situación de la exclusión social en españa nº1. abril 2009
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prácticaaprendiendode
nuestraM É D I C O S D E L M U N D O E S PA Ñ A
Situación de la exclusión social en España
Abril 2009
1nº.
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La colección Aprendiendo de Nuestra Práctica nace como un medio de
difusión de los conocimientos que surgen a partir de la propia experiencia
de la Asociación.
Con ello, queremos por una parte valorar la importancia de reflexionar
sobre la práctica como medio para adquirir conocimientos. El proceso de
aprendizaje no se asienta únicamente en la teoría para su posterior aplicación,
también la práctica proporciona ricos conocimientos. Y por otro lado, fomen-
tar el debate y la reflexión sobre los conocimientos ya adquiridos. Tendemos
a identificar conocimiento con libros e informes, sin embargo, el conocimien-
to solo es productivo cuando la información se utiliza, se pone en diálogo
en un marco útil.
La difusión de nuestros conocimientos, además, es una gran responsabili-
dad para una organización orientada al desarrollo. Abdul Waheed Khan
(Subdirector General de la UNESCO para la Comunicación y la Información)
escribió «El conocimiento no solo es importante para el crecimiento econó-
mico sino también para empoderar y desarrollar todos los sectores de la
sociedad». Es decir, es necesario visibilizar y compartir estos aprendizajes
con la población con la que trabajamos, así como con otros agentes de
transformación social con los que compartimos valores.
Entendemos que se trata de una herramienta que nos puede servir para
impulsar y favorecer este proceso de aprender a aprender vital para cual-
quier organización que quiera mejorar y crecer en calidad.
Médicos del Mundo mantiene el compromiso de alcanzar una coherencia
entre su actividad y su forma de ser gestionada. Por ello su propósito es el
de traducir términos como cooperación, inclusión, participación, sensibili-
zación, comunicación, derechos, humanitario o cambio social en elementos
de identidad, no solo de nuestra acción social sino también en la forma de
trabajo y de gestión interna de la Organización. Para que estas declaracio-
nes no se queden solo en intenciones es preciso realizar un trabajo de
seguimiento reflexivo y constante que nos permita valorar el trayecto reco-
rrido y aprender de la propia práctica. En este sentido, la colección preten-
de rescatar de nuestro quehacer tanto materiales, guías y buenas prácticas
como reflexiones y estudios realizados. Se trata de convertir la información
Introducción a la colección
ON-LINE de MÉDICOS DEL MUNDO
APRENDIENDO DE NUESTRA PRÁCTICA
en un producto de comunicación, un material divulgativo que no sea por
ello menos riguroso.
Iniciamos esta colección con la Situación de la Exclusión Social en España.
Se trata de un estudio realizado por Médicos del Mundo con el objetivo de
reflexionar sobre la situación de la exclusión social en España con vistas a
repensar la estrategia de intervención social de la Asociación.
Esperamos que este número, así como el resto de la colección, lejos de
suponer un punto y final sobre un tema, sea, por el contrario, alimento para
el debate y para la reflexión. Pretendemos que las conclusiones y recomen-
daciones que se plantean no sean tomadas como conclusiones «definiti-
vas», sino que sean consideradas como un punto de partida para nuevos
aprendizajes.
Como colección on line nace con vocación 2.0, es decir, de intercambio e
interacción, abierta a recibir comentarios y sugerencias. Por ello toda la
colección estará disponible en la Web de Médicos del Mundo en la que se
abrirá un foro para recibir comentarios y continuar el debate.
Además, para cualquier sugerencia, aclaración o duda sobre este número,
así como sobre el resto de la colección, podéis escribir a la Unidad de
Estudios y Gestión del Conocimiento:
mariana.ruizdelobera@medicosdelmundo.org
Por último agradecer la colaboración del grupo de voluntariado ––expertas
que han colaborado en la corrección de este primer número y especialmente
a Blanca Sotos Vidal, quien ha corregido y revisado el conjunto del texto.
También a Charo Villa por su excelente trabajo en el diseño y edición de la
colección.
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Introducción
Marco de referencia
Terminología
Análisis crítico de los modelos de intervención social
Algunas conclusiones y recomendaciones
Análisis sobre la situación de la exclusión social en España
Análisis desglosado por colectivos
Colectivo Personas en situación de prostitución
Colectivo Personas usuarias de drogas
Colectivo Personas inmigrantes
Colectivo Personas sin hogar
Colectivo Personas privadas de libertad
Conclusiones y recomendaciones
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Introducción
Este documento ha sido elaborado por Médicos del Mundo con el objetivo de
reflexionar sobre la situación de la exclusión social en España. Incluye datos
de los proyectos que se están desarrollando y un marco conceptual de refe-
rencia que engloba las distintas perspectivas sobre la intervención social con
vistas a repensar la estrategia de intervención social de la Asociación.
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APORTAR
para reflexionar,revisar y reorientarnuestras estrategias
en este ámbito
Desde sus orígenes, Médicos del Mundo España ha mostrado una especial
preocupación por la situación de aquellas personas que socialmente sufren
mayor exclusión y con quienes convivimos en nuestra sociedad. Tanto es así
que, desde 1992, ha implantado numerosos programas de atención dirigidos
a personas inmigrantes, personas en situación de prostitución y personas
usuarias de drogas, interés que en la actualidad se ha extendido también
hacia las personas sin hogar y hacia aquellas que se encuentran privadas de
libertad.
A este respecto cabría decir que la motivación de este estudio ha girado en
torno al análisis de las situaciones de exclusión social y/o en riesgo de exclu-
sión con el fin de identificar los cambios y los factores económicos, sociales, cul-
turales y políticos que las provocan. Partimos por ello de que el análisis de la
exclusión social implica necesariamente «dar dimensión al fenómeno y profun-
dizar en el conocimiento de las condiciones de vida de la población excluida»
(Laparra y colaboradores, 2007).
Asimismo, entendemos que este proceso reflexivo es un elemento imprescin-
dible para cualquier organización que se propone aprender de su práctica, es
decir, que se mueve en la espiral de reflexión-acción-reflexión.
La producción del documento se ha gestionado a través de la Unidad de
Estudios y Gestión del Conocimiento (U.E.G.C.), y ha contado con la supervisión
del Director de Operaciones y el Coordinador General, en coordinación con la
Unidad de Inclusión Social, la Dirección de Movilización, y la participación de
las Sedes Autonómicas.
Marco de referencia
A través de las palabras reflejamos una determinada percepción de la reali-
dad. No supone ninguna novedad afirmar que ni la descripción de la realidad
es objetiva, ni puede ésta nunca serlo: el observador pone de relieve unos
aspectos u otros y con ello dibuja un panorama que orienta el marco de posi-
bilidades de acción. El camino más ético y válido de intervención no es por
tanto aquel que esconde su marco de referencia sino el que, por el contrario,
se esfuerza en hacer explícito su punto de partida —sus referentes teóricos—
y la finalidad del estudio —su interés—.
Por esta razón, comenzamos desplegando el mapa de términos y conceptos
que conforman el universo de la exclusión social para analizarlos uno a uno y
precisar el sentido y la carga ideológica, en el sentido más amplio, que con-
lleva cada término.
Al hablar de exclusión social surgen diversas voces como las siguientes:
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POBREZA
VULNERABILIDAD
CAMBIO SOCIALINCLUSIÓN
POBREZA SEVERA
POBREZA RELATIVA
EXCLUSIÓN
XENOFOBIA
Así, comenzaremos por realizar un breve repaso que nos sitúe dentro de
dicha problemática y que nos permita esbozar y compartir el marco concep-
tual de referencia.
Terminología
CONSTATACIÓN DE LA DESIGUALDAD
Pobreza y exclusión son términos que se encuentran relacionados con la
desigualdad y con un desigual reparto de la riqueza. Conviene por tanto
comenzar por preguntarnos a qué llamamos desigualdad y cómo es posible
medirla y observarla.
Numerosos informes de organismos internacionales vienen a mostrar, como
ilustra el famoso gráfico de la copa de champagne, el aumento incesante de
la desigualdad y de las carencias sociales en todo el mundo.
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En las sociedades actuales se está ensanchando la brecha entre los sectores
que disfrutan de los beneficios y oportunidades generados por una nueva
forma de crecimiento económico, que ni crea empleo ni difunde el bienestar
social, y un número creciente de personas que se va quedando en «la cuneta»,
que ve alargarse los periodos en los que no encuentra empleo o que solo es
capaz de acceder a trabajos precarios.
Para hacer referencia a estos procesos de dualización y separación social se
ha acuñado en los últimos años el término exclusión social. ¿Por qué habla-
mos de «exclusión social», y en qué se diferencia del tradicional y conocido
concepto de «pobreza»?
POBREZA Y VULNERABILIDAD
El término de pobreza se refiere a la «carencia de recursos para satisfacer
necesidades consideradas básicas, que influyen en la calidad de vida de las
personas» (Fundación Luis Vives, 2007). Se trata de un término de connota-
ciones sobre todo económicas que alude a los medios con los que cuenta una
persona para alcanzar unos estándares mínimos y participar con normalidad
en la sociedad.
Se habla de pobreza absoluta, cuando ciertos estándares mínimos de vida (tales
como nutrición, educación, salud o vivienda) no son alcanzados. No podemos
olvidar el famoso dólar por día, actualmente fijado en 1,25 por día.
El concepto de pobreza relativa, introducido por Townsend (1970), señala
también la existencia de desigualdades. Esta, sin embargo, se calcula en com-
paración con un nivel de vida considerado estándar para la población a la que
20% de la población delmundo se reparte el82,7% de la riqueza
20% de la poblacióndel mundo se reparte el 1,4% de la riqueza
Un quintil = 20% = 1.200milliones de personas (de los 6.000 millionesque pueblan el planeta)
11,7%
2,3%
1,9%
se refiere. Significa que «el individuo, por falta de recursos materiales, no par-
ticipa de los hábitos y patrones de vida considerados normales en la sociedad
en la que habita». Se utiliza la referencia pobreza severa para denominar
aquellas situaciones personales en las que los ingresos no superan el 30% de
la media de los ingresos para el total de la población. En una gran parte de
estos casos, la persona no posee ningún tipo de ingreso (La Caixa, 2004).
En este apartado es necesario poner de relieve la diferencia de género en
cuanto al peso relativo que soportan hombres y mujeres, la llamada feminiza-
ción de la pobreza. Según la UNIFEM (2005) las mujeres soportan una carga
desproporcionada de la pobreza mundial, pues esta inserta a las mujeres en
múltiples estratos de discriminación y dificulta su capacidad de reclamar
derechos. Además la globalización ha ensanchado esta brecha al no facilitar
el acceso, en una desproporción muy alta, al empleo, a las prestaciones y a los
derechos laborales. Por otra parte, la escasa presencia de mujeres en aquellas
instancias donde se toman las decisiones económicas reduce las oportunida-
des de rectificar el deterioro de las desigualdades existentes.
El concepto de vulnerabilidad viene a describir una zona intermedia entre la
integración y la exclusión social. Una persona vulnerable es aquella cuyo
entorno personal, familiar-relacional, socio-económico o político-administra-
tivo padece alguna debilidad y que, en consecuencia, se encuentra en una
situación de riesgo que podría desencadenar un proceso de exclusión social.
Por su parte, Chambers (1989) define la vulnerabilidad como el resultado de
la exposición a contingencias y tensiones por parte de quienes presentan una
dificultad para afrontarlas. La vulnerabilidad presentaría así dos componen-
tes: uno externo, descrito por los riesgos, convulsiones y presión a los cuales
se expone alguien; y otro interno, que consiste en la indefensión o la falta de
medios para afrontar esa situación sin consecuencias perjudiciales.
No debemos olvidar la contribución esencial al concepto de vulnerabilidad que
«nos ayuda a comprender las crisis humanitarias no como fenómenos puntua-
les, espontáneos e inevitables, sino como el resultado de causas estructurales y
procesos de largo y medio plazo, muchos de ellos modificables por la acción
humana» (Hegoa, 2005-06).
EXCLUSIÓN SOCIAL Y DISCRIMINACIÓN
Mientras que la pobreza trata de la imposibilidad de acceder a los recursos
necesarios para realizar las actividades básicas de la vida, la exclusión social
es un concepto más amplio que abarca el proceso por el cual las personas o
los grupos ven limitado su derecho a participar en la sociedad en la que viven.
Un proceso que no solo se restringe a causas económicas, sino que incluye
otros aspectos como la precariedad laboral, el déficit de formación, la falta de
una vivienda digna o de acceso a la misma, las precarias condiciones de salud,
la falta de relaciones sociales estables y solidarias, la ruptura de lazos y
vínculos familiares, etc. (La Caixa, 2004).
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En general se considera que este término supera o completa al de pobreza.
Basándose en Abrahamson (2001), Todman (2004) describe las principales
diferencias de contenido entre los conceptos de pobreza y exclusión social:
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POBREZA EXCLUSIÓN SOCIAL
La situación
La causa
La perspectiva
La estratificación
La política
La disciplina
recursos insuficientes
necesidades insatisfechas
condición estática
vertical
transferencias sociales
la economía
negación de capacidad deejercer derechos
discriminación/negación deacceso a las instituciones de laintegración social
proceso dinámico
horizontal
servicios sociales
la sociología
Como concepto analítico, el término exclusión social se acuñó originalmente en
Francia en 1974 para referirse a varias categorías de personas motejadas como
«problemas sociales», las cuales no gozaban de la protección del seguro social
(OIT, 1998). El término fue introduciéndose poco a poco en la opinión pública,
en el mundo académico y en los debates políticos, pero no fue hasta las déca-
das de los ochenta y noventa cuando su uso se generalizó en el lenguaje de las
políticas públicas y de las ciencias sociales.
El verdadero impulso para la adopción de este término vino de las institucio-
nes europeas. Apareció en el documento del Programa de Pobreza en 1988
y en el preámbulo de la Carta Social Europea en 1989. Ese mismo año el
Consejo de Ministros adoptó una resolución relativa a la lucha contra la exclu-
sión social (Arriba, 2002). Finalmente el término fue adoptado como nuevo eje
de la política social de la Unión para sustituir al término de pobreza debido a las
insuficiencias de la visión economicista contenida en este último (Hiernaux,
1989). En la cumbre de Lisboa y Feira de marzo del 2000 se hizo oficial la
necesidad de aumentar los esfuerzos para conseguir «una Europa inclusiva».
Tal como lo describe el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2005) la
exclusión social «es un fenómeno complejo, que puede darse asociado a dife-
rentes contextos, realidades o hechos sociales en los que, como norma gene-
ral, determinadas personas se topan con la imposibilidad o con una dificultad
muy intensa para acceder a los mecanismos de desarrollo personal, a los sis-
temas preestablecidos de protección, a la inserción sociocomunitaria o a ele-
mentos de bienestar social accesibles a la generalidad de los ciudadanos que
les rodean». La exclusión se define entonces como un proceso multicausal y
no simplemente como una situación concreta.
En la bibliografía existente, cuando se reflexiona sobre sus causas, la mayor
parte de las explicaciones de la exclusión social giran en torno a tres tipos de
enfoque (Sarasa y colaboradores, 2007):
El resultado de una discriminación activa basada en los intereses estamen-
tales y en los prejuicios en contra de los grupos sociales específicos a causa
de su etnia, circunstancias personales o estilos de vida. El énfasis recae de
este modo sobre la negación de oportunidades que padecen los grupos
sociales estigmatizados.
Un fenómeno cuyo origen reside en los cambios socio-económicos produ-
cidos con el advenimiento de la sociedad postindustrial. De este cambio se
deriva todo un abanico de riesgos sociales.
Una opción personal, también llamada autoexclusión. Los excluidos son
personas que no quieren seguir las normas y estilos mayoritarios, y a quie-
nes es preciso incentivar y disciplinar.
Por su parte, Rodríguez Berrio (2008) clasifica los factores que conforman las
situaciones de exclusión según:
Factores desencadenantes: aquellos que ponen en marcha el proceso de
exclusión, como los factores laborales y económicos;
Factores potenciadores o inhibidores: aquellos que potencian o inhiben la
exclusión, es decir, refuerzan o reducen los efectos exclusógenos de facto-
res desencadenantes tales como los culturales, personales y relacionales;
Factores obstaculizadores o posibilitadores: aquellos que pueden favorecer
o no los procesos de inclusión/exclusión, es decir, factores marco que obs-
taculizan o posibilitan la exclusión.
Finalmente, desde el informe «Pobreza y exclusión social» de La Caixa (2004)
se apuntan los siguientes factores causales de exclusión social:
Desempleo desprotegido;
Enfermedad o discapacidad;
Nivel formativo muy bajo;
Pobreza severa;
Falta de experiencia laboral al margen del trabajo doméstico;
Precariedad laboral;
Analfabetismo;
Aislamiento relacional;
Precariedad económica asistida en el hogar;
Dificultades económicas en el hogar.
La discriminación es una situación en la que una persona o grupo es tratada
de forma desfavorable a causa de prejuicios, generalmente por ser categori-
zada como perteneciente a un grupo social distinto al que emite el juicio y no
en base a su aptitud o capacidad individual. Esta debe distinguirse de la dis-
criminación positiva, que supone diferenciación y reconocimiento. Entre esas
categorías se encuentran el sexo, la raza, la orientación sexual, la religión, el
rango socio-económico, la edad y la discapacidad (FMP, 2008).
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Con relación a esta, el racismo es una teoría fundamentada en el prejuicio
según el cual se cree que hay razas humanas que presentan diferencias bio-
lógicas que justifican relaciones de dominio entre ellas, así como comporta-
mientos de conllevan comportamientos de rechazo o agresión. El racismo se
relaciona frecuentemente con la xenofobia (definida como el odio a los
extranjeros) y la segregación social, que son sus manifestaciones más eviden-
tes (FMP, 2008).
INCLUSIÓN SOCIAL
La inclusión sugiere un proceso mediante el cual se integra en la sociedad a las
personas anteriormente definidas como excluidas o en situación de vulnerabili-
dad. Ciertamente, la inclusión sería un concepto complementario a la exclusión.
Mientras que la exclusión se define como un estado o una situación, la idea de
inclusión agrupa a las políticas o intervenciones dirigidas a revertirla. Por ello
resulta coherente hablar de personas excluidas, informes sobre exclusión,
programas de lucha contra la exclusión, programas de inclusión, técnicos de
inclusión, etc.
La inclusión social es pues una reacción política a la exclusión social. Se trata
de una respuesta política proactiva y participativa que va más allá de la pro-
tección pasiva de los derechos de las personas, que pretende asegurar que
todas las personas tengan las oportunidades y los recursos necesarios para
participar plenamente en la vida económica, social y política, y para disfrutar
de unas condiciones de vida normales. La inclusión está relacionada con la
integración, la cohesión, la justicia social y consiste en materializar la posibili-
dad de participación igualitaria de todos los miembros de una sociedad en
todas las dimensiones sociales (económica, legal, política, cultural, etc.).
Algunas fuentes advierten que la exclusión no puede considerarse como una
realidad estática, ya que forma parte de un continuo exclusión-inclusión en el
que los individuos se posicionan en función de unas determinadas variables
estructurales. Las posiciones no están completamente definidas dentro de
este continuo, sino que una misma persona puede experimentar a lo largo de
su ciclo vital una mayor o menor exclusión.
Una sociedad inclusiva, por tanto, dispondrá y habilitará mecanismos para
garantizar los Derechos Humanos y promover una ciudadanía activa entre
todas las personas que la componen.
En la siguiente tabla se recogen los principales hitos que, durante las últimas
décadas, marcan el recorrido de esta terminología ligados a instituciones que
lo promueven:
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CAMBIO SOCIAL Y GLOBALIZACIÓN
La idea de cambio social está presente en el centro mismo del propio concepto
de intervención social, pues todo proyecto desea provocar un cambio y una
transformación sobre la realidad sobre la que interviene.
Existen diferentes tradiciones ideológicas con distintas maneras de entender el
cambio social. En resumen podríamos decir que, desde la tradición funcionalis-
ta, el cambio social se produce como búsqueda de equilibrio y normalización de
quienes están fuera de la norma; la tradición marxista propone, principalmente,
la lucha de clases como motor para los cambios sociales (en forma de revolu-
ción o reforma); la tradición anarquista se plantea la autoorganización, etc.
Todas estas lecturas resultan interesantes para introducirnos en la reflexión
sobre las diferentes ideas acerca del cambio social y sus agentes.
Vivimos un momento histórico en el que las transformaciones sociales son
tan intensas, tan impredecibles y alcanzan tal velocidad que los vectores de
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HITOAÑO CONTENIDO
1975
1988
1989
1993
1994
1995
1996
2000
2000
2000
PrimerPrograma de
Pobreza
SegundoPrograma de
Pobreza
Carta SocialEuropea
Libro Verdesobre Política
Social
Libro Blancosobre Política
Social
TercerPrograma de
Pobreza
Tratado deÁmsterdam
Estrategia deLisboa
ConsejoEuropeo de
Niza
Comité deProtección
Social
La Comisión define como personas pobres a quienes noalcanzan el umbral del 50% de la renta media.
Aparecen las primeras alusiones al concepto de exclusiónsocial.
Se propone desarrollar la dimensión social del mercadoúnico.
Se define un modelo social europeo basado en la democracia,los derechos individuales, la necesidad de la igualdad deoportunidades, y la importancia de la protección social y dela solidaridad.
Se diagnostica que 52 millones de personas viven por debajodel umbral de pobreza. Se propone un nuevo marco de políticas sociales y económicas.
Se impulsa la creación del Observatorio de PolíticasNacionales de Lucha contra la Exclusión Social.
Se introducen las bases legales para cambiar definitivamentede enfoque y ocuparse de la lucha contra la exclusión social.
Se da un impulso decisivo a la erradicación de la pobrezacon el horizonte de 2010. Metas: desarrollo económico sostenible, más y mejores empleos, cohesión social y sostenibilidad medioambiental.
Se termina de situar la inclusión social como un eje esencialde las estrategias del conjunto de la Unión Europea.
Se crea para servir de intercambio entre la Unión y susEstados miembros en el ámbito de la mejora de los sistemasde protección social. Funciones: seguir la evolución de laspolíticas de protección social de los Estados, y facilitar losintercambios de información y experiencias. A partir delmismo se crean los diferentes Planes Nacionales de Acciónpara la Inclusión Social.
cambio predominan sobre los factores de estabilidad. Los cambios afectan,
entre otros, al sistema productivo, a la estructura social, y a las relaciones de
familia y de género.
El proceso actual supone una transición de una sociedad más estable y pre-
visible hacia una realidad compleja y globalizada. Como señala Bernard van
Leer Foundation (2008) «el ritmo del cambio social se está intensificando: en
la actualidad, las sociedades de todo el mundo están cambiando más rápida-
mente que nunca y están cada vez más diversificadas». El cambio social ha
tenido históricamente la capacidad de percibirse como una amenaza para
aquellos que se aferraban al status quo, una percepción que puede crear
resentimiento o miedo y generar actitudes que van desde un cierto prejuicio
hasta profundas discriminaciones.
Desde mediados del siglo pasado, el fenómeno de la globalización ha marcado
el devenir de los procesos de cambio social. Lo que ocurre a nivel local puede
incluir determinantes o generar repercusiones globales. «Todos los procesos his-
tóricos, incluidos los esfuerzos de grupos o gobiernos por lograr el cambio
social, tienen que ser estudiados en un contexto global» (Varela, 2008).
Dentro de este contexto de la globalización identificamos a los llamados nue-
vos movimientos sociales NSM como uno de los agentes de cambio más
potentes de nuestra sociedad. Su perspectiva puede interpretarse como un
impulso al cambio «desde abajo» (autodeterminación de los pueblos) que se
contrapone a la presión al cambio «desde arriba» (cambios impulsados por
las élites económicas internacionalmente dominantes).
Siguiendo a Vargas (2006), estos movimientos sociales «son una forma colec-
tiva de acción para contestar a los abusos del poder económico y político el
cual involucra procesos de autoconciencia para crear identidades humanas y
sociales libres de dominación del Estado y del Mercado».
Los nuevos movimientos sociales surgen como respuesta a los desajustes y a
las contradicciones inherentes a las sociedades postmodernas y postindus-
triales. Se definen como no institucionales y no convencionales, y se orientan
a un modelo de cambio social que responde a la necesidad de los individuos
de dar a conocer sus preocupaciones y quejas. Como puntualización frente a
su posición contra el sistema, Klandermans (1990) rechaza la idea de que esta
sea un rasgo distintivo de los nuevos movimientos sociales, pues lejos de
encontrarse separados o distantes de las organizaciones tradicionales están
incrustados en el entramado sociopolítico e institucional de las sociedades
donde aparecen.
Siguiendo a De Sousa (2001), la mayor novedad de estos movimientos reside
en que constituyen tanto una crítica de la regulación social capitalista como
una crítica de la emancipación social socialista, tal como fue definida por
el marxismo. Se identifican nuevas formas de opresión que sobrepasan las
relaciones de producción y que ni siquiera son específicas de ellas, como las
guerras, los problemas medioambientales, la violencia de género o el racismo.
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Los nuevos movimientos sociales abogan por un nuevo paradigma social,
menos basado en la riqueza o en el bienestar material y más preocupado por
corregir los excesos de regulación de la modernidad, que producen pobreza
y asimetrías en las relaciones sociales, y cuyas formas de opresión no alcan-
zan específicamente a una clase social sino a grupos sociales transclasistas o
incluso a la sociedad en su conjunto.
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Por último no queremos dejar de mencionar que el trabajo en red y el esta-
blecimiento de alianzas entre los distintos sectores del tejido asociativo cons-
tituyen la base de los movimientos sociales y subrayar su fuerza como agen-
tes fundamentales para el cambio social.
Análisis crítico de los modelos de intervención social
Con el fin de obtener una visión crítica sobre los distintos modelos de inter-
vención social, nada mejor que tomar un poco de distancia y realizar un breve
recorrido histórico.
PRIMER PERIODO: MODELO DE BIENESTAR SOCIAL
Y ATENCIÓN DEL ESTADO UNIVERSALISTA
Tomamos como punto de partida la proclamación del estado de bienestar.
