¿a dónde va la huastecadistintas universidades, colegios, escuelas y centros de estudio —de casi...

ESTUDIOS AGRARIOS

PROCURADURÍAAGRARIA

ESTUDIOS AGRARIOS Año 6, núm. 15. Mayo-agosto 2000

DIRECTORIO

Procurador Agrario Rafael González Pimienta

Secretario General Subprocurador General

Marcos A. Nazar Sevilla

Coordinador General de Programas Interinstitucionales Noé F. Garza Flores

Coordinadora de Asesores

Maribel Méndez de Lara

Directora General de Quejas y Denuncias Ruth Macías Coss

Director General de Organización Agraria

Javier Elías Pérez Galindo

Director General de Estudios y Publicaciones Héctor Robles Berlanga

Director General de Administración José Luis Orantes Coutiño

Antonio Flores Vera Coordinador General de Delegaciones Hilario Valenzuela Corrales Director General Jurídico y de Representación Agraria Alberto Pérez Gasca Director General de Conciliación, Arbitraje y Servicios Periciales Marco A. Besares Escobar Director General de Apoyo al Ordenamiento de la Propiedad Rural Arturo N. Rodríguez Gutiérrez Director General de Programación, Organización y Presupuesto Juan Carlos Reyes Torres Contralor Interno José Ángel Lozano Muñoz

Director General de Administración

Rafael Centeno Nava

CONSEJO EDITORIAL: Adolfo Brizzi, Andrés Casco Flores, Luciano Concheiro Bórquez, Luis Aboites Aguilar, Margarita Flores de la Vega, Ernesto Camou, Antonio Flores Vera, Rafael Centeno Nava, Héctor Zamitis Gamboa, Manuel Díaz Pineda, Hubert C. de Grammont, Guillermo de la Peña Topete, Edmundo Ducoing, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Fernando Rello Espinosa, Héctor Robles Berlanga, Sergio Zendejas, Miguel Cervera Flores y Ulises Carrillo Cabrera.

DIRECCIÓN Y EDICIÓN Dirección General de Estudios y Publicaciones Editor: Alberto Mc Lean Formación: Leobardo Vargas Huerta / Perspectiva Digital S.A. de C.V. PORTADA Martha Rosalba Pérez Cravioto, sin titulo, técnica mixta, 2000. Estudios Agrarios, Revista de la Procuraduría Agraria es una publicación que esta institución edita en forma cuatrimestral. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo Núm. 003330/95. Certificado de Licitud de Título Núm. 9107. Certificado de Licitud de Contenido Núm. 6427. Distribuida por la Procuraduría Agraria. Editor responsable: Antonio Flores Vera. Las opiniones vertidas en los artículos firmados son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el criterio editorial de la revista. Ésta se reserva el derecho de modificar los títulos. Los artículos sin firma corresponden al equipo de redacción de la Dirección General de Estudios y Publicaciones de la Procuraduría Agraria, Todo reproducción total o parcial deberá mencionar la fuente. La correspondencia debe dirigirse a: Dirección General de Estudios y Publicaciones Revista Estudios Agrarios _ Procuraduría Agraria E-mail: [email protected] Palacio Nacional, Patio Central, Cuarto piso. Consúltenos en Internet: Col. Centro. C.P.. 06000, México, D.F. http://www.pa.gob.mx Teléfonos: 5542 13 22, 5522 75 28, 5522 20 04 Fax: 551869 12

DR O 2000 Procuraduría Agraria Motolinía 11, Col. Centro, C.P. 06000. México D.F.

ISSN 1405-2466

Es la edición consta de 2.500 ejemplares y se terminó de imprimir en el mes de octubre de 2000 en Perspectiva Digital, Anaxágoras 844-3, Col, Del Valle, México, D.F.

índice

Editorial 5

Análisis

Reforma ejidal y procesos locales de apropiación de la tierra en el centro de Veracruz

María Cristina Núñez Madrazo 9

Migración transnacional y presencia sociopolítica transmigrante

Luis Jesús Martínez Gómez 53

El campo que nos tienen prometido. Notas para una nueva agenda para la organización económica del medio rural

Roberto Aceves Ávila 83

Desarrollo local y Reforma Agraria en México. Retos y perspectivas en la globalización económica

Gonzalo Villalobos López 133

La reforma rural Herminio Baltazar Cisneros

173

Organizaciones campesinas y sistema de representación María Angeles Guzmán Molina

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Estadísticas

Cumplimiento de metas de representación

Dirección General Jurídica y de Representación Agraria 251

Biblioagrarias 255

Editorial

otivar la participación de las ideas que delinean, perfilan, analizan e incluso solucionan parte de la compleja problemática que envuelve al campo mexicano, ha sido una de las tareas, si no es que la principal,

de la creación y permanencia del Premio Estudios Agrarios y del Certamen Investigación Agraria, los cuales llegaron a su quinta y tercera emisión, respectivamente. Sabemos que espacios de esta naturaleza siempre rinden frutos invaluables, cuando no imprescindibles, para abonar el terreno de la comprensión de la impostergable tarea de pensar el agro mexicano.

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Uno de esos frutos, sin duda, es el amplio reconocimiento que estos premios están teniendo entre los académicos, investigadores, estudiosos y funcionarios públicos que tienen que ver con la cuestión rural: estos espacios fueron creados, precisamente, por y para ellos, y se los han hecho propios, tanto que, año con año, el número de participantes y la calidad de los trabajos han sido, a su vez, un excelente propulsor de la necesidad de continuar con esta labor de difusión de las ideas y el análisis de la problemática agraria. En esta ocasión, el número 15 de la Revista Estudios Agrarios está dedicado —de manera especial— al V Premio Estudios Agrarios y al III Certamen Investigación Agraria, ambos concursos organizados por la Procuraduría Agraria. Incluye los trabajos de los ganadores del V Premio Estudios Agrarios: "Reforma ejidal y procesos locales de apropiación de la tierra en el centro de Veracruz" de María Cristina Núñez Madrazo (ler. lugar); "Migración transnacional y presencia sociopolítica transmigrante" de Luis Jesús Martínez Gómez (2do. lugar), y "El campo que nos tienen prometido. Notas para una nueva agenda para la organización económica del medio rural" de Roberto Aceves Ávila (3er. lugar). Además, se presentan tres textos que fueron recomendados por el Jurado

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Calificador: "Desarrollo local y Reforma Agraria en México. Retos y perspectivas en la glo-balización económica" de Gonzalo Villalobos López, "La reforma rural" de Herminio Baltazar Cisneros y "Organizaciones campesinas y sistema de representación" de María Angeles Guzmán Molina. Respecto del Certamen Investigación Agraria, que cumplió su tercer año de aparición, ha motivado que los servidores públicos, en este caso del Sector Agrario, se interesen en plasmar en papel algunas de las múltiples experiencias que día con día se vienen dando en su interacción con los hombres y mujeres del campo. La información de "primera mano" a la que tienen acceso, fuentes muy estimadas por investigadores y estudiosos, pocas veces llega a traducirse en algún texto que analice, proponga y concluya algo respecto de un problema (o parte del problema) específico. Sabemos que el tiempo, inexorable como siempre, en particular el de los servidores públicos, difícilmente alcanza para, primero, cum-plir con las tareas que marcan las instituciones y, segundo, menos para dedicarse o apartarse de su trabajo con el fin de desarrollar algún documento y someterlo al concurso. Independientemente de ello, el saldo es positivo, ya que la participación dentro del Certamen ha venido creciendo, principalmente con trabajos de la estructura territorial; aquí cabe mencionar el texto de Gonzalo Villalobos, cuyo trabajo fue recomendado —por el Jurado del Certamen— para su publicación dentro de este número por haber tenido una destacada participación. Por su parte, los miembros del Jurado mostraron gran interés por los temas tratados en los distintos trabajos, así como por la calidad que pudieron observar en algunos de los textos; asimismo, hicieron hincapié en la necesidad de continuar con la promoción y difusión de concursos que estimulen la reflexión y la bús-queda de soluciones al gran reto que significa el desarrollo rural de nuestro país. La exhaustiva labor aportada por cada uno de los miembros del Jurado permitió llegar a buen término en ambos concursos; sin ellos, la apreciación cabal de los trabajos no hubiera sido posible, sus atinadas observaciones dieron claridad y forma al desarrollo de las lecturas para definir a los ganadores. Se contó con una entusiasta participación de trabajos provenientes de varias entidades del país —Querétaro, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, entre otros—, de hecho, cinco de los textos aquí incluidos vienen de esos estados. Asimismo, distintas universidades, colegios, escuelas y centros de estudio —de casi todo el país— nutrieron buena parte de los ensayos participantes. Esperamos que en futuras ediciones la cantidad siga incrementándose con trabajos de provincia; la calidad, así lo deseamos, también será mejor.

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Finalmente, cabe señalar que todos los trabajos aquí reunidos, con niveles . de análisis distintos, aportan información novedosa sobre cuestiones de actualidad dentro del amplio espectro del campo mexicano; los temas tratados en los ensayos, son, en más de un sentido, propositivos, pues no sólo describen sino que tratan de encontrar posibles soluciones a la compleja cuestión rural; asimismo, los enfoques analíticos que utilizan en su desarrollo discursivo seguramente servirán para futuras interpretaciones ya sea como punto de referencia por la riqueza infor-mativa o como punto de partida para nuevas interpretaciones. Lo cierto es que el lector —y he aquí la tarea— sabrá discernir, completar o disentir de los trabajos aquí publicados; sea pues ésta la ocasión para conocer otros puntos de vista de algo que nos preocupa a todos: el futuro y el presente del campo en México.

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Reforma ejidal y procesos locales de apropiación de la tierra en el centro de Veracruz*

Maria Cristina Núñez**

Introducción

l régimen ejidal de tenencia de la tierra ha sido fundamental en la configuración de los procesos rurales en la entidad veracruzana. En los últimos setenta años gran parte de los campesinos en el estado, ha

construído sus espacios locales y sus estilos de vida al interior del sistema ejidal, siendo Veracruz el estado con mayor número de ejidos y comunidades agrarias, —3,000—, seguido de Michoacán —con menos de 2,000—. (INEGI, 1988). Particu-lamente en las área rurales del centro de Veracruz, alrededor del uso de la tierra ejidal, asociado fundamentalmente con los cultivos agroindustriales de la caña de azúcar y el café, se han configurado formas específicas de reproducción de los pobladores rurales, donde el ejido ha sido uno de los ejes central en la vida socioeconómica, política y cultural de las comunidades rurales.

E E

* Este trabajo obtuvo el 1er. Lugar del Premio Estudios Agrarios 2000. Además, forma parte de los avances de la tesis doctoral en Ciencias Antropológicas que la autora está desarrollando en la UAM Iztapalapa.

** Actualmente se deesmpeña como profesora-investigadora en la Facultad de Sociología de la Universidad Veracurzana.

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El espacio rural que circunda a la ciudad de Xalapa hacia el noreste comprende una zona agroecológica de una gran riqueza natural, donde la tierra es muy fértil pudiendo albergar una gran cantidad de cultivos: los cultivos comerciales de la caña y el café, coexistiendo con espacios ocupados por los cultivos de maíz, frijol, hortalizas, frutales y la cría de ganado. Los campesinos ejidatarios y pequeños propietarios minifundistas han construído sus procesos de reproducción sociocultural fundamentalmente alrededor de la tierra: de los cultivos comerciales y de su articulación con los complejos agroindustriales correspondientes, comple-mentado estas actividades productivas con los cultivos de autoconsumo, con la elaboración de artesanías, con la actividad comercial y con la venta de fuerza de trabajo dentro de la misma zona agrícola o en la ciudades cercanas. La tierra ha sido la base del sustento material, recurso de poder y de prestigio, y referente fundamental de la identidad individual y colectiva de estos grupos campesinos . 1

A raíz de la aplicación de las políticas neoliberales hacia el campo, desde la década de los años ochenta los ejidatarios, productores cañeros y cafetaleros de la zona, viven cambios significativos: tanto en las formas de su inserción a las cadenas agroindustriales, que se transforman como resultado de la privatización de la industria y la desregulación del mercado, como en lo que se refiere a la gestión, distribución y propiedad de las tierras, lo cual tiende a modificarse como producto de las reformas al artículo 27 constitucional decretadas en 1992. Las políticas neoliberales, junto con las condiciones cambiantes de la economía internacional globalizada, en un contexto nacional de crisis generalizada de las formas de organización de la producción agropecuaria, están propiciando el surgimiento de procesos socioeconómicos, políticos y culturales novedosos que reconfiguran el escenario del mundo rural de la región. Tomando en consideración el carácter multidimensional y complejo de los actuales de los procesos de cambio en el campo mexicano, se pretende trascender aquellas visiones que ven al desarrollo rural como un proceso unilineal y homogeneizador, sin atender a las condiciones específicas, a la diversidad y a las potencialidades de formas alternativas de desarrollo.

1 En este trabajo se pretende trascender aquellas perspectivas que construyen una imagen reificada de los grupos campesinos, a partir

de la cual se los concibe como un grupo social homogéneo, cuyas características socioculturales devienen de un pasado prístino, de persistencias culturales nacidas en algún momento perdido en la historia. La construcción de la imagen del campesinado mexicano, incluso ha formado parte de la institucionalización de la revolución mexicana por parte de los grupos hegemónicos mexicanos. El antropólogo William Roseberry, especialista en estudios campesinos en latinoamérica afirma que los campesinos no existen como un todo identificable, sino solamente en su especificidad regional y local, constituyéndose y reconstituyéndose permanentemente al interior de campos sociales y campos de poder. Los distintos tipos de pobladores rurales son el resultado de procesos históricos locales y regionales y de formas particulares de integración al proceso global de acumulación capitalista a nivel nacional e internacional. (1989; 1993).

• ESTUDIOS AGRARIOS •

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• ANÁLISIS •

El presente trabajo forma parte de los resultados de un proyecto de investigación en un espacio rural situado al noreste de la ciudad de Xalapa, sobre los complejos procesos en los que los pobladores rurales en esta región, producen y reproducen cotidianamente sus formas de vida, en el marco de las actuales transformaciones en las formas de regulación del Estado mexicano hacia el campo. A partir del reconocimiento de que las respuestas a las reformas implementadas desde el Estado son heterogéneas, delinéandose y enmarcandose en contextos regionales y locales específicos, sostengo que el estudio de los efectos de dichas reformas requiere de la recuperación de los procesos y respuestas concretas que los distintos grupos de campesinos despliegan como producto de historias, de visiones del mundo y de condiciones de vida particulares2. A partir de un enfoque metodoló-gico que nos permite profundizar en los aspectos socioculturales de una realidad microsocial, en este trabajo se expone el estudio de caso de la localidad de Chiltoyac. A través de la revisión y el análisis de los documentos del archivo agrario se observa la forma específica que asumió la gestión de la tierra ejidal por parte de las autoridades agrarias, tanto a nivel del gobierno federal y estatal, como nivel local. Asimismo, a través de la investigación etnográfica, fundamentalmente por la vía de la recopilación de relatos de vida de algunos pobladores de la localidad, es posible integrar la dimensión cultural en el análisis del ejido; los relatos de vida nos permiten un acercamiento multidimensional a los procesos de cambio en un espacio rural localizado. De esta manera, se recuperan las expe-riencias locales de una población rural, con la intención de penetrar en el complejo mundo de relaciones, a partir de las cuales se construyen, al interior mismo de las sociedades rurales locales, los procesos de cambio, particularmente aquellos asociados con las reformas al artículo 27 constitucional.

2 En este sentido, las ideas que subyacen en el presente trabajo coinciden con la propuesta de Norman Long en la cual se propone

“examinar las maneras complejas en las cuales las formas locales de organización y conocimiento son constantemente retrabajadas en interacción con las condiciones externas cambiantes...hablamos del resurgimiento de compromisos locales y la ‘reinvención’ o creación de nuevas formas locales que emergen como parte del proceso de globalización.” (1996: 58).

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Las reformas al sistema ejidal Entre las nuevas políticas rurales implementadas por el Estado mexicano en la última década, destaca por su trascendencia en los actuales procesos de cambio rural, la nueva ley agraria aprobada en 1992. Esta proporciona el marco legal para el posible desmantelamiento del sistema ejidal de tenencia de la tierra y la consiguiente privatización de los derechos de propiedad sobre la tierra. Los cambios introducidos por la nueva ley se sustentaron en el reconocimiento de la crisis económica y social generalizada en el sector rural. El eje central del cambio legislativo se encuentra en la estructura de los derechos de propiedad sobre la tierra, bajo el supuesto de que el sistema ejidal de tenencia de la tierra ha sido uno de los factores fundamentales que ha conducido al estancamiento del sector agrícola, al no proporcionar los incentivos, ni la base sociopolítica institucional adecuada para la inversión y la eficiencia productiva. De entrada, con la Nueva Ley Agraria se decreta el fin del reparto agrario, argumentando que la redistribución de la tierra promueve el minifundismo, el empobrecimiento y la inseguridad en la tenencia; en adelante, los propietarios privados que inviertan en la producción agropecuaria pierden el riesgo de la expropiación de la tierra. Al mismo tiempo, desde las nuevas instancias gubernamentales, se implementa el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y de Solares Urbanos (Procede), a través del cual los ejidatarios obtienen certificados individuales de titulación de sus parcelas. La participación en este programa requiere de la aceptación por parte de los miembros de las comunidades ejidales, a través de su voto aprobatorio en la asamblea general del ejido. La participación en el Procede y la entrega de certificados individuales de titulación no necesariamente conduce a la disolución del ejido y a la privatización de la tenencia de la tierra; esto último es una decisión de los miembros del ejido que puede o no darse con posterioridad al proceso de titulación. Sin embargo, a diferencia del derecho de usufruto sobre la tierra establecido en la anterior legislación, que prohibía a los ejidatarios realizar cualquier tipo de transacción mercantil, las reformas introducidas permiten a los ejidatarios el derecho a vender, rentar o arrendar legalmente sus tierras, además de no estar obligados a trabajar personalmente sus parcelas. Esto último es fundamental, en el contexto de la dinámica laboral de gran parte de los pobladores rurales en la actualidad, en la


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• ANÁLISIS • cual la migración permanente y temporal forma parte fundamental de las estrategias de reproducción de las sociedades campesinas. De hecho, tanto las normas legales que prohibieron la realización de transacciones mercantiles con la tierra ejidal, como aquellas concernientes a la obligatoriedad para los ejidatarios de trabajar personalmente sus parcelas, habían sido mediadas por una serie de prácticas y normas informales localmente establecidas, a través de las cuales se violaba cotidianamente la normatividad legal. De tal manera que al interior de los ejidos se habían desarrollado distintos tipos de mercados de tierras, con el consiguiente proceso de concentración y desigualdad en la posesión de la tierra ejidal (Varios Autores, 1995). Este hecho sirvió de argumento en favor de las reformas al sistema ejidal por parte de los miembros del gabinete del gobierno federal en el momento en que se diseñó la nueva ley agraria, algunos de los cuales —la llamada corriente “campesinista” (Cornelius y Myre, 1998) — evaluaron los efectos perniciosos del paternalismo oficial y veían en el régimen ejidal un obstáculo para los procesos de modernización y democratización en el campo. Argumentaron que el ejido se había convertido en una institución sustentada en formas corporativas y clientelares de gestión, propiciando la concentración de recursos y de poder en las “élites ejidales” y el neolatifundismo. Para esta co-rriente, a través de las nuevas disposiciones legales se liberaría a los ejidatarios de las relaciones paternalistas con el Estado y se abrirían los canales para una gestión productiva autónoma por parte de los productores rurales. Con finalidad de prevenir la excesiva concentración de la tierra ejidal privatizada, la nueva ley agraria fija ciertos límites legales al tamaño de las propiedades. Al mismo tiempo, se establecen los mecanismos legales que permiten la asociación de los ejidatarios con el capital privado nacional y extranjero. Para aquellos miembros del gabinete oficial preocupados por la integración de México a la dinámica del comercio internacional —los llamados “tecnócratas” (Corneluis y Myre, 1998)—, la nueva legislación sería el medio para recapitalizar e incre-mentar el potencial de exportación de aquellos sectores de la agricultura con ventajas comparativas en el mercado mundial de productora agrícolas. Para esta corriente oficial, el ejido, en su forma tradicional, es considerada una institución obsoleta que detiene la integración del sector agrícola al libre mercado. En este sentido, los derechos de propiedad sobre la tierra deben garantizar la seguridad en la tenencia de la misma, factor fundamental para incentivar la inversión de capital en el sector. En la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo que se llevó a cabo en diciembre de 1999 en la ciudad de México, el presidente de

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la república, Ernesto Zedillo afirmó que la reforma agraria emprendida en 1992 sienta las bases para que el campo enfrente los desafíos de la economía global, sustentando tal afirmación en el supuesto de que la seguridad legal de la propiedad de la tierra es el medio para fomentar la inversión productiva, incrementar la productividad y mejorar los niveles de vida de las familias campesinas3. Este supuesto, sin embargo es producto de una visión muy limitada en relación con la problemática que actualmente enfrenta el sector rural. De hecho, después de ocho años de haberse aprobado la nueva ley agraria, los cambios en la propiedad de la tierra han sido muy modestos y la dinámica económica del sector rural no ha repuntado, ni en relación a la tan deseada autosuficiencia alimentaria, ni en términos de competitividad frente a la economía global. La crisis que enfrenta el campo mexicano desde hace casi dos décadas trasciende e lo planteado por quienes han visto en la reforma ejidal un instrumento funda-mental para solucionar la ineficiencia del sector agrícola mexicano y la pobreza rural; sobre todo en un contexto de inexistencia de una política de desarrollo rural sólida que instrumente mecanismos adecuados para dinamizar la producción, atendiendo a las diversidades y potencialidades a niveles regionales. El problema de la descapitalización y de la ausencia de tecnología moderna para la producción agrícola no se resuelve implementando medidas legales tendientes a modificar la estructura de la tenencia de la tierra, sin atender al problema de la falta de recursos necesarios para la producción; sobre todo en un contexto global en el que la agricultura ha sido uno de los sectores más subsidiados por los gobiernos nacionales —particularmente en los países desarrollados— (Pipitone, 1994). Respuestas locales frente a la Nueva Ley Agraria Algunas investigaciones académicas sobre la transformación del ejido nos muestran que el impacto de las refomas legales al artículo 27 constitucional ha sido lento y sobre todo muy diferenciado en las distintas regiones del país. Las variaciones en los contextos históricos y en las condiciones socioculturales locales han definido de manera fundamental el destino de las reformas. En algunos de estos estudios se enfantiza en la forma cómo a niveles regionales y locales los

3 Ernesto Zedillo, Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo en el siglo XXI, Discurso Inaugural, Los Pinos,

México, 6 de diciembre de 1999.


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• ANÁLISIS • campesinos responden ante la nueva legislación agraria (Bouquet, 1997; Corneluis y Myre, 1998; Frye, 1993; Gómez, 1998; Snyder y Torres, 1998). Vemos a los pobladores rurales en Oaxaca utilizando su incorporación al Procede como estrategia de vinculación a otras esferas de la administración pública para obtener recursos para las actividades productivas . Contrasta el análisis de los productores henequeneros de Yucatán, donde Othón Baños nos presenta la decisión de los ejidatarios de incorporarse al Procede, como parte de una estrategia defensiva con la finalidad de preservar los viejos vínculos clientelares con las agencias gubernamentales que tradicionalmente han proporcionado beneficios y servicios fundamentales (Snyder y Torres, 1998). El caso del ejido La Guaracha en Mi-choacán, nos muestra una región donde la estructura de la tenencia de la tierra en el momento de las reformas al artículo 27 constitucional, estaba basada en fuertes irregularidades asociadas al desarrollo del neolatifundismo. Las desigualdades y los conflictos al interior de la comunidad, así como la desconfianza de los ejidatarios frente a las agencias gubernamentales, han hecho que la implemen-tación del Procede haya sido muy tardía y lenta (Gledhill, 2000). Otro estudio en el que se presenta el papel que ha jugado la desconfianza hacia las agencias gubernamentales en la respuestas de los ejidos a la implementación de las re-formas, es en el este de Chiapas, donde la experiencia histórica negativa dejó un legado de suspicacias frente a los agentes gubernamentales, lo cual ha obstacu-lizado la implementación del Procede (Stephen, 1998). Las ejidatarios cañeros de San José Teruel en el estado de Puebla, por su parte, se incorporaron voluntaria y activamente al Procede como parte de un proceso de reactivación de aspiraciones histórico-locales, en el cual el manejo individual de la tierra aglutinó a una comu-nidad cambiante y heterogénea en torno al nuevo programa agrario; los objetivos del programa gubernamental fueron evaluados y dotados de significado en fun-ción de los objetivos e intereses específicos de los ejidatarios. En este caso, vemos un estudio que incorpora a la dimensión histórica y político-cultural de manera central en el análisis de las respuestas concretas que los ejidatarios despliegan ante las nuevas disposiciones en materia agraria (Gómez, 1998). La reforma ejidal se inscribe en contextos rurales locales en el que la tierra deja paulatinamente de ser el eje de la reproducción material de los pobladores. Algu-nos estudios realizados en comunidades con un alto nivel de emigración nacional e internacional, nos muestran que la producción agrícola no proporciona los in-gresos suficientes para la reproducción de la mayoría de las familias rurales (Kearney, 1995; Gledhill, 1993; Nujten, 1998; Zendejas, 1999). Sin embargo, la

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implementación del Procede no ha dado lugar a la inmediata privatización de la tierra ejidal. Los ejidatarios no muestran urgencia de vender sus tierras en un contexto nacional e internacional en el que tampoco se ofrecen alternativas per-manentes de sobrevivencia. La implementación de la reforma ejidal no ha incidido en una transformación acelerada de los patrones en la tenencia de la tierra en virtud de que los ejidatarios tienen pocas oportunidades estables para obtener ingresos en actividades fuera del ejido; las opciones de empleo alternativas son percibidas como formas inseguras de obtener ingresos para la subsistencia familiar (Corneluis y Myre, 1998). En el caso de los llamados ejidos transnacionales, la posesión de una fracción de tierra por parte de los migrantes mantiene el sentido de pertenencia a la comunidad, además de ser considerada como un medio de ahorro y seguridad económica. La tendencia creciente a la integración de los pobladores rurales a los circuitos migratorios hacia el país del norte, no ha sido revertida por la reforma ejidal. Un alto porcentaje de familias ejidales han venido complementando sus ingresos a través de la migración desde mucho antes de que se implementaran las reformas4. De hecho, las reformas al artículo 27 legalizan prácticas y reglas locales —ilegales— que permitían la posesión de derechos eji-dales por parte de los pobladores rurales migrantes, siendo que la legislación agra-ria condicionaba el derecho al usufructo de la tierra al uso de la misma mediante el trabajo personal y directo del ejidatario o usufructuario— “la tierra es para quien la trabaja” —. En contraste, la nueva ley agraria otorga el derecho a la propiedad individual sobre la fracción de tierra ejidal, sin la obligación de trabajarla personalmente. Esto significa que los ejidatarios que trabajan la mayor parte del tiempo en E. U. y que dejan sus parcelas en arrendamiento no corren el riesgo de perder sus derechos sobre la tierra5. En este sentido, la obtención de los certifica-dos individuales de titulación sobre las tierras ejidales, puede incidir en un incre-mento de la migración, en virtud de que se anula el riesgo de perder la tierra para aquellas personas que deciden salir de sus comunidades (Cornelius y Myre, 1998).

4 En 1996, aproximadamente el 4 % de los mexicanos que vivían en localidades de 2,500 habitantes o menos dejaba su lugar de

residencia temporalmente como migrantes (Corneluis y Myre, 1998:6-7). 5 Algunos estudios de caso documentan la forma en que los migrantes retenían o perdían sus derechos ejidales, en el contexto de

prácticas agrarias y normas sancionadas localmente. Monique Nujten (1998)nos narra el caso de un ejido michoacano en donde paulatinamente los migrantes habían ido ganando la posibilidad de retener sus derechos ejidales a pesar de radicar en Estados Unidos. Por su parte Emmannuelle Bouquet, para el caso de Tlaxcala señala que las prácticas mercantiles alrededor de la tierra ejidal no habían sido causa de privaciones de derechos, mientras que el abandono del ejido como lugar de residencia si había constituído un factor de privación de derechos en las Investigaciones Generales de Usufructo Parcelario realizadas periódicamente en los ejidos por parte de las autoridades agrarias, locales y gubernamentales (1997).


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• ANÁLISIS •

En el contexto de la nueva ley agraria, el ejido y las comunidades rurales se transforman de maneras diferenciadas, atendiendo a las condiciones histórico-sociales particulares a niveles locales y regionales. En la región rural veracruzana circunvecina a las ciudades de Xalapa y Coatepec, la implementación del Procede ha sido lenta y diferenciada, a pesar de que los ejidos de la zona comparten formas de uso, distribución y de gestión de la tierra ejidal6. En base a esta forma de tenencia de la tierra, se configuraron contextos locales en los cuales la tierra ejidal ha jugado un papel central en los procesos de reproducción, tanto material, como simbólica de las comunidades. En su trabajo sobre el sistema ejidal, Helga Baitenmann analiza las formas en que se llevó a cabo el programa de titulación en algunos ejidos de la región. En este estudio se plantea que a pesar de que en la nueva ley agraria se establecen las condiciones para un proceso de participación de los ejidatarios en la toma de decisiones con respecto a la titulación, muchos de los procedimientos fueron distorsionados; en las asambleas donde se tomaron acuerdos en relación con la incorporación de los ejidos al programa, se retomaron prácticas de participación poco democráticas y las autoridades agrarias locales utilizaron sus posiciones de poder para favorecer la incorporación al Procede. Los ejidatarios fueron poco o mal informados en relación con sus derechos y con los objetivos del programa gubernamental, muchos, incluso no sabían que la aplicación del Procede era voluntaria; los agentes gubernamentales encargados utilizaron tácticas de presión para forzar a los ejidatarios a votar a favor del Procede (1997: 220-228). El control autoritario por parte de las autoridades agrarias locales fue utilizado y en algunos casos fortalecido como resultado de la participación de los ejidos en el Procede: “...Con las reformas al artículo 27 y la reestructuración de la burocracia agraria, no sólo cambiaron las reglas del juego, sino que también se cerraron los espacios autónomos que los ejidos habían logrado abrirse.” (Baitenmann, 1998: 322).

