reordenamiento de las políticas de seguridad vial en la región latinoamericana 01
Post on 22-Jul-2016
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La inseguridad vial se considera un problema universal, por eso, más que una epidemia es una pandemia que amenaza la estabilidad económica global, la paz y la tranquilidad de los ciudadanos en el aspecto emocional, que hasta en cierto modo vulnera la gobernabilidad
Reconocida esta crisis de la seguridad vial planetaria por los países parte de Naciones Unidas como un verdadero desafío, planteada la posible solución para frenar y luego disminuir los efectos de las tragedias viales con el Plan de Acción Mundial, no queda otra cosa que crear conciencia en los sectores de poder político, empresarial y religioso.
América Latina con las islas del Caribe esta compelida a entrar a ese proceso de concienciación. Primero, porque siendo una región de naciones de ingresos medios en su mayoría, presenta indicadores de siniestralidad viaria en franco crecimiento que pueden calificarse como catastróficos.
Segundo, el impacto económico negativo que deja cerca de 104 mil fallecidos y casi 1.3 millones de heridos al año en la zona latinoamericana, de estos últimos, un gran porcentaje con traumas de por vida, obliga a que los gobiernos orienten sus miradas a adoptar un nuevo modelo en sus políticas de seguridad vial.
Los 590 millones de habitantes que conforman el conglomerado latinoamericano demandan una revisión del paradigma actual que se implementa.
Costa Rica hasta hace poco se encaminaba hacia un liderazgo en el tema quedando en rezago de acuerdo a los informes después de la partida del Presidente Oscar Arias Sánchez. En los últimos tiempos hasta se ha sugerido la desaparición del Consejo rector de la seguridad vial-COSEVI.
En México, los avances se aprecian lentamente, sin embargo, la rectoría autónoma del tema es la oportunidad de un reclamo a viva voz para poder avanzar.
Cuba por lo pronto, se ha visto obligada a una reciente revisión luego de la aplicación de la última reforma de la ley en la que ha
tenido que intervenir ante el Parlamento su Presidente Castro con el objetivo de hacerla más efectiva.
Jamaica en cambio, las estadísticas ha demostrado un comportamiento en franco descenso con la atención en proyectos bajo la orientación y financiamiento de bancos multilaterales.
Nuestro país, la República Dominicana, exhibe lamentablemente indicadores de siniestralidad entre los más trágicos del planeta, que por razones del documento que distribuimos no vamos a referirnos, porque en él se analiza todo lo concerniente al tema de la seguridad vial.
Uruguay se perfila entre los países de avanzada, mientras que Chile afianza su tradición por mejorar los indicadores manteniendo una tasa en la franja de banda media.
Colombia pudiera ser un ejemplo para nuestros países, vigila celosamente las actuaciones. Se descubren los entuertos y se toman las medidas pertinentes y necesarias para continuar. Esto se debe a un factor clave que se llama Estrategia de Desarrollo Nacional, a la que está integrada el tema en cuestión.
No fue casual la intervención de la Contraloría General de la República Colombiana hace poco. Detectó a tiempo las anomalías publicando 19 informes al respecto y se crearon nuevas condiciones para continuar tratando de diezmar la siniestralidad en la circulación con renovadas iniciativas legislativas.
El gobierno colombiano entendió a principio de este año que no basta una nueva institución sino también recursos para sostener los planes y la estructura organizacional. También está en proceso de readecuación allí, el observatorio de datos sin el cual no pueden aplicar eficientemente las medidas y los programas.
Argentina se enfrenta exitosamente al status de los municipios ganando terreno en la lucha por unificar sus provincias para erradicar las muertes por siniestros viales. La República Argentina impulsa cuatro puntos fundamentales: 1.- La seguridad como un tema político y por tanto de ESTADO; 2.- Cree en la institucionalización de un órgano oficial con financiamiento; 3.- Cree en el fortalecimiento de un observatorio de datos transparente y fiable 4.- Y, cree en el desarrollo de un plan de seguridad vial sostenido y sustentable.
Los organismos internacionales deben fomentar la aplicación de políticas nacionales de gastos públicos en seguridad vial, para que ésta sea sostenible y sustentable.
España, aunque no es objeto de analizar, tenemos que mencionarla porque nos enseñó cuáles son las claves del éxito en seguridad vial: en todo lo antes nombrado referido a Argentina, pero basado en un sistema de gestión interinstitucional eficiente; en un sistema de autoridad reestructurado a los fines de asimilar los cambios y en preservar leyes integrales flexibles a reformas continuas acorde con los tiempos. Por lo que en nuestra Madre Patria, se han producido 17 reformas de la ley de seguridad vial del 1990 a la fecha.
Esto último, tiene una explicación a la que obviamente debemos dedicar un espacio para la reflexión y la meditación que permitan tomar decisiones contundentes y firmes. Al basarnos en dos aspecto: que la justicia debe ser dinámica y que debe ser sujeta a constante revisión conforme evoluciona la sociedad.
Esto es así, la sociedad se somete a continuas transformaciones.
