del Comité de
Dirección de la nueva Entidad y se le encomiendan
específicamente las funciones de responsable del Grupo
Inmobiliario de la Caja resultante de la fusión.
Tercera: Remuneración mínima garantizada.
El desempeño del cometido y funciones que comporta la
responsabilidad que le es asignada al Sr. Gorriarán Laza, dará
lugar al respeto del nivel económico salarial que viniere
disfrutando hasta la fecha de la integración efectiva de las
dos Entidades, sin merma alguna de su remuneración percibida
por todos los conceptos a la fecha en que asume su nueva
responsabilidad en la Caja resultante de la fusión,
respetándose en todo case su estructura retributiva, en
conceptos, número de pagas e importes, que figura en el anexo
3, que se incrementarán con las actualizaciones qua puedan
corresponder a cualquiera de ellos. Cualquier modificación en
su estructura retributiva, distinta a los incrementos de los
importes, requerirá la explicita aceptación del Sr. Gorriarán
Laza, sustituyéndose, en tal caso, este Anexo 3 por el que
corresponda como consecuencia de la, en su caso, aceptada
modificación.
Cuarta: Prejubilación o jubilación.
A partir de la fecha en que D. Gregorio Gorriarán Laza
pase a la situación de prejubilación o jubilación, percibirá,
además de la prestación publica, las siguientes cantidades:
60
a. Comenzara a percibir, como beneficiario, el
complemento de pensión que le corresponda en el Plan de
Pensiones de la Entidad, para el supuesto de jubilación, de
conformidad con los derechos que acredite en ese momento,
cesando -en consecuencia- en la condición de participe del
Plan. El cálculo de este complemento se efectuara conforme al
sistema establecido con carácter general en el Plan de
Pensiones.
b. Tendrá derecho a percibir una renta de carácter
vitalicio a cargo de la Entidad que instrumentara este
compromiso mediante una póliza de aseguramiento/contrato de
seguro conforme a lo dispuesto en la estipulación Séptima de
este acuerdo, par la diferencia entre el salario en activo de
la estipulación Séptima del contrato de 4 de Enero de 1999
compuesto por los conceptos reseñados en el Anexo 3, y la suma
de la prestación pública de pensión de jubilación y el
complemento de pensión que perciba del Plan de Pensiones de la
Entidad.
La cantidad resultante en concepto de Renta Vitalicia será
abonada conforme a las condiciones establecidas en el contrato
de seguro y será objeto de actualización anual conforme al
mismo porcentaje de incremento salarial que se aplique
anualmente para los empleados de la Entidad en activo,
haciéndose efectiva la actualización a primeros de enero de
cada año o lo antes posible una vez determinado el índice de
actualización.
Quinta: Renta Vitalicia Total a reconocer al Sr. Gorriarán
Laza en cumplimiento de lo establecido en la cláusula 10ª del
contrato de 4 de enero de 1999 v Renta Vitalicia conforme a la
anterior estipulación Cuarta, b.
La Renta Vitalicia Total a percibir por D. Gregorio
Gorriarán Laza, en un eventual caso de extinción del contrato
de trabajo acogiéndose a lo estipulado en las cláusulas Décima,
61
Decimosegunda y Decimotercera del mencionado contrato, estará
constituida por el importe coincidente con el último salario
anual percibido por él como activo, por todos los conceptos
(actualizados a esta fecha en el Anexo 3) a los que se refiere
la Estipulación Séptima del contrato reiteradamente mencionado
de 4 de enero de 1999, con sus correspondientes
actualizaciones, excepto los del apartado h).
Para conocer exactamente el importe de la renta vitalicia a
reconocer al Sr. Gorriarán Laza y a la que se refiere la
anterior estipulación Cuarta se descontaran de la Renta
Vitalicia Total las cantidades que la Seguridad Social
reconozca en concepto de pensión publica de jubilación en favor
de D. Gregorio Gorriarán Laza y la que le sea reconocida par el
Plan de Pensiones en función de sus derechos consolidados a la
fecha en que se produzca la prejubilación a jubilación del Sr.
Gorriarán Laza.
Sexta: Participe y beneficiario del Plan de Pensiones.
Durante el periodo que medie desde la fecha de firma de
esta prorroga y la de extinción de su contrato, D. Gregorio
Gorriarán Laza continuara siendo participe del Subplan 2 del
Plan de Pensiones “Personal Caixanova" o del que, en su caso,
la sustituya o integre, pasando a la condición de beneficiarlo
del mismo en el momento de accede a la prejubilación a
jubilación.
Caixanova o la nueva Entidad resultante de la fusión
efectuara las aportaciones al Plan de Pensiones necesarias para
mantener, cubrir y atender las prestaciones que le correspondan
a D. Gregorio Gorriarán Laza conforme a las actuales
especificaciones del Plan y a las referencias del Anexo 3,
correspondiente a la estipulación Cuarta, y a las aplicables de
este acuerdo y del contrato de 4 de enero de 1999.
Asimismo, deben efectuar anualmente las aportaciones
necesarias para atender las actualizaciones requeridas por las
62
prestaciones futuras que deberán estar totalmente dotadas en
la fecha de extinción del contrato de 4 de Enero de 1999 y
cumplir los requerimientos del Plan de Pensiones en su
condición de beneficiario del mismo.
Séptima: Póliza de aseguramiento para complementar la
percepción de la renta vitalicia.
Caixanova suscribirá, antes del 25 de noviembre de 2010,
una póliza de aseguramiento/contrato de seguro destinada a
complementar la Renta Vitalicia que le corresponda a D.
Gregorio Gorriarán Laza en el momento de acceder a la
prejubilación y/o jubilación complementarla según la
estipulación décima del contrato de 4 de Enero de 1999, en la
cual D. Gregorio Gorriarán Laza será el beneficiario único,
que podrá optar por recibir una Renta en el momento de acceder
a la prejubilación o jubilación a poder rescatar parcialmente
la provisión matemática, conforme a lo estipulado en la póliza
de aseguramiento.
La citada póliza de aseguramiento, está destinada a cubrir
la Renta Vitalicia a que se refiere la anterior estipulación
Cuarta de este acuerdo y deberá estar totalmente provisionada
en la fecha del devengo del cobro de la Renta Vitalicia,
conforme a los correspondientes cálculos actuariales, debiendo
ser anualmente actualizada en el importe necesario para
atender en cada momento el pago de la renta vitalicia
complementaria que le corresponda a D. Gregorio Gorriarán Laza
hasta alcanzar la cantidad total que le corresponda en el
momento de la prejubilación o jubilación junto con las
cantidades que le acredite la Seguridad Soda por pensión
pública, y como complemento a las que perciba del Plan de
Pensiones de la Entidad del que es participe y del que será
beneficiario, conforme a lo dispuesto en la anterior
estipulación Cuarta.
63
A efectos de cumplir con lo dispuesto en este estipulación
se acuerda formalizar un contrato de seguro con la Compañía de
Seguros CASER, S.A., instrumentado en la póliza de
aseguramiento número 54527 cuyo modelo se incluye como Anexo 4
y cuyo único asegurado y beneficiario es D. Gregorio Gorriarán
Laza, facilitándole la Entidad una copia de la póliza
formalizada.
Octava: Actualización de la Renta Vitalicia Total.
La cantidad inicialmente establecida en concepto de Renta
Vitalicia Total, será objeto de revisión una vez al año de
acuerdo con el mismo porcentaje de incremento salarial que se
aplique anualmente para los empleados de la Entidad en activo,
haciéndose efectiva la actualización a primero de enero de
cada año o lo antes posible una vez determinado el índice de
actualización, aplicándose la posible diferencia que pudiese
existir a la actualización de la Renta Vitalicia, una vez
actualizadas, en su caso, las prestaciones de la pensión
publica y del Plan de Pensiones.
NOVENA: Capitalización de la renta y aseguramiento del
capital resultante.
Conforme a lo establecido en la Estipulación Décima del
contrato de 4 de enero de 1999, la renta vitalicia que pudiera
generar el Sr. Gorriarán Laza, de decantarse por este opción,
según lo establecido en su contrato, podrá ser capitalizada a
la fecha de la definitiva extinción del contrato de trabajo
del Sr. Gorriarán Laza con la Entidad resultante de la fusión.
La decisión de capitalización de la renta es una decisión que
depende de la voluntad del Sr. Gorriarán Laza.
La Entidad se compromete a garantizar la renta vitalicia
y, por tanto, su eventual capitalización por medio de una
póliza de aseguramiento/contrato de seguro en la que el
beneficiario sea el Sr. Gorriarán Laza, para lo que procederá
64
al debido cumplimiento de esta estipulación a partir de la
firma del presente contrato, con objeto de que se proceda al
estricto cumplimiento a lo que recoge la Cláusula Décima del
contrato de 4 de enero de 1999 y las estipulaciones Cuarta y
Séptima del presente contrato.
Décima: Delimitación del ejercicio de la facultad de
desistimiento que ostenta el señor Gorriarán Laza reconocida
en la Cláusula Duodécima del contrato de Alta Dirección que
suscribió con Caixanova, derivada de lo dispuesto en el art.
10.3 del R.D. 1382./1985 de 1 de Agosto.
El ejercicio de la facultad que tiene reconocida el señor
Gorriarán Laza en su contrato de Alta Dirección suscrito con
Caixanova (y cuya vigencia ha sido ratificada por mor de lo
establecido en la Estipulación Primera del presente pacto),
para desistir de la relación laboral, por sucesión de empresa
o cambio importante en la titularidad de la misma, se mantiene
vigente y podrá hacerlo efectivo en cualquier momento dentro
del aludido periodo transitorio de 36 meses, e incluso, dicha
facultad se extenderá hasta los tres meses siguientes desde su
finalización del mismo y en todo caso hasta el momento de la
toma de posesión de los nuevos Órganos de Gobierno que
resulten del proceso electoral para la asignación de los de la
nueva Caja una vez terminado el periodo transitorio de la
fusión y conocido su cargo, responsabilidades competencia y
funciones en la nueva organización, por considerarse que el
plazo de ejercicio del derecho de extinción por voluntad del
Alto Directivo en los tres meses siguientes a la producción de
tales cambios que dispone el apartado d) del art. 10.3 del
R.D. 1382/1985, comienza a correr, en el momento en que haya
finalizado el periodo aludido de 36 meses, que se ha
establecido para la culminación del periodo de fusión, y su
necesaria prorroga hasta poder clarificar su situación en la
65
Entidad tras la ejecución del proceso de renovación de sus
Órganos de Gobierno.
Sin perjuicio de lo establecido el párrafo anterior, se
mantiene intacta la facultad del Directivo de desistir de la
relación laboral de alta Dirección por el resto de las causas
previstas en el contrato de 4 de enero de 1999.
Undécima: Licencia retribuida o Desistimiento
En el supuesto de que D. Gregorio Gorriarán Laza no puede
acceder a la situación de prejubilación o jubilación por no
cumplir las condiciones requeridas para acceder a la
prestación de pensión pública a por cualquier otra razón que a
su libre voluntad estime que se lo dificulta, el Sr. Gorriarán
Laza podrá optar por acogerse a una situación de licencia
retribuida, de conformidad con lo establecido en la
estipulación Décima del contrato de 13 de enero de 2005.
Decidido por D. Gregorio Gorriarán Laza su acogimiento a la
situación de licencia retribuida, continuara percibiendo,
desde la fecha de eficacia de este y hasta aquella en que
pueda acceder a la jubilación, las mismas retribuciones que se
le vengan reconociendo en active en la fecha en que accede a
la situación de licencia retribuida, respetándose en todo caso
su estructura retributiva, en conceptos, número de pagas e
importes que figuran en el Anexo 3, actualizados estos
importes en lo que pueda corresponder a cualquiera de los
conceptos, aplicándoles el mismo incremento salarial anual que
se le aplique a los empleados de la Entidad en active.
Durante el periodo en que D. Gregorio Gorriarán Laza se
encuentre en situación de licencia retribuida, Caixanova o la
Entidad resultante de la fusión continuara pagando las
cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes al mismo,
el cual continuará teniendo a todos los efectos los mismos
66
derechos y condiciones que permaneciera en activo con su
actual rango directivo.
D. Gregorio Gorriarán Laza se compromete a anunciar con
una antelación mínima de 1 (uno) mes su voluntad de pasar a la
situación de licencia retribuida.
Asimismo, el Sr. Gorriarán Laza podrá acogerse —de forma
alternativa y por su estricta voluntad- al ejercicio de su
facultad de desistimiento de acuerdo con lo estipulado en su
contrato de 4 de enero de 1999, aplicándose en tal caso las
condiciones establecidas en el mismo y complementadas con lo
dispuesto en el presente acuerdo.
Duodécima: Derechos de viudedad
En el supuesto de fallecimiento de D. Gregorio Gorriarán
Laza, su viuda ostentará los derechos que le correspondan
conforme a lo contemplado en el Convenio Colectivo de Cajas de
Ahorros, en el actual Reglamento del Plan de Pensiones
"Personal Caixanova" y en la póliza individual de
aseguramiento a la que se hace referencia en la estipulación
cuarta y de la que. D. Gregorio Gorriarán Laza es beneficiaria
único, así como — adicionalmente y en su caso- por lo
aplicable como consecuencia de posibles acuerdos de los
Órganos de Gobierno.
Decimotercera: Beneficios sociales.
Mientras D. Gregorio Gorriarán Laza continué en activo o
en situación de licencia retribuida continuara disfrutando de
la totalidad de beneficios sociales que actualmente le
correspondan o que en el futuro le puedan corresponder.
Al acceder a la situación de jubilación mantendrá las
mismas condiciones que le son aplicables en las operaciones de
crédito a préstamo que tenga concertadas con la Entidad en tal
momento.
67
Decimocuarta: Fiscalidad
A los efectos de las retenciones que se practiquen por
IRPF las rentas obtenidas tendrán la consideración de regular
o irregular según proceda, practicándose los descuentos y
retenciones que correspondan legalmente.
Decimoquinta: Elevación a público
Las partes, de común acuerdo, deciden elevar a público el
presente acuerdo y sus anexos.”
Ente nuevo contrato de Alta dirección supuso una mejora
económica a Gorriarán Laza frente al anterior contrato de Alta
dirección que ya tenía; de 3.969.349,31 por la capitalización
de renta vitalicia, y 90.369,13 euros por retribución
complementaria por resultados parte fija, sobre las que no se
aplicó tasa de descuento alguno que en el caso de Gorriarán
Laza hubiese supuesto una cantidad de 642.213,79 euros.
Asimismo percibió 580.986 euros por retribución variable como
premio a su dedicación al desarrollo, crecimiento y expansión
de la entidad y 250,95 por el plus convenio. Además siguió
disfrutando de las mismas prerrogativas del contrato de alta
dirección de 4 de enero de 1999 (cláusula undécima y décima)
en el nuevo contrato de 2010, que es lo que permitió que
cobrara en caso de prejubilación por desistimiento a su
vluntad, la retribución complementaria por resultados, por
parte fija y parte variable.
d/ En cuanto al acusado Javier García de Paredes Moro,
proveniente de Caixa Galicia, el 30 de diciembre de 2010 una
vez funcionando CaixanovaGalicia celebró, representando a la
entidad nueva José Luis Pego Alonso, un contrato de Alta
Dirección del tenor literal siguiente:
CONTRATO DE ALTA DIRECCIÓN
“En la ciudad de Vigo, a 30 de diciembre de 2010.
68
REUNIDOS.
De una parte, D. JOSE LUIS PEGO ALONSO, mayor de edad,
provisto de D.N.I. n° 32.620.405-B, actuando en nombre y
representación de Caixa de Aforros de Galicia, Vigo, Ourense e
Pontevedra, en su calidad de Director General de esta
Institución y autorizado expresamente para la formalización del
presente contrato por el Consejo de Administración de la
Entidad.
De otra, D. JAVIER GARCIA DE PAREDES MORO, provisto de
D_N.I. 06.538.638-Z, actuando en su propio nombre.
1. JAVIER GARCIA DE PAREDES MORO inicio su relación
profesional con CAIXA DE GALICIA el día 5 de de mayo de 1999,
suscribiéndose contrato de trabajo de naturaleza común de dicha
fecha, que regulaba las relaciones entre las partes.
2. Con fecha 17 de enero de 2002 fue nombrado Director
General Adjunto de CAIXA GALICIA en virtud de acuerdo del
Consejo de Administración de la Entidad del día de la fecha.
3. El día 31 de marzo de 201.0 fue nombrado Director
General Adjunto Ejecutivo de Caixa Galicia en virtud de acuerdo
del Consejo de Administración informando favorablemente la
Comisión de Retribuciones y Nombramientos en su reunión de la
misma fecha.
4. Posteriormente, el día 16 de septiembre de 2010, se le
encomiendan las funciones de Director General de CAIXA de
GALICIA, por jubilación del anterior Director General, mediante
acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad del día de
la fecha.
5. El día 1 de Diciembre de 2010 tuvo lugar la
materialización, con la inscripción registral, de la fusión de
las Entidades Caja de Ahorros de Galicia y Caixa de Aforros de
Vigo, Ourense e Pontevedra, dando lugar a Caixa de Aforros de
Galicia, Vigo, Ourense e Pontevedra
69
6. Como consecuencia de la estructuración de los órganos
de gobierno de esta Entidad recién constituida, el Consejo de
Administración ha acordado, en su reunión de 1 de diciembre de
2010, nombrar a D. Javier García de Paredes Moro Director
General Adjunto Ejecutivo de la Caja tomando la decisión de
proceder a la formalización de un contrato de trabajo de Alta
Dirección que regule la relación de las partes y facultando
expresamente al Director General D. José Luis Pego Alonso, para
suscribir dicho contrato en representación de la Institución.
7. Por la especial naturaleza jurídica de la relación laboral
del personal de alta dirección, es interés de ambas partes la
celebración del presente contrato, al objeto de confirmar,
ordenar y, en su caso, actualizar las condiciones laborales por
las que se rige la relación que media entre ellas, mediante un
nuevo contrato, y así lo llevan a efecto de acuerdo con las
siguientes.
ESTIPULACIONES
PRIMERA: Naturaleza jurídica:
De conformidad con el articulo 2.1 apartado a) del Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, la naturaleza jurídica del presente contrato es
la de relación laboral tiene carácter especial de personal de
alta dirección, formalizándose aquel por imperativo y con
respeto del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto por el que
se regula la relación laboral de carácter especial del personal
de alta dirección.
Se acoge igualmente el presente contrato a lo dispuesto en
los artículos 44 a 46 del RD. Legislativo 1/2005 de 10 de marzo
(Texto Refundido de la Ley de de Ahorros de Galicia), en los
que se regula el nombramiento, funciones y dedicación del
Director General.
70
No obstante, en el caso de que la naturaleza jurídica de
este contrato fuese cuestionada judicialmente, declarándola
finalmente de derecho común a contrato laboral ordinario, ambas
partes convienen que las condiciones establecidas en este
contrato tendrán plena validez, obligándose la Caja a su
cumplimiento.
TERCERA: Objeto del contrato y dependencia:
Constituye el objeto de este contrato la prestación por
parte de D. JAV1ER GARCIA DE PAREDES MORO de los servicios
inherentes al cargo de Director General Adjunto Ejecutivo de
Caixa de Aforros de Galicia, Vigo, Ourense e Pontevedra, con las
atribuciones que a dicho cargo corresponden de acuerdo con el
articulo 21 de la Disposición Transitoria Única de los Estatutos
por los que se rige la institución con la categoría personal y
rango que se consigna en el mismo, ejerciendo las facultades y
responsabilidades en el descritas y las atribuciones que le
delegue el Director General de acuerdo con lo dispuesto
estatutariamente. En el ejercicio de sus funciones el Sr. GARCIA
DE PAREDES MORO dependerá exclusivamente del Director General de
la Entidad, sustituyéndole cuantas veces proceda, bien por
ausencia, bien por delegación expresa, en el ámbito de las
funciones que se establecen en el art. 44 del R.D. Legislativo
1/2005 de 10 de marzo, respetándose en todo caso lo regulado en
los Estatutos de la Entidad.
CUARTA: Afiliación a la Seguridad Social:
D. JAVIER GARCIA DE PAREDES MORO figurara en alta en el
régimen general de la Seguridad Social.
QUINTA: Duración del contrato:
71
El contrato de trabajo es de duración indefinida.
Ello no obstante, y sin perjuicio de lo anterior, en
consonancia con lo establecido en el articulo 42.3 de los
Estatutos de la Entidad, el presente contrato se extinguirá con
carácter general por jubilación o por alcanzar la edad de 65
años D. JAVIER GARCIA DE PAREDES MORO, con observancia, en este
caso, de lo dispuesto en la Estipulación Undécima de este
contrato y al amparo de lo establecido en el art. 45.2 del R.D.
Legistativo 1/2005.
SEXTA: Antigüedad:
Al SR. GARCIA DE PAREDES MORO se le reconoce expresamente,
a todos los efectos, la antigüedad que ostentaba en el sector
de Cajas de Ahorros de 1 de marzo de 1987.
SEPTIMA: Suspensión de la relación laboral común:
Coma consecuencia de la promoción interna que en su día se
efectuó de D. JAVIER GARCIA DE PAREDES MORO desde categorías
profesionales inferiores, a la condición de Director General
Adjunto de Caja de Ahorros de Galicia, ambas partes reconocen
la suspensión de la relación laboral como originaria a partir
del momento en que fue designado Director General Adjunto
Ejecutivo, en funciones de Director General, de Caja de Ahorros
de Galicia, en fecha 16 de septiembre de 2010, como -se ha
recogido en la Manifestación Cuarta del presente contrato.
OCTAVA: Retribuciones:
Con independencia de las gratificaciones que pudiera
percibir D. JAVIER GARCIA DE PAREDES MORO por el cargo de
Director General Adjunto, tanto por ocupar este puesto como
otro adecuado al Nivel Salarial 1 que por lo que se refiere a
la revaporización de los emolumentos de D. JAVIER GARCIA DE
PAREDES MORO en su condición de Director General Adjunto
72
Ejecutivo, aquella merecerá la consideración anual que
determine el Consejo de Administración de la Entidad, sin
perjuicio de la actualización aplicable al nivel que ostenta en
aplicación del Convenio Colectivo del sector de Cajas de
Ahorros y en las normas internas correspondientes al resto de
la plantilla de personal de la Entidad.
En la retribución convenida se entenderá comprendida, en la
medida en que no la exceda, la que corresponda al Director
General Adjunto de la Entidad según la normativa laboral en
vigor en cada momento, así como cualquier otra asignación que
le pudiera estar atribuida por su relación de servicio con la
Entidad.
UNDECIMA: Jubilación complementaria:
Caixa de Aforros de Galicia, Vigo, Ourense e Pontevedra
reconoce por medio de este contrato, a D. JAVIER GARCIA DE
PAREDES MORO la posibilidad de prejubilarse, o jubilarse, en su
caso, a partir del cumplimiento de la edad de 60 años y
veinticinco de antigüedad, con derecho a la percepción, con
carácter vitalicio, de una cantidad anual en concepto de renta
que, sumada a la pensión pública de jubilación, represente el
cien por cien del último salario anual recibido en activo.
El complemento de la pensión de jubilación a cargo de la
Entidad, para completar la renta total, consistente en pensión
publica y complemento adicional, será financiado por la Caja e
instrumentado en la póliza en la que actualmente tiene
reconocidos D. JAVIER GARCIA DE PAREDES MORO los compromisos
por pensiones a cargo de la Caja, modificando a tal efecto las
coberturas y compromisos existentes para adaptarlos al
contenido del presente contrato. La póliza de exteriorización
del compromiso recogerá en todo caso el derecho de rescate a
favor de la persona asegurada en los mismos términos y
condiciones que el plan de pensiones de emplea vigente en la
Caja para el colectivo de empleados de prestación definida.
I
73
En el supuesto de que el SR. GARCIA DE PAREDES MORO acceda
a la prejubilación conforme a lo dispuesto en este contrato,
Novacaixagalicia deberá tener, a dicha fecha, totalmente
provisionadas las cantidades necesarias, según los
correspondientes cálculos actuariales, para atender los pagos a
realizar al SR. GARCIA DE PAREDES MORO desde la fecha de inicio
de la situación de prejubilación hasta la de jubilación,
formalizando para atender este compromiso un contrato de seguro
con la correspondiente aportación al mismo del importe de la
prima de la póliza de aseguramiento que resulte necesaria a
tales efectos.
El complemento de la pensión de jubilación, que perciba D.
JAVIER GARCIA DE PAREDES MORO y por su importe global será
objeto de revalorizarían anual conforme al mismo porcentaje de
incremento salarial que se aplique anualmente para los
empleados de la entidad en activo, haciéndose efectiva la
revisión a primeros de enero de cada año o lo antes posible una
vez determinado el índice de actualización.
De no cumplir el Sr. GARCIA DE PAREDES MORO con los
requisitos establecidos legalmente para acceder a la jubilación
pensionable, la Entidad satisfará el cien por cien de las
percepciones que le han sido reconocidas en la Estipulación
Octava y que constituyen su remuneración en activo, durante
todo el periodo que permanecerá en situación de prejubilado y
hasta el momento en que acceda a la jubilación. De ser
necesaria la suscripción de Convenio Especial con la Seguridad
Social por el periodo de prejubilación, los costes serán
satisfechos por la Entidad.
DUODECIMA: Viudedad y orfandad complementarias:
En caso de fallecimiento del D. JAVIER GARCIA DE PAREDES
MORO, Caixa de Aforros de Galicia, Vigo, Ourense e Pontevedra
reconocerá a su viuda un complemento de la pensión pública de
viudedad hasta alcanzar el 50 por 100 del importe de la base de
74
los haberes pasivos que se le venían acreditando a D. JAVIER
GARCIA DE PAREDES en su candición de jubilado a prejubilado.
En caso de fallecimiento de D. JAVIER GARCIA DE PAREDES
MORO en su condición de jubilado o prejubilado, Caixa de
Aforros de Galicia, Vigo, Ourense e Pontevedra reconocerá a sus
huérfanos menores de 22 años un complemento calculado sobre la
misma base anterior, de hasta el 20% y hasta la edad de 22
años.
De fallecer D. JAVIER GARCIA DE PAREDES MORO estando el
presente contrato de Alta Dirección en vigor, a su viuda y/o
huérfanos les será reconocidos el mismo importe de complemento
de la pensión de viudedad y/u orfandad antes dicho.
DECIMOTERCERA: Extinción del contrato:
El presente contrato podrá extinguirse, por las siguientes
causas:
A) Por voluntad de la Caja:
1. Por desistimiento de la Caja; en cuyo caso, deberá
mediar un preaviso mínimo de tres meses, que de no cumplirse se
indemnizara a JAVIER GARCIA DE PAREDES MORO en una cantidad
equivalente a los salarios globales del mismo, de los tres
meses mencionados. El desistimiento comprenderá la extinción
por causas objetivas prevista en el Art. 53 del Estatuto de los
Trabajadores.
2. Por decisión de la Caja basada en incumplimiento grave y
culpable de D. JAVIER GARCIA DE PAREDES MORO, do acuerdo con
las causas especificadas en el art. 54 del Estatuto de los
Trabajadores.
B) Por desistimiento del trabajador como personal de alta
dirección:
D. JAVIER GARCIA DE PAREDES MORO podrá extinguir el
presente contrato por desistimiento del mismo, debiendo mediar
75
un preaviso mínimo de tres meses. En el supuesto de
incumplimiento contractual grave atribuible a Caixa de Aforros
de Galicia, Vigo, Ourense e Pontevedra, no será preciso
respetar este preaviso mínimo de tres meses.
C) La extinción del presente contrato por voluntad del Sr.
GARCIA DE PAREDES MORO podrá fundarse, entre otras, en las
siguientes causas:
a) Las modificaciones sustanciales en las condiciones de
trabajo que redunden en perjuicio de su formación profesional,
en menoscabo de su dignidad o sean decididas con grave
transgresión de la buena fe, por parte del empresario. Se
entienden especialmente comprendidas dentro de estas
modificaciones las previsiblemente derivadas del anuncio de un
proceso de fusión de la Entidad contratante que determine la
disolución de esta, y como consecuencia de ello, la
consiguiente extinción de este contrato.
b) La falta de pago o retraso en el abono de la retribución
pactada en la Estipulación Octava de este contrato.
c) El cambio notable en el contenido y planteamiento de la
actividad principal que viene desarrollando Caixa de Aforros de
Galicia, Vigo, Ourense e Pontevedra, siempre que la extinción
se produzca dentro de los tres meses siguientes a la producción
de tales cambios.
d) Cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones
contractuales asumidas en el presente contrato por parte del
empresario.