6 De una muestra de 33 ejidos de un total de aproximadamente 90 existentes en la zona de estudio, más de la mitad no se han certifica-

do aún: 17 casos, de los cuales 3, han rechazado la implementación del programa (Tuzamapan, Vaquería y Bella Esperanza), en 11 el Procede se encuentra suspendido por conflictos en límites y mediciones, y en 3 ejidos faltan documentos para la integración de la carpeta básica. En los 16 ejidos que ya han obtenido la certificación del Procede, el proceso ha sido muy lento. Información obtenido en entrevista con el Visitador Agrario de la zona, Procuraduría Agraria, Xalapa, Ver., enero, 2000.

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En algunos ejidos de la región, sin embargo, la aplicación del Procede se ha visto obstaculizada por conflictos entre grupos locales o por problemas limítrofes entre los ejidos7. En el caso del ejido de Tuzamapan, un viejo conflicto entre los ejidata-rios en torno a las tierras de uso común, no ha permitido implementar el programa para proceder a la delimitación de las parcelas individuales (Núñez, 1998). En otros ejidos se dan procesos similares y el programa de titulación se encuentra suspendido “por conflictos al interior del núcleo ejidal”. Los “visitadores” del Procede han registrado como obstáculos para llevar a cabo los trabajos de implementación del programa, “el rechazo o la apatía de los ejidatarios”8 . El caso particular del ejido de Chiltoyac se nos presenta como excepcional, al tratarse de un ejido colindante a la ciudad de Xalapa, muy propenso a integrarse al mercado de tierras urbanas, que sin embargo se ha negado a implementar el Procede. El análisis de este caso nos permite profundizar en las prácticas socioculturales y políticas de organización, distribución y ocupación del territorio ejidal, y en las respuestas que los pobladores de la localidad tienen frente a la política agraria; vemos que el ejido y la nueva ley agraria adquieren significados diferenciados al interior de comunidades rurales heterogéneas.

Los procesos de apropiación del territorio ejidal en Chiltoyac El poblado de Chiltoyac, está ubicado en un espacio territorial en donde el ejido, desde los años veinte de este siglo, ha sido la forma de organización social predominante. La centralidad del ejido se ha sustentado en el control de los cam-pesinos sobre la tierra, garantizando con ello su reproducción social. En base al uso y explotación de la tierra ejidal, la producción agrícola de Chiltoyac se fue integrando de manera creciente a la economía capitalista, inicialmente a través de la venta de productos agrícolas diversos a las ciudad de Xalapa y a los pueblos cercanos, y posteriormente a través de su inserción a las cadenas agroindustriales

7 Hacia noviembre de 1999, de los 224 ejidos correspondientes a la Residencia Xalapa de la Delegación de la Procuraduría Agraria, el

46 % todavía no habían sido certificados en el Procede. Información obtenida en el Archivo del Procede, Residencia Xalapa, Delegación de la Procuraduría Agraria en el estado de Veracruz.

8 Archivo del Procede, Residencia Xalapa, Delegación de la Procuraduría Agraria en el estado de Veracruz.


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• ANÁLISIS •

del azúcar y del café. El esquema de reproducción social de los grupos campesi-nos en la localidad, basado en la tenencia ejidal ha incluido también la siembra de maíz y de otros productos agrícolas en pequeña escala para el autoconsumo y en mediana escala para la venta a nivel regional, así como la fabricación de loza —comales y ollas de barro—, la cual fue hasta hace aproximadamente treinta años una actividad productiva muy importante para la subsistencia familiar de estos pobladores rurales.

Encontramos en esta localidad que en un contexto de diferenciación socioeco-nómica marcado y creciente, la mayoría de los grupos familiares poseen frac-ciones de tierra ejidal en las cuales se cultiva café y /o caña, además de maíz, co-existiendo la venta temporal de fuerza de trabajo —dentro o fuera del poblado—, como parte de un esquema complejo de reproducción social; al cual recientemente se empieza a integrar la migración a Estados Unidos, lo cual sin duda redundará en cambios significativos al interior del ejido y en los esquemas de reproducción sociocultural. La ocupación del territorio ejidal: acceso, uso y distribución de la tierra El reparto inicial de la tierra ejidal o “parcelamiento” —como le llaman local-mente al proceso de reparto individual de parcelas ejidales—, consistió en la distribución a los 135 ejidatarios “fundadores” de pequeñas fracciones de tierra ejidal, principalmente de las mejores tierras ubicadas en las planicies, dejando sin parcelar aproximadamente el 85 % del total de la superficie del territorial del ejido (1,350 ha.). En algunos documentos que se refieren a la dotación de tierras para Chiltoyac y sobre todo en los testimonios orales, se hace referencia a que la do-tación fue de 10 hectáreas por ejidatario, sin embargo, los primeros beneficiarios del reparto ejidal, los llamados ejidatarios “legítimos” o “los antiguos”, recibieron una fracción mínima de tierra parcelada, junto con un certificado de derecho ejidal que amparaba la posesión individual de esas fracciones9. Las 1,157 hectáreas de la superficie no parcelada, “tierras en común” o “sobrante” —como ellos le lla-man—, fue siendo ocupada paulatinamente por los mismos ejidatarios primero, y posteriormente por sus hijos y por los avecindados.

9 El parcelamiento incluyó la entrega de dos fracciones de tierra ejidal a cada uno de los 135 ejidatarios: una fracción de 375 metros

cuadrados en la zona de humedad —lomerío— y 1 ha. en la zona de temporal-planicies -. Registro Agrario Nacional (RAN), Exp. 36, folios # 39-43, Acta de Repartimiento, 5 de mayo de 1928.

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La apropiación del territorio ejidal por parte de la población de la localidad fue un proceso lento, que se explica en función de los usos de la tierra y de las formas de organización de los grupos domésticos y de las familias. En un primer periodo, que va desde la fundación del ejido hasta la década de los cincuenta, el cultivo de la tierra se daba en muy pequeña escala para la producción de autoconsumo —la milpa—; asimismo, la mayoría de los pobladores se dedicaba a la producción alfarera, siendo esta actividad una fuente fundamental para la subsistencia de las familias. En los testimonios orales se indica claramente que durante los primeros años de instauración del ejido, los ejidatarios no utilizaban la totalidad de las tierras para la producción agrícola, dado que “eran alfareros”; únicamente utili-zaban pequeñas fracciones para la siembra de maíz, frijol, pipián, calabacita, que dedicaban a la subsistencia familiar. La mayoría de los ejidatarios no tenían recursos para la siembra en mayor escala, dependiendo ésta del tamaño de los grupos domésticos, principalmente de la cantidad de fuerza de trabajo disponible al interior de las familias. Las formas de organización del trabajo para la producción agrícola incluían formas de ayuda mutua entre los grupos domésticos y pobladores de la localidad; la llamada “mano vuelta”, en la que se daban relaciones de ayuda mutua para la siembra y para la cosecha del maíz entre familiares y amigos, era la forma predominante de organización del trabajo en la actividad agrícola. Durante los primeros años del régimen ejidal, fueron muy pocos los pobladores que tuvieron la posibilidad de ocupar cantidades de tierra mayores a 1 ha., siendo que la mayoría ocupó fracciones muy pequeñas. Algunos ejidatarios con mayores recursos -una franca minoría que no llega ni a 10, de los 135 ejidatarios que conformaron desde su fundación el ejido ocuparon superficies mayores de tierra ejidal —fracciones de 4 a 10 ha—10; éstos incluso llegaban a producir algunos excedentes para los mercados cercanos —Xalapa, Banderilla, Naolinco— (maíz, hortalizas, frijol, leche, carne); algunos establecieron pequeñas fincas de café y comenzaron a cultivar caña para los trapiches11 de la región o para abastecer al cercano ingenio de La Concepción.

10 RAN, exp. 23:5113 (726.1), folios # 143-146. Padrón del Censo Agrario de la Congregación de Chiltoyac del Municipio de Xalapa,

25 de junio de 1918. 11 El término de trapiche se utiliza para designar a una pequeña fábrica de producción de mascabado o piloncillo (Fraginals, 1978:169).


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• ANÁLISIS •

Durante este primer periodo, la mayor parte del territorio ejidal estaba “baldía”, es decir sin dedicarse a labores agrícolas. Incluso algunos pobladores vecinos —fun-damentalmente del ejido de El Tronconal— solicitaban a las autoridades del ejido de Chiltoyac permiso para hacer uso de alguna fracción de tierra o arrendaban fracciones a algún ejidatario de Chiltoyac, a través de acuerdos particulares. Estas fracciones se destinaban a la cría de ganado, al cultivo de básicos o bien a la siembra de caña. El préstamo o arrendamiento de fracciones de tierra ejidal era considerada como un beneficio para el ejidatario —poseedor formal—en la medi-da en que el trabajo del desmonte —limpieza del terreno para el cultivo—era rea-lizado por quien solicitaba la transacción. Al hacer una evaluación de este tipo de transacciones en las que estuvo involucrado, un ejidatario de la segunda gene-ración, me comenta que antes no sabían que el “monte” tenía un valor, pero que sin embargo ellos no tenían los recursos necesarios para realizar el desmonte de los terrenos, que era uno de los motivos por el cual no utilizaban la tierra para la producción agrícola: “en esa época no teníamos conocimiento de lo que valía el monte...porque el monte vale...”12.

Esta situación, en la cual la mayoría de los ejidatarios no contaban con los re-cursos suficientes para incrementar la producción agrícola, comienza a transfor-marse en la década de los cincuentas, a raíz del establecimiento de un contrato por parte de las autoridades ejidales de Chiltoyac con el ingenio de La Concepción, en el que los ejidatarios de Chiltoyac, organizados en una Sociedad Local de Crédito Ejidal13, se comprometían a abastecer al ingenio con caña de azúcar. De acuerdo con la información oral, esta sociedad era manejada por las autoridades ejidales locales bajo la modalidad de una cooperativa de productores de caña y fue promovida por el entonces presidente del comisariado ejidal, quien es reconocido en la memoria colectiva como un héroe local. A partir de su gestión, la mayoría de los ejidatarios se convirtieron en productores de caña, lo cual significó una transformación fundamental en sus condiciones de vida14 .

12 Entrevista con el Sr. Agustín Acosta, 72 años, Chiltoyac, febrero, 2000. 13 RAN, Exp. 36. Chitloyac, folio # 00188, Oficio dirigido por el Banco Nacional de Crédito Ejidal al Jefe de la Delegación Agra-ria,

donde se le solicita los documentos relativos al ejido dado que “han tenido instrucciones de organizar en Sociedad Local de Crédito Ejidal al ejido de Chiltoyac”, 23 de marzo de 1957.

14 “Chiltoyac ha cambiado mucho, ahora ya es una población con todos sus servicios, pero cuando yo comencé a comprar tierra, en 1940, Chiltoyac era un pueblo muy pobre, muy atrasado, no tenía escuela. Así estuvo desde la fundación del ejido hasta 1955, cuando estuvo un representante en el comisariado ejidal, un señor que se llamó Melquiades Ortíz. Ese comenzó a sembrar caña, ahí fue cuando Chiltoyac sacó las orejas, salió de aquella ruina, de aquella crisis, porque todos lo que ahora son cañeros, adquirieron tierras que estaban abandonadas y empezaron a sembrar y vieron buenos resultados con el ingenio....”. Entrevista con el Sr. Rubén Sánchez (65 años), Chilotyac, junio de 1999.

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A diferencia del caso de muchos ejidos de la región, cuyo surgimiento se da inmerso dentro del sistema de plantación cañera15, los ejidatarios de Chiltoyac se incorporaron como productores al cultivo de caña de azúcar a partir de la década de los cincuentas. La apertura de la frontera agrícola hacia el cultivo de caña dio lugar a la necesidad de extender la ocupación del territorio ejidal, debido al incremento en los requerimientos de tierra apta para la siembra de caña. En este momento el proceso de ocupación del territorio ejidal comienza a acelerarse. Los ejidatarios empezaron a ocupar superficies mayores de tierra, extendiéndose, en primera instancia, sobre la totalidad de sus fracciones parceladas, que estaban situadas en las planicies del ejido, siendo las más aptas para la plantación cañera. Algunas fracciones de tierra que estaban siendo arrendadas a pobladores vecinos —de El Tronconal y El Castillo fundamentalmente— fueron “recogidas” por las autoridades ejidales de Chiltoyac para incorporarlas al cultivo de la caña. La incorporación del cultivo de la caña como parte de las actividades productivas de los ejidatarios les permitió la posibilidad de un “fondo de ahorro”, que fue siendo utilizado para incrementar y diversificar sus actividades productivas, sobre todo para el establecimiento de pequeñas fincas de café en las lomas del ejido; en aquellas superficies no aptas ni para la plantación cañera ni para la milpa. La organización de la producción cañera involucraba la utilización casi permanente de fuerza de trabajo asalariada, a través del flujo contínuo de recursos crediticios para las diversas actividades del cultivo, además de un ingreso al final de la cosecha. En este contexto, la mayoría de los ejidatarios junto con sus hijos asu-mían roles de jornaleros o “peones” al interior de la sociedad cooperativa; es decir, a la vez que “socios”, los ejidatarios asumían el trabajo del cultivo de la caña a cambio del jornal, en el contexto de un sistema de integración a la agroindustria en la que recibían créditos para las labores agrícolas a cuenta de la entrega de la materia prima al ingenio azucarero. De esta manera, los ingresos provenientes de la caña se distribuían a lo largo del año; los ejidatarios garantizaban un mejor nivel de subsistencia cotidiana y un ahorro que les permitía invertir en las otras actividades productivas. La mayoría de ellos, aunque de manera diferenciada, diversificaron sus actividades agrícolas durante los años que siguieron a los

15 Sidney Mintz y Eric Wolf (1975), acuñaron el concepto de sistema de plantación, al hacer referencia a un sistema sociocultural, que

no solamente implicó una forma específica de expansión del modo de producción capitalista al mundo rural de los países colonizados, sino que dio lugar a la penetración de normas y valores culturales “derivados de su funcionamiento”.


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• ANÁLISIS •

cincuentas, incorporándose crecientemente a los sistemas de plantación de la caña y el café.

Los ejidatarios fueron ocupando pequeñas fracciones de las llamadas tierras comunales, de tal manera que cada ejidatario en lo individual llegó a usufructuar varias fracciones, distribuidas en distintas partes del territorio ejidal. En el con-texto de familias ejidales extensas, donde los grupos domésticos compartían el uso de la tierra a través de formas familiares de organización del trabajo , los ejida-tarios de la primera generación contaban con la participación activa de sus hijos y descendientes para las actividades productivas, siendo ellos la cabeza de la organización familiar16. Las distintas fracciones de tierra que el ejidatario iba ocupando se incorporaban como parte del patrimonio de toda la familia; los hijos varones se casaban llevando a la mujer a vivir a la casa de los padres durante unos años, para posteriormente “apartarse de comida”, y solo a la vejez o muerte del progenitor, asumir su independencia “de trabajo”. En virtud de que la mayoría de las fracciones que cada jefe de familia poseía no estaban parceladas, ya que formaba parte de las llamadas tierras comunales, los ejidatarios de la primera y de la segunda generación han transferido separadamente los derechos de usufructo de las distintas fracciones de tierra a varios de sus hijos y descendientes; aunque sólo a uno de ellos los derechos agrarios y las llamadas “parcelas”. De esta manera se explica el incremento de la cantidad de unidades domésticas con tierra, siendo que en Chiltoyac, hasta hace pocos años, la gran mayoría de los jefes de familia tenía acceso a la tierra ejidal.

17A partir de las historias familiares descubrimos la presencia de una diversidad de formas a través de las cuales los pobladores en lo individual han logrado el acceso a la tierra ejidal, siendo la herencia y la compra-venta las dos formas predo-minantes de distribución y movilidad de la tierra ejidal. El Sr. Agustín Acosta (72 años), ejidatario de la segunda generación, recibió sus derechos agrarios y sus fracciones parceladas como herencia por parte de su padre; además de una super-

16 Al relatarme detalladamente la forma en que se organizaban al interior de la familia con sus hijos recientemente casados, la Sra.

Amelia Huerta (72 años) se refiere a “trabajar en junta”, que implica la cooperación de todos los miembros de la familia en las distintas actividades domésticas y productivas, dirigidos por el jefe de familia, quien detenta el control de los recursos y administra, junto con la esposa, tanto los recursos destinados a las actividades productivas como aquellos para el consumo doméstico cotidiano. Para las nueras de la Sra. Amelia, la época en que estaban “en junta” es recordada de manera negativa, ya que ellas no contaban con recursos propios ni para sus necesidades cotidianas más elementales. Entrevistas a: Amelia Huerta (70 años); Rosa Muñoz (32 años); Alejandra López (28 años); Guadalupe Díaz (42 años), Chiltoyac, 1998-1999.

17 Los relatos de vida que se recopilaron durante el trabajo de campo, nos permiten observar con mayor profundidad los procesos que aquí se exponen de manera sintética, resaltando únicamente los aspectos centrales que se refieren a la forma cómo se han dado los procesos de transmisión y distribución de la tierra ejidal.

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ficie en propiedad privada dentro del fundo legal y una fracción como “sobrante de parcela”. Hasta mediados de la década de los cincuenta, arrendaba su parcela a un vecino de Chiltoyac. Posteriormente, en el contexto de la Sociedad de Crédito Ejidal, se incorpora como productor cañero y “recoge” su parcela al arrendatario. Durante las décadas de los sesentas y setentas compró varias fracciones más en las que establece, junto con sus hijos, pequeñas fincas de café; dos de estas fracciones fueron heredadas a su esposa por parte de su tío materno. En 1983 este ejidatario poseía un total de quince fracciones, de las cuales once medían entre un cuarto y media hectárea; las cuatro fracciones restantes eran un poco más grandes (1-2 hectáreas); en total este individuo usufructuaba 11 ha. dentro del territorio ejidal. Actualmente las fracciones han sido repartidas como herencia entre sus cuatro hijos varones y dos de sus nietos (los hijos del primer matrimonio de su única hija); la superficie de propiedad privada, donde cada uno de ellos ha construido su vivienda, también fue dividida y forma parte de la herencia. La cantidad y calidad de la tierra que cada uno de ellos heredó esta en función de las relaciones jerár-quicas al interior de la familia que sigue un orden de acuerdo a las edades. Con excepción del primogénito, quien al ser sucesor preferente de los derechos agrarios de su padre pasa a ser “ejidatario”, los cinco herederos restantes son “comuneros”, es decir usufructúan fracciones comprendidas dentro de las llamadas de “tierras comunales”. Esta historia familiar nos permite observar que los procesos de ocupación, distri-bución y uso del territorio ejidal, se han dado estrechamente vinculados con la dinámica de la organización familiar y con la inserción de la tierra ejidal en los sistemas agroindustriales de plantación cañera y cafetalera. Asimismo vemos que estos procesos han estado inmersos en una dinámica donde las relaciones mer-cantiles juegan un papel preponderante; el uso de la tierra en los cultivos comer-ciales de la caña y el café, propició la generalización de las prácticas de compra-venta de la tierra “del sobrante”, generándose un tipo de mercado local de tierras ejidales que ha incidido de manera fundamental en los proceso de distribución del territorio ejidal.


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• ANÁLISIS •

Mercado local de tierras ejidales El sistema ejidal de tenencia de la tierra en los espacios rurales de la región Xalapa—Coatepec se ha desarrollado en el contexto de una agricultura comercial de plantación —caña y café—, donde las relaciones mercantiles han sido fun-damentales en el uso y la distribución de la tierra. La mercantilización parcial de la tierra ha sido el mecanismo fundamental en los procesos de distribución de las tierras ejidales entre los pobladores de Chiltoyac. Sin embargo, el mercado de tierras se ha construído en base a relaciones mercantiles acotadas por prácticas sociales y normas locales que han restringido la libre circulación de la tierra dentro de los límites del espacio local. Dado que el derecho a la posesión de la tierra ha estado fundamentalmente asociado con la pertenencia a la comunidad, son pocos los casos registrados de compra-venta de la tierra a personas que no viven dentro del pueblo. En las entrevistas realizadas a las autoridades locales se señala enfáticamente que los principales conflictos que enfrenta el ejido en la actualidad, están asociados con la venta de fracciones a “gente de fuera”, dado que el derecho a usufructuar tierra ejidal ha implicado adquirir ciertas obligaciones de carácter comunitario, como participar en las “faenas” del ejido18. Uno de los conflictos fundamentales que ha impedido a las autoridades agrarias regionales llevar a cabo el Procede en Chiltoyac ha sido precisamente el que varios po-bladores de la vecina localidad de El Tronconal usufructúan tierras ejidales de Chiltoyac. Los códigos locales y las normas morales en torno a los derechos de usufructo de la tierra ejidal han reprobado las transacciones mercantiles con los pobladores de localidades vecinas, sin embargo algunos ejidatarios y comuneros de Chiltoyac, han trasgredido esta normatividad local, vendiendo o rentando fracciones de tierra a los vecinos de El Tronconal y de El Castillo; incluso algunos pobladores señalan que las autoridades ejidales locales han vendido tierras “a los de Tronconal”.19

18 Entrevistas realizadas al Agente Municipal y al Comité Ejidal, Chiltoyac, julio, 1998—noviembre, 1999. 19 Entrevistas varias, Chiltoyac, julio de 1999 a enero, 2000.

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Las fracciones de tierra de la superficie comunal se han venido distribuyendo y redistribuyendo a través de prácticas sociales predominantemente mercantiles, a pesar de que la ley agraria de 1917 establecía que la tierra ejidal no podía ser vendida o rentada. La movilidad de la tierra ejidal parcelada —15% de la superficie ejidal total—, ha sido distinta que la de la tierra “sobrante”; a diferencia de esta última, las “parcelas” no se han incorporado al mercado de compra—venta de tierras, aunque si se ha practicado el arrendamiento. La renta temporal de la tierra ha constituído una práctica generalizada entre los pobladores de Chiltoyac; incluso en las décadas anteriores a los sesentas, muchos pobladores de localidades vecinas, arrendaban tierras a los ejidatarios de Chiltoyac. La renta de las frac-ciones de tierra se ha dado a través de acuerdos personales donde normalmente no intervienen las autoridades ejidales; y dado que el uso de la tierra en los cultivos de plantación —caña y café—es permanente, en muchos casos el arrendamiento se da bajo la forma de “venta de cosecha”, transacción mediante la cual el poseedor de la fracción de tierra sembrada con caña o con café vende la cosecha de uno o más años. Además de la renta, se da la práctica del llamado “préstamo” de fracciones, fundamentalmente de aquellas no propicias para el café o la caña destinadas a la milpa; este tipo de transacciones se dan en los casos en que el usufructuario reconocido por la autoridad ejidal que puede ser —“ejidatario” o “comunero”— accede a dar en préstamo una fracción de tierra a algún vecino que se lo solicite. En estos casos el beneficiario del préstamo “agradece”, compartiendo parte de su cosecha con quien le hizo el favor de prestar la frac- ción de tierra; el poseedor formal de la fracción asume como parte del beneficio el trabajo del desmonte del terreno. En algunas ocasiones, este tipo de transacciones —el arrendamiento o el “préstamo”— han dado lugar al surgimiento de conflictos personales entre las partes involucradas, al negarse el solicitante a devolver la fracción al poseedor formal20. En estos casos el hecho de ser “ejidatario” o “comunero” es definitoria, ya que difícilmente puede un “ejidatario” ser objeto de despojo por parte de un “libre”, sin embargo se han dado casos en los dos sentidos. En los documentos encontramos tanto el caso de una ejidataria que fue “despojada” de una fracción de tierra del sobrante por parte de un “comunero”, como el caso de un “ejidatario” —de la segunda generación que aún teniendo una

20 En los expedientes de Derechos Agrarios (RAN, Exp. Derechos Agrarios Fraccionamiento #1, Tomo A:1972 1979 y Tomo B:1979-

1995), aparecen únicamente 11 casos de conflictos personales con motivo de denuncias por despojo; se trata de los pocos casos en que las denuncias trascienden el espacio local, ya que muchos casos de conflicto se resuelven en las instancias ejidales locales de gestión con la intervención directa de las autoridades ejidales con las partes involucradas. Los integrantes del comisariado ejidal y del comité de vigilancia del ejido normalmente se reúnen todas las noches en el salón ejidal para resolver esta clase de conflictos cotidianos que se dan con mucha frecuencia.


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• ANÁLISIS •

fracción de tierra sin laborar durante más de 30 años, reclamó ser objeto de despojo, a pesar que la legislación agraria establecía como uno de los requisitos indispensables para tener derecho al usufructo de la tierra el trabajarla perso-nalmente, siendo que al final del conflicto fue él quien lo ganó. A través de estos casos podemos observar que las relaciones personales al interior de la organiza-ción ejidal son fundamentales para ganar o perder en un conflicto sobre la posesión de la tierra. Vemos en estos conflictos que los derechos sobre la tierra están asociados, tanto con las filiaciones y alianzas al interior de las políticas locales, como con la historia local de la lucha por la tierra.21

El mercado local de tierra ejidal tuvo una dinámica regulada por la organización ejidal a través una normatividad interna que permitió la venta o el arrendamiento temporal de la tierra, principalmente dentro de las fronteras del pueblo. Uno de los mecanismos fundamentales de apropiación individual del territorio comunal fue el de solicitar la autorización para la ocupación permanente de fracciones de terreno del “sobrante” al comisariado y a la asamblea ejidal, y uno de los requisitos para hacer una solicitud era el de ser ejidatario fundador o hijo de ejidatario. De esta manera, los interesados en hacer uso de pequeñas fracciones de tierra comunal, solicitaban permiso a los integrantes del comisariado en turno —los consejos de vigilancia del ejido fueron los directamente involucrados del reparto y distribución del “sobrante”—y éste les otorgaba el derecho permanente sobre la fracción. Uno de los recursos necesarios para obtener el derecho del uso de la tierra fueron las relaciones personales con las dirigencias ejidales: los comisariados y los miembros del comité de vigilancia les otorgaron permiso con mayor facilidad a sus parientes y compadres. Un argumento inapelable para recibir el derecho de usufructuar fracciones de tierra del “sobrante” era el de ser “ejidatario”. Para los avecindados fue requisito indispensable el observar “buena conducta” para con la comunidad, esto es, participar en las actividades comunitarias: cooperaciones diversas —para funerales, fiestas, enfermedades—y en las faenas del pueblo; las faenas aluden a la realización de un trabajo colectivo que se organiza para el bien de la comunidad en su conjunto.

21 El análisis del desenvolvimiento de los dos conflictos mencionados a partir de las prácticas discursivas de los actores involucrados

— en los informes y en las argumentaciones —, podemos observar los distintos aspectos que se evaluaban para determinar sobre los derechos de posesión de la tierra ejidal. RAN, Exp. Derechos Agrarios Fraccionamiento #1, Tomo A:1972-1979 y Tomo B:1979-1995.

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Los pobladores nativos sin derechos agrarios —los “no ejidatarios”—y los avecindados han venido adquiriendo fracciones a través de diversas formas, principalmente a través de la compraventa de tierras comunales. El caso del Sr. Rubén Sánchez ( 65 años) nos permite observar la forma cómo un poblador nativo de Chiltoyac, que no había recibido ninguna herencia, adquirió un conjunto de fracciones de tierra —10 hectáreas en total—; este señor logró, a través de los años, generar un fondo de ahorro que le permitió incrementar sus actividades productivas, principalmente en el cultivo del café:

“Yo de la comunidad no recibí nada , todo fue a base de trácalas —trueque, cambio y compraventa—. El pedazo que tengo allá en el cerro lo cambié por un burro... luego los otros pedacitos que tengo acá abajo los compré, uno me costó 40 pesos y el otro 90 pesos...esos los conseguí a puro esfuerzo de ahorro de trabajo: limpie el terreno, hice los hoyos, planté la planta y la levanté, de ahí me comenzó a dar café. Las dos fincas se hicieron juntas y de ahí me comencé a enderezar. Después adquirí otras dos hectáreas, esas me las donó un señor, un viejito al que le trabajé en sus finquitas mucho tiempo,...y yo digo que me las donó porque lo que le pagué fue muy poco por dos hectáreas. Después cambié una finca de 1,500 matas de café por 3 hectáreas de monte. Así fue, a los 35 años comencé ha hacer la primera finquita, y me fui por partes, a conforme me iban dando mis ahorros y ahí fue cuando entraron ya mis hijos, ellos trabajaban para la comida y yo me dediqué a lo mío, mi primera plantación fue de 300 matas de café y la segunda de 500....”. 22

Las relaciones de parentesco, de amistad y de compadrazgo han jugado un papel muy importante en la dinámica cualitativa del mercado de tierras ejidales en Chiltoyac. Las relaciones mercantiles en torno a la tierra han estado mediadas y traducidas por valores no mercantiles, asociados con las relaciones y las políticas comunitarias y familiares; así como con valores y creencias no mercantiles con respecto a la tierra. Más que una mercancía o un bien de capital, para los pobladores de Chiltoyac, la tierra ha representado un medio de sobrevivencia y un vínculo de pertenencia a la familia y a la comunidad.

22 Entrevista con el Sr. Regino Sosa, Chiltoyac, junio de 1999.


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• ANÁLISIS • En los relatos de vida de distintos pobladores —hombres y mujeres—, encon-tramos que las transacciones de compra—venta de tierra no solamente han estado determinadas por las posibilidades monetarias de adquirir esas fracciones; las relaciones de parentesco se imponen en los relatos, como un aspecto central de las transacciones. En estos casos, la tierra no se evalúa simplemente en términos de valores mercantiles; vemos cómo las relaciones y los intereses familiares jugaron un papel fundamental en la compra—venta de tierra ejidal. A través de estas historias descubrimos los aspectos específicos del contenido de las relaciones familiares y observamos cómo, las relaciones de jerarquía en su interior, se fundamentan en una noción de ayuda mutua, en donde los valores mercantiles y no mercantiles coexisten dentro de una misma relación social (Long, 1994). A diferencia de lo que ha sucedido con algunos ejidos en otras regiones del país, en donde las relaciones mercantiles en torno a la tierras han dado lugar a procesos muy agudos de concentración de la misma, bajo la figura del “neolatifundismo” —concentración de la tierra ejidal por la vía del arrendamiento—(Concheiro, 1995; Gledhill, 1993), en Chiltoyac encontramos hasta hace muy pocos años: (a) la presencia de un proceso de mercantilización de las tierras ejidales limitado al espacio local y regulado por la organización ejidal, a pesar de que el ejido se encuentra muy próximo a la vecina ciudad de Xalapa; (b) un proceso lento de concentración de las tierras ejidales en manos de pobladores locales, que lograron acaparar una cantidad relativamente mayor de fracciones, precisamente a través de la compra—venta de las tierras del “sobrante”; la diferenciación social en Chiltoyac está asociada a la cantidad de tierra en usufructo, siendo que en la información oral recopilada se enfatiza la presencia de unas cuantas familias de “acaparadores”; y (c) un proceso agudo de fragmentación del territorio ejidal: el total de la superficie que cada ejidatario posee esta dividida en fracciones pequeñas —muchas de éstas fracciones no mayores a una hectárea—, dispersas en los distintos lugares del territorio ejidal.