Este modelo social europeo surgió después de la Segunda Guerra Mundial
como un pacto histórico entre capitalistas y trabajadores. El concepto estado
de bienestar (welfare state) fue creado por William Temple como contraposi-
ción al estado de guerra (warfare state) de la Alemania nazi, y se acuñó por
vez primera hacia 1940 coincidiendo con la emergencia de las políticas key-
nesianas de posguerra. El sociólogo T. H. Marshall definió el término como una
combinación especial de democracia, bienestar social y capitalismo.
El modelo de bienestar social supuso la garantía del Estado para asegurar
unos niveles mínimos de renta, alimentación, salud, alojamiento e instrucción
como parte de los derechos políticos del ciudadano y no como caridad.
Surgió bajo la asunción de que todas las clases, no solo las trabajadoras, son
vulnerables, y de que los principios de igualdad, solidaridad y universalidad
deben beneficiar a todas ellas.
Los elementos básicos de protección frente a la pobreza eran el trabajo y la
familia. La seguridad en el empleo y el salario constituyeron la principal vía de
acceso a los derechos de ciudadanía. La expansión del consumo de masas,
basada en el consumo creciente y la redistribución estatal, aseguraban el
pleno empleo y los crecimientos salariales. Sin embargo, este pleno empleo
se refería principalmente a la población masculina y el salario tenía carácter
de salario familiar. Bajo este modelo de sociedad se consolidaron los prime-
ros programas sociales.
SEGUNDO PERIODO: CRISIS ECONÓMICA, FRACASO DE LAS EXPECTATIVAS DEL PLENO EMPLEO Y QUIEBRA DEL CONSENSO SOBRE POLÍTICA SOCIAL
Este periodo se caracterizó durante la década de los años ochenta, por la glo-
balización económica, el declive industrial y los cambios en las estructuras del
mercado de trabajo. Se desarrollaron estructuras familiares diferentes a las
tradicionales y la pirámide de población envejeció. Todo ello generó una pro-
funda crisis fiscal que no pudo hacerse cargo de los gastos sociales. Ante esta
situación los planteamientos neoliberales, que proclamaban que las estructu-
ras de bienestar eran ineficaces para la dinamización del empleo, recobraron
fuerza. A su vez, la izquierda también atacó estas políticas de bienestar defi-
niéndolas como represivas, estigmatizadoras, asistencialistas, con una elevada
burocratización e incapaces de hacer frente a las desigualdades étnicas o de
género. La persistencia de la pobreza en las sociedades occidentales fue la
demostración, para muchos, del fracaso de los estados del bienestar.
En este contexto surgió el debate ideológico sobre pobreza y desigualdad
social. En el Tercer Mundo la crudeza de la pobreza en la mayoría de la pobla-
ción desmitificó el modelo de desarrollo económico y las organizaciones
intergubernamentales comenzaron a tomar un papel activo en estos debates
(ONU, OIT, OCDE, Consejo de Europa). La orientación universalizadora de la
política social como un elemento de justicia se encauzó hacia la activación de
los sectores que corrían el riesgo de quedarse fuera de la estructura socio-
económica. Los esfuerzos se centraron entonces en el desarrollo de políticas
para la formación laboral con el fin de incrementar la participación laboral.
Concretamente, en Europa se instó a los Estados a combatir la pobreza a tra-
vés de programas y recomendaciones, fundamentalmente centrados en el
acceso al empleo.
TERCER PERIODO: TRANSLACIÓN DEL CONCEPTO DE POBREZA HACIA EL CONCEPTO DE EXCLUSIÓN SOCIAL DEBIDO AL IMPULSO DE EUROPA
Hacia 1990 se produjo un cambio de terminología que permitía salir de la crisis
sin cuestionar el modelo de producción social. Sin embargo, hablar de pobreza
implicaba asumir el fracaso de los sistemas de protección social. Desde un
punto de vista conceptual, la exclusión dejaba fuera del sistema a los sectores
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empobrecidos, con lo que no se cuestionaba un sistema que solo funcionara
para quienes estaban dentro.
Se mantuvo como eje explicativo fundamental el mercado de trabajo y, por
tanto la intervención social se orientó hacia el impulso de medidas activas
que asegurasen la integración económica y social de todas las personas.
De nuevo empleo y familia fueron los elementos clave.
CUARTO PERIODO: VISIÓN CRÍTICA SOBRE LAS POLÍTICAS DIRIGIDAS HACIA LA EXCLUSIÓN SOCIAL
En la actualidad este periodo se caracteriza por ser un momento en el que la
crítica hacia el concepto de exclusión social está más desarrollada. Preocupa
además que este término oculte la diversidad de situaciones de los individuos y
grupos, y de las diferentes formas de exclusión. La intervención social, que se
apoya en la idea de exclusión, se plantea como objetivo la integración de indi-
viduos en lugar de concebirse como un cambio social que posibilite distintas
formas de participación social. También posee efectos estigmatizadores al con-
vertir a la población en objeto de intervención y en sospechosa de ser respon-
sable de su situación, y al asociarla con toda una serie de patologías sociales.
Lejos de la pasividad y la retirada del mundo laboral, las poblaciones en situa-
ciones de exclusión están recurriendo a otras actividades no formalizadas, en
mercados secundarios y poco rentables, pero en absoluto aislados de los
diferentes procesos sociales.
Un ejemplo de la aplicación técnica del concepto de exclusión en España se
refleja en los programas de intervención social llevados a cabo desde la
Administración. A este respecto se viene trabajando sobre dos tipos de cate-
gorías: «población normalizada» y «población excluida». Cuando la población
es categorizada como «normalizada» el problema se define en términos
socio-económicos debido a la crisis del mercado de trabajo y al recorte de
prestaciones sociales, pues se considera innecesario realizar una intervención
especial salvo en aquellas actividades relacionadas con la orientación profe-
sional. Por otra parte, al categorizar a la población como «excluida» sus
causas se perciben en el nivel psicológico o psicosocial. Se habla, entonces de
fracaso, enfermedad, crisis afectiva, irresponsabilidad frente a los riesgos, etc.
Una buena parte de la intervención se orienta hacia la modificación de estos
rasgos individuales a través del desarrollo de las habilidades personales, y
otra se dedica a buscar nichos laborales adecuados para estas personas en
situación de exclusión social.
La siguiente tabla resume este recorrido histórico e identifica las distintas eta-
pas en función de: SOBRE QUÉ (sujeto pasivo de la intervención), QUIÉN
(sujeto activo de la intervención) y PARA QUÉ se interviene (finalidad de la
intervención).
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Algunas conclusiones y recomendaciones
Durante el primer periodo, cuando se desarrolla el estado de bienestar se
asume la intervención social como un principio de justicia social que afecta a
toda la ciudadanía. Entendemos que este es un principio a recuperar y reclamar.
Del termino exclusión social recogemos la necesidad de poner de relieve no
solo las condiciones económicas, sino también la importancia del acceso a
servicios y del reclamo de formar parte actia, de ser miembros participantes
de esta sociedad. Sin embargo se echa de menos una reflexión en torno al
propio modelo que genera esa exclusión. La intervención para la inclusión debe-
ría ser por definición una intervención hacia la participación: toda sociedad
inclusiva y participativa dispondrá y habilitará mecanismos para garantizar los
Derechos Humanos, y para promover una ciudadanía activa entre todas
las personas que la componen.
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ÑACONTEXTOPERIODOS CARACTERÍSTICAS
1º(Postguerra)
2º
(Años 80)
3º
(Años 90)
4º
(Actualidad)
5º
Modelo de bienestarsocial, atención delestado universalista.
Crisis económica, quiebra de
expectativas de plenoempleo y del consenso
sobre política social.
Translación del concepto de pobrezahacia el concepto de
exclusión social debidoal impulso de Europa.
Análisis crítico sobre las políticas dirigidas hacia la
«exclusión social».
Nuevos paradigmaspara la intervención
social: Intervención social
participativa
Objeto: los pobres, es decir las personas con bajosrecursos.
Sujeto: los Estados a través de su política social.
Finalidad: reestablecer un principio de justiciasocial, derechos de toda la ciudadanía.
Objeto: los pobres, es decir las personas con bajosrecursos.
Sujeto: los Estados a través de políticas para laactivación del empleo.
Finalidad: incorporar en el mercado económico a las personas en peligro de exclusión.
Objeto: los excluidos, personas con bajos recursosque se quedan aislados, fuera del sistema (el sistema funciona, lo que no funciona son aquellos que se quedan fuera).
Sujeto: los Estados a través de políticas para laactivación del empleo.
Finalidad: incorporar en el mercado económico a las personas en riesgo de exclusión.
Objeto: los excluidos. En los informes se cuenta atoda la población con rentas bajas o un nivel debajo consumo, pero su caracterización es másmultidimensional.
Sujeto: el Estado y otros agentes sociales (asociaciones, ONGs que intervienen a través desubvenciones otorgadas por la Administración).
Finalidad: reinsertar, rehabilitar, normalizar a unapoblación excluida.
Objeto: Diferentes, desiguales, desconectados.
Sujeto: Objeto y sujeto de la intervención coparticipan en el análisis de la situación y en laspropuestas de intervención.
Finalidad: Comunicar a los diferentes, corregir las desigualdades, democratizar el acceso y restablecer un principio de justicia social.
a) Representaciones y metáforas: el círculo y la pirámide social
La idea de pobreza se representa como el escalón más bajo de la pirámide
social. La pobreza ha sido entendida, durante siglos, como una parte de la
sociedad.
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Pobreza Exclusión social
La idea de exclusión se ilustra a través de la metáfora del círculo. El círculo, figu-
ra casi perfecta, es un sistema que no se cuestiona pues todo funciona dentro
de él. El problema reside en el «excluido», aquel que está fuera del sistema
o del espacio político, cultural y económico, y que no es «capaz» de formar
parte de él.
Pero esta imagen esconde una realidad ineludible: la exclusión no es un pro-
blema coyuntural, sino que forma parte de nuestro sistema social y económico.
Es la propia organización social la que gesta en su interior «poblaciones
sobrantes». Como ilustra el caso de España, el factor trabajo por sí solo no
genera inclusión, ya que la precarización de las condiciones laborales sitúa a
los trabajadores dentro de la bolsa de «excluidos».
Los itinerarios de la exclusión son personales y familiares, pero su origen es
básicamente estructural. En una sociedad donde la competitividad es un
valor central, los mecanismos de exclusión constituyen una regla de juego ele-
mental y necesaria.
b) Nuevos paradigmas: Sociología de la exclusión y opción participativa
La representación o metáfora en este caso incluiría dentro de la membrana
sociedad tanto al círculo grande, el mundo de los «normalizados integrados»,
como a los otros círculos que representan distintos grupos de excluidos.
El concepto de exclusión que venimos tratando, la inclusión participativa, la
exclusión desde un enfoque comunicacional o los agentes de intervención
para el cambio social son algunas de las cuestiones que nos ayudarán a arro-
jar mayor claridad sobre este asunto.
El concepto de exclusión remite a una perspectiva de exclusión entendida
como la expresión más palpable de unos derechos insuficientemente respe-
tados o claramente vulnerados. Entre algunos de los factores que explican la
generación de la exclusión social se cuentan:
El factor estructural: mercado laboral y/o desequilibrio en la distribución de
la renta.
Los contextos sociales: redes naturales como la familia o las solidaridades
de proximidad, mecanismos de protección social, etc.
La propia subjetividad: situaciones personales de afectividad, identidad,
autoestima, etc.
Destacar el factor estructural otorga una dimensión esencialmente política
—ciudadanía de derecho—; la dimensión contextual demanda una práctica
solidaria para la creación y el fortalecimiento de los mundos vitales; y la
dimensión subjetiva aporta elementos para producir solidaridad y acciones
de ayuda mutua.
La dimensión participativa en la intervención social se centra en la inclusión par-
ticipativa y, básicamente, consiste en entender que el objeto de la intervención
debe convertirse en sujeto. El grupo definido como vulnerable participa en la
definición de su situación problemática y en la búsqueda de soluciones. Algu-
nos ejemplos pueden ser la educación popular o la investigación-acción par-
ticipativa.
Esta perspectiva de inclusión social participativa significa:
Tomar conciencia sobre cómo nuestros análisis, proyectos e intervenciones
pueden ser etnocéntricos y marginadores.
Saber mirar y escuchar de otra manera, adentrarse en esos contextos,
conocerlos y sentirlos no desde nuestra situación integrada o normalizada,
sino desde la perspectiva de los «otros».
Ver al «otro» no como objeto para ser intervenido sino como un semejante.
Convertir la competitividad en colaboración desde el compromiso por todo
lo humano.
Convertir al objeto de la intervención en sujeto de este proceso, al coparti-
cipar en la definición del problema social, en la búsqueda de recursos dis-
ponibles para la actuación y en las vías de solución o actuación posibles.
Todo ello hace necesario revisar los contenidos, objetivos y recursos disponi-
bles y utilizados en toda intervención social tanto desde la Administración
como desde el tejido asociativo. Por ello, en un mismo orden de cosas, es pre-
ciso dejarse cuestionar y afectar por los colectivos hacia los que se dirige la
intervención.
Entre los nuevos enfoques sobre la intervención social recogemos también la
propuesta de comprender la exclusión desde un enfoque comunicacional.
García Canclini (2004) analiza conjuntamente las diferencias, que normal-
mente estudian las teorías de lo étnico y lo nacional; las desigualdades sobre
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las que el marxismo y otras corrientes macrosociales se centran; y las cone-
xiones y desconexiones como foco de atención en los campos comunicacio-
nal e informático. Así describe, por ejemplo, que «los indígenas no son dife-
rentes solo por su condición étnica, sino también porque la reestructuración
neoliberal de los mercados agrava su desigualdad y exclusión. Son desemple-
ados, pobres, migrantes, indocumentados, homeless, desconectados». El
autor señala cómo «el problema es ser incluidos, llegar a conectarse, sin que
se atropelle su diferencia ni se los condene a la desigualdad. En suma, ser ciu-
dadanos en sentido intercultural» (Desiguales, diferentes y desconectados).
«En un mundo organizado a la vez para interconectar y excluir, las dos políti-
cas más ensayadas hasta ahora para la interculturalidad —la tolerancia hacia
los diferentes y la solidaridad de los de abajo— son requisitos para seguir
conviviendo. Comunicar a los diferentes, corregir las desigualdades y demo-
cratizar el acceso a patrimonios interculturales se han vuelto tareas indisocia-
bles para salir de este tiempo de abundancia mezquina».
Si el objetivo de la intervención social es mejorar la calidad de vida de toda la
ciudadanía a través de las necesidades sociales y si estas son de toda la socie-
dad, a la pregunta de quiénes deben ser agentes de intervención para el cambio
social ha de contestarse que la sociedad tomada en su conjunto —Adminis-
tración, Sociedad civil y mercado— es la responsable de ofrecer respuestas sin
que nadie detente la exclusiva de la intervención o se exima de esta participación.
Análisis sobre la exclusión social en España
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El reciente Informe sobre la Inclusión Social en España (Caixa Catalunya,
2008) pone de relieve la cruda realidad en la que vive un porcentaje elevado
de la población a pesar del crecimiento constante de la economía en los
últimos diez años. España presenta las tasas más altas de pobreza moderada
y alta, así como de desempleo y contratación temporal del entorno europeo
(UE-15). El 19,9% de la población residente en España está por debajo del
umbral de pobreza relativa. La tasa de las mujeres (21,2%) es superior a la de los
hombres (18,5%). Las comunidades autónomas donde el porcentaje de pobreza
moderada es mayor son: Murcia (21,2%), Castilla y León (21,1%), La Rioja (20,4%)
y Canarias (20,3%). Respecto a la pobreza severa, Castilla y León y Extrema-
dura tienen las tasas más altas.
Pero las mayores desigualdades se observan de modo más claro según el rango
de edad. Las personas de 65 o más años padecen una tasa de pobreza del
30,6%, y los menores de 16 años un 23,8%. Los factores más importantes que
inciden sobre el riesgo de exclusión en la infancia son la composición del
hogar y la vinculación de los progenitores al mercado de trabajo, mientras
que en la vejez destaca el hecho de ser mujer y vivir sola (INE - Encuesta con-
diciones de vida, 2006).
La brecha pobreza-riqueza se incrementa año a año en España. La desigualdad
en la distribución de los ingresos se ha mantenido siempre por encima de la
media europea. Según los datos ofrecidos por el Colectivo IOE, Barómetro
social de España 2008, utilizando el índice Gini elaborado por Eurostat entre
los años 2002 y 2005, el 25% de hogares más ricos incrementó su patrimonio
77 veces más (215.400 ¤ de media, en valores constantes) que el 25% de hoga-
res más pobres (2.800 ¤). Por otra parte, diversas fuentes prestan atención al
factor género como uno de los elementos descriptores de la naturaleza de la
exclusión.
En cuanto a la situación laboral, España es el país de la UE con las tasas más
altas de contratación temporal. Existe una fuerte segmentación del mercado de
trabajo a tiempo parcial con un claro predominio femenino. Por ello disponer
de trabajo en el hogar no es garantía de protección frente a la exclusión eco-
nómica si se trata de un empleo de salario bajo. España presenta tasas altas
de pobreza en hogares en los que hay únicamente una persona que trabaja,
especialmente si está contratada de manera temporal.
El sistema público de bienestar en España muestra un déficit importante en la
protección social de menores. Se registran las tasas de pobreza infantil más altas
del entorno europeo. Las políticas de bienestar tienen un impacto muy limitado,
solo un 6% de estos menores sale de la pobreza gracias a las transferencias socia-
les que realizan las administraciones públicas. Uno de cada dos menores de
origen inmigrante no europeo se encuentra en situación de pobreza, una propor-
ción 2,5 superior a los menores pobres de origen español. El fracaso escolar,
que ha bajado en los últimos 15 años en España, permanece sin embargo en un
30%, un nivel muy importante —el doble del nivel Europeo—. Estos datos
expresan la vulnerabilidad de una parte importante de los jóvenes y la preca-
riedad socio-laboral que puede derivarse de esta situación.
Las condiciones de vida de la población extranjera respecto a la autóctona
constituyen uno de los principales riesgos de fractura social. La situación
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económica es especialmente difícil para las familias de origen inmigrante con
menores dependientes (según el mismo informe de La Caixa mencionado).
La población extranjera encuentra mayores dificultades para la integración
laboral y social debido, fundamentalmente, a las barreras institucionales (ob-
tención de permisos de trabajo, Ley de Extranjería). No obstante, tener la
documentación en regla no es suficiente para lograr la inclusión de los inmi-
grantes en la medida en que los empleos a los que tienen acceso suelen tener
retribuciones muy bajas, lo que incrementa su riesgo de caer por debajo del
umbral de pobreza.
En los últimos diez años, España ha reducido los gastos destinados a la
protección social, siendo la reducción más importante de la Unión Europea.
Sin embargo, entre 1999 y 2005, se ha producido una cierta estabilización
alrededor de un 20% del PIB dedicado a la protección social seguida por un
pequeño crecimiento hasta el 20,8%. En la Unión Europea, sin embargo, la
media es de 27,8%.
Recientemente se ha aprobado el Informe Nacional de Estrategias de Protec-
ción Social e Inclusión Social 2008-2010 (todavía no se ha presentado en
público) cuyo objetivo es reforzar las políticas sociales y avanzar en el estado
del bienestar. Las áreas prioritarias serán la educación, la sanidad y la depen-
dencia. En ellas la meta se concretará en la subida de las pensiones más bajas
y del salario mínimo, el desarrollo y la plena implantación de la Ley de
Dependencia, la apuesta por la educación de 0 a 3 años, la creación de una
ley de Salud Pública y la regulación de los tiempos máximos de espera en
casos que puedan derivar en discapacidad o secuelas graves (Infosocial Fun-
dación Luis Vives, 2008).
El Diagnóstico sobre la situación de la exclusión social en España elaborado
para el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2003-2005 (Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, 2003) pone de manifiesto que existen algunos
grupos con mayor riesgo de exclusión social. En dicho informe se enumeran:
Los drogodependientes y los enfermos de SIDA quienes se encuentran en
una situación de marginación social acusada, ligada a niveles bajos de edu-
cación, exclusión del mercado laboral y carencia de apoyos familiares.
Los inmigrantes que cuentan, en gran medida, con baja cualificación profe-
sional, acceso a trabajos de remuneración salarial escasa, además de
graves problemas de desestructuración familiar como consecuencia de la
propia naturaleza del fenómeno de la inmigración.
Los reclusos por su situación de marginalidad, desestructuración familiar y
dificultades asociadas a la reinserción social y laboral posterior.
Las personas maltratadas, en la mayoría de las ocasiones por familiares
cercanos.
Las personas que ejercen la prostitución, en la mayoría de las ocasiones, al
margen de los servicios sociales y sanitarios.
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En España, la responsabilidad de liderar el Plan Nacional de Acción para la
Inclusión Social corresponde al Ministerio de Trabajo e Inmigración a través de
la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad. Este
Ministerio incluye las competencias en materia laboral, de ordenación y regu-
lación del empleo y de seguridad social, extranjería, inmigración y emigración.
Pero dentro de la Administración Central existen otros Ministerios con
competencias vinculadas al sistema de bienestar social.
A continuación presentamos el siguiente cuadro resumen en el que se
recogen algunas de las instituciones, principalmente ministerios, más signifi-
cativas:
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MINISTERIOS ÁREAS INCLUIDAS ENTRE SUS COMPETENCIAS
Ministerio de AsuntosExteriores yCooperación
Ministerio del Interior
Ministerio deEducación, PolíticaSocial y Deporte
Ministerio de Sanidad yConsumo
Ministerio de Vivienda
Ministerio de Igualdad
Dirección de la política exterior y de cooperación internacionalpara el desarrollo.
Promoción de las condiciones para el ejercicio de los derechosfundamentales.
Materia educativa, formación profesional, dirección de las políticas de cohesión e inclusión social, de familias, de protección del menor y de atención a las personas dependientes o con discapacidad.
Materia de salud, de planificación y asistencia sanitaria, garantía del derecho a la salud para todos los ciudadanos.
Materia de vivienda.
Lucha contra toda clase de discriminación y contra la violenciade género.
Sin embargo, una de las características del sistema de bienestar español es su
estructura político-administrativa en la que buena parte de las competencias
relevantes desde la perspectiva de la lucha contra la pobreza y la exclusión
social se encuentran transferidas a las comunidades autónomas y a las corpo-
raciones locales en las que se produce una gran diversidad de estructuras orga-
nizacionales para dar respuesta a este cometido. Esta multiplicidad de políticas
públicas ha producido, entre otras consecuencias, marcos de respuesta diver-
gentes (el abordaje de la prostitución serviría de ejemplo). En definitiva,
las comunidades autónomas han conseguido ya ser titulares de importantes
competencias delegadas desde la Administración Central, pero las grandes
corporaciones locales acusan a su vez a las primeras de no cederles mayores
presupuestos y competencias.
Uno de los elementos indispensables para comprender el desarrollo de estas
políticas públicas en la actualidad pasa por la incorporación al análisis de lo
que se ha venido a llamar el tercer sector. Este representa al conjunto de orga-
nizaciones que tiene finalidades de interés social y sin ánimo de lucro, que
se desarrolla en ámbitos como la lucha contra la pobreza y la exclusión, la coo-
peración internacional, el cuidado del medio ambiente, la promoción de
la cultura, el ocio y la juventud, el incremento de actividades sociales, etc.
Las organizaciones del tercer sector cuentan con más de 700.000 personas
remuneradas y con más de un millón de personas voluntarias. Más del 40% de
las entidades del tercer sector se concentran entre Cataluña y Andalucía
(Civita, 2004).
El rol del tercer sector como agente social va más allá de la organización de
actividades y la ejecución de proyectos, ya que incluye tomar posición e inci-
dir activamente en las políticas que afectan a su ámbito y elaborar propues-
tas de mejora. La incidencia es pues una actividad estratégica y está directa-
mente relacionada con la misión y la razón de ser de la mayor parte de las
entidades no lucrativas.
Dichas actividades de incidencia son «aquellas que se realizan con el objetivo
de conseguir cambios en las políticas y en los programas gubernamentales,
en el comportamiento empresarial o en los hábitos o actitudes de la sociedad
ante una situación específica» (Marimon y Vidal 2008).
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EDUCACIÓN PARA ELDESARROLLO
SENSIBILIZACIÓN INCIDENCIA POLÍTICA
Difusión de temas relacionados con la vulneración del derecho a lasalud, que generan una conciencia crítica parallegar a favorecer la movilización social en favorde las propuestas de cambio.
Trabajo educativo a medioplazo para la formación de actitudes y valores que propicien una ciudadaníaactiva y responsable paraconstruir un mundo másjusto y solidario.
Presión política, llamar laatención de las personas concapacidad de tomar decisiones y dirigirles hacianuestras propuestas de cambio concretas.
Dentro del tercer sector existen referencias organizacionales que es nece-
sario mencionar:
CONSEJO ESTATAL DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE ACCIÓN SOCIAL
Es un órgano de carácter consultivo, adscrito a la Administración General del
Estado a través del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. Se trata
de un lugar de encuentro, asesoramiento, participación y diálogo entre el
movimiento asociativo y la Administración General del Estado. Su finalidad
primordial consiste en propiciar la participación de las organizaciones sin
ánimo de lucro en la elaboración de las políticas sociales. Para el cumplimiento
de este fin, el Consejo podrá asesorar y proponer medidas que se realicen en
favor de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad.
PLATAFORMA DE ONG DE ACCIÓN SOCIAL
Es una organización de ámbito estatal, privada, aconfesional y sin ánimo de
lucro que trabaja para promover el pleno desarrollo de los derechos sociales y
civiles de los colectivos más vulnerables y desprotegidos de nuestro país
y fortalecer el tercer sector de ámbito social. Entre sus líneas estratégicas
destacan:
Desarrollo social como objetivo estratégico;
Estatuto del Sector Social para «crear sociedad»;
Desarrollo de un Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social;
Nuevo marco de financiación y una mayor autonomía económico-política.
OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR
Es un centro de investigación especializado en el tercer sector, sin ánimo de
lucro e independiente, con la finalidad de profundizar e incrementar el cono-
cimiento sobre este sector, y de trabajar para mejorar el funcionamiento de
las organizaciones no lucrativas. Entre sus líneas de trabajo destacan:
Estructuración del tercer sector;
Funcionamiento de las organizaciones;
Investigación en ámbitos como juventud, cooperación al desarrollo, banca
ética, etc.
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3030
El colectivo y sus necesidades
Definición del colectivo y rasgos del perfil
Según el Diccionario de la Real Academia Española, la prostitución es aquella
«actividad a la que se dedica la persona que mantiene relaciones sexuales
con otros a cambio de dinero». Médicos del Mundo, en su documento
de posicionamiento sobre prostitución, la define como «una relación de
desigualdad de género basada en el rol tradicional de sumisión sexual
de las mujeres y el de explotación de los más débiles por los más podero-
sos, en la que una persona por motivos económicos, legales, sociales o cul-
turales, se ve obligada a prestar a otras determinados servicios sexuales a
cambio de dinero u otro tipo de contraprestación. Esta situación conlleva
una clara exposición a la vulneración de los Derechos Humanos, en cuanto
que es una relación que somete a usufructo temporal el cuerpo y la voluntad
de la persona prostituida y provoca servidumbre». Según la organización
existen tres tipos o grados de prostitución:
1. Libre oferta: servicios sexuales ofrecidos por una persona sin existir
intermediario alguno.
2. Organizada (privada): servicios sexuales en los que oferta y demanda se
encuentran ligadas. En este caso, los actores a tener en cuenta son reclu-
tadores, traficantes, proxenetas y todos aquellos que financian los centros.
3. Oficializada: designa al ejercicio privado, pero dotado de una reglamenta-
ción protectora por parte de las autoridades administrativas y policiales.
En el mismo documento de posicionamiento sobre la prostitución, las
personas prostituidas se definen como «aquellas personas que están
obligadas por un agente/sujeto externo a ejercer la prostitución». Por su
parte, el documento de posicionamiento sobre la trata y tráfico de mujeres
recoge las siguientes definiciones:
Persona prostituida: «persona que presta servicios sexuales en contra de
su voluntad (coaccionada por redes o mafias, por precariedad económica
o por uso de drogas) y que sufre trato degradante e inhumano. Esta defi-
nición muestra una situación cronificada y de dependencia absoluta del
proxeneta».
Persona que ejerce la prostitución: «la persona ejerce esta actividad en
contra de su voluntad en un momento concreto de su vida y por causas
determinadas. Esta definición muestra esta práctica como algo eventual».
Colectivo personas en situación de prostitución
31
Trabajador/a del sexo: «persona que presta servicios sexuales y consi-
dera esta actividad como un trabajo».
Basándose en un estudio criminológico de la Unidad Técnica de la Policía
Judicial de la Guardia Civil, la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer
en el Congreso de los Diputados concluyó en 2007 que «la prostitución en
España está directamente relacionada con la trata de mujeres y la explotación
sexual». Por ello, sobre este colectivo se aportarán definiciones, datos y
diagnósticos, no solo referidos a la prostitución sino también a la trata y al
tráfico de personas vinculadas a la explotación sexual.
En cualquier caso, para atribuir a una persona la condición de estar siendo
prostituida por terceros, así como para diagnosticar que está siendo objeto
de trata o que ha sido traficada, es necesario establecer algún criterio. Para
ello se han diseñado protocolos de identificación (Médicos del Mundo está
elaborando una guía para la identificación de víctimas de trata que se espe-
ra esté lista en marzo de 2009).
Las personas en situación de trata pueden requerir una atención diferente de
las que se encuentran en otra situación, de ahí la importancia de utilizar los
términos con propiedad y evitar atribuciones que no estén contrastadas.
Entre las personas que son atendidas en los programas de inclusión social
de Médicos del Mundo existen tanto personas prostituidas (por terceros),
como personas que realizan esta actividad sin que existan detrás otras figu-
ras. Aunque se tiende a abusar de la terminología relativa a las personas
prostituidas, los proyectos no establecen que, en caso de que una persona
se considere a sí misma como trabajadora del sexo, esta circunstancia
pueda ser motivo de exclusión o de denegación de la atención en los
dispositivos de la organización. En adelante, para referirse a ambos colec-
tivos se utilizará en este texto la referencia genérica de personas en situa-
ción de prostitución. Las personas con quienes estas mantienen relaciones
sexuales a cambio de dinero no serán mencionadas ni como clientes ni
como prostituidores, sino como personas que pagan por tener sexo.
La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, adop-
tada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, reconoce que
la violencia contra las mujeres es una violación de los Derechos Humanos y
una forma de discriminación contra las mujeres, y la define en su Artículo 1
como «todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino
que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico,
sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la
coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la
vida pública como en la vida privada». En el Artículo 2 se establece los
actos que abarca, entre los cuales se encuentran la violencia física, sexual y
psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, la trata de
mujeres y la prostitución forzada.
COLECTIVO EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN
32
Debe evitarse la habitual confusión entre los fenómenos de tráfico y de trata
de personas. Tal y como recoge el documento definitivo de posicionamiento
de Médicos del Mundo sobre trata y tráfico, «el tráfico ha sido definido como
la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un estado, respecto al
cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de
obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de
orden material». Mientras que el objetivo de la trata es «la explotación de la
persona, la finalidad del tráfico es la entrada ilegal de personas. En el caso
de la trata, no es necesario que las víctimas crucen fronteras para que se
configure el hecho delictivo, mientras que este último es un elemento nece-
sario para la comisión del tráfico». Asimismo es preciso especificar que tanto
la trata como el tráfico pueden dirigirse a otros fines al margen de la explo-
tación sexual, como es el caso de la explotación laboral.
Uno de los motivos de confusión entre trata y tráfico tiene su origen en las
traducciones de la terminología anglosajona utilizada para identificarlos.
Trafficking in Persons designa en inglés la trata de personas y Smuggling in
Migrants remite a la acepción para tráfico ilícito de migrantes. Debido a las
similitudes entre la palabra trafficking y la castellana 'tráfico', se han comen-
zado a utilizar como sinónimas cuando en realidad describen dos realidades
inicialmente similares (movilización de seres humanos), pero con caracterís-
ticas muy diferentes» (Yedra García, 2007). En esta misma tesina se ofrece
una comparativa de elementos diferenciadores entre estas dos figuras:
TRATACARACTERÍSTICAS TRÁFICO
Dimensión territorial
Relación entre partes
Voluntad de la víctima
Propósito del ejecutante
Número de personas involucradas
Tipo de delito
Nacional e internacional
Durante la explotación
Viciada
Comercio con personas
Múltiples, por fases
Contra los DD HH
Internacional
Durante el traslado
Consentimiento
Comercio con servicio
Una o varias
Contra la soberanía delEstado
A raíz de la Convención de Palermo, Naciones Unidas (2000) define la trata
de personas como «la captación, el transporte, el traslado, la acogida o
recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras
formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de
una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o
beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga auto-
ridad sobre otra con fines de explotación. Esa explotación puede incluir,
como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de
explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácti-
cas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos».
COLECTIVO EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN
33
Por su parte, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados define
la trata desde la perspectiva de los movimientos migratorios. Así, según
esta organización «la trata consiste en utilizar, en provecho propio y de un
modo abusivo, las cualidades de una persona. Para que la explotación se
haga efectiva, los tratantes deben recurrir a la captación, el transporte, el
traslado, la acogida o la recepción de personas».
Según la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
sobre la lucha contra la trata de seres humanos y lucha contra la explota-
ción sexual de los niños y la pornografía: «la explotación sexual consiste en
la explotación de una persona con fines de prostitución, espectáculos por-
nográficos o producción de material pornográfico».
En el cuadro siguiente puede observarse la correspondencia entre los
conceptos de trata y tráfico, según reporta la Unidad Técnica de Policía
Judicial de la Guardia Civil en su informe criminológico de 2005 sobre trata
de seres humanos con fines de explotación sexual:
La actividad de las personas en situación de prostitución guarda estrecha
vinculación con la idiosincrasia del lugar donde esta tiene lugar. En función
del ámbito, el Manual de prevención del VIH en personas que ejercen la
prostitución (2005) distingue entre prostitución al aire libre y prostitución
en locales cerrados. El primero incluye tanto la calle, como parques y otros
lugares públicos. En esta modalidad, la actividad se realiza in situ o en lugares
que se alquilan para este fin, siendo este un contexto que se presta a situa-
ciones de vulnerabilidad.
En segundo caso, la prostitución en locales cerrados incluye:
Clubes: Los clubes están establecidos tanto en ciudades como en las
carreteras. En ocasiones, las personas en situación de prostitución tienen
la residencia en el propio club. Algunos clubes funcionan mediante el
sistema de plaza, que consiste en el intercambio de mujeres entre dife-
rentes locales en los que realizan estancias de aproximadamente 21 días.
Pisos: y casas privadas en las que se usa alguna forma de publicidad, ya
sea mediante agencias de acompañamiento o anunciándose a través de
Conceptos de los Protocolos de la convención dela ONU
Articuladodel vigente
Código Penal español
Código y concepto en el Programa Estadístico deSeguridad Mº del Interior
TRATA de SERES
HUMANOS
Explotación de la prostitución
ajena
188
318 bis 2
187189-2189-1
232
311
221
156
318 bis 1
854 - Coacción / lubro sobre prostitución 1555 - Contra los derechos de los ciudadanos extranjeros:tráfico legal / inmigración clandestina con fines sexuales.
852 - Corrupción de menores
856 - Promoción de menores
1238 - Explotación de la mendicidad
1500 - Contra los derechos de los trabajadores
1226 - Tráfico de niños
No consta
1550 - Tráfico ilegal - inmigracion clandestina
Otras formas deexplotación
sexual
TRÁFICO de INMIGRANTES
1 explotaciónsexual
2 Trabajos o servicios forzados,esclavitud y prácticas análogas,servidumbre (explotación laboral)
3. Tráfico de niños
4. Extracción de órganos
5. Tráfico de inmigrantes
COLECTIVO EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN
34
un número de teléfono. Puede existir la figura del responsable del piso
(madame), pero puede también tratarse de un grupo de personas que
comparten este espacio; incluso puede tratarse de una persona sola.
Hoteles: y establecimientos a los que las personas en situación de
prostitución pueden ser enviadas por las agencias de acompañantes con
el fin de encontrarse con personas que pagan por tener sexo. También
pueden ubicarse allí por su cuenta y esperar encuentros casuales en los
bares de los hoteles.
Agencias de acompañantes: anunciadas en los periódicos locales, en revistas
de contactos y en Internet. Es frecuente que se atienda la demanda a domi-
cilio, para mayor discreción de la persona que paga por tener sexo.
Saunas gays: o locales dirigidos a hombres que tienen sexo con hombres
donde se ofrecen, previo pago de una entrada, servicios de sauna, gimnasio,
bar, etc. Cuentan con cabinas cerradas con pequeñas camas. En algunas
de ellas tienen lugar actividades de prostitución masculina.
Cines: normalmente porno, en los que suele darse prostitución de hombres,
inmigrantes o jóvenes en situación de exclusión social. Normalmente las
relaciones se suelen producir en la propia sala o en los lavabos. La mayo-
ría de los responsables de estos establecimientos suelen negar esta rea-
lidad, de ahí las dificultades de intervención.
Macrocentros: y grandes superficies situadas en las zonas metropolitanas
con capacidad para albergar a un gran número de personas en situación de
prostitución. En estos centros, además de evitarse la conflictividad con los
vecinos, es más fácil salvaguardar el anonimato de la persona que paga por
tener sexo y resulta mucho más difícil realizar intervenciones preventivas.
Aunque se trate de colectivos minoritarios, dentro de este ámbito es necesa-
rio introducir en el análisis la situación de las personas transexuales y de los
hombres en situación de prostitución. En el caso de la prostitución transexual,
existen determinadas condiciones como el surgimiento de problemáticas
sanitarias y psicológicas relacionadas con la transexualidad y los procesos
de transexualización (auto-hormonación, inyección de silicona, etc.) que
suponen a su vez un alto coste económico y que, según el estudio de Ados
Consulting (2008), son uno de los factores más influyentes para comenzar
a ejercer la actividad.
Como se afirma en la Ponencia sobre la prostitución en España, aprobada en
2007 por la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer y de la Igualdad de
Oportunidades de las Cortes Generales «desde el punto de vista jurídico
penal, la legislación española no considera la prostitución*como constitutiva
de delito, únicamente lo son las situaciones relativas a la misma que suponen
* Ver Código Penal y Ley Orgánica 11/2003 de 29 de septiembre.
COLECTIVO EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN
35
una limitación de la libertad sexual de la víctima o el aprovechamiento de su
situación de debilidad, o que favorecen la prostitución de menores o incapa-
ces: favorecimiento de la prostitución de menores o incapaces, determinación
a la prostitución mediante violencia, intimidación, engaño o abuso de situa-
ción de superioridad, necesidad o vulnerabilidad, utilización de menores
e incapaces en espectáculos exhibicionistas o pornográficos o para elaborar
material pornográfico, corrupción de menores e incumplimiento de debe-
res asistenciales».
Características de las personas en situación de prostitución
En España, las personas en situación de prostitución no forman un grupo
homogéneo, ya que el colectivo incluye a mujeres, hombres, travestis,
transexuales, inmigrantes, jóvenes o usuarios de drogas que se prostituyen
en diferentes contextos. Todas estas razones hacen necesario considerar las
peculiaridades de cada subgrupo y ajustar las intervenciones a sus particu-
laridades, a su cultura y a sus necesidades.
Siguiendo el Informe de la Ponencia sobre la prostitución en España antes
mencionado este colectivo tiene las siguientes particularidades:
Las personas en situación de prostitución son generalmente mujeres
jóvenes con bajo nivel educativo.
Se trata mayoritariamente de mujeres pobres y/o en situación de
desarraigo social, por lo que el fenómeno tiene una relación directa
con la feminización de la pobreza.
Hasta hace pocos años las mujeres que se encontraban en situación de
prostitución eran mayoritariamente españolas, y parte de las mismas
presentaba usos problemáticos de drogas. Progresivamente se ha
producido una evolución de su situación y del contexto al que
pertenecían, por el que finalmente no han continuado en situación
de prostitución. En el mismo sentido, la mejora social y económica de
las mujeres españolas merma las posibilidades de que sean suscep-
tibles de encontrarse en situación de prostitución y exclusión social.
Anteriormente, la relación era de un 90% de nacionales frente al 10%
de extranjeras, relación que se ha invertido en poco tiempo (según
datos de la Guardia Civil).
Quienes se encuentran actualmente en esta situación son, en su
mayoría, inmigrantes procedentes de los países pobres.
Según los lugares la procedencia, la mayoría es oriunda de países del
Este de Europa, Latinoamérica y África Central.
COLECTIVO EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN
36
El número de personas en situación de prostitución atendidas por Médicos del Mundo durante
2008 en las diez comunidades autónomas adscritas a este proyecto ha sido de 10.443 personas
procedentes de 80 nacionalidades distintas.
Las nacionalidades más representadas son en orden decreciente: la brasileña (1.859 personas
atendidas), la rumana (1.680 personas atendidas), la nigeriana (1.516 personas atendidas), la
española (1.216 personas atendidas), la colombiana (991 personas atendidas), la ecuatoriana
(640 personas atendidas) y la de República Dominicana (550 personas atendidas).
Las personas en situación de prostitución de origen español atendidas durante 2008 han sido
1.216. Las provincias de origen mayoritarias han sido Sevilla (77 personas), Las Palmas de Gran
Canaria (92), Palma de Mallorca (84), Valencia (83) y Santa Cruz de Tenerife (67).
Seis nacionalidades más representativas
550
640
991
1216
1516
1680
1859
República Dominicana
Ecuador
Colombia
España
Nigeria
Rumanía
Brasil
0 500 1000 1500 2000
COLECTIVO EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN
37
PEP atendidas en 2007 por sexo y edad
Más de 74 años
65 - 74 años
55 - 64 años
45 - 54 años
35 - 44 años
25 - 34 años
18 - 24 años
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
0
4
0
0
21
5
8
143
8
79
649
23
217
1.853
59
ED
AD
331
4.317
129
89
2.413
94
Distribución de personas en situación de prostitución atendidas por sexo y edad en números
totales.
Hombres TransexualesMujeres
Los principales núcleos de atención por sexo y edad son, en primer lugar, las mujeres de 25 a
34 años con 4.317 beneficiarias, seguidos de las mujeres de entre 18 y 24 años con 2.366 bene-
ficiarias y las mujeres de 35 a 44 años con 1.853 beneficiarias. Se pone de manifiesto una vez
más la presencia mayoritaria de mujeres entre los colectivos beneficiarios.
Características de las personas en situación de prostitución traficadas y en situación de trata
Por lo que se refiere a la procedencia geográfica de las mujeres en situación
de prostitución traficadas, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2006)
apunta que «en la actualidad en España operan redes de tres procedencias
fundamentales: de países del Este de Europa, del África Subsahariana y de
países latinoamericanos. Dentro de estas grandes zonas, los países que
mayor tráfico generan son, respectivamente, Rumanía, Nigeria y Brasil o
Paraguay».
La misma fuente aporta referencias que nos aproximan al perfil y a las
condiciones de vida de estas mujeres a través del tipo de patrón de tráfico
del que son objeto:
«Las redes rumanas son las que ejercen una mayor violencia física
contra sus víctimas para obligarlas a someterse a sus fines. Aprovechan
COLECTIVO EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN
38
que sus compatriotas no necesitan visado para residir legalmente en
España durante 3 meses, tiempo en el que las obligan a obtener los
mayores ingresos posibles. Al término de este plazo de 3 meses, las
redes 'venden' a otras organizaciones los presuntos derechos de
explotación de la mujer, con lo que es la segunda mafia la que corre
con el riesgo de las pérdidas económicas que se derivarían de la
deportación de alguna de las víctimas. Captan a mujeres muy jóve-
nes y las destinan inicialmente a clubes de pequeñas localidades,
donde son vigiladas por controladoras de la propia red. Otra vía para
limitar las relaciones de las víctimas con su entorno consiste en cam-
biarlas a menudo de lugar de residencia, y convencerlas de que la
policía española actúa en connivencia con las mafias, por lo que las
delatarán si tratan de pedir ayuda legal». En la actualidad, la mayor
parte de las mujeres víctimas de trata de Europa del Este proceden
de Moldavia y Albania, así como de Ucrania y de ciertas zonas de
Rusia, aunque sobre todo son de nacionalidad rumana. Respecto a la
edad con que llegan a España, presentan mayor homogeneidad y es
frecuente encontrar a mujeres que apenas han superado la mayoría
de edad. La edad máxima de las mujeres rumanas traficadas con
fines de explotación sexual suele estar en torno a los 26 años.
La situación familiar también constituye un elemento diferenciador
de las víctimas de otras partes del mundo. Es poco frecuente que
tengan hijos en su país de origen o en España. Sin embargo, la
dependencia económica de sus ingresos por parte de sus familias
supone una gran carga para ellas.
«Las redes nigerianas se caracterizan por reclutar a las mujeres median-
te engaños. Este engaño respecto al destino de la mujer les resulta más
sencillo por la distancia cultural entre Europa y sus zonas de origen. Una
vez atrapadas por la red y en España, a la deuda económica como
factor de permanencia se suman amenazas y fuertes coacciones de
índole psicológica en forma de rituales vudú. El acceso de estas
mujeres a nuestro país se realiza por cauces irregulares y van indocu-
mentadas para entorpecer los trámites de identificación y repatriación.
Ejercen su actividad en la calle, y en la captación es frecuente que
participen las mujeres que ya están próximas a saldar su deuda,
entrado de este modo en el engranaje de la organización a la que ha
servido durante años». A pesar de la dificultad que supone estimar la
edad de estas mujeres, esta podría establecerse por debajo de los
23 años. Debido a los elevados índices de natalidad, las mujeres del
África Subsahariana suelen tener muchas cargas familiares derivadas
de sus extensas familias.
«Las redes latinoamericanas captan a mujeres generalmente de más
edad, conocedoras de la actividad que vienen a ejercer [...] aunque
COLECTIVO EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN
39
no de las condiciones de la misma [...], y de la dependencia econó-
mica del proxeneta que ha pagado los gastos de su viaje a España, no
del captador en origen o tratante. A su llegada a nuestro país viven
semienclaustradas en clubes, donde el montante de su deuda aumen-
ta como consecuencia de los gastos de manutención con los que corre
su explotador. Al ser una situación conocida de antemano por las víc-
timas, es menos frecuente la violencia física; incluso la relación con el
dueño del club se reviste de un carácter pseudolegal (se abona un
préstamo para el que se han puesto como garantía propiedades de
toda la familia)». La mayor proporción de víctimas latinas explotadas
sexualmente en nuestro país proceden de Colombia, República
Dominicana y Brasil, seguidas por mujeres de nacionalidad ecuato-
riana, peruana y paraguaya (esta última aumenta exponencialmente
cada año). Estas víctimas suelen ser de mayor edad que las de los
otros dos grupos clasificados, situándose la media de edad en torno
a los 25 años. En lo referente a las cargas familiares de las mujeres
provenientes de América Latina y en comparación con el resto de
colectivos, predomina el perfil de mujer joven con hijos, bien
en España o en el país de origen, siendo este segundo caso mayori-
tario. Es muy frecuente encontrarlas en clubes, pisos de contactos,
discotecas y hoteles de plaza.
Efectivos y evolución de la prostitución en general
Resulta complejo cuantificar el número de personas que se encuentran
en esta situación. No todos los escenarios son igual de accesibles, pues la
actividad de las personas en situación de prostitución suele desarrollarse
en la calle, en clubes de alterne o en pisos. Estos últimos son propiedades
no registradas a los que las personas que pagan por realizar sexo acuden
tras contactar a través de anuncios de prensa o de Internet. Otra de las
fórmulas, también a través de estos anuncios de contactos, consiste en el
desplazamiento de la persona en situación de prostitución al domicilio,
hotel o lugar donde indique la persona que demanda la actividad.
Según la Ponencia sobre la prostitución en España, aprobada en 2007 en la
Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer y de la Igualdad de Opor-
tunidades de las Cortes Generales:
En España hay unas 400.000 prostitutas, con unos 15 millones
de potenciales clientes varones, es decir, una prostituta por cada
38 hombres.
El 6% de la población española es consumidora habitual de prostitución.
La media de gasto de los 15 millones de varones entre 16 y 64 años
que son considerados clientes potenciales, sería de 1.200 euros al
año o 100 euros al mes.
COLECTIVO EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN
40
Por su parte, las estimaciones referidas por el Ministerio de Asuntos
Sociales (2006) sobre el número de mujeres en situación de prostitución en
España podrían situarse en una horquilla que abarca entre 100.000 y
500.000 prostitutas. La misma fuente estima que en nuestro país existían
(en ese ejercicio 2006) cerca de 11.000 plazas hoteleras de prostitución
donde estarían en situación de prostitución 19.000 mujeres, en su mayor
parte extranjeras (el 98% de ellas).
Frente a estos datos, el Informe del Instituto de la Mujer elaborado por EDIS con
el título Realidad social de las mujeres sin techo, prostitutas, exreclusas y drogo-
dependientes en España responde que, en todo caso, ninguna de estas estima-
ciones especifica si se trata o no de mujeres en exclusión, y que «además de las
tradicionales, aparecen nuevas formas de prostitución –-teléfonos eróticos,
Internet, anuncios de prensa, servicios de alto standing, domicilios privados,
hoteles, etc. con unas condiciones que hacen que, hoy en día, en nuestro país, a
una buena parte de las mujeres que la ejercen no se les pueda considerar exclui-
das ni social, ni económicamente» (Instituto de la Mujer, 2004).
Siguiendo el estudio de Ados Consulting sobre prostitución en Euskadi
(2008), dentro de la evolución de este fenómeno cabe destacar algunos
rasgos que se consideran extensibles al resto del Estado:
La extranjerización. Desde principios de los años 90 la afluencia de
mujeres extranjeras aumenta progresivamente. En la actualidad se
calcula que suponen entre el 80% y el 90% de todo el colectivo de
mujeres que ejerce la prostitución.
La dispersión en la ubicación de los locales. «Los locales tradicionales
en el centro de las ciudades tienden a desaparecer y son sustituidos
por pisos. Además, se tiende a abrir grandes locales en la periferia de
las ciudades».
La rotación y el intercambio de personas entre clubes y pisos de
distintas ciudades. Muchos de estos nuevos locales son gestionados
en régimen de plaza. La rotación «se produce aproximadamente cada
21-30 días, correspondiendo en el caso de las mujeres al ciclo mens-
trual y parece haber sido asimilado de forma parecida por hombres
y mujeres transexuales que también ejercen la actividad. Este alto
grado de movilidad está determinado por las condiciones en muchos
casos de explotación establecidas por las personas que dirigen esta-
blecimientos como clubes y pisos».
Efectivos y evolución de la prostitución como consecuencia de la trata con fines de explotación sexual
El carácter clandestino y delictivo de la trata de mujeres con fines de explo-
tación sexual hace imposible estimar su magnitud exacta. Por este motivo,
COLECTIVO EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN
41
los datos que puedan ofrecerse han de considerarse como cifras relativas. La
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) distingue
127 países de origen de las personas víctimas de la trata, 98 de tránsito y
137 de destino. De acuerdo con este informe, España no aparece reflejada
como país de tránsito, sino que figura entre los principales países de destino.
El Ministerio de Asuntos Sociales (2006) estima que en España existen en
la actualidad alrededor de 90.000 mujeres víctimas de trata con fines de
explotación sexual. Sin embargo, según un informe del mismo año elaborado
por la Guardia Civil, el número de víctimas de prostitución identificadas fue
de 19.415, de las cuales 937 eran de nacionalidad española y 18.478 eran de
procedencia extranjera. El número de víctimas inmigrantes representa el
95,2% del total, según los datos procedentes de las 1.357 inspecciones
realizadas. El número total de clubes en España estaría en torno a los 1.000
y el número de plazas en torno a las 9.000.
Cabe señalar que, en sus informes, la Guardia Civil considera víctimas de
trata con fines de explotación sexual a todas las mujeres que estén dentro
de un club, entendiendo que su actividad se realiza sin ningún amparo
administrativo al encontrarse generalmente en un estado de necesidad, y
que «denuncien o no, siempre queda la duda de si ejercen esa actividad
bajo el control más o menos riguroso de personas y organizaciones dedi-
cadas a actividades delictivas».