Si Naciones Unidas recomienda la implementación de los pilares del Plan de Acción Mundial, entendemos que solo podría ser efectivo si
estos se aplican simultáneamente, enfocándose en cada uno de los factores de riesgo y de atención a las víctimas.
No es un desface retomar la visión de William Haddon y agregarle otros nuevos factores de riesgo predominantes al sistema, como los son el medio ambiente propiamente dicho por los cambios climáticos a que está sometido el planeta; además del sistema de autoridad que manifiesta una profunda crisis. Así como, en el orden académico, enseñar ergonomía como una disciplina vinculada íntimamente al desarrollo de la seguridad vial.
En otro orden, una vez teniendo la estructura orgánica y judicial en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que no tienen la mayoría de nuestros pueblos, será cuando nuestros países de la región cumplirán con el Plan de Naciones Unidas, por lo que representaría un verdadero reto su implantación para los Estados.
La tendencia general en Latinoamérica es el crecimiento de las víctimas cada año por los siniestros viales. Cambiar este escenario no quiere decir que tengamos que esperar ser un país rico. Solo se requiere cambiar la mentalidad de los políticos primero, y la de los ciudadanos, después. Y este es otro reto.
Los tiempos no son los mismos, ya lo hemos dicho. Implementar políticas hoy día cuyo eje temático sea la competitividad sin incorporar la seguridad vial es un error. Asimismo lo es pretender ignorar que la seguridad vial es un factor que impide avanzar en la lucha contra la pobreza, hasta de ser parte de los programas gubernamentales de ahorro de energía y combustible, también de la seguridad ciudadana, fortalecimiento de las políticas de desarrollo de la juventud y de la mujer. Promover la integración con nuevas políticas del transporte transfronterizo, tendrá que replantearse nuevas políticas de seguridad vial, como lo ha hecho Europa.
Si no se incluye el tema de la seguridad vial a partir del 2015 en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la erradicación de la pobreza será una utopía, porque el uso aberrante de las tecnologías durante la conducción está enpobreciendo cada vez más a las familias y a los gobiernos. Aunque paradógicamente, es con el uso de las nuevas tecnologías que se combate la inseguridad en la circulación incorporada a la aplicación de las debidas regulaciones.
La seguridad vial será por siempre un eje transversal básico en los temas sociales fundamentales, contenidos en los programas de gobierno, por demás. Con la condición de que debe ser sostenible y sustentable. Entender esta parte, significa otro desafío para los gobiernos.
Está en los Congresos de todos los niveles, incluyendo el IV CISEV que hoy culmina en esta ciudad de Cancún, la responsabilidad de llevar la preocupación y los resultados de sus discusiones a los diversos sectores de poder creando los mecanismos considerados viables y oportunos a lo largo no solo de toda América Latina y el Caribe, sino en toda Ibero-América.
Somos de convicción desde FundaReD, que Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, los organismos multilaterales de financiamiento, el Mercosur, el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) y otros organismos deliberantes multilaterales y religiosos que inciden de alguna manera en el desarrollo humano de América Latina, deben afianzar su compromiso moral y enfrentar la problemática de la inseguridad vial en los países de bajos y medianos ingresos para que los indicadores de siniestralidad viaria se precipiten hasta alcanzar estabilizarlos en la banda líder o de bajo riesgo, integrando y promoviendo seriamente las políticas en materia de seguridad vial en los temas climáticos, de educación, de salud, de seguridad pública, de la tecnología y la comunicación; en el tema de erradicación de la pobreza; incluso, fomentar la aplicación de políticas nacionales de gastos públicos en seguridad vial, para que ésta sea sostenible y sustentable.
IV CONGRESO IBERO-‐AMERICANO DE SEGURIDAD VIAL (CISEV) Cancún (México), 30 de septiembre a 2 de octubre de 2014
DECLARACIÓN DE CANCÚN
Motivados por un profundo compromiso para mejorar la seguridad vial en la región de América Latina, el Caribe, España y Portugal, a la mitad del camino iniciado con el lanzamiento del Decenio de Acción por la Seguridad Vial en el año 2010 y en el afán de contar con un espacio para el intercambio de experiencias y buenas prácticas, así como de favorecer una reflexión sobre los obstáculos y retos inmediatos a vencer para avanzar en el cumplimiento de la meta de reducción de víctimas de accidentes en un 50% en 2020.
Aun Reconociendo que se han producido avances en materia de seguridad vial en la Región desde el III Congreso Ibero-‐Americano de Seguridad Vial celebrado en Bogotá en 2012 en diversos ámbitos, destacando una mayor sensibilidad social y política ante esta realidad y la inclusión de la seguridad vial en las políticas gubernamentales;
Entendemos que los cambios y mejoras acometidos no son suficientes para hacer frente a los ambiciosos retos establecidos y, a tenor de las cifras de siniestralidad actuales, los niveles de seguridad vial no alcanzan los estándares deseables para la mitad del Decenio y se puede predecir un fracaso por contener la epidemia que representan los fallecidos, lesionados y discapacitados como consecuencia del tránsito; los esfuerzos, por tanto, deben incrementarse de manera significativa y sostenible en el tiempo;
Por todo ello, Reclamamos un nuevo impulso al tratamiento de la seguridad vial, con el objetivo de promover un cambio de ritmo que permita alcanzar las metas establecidas; cambio de ritmo que pasa por una implicación política, labor de liderazgo y coordinación, asignación de recursos humanos y económicos, redefinición de prioridades y recopilación, difusión y aplicación de buenas prácticas en materia de seguridad vial.