DECIMOCUARTA: Consecuencias de la extinción:
76
1. En el supuesto de lo previsto en el apartado A) 1, de la
cláusula anterior, es decir, por desistimiento de la Caja, e
incluso en el caso de que se declarara improcedente o nulo el
despido por los supuestos A) 2, así como en el C), todos ellos
de la cláusula precedente, el Sr, GARCIA DE PAREDES MORO podrá
optar par una de las siguientes soluciones, que serán
vinculantes para la Entidad:
a) Seguir en la Entidad con derecho a una ocupación
efectiva y acorde con el Nivel Salarial que ostenta y con
respeto, amen de su dignidad profesional, de las condiciones
retributivas convenidas en la Estipulación Octava de este
contrato;
b) De cumplir en dicho momento los requisitos de edad,
jubilarse en los términos que establece la Estipulación
Undécima, pese a que en el momento de elegir esta opción no
hubiera cubierto el periodo mínimo exigido de veinticinco años
de antigüedad.
c) En el caso de no cumplir con los requisitos para el
acceso a la jubilación, prejubilarse del modo previsto
igualmente en la Estipulación Undécima, pese a que en el momento
de elegir esta opción no alcance los veinticinco años de
antigüedad ni hubiera cumplido la edad mínima de 60 años de
edad.
2. En el supuesto previsto en la letra B) de la cláusula
precedente, es decir, por desistimiento del trabajador como
personal de Alta Dirección, D. JAVIER GARCIA DE PAREDES MORO
podría decidirse formal y explícitamente por cualquiera de las
siguientes opciones:
a) Pasar a desempeñar sus funciones en Caixa de Aforros de
Galicia, Vigo, Ourense e Pontevedra de acuerdo con su
clasificación profesional de Nivel 1 que tiene reconocido dentro
de una relación laboral común, con derecho a una ocupación
77
efectiva qUe no menoscabe su dignidad profesional, respetándose
a titulo personal y particular, las mismas condiciones
retributivas convenidas en la Estipulación Octava de este
contrato;
b) Extinguir totalmente su vínculo laboral, causando baja
voluntaria en la Entidad pasando a la situación de prejubilado,
conforme a lo establecido en la Estipulación Undécima, aunque en
el momento de elegir esta opción no hubiera cubierto el período
mínimo exigido de 25 años de antigüedad y/o no cumpliese los 60
años de edad.
c) De cumplir los requisitos legales, jubilarse en los
términos que establece la Estipulación Undécima, aunque en el
momento de elegir esta opción no hubiera cubierto el periodo
mínimo exigido de veinticinco años de antigüedad.
3. Asimismo, D. JAVIER GARCIA DE PAREDES MORO
percibirá, por una sola vez, el importe completo de la
retribución variable que pudiese venir percibiendo, en
consideración al último periodo de actividad desempeñado en la
Entidad, considerando coma tal el comprendido entre el 1 de
enero y el día del mismo año en que se materialice la resolución
de este contrato. El importe total a percibir por esta condición
-con independencia de la duración de dicho último periodo de
actividad en la Entidad del Sr. GARCIA DE PAREDES ORO- será,
como mínimo, el equivalente a la cuantía total acreditada más
elevada por el citado concepto de retribución variable, de entre
los percibidos por este mismo concepto en los últimos tres años
anteriores a la fecha de la resolución del contrato o la última
acreditada si no hubiera percibido este concepto durante dicho
periodo.”
No obstante este contrato celebrado entre los acusados José
Luis Pego Alonso y Javier García de Paredes Moro, fue modificado
inicialmente por el contrato celebrado entre ambos con fecha 1
de julio de 2011 del siguiente tenor literal; modificación
debida al deseo del acusado García Paredes Moro, quien sabedor
de las graves dificultades en las que había nacido NCG, le
78
parecía excesiva la remuneración por todos los conceptos en caso
de cese de su cargo.
Este nuevo contrato que supuso una rebaja considerable,
aunque no cuantificada, de García Paredes decía lo siguiente:
““De una parte, D. JOSE LUIS PEGO ALONSO, mayor de edad,
provisto de D.N.I. n2 32.620.405-I actuando en nombre y
representación de Caixa de Aforros de Galicia, Vigo, Ourense
Pontevedra (en adelante "NOVACAIXAGALICIA"), en su calidad de
Director General de esa Institución y autorizado expresamente
para la formalización del presente contrato por el Consejo de
Administración de la Entidad.
De otra, D. JAVIER GARCIA DE PAREDES MORO, provisto de
D.N.I. n2 06.538.638-Z, actuando en su propio nombre (en
adelante, el "Alto Directivo”,
EXPONEN
I. Relación laboral existente: Que desde el día 1 de
Diciembre de 2010 el Alto Directivo ha venido prestando sus
servicios como Director General Adjunto Ejecutivo en
NOVACA1XAGALICIA amparo de una relación laboral especial de alta
dirección conforme a lo establecido en el Real Decreto
1382/1985. de 1 de Agosto (en adelante el "Real Decreto").
Que asimismo, con fecha 30 de Diciembre de 2010, ambas
partes suscribieron condiciones laborales, económicas y
personales en que se desarrolla dicha relación laboral especial
de alta dirección, integrándolas en el correspondiente Contrato
de Trabajo de Alta Direcci6n, actualmente en vigor (en adelante
"El Contrato").
II. Que teniendo en cuenta el entorno económico actual del
sector financiero, que conlleva una mayor exigencia en los
requerimientos de capital y liquidez de la Entidades financiera
y, en consecuencia, de Novacaixagalicia, y con el objetivo de
reducir el coste que supone para la Caja las condiciones
79
inicialmente pactadas "El Contrato" para los supuestos de
jubilación y prejubilación, se procede, por medio del presente
acuerdo a redefinir el porcentaje del complemento para supuesto
de jubilación, incorporando al mismo la mejora correspondiente a
las aportaciones futuras del complemento inicialmente previsto y
prescindiendo de las aportaciones correspondientes a los
servicios pasados, de donde resulta el nuevo porcentaje de
cobertura para la prestación de jubilación menor que el inicial.
Asimismo se redefine el porcentaje a percibir en la situación de
prejubilación situándolo en la media que resulta del actual
proceso de prejubilaciones que Novacaixagalicia esta llevando a
cabo.
INTERÉS Y ACUERDO DE LAS PARTES:
Que ambas panes tienen interés en modificar la cláusula
undécima del contrato relativa a "jubilación complementaria"
sustituyendo el contenido actual de la misma por el que figura a
continuación, firmándose por las partes en prueba de conformidad
y por duplicado ejemplar.
"UNDECIMA: Jubilación complementaria:
Caixa de Aforros de Galicia, Vigo, Ourense e Pontevedra
reconoce por media de este contrato, a D. JAVIER GARCIA DE
PAREDES MORO la posibilidad de prejubilarse, o jubilarse, en su
caso, a partir del cumplimiento de la edad de 60 años y
veinticinco de antigüedad, con derecho a la percepción, con
carácter vitalicio, de una cantidad anual en concepto de renta
que, sumada a la pensión pública de jubilación, represente el
sesenta y cuatro par den (64%) del último salario anual
recibido en activo. En el supuesto de haber accedido con
carácter previo a la situación de prejubilación, se entenderá
como salario anual pensionable de jubilación el último salario
anual percibido en activo incrementado en el mismo porcentaje
de actualización salarial aplicado a la plantilla de la Entidad
durante el periodo de prejubilación
80
El complemento de la pensiona de jubilación a cargo de la
Entidad, para completar la renta total, consistente en pensión
pública y complemento adicional, será financiado por la Caja e
instrumentado en la póliza en la que actualmente tiene
reconocidos D. JAVIER GARCIA DE PAREDES MORO los compromisos
por pensiones a cargo de la Caja (o en otra que la sustituya),
modificando a tal efecto las coberturas y compromisos
existentes para adaptarlos al contenido del presente contrato.
La póliza de exteriorización del compromiso recogerá en todo
caso el derecho de rescate a favor de la persona asegurada en
los mismos términos y condiciones que el plan de pensiones de
empleo vigente en la Caja para el colectivo de empleados de
prestación definida.
En el supuesto de que el Sr. García de Paredes Moro acceda
a la prejubilación conforme a lo dispuesto en este contrato,
Novacaixagalicia deberá tener, a dicha fecha, totalmente
provisionadas las cantidades necesarias, según los
correspondientes cálculos actuariales, para atender los pagos a
realizar al Sr. García de Paredes Moro desde la fecha de inicio
de la situación de prejubilación hasta la de jubilación,
formalizando pare atender este compromiso un contrato de seguro
con la correspondiente aportación al mismo del importe de la
prima de la póliza de aseguramiento que resulte necesaria a
tales efectos.
El complemento de la pensión de jubilación, que perciba D.
JAVIER GARCIA DE PAREDES MORO y por su importe global será
objeto de revalorización anual conforme al mismo porcentaje de
incremento salarial que se aplique anualmente para los
empleados de la entidad en activo, haciéndose efectiva la
revisión a primeros de enero de cada año o lo antes posible una
vez determinado el índice de actualización.
De no cumplir el Sr. GARCIA DE PAREDES MORO con los
requisitos establecidos legalmente pare acceder a la jubilación
81
pensionable, la Entidad satisfará el noventa y cinco por cien
(95%) de las percepciones que le han sido reconocidas en la
Estipulación Octava y que constituyen su remuneración en
activo, durante todo el periodo que permanecerá en situación de
prejubilado y hasta el momento en que acceda a la jubilación.
De ser necesaria la suscripción de Convenio Especial con la
Seguridad Social por el periodo de prejubilación, los costas
serán satisfechos par la Entidad."”
8. Todos los contratos celebrados por los Altos
Directivos acusados (Pego Alonso el 20/octubre/2010, Rodríguez
Estrada el 25/octubre/2010, Gorriarán Laza 20/octubre de 2010 y
Paredes Moro el 30/diciembre de 2010) con motivo de la fusión
de Caixa Nova y Caixa Galicia, lo fueron con la colaboración y
beneplácito del Julio Fernández GaYoso, copresidente de NCG y
la ayuda imprescindibles de Ricardo Pradas Montilla, como
asesor fiscal, para que fueran aprobados en la Comisión de
Retribuciones y en el Consejo de Administración de la nueva
entidad resultante, con toda urgencia, moviendo la voluntad de
los componentes de ambos organismos en el sentido de “promover
y aprobar las nuevas condiciones necesarias para que los nuevos
contratos de Alta Dirección pudieran celebrarse”. Estos
contratos celebrados sin necesidad alguna en 2010 toda vez que
ya existían otros anteriores, se hicieron bajo la coartada de
que nacía una nueva entidad con la fusión, pero no
necesariamente tenían que suponer una sustancial y considerable
ventaja económica para cada uno de los acusados altos
directivos, como así sucedió, sobre todo porque eran sabedores
de la situación económica y financiera de cada Caja fusionada,
tal como así lo reconoció García Paredes Moro en el complemento
al contrato de Alta dirección que le otorgó el NCG, donde se
exponen las serias dificultades del sector financiero, y sobre
todo en NCG, que suponían un sobre coste para la entidad nacida
de la fusión frente a lo que debiera de haber percibido de
haberse hecho efectivos los contratos de alta dirección
existentes anteriormente a los de 2010, y de haberse respetado
82
las Recomendaciones de la UE, y las normas legales reguladoras
en nuestra legislación para la remuneración de altos
directivos, más la tasa de descuento no aplicada, que
obligatoriamente debían haberse aplicado por la capitalización
de renta vitalicia en los contratos de Pego Alonso, Gorriarán
Laza y García Paredes Moro en cada uno de ellos
respectivamente, bajo la añagaza de que los contratos que entre
todos los acusados habían urdido torticeramente no contemplaban
dicha tasa de descuento.
8. Así, previo informe de la comisión de Retribuciones de
Caixanova de 18/octubre/2010, ese mismo día 18 de octubre de
2010 el Consejo de Administración de Caixanova se reunió en
Sesión Extraordinarias donde se sentaron las bases para los
nuevos contratos de alta Dirección que suponían ventajas
económicas para los cuatro acusados Altos Directivos y que
tenía el siguiente orden del día, acordando lo siguiente en lo
que importa al presente proceso penal:
1.- Celebración de la Asamblea General Extraordinaria.
2.- Información sobre el proceso de posible integración de
las Cajas de Ahorros Gallegas.
3.- Propuestas de la Comisión de Retribuciones.
4.- Lectura y Aprobación en su caso, del acta de la sesión.
El consejo se dio por enterado y acordó, por unanimidad,
refrendar el modo de actuación propuesto por el Presidente para
el ordenado desarrollo de la Asamblea General Extraordinarias
de Caixanova que va a celebrarse a continuación.
2.- INFORMACION SOBRE EL PROCESO DE POSIBLE INTEGRACTON DE
LAS CAJASS DE AHORROS GALLEGAS.- El Presidente informa sobre
las actuaciones llevadas a cabo desde la fecha de la
celebración de la última sesión del Consejo, relativas al
83
proceso de integración de Caixanova y Caixa Galicia, siendo las
más relevantes las siguientes:
1.- Publicación en el Diario Oficial de Galicia, el
pasado 4 de octubre, de la Ley 612010 de 29 de septiembre, por
la que se incluye una nueva Disposición Transitoria a 6ª en la
Ley 10/09, de 30 de diciembre, dirigida a que la fusión de las
Cajas Gallegas pueda llevarse a cabo, ya que su finalidad es la
de otorgar protección legal a los acuerdos alcanzados en el
Protocolo de Integración. Aunque la aprobación de la norma se
había producido en el Parlamento de Galicia el pasado 28 de
septiembre, y de ello informo el Presidente en la anterior
sesión del Consejo, su entrada en vigor se produjo al día
siguiente de su publicación en el DOGA.
Por ello, se considera que el marco jurídico actualmente en
vigor, ofrece una razonable seguridad jurídica de cobertura del
Periodo Transitorio, tanto en su duración como en la
composición de los Órganos de Gobierno de la nueva Caja.
2.- Firma del Pacto Laboral entre ambas Cajas y las
organizaciones representantes de los trabajadores de las
mismas, CC.00. y CSICA, que tienen el respaldo del 65,43% de
los delegados sindicales elegidos en Caixanova y Caixagalicia.
El Pacto Laboral aunque no es un elemento necesario para
concluir la fusión, significa sin embargo, un respaldo muy
importante para el desarrollo de la misma, por cuanto establece
un escenario pactado de resolución del necesario proceso de
adelgazamiento de las plantillas contemplado en el Plan de
Integración, y un marco de confluencia para las condiciones
laborales del equipo humano de la nueva Caja.
Intentar alcanzar la materialización de las expectativas de
desinversión recogidas en el Plan de Integración, tanto de red
comercial como de cartera industrial.
6.- Tramites CNC. El 7 de octubre ha tenido entrada en el
registro de la Comisión Nacional de la Competencia, la
notificación de la operación de fusión proyectada, debiendo
resolver aquella antes del 8/11/2010.
84
El Consejo se dio por enterado y acordó, por unanimidad,
considerar que, con razonabilidad suficiente, pueden darse por
cumplidos aquellos condicionantes aprobados en anteriores
sesiones del Consejo que pudieran haber incidido en el
sometimiento de los acuerdos de fusión que van a ser
presentados a la Asamblea.
3.- PROPUESTAS DE LA COMISION DE RETRIBUCIONES.- El
Presidente cede la palabra al Director General que informa de
que complementariamente al "Pacto Laboral de Fusión", se ha
analizado la situación propia de las condiciones laborales
aplicables a Caixanova en relación con las características
aplicadas en CaixaGalicia, concluyendo en la existencia de
ciertas divergencias de tratamiento de la política retributiva
y de clasificación profesional que pueden subsanarse — al menos
en parte y prácticamente sin incremento de costes de personal,
ejecutando determinadas acciones.
Por ello se ha sometido hoy a la Comisión de Retribuciones
las propuestas, contrastadas con los asesores externos de la
Caja en esta materia (despacho Pradas y Cebrian) de las que se
ha informado ampliamente al Banco de España y a la dirección de
CaixaGalicia, cuya descripción expositiva figura en el acta de
la citada Comisión, que ha aprobado par unanimidad someter al
Consejo de Administración la adopción de los siguientes
acuerdos:
1.-CONDICIONES ESPECIALES DE JUBILACIÓN ANTICIPADA O
PREJUBILACIÓN DE DIRECTIVOS
1. Aprobar la concesión a los directivos de una compensación
o premio especial por su dedicación y aportación caso de
acceder a una jubilación anticipada o prejubilación a percibir
por una sola vez, facultando ampliamente al Director General de
la Entidad o al directivo en quien delegue para determinar su
cuantía en función de las características propias y
profesionales y de carrera de cada uno de los directivos
implicados, tomando como referencia el importe de la
85
Retribución Complementaria por Resultados percibida y el tiempo
que media entre su edad y el cumplimiento de los 65 años.
2. Aprobar la jubilación anticipada, prejubilación, baja
incentivada o similar rescisión de la relación laboral en
Caixanova de aquellos directivos que así lo soliciten y cumplan
los requisitos establecidos en el Pacto Laboral de Fusión
aplicándoles las mismas condiciones que las establecidas en
este, facultando ampliamente al Director General o al directivo
en quien delegue para acordar, interpretar, tramitar y
formalizar las situaciones de estas características que se
presenten.
2.- REASIGNACIÓN DE LA RETRIBUCIÓN COPLEMENTARIA POR
RESULTADOS.
1. Aprobar la consolidación, de la Retribución
Complementaria por Resultados-Parte Fija, cuyo importe se
incorpora a la retribución fija a percibir en las pagas anuales
de conformidad con lo establecido en el Facto Laboral de
Fusión, desapareciendo el concepto antes denominado RCR parte
fija.
2. Con su correspondiente consolidación, aprobar La
actualización retributiva de los grupos de actividades y
responsabilidades 1,2,3,4 y 5 (de las tablas que figuran en los
anexos 1 y 2 del acta de la Comisión de Retribuciones de fecha
25.05.06, consistente en incrementar el importe del concepto
"Plus Equipo Directivo", aplicable a todas las pagas que ya lo
venían percibiendo (18,5) y que tiene la condición de
pensionable y revisable, dejándolos establecidos con efectos 1
de noviembre de 2010, de forma que esta actualización se
efectúe incrementando el citado "Plus Equipo Directivo" en el
importe correspondiente a la cantidad en que el RCR-PV
percibido por cada directivo en 2010 (devengado en 2009) exceda
del 25% de la retribución bruta total fija anual (sin computo
de la RCR-PV ni la antigüedad) para los grupos profesionales
1,2, y 3 (Director General, Directores Generales Adjuntos y
86
Subdirectores Generales) y del 20% para los grupos 4 y 5
(Subdirectores y Directores de Área o similar).
3. Facultar ampliamente al director General en pleno
ejercicio de las facultades que tiene conferidas en los
Estatutos de la Entidad, o al Directivo en quien delegue, para
desarrollar, interpretar, aplicar.
4. Facultar ampliamente al Director General o al
directivo en quien delegue para, implantar estos acuerdos,
interpretarlos y desarrollarlos, formalizarlos en los
correspondientes documentos, firmarlos y completarlos, en su
caso, para perfeccionar su contenido.
7.-CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN.
1. Darse por enterado de los efectos que tiene la aprobación
por Caixanova de su fusión con otra Entidad en lo que respecta
a los vigentes contratos de Alta Dirección y a aprobar el
cumplimiento de los compromisos contraídos en los mismos en el
supuesto de que se produzcan desistimiento de los trabajadores
como personal de Alta Dirección.
2. Respetar y aceptar ahora y en el futuro por aplicación
del marco general de subrogación legal de obligaciones
previamente contraídas los derechos que les fueron reconocidos,
en materia de extinción del contrato de trabajo, a iniciativa
del alto cargo, por desistimiento y por prejubilación o
jubilación, que se prorrogan para su eventual ejecución.
3. Aprobar el suscribir unas pólizas individuales de
aseguramiento, siendo sus respectivos beneficiarios D. José
Luis Pego Alonso, D. Óscar Rodríguez Estrada y D. Gregorio
Gorriarán Laza, con la condición de que puedan efectuar el
rescate de su prima o su conversión en renta, en la fecha de
extinción de su contrato, transformando para ello las primas
que les correspondan en las pólizas en que actualmente están
integrados como consecuencia del sistema de previsión social
complementaria establecido en la Entidad, facultando
ampliamente al Director General o al Directivo en quien delegue
87
para determinar la compañía de Seguros con la que se formalicen
estas pólizas; establecer las condiciones de las mismas,
suscribirlas en nombre de la Caja y, en general, para realizar
cuantos tramites sean necesarios para ejecutar este acuerdo.”
La aseveración de que se había informado ampliamente al
Banco de España no era veraz, pues el Banco de España tuvo
conocimiento con mucha posterioridad de los nuevos contratos de
alta dirección, cifrándose ese conocimiento en la visita de
inspección realizada por los servicios de inspección del Banco
de España en febrero/marzo 2011.
En esta sesión extraordinaria, los acusados, salvo el asesor
externo Ricardo Pradas también acusado, consiguieron que se
aprobara por unanimidad no sólo la ratificación de los
contratos de Alta Dirección y anexos a ellos, que ya tenían
Pego Alonso, Gorriarán Laza y Rodríguez Estrada sino que se
formalizaran nuevos contratos de Alta Dirección, aunque se
utilizó la fórmula de “Acuerdo”, respecto a José Luis Pego
Alonso, Gregorio Gorriarán Laza y Óscar N. Rodríguez Estrada,
contratos que se formalizaron según ya se ha dicho entre 20 y
25 de octubre de 2010, antes de que la nueva entidad nacida de
la fusión iniciara su actividad prevista para el 30 de
noviembre de 2010. Contratos de Alta Dirección como se ha
expuesto reiteradamente que suponían unas claras ventajas
económicas así como mejoras ostensibles respecto a la situación
económica en orden de desistimiento por parte de los acusados
en su relación laboral.
Los acuerdos referidos fueron:
““Aprobar el documento de modelo de acuerdo (Anexo 7) entre
Caixanova y el Director General Adjunto D. Óscar Rodríguez
Estrada que regula las condiciones de su desistimiento y
transitoria continuidad en la entidad resultante de la posible
fusión con CaixaGalicia, elaborado respetando el contrato de
Alta Dirección formalizado entre Caixanova y el citado
88
Directivo, y las obligaciones y compromisos contraídos entre
las partes, facultando ampliamente al Director General para
comunicárselo, completarlo y/o ajustarlo, suscribirlo y
elevarlo a publico.
Aprobar la formalización de un acuerdo (según el modelo del
Anexo 8) entre Caixanova y el Director General, D. José Luis
Pego Alonso, y entre Caixanova y el Director General Adjunto D.
Gregorio Gorriarán Laza (según el modelo del anexo 9),
facultando ampliamente al Presidente, en el primer caso, y al
Director General en el segundo, para comunicárselo,
completarlos y /o ajustarlos, suscribirlos y el elevarlos a
público.
Aprobar el someter al Consejo de Administración de la nueva
Entidad resultante de la fusión, en su primera sesión, la
ratificación de los Contratos de Alta Dirección formalizados
por la Entidad con D. José Luis Pego Alonso, D. Oscar N.
Rodríguez Estrada y D. Gregario Gorriarán Laza, así como los
contratos complementarios que resulten de la ejecución de los
acuerdos 4 y 5 anteriores (según los modelos de los Anexos 7, 8
y 9).”.”
Alcanzado de una manera formal el objetivo previsto por los
cuatro acusados referidos, Fernández Gayoso, Pego Alonso,
Gorriarán Laza y Rodríguez Estrada de mejorar sus condiciones
económicas en cualquier evento en que pudieran encontrarse si
eran cesados en sus cargos en la nueva entidad nacida de la
fusión, tras el acuerdo del Consejo de Administración de
Caixanova y llevados a efecto los nuevos contratos de Alta
Dirección, conforme a lo establecido en la escritura de fusión
otorgada el 29 de noviembre de 2010, se celebró el primer
Consejo de Administración de NovaCaixaGalicia el 1 de diciembre
de 2010, en dicho acto se acordó en lo que hace al presente
procedimiento penal lo siguiente:
89
““PROPUESTA A LA ASAMBLEA GENERAL DE EMISION DE
PARTICIPACIONES PREFERENTES CONVERTIBLES, EN CUOTAS
PARTICIPATIVAS PARA SUSCRIPCION POR EL FROB Y DELEGACION DE
FACULTADES, EN SU CASO
El Copresidente propone al Consejo de Administración de
Caixa de Aforros de Galicia, Vigo, Ourense e Pontevedra, elevar
a la Asamblea General propuesta de autorización para emitir
Participaciones Preferentes convertibles en cuotas
participativas a suscribir, en su caso, por el Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), por un importe
nominal máxima de 1.162 millones de euros, respecto de la que el
Consejo acuerda:
Elevar a la Asamblea General la siguiente propuesta:
Emisión de Participaciones Preferentes convertibles en
cuotas participativas a suscribir, en su caso, por el Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)
Con fecha 14 de Junio de 2010, avanzando en el camino de la
integración y ligado indisolublemente al proceso de integración
por fusión, de CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA
(CAIXANOVA), y de CAJA DE AHORROS DE GALICIA, CAIXA GALICIA,
ambas entidades acordaron solicitar al FROB la adquisición por
el mismo de participaciones preferentes convertibles, en su
caso, en cuotas participativas de la Caja resultante de la
fusión, con la finalidad de reforzar los recursos propios de la
misma, por importe total aproximado de 1.162 millones de euros.
Con fecha 29 de junio de 2010, por una parte, el Banco de
España aprobó el Plan de Integración y, por otra parte, el FROB
la solicitud referida anteriormente, sin la oposición motivada
de la Sra. Ministra de Economía y Hacienda.
Tal y como se indicaba en el Proyecto Común de Fusión,
aprobado por las respectivas Asambleas Generales Extraordinarias
de CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CAIXANOVA), y
de CAJA DE AHORROS DE GALICIA, CAIXA GALICIA, celebradas e1
90
pasado 18 de Octubre de 2010: "Tras la inscripción de la nueva
entidad en los registros administrativos correspondientes, se
procederá con carácter inmediato a una convocatoria
extraordinaria de la Asamblea General de la nueva Caja, con
objeto de adoptar los acuerdos relativos a la emisión de
participaciones preferentes convertibles en cuotas
participativas de la Caja resultante de la fusión, con la
finalidad de reforzar los recursos propios de la misma, por
importe total aproximado de 1.162 millones de euros".
TOMA DE CONOCIMIENTO Y RATIFICACION DE LOS CONTRATOS DE
ALTA DIRECCION SUSCRITOS POR LAS CAJAS FUSIONADAS VIGENTES EN
LA NUEVA CAJA
Expone el Co-Presidente que Caixanova suscribió y elevó a
público tres contratos de Alta Dirección formalizados entre
Caixanova y el Director General D. José Luis Pego Alonso y los
dos Directores Generales Adjuntos D. Oscar Rodríguez Estrada y
D. Gregorio Gorriarán Laza, de conformidad con los acuerdos
adoptados al respecto por su Consejo de Administración en
diferentes sesiones (así, por ejemplo, en las celebradas con
fechas 29/11/90, 23/12/98, 28/06/01, 30/12/04 y 28/07/05).
Dichos contratos recogen fundamentalmente los siguientes
aspectos:
.Naturaleza jurídica de relación laboral de carácter
especial de Personal de Alta Dirección.
.Características de la prestación de servicios.
.Fundamento de la relación.
.Retribución.
.Duración del contrato.
.Tiempo de trabajo.
.Dedicación exclusiva.
.Suspensión de la relación laboral común.
.Extinción del contrato.
.Consecuencias de la extinción.”.
91
En definitiva en este Consejo de Administración los acusados
referidos ocultaron falseando por consiguiente la realidad de
los hechos, en cuanto a que los nuevos contratos de alta
dirección en modo alguno suponían una convalidación de los
anteriores, puesto que la realidad era que introducían nuevas
estipulaciones que suponían un mayor coste para le entidad que
los anteriores, moviendo torticeramente la voluntad del Consejo
de Administración de Caixanova quien el 18 de octubre de 2010
adoptara entre otros, los siguientes acuerdos:
“- Respetar y aceptar ahora y en el futuro por aplicación
del marco general de subrogación legal de obligaciones
previamente contraídas los derechos que les fueron reconocidos,
en materia de extinción del contrato de trabajo, a iniciativa
del alto cargo, por desistimiento y por prejubilación o
jubilación, que se prorrogan para su eventual ejecución.