Las provincias donde se ha identificado un mayor número de víctimas extran-
jeras son Madrid (1.209), Toledo (1.804), Ciudad Real (1.420), Valencia (1.307)
y Palencia (1.361); a su vez estas mismas provincias cuentan con el mayor
número de clubes y plazas. Por lo que se refiere a las provincias con mayores
tasas de víctimas extranjeras de explotación sexual por cada 100.000 hom-
bres, estas alcanzan los valores más altos en Palencia (159,1%), Segovia
(90,0%) y Cuenca (75,4%).
Problemas y necesidades que presenta este colectivo
Problemas sociales, psicológicos y sanitarios
Las personas en situación de prostitución componen un colectivo
especialmente vulnerable frente a las infecciones de transmisión sexual
y la infección por el VIH. Entre las circunstancias que generan esa
vulnerabilidad se encuentran la elevada frecuencia de relaciones sexua-
les, la coacción por parte de algunos clientes para realizar prácticas
sexuales de riesgo, la alta movilidad, la estigmatización y otros fac-
tores sociales, económicos o culturales. A su vez, el hecho de pade-
cer a menudo infecciones de transmisión sexual, es por sí mismo un
factor que favorece la transmisión del propio VIH.
COLECTIVO EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN
42
A pesar de esto, las tasas de prevalencia de la infección por el VIH
entre las mujeres en situación de prostitución en España no alcanzan
el 2%. En cambio, son elevadas entre los travestis, los transexuales y
los hombres en situación de prostitución (superiores del 10%). La
mayor prevalencia se registra entre las personas que utilizan drogas
vía intravenosa.
Por ello, entre las personas en situación de prostitución las usuarias
de drogas en general y las inyectoras en particular –-así como transe-
xuales y hombres–- constituyen grupos minoritarios de gran vulnerabi-
lidad frente al VIH, por lo que necesitan del desarrollo de programas
específicos que eviten su invisibilidad entre las personas en situación
de prostitución. Parte de las infecciones de transmisión sexual y de
los embarazos no deseados que afectan a dicho colectivo puede
tener su origen en relaciones sexuales sin protección con la pareja
estable, pues en este tipo de interacción es menos frecuente el uso
de medidas de protección.
La actividad de prostitución puede por sí misma repercutir negativa-
mente sobre la estabilidad psicológica. La situación de trata aumenta
además la probabilidad de que se produzcan mayores desajustes
emocionales. Baja autoestima, tristeza, alteraciones del estado de
ánimo, inapetencia sexual, ansiedad o angustia se cuentan entre los
síntomas más frecuentes.
El informe anteriormente citado de la Federación de Mujeres Progresistas
(2008) informa de la existencia de consumo obligado de drogas y/o alcohol
en clubes de alterne, a los que califica como «mecanismos que sirven para
reducir la resistencia de las mujeres y aumentar su dependencia, además de
ser una fuente suplementaria de ingresos para el personal propietario del club
y, por tanto, otra forma de explotación. Por otra parte, una de las caracterís-
ticas más comentada por las mujeres entrevistadas sobre los llamados “clien-
tes” (varones consumidores de prostitución femenina) es que muchos de
ellos son consumidores habituales de cocaína y demandan que las mujeres
consuman con ellos. Por este motivo se fomenta el consumo de cocaína entre
las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual».
La Federación de Mujeres Progresistas dispone de un estudio sobre Trata
de Mujeres con fines de Explotación Sexual en España (2008), realizado
sobre 71 mujeres procedentes de seis países latinoamericanos (Ecuador,
Bolivia, Perú, Colombia, República Dominicana y Brasil). El informe expone
que la mayoría de estas mujeres «fueron captadas a través de amigos, fami-
liares o conocidos, quienes organizaron el viaje y utilizaron técnicas de
persuasión psicológica para transmitir confianza en el éxito del viaje. Estas
personas son quienes prestan el dinero para asegurar su entrada en España,
préstamo que, una vez en España, puede llegar a triplicarse. El viaje, en la
COLECTIVO EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN
43
mayoría de los casos, lo hicieron solas, y entraron a España en calidad de
turistas, donde una persona de la red les esperaba para llevarlas al club».
Según este trabajo, estas eran las principales formas de coacción sufridas
por las víctimas:
Barreras de acceso a la salud
Las personas en situación de prostitución presentan importantes
barreras para acceder a los servicios de salud. Uno de los mayores
condicionantes se deriva de la altísima movilidad geográfica que
presentan, y de las consiguientes dificultades de empadronamiento
y de tramitación. De ahí que la principal barrera identificada sea de
Tenía deuda económica 19,6%
Recibí agresiónes psicológicas 11,2%
Ns / Nc 10,6%
Ausencia libertad comunicación familiares/amigos 7,3%
Me retiraron la documentación 10,6%
Recibí amenazas contra mi persona 8,4%
Me aumentaron la deuda 7,8%
Me aplicaban multas, sanciones 6,1%
Me Impedian salir de donde ejercía la prostitución 6,1%
Recibí agresiones físicas 5,6%
Amenazaron a mi familia u otros 3,4%
Recibí agresiones sexuales 2,2%
Otros 1,1%
0% 5% 10% 15% 20%
Ganas de llorar frecuentemente 65,2%
Tristeza porque pensaba que no valía nada 62,1%
Cambio de ánimo 56,1%
Dolores de espalda o articulaciones 48,5%
Ansiedad o angustia 53,0%
Inapetencia sexual 50,0%
Dolores de cabeza 50,0%
Insomnio, falta de sueño 47,0%
Irritabilidad 36,4%
Fatiga permanente 34,8%
Gripe 25,8%
Problemas ginecológicos 24,2%
Adiciones 12,1%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
En cuanto a la situación psicológica de estas mujeres, el siguiente gráfico
recoge la distribución de los síntomas que referían padecer:
COLECTIVO EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN
44
tipo administrativo, aunque también se registren problemas por falta
de información o por miedo a la discriminación en el trato. Además,
determinados colectivos de inmigrantes pueden presentar barreras
idiomáticas o culturales.
En el caso de las personas en situación de trata, parte de las dificul-
tades administrativas puede tener su origen en las propias redes, al
impedir su empadronamiento o al retener su pasaporte y documen-
tación personal, así como al forzar la rotación y el intercambio de
personas entre diferentes clubes y pisos.
La mayor exposición a infecciones de transmisión sexual, derivada del hecho
de tener cada día varios actos sexuales con diferentes personas, puede hacer
que requieran un seguimiento ginecológico más frecuente que el resto de las
mujeres. En este sentido, la falta de un tratamiento inmediato de las infeccio-
nes puede tener consecuencias negativas para su salud y para la de terceros.
Sin embargo, parte de estas mujeres son renuentes a informar a sus médicos
sobre su situación, por lo que los diagnósticos, el calendario de citas y las
derivaciones a especialistas se gestionan sin disponer de toda la información.
Se estima que estos problemas, sumados a los anteriores de movilidad y difi-
cultades administrativas, obstaculizan el acceso a los servicios públicos de
salud, razón por la cual aumenta la probabilidad de que tales personas recu-
rran en mayor medida a servicios privados.
Si bien las prevalencias de VIH entre personas originarias de otros países no
son muy diferentes de las obtenidas en la población española de característi-
cas similares, bien es cierto que existen diferencias en cuanto a la concepción
de salud y enfermedad, estereotipos asociados a la sexualidad, nivel de infor-
mación, etc. Todo ello requiere abordajes específicos adaptados a las necesi-
dades de la población inmigrante en cuanto a su salud sexual y reproductiva.
La falta de redes sociales de las mujeres inmigrantes dificulta la puesta de
límites en las relaciones conflictivas, aumentando su vulnerabilidad ante
situaciones de violencia de género. En este sentido, es fundamental la com-
plementariedad con actividades de salud sexual y reproductiva que detecten
y canalicen los graves problemas derivados de la violencia de género.
Al estigma que pesa sobre quienes realizan esta práctica se suma la presión
social y policial, y la vulnerabilidad ante las agresiones. A todo ello hay que
añadir algunas dificultades por el hecho de ser extranjeras, duelos no
resueltos, familias de origen alejadas, separación de los hijos, pagos de
deudas o sostenimiento de la economía familiar en el país de origen.
El ejercicio de la prostitución como un factor más en la exclusión social
perjudica la salud mental y dificulta la posibilidad de una autoestima adecuada.
Además imposibilita una vida productiva e integrada en el entorno social
que favorezca la toma de decisiones individuales y la participación en
COLECTIVO EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN
45
ámbitos sociales capaces de establecer relaciones personales adecuadas y
duraderas, o la resolución pacífica de conflictos y problemas cotidianos sin
sentirse abrumados por ello.
Barreras de acceso a la salud percibidas por personasen situación de prostitución atendidas por Médicos del Mundo
(1-01-07 a 1-10-08)
Miedo a las denuncias
1%Horario de servicio
inadecuado 1%
Barreras de idioma10%
Barreras culturales10%
No sabe dóndeacudir
15%
Dificultadesadministrativas
46%
Rechazo por partede los profesionales
4%
Miedo a ladiscriminación
13%
Existe un documento interno de posicionamiento sobre prostitución y
otro sobre trata y tráfico de personas.
Según el posicionamiento sobre prostitución, Médicos del Mundo «insta
a los poderes públicos a suprimir la hipocresía y el tradicionalismo de las
normas sociales que controlan, promueven y estigmatizan la sexualidad
del cuerpo de las personas prostituidas, sin diferenciar entre prostitución
forzada y libre (ocasional, de “lujo”), ya que ante la vulnerabilidad el
consentimiento no es válido». Por otra parte, el Grupo de Igualdad de
Médicos del Mundo elaboró un documento como ejemplo de postura
de los hombres de la organización frente a la prostitución.
No existe una coherencia interna en el uso de los términos para denomi-
nar a la población diana. En algunos programas de cooperación interna-
cional se habla de trabajadoras sexuales, mientras que en los programas
de inclusión se utiliza el constructo «personas prostituidas». Recien-
temente se ha elaborado el Manual Interno de identificación y deriva-
ción de víctimas de trata con fines de explotación sexual y recogida de
testimonios.
La posición e intervención de Médicos del Mundo
COLECTIVO EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN
46
El colectivo y sus necesidades
Definición del colectivo y rasgos de su perfil
En el ámbito del consumo de drogas, Médicos del Mundo ha considerado
prioritaria la intervención dirigida a usuarios de drogas ilegales (fundamen-
talmente heroína, cocaína y crack), quienes presentan un perfil de mayor
vulnerabilidad y riesgo o situación de exclusión social. El acceso a los datos
sobre el consumo de drogas ilegales y al perfil de la población excluida que
las utiliza presenta algunas dificultades metodológicas, pues no existen
datos oficiales al respecto.
El último informe del Observatorio Español sobre Drogas recoge el cambio
radical que se ha producido durante los últimos años respecto a las drogas
que motivan tratamientos de desintoxicación. Por primera vez en 2005
el consumo de heroína dejó de ser la causa principal de admisiones a
tratamiento. La tendencia general ha sido un aumento del consumo de
cocaína en detrimento del consumo de heroína, y una consolidación de la
vía fumada o inhalada frente al anterior consumo por vía intravenosa.
La tipología de los consumidores, principalmente, de cocaína presenta
mayores dificultades que el de los heroinómanos. Por lo general se trata de
usuarios con un perfil de mayor conflictividad en el trato, comportamientos
más exigentes, consumos más compulsivos, mayor irritabilidad, etc. que
estos últimos. Todas estas circunstancias plantean problemas adicionales,
especialmente en dispositivos fijos donde es necesario normativizar el uso
del espacio físico como ocurre en los centros de reducción de daños y en
las salas de consumo supervisado.
A partir de los datos que se desprenden del último informe de la Unión de
Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente (2007), se pre-
senta una delimitación del perfil de los usuarios de drogas que demandan
tratamiento:
Entre la población atendida los hombres representan el 73,2% y las
mujeres el 26,7%. La edad media de las personas atendidas se sitúa
en los 30,5 años (31 años para los hombres y 29 para las mujeres) y
acceden a los centros asistenciales cuando cuentan con más de
10 años de consumo. En lo referente a la edad de inicio en el consumo
de drogas, de media las mujeres se inician a los 17 años y los hom-
bres a los 15. Aumenta la edad media de la población diana y el por-
centaje de mujeres se sitúa en torno a una cuarta parte del total. Es
Colectivo PERSONAS USUARIAS DE DROGAS
47
COLECTIVO USUARIAS DE DROGAS
ampliamente conocido que las mujeres pueden presentar situaciones
de especial vulnerabilidad, por ejemplo en aquellos casos en los que
se observa que son sus parejas quienes les inyectan, o aquellos en los
que realizan actividades de prostitución para costear el consumo de
sus parejas. Por estas razones resulta pertinente incorporar la pers-
pectiva de igualdad y formar a equipos capaces de implantar estra-
tegias específicas.
El 36% de las personas atendidas presenta alguna patología diagnos-
ticada. De ellas, el 23% convive con la infección por el VIH, el 27% por
el virus de la Hepatitis C y el 21% sufre patología dual.
En cuanto a la principal droga de consumo, cabe señalar que el
14% consume heroína; el 24% una mezcla de heroína y cocaína; el 24%
consume principalmente cocaína; el 11% cannabis; y el 2% las conocidas
como drogas de síntesis. En cuanto a las vías de consumo de la droga
principal, más de una cuarta parte (el 26%) utiliza la vía intravenosa.
Con respecto al nivel de estudios, la falta de formación responde
cada vez menos al estereotipo del consumidor. El 26% no tiene
estudios, pero el 42% ha accedido a la educación primaria y el 18% a
la secundaria. El 3% son universitarios.
Los datos sobre la situación laboral son muy representativos de la mar-
ginalidad y la exclusión social. Solo el 23% de las personas atendidas
trabaja; el 44% de las personas se declara en paro; el 19% tiene algún
tipo de subsidio o renta básica; y el 9% asegura ser estudiante. La pro-
porción de parados, según la droga principal de admisión a tratamien-
to, fue alta en el caso de la heroína (49,1%) y de la cocaína base (52,5%).
En cuanto al tipo de alojamiento o residencia, los más frecuentes para
los tratados en 2005 fueron con gran diferencia los hogares familiares.
La proporción de residentes en hogares familiares es del 91,1% en el
caso de los consumidores de clorhidrato de cocaína y del 74,3% en
el caso de los opiáceos. Por su parte, las mayores proporciones de
institucionalizados se observaron respecto de los consumidores
de opioides (14,5%) y de cocaína base (11,8%). En cuanto a vivir en
alojamientos inestables o precarios, una vez más destacan los consu-
midores de opioides (4,4%) y de cocaína base (3%).
En lo referente a la infección por VIH, durante los últimos 20 años
este ha representado uno de los principales problemas de salud
asociados al uso de drogas en España. En 2006 se diagnosticaron
1.605 casos, el 43% de los cuales se atribuyeron al consumo inyectado
de drogas. El número de nuevos diagnósticos de VIH en consumido-
res de drogas por vía intravenosa fue casi 4 veces más alto en hom-
bres que en mujeres, y la proporción que estos suponían sobre el
48
total de diagnósticos de cada sexo también fue más elevado en hom-
bres (16,2%) que en mujeres (12,6%).
Por su parte, la propia base de datos de inclusión social de Médicos del
Mundo ofrece algunos apuntes interesantes sobre el perfil de los consumi-
dores en activo atendidos por la organización.
El número de personas usuarias de drogas (en adelante las denominaremos UD) atendidas por
Médicos del Mundo durante 2008 (datos a 31 de Diciembre) ha sido de 3.736 personas con muy
diversas nacionalidades, en concreto 62 nacionalidades distintas. De ellas 3.019 son hombres
(representan el 80,8% de las personas atendidas), 682 son mujeres (el 18,2%) y 35 son transe-
xuales (el 0,9% de los/as atendidos/as).
Distribución por números totales de UD por área geográfica de procedencia excluyendo a
España.
25
26
28
30
49
87
Argelia
Rumanía
Italia
Francia
Marruecos
Portugal
0 4020 60 80 100
Distribución UD atendidas por sexo
18,2% 0,9%
80,8%
Hombres TransexualesMujeres
COLECTIVO USUARIAS DE DROGAS
49
Efectivos y evolución
A continuación se proporcionan diversas referencias cuantitativas sobre
cómo ha evolucionado la magnitud de las solicitudes terapéuticas en
España.
Según la ODT (Información Española de la Droga, 2007) en 2005 se notifi-
caron 50.630 admisiones a tratamientos por abuso o dependencia de
sustancias psicoactivas (excluidos el alcohol y el tabaco), procedentes de
497 centros declarantes de las 17 comunidades autónomas y de las Ciu-
dades Autónomas de Ceuta y Melilla. Si se observan los datos a largo plazo,
puede advertirse que entre 1987 y 1996 se produjo un aumento ininterrum-
pido del número global de admisiones a tratamiento en España y que, a
partir de entonces, con algunos altibajos, se han mantenido relativamente
estables. Esta relativa estabilidad es una combinación del efecto de varios
factores que detallamos a continuación. El descenso del consumo de heroína
y el impacto de los tratamientos de larga duración (programas de sustitu-
tivos opioides) han disminuido el número de admisiones, en contraposición
con el aumento del consumo de cocaína y de cannabis.
Las comunidades autónomas con las tasas poblacionales más altas fueron
Canarias, la Ciudad Autónoma de Ceuta, Murcia y Valencia; las más bajas se
registraron en Navarra, La Rioja, Asturias y Aragón. Ahora bien, estas diferencias
interautonómicas pueden responder tanto a las características básicas del
consumo problemático de drogas, como a desigualdades en la oferta y utili-
zación de servicios, e incluso a diferencias en la aplicación del protocolo y en
los indicadores. Una de cada seis admisiones a tratamiento se produjeron en
mujeres (15,4%), y aproximadamente la mitad (50,9%) correspondieron a per-
sonas admitidas por vez primera (OED, 2007).
Distribución UD atendidas por edades
14,6% 0,5% 4,9%
30,4%
49,3%
18-24 25-34 35-44 Mayores 45Menores 18
COLECTIVO USUARIAS DE DROGAS
50
Problemas y necesidades que presenta
Problemas sociales, psicológicos y sanitarios
El consumo plural y simultáneo de drogas como la heroína, la cocaína y el
crack genera situaciones problemáticas que afectan a los diferentes órdenes
de la vida de aquellas personas en situación de exclusión. Parte de esos
problemas ya no tiene su origen en el propio usuario de drogas, sino en la
construcción social que se ha generado en torno al fenómeno de la droga-
dicción. En este sentido, Romaní (1999) subraya cómo la cuestión que gira
en torno a las drogas está estigmatizada a través de la construcción social
del «problema de la droga».
Con relación a los problemas socioe-conómicos de los usuarios de drogas,
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2003) recoge las siguientes
variables: aislamiento social y familiar provocado por el constante deterioro
biológico y psicosocial; bajo nivel socioe-conómico y graves carencias eco-
nómicas y de alojamiento, que a su vez dificultan el acceso a los recursos exis-
tentes; envejecimiento de la población constatado a partir del aumento de la
edad media de los admitidos a tratamiento; y problemas asociados de pato-
logía mental y de deterioro de salud.
Volviendo a las aportaciones de la investigación realizada por la Diputación
Foral de Vizcaya (2003), se considera en sus conclusiones que la inserción
social de los drogodependientes en situación de exclusión social es un obje-
tivo irrenunciable, pero al mismo tiempo, es en muchas ocasiones imposible.
Cuando la situación de exclusión social de estos drogodependientes es
extrema, se les condena prácticamente a la cronificación. De ahí que final-
mente se maneje un concepto de inserción más limitado y realista. El
mismo hecho de consumir y no estar en disposición de suspender el con-
sumo les veda el acceso a recursos básicos de alojamiento, higiene, alimen-
tación o salud.
Las asociaciones entrevistadas en esta investigación destacan la existencia
de un grave problema de alojamiento nocturno derivado de la falta prácti-
camente absoluta de recursos. Esta carencia de alojamiento es uno de los
principales problemas de los usuarios de drogas entrevistados. En este
sentido, se propone una intervención concreta que, para personas que en
un amplio número de casos deben acarrear todo el día con sus escasas per-
tenencias, sería de gran ayuda: la existencia de taquillas.
Por lo que respecta a las necesidades específicas de inserción laboral,
siguiendo a López, Grau y Pozo (INID, 2007) los colectivos excluidos tienen
serias dificultades para acceder al empleo. Además de las adversidades que
puedan darse en el propio mercado de trabajo, como la precariedad e ines-
tabilidad laboral, y a pesar de que su contratación se incentive a través de
COLECTIVO USUARIAS DE DROGAS
51
subvenciones o deducciones fiscales, el tejido empresarial suele mostrarse
impermeable frente a estos colectivos. Dentro de ese contexto, los drogode-
pendientes tienen un margen todavía más limitado, especialmente cuando
presentan rasgos como baja tolerancia a la frustración, necesidad de recom-
pensa inmediata y dificultad para hacer planes a largo plazo. A menudo, los
usuarios de drogas de larga evolución presentan déficits importantes en el
mantenimiento de hábitos y en el manejo de la rutina, lo que repercute en
la merma de sus posibilidades de incorporación al mercado laboral y/o de
mantenimiento del puesto de trabajo. De ahí el surgimiento de programas
dirigidos a la generación de empleo directo para este colectivo.
Para el abordaje de los problemas sanitarios de este colectivo, y frente a los
cambios en el patrón de consumo, el Informe monográfico del European
Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2007) reconoce que hay un
acuerdo general en la literatura respecto a la asociación de la dependencia
de la cocaína y el crack con alta erosión y altas tasas de recaída. Sobre
estas sustancias el informe señala que su consumo severo se caracteriza
por un comportamiento de uso exagerado y obsesivo; los usuarios sufren
continuamente de agitación, tensión extrema, paranoias y agotamiento físico.
Uno de los principales handicaps para intervenir en este contexto es que
hasta ahora no se dispone de ningún agente farmacológico terapéutico viable
y eficaz para ayudar a los usuarios a manejar la abstinencia de cocaína y
reducir la fuerte ansiedad experimentada durante su consumo.
Pero sin duda el vector que todavía resulta ineludible mencionar en torno al
uso de estas sustancias en población excluida es la infección por el VIH.
Desde comienzos de los años ochenta, el colectivo de mayor vulnerabilidad
en España fue el de los usuarios de drogas que consumían por vía intraveno-
sa y que asumían prácticas de riesgo como el uso compartido de jeringuillas.
Actualmente la preocupación se divide entre la prevención de la transmisión
y el tratamiento de las personas consumidoras ya infectadas.
Los datos del Proyecto Itínere (estudio de cohortes en Madrid, Sevilla y
Barcelona en consumidores en activo de heroína de hasta 30 años) para el
periodo 2001-2003 muestran una tasa muy alta de incidencia de infección
por VIH en inyectadores jóvenes (4,5 por 100 personas al año), lo que
sugiere que la caída del número de infecciones ligadas al consumo paren-
teral de drogas se ha debido más al descenso del número de inyectadores
que al descenso de la prevalencia de conductas de riesgo para la transmisión
del VIH (que de hecho sigue siendo elevada). En este sentido es también
necesario otorgar importancia a la transmisión sexual y a la necesidad de
prestar más atención a las parejas de inyectadores seropositivos.
Por lo que se refiere a los tratamientos de la infección por VIH, hay evidencias
suficientes sobre la eficacia del TARGA (tratamiento antirretroviral de gran
actividad) en múltiples ensayos clínicos, así como sobre la importancia de la
COLECTIVO USUARIAS DE DROGAS
52
adherencia para una buena respuesta al tratamiento. Según un estudio de
una cohorte de pacientes atendidos en 10 hospitales españoles entre 1997 y
2003, los inyectadores de drogas tuvieron un 33% menos de posibilidades de
iniciar un TARGA y una mayor mortalidad que los pacientes que habían
adquirido la infección a través de relaciones homosexuales.
La prevalencia de infección por el virus de la hepatitis C es muy elevada
entre los inyectadores de drogas de todo el mundo y España no es una
excepción. En España están infectados entre el 65% y el 90% de los inyecta-
dores, según el área geográfica y la procedencia de la muestra estudiada. Los
datos de Itínere muestran que la incidencia de VHC entre los jóvenes inyec-
tadores es extremadamente alta (OED, 2007).
Se trata de una infección que no suele presentar síntomas en su fase aguda
por lo que en un 66%-80% no se diagnostica. Además evoluciona con
mucha frecuencia (55%-85%) a hepatitis crónica, que también a menudo se
desarrolla con poca sintomatología. El problema principal estriba en que, al
menos, entre un 5% y un 10% de las hepatitis crónicas evolucionan a enfer-
medad hepática grave como cirrosis o cáncer de hígado y conducen a una
muerte prematura. Otro aspecto a tener en cuenta es el alto nivel de coin-
fección por el VIH y el VHC. Este hecho es importante ya que está compro-
bado que la hepatitis C en pacientes con VIH tiene un peor pronóstico con
una progresión acelerada de la enfermedad hepática (OED, 2007). Según la
Asociación Española de Enfermos de Hepatitis C (2004), el 55%-60% de los
pacientes infectados por el VIH en España está coinfectado con el virus C
de la hepatitis.
Los consumidores en activo tienen especiales dificultades para sostener una
adherencia terapéutica idónea a los tratamientos antiretrovirales de gran acti-
vidad y a otros que requieran pautas de consumo de cierta exigencia.
Teniendo en cuenta que estos pacientes presentan peor pronóstico y que
requieren mayores esfuerzos que favorezcan controles y seguimientos sani-
tarios periódicos, que mejoren su adherencia terapéutica, parece que la
coinfección VIH/VHC no ha sido suficientemente valorada.
Entre las propuestas finales de este trabajo se incluyen las siguientes:
Adecuar los proyectos a las necesidades sociales concretas, a la
realidad de la inmigración, a los cambios en cuanto al perfil de los
consumidores de drogas, a los cambios respecto a la presencia de
nuevas drogas de consumo que incorporan nuevos perfiles de con-
sumidores, etc.