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Herencia de la tierra La herencia de la tierra ha jugado un papel central en la configuración de las familias y de los grupos domésticos en Chiltoyac; las relaciones de género y los procesos de jerarquización al interior de las familias están estrechamente asocia-dos a los derechos de posesión sobre la tierra. La mayoría de los conflictos al interior de las familias generalmente tienen un trasfondo que se asocia con asuntos de tierras y muchas disputas entre hermanos (as) y entre padres e hijos(as) se dan alrededor de la herencia; la tierra es un bien altamente valorado, como medio de subsistencia y como símbolo de pertenencia.

“...Aquí en Chiltoyac a los que son hombres les dejan donde sembrar y a las mujeres no nos dejan. A mi me tocó de herencia una fracción pequeña de pro-piedad (dentro de la zona urbana) para mi casa, pero no me tocó para sembrar. Entonces por eso le pedí un pedacito de tierra al comisariado... ahí vamos peleando con mi hijo, vamos peleando un patrimonio que es para los hijos, porque el día de mañana este chamaco va a querer trabajar en el campo y de dónde, de qué raíces se va a agarrar para ir a trabajar...no hay donde diga el chamaco: ‘voy a ver mi milpa’...”. 23

Las prácticas sociales en torno a la herencia de la tierra se llevan a cabo de acuerdo con los roles de género y las jerarquías marcadas por las edades de los hijos. De tal manera que las distintas formas de posesión de la tierra se heredan de manera diferente; las fracciones de propiedad privada destinadas a la vivienda —las comprendidas dentro del zona urbana o fundo legal—, se dividen entre todos los hijos(as). Hasta ahora la extensión de estas propiedades ha permitido que se puedan repartir fracciones para vivienda entre varios hijos(as); incluso hay propiedades grandes que albergan fincas de café; al interior de los solares se encuentran espacios para los animales de trabajo y para la cría de animales domésticos, y se hacen planteles de café, entre otras actividades. La regla es que los hijos varones formen sus propias familias en la casa de los padres, hasta tener los recursos para construír su vivienda en el mismo solar y “apartarse”. En el momento en que se apartan de la vivienda de sus padres, reciben alguna fracción de tierra ejidal para trabajar por cuenta propia. Las mujeres, en cambio, suelen separarse de los padres para integrarse al grupo familiar del esposo; ellas

23 Entrevista con la Sra. Silvia Gutiérrez (45 años, madre soltera), Chiltoyac, julio, 1999.


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• ANÁLISIS •

también reciben una pequeña fracción en el fundo legal y /o en el ejido cuando sus padres tienen suficiente tierra para repartir o bien cuando no hay hijos varones en la familia. La tierra del “sobrante” se reparte entre todos los hijos, sobre todo entre los que residen en el poblado; a los que residen en otros lugares también se les toma en cuenta para la herencia, ya sea ayudándolos a adquirir una vivienda propia o sosteniendo sus estudios —se dan casos de venta de una fracción de tierra por parte de los padres para estos fines24—. En general, todos los hijos reciben una o varias fracciones de tierra como herencia, paulatinamente, siguiendo el curso del ciclo de desarrollo de las unidades domésticas; a la muerte de los padres es deseable que todos tengan seguridad de sus posesiones. Los casos más comunes de conflictos fuertes por la herencia al interior de las familias, se dan cuando los padres mueren sin haber definido con claridad la división de la tierra que dejan como patrimonio a sus hijos y descendientes. Un elemento que incide sobre las decisiones en el reparto de la herencia de la tierra es su uso. Las fracciones sembradas con caña están consideradas como las más valiosas, ya que hasta ahora han representado una garantía de subsistencia bastante segura; el cultivo de la caña se asienta en las mejores tierras y por sus características —rudeza del trabajo agrícola—, ha sido considerado como una actividad masculina. De esta manera, encontramos que normalmente son los hijos varones preferentes a los que se les transfieren los derechos de uso de las frac-ciones sembradas con caña de azúcar. En la finca de café, en cambio, encontramos una participación muy activa de las mujeres, sobre todo en la cosecha, por lo que la herencia de una fracción de tierra para las mujeres normalmente contempla una o más fracciones de finca. Cuando hay varios hijos varones en la familia, las fracciones con caña son las más valoradas en la distribución de la herencia. En el contexto del sistema ejidal de tenencia de la tierra, la herencia de los derechos agrarios y de las fracciones parceladas ha tenido un significado que trasciende el valor económico, ya que el heredero o la heredera de éstos se con-vierte en la cabeza de la familia y en miembro importante al interior de la comuni-dad, al incorporarse a la organización ejidal con derechos legalmente reconocidos. A diferencia de las fracciones de tierra comunal, las fracciones parceladas están amparadas por un derecho ejidal, el cual es altamente valorado; el certificado de derechos ejidales es un documento al que se le confiere un alto valor simbólico.

24 La educación es considerada como un bien altamente valorado: el que los hijos estudien ha sido una prioridad para las familias;

aunque también se valora la necesidad de que los hijos se dediquen al trabajo agrícola.

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Muchos hombres mayores —y algunas viudas— retienen la posesión de la tierra y sobre todo de los derechos ejidales como una estrategia para garantizar su posición dominante al interior de la familia y de la comunidad, y la seguridad de ser protegidos por sus hijos durante la vejez. La obligación de cuidar a los padres recae fundamentalmente sobre quien hereda los derechos agrarios; esta preferencia muchas veces se gana en función de la cercanía con los padres. El “apartarse” puede ser considerado como un causal de pérdida de la herencia de los derechos agrarios —aún siendo el primogénito, que es al que por norma se le transfieren los derechos—.25

Las historias locales sobre hombres y mujeres mayores abandonados por los hijos que son heredados en vida, en muchos casos previene a los ejidatarios viejos para transferir los derechos antes de morir.

“...la mayoría de los padres no le transfieren el derecho a los hijos porque les tienen desconfianza, piensan que cuando uno les da ya luego lo des-conocen a uno...es miedo. Y a un viejito aquí así le pasó, su hijo vendió y él se quedó sin nada, casi sin casa. ¡Al ver que mi hijo no trabajó y ya vendió la parcela, sentiría yo horrible! Por eso muchos piensan que los hijos van a vender, es desconfianza. Y al-gunos tienen razón, ven que sus hijos no son de trabajo. Yo aquí porque veo que ellos, desde que están chicos trabajan, no son gente de vicio. Y es bonito ver que los hijos están trabajando, que no están vendiendo. “Por eso yo ya mejor repartí, porque en cualquier momento se puede uno morir y éstos se van a estar peleando por un pedacito, en cambio ya hablando con ellos ya quedan conformes con lo que les tocó...faltando la cabeza de familia, todos iban a pelear. A Ebodio le dejé los derechos y las parcelas porque él es el mayor, si se los dejo a otro entonces él sí hubiera tenido motivos para inconformarse. Quizás si lo dejo para después haya pleitos. A otras familias les ha sucedido, se pelean por la parcela”. 26

25 Las reglamentaciones legales en materia de herencia agraria se establece que el ejidatario transfiere sus derechos agrarios a uno solo

de los miembros de la familia; debe hacer una lista de sucesión con nombres y orden de preferencia y tiene la libertad de elegir a quien considera como sucesor preferente. En los documentos sobre sucesión de derechos en el ejido de Chiltoyac, encontramos que la mayoría de los ejidatarios han elegido como sucesores preferentes a los primogénitos. RAN, Exp. Derechos Agrarios #1, 1927-1969; Exp. Derechos Agrarios Fraccionamiento #1, Tomo A: 1972-1979; Exp. Derechos Agrarios Fraccionamiento #1, Tomo B: 1979-1995.

26 Entrevista al Sr. Agustín Acosta (72 años) y a la Sra. Amalia Huerta (70 años), Chiltoyac, 7 de septiembre de 1999.


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• ANÁLISIS •

En Chiltoyac, los derechos ejidales y las fracciones parceladas se han venido transfiriendo primordialmente a través de la herencia, de generación en generación por la vía del parentesco. La compra—venta de derechos se ha dado en muy pocos casos, cuando los ejidatarios han emigrado sin dejar familiares cercanos27. La noción de la tierra como patrimonio familiar que debe servir para la seguridad y la continuidad de la familia, es un factor central en la elección de quién hereda los derechos agrarios; el elegido(a) pasa a ser ejidatario(a) con derechos legales reco-nocidos y, aun cuando el derecho es individual, el(la) ejidatario(a) queda como el representante y aval del grupo familiar en su conjunto al interior del sistema ejidal.

28A través de las Investigaciones de Usufructo Parcelario realizadas en el ejido por

parte de las autoridades agrarias estatales, podemos observar la dinámica de la transferencia de los derechos en el ejido. En 1969 se regularizaron los derechos individuales de 105 ejidatarios, de los cuales la mayoría habían fallecido. En el acta levantada con motivo de la asamblea ejidal de privación de derechos y nuevas adjudicaciones, encontramos que el 39 % de las nuevas adjudicaciones de derechos agrarios fueron para los hijos varones, 1 % para hijas, el 12 % para las viudas, el 13 % para nietos y sobrinos y el 18 % para personas sin vínculo de parentesco con el ejidatario original. Es claro que la preferencia la tienen los hijos varones, a pesar de que las reglamentaciones legales en materia de herencia agraria señalan a la mujer del ejidatario como primera en el orden de posibilidad de herencia entre los miembros de la familia. De los 105 casos de nuevas adjudicaciones, solamente 29 corresponden a mujeres, entre las que se encuentran los casos de 3 nueras —viudas del hijo sucesor del ejidatario—29. En Chiltoyac, las mujeres han sido relativamente excluídas en relación con los derechos agrarios, lo cual se observa en la generalidad de las comunidades ejidales del país

27 A diferencia de otras experiencias ejidales en diversas regiones del país, donde las prácticas de compra -venta de derechos ejidales

son comunes (Gledhill, 1993; Nujten, 1998). 28 Las Investigaciones sobre el Usufructo Parcelario (IUP), promovidas por las autoridades agrarias gubernamentales, se introdujeron

como parte de las acciones para la regularizar la distribución y la transferencia de los derechos agrarios individuales. El objetivo de estas investigaciones fue el de controlar el uso de la tierra en los ejidos y supervisar si los ejidatarios seguían la normatividad legal. En caso de encontrar situaciones en donde no se siguiera la legalidad, el ejidatario perdía sus derechos y la tierra se asignaba a otra persona, de acuerdo con la decisión de la asamblea ejidal. El procedimiento que se seguía en estas investigaciones incluía la realización de una asamblea ejidal en donde se señalaba la situación de cada uno de los ejidatarios legalmente reconocidos. En las asambleas se hacían las listas de los ejidatarios muertos o de aquellos que habían abandonado sus parcelas —a quienes se les hacía una acta de “privación de derechos”— y se especificaba la lista de sucesores de los ejidatarios, para determinar la nueva persona a la que correspondían los derechos y las parcelas. En la práctica las IUP se llevaron a cabo siguiendo normal locales muchas veces no acordes con la legislación agraria: una venta podía ser manejada en los listas como “abandono de cultivo” o bien un “sucesor preferente” podía ser objeto de abolición de sus derechos agrarios por razones de políticas locales. A través de estos censos, los ejidatarios legitimaron sus normas locales —muchas veces ilegales—. (Baitenmann, 1997; Nuijten, 1998).

29 RAN, Exp. Derechos Agrarios, Fraccionamiento 1, 1972-1979, folios # 652-674. Acta de Privación de Derechos y Nuevas Adjudicaciones, 5 de diciembre de 1969, Chiltoyac, municipio de Xalapa.

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(Baitenmann, 1997; Marroni, 1995; Nuijten, 1998; Stephen, 1998b). A pesar de que en 1971 se promovieron cambios en la legislación agraria que reconocían la igualdad de derechos para las mujeres30, en el ejido de Chiltoyac la situación de exclusión de las mujeres no se transformó; durante los años posteriores y hasta la actualidad, de los 134 ejidatarios, únicamente el 25 % en promedio han sido mujeres.31

Siguiendo el hilo de las distintas historias familiares encontramos que la elección del sucesor de los derechos agrarios se da tomando en cuenta muchos elementos, entre los cuales las obligaciones morales y los aspectos afectivos son muy impor-tantes. En algunos casos los primogénitos se “apartan” de la casa paterna por razones afectivas, perdiendo con ello el derecho de heredar el estatus de ejidata-rio. En otros casos, el padre no hereda los derechos al primogénito por sentir una obligación especial para ayudar a alguno de sus hijos.

El derecho ejidal es individual, sin embargo es considerado como patrimonio familiar, legado de los “antiguos” y símbolo de pertenencia a la comunidad. Junto con el derecho ejidal también se incorpora la responsabilidad social ante la comunidad: “...los 134 ejidatarios dan el frente por todo el ejido, un ejidatario tiene fuerza....por eso decimos que es delicado vender una parcela...”.32

La venta de las “parcelas” es un acto que se ha condena socialmente, considerán-dose moralmente negativo; el vender la “parcela” implica dañar los intereses y el honor de la familia. De acuerdo con la información oral proporcionada y con los informes oficiales, encontramos que la herencia juega un papel central en la transferencia de la tierra y de los derechos ejidales. Esta transferencia se ha ido dando de generación en generación a uno solo de los miembros del grupo familiar, quien pasa a formar parte de la organización ejidal. La posesión del derecho ejidal certificado— ha sido un factor fundamental de distinción social al interior de la comunidad.

30 Las reformas en la legislación agraria realizadas en 1971 destacan en virtud de que se establece la igualdad de derechos de las

mujeres: al igual que los hombres en las leyes anteriores, en las reformas de 1971 se establece que las mujeres tienen derecho de ser beneficiarias de tierra aún no siendo viudas ni teniendo hijos —la única condición era la de tener la edad adulta y estar dedicadas a las labores agrícolas —. (Baitenmann, 1997; Stephen, 1999).

31 RAN, Exp. Derechos Agrarios, Fraccionamiento 1, 1972-1979, folios # 805-817. Investigación de Usufructo Parcelario. Acta de Asamblea General Extraordinaria, 21 de octubre de 1978, Chiltoyac. RAN, Exp. Derechos Agrarios, Fraccionamiento 1, Tomo B, 1979—1995. Investigación General de Usufructo Parcelario. Acta de Asamblea General Extraordinaria, 26 de mayo de 1983. Archivo del Procede, Expediente de Chiltoyac, Investigación de Usufructo Parcelario, 10 de junio de 1991.

32 Entrevista con la Sra. Amalia Huerta (70 años), Chiltoyac, septiembre de 1999.


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• ANÁLISIS •

Ejidatarios y comuneros De acuerdo a la forma cómo se ha organizado hasta ahora la distribución del territorio ejidal, existen dos tipos de usufructo: el de los ciento treinta y cinco “ejidatarios”, quienes poseen las llamadas “parcelas” que son las fracciones de terreno amparadas por el certificado de derechos ejidales, y el de los “comuneros”, quienes usufructúan fracciones de tierra ejidal sin ser reconocidos legalmente como ejidatarios. Este acceso diferenciado ha implicado un proceso de inclusión y de exclusión de los pobladores de Chiltoyac, en el cual los ejidatarios conforman una élite local que ha tenido el control sobre el acceso a la tierra y a otro tipo de recursos —crédito o programas gubernamentales. Las autoridades ejidales han tenido la función de avalar a los “comuneros” para la contratación de créditos con el ingenio o con Banrural y para los apoyos gubernamentales diversos con el municipio para el desarrollo de diversos proyectos productivos en el ejido. Dada la importancia y la centralidad de la organización ejidal en Chiltoyac, aquellos pobladores que no tiene derechos ejidales legalmente reconocidos —los comuneros—han estado marginados de los ámbitos de decisión y han sido considerados como ciudadanos de segunda.

“La diferencia entre el ejidatario y el comunero es muy grande. El ejidatario está censado, esta bien registrado en un plano en donde se marcan todos sus derechos y sus parcelas y tiene el apoyo del gobierno para tener todos esos derechos. El comunero nada más tiene en donación un pedazo de tierra para que la trabaje, pero sin registro, no tiene documento registrado por el gobierno donde se diga que es auténtico dueño de todo, del terreno y del trabajo. Yo le veo mucha diferencia a ser ejidatario y a ser simplemente comunero, pero eso sí, para pagar y dar faenas es lo mismo, por eso muchos no estamos de acuerdo, pero qué le hacemos, tenemos que aceptar así las cosas mientras no llegue el Procede, porque aquí ya está anunciado que va a llegar y entonces sí, ya nos van a abarcar parejo, porque nos van a registrar los pedazos de tierra a todos, tanto a ejidatarios como a comuneros, y nos van a extender un documento, un certificado, entonces sí ya va a cambiar mucho esto.” 33

33 Sr. Rubén Sánchez, Chiltoyac, septiembre de 1999.

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El número de comuneros se ha ido incrementando a través de los años, siguiendo el curso del crecimiento demográfico y los ciclos de desarrollo de los grupos domésticos. Veíamos que durante las décadas siguientes a los años cincuentas, la superficie del ejido fue siendo crecientemente incorporada a los cultivos de la caña y del café. Muchos pobladores jóvenes de la localidad comenzaron a usufructuar fracciones del “sobrante” del ejido de manera permanente, sin ser reconocidos legalmente como ejidatarios. Al momento de recibir el derecho de usufructo de una fracción de tierra, el “comunero” adquirió la obligación de pagar la contri-bución anual y de participar en las faenas propias del ejido. No obstante adquirir las mismas obligaciones que los “ejidatarios” tienen como miembros del ejido, los comuneros no han tenido el derecho irrestricto de participar en las instancias de decisión. En tanto entidad colectiva con patrimonio propio y personalidad jurídica, el ejido se organiza formalmente alrededor de dos instancias: el comité ejidal —integrado por el comisariado ejidal y el comité de vigilancia— y la asamblea general de ejidatarios. El comité ejidal está integrado por 12 miembros —tres miembros propietarios y tres suplentes en cada una de las instancias— que se eligen en la asamblea cada tres años. Los miembros del comisariado ejidal y del comité de vigilancia han tenido el control sobre el usufructo de la tierra ejidal, al otorgar el permiso a los pobladores para hacer uso de ésta. Asimismo han fungido como representantes del ejido en su conjunto ante las agencias gubernamentales y han sido árbitros en los conflictos locales en torno a la posesión de la tierra. También han jugado un papel importante en la gestión de recursos para las actividades productivas y han sido mediadores para la implementación de las políticas agrícolas. Siguiendo las normas legales establecidas en las leyes agrarias, los miembros del comité ejidal se han venido eligiendo cada tres años; los ciento treinta y cinco miembros de la organización ejidal convocados en asamblea general proponen planillas de doce miembros, de entre las cuales eligen, a través del voto, a los miembros del comisariado ejidal y del comité de vigilancia; la planilla ganadora ocupa los seis cargos del comisariado y la planilla que queda en segundo lugar ocupa los del comité de vigilancia. En la revisión de los expedientes agrarios encontramos que durante los últimos treinta y cinco años (1965 a la fecha), aproximadamente 35 ejidatarios han ocupado los cargos de presidente, secretario o tesorero de ambos comités, habiendo 15 de ellos ocupado más de una vez un cargo. La edad promedio de quienes han ocupado dichos cargos ha sido de 45 años


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• ANÁLISIS •

34(30-60 años) , sin embargo son considerados como: “...los señores grandes que llevan el manejo del pueblo”35; “... los más ancianos, los que toman todas las decisiones en la asamblea, de los más nuevos nadie es ejidatario...”36

La asamblea general de ejidatarios, formada por los 134 ejidatarios o “derechoso” —como les llaman a los ejidatarios localmente— ha sido considerada como la instancia más importante en la toma de decisiones en relación con la gestión del territorio ejidal. La asamblea ha sido el foro donde se discuten todos los asuntos del ejido: faenas, proyectos productivos, créditos, y sobre todo aquellos relacio-nados con transacciones de tierra y transferencia de derechos ejidales.

“Aquí se acostumbra que la asamblea es la ley. La última palabra la da la asamblea y sí se respeta...”37

Esta instancia de la organización ejidal, ha sido considerada como la depositaria de los derechos colectivos de la comunidad sobre el territorio ejidal. En la asam-blea se formuló y se aprobó el reglamento interno del ejido, se han venido eli-giendo a los miembros del comisariado ejidal y del comité de vigilancia, se ha autorizado el uso de la tierra ejidal y se ha regulado la formación de grupos de crédito; asimismo en la asamblea se resuelven los conflictos más graves entre ejidatarios o comuneros —aquellos conflictos menores se resuelven a través del comité ejidal, que sirve como mediador entre las partes—. En la asamblea se discuten y se resuelve los asuntos relacionados con la transferencia de los dere-chos ejidales, siguiendo una normatividad local —muchas veces ilegal— que responde a concepciones y prácticas locales; destacan los casos en que los dere-chos agrarios han quedado vacantes, por cambio de residencia o fallecimiento de un ejidatario, sin existir en la localidad parientes cercanos —hermanos (as)— o descendientes que reclamen el derecho. Aunque no se han dado gran cantidad de éstos en la historia ejidal de Chiltoyac, la forma en que se ha procedido para otorgar un derecho vacante a los pobladores no ejidatarios ha sido diversa: hay algunos casos —no muy claros— en los que estos derechos se han comprado, otros se han adjudicado por razones de filiación o alianza a los grupos de poder local y otros han sido otorgados por sorteo en las asambleas.

34 RAN, Exp. Derechos Agrarios #1, Censo para la Expedición de Derechos Agrarios, Ejido Chiltoyac, Xalapa, Ver., 1969; RAN, Exp.

Derechos Agrarios, Fraccionamiento 1, 1972—1979, Chiltoyac, Ver.; RAN, Exp. 77 bis 2/sur, Chiltoyac, Ver.; Entrevistas a los miembros del comité ejidal, Chiltoyac, julio, 1998.

35 Sr. Rubén Sánchez (65 años), Chiltoyac, octubre, 1999. 36 Entrevista con la sra. Josefina Rebolledo (25 años. Alfarera), Chiltoyac, septiembre, 1999. 37 Sr Gilberto Hernández (74 años), Chiltoyac, septiembre de 1999.

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En los documentos oficiales no se encuentra ningún tipo de información acerca de estos procedimientos, ya que las asambleas de “Privación de Derechos y Nuevas Adjudicaciones” se realizaban ante la presencia de los agentes gubernamentales —los llamados comisionados de la SRA—, siguiendo los cánones establecidos por la legislación; en las actas no se señalan procedimientos ilegales o arreglos parti-culares previamente convenidos con la anuencia del comité ejidal. En los testi-monios orales hay muy pocas menciones sobre estos procedimientos: se señala que los derechos vacantes —que ha habido muy pocos— se adjudicaron en un sorteo —en los años sesenta—en donde los beneficiados “tuvieron suerte”; en estos sorteos podían participar “personas de buena conducta...que no fueran a adquirir la tierra como un negocio”.38 Por estas vías algunos pobladores de la localidad que no recibieron un derecho ejidal por herencia, adquirieron el reco-nocimiento de ejidatarios, pasando a formar parte de la organización ejidal y a ser miembro activo de la asamblea general de ejidatarios. A los comuneros se les ha permitido participar de manera condicionada en las asambleas ejidales, a veces sólo con voz, otras con voz y voto —sobre todo en las asambleas donde se tratan asuntos correspondientes a las actividades agrícolas—; para las elecciones de autoridades o para tomar decisiones trascendentes no se les está permitida la entrada al salón ejidal, donde se realizan las asambleas: “...cuan-do viene algún problema que aprieta bonito y que ya es oficial o de cosas gran-des, entonces ya se juntan todos los derechosos de deveras, los que tienen pleno derecho...”39

Los “comuneros”, la mayoría descendientes de los ejidatarios originales, han aceptado la hegemonía de los ciento treinta y cinco “derechosos”, en virtud de que reconocen en ellos el valor de haber participado directamente en la lucha por la tierra; son los “legítimos”, aquellos que lucharon por el ejido, y sus hijos o des-cendientes son los herederos y depositarios del hito histórico de la lucha de “los antiguos” por la tierra. Los sucesores preferentes, ejidatarios de la segunda y ter-cera generación, heredan el derecho ejidal, lo cual los coloca en una situación de poder y de prestigio al interior de la comunidad. Los ejidatarios han detentado el control de la organización ejidal sustentándose en el control que ejercen sobre el usufructo de la tierra ejidal y amparados en la memoria colectiva y en el valor

38 Entrevistas con los Sres.: José López (79 años) —comunero—, Rolando Castro (78 años) —ejidatario— y Agustín Acosta (72

años) —ejidatario—, Chiltoyac, enero—marzo, 2000. 39 Sr. Rolando Castro (78 años), Chiltoyac, marzo del 2000.


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• ANÁLISIS •

simbólico de la lucha por la tierra, negándose en varias ocasiones a reconocer oficialmente los derechos de los comuneros. En 1965 se informó sobre la existencia “de 81 campesinos que sin ser reconoci-dos, ni tener título están trabajando dentro del ejido en las tierras que se dejaron como comunales”, sin embargo, “los miembros del comisariado ejidal se niegan a que se cense a estos campesinos que sin tener derechos reconocidos tiene plantaciones de café”40. Veinte años después, un grupo de siete comuneros solicitaron la realización de una Investigación de Usufructo Parcelario (IUP) a las autoridades agrarias estatales, “para que se haga reconocimiento de sus derechos agrarios, ya que tienen más de 20 años de venir trabajando la tierra sin perjuicio”41. Nuevamente, en esta ocasión las autoridades locales se negaron a reconocer los derechos de los solicitantes y acusaron a la comisionada de las autoridades gubernamentales de mostrar una:

“actuación impositiva y ofensiva para realizar la IUP, sin que nosotros, la totalidad de los ejidatarios hayamos solicitado reconocimiento de derechos agrarios a campesinos que por diversas razones han causado problemas demográficos y a quienes se ha aceptado y ayudado, siendo avalados y protegidos en el ejido para que vivan y convivan en armonía con nuestras familias, ya que muchos de ellos son parientes cercanos de algunos com-pañeros ejidatarios; porque nos hemos condolido al verlos necesitados y hemos aceptado respetarles las pequeñas posesiones que han obtenido de manera irregular e ilegal y nos hemos hecho disimulados por el bien de la sociedad y de la paz pública...pero siempre se les ha advertido que se dediquen a trabajar, porque la resolución dotatoria solamente reconoció a 136 derechos —incluída la parcela escolar —, que se encuentran todos vigentes, y que de lo contrario haríamos valer de inmediato nuestros dere-chos agrarios individuales y los del núcleo agrario para declarar inexis-tente los acuerdos y tratos que han realizado a espaldas del ejido y que provocan problemas...Así entonces es de concluir que ningún empleado podrá imponernos procedimientos como el que la referida comisionada pretendía, para hacernos caer en anuencias de asamblea y en autorizaciones que sólo perjudican al núcleo agrario...”42.

40 RAN, Exp. Derechos Agrarios #1, 1927-1969, folios # 450 y 491. Aclaración anexa a los Informes de la Investigación de Usu-fructo

Parcelario, 7 enero de 1965 y 14 de junio de 1966. 41 RAN, Exp. Derechos Agrarios, Fraccionamiento 1, Tomo B, 1979-1995. Oficio donde el Srio. General de la Liga de Comunidades

Agrarias y el Srio. de la Alianza Estatal de Productores de Caña solicitan la intervención del Delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria, Xalapa, Ver., 6 de junio de 1988.

42 RAN, Exp. Derechos Agrarios, Fraccionamiento 1, Tomo B, 1979—1995, folio #1053. Acta levantada por la Inconformidad de la asamblea General en el ejido de Chiltoyac, 21 de agosto de 1988.

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En el informe que sobre el evento envía la comisionada agraria al delegado estatal de la SRA, la suscrita afirma que “los ejidatarios se alteraron pues no están dispuestos a admitir más ejidatarios de los que ya existen...y dijeron que nadie iba a mandar al ejido contando con el apoyo de la Asamblea, motivo por el cual agradecí a los asistentes sus atenciones y abandoné el recinto, pues bajo las condiciones expuestas no era posible realizar ningún trabajo”.43 A pesar de estos incidentes, en septiembre del mismo año se realizó una inspección ocular de la superficie que poseían los solicitantes, en la “aceptaron colaborar dos ejidatarios legalmente reconocidos”, ya que las autoridades del ejido se negaron a par-ticipar44. En junio de 1989, la Comisión Agraria Mixta resolvió reconocer los derechos ejidales de los siete solicitantes45 , sin embargo las autoridades ejidales de la localidad interpusieron un recurso de inconformidad en contra de la resolución oficial, a través de la cual lograron impedir que los siete solicitantes lograran el reconocimiento de derechos agrarios en el ejido46 . Este evento y sus prácticas discursivas nos permiten descubrir la presencia de una autoridad ejidal local con gran autonomía en el control de los asuntos en torno al manejo de la tierra y de los derechos ejidales, en donde las prácticas y las normas locales se sobreponen a la normatividad legal. A pesar del fuerte intervencionismo estatal que en gran medido ha controlado el funcionamiento interno de los ejidos —dada la complejidad de los procedimientos legales de gestión oficial—, es posible ver al ejido como un campo semiautónomo (Bouquet, 1997), en donde las prácticas sociales y las normas a través de las cuales se gestiona el ejido, muchas veces obedecen más a las configuraciones socioculturales y políticas locales, que a la presencia de un “estado fuerte”, que ejerce un control vertical y corporativo sobre los ejidatarios (Gordillo, 1988).