Asimismo, acordó someter al Consejo de Administración de la
nueva Entidad resultante de la fusión, en su primera sesión, la
ratificación de los Contratos de Alta Dirección formalizados
por la Entidad con D. José Luis Pego Alonso, D. Oscar N.
Rodríguez Estrada y D. Gregorio Gorriarán Laza, así como los
contratos complementarios que resulten de la ejecución de los
acuerdos adoptados.
A continuación expone el Copresidente, D. Julio Fernández
Gayoso, que el Director General Adjunto Ejecutivo de la
Entidad, D. Francisco Javier García de Paredes y Moro, dadas
sus responsabilidades actuales, debiera gozar de similares
condiciones contractuales especiales que las reseñadas arriba.
Por ello, propone al consejo de Administración que delegue en
el Director General la suscripción de un contracto de Alta
Dirección entre la Caja y el Director General Adjunto Ejecutivo
D. Francisco Javier García de Paredes y Moro del que tras su
suscripción de cuenta a la Comisión de Retribuciones y
Nombramientos.
92
El Consejo, teniendo en cuenta la información aportada,
acuerda el contenido integro de este acuerdo antes expuesto y
darle fuerza ejecutiva desde este momento.
El presente acuerdo se adopta con el voto favorable de
todos los miembros del Consejo excepto el del Sr. Regueiro
Vázquez, quien vota en contra por desconocer, según manifiesta,
que es lo que realmente se esta sometiendo a votación.””.
Y efectivamente los acusados referidos, como se ha
señalado, ocultaron el sobrecoste que para la nueva entidad
nacida de la fusión iba a suponer. Entidad de escasa viabilidad
económica en la que el FROB iba a inyectar e inyectó en
Diciembre de 2010, 1125 millones de euros.
El consejo de Administración de CaixaNova se reunió de
nuevo el día 22 de octubre de 2010 y aprobó lo siguiente en
orden a ya dejar cerrada la cuestión de la celebración de los
nuevos contratos de alta dirección.
““1.Aprobar la concesión a los directivos d una
compensación o premio especial por su dedicación y aportación
caso de acceder a una jubilación anticipada o prejubilación a
percibir por una sola vez, facultado ampliamente al Director
General de la Entidad o al directivo en quien delegue para
determinar su cuantía en función de las características propias
profesionales y de carrera de cada uno de los directivos
implicados, tomando como referencia el importe de la
Retribución Complementaria por Resultados percibida y el tiempo
que media entre su edad y el cumplimiento de los 65 años.
2. Aprobar la jubilación anticipada, prejubilación, baja
incentivada o similar rescisión de la relación laboral en
Caixanova de aquellos directivos que así lo soliciten y cumplan
los requisitos establecidos en el Pacto Laboral de Fusión
aplicándoles las mismas condiciones que las establecidas en
éste, facultando ampliamente al Director General o al directivo
en quien delegue para acordar, interpretar, tramitar y
formalizar las situaciones de estas características que se
presenten.”.”
93
9.- Sabedores con un conocimiento muy real, los 3 acusados
altos directivos provenientes de Caixanova de que probablemente
no iba a continuar en su cargo en la Caja fusionada, el 4 de
agosto de 2011, unos dos meses antes de que el FROB además del
dinero ya inyectado para la capitalización de la nueva entidad
nacida de la fusión, tuviera que suscribir íntegramente el 10
de octubre de 2011 el total del aumento de capital que
NovaCaixaGalicia necesitaba, por importe de 2465 millones de
euros, y unos 3 meses antes de la creación del Banco NCG, SA.,
el acusado Fernández Gayoso como copresidente de la Caja NCG
convocó la reunión de la Comisión de Retribuciones y
nombramiento de NovaCaixaGalicia en la que presentó al experto
en Derecho Laboral, el acusado Ricardo Pradas Montilla, a fin
de exponer los pormenores relativos a los compromisos que
contrajo la entidad hacia los cuatro acusados Altos Directivos
de la entidad respecto a los contratos de alta dirección de
2010, y todo ello al socaire de analizar la decisión de la
Asamblea General de NovaCaixaGalicia en la sesión celebrada el
21 de julio de 2011 de la Segregación del activo y pasivo de la
entidad en beneficio de una nueva entidad, NCG Banco, S.A.,
como así se hizo Ricardo Pradas Montilla informó que tal
traspaso de activos y pasivos a NCG Banco, S.A. a la luz de los
contratos de Alta Dirección y del R.D. 1382/85 de 1 de agosto,
era una sucesión de empresa y cambio de titularidad jurídica de
la entidad con ocasión de la segregación de NOVACAIXAGALICIA y
sucesión universal a favor de NCG Banco, S.A., supuestos estos
especificados en los nuevos contratos de Alta Dirección, para
desistir de su relación laboral con NOVACAIXAGALICIA de forma
que se preparaba su salida de la entidad, ocultando que este
supuesto de desistimiento también estaba ya recogido en los
contratos de alta dirección anteriores a los del 2010.
En dicha reunión se dijo que los acusados referidos no
habían decidido desistir de su relación laboral de una manera
formal, sino que era informar y plasmar las consideraciones
legales sobre su procedencia. A la vista de lo expuesto por los
acusados Gayoso y sobre todo Pradas Montilla, dicha Comisión de
94
retribuciones y nombramientos aceptando lo dicho por el acusado
Pradas Montilla, quien a preguntas del acusado Fernández Gayoso
fijó el quantum de las obligaciones asumidas por
NovaCaixaGalicia frente a los otros cuatro acusados si
desistían de sus contratos alcanzarían, según los cálculos
actuariales de que se disponían, la cifra de 28 millones de
Euros, cantidad que tuvo NovaCaixaGalicia que provisionar el 4
de agosto de 2011.
En atención a ello la Comisión de Retribuciones sometió al
consejo de Administración de NCG la adopción de los siguientes
Acuerdos:
““Primero: Declarar vigentes los contratos de la alta
dirección de la caja, por lo que resultan plenamente de
aplicación cuantos compromisos fueron contraídos en el pasado
por la Entidad con los señores Pego Alonso, García de Paredes
Moro, Rodríguez Estrada y Gorriarán Laza.
Segundo: Constatar que entre los compromisos contraídos por
la entidad figura el eventual desistimiento de la relación a
instancias del directivo, siempre que concurran alguna de las
circunstancias contempladas en el contrato y amparadas por el
Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto que regula esta relación
laboral de carácter especial, comprendiendo específicamente la
sucesión de empresa o cambio en la titularidad jurídica de
esta.
Tercero: Aceptar que el acuerdo de segregación del activo y
del pasivo de NOVACAIXAGALICIA, con traspaso de todo el negocio
financiero de la Caja a NCG BANCO, S.A. adoptado por la
Asamblea General de esta el día 21 de Julio de 2011 es causa
habilitante para el ejercicio por los directivos con contrato
de la dirección de NOVACAIXAGALICIA, de la facultad de
desistimiento de su relación laboral, estando legitimados los
directivos para ejercer los derechos que tienen reconocidos. La
facultad de desistimiento, justificada en esta causa, les fue
ampliada a tres de los directivos, hasta el día 30 de Noviembre
95
de 2013, con un preaviso de tres meses, con ocasión de la
fusión de Caixa Nova y Caixa Galicia.
Cuarto: Acreditar, de acuerdo con lo anterior, la
concurrencia de una contingencia provisionable por la caja,
para que, en el caso del eventual ejercicio, par los
interesados, de los derechos que les otorga el contrato
celebrado y vigente, este registrada contablemente la cobertura
de esta contingencia.
Quinto: Dotar, según los cálculos actuariales y financieros
disponibles a la fecha, la provisión especifica requerida que
permita atender, en su caso, la eventual extinción de los
contratos de la alta dirección de -NOVACAIXAGALICIA, de
promover los interesados la facultad de libre desistimiento que
tienen reconocida.”.”
Ante la situación descrita por Pradas Montilla de que todo
se estaba actuando baja la más estricta legalidad, el 19 de
agosto de 2011 dentro del plan urdido para beneficiar a los
Altos Directivos, el acusado Fernández Gayoso convocó para el
25 de agosto el Consejo de Administración de Novacaixagalicia
en la que se aprobó la propuesta de la Comisión de
retribuciones y nombramiento en la que el acusado Ricardo
Pradas Montilla explicó al Consejo el alcance jurídico del
acuerdo de la Comisión de Retribuciones de 4 de agosto,
volviendo a exponer lo que supone la creación de NCG Banco,
S.A. y su incidencia en el ejercicio de la facultad de
desistimiento de los cuatro Altos Directivos en sus contratos
de Alta Dirección, debiendo provisionarse tal contigencia por
si se produjera. Asimismo se ratificaron los cuatro contratos
de alta dirección celebrados en el 2010.
Tras la aprobación en la sesión del Consejo de
Administración de Novacaixagalicia de fecha 8 de septiembre de
2011, del plan de recapitalización ascendente a 2465 millones
de euros que suscribió íntegramente el FROB al mes siguiente, y
96
de la segregación de los activos y pasivos de la entidad
financiera aludida al Banco creado (NCG Banco) quedándose
Novacaixagalicia sólo el ámbito de obra social de la Caja, que
termino por ser una Fundación; el acusado Julio Fernández
Gayoso convocó con carácter urgente la comisión de
retribuciones y nombramientos de NovaCaixaGalicia en su
condición de copresidente de dicha entidad, asistiendo a la
misma el acusado Ricardo Pradas Montilla, toda vez que los
acusados Pego Alonso, Gorriarán Laza y Rodríguez Estrada habían
presentado las comunicaciones de su desistimiento de su
relación laboral con NovaCaixaGalicia, y explicar a dicha
comisión las consecuencia que de dichos desistimientos se
derivaban. La reunión de dicho Comité de Retribuciones y
Nombramiento, se celebró el 13 de septiembre 2011.
El desarrollo de esta reunión se celebró iniciando el
acusado Pradas Montilla una exposición del tenor que se expone
a continuación, a la que siguió la proposición del acusado
Fernández Gayoso del siguiente tenor, que también se recoge a
continuación:
““A juicio del Sr. Pradas las comunicaciones presentadas
por los directivos a los que se ha hecho referencia tienen en
común que justifican su petición en el notable cambio
institucional que en breve se va a producir y cuyo origen lo
centran acertadamente en la decisión adoptada por la Asamblea
General de Novacaixagalicia el pasado día 21 de julio de 2011.
Respecto de la comunicacion de desistimiento del Sr.
Rodríguez Estrada, a la fecha de esta Comisión, ya ha sido
objeto de ejecución dentro del compromiso de prorroga de
prestación de servicios que se había acordado entre las partes,
teniendo en cuenta que debió haberse producido la extinción de
este contrato en junio de 2011, sin haberse llevado a termino
por expresa voluntad de la Dirección de la Caja.
La comunicación del desistimiento promovida por el Sr.
Gorriarán se hizo efectiva el día 30 de agosto de 2011 y fue
97
recepcionada par la Dirección General en la misma fecha,
manifestándose en ella la voluntad del alto cargo por la
rescisión inmediata de su contrato.
El único elemento diferenciador entre las restantes
comunicaciones de desistimiento lo constituye el caso del Sr.
Pego, el cual razona en su escrito que demoro la presentación
de la comunicación de desistimiento a la recepción de un
ofrecimiento de continuidad en la nueva estructura bajo una
responsabilidad acorde con la que venia ejerciendo en la Caja,
y que lejos de recibirla se le desvanecía cualquier expectativa
toda vez que se le comunica, por el nominado Presidente del
Banco de inminente creación, que algunos inversores condicionan
su entrada en el capital a que no se mantuviera en la
estructura del Banco, el director general de Novacaixagalicia.
Es decir, en este caso además de concurrir, como en los demás,
la causa del cambia en la titularidad jurídica de la Caja será
el supuesto de condicionar la pervivencia de la relación
laboral a la voluntad de la Entidad resultante.
Así las cosas, con las comunicaciones de desistimiento
presentadas, estas, a juicio del asesor, se consideran
correctas y ajustadas a los contratos de Alta Dirección que
tienen formalizados y a la norma que regula la relación laboral
de carácter especial del personal de Alta Dirección. Sobre ello
existen ya pronunciamientos explícitos de esta Comisión de
Retribuciones y Nombramientos y posteriormente del Consejo de
Administración de la Entidad, admitiendo la concurrencia de la
causa y la existencia del derecho a favor de la Alta Dirección,
esperando tan solo que se promovieran finalmente estas
comunicaciones.
Por lo que se refiere a la consecuencia que se derivan de
la presentación de las comunicaciones de desistimiento procede
informar como relevante de lo siguiente:
98
La opción por la que se decantan, y así lo recogen en sus
comunicaciones, es la de prejubilarse, suponiendo esta una
identidad en cuanto a la medida comúnmente utilizada por los
empleados de la Entidad para la reciente reestructuración y
ajuste de la plantilla. La presente prejubilación en concepto
de renta vitalicia será capitalizada a voluntad de los
interesados conforme a lo previsto en sus contratos.
Escuchada la opinión del acusado Sr. Pradas, el
Copresidente Sr. Fernández Gayoso propuso a la Comisión la
adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Toma de conocimiento de la resolución del contrato
del Sr. Rodríguez Estrada en las condiciones en las que esta se
ha producido con prejubilación en los meses que restan hasta su
jubilación pensionable en el mes de junio de 2012.
SEGUNDO: Que procede aceptar la extinción de los contratos
de los Sres. Pego Alonso y Gorriarán Laza, por cuanto la causa
esgrimida para ello ya se entendió plenamente concurrente par
esta Comisión de Retribuciones y Nombramientos y posteriormente
por el Consejo de Administración de Novacaixagalicia, en las
sesiones que celebraban los días 4 y 25 de agosta de 2011,
respectivamente.
TERCERO: Que en los tres casos la opción elegida por los
interesados es la prejubilación, a la que se acogen bajo las
condiciones contractualmente reconocidas que representa la
percepción de una renta vitalicia constituida por el 100% de
sus percepciones anuales computadas estas de acuerdo con el
salario recibido en los 12 meses anteriores a la fecha de la
prejubilación, descontando de aquel tan solo el complemento
salarial denominado Remuneración Complementaria por Resultados
Parte Variable, capitalizándose la misma en los términos
establecidos en sus contratos.
CUARTO: Que la provisión necesaria para hacer frente a las
obligaciones contraídas contractualmente por Novacaixagalicia
99
ha sido calculada de acuerdo con los métodos que actuarialmente
son exigibles para que pueda instrumentarse de manera
inmediata la extinción de los dos contratos de Alta Dirección
afectados por esta decisión, procediéndose a su correspondiente
liquidación.
QUINTO: La provisión sobre la que esta Comisión se
pronunció en su sesión del pasado día 4 de agosto no es
totalmente consumida, quedando pendiente de la decisión final
de uno de los integrantes del actual equipo de dirección de
Novacaixagalicia con contrato de Alta Dirección.
SEXTO: Que se autorice al Copresidente D. Julio Fernández
Gayoso a que vele par el cumplimiento de los presentes acuerdos
indicando a los departamentos correspondientes las directrices
oportunas para que lleven a termino correctamente la ejecución
y liquidación de los contratos afectados por las presentes
decisiones.
La propuesta realizada por el Sr. Presidente cuenta con la
aceptación de la totalidad de los vocales de la presente
Comisión.”.”
El día 30 de septiembre de 2011 se reunió el Consejo de
Administración de NovaCaixaGalicia presidida por Fernández
Gayoso, en la que se expuso de forma concreta, que tras la
comunicación de la Comisión Rectora del FROB de 29 de
septiembre de 2011, dirigida al acusado como copresidente de
NovaCaixaGalicia, y al presidente de NCG Banco, SA recién
constituido para ejercer la actividad financiera de la Caja
NCG, de la suscripción por el FROB de la ampliación de capital
de manera íntegra por 2465 millones de euros, y dado que el
valor económico asignado a NCG Banco SA, se ha fijado en 181
millones de euros idéntico al que se valora Novacaixagalicia a
septiembre de 2011, la participación del FROB en el Banco nuevo
creado con la finalidad de que la entidad resultante pudiera
ser viable ascendió al 93,16%. Es decir el nuevo banco creado
100
era prácticamente propiedad del FROB, pues el FROB era el dueño
de NCG en la referida proporción de capital social.
En esta reunión del Consejo de Administración, el acusado
Fernández Gayoso defendió la opción ejercitada por los acusados
Pego Alonso, Gorriarán Laza y Fernández Estrada, siendo la
cuestión suscitada del siguiente tenor:
““El Sr. Regueiro se refiere a la salida de la entidad de
los cuatro directivos vinculados a la misma por contratos de
Alta Dirección, contratos con los que nunca estuvo de acuerdo,
solicitando información sobre el importe total de las
indemnizaciones percibidas por dichos directivos.
Al respecto, el Copresidente D. Julio Fernández Gayoso
señala que los altos directivos que han decidido causar baja en
la entidad no han hecho sino hacer valer la previsión
expresamente recogida en sus contratos de poder acogerse a su
prejubilación. En este sentido, recuerda que en la reunión de
este Consejo del pasado 25 de agosto D. Ricardo Pradas, asesor
de la Caja en esta materia, aclaró en relación con el posible
desistimiento por parte de los altos directivos, que no existía
cláusula de blindaje que pudiera dar lugar a una indemnización,
pues el sistema es de renta diferida en el tiempo. Por lo tanto,
desde el punto de vista de la situación de hecho, no hay ninguna
diferencia entre estas prejubilaciones y las del resto de los
empleados que también han decidido acogerse a esta situación al
amparo del acuerdo laboral alcanzado con los sindicatos con
ocasión de la fusión. La diferencia solo viene determinada por
el importe de la retribución de cada uno de ellos. Pero tampoco
en este caso cabe hablar de un hecho diferencial respecto del
resto de personal prejubilado, ya que cada una de las personas
que han decidido acogerse a esta situación lo han hecho en base
a sus particulares condiciones retributivas fijadas también en
función del puesto y de la responsabilidad que venían
desempeñando. Estamos hablando, por tanto y en todos los casos,
de prejubilaciones de acuerdo con las condiciones particulares,
tanto de la Alta Dirección como del resto del personal. Y no
101
siendo necesario ni procedente hacer públicos los importes
percibidos por parte del personal prejubilado, tampoco parece
procedente hacerlo respecto de los altos directivos.”.”
Qué duda cabe que tal información dada por el acusado
Pradas Montilla, no era cierta pues los acusados altos
directivos se acogieron como así podían hacer, que es lo que
omitió, a una indemnización por capitalización, dando de lado
al a opción de renta diferida en el tiempo.
En la comisión de Control de NovaCaixaGalicia de 21 de
octubre de 2011 a la que asistió el acusado Pradas Montilla se
dio cuenta del desistimiento de los acusados Pego, Gorriarán y
Rodríguez Estrada. En la reunión del Consejo de Administración
de NCG de 27 de octubre de 2011 se dio a conocer las fechas e
indemnizaciones percibidas para los cuatro acusados en su
condición de ejecutivos de Alta Dirección, siendo las
cantidades que se expresan los siguientes:
Antes del 14 de septiembre de 2011 se ejecutaron los
contratos de:
D. José Luis Pego Alonso: 7,7 millones de euros por su
concepto de finiquito incluyendo su retribución hasta el
cumplimiento de los 65 años. Se cubre asimismo 4 millones de
euros de previsión social que faltaba por cubrir.
D. Óscar Rodríguez Estrada: 691 mil euros.
D. Gregorio Gorriarán: 4,8 millones de euros por su concepto
de finiquito incluyendo su retribución hasta el cumplimiento de
los 65 años. Se cubre asimismo 2,8 millones de euros de
previsión social que faltaba por cubrir.
El 20 de septiembre, y ya en sede del Banco
NOvaCaixaGalicia, D. Javier García de Paredes, percibió 5,7
millones de euros por su concepto de finiquito incluyendo su
retribución hasta el cumplimiento de los 65 años. Se cobró
asimismo en torno a 4,2 millones de euros de previsión social
que faltaba por cubrir.
Asimismo en dicha reunión del Consejo de Administración, se
dio cuenta del informe recibido encargado por FROB en relación
102
al valor asignado al Banco recién creado, valor que ascendió a
181 millones de euros, por lo tanto salvo error u omisión, los
acusados altos directivos percibieron antes de octubre de 2011,
18.891.000€ de una entidad para cuyo funcionamiento, y de ello
eran sabedores, que para la capitalización de la entidad en
orden a que fuera viable, el FROB con fecha 10 de octubre de
2011, suscribió íntegramente el total aumento de capital social
de NovaCaixaGalicia que se traspasa al Banco por 2465 millones
de euros, además de la inyección inicial de 1142 millones de
euros cuando se hizo la fusión. A estas cantidades percibidas
hay que añadir 4 millones de euros, 2,8 millones de euros y 4,2
millones de euros que se tuvieron que provisionar por el
concepto de la previsión social, respecto a Pego Alonso,
Gorriarán Laza y García de Paredes Moro.
10.- Todas las actuaciones llevadas a cabo por los acusados
tendentes a celebrar los cuatro contratos de alta dirección en
el 2010, fueron ejecutadas siendo sabedores cuando desistieron
de tales contratos en septiembre de 2011 y liquidaron las
mismas, del R.D. 771/2011 de 3 de junio que entró en vigor el
día 5 de junio de 2011, que incorporaba un nuevo capítulo XIII
acerca de la política de retribuciones o remuneraciones en las
entidades de crédito, para entidades de crédito en dificultades
diciendo el acusado Pradas Montilla ante la Comisión de
Retribuciones de NCGalicia de 4 de agosto de 2011, algo
realmente sorprendente, y es que el RD. 771/2011 de 3 de junio
no era aplicable a los 4 altos directivos acusados. En
definitiva los acusados sabedores de que los nuevos contratos
introducían mejoras económicas sustanciales respecto a los
anteriores a percibir en caso de su salida de la entidad, así
como nuevos derechos en cuanto a que las pólizas individuales de
afianzamiento de la pensión a percibir por cada uno de ellos,
suscritas como consecuencia de los nuevos contratos de alta
dirección (Póliza nº 54527-Gorriarán, 54526-Rodríguez Estrada y
54525-Pego Alonso) no podrían modificarse sin la aquiescencia o
consentimiento de éstos; en modo alguno han movido su voluntad
aun siendo plenamente conocedores de la mala situación de la
103
entidad financiera que abandonaban en la que habían desempeñado
los mas altos cargos de gestión, que necesitó y estaba
necesitada de la inyección de dinero público para poder
subsistir. Buena prueba de ello es que el Banco de España en la
persona del acusado de Fernández Gayoso puso en conocimiento el
2 de noviembre de 2011 una vez conocido el tenor de los
contratos de alta dirección de 2010, un mes y medio
aproximadamente después de ejecutar estos 4 nuevos contratos, de
lo siguiente:
““La entrada en vigor el pasado 5 de junio del Real
Decreto 771/2011, de 3 de junio (en adelante el Real Decreto),
que incorpora un nuevo Capitulo XIII sobre política de
remuneración de las entidades de crédito en el Real Decreto
216/2008, de recursos propios de las entidades financieras,
culmina la trasposición a la normativa española de la Directiva
20101761UE (CRD3). El Real Decreto introduce un marco de
obligado cumplimiento en materia de política retributiva pare
las entidades de crédito, marco que será de aplicación a las
remuneraciones devengadas en 2011 y las concedidas y aún no
abonadas que correspondieran al ejercicio 2010.
Los antecedentes de esta normativa se encuentran en los
principios y estándares sobre remuneraciones emitidos por el
Financial Stability Board (FSB) en abril y septiembre de 2009, y
los principios de alto nivel publicados por el Comité de
Supervisores Bancarios sobre políticas de remuneración y
estándares de aplicación de los principales de buenas prácticas
del FSB. El Banco de España, en aras de avanzar al cumplimiento
de la futura normativa comunitaria, insto a las entidades para
que adoptaran e implantaran anticipadamente dichos principios y
estándares mediante sendas cartas de 31 de Julio y 11 de
noviembre de 2009.
La nueva normativa traspuesta mediante el Real Decreto
persigue, por una parte, la alineación de las políticas de
remuneración, incluidos los salarios y los beneficios
104
discrecionales por pensiones, a los resultados a largo plazo de
la entidad y, par otra, incentivar una gestión sana y prudente
del riesgo. Para ello se establecen una serie de requisitos
sobre la política y diseño de los esquemas de remuneraciones,
requerimientos que deberán tenerse presentes para la necesaria
adaptación de los acuerdos de remuneración y contratos de alta
dirección firmados antes de la entrada en vigor del Real
Decreto. La adaptación de estos últimos contratos, si procede,
deberá abordarse por la entidad con la máxima diligencia.
Adicionalmente, está en curso la modificación de la
Circular 3/2008, de 22 de mayo, que desarrollara los aspectos
relacionados con la transparencia de la política de
remuneraciones y datos cuantitativos agregados sobre la misma,
información que será incluida en el informe de relevancia
prudencial que se publique en el ejercicio 2012 referido a las
remuneraciones de 2011.
A ese respecto, el Real Decreto introduce la obligación de
que por parte del Órgano de dirección de la entidad se garantice
la aplicación de los principios de remuneración, revisándoles
periódicamente. Asimismo, al menos una vez al año, debe
realizarse una evaluación interna central e independiente de la
eolítica de remuneración, al objeto de verificar si se cumplen
las pautas y procedimientos de remuneración adoptados por el
Órgano de dirección, y que habrán (sido previamente informados
por la Comisión de Retribuciones.”.
En definitiva en el momento de los desistimientos
unilaterales de los 4 acusados altos directivos, ya había
entrado en vigor el RD 771/2014; y que fue totalmente ignorado a
la hora de ejecutar los 4 contratos de alta dirección.
Como corolario para evitar un mayor desembolso en la Caja
Fusionada, en definitiva en el Banco que hubo de crear, el Banco
de España dirigió al nuevo presidente una vez constituido el
Banco, José María Castellanos Ríos, un escrito respecto a los
compromisos asumidos por NovaCaixaGalicia en relación a las
105
pensiones por jubilación, del siguiente tenor literal,
conocedores de los contratos de alta dirección que se produjo en
la inspección que llevó a cabo a principio del año 2011 en el
BNCG, cuyo literal es el siguiente:
“Madrid, 8 de junio de 2012
En relación con los compromisos por pensiones de jubilación
asumidos por Caja de Ahorros de Galicia, Vigo, Ourense e
Pontevedra frente a los que fueron sus Directores Generales
Adjuntos, D. José Luis Pego, D. Gregorio Gorriarán, D. Óscar
Rodríguez y su Director General Adjunto Ejecutivo, D. Javier
García Paredes, se le dirige el presente requerimiento en tanto
que entidad beneficiaria de la segregación de los activos y
pasivos financieros de Caja de Ahorros de Galicia, Vigo, Ourense
e Pontevedra, a fin de que, a la vista de las obligaciones que
en materia de política de retribuciones impone el Real Decreto
216/2008, de 15 de febrero, de recursos propios de las entidades
de crédito, se abstenga de realizar cualquier actuación en este
ámbito que suponga un incumplimiento de lo previsto en el
artículo 76 quinquies del referido Real Decreto 216/2008, e
instruya a las compañías aseguradoras en las que mantenga
externalizados los compromisos asumidos en este ámbito para que
no realicen pagos incumpliendo dichas previsiones.”.”
En ambos escritos se hace referencia a las obligaciones que
en política de Retribuciones impone el RD. 216/2008 de 15 de
febrero, y a toda la legislación comunitaria y española que los
acusados conocían de sobra dada su posición de máximos
responsables de la gestión de las entidades que se fusionaban, y
de las aportaciones de capital público que tuvo que realizar el
FROB.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Los hechos declarados probados obtenidos en el
ámbito del art. 741 de la LECriminal, se derivan de medios
probatorios, que han desvirtuado la presunción de inocencia
(Art. 24 CE) que ampara a los acusados, que a continuación se
106
expondrán. Hechos probados que pueden calificarse
jurídicamente, como un delito de Administración desleal (Art.