Mantener una línea de investigación abierta que permita flexibilizar la
estructura creada en la intervención en drogodependencias.
Gestionar la cronicidad, estudiando criterios para definirla e intervenir
sobre la misma.
COLECTIVO USUARIAS DE DROGAS
53
Reforzar los centros de baja exigencia con las siguientes actuaciones:
salas de venopunción, consignas donde almacenar la medicación y los
objetos personales, apoyo psicológico, mediación familiar, servicio de
apoyo telefónico para contactar con los familiares, trabajo de calle,
actividades de ocio y tiempo libre, etc.
Atender a las necesidades específicas de la mujer consumidora
mediante un seguimiento más específico que abarque las consecuen-
cias sociales que se puedan derivar, tales como embarazos, hijos a su
cargo, etc.
Estudiar la posibilidad de poner en marcha pisos de convivencia para
personas con consumo activo.
Barreras al acceso a la salud
Uno de los aspectos prioritarios para Médicos del Mundo radica en la identi-
ficación y eliminación de las barreras que estos colectivos puedan encontrar
en el acceso a los servicios de salud. En ese sentido, la base de datos de
inclusión social supone una referencia interna, ya que dispone de un apar-
tado donde se recoge la distribución de estas posibles barreras al acceso
tal y como las perciben y refieren los propios usuarios.
Barreras de acceso a la salud percibidas por usuarios de drogas atendidos por Médicos del Mundo
(1-01-07 a 30-06-08)
Miedo a las denuncias
3%
Barreras de idioma12%
Barreras culturales1%
No sabe dóndeacudir
8%
Dificultadesadministrativas
41%
Rechazo por parte de los profesionales
22%
Miedo a ladiscriminación
13%
Muestra: distribución de las 118 respuestas afirmativas sobre percepción de barreras para el accesoa la salud (en respuesta múltiple) frente a 630 usuarios que afirmaban no advertir ninguna deestas barreras.
COLECTIVO USUARIAS DE DROGAS
54
La existencia de estas barreras específicas para los usuarios de drogas es
un aspecto sobre el que ya se han producido algunas propuestas de inter-
vención. El Observatorio Vasco de Drogodependencias elaboró en 2004
una propuesta de Carta de Derechos de los Usuarios de Drogas en la que
aparece un apartado específico referente al derecho de esta población a la
protección sanitaria que incluye los siguientes puntos:
Derecho a la asistencia con el máximo respeto a la personalidad,
dignidad humana e intimidad de las personas usuarias.
Derecho a la información, tanto sobre los servicios sanitarios a los
que puede acceder (incluidos los requisitos necesarios para su uso),
como sobre su proceso, diagnóstico, pronóstico y alternativas tera-
péuticas.
Derecho a la confidencialidad de toda la información relacionada con
su proceso y con su estancia en instituciones sanitarias, ya sean estas
públicas o privadas.
Derecho a la libre elección de médico.
Derecho a la elección entre las diversas opciones que presente el
responsable médico.
Derecho al rechazo del tratamiento.
Derecho a que conste por escrito todo su proceso diagnóstico o tera-
péutico.
Derecho a obtener los medicamentos y productos sanitarios que se
consideren necesarios para promover, conservar o restablecer su
salud.
Aunque existe un documento sobre posición política de la organización
respecto al fenómeno de las drogodependencias, este nunca llegó a ser
presentado para su aprobación. En cualquier caso, existe una Carta de
Reducción de Daños, en la que se reconoce la necesidad de este tipo
de perspectiva.
La posición e intervención de Médicos del Mundo
COLECTIVO USUARIAS DE DROGAS
55
El colectivo y sus necesidades
Definición del colectivo y rasgos del perfil
«La medicina de la inmigración no es una medicina de parásitos ni virus raros. Es una
medicina de hombres y mujeres que se diferencian en la forma de expresar su
sufrimiento, su modo de concebir la enfermedad, el dolor o la muerte».
R. Colasanti, 1990
En primer lugar resulta pertinente subrayar la dificultad y confusión que gene-
ra el hecho de ofrecer datos sobre una población inmigrante que siempre
remite a la población extranjera. Habría que atreverse a definir qué enten-
demos por inmigrante para así constatar que el perfil de personas extran-
jeras en España, definido por la Secretaría de Estado para Inmigración
del Ministerio de Interior no coincide con la representación social del inmi-
grante «hecho polvo» reflejada fundamentalmente en los medios de comu-
nicación. Hablar de población inmigrante es, en sentido estricto, un
término demográfico que designa a cualquier persona que está viviendo en
un lugar distinto de su origen natal, y cuyos datos son recogidos en el
padrón.
En su libro Puertas que se cierran: Europa como fortaleza (1996), Javier de
Lucas utiliza el término de «exclusión social natural» para referirse al recha-
zo generalizado que sufre el inmigrante quien es, en definitiva, «un extran-
jero». Este autor señala que la aparición de los estados modernos como
formas de organización política se basa precisamente en la contraposición
entre «nacionales» y «extranjeros», y en la exclusión de estos últimos a
quienes se ha considerado siempre como potencialmente «subversivos».
El estatus legal y social de los extranjeros supone en sí mismo una situación
de dificultad de cara a la inclusión social.
Médicos del Mundo en su documento de posicionamiento ante la inmigración,
concibe la migración como resultado de las desigualdades en el reparto de la
riqueza a nivel global. Destaca el papel que pueden desempeñar las personas
desplazadas como agentes activos para la mejora de las condiciones de vida
de su familia, una clara alusión al codesarrollo. Apuesta por las políticas de
integración frente a sanciones o controles de flujos, y se preocupa por la
situación de vulnerabilidad de las personas migrantes ante el tráfico y
la trata de personas. Médicos del Mundo reclama y trabaja para garantizar
el derecho a la salud para toda la población inmigrante.
Colectivo PERSONAS INMIGRANTES
56
Hay que señalar que la inmigración no es en sí misma un colectivo de exclu-
sión social sino que es un fenómeno específico y transitorio que aumenta la
fragilidad social al ser un factor de riesgo psicosocial. Por tanto podríamos
decir que es transversal al resto de colectivos (personas en situación de
prostitución, usuarios de drogas, personas sin hogar y aquellas privadas
de libertad), por lo que las referencias a la población extranjera se encuen-
tran en el resto de colectivos.
Efectivos y evolución
Como puede apreciarse en el siguiente cuadro, España se ha convertido en
las últimas décadas en un país de llegada de inmigrantes. Concretamente
desde el año 1990 hasta el año 2008 se ha producido un incremento de la
población extranjera empadronada, desde menos de 500.000 hasta más
de 5 millones. Según los datos proporcionados por el padrón en 2008 se
han contabilizado 5.270.000 de personas entre la población extranjera
empadronada.
COLECTIVO PERSONAS INMIGRANTES
57
5.500.000
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
Extranjeros con permiso de residencia Extranjeros empadronados y censados
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
01990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
199819981999
19992000
20002001
20012002
20022003
20032004
20042005
20052006
20062007
20072008
Evolución de la población extranjera en España, 1990-2008Contraste de fuentes: Residentes / Empadronados
Fuente: Datos elaborados por Gloria Lora-Tamayo, de la Asociación de Solidaridad con los
Trabajadores Inmigrantes.
Teniendo en cuenta los últimos datos del padrón 2008, en España hay
5.268.762 extranjeros, es decir un 11,4% sobre el total de la población.
El 43,9% de estas personas son originarias de países de Europa, el 33,8% de
América, el 17,2% de África, el 4,8% de Asia, y el 0,05% de Oceanía. El 53%
son varones y el 47 % mujeres.
En esta gráfica también puede observarse la creciente diferencia entre
extranjeros con tarjeta de residencia (en gris) y extranjeros empadronados
(en verde claro) debido a las dificultades para obtener permiso de residen-
cia a través de la Administración Pública.
COLECTIVO PERSONAS INMIGRANTES
58
Las nacionalidades con mayor presencia eran Rumanía (731.806),
Marruecos (652.695), Ecuador (427.718), Reino Unido (352.957) y Colombia
(284.581).
2.400.0006.000.000
5.500.000
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
Total España0
2.200.000
2.000.000
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0U.E.
19911996
20012006
2008
Resto Europa África Iberoamérica Asia Otros*
*Otros: Estados Unidos, Canadá, Oceanía, apátridas
323.3
67
54
2.3
14
1.370
.656
4.14
4.16
6
5.2
25.8
40
174
.122
250
.80
0
417
.310
918
.88
6
2.0
98
.24
6
22.5
18
26
.326
116
.09
5
69
0.9
70
20
8.7
30
40
.59
1
118
.737
317
.24
2
78
5.2
79
89
9.5
61
64
.60
5
97.
89
7
414
.29
0
1.50
0.7
85
1.736
.712
22.3
83
34
.38
2
75.14
1
217
.918
253.4
30
21.8
03
14.17
2
30
.578
30
.328
29
.161
Fuente: I.N.E. Censo de población de 1991. Revisión del Padrón de Habitantes a 01.05.1996.
Padrón de Habitantes a 01.01.2001 y 2006. Para 2008, cifras provisionales.
Elaboración propia G.L-T/D.D.M/A.S.T.I.
Evolución de la población extranjera empadronada en España, por área de origen
1991-2008
COLECTIVO PERSONAS INMIGRANTES
59
Distribución de las comunidades autónomas:
COMUNIDADES AUTÓNOMAS TOTAL EXTRANJEROS PORCENTAJE
Baleares
Valencia
Madrid
Murcia
Cataluña
Rioja
Canarias
Aragón
Navarra
Castilla-La Mancha
Ciudad Autónoma de Melilla
Andalucía
Castilla y León
Cantabria
País Vasco
Ciudad Autónoma deCeuta
Asturias
Galicia
Extremadura
1.072.844
5.029.601
6.271.638
1.426.109
7.364.078
317.501
2.075.968
1.326.918
620.377
2.043.100
71.448
8.202.220
2.557.330
582.138
2.157.112
77.389
1.080.138
2.784.169
1.097.744
223.036
847.339
1.005.381
225.625
1.103.790
43.856
283.847
154.892
65.045
206.008
6.472
623.279
154.802
33.242
117.337
3.124
40.804
95.568
35.315
20,7
16,8
16,0
15,8
14,9
13,8
13,6
11,6
10,4
10,0
9,0
7,6
6,0
5,7
5,4
4,0
3,7
3,4
3,2
Población Extranjera empadronada en España, 2008
<1.0001.000 - 2.5002.501 - 5.000
5.001- 10.00010.001 - 25.000
25.001 - 50.000
50.001 - 75.00075.001 - 100.000
100.001- 150.000
150.001 - 200.000
> 800.000
600.001 - 800.000
400.001 - 600.000
300.001 - 400.000
200.001 - 300.000
Total de extranjeros empadronados en España: 5.220.577Fuente: I.N.E. Revisión del Padrón de Habitantes 2008. Cifras provisionales.
Elaboración propia G.L-T/D.D.M./A.S.T.I.
La situación legal de los extranjeros en España es muy variable ya que una
misma persona puede obtener su documentación para residir y/o trabajar y
COLECTIVO PERSONAS INMIGRANTES
60
después de 5 años encontrarse de nuevo sin documentación legal. Asi-
mismo podemos encontrar personas nacionalizadas con una situación de
precariedad y desarraigo.
En cuanto a los datos sobre extranjeros irregulares detenidos y devueltos a
sus países de origen, en 2008 se contaron 46.426 personas según datos
del Ministerio del Interior. La mayor parte de ellos (17.317) fueron retornos,
es decir, personas rechazadas en frontera; un 17% menos que en el año 2007.
Otro tanto (12.315) representan devoluciones, es decir aquellas personas que
trataron de entrar por puestos no habilitados como fronteras; un 22,4% menos
que en el año anterior. Y por último, más de diez mil repatriados (10. 616), es
decir expulsiones por expediente administrativo; un 12% más que en el año
2007. Además se contabilizan 6.178 readmisiones, a saber, expulsados en
virtud de acuerdos de readmisión con terceros países.
En cuanto a las nacionalidades, se ha constatado un aumento significativo de
repatriaciones de extranjeros procedentes de Nigeria, Mali, Mauritania y Guinea
Conakry, y un descenso entre marroquíes y senegaleses. Entre 2003 y 2008,
también aumentaron los efectivos policiales en un 53,4%. España sigue siendo
la principal beneficiaria de fondos de la Unión Europea para fronteras y retorno,
para el 2009-2010, periodo en el que percibirá 131 millones de euros.
Uno de los problemas más importantes en cuanto a vulneración de Derechos
Humanos estriba en la población que se encuentra retenida en los centros de
internamiento (CIES), de la que se desconoce su volumen actual. Lo que sí se
conoce es la ubicación de estos dispositivos en Europa y en España.
COLECTIVO PERSONAS INMIGRANTES
61
En España existen nueve CIEs, pero como hemos mencionado se desconoce
el número de inmigrantes internados en ellos. Fuentes del Ministerio del
Interior afirman que no se hacen estimaciones «porque, como siempre está
saliendo y entrando gente, quedan desactualizadas al momento». A nivel
jurídico, lo más preocupante es que los internos sean tratados como pre-
sos, cuando no existe delito alguno sino infracción administrativa. Nume-
rosas organizaciones, entre ellas Médicos del Mundo, han denunciado en
repetidas ocasiones casos de malos tratos y agresiones físicas.
Como dato estimativo podemos decir que en 2006, en respuesta a una
pregunta del diputado Joan Herrera al Congreso, el Gobierno informó de
que el número de internos era de 1.936.
La población inmigrante atendida por Médicos del Mundo en las comunida-
des autónomas durante el año 2008 (datos a 31 de Diciembre) ha sido de
16.059 personas con muy diversas nacionalidades, en concreto 107 nacio-
nalidades distintas. De ellas 11.348 son mujeres (el 70,6% de las personas
atendidas), 4.167 son hombres (25,9%) y 544 son transexuales (3,3%).
Los campos de extranjerosen Europa y los países mediterráneos
COLECTIVO PERSONAS INMIGRANTES
62
Las nacionalidades más representadas en los programas de Médicos del
Mundo son, en orden decreciente: la rumana (2.014 personas atendidas), la
brasileña (1.981), la nigeriana (1.751), la marroquí (1.302), la colombiana
(1.094) y la senegalesa (769).
Las seis nacionalidades más representativas
640
1094
1302
1751
1981
2014
Senegal
Colombia
Marruecos
Nigeria
Brasil
Rumanía
0 500 1000 1500 2000 2500
Inmigrantes atendidos en 2008 por sexo y edad
Más de 74 años
65 - 74 años
55 - 64 años
45 - 54 años
35 - 44 años
25 - 34 años
18 - 24 años
Menos de 18
0 1.000 2,000 3.000 4.000 5.000 6.000
0
20
100
40
27
1
226
10844
829
385171
2.191941
ED
AD
266
5.0391.620
61
2.706818
1
297258
Hombres TransexualesMujeres
COLECTIVO PERSONAS INMIGRANTES
63
Los principales núcleos de atención por sexo y edad son en primer lugar las
mujeres de 25 a 34 años con un total de 5.039 beneficiarias, seguidas por
las mujeres de entre 18 y 24 años (2.076) y las mujeres de 35 a 44 años
(2.191).
Problemas y necesidades que presenta
Problemas sociales, psicológicos y sanitarios
En general la población extranjera utiliza los servicios sanitarios con menor
frecuencia que los españoles. Según un estudio de La Fundación de las
Ciencias de la Salud, «la consulta al médico general y la hospitalización son
los servicios sanitarios en los que se ha encontrado una menor diferencia
de frecuentación, mientras que la asistencia especializada y los servicios
preventivos son mucho más empleados por la población autóctona que por
los inmigrantes».
Algunas áreas tales como la salud infantil y juvenil, la salud sexual y reproduc-
tiva, la salud laboral, la salud mental, la violencia de género o la prevención de
enfermedades transmisibles y no transmisibles, así como muchos aspectos
relacionados con la promoción de la salud son de especial interés en la
atención a la población inmigrante y exigen una adaptación y reorientación
de los servicios sanitarios, con el fin de mejorar la calidad de la asistencia
prestada a los diferentes colectivos atendidos.
Diferentes estudios señalan que los inmigrantes que han venido a España sue-
len ser jóvenes y sanos, y que sus problemas de salud más frecuentes coinci-
den esencialmente con los de la población general. Estos se encuentran en
relación con sus condiciones de vida en España: condiciones de trabajo
precarias, alojamientos inadecuados, estrés múltiple y carencia de redes
familiares y sociales de apoyo crean situaciones de vulnerabilidad social
con los consiguientes riesgos para la salud física y mental que deben ser
tenidos en cuenta.
Una de las áreas prioritarias y de máxima atención se centra en la salud men-
tal de la población inmigrante no solo por la frecuencia en la presentación de
patologías, sino también por la dificultad de interpretación de los síntomas
y por los problemas en el acceso a los servicios de salud mental. Los cam-
bios en la vida de las personas a lo largo de un proceso migratorio condi-
cionan importantes situaciones de estrés con procesos similares a los de
duelo, debidos a la ruptura o interrupción de los vínculos afectivos con sus
países de origen.
Otro área prioritaria de estudio e intervención es la salud laboral. Los estu-
dios y datos relativos a la misma son escasos tanto a nivel nacional como
autonómico, pero los pocos existentes evidencian que una parte de los
COLECTIVO PERSONAS INMIGRANTES
64
problemas de salud que presenta la población inmigrante se asocia con
determinados perfiles o condiciones laborales: precariedad, ausencia de
formación específica para el trabajo que desarrollan, largas jornadas de tra-
bajo en condiciones físicas tales como altas temperaturas o exposición a
productos químicos.
También es importante tener en cuenta el dato actual sobre la alta tasa de
fecundidad de las mujeres inmigrantes en contraposición con la de las
autóctonas. Esta situación exige una readaptación de determinados servi-
cios sanitarios como el área de obstétricia o de pediatría. A este aumento
de fecundidad se une una tasa incrementada de interrupción voluntaria del
embarazo (como se recoge en los registros de Madrid y Valencia). Aún no
se dispone de datos a nivel nacional, ya que la variable que refiere al país
de origen se ha introducido recientemente.
La violencia de género es otro problema que no puede olvidarse por estar
presente en todas las culturas y clases sociales, y que puede afectar a las
mujeres en cualquier momento de sus vidas. En el caso de las mujeres inmi-
grantes habría que tener en cuenta una serie de factores con relación al
hecho migratorio y a la violencia de género: las barreras idiomáticas que
pueden favorecer el aislamiento e impedir la búsqueda de ayuda; la inde-
fensión por la estrecha dependencia económica, emocional y legal con el
agresor; el miedo a la denuncia debido al desconocimiento de los recursos
existentes y basado en las posibles consecuencias que creen que su situa-
ción en el país puedan tener. A lo anterior se añade el conflicto que para
muchas mujeres puede suponer el cuestionarse su posición de género al
entrar el contacto con la cultura de acogida donde están presentes otros
valores y expectativas para las mujeres.
Por otro lado, los jóvenes inmigrantes constituyen un grupo especialmente
vulnerable a determinados problemas de salud, debido a la proximidad a
situaciones de desarraigo o a su vinculación con diferentes estilos de vida y
ocio, concepciones culturales distintas sobre la sexualidad, relaciones perso-
nales, etc. Aunque hay muy pocos datos disponibles y los estudios realizados
con estos grupos son escasos, se ha descrito el «síndrome de Ulises» como el
sentirse fuera de la patria, del hogar con dificultades de integración social y
laboral. Sin embargo, ante la escasez de recursos existentes para este grupo
las asociaciones van creando su propia red de atención.
El Informe sobre Juventud en España: Desigualdades de género jóvenes
inmigrantes (Instituto de la Juventud, 2008) destaca algunas diferencias
entre jóvenes inmigrantes y jóvenes nacionales, por ejemplo las pautas
de incorporación al mercado de trabajo. Tales diferencias entrañan un riesgo
de etnofragmentación y advierten que las diferencias étnicas pueden conver-
tirse en fuente de desigualdad y discriminación o incluso exclusión social.
Asimismo se constata la concentración de los extranjeros en las categorías
COLECTIVO PERSONAS INMIGRANTES
65
ocupacionales más bajas (el 33,8% de los extranjeros se ocupa en trabajos
no cualificados frente al 12,3 % de los españoles). Sin duda, el menor «poder
social de negociación» de estos jóvenes, ya que su estatuto jurídico les
confiere mayor vulnerabilidad. El informe concluye que los jóvenes inmi-
grantes, en comparación con los españoles, están especialmente expuestos
en la actualidad a unas dinámicas del mercado de trabajo que favorecen la
exclusión social.
Siguiendo el mismo informe, los datos sobre experiencias y prácticas sexuales
muestran muy pocas diferencias (el 84,6% de extranjeros ha tenido relaciones
sexuales completas frente a un 82,6% de españoles). Los extranjeros
utilizan en menor proporción métodos anticonceptivos (el 23,3% de las
extranjeras ha tenido algún embarazo no deseado frente al 10% de las espa-
ñolas). Destaca otro dato con relación a las actividades asociativas y de
voluntariado, constituyen prácticas que están más presentes en los jóvenes
extranjeros (casi 5 puntos de diferencia).
Por otro lado, la situación de los menores no acompañados es realmente
preocupante, cada vez son más las denuncias por malos tratos en los cen-
tros de menores extranjeros no acompañados y por la realización de «rea-
grupaciones sin garantías», «se están expulsando a niños y a jóvenes bajo
la apariencia del «reagrupamiento familiar» sin respetar las garantías
previstas en la legislación internacional y estatal» (Europa Press, 2009).
En cuanto a la situación de los centros de menores para menores no acom-
pañados, el Informe del Defensor del Pueblo 2009 refleja claramente la
situación: «Tanto la falta de recursos como de protocolos de actuación
favorecen que las entidades públicas, en ocasiones, deriven a menores a
centros que no se ajustan a sus necesidades, con las consecuencias nega-
tivas que para los mismos conlleva. Ello supone un obstáculo añadido a la
labor educativa y terapéutica que se desarrolla en el centro. Más de la mitad
de los centros utilizan medidas de aislamiento. Bajo la denominación de
“medidas educativas creativas”, “medidas correctoras” u otras expresiones
de cariz pedagógico, se están realizando prácticas contrarias a los derechos
de los menores en muchos centros como por ejemplo atar a dos menores
uniéndolos por las muñecas, prohibirles la asistencia al centro escolar o la
salida al patio durante una semana etc. A pesar de que las contenciones
han de limitarse a momentos puntuales de agitación grave y en ningún caso
deben usarse como sanción, en muchos centros se realizan varias veces al
día y, en ocasiones, con una agresividad desproporcionada que puede pro-
vocar lesiones físicas a los menores. En algunos casos esas contenciones son
practicadas por educadores que carecen de formación para realizarlas».
En lo referente a la medicación de los menores, «en la mayoría de los
centros el procedimiento utilizado para la administración de fármacos a
menores no se compadece con las prescripciones establecidas en el
COLECTIVO PERSONAS INMIGRANTES
66
Artículo 9.3.c. de la Ley 41/2002 Básica Reguladora de la Autonomía del
Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Información y
Documentación Clínica. En el 75% de los centros se suministra tratamiento
farmacológico a los menores en casos de grave alteración. Aunque el sumi-
nistro de fármacos a los menores debería ajustarse en todo caso a un pro-
tocolo de intervención clínica previamente establecido, no siempre se cum-
ple este procedimiento en todos los centros».
Por último también es necesario destacar la mayor vulnerabilidad que la
población inmigrante puede tener frente a problemas como la tuberculosis
o la infección por VIH, a menudo relacionada con las precarias condiciones
de vida a las que está expuesta.
Los casos de algunas patologías importadas, tales como el paludismo, no
son frecuentes en nuestro entorno pero despiertan inquietud en los profe-
sionales poco acostumbrados a su manejo. Asimismo, en lo que se refiere a
las enfermedades que pueden ser prevenidas mediante vacunación, sabe-
mos que la mayoría de los inmigrantes residentes en España provienen de
países con distintos calendarios vacunales y tasas de vacunación de la
población inferiores a las nuestras, lo cual ha dado lugar recientemente a
ciertos repuntes de algunas enfermedades tales como la rubéola o el
sarampión en algunas comunidades (Madrid y Cataluña).
En lo referente a la nacionalidad de las personas sin hogar, la Encuesta
sobre las Personas sin Hogar (INE, 2006) revela que el número de extran-
jeros alcanza los 10.749, lo que equivale al 48,2% del total. El 43,6% de los
extranjeros que se encuentran en esta situación son de origen africano, el
20,8% provienen de países de la UE-25, y el 16,7% pertenecen al resto de
países.
Además destacamos la situación de extranjeros con discapacidad, en la
actualidad unos 250.000 según Jiménez Lara (CERMI, 2009).
Barreras de acceso a la salud
Según la investigación Barreras en el acceso a la salud por parte de situa-
ción en riesgo o situación de exclusión que acuden a los dispositivos de
Médicos del Mundo (Médicos del Mundo, 2007), las barreras pueden ser de
distintos tipos: estructurales, jurídicas, culturales, de información o de comu-
nicación. Otro eje de clasificación tendrá en cuenta el carácter individual o
institucional de la barrera, según surja de la persona que necesita atención
sanitaria o de la institución que ofrece servicios de asistencia sanitaria.
COLECTIVO PERSONAS INMIGRANTES
67
Además se produce una importante falta de adecuación entre los protocolos
de funcionamiento de los distintos niveles del Servicio Nacional de Salud y las
modificaciones en los perfiles sociales, demográficos y culturales de las
poblaciones susceptibles de ser atendidas. Esta falta de adecuación puede
traducirse en una atención insuficiente según las necesidades sanitarias de
los colectivos o debido a un seguimiento ineficaz de los tratamientos pro-
porcionados, lo que genera desigualdades sanitarias.
Existen enormes disparidades de actuación entre las distintas comunidades
autónomas con relación al acceso normalizado de la población inmigrante
al sistema sanitario, independientemente de cuál sea su situación legal para
hacer efectivo el derecho reconocido a la protección de la salud y a la
atención sanitaria de estas personas. El Foro para la Integración Social de
los Inmigrantes cuenta con estudios que demuestran la existencia de condi-
cionantes que están limitando de hecho su relación con el sistema sanitario.