Para ello, como aporte estratégico de la Declaración de Cancún, definimos la siguiente
HOJA DE RUTA
Consideramos INAPLAZABLE:
ü La declaración de la seguridad vial como una política de Estado.
ü La promulgación de una Ley que permita la institucionalización real de la seguridad vial en los países que no la tengan, estableciendo entes responsables, programas de acción, recursos humanos, prioridades, objetivos definidos y presupuestos.
ü La creación de una Agencia u organismo líder similar que regule la seguridad vial en los países, con recursos, competencias suficientes, capacidad de actuación y respaldo político al más alto nivel.
ü La creación y el fortalecimiento de los sistemas de información de movilidad y seguridad vial, como indispensables para la toma de decisiones, con acceso público.
ü La incorporación de las asociaciones de víctimas, organizaciones civiles y los medios de comunicación en las políticas de seguridad vial, como canal fundamental para llegar a toda la ciudadanía, consiguiendo la máxima implicación de la sociedad.
ü El posicionamiento de la seguridad vial en el centro de las políticas de planificación, diseño, construcción, conservación y gestión de carreteras y vías urbanas.
Asumimos como URGENTE:
ü Establecer los mecanismos que conduzcan a la profesionalización de una policía especializada en materia de tránsito dotada de la tecnología adecuada para el desempeño de su labor de vigilancia y control.
ü Diseñar un procedimiento sancionador adecuado que asegure el cumplimiento de las normas mediante la ejecución efectiva de las sanciones.
ü Promover, desde la planificación, políticas para garantizar la movilidad segura de todos los usuarios, en particular de los más vulnerables, entre los que destacan los peatones y los ciclistas.
ü Adoptar la norma de vehículos seguros de Naciones Unidas, para permitir mejorar la seguridad vehicular, involucrando a los fabricantes en el compromiso del máximo nivel de seguridad para todas las unidades de la Región, como en otras partes del mundo.
ü Aplicar una política integral de movilidad segura para las motocicletas, considerando el creciente problema que supone su uso incontrolado.
ü Implantar sistemas seguros de transporte público.
ü Abordar el problema de la adecuación de la velocidad en las vías urbanas e interurbanas, estableciendo límites adecuados a las características y usos de las vías, así como a la composición del tránsito, y estableciendo procedimientos de control sistemático, preferiblemente con medios tecnológicos.
ü Controlar de manera efectiva el consumo de alcohol y drogas asociado a la conducción, generando marcos reguladores, procedimientos de control y sanción y políticas de educación y concienciación social, que se hayan demostrado exitosas.
ü Aspirar a ratios del 100% en el uso del casco y del cinturón de seguridad entre los usuarios, para lo que es necesario establecer marcos normativos, asignar medios de control y difundir información y concienciación a los ciudadanos.
ü Adoptar y aplicar normativas para la generalización de los Sistemas de Retención Infantil en la región.
ü Promover la transferencia de conocimiento y buenas prácticas basadas en evidencias científicas entre los países de la comunidad de América Latina, el Caribe, España y Portugal, con el CISEV junto con otras iniciativas, como máximo exponente de colaboración internacional.
ü Regular la obtención de los permisos de conducir, garantizando una formación y evaluación adecuadas y su expedición por parte de una única entidad o de acuerdo a criterios y procedimientos homogéneos.
ü Implementar programas de formación adecuados a cada nivel de responsabilidad de los distintos actores de la seguridad vial, para la adecuada preparación de funcionarios públicos y privados.
ü Reforzar el Programa Mesoamericano de Seguridad Vial, como ejemplo de la generación de fuertes alianzas multisectoriales para la seguridad vial, reconociendo el alto potencial para desarrollar nuevos enfoques que maximizan el esfuerzo de colaboración.
Acordamos esta hoja de ruta los responsables gubernamentales, asociaciones de carreteras de la Región, representantes de organismos multilaterales, la academia, asociaciones de víctimas, organizaciones civiles, empresas privadas, expertos internacionales, ponentes y profesionales comprometidos con la seguridad vial de 23 países, reunidos en el IV Congreso Ibero-‐Americano de Seguridad Vial (CISEV), al tiempo que invitamos a otros implicados y, de manera muy significativa, a los responsables de la toma de decisiones en los países, a asumir este manifiesto como propio, permitiendo que sirva de guía en los próximos años para conseguir el necesario cambio de ritmo con vistas a lograr las metas del Decenio.
En Cancún (México), a 2 de octubre de 2014
https://youtu.be/uatlL7Krjyk https://www.flickr.com/photos/fundared/sets/72157647995956218 https://www.flickr.com/photos/fundared/sets/72157648408277005
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