295 del CP, en concurso de leyes con un delito de Apropiación
indebida (Art. 252 CP), en su modalidad de administración o
gestión desleal; sin que tales hechos puedan calificarse de
Estafa (Art. 248) pues los actos de administración fraudulenta
no se han producido en virtud de una inicial previa e
intencionada maniobra engañosa, sino por el ulterior y
consciente quebrantamiento, según los acontecimientos se iban
produciendo, de la genuina relación de confianza que une al
administrador con el patrimonio ajeno que gestiona en orden a
que con sus actuaciones no se vaya a causar un quebranto
patrimonial, al anteponer sus intereses patrimoniales a los de
la sociedad o entidad, nacida de la fusión de entidades que
ellos salvo Pradas Montilla había y estuvieron gestionando,
máxime cuando dicha sociedad o entidad atraviesa serias
dificultades económicas que terminan haciéndola inviable, y
que necesitó del dinero público para funcionar desde un
principio hasta su venta a terceros.
SEGUNDO.- En el presente caso el Tribunal entiende que el
delito referido se ha producido en la persona de los acusados
porque después de haber gestionado mal, o no haber sabido o
podido preservar a las entidades financieras de las que de
facto eran los máximos gestores, de la situación calamitosa
que las abocó como solución para evitar el descalabro
individual a una fusión pues por sí solas no eran viables,
como lo demuestra que desde el inicio de la actividad de la
entidad fusionada para que pudiera empezar a funcionar en el
año 2010, el FROB tuvo que inyectar dinero público por importe
(1152 millones), y como quiera que la nueva Caja nacida de la
fusión no funcionaba incluso ni traspasando su activo y pasivo
a un Banco que tuvo que crearse, el FROB tuvo finalmente que
inyectar más de 9000 millones de euros para terminar vendiendo
el Banco NCG del que ya poseía el 100% del capital en
Diciembre de 2013, por 1003 millones en pública subasta. Los
acusados (4 altos Directivos) sabedores de estos avatares,
107
mejoraron (tres de ellos) intencionadamente sus condiciones
económicas para el caso más que probable por razonable, de su
salida de la nueva entidad fusionada dada su gestión anterior,
al querer prescindir de sus servicios los nuevos inversores
que pudieran venir a hacerse cargo de la entidad, y todo ello
con la ayuda inestimables por imprescindible de los otros dos
acusados (Gayoso y Pradas), cooperando de manera
imprescindible para que en dichos nuevos contratos se obviara
la legislación aplicable a la remuneración de altos directivos
ignorando deliberadamente las limitaciones que dicha
legislación imponía e impone.
En definitiva, la administración desleal como delito se
deriva en el presente caso, de la mejora en las condiciones
económicas buscada de propósito para el caso de cesar en sus
servicios los acusados tres altos Directivos, respeto a las
condiciones económicas que tenían, al menos los 3 acusados
provenientes de Caixa Nova, en lo contratos de alta dirección
que suscribieron antes de la fusión de Caixa Nova y Caixa
Galicia. En cuanto a García de Paredes Moro, el cuarto alto
directivo que provenía de Caixa Galicia, éste no tenía
contrato alguno de alta dirección pues no lo quiso en esta
entidad financiera. Mejoras económicas que se buscaron
conscientemente en beneficio propio a costa de una nueva
entidad financiera que durante los tres años y medio,
aproximadamente que funcionó desde su fusión hasta su venta a
nuevos inversores, costó al erario público mas de 9000
millones de euros como se ha repetido, lo que implica a su vez
que su situación calamitosa era fruto de unas perdidas
enmascaradas en su contabilidad por sobrevalorización de
activos, lo que viene a indicar que la contabilidad no
reflejaba la imagen fiel de las entidades fusionadas.
TERCERO.- Los hechos que las pruebas practicadas han
puesto de relieve calificados jurídicamente de la forma
referida, ponen de relieve que los acusados Pego Alonso,
Gorriarán Laza y Rodríguez Estrada, así como García de Pares
Moro, eran las personas, los tres primeros, en Caixa Nova y,
108
el cuarto de ellos en Caixa Galicia, que llevaban en dichas
entidades financieras la gestión de las actividades propias de
su negocio financiero, siendo las personas que llevaban por
consiguiente, la puesta en marcha de la administración como
Altos Directivos de las entidades referidas, lo que implica en
el ámbito laboral, un gran poder de autonomía en la toma de
decisiones para llevar la gestión de la empresa. Es decir
ejercían los poderes propios de la titularidad financiera de
la empresa, relativos a los objetivos generales de la misma
con autonomía y plena responsabilidad, teniendo únicamente por
órganos superiores de gestión y administración de la empresa
el Consejo de Administración, rigiéndose sus contratos por el
R.D. 1382/1985 de 1 de agosto y el R.D. 451/2012 de 5 de marzo
que amplía la aplicación de estos contratos al personal
directivo del sector público estatal. En definitiva, la
gestión que desempañaban los acusados citados, se basaba en la
recíproca confianza entre la empresa y el Alto Directivo.
Esta conclusión ha sido puesta de relieve por las propias
declaraciones de los acusados condenados Gayoso y Pradas, así
como por la declaración testifical de Castellanos Ríos
prestada en el juicio oral, junto con la declaración
testifical de González Bueno, quienes sucedieron en la gestión
a los acusados miembros de NovaCaixaGalicia cuando se creó el
Banco NovaCaixaGalicia el 14/09/2011, todo ello complementado
por los contratos de Alta Dirección que suscribieron, que
obran en diferentes folios de las actuaciones; y que han
servido como prueba documental.
CUARTO.- También se ha puesto de relieve entre otros por
la testifical/pericial prestada en el juicio oral de Pedro
González González, Director de la Inspección de las Cajas de
Ahorros del Banco de España desde abril de 2010, que Caixa
Galicia estaba prácticamente quebrada; y Caixa Nova, si bien
no llegaba al nivel de insolvencia de Gaixa Galicia, tenía
serios problemas para su viabilidad. Como prueba acreditativa
de esta situación además se encuentran, la declaración
testifical de Castellanos Ríos y de González Bueno en el
109
juicio oral, donde el testigo Castellano Ríos nombrado
Presidente en sustitución del acusado Fernández Gayoso cuando
se creó el Banco, ha puesto de relieve que si el Banco pudo
salvarse en principio, dado que la situación del Banco nacido
de la fusión de Caixa Nova y Caixa Galicia era calamitosa, fue
gracias a las ayudas del FROB. Declaración testifical que se
corrobora por el informe que el Gobernador del Banco de España
remitió al Congreso de los Diputados en el año 2013, 7 de
marzo obrante en las actuaciones valorado como prueba
documental, junto con el siguiente oficio:
“Excmo. Sr.:
La disposición adicional decimonovena de la Ley 9/2012, de
14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades
de crédito, estable que “en el plazo de cuatro meses desde la
entrada en vigor de esta Ley, el Banco de España remitirá a
las Cortes Generales un informe en el que evaluará el efecto
del Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento
del sector financiero y del resto de la normativa aplicable
sobre el cobro de las indemnizaciones, pensiones y
remuneraciones percibidas por los administradores y directivos
de las entidades de créditos inmersas en el algún procedo de
reestructuración y resolución durante el mencionado plazo,
incorporando un modelo de marco retributivo”.
En cumplimiento de lo establecido en la disposición
adicional decimonovena de la Ley 9/2012 antes citada, ajunto
se remite el informe que, a tal efecto, ha aprobado el Consejo
de Gobierno del Banco de España en su sesión del día 5 de
marzo de 2013.”
En el apartado referido a NCG Banco, dice lo siguiente:
“NCG Banco es la entidad a la que se traspasó la actividad
financiera de NovaCaixaGalicia (NCG) el 14 de septiembre de
2011, NovaCaixaGalicia nace el 1 de diciembre de 2010 mediante
la fusión de las cajas de Gaixa Galicia y Caixanova, con el
apoyo del FROB mediante la suscripción de participaciones
110
preferentes por un importe de 1.162 M€. Una vez realizado el
traspaso al banco, NovaCaixaGalicia se quedó sólo con la
gestión de la obra social.
En octubre de 2011, el FROB tomó la mayoría del capital
(93,16%) mediante la inyección de 2.465 M€ (si bien
posteriormente transmitió un 2,59% del capital de NCG Banco a
una serie de inversores privados, manteniendo el 90,57% del
capital social de NCG Banco). Finalmente, en diciembre de
2012, se acordó una operación acordeón por la que se
amortizaron la totalidad de las acciones existentes del banco,
las participaciones preferentes suscritos por el FROB en 2010
fueron convertidas en capital y adicionalmente, el banco
recibió 5.425 M€ del MEDE mediante un aumento de capital
social suscrito por el FROB.”.
Al hilo de la prueba testifical referida de Pedro
González, Director del Departamento de Inspección del Banco de
España, que era quien coordinaba la inspección de las cajas
Gallegas, en 2008/2009 y 2010, hemos de resaltar, corroborando
la prueba documental anterior como este testigo ha narrado en
el juicio oral cómo Caixa Galicia era prácticamente inviable,
y Caixa Nova estaba un poco mejor que Caixa Galicia, pero
también estaba mal, teniendo en cuenta unos desequilibrios en
ambas Cajas, que hacían que no pudieran funcionar por sí
solas, y sin que por su fusión sin más tampoco pudieron
funcionar, de aquí que en el FROB cuando se decidió la forma
de apoyar el proceso de integración, tuvo que inyectar 1162
millones de euros, que fue el límite que en principio puso la
Unión Europea. No obstante según dicho testigo, se tuvieron
desde el principio serias dudas de la viabilidad del proyecto
de fusión, de aquí que, como ha narrado, además se tuvieron a
través del FROB, que inyectar 2465 millones de euros
adicionales (que fue la compra de la ampliación de capital que
tuvo que hacer NovaCaixaGalicia al poco tiempo de la inyección
de 1162 millones de euros), decidiéndose la creación del Banco
al que se traspasaría el negocio financiero. Después vendría
la inyección de otros 5000 millones de euros porque la nueva
111
entidad, a través del Banco, no funcionaba. En total el
Estado, desde Diciembre de 2010 hasta su venta en 2013 en el
mes de diciembre, aunque dicha venta se materializara en
abril/mayo de 2014, inyectó más de 9000 millones de euros.
QUINTO.- Los acusados Pego Alonso, Gorriarán Laza y
Rodríguez Estrada, en el momento de acordar la fusión de las
Cajas (14 de junio de 2010), tenían unos contratos de Alta
Dirección como se ha reflejado en los hechos probados, siendo
el objeto del debate probatorio en el juicio oral su
confrontación con los contratos de alta dirección de 2010
cuando se fusionaron las Cajas, traídos al proceso todos ellos
como documental. El acusado García Paredes que provenía en
Caixa Galicia nunca quiso tener un contrato de Alta Dirección
según ha narrado; sin embargo con la integración (fusión) de
ambas Cajas, sí celebró un contrato de Alta Dirección con la
explicación de todos los acusados, de equiparar a todos los
Altos Directivos de la entidad que nacía de la fusión, lo
cual ante la situación de las Cajas fusionadas pone de relieve
un evidente desinterés por la situación de la entidad que
nacía de una fusión de dos entidades inviables, en orden a una
correcta administración, así como un ánimo de lucro de los
cuatro acusados en perjuicio de la entidad.
Y todo ello porque no había una justificación objetiva
dada la situación de la Cajas fusionadas, en el año 2010
(octubre) para que los tres acusados provenientes de Caixa
Nova, celebraran lo que ellos manifiestan ser un “complemento
a los contratos de alta dirección” que ya tenían, sin que
sirva la excusa de la fusión, para celebrar un nuevo contrato
de Alta Dirección mejorando sus condiciones económicas, además
de establecer un derecho de veto en el caso de jubilación y
prejubilación para el supuesto de desistimiento, es decir para
el supuesto en definitiva de que tuvieran que cesar en sus
actividades en las pólizas individuales de aseguramiento a los
que luego nos referiremos.
El que no se dieran circunstancias objetivas para en el
2010 celebrar los nuevos contratos de alta Dirección de los
112
cuatro acusados referidos parece evidente dada la situación de
la entidad nacida de la fusión, pues piensese que el valor de
entidad nacida de la fusión, fue de 181 millones de euros,
según valoración que encargó el FROB (documento obrante a los
folios 377 y siguientes, y en concreto el folio 379 (Memoria
del FROB), frente a los cerca de 22 millones de euros que
cobraron por su desistimiento unilateral de su relación
laboral, lo que supuso más del 13 del valor de las Cajas
Fusionadas y del Banco que se creo. Si a ello se une que los
Contratos de Alta Dirección que ya existían, salvo García
Paredes, creado “ex novo” tenían unas estipulaciones muy
semejantes a los nuevos contratos suscrito en 2010, entre
ellos el desistimiento unilateral por voluntad de los altos
directivos, la conclusión lógica y razonable es que querían
salir reforzados económicamente en el supuesto muy probable
por razonabilisimo , de que los nuevos inversores del Banco
nacido de la fusión no contaran con ellos, es decir
prescindieran de sus servicios, como la prueba testifical de
Castellanos Ríos ha puesto de relieve cuando ha narrado que
los inversores con los que contacto, de los cuales uno de
ellos ya había negociado con Pego Alonso para invertir en el
Banco nacido de la fusión sobre junio de 2011, un poco antes
de que Castellanos Rios llegara a la presidencia del Banco
NovaCaixaGalicia, precisamente en julio de 2011 le pusieron de
manifiesto que ninguno de los acusados, Altos Directivos de
las Cajas Fusionadas, podían llevar la gestión de la nueva
entidad. En definitiva que los acusados a los que nos
referimos deberían salir del Banco si ellos invertían, lo cual
parece muy razonable, ante dos entidades financieras que
podemos calificar según el Banco de España, y entre otros
testigos como ya se ha repetido por la declaración testifical
de Castellanos Ríos, como calamitosas; situación que es obvio
que podamos concluir que, era una situación también conocida
por cada uno de los acusados. Todo ello lo podemos colegir de
la comunicación que como Documentos 290, de 29 de junio de
2010 el Banco de España, dirige a Fernández Gayoso, y del
113
Documento, folios 291 y 292 del FROB dirigido a Pego Alonso,
cuando estos acusados solicitaron 1162 millones de euros para
poder iniciar el proceso de fusión de las dos Cajas, que se
transcriben literalmente.
““Doc 290” (Escrito del Banco de España dirigido a
Fernández Gayoso.
“Me refiero a su escrito de 28 de junio por el que me
remiten para su aprobación el Plan de integración que supone
la fusión de esa entidad con Caja de Ahorros de Galicia y la
constitución de una nueva entidad cuya denominación está
pendiente de acordar. En su contestación, le informo de que la
Comisión Ejecutiva del Banco de España, en su sesión del 29 de
junio de 2010, ha aprobado el mencionado Plan de Integración,
que incluye la emisión, por la nueva entidad resultante de la
fusión, de participaciones preferentes convertibles en cuotas
participativas por un importe de 1.162 millones de euros a
suscribir por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
(FROB), en el marco del artículo 9 del Real Decreto Ley
9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y
reforzamiento de los recursos propios de las entidades de
crédito (RDL). Para la aprobación del citado Plan d
Integración, ha sido determinante el compromiso asumido por
ambas entidades de realizar las desinversiones previsto en el
mismo.
La emisión de las participaciones preferentes deberá
cumplir con las especificaciones que señala la referida norma,
incluyéndose en el acuerdo de emisión la convertibilidad, a
instancias del FROB, de las participaciones preferentes en
cuotas participativas con las características que recoge el
artículo 7 del RDL si, antes de trascurrido el plazo
establecido para su recompra, el Banco de España considerara
improbable, a la vista de la situación de la entidad o su
grupo, que dicha recompra pueda llevarse a cabo. (COMO ASÍ
REALMENTE SUCEDIÓ EN CUANTO NO PUDO LLEVARSE A EFECTO LA
RECOMPRA).
114
Asimismo, le recuerdo que de acuerdo con el apartado 6 del
artículo 9 de la citada norma, deben remitir a la Dirección
General de Supervisión I, con periodicidad trimestral, un
informe sobre el grado de cumplimiento de las medidas
contempladas en el Plan de Integración aprobados. El Banco de
España podrá requerirles la adopción de las acciones que sean
necesarias para asegurar que el Plan de Integración se lleve
efectivamente a término.
Con esta misma fecha, comunicamos al FROB esta aprobación
a los efectos previstos en el artículo 9 del RDL.”.
“Doc. folio 291”
Me refiero a su escrito de 14 de junio de 2010 por el que
solicitan, en el marco de los procesos de integración
regulados en el articulo 9 del Real Decreto-ley 9/2009, de 26
de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de
los recursos propios de las entidades de crédito (RDL 9/2009),
que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)
apruebe la suscripción de participaciones preferentes
convertibles en cuotas participativas, por un importe total de
mil ciento sesenta y dos millones euros (1.162.000.0000, que
emitirá la nueva entidad resultante de la fusión de Caixa de
Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra y Caja de Ahorros de
Galicia (la Emisión).
En su contestación, me complace informarle de que, el día
29 de junto de 2010, la Comisión Rectora del FROB aprobó por
unanimidad de los asistentes a la reunión apoyar el plan de
integración presentado por las entidades Caixa de Aforros de
Vigo, Ourense e Pontevedra y Caja de Ahorros de Galicia, que
previamente había sido aprobado par la Comisión Ejecutiva del
Banco de España, mediante la suscripción par parte del FROB de
las participaciones preferentes convertibles en cuotas
participativas que emita la entidad resultante del proceso de
integración, por el mencionado importe nominal y efectivo de
mil ciento sesenta y dos millones de euros (1.162.000.000€)
siempre que la Comisión Europea comparta la evaluación preli-
115
minar sobre el carácter fundamentalmente sólido de las
entidades participantes y la Sra. Vicepresidenta Segunda del
Gobierno y Ministra de Economía y Hacienda no se oponga a ello
en los términos del apartado 2 del articulo 9 del RDL 9/2009.
El mismo día 29 de junio y de conformidad con lo
dispuesto en el apartado 4 de la Norma segunda y en el
apartado I de la Norma décima del Acuerdo de la Comisión
Rectora del FROB de 29 de enero de 2010, se comunico a la
Dirección General de Competencia de la Comisión Europea la
decisión del FROB de apoyar el proceso de integración de Caixa
de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra y Caja de Ahorros de
Galicia, mediante la suscripción de la Emisión. En respuesta a
este escrito la Dirección General de la Competencia de la
Comisión Europea ha remitido una comunicación, fechada el día
29 de junio de 2010, a la Representación Permanente de España
ante la Unión Europea manifestando que, tras valorar la
información recibida sobre el proyecto y teniendo en cuenta la
opinión del Banco de España sobre la viabilidad del mismo y la
solvencia de la entidades participantes, no existen objeciones
a que el FROB apoye el referido proceso de integración en el
marco del esquema español de recapitalización de entidades de
crédito con intervención del FROB, aprobado par la Comisión
Europea el 28 de enero de 2010.”
SEXTO.- Las pruebas practicadas han puesto de relieve
además, que los acusados al socaire del plan de integración,
con la cooperación de los otros dos acusados Fernández Gayoso
(Copresidente de la Caja nacida de la Fusión) y Pradas
Montilla, asesor jurídico externo buscado por Fernández
Gayoso, ya desde la existencia de Caixa Nova, urdieron
conjuntamente en Agosto de 2010 todo un proceso para modificar
los contratos de alta Dirección que ya disfrutaban los 3 altos
Directivo de Caixa Nova, y celebrar nuevo contrato de Alta
dirección y el acusado proveniente de Caixa Galicia García de
Paredes Moro, fue con el fin de asegurarse una posición
económica más ventajosa económicamente en caso de que se
116
prescindiera de sus servicios, pues es de una lógica
aplastante, que los nuevos contratos, dejando aparte el de
García Paredes, no se suscribieron para dejar a los 3 acusados
Directivos en Caixa Nova en la situación económica que ya
disfrutaban con los antiguos contratos en caso de cesar, ni
tampoco para quedar en peor situación, vease como no han
querido renunciar a las indemnizaciones recibidas, por lo que
no puede haber otra explicación, que quisieron y consiguieron
mejorar su situación y posición económica, todo ello al
socaire que les sirve de coartada del pacto laboral de fusión,
que se vuelve a recalcar de dos Cajas inviables cada una de
por sí. A modo de ejemplo está el Documento obrante al folio
5065, y página vuelta, que es una reunión de 7 de septiembre
de 2011 que se transcribe literalmente; intentando justificar
ante el Banco de España la creación y existencia de los
contratos celebrados en 2010:
““BANCO DE ESPAÑA
EUROSISTEMA
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN
Madrid, 7 de septiembre de 2011
Nota de reunión
Reunión con el Director general de Novacaixagalicia Sr.
Pego.
Asunto: Contrato de alta dirección.
Departamento de Inspección I. Grupo 9
1 Datos de la reunión
Fecha: 7 de septiembre de 2011
Lugar: Sala de reuniones del Director General de
Supervisión.
Asistentes:
117
Por Novacaixagalicia: José Luis Pego (Director General)
Ricardo Prada (Pradas y Cebrián
Asociados)
Por el Banco de España: Jerónimo Martínez, Javier Priego
y Pedro González (Testigo en el juicio oral).
2 Asuntos tratados.
Encuentro celebrado a requerimiento de José Luis Pego con
el fin de comentar su contrato de alta dirección. Acude con su
abogado, a titulo personal, perteneciente al bufete "Pradas y
Cebrian Asociados'.
Inicia la reunión el Sr. Pego agradeciendo la atención
prestada; inmediatamente comenta la situación de incertidumbre
en qua se encuentra ante la negativa del Sr. Castellano,
presidente de NCG Banco, de incluir en la orden del día del
primer consejo de administración de dicho banco la
ratificación, o no, de su contrato de alta dirección. La
primera sesión del consejo del Banco se celebrará el lunes 12
de septiembre.
Nos anuncia el Sr. Pego que en la tesitura actual quizas
desista, en les términos acordados en el contrato,
desencadenando el pago previsto en el mismo. Explica que en le
caja existen cuatro contratos de alta dirección, cuyas
características son prácticamente idénticas. Tres de los
contratos corresponden a directivos procedentes de Caixanova,
firmados en 2005 y actualizados en 2010 con motivo de la
fusión. El cuarto contrato, correspondiente a un directivo
procedente de Caixagalicia, que se firmó el 30 de diciembre de
2010.
La duración de los contratos es indefinida hasta la
jubilación de les beneficiarios; aclara qua es previsible que
un alto directivo se jubile en breve, dada su edad. No existen
cláusulas de blindaje indemnizatorias.
118
La esencia de cada uno de los contratos es que los cuatro
altos directivos, una vez jubilados, perciban de la caja un
complemento de pensión por jubilación que, unido a la
prestación por jubilación, represente el 100% de u ultimo
salario anual, con carácter vitalicio y con reversión a la
viuda supérstite. (Y en efecto junto al plan de pensiones de
la caja que tenían en los anteriores contratos, por el nuevo
contrato de alta dirección se suscribió por la caja un plan de
pensiones individual para cada uno de ellos que complementaba
al anterior también con derechos de viudedad.
Además, cada uno de los contratos prevé que si la caja
desiste del alto directivo a deje de serlo par acogerse a
alguna de las condiciones pactadas, el alto directivo
percibirá de forma vitalicia su retribución fija anual. Sólo
en el caso de que el alto directivo realice un incumplimiento
grave se podría evitar dicho pago.
Comenta el Sr. Pego que el alto directivo tiene derecho
al desistimiento por su propia voluntad cuando haya
modificaciones significativas de su puesto de trabajo, cambios
en su actividad o contenido. Y ahí es donde le surge la duda
de si desistir, o no, puesto que aún no sabe si el Sr.
Castellano contará con él.
En este momento de la reunión, solicita nuestra opinión o
criterio al respecto (del Banco de España). Le responde el
Director General diciéndole que él no hubiera firmado un
contrato de estas características si hubiera tenido las
atribuciones y responsabilidades apropiadas en Caixanova. Y
que, en consecuencia, que no procede la pregunta: no nos
consultaron en el momento de la firma; por tanto no es
pertinente opinar en el momento de desistir, si es el caso.
El asesor del Sr. Pego apunta que los derechos que asisten
a su cliente no han sido concedidos discrecionalmente, sino
pactados en tiempo y forma, por lo que obligan a las partes.
119
No se produce réplica ante sus palabras; se insiste en que
no fuimos consultados en el momento inicial por lo que no
opinamos al respecto.
Tras 45 minutos, y sin más asuntos comentados, concluyó la
reunión.
Nota: Posteriormente, el Sr. Pego ha desistido de su
contrato. El Sr. Castellano nos comunica que existe informe de
legalidad al respecto, documento que nos remitirá.”.”
Documento transcrito que pone de relieve lo falaz de la
explicación de Fernández Gayoso al Consejo de administración
cuando se aprobaron los nuevos contratos en 2010, acerca de que
el Banco de España, conocía el contenido de estos nuevos
contratos.
Pero además para corroborar lo hasta ahora expuesto,
tenemos la forma en que se concibió todo el proceso para
proceder a la celebración de los nuevos contratos de Alta
Dirección en el 2010, donde el que afectaba a Pego Alonso fue
suscrito en nombre de Caixa Nova Galicia por Fernández Gayoso;
y en los otros 3 contratos de Alta de Dirección que afectaron a
Gorriarán Laza, Rodríguez Estrada y García Paredes es Pego
Alonso el que actuó en nombre y representación de Nova CAixa
Galicia; contratos elaborados bajo la supervisión del acusado
Pradas Montilla en su función de asesor jurídico, según la
prueba documental que expresa el contenido de dichos contratos
celebrados en 2010.
Dichos nuevos contratos fueron aprobados y celebrados por
los órganos de gobierno de la entidad además con una rapidez
inusitada, lo que corrobora la necesidad aunque negada por los
acusados de mejorar más si cabe, su posición económica si
tenían que dejar de prestar sus servicios.
Pero es que existe un dato también relevante como son las
fechas en que el acusado Pego Alonso y el presidente que
120
sucedió al acusado Gayoso, Castellanos Ríos, establecieron
negociaciones con nuevos inversores, Julio 2011. La fecha en
que Pego Alonso visita al Banco de España, 7 de septiembre de
2011, el contenido de la visita reseñado anteriormente, y las
fechas de los desistimientos de mediados a finales de
septiembre de 2011, la fecha de creación del BNCG el 14 de
septiembre de 2011, para poner de relieve que en el momento en
que se fueran a prescindir de sus servicios o se vislumbrara
tal situación, los nuevos contratos de alta dirección de 2010
se iban a hacer valer por los acusados, y todo ello sucedió
después de que el 5 de junio de 2011, entrara en vigor el RD.
771/2011 de 3 de junio, que el Banco de España en escrito
fechado en 2 de noviembre 2011 (Doc. Folio 1625 y siguientes,
le remite al acusado Fernández Gayoso, le recuerda la vigencia
del citado RD) escrito que se trascribe literalmente, y
demuestra cómo se ignoró deliberadamente la legislación
aplicable a las remuneraciones de altos directivos por todos
los acusados:
“La entrada en vigor el pasado 5 de junio del Real Decreto
771/2011, de 3 de junio (en adelante el Real Decreto), que
incorpora un nuevo Capítulo XIII sobre política de remuneración
de las entidades de crédito en el Real Decreto 216/2008, de
recursos propios de las entidades financieras, culmina la
trasposición a la normativa española de la Directiva 2010/76/UE
(CRD3). El Real Decreto introduce un marco de obligado
cumplimiento en materia de política retributiva para las
entidades de crédito, marco que será de aplicación a las
remuneraciones devengadas en 2011 y las concedidas y aún no
abonadas que correspondieran al ejercicio 2010.
Los antecedentes de este normativa se encuentran en los
principios y estándares sobre remuneraciones emitidos par el
Financial Stability Board (FSB) en abril y septiembre de 2009,
y los principios de alto nivel publicados por el Comité de
Supervisores Bancarios sobre políticas de remuneración y
estándares de aplicación de los principios de buenas prácticas
121
del FSB. El Banco de España, en aras de avanzar al
cumplimiento de la futura normativa comunitaria, instó a las
entidades para que adoptaran e implantaran anticipadamente
dichos principios y estándares mediante sendas cartas de 31 de
julio y 11 de noviembre de 2009.