En la base de datos de Médicos del Mundo consta también el porcentaje de
extranjeros atendidos sin tarjeta sanitaria.
La propia organización y el funcionamiento de las instituciones condicionan
el acceso a los servicios. Sus características pueden favorecer o dificultar la
utilización de sus servicios como la ubicación geográfica de los centros con
Distribución porcentual por barreras percibidas por la población inmigrante encuestada.
Entre los motivos más frecuentes se cuentan principalmente las dificultades administrativas, el
45% de los encuestados manifiesta haber tenido este tipo de barrera. El desconocimiento de
no saber a dónde acudir (23,8%) así como las barreras lingüísticas y culturales (14,3% y 3,3 %).
Dificultades administrativas
No sabe dónde acudir
Barreras de idioma
Otros
Barreras culturales
Miedo a discriminación
Horario de servicio inadecuado
Miedo a las denuncias
Rechazo por parte de los profesionales
0,00%
45%
23,8%
14,3%
7%
3,3%
3,2%
1,3%
1,1%
1%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%
COLECTIVO PERSONAS INMIGRANTES
68
respecto al domicilio de la persona, sus horarios de atención, la difusión de
información sobre su funcionamiento, traducción cuando sea necesaria y la
adaptación de los mensajes a las diversas culturas de los inmigrantes. Por
parte de los profesionales, su visión de la inmigración y la presión asistencial
existente en su consulta son algunos de los factores que determinan la
atención prestada.
Las actitudes paternalistas constituyen también barreras así como el com-
portamiento de aquellos profesionales que consideran la atención de los
inmigrantes como un favor que se les otorga, y no como el derecho que es,
igual para todos, tanto para autóctonos como para extranjeros.
Existe un documento de posicionamiento y está previsto revisar este
documento y redactar una política sobre inmigración actualizada.
Posición política de Médicos del Mundo
COLECTIVO PERSONAS INMIGRANTES
69
El colectivo y sus necesidades
Definición del colectivo y rasgos del perfil
Una persona sin hogar es aquella persona que vive en las calles y temporal-
mente en albergues, a causa de una ruptura desencadenada, brusca y trau-
mática de sus lazos familiares, sociales y laborales (según Wikipedia). La
categoría «sin hogar» reúne no solo a aquel sector de la población que vive
literalmente en la calle, sino que recoge un amplio abanico de contextos y
abarca distintas situaciones. Entre ellas se cuentan la infravivienda, a causa
de la cual personas o familias, a menudo de origen inmigrante, malviven en
condiciones de hacinamiento; la población chabolista que vive en barracas,
descampados o como okupas en casas abandonadas, etc.
Una de las características principales que define a las personas sin hogar es
la carencia de redes sociales en su ámbito geográfico habitual, la soledad, la
invisibilidad, la falta de autoestima o la incomprensión por gran parte de
la sociedad. Es necesario distinguir el concepto de personas sin hogar
respecto de otros con los que se relaciona:
Mendigos: según la Real Academia de la Lengua Española son aque-
llas personas, es la persona que habitualmente piden limosna. Sin
embargo tan solo una minoría (14,2% según INE, 2005) practica la
mendicidad.
Vagabundos y transeúntes: frente a ambos, las personas sin hogar se
caracterizan por ser sedentarias y permanecer a menudo en un lugar
determinado.
Indigentes: bajo dicho término se engloban exclusivamente las
carencias materiales; por el contrario, el concepto personas sin hogar
amplía dicha idea y subraya la falta de autoestima y de redes sociales.
Sin techo: se considera «sin techo» a todo aquel que carezca de
hogar, ya sea con o sin techo.
Según la última encuesta específica realizada por el INE (2005) la población
sin hogar está compuesta mayoritariamente por hombres (las mujeres no
llegan a la quinta parte). Con relación al rango típico de edad, el 42,8% de
esta población tiene entre 30 y 44 años, el 29,8% tiene entre 18 y 29 años,
y aquellos comprendidos entre 45 y 64 años representan al 24,6% del total.
El restante 2,8% es mayor de 65 años. De estos datos se desprende que la
edad media de este colectivo se sitúa en 37,9 años.
Colectivo PERSONAS SIN HOGAR
70
A continuación presentamos algunos datos interesantes:
El 79,1% de esta población está empadronada en algún municipio.
Se estima que los ingresos medios de este colectivo ascienden a
302 euros al mes.
Por otra parte, casi la mitad de esta población tiene hijos (46%), aun-
que solo una décima parte vive con ellos.
El 30% de las personas sin hogar es abstemia y nunca ha consumido
drogas.
El 37,5% lleva más de tres años sin alojamiento propio.
La mitad de la población sin hogar busca trabajo.
El 51,8% son españoles y el 48,2% extranjeros. Entre estos últimos, el
grupo mayoritario representa a los africanos (43,6%), seguido por los
europeos (37,5%) y los americanos (14,0%). Los extranjeros sin hogar
llevan, de media, tres años y siete meses en España, y un año y once
meses en la comunidad autónoma donde se les ha localizado.
Entre los nuevos perfiles de personas sin hogar aparecen inmigrantes, muje-
res maltratadas, jóvenes con problemas familiares, drogodependientes,
universitarios y grupos familiares. Los resultados de este último apartado
––el perfil de las nuevas personas sin hogar–– coincide en gran parte con
Cruz Terán y colaboradores (2006), quienes sostienen que está aumentan-
do el porcentaje de mujeres, jóvenes, usuarios de drogas y enfermos men-
tales crónicos.
El 70,2% de las personas sin hogar pernocta todas las noches en el mismo
lugar.
El 44,5% de la población sin hogar ha usado los servicios de alojamiento
colectivos: el 38,6% de la población estudiada ha dormido en un albergue o
residencia, el 3% en centros de acogida destinados a mujeres maltratadas y
el 2,8% en centros de internamiento para inmigrantes. Otro 16,6% ha dormido
en pisos o casas: el 8,5% en un piso facilitado por una ONG u organismo
frente al 8,1% de personas que viven en pisos ocupados. Además, en torno
a un 1,4% ha dormido alguna vez en una pensión pagada por una ONG u
organismo. Por último, el 22,5% duerme en espacios públicos y el 15% en
alojamientos de fortuna. Es decir, el 45,6% de la población sin hogar se aloja
al margen de la red asistencial existente (pisos ocupados, espacios públicos
o alojamientos de fortuna). En resumen, el 37,5% lleva más de tres años sin
alojamiento propio.
Con respecto a la situación laboral, el 11,8% del total de las personas sin
hogar tiene trabajo, el 75,7% son parados y el restante 12,5% son inactivos.
En lo relativo al nivel de estudios, el 64,8% de la población ha alcanzado un
nivel de educación secundaria, el 15,3% estudios primarios o inferiores y el
COLECTIVO PERSONAS SIN HOGAR
71
13,2% estudios superiores (universitarios o no). El 6,7% de las personas se
declara sin estudios. Ha de advertirse que las diferencias por sexos no son
significativas.
El 66,9% del colectivo de personas sin hogar dispone de tarjeta sanitaria. El
15,6% declara tener mala o muy mala salud, mientras que el 52,7% dice
tener una buena o muy buena salud. El 29,1% tiene una enfermedad grave
o crónica y el 24,7% ha tomado alguna vez somníferos o tranquilizantes.
El 30% de la población sin hogar es abstemia y nunca ha consumido drogas.
En torno al 10% de la población tiene un nivel alto o excesivo de consumo
de alcohol. Entre las mujeres hay más abstemias y consumidoras ligeras de
alcohol que entre los hombres. Con relación a las drogas, el 41,5% del total
ha consumido alguna vez drogas, siendo menor la proporción en las muje-
res (34,7%) que en los hombres (42,9%).
El 60,6% del colectivo opina que los servicios sociales le ayudaron poco o
nada, mientras que el 35,9% indica que le ayudaron bastante o mucho.
Respecto a su relación con la delincuencia, el 47,6% del total ha sido denun-
ciado o detenido alguna vez. De ellos, prácticamente la mitad ha sido
condenada por los tribunales.
En lo que respecta al perfil de las personas sin hogar en España, la Fun-
dación RAIS dibuja un perfil tradicional a partir de los siguientes rasgos:
varón entre 41 y 65 años, soltero, con bajo nivel de formación y problemas
de salud, alcohólico, institucionalizado, y con larga permanencia en la calle.
Mientras, los nuevos perfiles agrupan a inmigrantes, mujeres maltratadas,
jóvenes con problemas familiares, drogodependientes, universitarios y gru-
pos familiares.
También el informe de Casa Caridad Valencia (2007) señala que «en los
últimos años se ha detectado un aumento de inmigrantes, así como de
españoles cada vez más jóvenes». Esta tendencia se ha acentuado en el año
2007 «al agravarse la situación económica de los inmigrantes, por la menor
oferta de empleo, y detectarse un incremento de jóvenes que padecen
adicciones, enfermedades físicas y psíquicas, y falta de redes de apoyo».
En cuanto al sexo, según la Memoria CBEX (Valencia, 2007) de las 390 perso-
nas atendidas a lo largo del año, 319 eran hombres (82%), 68 mujeres (17%)
y 3 transexuales (1%).
COLECTIVO PERSONAS SIN HOGAR
72
Total de personas sin hogar:
COLECTIVO PERSONAS SIN HOGAR
Total PSH atendidas en 2007 según sexo
Distribución de PSH atendidas por nacionalidad Año 2007
68,1%3,1%
319,8%
Latinoamérica
Europa Occidental
Norte de África
España
Europa Oriental
África Subsahariana
Asia
Hombres TransexualesMujeres
En cuanto a la nacionalidad, 213 personas eran españoles (55%) y 177 extran-
jeros de diferentes nacionalidades (45%). Al inicio del programa la mayor
parte de personas atendidas era de origen extranjero pero conforme ha
transcurrido el tiempo la tendencia ha cambiado, siendo mayor el número
de personas españolas atendidas. De las personas extranjeras, 73 (18%)
procedían de países de Europa oriental; 50 (13%) de países norteafricanos;
19 personas (5%) eran de países latinoamericanos y otras 19 (5%) de Europa
occidental.
2,1%
213,5%
19,5%
73,1%
19,5%
50,1%
14,4%
En lo concerniente al rango típico de edad, tal y como puede observarse en
el gráfico adjunto (cruzado con información respecto al sexo), la media de edad
más representativa es de 35 a 44 años, con 139 personas (35%), seguidas
por la de 25 a 34 años, con 99 personas (26%) y la de 45 a 54 años, con
98 personas (26%). Puede observarse que la mayoría de personas atendidas
73
tiene entre 35 y 44 años. La representatividad por grupos de edad es igual
tanto para hombres como para mujeres.
Por otro lado, cabe señalar que cada vez está acudiendo gente más joven al
programa lo que podría indicar que el fenómeno de la exclusión social y, en
concreto, la falta de hogar afecta cada vez a gente de menor edad.
COLECTIVO PERSONAS SIN HOGAR
Distribución de PSH atendidas según sexo y edad Año 2007
<18 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 >74
120
100
80
60
40
20
0
Hombres TransexualesMujeres
Efectivos y evolución
Uno de los principales resultados con los que nos encontramos estriba en la
constatación de que la mayor parte de las estimaciones realizadas hasta la
fecha se limitan al recuento de aquellas personas que acuden a albergues,
comedores de los servicios sociales, etc. En cierta medida, este método de
cuantificación infravalora la magnitud del problema debido a que la gente de
la calle, por su propia exclusión, suele quedar fuera no solo de los servicios
sociales de atención a los más desfavorecidos, sino también de ayudas
sociales y otros beneficios. En efecto, las personas que se encuentran en los
casos más extremos o aquellas que sufren una situación de mayor desarraigo
no parecen acudir a los diferentes servicios de atención (públicos o privados)
o contar con las ayudas a las que se puede acceder.
Según la encuesta antes mencionada (INE, 2005) la población sin hogar se
estima en 21.900 personas, mientras que otras fuentes apuntan a unas
30.000 personas (Cáritas, FACIAM, 2004). La Fundación RAIS y Oxfam
International estiman que tan solo en España 273.000 personas viven en la
calle o en alojamientos precarios. Las estimaciones del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales (EDIS de 1998) registran a unas 215.100 personas que
subsisten en infraviviendas y 38.500 sin hogar.
En Europa, FEANTSA apunta a un total de 3 millones de personas sin hogar
y de otros 18 millones que habitan en infraviviendas y no alcanzan las
condiciones mínimas para una existencia digna.
74
Problemas y necesidades que presenta
Problemas sociales, psicológicos y sanitarios
Determinado tipo de sucesos ––la muerte de una persona querida, una sepa-
ración sentimental, la pérdida de un empleo, la inexistencia de recursos
económicos, un desahucio––, unidos a la falta de apoyo familiar y social,
pueden provocar una situación de vulnerabilidad susceptible de desembocar
en una situación como la de los «sin hogar».
El hecho de no tener acceso a una vivienda o de vivir en una infravivienda
tiene consecuencias en todos los ámbitos de la persona. Por un lado,
desequilibra la estabilidad psíquica y emocional que causa la falta de arrai-
go, provoca angustia ante la permanente incertidumbre de no saber a
dónde acudir a dormir o a comer, etc.; por otro lado, favorece la aparición de
enfermedades orgánicas derivadas del frío, la humedad o la falta de higiene.
Todo esto puede desembocar en una serie de trastornos mentales a los que
se suele añadir el abuso, principalmente, de alcohol y/o otras sustancias.
Las personas que se encuentran en estas situaciones deben soportar una
elevada estigmatización social que aún hace más difícil su incorporación al
mercado laboral o a cualesquiera ámbitos básicos del individuo.
Dormir en la calle, a la intemperie, con ruidos, frío, adicciones, falta de higiene,
mala alimentación… son conductas de riesgo para la salud tanto física como
mental. Según la Fundación RAIS, la esperanza de vida en la calle es de 25
años menos.
Más de la mitad de los encuestados dice tener una buena o muy buena
salud. Sin embargo, diversas fuentes estiman que tales atribuciones son
demasiado optimistas y que responden a no ser conscientes e, incluso, a
negar la realidad como una estrategia de supervivencia. En cualquier caso,
la percepción subjetiva del estado de salud es peor en las mujeres.
Las enfermedades más comunes que padecen las personas sin hogar son
los trastornos de la personalidad, los problemas derivados de la mala
alimentación y del abuso de sustancias o, de manera destacable, la tuber-
culosis. Diversas fuentes designan como habituales la soriasis, la sarna, las
infecciones parasitarias, los problemas oftalmológicos, las enfermedades res-
piratorias y la mala salud dental. Las mujeres en esta situación presentan
mayor vulnerabilidad frente a enfermedades de transmisión sexual,
circulatorias, de huesos y músculos, y de la piel.
Barreras de acceso a la salud
La falta de hogar tiene un impacto severo y negativo en la salud, pues vivir en
la calle de forma sistemática afecta a las condiciones higiénicas, preventivas
COLECTIVO PERSONAS SIN HOGAR
75
o de tratamiento adecuadas. La trashumancia entre ciudades constituye
por sí misma una situación de desventaja para acceder a los servicios de
salud.
Es conocida la limitación y las barreras que las personas sin hogar tienen
respecto al acceso a los servicios de salud. Sin embargo, además de conti-
nuar realizando intervenciones sobre esta población diana, es necesario
que el propio sistema de salud se adapte a la situación y a las necesidades
de este colectivo (Médicos del Mundo C. V., 2007).
Se han observado algunas situaciones que han de tenerse en cuenta a la
hora de abordar una intervención con personas sin hogar:
Dificultades en la asignación de médicos debidas a la falta de domi-
cilio fijo.
Falta de espacios de recuperación para personas convalecientes.
Altas médicas de personas enfermas remitidas a domicilio y con
destino al alta de médico de cabecera, sin existir domicilio ni médico
de cabecera.
Falta de recursos para la atención de los enfermos mentales.
Dificultades para seguir tratamientos debido a las condiciones de
vida y rechazo de los mismos por desconfianza hacia los servicios
sanitarios.
Horarios inflexibles en atención médica.
Dificultades en la relación con los sanitarios por encontrarse bajo los
efectos de sustancias tóxicas.
Sin embargo, según la encuesta 2005 sobre personas sin hogar del INE
(estudio oficial de referencia a nivel estatal) el 66’9% dispone de tarjeta
sanitaria.
COLECTIVO PERSONAS SIN HOGAR
No existe un documento de posicionamiento o una política específica.
Sin embargo, Médicos del Mundo trabaja desde hace años con personas
sin hogar (la mayoría usuarias de drogas) atendidas en CEREDA a
través de unidades móviles. Además existen antecedentes de interven-
ciones de emergencia de exclusión social con inmigrantes.
La posición e intervención de Médicos del Mundo
76
El colectivo y sus necesidades
Definición del colectivo y rasgos del perfil
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del Comité de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas proporciona una primera aproximación a la
definición de la situación de privación de libertad. Este concepto sería aplicable
a todas las personas que se encuentren en esa situación «en virtud de las
leyes y autoridad del Estado e internadas en prisiones, hospitales ––en par-
ticular hospitales psiquiátricos–– campos de detención, instituciones
correccionales o en otras partes».
A fin de acotar el contenido del presente informe se pondrá el acento en los
centros penitenciarios (incluidos los centros penitenciarios psiquiátricos),
mientras que el tema de los centros de detención e internamiento de inmi-
grantes se abordará en el apartado de inmigración.
Tal como señala Cabrera (2002), en la actualidad existe un consenso general
según el cual las personas más vulnerables socialmente o aquellas que se
mueven en un entorno relacionado con la exclusión social tienen más posi-
bilidades de entrar en el círculo delictivo y, por lo tanto, en el sistema penal-
penitenciario. Dicho de otra manera, los centros penitenciarios se nutren
principalmente de personas que se han desarrollado en un contexto desfa-
vorecido o excluido socialmente. En la sociedad actual, el encarcelamiento
afecta de forma mayoritaria a varones jóvenes, con escaso nivel de estu-
dios, sin empleo y que cumplen condena por delitos contra la propiedad
(robos) y/o por tráfico o consumo de drogas.
Desde el Ministerio de Interior, el centro penitenciario se concibe «como un
espacio que hace posible el desarrollo de la persona y el acceso a la edu-
cación, a la formación profesional, al desarrollo de actividades culturales,
deportivas y laborales, para facilitar así la preparación para la convivencia,
al tiempo que limitar en la medida de lo posible el efecto negativo que
provoca la privación de libertad. El centro se configura, por lo tanto, como
un instrumento eficaz para la educación y la reinserción de los internos, que
al mismo tiempo garantiza el mantenimiento de la seguridad y la custodia».
Siguiendo esta fuente (Ministerio de Interior, 2008), el mapa del sistema peni-
tenciario español cuenta con 77 centros. En junio de 2008 se encontraban
internadas 79.199 personas, de las cuales 5.826 eran mujeres (8,1%). Según
la Encuesta Estatal sobre Salud y Drogas entre los internados en prisión en
España (2006) «la población penitenciaria en España está constituida en su
Colectivo PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
77
gran mayoría por varones, estando “sobrerrepresentados” con respecto a la
población general los jóvenes, los extranjeros y las personas con carencias
socioeconómicas».
COLECTIVO PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Distribución por sexos en prisiones españolas
Mujeres 8%
Hombres 92%
En el contexto del centro penitenciario, existen determinadas condiciones o
características personales que pueden marcar significativamente la vivencia
de la privación de libertad. El sexo, la condición de inmigrante, la presencia de
trastornos adictivos o de problemas de salud mental, por ejemplo, son
atributos que pueden condicionar la interacción con este medio y acentuar
las situaciones de vulnerabilidad, discriminación o desarraigo.
En ese sentido, actualmente en España (MIR, 2008) el porcentaje general de
inmigración sobrepasa ya la tercera parte del total de internos, al alcanzar las
24.897 personas (34,9%). Si las mujeres representan el 8,1% del total de
personas internas, dentro del colectivo específico de inmigrantes esta
proporción es del 9,3%. Durante los últimos ocho años la inmigración en los
centros penitenciarios se ha multiplicado por tres (300%), mientras que la
población española ha aumentado un 24%. Además, el volumen de personas
inmigrantes en las prisiones (34,9%) no guarda proporción con el que
representa la inmigración en el conjunto de la sociedad (10,1%), pues la
primera tasa triplica a la segunda (INE, 2007).
Si entre la población general los mayores grupos de inmigración los consti-
tuyen, por ese mismo orden, los ciudadanos procedentes de Marruecos,
Rumanía, Ecuador, Reino Unido y Colombia (INE, 2007), las colonias más
numerosas dentro de los centros penitenciarios son, respectivamente, ma-
rroquíes, colombianos y rumanos. Solo los encarcelados de estas tres nacio-
nalidades suponen el 42,2% del total de los extranjeros recluidos por causas
penales en España. Los internos marroquíes suman el 7,7% del total, un dato
que contrasta con el 1,4% que según el Instituto Nacional de Estadística
representan las personas empadronadas en España con esa nacionalidad.
Por su parte, durante los últimos ocho años la colonia rumana en prisión se
ha multiplicado por 52, hasta convertirse en la tercera nacionalidad extran-
jera con más presos en España. A pesar de que los rumanos empadronados
78
representan el 1,5% del total del país, en prisión esta proporción se duplica
hasta llegar a casi al 3% de toda la población carcelaria.
En los gráficos siguientes (ACÍN, 2008) puede apreciarse la distribución de
la población extranjera en prisión según su área de procedencia, correspon-
diendo la primera tabla a los hombres y la segunda a las mujeres.
COLECTIVO PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
2003
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2004
Sudamérica Norte de África Este de Europa Oeste de Europa África Subsahariana
2005 2006 2007
Población extranjera masculina en prisión
Población extranjera femenina en prisión
2003
1200
1000
800
600
400
200
0
2004
Sudamérica Norte de África Este de Europa Oeste de Europa África Subsahariana
2005 2006 2007
Si bien estos datos representan una referencia general, en ocasiones el
porcentaje de población inmigrante se concentra en determinados centros
penitenciarios o en algunos de sus módulos. Según el Central Sindical Inde-
pendiente y de funcionarios de prisiones (2007) y a partir de datos facilita-
dos por la dirección del Centro Penitenciario de Brieva en Ávila, las mujeres
reclusas extranjeras en este centro abulense suponían ya un 72% del total
de internas. Desde una perspectiva de género, una investigación sociológica
(Flaquer et al., 2001) sobre mujeres inmigrantes en las cárceles concluye que
«las prácticas contemporáneas del crimen y el castigo se relacionan con la
estructura general del bienestar y con los cambios en las relaciones de clase,
79
etnia y género que subyacen a las transformaciones en la sociedad española.
Su explotación y exclusión se origina a través de diversos mecanismos de
estigmatización social (como extranjeras y como presas), y de producción
de una fuerza de trabajo altamente explotada». Por otra parte caben destacar
diferencias en los motivos por los que hombres y mujeres ingresan en las pri-
siones españolas. Según datos de la Encuesta Estatal sobre Salud y Drogas
entre los Internados en Prisión (2006) «entre los hombres predominan los
delitos contra la propiedad o el patrimonio (42%) y entre las mujeres los deli-
tos contra la salud pública (57%)».
Por lo que se refiere al binomio drogas-prisión, el estudio sobre la Situación
de las personas con problemas de drogas en prisión realizado por la Unión
de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente (2005)
recoge el siguiente perfil:
Varón de 34 años de edad de procedencia española.
Muy baja formación académica y profesional.
Perteneciente a una familia numerosa de corte tradicional, con muy
bajo nivel de formación, situación socioeconómica media o baja,
y presencia de otros familiares consumidores de drogas.
Pacientes en tratamiento farmacológico para mitigar la adicción.
Penado en segundo grado con una condena media de 4 años.
Con antecedentes penales, en su mayoría relacionados con delitos
contra la propiedad.
En esa misma temática, el estudio del ESDIP (2006) aporta diferentes datos de
interés. Según el mismo, un 30,5% de los internos ha recibido en prisión algún
tratamiento para rehabilitarse o mitigar el uso de drogas, y un 21% estaba en
tratamiento en el momento de realizar la encuesta. La proporción de personas
internadas en prisiones con antecedentes de inyección de drogas era muy ele-
vada (25,2%), especialmente en el grupo de 31 a 40 años de edad (37,8%).
También la proporción de inyectores es mucho mayor entre los presos españo-
les (34,7%) que entre los extranjeros (3,7%), y algo más alta entre los hombres
(25,8%) que entre las mujeres (17,9%). El último tratamiento realizado en
prisión por la mayoría de los internos encuestados era el de mantenimiento con
metadona en un 68% de los tratados, aunque entre los más jóvenes se percibe
una menor proporción de tratamientos por heroína y mayor por cocaína.
Por lo que se refiere al perfil sanitario de esta población, a continuación se
aportan los datos de un reciente estudio de la Dirección General de Institu-
ciones Penitenciarias que analizando historiales clínicos de los presos en
todas las prisiones ordinarias españolas arroja la siguiente información
(a estos datos habría que añadir de sumarse los de presos con patologías
no recogidas en sus historiales, que se calcula en el 50% de los internos):
COLECTIVO PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
80
El 3,2% de las personas que ingresan en prisión tiene antecedentes por
haber ingresado previamente en algún centro psiquiátrico, ignorándose
esa patología en el proceso judicial (este mismo dato alcanza al 8%
según la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria).
El año previo al ingreso en prisión el 3% de los actuales internos rea-
lizó un intento autolítico.
Alrededor del 26,6% de los internos (uno de cada 4) tiene recono-
cido uno o varios diagnósticos psiquiátricos en su historia clínica.
Este porcentaje se eleva al 49,6% (uno de cada dos) si consideramos
los antecedentes de abuso o dependencia a drogas.
El 31% de los presos tiene prescritos psicofármacos y hasta el 42%
tiene prescritos psicofármacos y metadona.