43 RAN, Exp. Derechos Agrarios, Fraccionamiento 1, Tomo B, 1979—1995, folio # 1050. Oficio dirigido al Delegado de la SRA en el

estado por parte de la comisionada, Xalapa, Ver., 22 de agosto de 1988. 44 RAN, Exp. Derechos Agrarios, Fraccionamiento 1, Tomo B, 1979—1995, folios #1063—1065. Acta de Inspección Ocular, 24 de

septiembre de 1988. 45 Ibidem, folios # 1058, 1063—1065 y 1120—1133. 46 RAN, Exp. Derechos Agrarios, Fraccionamiento 1, Tomo B, 1979—1995, folios #1142,1149 y 1151. El recurso de inconformidad se

interpuso ante el H. Cuerpo Consultivo Agrario con fecha 12 de enero de 1990. El delegado de la SRA ordena que se suspenda la entrega de certificados de derechos ejidales a los siete solicitantes.


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• ANÁLISIS •

En relación con el evento, me parece pertinente preguntarse el por qué el resto de los “comuneros”, que para esa fecha eran alrededor de doscientos, no se sumaron a dicha solicitud, siendo que han permanecido excluídos de los ámbitos locales de decisión; en el mismo sentido es importante señalar que a pesar del énfasis que se ha puesto durante la investigación de campo en descubrir los procesos asociados con la existencia de los dos tipos de usufructuarios de la tierra ejidal, no hay un registro claro de este evento en los testimonios orales; solo en una entrevista se encuentra una mención al evento, sin que parezca haber sido relevante:

“...los ejidatarios tienen mayor responsabilidad con el ejido, hacen acuerdos y toman las decisiones para todo. El comunero también está reconocido, porque para cualquier faena y para el pago de contribución al ejido también participa el comunero, nada más que no tiene ni voz ni voto en la asamblea. En algunas ocasiones si participan los comuneros en las asambleas, cuando se trata de cosas de trabajo en común, pero en los asuntos que ellos tratan del ejido pues no participan. Una vez unos comuneros estuvieron en el lío ese de que se hicieran todos ejidatarios...”.47

A pesar de la relativa pasividad de los comuneros, quienes al parecer han interiorizado su situación de inferioridad en relación con los “derechosos”, su participación informal en las políticas locales ha sido fundamental. El apoyo de los comuneros en las elecciones de autoridades, en muchas ocasiones ha sido determinante en el triunfo de algún grupo contendiente48; en otras ocasiones la participación de los comuneros con voz y voto en las asambleas ha sido impuesta a las autoridades gubernamentales con la anuencia del comisariado ejidal en turno, como estrategia para favorecer la resolución de algún conflicto en particular en función de alianzas y filiaciones políticas locales. Vemos de esta manera a los comuneros participando de las políticas locales e influyendo en las relaciones de poder y en decisiones importantes asociadas con el usufructo de la tierra; algunos de ellos —dos o tres—, poseen superficies más grandes del territorio ejidal que la gran mayoría de los ejidatarios, lo cual los

47 Entrevista con el Sr. Anastacio Huerta (61 años), Chiltoyac, septiembre de 1999. 48 “...aunque no podamos votar en las asambleas donde se eligen a los comisariados, nosotros, los que somos comuneros, que no somos

ejidatarios, les echamos porras a nuestros aliados...”. Sr. Silviano Ortiz (72 años), Chiltoyac, septiembre de 1999.

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coloca en una posición de poder al interior de la comunidad: “los ejidatarios se sienten más porque tienen título, pero la mayoría tiene muy poca tierra...”49. El conjunto de los ciento treinta y cinco ejidatarios posee una superficie del terri-torio ejidal proporcionalmente mayor que la que trabajan los comuneros. En 1984, los ejidatarios usufructuaban el 58 % del total del ejido, mientras que el resto de la superficie ejidal 42%— se distribuía entre los doscientos cincuenta comuneros —es decir, un promedio de cerca de 2 ha. por cada uno—. A pesar de que estos ejidatarios han concentrado el control sobre el usufructo de la tierra dentro de las instancias locales de autoridad ejidal, no encontramos un proceso asociado de concentración de la tierra, siendo que la máxima extensión de tierra que poseía en los años ochenta algunos de ellos no rebasaba las 20 hectáreas y la mayoría tenía extensiones menores a las 10 hectáreas; cabe destacar el caso de un comunero, quien detentaba en esos años el usufructo de 27 ha.; mientras que 27 ejidata-rios(as) —de los cuales 15 eran mujeres— poseían superficies menores de 3 ha.50.

La diferenciación en cuanto al tipo de derechos asociados a la posesión de la tierra parcelada y de la comunal, define percepciones, evaluaciones y expectativas espe-cíficas y heterogéneas al interior de la sociedad local, y ha sido un aspecto fun-damental de la política local entre los pobladores de Chiltoyac —la llamada “política entre ellos” (Ortner, 1995). Esta diferenciación, sin embargo, no implica la existencia de dos grupos de pobladores homogéneos comuneros vs. ejidata-rios—, ya que al interior mismo de estos dos grupos existen diferencias y desigualdades significativas: de género, generacionales y sobre todo en lo que se refiere a la cantidad de tierra que poseen y a las posiciones que ocupan dentro de la comunidad —redes de parentesco y relaciones políticas—. La tierra y los derechos ejidales significan diferentes cosas para diferentes personas, y significan más que un medio económico de sobrevivencia (Nuijten, 1998).

A partir del análisis del proceso histórico de apropiación del territorio ejidal descubrimos la presencia de una contradicción básica: apropiada y explotada de manera individual, la tierra ejidal ha sido concebida como territorio colectivo de la comunidad. El formar parte, vivir y convivir dentro de la localidad, ha sido el

49 Sr. Priscilino López (75 años) —comunero—, Chiltoyac, septiembre de 1999. 50 RAN, Exp. Derechos Agrarios, Fraccionamiento 1, Tomo B, 1979—1995, folios # 652 —673, Acta de Inspección Ocular practicada

en el ejido de Chiltoyac, complementaria a la Investigación General de Usufructo Parcelario, el 23 de mayo de 1983.


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• ANÁLISIS • requisito indispensable para tener derecho al usufructo de la tierra. Este concepto de territorio colectivo se ha sustentado desde el inicio de la reforma agraria en las prácticas locales de organización ejidal —asambleas ejidales, faenas, coopera-ciones, dirigencias—, a través de las cuales se manejó la distribución y el uso de la tierra, y en cuyos espacios se han dirimido los conflictos locales. La coexistencia contradictoria entre el concepto de territorio colectivo y el uso individual de la tierra, junto con una forma de organización política del ejido que excluye a los comuneros, en un contexto local en el que el ejido ha sido un factor central en la reproducción social de los pobladores y de la comunidad, da lugar a evaluaciones y respuestas locales ambivalentes y contradictorias, producto de una configuración sociocultural heterogénea donde los distintos grupos locales despliegan visiones e intereses particulares. En la legislación agraria encontramos una contradicción básica similar: ha permi-tido la posesión individual de las parcelas ejidales a la vez que su uso y distri-bución han sido mediados por reglas sociales. La normatividad legal proporciona los procedimientos para la división de la tierra cultivable en parcelas individuales y permite a los ejidatarios elegir a un heredero. Estos dos elementos hacen que la tenencia ejidal de la tierra revista un carácter similar al de la propiedad privada. El carácter social de la tierra ejidal, por su parte, se ha sustentado en el principio básico de que “la tierra es para quien la trabaja” de tal forma que el ejido debe servir para proveer la subsistencia de las familias y de las comunidades campe-sinas (Nuijten, 1998). Está tensión entre el carácter individual y el carácter social de la tenencia ejidal es fundamental para descubrir los significados diferenciados en torno a la tierra y al ejido, y las particularidades de los procesos locales ante la nueva ley agraria.

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Procesos de adaptación y resistencia ante la Ley Agraria en Chiltoyac En un contexto local en el que el ejido ha sido factor central en la organización social, las reformas en materia agraria se han percibido, en su conjunto, como amenazantes para la sociabilidad de la comunidad. Desde que los visitadores de la Procuraduría Agraria llegaron en 1993 a informar sobre el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede), hasta la fecha, los ejidatarios de Chiltoyac se han negado a ingresar al programa. Un conflicto en relación con los linderos del ejido, ha sido el motivo que esgrimen los ejidatarios ante la Pro-curaduría Agraria para no ingresar: se trata de 14 hectáreas de tierra que desde hace aproximadamente 60 años están siendo ocupadas por viviendas del poblado vecino de Tronconal. La cantidad de tierra en cuestión representa solo el 1 % de las 1350 hectáreas del ejido de Chiltoyac. Según el diagnóstico del ejido realizado por los visitadores agrarios del Procede en mayo de 1994, el ejido no es viable para su incorporación al programa “por falta de interés” por parte de los ejidatarios; sin embargo en 1997 los ejidatarios dieron su voto aprobatorio para ingresar al programa en la llamada “Asamblea de Información y Anuencia”. A la fecha, el programa se encuentra suspendido por la existencia de “conflictos por límites” con el ejido de El Tronconal. 51

Al interior de la organización ejidal y del poblado en su conjunto no hay una posición homogénea ni clara en relación con la conveniencia de ingresar al Procede. Los dirigentes del comisariado ejidal evalúan que el ingresar al programa les facilitaría la relación con las agencias gubernamentales y de crédito, sin embargo manifiestan mucho temor ante la posible agudización de la venta de tierras del ejido. Desde que los primeros visitadores del Procede llegaron al poblado, los ejidatarios y comuneros tiene la convicción de que ya es legal vender la tierra al margen de la asamblea ejidal. Esto ha propiciado que se incrementen las transacciones de compra—venta de tierras ejidales a gente de fuera de la comunidad, lo cual rompe con la normatividad interna del ejido y con el control que hasta hace pocos años ejercía la asamblea —y sobre todo la dirigencia— sobre las transacciones de tierra ejidal entre los pobladores de Chiltoyac.

51 Información obtenida en entrevista con el visitador agrario de la Residencia Xalapa, Delegación de la Procuraduría Agraria en

Veracruz, Xalapa, marzo del 2000.


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• ANÁLISIS •

Por otra parte, la información que se maneja acerca de lo que ha estado suce-diendo en algunos ejidos vecinos es motivo de alarma para la dirigencia ejidal de Chiltoyac:

“Hay quienes les interesa más el dinero que la tierra, entonces van a vender y va a venir gente de fuera y van a empezar los problemas, porque esa gente no va a querer participar en las faenas del pueblo. Uno está viendo el futuro, por eso no queremos abrir el abanico. Nos estamos defendiendo. La presión para vender es muy grande. La gente que quiere comprar, que tiene poder económico, va a cercar a la gente de aquí, poco a poco. En San Juan, los dueños de parcelas ahora son peones en las mismas tierras que eran de ellos. Están llegando japoneses a otras comunidades. Haciéndose el Procede es peor, nomás se abren las puertas. Hasta ahora hemos estado sosteniendo la situación, tratando de hacer conciencia para que no se venda la tierra, de lo contrario vamos a ser esclavos de otra gente o vamos a tener vecinos extraños.” 52

A través de esta evaluación se puede observar que los dirigentes ejidales ven en la aplicación del Procede y en la liberalización de la tierra ejidal una situación que amenaza la cohesión de la comunidad, en la medida en que perciben la posible transformación hacia la propiedad privada como una apertura a agentes externos con intereses distintos. Ello pone en peligro, también, su propia posición —domi-nante— al interior de la organización ejidal y de la comunidad en su conjunto. Sin embargo, para los comuneros, que están excluídos de la toma de decisiones al interior de la organización ejidal, la posibilidad de obtener certificados y de disponer de manera individual de su tierra es vista como una oportunidad para tener un documento legal que ampare sus derechos sobre la tierra. Esto no quiere decir que de manera mecánica todos los ejidatarios estén en contra de la aplicación del Procede, ni que los comuneros la defiendan sin tomar en cuenta los “riesgos” que su aplicación conlleva para la sociabilidad comunitaria. Mas bien encon-tramos la coexistencia entre estas dos visiones, en un proceso contínuo de nego-ciación del significado del programa al interior de la comunidad. Uno de los aspectos que más se pondera en las evaluaciones acerca de la nueva ley agraria es el que se refiere al pago de impuestos ya que se considera que con la regula-rización de la tenencia de la tierra bajo las nuevas condiciones legales, se incrementará el pago de las contribuciones fiscales.

52 Ibidem.

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En un contexto de evaluaciones y respuestas heterogéneas al interior de la comu-nidad, es posible observar algunas de las tendencias que emergen a nivel local, como resultado de las transformaciones en los marcos de regulación estatal y de la crisis económica estructural por la que desde hace varias décadas atraviesa el país y en particular el sector rural. Es claro que la nueva ley agraria ha reforzado una tendencia al incremento en la venta de tierras que se venía presentando, de hecho, desde finales de la década de los ochenta, a raíz de la crisis del café y de la privatización de la industria azucarera. Uno de los factores que está impactando de manera fundamental al ejido de Chiltoyac es el crecimiento de la mancha urbana de la vecina ciudad de Xalapa. El conflicto con el ejido de El Tronconal —que si recordamos es el motivo esgrimido por los ejidatarios de Chiltoyac para no entrar la Procede—, cuyas tierras ejidales ya se encuentran integradas a la ciudad, justamente tiene que ver con el rechazo, por parte de los ejidatarios de Chiltoyac, de las prácticas de especulación con la tierra en los ejidos circunvecinos, especialmente en el de El Tronconal, en donde muchos de los ejidatarios han vendido su tierra para uso urbano. El escenario de confinamiento del mercado de tierras ejidales al espacio comuni-tario, está siendo modificado desde hace veinte años en el contexto de los actuales procesos de urbanización y de crisis agrícola regional. La venta de la tierra a personas ajenas a la comunidad se ha acelerado y la sección del ejido que colinda directamente con la ciudad de Xalapa está dejando de ser propicia para la agricultura, ya que se trata de terrenos conurbados donde la gente que vive en las colonias cercanas roba cualquier cosa que se siembra. Los ejidatarios y comuneros de Chiltoyac se sienten amenazados por la posibilidad de ver invadidos sus terrenos por asentamientos urbanos irregulares. La mayoría de los ejidatarios y comuneros de Chiltoyac ven en la venta de la tierra una alternativa no deseable y extrema; en general, la decisión de vender la tierra se identifica con una actitud irresponsable que atenta contra el patrimonio de la familia o de la comunidad —en los actuales casos de ventas a personas de fuera—. Sin embargo muchos jóvenes no muestran interés en el trabajo agrícola, y algunos de ellos salen a estudiar o a trabajar a la ciudad cercana de Xalapa para ya no volver a radicar en su pueblo. La inserción de los pobladores de Chiltoyac a las corrientes de migracion hacia E.U. es una tendencia que se incrementa a un ritmo muy acelerado.


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• ANÁLISIS •

La crisis agrícola regional junto con un proceso migratorio acelerado está dando lugar a la emergencia de procesos que están transformando los significados en torno a la tierra y al ejido o para los pobladores rurales de Chiltoyac, quienes dejan de percibir al trabajo agrícola como una alternativa de subsistencia digna, optando masivamente por migrar temporalmente al país del norte, siempre con la esperanza de volver. Esto no significa, sin embargo que la tierra deje de ser importante y que el ejido necesariamente vaya a desaparecer. Muy pocos de los migrantes a E.U. están vendiendo sus tierras para irse y muchos pretenden crear un fondo de ahorro para invertir en sus actividades productivas al volver. Al mismo tiempo, el precio de la tierra se incrementa ante la expectativa de regularizar la posesión individual de la misma y el sentido de la tierra como propiedad privada empieza a consolidarse53 La centralidad del ejido en tanto organización social comunitaria para la gestión y la regulación de un territorio agrícola colectivo se desvanece, lo cual sin embargo contrasta con el gran temor que manifiestan los pobladores ante la venta de tierras a personas ajenas a la comunidad. Después de ocho años de decretada la nueva ley agraria, los procedimientos para la certificación de los derechos ejidales no se han iniciado todavía en la localidad, sin embargo el proceso de mercantilización de la tierra ejidal se ha agudizado considerablemente. Es difícil prever cual será el futuro de la organización ejidal en Chiltoyac, el cual está fuertemente relacionado con los esquemas de reproducción material y las estrategias que desplieguen los ejida-tarios. Las transformaciones en estos niveles pueden dar lugar al surgimiento de nuevos roles del ejido al interior de la comunidad y a nuevas prácticas organi-zativas comunitarias. Otras experiencias locales en la región están mostrando una tendencia al desmantelamiento de la organización ejidal y a la privatización de la tierra, con el consiguiente proceso de concentración de la misma en manos de empresarios agrícolas. En otros casos, sin embargo, el rol del ejido está siendo redefinido. Al perder su importancia en el ámbito del control de la tierra puede fortalecer su rol en el terreno de la organización política y de representación comunitaria. El futuro del ejido en tanto instancia local de organización depende de la experiencia particular de cada comunidad y de las alternativas de repro-ducción social que se generen al interior de ellas, así como de la interacción con los contextos nacionales y globales.

53 Es ridículo tener que pedir permiso a una asamblea para vender, por qué tengo que andar pidiendo permiso para vender algo que es

mío...”. Sr. Ranulfo Soto Acosta (33 años), Chiltoyac, enero del 2000.

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Migración transnacional y presencia sociopolítica transmigrante* Luis Jesús Martínez Gómez** Introducción

as investigaciones contemporáneas sobre la migración transfronteriza, los espacios sociales transnacionales y las prácticas de los transmigran-tes,1 han traído consigo importantes discusiones temáticas y diversos

cuestionamientos por parte de los teóricos sociales y los estudiosos del fenómeno migratorio.

L * Este trabajo obtuvo el 2° lugar del V Premio Estudios Agrarios 2000. El autor agradece el apoyo

brindado por Adriana E. Alvarez, así como los valiosos comen-tarios y sugerencias del Dr. Federico Besserer, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa.

** Colegio de Antropología Social-Facultad de Filosofía y Letras, Benemérita Universidad Autóno-ma de Puebla.

1 Glick Schiller et al. Usan el término transmigrante para describir a los inmigrantes que establecen campos sociales que unen sus países

de origen con los de destino (1992:1). Por otra parte, los transmigrantes son inmigrantes que dependen (cotidianamente) de múltiples y constantes interconexiones a través de las fronteras, y de quienes las identidades públicas están configuradas en relaciones sociales en más de un estado-nación. (Glick Schiller et al., op cit, 1992; Basch et al. 1994).

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Entre ellas, la corriente transnacional incluye debates sobre lo novedoso de las prácticas transnacionales, la duración del transnacionalismo a través de las gene-raciones, las unidades de análisis apropiadas para el transnacionalismo, el sig-nificado de la ciudadanía para grupos transnacionales, y la relevancia más general de perspectivas desarrolladas con base en el estudio de estados más pequeños. (Goldring, 1997a). Pero por otra parte, también nos encontramos con preocupaciones e interrogantes relacionadas con la dimensión política transnacional, las cuales han sido generadas a partir del fenómeno migratorio y a la participación activa de los transmigrantes en sus localidades de origen y destino. Este ensayo se centra en una pregunta relacionada con esta temática, en donde nos planteamos dar respuesta a la interrogación: ¿que tipo de reflexiones contempo-ráneas se han desarrollado, en torno al proceso de transnacionalización del espacio político de las comunidades migrantes?. En donde, se particulariza en el caso México-Estados Unidos, y se enfatiza en la interacción entre los actores sociales y las instituciones alrededor de ellos. Para responder a la pregunta antes formulada, en primer lugar, se expone un marco teórico general sobre la migración transnacional; en segundo lugar, se presenta una revisión sintetizada sobre los estudios relacionados con la trans-nacionalización del espacio político; y en tercer lugar, se analiza el caso de la transnacionalización del espacio político mexicano, ésto, por medio de la expo-sición de tres ejemplos diferentes, en donde se señalan los diversos mecanismos de negociación sociopolítica entre el estado-mexicano (gobierno federal, estatal y local) y los transmigrantes (agrupaciones binacionales). La intención de este trabajo es mostrar que la migración transnacional no ha representado, de ninguna forma, algún obstáculo para que los inmigrantes participen en el ámbito político de sus comunidades de origen; si no todo lo contrario, ha permitido el surgimiento de nuevos actores sociales que influyen en los procesos políticos de sus comunidades de origen, dando lugar a la apertura de arenas políticas de negociación social entre el estado-nación mexicano, el gobierno: federal, estatal, local y los transmigrantes. A su vez, se muestra como este proceso, ha creado (en la mayoría de los casos) el surgimiento de mecanismos corporativizados por parte del gobierno federal, que intenta asegurar la vinculación entre las comunidades de mexicanos en los Estados Unidos y sus


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comunidades de origen, facilitando la reinserción y pertenencia del migrante, a un estado-nación que ha sido reterritorializado por motivo del fenómeno migratorio2. Marco teórico conceptual. Desde los años noventa, dentro de las investigaciones sobre el fenómeno migra-torio transfronterizo, nos encontramos que se ha estado gestando una nueva ampliación en los estudios de migración internacional,3 cuyos antecedentes se remontan a los años setenta4: el llamado transnational approach. Glick Schiller et al., definen el transnacionalismo como “the process by which immigrants build social fields that link together their country of origin and their country of settlement” (1992: 10). Dicho en otras palabras, la migración internacional se concibe como un fenómeno social, que provoca el surgimiento de realidades so-ciales cualitativamente nuevas, más allá de los acostumbrados arraigos espaciales de la región de llegada y destino (Pries, 1997). Prontamente, dentro de esta perspectiva transnacional, los científicos sociales comenzaron a desarrollar diversas observaciones en torno al “nuevo” fenómeno migratorio, entre ellas, la más significativa fue: el realizar un llamado para explorar y nombrar al nuevo espacio social transnacional en el que los inmigrantes estaban encaminando sus vidas.5

2 Grupta (1992) analiza al fenómeno migratorio desde una perspectiva bifocal, en donde se concibe un proceso dialéctico entre:

desterritorialización y reterritorialización, dicho proceso no tiene una connotación propiamente de movimiento geográfico, sino que, hace referencia a la reproducción de espacios culturales a través de la “resignificación del territorio”. Es decir, el migrante transfiere muchas de sus prácticas culturales locales a sus nuevos lugares de establecimiento.

3 La “nueva era de la migración” trajo consigo diversos cambios en torno a la percepción del fenómeno migratorio, alcanzando a localizarse, según Ludger Pries (1997), tres ampliaciones esenciales en la reflexión científica de los procesos migratorios. La primera de ellas, consistió en el abandono de la tendencia exclusiva o predominante de analizar en forma separada las condiciones sociales, culturales, políticas y económicas de la región de procedencia y /o de la región de llegada, para examinar las redes sociales y las “cadenas migratorias” dentro de “sistemas migratorios” (Faist, 1995), que, como canales de comunicación, desempeñan una función articuladora de capital importancia entre las realidades de la vida en ambos espacios geográficos. En la segunda reorientación, se consideran las reflexiones en torno a los transnational migration circuits (Rouse, 1987, 1991) y a los efectos de la cumulative causation (Massey, 1986; Massey et al, 1991). La tercera ampliación, corresponde a la presentada en el texto.

4 De acuerdo con Glick Schiller et al. (1995: 60), Sutton/Mackiesky-Barrow (1992) [1975]: 114), fueron los primeros autores que hablaron explícitamente de la existencia de un “sistema sociocultural y político transnacional”.

5 Por espacios sociales transnacionales entendemos a aquellas realidades de la vida cotidiana que surgen esencialmente en el contexto de los procesos migratorios internacionales, que son geográfica y espacialmente difusas o “des-territorializadas” y que, al mismo tiempo, constituyen un espacio social que, lejos de ser puramente transitorio, constituye una importante estructura de referencia para las posiciones y los posicionamientos sociales, que determina la praxis de la vida cotidiana, las identidades y los proyectos biográficos (laborales) y que, simultáneamente, trasciende el contexto social de las sociedades nacionales (Pries, 1997: 34).

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En la identificación de este nuevo espacio social migratorio, los antropólogos fueron los primeros en señalar la importancia de las prácticas transnacionales que estaban efectuando los inmigrantes en ambos lados de la frontera, dando lugar a su integración simultánea, en más de un estado-nación. Es a partir de este momento que la teoría antropológica comienza a cuestionarse acerca de los nuevos elementos existentes en el proceso transnacional.6 Siendo el más significativo la investigación sobre las interconexiones contemporáneas de los procesos económicos, de las personas, bienes y de las ideas (información) por parte de los transmigrantes. Por otra parte, fueron estos circuitos contemporáneos los que proveyeron de un contexto en el cual los inmigrantes y los descendientes de esos migrantes podrían incorporarse más rápidamente a los países de destino, tales como los Estados Unidos, manteniendo y construyendo nuevas interconexiones transnacionales con los países de origen, éstas, diferían en intensidad y significado de los lazos mantenidos en el pasado (Basch, Glick Schiller, Szanton-Blanc, 1994).7 Dichas reflexiones en torno a los circuitos migratorios pronto sirvieron para cuestionar a los conceptos (tradicionales) y teorías con los que se había dado cuenta del proceso migratorio y de las prácticas realizadas por los inmigrantes, abriendo la posibilidad para crear y reinventar nuevos conceptos y categorías de análisis. Paralelamente a este proceso, los investigadores comenzaron a hablar de “circui-tos transnacionales” (Rouse, 1989, 1991) o “comunidades transnacionales” (Kearney, 1991; Appadurai, 1990, 1991) y de “espacios sociales transnacionales” (Pries, 1997, 1999), haciendo un énfasis en el rápido fluido de las ideas, de los objetos, así como de personas, las cuales comenzaron a “reimaginarse” el mundo por la entrada a una nueva era del transnacionalismo. A su vez, la membresía, la participación y la ciudadanía, fueron conceptos en los que se reflexionó, los cuales, percibidos desde este nuevo acercamiento transnacional, nos llevaron a cuestionar los enfoques hegemónicos sobre la sociedad civil, el estado-nación y el territorio (Goldring, 1997b).

6 Desde hace dos décadas, diversas contribuciones dentro del estudio del fenómeno migratorio, han propiciado la reconfiguración del

pensamiento antropológico, principalmente las que están dirigidas a la posibilidad de reflejar las transformaciones actuales, en donde el tiempo y espacio puedan estar experimentados y representados (Appadurai, 1990, 1991; Grupta and Fergurson 1992; Kearney, 1991). Una de las propuestas más conocidas en torno a esta reflexión la tiene Appadurai (1991), el cual ha declarado que: ethnograpy now has the task of determining “the nature of locality, as lived experience, in a globalized, deterritorialized world” (p.196). En los Estados Unidos, se habló incluso de la construcción de una nueva antropología transnacional (Glick Schiller, 1999).

7 La transformación y el uso de las tecnologías, del transporte y la comunicación (avión, teléfono, fax, internet, etc.), hicieron posible el incremento en la densidad, multiplicidad e importancia de las nuevas interconexiones de los inmigrantes.


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• ANÁLISIS • Sin embargo, esta posibilidad de reinventar y crear nuevos conceptos y categorías de análisis, trajo como consecuencia una aparente confusión por parte de los investigadores y científicos con relación a que nivel(es) o unidad(es) de análisis emplear para el estudio del fenómeno migratorio, y sobre las diversas prácticas sociales transfronterizas que estábamos presenciando. A lo cual no hubo una respuesta única a este dilema: siendo las áreas y grupos bajo estudio los que determinaron las unidades más apropiadas. No obstante, se debe considerar la relación entre los sitios de investigación, las unidades y definiciones empleadas por parte de los estudios realizados. Por ejemplo, Goldring (1997b) nos comenta que los analistas que aplicaron una perspectiva transnacional en sus investigaciones entre México y Estados Unidos, se centraron en estudios únicos o comparativos de las comunidades de origen y las áreas de destino de sus miembros, enfatizando la importancia de la comunidad transnacionalizada, o la región étnica o geográfica de origen. Durand y Massey (1992) y Goldring (1992a), dieron importancia a las diferencias de nivel de comunidad en las experiencias de los trabajadores migratorios de México a Estados Unidos; Goldring (1992a) y Smith (1995), estudiaron los circuitos migratorios transnacionales que se originaron en tres estados de México, y también privilegiaron a la comunidad de origen como un elemento que organiza el espacio social transnacional creado por los transmigrantes bajo estudio. Kearney y Nagengast (1989), estuvieron entre los primeros teóricos en discutir la formación de las comunidades transnacionales México-Estados Unidos, basados en la investigación entre los trabajadores Mixtecos en California y Oaxaca. Kearney (1994), actualmente usa el término de Oaxacalifornia para describir el espacio social de los transmigrantes Mixtecos. Aquí la unidad pertinente se extiende para incluir al grupo étnico entero de Mixtecos. La transnacionalización del espacio político. Comúnmente, dentro de los estudios sobre la migración internacional, el análisis de los procesos y de las prácticas sociopolíticas realizadas (por los migrantes) del otro lado de las fronteras territoriales del estado-nación, resultaba un tema sobre el cual existían pocas reflexiones. Generalmente, dichos trabajos carecían de una visión sobre los transmigrantes como agentes sociales y actores políticos en sus comunidades de origen y destino, más bien, se presentaba a estos actores como sujetos pasivos, en lugar de personas que desempeñan un papel activo, estratégico o constructivo en términos sociales, culturales o políticos.

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Fue hasta la llegada de los nuevos enfoques trasnacionales que se consiguió dar a los trabajos e investigaciones realizadas una forma o modo alternativo de analizar e interpretar las prácticas sociales y políticas de los inmigrantes, y de su contexto transfronterizo. Para la elaboración de esta tarea, prontamente se volvieron funda-mentales los conceptos de espacio social transnacional (Goldring, 1992; Rouse, 1991; Rosaldo, 1988)8, comunidad transnacional (Kearney y Carol Nagest, 1989; Kearney, 1991 y Georges, 1990)9 10, y circuito migratorio (Rouse, 1987, 1991) . Por otra parte, uno de los primeros trabajos bajo el enfoque del acercamiento transnacional que emprendieron valiosas observaciones en torno a los procesos políticos de las comunidades transnacionales, lo encontramos tempranamente en las etnografías comparativas realizadas por Glick Schiller et al. (1994), entre los transmigrantes Caribeños y Filipinos.11

8 Para el análisis del enfoque transnacional resultó fundamental el concepto de un “espacio” transnacional derivado de la migración,

distinto de las prácticas sociales, ya sea de las áreas “expulsoras” o de las “receptoras” (Rouse, 1991; Rosaldo, 1988). Más que desplazarse desde un espacio social y geográfico caracterizado por un conjunto particular de prácticas sociales, culturales y políticas hacia otro espacio, en un país diferente, con otro conjunto de prácticas a las que la gente se ajusta mientras permanece allí, una reinterpretación de la migración implica reconocer las múltiples combinaciones –no necesariamente coherentes–, de prácticas y relaciones sociales surgidas de la migración transnacional. Esto pone de relieve la idea de que los migrantes y sus prácticas sociales, culturales y políticas pueden transformarse a través de la migración, y que los migrantes mismos pueden intervenir para modificar las instituciones, formas de organización y relaciones sociales prevalecientes (Goldring 1992b: 222-323).