La nueva normativa traspuesta mediante el Real Decreto
persigue, por una parte, la alineación de las políticas de
remuneración, incluidos los salarios y los beneficios
discrecionales por pensiones, a los resultados a largo plazo
de la entidad y, por otra, incentivar una gestión sana y
prudente del riesgo. Para ello se establecen una serie de
requisitos sobre la política y diseño de los esquemas de
remuneraciones, requerimientos que deberán tenerse presentes
para la necesaria adaptación de los acuerdos de remuneración y
contratos de alta dirección firmados antes de la entrada en
vigor del Real Decreto. La adaptación de estos últimos
contratos, si procede, deberá abordarse por la entidad con la
máxima diligencia.
Adicionalmente, está en curso la modificación de la
Circular 3/2008, de 22 de mayo, que desarrollará los aspectos
relacionados con la transparencia de la política de
remuneraciones y datos cuantitativos agregados sobre la misma,
información que será incluida en el informe de relevancia
prudencial que se publique en el ejercicio 2012 referido a las
remuneraciones de 2011.
A ese respecto, el Real Decreto introduce la obligación
de que por parte del órgano de dirección de la entidad se
garantice la aplicación de los principios de remuneración,
revisándolos periódicamente. Asimismo, al menos una vez al
año, debe realizarse una evaluación interna central e
independiente de la política de remuneración, al objeto de
verificar si se cumplen las pautas y procedimientos de
remuneración adoptados por el órgano de dirección, y que
habrán sido previamente informados por la Comisión de
Retribuciones.”.
122
SÉPTIMO.- Expuesto lo anterior hemos de analizar la prueba
de descargo ofrecida por los acusados.
Realmente la prueba testifical tiene una consistencia
nula, pues las declaraciones testificales de los miembros que
formaron o formaban los órganos rectores de las entidades Caixa
Nova o la Caja creada con la fusión nada aportan a lo que es el
objeto procesal que se debate, pues es inocuo si estos testigos
actuaron diligentemente o no, pues su conducta no se juzga, a
la hora de aprobar los contratos de alta dirección en 2010, o
si fueron el instrumento formal de que se valieron los acusados
para aprobar dichos contratos; el “núcleo” donde se centra si
existe responsabilidad penal como ya se ha anticipado, en lo
que afecta a Pego Alonso, Gorriarán Laza y Rodríguez Estrada
estriba en si existió una mejora en las posiciones y
condiciones que ya tenían en los contratos anteriores, y si los
cobraran en una entidad que ellos había gestionado, que
presentaba una situación calamitosa, y que sólo pudo subsistir
con dinero público. Respecto a García Paredes esta cuestión es
inocua puesto que no tenía contrato de Alta Dirección en Caixa
Galicia de la que provenía, aunque si lo celebró y ejecutó en
la entidad nacida de la fusión, NCG, y todo ello junto con la
violación de la legislación que les afectaba de lleno respecto
a las remuneraciones de los altos directivos a los que se ha
hecho varias veces referencia.
Las declaraciones de los acusados son exculpatorias, si
bien sus declaraciones quedan desvirtuadas por el hecho de que
se prescindiera de sus servicios no implicaba que quedaran
económicamente desprotegidos pues 3 de ellos tenían ya cada su
contrato de alta dirección que en caso de su desistimiento
unilateral les reportarían las consecuencias económicas
estipuladas en esos contratos, por lo tanto sí celebraron en el
2010 con motivo de la fusión, otro contrato cada uno de ellos
como ya se ha expuesto reiteradamente, la finalidad no era otra
que mejorar su posición y condición económica.
123
Los peritos propuestos por las defensas, prueba que a
juicio del Tribunal es la que puede arrojar la visión correcta
al respecto, no han desvirtuado en la prueba conjunta realizada
en el juicio oral al tratarse de unos mismos hechos, los
argumentos y las conclusiones de la prueba pericial practicada
a instancia de las acusaciones realizada por parte de
funcionarios del Banco de España y del Frob, así como del
Ministerio de Hacienda, en cuanto han puesto de relieve que los
nuevos contratos de Alta Dirección de 2010 supusieron ventajas
económicas, cuestión negada por los peritos de la defensa.
Y esto que parece evidente a juicio del Tribunal, hace que
la prueba pericial de las acusaciones resulte más convincente
que las de partes acusadas, pero es que además viene avalado
por la prueba testifical, aún con carácter también pericial
practicadas en el juicio oral por Miguel Segui Puertas, y Pedro
González González Jefe de Grupo y Director de Departamento en
febrero/marzo de 2011 de la Dirección General de Supervisión
del Banco de España, quienes han ratificado en el acto del
juicio oral su informe de 7 de mayo de 2012 que se transcribe a
continuación, y que es sumamente esclarecer respecto a las
ventajas económicas de los nuevos contratos de Alta Dirección.
““BANCO DE ESPAÑA
Dirección General de Supervisión
Madrid, 7 de mayo de 2012
Informe a la Comisión Ejecutiva
Novacaixagalacia; NCG Bano, S.A.
Actuaciones realizada por la Dirección General de
Supervisión en relación con las condiciones económicas
establecidas en cuatro contratos de alta dirección para el
supuesto de rescisión de la relación laboral.
124
Departamento de Inspección I Grupo 8
La presente nota recoge las diferentes actuaciones
realizadas por la Dirección General de supervisión,
Departamento I, en relación con los contratos de alta
dirección de cuatro directivos de la Caja de Ahorros de
Galicia, Vigo, Ourense e Pontevedra (los relativos a D. José
Luis Pego, D. Gregorio Gorriarán, D. Oscar Rodríguez y D. José
Luis García de Paredes) y los consiguientes pagos que, con
base en tales contratos, Novacaixagalicia (en adelante, la
Entidad o la Caja) realizaron a estos directivos con ocasión
de la rescisión de su relación laboral.
A la vista del resultado de tales actuaciones, qua serán
objeto de exposición en los siguientes apartados, se solicita
del Departamento Jurídico su opinión acerca de la existencia
de algún posible incumplimiento de la normativa aplicable a
las entidades de crédito, que pudiera dar lugar a la apertura
de un expediente disciplinario.
1) Actuaciones practicadas par los Servicios de
Inspección del Banco de España.
Visita de inspección de febrero/marzo de 2011
Durante visita de inspección realizada en febrero/marzo
de 2011, en una reunión mantenida en Vigo, la Entidad, a
través de su Secretario General, D. Oscar Rodríguez, puso a
disposición de los inspectores actuantes los contratos
correspondientes a D. José Luis Pego, D. Oscar Rodríguez, D.
Gregorio Gorriaran y D. Javier García Paredes, de los que
Únicamente se les permitió tomar note.
Las conclusiones que de tal reunión extrajeron los
inspectores fueron las siguientes:
-En ese momento, la Caja tenia en vigor cuatro contratos de alta dirección, tres de ellos correspondían a directivos que provenían de Caixanova y el cuarto había s
General Adjunto Ejecutivo, D. Javier García de Paredes.
125
-Por lo que se refiere a los contratos de alta dirección
procedentes de Caixanova, se observó que:
-Todos eran bastantes antiguos.
-De todos los contratos de alta dirección que tuvo
Caixanova, los únicos que en ese momento continuaban vigentes
eran los relativos a los Directores Generales Adjuntos Sres.
Pego, Rodríguez y Gorriaran.
-Según la Entidad, las cláusulas previstas en los
contratos para el supuesto de rescisión, tenían su origen en
la modificación de la Circular 4/1991, en la que se obligaba a
dotar las cláusulas de indemnización que fuesen superiores a
dos anualidades, por lo que sus beneficiarios renunciaron a
las mismas y a cambia se les reconocieron unos derechos
económicos con las siguientes características: (i) en caso de
desistimiento de la Entidad o despido nulo o improcedente, el
directivo podría elegir entre quedarse en la plantilla de la
entidad manteniendo su estatus y cobrando el 100% del salario
fijo o prejubilarse con el 100% del salario fijo y además una
cantidad equivalente a la retribución variable media de los 3
últimos años; y (ii)en caso de quo fuera el directivo quien
desistiera, tendría las dos mismas opciones en condiciones muy
similares, estableciéndose los supuestos en los que podría
ejercerla, entre los que se contemplan la fusión o
reestructuración clara de la entidad, fijando un plazo de un
ano, contado a partir del momento que se produzca el hecho,
para ejercitar tal derecho de desistimiento.
-Se reconocía el derecho a jubilarse (o en su caso,
prejubilarse) a los 60 anos de edad, con el 100% del salario
fijo.
-Con motivo de la fusión de Caixanova con Caixa Galicia,
se introdujeron modificaciones en los tres contratos vigentes,
ampliando el plazo para ejercitar el derecho de desistimiento
de uno a tres anos y definiendo el concepto "salario
pensionable".
126
Visita de inspección de mayo de 2011
En abril de 2011 y posteriormente en la visita realizada
a la entidad en mayo de 2011, los inspectores solicitaron
copia de los contratos de alta dirección suscritos, así como
una evaluación por parte de la Entidad del impacto económico
que tendrá para la Caja la posible rescisión de los cuatro
contratos de alta dirección. Adicionalmente, se solicitan los
contratos/acuerdos suscritos con el resto de miembros del
Comité de Dirección de la Caja.
El Sr. Rodríguez facilitó a los inspectores originales de
los contratos y fotocopia de los mismos que fue cotejada por
éstos, pero no la valoración solicitada sobre el impacto
económico. Los contratos aportados fueron los siguientes:
-De fechas 25/11/2010 - Tres escrituras notariales
protocolizando la actualización de fecha 20/10/2010 de los
contratos suscritos con D. José Luis Pego (contrato original
de 13/01/2005); y las prórrogas de los contratos de los Sres.
Gorriaran y Rodríguez (contratos originales de 4/1/1999).
Todas las modificaciones de los contratos constan aprobadas
par el Consejo de Administración de Caixanova e informados por
su Comisión de Retribuciones.
-De fecha 30/12/2010 - Contrato de alta dirección de D.
Javier García de Paredes aprobado por acuerdo del Consejo de
Administración de Novacaixagalicia de 1/12/10.
-Contratos del resto de miembros del Comité de Dirección,
así como acuerdo del Consejo de Administración mediante el
cual se aprueba la mejora futura de los contratos de D. Juan
Díaz, Dna. Maria Victoria Vázquez y D. Domingo González.
Informe de seguimiento del primer trimestre de 2011
En el informe de seguimiento del primer trimestre de
2011, con la información de la que disponían los inspectores,
127
este es, la recabada hasta principios de junio, se señala lo
siguiente:
-En el punto 1. Conclusión: "Finalmente, indicar que las
retribuciones obtenidas por los directivos de la caja son, en
opinión de los inspectores, excesivas. Y que, además, algunos
de ellos cuentan con blindajes consistentes en rentas
vitalicias activables unilateralmente por cualquiera de las
partes."
-En el punto 8. Gobierno Corporativo y Control Interno:
"Finalmente, existen cuatro altos directivos de la Caja,
incluido el Director General, con contratos de alta dirección
que pueden ocasionar costes aun no contabilizados para la caja
cuya cuantificación por la entidad está pendiente. Estos
contratos incluyen derecho a percibir rentas vitalicias
pudiendo activarse de modo unilateral por los directivos."
Las anteriores conclusiones se apoyan en la información a
la que los inspectores tuvieron acceso, que corresponde
únicamente a las copies de los contratos de alta dirección
aportadas y a un archivo Excel con los salarios fijo y
variable correspondientes a los empleados de la Caja con
mayores percepciones en el año 2010 (los variables se cobran
en 2010, correspondiendo al ejercicio 2009).
Hitos acaecidos entre Junio y Octubre 2011
Durante el mes de junio de 2011, el Director General de
Novacaixagalicia, D. José Luis Pego, mantuvo una reunión con
los Servicios de inspección en la sede del Banco de España en
el transcurso de la cual entregó un dossier en el que se
recogían las estimaciones de la Caja sobre el impacto
económico que tendría la aplicación de las cláusulas de
rescisión unilateral de los cuatro contratos de alta
dirección.
128
A la vista de este información, los Servicios de
Inspección solicitan a la Entidad un dictamen jurídico sobre
la compatibilidad de las referidas cláusulas contractuales con
los requisitos quo en esta materia establecía el Real Decreto
771/2011, de 3 de junio, por el que se modifica el Real
Decreto 216/2008, de 15 de febrero, de recursos propios de las
entidades financieras. El 10 de agosto de 2011, la entidad
aporta un informe emitido por Prada y Cebrian asociados, en el
que se concluye que las cláusulas en cuestión están ajustadas
a la normativa aplicable.
El 4 de agosto de 2011, la Comisión de Retribuciones
promueve el reconocimiento contable por el referido derecho de
desistimiento unilateral y, en consecuencia, la constitución
de una provisión adicional a la existente. El 25 de agosto el
Consejo ratifica la decisión.
El 7 de septiembre de 2011 los Servicios de Inspección
asistidos por representantes del Departamento Jurídico
mantuvieron una reunión con D. José Luis Pego y su abogado,
solicitada por el con la pretensión de que se confirmara la
compatibilidad de los términos y condiciones de su contrato
con la normativa sobre remuneraciones, incluso en un escenario
de entrada en el capital de la Entidad del FROB; pretensión a
la que el Banco de España no accedía.
Entre el 9 y el 19 de septiembre de 2011 los referidos
cuatro directivos deciden desistir unilateralmente de sus
contratos de trabajo, optando expresamente por la
prejubilación. Entre el 14 y el 20 de septiembre, se procede
al abono de las indemnizaciones pactadas para este supuesto,
previa orden del Presidente de la Comisión de Retribuciones de
13 de septiembre. Por parte de la Caja se contabiliza el gasto
con carácter previo a la segregación de activos y pasivos a
NGC Banco, S.A. (efectuada el 13 de septiembre de 2011).
129
Trabajos realizados por el equipo inspector a partir de
octubre de 2011
Por parte de los Servicios de Inspección se procede a
recopilar información de diferente índole toda ella referente
a los pagos efectuados a los Sres. Pego, Gorriarán, Rodríguez
y García Paredes, con motivo de la rescisión de sus contratos
de trabajo (fechas de pago, acuerdos de pago, contabilización
de los contratos, etc.).
Del examen de los referidos documentos, el equipo
inspector concluye que las cantidades abonadas a los cuatro
ex-directivos han supuesto un cargo en la cuenta de
resultados de 2011, registrado en septiembre con fecha de
efectos contables de 31 de agosto, de 29,9 M€, de los cuales
11 M€ corresponden a pensiones y el recto a la indemnización
por prejubilaciones. Para mantener en agosto el resultado
contable del mes de junio la Caja liberó cobertura genérica,
de forma extraordinaria, por un importe de unos 29 M€,
similar al cargo que han supuesto las indemnizaciones. Con
carácter adicional a la dotación de 29,9 M€ efectuada en
2011, los cuatro directivos tenían constituidos a su favor
otros 22,1 M€ en pólizas de seguro y planes de pensiones qua
habían sido dotados en ejercicios anteriores. De este modo,
los importes pagados a los cuatro ex-directivos en concepto
de indemnizaciones y compromisos de pensiones ascendieron a
52 M€.
En el siguiente cuadro se muestra la distribución entre
los beneficiarios de lo dotado en 2011:
Millones de euros Bruto rej. Pensiones Bruto + Pensión D. José Luis Pego 7,73 3,99 11,72 D. Oscar Rodríguez 0,69 0.00 0,69 D. Gregorio Gorriaran 4.83 2,80 7,63 D. Javier García Paredes
5,68 4,23 9,91
Total 18,94 11,03 29,97
130
Asimismo, a partir de la información a la qua se ha tenido
acceso, se constata que:
-Los contratos de los altos directivos permitían
capitalizar la renta vitalicia a voluntad del alto directivo.
No se menciona en dichos contratos la tasa de descuento. Los
altos directivos han optado par capitalizar la renta vitalicia
de prejubilación, por lo que se han efectuado pagos por la
totalidad de la misma en el mes de septiembre de 2011. Este
pago total se ha calculado multiplicando el último salario
real anual par el número de años pendientes hasta la
jubilación (en torno a 10 años en el caso del Sr. Pego y el
Sr. Gorriarán).
De este modo, las rentas correspondientes a la
indemnización (hasta la fecha de jubilación) se han
actualizado usando una tasa de descuento cero. La entidad
justifica el hecho de no capitalizar financieramente la renta
en que los contratos de los altos directivos les reconocían
una renta, que según contrato, seria objeto de actualización
conforme al mismo porcentaje de incremento salarial que se
aplique anualmente para los empleados de la Entidad en activo.
-Del contenido del acta de la sesión del Consejo de
Administración de la Caja celebrada el 25 de agosto de 2011,
único Consejo de la Entidad en el que se trató el tema de los
contratos de la alta dirección y en el que fueron aprobadas
las propuestas de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos
de 4 de agosto de 2011, en las que se reconocía el derecho de
los directivos a activar las cláusulas de desistimientos
incluidas en sus contratos, cabe extraer que la información
aportada por el asesor externo a los consejeros resultaba,
como mínimo, vaga e imprecisa.
Así, la afirmación del asesor externo, Sr. Pradas, de que
"no existe cláusula de blindaje que de lugar a indemnización,
pues el sistema es de renta diferida en el tiempo" es
131
incorrecta, pues la renta prejubilación a favor de los altos
directivos tiene una naturaleza claramente indemnizatoria
(blindaje) y además se podía cobrar, de modo diferido en el
tiempo, o en forma de capital (como efectivamente se hizo).
A la pregunta sobre “el sistema de retribución de la alta
dirección y los derechos presentes y futuros", se responde
diciendo que “los conceptos retributivos son los mismos que
para el resto del personal salvo en lo que se refiere a la
cuantía...", cuando determinados conceptos retributivos son
exclusivos del grupo directivo y cuando los cuatro
beneficiarios de los contratos de alta dirección objeto de
este nota son las únicas personas de la Entidad (aparte de los
empleados prejubilados en el marco del Pacto Laboral de la
Fusión, que debían contar con una edad mínima para
prejubilarse) con derecho a cobrar una renta diferida hasta el
memento de su jubilación, en caso de desistimiento de sus
contratos por concurrir las circunstancias previstas en los
mismos.
Tampoco se ajusta a la realidad la afirmación que realiza
el asesor sobre los compromisos por pensiones -que rigen igual
para la alta dirección que para el resto de empleados-, pues
en el caso de los Sres. García Paredes y Gorriarán, sus
derechos a cobrar el 100% del salario pensionable en el
memento de la jubilación derivan de sus específicos contratos
de alta dirección, siendo así que, según el convenio vigente,
el resto de empleados que hubieran ingresado en la caja con
posterioridad al ano 1986 no tendrían derecho a una prestación
definida. Tampoco es cierto que los conceptos pensionables
sean los mismos que para el resto del personal, pues en el
caso del Sr. García Paredes existen conceptos declarados
pensionables en su contrato específico de alta dirección que,
según convenio aplicable a los restos de los empleados, no
serian pensionables.
132
No consta que en el citado Consejo de Administración se
facilitara información sobre los importes que procedería dotar
por los compromisos de los contratos de la alta dirección, ni
tampoco se dio cifra alguna de cuáles serían los importes que
se pagarían finalmente (teniendo en cuenta que existían planes
de pensiones y pólizas de seguros ya dotados a favor de los
beneficiarios de los contratos de la alta dirección). La única
referencia que se hace respecto de este cuestión es la
contestación que el asesor legal de la caja, Sr. Pradas,
realiza a la pregunta del consejero Sr. Veiga Lage,
contestación que se ha transcrito anteriormente y que, como se
indica, es ambigua en algunos aspectos e imprecisa en otros.
2) Acontecimientos posteriores
Los nuevos gestores de la entidad, Sres. Castellano y
González-Bueno, iniciaron negociaciones con los ex-directivos
pare la devolución de las indemnizaciones recibidas, o al
menos de parte de ellas. En el marco de estas negociaciones,
la Entidad solicita de un experto independiente, en concreto
del despacho Sagardoy Abogados, un nuevo informe sobre la
legalidad de las cantidades percibidas par los cuatro ex-
directivos.
Al mismo tiempo, a iniciativa del FROB, accionista
mayoritario en ese momento de NCG Banco, S.A. y a efectos de
iniciar, en su caso, eventuales acciones judiciales, se
recopila por la Entidad información completa de los contratos,
acuerdos societarios y liquidaciones practicadas respecto de
los Sres. Pego, Gorriarán, Rodríguez y García Paredes, que son
analizados par personal del FROB, manteniendo una reunión con
tres de los cuatro ex-directivos, en la que se transmite la
impresión de que ninguno de los ellos tiene intención de
devolver las cantidades percibidas, pues defienden su
legalidad.
133
Ante la posible existencia de irregularidades en las
pólizas de seguros en las que se recogen parte de los
compromisos por pensiones de los ex-directivos, el FROB
solicita a la Entidad que envié un escrito a la aseguradora
pidiendo el bloqueo de as para evitar que los ex-directivos
puedan proceder a movilizar las provisiones matemáticas
constituidas a su favor en dichas pólizas, que ascienden a
22,6 M€ (el resto de compromisos por pensiones hasta el total
de 33,3 M€, se encuentran instrumentados en planes de
pensiones).
Con fecha 14 de noviembre, se recibe en el FROB escrito
de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad
Organizada, comunicando la existencia de unas Diligencias
Informativas y solicitando diversa documentación. Como
consecuencia de esta investigación, se interrumpe el proceso
negociador a la espera de LOS resultados de la Fiscalía.
El 20 de diciembre de 2011 se recibe informe definitivo
de Sagardoy y Abogados, con Las siguientes conclusiones:
a) Respecto a los contratos firmados con los tres ex-
directivos procedentes de Caixanova:
-Los contratos firmados y, en su case, sus modificaciones
posteriores, no plantean, en general, dudas de legalidad.
Asimismo, señalan que fueron aprobados por los Órganos de
gobierno correspondientes.
-No obstante, se considera que determinados aspectos no
esenciales no son ajustados a derecho, come la introducción en
octubre de 2010 de derechos de viudedad que no existían en los
contratos de 2006, así como la introducción en las pólizas de
jubilación de estipulaciones que impiden a la entidad negociar
a la baja las primas de contrato. Asimismo, se advierte una
deficiencia en el calculo de las indemnizaciones por
134
prejubilación, consistente en la no actualización financiera
del salario prejubilación que se compensaría, parcialmente,
con la revalorización del salario en los términos
contractuales previstos.
-Los acuerdos asumidos para la obtención de las ayudas
del FROB ("ajustar las políticas de retribución de sus altos
directivos a los criterios señalados por la normativa
comunitario aplicable y a la dispuesto por Comisión Europea
en sus Recomendaciones de 30 de abril de 2009 o en sus
posteriores modificaciones”) no modificaron los contratos de
trabajo en el sentido de limitar automáticamente a dos
anualidades la cuantía a abonar por la extinción del contrato
de trabajo, exigiéndose, por el contrario, un acuerdo expreso
de las partes para que opere tal novación modificativa.”
Lo cual, es decir esto último contraviene la legislación
comunitaria y española.
b) Respecto al contrato firmado con el exdirectivo
procedente de Caixagalicia, el informe de Sagardoy concluye:
“-El informe considera que el contrato firmado en
diciembre de 2010 entre Novacaixagalicia y el directivo
procedente de Caixagalicia podría ser declarado parcialmente
nulo, en lo qua se refiere a la parte de la indemnización de
prejubilación que exceda de dos anualidades. No obstante, se
indica que no es descartable que la nulidad parcial de la
cláusula prejubilación conllevara que quedara sin efecto la
renuncia parcial que el ex-directivo de Caixa Galicia hizo de
parte de su complemento de jubilación en julio de 2010,
momento en que el modificó su contrato firmado en diciembre de
2010, renunciando a parte de los compromisos por pensiones que
este contrato le atribuía.”.”.
135
De este informe de 7 de mayo de 2012 en primer lugar
hemos de destacar, la no aplicación de la “tasa de descuento”
en a la capitalización de la renta vitalicia, efectuada.
Respecto a esta cuestión planteada en cuanto a la no
aplicación de la tasa de descuento cuando capitalizaron la
renta vitalicia a cobrar por prejubilación por los acusados,
lo que permitía los nuevos contratos de 2010, a voluntad del
alto directivo, y también se recogía en los antiguos
contratos; los acusados han insistido que no era necesario
aplicar dicha tasa, porque no venían en los contratos, a lo
que debe señalarse que el que no viniera en los contratos para
su no aplicación, fue una ventaja económica más; y por ello
además, es una explicación que no puede acogerse, puesto que
fueron ellos mismos los que realizaron dichos contratos
celebrándolos entre sí como partes intervinientes,
destacándose por otro lado lo dicho en el juicio oral por el
testigo Miguel Segui, en cuanto que la aplicación de la tasa
de descuentos es algo obvio, criterio que comparte el Tribunal
y que además su no aplicación, produce un perjuicio a la
entidad, conclusión que comparte el Tribunal. Testigo que dada
su función inspectora en el Banco de España lo que le
cualifica como perito, cifró el perjuicio para la Caja en unos
3 millones de euros. Asimismo tenemos la conclusión del
testigo/perito Pedro González, de que la capitalización de la
renta vitalicia en cuanto a la rescisión anticipada de los
contratos, no puede premiar los malos resultados; criterio que
comparte plenamente el Tribunal. Este testigo ha señalado que
los cuatro contratos de Alta Dirección de 2010 establecen
respecto a los anteriores contratos criterios diferencias
cuantitativas notables. A tal fin es ilustrativo ver
literalmente lo recogido en el Doc al folio nº 1007 y
siguientes, que es el informe de ambos testigos; donde se
recoge en su informe lo dicho por despecho Sargadoy Abogados,
informe obrante a los folios 1897 y siguientes, informe que se
136
admite como prueba documental al no estar impugnado y que dice
entre otros aspectos lo siguiente:
““Quinta.- En cuanto a la cuestión relativa a si puede
entenderse que los compromisos asumidos para la obtención de
las ayudas del FROB modificó los contratos, y limitó a dos
anualidades la cuantía de la indemnización por extinción de
contrato, no es admisible tal conclusión dado que la
formulación de la norma contenida en el art. 76 quinquies del
Real Decreto 216/2008, de 15 de febrero, de recursos propios
de las entidades financieras (en los términos establecidos por
el RD. 771/2011), tiene una clara proyección "pro futuro” y
hubiera requerido, en todo caso, para su plena efectividad del
acuerdo novatorio de las partes para materializar el "ajuste"
reclamado por la norma.
Por el contrario, podría sostenerse la nulidad parcial
del contrato del Sr. García de Paredes celebrado el 30 de
diciembre de 2010 en lo que se opongan a los compromisos
expresamente asumidos por la Entidad en la escritura de
suscripción de participaciones preferentes por parte del FROB
firmada el 21 de diciembre de 2010. En particular, podría
sostenerse la nulidad de la indemnización por prejubilación en
la parte que exceda de las dos anualidades de su retribución,
aunque no es descartable que con ello quedara igualmente sin
efecto la reducción en el porcentaje de cobertura del
complemento de jubilación a partir de los 65 años.
Sexta.- Los términos de los contratos de Alta Dirección
de los tres directivos procedentes de CAIXANOVA fueron
acordados en diversas reuniones del Consejo de Administración
de CAIXANOVA (sesiones de 29/11/90; 23/12/98; 2806/01;
30/12/04; 28/07/05 y 22/06/2006). No se plantea problema
alguno en relación con las cláusulas de los contratos de 20 de
octubre de 2010 que se limitan a adaptar aquellos contratos a
la nueva situación. Sin embargo, lo cierto es que en el
137
desarrollo de la operación se han introducido tres
modificaciones por diferentes vías, que cabe sintetizar asi:
a) Introducción en los contratos de 2010 de un derecho
de viudedad inexistente en 2006.
b) Introducción en las pólizas que aseguran los derechos
de renta vitalicia de una estipulación a favor de tercero (los
altos directivos interesados), según la cual éstos deberán
prestar su consentimiento a toda modificación del contrato que
el tomador (la entidad financiera) pacte con la aseguradora
(CASER). Ello impide a la entidad negociar a la baja las
primas del contrato, lo que asegura la posibilidad de rescatar
la póliza al momento de la jubilación en las condiciones
actuales del contrato.
c) Error en el cálculo de las cantidades entregadas por
la entidad a los altos directivos al momento de finiquitar sus
contratos, debido a la falta de actualización de las
cantidades.