En el mismo sentido, Julio García, Presidente de la Sociedad Española
de Sanidad Penitenciaria, ofrece el siguiente perfil a partir de un estudio
sobre 1.128 presos distribuidos uniformemente por todas las comunidades
autónomas:
La patología neurológico-psiquiátrica es abundante: el 2% tiene diag-
nosticada una epilepsia; el 4% una psicosis; un 10% ha sufrido en
alguna ocasión una depresión mayor; y un 46,3% tiene algún otro
trastorno psiquiátrico, fundamentalmente trastornos ansioso-adap-
tativos y ansioso-depresivos.
El 1,8% tiene una discapacidad psíquica reconocida con anterioridad
a su ingreso en prisión.
La infección más prevalente en prisión es la tuberculosa, con un
46,1% de resultados positivos a la prueba del Mantoux, (aunque con
un 12,2% de internos en los que esta variable es desconocida es pro-
bable que la prevalencia de esta infección supere el 50%).
Los portadores crónicos de la Hepatitis B son un 2,3% y los infectados
por VHC son un 27,2%, de los que un 32,3% cumple criterios de hepa-
titis crónica y un 11,1% de ellos son enfermos de VIH+.
Por lo que se refiere al VIH: el 24,6% de los infectados son casos de sida
englobados en el grupo C de la clasificación de los CDC de Atlanta,
siendo la tuberculosis en cualquiera de sus formas en el 53,8% de los
casos (42,3% tuberculosis pulmonar) la responsable de las declara-
ciones, seguida de la neumonía por neumocistys jiroveci (15,4%) y la
candidiasis esofágica (11,5%).
El 60% de los infectados por VIH tiene tratamiento prescrito para su
infección.
COLECTIVO PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
81
Efectivos y evolución
Se ofrece a continuación una serie de tablas con los datos sobre los efectivos
de las personas privadas de libertad en los 77 centros penitenciarios espa-
ñoles (Ministerio de Interior, 2008).
Distribución de la población reclusa por sexo:
COLECTIVO PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
TOTALSEXO PORCENTAJE
Hombres
Mujeres
Total
65.373
5.826
71.199
91,8
8,1
100
18-20
21-25
26-30
31-40
41-60
>60
6,5
18,1
22,5
32,2
18,8
1,6
Población reclusa preventiva por grupos de edad y sexo:
Distribución de la población reclusa por comunidades autónomas:
HOMBRES MUJERES TOTAL
Andalucía
Cataluña
Madrid
Castilla y León
Valencia
Galicia
Canarias
Aragón
Castilla-La Mancha
Baleares
Asturias
Extremadura
País Vasco
Murcia
Cantabria
La Rioja
Ceuta
Melilla
Navarra
Totales
14.683
9.139
7.672
6.640
6.275
4.382
3.061
2.481
2.309
1.809
1.399
1.412
1.258
1.022
699
384
264
255
229
65.373
1.216
712
1.268
643
611
267
311
144
35
117
126
65
123
86
13
23
35
8
23
5.826
15.899
9.851
8.940
7.283
6.886
4.649
3.372
2.625
2.344
1.926
1.525
1.477
1.381
1.108
712
407
299
263
252
71.199
%EDAD
82
Los principales delitos por los que estas personas se encuentran en esta
situación son los relacionados con el patrimonio y el orden socioeconómico
(41,1%), y los delitos contra la salud pública (27,7%).
Discapacidad
Según la Dirección General de Instituciones Penitenciarias (2007) en los
centros penitenciarios que administra permanecen internas 2.323 personas
con discapacidad. De estas, 158 son mujeres.
La evolución de estos efectivos está marcada por un incremento progresivo
del colectivo de personas que pasan a estar privadas de libertad, y dentro
del mismo por una altísima incorporación de personas inmigrantes. Se trata
además de población joven, y la proporción de la variable sexo se mantiene
relativamente estable.
Problemas y necesidades que presenta
Problemas sociales, psicológicos y sanitarios
El tipo de institución total que representan los centros penitenciarios, más
allá de privación de libertad, es por sí mismo un marco de riesgo para el
desarrollo de derechos como el de acceso a la salud. Tal y como señala en
un informe el Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha (2007): «Las per-
sonas privadas de libertad constituyen un colectivo inmerso en unas
circunstancias objetivas, como el aislamiento familiar, social y laboral, que
favorecen su desprotección».
La descripción del perfil de las personas privadas de libertad, ofrecida en
un apartado anterior, señala que existe cierta correlación entre el extracto
social vulnerable y el acceso a prisión. Es decir, parte de las personas interna-
das en estos centros presentaban previamente a su ingreso problemáticas
sociales, psicológicas o sanitarias de diversa índole. Por si esto fuera poco,
el medio penitenciario como estructura no constituye precisamente la
mejor garantía para abordar estos problemas y, como ente, es capaz de
generar su propia cadena de daños. La influencia de este paso por prisión,
puede además extenderse más allá de la salida final al exterior, dejando
secuelas como las derivadas del etiquetaje.
En los centros penitenciarios existen mayores tasas de enfermedades infec-
ciosas graves. En el caso de la infección por el VIH, si en la población general
registra una incidencia del 0,3%, en el caso de las prisiones se eleva a más
del 18,6%. Lo mismo ocurre con la Hepatitis que, afectando a un 3% en la
población general, es padecida por el 41% de las personas presas. Un docu-
mento reciente procedente de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias (ACÍN, 2008) ofrece la perspectiva histórica que muestra
COLECTIVO PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
83
cómo la prevalencia del VIH en prisiones españolas ha bajado del 29% en 1989
al 8% en 2007. Por su parte, los casos de sida habían descendido de los
759 casos de 1994, a los 53 de 2008. Sin embargo, la Unión de Asociaciones
y Entidades de Atención al Drogodependiente (2006), de acuerdo con los
datos aportados por los propios centros penitenciarios, señalaba que solo el
48,6% de los presos que padecen VIH está en tratamiento.
El volumen de personas presas con problemas de salud mental es cada vez
más preocupante: una cuarta parte de los internos tiene confirmados diagnós-
ticos psiquiátricos en su historia clínica. Algunas fuentes apuntan que, comple-
tando las valoraciones, esta proporción llegaría a la mitad de los internos.
Según la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (APDHA, 2007), el
8% de la población penitenciaria padece enfermedades mentales graves y
hasta un 40% sufre trastornos mentales y de personalidad. A veces la persona
es diagnosticada en prisión, pero en otras ocasiones su enfermedad sigue
siendo invisible o, al menos, no se trata adecuadamente. La situación no se
soluciona cuando la persona sale de prisión, ya que en la calle tampoco
existen recursos suficientes y, sobre todo, en ellos no tienen cabida las perso-
nas con enfermedad mental que se encuentran en condiciones más deteriora-
das, una situación verdaderamente crítica en el caso de las personas con pato-
logía dual. El resultado es que muchas de estas personas al salir de prisión no
contactan con los equipos de salud mental y no reciben tratamiento alguno.
Más de la mitad tiene antecedentes de abuso o dependencia de drogas, y se
registran altas tasas de patología dual. A partir del trabajo desarrollado en los
centros penitenciarios por las entidades agrupadas en UNAD, la organización
denuncia la carencia de recursos asistenciales, y cuestiona seriamente la
intervención en drogodependencias que se está realizando a la que califican
como escasa: «No es posible trabajar adecuadamente ni obtener resultados
cuando no se tienen ni los recursos ni los instrumentos necesarios, sean mate-
riales, sociales o jurídicos». Por otra parte, la perspectiva de la reducción
de daños llega también al medio penitenciario a través de los Programas de
Intercambio de Jeringuillas. En España el primer Programa de Intercambio
de Jeringuillas (PIJ) se inició en la prisión de Basauri (Bilbao) en julio de 1997
y tuvo su origen en una Proposición no de Ley del Parlamento Vasco.
Actualmente los PIJs no llegan a la mayor parte de los módulos de las
prisiones y, en muchos casos, se trata de lo que se denominan «P.I.J. nomina-
les», es decir, existen sobre el papel pero no registran demanda de actividad,
presumiblemente por temor de los usuarios a que no sea respetada la confi-
dencialidad del mismo y que esto pueda traer consecuencias.
Barreras de acceso a la salud
El acceso a la salud de las personas privadas de libertad en centros peni-
tenciarios está claramente recogido en la legislación vigente. Diferentes
COLECTIVO PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
84
normativas señalan que estos centros deben garantizar que el cumplimiento
de dicho derecho se produzca en las mismas condiciones que en las del
resto de la población. Así, la normativa penitenciaria europea recoge una
serie de principios fundamentales que se reflejan en la Recomendación 2
del Comité de Ministros de los Estados Miembros sobre las reglas peniten-
ciarias europeas (2006). Esta normativa establece ciertos principios funda-
mentales:
1. Las personas privadas de libertad deben ser tratadas bajo el amparo
de los Derechos Humanos.
2. Las personas privadas de libertad conservan todos los derechos, salvo
aquellos que les hayan sido retirados de acuerdo con la ley por su
condición de condenados a una pena de prisión o sometidos a prisión
provisional.
3. Las restricciones impuestas a las personas privadas de libertad estarán
limitadas a un estricto criterio de necesidad y deben ser proporcionales
a los objetivos legítimos para los que se han impuesto.
4. La carencia de recursos no podrá justificar que las condiciones de
detención violen los Derechos Humanos.
5. La vida en la prisión se adaptará en la medida de lo posible a los
aspectos positivos de la vida en el exterior de la prisión.
En lo que se refiere a los centros penitenciarios, la Constitución Española
de 1978 recoge en su Artículo 25.2 el derecho fundamental de las personas
que estén cumpliendo condenas de prisión a gozar de los derechos funda-
mentales reconocidos en la propia Constitución, con excepción de los que
se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el
sentido de la pena y la ley penitenciaria. Del mismo modo, la Ley Orgánica
General Penitenciaria enuncia en su Artículo 3 que «la administración peni-
tenciaria velará por la vida, integridad y salud de los internos». Y el Artículo
208 del Reglamento Penitenciario (Real Decreto 190/1996) explicita que «a
todos los internos sin excepción se les garantizará una atención médico-sani-
taria equivalente a la dispensada al conjunto de la población. Tendrán igual-
mente derecho a la prestación farmacéutica y a las prestaciones complemen-
tarias básicas que se deriven de esta atención». Queda pues recogido en la
legislación que el alcance de la privación de libertad no debe afectar en el
acceso a la atención sanitaria y a las correspondientes prestaciones derivadas
de la misma.
A pesar de la existencia de estas normativas, en la práctica y según apuntan
diversas fuentes, se producen deficiencias en el ejercicio de estos derechos.
Por lo que se refiere a los problemas de salud más importantes de los internos,
destacan las infecciones de transmisión sanguínea y sexual, las primeras rela-
cionadas en gran medida con los antecedentes de inyección de drogas.
COLECTIVO PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
85
Respecto a la dotación de personal sanitario, ENLACE Federación An-
daluza de Drogodependencias y Sida (2008) señala: «el personal sanitario
de las prisiones es muy escaso (existe un funcionario de seguridad por cada
5 presos, pero tan solo un médico por cada 162 presos y un enfermero por
cada 127 presos), no está preparado para tratar enfermedades infecciosas
(son médicos de atención primaria) y tampoco hay psiquiatras. Además,
su labor médica se ve afectada por el hecho de que dependen jerárquica-
mente de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Tampoco se
garantiza a las personas presas el acceso a una atención especializada en
condiciones de igualdad con respecto al resto de la población. Por un lado,
las personas presas pierden continuamente sus consultas con especialistas
externos en hospitales o sus citas para ser intervenidas quirúrgicamente
debido a la falta de policías para realizar las conducciones o a los proble-
mas que surgen con los conductores de ambulancias». Por otro lado, a
pesar de las dificultades para la aplicación del Artículo 155.4 del Regla-
mento Penitenciario (permisos extraordinarios de salida para consulta
ambulatoria extrapenitenciaria), tampoco la presencia de especialistas en
las prisiones está siendo promovida, a pesar de estar contemplada en
numerosas normativas y convenios.
Asociaciones en pro de los Derechos Humanos denuncian las dificultades
para acudir a la consulta de los especialistas como uno de los puntos flacos
de la sanidad penitenciaria. Los equipos sanitarios de las instituciones peni-
tenciarias están formados básicamente por profesionales de medicina
general y de enfermería, sin que estas tengan ninguna especialización.
Según Maria Isabel Moral (APDH, 2008) solo en Andalucía durante 2007 se
llegaron a perder más de la mitad de las citas con especialistas externos. La
causa más probable que baraja esta asociación es la falta de funcionarios
para trasladar a los internos a los centros hospitalarios, pero también el
desinterés de la Administración autonómica por acercar la sanidad especia-
lizada a los reclusos.
Todo parece indicar que parte de los problemas, tanto organizativos como de
precariedad de medios, guarda relación con el retraso de la transferencia
de las competencias en esta materia desde la Administración central a la
autonómica. Como señala la Federación Andaluza de Drogodependencias
y Sida (ENLACE, 2008), el traspaso del sistema penitenciario de salud por
parte del Ministerio del Interior a las comunidades autónomas con compe-
tencias sanitarias, tal y como establece la Ley 16/03, de 28 de mayo, de
Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, tenía que haberse hecho
efectivo antes del 1 de diciembre de 2004, «pero a día de hoy sigue sin ser
realidad». Por lo que piden la inmediata integración de la sanidad peniten-
ciaria en el Servicio Andaluz de Salud «para mejorar la situación de miles
de presos con enfermedades muy graves que en la actualidad reciben una
atención médica de segunda categoría».
COLECTIVO PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
86
Por lo que respecta a la calidad de la atención, esta debería garantizarse en
los servicios de salud mental. La Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre,
General Penitenciaria dice en su Artículo 16: «Cualquiera que sea el centro
en el que tenga lugar el ingreso, se procederá, de manera inmediata, a una
completa separación, teniendo en cuenta el sexo, emotividad, edad, ante-
cedentes, estado físico y mental y, respecto de los penados, las exigencias
del tratamiento. En consecuencia: los que presenten enfermedad o defi-
ciencias físicas o mentales estarán separados de los que puedan seguir el
régimen normal del establecimiento». Por su parte, en este contexto el
Código Penal contempla tres vías para el cumplimiento de medidas de
seguridad privativas de libertad: internamiento en un Hospital Psiquiátrico
Penitenciario, internamiento en un Centro para el Tratamiento de Drogo-
dependencia, e internamiento en un Centro Educativo Especial. En la actua-
lidad, existen dos instalaciones denominadas Hospitales Psiquiátricos
Penitenciarios: el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante, creado en
1984, y el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla, creado en 1990.
Sin embargo, algunas fuentes apuntan que la dotación de estos recursos no
garantiza unos mínimos de calidad asistencial. Como ejemplo, según denun-
ciaban en agosto de 2006 CC.OO., UGT, ACAIP, CSIF y el comité de empresa
del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Fontcalent, el centro vivía una situa-
ción insostenible «por la falta de psiquiatras y funcionarios y por las deficien-
tes y obsoletas instalaciones». Según señalaban en un comunicado de pren-
sa, la falta de especialistas afectaba gravemente a la atención psiquiátrica
de los pacientes en un hospital penitenciario con una población de más de
400 internos. «El hecho de que no haya ningún psiquiatra que cubra el servicio
––el único especialista de plantilla que había en agosto cogió la baja hace una
semana–– se traduce en una inestabilidad en la patología de nuestros pacien-
tes, con un aumento de la agresividad que genera conflictos».
Por su parte, Julio García Guerrero, presidente de la Sociedad Española de
Sanidad Penitenciaria, afirmaba: «no cabe duda de que […] la anacrónica
pervivencia de un sistema sanitario propio de prisiones y paralelo al
Sistema Nacional de Salud (SNS) y la peculiaridad del medio hace que las
atenciones médicas que se prestan hoy en cualquier prisión española sean
diferentes a las que se prestan en cualquier Centro de Salud de Atención
Primaria de España». Desde esta entidad se produjo posiblemente la más
notable aportación dirigida a resolver el acceso a las barreras de salud en
las prisiones españolas: el informe CAPRI. Su objetivo último buscaba
«ofrecer en las prisiones españolas el mismo nivel de calidad asistencial que
el que ofrece el Sistema Nacional de Salud» (Saiz de la Hoya, 2002). En el
mismo se estudiaron los problemas de calidad y las oportunidades de
mejora de la estructura sanitaria y de los procesos que reducen la calidad
de la atención por deficiencias de medios materiales o del ejercicio profe-
sional. Entre las soluciones propuestas en el Informe CAPRI se incluían:
COLECTIVO PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
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Integración de la sanidad penitenciaria en los sistemas autonómicos
de salud.
Mejora de la gestión de medios humanos/laborales, reduciendo el
déficit de profesionales la carga asistencial, e intensificando la coor-
dinación intrapenitenciaria.
Dotación adecuada de medios materiales para mejorar las instalaciones
y corregir el déficit diagnóstico/terapéutico.
Convencimiento de la Administración de que la atención sanitaria en
las prisiones debe estar igual dotada que la extrapenitenciaria.
Vulnerabilidad y exclusión social
Por todo lo anterior estamos hablando de un colectivo vulnerable, que a
menudo, sufre situaciones de exclusión social, y que a pesar de sus altas
tasas de infecciones graves presenta un acceso desigual a la salud.
En ese sentido es pertinente que las organizaciones que velan por los
Derechos Humanos y por el acceso a la salud acentúen su labor de obser-
vación y presten mayor atención a este colectivo, ya sea a través de inter-
venciones directas o bien a través del trabajo en red, la denuncia y la inci-
dencia política y social.
COLECTIVO PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
No existe hasta la fecha un posicionamiento de Médicos del Mundo
respecto a la realidad de las personas privadas de libertad, así como
tampoco existe una política de la Organización en este ámbito.
Posición política de Médicos del Mundo
Conclusiones y recomendaciones sobre el marco de referencia
Médicos del Mundo es una organización que tiene por objeto proporcionar
atención a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, así
como contribuir al cambio social, es decir, incidir sobre las causas y condicio-
nantes de los problemas sociales. Profundizar y estudiar cualquier problema
precisa de la asunción de un determinado punto de vista. Por esta razón, en
el primer punto de esta publicación ––el marco de referencia–– se subraya la
importancia de la reflexión acerca de cómo se entiende la intervención social,
hacia quién va dirigida, porqué se interviene y sobre quién recae la responsa-
bilidad de la intervención.
La reflexión ha de comenzar por el propio concepto de «exclusión social», sus-
tituto del antiguo término «pobreza». Este último término, pobreza, designa la
situación fáctica del desigual reparto de la riqueza en el mundo.
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20% de la población delmundo se reparte el82,7% de la riqueza
20% de la poblacióndel mundo se reparte el 1,4% de la riqueza
Un quintil = 20% = 1.200milliones de personas (de los 6.000 millionesque pueblan el planeta)
11,7%
2,3%
1,9%
POBREZA
Criterio: DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA Y GASTO
Criterio: ACCESO A SERVICIOS Y PARTICIPACIÓN
1. SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
2. EXCLUSIÓN SOCIAL
3. INCLUSIÓN SOCIAL
1
23
La adopción del término «exclusión social» pone de relieve la situación eco-
nómica de la población, la facilidad o dificultad en el acceso a los servicios
sociales y la necesidad de ser miembros participantes de esta sociedad. Sin
embargo, este cambio de terminología carece de una verdadera reflexión en
torno al propio modelo que genera esa exclusión.
La intervención orientada hacia la inclusión ha de ser por definición una inter-
vención para la participación: toda sociedad inclusiva y participativa dispondrá
y habilitará mecanismos que garanticen los Derechos Humanos y promuevan
una ciudadanía activa entre todas las personas que la componen.
Esta perspectiva de inclusión social participativa requiere:
Tomar conciencia sobre la posibilidad de que nuestros análisis, proyectos e
intervenciones puedan ser etnocéntricos y marginadores.
Adentrarse en esos contextos, conocerlos y sentirlos no desde una situa-
ción integrada o normalizada, sino desde la perspectiva del «otro»: en defi-
nitiva, saber mirar y escuchar de otra manera.
Percibir al «otro» no como objeto de intervención sino como a un semejante.
Transmutar la competitividad en colaboración a partir del compromiso por
todo lo humano.
Convertir al objeto de la intervención en sujeto de este proceso, copartici-
pando en la definición del problema social, en la búsqueda de recursos dis-
ponibles para la actuación y en las posibles vías de solución o actuación.
Por todo ello se considera ineludible revisar los contenidos, objetivos y recur-
sos utilizados en toda intervención social tanto desde la Administración como
desde el tejido asociativo.
Sobre la situación en España
Con relación a la situación de exclusión social en España llama poderosamente
la atención el hecho de que los colectivos de mayor vulnerabilidad sean la
infancia y juventud, fundamentalmente en las familias de extranjeros. En
la actualidad, Médicos del Mundo no se dirige específicamente hacia ningún
colectivo en esta franja de edad.
Por último cabe señalar, desde una perspectiva crítica sobre el propio trabajo
de la Asociación, cómo al elaborar el presente informe se han descrito los
colectivos hacia los que se dirige la intervención como personas vulnerables y
carentes de recursos, es decir, se profundiza en todo aquello que no tienen y no
pueden conseguir. Posiblemente esta visión esté viciada por una tradición
asistencialista centrada en la pobreza y la escasez. Sin embargo, no será posi-
ble lograr una propuesta de intervención plenamente participativa sin la esti-
mación de las potencialidades, los recursos y las riquezas de la población con
la que queremos trabajar conjuntamente para erradicar una situación de
injusticia social.
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Sobre los cinco colectivos estudiados
Para la elaboración de estas conclusiones se ofrece un resumen de los puntos
más destacados sobre los colectivos estudiados. Además en el caso de los
primeros tres colectivos ––personas en situación de prostitución, personas usua-
rias de drogas y personas inmigrantes–– hemos querido aprovechar el trabajo del
equipo técnico realizado como avance para la elaboración de estas tres estrate-
gias. En este momento (abril 2009) los grupos temáticos trabajan sobre este
primer borrador como punto de partida para la elaboración de las estrategias
(que finalmente deben ser aprobadas por el comité de referencia). Con todo ello
esperamos que esta publicación sirva de ayuda y alimente esta reflexión.
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P r o s t i t u c i ó n
Respecto al año 2007 se ha producido un incremento de 2.000 perso-
nas en situación de prostitución que hayan sido atendidas en España
por Médicos del Mundo.
Este aumento de mujeres se ha traducido en una bajada de precios y
en un empeoramiento de las condiciones de negociación de las muje-
res. Esta situación supone un mayor riesgo de enfermedades de trans-
misión sexual (ITS) y de situaciones de violencia: aumentan los casos
de agresiones físicas y sexuales (con robo, en la mayoría de los casos).
Se ha registrado un aumento de la prostitución ejercida en pisos en
detrimento de los clubes, que están sufriendo una presión policial más
fuerte en estos momentos, lo que reduce la visibilidad de las mujeres.
Se ha producido un incremento de personas que se acercan a los dis-
positivos de Médicos del Mundo. El 50% de estas personas proceden
de tres países: Nigeria, Rumanía y Brasil. Por el momento, el número de
mujeres de nacionalidad española se mantiene en el mismo porcentaje
con respecto al número de extranjeras. El colectivo de brasileñas ha
superado en el año 2008 al de mujeres nigerianas, quienes ocupaban
el primer lugar en lo referente al país de procedencia a finales del 2007.
Existen determinadas poblaciones especialmente vulnerables:
Las mujeres mayores de 45 años que nunca han recibido tratamien-
tos de salud mental.
Las mujeres bajo la influencia cultural de sus países de origen. Tal es
el caso de mujeres rumanas, respecto a su salud sexual y reproduc-
tiva (embarazos no deseados e ITS), o el caso de mujeres nigerianas
practicantes del culto vudú.
Se observan indicios y aumento de los casos de trata de personas con fines
de explotación sexual en mujeres provenientes de otros países (ya sean
mujeres desplazadas directamente desde sus países de origen o mujeres
que han llegado a España desde otros países de destino/ tránsito).
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En lo referente a la relación entre prostitución y drogadicción se da una
prevalencia del consumo de drogas (fundamentalmente cocaína por vía
inhalada). Algunos programas de Médicos del Mundo, como los existen-
tes en Navarra, Valencia y Baleares, ya realizan actividades orientadas a
la prevención del consumo y a la reducción de daños asociada al con-
sumo a través de estrategias como el trabajo entre iguales.
El consumo de drogas y otros factores ligados a la situación de prosti-
tución provocan un empeoramiento de su salud mental, de su nivel de
autoestima y de sus relaciones sociales.
En cuanto a la población transexual la ley de identidad de género no se
cumple entre la población de origen extranjero. Además parece existir
una mayor prevalencia de VIH entre la población transexual en situa-
ción de prostitución.
Se está produciendo un aumento de la estigmatización de las personas
en situación de prostitución. Nos encontramos en un momento de cri-
sis donde la aparición mediática es mucho mayor.
Posicionamiento de Médicos del Mundo
La prostitución es definida como una relación de desigualdad y vio-
lencia de género.
Médicos del Mundo lucha por conseguir una sociedad más justa e igua-
litaria y se manifiesta en contra de la estigmatización de los colectivos
con los que trabaja. Por ello se considera inexcusable actuar contra la
estigmatización que sufren las personas en situación de prostitución y
promover un cambio de actitudes sociales hacia las personas en situa-
ción de prostitución y hacia los «clientes», de manera que sea posible
desenmascarar las causas que rodean a la prostitución.
Médicos del Mundo denuncia cualquier tipo de política intimidatoria.
Médicos del Mundo promueve un mayor y más efectivo acceso a los
servicios socio-sanitarios de referencia.
La reducción del daño se entiende como un componente importan-
te en la intervención de Médicos del Mundo.
Médicos del Mundo se considera parte activa en la lucha contra la
trata de personas.
Médicos del Mundo estima el testimonio como un medio óptimo para
mejorar el conocimiento de la población con la que se trabaja. Por
ello, la vía del empoderamiento de las personas es fundamental.
Médicos del Mundo ve primordial complementar la intervención con
el trabajo en red.
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Médicos del Mundo se muestra preocupado por la relación existente
entre prostitución, pobreza e inmigración.