9 En estos trabajos, la comunidad transnacional debe ser entendida como una comunidad que se extiende y consolida “más allá de la frontera”... O a pesar de la frontera. En resumen, estos escritos derivados de los estudios sobre migración, hacen referencia a una comunidad como transnacional cuando sus miembros han cruzado las fronteras nacionales. En esta definición de transnacionalidad, la condición de haber cruzado fronteras distingue a la “comunidad transnacional” de la “diáspora”. Las diásporas pueden reconocer su unidad como grupo social ya que una vez que se encuentran dispersas por varios estados-nación, por lo que técnicamente nunca cruzaron como comunidad una frontera. Por otra parte, una excelente reflexión y análisis del concepto de “comunidad transnacional”, lo podemos encontrar en el trabajo de Federico Besserer titulado: Teoría Transnacional y una Tarjeta Postal de San Juan Mixtepec. Edición mecanografiada, UAM-Iztapalapa, 1999. Departamento de Antropología.

10 Rouse usó el concepto de circuitos migratorios transnacionales para describir a las comunidades y espacios sociales creados por medio de la circulación de bienes, personas, e información a través de las localidades en ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos. La metáfora también puede abarcar a los grupos de personas que pasan la mayor parte de su tiempo en los Estados Unidos, y que, sin embargo, mantienen lazos con sus comunidades de origen.

11 El análisis comparativo de los trabajos de Glick Schiller et al. (1994), sobre la migración transnacional en Haití, San Vicente, Gre-nada, y las Filipinas hacia Estados Unidos, representaron unas de las primeras investigaciones contemporáneas dentro de la corriente transnacional que nos permitieron identificar las principales razones existentes detrás de la creación y mantenimiento de la identidad y del espacio social transnacional: 1) la reproducción familiar ante la economía y /o la inseguridad política, 2) la exclusión social en las comunidades de origen-especialmente para algunos grupos transmigrantes, y 3) la exclusión racial en los Estados Unidos. Por su parte, Goldring (1999), nos señala que las “active relations between extraterritorialized home stages and transmigrants can be a fourth reason for transnationalism” (p. 165).


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• ANÁLISIS •

Después de un extenso análisis comparativo, Glick Schiller y sus colegas regis-traron que los transmigrantes de sus investigaciones eran capaces de proceder hábilmente para ejercer una influencia política en los Estados Unidos y en sus estados-nación de origen, derivando así, su incorporación política en ambos lados de su establecimiento.12 Estos migrantes, unieron prontamente sus esfuerzos y raíces en un nuevo movimiento social para participar en las políticas electorales de ambos lados de la frontera, dando lugar a la emergencia de arenas políticas transnacionales, las cuales rebasaron la perspectiva tradicional de concebir a la política local dentro de determinadas limitantes espaciales. Por otro lado, mientras la política ética dominante de los Estados Unidos con-tinuaba demandando que los ciudadanos, tanto los nacidos como los naturalizados, reconocieran una alianza única para con los Estados Unidos y definieran su iden-tidad política dentro de estos límites; el transnacionalismo incrementó el número de ciudadanos promotores de nuevas construcciones políticas con los estados de destino y origen. A su vez, y enfrentando situaciones de extremo empobrecimiento económico y dependencia, los líderes transmigrantes de estas comunidades transnacionales construyeron vías de desarrollo con sus estados-nación que pudieran abarcar como parte de su cuerpo político a aquellas personas que tenían su residencia en el extranjero. Estas construcciones que Glick Schiller et al. denominaron “estados-nación desterritorializados”, definieron por primera vez los límites de los estados en torno a un ámbito social, en lugar de los tradicionales términos geográficos.13

Continuando con esta apreciación del estado-nación, los límites del estado se extendieron globalmente abarcando a todos los migrantes y a sus descendientes, no importando su localidad de asentamiento y /o cualquier ciudadanía legal que pudieran haber alcanzado.

12 El establecimiento de los transmigrantes en sus nuevos hogares permitió el desarrollo de múltiples lazos sociales, económicos y

políticos que se extendieron más allá de las fronteras; la incorporación de estos miembros de las poblaciones en los Estados Unidos, acompañó y contribuyó a su incorporación en las comunidades de origen; fundamental para estas redes múltiples de interconexión fueron las redes familiares de parientes quienes se basaron en una o más familias.

13 Glick Schiller et al. (1994) usan el término “deterritorialized states” para dibujar la atención a las actividades que conducen a la construcción de la nación, más allá de los límites territoriales del estado-nación de origen.

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Paralelamente a estos estudios comparativos, los trabajos de Michael Smith (1994); Luin Goldring (1992b, 1997a y b, 1999); Robert Smith (1995); Arturo Santamaría (1997) y Gaspar Rivera (1997,1998), generados a partir de la nueva perspectiva transnacional, dieron lugar a la apertura de una reciente evaluación de las prácticas políticas realizadas más allá de los límites territoriales, en donde éstos y otros científicos sociales del fenómeno migratorio, comenzaron a reflexio-nar sobre los procesos políticos transfronterizos que se estaban generando en las comunidades transnacionales. Entre sus consideraciones más importantes tenemos que: primero, a pesar de que la migración transnacional implica el traspaso de las fronteras nacionales, los migrantes no son entidades inexistentes en el desarrollo de sus comunidades de origen; segundo, las formas en que los transmigrantes gastan los dólares obtenidos del otro lado de la frontera (comunidades de origen), revelan la importancia permanente de estas localidades en su vida social, económica y política; tercero, los migrantes son actores sociales y políticos activos que desempeñan papeles importantes en sus comunidades de origen, los cuales han generado mediante su participación el surgimiento de nuevas arenas políticas en las que se negocia y disputa el poder político, en donde el estado actúa como el regulador de estos procesos; cuarto, la migración crea espacios autónomos en los que los transmi-grantes, sus asociaciones y clubes son capaces de desenvolverse como agentes sociales y políticos transformadores de realidades sociales en ambos lados de la frontera; quinto, la migración como un proceso social, tiene implicaciones po-líticas contradictorias; y sexto, los estados y gobiernos ante el transnacionalismo han tenido respuestas no siempre homogéneas, aunque se puede señalar que bus-can: 1) promover el reconocimiento de la historia, tradiciones, cultura, identida-des, pasado histórico, etcétera, de los estados-nación y comunidades de origen en el extranjero, 2) vincular más allá del territorio a las comunidades transnacionales en diversos ámbitos económicos, políticos, sociales y culturales, 3) propiciar una política exterior que permita: a) asegurar una vinculación profunda entre los migrantes, sus agrupaciones y clubes; b) desarrollar múltiples proyectos que favorezcan a un desarrollo social comunitario, y a un sentimiento de pertenencia por parte de los que radican en el extranjero. A su vez, estos trabajos y otros desarrollados bajo la perspectiva transnacional, permitieron abordar e interpretar temas relacionados con la doble ciudadanía, la doble nacionalidad, el estatus social en el espacio transnacional, la identidad, y el voto migrante.


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• ANÁLISIS • El caso mexicano Los mexicanos que migran a los Estados Unidos, continuamente han estado gene-rando circuitos migratorios, comunidades translocales y espacios sociales trans-nacionales desde que se estableció la migración entre las fronteras de ambos países. A pesar de que los transmigrantes mexicanos pasan grandes lapsos de estancia en los Estados Unidos como trabajadores asalariados transnacionales, ellos han po-dido mantenerse en contacto con sus familias, amigos y paisanos de sus comuni-dades de origen, enviando dinero, participando en obras comunitarias, públicas, festividades religiosas y gastando en bienes globales para equipararse ellos mismos, sus familias y sus hogares con los signos del bienestar material.

El hecho de que muchos trabajadores migratorios gasten sumas considerables de dólares en México, apoya el concepto de un ámbito transnacional de actividad en el cual los asalariados transnacionales no necesariamente cortan los vínculos políticos, económicos y sociales con su comunidad y país de origen. Más bien, la migración conduce a múltiples, y no coherentes, afiliaciones de clase, identidades de comunidad, espacios sociales y geográficos de acción, y las ideas de qué es deseado y se puede adquirir. Los trabajadores migratorios usan sus recursos financieros de formas que reflejen estos cambios. También gastan su dinero en un contexto regional, histórico y social que crea preferencias para formas particulares de gasto e inversión (Goldring, 1997b: 92-93).

En donde, como observamos, el gasto del salario de los migrantes en sus diferentes localidades debe interpretarse como una actividad que refleja o simbo-liza demandas sociales y políticas. Pero, ¿por qué los transmigrantes continúan retornando a sus lugares de origen?, y ¿cómo es que el uso de sus recursos eco-nómicos y su capacidad autogestiva ha permitido la construcción de un proceso de transnacionalización del espacio político entre México y los Estados Unidos?. Para poder explicarlo, a continuación se presentan tres casos heterogéneos que nos pueden ayudar a entender los mecanismos por los cuales los migrantes, las Federaciones de Clubes y las Asociaciones de Pueblo, pueden: 1) traducir su salario y los recursos obtenidos de diferentes formas: en estatus y reconocimiento social, los cuales suelen permitirles participar dentro de los espacios políticos del

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estado-nación mexicano y de sus comunidades de origen; 2) responder a los múltiples retos que se enfrentan a causa de la migración, construyendo para ello, organizaciones políticas binacionales que les facilitan a) desplegar acciones colectivas, tanto en sus comunidades de origen como en las de destino, a lo largo de su circuito migratorio, b) generar arenas políticas de negociación social del poder entre el gobierno mexicano y los transmigrantes.

14El primer ejemplo, se refiere a la historia de un transmigrante que residió casi toda su vida en los Estados Unidos, y que a pesar de esto, llegó a ser dos veces presidente municipal de San Diego de Alejandría, Jalisco, comunidad localizada en el Occidente de México,15 El segundo, se centra en la Federación de los Clubes Zacatecanos del Sur de California, el cual ha sido ampliamente analizado en los trabajos de Goldring (1997a; 1999). Y el tercero, está relacionado con Organiza-ciones Civiles Binacionales en México y los Estados Unidos, específicamente con tres agrupaciones transfronterizas Oaxaqueñas: la Organización Regional de Oa-xaca (ORO), la Asociación Cívica Benito Juárez (ACBJ) y el Frente Indígena Oaxaqueño Binacional (FIOB).16

Primer caso Don Jesús, como lo llamaremos en está exposición, nació en San Miguel el Alto, Jalisco en 1942, lugar en el cual radicó durante los tres primeros años de su infancia, ya que sus padres lo llevaron a vivir a San Diego de Alejandría, Jalisco. Jesús se fue a trabajar por primera vez a los Estados Unidos en el año de 1962, a la edad de 19 años. Su primer trabajo lo realizó en el campo, pizcando fresa y calabaza (bracero), su segundo empleo lo efectuó en Haywell trabajando para una constructora (albañil), el cual obtuvo con la ayuda de sus hermanos que radicaban y trabajaban en los Estados Unidos, quienes en un principio fueron ilegales, pero más tarde consiguieron arreglar su situación irregular. Su tercer trabajo lo consi-guió nuevamente con la ayuda de un hermano suyo, en una empacadora de carne,

14 La exposición de este caso y su análisis forman parte del resultado de una investigación titulada: Migración y Política local en San

Diego de Alejandría, Jalisco. El trabajo de campo y la investigación me fueron auspiciados por una Beca al Programa del VIII Verano de la Investigación Científica, organizado por la Academia Mexicana de Ciencias y el Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología en el año de 1998. La estancia se realizó en el Departamento de Estudios sobre los Movimientos Sociales de la Universidad de Guadalajara, Jalisco. Asesores: Dres. Jorge Durand y Patricia Arias. Las entrevista que contribuyeron a la escritura de esta sección del ensayo, fueron realizadas los días 28 y 29 de julio.

15 Esta localidad, es una comunidad expulsora de migrantes hacia estados Unidos desde 1906, en donde la primera salida de los emigrantes fue rumbo al norte, para después darse un éxodo masivo de 1924 a 1929; un retorno de 1930 a 1942; un auge de la migración por motivo del proyecto bracero de 1942 a 1964; un proceso de indocumentados de 1964 a1989; y por último, una expulsión masiva en 1980. Para una mayor información sobre el proceso migratorio Internacional de la comunidad, revisar a Espinoza (1992).

16 La descripción del tercer caso se basa en el trabajo de Rivera (1998).


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• ANÁLISIS • lugar en el que permaneció hasta finales de 1967, cuando la “migra” se lo llevó deportado a Santa Rita. A Jesús le dio mucho gusto volver a México (aunque fuera deportado), ya que él salió de su país, siempre con la idea de regresar:

“...cuando llegué sentí un gusto enorme, porque, en lo que a mí concierne, me fui a los Estados Unidos con la idea de nunca quedarme; yo siempre viví como si estuviera en México, con sus costumbres y sus ideas, y no podía, ni quería cambiar... “

Más tarde, Jesús regresó con su padre a los Ángeles, lugar en donde estaban tra-bajando sus hermanos; posteriormente, consiguió empleo en otra empacadora de carne, esto gracias a la “mica” de su hermano, el cuál la había mandado a hacer con los datos de Jesús. Después, fue despedido de este trabajo y obtuvo otro dentro del mismo ramo, deshuesando reses, en el que duró 14 años más. Unos años más tarde, retornó a su terruño a casarse, llevándose a vivir a su esposa con él a los Estados Unidos, lugar en el que continuó trabajando hasta el año de 1980, fecha en que se regresó para San Diego de Alejandría. En 1984 muere su esposa, con la cual tuvo cuatro hijos que nacieron en Estados Unidos; Jesús se desilusiona y se deprime (según sus propias palabras); más tarde contrae nuevamente matrimonio con una joven de 18 años, oriunda de San Pancho, con quien tuvo tres hijos más. Ya no regresa a laborar a los Estados Unidos. Jesús es considerado dentro de la comunidad de San Diego de Alejandría, como un migrante con éxito; el prestigio social de Jesús dentro de la comunidad se debe según las personas, a la excelente inversión que le dio al salario percibido en los Estados Unidos. Jesús se dedicó a comprar propiedades (departamentos y casas) a crédito y en sociedad con sus hermanos en los Estados Unidos, las cuales vendió años después a un precio mayor que el pagado inicialmente. En muchas ocasiones Jesús solo daba un enganche para obtener las propiedades, las que más tarde ren-taba; como él dice: ... “se pagaban solas, y hasta sobraba”... Durante su residencia en los Estados Unidos, Jesús añoraba regresar a vivir en México con su esposa e hijos, fue hasta 1980 cuando se decidió a vender todo cuanto tenía en los Estados Unidos y regresar a su comunidad de origen. Con el dinero obtenido de la venta de sus propiedades construyó su casa, compró un rancho, terrenos y otras propiedades más en San Diego de Alejandría.

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Sobre como influye el capital económico en la adquisición de reconocimiento y estatus social (capital simbólico) dentro de la comunidad de origen, Jesús opina que:

... “los emigrantes tienen mucha aceptación aquí en San Diego por mucha gente, ellos dicen primero: ya se fue fulanito o sutanito pa´l norte, y cuan-do regresa, todo el mundo quiere estar y convivir con el que se fue. Hay gente que triunfa, construye su casa, sus negocios y cuando regresa ya no es fulano de tal, sino Don.... que hizo su casota y compró sus tierras. Sin embargo, hay gente que va a la escuela, se gradúa, es profesionista, ya se recibió; pero la gente no les toma importancia, no tienen el mismo reco-nocimiento que los emigrantes. La gente ve a los muchachos pobres, que se van, que triunfan, hacen dinero, regresan y construyen su casa. La gente no ve igual al que tiene dinero y llega a ser profesionista, pues tuvo todo para poder hacerlo, eso para los de San Diego no tiene mérito. En cambio, uno que sufre, que se esfuerza, que regresa con algo, eso sí es de mérito”.

Más tarde, con sólo unos años de establecimiento dentro de la comunidad, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) lo apoyó en su postulación como el candidato a la presidencia municipal, esto bajo el cobijo y el compadrazgo del cacique de la comunidad Jesús Sánchez, y el impulso de agrupaciones como la CNC, CNOP, así como de la asociación de ganaderos y ejidatarios de la comunidad; logrando ocupar la presidencia municipal por primera vez en el año de 1986. Al término de su periodo en 1988, fue nombrado presidente del PRI, y en el año de 1992, nuevamente fue elegido presidente municipal de San Diego de Alejandría; esto, gracias al buen aprovechamiento de la simpatía, aceptación y reconocimiento social que había construido Jesús Hernández dentro de la comunidad. Ello, a pesar de su largo establecimiento en los Estados Unidos, a la falta de la “preparación”, y a la carencia del conocimiento sobre los problemas y necesidades de San Diego de Alejandría, Jalisco. Éste no ha sido el único caso en el que el capital social y simbólico de un transmigrante ha sido aprovechado, tanto por parte de los actores sociales como de los partidos políticos, para obtener y ganar espacios políticos dentro de la política local de la comunidad; incluso partidos de la oposición como el Partido de Acción


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• ANÁLISIS •

Nacional (PAN) han llegado a considerar a los migrantes como sujetos sociales activos que despliegan un capital político-simbólico que puede ser empleado para

17 triunfar en procesos electorales. Segundo Caso A principios de los años setenta, se formó en los Estados Unidos una de las primeras y más importantes asociaciones migrantes mexicanas que agrupaban a clubes de oriundos por entidad estatal. Con ocho clubes, nació la Asociación Zacatecana, la cual durante un tiempo se convirtió en una asociación regional más amplia que incluía a clubes de otros estados, pero en 1985 regresó a ser una organización estatal. La actual Federación de Zacatecanos se compone aproximadamente de 40 clubes de oriundos, cada uno con tres representantes electos, que tienen un voto en la federación. La mayoría de los clubes organizan bailes y otros eventos (quermeses, rifas, etcétera), para recolectar dinero que se invertirá en futuros proyectos co-munitarios. Durante los últimos años, la Federación ha organizado el “Día Zacatecano”, este día suele coincidir con la visita del gobernador de Zacatecas. Es importante destacar, que desde 1995 se ha observado la presencia de los presi-dentes municipales de Zacatecas en los Estados Unidos. El gobernador y presidentes municipales se reúnen con los representantes de los clubes para negociar los proyectos que se llevarán a cabo en la entidad durante el año siguiente. Las festividades incluyen también la coronación de la Señorita Zacatecas, en donde la mayoría de los clubes de oriundos concursan con su candidata para participar en la contienda. La pertenencia a estas organizaciones tiene sus privilegios, pues tan solo el pago de la membresía a la organización es mucho menor que el costo habitual para tener derecho al programa de salubridad mexicana administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual provee de una cobertura médica a las personas o familiares del migrante en México. El dinero recolectado por esta organización es usado para patrocinar el intercambio de maestros, proyectos comunitarios, etcétera.

17 Fue en el año de 1995, cuando el Partido de Acción Nacional apoyó a un exmigrante, lográndole ganar por primera vez al Partido

Revolucionario Institucional la contienda electoral por la presidencia municipal de San Diego de Alejandría, Jalisco. Para mayor información, consultar el trabajo de Luis J. Martínez “Procesos políticos y migración internacional en San Diego de Alejandría, Jalisco”. Presentado en el VIII Congreso del Verano de la Investigación Científica. Veracruz, México. 1998.

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Una de las actividades más importantes de la Federación de Zacatecanos, radica en actuar como intermediario entre el estado-nación mexicano y los transmigran-tes, negociando y obteniendo recursos estatales y federales, que sumados con el dinero aportado por los migrantes, se canalicen para proyectos a realizar en las co-munidades de origen, así como en becas y programas federales. Gran parte del éxito de la organización de los Zacatecanos, se debe a su relación con los gobernadores del estado. Como ejemplo de lo antes mencionado, en 1986, el entonces gobernador Genaro Borrego, estableció relaciones bastante estrechas con la Federación a través de su interés en desarrollar un programa, en donde el gobierno estatal daba un dólar por cada dólar donado por un club de paisanos para proyectos en su lugar de origen. Estas relaciones se mantuvieron con el gober-nador Romo, quién estableció el Programa Dos por Uno (2 X 1), el cual ponía un dólar federal y otro estatal por cada dólar generado por los clubes de paisanos, esto, con la intención de invertirlo en proyectos de las comunidades de origen. El 2X1 fue un importante elemento del Programa para las Comunidades Mexicanas en el Extranjero (PCME), que se llevó a cabo de 1993-1995, elaborado y desa-rrollado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), un Programa de Solidaridad Internacional. Muy recientemente, el PCME ha comenzado a alentar a los presidentes muni-cipales a viajar a los Estados Unidos, con la finalidad de conocer a sus posibles electores; contexto que aprovecha la federación, los clubes y sus líderes para negociar con las autoridades mexicanas, diversas peticiones, beneficios y prerro-gativas para con las organizaciones y sus comunidades de origen. Tercer caso Existen tres organizaciones transfronterizas de indígenas oaxaqueños migrantes con una importante presencia histórica en California: La organización Regional de Oaxaca, la Asociación Cívica de Oaxaca y el Frente Indígena Oaxaqueño Bina-cional. Estas agrupaciones cuentan actualmente con diferentes niveles de institu-cionalización, así como con diversas políticas a su interior, entre ellas, la principal se da en el plano de la autogestión y de la independencia hacia con el gobierno estatal de Oaxaca y los diferentes consulados mexicanos.


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• ANÁLISIS • Organización Regional de Oaxaca (ORO) Esta organización está formada por una coalición de asociaciones de pueblos zapotecas residentes en el área de los Ángeles California. El principal proyecto de esta agrupación es la organización del festival de la Guelaguetza (desde hace 8 años que se lleva a cabo). Este festival cultural oaxaqueño es el más importante en California. Los migrantes financian el costo de: las bandas de música, bailables, etcétera. La ORO, también canaliza proyectos de obras públicas para sus comunidades de origen. La estrategia de gestoría de la ORO, ha sido canalizar sus demandas directamente con el gobierno del Estado. A su vez, ha organizado visitas del gobernador de Oaxaca a California, al mismo tiempo que han sido invitados por el gobierno estatal como organización representante de los migrantes Oaxaqueños en California, y para firmar convenios de apoyo a los migrantes. Asociación Cívica Benito Juárez (ACBJ) La asociación Cívica Benito Juárez, establecida en Fresno, es una de las asocia-ciones de mixtecos más antigua en California. El trabajo de la ACBJ se ha concentrado sistemáticamente en el área de Fresno con la comunidad de migrantes de San Juan Mixtepec. Durante algún tiempo pudieron mantener sus propias oficinas y atraer fondos modestos de varias fundaciones progresistas (Vanguard y Levinson) para desarrollar diversos proyectos. Uno de esos proyectos fue la construcción de una mini-cooperativa de producción agrícola en Fresno, y el otro proyecto más ambicioso fue la creación del Centro de Desarrollo Rural Indígena (CEDRI) en San Juan Mixtepec, Oaxaca. La mini-cooperativa de producción nunca pudo despegar debido a muchas complicaciones estratégicas y el regreso a México del principal líder del proyecto. Por otro lado, el CEDRI sigue funcionando en varias comunidades dentro del municipio de San Juan Mixtepec a una escala mucho menor de lo planeado inicialmente debido a la falta de financiamiento. La meta principal del CEDRI es la promoción de proyectos de producción agrícola sustentables, y el desarrollo y preservación de tecnologías tradicionales.

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Frente Indígena Oaxaqueño Binacional (FIOB) El FIOB se creó de manera informal en 1991, como una coalición de organiza-ciones de migrantes indígenas que habían estado operando en California desde principios de los ochentas bajo el nombre inicial de Frente Mixteco-Zapoteco Binacional. Las organizaciones que integraron esta coalición tenían la caracterís-tica de funcionar como “Asociaciones de Pueblo”.18 Es decir, el enfoque principal de estas primeras organizaciones de indígenas migrantes se centraba alrededor de sus comunidades de origen. Éstas, seguían pautas asentadas por otras asociaciones de migrantes mestizos que habían existido por muchos años entre los migrantes de los estados de Jalisco, Zacatecas, Durango y Guanajuato. Después del Congreso Ordinario del Frente Mixteco-Zapoteco Binacional reali-zado en 1994, el FIOB se transforma de una coalición de asociaciones, a una organización de base con su propia membresía y estructura. El FIOB mantiene una Coordinación General Binacional que organiza los trabajos en el ámbito general de ambos países, pero el trabajo de base se realiza a nivel regional. Se constituyen tres regionales básicos: el del Valle de San Joaquín en California, el Valle de San Quintín, Baja California Norte y el regional de la Mixteca, en Oaxaca. Los miembros en cada región siguen afiliados a sus comités de comunidades y los representantes de éstos forman parte del Consejo Regional del FIOB. Esta misma estructura se repite en cada región. Actualmente el FIOB ha desarrollado un proyecto de procuración de justicia encaminado a apoyar a comunidades indígenas migrantes para encontrar una voz colectiva sobre aquellos temas que afectan su capacidad de sobrevivencia econó-mica y cultural en el proceso migratorio y en sus comunidades de origen. Este proyecto de “Procuración de Justicia y Defensa de los Derechos Humanos de los Indígenas Migrantes” tiene como principal objetivo lograr que la población indígena migrante cuente con un apoyo legal y las capacidades y conocimientos para la defensa de sus derechos humanos y laborales.

18 Las Asociaciones del Pueblo son organizaciones informales que se constituyen principalmente alrededor del interés mutuo que

comparten familias emparentadas por su comunidad de origen, el financiamiento de obras de infraestructura en México, y la organización de eventos deportivos en los lugares de residencia en los Estados Unidos. (Rivera, 1998: 4-5).


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• ANÁLISIS •

Análisis de los casos presentados Primero El proceso migratorio de la vida de Jesús, nos remite a diversas reflexiones, primera: sobre la importancia de las redes sociales para la continuidad y manteni-miento de las comunidades trasnacionales; esto, ya que para Jesús hubiera sido mucho más difícil encontrar un lugar de establecimiento y de trabajo sin la ayuda de sus hermanos, los cuales forman parte de un circuito migratorio transnacional en donde fluyen bienes, personas e información sobre cuestiones laborales y de vivienda. La comunidad de origen representa para los migrantes un valioso contexto en donde ellos pueden reorientar su estatus social y los regímenes de estratificación de la comunidad,19 los cuales a futuro posibilitan la obtención de espacios polí-ticos, que antes de la migración estaban lejos de poder alcanzarse. Recordemos como las inversiones de Jesús (capital económico) hechas en los Estados Unidos le permitieron adquirir bienes, propiedades y pertenencias en San Diego de Alejandría, elemento que le permitió obtener un reconocimiento social dentro de la comunidad (capital simbólico), favoreciéndole en los dos procesos electorales en los que se postuló como presidente municipal de San Diego de Alejandría, Jalisco.

Los pueblos se han convertido en asentamientos en los cuales los migrantes y sus familias pueden traducir sus ganancias en estatus social entre la gente que habla el mismo idioma de estratificación. Esto es algo en que han sido relativamente menos capaces de hacer en los Estados Unidos, por lo menos hasta el tiempo reciente. Hay una dimensión política fuerte para el nexo de la migración transnacional, la construcción social de la comunidad a través del espacio y del tiempo, y el consumo privado basado en el gasto del salario del trabajador migratorio. La migración puede permitir a la gente transformar su estatus socioeco-nómico, en parte debido a las múltiples experiencias de clase asociadas con estar en los Estados Unidos contra estar en México, pero quizá más

19 El estatus social de los actores es visto como individual por los miembros de las familias y de las comunidades, pero también, el

estatus debe ser entendido a un nivel colectivo. Desde esta perspectiva, por ejemplo, un estatus puede variar como resultado de un logro personal, de reputación familiar y de recursos para las comunidades a las cuales uno reclama pertenencia (ej. Las comunidades identificadas sobre la etnicidad, religión, ocupación, deprote, nacionalidad, o un lugar de origen). La comunidadves entendida en términos de un sentido de historia compartida, de identidad y de significados inteligibles mutuos (Goldring, 1999: 167). Traducción del autor.

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por obtener bienes y servicios que estaban previamente más allá de su nivel de ingreso y de su poder político. Esta multitud de bienes ha reo-rientado los regímenes locales de estratificación; también extendería la ciudadanía social o substantiva (Goldring, 1997b: 93-94).

Los miembros de la comunidad, los partidos políticos (en este caso el PRI), los caciques,20 las agrupaciones, y el mismo Jesús, están conscientes de que los trans-migrantes han adquirido un estatus social diferente por motivo de la migración transnacional y de la compra de bienes materiales; así como de que se han con-vertido en nuevos actores sociales que negocian espacios y arenas políticas de poder con los gobiernos federales, estatales, y locales. En este caso, Jesús fue un actor social que, cargado de un nuevo capital social y simbólico logró ganarle dos veces la presidencia municipal de su comunidad al partido de oposición (PAN), el cual se ha fortalecido enormemente los últimos años en el Occidente de México; no olvidando, claro está, que su triunfo fue apoyado por los mecanismos corporativizados del PRI. Éste, puede ser un primer nivel de análisis a estudiar posteriormente, en el que se observa: a) una respuesta del gobierno local ante el transnacionalismo y los transmigrantes; b) un mecanismo de negociación y control social del poder, entre los transmigrantes que retornan y se insertan nuevamente en su comunidad, y los gobiernos locales de las comunidades de origen. Segundo Durante la década de los setenta, se percibió un cambio notorio en el perfil del proceso migratorio México-Estados Unidos. Comúnmente, el migrante asalariado solía establecerse sin su familia y en forma temporal en el sector agrícola estado-unidense, regresando periódicamente a alguna comunidad del Occidente de Méxi-co: Jalisco, Michoacán, Zacatecas y Guanajuato principalmente. En los setenta, las redes sociales de migración de las comunidades transnacionales se consolida-ron,21 y un número significante de migrantes provenientes de estas comunidades

20 Originalmente el término se refería a los mestizos, quienes jugaban el papel de intermediarios entre la población indígena y los

españoles colonizadores. Actualmente el término nos remite a la denominación de ciertas personas que hacen la función de un “patrón político”: frecuentemente son hombres que cuentan con cierto tipo de riqueza, por medio de la cual construyen sus relaciones de dominio sobre los demás individuos del lugar; en donde el compadrazgo, el monopolio de los recursos económicos y las relaciones entre las familias permite la perduración del poder de solo un grupo de individuos (Martínez, 1998).