Séptima.- El procedimiento de formación de la voluntad
que culmina con la introducción de las citadas modificaciones
se encuentra viciado desde su origen (acuerdos de la Comisión
de Retribuciones de CAIXANOVA) hasta su culminación en la
ratificación del proceso por NOVACAIXAGALICIA. En síntesis,
caben destacar los siguientes vicios.
a) En la Comisión de Retribuciones de CAIXANOVA:
a. La firma de los contratos se presenta a la Comisión
coma una mera adaptación de los Acuerdos del Consejo
de Administración de 29/11/90; 23/12/98; 28/06/01;
30/12/04 y 28/07/05, cuando lo cierto es que se
introduce el derecho de viudedad, cuestión a la que
138
no se refiere ninguno de los acuerdos adoptados por
la citada Comisión.
b. La introducción del derecho de viudedad aparece en
los Anexos que se presentaron a la reunión, Anexos
redactados por un asesor externo. La lectura de
dichos Anexos sugiere que, en efecto, los contratos
son mera actualización y adaptación a las nuevas
circunstancias de los contratos firmados en 2005 y
2006. Sin embargo, y como ya se ha dicho, introducen
novedosamente la cláusula de viudedad.
c. La estipulación a favor de tercero se incorpora en
la póliza de seguro firmada con CASER. Esta póliza
se firma por uno de los directamente afectados par
los contratos (el Sr. Rodríguez). Sin embargo, en
los acuerdos de la Comisión de retribuciones no se
indica que se le faculte al mismo para hacerlo, y
menos que se le faculte pata incorporar dicha
estipulación.
b) En el Acuerdo del Consejo de Administración de
CAIXANOVA de /10/2016.
a. Se Omite el expositivo previo, donde se decía que los
contratos Alta Dirección del Director General, y de los
dos Directores Generales Adjuntos se habían adoptado en
función de los acuerdos del Consejo de Administración
de la Entidad en sesiones de 29/11/90; 23/12/98;
28/06/01; 30/12/04 y 28/07/05. Lo que obstaculiza la
labor de supervisión del Consejo sobre dicho extremo.
b. Los acuerdos que transcribe el acta no autorizan ni la
modificación del contrato mediante la incorporación del
derecho de viudedad, ni la estipulación a favor de
139
tercero en los futuros contratos de seguro que,
finalmente, el Sr. Rodríguez firmaría con CASER.
c) En la ratificación por parte del Consejo de
Administración de 1/12/2010 de NOVACAIXAGALICIA.
a. La cuestión es presentada por el Presidente de
CAIXANOVA indicando que formalizó los tres contratos "de
conformidad con los acuerdos adoptados al respecto por
su Consejo de Administración en diferentes sesiones" con
referencia “por ejemplo" a las sesiones de 29/11/90;
23/12/98; 28/06/01; 30/12/04 y 28/07/05. La expresión
“por ejemplo” no puede interpretarse en el sentido de
que la sesión de 18/10/2010 puede haber alterado el
contenido sustancial de las anteriores sesiones, pues lo
que se desprende de todo ello es que el contenido
esencial de los contratos no se ha alterado.
b. La Única referencia que existe a la reunión de la
Comisión de Retribuciones de CAIXANOVA vuelve a
presentar la cuestión coma una mera cuestión formal de
ratificación de acuerdos muy anteriores, en tanto se
indica que el cometido de aquella Comisión de
Retribuciones se limitó a
"Respetar y aceptar ahora y en el futuro por aplicación
del marco general de subrogación legal de obligaciones
previamente contraídas los derechos que les fueron
reconocidos, en materia de extinción de trabajo, a
iniciativa del alto cargo […]”. Lo que no es cierto.
c. En ningún momento se hace referencia ni a la
introducción del derecho de viudedad, ni a la
estipulación a favor de tercero a introducir en la firma
del contrato de seguro.
d. La votación y aprobación del acuerdo se efectúa
"teniendo en cuenta la información aportada" que, como
ya se ha vista, era insuficiente.
140
e. Es reseñable destacar que un miembro del Consejo de
Administración vota en contra "por desconocer, según
manifiesta, qué es lo que realmente se esta sometiendo a
votación", dato que refuerza la tesis de la insuficiente
información.
A la luz de todo ello cabe concluir que no ha
existido una ratificación, par parte de
NoVACAIXAGALICIA, de las reformas introducidas sobre los
contratos originales.
Octava.- NCG Banco, como tomador del seguro, puede
ejercitar la facultad rescate parcial de las pólizas
concertadas con CASER para adecuarlas a los compromisos
por pensiones realmente existentes con los asegurados. E
igualmente puede modificar, mediante acuerdo con la
Compañía aseguradora, las variables e hipótesis técnicas
utilizadas para el cálculo de la prima satisfecha.
Novena.- En relación con los errores en el cálculo
de la indemnización, por falta de aplicación de la
cláusula de actualización, cabe aplicar el artículo 1895
en relación con el 1901 del Código Civil, para obtener
la restitución de lo indebidamente pagado.
Décima.- No existe ratificación tácita por parte de
ninguna de las entidades. En el caso del error de
cálculo de la indemnización porque, como ya se ha visto,
se trata de un mero error que puede dar lugar a la
restitución. Y en los otros dos supuestos (el derecho de
viudedad y la estipulación a favor de tercero) porque
aún no han existido “hechos concluyentes" que permitan
deducir la existencia de semejante ratificación, dado
que no se han producido los actos económicos
141
dispositivos a favor de los beneficiarios de los
contratos.”.
Este informe de Sagardoy y Asociados, refuerza el pleno
acogimiento de la prueba pericial de las acusaciones por parte
del Tribunal.
Además por otro lado el informe del Banco de España
obrante a los folios 1007, recoge lo expuesto literalmente
citado del informe de Sagardoy.
Este informe del Banco de España de 7 de mayo de 2012
respecto al punto 2/ Acontecimientos posteriores se encuentra
refrendado por el escrito que la Dirección General de
Supervisión del Banco de España envió el 8 de junio de 2012,
dirigido al nuevo grupo gestor de NCG Banco, SA. en la figura
del presidente nombrado en sustitución de Fernández Gayoso,
José María Castellanos Ríos, obrante al folio 1896 en el que
en relación con los compromisos por las pensiones de
jubilación asumidos por NovaCaixaGalicia respecto a los
acusados José Luis Pego Alonso, Gregorio Gorriarán, Óscar
Rodríguez y Javier García Paredes se abstuvieran de realizar
cualquier actuación para no cumplir lo previsto en el art. 76
quinquies del R.D. 216/2008 de 15 de febrero sobre recursos
propios de las cantidades de crédito, instruyendo al respecto
a las compañías aseguradoras de que no realicen pago
incumpliendo dichas previsiones, lo cual no quiere decir nada
en apoyo de los peritos de la defensa, cuando aducen que no se
han dotado, pues el que no se hayan dotado, no quiere decir
que no se puedan dotar, y por consiguiente constituye una
mejora respecto a los contratos de Alta Dirección anteriores.
Todo ello junto a la inclusión de la RCR parte fija y variable
en las pólizas de seguro individuales de los acusados como
pensionable, siendo la otra mejora el derecho de veto de cada
acusado en la póliza individual de aseguramiento de la renta
142
vitalicia, y la capitalización llevada a cabo de las rentas
vitalicias sin aplicar las correspondiente tasa de descuento.
NOVENO.- Respecto a la conclusión expuesta de la
formalización de los nuevos contratos de alta dirección
constituyeron una administración no leal o desleal, hemos de
partir de que ninguno de los acusados por su actividad laboral
podía desconocer la Recomendación de la Comisión Europea
2009/384/CE de 30 de abril de 2009 sobre políticas de
remuneración en el sector de servicios financieros, anterior a
la celebración de los contratos de alta dirección; y si bien
las Recomendaciones dentro de las fuentes del ordenamiento
jurídico Comunitario no es vinculante (Art. 249 TCE), que
establece “que no serán vinculantes”, constituyen instrumentos
muy útiles de orientación de los comportamientos a tener en
cuenta en las legislaciones de la UE, siendo invitaciones a
adoptar una regla de conducta, a modo de directiva no
obligatoria, y siendo según se establece doctrinalmente, una
fuente indirecta de acercamiento de las legislaciones
nacionales.
Esta recomendación complementaría las Recomendaciones
2004/913/CE, y 2005/162/CE, partiendo de las expectativas de
recomponer la proporcionalidad entre el nivel de retribución y
los resultados empresariales, establece que se debe incorporar
al régimen de la remuneración de los Administradores, por
ejemplo en cuanto a la parte variable de la remuneración que
esté en proporción con el total de la remuneración, y que esa
parte variable se vincule a factores que represente un
incremento real de la sociedad y un incremento del valor de
las acciones; que el pago de bonificaciones anuales se difiera
en el tiempo, al objeto de verificar el cumplimiento de los
objetivos empresariales (se sugiere que el aplazamiento sea
entre tres y cinco años); y, que las indemnizaciones por
despido o pago por rescisión anticipada del contrato
143
(“paracaídas de oro”) siempre y cuando sea oportuno su
reconocimiento, se limiten al equivalente a dos años del
componente fijo de la remuneración o su equivalente.
Además de la publicación de la citada Recomendación en
julio de 2009 se inició el proceso legislativo que sirvió para
incorporar las Recomendaciones en materia de remuneración al
ordenamiento jurídico europeo. Así finalmente el 14 de
diciembre de 2010 se publicó la Directiva 2010/76/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se modificaban
las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE en lo que respecta los
requisitos de capital para la cartera de negociación y las
retitulizaciones y a la sujeción a supervisión de las política
remunerativas (en adelante, la Directiva CRD III o la
Directiva, indistintamente).
Pues bien, si atendemos a la fecha de publicación de la
Directiva 2010/76/UE, la fecha del contrato de García de
Paredes se firmó el 30 de diciembre 2010, y los otros
contratos de alta dirección son de octubre de 2010, teniendo
la Directiva aludida fecha de 24 de noviembre de 2010.
Dada la novedad e impacto de algunos de los aspectos
técnicos, la propia Directiva encargó al Comité de
supervisiones Bancarios Europeas la redacción, en base a los
principios establecidos por la misma, de una serie de
directrices en materia de política de remuneración y
específicamente:
-El establecimiento de criterios específicos que
permitan determinar los ratios apropiados entre el componente
fijo y el componente variable de la remuneración total; y
-La especificación de los instrumentos que pueden ser
elegidos como instrumentos en el sentido del punto 23, letra
144
o) inciso ii), del anexo V que reflejen de manera adecuada la
calificación crediticia de la entidad de crédito.
En este sentido, el 10 de diciembre de 2010 se publicó
la versión definitiva de la Guía sobre políticas y prácticas
de remuneración de CEBS.
Mediante la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía
Sostenible y, fundamentalmente, la Ley 6/2011, de 11 de abril,
por la que se modifican la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de
coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de
información de los intermediarios financieros, la Ley 24/1988,
de 28 de julio, del Mercado de Valores y el Real Decreto
Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del
derecho vigente en materia de entidades de crédito al de las
Comunidades Europeas se ha llevado a cabo la primera fase de
incorporación a nuestro ordenamiento de la Directiva CRD III.
El Real Decreto 771/2011, de 3 de junio, por el que se
modifica el Real Decreto 216/2008, de 15 de febrero, de
recursos propios de las entidades financieras y el Real
Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre fondos de
garantía de depósitos de las entidades de crédito, avanza en
el desarrollo de la transposición de la Directiva incluyendo
de forma prácticamente literal los requisitos relativos a la
política de remuneración establecidos en la Directiva CRD III,
añadiendo un nuevo capítulo, titulado “Política de
remuneración de las entidades de crédito”, al Real Decreto
216/2008, de 15 de febrero, de recursos propios de las
entidades financieras.
Este R.D. 771/2011 establece en cuantos a los requisitos
en la política de Remuneraciones, introducidas en el art. 76
quinquies del R.D 216/2008 lo siguiente en lo que atañe al
objeto de este procedimiento:
145
-Renuncia al uso de coberturas personales: Se exigirá a
las personas afectadas por la Directiva que se comprometan a
no utilizar estrategias personales de cobertura o seguros
relaciones con la remuneración y la responsabilidad, que
menoscaben los efectos de la alineación con el riesgo
incluidos en sus sistemas de remuneración.
-Rescisión anticipada y política de pensiones: Los pagos
por rescisión anticipada de un contrato se basarán en los
resultados obtenidos en el transcurso del tiempo y se
establecerán de forma que no recompensen los malos resultados.
Por su parte, la política de pensiones será compatible con la
estrategia empresarial, los objetivos, los valores y los
intereses a largo plazo de la entidad de crédito.
2.2 Diseño de los esquemas de remuneración
Los componentes variables de la remuneración deben crear
incentivos que se ajusten a los intereses a largo plazo de la
entidad y atender a los siguientes requisitos establecidos en
el artículo 76 sexies del Real Decreto 216/2008:
-Diferimiento de la retribución variable: Al menos el 40%
de la remuneración variable se diferirá durante un periodo
mínimo de tres años. Dicho porcentaje se eleva hasta, al
menos, el 60% en case de que la cuantía de la remuneración
variable supere de forma especialmente significativa la media
de la remuneración variable en el sector (siendo este uno de
los pocos cambios que introduce el Real Decreto respecto de la
Directiva, que se refería simplemente a "cuantías
especialmente elevadas").
-Abono de la retribución variable en acciones: Al menos el
50% de la remuneración variable, tanto diferida como no
diferida, se deberá abonar en acciones (o en intereses de
propiedad equivalentes, instrumentos vinculados con las
acciones, otros instrumentos no pecuniarios equivalentes u
146
otros instrumentos que reflejen la calificación crediticia de
la entidad). Los citados instrumentos deberán estar sometidos
a un periodo de retención.
-Equilibrio entre la retribución fija y la retribución
variable: Con el fin de minimizar los estímulos para una
asunción excesiva de riesgos, debe haber una relación
equilibrada entre los componentes fijos y los componentes
variables de la remuneración, de forma que el componente fijo
constituya una parte suficientemente elevada de la
remuneración total. El Banco de España podrá establecer
criterios específicos para la determinación de dicha relación.
-Criterios para la evaluación de resultados: La
evaluación de los resultados de los que depende la
remuneración variable deberá combinar los resultados del
empleado, de la unidad de negocio afectada y los resultados
globales de la entidad, todo ello en un marco plurianual que
tenga en cuenta los resultados a largo plazo de la entidad.
-Alineación de la retribución variable con el riesgo: Al
determinar la retribución variable se deberán tener en cuenta
todos los tipos de riesgos actuales y futuros, así como el
coste del capital y la liquidez necesaria.
-Compatibilidad con una base de capital sólida: Las
entidades financieras deberán cerciorarse de que el total de
la remuneración variable no limite su capacidad para reforzar
la solidez de su base de capital. En este contexto, el Banco
de España podrá exigir a las entidades de crédito que limiten
la remuneración variable en forma de porcentaje de los
ingresos netos totales cuando elle no sea compatible con el
mantenimiento de una base de capital sólida.
-Remuneración variable garantizada: La remuneración
variable garantizada deberá ser excepciones y aplicarse sólo
al primer año de empleo de personal nuevo.
147
-La remuneración variable, incluida la parte diferida,
sólo debe pagarse si resulta sostenible de acuerdo con la
situación de la entidad en su conjunto. A este respecto, el
Banco de España podrá fijar los criterios necesarios para
permitir que la remuneración variable se contraiga en función
de los resultados financieros negativos de las entidades de
crédito.
2.3 Entidades de crédito que reciban apoyo financiero
De forma adicional a los puntos anteriores, las entidades
de crédito que reciban apoyo financiero público deberá
cumplir, de conformidad con el artículo 76 septies del Real
Decreto 216/2008, los siguientes requisitos:
-Cuando la retribución variable sea incompatible con el
mantenimiento de una base sólida de capital y con una renuncia
oportuna al apoyo público se limitará estrictamente a un
porcentaje de los ingresos netos;
-En las entidades que se beneficien de apoyo financiero
público, la remuneración variables de los administradores y
directivos sólo será posible si a juicio del Banco de España
está adecuadamente justificada, y la remuneración total podrá
estar limitada por el propio supervisor. “LO CUAL EN MODO
ALGUNO SE CUMPLIÓ POR LOS ACUSADOS”.
3. REGIMEN TRANSITORIO DE LAS DISPOSICIONES SOBRE
POLÍTICAS DE REMUNERACIÓN
De acuerdo con la disposición transitoria sexta del Real
Decreto 216/2008, los nuevos requisitos en materia de
remuneración se aplicarán “a las remuneraciones concedidas y
aún no abonadas antes de la entrada en vigor de este real
decreto (5 de junio de 2011), referidas a servicios prestados
desde 2010 y hasta esa misma fecha”. Y los acusados altos
directivos desistieron unilateralmente de sus contratos
suscritos en 2010, y se les liquidó lo contenido en ellos en
septiembre de 2011.
148
De aquí que, dada la función de los acusados Altos
Directivos, parezca incompresible que el Asesor jurídico Sr.
Pradas, en sus informes a los órganos de gobierno y control
de las cajas nacidas de la fusión, expresara a la luz de lo
que lo dispuesto en el art. 76 quater del R.D. 771/2011 de 3
de junio, que dice literalmente en el capítulo XIII –Política
de remuneraciones de las entidades de crédito- “que las
entidades de crédito deberán aplicar los requisitos recogidos
en este capítulo a las categorías de empleados cuyas
actividades profesionales inciden de manera significativa en
su perfil de riesgo, a nivel de grupo, sociedad matriz, o
filial”; que este RD 771/2010, no les era aplicable.
Por otro lado a ninguno de los 4 altos directivos les
afectaba el pacto libre de Fusión. Basta ver el contrato de
25/10/2010 de Óscar Rodríguez Estrada donde se habla de
prorrogarse su contrato anterior de Alta dirección de 1999. El
de 20 de octubre de 2010 de Gorriarán Laza en el mismo sentido
en cuanto al contrato de García de Paredes Moro 30/12/2010 se
trata en su articulado siempre como un contrato de Alta
dirección regulado en el R.D 1382/ 1985 de 1 de agosto por el
que se regula la relación laboral del contrato de Alta
Dirección, suspendiéndose la relación laboral comunicando
dicho contrato de Alta Dirección.
Y en cuanto a José Luis Pego Alonso en el nuevo contrato
de alta dirección de 2010, se trata solamente eufemísticamente
de ratificar el contrato celebrado entre Caixanova y este
acusado el 13 de enero de 2005 ratificando sus condiciones y
actualizándolo en cuanto las nuevas funciones encomendadas en
la entidad nueva, nacida de la función a dicho acusado como
Director General.
En definitiva el Plan de Acuerdo laboral de fusión no se
les aplicaba a estos cuatro acusados.
Pero además existen otros elementos de prueba que abundan
en la voluntaria y decidida intención de los acusados de
149
incumplir la política de remuneración de Altos directivos, en
su propio beneficio y no en el de la entidad que gestionaban,
en el supuesto repetidamente expuesto, por ser muy lógico y
razonable, de que se prescindiera de sus servicios por los
nuevos órganos de administración y los nuevos inversores. Así
tenemos el tenor de la Recomendación anteriormente citada de
la Comisión Europea, conforme a lo dispuesto en “la
Disposición final 1.3 de la Recomendación "(. ..) invita a los
Estados miembros a que adopten, no después del 31 de diciembre
de 2009, las medidas necesarias para impulsar la aplicación de
la presente Recomendación y a que notifiquen las medidas
adoptadas de conformidad con esta para que la Comisión pueda
seguir de cerca la situación y evaluar sobre esta base la
necesidad o no de adoptar nuevas disposiciones."
Esta invitación fue atendida por el Banco de España, que
se mostró especialmente activo durante el segundo semestre de
2009 en el impulso de la adaptación a las nuevas políticas
retributivas de las entidades sometidas a su supervisión, que
con fecha 13 de Julio de 2009, dirigió una
carta a las entidades de crédito autorizadas, entre ellas
lógicamente a Caixa Nova y Caixa Galicia, en la que se
recomendaba seguir los nuevos principios sobre las políticas
de remuneración enunciados por el FSB. Concretamente, se
solicito de las entidades la realización de una
"autoevaluación" de las políticas retributivas vigentes al
objeto de determinar el grado de alineamiento de las mismas
con los nuevos principios y se sugirió adoptar e implementar
los nuevos principios antes del 31 de diciembre de 2009.
Posteriormente, con fecha 18 de diciembre de 2009, se
dirigió una segunda carta, ya con un tono mas directo, en la
que se esperaba de las entidades la adopción de los principios
del FSB antes de final de año, utilizando, a tal efecto, los
Estándares de Aplicación de los Principios del FSB, publicados
el 25 de septiembre de 2009.
150
El propio Banco de España afirmó en su Memoria de
Supervisión del año 2009 que "desde finales de 2009 se están
destinando recursos para verificar, en las entidades mas
grandes del pías, sus políticas retributivas y las
modificaciones que se está introduciendo”.
A todo lo expuesto sobre el conocimiento pleno que los
acusados tenían de las limitaciones de políticas retributivas
a altos directivos, que incumplieron, viene a refrendarlo, el
informe del Banco de España de 7 de Marzo de 2013, obrante
como prueba documental en autos, dirigidos a las Cortes
Generales sobre el efecto del Real Decreto-Ley 2/2012, de 3 de
febrero, y del resto de normativa aplicable sobre el cobro de
indemnizaciones, pensiones y remuneraciones percibidas por los
administradores y directivos de las entidades de crédito
inmensas en algún proceso de reestructuración o resolución,
que acerca de las directrices que se dieron a las entidades
financieras en materia de remuneraciones en los supuestos de
crisis económicas y financieras que se describen a
continuación y que obviamente se remitieron a los acusados en
su función de altos gestores de las entidades que se
fusionaros. Dicho informe de 7 de mayo de 2013 expresa:
“En paralelo a los trabajos del FSF, también en 2009, el
Comité Europeo de Supervisores Bancarios (CEBS por sus siglas
en inglés) –actualmente sustituido por la Autoridad Bancaria
Europea (EBA)- publicó sus “Principios de alto nivel para las
políticas de remuneración”, incidiendo en la alineación de
éstas con los objetivos e intereses de la entidad a largo
plazo, en su vinculación a los riesgos y resultados, así como
en la transparencia, de aplicación a todas las entidades de
crédito y empresas inversión.
Estos principios y reglas no tratan de regular los
importes a percibir sino la forma en que se establece el
devengo y pago de esos importes y se focalizan fuertemente en
la retribución variable y en los beneficios retributivos
discrecionales.
151
Como consecuencia de seas recomendaciones, el Banco de
Espña, en sendos escritos de 31 de Julio y 11 de noviembre de
2009,dirigidos a las asociaciones sectoriales de crédito,
comunica el contenido de los documentos del FSF y del CEBS, a
la vez que esperaba una temprana adaptación de este nuevo
marco que acabaría implantándose en la regulación española.
Coincidiendo con la publicación de los Principios del
FSB, la Comisión Europea emitió las recomendaciones
2009/384/CE y 2009/385/CE sobre las políticas de remuneración
en el sector financiero y sobre las remuneraciones de los
consejeros de las sociedades cotizadas, respectivamente. En
noviembre de 2010 la Unión Europea publicó la Directiva
2010/76/UE (la “Directiva CRD III”), que desarrolla
legislativamente los Principios del FSB y los incorpora dentro
de la normativa de solvencia, en el ámbito de la organización
y el tratamiento de riesgos.
Derivado de la Directiva, y siguiendo el encargo
específico en ella contenido, el CEBS (actualmente EBA)
publicó en diciembre de 2010 las “Guías sobre prácticas y
políticas de remuneración”, que constituyen hasta ahora el
documento básico para la interpretación e implementación de
los principios y normativa internacional sobre remuneraciones
en el seno europeo.
En España, las primeras medidas legislativas en esta
materia se recogen en: (i) la Ley de 2/2011, de 4 de marzo, de
Economía Sostenible; (ii) la Ley 6/2011 de 11 de abril, por la
que se modifican la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de
coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de
información de los intermediarios financieros, la Ley
24/19888, de 28 de julio, del Mercado de Valores y el Real
Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de julio, sobre
adaptación del derecho vigente en materia de entidades de
crédito al de las Comunidades Europeas; y (iii) el Real
Decreto 771/2011, de 3 de junio, por el que se modifica el
Real Decreto 216/2008, de 15 de febrero, de recursos propios
de las entidades financieras, que transpuso a la legislación
152
española la Directiva CRD Ill y facultó expresamente al Banco
de España a revisar las políticas de remuneración de las
entidades de crédito y a exigir que dichas políticas y
prácticas fueran coherentes con la promoción de una gestión
del riesgo sólida. También se determine que las obligaciones
en materia de remuneración se equiparen al cumplimiento de las
obligaciones de control interno, lo que supone que el Banco de
España queda facultado para adoptar medidas supervisoras y
sancionar los incumplimientos en la materia.
El núcleo esencial de la nueva normativa española sigue
la línea internacional en la materia y se dirige a tratar de
alinear la política de remuneraciones con una gestión prudente
del riesgo a impedir que dichas políticas, que son una de las
principales palancas para la materialización práctica de las
estrategias de las entidades, puedan influir negativamente en
la asunción de riesgos inadecuados, estableciendo: (i) que el
Consejo de Administración, responsable directo en la materia
sea el órgano competente en la aprobación de las políticas y
practicas de remuneración; (ii) que las políticas y practicas
de remuneración sean compatibles con una gestión adecuada y
eficaz del riesgo, para lo que se incide fundamentalmente en
la parte variable de la retribución (trasponiendo literalmente
los requisitos establecidos en la Directiva) y, con un escaso
desarrollo y detalle, en las rescisiones anticipadas de los
contratos y en las aportaciones discrecionales a fondos de
pensiones y similares.
Asimismo, la nueva normativa española incide en la
transparencia, desarrollando la información sobre
remuneraciones que las entidades deben proporcionar, tanto de
manera pública coma reservada. A estos efectos, se exigió a
las entidades -y a sus grupos- que hubieran recibido apoyo del
FROB, que hicieran pública la información individualizada y
detallada de las retribuciones de todos los consejeros y
directivos que formaran parte del comité de dirección, todo
153
ello con sujeción a la normativa sobre protección de datos de
carácter personal.
Además de las líneas de actuación anteriormente
descritas, la nueva regulación española introdujo algunos
requisitos específicos para las entidades con ayudas del FROB
en cuanto a la retribución variable, determinando que dicha
retribución ha de ser compatible con el mantenimiento de una
sólida base de capital y que, para el colectivo identificado,
su pago requiere la autorización del Banco de España.
Todas estas normas implicaron la necesidad de que las
entidades sujetas a su ámbito de aplicación debieran modificar
los contratos laborales o mercantiles que estaban en vigor, a
fin de adaptarlos a lo dispuesto en la nueva normativa.
Por tanto, las retribuciones de las entidades con apoyo
público del FROB, antes de la entrada en vigor del RD-ley
2/2012 y del RD-ley 3/2012, no tenían otras limitaciones
diferentes a las siguientes: (i) que las retribuciones se
alinearan con una política prudente de riesgos y favorecieran
una sólida base de capital; (ii) que se adaptaran a las
recomendaciones de la Comisión Europea (compromiso con el
FROB); (iii) que fueran autorizadas por la comisión de
retribuciones y el consejo de administración (responsables
directos de las políticas y prácticas de remuneración); (iv)
que el pago de la retribución variable de 2011 al colectivo
identificado requería la autorización del Banco de España; y
(v) que las retribuciones tuvieran la debida transparencia.
5.2 Límites a la retribuciones máximas:
A- Entidades participadas mayoritariamente por el FROB.
A.1. Miembros no ejecutivos de los órganos colegiados de
administración: la retribución fija bruta anual máxima por
todos los conceptos será de 50.000€. No existirá retribución
154
variable durante el ejercicio 2012 y mientras persista la
participación mayoritaria del FROB.
B- Entidades que reciban apoyo financiero público.
B.1. Miembros no ejecutivos de los órganos colegiados de
administración: la retribución fija bruta anual máxima por
todos los conceptos será de 100.000€.
B.2. Miembros ejecutivos de los órganos colegiados de
administración y altos directivos: la retribución fija bruta
anual máxima por todos los conceptos será de 500.000€. La
retribución variable anual máxima para los directivos que
prestaban servicios con anterioridad al apoyo del FROB no
podrá exceder el 60% de la retribución fija bruta anual. Para
los directivos contratados con posterioridad o simultáneamente
a la recepción de apoyo financiero, podrá alcanzar el 100% de
la retribución fija bruta anual, previa aprobación del Banco
de España.