Desde el Área de Inclusión Social se definen los objetivos de la inter-
vención hacia esta población del siguiente modo:
Objetivo General: Mejorar el estado de salud bio-psicosocial y favore-
cer la integración social de las personas en situación de prostitución
Objetivo Específico 1: Promover la mejora de la salud en las personas
en situación de prostitución a través de acciones de reducción de ries-
gos y daños asociados al ejercicio de la prostitución, y del incremento
de la accesibilidad de dicho colectivo a la red de servicios sanitarios y
sociales públicos.
Objetivo Específico 2: Colaborar en la lucha contra la trata de personas
con fines de explotación sexual.
Propuesta-reflexión sobre la intervención con este colectivo
Con relación a los aspectos psicosociales de nuestra intervención, con-
sideramos imprescindible:
Aumentar el conocimiento de los recursos psicosociales existentes
en la red socio-sanitaria.
Dotar de formación psicosocial a los equipos de trabajo con el fin de
fortalecer nuestra intervención en el ámbito psicológico.
Conocer los efectos de la actual crisis que estamos atravesando.
Desarrollar una estrategia de acercamiento a pisos, gracias a la cual
se propicie un mayor conocimiento de la actual situación de vulnera-
bilidad de las mujeres. En este sentido se considera importante com-
partir las buenas prácticas con otras organizaciones.
Profundizar en el binomio prostitución-drogas. La línea de actuación
consistiría, en primer lugar, en la capacitación de los equipos de dro-
gas para trabajar el empoderamiento de las mujeres.
Ahondar en el conocimiento de los principales países de origen:
Brasil, Rumanía y Nigeria. Para ello resulta imprescindible relacionar
nuestra labor con el trabajo de cooperación al desarrollo.
Esbozar un perfil del «cliente» a partir de nuestros proyectos.
A continuación se plantean algunos interrogantes sobre la línea de
intervención de Médicos del Mundo de cara al futuro:
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ÑA¿Debe Médicos del Mundo trabajar por una educación y sensibiliza-
ción de la población general? ¿Debe Médicos del Mundo trabajar con
los usuarios de prostitución o «clientes»?
¿Debe el voluntariado estar siempre acompañado de personal técnico?
¿El hecho de que el voluntariado siempre tenga que ir acompañado
de personal técnico puede entenderse como una limitación de nues-
tra capacidad de intervención o como todo lo contrario?
¿Debería considerarse la reducción de daños como un componente
importante de nuestra intervención o como el enfoque de nuestra
intervención?
Se ha planteado la cuestión de cómo combinar adecuadamente los
componentes de denuncia e intervención, si tenemos en cuenta que
trabajamos en situaciones que pueden tener un riesgo para nuestros
trabajadores. ¿Qué debemos hacer ante situaciones de vulneración
de derechos?
¿Ha de plantearse un enfoque de género hacia la prostitución mascu-
lina?
¿Dónde están los límites en lo referente a la salud mental de los
colectivos con los que trabajamos? ¿Sería deseable profundizar en
esta línea? ¿Estamos preparados? ¿Debería ser también un tema de
incidencia política?
¿Se podría orientar nuestro trabajo hacia la mejora en el acceso a la
red pública de carácter social, más allá de la red pública de salud?
D r o g a d i c c i ó n
La edad media de los usuarios de la Asociación ronda los 30 años con
una historia de consumo de 10 años de media. No se trabaja con meno-
res de edad porque no son población diana actual de Médicos del
Mundo. Sin embargo, en el trabajo de calle, es posible que se trabaje
con posibles menores de edad, ya que muchas veces no se conoce la
edad de los usuarios que se atienden. El principal problema reside en
el hecho de que al cumplir los 18 años el consumo ha ido en progresión
y los daños asociados al consumo son mayores.
Acerca de las pautas de consumo cabe destacar:
Altos índices de policonsumo: prácticamente no hay consumidores
de una sola sustancia.
Incremento del consumo de heroína inyectada para rebajar los «subido-
nes» de fin de semana, como han observado los técnicos de inclusión
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en Barcelona. Entre la población joven consumidora de fin de semana,
se observa que se comienza a fumar heroína en plata los domingos para
contrarrestar el «bajón» que produce el consumo de otras sustancias
(speed, cocaína, meta anfetamina, etc.).
Menor atención a los usuarios de sustancias volátiles por inhalación. En
el País Vasco, por ejemplo, esta pauta de consumo es habitual entre
jóvenes magrebíes consumidores de volátiles (pegamento). A pesar
de ser muy visibles, se trabaja poco con ellos porque la percepción de
riesgo es menor y porque a la Administración le preocupa más el con-
sumo por vía intravenosa debido a los posibles contagios.
Las mujeres representan apenas el 25% de las personas atendidas por
Médicos del Mundo. Su condición de mujeres y de usuarias de drogas
las excluyen doblemente. Esto significa que son más «invisibles» y
sufren más dificultades de acceso a los recursos existentes (acceden
habitualmente a nuestros recursos a través de los programas de pros-
titución). En muchos casos tienen que prostituirse, por lo que están
más expuestas a ciertas enfermedades. No hay recursos especializados
para mujeres; en ocasiones, incluso, los recursos existentes las excluyen
expresamente. Por ejemplo, en las casas de acogida no se admiten
mujeres que sean consumidoras de drogas (trinomio drogadicción-
prostitución-sin hogar).
Existen diferencias importantes entre las comunidades autónomas. Con
relación el perfil de los consumidores, en Galicia la mayoría de los inyec-
tores son consumidores nacionales, mientras que en Cataluña son extran-
jeros; en el País Vasco, sin embargo, se observa una gran pluralidad: espa-
ñoles, magrebíes, del este de Este (Georgianos…) y portugueses). También
se observa una heterogeneidad en el ámbito administrativo (comedores,
centros sociales, etc.). Algunos requisitos, como el empadronamiento,
son solo obligatorios en algunas comunidades autónomas; por ejemplo
es imprescindible en el País Vasco, pero no en Galicia.
Es difícil testimoniar los casos de violación de Derechos Humanos. En cual-
quier caso, las dificultades de acceso a los servicios de salud, a los derechos
sociales, a la vivienda o al empleo, así como las detenciones policiales, las
identificaciones o los reconocimientos forzados, responden muy habitual-
mente a la gran estigmatización social que sufre este colectivo.
En la línea autocrítica que persigue Médicos del Mundo, se denuncia el
prejuicio social que culpabiliza a los usuarios de drogas de los proble-
mas asociados al consumo de drogas («se lo han buscado ellos solos»)
y que considera que las acciones que facilitan el acceso a los derechos
de la persona (por ejemplo, el derecho de vivienda), lejos de ser una
conducta paternalista son un derecho.
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En lo referente a la relación entre drogadicción y prisiones, se ha consta-
tado el hecho de que la mayoría de los consumidores han pasado por pri-
sión y se considera alarmante que no todas las prisiones tengan progra-
mas de intercambio de jeringuillas. El consumo inyectado en prisiones ha
bajado, mientras que el de fumado ha aumentado. Por ello, Médicos del
Mundo considera importante denunciar la situación en prisiones.
En lo concerniente al binomio inmigración y drogadicción, es intere-
sante conocer que no se conceden permisos de residencia a inmigran-
tes consumidores de drogas por enfermedad sobrevenida en el país de
destino (aunque sí por otras causas, como el arraigo), se les deporta
inmediatamente a no ser que hayan cometido algún delito y tengan
que ser juzgados y cumplir sentencia en España.
No hay recursos especializados en salud mental. En general las personas
con problemas psíquicos asociados son conducidas a psiquiátricos. Aun-
que la patología dual es un tema de preocupación, no se pueden llevar a
cabo acciones concretas en esa dirección porque no hay recursos. Con
relación a la medicación, existen programas en los que no se comunica la
posología prescrita a los usuarios en tratamiento, sobretodo con meta-
dona. También se considera alarmante que no haya tratamientos subs-
titutivos para las adicciones de cocaína.
El tejido asociativo de organizaciones compuestas por usuarios de dro-
gas es muy pobre. El papel de las ONGs es valorado frecuentemente
como «asistencialistas».
En lo referente al binomio drogadicción y VIH, se sigue vinculando las
drogas con la delincuencia y con el daño que esa asociación causa.
Posicionamiento de Médicos del Mundo
El posicionamiento respecto de la cuestión de la drogadicción está
actualmente redactado pero pendiente de revisión y aprobación.
Del posicionamiento actual se extrae la siguiente información:
1. Médicos del Mundo reivindica la existencia en todas las comunidades
autónomas de protocolos y guías clínicas que garanticen el aborda-
je –-necesariamente integral, interdisciplinar y longitudinal–- del consu-
mo de drogas, las drogodependencias y la perspectiva de la reducción
de los daños asociados al consumo.
2. Médicos del Mundo exige a las administraciones recursos y políticas
para el correcto tratamiento de las drogodependencias y mejorar el
acceso a los servicios socio-sanitarios públicos en las mismas condi-
ciones que el resto de los ciudadanos, teniendo en cuenta una pers-
pectiva biopsicosocial.
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3. Médicos del Mundo exige que los servicios socio-sanitarios sean
accesibles y estén ubicados en las ciudades, de modo que se evite
la proliferación de recursos en los extrarradios y la cronificación de
guetos, que estigmatizan y condenan a permanecer en la exclusión
a este colectivo.
4. Médicos del Mundo exige a las administraciones públicas el apoyo y
refuerzo de la formación del personal sanitario. Esta formación
debería tener en cuenta tanto la opinión de la población usuaria de
drogas, como las demandas de formación de los profesionales.
5. Médicos del Mundo reivindica la necesidad de programas especiali-
zados que contemplen las peculiaridades de las personas inmigran-
tes, por lo que ha de considerarse los actuales como insuficientes
para una atención integral de los inmigrantes usuarios de drogas.
Estas situaciones conllevan una mayor exclusión social de los inmi-
grantes y su mayor vulnerabilidad frente al VIH.
6. Médicos del Mundo reivindica la necesidad de programas especiali-
zados que contemplen la perspectiva de género, y que en estos pro-
gramas se consideren las condiciones específicas de mujeres que
viven la doble marginalidad de la prostitución y el uso problemático
de drogas.
7. Médicos del Mundo exige la aplicación adecuada del reglamento
sobre excarcelación por enfermedad incurable con el fin de aumen-
tar la esperanza de vida en el caso concreto de las personas usuarias
de drogas infectadas por el virus del VIH.
8. Médicos del Mundo reclama la extensión de los programas de reduc-
ción de daños a todos los centros penitenciarios, guardando un
escrupuloso cuidado en la guarda del anonimato y la confidenciali-
dad de los internos que los utilicen, y la puesta en marcha de la Ley
16/2003 de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional
de Salud, que pretende gestionar las demandas para integrar el sis-
tema sanitario penitenciario con el público, permitiendo que los
ingresados en las cárceles españolas sean tratados con equidad en
lo que respecta a su derecho a la salud.
En la armonización de objetivos que se ha realizado desde el Área de
Inclusión Social se definen los objetivos de nuestra intervención hacia
esta población del siguiente modo:
Objetivo general: Mejorar la calidad de vida y la salud de la población
Objetivo específico: Promover la mejora de la salud entre los usuarios
de drogas en situación de exclusión social.
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Propuesta-reflexión sobre la intervención con este colectivo
Profundizar sobre cómo intervenir con jóvenes mayores de 18 años en
riesgo o situación de exclusión social asociada al consumo de drogas,
y su posible intervención socio-sanitaria. Un aspecto clave a tener en
cuenta es la dificultad en la percepción del riesgo en jóvenes.
Analizar qué podemos hacer con los menores de 18 años que se
encuentren en situación de exclusión o de riesgo de exclusión rela-
cionada con el consumo de drogas, y estudiar los márgenes legales
de actuación antes de idear una posible pauta de intervención.
Seguir trabajando en la línea de reducción de daños desde una pers-
pectiva integral y como un reto internacional. Para ello se recomien-
da aprovechar la experiencia de Médicos del Mundo en reducción del
daño para implantar programas en otros países.
Discutir cómo promover la participación activa de las personas usua-
rias en las distintas fases del proyecto: diseño, desarrollo, ejecución
y evaluación de los programas.
Fomentar la línea iniciada en el trabajo entre iguales.
Estudiar, entre otros temas, la creación de espacios de autoapoyo
para personas afectadas por el VIH (infectados o parejas) que faci-
liten una atención integral más allá de la mera información, orienta-
ción, asesoramiento, seguimiento y acompañamiento.
Crear espacios específicos para mujeres consumidoras.
Potenciar el trabajo de intervención en calle. El trabajo de calle acerca
a las causas y hábitos de consumo o las razones por las cuales se
rechazan los dispositivos fijos. Además, es una forma importante de
fortalecer el trabajo comunitario en barrios, ciudades, etc.
Participar en la elaboración de investigaciones que redunden en el
conocimiento de los usuarios a los que se presta atención, y que sir-
van de herramienta para la propia Asociación y para ejercer presión
política.
Sensibilizar y formar a otros actores como el personal socio-sanitario,
los cuerpos de seguridad y los trabajadores sociales.
Concienciar a las administraciones sobre temas como:
1. Tratamientos (incidir en que no existen tratamientos substitutivos de
cocaína o defender la existencia de tratamientos innovadores que
contribuyan a que mejore la calidad de la vida de las personas).
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2. Vulneraciones de género (permitir que las mujeres usuarias de
drogas puedan acceder a las casas de acogida).
3. Necesidad de verdaderas políticas de reducción del daño, no solo
medidas de reducción del daño, por parte de las administraciones.
Hacer un mayor énfasis en salud mental (patología dual).
Animar a la interacción de todas las intervenciones y todos los colec-
tivos. No considerar los temas de inmigración, drogas y prostitución
como unidades estancadas.
Trabajar en red con organizaciones dentro de prisiones. Se ha discu-
tido la idoneidad de sensibilizar y denunciar la situación de los usua-
rios de drogas en las prisiones, aunque actualmente no se lleve a cabo
intervención directa alguna en prisiones (el proyecto de prisiones de
Ocaña está suspendido).
Potenciar el «asociacionismo» entre las personas usuarias de drogas.
usuaria de drogas en riesgo o situación de exclusión.
I n m i g r a c i ó n
Una de las mayores dificultades para el acceso efectivo a la salud con
las que se encuentra la población extranjera no comunitaria son las
barreras administrativas. La crisis no ha mostrado un efecto directo en
el acceso a la salud pero si en la salud de la población inmigrante.
Otros problemas y dificultades con los que se encuentran estas perso-
nas son:
Condiciones de habitabilidad precarias, que varían según las provincias.
La situación de los últimos meses se está agravando por la crisis. Retorno
de trabajadores españoles a sectores que antes rechazaban y eran cu-
biertos por inmigrantes. Se plantea la pregunta de hasta qué punto el
mercado negro es capaz de absorber a los inmigrantes irregulares.
Aumento de casos con problemas de salud mental derivados de la
crisis económica. Este es un círculo cerrado: una vez diagnosticados,
los enfermos no pueden pagar los tratamientos (no hablamos de sín-
drome de Ulises, sino situaciones derivadas de la falta de recursos,
imposibilidad de reagrupamiento familiar, etc.).
Políticas de retorno ineficaces (entre las que se cuentan las órdenes
de expulsión) que impiden la inserción al mercado laboral, y por
tanto la única vía posible es economía sumergida.
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Políticas represivas hacia la inmigración. Centros de internamiento en
los que la situación de vulnerabilidad y la falta de acceso al sistema
sanitario es grave.
El prejuicio de que de que los inmigrantes usan los recursos de los
españoles.
Absentismo escolar entre las segundas generaciones de inmigrantes
que tienen que trabajar o cuidar a los más pequeños. Se registra una
tasa mayor de fracaso escolar debido a diversas razones tales como
el desarraigo, la delincuencia, el uso de drogas, la violencia, etc.
Violencia de género en mujeres inmigrantes. En Toledo, por ejemplo,
se han identificado varios casos de mujeres magrebíes que únicamen-
te salen de sus casas cuando están embarazadas y en el momento del
parto, y que están realizando actividades de formación y sensibiliza-
ción para su empoderamiento.
Situaciones infrahumanas en prisiones, caracterizadas por una aten-
ción sanitaria precaria, con dificultad en el acceso a tratamientos psi-
quiátricos.
Posicionamiento de Médicos del MundoExiste un documento sobre el posicionamiento de Médicos del Mundo en
el que se señala el derecho a inmigrar de todas las personas. Este derecho
se ve limitado por el derecho de cada Estado a controlar sus fronteras.
En términos generales, las migraciones se conciben como consecuen-
cia de la injusticia social global (políticas neoliberales, externalización
de trabajadores o desprotección laboral). Ante esta situación se pro-
mueve el fomento de políticas de integración frente a las políticas de
sanción y control de personas. Los migrantes son considerados también
como agentes activos para mejorar su vida y contribuir al desarrollo de
sus comunidades. Se subraya el respeto a las personas inmigrantes,
especialmente hacia las personas más vulnerables.
En cuanto a las mujeres, éstas se encuentran en una situación de mayor
vulnerabilidad por el riesgo de caer en una situación de explotación
sexual, violencia de género y por las necesidades de atención respecto
a su salud sexual y reproductiva.
En la actualidad la intervención de Médicos del Mundo hacia esta
población se centra en:
1. Facilitar acceso a la red socio-sanitaria. Se ha reducido la atención
directa, excepto en los programas de salud sexual reproductiva, y
prevenir la mutilación genital femenina.
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2. Incidir políticamente en la importancia del acceso efectivo a la salud
a nivel europeo y estatal (salud mental), e impartir educación para la
salud entre la población inmigrante.
3. Sensibilizar y formar a profesionales socio-sanitarios acerca de las barre-
ras de acceso, la comunicación intercultural, las particularidades de los
procesos migratorios o la detección precoz de violencia de género.
4. Fomentar el trabajo en red con otras organizaciones y/o entidades
del sector, participando en estudios e investigaciones.
5. Sensibilizar a la población general, con mayor énfasis en la comuni-
dad educativa.
6. Adhesión a la campaña de fiscalización de los Centros Internamiento
de Extranjeros liderada por MIGREUROP.
7. Trabajar por la no expulsión y asesorar jurídicamente para la no
expulsión.
Propuesta-reflexión sobre la intervención con este colectivo
Responder a situaciones de emergencia social en España: «formali-
zar un dispositivo de intervención».
Documentar los flujos migratorios, las causas y la violencia del pro-
ceso migratorio (vulneración de Derechos Humanos) a través de tes-
timonios, experiencias en Sedes Autonómicas con vistas a la inciden-
cia política y la cooperación.
Fomentar el trabajo con las redes de inmigrantes y estudiar la rela-
ción en cooperación internacional en lo referente a la cuestión del
codesarrollo (asociaciones de emigrantes/codesarrollo).
Denunciar las leyes, medidas y políticas discriminatorias que favorez-
can la explotación.
Discutir qué testimoniar acerca de la explotación laboral, y decidir a
quién (regulares, irregulares, etc.) y cómo derivar.
Continuar solicitando el cierre de los Centros de Internamiento a
Extranjeros desde MIGREUROP (Red europea de militantes e investiga-
dores cuyo objetivo es de hacer conocer la generalización del encierro
de los extranjeros), y solicitar su fiscalización mientras sigan abiertos.
Armonizar la coherencia entre las políticas de comercio exterior.
Tratar la externalización de fronteras y trabajar el testimonio a través
de la sensibilización y la educación.
Discutir la prioridad o no de la atención a los menores.
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Conocer las condiciones de habitabilidad de las personas sin hogar,
su acceso a la salud (padrón) y las condiciones de infravivienda que
puedan sufrir.
Prevenir la salud mental a través de terapias centradas en soluciones
(atención psicológica en pocas sesiones en coordinación con el sis-
tema nacional de salud mental) y trabajar desde la prevención en
coordinación con el sistema público de salud mental. Por ejemplo,
en Málaga se está dando atención en salud mental individualmente
mientras que en Bilbao se lleva a cabo en grupo.
Sensibilizar a los profesionales de la salud en lo relativo al marco actual
de la violencia de género. Entendido como un problema de salud públi-
ca y ha de debatirse el qué tipo de intervenciones a desarrollar.
Profundizar el conocimiento de la situación de algunos países como
Rumanía y Bulgaria.
Abordar la estrategia específica de drogadicción y prisiones, en caso
de hacerse.
Sensibilizar mediante denuncias políticas el discurso que justifica la
reducción de programas de inserción social debido a la crisis
Establecer prioridades de cara a las campañas de sensibilización y
denuncia.
Estudiar el modo de participación directa de la población afectada.
Definir el papel del voluntariado.
P e r s o n a s s i n h o g a r
La categoría «sin hogar» se refiere no solo a aquel sector de la población
que vive literalmente en la calle, sino a un abanico más amplio de situacio-
nes que abarcan otras situaciones como la «infravivienda»: condiciones de
hacinamiento en las que malviven personas o familias, a menudo de origen
inmigrante; población chabolista que vive en barracas y descampados;
ocupas que habitan casas abandonadas en condiciones insalubres, etc.
Es necesario distinguir el concepto de personas sin hogar respecto a
otros como:
Mendigos: indigentes (tan solo una minoría practica la mendicidad).
Vagabundos y transeúntes: personas sedentarias que suelen perma-
necer en un lugar determinado.
Indigentes: término relacionado exclusivamente con carencias mate-
riales; por el contrario, «personas sin hogar» pone el acento en la
falta de autoestima y de redes sociales.
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Sin Techo: personas sin hogar con o sin techo.
En Europa, FEANTSA aseguran que un total de 3 millones de personas
viven sin hogar y que otros 18 millones habitan en infraviviendas que no
cumplen los requisitos mínimos para una existencia digna.
Algunas características que definen a las personas sin hogar son la
falta de redes sociales en su ámbito geográfico habitual, la soledad
y la incomprensión por parte de la sociedad, la invisibilidad que sufren y
la falta de autoestima que esto les provoca, etc.
Según la última encuesta específica realizada por el Instituto Nacional
de Estadística (2005) la población sin hogar está compuesta mayorita-
riamente por hombres; las mujeres no llegan a la quinta parte. La edad
media de esta población oscila entre los 30 y los 44 años. El 79,1% de
esta población está empadronada en algún municipio y los ingresos
medios son de 302 euros al mes.
Casi la mitad de esta población tiene hijos (46%), aunque solo una
décima parte vive con ellos. El 30% de las personas sin hogar es abste-
mia y nunca ha consumido drogas. El 37,5% lleva más de tres años sin
alojamiento propio. La mitad de la población sin hogar busca trabajo.
El 51,8% son españoles y el 48,2 % extranjeros.
Entre los nuevos perfiles de las personas sin hogar aparecen inmigrantes,
mujeres maltratadas, jóvenes con problemas familiares, drogodependien-
tes, grupos familiares y universitarios. En este último apartado el perfil de
las nuevas personas sin hogar coincide con el que reporta el informe de
Cruz Terán et al. (2006), en el que se sostiene el aumento del porcentaje
de mujeres, jóvenes, usuarios de drogas y enfermos mentales crónicos.
Según la encuesta anteriormente mencionada, la población sin hogar
se estima en 21.900 personas, mientras que otras fuentes apuntan a
unas 30.000 personas (Cáritas, FACIAM, 2004). Rais (2008-2009) y
Oxfam International estiman que 273.000 personas en España viven en
la calle o en alojamientos precarios. El Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales estima, a partir del informe EDIS (1998), que unas 215.100 per-
sonas viven en infraviviendas y 38.500 son personas sin hogar.
Posicionamiento de Médicos del Mundo
No existe un documento de posicionamiento o una política específica al
respecto. Sin embargo, Médicos del Mundo lleva años trabajando con per-
sonas sin hogar (la mayoría usuarias de drogas atendidas en CEREDA y
unidades móviles), con inmigrantes y con personas en situación de prosti-
tución. Además existen antecedentes de algunas intervenciones de emer-
gencia realizadas a inmigrantes en riesgo o situación de exclusión social.
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P e r s o n a s p r i v a d a s d e l i b e r t a d
La Ley Orgánica General Penitenciaria enuncia que «la administración
penitenciaria velará por la vida, integridad y salud de los internos» y el
Reglamento Penitenciario explicita que «a todos los internos sin excep-
ción se les garantizará una atención médico-sanitaria equivalente a la
dispensada al conjunto de la población». Sin embargo, se constata que
las condiciones de acceso a los servicios de salud en el medio peniten-
ciario son desiguales y de peor calidad respecto a los servicios de la
población general.
A pesar de que la población privada de libertad presenta mayores tasas
de infecciones graves que el resto de la población, el acceso a una aten-
ción especializada se presta de forma deficitaria (un problema agravado
además por las altas tasas de hacinamiento en algunos centros).
Parte de esta problemática parece derivarse del retraso en la transferen-
cia de la sanidad penitenciaria a los servicios de salud, que tal y como
establece la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud
tenía que haberse materializado antes del 1 de diciembre de 2004.
El hecho de que la población extranjera en prisión se haya multiplicado
por tres durante los últimos ocho años contribuye también a la apari-
ción de otras barreras en el acceso a la salud (aquellas de origen cultu-
ral, religioso o idiomático).
Posicionamiento de Médicos del Mundo
Hasta la fecha no existe un posicionamiento de Médicos del Mundo res-
pecto a la realidad de las personas privadas de libertad, tampoco una
política de la Organización.
Parece pertinente que las organizaciones que velan por los Derechos
Humanos y por el acceso a la salud acentúen su labor de observación
y presten mayor atención a este colectivo, ya sea, bien a través de
intervenciones directas, o, a través del trabajo en red, la denuncia y la
incidencia política y social.
Por último señalar que toda la actuación que se derive del trabajo de Médicos
del Mundo debe tener como prioridades:
1. Un enfoque transversal de Derechos Humanos y género.
2. Participación de los destinatarios de los proyectos en todas las fases del
proyecto.
3. Participación y trabajo en red.
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4. Participación del voluntariado.
5. Testimonio de las realidades a las que tenemos acceso.
Además en el PLAN ESTRATÉGICO (2007- 2010) se indica que este trabajo
debe estar orientado hacia el cambio social, por lo que ha sostenerse sobre
tres pilares fundamentales: sensibilización, incidencia política y educación
para el desarrollo (humano y justicia social).
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