21 Las redes sociales en torno a la migración, consisten en la creación de lazos que vinculan comunidades remitentes y puntos específi-cos de destino en las sociedades receptoras; estos nexos unen a los emigrantes y no emigrantes dentro de un entramado de relaciones sociales complementarias y de relaciones interpersonales que se sostienen gracias a un conjunto informal de expectativas recíprocas y de conductas prescritas. (Massey et al., 1991: 171).


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• ANÁLISIS •

del Occidente de México radicaron permanentemente en los Estados Unidos (so-bre todo en California) con sus familias y parientes, lo cual dio lugar al desarrollo de diversas relaciones sociales transnacionales.22

Este proceso de asentamiento pronto permitió el establecimiento de procedimien-tos organizativos por parte de los transmigrantes (clubes de oriundos-federaciones, etc.), los cuales se agruparon para la realización de diversos propósitos econó-micos, sociales, políticos y culturales con las comunidades de ambos lados de la frontera. En Estados Unidos, por ejemplo, los migrantes mexicanos elaboraron eventos culturales y de recreación que ofrecen a los miembros de las comunidades transnacionales espacios y oportunidades de socialización e intercambio de infor-mación acerca de eventos ocurridos en la comunidad de origen. En México, los migrantes realizan proyectos colectivos y comunitarios como mejoras a los templos e iglesias, construcción y/o mantenimiento de carreteras, escuelas, lugares recreativos y campos deportivos, obras hidráulicas diversas, pavimentación de caminos, y financiamiento de festividades religiosas. Los proyectos son expresiones materiales de ideas compartidas, pero negociadas, acerca del estatus de la comunidad-acerca del tipo de comunidad que imaginan y crean para ellos mismos. Estos proyectos también tienen una dimensión política. Representan actividades que cambian las condiciones de existencia, y reflejan maneras en las que las comunidades pueden terminar cosas sin apoyarse completa-mente en el estado. (Goldring, 1997b: 86) En el caso específico de los Zacatecanos, existen diversos vínculos entre el estado-nación mexicano y la Federación Zacatecana de transmigrantes para el desarrollo de proyectos y actividades en ambos lados de la frontera, en donde el sistema político mexicano no ha podido evitar el reproducir con los clubes mexicanos transfronterizos, los mecanismos de relación corporativa que establece con las organizaciones sociales al Sur de la frontera. A través de los consulados, gobier-nos municipales y estatales, partidariza las diversas actividades, los recursos finan-cieros y materiales que fluyen de los clubes migrantes en Estados Unidos hacia sus pueblos de origen (Santamaría, 1998).

22 Los sistemas de relaciones sociales se basan principalmente en el parentesco, la amistad y el paisanaje y se refuerzan con la interacción regular en agrupaciones sociales (Massey et al., op. cit.).

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Paralelamente a este proceso, el estado-mexicano ha aprovechado las relaciones y redes sociales de las organizaciones de migrantes con la finalidad de poder extender un control (a diversos niveles) sobre los connacionales en el extranjero, en donde él mismo se ha otorgado la tarea de ser el mediador del proceso transnacional, creando para ello programas que logren vincular profundamente a las comunidades de origen y destino en sus diversos ámbitos. Como ejemplos tenemos el Programa para las Comunidades Mexicanas en el Exterior,23 el Dos por Uno (2X1)24, y la firma del Convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que permitía a los migrantes de Zacatecas en California comprar un segu-ro médico para cubrir a sus familias en México. Todos estos programas y apoyos para con las agrupaciones migrantes han tenido un trasfondo político, ya que buscan aprovechar la lealtad de los migrantes a sus regiones de origen, para ganar su apoyo en la política nacional del gobierno y en varios aspectos importantes de las relaciones bilaterales con los Estados Unidos. Por su parte, los clubes y federaciones migrantes, como la Zacatecana, utilizaron los recursos obtenidos por el estado-mexicano para la ejecución de proyectos comunitarios, lo cual permitió a los migrantes construir mecanismos: 1) que los vinculen con sus comunidades de origen, 2) que les otorguen un reconocimiento social al interior de la comunidad local, gracias a la realización de proyectos y obras comunitarias, y 3) que reoriente su estatus social facilitando su reingreso y dando lugar a la apertura de espacios en los que los transmigrantes expresan su identidad y pertenencia local. Todo ello generando a su vez, la apertura de un “nuevo” poder político que es usado permanentemente por las agrupaciones migrantes para continuar negociando apoyos y recursos económicos en beneficio de las comunidades de origen y destino. En este sentido, los espacios sociales transnacionales y las organizaciones forma-les e informales pueden generar una importante fuente de capital social para las personas interesadas (líderes) en “hacer algo por la comunidad”. En donde los transmigrantes y sus asociaciones ofrecen, en cierta manera, una oportunidad para

23 EL PMCE de la SRE, nació en 1990 como respuesta del Gobierno Federal a las numerosas demandas de mexicanos y México-

americanos en Estados Unidos de fortalecer sus vínculos con México, como país de origen mediante un mecanismo institucional. En virtud de ello, el programa tiene como objetivos promover el reconocimiento de nuestra historia, tradiciones, cultura y una mejor imagen de México en el extranjero, así como difundir las luchas, logros y manifestaciones culturales de los México-americanos. La dirección general del PMCE cubre las áreas de: organización comunitaria, educación, cultura, deportes, salud, negocios, reconocimientos, acercamiento a líderes y difusión (SRE, 2000: 1).

24 Desde que el programa comenzó en 1993, seis estados han participado en el programa, incluyendo Zacatecas, el cual fue uno de los más favorecidos: en 1993 a Zacatecas se le otorgó el 36% del total de los recursos del programa, y en 1994 el 46% (Sedesol, 1994).


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• ANÁLISIS •

desarrollar una jerarquía alternativa de poder en relación con las autoridades mexicanas25. Acerca de los mecanismos de negociación social, se puede observar que el estado-mexicano ha creado diversos programas binacionales de inclusión (de migrantes) y desarrollo para las comunidades de origen, que le permiten mantener un continúo contacto y mediar ciertos procesos sociopolíticos con las comunidades de mexicanos en el extranjero.26 Por otra parte, los gobernadores, presidentes municipales y autoridades del gobierno continúan reflexionando sobre los espacios políticos que han conseguido los transmigrantes, y piensan en ellos, como futuros actores sociales que pueden llegar a ser la diferencia en próximas contiendas electorales (locales, estatales y nacionales).

Existen varios puntos de vista sobre las implicaciones de las respuestas extraterritoriales ante el transnacionalismo en cuanto a oportunidades de participación o ejercicio de ciudadanía práctica de los transmigrantes. Éstos, se pueden categorizar de la siguiente manera: existen los autores que celebran el transnacionalismo y la extraterritorialización estatal como un fenómeno que amplía la contribución de personas que antes tenían pocas posibilidades para hacerlo (Basch et al., 1994), otros que ven el transnacionalismo de base como un proceso que amplía la autonomía y voz de los transmigrantes ya que a través del transnacionalismo logran eludir la hegemonía del estado (Kearney, 1991; Nagengast y Kearney, 1990; M.P. Smith, 1994; R. Smith, 1995 y otros más que advierten contra la celebración de las respuestas extraterritorializadas, ya sea porque incorporan selectivamente a una clase limitada de transmigrantes y/o perpetúan patrones de relaciones entre estado y sociedad que no amplían la participación de manera efectiva (Guarnizo, 1996; Rivera, 1997). (Goldring, 1997a: 1-2).

25 Son alternativas “porque aunque a veces los líderes pueden seguir los modelos clientelares o corporativistas de interacción que

predominan en México, sus fuentes de apoyo están fuera de las formas habituales de regulación del estado-mexicano y del gobierno local, y porque es probable orientarlo hacia cosas hechas por los miembros en México y los Estados Unidos” (Goldring, 1999: 177). Traducción del autor.

26 A partir de 1988, el gobierno mexicano ha desarrollado una política hacia los mexicanos en el exterior, que representa un cambio dramático en las relaciones estado-sociedad y estadotransmigrantes, ya que se basa en una nueva definición de la nación que incluye a los paisanos radicados más allá del territorio nacional (Goldring, 1997a).

73

Tercero A pesar de que tanto la Federación de clubes Zacatecanos, como las Organiza-ciones de Indígenas Oaxaqueños, contengan dentro de su estructura grupos de migrantes mexicanos, ambas asociaciones tienen enormes diferencias. La primera de ellas está relacionada con la cuestión de la etnicidad, la cual representa el mecanismo identitario y organizativo más importante por parte de los indígenas oaxaqueños. La segunda, la podemos visualizar dentro del ámbito de las acciones (autoges-tión). Las propuestas generadas por las organizaciones transfronterizas como ORO, ACBJ y FIOB, cuentan a diferencia de la de los mestizos: 1) con proyectos innovadores que enfrentan el problema de la migración desde la perspectiva de las comunidades de origen, 2) con alternativas de desarrollo para la política inter-nacional, ésto, con la finalidad de poder enfrentar la nueva crisis existente en las relaciones bilaterales entre México y los Estados Unidos por motivo de los problemas surgidos a partir de la migración transnacional. Tercera, a diferencia del enfoque exclusivo en relación al financiamiento de obras públicas por parte de la Federación de clubes Zacatecanos, estas nuevas organi-zaciones indígenas transfronterizas tienen como principal enfoque un cambio social y político como parte de sus proyectos de organización. Lo novedoso de los proyectos transfronterizos de estas organizaciones indíge- nas, es que existe una participación mucho más integral de los migrantes en sus comunidades de origen. Lo cual significa que los migrantes no son ajenos a los procesos políticos que se desarrollan en sus entidades locales, sino que participan activamente en éstos; por lo tanto, los proyectos de desarrollo económico que sus organizaciones promueven surgen de un proceso de deliberación donde participan ambos, los que se van y los que se quedan. Aspecto que no sucede del todo en el caso de la Federación de Clubes Zacatecanos. Resumiendo, podemos decir, que las funciones principales de las tres organiza-ciones transfronterizas indígenas son: 1) la institucionalización de la práctica política, la cual les permite una acción colectiva en todos los puntos en los cuales se ha reterritorializado la comunidad, y 2) institucionalizar ciertas prácticas de intercambio cultural y circulación de información que le dan sentido a una comu-nidad política que trasciende muchas fronteras geográficas en el ámbito de la comunidad, de la región y la nación.


74

• ANÁLISIS • Por último, cabe señalar:

“...que el activismo político de poblaciones migrantes como los indígenas oaxaqueños en California, y su capacidad de intervenir en los procesos políticos en sus comunidades de origen, tiene bases históricas en la fuerte identificación que estos migrantes tienen con su comunidad de origen. El otro aspecto que diferencia la experiencia de los migrantes indígenas, de su contraparte mestiza, es su capacidad de adaptar formas tradicionales de organización y participación política al proceso migratorio. Estas formas tradicionales van desde el establecimiento de formas de liderazgo muy controladas por la asamblea popular, hasta el mantenimiento de formas comunitarias de organizar el trabajo voluntario colectivo como lo es el te-quio. Debemos de apuntar que la capacidad de las comunidades indígenas para adaptar al proceso de migración estas formas tradicionales de organización está relacionada con el alto grado de autonomía que tradi-cionalmente han ejercido para regular sus asuntos internos” (Rivera, 1998:8).

A manera de conclusión A lo largo de este ensayo, hemos podido observar la importancia de la perspectiva transnacional para el desarrollo y análisis de los estudios sobre el fenómeno migratorio, en especial, y particularmente, para los trabajos relacionados con la participación política de los transmigrantes mexicanos en ambos lados de la frontera. Conceptos generados bajo esta perspectiva como: comunidad transnacional, cir-cuitos migratorios y espacio social transnacional, han servido para explicar en este trabajo, primeramente, el significado que los transmigrantes otorgan a sus comunidades de origen y /o terruño de sus recuerdos; segundo, los transmigrantes no son sujetos sociales pasivos por el solo hecho de haber migrado fuera de su estado-nación de origen, sino todo lo contrario, la migración transnacional ha dado lugar al surgimiento de espacios sociales transnacionales, en donde los nuevos actores sociales influyen de manera significativa en la vida política de sus comunidades de origen.

75

Por otra parte, a través de los ejemplos expuestos en este ensayo, hemos podido percatamos que: primero, el espacio social transnacional y la localidad de origen proveen a los migrantes de un contexto espacial y social único, en el que la comunidad transnacional y la gente que la conforma puede realizar el reclamo de sus derechos y valorizar su estatus social; segundo, en el camino de hacer y valorizar tales demandas, los transmigrantes y otros miembros de la comunidad transnacional pueden reorientar los regímenes de estratificación social existentes, favoreciendo con ello su participación política en las distintas dimensiones de la vida social de las comunidades, caso particular es la historia de Jesús, el transmi-grante de San Diego de Alejandría, Jalisco; tercero, existen diversas dimensiones para realizar estas reorientaciones: los individuos y sus familias pueden cambiar su propio estatus social, y quizás a futuro, ayudar a cambiar la posición de la comunidad a niveles regionales o estatales de autoridad; cuarto, las comunidades transnacionales pueden también ofrecer recursos organizacionales que permiten el desarrollo de jerarquías alternativas de poder, ejemplos claros de esto lo observa-mos en: la Federación de Clubes Zacatecanos y en las Organizaciones Transfron-terizas de Indígenas Oaxaqueños; quinto, la organización social transnacional puede ser un recurso significante en la formación de capital social y político para la comunidad, en donde los líderes son quienes pueden aprovechar los espacios transnacionales para adquirir jerarquías de poder /estatus, las cuales proveen de una arena política alternativa de interacción con las autoridades y los gobiernos de México y Estados Unidos, dando lugar a la creación de mecanismos de nego-ciación social en los que las organizaciones transmigrantes obtienen: 1) recursos y beneficios para los miembros de las comunidades transnacionales, 2) su reinserción, reconocimiento social y aceptación por parte de los miembros de la comunidad de origen. Por último, es pertinente señalar que la intención de este texto no giró, de ninguna manera, en torno a la idea de realizar una generalización teórica-empírica del proceso de transnacionalización del espacio político mexicano, tarea colosal y fuera de los alcances de una sola investigación; por el contrario, el objetivo de este ensayo es mostrar como a partir de tres caso “tipo” (migración transnacional México-Estados Unidos), se pueden encontrar ciertos elementos específicos que nos permiten observar indudables regularidades en el proceso migratorio, y que a futuro servirán para dar una mejor interpretación y explicación de los fenómenos sociopolíticos generados a partir de la migración transnfronteriza entre México y Estados Unidos.


76

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El campo que nos tienen prometido. Notas para una nueva agenda para la organización económica del medio rural*

Roberto Aceves Ávila* *

Para Hilda y mis niñas Para mis padres

Introducción

ubo una vez un país en el que "en su inexperiencia de las cosas políticas y, sobre todo, de las económicas y financieras, e impregnadas sus clases superiores de jacobinismo francés, resultó que... no supo gobernarse por

sí solo, que arrasó cuanto pudo del viejo régimen, sin acertar a reemplazarlo con otro mejor, que ensayó en vano todas las formas de gobierno, que vivió en perpetuo estado de anarquía, que hizo varias veces bancarrota, que se desprestigió en el exterior... y que cuando al fin logró derribar el Imperio... y librar el territorio del yugo intervencionista y de la influencia retrógrada... el pueblo se encontró exhausto, comprometida su situación económica y hacendaría, y obligado, des-pués de medio siglo de anarquía, a rehacerlo todo y a reconstruirlo".

H

* Este trabajo obtuvo el 3er. lugar del V Premio Estudios Agrarios 2000. ** Actualmente se desempeña como coordinador de asesores en la Subsecretaría de Planeación de la Sagar.

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Aunque parezca increíble, el párrafo anterior no proviene de un editorial del periódico La Jornada o de una página de la revista Proceso, sino que forma parte de la serie de artículos publicados por el general Porfirio Díaz en el Sunset Magazine de San Francisco, California, en 1910.1 Años van y sexenios vienen, pero los "argumentos" son siempre los mismos: hemos llegado al fin del camino y el debate se reduce a expresar las condiciones en que ocurrirá el ya muy próximo Armagedón.

Desde hace décadas, es un lugar común de nuestra cultura política pregonar el fracaso absoluto de las políticas públicas, sobre todo en el campo, Y no es para menos. Es evidente que algo está ocurriendo por esos lares. También salta a la vista que el asunto de la pobreza extrema no es un mito, y que la descapitalización en algunos sectores es preocupante. En el sector agropecuario persisten problemas estructurales que no han sido corregidos totalmente; incluso, algunos de ellos se han agravado: sobresalen el aumento de la pobreza extrema, principalmente en zonas indígenas, y el deterioro del ingreso en algunas regiones.

Por otro lado, en los últimos años, con la instrumentación de la apertura comercial y las reformas económicas, se ha fortalecido el debate acerca de la viabilidad de la actividad agropecuaria en el corto y el largo plazos. En ese sentido, se aduce el agravamiento de la pobreza en las zonas rurales; pérdida de rentabilidad, debido a menores precios de compra de los productos agropecuarios; incremento en los costos de producción, y fuertes restricciones en los flujos de crédito y seguro. A pesar de lo anterior, la producción agropecuaria continúa elevándose, aun en las regiones con deficiencias estructurales, mientras que la agroindustria continúa creciendo y el comercio exterior agropecuario se fortalece. ¿Cómo explicar esta aparente contradicción sin caer en los extremos de la descalificación extrema y las visiones de desastre?

La idea central de este ensayo es aportar elementos objetivos de análisis al debate sobre la agenda y el tipo de políticas públicas que deberán instaurarse en los próximos años para el campo mexicano. Se parte de la idea de que la política de largo plazo no sólo depende de las condiciones económicas y sociales que en-frenta el sector por sí mismo, sino también de los nuevos temas de la agenda del desarrollo rural que requieren ser tomados en cuenta, así como de los posibles escenarios económicos, sociales, institucionales y poblacionales que enfrentará la economía en el próximo siglo.

1 Díaz, Porfirio, La República Mexicana y su regeneración, por el señor general D. Porfirio Díaz. Artículos publicados en el Sunset

Magazine de San Francisco. California, Linotipografía de Braulio Acosta, México, 1910.


84

• ANÁLISIS • La idea es contribuir, con sentido crítico pero sin autoflagelaciones, a la definición de una imagen objetivo del campo mexicano para los próximos años. El dinámico contexto del sector rural en México La evolución y la composición económica y social del campo mexicano son muy complejas. A partir de los años cuarenta, el perfil de México, como país eminen-temente rural, cuyas exportaciones eran principalmente de productos primarios, se transformó en el de país con alta capacidad económica y comercial, que actualmente se encuentra entre las primeras 20 economías del mundo y que se caracteriza por la apertura comercial, una menor participación del Estado en las actividades productivas, una mayor profundización de las reformas estructurales de su economía, una mayor participación de las fuerzas de mercado y un mayor valor agregado en sus productos. Por otra parte, la evolución de nuestra economía ha generado cambios profundos en el contexto del crecimiento del sector rural. En el año 2000, México cuenta con 97.4 millones de habitantes,2 y su población continuará creciendo, aunque con tasas menores que en el pasado. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, dentro de 30 años la población nacional podría llegar a entre 125 y 142 millones de habitantes; esto es, entre 20 y 44% más que en la actualidad.3

Asimismo, el proceso de urbanización del país continúa. Cabría esperar que, en el año 2025, más de 80% de la población de México habite en centros urbanos,4 muy superior al cerca del 57% que lo hacía en 1990 o 75% actual, de acuerdo con el último censo poblacional. Es de esperar que el crecimiento urbano se deba al desarrollo de ciudades que actualmente tienen un tamaño medio y, en menor medida, al de las grandes concentraciones urbanas (ciudad de México, Monte- rrey y Guadalajara). Parte de ese crecimiento ocurrirá sobre terrenos actualmente dedicados a la agricultura. Esto es evidente sobre todo en regiones conurbadas, como Guadalajara y Zapopan, y en las ciudades localizadas en el Bajío (León, Guanajuato, Irapuato, Celaya, por ejemplo), donde el crecimiento urbano se realiza sobre terrenos dedicados, en buena medida, a actividades agropecuarias.

2 INEGI, Estados Unidos Mexicanos. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Resultados Preliminares, INEGI, México. 2000. 3 Conapo, La situación demográfica de México, 1999, Conapo, México, julio de 1999. 4 Véase Consultores Internacionales, SC, Prospectiva del agro y la ganadería al 2025, estudio preparado para la Sagar, SPl, México,

1997.

85

Esta es quizá la primera paradoja que nos plantea el análisis de la situación del sector agropecuario hacia el futuro. La evolución económica del país está redu-ciendo la importancia relativa del sector agropecuario, aunque, al mismo tiempo, el crecimiento poblacional está exigiendo una producción de alimentos cada vez mayor. Tan sólo la tendencia del crecimiento poblacional, sin tomar en cuenta otros factores, implica que México tendrá que contar, dentro de 30 años, con vez y media más de los alimentos disponibles hoy. Por el lado de la producción, es previsible que en el futuro la superficie cosechada tendrá incrementos relativamente modestos, que difícilmente serán 20% mayores que su extensión actual y que, en su mayoría, no corresponderá a tierras de las más propicias para tareas agrícolas.5

Para cubrir las mayores demandas previsibles, será necesario lograr aumentos importantes de productividad, o bien incrementar las importaciones de productos agropecuarios de manera permanente. Una mayor productividad deberá conseguir-se en condiciones que distan de ser las más favorables, como lo veremos más ade-lante (creciente erosión de los suelos, dependencia de las condiciones climatológi-cas, algunas insuficiencias de infraestructura y baja tasa de difusión tecnológica). Pero existen, además, otros factores que están alterando significativamente no sólo la demanda de alimentos, sino también las formas de producirlos y, conse-cuentemente, las formas de organización y vinculación de la producción con la agroindustria. Nos referimos al cambio en las características de la demanda de alimentos, debido a la evolución natural de la población. La población nacional será en el futuro, en promedio, más vieja que la actual. Los menores de 10 años podrían representar, en el 2025, entre 13 y 15% del total (en lugar del cerca de 20% actual). Los mayores de 65 años incrementarán su participación, pudiendo llegar en 2025 a entre 8 y 10% (contra el poco más de 3% que representan actualmente). Lo anterior afectará tanto el consumo promedio per cápita de alimentos como las características de algunos productos.

5 ídem.


86

• ANÁLISIS •

Pirámide de edades de la población en México, 1970-1998

Fuente: Tuirán Rodolfo, México: hacia el dominio de su destino demográfico, octubre de 1998. En el cambio gradual de la estructura de edades de la población, empiezan a acrecentar su importancia los grupos de entre 10 y 24 años, lo cual implica una mayor integración de la población joven a actividades fuera del hogar (estudio, trabajo, etcétera), lo que también significa un cambio en la demanda alimenticia hacia productos de más rápido consumo y preparación, que maximicen el contenido de calorías. Asimismo, implica más demanda de alimentos preparados y un mayor consumo de los mismos fuera del hogar. Por ejemplo, en la Encuesta Urbana de Alimentación y Nutrición en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (Enurbal) de 1995, en los estratos de ingresos alto-medio y alto-bajo fue posible establecer un registro de consumo fuera del hogar de, aproximadamente, 50% de los individuos, quienes realizaron algún tipo de comida fuera de casa el día anterior, lo cual permitió afirmar que entre cinco y un diez por ciento del consumo familiar de energía se realiza fuera de casa en estos estratos.6

La dinámica laboral en los hogares también está cambiando. La Encuesta Nacional Ingreso Gasto de los Hogares 96 (ENIGH, 1996) registra un aumento en el prome-

6 Véase Encuesta Urbana de Alimentación y Nutrición en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (Enurbal) de 1995, los datos

para estratos inferiores no tuvieron la confiabilidad suficiente como para presentar conclusiones a! respecto.

100 d+95-9990-9485-8980-8475-7670-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

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Hombres MujeresMillones de personas

0 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6

1970100 d+95-9990-9485-8980-8475-7670-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

100 d+95-9990-9485-8980-8475-7670-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

100 d+95-9990-9485-8980-8475-7670-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4


0 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6


0 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6


0 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6

1980

1990 1998

87

dio de perceptores de ingreso por hogar, al pasar de 1.5 a 1.6. En 10% de los que cuentan con menores ingresos el incremento fue de 1.0 a 1.2. Esto se refleja en una mayor participación de la mano de obra joven, pero también de la femenina. De acuerdo con la ENIGH 96, en México 35% de los miembros del hogar de 12 años y más, económicamente activos y ocupados, son mujeres. Las ediciones re-cientes de la Encuesta Nacional de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previ-sión Social muestran que, entre 1996 y 1997, el porcentaje de mujeres dentro de la población ocupada total pasó de 32.5 a 33.6%, lo que significa un incremento de 1 millón 105 mil 423 mujeres en la población ocupada registrada en tan sólo un año.7 Por otra parte, la misma ENIGH 96 registra que las horas dedicadas por las mujeres a trabajo, limpieza de la casa, preparación de alimentos, cuidado de los niños y lavado de la ropa superan 31% las dedicadas por los hombres a esas mismas actividades. Es decir, por un lado la mujer se integra con mayor rapidez al mercado laboral y, por otro, dedica más tiempo que el hombre al cuidado del hogar. Esto implica que la mujer trabajadora cuente con menos tiempo para la preparación de alimentos y demuestre una mayor preferencia por los preparados o de fácil preparación. ¿A dónde nos lleva lo anterior? Una población eminentemente urbana, joven y cada vez más integrada a los mercados laborales requiere de alimentos con características específicas (calidad, preparación, inocuidad, contenido calórico y proteínico, conservación y vida de anaquel), que no pueden obtenerse sin la integración de todos los procesos que intervienen en su producción. Ahora, muchos de los alimentos y productos del campo deben planearse desde sus características genéticas hasta la forma en que son cosechados y distribuidos a los consumidores a lo largo de la cadena. Es decir, la nueva demanda de la población está generando un proceso de integración en la producción de alimentos desde la generación de las características básicas que se demandan del bien hasta su producción, selección y distribución. Existe un elemento adicional para explicar la evolución de la agricultura y de la industria de alimentos en los últimos años: el sector se ha visto influido por las reformas y ajustes en su marco legal, económico e institucional. En 1986 se inició un proceso de reforma estructural, congruente con la reforma estatal y de la economía en general. Entre las principales medidas de política adoptadas, estuvo la apertura comercial del sector y de toda la economía, la reforma del marco legal agrario y la introducción de nuevas modalidades de apoyo, como se observa en el siguiente cuadro.8

7 STPS, Encuesta Nacional de Empleo, ediciones 1996 y 1997; INEGI; México, 1997 y 1998. La encuesta registra información para el

periodo abril-jumo. 8 Es una versión modificada del que aparece en Aceves Ávila, Roberto y Rosenzweig Pichardo, Andrés, "La experiencia de apertura

comercial del sector agropecuario mexicano, en el contexto del proceso de integración global", en Gonzalo, Manuel y Lamo de Espinosa, Jaime (dirs.), Oportunidades para la inversión y el comercio agroalimcniario español en América, serie Estudios, 135, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación-Secretaria General Técnica, Madrid, 1997.


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• ANÁLISIS •

Política Descripción Año Adhesión de México al GATT

· Antes, prácticamente todos los productos agropecuarios se encontraban sujetos al régimen de permisos previos; para 1990, la mayoría de dichos permisos ya habían sido eliminados y sujetos a un arancel dentro de un rango de 0 a 20%

1986

Reformas al Articulo 27 Constitucional (Ley Agraria)

· La reforma al marco jurídico agrario termina formalmente con el sistema de redistribución a la tierra. · Garantiza la libertad de decisión y gestión de los ejidos y de sus integrantes. · Concede definitividad a los derechos individuales de los ejidatarios. · Los ejidatarios pueden, si lo desean, comprar, vender, rentar o utilizar como garantía las tierras que antes sólo usufructuaban. · Permite la propiedad de sociedades mercantiles.

1992

Tratado de libre Comercio de América del Norte

· Define condiciones obligatorias de acceso a mercados y subsidios a la exportación . · En materia de subsidios internos, medidas fitozoosanitarias, reglas de origen y normas de empaque y etiquetado con los EUA y Canadá cada país mantiene su autonomía en estas materias. El compromiso es hacerlas transparentes, dar oportunidad de opinar al exportador cuando cambien las normas , y sustentar científicamente los cambios que se ejecuten en estas áreas. · Congruencia con la OMC y la Ronda Uruguay. · Desgravación total en un plazo de 15 años. · Eliminación de permisos previos de importación y aplicación de principios de arancelización.

1994

Procampo (Programa de Apoyos Directos al Campo)

· Compensa a los productores por la apertura. · Otorga pagos directos por hectárea a los productores que históricamente hubieran cultivado granos y oleaginosas. · Sirve como red de seguridad del ingreso rural. · Apoya la capitalización rural al servir como garantía productiva. · Duración de 15 años. · Mejora notablemente la distribución del ingreso en el campo. · Atiende a 3.3 millones de productores y 14 millones de hectáreas.

1994

89

Política Descripción Año Reforma institucional y redimensionamiento del Estado

· Privatización de las compañías de fertilizantes, semillas y otros insumos. · Privatización de las compañías de almacenamiento en poder del Estado. · Eliminación de las compañías encargadas de la comercialización de azúcar, tabaco y café. · Creación de instituciones como ASERCA, encargadas de dar apoyo y servicios al productor.

A partir de 1988

Modificación de la política de precios de garantía y Subsidios a comercialización

· A partir de 1990 se eliminan precios de garantía para trigo, sorgo, soya, arroz, cebada, cártamo, ajonjolí y girasol, y sólo permanecen los de maíz y fríjol. · Los precios de la mayoría de los granos se determinan por sus referencias internacionales. · Se otorgan apoyos para la comercialización de trigo y sorgo. · A partir de 1995 se otorgan subsidios a la prima para compra de opciones de granos en mercados internacionales, con el fin de que los productores puedan manejar mejor su riesgo de mercado. · A partir de 1999 se elimina Conasupo como comprador de última instancia en el campo.