Para ambos colectivos, el comienzo de la percepción de
la retribución variable se diferirá tres años desde su
devengo, condicionándose en todo caso a la obtención de los
resultados que, en relación con el cumplimiento del plan
elaborado para la obtención del apoyo financiero, justifiquen
su percepción. En todo caso, corresponde al Banco de España
autorizar expresamente la cuantía, devengo y abono de
cualquier retribución variable para ese colectivo.
5.3 Indemnización máxima por terminación del contrato:
A. Entidades participadas mayoritariamente por el FROB:
no podrá superar el importe menor de las siguientes
cantidades: 600.000€ (es decir, dos veces la retribución fija
máxima de 300.000€ prevista en el artículo 5.3 del RD-ley
2/2012) o dos años de la remuneración fija estipulada.
155
B. Entidades que reciban apoyo financiero público: no
podrá superar el importe menor de las siguientes cantidades:
1.000.000€ (es decir, dos veces la retribución fija máxima de
500.000€ prevista en el artículo 5.3 del RD-ley 2/2012) o dos
años de la remuneración fija estipulada.
Asimismo, la Orden establece que el contrato o los
acuerdos de los directivos y administradores incluidos en su
ámbito de aplicación, deberán garantizar que el pago de dichas
indemnizaciones se ajustará a lo dispuesto en el artículo 76
quinquies. 1.h) 1º del Real Decreto 216/2008, de 15 de febrero
–“los pagos por rescisión anticipada de un contrato se basarán
en los resultados obtenidos en el transcurso del tiempo y se
establecerán de forma que no recompensen los malos
resultados”-, incluyendo cláusulas que condicionen y, en su
caso, extingan, el derecho a la percepción de indemnizaciones
en función de la solvencia y los resultados de la entidad.”.
DÉCIMO.- Nada de esto se cumplió mediante la intervención
de cada uno de los acusados. En conclusión todos estos
elementos probatorios avalan y vienen a corroborar lo ya
expuesto desde un aspecto de la lógica más elemental, y es que
el otorgamiento y suscripción de los nuevos contratos de alta
dirección en 2010 cuando se hizo el proceso de fusión, sólo
puede obedecer a mejorar las condiciones económicas de los
acusados para el caso de cesar en sus funciones, respecto a
los contratos de alta dirección que ya tenían, pues otra
explicación no puede tener y se insiste en ello nuevamente, ya
que para quedar en una posición idéntica a la que tenían no
hacía falta celebrar un nuevo contrato o “complemento” como lo
denominan los acusados; y para quedar en peor condición
económica, menos, máxime a tenor de las pruebas practicadas
respecto a su negativa a devolver parte de lo abonado. Luego
la conclusión no puede ser otra que mejorar su posición
económica. Pero además para mayor corroboración de esta
156
conclusión, se han producido otras pruebas que señalamos a
continuación.
Estos elementos probatorios a los que hacemos referencia
son las pruebas periciales, practicadas en el juicio oral a
instancia de las acusaciones, referidas el informe pericial
obrante a los folios 2516 y siguientes de fecha 30/08/2013
emitido por el inspector de Entidades de Crédito del Banco de
España, D. Antonio González Ruiz; y el informe pericial
obrante a los folios 2545 y siguientes realizado por la
Inspectora de Seguros del Estado, Dª Yeni García Martín. Ambos
informes, ratificados en el acto del juicio oral; a juicio del
Tribunal tienen una mayor credibilidad como ya se ha
anticipado, que los informes periciales de las defensas,
realizados por D. Rubén Manso Olivar y D. Javier Fernández
Plasencia, presentados como contraprueba de las periciales
citadas de las acusaciones y que han sido sometidos
conjuntamente a contradicción en el acto de la vista oral.
Esta mayor credibilidad se deriva de que en realidad las
objeciones realizadas al informe de Yeni García Martín han
sido simples matizaciones por parte esencialmente del perito
Javier Fernández Plasencia, quien llegó a reconocer que
aparentemente hay una mejora con los nuevos contratos de alta
dirección para la prejubilación, aunque no para la jubilación,
haciendo también una serie de matizaciones, mezclando las
pólizas colectivas de seguros de los empleados de la entidad,
con las pólizas individuales suscritas por Caixa Nova Galicia
para cada uno de los cuatro altos directivos, lo cual daba la
sensación de querer introducir un factor de confusión una vez
reconocido la existencia de mejoras, si bien la perito de la
acusación, Inspectora de Seguros del Estado rebatió con
claridad los factores de dudas que iba introduciendo el perito
Fernández Plasencia, el cual a cada intento de atacar el
informe de la Inspectora de Seguros, ella rebatía con toda
claridad y rotundidad aclarando cualquier duda que pudiera
surgir.
157
Centrando lo que fue el objeto de la pericia de la
Inspectora de Seguros del Estado que se acepta plenamente, su
pericia se ciñó a lo siguiente: "cálculo actuarial sobre el
mayor coste que ha supuesto para NOVACAIXAGALICIA la
suscripción de pólizas individuales de aseguramiento con la
compañía CASER en el mes de noviembre de 20I1 y las
modificaciones habidas que se deriven de los contratos de alto
dirección sucritos en octubre de 2010, entre la entidad
crediticia y los imputados, beneficiarios, José Luis Pego
Alonso, Gregorio Gorriarán Laza, Oscar Nelson Rodríguez
Estrada, Javier García de Paredes y D. Julio Fernández Ganoso.
Asimismo, el perito debería extender su informe sobre si
los conceptos pensionables reconocidos a los altos directivos,
en virtud del Plan de Pensiones de CAIXANOVA y de su póliza
individual de aseguramiento, eran igual que los del resto de
la plantilla”.
En este informe pericial se describen los elementos y
documentos tenidos en cuenta en lo que a los hechos
enjuiciados se refiere, y se recogen en dicho informe (folios
2550 y siguientes), debiendose reseñar lo siguiente.
“III.- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE PREVISIÓN SOCIAL
COMPLEMENTARIA DE LA CAJA PREVIO A LA FUSION
De forma resumida, el esquema es el siguiente:
-La Caja es promotor del Plan de pensiones de empleo
Personal Caixanova PP. El plan esta totalmente asegurado,
entre otras, a través de la póliza nº 54.562 suscrita con
CASER.
-Los compromisos que no caben en el plan de pensiones
debido a limites financieros se cubren a través de la póliza
nº 52.919 aplicable con carácter general a todos los
participes del plan. Esta póliza suscrita por la Caja/Banco
cubre tanto jubilación como los riesgos de fallecimiento e
invalidez en activo.
158
-Existe además la póliza nº 52.920 que cubre prestaciones
para 2 empleados, uno de ellos es Gregorio Gorriarán Laza.
-La Caja/Banco tiene suscritas con CASER las siguientes
pólizas individuales:
-Póliza nº 54.525 asegurado: José Luis Pego Alonso (JLP).
-Póliza nº 54.526 asegurado: Oscar Rodríguez Estrada
(ORE).
-Póliza nº 54.527 asegurado: Gregorio Gorriarán Laza
(GGL).
-Póliza nº 54.695 asegurado: Javier García Paredes (JGP).
-Póliza n° 53.587 asegura a Julio Fernández Gayoso (JFG),
jubilado desde el año 2006.
A través de las pólizas individuales nº 54.525, nº 54.526
y nº 54.527 se cubre, con carácter general, además de lo que
no cabe en el plan por limites (anteriormente cubierto en la
nº 52.919 o n° 52.920), otros conceptos/cuantías no incluibles
en el plan, hasta llegar al denominado salario real. La
configuración de las pólizas de Gregorio Gorriarán Laza y
Javier García de Paredes tiene ciertas especificidades, con
respecto al resto de directivos, expuestas a lo largo del
presente Informe.
III.1 PLAN DE PENSIONES
El Plan de pensiones Personal Caixanova PP, anteriormente
denominado Personal Caixavigo, ha experimentado a lo largo del
tiempo diversas modificaciones en sus especificaciones y base
técnica según se indica a continuación. Con independencia de
que puedan existir versiones posteriores, la versión más
reciente sobre la que se basa el presente Informe es de
15/12/2011.
Dentro del plan de pensiones del Personal Caixa Nova cada
acusado pertenecía a un subplan.
Dicho informe contiene un numeroso estudio de cada uno de
los contratos de alta dirección y sus modificaciones, así como
de los contratos de Alta dirección realizados con motivo de la
159
fusión, así como las pólizas individuales de cada acusado y
sus características. Y por último estudia los conceptos
salariales personables, llegando a la siguiente conclusión:
“SEXTA
En el apartado VIII del presente informe se recoge la
información sobre la segunda parte del requerimiento judicial,
consistente en informar si los conceptos pensionables
reconocidos a los altos directivos, en virtud del Plan de
Pensiones de CAIXANOVA y de su póliza individual de
aseguramiento eran iguales que los del resto de la plantilla.
Del análisis realizado y considerando la información
aportadas por el Banco, se podría concluir que los conceptos
pensionables reconocidos a los altos directivos José Luis Pego
Alonso, Óscar Nelson Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán
Laza en virtud del plan de pensiones, eran iguales que los del
resto de la plantilla.
No obstante, lo anterior se desvirtúa en el momento en
que se suscriben las pólizas individuales, dado que en ellas
se incluyen conceptos salariales (Plus Convenio y RCR Fija) no
permitidos en las pólizas colectivas aludidas por ser estas
complementarias del plan de pensiones.
Cabe señalar que Javier García de Paredes no pertenece al
Plan de Pensiones.”.”.
Al mismo tiempo la perito aludió al derecho de rescate,
la recapitalización de la renta y sobre todo lo que llamó
derecho de veto en referencia a que no puede modificarse la
póliza individual sin el consentimiento del asegurado, lo cual
el perito Sr, Plasencia reconoció que era una mejora, pero a
su juicio matizó que era razonable, diciendo además la perito
de la acusación que en las pólizas individuales está incluido
la RCR parte fija, mejora económica respecto a la póliza
colectiva, hecho reconocido por el perito Plasencia, aunque
luego matizó que no se había dotado por ello, lo que a su
juicio hacía decir que no estaba ese concepto en las pólizas
individuales, criterio que el Tribunal no comparte, pues una
cosa es que no se provisione, y otra que no exista, lo cual es
160
plenamente factible teniendo en cuenta que ya hay unos
gestores y administradores distintos, que recibieron del Banco
de España las recomendaciones oportunas a tal efecto.
Asimismo, hemos de hacer referencia a la prueba pericial
practicada en el juicio oral (informe obrante en folio 2516 y
siguientes, por el perito del Banco de España, Inspector de
entidades de crédito, Antonio González Ruiz, cuyo objeto
pericial fue:
1) Evolución cuantitativa y cualitativa de las
remuneraciones de los querellados José Luis Pego Alonso.
Gregorio Gorriarán Laza, Oscar Nelson Rodríguez Estrada y
Javier García de Paredes Moro, desde el año 2006 hasta la
fecha de extinción de su relación laboral y sobre el
conocimiento formal de las mismas par parte del Órgano
supervisor.
2) Sobre la procedencia de las liquidaciones
practicadas a las personas antes citadas, atendiendo al punto
4.c) de la escritura de emisión y suscripción de
participaciones preferentes de fecha 21 de diciembre de 2010,
a las Recomendaciones de la Comisión Europea de fecha 30 de
abril de 2009, a la Circular del Banco de España (CBE) 4/2011
de 30 de noviembre, que modifica aspectos sustanciales de la
CBE 3/2008, al Real Decreto 771/2011 de 3 de junio), así como
a la evolución de la situación patrimonial de la entidad
crediticia durante el ejercicio 2011, analizando sus causas.
Importes concretos que en concepto de retribuciones variables
y blindajes han percibido los ex altos directivos de
NOVACAIXAGALICIA y análisis de si los conceptos retributivos
abonados a los altos directivos en sus liquidaciones son
iguales diferentes a los del resto de prejubilados de la
entidad crediticia.
Dicho informe analiza cada uno de los contratos de alta
dirección suscritos por cada acusado hasta el último del año
2010, que conllevó el desistimiento unilateral de la relación
161
laboral de cada uno de los altos directivos. El informe recoge
los hechos relevantes y a puestos de relieve consistentes en
la capitalización de la renta vitalicia de prejubilación; sin
aplicar la tasa de descuento para no contemplarse en los
contratos. Así como, lo dotado en 2011 para el caso
prejubilación expuesto en el presente cuadro:
Millones de euros
Bruto Prej. Pensiones Bruto + Pension
D. Jose Luis Pego
7,73
3,99
11,72
D. Oscar Rodriguez
0,69
0,00
0,69
D. Gregorio Gorrilaran
4,83
2,80
7,63
D. Javier Garcia
de Paredes
5,68
4,23 9,91
Total 18,94 11,03 29,97
Resaltando que fue en el Consejo de Administración de NCG
de 25 de agosto de 2011, el único en el que se trató el tema de
los nuevos contratos de alta Dirección suscritos en el 2010, en
cuyo Consejo se aprobó la propuesta de la comisión de
retribuciones y nombramiento de 4 de agosto de 2011.
También interesa destacar de este informe el siguiente
apartado:
“2.1 Procedencia de las liquidaciones practicadas
atendiendo al punto 4.c) de la escritura de emisión y
suscripción de participaciones preferentes de fecha 21 de
diciembre de 2010 y a las Recomendaciones de la Comisión
Europea de fecha 30 de abril de 2009.
A tal fin dicho informe recoge lo siguiente:
162
“En el punto 4.1 de la escritura de emisión y suscripción
de participaciones preferentes de 21 de diciembre de 2010, por
importe de 1.162 millones de euros, la entidad emisora.
Novacaixagalicia se comprometía a recomprar las
participaciones preferentes tan pronto como estuviera en
condiciones de hacerlo en los términos comprometidos en el
Plan de integración aprobado por el Banco de España. El punto
4.2 c) de la misma escritura recogía el compromiso de NCG a
"ajustar las políticas de retribución de sus altos directivos
a los criterios señalados por la normativa comunitaria
aplicable y a la dispuesto par la Comisión Europea en sus
Recomendaciones de 30 de abril de 2009 y en sus posteriores
modificaciones". A la fecha del otorgamiento de la citada
escritura, 21 de diciembre de 2010, existían en el ámbito
europeo una directiva, la 2006/48/CE, quo no es aplicable
hasta su transposición al derecho español, y las citadas
Recomendaciones de la Comisión Europea de 30 de Abril de 2009.
Es por ello que este perito entiende que el compromiso de
ajuste de las políticas de remuneraciones expresado en la
citad escritura se ciñe al cumplimiento de las Recomendaciones
de 30 de abril de 2009, por lo que éstas se tratarán
conjuntamente con el punto 4.c) de la escritura de emisión y
suscripción de participaciones preferentes.
Las Recomendaciones a que se refiere la escritura son la
Recomendación de la Comisión 30 de abril de 2009 sobre las
políticas de remuneración en el sector de servicios
financieros y la Recomendación de la comisión de 30 de abril
de 2009 que complementa las Recomendaciones 2004/913/CE y
2005/162/CE en lo que atañe al sistema de remuneración de los
consejeros de las empresas que cotizan en bolsa”. Sin embargo,
el Tribunal entiende que las Directivas pueden ser aplicadas
conforme a la doctrina más cualificada del TJUE, por los
tribunales de la UE, independientemente de su trasposición al
derecho interno , puesto que el derecho emanado de la UE forma
163
parte integrante del ordenamiento jurídico de los estados
miembros.
En lo que se refiere a las liquidaciones realizadas a los
cuatro directivos, se han de considerar dos elementos, a
juicio del perito autor de este informe:
“A) Los pagos contractuales por amortización anticipada
(blindajes), que según las citadas Recomendaciones no deben
superar un importe establecido o un determinado número de años
de remuneración anual, por lo general no más de dos años del
componente fijo de la remuneración o su equivalente.
Entendemos que más de dos años sería por tanto una excepción
que se justificaría únicamente en casos de una gestión o unos
resultados especialmente positivos, por lo que no sería
aplicable como se explicará más adelante al analizar la
situación patrimonial de la entidad. Además deben guardar
relación con los resultados obtenidos por el entidad en el
transcurso del tiempo y han de diseñarse de modo que no
recompensen los fallos, circunstancia que no se produce
tampoco, pues no se modificó ningún contrato de alta dirección
ni ninguna política para adaptarse a las Recomendaciones.
B)La conversión de la Retribución Complementaria por
Resultados, parte fija en componente fijo en el caso de los
tres directivos procedentes de Caixa Nova realizad en las
modificaciones de los contratos de octubre de 2010. Se suscita
la cuestión de si estarían incluidos en dicha medida los
citados directivos, pues si bien se modificaron sus contratos
en octubre de 2010, ello se hizo al amparo del llamado Pacto
Laboral de Fusión y que dicho pacto no afectaba a los altos
directivos, resultaría discutible la legitimación del
apoderado del consejo de administración para incluir dicha
cláusula en los contratos de los tres directivos.
A) En relación a las indemnizaciones por cese cabe distinguir
dos casos, el de Francisco Javier García de Paredes, cuyo
contrato se celebró el 31 de diciembre de 2010, una vez el
FROB había suscrito las participaciones preferentes y NCG se
164
había comprometido a ajustar sus políticas de remuneraciones
a las Recomendaciones de la Comisión Europea; y el de los
tres directivos procedentes de Caixa Nova, cuyo contrato era
anterior al contrato de suscripción de preferentes por parte
del FROB. En todo caso ciertamente la entidad se comprometía
a “ajustar las políticas de retribución de sus altos
directivos a los criterios señalados por la normativa
comunitaria aplicable y a lo dispuesto por la Comisión
Europea en sus Recomendaciones de 30 de abril de 2009 y en
sus posteriores modificaciones”, criterios y condiciones que
ya debía conocer cuando se produjo la aprobación de la
adquisición por parte del FROB de las participaciones
preferentes el 29 de junio de 2010. No existe constancia de
que se produjera el citado ajuste.
Así, JGP percibió en la liquidación 5.613.988,93 €, que
superaban ampliamente el límite de dos anualidades, que hubiera
supuesto una cantidad de 428.673,70 multiplicado por dos, es
decir, 857.347,40 € Habría por tanto un exceso liquidado de
4.756.641,53€.
En el caso de los tres directivos procedentes de Caixa
Nova, Oscar Rodríguez Estrada percibió en su liquidación no más
de dos anualidades de retribución fija, por lo que se ajustaría
a la normativa en cuestión. No sería así en los casos de JLPA y
GGL.
JLPA tenía en el ejercicio 2011 un salario anual fijo de
627.625,38 euros, incluyendo la RCRf, por tanto si la
indemnización total hubiese consistido en dos anualidades,
hubiera sido de 1.255.250,76 euros, es decir, 6.476.237 euros
menos de lo que percibió, antes de impuestos.
GGL tenía en 2011 un salario fijo anualizado de 432.079,64
euros, por lo que dos anualidades ascendían, incluyendo la
165
RCRf, a 864.159,29 euros, que serían 3.969.345,31 euros menos
de lo percibido ante de impuestos.
B) En lo que se refiere a la RCRf, excluido el caso de
JGP, que no percibió este componente de su salario, dado que
procedía de Caixa Galicia, se calcula qué parte de las
indemnizaciones por cese correspondería a este componente.
Dado que, como se señala anteriormente, la RCRf era 1,5
veces la suma de salario base, antigüedad, plus por caja de más
de 100 millones y plus de categoría; las cantidades que habrían
cobrado los directivos si se hubiera mantenido en 2011 serían:
JLPA: 11.119,91 €
ORE: 9.936,12 €
GGL: 9.936,12 €
Por tanto, en caso de que se determinara que no tenía
derecho a su percepción, las cantidades nominales que deberían
devolver serían:
JLPA: 11.119,91€ X 10,6 años= 117.871,05€
ORE: 9.936,12€ X1,5 años= 14.904,18€
GGL: 9.512,54€ X 9,5 años = 90.369,13€
Lógicamente, si se determinara que las cantidades
correspondientes deberían ser ajustadas por un tipo de interés
de descuento, éste debería aplicarse en la misma medida sobre
este concepto.
2.2 Procedencia de las liquidaciones practicadas a las
personas antes citadas atendiendo a la Circular del Banco de
España (CBE) 4/2011 de 30 de noviembre
En la CBE 4/2011 se establece que las entidades deberán
reducir de forma considerable la remuneración variable cuando
la entidad obtenga unos resultados financieros mediocres o
166
negativos, teniendo en cuenta tanto la remuneración actual
como las reducciones en los pagos de cantidades previamente
devengadas. En este último supuesto, dicha reducción se
realizará a través de mecanismos de reducción de la
remuneración o de recuperación de retribuciones ya
satisfechas. Fija a continuación criterios par evaluar la
mediocridad de los resultados (tendencia a la baja, grado de
consecución de los objetivos presupuestados, comportamiento de
los resultados del conjunto de la entidad). Establece además,
par las entidades que para su reestructuración o saneamiento
hayan recibido apoyo financiero público aunque no haya sido
restituido en su integridad, deberán dar prioridad a la
creación y mantenimiento de una base sólida de capital y a la
devolución de la ayuda pública recibida, por lo que no podrán,
salvo que se justifique adecuadamente ante el Banco de España,
satisfacer remuneración variable a sus administradores. Somete
a la previa autorización del Banco de España, tras escrito
justificativo de la entidad en el que se contenga información
suficiente sobre la propuesta de devengo y liquidación de la
retribución variable, el pago de la retribución variable.”.
El citado informe pericial establece algo que resulta
tremendamente significativo en las cuentas de N.C.G y es que,
“formalmente N.C.G. arrojó un resultado positivo hasta
septiembre de 2011”; cuando se producen los desistimiento.
Ahora bien el banco creado, al que se traspasó la gestión
estrictamente bancaria (BNCG), al cierre del ejercicio 2011,
en Diciembre de 2011, arrojó pérdidas por 186 millones de
euros; y además curiosamente los desistimientos unilaterales
de los acusados, se produjeron dos meses antes
aproximadamente, de la citada circular del Banco de España.
También recoge dicho informe pericial la procedencia de
haber aplicado a las liquidaciones de los Contratos de Alta
Dirección el RD 771/2011 de 3 de junio, que el acusado Pradas
Montilla dijo al Consejo de Administración y la Comisión de
Remuneraciones, que no era aplicable, resaltando en el informe
pericial analizado dos aspectos que a juicio del Tribunal son
167
plenamente coherentes con la situación financiera de la
entidad resultante de la fusión, y que se incumplieran
plenamente en la liquidación que se efectuó de los contratos
de 2010. Así dice el informe:
“Relevantes a efectos de la liquidación entendemos que
serían: la evacuación de resultados en un marco plurianual,
para garantizar que el proceso de evaluación se basa en los
resultados a largo plazo y que tiene en cuenta el ciclo
económico subyacente de la entidad de crédito y sus riesgos
empresariales; el hecho de que el total de la remuneración
variable no debe limitar la capacidad de la entidad para
reforzar la solidez de su capital; el darle a la remuneración
variable garantizada un carácter excepcional y restringir su
aplicación sólo al primer año de empleo del personal nuevo; la
necesidad de hacer un ajuste por riesgos actuales y futuros al
evaluar los resultados al objeto de calcular los componentes
variables. Si la entidad de crédito en cuestión ha recibido
apoyo financiero público para su reestructuración o
saneamiento, además debe cumplir otros dos requisitos: por una
parte, si la remuneración variable es incompatible con el
mantenimiento de una base sólida de capital y con una renuncia
oportuna al apoyo público se limitará estrictamente a un
porcentaje de los ingresos netos; por otro lado, los
directivos que efectivamente dirigían la actividad de la
entidad no percibirán remuneración variable salvo que se
justifique adecuadamente, a juicio del Banco de España.
Entendemos que esta norma, que sí estaba en vigor cuando
se realizaron las liquidaciones por desistimiento de los
directivos supeditaba, para las entidades que hubieran
recibido apoyo financiero público para su reestructuración o
saneamiento, el pago de remuneración variable a que se
justificar adecuadamente a juicio del Banco d España, hecho
que no se produjo. Por tanto, las cantidades percibidas en las
liquidaciones como retribución variable no eran procedentes de
acuerdo a esta norma:
168
Retribución variable
José Luis Pego Alonso 933.156,00
Óscar Rodríguez Estrada 225.000,00
Gregorio Gorriarán Laza 580.986,00
Francisco Javier Gª de
Paredes
100.000,00
El otro aspecto relevante de la norma, relativo a los
pagos por rescisión anticipada de un contrato que se debían
basar en los resultados obtenidos en el transcurso del tiempo,
estableciéndose de forma que no recompensaran los malos
resultados, entendemos que requiere un análisis más detallado.
En el contexto de dicha norma, la evaluación de los resultados
debía realizarse en un marco plurianual, para garantizar que
el proceso de evaluación se basase en los resultados a largo
plazo y tuviese en cuenta el ciclo económico subyacente de la
entidad de crédito y sus riesgos empresariales.”.
Llegando a una conclusión después de un análisis
pormenorizado de la evolución patrimonial de las dos cajas
fusionadas de que la evolución de la situación patrimonial
hasta la creación del Banco era muy negativa. Así señala: “El
informe pericial 30.09.2011 por la Comisión Rectora del FROB y
que fijó su porcentaje de participación en el 93,16%, para una
participación de 2.475 M€, con lo que la entidad se había
valorado en 2.657 M€. NCG, que sin la entrada del FROB en el
capital hubiera ostentado el 100% de las acciones de la
entidad, pasaba a tener el 6,84% del capital de NCG Banco. La
realidad reflejaba pues que la caja fusionada, una vez
realizado el traspaso de activos y pasivos a NCG Banco, S.A.,
tenía un patrimonio muy inferior al de partida, pues de tener
derecho al 100% de lo que produjera para sus accionistas NCG
Banco, la valoración reflejaba que sería un socio minoritario
con un interés de sólo el 6,84%. La evolución de la situación
patrimonial era, por tanto, muy negativa. Adicionalmente, a
169
cierre de 2011, NCG Banco, S.A., presentó unas pérdidas de
explotación de 148,7 M€ y un resultado antes de impuestos de-
239,2 M€, siendo el resultado neto de – 186,2M€.
A la luz de la situación patrimonial expuesta, resulta
bastante congruente la decisión de la dirección de NCG Banco
de no pagar retribución variable a la plantilla en el
ejercicio 2011, con lo que en las liquidaciones de los cuatro
directivos resultaría procedente no haber incluido este
concepto correspondiente a 2011.
Resulta, a juicio del perito autor del presente informe,
mucho más sorprendente que cuando el deterioro de la situación
patrimonial de la caja debía ser evidente para los cuatro
directivos querellados por la posición que ocupaban en la
caja, no hubiera ninguna iniciativa de éstos para contribuir
al plan de negocio con alguna rebaja en las indemnizaciones
por cese que recibirían durante el mes de septiembre, por un
total de 18,94 M€, que suponían en conjunto en torno al 10% de
la valoración del patrimonio de la entidad.”.”
Este informe pericial, a juicio del Tribunal confluye
junto con el resto de las pruebas de la acusación, que son
acogidas, a considerar que estamos ante una auténtica
administración desleal, pues pone de relieve que los conceptos
retributivos que integraban la compensación por prejubilación
de los empleados de la entidad no coinciden con las
liquidaciones efectuadas a los cuatro acusados como altos
directivos, derivadas de sus contratos de 2010. Así respecto a
las liquidaciones realizadas a los altos directivos dice el
informe: “Si bien los conceptos fijos de la retribución eran
similares para la plantilla acogida al proceso de
prejubilaciones (que llamaremos prejubilados generales) y para
los altos directivos, lógico por otra parte, pues los
contratos de alta dirección definían las remuneraciones a
partir de los conceptos generales de las cajas, con un número
170
igual de pagas, la principal diferencia residía en los
componentes variables percibidos en la liquidación cero en el
caso de los prejubilados generales y la cantidad definida en
el contrato de los altos directivos para los casos de
prejubilación o desistimiento.
Por conceptos, los altos directivos recibieron dentro de
la liquidación un múltiplo de la retribución variable en
función del número de años que les restaban para llegar a la
edad de jubilación, un pago conceptualmente variable. Los
prejubilados generales no percibieron cantidad alguna en
concepto de retribución variable en el marco del expediente de
regulación de empleo en el que se definieron sus condiciones.
La que había sido retribución complementaria por resultados,
parte fija, se transformaba en retribución fija en el acuerdo
de 29 de noviembre de 2010, en el “acta final del período de
consultas con acuerdo de expediente de regulación de empleo de
las entidades Caixa Galicia y Caixa Nova”, como paso previo al
proceso de prejubilaciones, por tanto la compensación por
prejubilación no alcanzaba a la retribución variable, como sí
se produjo en el caso de los directivos con contratos de alta
dirección.
Las condiciones de prejubilación para los prejubilados
generales, por un lado y las de desistimiento de los altos
directivos por otra fueron muy diferentes:
-Para los prejubilados generales, la compensación
consistía en el 85% de la retribución bruta fija anual a
percibir en el periodo que le hubiera correspondido en caso de
haber continuado en activo, hasta la edad de 64 años,
incrementada en el 85% del valor en el momento de la
prejubilación de los trienios completos que le hubieran
correspondido de continuar en activo hasta los 54 años y
171
descontando de la misma la cuota de la Seguridad Social a
cargo del empleado o empleada.
Además, había un limite en la compensación percibida en
las prejubilaciones según el cual no se podría percibir una
cantidad neta superior al 98% del salario neto fijo anualizado
del mes anterior a la prejubilación. Las cantidades a percibir
por los prejubilados se incrementarían un 1,65% anual.
-En el desistimiento de los altos directivos, la compensación
por prejubilación consistía en el 100% de la definida como
retribución fija anualizada del mes anterior al desistimiento
y hasta la edad de 65 años, sin límite alguno, más una
compensación variable que tomaba como referencia la
remuneración variable mas alta de los tres años anteriores al
cese. Las cantidades a percibir como renta vitalicia por los
directivos se incrementarían en el mismo porcentaje que se
incrementaran los salarios de los empleados en activo.
Se concluye, por tanto, que los conceptos retributivos
abonados a los altos directivos en sus liquidaciones fueron
diferentes a los del resto de prejubilados de la entidad
crediticia.”.
Además también debe resaltarse algo elemental, que es que
el informe pericial del Perito del Banco de España al folio
2529 señala que: “el pago anticipado en forma de capital de
las cantidades percibidas por prejubilación conllevaría un
descuento sobre la suma de los componentes de la renta
vitalicia que procedemos a calcular a continuación, suponiendo
que los componentes de la renta vitalicia fueran correctos si
bien esto se discute mas adelante).
Los cálculos que se presentan a continuación reflejan
únicamente el efecto de la aplicación de un tipo de descuento
a la renta teórica señalada en los contratos y que los cuatro
directivos percibieron en forma de capital, no prejuzgando
172
nada sobre la pertinencia de las liquidaciones con arreglo a
la normativa, lo cual se analiza más adelante.
2.0.1 Cálculos del descuento que se debería haber
producido en las cantidades percibidas por la existencia del
tipo de interés.
A juicio del perito firmante, entre los distintos tipos
de interés existentes en los mercados se debería haber
utilizado los tipos de la Deuda Pública española a los
distintos plazos a que correspondían las cantidades
liquidadas, pues sería el activo libre de riesgo que
garantizarían la disposición del pago de la renta vitalicia
correspondiente a la prejubilación en el momento de percepción
de la teórica renta.
Del Boletín del Mercado de Deuda Pública del Bnaco de
España (obtenido de www.bde.es) se han obtenido los tipos de
interés a los distintos plazos, para los días en que se
produjeron los desistimientos de los directivos:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12/09/2011 3,28 3,5 3,82 3,82 4,54 4,54 4,54 4,54 5,17 5,17 5,17
13/09/2011 2,95 3,64 4,01 4,01 4,66 4,66 4,66 4,66 5,32 5,32 5,32
14/09/2011 3,06 3,48 3,97 3,97 4,59 4,59 4,59 4,59 5,29 5,29 5,29
15/09/2011 3,09 3,56 3,97 3,97 4,58 4,58 4,58 4,58 5,36 5,36 5,36
16/09/2011 2,98 3,43 3,85 3,85 4,53 4,53 4,53 4,53 5,12 5,12 5,12
19/09/2011 2,99 3,43 3,71 3,71 4,66 4,66 4,66 4,66 5,32 5,32 5,32
20/09/2011 3,58 3,66 3,72 3,72 4,64 4,64 4,64 4,64 5,27 5,27 5,27
A continuación se realizan los cálculos sobre lo que
debía haber sido la capitalización de la renta vitalicia y la
liquidación realizada:
2.0.1.1 José Luis Pego Alonso.
173
Liquidación JLPA
sep-11 34.225,78
2 pagas oct 2011 66426,72 oct-11 34.225,78 nov-11 34.225,78
extra navidad 33.213,36 dic-11 34.225,78
2,5 pagas beneficios 2011 83.033,40 2012 627.625,38 2013 627.625,38 2014 627.625,38 2015 627.625,38 2016 627.625,38 2017 627.625,38 2018 627.625,38 2019 627.625,38 2020 627.625,38 2021 627.625,38
Año 2022 3 meses y 18 días 123.212,81 Parte proporc 5,5 pagas extra
54.051,33
Parte proporc extra julio 24.932,77 Parte proporc p convenio 304,52
Salarios 6.798.331,83
RCR Variable 933.156,00
Total 7.731.487,83
Asignando a cada ejercicio las cantidades percibidas
tendríamos el siguiente cuadro:
2011 1.252.732,60
2012 627.625,38
2013 627.625,38
2014 627.625,38
2015 627.625,38
2016 627.625,38
2017 627.625,38
2018 627.625,38
2019 627.625,38
2020 627.625,38
2021 627.625,38
174
2022 202.501,43
--------7.731.487,83
Y descontando a los tipos de interés de la Deuda Pública
española del día en que se produjo el desistimiento (13-9-
2011), la liquidación sería:
Tipos de deuda
CANTIDADES AÑOS TIPO r
C.ÁLCULO BRUTO
2011 1.252.732,60
1.252.732,60 2012 627.625,38 627.625,38
2013 627.625,38 1 2,95% 609.640,97
2014 627.625,38 2 3,64% 584.313,19
2015 627.625,38 3 4,01% 557.795,76
2016 627.625,38 4 4,01% 536.290,51
2017 627.625,38 5 4,66% 499.800,68
2018 627.625,38 6 4,66% 477.545,99
2019 627.625,38 7 4,66% 456.284,15
2020 627.625,38 8 4,66% 435.968,04
2021 627.625,38 9 5,32% 393.643,28
2922' 202.501,43 10 5,32% 120.592,30 7.731.487,83 6.552.233,86 1.179.253,97
La diferencia, obtenida seria pues de 7.731.487,83 -
6.552.233,86 = 1.179.253,97 que seria la cantidad que NCG no
hubiera tenido que liquidar a JLPA.
2.0.1.2 Gregorio Gorriarán Laza.
sep-11 23.756,88
2 pagas oct 2011 45.759,24 act-11 23.756,88 nov-11 23.756,88
extra navidad 22.879,62 dic-11 23.756,88 2,5 pagas beneficios 2011
57.199,05
2012 434.829,27 2013 434.829,27 2014 434.829,27 2015 434.829,27 2016 434.829,27 2017 434.829,27
175
2018 434.829,27 2019 434.829,27
2020 434.829,27
Año 2021 3 meses 71.270,64 Parte proporc 5,5
pagas extra
30.683,76
Parte proporc extra julio
15.984,39
Parte proporc p convenio
250,95
Salarios 4.252.518,60
RCR Variable 580.986,00
Total 4.833.504,60
Asignando a cada ejercicio las cantidades percibidas
tendríamos el siguiente cuadro:
2011 801.851,43 2012 434.829,27
2013 434.829,27
2014 434.829,27
2015 434.829,27
2016 434.829,27
2017 434.829,27
2018 434.829,27
2019 434.829,27
2020 434.829,27
2021 118.189,74
4.833.504,60
Y descontando a los tipos de interés de la Deuda Pública
española del día en que se produjo el desistimiento (13-9-
2011), la liquidación sería:
CANTIDADES AÑOS TIPO r
C.ÁLCULO BRUTO
2011 801.851,43
801.851,43 2012 434.829,27 434.829,27
2013 434.829,27 1 2,95% 422.369,37
2014 434.829,27 2 3,64% 404.821,87
2015 434.829,27 3 4,01% 386.450,15
2016 434.829,27 4 4,01% 371.550,96
2017 434.829,27 5 4,66% 346.270,20
2018 434.829,27 6 4,66% 330.852,48
2019 434.829,27 7 4,66% 316.121,23
2020 434.829,27 8 4,66% 302.045,89
176
2021 118.189,74 9 5,32% 74.127,97
4.833.504,60 4.191.290,81
642.213,78
La diferencia obtenida sería pues de 4.833.504,60-
4.191.290,81=642.213,79€, que sería la cantidad que NCG no
hubiera tenido que liquidar a GGL.
2.0.1.3 Óscar Rodríguez Estrada.
No proceden estos cálculos, pues la prejubilación
alcanzaba a menos de un año.
2.0.1.4 Francisco Javier García de Paredes Moro.
Liquidación realizada:
2011 245.585,15 2012
404.778,70 2013
404.778,70 2014
404.778,70 2015
408.268,62 2016
408.268,62 2017
408.268,62 2018
411.758,54 2019
411.758,54 2020
411.758,54 2021
415.248,46 2022
415.248,46 2023
415.248,46 2024
415,248,46 2025
32.992,36
5.613.988,93
Y descontando a los tipos de interés de la Deuda Pública
española del día en que se produjo el desistimiento (20-09-
2011), la liquidación sería:
Tipos de deuda:
CANTIDADES
AÑOS
TIPO
CALCUL° BRUTO
2011
2012
245.585,15
404.778,70
245.585,15
404.778,70
177
2013 404.778,70 1 3,58% 390.788,47
2014 404.778,70 2 3,66% 376.699,67
2015 408.268,62 3 3,72% 365.896,69
2016 408.268,62 4 3,72% 352.773,51
2017 408.268,62 5 4,64% 325.429,82
2018 411.758,54 6 4,64% 313.657,90
2019 411.758,54 7 4,64% 299.749,52
2020 411.758,54 8 4,64% 286.457,88
2021 415.248,46 9 5,27% 261.557,05
2022 415.248,46 10 5,27% 248.463,04
2023 415.248,46 11 5,27% 236.024,55
2024 415.248,46 12 5,27% 224.208,75
2025 32.992,36 13 5,96% 15.544,19
5.613.988,93 4.347.614,89
La diferencia obtenida seria pues de 5.613.988,93 -
4.347.614,89= 1.266.374,04 E. que seria la cantidad que NCG no
hubiera tenido que liquidar a JGP.”.
Este informe pericial ampliamente contestado
sobre todo por el perito de las defensas, Rubén Manso Olivar,
se acoge plenamente frente a la pericial de las defensas
porque este informe pericial de las acusaciones, lo mismo que
el de la Inspectora de Seguros del Estado, están practicados
por funcionarios del Estado designados por el juzgado en su
labor auxiliar imparcial e independiente. Además se
complementan entre sí sin tacha alguna de incongruencia, y son
plenamente congruentes con las declaraciones
testifical/pericial de Miguel Segui Puertas y Pedro González
González, funcionarios del Banco de España, así como con la
declaración testifical de José María Castellanos Ríos,
presidente del Banco Nova Caixa Galicia, y han aportado una
versión coherente y lógica explicitando con sus explicaciones
técnicas en el análisis realizado, el porque si los 3 acusados
altos directivos de Caixa Nova ya tenían cada uno un contrato
de alta dirección donde se establecía también una cláusula de
desistimiento unilateral por los mismos supuestos que después
se contemplaron en los contratos de 2010, necesitaban con
motivo de la fusión, realizar un nuevo contrato, máxime dada
la situación de la entidad financiera que nacía, lo que dentro
de una administración leal debían refrendar solamente los
178
contratos anteriores a los celebrados en 2010. La respuesta a
esta cuestión que entendemos es la base de la respuesta
jurídica, es la que se viene sosteniendo hasta la saciedad y
se vuelve a insistir nuevamente, que dentro de la mas pura
lógica era conseguir como ya se ha expuesto anteriormente y se
reitera, unas ventajas económicas en caso de que los nuevos
gestores e inversores no contaran con sus servicios, pues
para quedarse en la misma situación económica no iban a
realizar nuevos contratos, y para empeorar sus condiciones
económicas es obvio que sería absurdo, dada además su
posterior conducta en orden a rebajar o devolver lo percibido
en demasía con los contratos de 2010. En cuanto a García
Paredes que no tenía contrato de alta dirección en Caixa
Galicia les proporcionó la coartada perfecta, si en la nueva
entidad se iba a equiparar en la fusión directiva a los tres
directivos provenientes de Caixa Galicia Nova, con el
proveniente de Caixa Galicia al hacerle un contrato igual o
similar a los otros tres contratos de alta dirección
enmascaraba la celebración de los tres nuevos contratos de los
directivos de Caixa Nova.
UNDÉCIMO.- Los hechos que declaran probados son legalmente
constitutivos de un delito de Administración desleal previsto
y penado en el art. 295 del C. Penal en concurso de leyes con
el delito de Apropiación indebida del art. 252 C.P. en su
modalidad de Administración o Gestión desleal, todo ello
conforme a la regulación legal vigente en la fecha en que
ocurrieron los hechos, toda vez que la nueva regulación
introducida es estos tipos delictivos que entró en vigor el 1
de julio de 2015, vista la Circular de la F.G.E 3/2015 de 22
de junio, y al ser el perjuicio patrimonial causado superior a
400 euros, al no imponerse pena superior a 3 años pues el
principio acusatorio lo impide según la pena máxima pedida por
las acusaciones, la pena que como máximo se puede imponer es
idéntica a la que se impondría con la modificación del C.
Penal conforme a la nueva regulación.
179
El referido concurso de leyes se castiga, conforme a las
reglas del art. 8 nº 4 del C. Penal por el delito de
Apropiación Indebida por contener penalidad más grave. Siendo
de aplicación lo dispuesto en el art. 250 nº 1, apartados 5º y
6º, dada la forma de comisión del delito y las cuantías
defraudada pues la comisión de estos hechos delictivos ha
devenido por la posición de dominio de los acusados en la
entidad defraudada que como se ha expuesto era una entidad a
la que se inyectó dinero público de forma tal que terminó
siendo el 100% de su capital perteneciente al FROB.
En definitiva, como se dijo al principio, realizaron una
conducta que rompiendo el vínculo de lealtad que unían a los
administradores con la sociedad, le causaron a dicha sociedad
un perjuicio patrimonial concreto como se ha expuesto por la
prueba pericial analizado, siendo lo cuestionable
jurídicamente no que desistieran de la prestación de sus
servicios por desistimiento unilateral, lo cual tenían
reconocido en los contratos anteriores a 2010, salvo García de
Paredes, lo que hubiera significado la concesión a su favor de
las consecuencias económicas que hubieran sido pertinentes
conforme a los contratos anteriores a los de 2010, sino el
buscarse una situación todavía más favorable económicamente a
través del referido desistimiento, abusando de las funciones
propias de sus cargos, ante la probabilidad más que razonable,
de que no se contara con sus servicios por los nuevos
inversores en la nueva entidad como han puesto de relieve la
prueba testifical que también hemos referido, conducta
realizada en detrimento del patrimonio de la sociedad y en
beneficio propio, disponiendo fraudulentamente de los bienes
de la sociedad, vulnerando deliberadamente la legislación
comunitaria y española sobre remuneraciones de altos
directivos teniendo en cuenta que la entidad estaba
participada por el Estado mediante la correspondiente
aportación de dinero público.
180
DUODÉCIMO.- (AUTORÍA/PARTICIPACIÓN). Son autores del
delito de Apropiación indebida en su modalidad de gestión
desleal en concurso de leyes con un delito de Administración
desleal, los acusados José Luis Pego Alonso, Óscar Rodríguez
Estrada y Gregorio Gorriarán Laza del Art. 28 párrafo 1º del
C. Penal. En cuanto al acusado Francisco Javier García de
Paredes Moro, dada la petición de absolución del Ministerio
Fiscal, respecto al mismo en su informe al que se adhirieron
la Acusación Particular y Popular, el Tribunal entiende que
estamos ante una retirada de acusación, y por consiguiente en
virtud del principio acusatorio procede su absolución.
Asimismo son autores por cooperación necesaria los
acusados Julio Fernández Gayoso y Ricardo Pradas Montilla
conforme a lo dispuesto en los artículos 28 párrafo 2º b del
C. Penal, porque su colaboración el Tribunal entiende que fue
más allá de una mera complicidad, y tuvieron lo mismo que los
acusados Pego Alonso, Rodríguez Estrada y Gorriarán Laza
plenamente el dominio del hecho, y por ello los acusados
Fernández Gayoso y Pradas Montilla deben ser considerados
cooperadores necesarios, pues aportaron su colaboración con
hechos relevantes sin lo cuales el delito no se hubiera
cometido (teoría de la conducta sine quanon), aunque también
puede verse en ambos en la celebración de los nuevos contratos
de Alta dirección en el 2010, una aportación de otro modo
difícil de obtener. Y se dice que en todo momento tuvieron el
dominio del hecho, porque podían haber desistido de su acción
(teoría de los bienes escasos – teoría del dominio del hecho)
y no lo hicieron pues su concierto de voluntades excedió en su
colaboración de una mera participación accidental que pudiera
decirse que fue solo de carácter secundario; toda vez que
Fernández Gayoso en su condición de Copresidente de la nueva
entidad aceleró todo lo que pudo el proceso de celebración y
aprobación por los órganos directivos correspondientes de los
nuevos contratos de Alta dirección no explicitando
suficientemente la situación de la entidad ni la realidad de
181
lo que significaban patrimonialmente los nuevos contratos de
2010, en detrimento del patrimonio de la Caja nacida de la
fusión, llegando a decir que los conoce el Banco de España
cuando fueron aprobados, cuando no era así, el Banco de España
los conoció casi un año después. Y Pradas Montilla en su
función de Asesor Legal asesoró a los órganos de la sociedad
que debían refrendar los contratos, de una manera que a juicio
del Tribunal, excede del mero error formal al obviar las
normas legales aplicables íntegramente a dichos contratos, tal
y como se ha reseñado en la presente resolución; normas
legales además tan elementales en su aplicación que solo puede
deberse a una conducta dolosa, muy lejos de cualquier error
conceptual, como el decir, que el R.D. 711/2011 de 3 de junio
no era aplicable. Basta simplemente leer los artículos 76
quater y 76 quinquier y 76 sexies y 76 septes aplicables a las
entidades que reciben apoyo financiero, para ver que esto no
era así.
DÉCIMOTERCERO.- (CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS)
No concurren circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal.
DECIMOCUARTO.- (PENAS ACCESORIAS)
En aplicación de lo dispuesto en el art. 79 del C. Penal,
conforme al art. 56 del C. Penal debe imponer la pena
accesoria contenida en el nº 3 de dicho artículo que establece
como pena accesoria: “la inhabilitación especial para empleo,
profesión, oficio, industria o comercio, (en los otros casos)
si estos derechos hubieran tenido relación directo con el
delito cometido”.
Consideramos que esta vinculación de los hechos
enjuiciados con la actividad profesional de los acusados queda
explicitada plenamente en la presente resolución, pues
solamente su posición, podemos decir privilegiada, en la
gestión de las entidades fusionadas, y posteriormente en la
nueva entidad nacida de la fusión, pudo posibilitar la
182
celebración de los contratos de alta dirección de 2010 con la
colaboración esencial de Pradas Montilla como ya ha quedado
explicado, y su posterior liquidación de los contratos.
La pena de inhabilitación especial conforme al art. 42 del
C. Penal vigente (En vigor desde el 1 de octubre de 2004)
tiene el siguiente alcance:
“La pena de inhabilitación especial para empleo o cargo
público produce la privación definitiva del empleo o cargo
sobre el que recayere, aunque sea electivo, y de los honores
que le sean anejos. Produce, además, la incapacidad para
obtener el mismo u otros análogos, durante el tiempo de la
condena. En la sentencia habrán de especificarse los empleos,
cargos y honores sobre los que recae la inhabilitación”.
Por consiguiente, el acusado Pradas durante el tiempo de
la condena no podrá ejercer como abogado ni realizar
asesoramiento alguna dentro del ámbito jurídico. El resto de
los acusados no podrán ejercer empleo alguno dentro del sector
bancario/financiero.
Además dada la petición acusatoria también se les impone
la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio
pasivo durante el tiempo de la condena.
DECIMOQUINTO.- En cuanto al pago de las costas procesales
conforme al art. 123 C.P. y 240 LECri la pagarán los acusados
proporcionalmente incluidas las de la acusación particular, no
la Acusación popular. Considerando que la acusación particular
ha realizado una función procesal coadyuvando con la acusación
pública al buen fin del proceso y por ello en nada ha
distorsionado el devenir del proceso.
DECIMOSEXTO.- (Responsabilidad civil)
Conforme al art. 116 del CP y siguiendo el orden
establecido en el artículo 110 del CP. en lo dispuesto en el
art. 111 y 112 del CP. es decir restituir (devolver) lo
indebidamente percibido por la celebración de los contratos de
183
alta dirección en el año 2010, cada uno de los acusados
condenados siguientes; Pego Alonso, Gorriarán Laza, Rodríguez
Estrada; lo que conlleva dejar sin efecto las consecuencias
beneficiosas que de cada contrato de alta dirección de 2010
hayan podido obtener respecto a los contratos de Alta
dirección existentes con anterioridad, todo ello dentro del
principio de justicia rogada que impregna el ejercicio de la
acción civil en el proceso penal, consecuencia ésta de
devolución, que no afecta a García Paredes Moro al retirarse
la acusación y no poder declararse su responsabilidad penal, y
por consiguiente no poder ser declarado criminalmente
responsable (Art. 116 CP) y (Art. 109 CP) , lo que hace que la
entidad perjudicada deba ir a la jurisdicción civil. Siendo
responsables civiles con el carácter de solidaridad los
acusados Fernández Gayoso y Pradas Montilla respecto a la
restitución de lo percibido por cada uno de los otros tres
acusados, Pego Alonso, Gorriarán Laza y Rodríguez Estrada.
En consecuencia, deberán devolver al FROB, no ha
NovaCaixaGalicia, como piden las acusaciones, las cantidades
que se reseñarán, toda vez que NovaCaixaGalicia ha
desaparecido como persona jurídica, y era una entidad
enteramente participada por el FROB, pues en el momento de la
liquidación de los contratos tenía un 93,60 de las acciones de
NCG y con la inyección de Diciembre de 2012 de 5425 millones
de euros, adquirió el 100% de las acciones hasta la venta a un
3º, del BNCG en el año 2013/2014. Por lo tanto el perjudicado,
el Tribunal considera que es el FROB accionista unitario de
CNG, y posteriormente en el Banco creado.
Las cantidades que cada acusado debe devolver son:
− 6.476.237 euros, cantidad que le correspondería devolver
a José Luis Pego Alonso, en adelante JLPA si la indemnización
hubiera consistido en dos anualidades de retribución (pag. 33
del informe pericial firmado por el perito del Banco de España
Antonio González).
184
-3.969.349,31 euros, cantidad que le correspondería
devolver a Gregorio Gorriarán Laza, en adelante GGL si la
indemnización hubiera consistido en dos anualidades de
retribución (pig. 33 del informe pericial firmado por el
perito del Banco de España Antonio González).
No proceden realizar estos cálculos para Óscar Rodríguez
Estrada, (ORE) ya que su jubilación estaba prevista para un
periodo inferior a un año.
Respecto al importe de la retribución complementaria por
resultados parte fija (RCRPF) la cantidad a devolver asciende
a:
117.871,05 euros (JLPA)
14.904,18 euros (ORE),
90.369,13 euros (GGL) (pag. 34 del informe pericial firmado
por Antonio González).
Todos estos importes, serán ajustados al tipo de interés
de descuento y que debió ser aplicado, y que se cifra conforme
a la prueba pericial de las acusaciones en las siguientes
cantidades. Así en el caso de JLPA asciende la tasa de
descuento a 1.179.253,97 euros (folio 26 y 27 del informe
pericial) y en el caso de GGL asciende a 642.213,79 euros
(folio 30 del informe pericial) que deberán devolver. No
procede hacer estos cálculos para ORE ya que su jubilación
estaba prevista para un periodo inferior a un año.
En cuanto al importe cobrado en concepto de Retribución
Variable (folio 36 del informe pericial firmado por Antonio
González) o gratificación o premio por su "especial dedicación
al desarrollo, crecimiento y expansión de la entidad" pues el
abono de las Retribuciones Variables que debió haber sido
autorizado por el Banco de España, los importes a devolver son
los siguientes:
-JLPA 933.156,00 euros.
185
-ORE 225.000,00 euros;
-GGL 580.986,00 euros.
- Respecto el "plus convenio" indebidamente cobrado:
-JLPA deberá devolver la parte proporcional del mismo y que
asciende a 304,52 euros;
-GGL deberá devolver 250,95 euros y ORE debería devolver
440,90 euros.
Asimismo se decreta la nulidad de las pólizas individuales
del aseguramiento personal de 25 de noviembre de 2010.
DECIMOSÉPTIMA.- (PENALIDAD)
Es de aplicar lo dispuesto en los artículos 58, 61, 66 nº
6 y 72, imponiéndose dentro del límite penológico marcado por
las acusaciones respecto a los delitos por lo que vienen
acusados, la pena de dos años de prisión para cada uno de los
acusados, se insiste, dentro del limite penológico que marcan
las duraciones. Pues estamos ante una entidad que valía 181
millones de euros, y tuvo que provisionar 29,9 millones de
euros y abonar más de 24 millones de euros como consecuencia
de los nuevos contratos de alta dirección. Cantidad que en el
fondo la abonó íntegramente el FROB, organismo público que
posibilitó que NCG subsistiera gracias al dinero público
inyectado; insistiendo de nuevo en la posición dominante de
los acusados en la recién nacida entidad fruto de la fusión,
lo que produjo la mayor la facilidad comisiva de los hechos
enjuiciados por el pleno dominio que tuvieron del hecho
delictivo. Respecto la multa a imponer en aplicación del art.
250 CP se les impone una multa de 10 meses con una cuota
diaria de 250 euros con las responsabilidad civil subsidiaria
den caso de impago prevista en el art. 53 CP (1 día de
privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas).
Además deberá abonársele el tiempo que hayan estado
privados de libertad por este procedimiento (Art. 58 del CP)
186
Por lo expuesto,
FALLAMOS
Que debemos absolver y absolvemos a Francisco Javier
García de Paredes Moro, declarándose en cuanto a este acusado
las costas procesales de oficio.
Y debemos condenar y condenamos a José Luis Pego alonso;
Gregorio Gorriarán Laza y Óscar Rodríguez Estrada, como
autores penalmente responsables sin las concurrencia de
circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal de
un delito de Administración Desleal en concurso de Leyes con
un delito de Apropiación Indebida en su modalidad de gestión
desleal; y a Julio Fernández Gayoso y Ricardo Pradas Montilla,
sin la concurrencia de circunstancias modificativas de
responsabilidad criminal, como cooperadores necesarios de los
delitos expresados, a la pena a cada uno de ellos, de dos años
de prisión y multa de 10 meses con una cuota diaria de 250
euros, y con una responsabilidad civil subsidiara en caso de
impago de 1 día de privación de libertad por cada 2 cuotas que
dejen de satisfacer.
Asimismo al pago proporcionalmente de las costas
procesales, incluidas las de la acusación particular, no así
las de la acusación popular.
Con abono de los días en que haya estado privados de
libertad.
A los acusados no absueltos, se les condena a la accesoria
de inhabilitación especial para el empleo durante el tiempo de
la condena que desempañaban cuando realizaron los hechos
enjuiciados, e inhabilitación especial para el derecho de
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Y en cuanto a la responsabilidad civil, se ha de estar a
lo dispuesto en el Fundamento Jurídico Decimosexto de esta
187
resolución, debiendo establecer que la indemnización es a
favor del FROB, no de NovaCaixaGalicia.
Así por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará
certificación al Rollo de Sala y será notificada a las partes
con expresión de no ser firme, siendo susceptible de recurso
de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, lo
acuerdan, mandan y firman los Magistrados de la Sala.- Doy fe.
188
PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la
anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la
dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe. DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.