A partir de 1991

Alianza para el Campo

· Conjunto de programas de apoyo a productores con potencial productivo. · Operación federalizada. Cada estado es responsable de la aplicación de los programas de la Alianza para el Campo. · Apoyos para la capitalización de los productores (fertirrigación, cercas, producción de leche, fomento al cultivo de oleaginosas, etc.). · Tiene como objetivos elevar el ingreso de productores, mejorar la balanza comercial, hacer crecer la producción de alimentos al doble de la tasa de crecimiento poblacional y consolidar la seguridad alimentaría del país.

1995


90

• ANÁLISIS • La acción de todos estos factores implica un reajuste en la estructura productiva del campo, ya que lleva a la sustitución de algunas de las unidades de producción de menor escala por nuevas unidades de mayor tamaño con tecnologías de punta, así como la modificación de las estructuras productivas, como veremos en la siguiente sección. Los ajustes del sector productivo a las nuevas condiciones de mercado

En México, el sector productivo primario (definido como la suma de actividades productivas agrícolas, pecuarias, forestales y pesqueras) participa, en promedio, con alrededor de 7% del Producto Interno Bruto total de la economía. Dicho porcentaje no es fijo, sino que tiende a situarse entre cinco y siete por ciento. De hecho, en la actualidad, la participación del sector primario es de alrededor de seis por ciento. Por otro lado, una parte importante de las decisiones productivas del sector primario reflejan su impacto en el PIB de la rama de alimentos, bebidas y tabaco, dentro de la rama de manufacturas. Tales son los casos de carnes y lácteos, y molienda de maíz y azúcar, que participaron con 36.5% del total del PIB de alimentos bebidas y tabaco en 1997.

Producto interno bruto por rama de actividad económica de alimentos, bebidas y tabaco (base 1993=100.0). Participaciones porcentuales

1993 1994 1995 1996 1997 e/ Prom.94-97 DI Productos alimenticios, bebidas y tabaco

11 Carne y lácteos

12 Preparación de frutas y legumbres

13 Molienda de trigo

14 Molienda de maíz

15 beneficios y molienda de café

16 Azúcar

17 Aceites y grasas comestibles

18 Alimentos para animales

19 Otros productos alimenticios

20 Bebidas alcohólicas

21 Cerveza y malta

22 Refrescos y agua

23 Tabaco

100.0

20.6

4.1

9.1

12.3

2.5

3.6

3.3

1.9

17.1

3.2

7.5

11.0

3.8

100.0

20.8

4.2

9.2

12.2

2.4

3.2

3.3

1.8

17.2

3.1

7.5

11.5

3.5

100.0

20.9

4.1

9.4

12.5

2.4

3.7

3.2

1.7

17.3

2.7

7.4

11.1

3.6

100.0

20.4

4.3

9.2

12.4

2.5

3.9

3.1

1.5

17.5

2.8

7.5

11.2

3.6

100.0

20.4

4.3

8.8

12.0

2.4

3.7

2.9

1.5

19.0

3.1

7.5

11.1

3.4

100.0

20.6

4.2

9.2

12.3

2.4

3.6

3.2

1.7

17.6

3.0

7.5

11.2 3.6

Fuente: INEGI, Sistemas Nacionales de México. e/:Estimado con información del indicador de la actividad industrial del INEGI

91

Esto nos demuestra que una tendencia reciente en el campo mexicano es que el desarrollo del sector primario está cada vez más ligado a la agroindustria (alimentos, bebidas y tabaco). Dicha rama es la segunda más importante den-tro de las divisiones de manufactureras, participando con cerca de 25% del PIB total manufacturero, sólo superada por la rama de productos metálicos, maquinaria y equipo.

Participación porcentual de las divisiones manufactureras

en el PIB total, 1997

Los subsectores más dinámicos dentro de la rama de alimentos son los de otros productos alimenticios, preparación de frutas y legumbres, azúcar, refrescos y aguas, y cerveza y malta, cuyos crecimientos porcentuales están por arriba de los que presenta la rama en su conjunto. En muchos casos, estos mismos subsectores son los que presentan importantes participaciones dentro de las exportaciones agroalimentarias.

Producto interno bruto por rama de actividad económica de alimentos, bebidas y tabaco (base 1993=100.0). Variaciones anuales

1993 1994 1995 1996 1997 e/ Prom.94-97

DI Productos alimenticios, bebidas y tabaco 11 Carne y lácteos 12 Preparación de frutas y legumbres 13 Molienda de trigo 14 Molienda de maíz 15 beneficios y molienda de café 16 Azúcar 17 Aceites y grasas comestibles 18 Alimentos para animales 19 Otros productos alimenticios 20 Bebidas alcohólicas 21 Cerveza y malta 22 Refrescos y agua 23 Tabaco

3.1 8.3 2.3 0.6 2.4

-6.7 13.8 2.9

-0.9 2.3

-14.5 4.9 4.8

-0.3

3.3 4.5 5.2 4.5 2.5 2.1

-9.2 2.6

-0.8 3.7 1.8 3.6 7.5

-3.9

0.0 0.1

-0.9 1.9 2.3

-1.8 17.5 -2.5 -7.7 0.5

-12.9 -1.0 -3.2 1.5

3.4 1,1 7.6 1.5 2.0 7.7 7.8 0.5

-5.6 4.9 6.7 5.4 4.0 4.5

3.9 3.9 3.3 -0.2 0.7 -0.6 -1.4 -2.9 1.5 12.8 13.6 2.9 3.2 -3.6

2.7 2.4 3.7 1.9 1.9 1.8 3.2 -0.6 -3.2 5.4 1.8 2.7 2.8 -0.4

VII industriasmetálicas básicas

5.4% 7.2%VI minerales no

metalicos, excepto der.del petróleo, caucho

y plástico

15.3%V sustancias

quimicas, der. delpetróleo, caucho y

plástico

4.7%IV maderay productosde madera

2.9%III papel,imprentay editores

8.7%textiles y prendas

de vestir

I alimentosbebidas y tabaco

24.8%

IX otras industriasmanufactureras

2.9%

VIII productosmetálicos,maquinaria

y equipo28.8%


92

• ANÁLISIS • El análisis conjunto de los sectores primario y agroalimentario indica una par-ticipación de alrededor de 10% dentro del PIB total de la economía.

Producto interno bruto anual (millones de pesos a precios de 1993)

Concepto 1993p/ 1994 1995 1996 1997

Total Var % anual Part. % en el total agropecuario, silvicultura y Pesca Var % anual Part. % en el total Alimentos, bebidas y tabaco Var % anual Part. % en el total agroalimentario Var % anual Part. % en el total

1,256,196.0

100.0

72,703.0

5.8

59,297.1

4.7 132,000.0

10.5

1,312,200.4 4.5

100.0

73,373.2 0.9

5.6

61,240.5

3.3

4.7 134,613.7

2.0

10.3

1,230,608.0 -6.2

100.0

74,005.2 0.9

6.0

61,267.2

0.0

5.0 135,272.3

0.5

11.0

1,294,151.7 5.2

100.0

76,646.2 3.6

5.9*

63,338.5

3.4

4.9 139,984.6

3.5

10.8

1,384,824.5 7.0

100.0

77,743.5 1.4

5.6

65,838.9

3.9

4.8 143,582.4

2.6

10.4

Fuente: INEGI, SCNM.

La tendencia a la integración del sector primario con la agroindustria es sólo uno de los aspectos del cambio estructural en el campo. En los últimos años la es-tructura productiva del sector agroalimentario comienza a dar signos de una lenta recomposición, en respuesta a las nuevas señales del entorno económico y social. Este cambio en la estructura productiva se puede analizar a través del comportamiento del valor bruto de producción.9

En el siguiente cuadro se presenta la estructura porcentual del valor de produc-ción, a precios constantes de 1993, de los principales cultivos del sector, los cuales representan, en conjunto, 66% del valor total.

9 La expresión "valor bruto de producción a precios constantes" se utiliza para expresar el comportamiento de la producción en uno o

más periodos, pero la valuación de esta producción se hace al precio de un período base (en este caso 1993). Asi, esta variable reñeja los cambios en el volumen de producción. Por 1o general todos los índices explícitos de precios y valor se construyen a partir de la fórmula de Laspeyres. Al mantenerse los precios constantes se obtiene un índice que refleja los movimientos en volumen de producción.

93

Estructura porcentual de la producción a precios constantes de los principales cultivos (año agrícola; 1993=100)

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Principales cultivos Granos básicos Oleaginosas Otros granos

52.2 38.6 6.2 7.4

57.8 45.1 4.8 7.9

56.4 45.2 5.1 6.1

56.3 46.6 2.3 7.3

56.0 50.2 1.9 3.9

58.1 50.4 3.1 4.6

55.8 47.0 3.5 5.2

56.9 45.1 3.9 7.9

54.3 43.8 3.7 6.9

52.7 42.4 3.4 6.9

Otros cultivos Chiles verdes Fresas Jitomate Perennes Total

47.8 4.0 0.5 8.8

34.5 100.0

42.2 3.5 0.6 7.7

30.4 100.0

43.6 4.2 0.5 7.6

31.3 100.0

43.7 4.8 0.4 5.8

32.6 100.0

44.0 4.7 0.5 6.7

32.2 100.0

41.9 4.0 0.3 5.3

32.4 100.0

44.2 4.6 0.5 7.1

32.0 100.0

43.1 4.6 0.4 6.9

31.2 100.0

45.7 6.7 0.3 7.0

31.7 100.0

47.3 7.1 0.6 7.5

32.2 100.0

Como se observa en el cuadro, entre 1989 y 1994 se mantiene una leve tendencia creciente en la producción de granos y oleaginosas y una ligera caída en la de hortalizas, frutales y perennes. A partir de 1994 se revierte la tendencia: comienza a decrecer la producción de granos y oleaginosas y aumenta la de otros cultivos (frutas, hortalizas y perennes). La participación de granos básicos en el valor de producción a precios cons-tantes tuvo una tasa media de crecimiento, entre 1989 y 1994, de 4.6% y un crecimiento punta a punta de 30.6%, para el mismo periodo. Entre 1994 y 1998 su tasa media de crecimiento fue de -3.4%, con una caída punta a punta de 15.9%. Esta tendencia es válida sobre todo para maíz y frijol. La participación del arroz tiende ligeramente al alza, mientras que la del trigo ha venido disminuyendo gradualmente desde 1989. La tendencia de la participación en el valor bruto de producción de cebada y, principalmente, sorgo ha sido inversa a la del resto de los granos. A partir de 1994 la producción de cebada y, en especial, de sorgo ha aumentado. En general, los cultivos perennes no muestran cambios significativos en su participación en el valor bruto de producción. Sin embargo, hay algunos productos que muestran tendencias al crecimiento, como jitomate, chile verde y café cereza, cuya demanda en los mercados internacionales ha favorecido su producción. En los casos de aguacate y caña de azúcar, su participación tiende a estabilizarse.


94

• ANÁLISIS •

Estructura porcentual de la producción a precios constantes de los principales cultivos (año agrícola; 1993=100)

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Otros cultivos de interés

Chiles verdes Fresas Jitomate Aguacate Alfalfa verde Café cereza Caña de azúcar Limón Manzana Naranja Plátano

47.8 4.0 0.5 8.8 2.8 4.4 3.9

11.6 2.8 1.7 3.9 3.5

42.2 3.5 0.6 7.7 3.6 4.6 2.7 9.4 2.2 1.3 3.2 3.4

43.6 4.2 0.5 7.6 4.1 4.6 3.0 9.1 2.3 1.5 3.5 3.2

43.7 4.8 0.4 5.8 3.9 4.1 3.2 9.9 2.5 1.8 3.8 3.6

44.0 4.7 0.5 6.7 3.6 4.4 2.8 9.8 2.2 1.5 4.1 3.7

41.9 4.0 0.3 5.3 4.0 4.8 2.7 9.0 2.4 1.3 4.4 3.7

44.2 4.6 0.5 7.1 3.8 4.6 2.6 9.4 2.7 1.1 4.7 3.2

43.1 4.6 0.4 6.9 3.9 4.6 2.8 9.1 2.5 1.1 4.0 3.3

45.7 6.7 0.3 7.0 3.7 4.7 2.8 9.6 2.7 1.7 3.8 2.7

47.3 7.1 0.6 7.5 3.9 5.7 2.0 9.3 3.3 0.9 4.6 2.4

Nota: La temporalidad para el Subsector Agrícola es año agrícola y para el Pecuario es año calendario. e/: Estimado con base en el cierre preliminar del ciclo 0-1 1997/98, producción probable del ciclo P-V 98/98 perennes de acuerdo con el avance diciembre de 1998 y cierre preliminar de la producción pecuaria. Fuente: Centro de Estadísticas Agropecuaria, Sagar.

Se podría deducir que existe una muy incipiente tendencia al cambio en los patrones de producción agrícola. Sin embargo, no debemos generar falsas expectativas respecto de las posibilidades de la conversión productiva en nuestro campo: es evidente el predominio de zonas áridas, semiáridas y templadas en el país, lo cual determina que la mayor parte de la actividad productiva agrope-cuaria se realice en zonas de temporal. De acuerdo con la Sedesol y el INE, solamente 9% de la tierra de temporal se puede clasificar como excelente y 11% como "buena",'mientras que el 80 restante es clasificado como regular y malo. En estas condiciones, la producción de granos con características adaptadas a las condiciones agroclimáticas de cada región representa la mejor opción para muchos campesinos que producen en condiciones adversas o de alto riesgo. Para bien o para mal, México continuará siendo un productor de granos en condi-ciones de temporal en los siguientes años.

Clasificación de la tierra en México de acuerdo con el tipo de temporal

Características Millones de hectáreas Porcentajes Excelente Bueno Regular Malo

18.00 22.00 32.00 123.80

9% 11% 16% 64%

Fuente: SedesoI/lNE, México: Informe de la situación general en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente 1991-1992. México, 1993.

95

La producción de carnes también ha sufrido cambios en su estructura porcentual de valor. Observamos cómo, de 1989 a 1998, la carne de bovino disminuyó su participación de 50.2 a 40.1%, con una tasa media de crecimiento de -2.2%. Por su parte, la carne de ave aumentó de 18.9% en 1989 a 32.9 en 1998, con una tasa media de crecimiento de 5.7%. La carne de porcino mantuvo una participación relativamente estable, con una tasa media de crecimiento negativa de 1.2% entre 1989 y 1998, mientras que el huevo presentó una tasa media de crecimiento de 0.3% de 1989 a 1998.

Estructura porcentual de la producción a precios constantes de la producción pecuaria (año agrícola; 1993=100)

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Carne en canal

Bovino

Porcino

Ovino

Caprino

Ave

Leche

Bovino

Caprino

Otros productos

Huevo

Miel

Cera

Lana sucia

100.0

50.2

27.4

1.4

2.1

18.9

100.0

97.7

2.3

100.0

92.0

6.9

0.6

0.5

100.0

46.5

27.7

1.4

2.0

22.4

100.0

97.9

2.1

100.0

91.2

7.7

0.7

0.4

100.0

45.7

27.3

1.4

2.0

23.6

100.0

98.0

2.0

100.0

91.8

7.2

0.6

0.4

100.0

46.2

26.5

1.4

2.1

23.8

100.0

97.8

2.2

100.0

92.5

6.5

0.6

0.4

100.0

44.7

25.5

1.4

2.0

26.4

100.0

97.9

2.1

100.0

93.1

6.0

0.5

0.4

100.0

45.1

25.2

1.4

1.7

26.6

100.0

98.0

2.0

100.0

93.7

5.4

0.5

0.3

100.0

43.8

25.0

1.3

1.6

28.5

100.0

98.1

1.9

100.0

94.5

4.8

0.4

0.3

100.0

42.6

25.5

1.3

1.5

29.0

100.0

98.3

1.7

100.0

94.5

4.8

0.4

0.3

100.040.8

40.8

25.0

1.2

1.4

31.4

100.0

98.4

1.6

100.0

94.5

4.9

0.3

0.3

100.0

40.1

24.4

1.2

1.5

32.9

100.0

98.4

1.6

100.0

94.7

4.7

0.3

0.3 Nota: La temporalidad para el subsector Agrícola es ano agrícola y para el Pecuario es ano calendario, e/: Estimado con base en el cierre preliminar del ciclo 0-1 1997/98, producción probable del ciclo P-V 98/98 perennes de acuerdo con el avance diciembre de 1998 y cierre preliminar de la producción pecuaria. Fuente: Centro de Estadísticas Agropecuaria, Sagar.

La evolución de las ramas del subsector pecuario es reflejo de las nuevas tendencias en las preferencias de los consumidores, principalmente urbanos, quienes aparentemente buscan fuentes alternativas de proteína animal más barata. Pero también esta recomposición productiva refleja el proceso de concentración industrial del sector pecuario, en el que están desapareciendo algunas unidades de producción de menor escala y surgiendo nuevas unidades de mayor tamaño, con tecnologías de punta. Este sector se encuentra cada vez más inmerso en un proceso de industrialización vinculado con el desarrollo de la agro industria.


96

• ANÁLISIS • El dinamismo y la importancia crecientes del sector agroindustrial dentro de la economía se reflejan en las cifras de inversión privada. De acuerdo con un análisis reciente, hecho a partir del índice agroindustrial de precios y cotizaciones,10 entre 1994 y 1998, el valor promedio anual de las operaciones con títulos del sector agroindustrial en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) fue de 34 mil 219 millones de pesos, o 5 mil 049 millones de dólares. La tasa media anual de crecimiento del valor de las operaciones bursátiles en pesos, del sector, fue de 15.05%. Estos montos de inversión representan, en promedio, para el periodo 1994-1998, 26.13% del PIB de la gran división I, 27.99% del PIB de la división de alimentos, bebidas y tabaco, y 13.51% del PIB agroalimentario (agropecuario, silvicultura y pesca, más alimentos, bebidas y tabaco).

Valor corriente de las operaciones con títulos del sector agroindustrial en la BMV 1994-1998 millones de pesos

Rubro 1994 1995 1996 1997 1998 Promedio

94/98

Valor operado en millones de pesos 1/

Valor como porcentaje de la G. D. 1

Valor como porcentaje de la división I

Valor como porcentaje del agroalimentario

20,384

27.19

30.59

14.39

23,400

25.46

25.73

12.80

32,962

23.59

26.09

12.39

53,257

32.49

35.30

16.92

41,091

21.93

22.26

11.05

34,218.8

26.13

27.99

13.51

l/ Fuente: Cálculos con información de Reuters, al 3 de junio de 1999. Fuente: 1NEG!. Sistema de Cuentas Nacionales de México, 1.1. Los años 1997 y 1998 son estimados con base en el PIB trimestral.

Podría suponerse que la mayoría serían operaciones especulativas; es decir, operaciones cuyo valor de transacción no está respaldado por el valor de los activos o por el capital contable de las empresas. Sin embargo, al analizar la evolución de dichos rubros entre 1994 y 1998 se observa que el valor de los activos y del capital contable siempre se mantiene por arriba del valor de las operaciones realizadas en la bolsa durante el periodo.

10 Palacio Fernández, José Miguel y Aceves Ávila, Roberto, et al., Cálculo de un índice agroindustrial de precios y cotizaciones para

las empresas de alimentos y bebidas en la Bolsa Mexicana de Valores. Un análisis de las tendencias de inversión privada en el sector, Sagar, México, 1999. Consúltese dicho trabajo para analizar la composición de las empresas agroindustriales y la metodología de cálculo.

97

Evolución de valor de las operaciones con títulos, de los activos y del capital contable de las empresas agroindustriales que cotizan 1994-1998 (miles de millones de pesos)

Fuente: Palacio, Aceves, et al. Cálculo de un índice agroindustrial de precios y cotizaciones para las empresas de alimentos y bebidas en la Bolsa Mexicana de Valores, Sagar, 1999. El valor promedio total de los activos de todas las empresas de alimentos y bebidas que cotizaron en la bolsa entre 1994 y 1998 fue de 150 mil 285 millones de pesos, mientras que el valor promedio total del capital contable de las mismas durante dicho período fue de 99 mil 191 millones de pesos, cifras muy superiores al valor promedio total de operaciones, que fluctuó alrededor de los 34 mil millones de pesos. La tasa media de crecimiento anual del valor del total de activos de todas las empresas en el sector fue de 14% entre 1994 y 1998, mientras que la tasa media anual de crecimiento del valor del capital contable total fue de casi 8% durante el mismo periodo. Lo anterior indica tendencias hacia la expansión de las empresas.

Tasas de crecimiento anuales del total de activos y capital contable de todas las empresas a

ero industriales en la BMV 1994-1998

Tasa media de

crecimiento anual

Variación

punta a punta

Variaciones anuales

Activos

Capital contable

94-98

14.02

7.78

94-98

92.75

45.44

VAR94-95 VAR95-96 VAR96-97 VAR97-98

57.08 6.72 24.99 -8.006

4.80 11.49 24.87 -0.322

200.0

150.0

100.0

50.0

1994 1995 1996 1997 1998

Volumen pesos Activo Capital contable


98

• ANÁLISIS • Por último, debe señalarse que esta expansión de la estructura agro industrial y los cambios en la estructura productiva del campo se reflejan en un importante dinamismo del comercio exterior de dicho sector. Este dinamismo también ha sido resultado de la apertura comercial y las políticas de desregulación del co-mercio exterior. A partir de nuestra adhesión al GATT (ahora OMC) en 1986, México ha desarrollado un considerables proceso de apertura comercial, que se refleja en los tratados comerciales con Chile, Estados Unidos y Canadá, Solivia, Colombia, Venezuela, Costa Rica y, recientemente, Nicaragua y Europa. La apertura comercial, en especial, con los países de América del Norte, muestra un acelerado dinamismo, que se refleja en tasas de crecimiento promedio de casi 9%, para el periodo 1993-1998. Destaca el hecho de que la tasa de crecimiento de las exportaciones, tanto del sector agropecuario como del de alimentos, bebidas y tabaco, fue superior al crecimiento de las importaciones durante el mismo período.

Balanza comercial agropecuaria y agroalimentaria México-TLCAN 1993-1998 (miles de dólares)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/ TMAC

% Balanza agropecuaria 1/

Exportaciones agropecuarias

Importaciones agropecuarias

Balanza agroalimentaria 2/

Exportaciones

agroalimentarias

Importaciones

agroalimentarias

377,763

2,379,145

2,001,382

(857,384)

3,211,060

4,068,444

(257,963)

2,465,459

2,723,422

(1,820,776)

3,413,930

5,234,706

1,633,485

3,517,545

1,884,060

816,259

4,701,754

3,885495

(190,237)

3,013,190

3,203,427

(1,256,730)

4,472,667

5,729,397

536,788

3,268,370

2,731,582

(584,024)

4,895,214

5,479,238

199,573

3,591,071

3,391,498

(791,706)

5,530,616

6,322,322

8.58 %

11.12 %

11.49 %

9.22 %

l/ Elaborado con base en los capítulos 1 al 10, excluyendo el cap. 3 (sector pesquero) y demás fracciones que no correspondan al sector agro alimentan o de ta Tarifa General de Importaciones y Exportaciones que publica Secofi. 2/ Elaborado con base a los capítulos 1 al 24, excluyendo el cap. 3 (sector pesquero) y demás fracciones que no correspondan al sector agroalimentario de la Tarifa General de Importaciones y Exportaciones que publica la SECOFI a/ Cifras preliminares. Fuente: DGESA/Sagar, con datos de la Secofi. En general, los principales rubros de exportación del sector son café en grano, jitomate, legumbres y hortalizas frescas, melón, sandía y otras frutas frescas, rubros que representan alrededor de 80% del valor total de las exportaciones mexicanas en el periodo 1990-1998.

99

Valor de las exportaciones agropecuarias 1990-1998 (Estructura porcentual)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998/a

Exportaciones agropecuarias Agricultura y silvicultura Algodón Café crudo en grano Jitomate Legumbre y hortalizas frescas Melón y sandia Otras frutas frescas Tabaco en rama Trigo Otros Ganadería y apicultura Ganado vacuno Miel de abeja Otros

100.0 81.5 4.4

15.8 20.3 20.4 4.3 6.6 1.0 0.0 8.7

18.5 16.5 1.8 0.2

100.0 81.9 3.4

16.1 11.4 21.4 6.2

12.4 1.9 0.0 9.1

18.1 15.6 2.2 0.2

100.0 81.8 1.5

12.6 8.1

26.8 4.4

15.6 0.7 0.0

11.9 18.2 16.0 1.9 0.3

100.0 80.1 0.4

10.3 16.1 26.7 2.6

13.2 1.6 0.0 9.2

19.9 18.3 1.4 0.3

100.0 84.9 1.6

13.7 15.1 26.4 3.4

13.4 1.0 0.6 9.7

15.1 13.8 1.1 0.2

100.0 85.2 4.4

18.1 15.0 23.8 2.9

10.3 0.7 1.8 8.2

14.8 13.7 0.8 0.3

100.0 94.4 4.4

20.0 15.9 21.9 3.8

12.4 1.3 0.6

14.1 5.6 3.8 1.5 0.3

100.0 93.2 3.0

22.6 14.3 25.3 3.8

11.6 1.1 2.1 9.4 6.8 5.4 1.1 0.2

100.0 93.2 1.4

16.5 16.6 29.1 3.9

13.4 1.1 0.7

10.5 6.8 5.5 1.1 0.3

Fuente: Centro de Estadística Agropecuaria, a/ Cifras preliminares. Por su parte, las exportaciones agroindustriales del país se concentran en cerveza, legumbres y frutas preparadas o en conserva, tequila y aguardientes y jugos de frutas. Es de notar el importante crecimiento del rubro "otros", lo cual indica una posible tendencia hacia la diversificación y la manufactura de pro-ductos no tradicionales.


1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Alimentos y bebidas Azúcar Cerveza Café tostado Carnes de ganado excepto equino Jugo de naranja Legumbres y frutas preparadas y/o conservas Tequila y otros aguardientes Otros

100.00 0.3

20.4 5.2

2.2

10.4

20.0 11.2 30.3

100.0 5.5

18.6 4.5

1.0 4.9

20.3 11.3 33.7

100.0 0.3

17.4 2.2

1.5 0.9

23.8 10.8 43.1

100.0 0.0

15.9 2.6

1.5 2.0

21.6 11.3 45.1

100.0 0.0

15.5 3.7

1.5 3.4

19.4 10.4 46.1

100.0 4.3

15.8 3.3

1.7 4.6

15.6 9.0

45.7

100.0 9.2

15.6 3.0

3.3 2.8

13.7 8.9

43.5

100.0 5.0

17.9 3.5

4.6 1.8

13.4 9.5

44.3

100.0 2.0

20.4 2.5

3.9 3.3

13.1 9.8

45.0 Fuente: Centro de Estadística Agropecuaria, a/ Cifras preliminares.


100

• ANÁLISIS • Por el lado de las importaciones, se observa que México continúa siendo im-portador de granos. Debido a las características de nuestra alimentación, que favorece el uso de los granos y las cosechas nacionales para el consumo humano, muchas de nuestras importaciones de granos se dedican a satisfacer la demanda del sector pecuario (bovino, aves etcétera). Es por ello que las importaciones de sorgo y maíz amarillo son las más importantes dentro de este rubro. Por su parte, las importaciones de oleaginosas representan más de 30% del valor de nuestras importaciones agropecuarias, debido a que, en los últimos años, la producción nacional se ha visto afectada por condiciones fitosanitarias adversas.

Valor de las exportaciones agropecuarias 1990-1998

(Estructura porcentual)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Agropecuarias totales

Agricultura y silvicultura

Caucho natural

Frutas frescas o secas

Maíz

Otras semillas y frutos oleag.

Semillas de algodón

Semillas de soya

Sorgo

Trigo

Otros

Ganadería y apicultura

Ganado vacuno

Pieles y cueros sin curtir

otros

100.00

88.7

2.9

2.2

21.1

7.4

3.3

10.5

16.1

2.2

23.0

11.3

3.4

4.6

2.2

100.0

79.5

3.3

3.7

8.4

11.1

4.0

16.4

17.1

3.2

12.3

20.5

8.6

6.6

4.2

100.0

84.4

2.2

4.3

6.5

7.8

6.1

18.0

19.1

5.7

14.7

15.6

7.0

4.9

3.1

100.0

88.8

2.2

7.0

2.6

9.6

9.2

20.0

14.5

8.9

14.8

11.2

3.6

4.3

2.6

100.0

89.5

2.2

8.6

11.0

8.7

7.6

19.1

11.8

5.7

14.8

10.5

4.2

3.3

2.5

100.0

94.4

3.7

5.1

14.2

11.4

9.1

20.6

9.7

8.3

12.3

5.6

0.9

2.5

1.5

100.0

93.4

2.4

3.1

22.8

9.5

7.5

19.3

7.1

9.2

12.5

6.6

2.0

3.2

1.3

100.0

88.3

2.6

4.3

8.7

9.5

11.3

24.9

6.4

7.4

13.2

11.7

4.7

4.7

2.0

100.0

90.4

1.9

4.7

13.2

9.9

13.7

18.2

7.4

7.2

14.2

9.6

3.1

4.0

2.2

Fuente: Centro de Estadística Agropecuaria, a/ Cifras preliminares.

Por su parte, las importaciones agroindustriales reflejan el cambio gradual en las tendencias de consumo y en los niveles de ingreso de la población, en especial la urbana. Por ejemplo, se observan importantes crecimientos en los rubros de carnes frescas o refrigeradas y conservas animales y vegetales.

101


1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Alimentos y bebidas

Aceite de soya

Alimentos preparados para

animales

Carnes frescas o refrigeradas

Conservas vegetales

Leche en polvo

Licores y aguardientes

Otros aceites y grasas

Pieles comestibles de cerdo

Preparados

alimenticios especiales

Sebos de animal

Otros

100.00

0.8

3.7

11.5

1.4

21.0

1.9

10.2

2.6

3.9

2.4

40.6

100.0

0.7

5.0

23.8

2.3

4.2

2.4

11.5

3.1

5.2

2.7

39.1

100.0

1.0

5.5

21.5

3.2

11.3

3.0

8.2

2.5

6.7

2.1

35.0

100.0

1.2

4.4

17.3

3.6

12.3

3.2

8.4

2.6

7.9

2.5

36.6

100.0

1.1

5.5

19.7

4.3

6.7

2.8

9.4

2.2

7.7

2.5

38.1

100.0

1.5

5.7

15.1

2.8

10.3

2.1

15.2

2.2

6.5

4.6

34.0

100.0

1.5

5.1

16.8

2.3

11.9

1.5

12.1

2.5

7.1

3.6

35.6

100.0

1.5

3.9

21.8

2.6

9.5

1.7

10.8

2.4

7.9

3.3

34.6

100.0

1.7

4.7

24.0

3.0

6.4

1.7

0.0

2.1

8.6

3.9

33.9

Fuente: Centro de Estadística Agropecuaria, a/ Cifras preliminares.

La otra cara de la moneda: pobreza en el medio rural Si bien las cifras de crecimiento e integración de los sectores productivos, co-merciales y agroindustriales de la economía rural son considerables, no se puede soslayar el hecho de que nuestro campo, en general, sigue presentando serios problemas de pobreza. Una segunda paradoja que presenta el sector rural es la coexistencia de productores con alto potencial productivo, gran dinamismo económico y fuerte orientación al mercado, con productores de bajos ingresos, orientados hacia la economía de autoconsumo, con graves niveles de pobreza (existe entre ellos una amplia gama de productores intermedios). Los tipos de productores tienden a concentrarse geográficamente: los segmentos de agricultura comercial están, principalmente, en las regiones noroeste, noreste y norte, mien-tras que los productores con mayores carencias se concentran en el sur. Los pe-queños productores con poco potencial productivo presentan características de alta fragmentación en la tenencia de la tierra. Debido a la baja productividad y los bajos ingresos por la actividad agropecuaria, estos productores se ven en la necesidad de diversificar sus fuentes de ingreso en actividades distintas de las agropecuarias. Esta situación se vuelve aún más crítica para los jornaleros sin tierra, quienes representan cerca de 24% de la población ocupada total del sector.


102

• ANÁLISIS • Como se observa en el siguiente cuadro, en la mayoría de las economías industria-lizadas la participación del sector agropecuario dentro del PIB total fluctúa entre 1 y 6%. Sin embargo, la situación de México tiene una diferencia fundamental res-pecto del resto de dichas economías: la muy alta participación del empleo agrícola dentro del total.

Comparaciones porcentuales de indicadores del sector agropecuario en los principales países de la OCDE (Promedio 1992-1994)

País

% de la

agricultura

% del empleo

en la agricultura

% de las

exportaciones agrícolas en total

% de las

importaciones agrícolas en el

total de exportaciones

% del

consumo en el gasto

total

Australia

Canadá

Unión Europea

Japón

Nueva Zelanda

México

Suiza

Estados Unidos

OCDE

2.7

1.4

5

1.5

5.3

5.7

1.5

1.5

1.8

5.2

4.2

5.6

6

10.6

22.6

3.9

2.8

8.8

22.666

7.8

10.7

0.4

50.7

4.5

3.2

10.9

9.3

4.4

6

11.2

13.5

7.7

4.3

7.2

4.8

9.3

14.6

10.5

15.5

n.d

12.6

22.4

18

8.3

11.8 Fuente: OCDE.

Lo anterior indica que, en el caso de México, 77.4% del empleo no agrícola genera 94.3% del ingreso total, mientras que 22.6% del empleo en agricultura sólo genera 5.7% del ingreso total de la economía. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo 1996, levantada por el INEGI y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social entre abril y junio de 1996, el país contaba entonces con una población ocupada de 32.2 millones de personas, de las cuáles 24.6% estaba empleada en actividades agropecuarias, y 4.4% en la industria de alimentos y bebidas. En total, el sector agroalimentario daba ocupación a 29% de la población. Al realizar un análisis más detallado de las condiciones de empleo e ingresos en el sector agropecuario, haciendo uso de los datos de la referida encuesta, observamos que, si se considera exclusiva-mente a los sujetos efectivamente ocupados durante el período (6.7 millones de

103

personas), 45.7% percibía dos o menos salarios mínimos, y 43.9 no percibe ingresos, lo que indica que, probablemente, se trata de trabajo familiar no remunerado, que representa 32.4% de la población ocupada total de referencia. Esta situación se presenta con más frecuencia en los rubros de propietarios, ejidatarios y comuneros, aparceros y arrendatarios.

Sujetos agropecuarios ocupados1 por nivel de ingresos, según tipo de productores y trabajadores trimestrales abril-junio (Estructura porcentual)

Productores Trabajadores

Nivel de ingreso Sujetos agropecuarios

ocupados

Propie- tarios2

Ejida- tarios

o comuneros

Ocu- pantes

Apar- ceros

y arrendatarios

Produc- tores pecua-

rios sin

tierra

Jorna- leros

y peones

Emplea- dos

y ope- rarios

Traba-jadores

sin pago

Total

Menos de 1 S.M.

De 1 hasta 2 S.M.

Más de 2 hasta 3 S.M.



Más de 10 S.M.

No recibe ingresos

No especificado

100.0

26.7

19.0

3.4

1.8

1.0

0.4

43.9

3.7

12.4

38.4

12.2

5.5

2.8

2.0

1.8

28.0

9.3

20.2

39.1

12.7

4.6

3.4

2.2

0.8

29.8

7.4

3.4

42.7

13.3

3.5

3.4

1.7

0.7

27.7

7.0

3.8

39.1

11.9

5.5

2.4

1.4

0.5

28.3

10.9

1.9

48.3

16.2

10.4

6.4

3.4

1.1

3.5

10.7

23.8

41.6

52.2

3.5

1.0

0.2

0.0

0.7

0.7

2.2

10.2

54.0

22.0

8.2

3.5

0.3

1.4

0.4

32.4

0.3

0.3

0.0

0.1

0.0

0.0

99.3

0.0

1 Excluye a los iniciadores de un próximo trabajo, a !os desocupados abiertos y a los inactivos. Incluye solo a los sujetos agropecuarios que en la semana de referencia estaban ocupados en la agricultura y la ganadería. 2 Incluye a los productores agropecuarios ocupados que, además de ser propietarios, poseen tierra ejidales o comunales. Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, edición 1996, INEGI y STPS. El siguiente rubro más importante es el de jornaleros y peones, que representan 23.8% de la población ocupada total en el campo. En este caso, 93.8% recibe dos o menos salarios mínimos. Este estrato de trabajadores es el que padece las condiciones de pobreza más graves en el campo, ya que la mayoría no cuenta con tierras propias y, en muchos casos, ni siquiera son sujetos de programas de apoyo al ingreso, como el Procampo. En general, los rubros que presentan una mejor situación de ingresos son los de pequeños propietarios y productores pecuarios sin tierra, debido, aparentemente, a que cuentan con mejores niveles de capitalización que el resto de los trabajadores agropecuarios. Sin embargo, dichos rubros sólo representan 14.3% del total de trabajadores.


104

• ANÁLISIS • Ahora bien, los bajos ingresos solamente reflejan un aspecto de la pobreza rural. En realidad, la pobreza es resultado de un complejo proceso de deterioro de los activos capital, trabajo y tierra con que cuenta el productor agropecuario. Esta combinación de deterioro en su nivel de capitalización provoca un círculo vicioso de baja productividad y bajos ingresos, que se autorrefuerza en forma constante, como veremos más adelante. El deterioro del capital humano Las condiciones de bajos ingresos se agravan por la baja calificación de la mano de obra, lo que impide a estos trabajadores obtener mejores condiciones de em-pleo, aun si decidieran emigrar a las ciudades. Según la Encuesta de Empleo 1996, 22.5% de la población ocupada en el campo no tenía instrucción, y 22.7% contaba con primaria incompleta. El bajo nivel educativo indica un severo deterioro en la calidad del capital humano en el campo.

Población ocupada total y actividades agropecuarias e industriales trimestre abril-junio (Estructura porcentual)

Población

ocupada

Sin

instrucción

Primaria

completa

Primaria

incompleta

Secundaria

a l /

Medio

superior

y

superior

No

especi-

ficado

Total

Subtotal de act. agrop.

Agropecuarios

Mayorales agropecuarios

Agricultores

Operadores de maquinaria

agrop.

100.0

22.1

0.6

0.7

97.6

1.2

100.0

22.5

0.2

0.3

98.9

0.6

100.0

38.3

0.2

0.9

97.8

1.1

100.0

22.7

0.4

0.5

97.8

1.3

100.0

13.2

0.7

0.6

96.9

1.8

100.0

3.4

7.6

2.8

86.9

2.7

100.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

l/ Incluye la población ocupada que tiene secundaria incompleta y completa. Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, 1996, INEGI y STPS.

105

Otro requisito necesario para conocer la situación del capital humano del productor es el diagnóstico de las condiciones de alimentación y nutrición de la población objetivo, en este caso de la rural. Para ello se utiliza la Cuarta Encuesta de Alimentación en el Medio Rural Mexicano, 1996 (Enal 96).11

Uno de los indicadores más usado para medir el grado de pobreza de las poblaciones es el estado de nutrición de niños menores de 5 años, de acuerdo con su peso, edad y condición. Al observar la prevalencia por entidad federativa, llama la atención que los estados que cuentan con mayor presencia de población indígena sufren mayor nivel de desnutrición. De acuerdo con el indicador de peso por la talla, en las comunidades rurales no indígenas la prevalencia de desnutrición en menores de 5 años es de 38.5%; en las comunidades con presencia indígena es de 45.2, y se eleva hasta 58.3 en las comunidades indígenas. La prevalencia de desnutrición leve, moderada y severa es de 14.1, 17.3 y 28.2, respectivamente.12 De acuerdo con el indicador de talla para la edad, la desnutrición afecta a 50.9% de los niños en comunidades no indígenas, 59.5 en las comunidades con presencia indígena y 73.6 en las comunidades indígenas. La propia Enal 96 compara sus resultados con los de encuestas similares levantadas en 1974,1979 y 1989. En el nivel nacional, destaca la similitud de la prevalencia de desnutrición estimada en las cuatro encuestas. Durante el periodo 1974-1996 la prevalencia de desnutrición se ubica alrededor de 50%; la leve, alrededor del 30, y la moderada y severa alrededor de 20. En general, en el sector rural prevalecen condiciones de calidad de vivienda que aumentan el riesgo de la salud de los habitantes. De acuerdo con la Enal 96, 36.7% de las familias del universo considerado habita en casas con piso de tierra, lo que incrementa la posibilidad de contaminación. Los estados que presentan esta particularidad en más de 50% son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Yucatán. Las mejores condiciones de vivienda se localizan en Aguascalientes, Chihuahua, Baja California, Sonora y Baja California Sur, mientras que en peores condiciones se encuentran Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Puebla y Chiapas. Debe hacerse notar, una vez más, que existe una importante correlación entre los estados que cuentan

11 Ávila Curiel, A,; Shamah Levy, T, y Chávez Villasana, A., Encuesta Nacional de Alimentación y Nutrición en el Medio Rural

1996. Resultados por Entidad. Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán, México, junio de 1997. El universo á estudiar estuvo conformado por todas las familias residentes en las localidades del país con población de 500 a 2 mil 500 habitantes, y población económicamente activa dedicada principalmente al sector primario de acuerdo con la información del XI Censo Nacional de población y Vivienda, 1990.

12 De acuerdo con la clasificación utilizada por la Enal 96, se consideran normales los niños cuyo peso es mayor o igual al 90% del valor de la mediana de peso para la edad y el sexo en la población de referencia. Los tres grados de desnutrición, ligera, moderada y severa, corresponden, respectivamente, a déficits de 10 a 25% (grado I), del 25 a 40% (grado II) y superior a 40% (grado III).


106

• ANÁLISIS • con porcentajes de su población dedicadas a actividades rurales y los que pre-sentan los más altos índices de marginación y pobreza. La situación del activo tierra De acuerdo con cifras del VII Censo Agropecuario 1991, en México existen alrededor de 108.3 millones de hectáreas en donde operan unidades de producción rural (medida básica de análisis en los censos del ÍNEGI). De éstas, alrededor de 84.4% (91.4 millones) se dedica a actividades agropecuarias o forestales y 15.6 (16.9 millones) no tiene actividades relacionadas con el sector. De las referidas 108.3 millones de hectáreas, 65.1% se mantenía bajo el régimen de propiedad privada; 31.7, bajo régimen de tenencia comunal o ejidal, y 3.2 es de tenencia pública o de colonia.13

La fragmentación en la propiedad de la tierra sigue siendo muy alta. Cerca de 34.6% de los productores del país posee de cero a dos hectáreas, y 25.4% tiene de dos a cinco hectáreas. Alrededor de 60% controla 14.4% de la superficie agropecuaria total. El nivel de capitalización de los productores del campo, entendido como la cantidad y calidad de activos que poseen, presenta grandes diferencias, según la zona geográfica que consideremos. En general, podemos hablar de tres regiones del país con diferentes niveles de capitalización y distintos grados de desarrollo agrícola. Así, en las regiones noroeste, norte-centro y noreste, donde existe una agricultura comercial intensiva, con fuerte orientación hacia los mercados, tanto internos como externos, se observa una mayor concentración de la superficie agropecuaria y predios por arriba de las cinco hectáreas, en niveles superiores a los del promedio nacional. En contraste, las regiones centro, sur-pacífico y sureste, en las que predominan las condiciones de agricultura de subsistencia y autoconsumo, los productores están más concentrados y poseen superficies menores a las dos hectáreas. 13 Véase INEGI-Colegio de Posgraduados, El Recurso tierra en las unidades de producción rurales. VII Censo Agropecuario, 1991,

1NEGI, México, 1994.

107

Distribución de productores y superficies agropecuarias, por tamaño de predio y región, 1991

Total de

hogares

(miles)

Total de produc-

tores

(miles)

Produc-tores

(miles)

Produc-tores

(%)

%

Produc-tores

(miles)

Produc-tores

(%)

%

Produc-tores

(miles)

Produc-tores

(%)

%

Nacional

Noroeste

Norte-centro

Noreste

Centro-Pacífico

Centro

Sur-Pacífico

Centro-golfo

Sureste

Cd. de México

16,780

1,263

1,132

1,975

1,981

3,134

1,770

1,653

537

3,335

3,800

148

313

323

407

1,093

848

462

148

58

1,314

10

39

59

79

568

343

119

48

48

34.56

6.51

12.32

18.36

19.37

51.97

40.44

25.82

32.75

83.66

3.80

0.35

1.38

1.08

3.11

13.53

12.37

2.57

12.15

41.78

964

25

69

89

113

304

218

93

44

8

25.36

16.84

22.16

27.60

27.85

27.85

25.69

20.16

29.63

13.04

10.64

2.82

8.81

8.15

16.90

23.42

22.01

8.85

15.82

26.08

1,522

113

205

175

215

222

286

250

55

2

40.06

76.58

65.48

53.98

52.74

20.21

33.87

54.01

37.54

322.00

85.56

96.83

89.42

90.76

79.98

63.05

65.62

88.59

72.03

32.14 Fuente: Tomado de Deminger, Klaus, y Hemegg, Ayo, Rural Poverty in México. Preliminary Drafi. 1995, con datos del INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 1992, y vil Censo Agropecuario 1991. Regiones: Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora; norte-centro: Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas; noreste: Nuevo León y Tamaulipas; centro: D.F.,Guanajuato, Hidalgo, Edo. de México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala; pacífico-centro: Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit; golfo-centro: Tabasco y Veracruz; sur: Chiapas, Guerrero y Oaxaca; sureste: Campeche, Quintana Roo y Yucatán. En una situación intermedia se encuentran las regiones centro-Pacífico y centro-golfo, de clima templado y buen temporal, con productores de relativa orien-tación comercial y práctica de la agricultura extensiva: la mayoría de los productores se concentra en predios de dos a más de cinco hectáreas.

Estas condiciones de tenencia y concentración de la superficie están íntimamente ligadas con cuestiones de productividad. Mientras más fragmentada esté la tenencia, menores serán las economías de escala y menores las posibilidades de obtener mejores rendimientos. Pero existe otro factor que afecta la rentabilidad y la productividad del activo tierra. Es un hecho que desde hace algunos años la sostenibilidad de la agri-cultura y la preservación y renovación de los recursos naturales son elementos que han ganado considerable espacio en la agenda del desarrollo rural integral. Sin embargo, existe todavía un amplio margen de debate, tanto sobre las definiciones más apropiadas, como sobre las prioridades y el énfasis que debe recibir cada una de ellas dentro de la política del sector agropecuario.


108

• ANÁLISIS • En otro sentido, la situación de pobreza en un elevado porcentaje de la población rural exige un crecimiento de la productividad en áreas donde el uso de los recursos naturales ha llegado a un límite. Es decir, en muchas de estas regiones en las que predomina la pobreza, la intensificación de la actividad agropecuaria y forestal implica la pérdida de suelos, de biodiversidad y de hábitats naturales, como consecuencia de la erosión, la hidrosaturación, la salinización, la contami-nación de aguas superficiales y subterráneas por causa de agentes químicos y plaguicidas, y la resistencia de los insectos, los agentes patógenos, a los métodos actuales de lucha. Los modelos tradicionales de explotación de recursos están llegando a su límite, por lo que la actividad agropecuaria y forestal se verá obli-gada a expandirse en medios naturales cada vez más frágiles. Recordemos que, de por sí, nuestra dotación de recursos naturales es relativamen-te limitada. De 196.7 millones de hectáreas que representan la tierra disponible en nuestro país, 48.3% corresponde a superficies áridas y semiáridas. A este porcen-taje habría que agregar las zonas templadas (23.4), las cuales, por lo general, son de temporal. En el otro extremo, la superficie tropical húmeda, en donde se conserva una parte importante de la biodiversidad de nuestro país, representa alrededor de 12.2 por ciento.

Regiones agroclimáticas

Fuente: Cotecoca, Sagar.

Semiárida19.9%

Árida28.4%

196.7 Millones de héctareas potenciales

Templada23.4%

Tropical seca16.1%

Tropical húmeda12.2%

109

Estas condiciones se agravan por el hecho de que, año tras año, una parte impor-tante de las superficies dedicadas a usos productivos se deteriora, debido a los procesos de erosión y deforestación. De la información disponible se desprende que, en la zona árida, los estados con mayor erosión severa son Sonora, Baja California Sur y Chihuahua. Como consecuencia de la escasa vegetación, el viento es el principal agente de erosión. En la zona templada, los estados con problemas de erosión severa son Oaxaca, Tlaxcala y Guanajuato. Además, en 7 de las 32 entidades, la erosión representa casi 40% de su superficie; ellas son Sonora, Nuevo León, Coahuila, Aguascalientes, Puebla, Tlaxcala y Morelos. En total, alrededor de 75.7% de la superficie del país sufre de algún tipo de erosión.

México: áreas erosionadas por estado según categorías (ha)

Entidad

Erosión leve

Erosión severa

Erosión muy severa

% de

superficie erosionada en el estado

Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Coahuila Colima Chiapas Chihuahua D.F. Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco México Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa

63,856 1,438,572 1,607,809 565,964 7,049,180 344,923 2,121,444 4,250,231 61,576 4,078,912 505,825 1,978,402 746,188 3,318,745 986,235 2,246,810 253,623 1,218,851 1,004,370 1,413,165 1,922,848 344,955 1,913,300 1,666,464 1,058,028

179,101 1,831,567 2,218,989 1,228,567 64,248 2,108,982 1,430 862,760 382,783 579,695 147,917 1,319,989 38,014 440,958 23,353 76,152 809,075 1,884,220 357,243 207,800 251,750 575,241 1,065,973

17,702 162,056 355,241 97,158 680,766 298,345 217,892 19,799 67,004 6,720 6,574 49,649 2,026,330 131,463 17,600 755,250 31,057 3,518

95.1 86.0 88.0 68.0 98.0 76.0 35.7 81.9 50.0 89.9 64.7 79.0 75.5 77.0 73.0 76.8 96.4 69.1 96.0 85.0 96.2 81.0 68.0 81.0 80.0


110

• ANÁLISIS •

México: áreas erosionadas por estado según categorías (ha) (continúa)

Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas Total

2,507,527 596,298 796,020 70,645 3,461,667 1,309,271 1,000,258 51,901,989

3,254,781 12,062 1,353,234 77,346 1,806 108,803 1,936,378 23,400,253

166,168 1,194,030 9,596 945 162,527 6,447,390

90.8 70.0 72.0 93.7 49.0 85.0 95.0

75.7%

Fuente: Sedesol/lNE, México: Informe de la situación general en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente 1991-1992. México, 1993.

Un elemento que repercute directamente en la calidad de los suelos, el grado de erosión y la alteración de los regímenes de agua es la deforestación, la cual contribuye a agravar los problemas climáticos en la medida en que el bosque tropical tiene un peso decisivo en los mecanismos de la biosfera, como es el ciclo del carbón en la atmósfera. La desaparición del bosque tropical puede modificar el balance térmico tanto como la evapotranspiración de regiones costeras y el régimen pluviométrico de grandes zonas.14 Aun cuando la deforestación es un problema en la mayor parte de los países del mundo que cuentan con trópico húmedo, en 1989 se afirmaba que sólo en doce países se concentraba 80% de la misma. México ocupaba el cuarto lugar entre los que tenían mayores niveles absolutos de deforestación al año. Se estima que en nuestro se pierden alrededor de 700 mil hectáreas de bosques anuales.15

Una parte importante de esta erosión y deforestación proviene de las actividades de roza-tumba y quema, una práctica tradicional de la economía campesina, desarrollada principalmente en el centro y el sur del país, predominantemente por la población indígena. Se estiman en alrededor de 4.6 millones las hectáreas en que se realiza este tipo de práctica, de las cuales anualmente se queman cerca de 500 mil.16 Este fenómeno, asociado con todo un sistema social y cultural conocido como agricultura migratoria, con altos niveles de marginación, ha generado gran-des presiones sobre el ya de por sí delicado equilibrio ecológico en regiones de alta precipitación y fuertes pendientes, aumentando, además, el riesgo de incendios forestales en las zonas del centro y el sur. Los rendimientos de maíz y frijol en este sistema de producción representan alrededor de una cuarta parte menos que los

14 Véase INEGI, Estadísticas del medio ambiente. México, 1994, INEGI. México, 1995. 15 Véase Mendoza Zazueta. José Antonio, "Desarrollo rural sostenible: un enfoque productivo y de justicia social", en El Mercado de

Valores, Nacional Financiera, año LV11I, México, a osto de 1998. g16 Véase Mendoza Zazueta, José Antonio, op.cit., 1998.

111

promedios predominantes nacional-mente, lo que, sumado a la fragmentación en la tenencia de la tierra en dichas zonas, hace que los productores no puedan obtener el volumen suficiente de estos granos, básicos para satisfacer sus necesidades familiares, ya que significan una de sus principales fuentes de ingreso y de alimento. Los anteriores elementos nos permiten concluir que una política agropecuaria orientada hacia la sustentabilidad de largo plazo no es un lujo, incompatible con el combate a la pobreza ni con el desarrollo y el crecimiento económicos, sino un requisito necesario para asegurar la permanencia del sector y aumentar la capitalización de los productores de menores ingresos. El deterioro del capital de trabajo No solamente la tierra está concentrada por regiones. En el caso de otros activos, esta situación también se presenta en los estados del norte, el noreste y el noroeste. Como se observa en el siguiente cuadro, con información del VII Censo Agropecuario de 1991, sólo 29% de los productores del país posee activos de capital. Esto se agrava o mejora según las regiones productivas.

Porcentaje de productores que poseen activos, por región, 1991

Región

Total de Produc-

tores

(miles)

Total Con acti-vos

Abre-vadero

PozoArte-sano

Segadora,Trilladora o Cosecha-

dora

Trilla-dora

Empa-cadora

Seca-dora

Tritu-radora

Otras

Instala-

ciones

Total

Noroeste

Norte-centro

Noreste

Centro-Pacífico

Centro

Sur-Pacífico

Centro-golfo

Sureste

Cd. de México

3.789

148

313

323

407

1.093

838

461

148

58

28.72

70.16

38.86

39.02

39.59

26.47

19.48

17.08

20.96

23.22

9.54

23.17

15.12

15.97

14.92

8.74

3.37

7.48

3.75

6.54

6.78

13.28

13.28

7.19

8.12

8.41

1.64

2.10

11.81

11.29

9.04

52.63

11.63

15.83

17.08

8.23

0.69

1.85

0.37

4.91

7.92

15.93

13.04

5.21

11.93

5.77

9.00

5.20

4.75

1.62

1.67

4.99

4.74

2.47

1.35

2.17

0.18

0.16

0.07

2.69

0.22

0.56

0.58

1.04

0.14

0.08

0.03

0.13

0.03

0.10

0.09

0.12

0.01

0.15

0.02

0.02

0.02

0.04

1.28

0.01

3.88

7.66

3.04

5.82

4.78

3.26

5.03

1.36

1.67

2.61 Fuente: INEGI, Vil Censo Agrícola, 1991.


112

• ANÁLISIS • En México existen márgenes para ampliar el uso de tecnologías más eficaces y eficientes cuyos resultados repercutan en el corto y el largo plazos. Como ejemplo, podemos citar los siguientes rubros. Semilla mejorada. El productor de granos, especialmente el pequeño productor de maíz, utiliza poco las semillas mejoradas, como se observa en el siguiente cuadro. Existe la tendencia a usar más semilla de este tipo en las tierras de riego que en las de temporal; en especial, la semilla mejorada se utiliza menos en las regiones centro, pacífico-sur, golfo-centro y sureste, lo cual se puede deber al desconocimiento de sus ventajas, a su mayor costo o a la menor disponibilidad. La información que poseemos sugiere que el uso de esta semilla aumenta sustancialmente los rendimientos, tanto en condiciones de riego como de temporal.

Porcentaje de productos que utilizan semilla mejorada, por tamaño de predio y región

Región Total de

productores

%

0-2 ha

2-5 ha

5-20 ha

20-50 ha

>50 ha

Total nacional

Noroeste

Norte-centro

Noreste

Centro-Pacífico

Centro

Sur-Pacífico

Centro-golfo

Sureste

32.45

68.17

37.86

37.45

45.91

32.06

21.29

26.84

21.61

24.11

42.96

30.67

19.07

32.77

27.73

17.22

19.00

19.36

31.98

59.24

36.34

33.13

46.62

33.70

21.64

26.28

19.58

39.28

73.10

37.49

42.72

51.42

40.70

24.65

30.42

24.78

39.32

72.63

44.39

53.50

46.89

41.12

27.64

29.28

26.16

46.58

65.25

50.56

56.38

46.84

43.88

40.04

39.10

24.51

Fuente: INEGI, VII Censo Agrícola, 1991. Extensión y capacitación. Los servicios de extensión y capacitación son tal vez los menos utilizados por los productores, como se desprende de los siguientes cuadros del VII Censo Agropecuario, 1991. Aun en las regiones con mayor capacidad productiva y mejor aprovechamiento tecnológico, se observa un uso muy bajo de estos servicios, sean gratuitos o pagados. Así, el porcentaje promedio nacional de productores que hacen uso de ellos, en predios mayores de 50 hectáreas, es de 8.6 en extensión gratuita y 10.2 en extensión pagada.

113

Porcentaje de productores que utilizan extensión gratuita, por tamaño de predio y región

Región Total de productores

%

0-2 ha

2-5 ha

5-20 ha

20-50 ha

>50 ha

Total nacional Noroeste Norte-centro Noreste Centro-Pacífico Centro Pacífico-Sur Centro-golfo Sureste

4.59 16.38

5.45 7.56 6.48 2.55 2.95 4.18 5.34

1.86 8.54 1.95 2.77 2.79 1.46 1.25 1.89 5.80

4.17 11.97

4.60 5.76 5.61 2.92 3.15 4.02 5.96

7.02 18.26

5.92 9.35 8.54 4.59 4.62 5.28 5.28

7.25 15.84

8.12 12.41 7.91 5.52 5.52 5.17 3.23

8.62 18.43

8.04 12.11 6.83 7.46 6.18 6.26 4.59

Fuente: INEGI, VII Censo Agrícola, 1991

Un último aspecto que nos puede dar idea del nivel de descapitalización del sector es el fínanciamiento. El desempeño de los mercados financieros rurales en México ha sido tradicionalmente muy pobre,17 ya que, en general, se trata de mercados imperfectos y altamente segmentados, lo que indica que los recursos no necesariamente fluyen hacia las áreas o los usuarios que les darían un uso más eficiente. Además, la mayoría de los productores, especialmente los de menores ingresos, tiene que recurrir a mercados informales de crédito y de aseguramiento. Estos arreglos informales tienen altos costos reales y de oportunidad: el acceso a los mercados financieros rurales es muy limitado, ya que, según estimaciones, sólo 45% de las unidades de producción habían tenido acceso a crédito, ya fuera formal o informal, en los pasados dos años, y sólo el nueve por ciento tenía de-pósitos bancarios. El acceso a los sistemas formales de crédito es especialmente restrictivo, pues sólo tres por ciento de las unidades encuestadas había recibido crédito del sector bancario, y menos de uno por ciento había recibido crédito directamente de la banca de desarrollo.18

17 La mayoría de los resultados que aquí se presentan provienen de la encuesta (para los estados de Guanajuato, Puebla y Veracruz) y

reporte sobre Mercados Financieros Rurales en México, preparados por la SHCP y el Banco Mundial en 1995. Véase el reporte del Banco Mundial núm. 14599-ME, del 25 de agosto de 1995.

18 Banco Mundial, op. cit., 1995.


114

• ANÁLISIS • Debe agregarse que el acceso al crédito es altamente inequitativo. En promedio, quienes recibieron crédito de cualquier tipo tenían el doble de ingresos que los que no tuvieron acceso, y aquellos que tuvieron acceso a fuentes formales de crédito tenían tres veces más ingresos que los acreditados promedio.19

A partir de las dificultades financieras generadas por la situación crítica que enfrentaron la economía y el sistema financiero mexicanos a fines de 1994, las bancas comercial y de desarrollo del sector agropecuario redefinieron su política crediticia, de manera que ahora son más escrupulosas en la evaluación financiera para el otorgamiento de préstamos. El costo del crédito de la banca comercial continuó siendo alto, además de que estableció medidas más estrictas para seleccionar a los beneficiarios. Los productores enfrentan el problema de que esta banca se interesa cada vez más sólo en grandes productores con amplias garantías de menor riesgo, que aseguren el reembolso de los créditos. La disponibilidad de recursos financieros para el sector agropecuario de la banca de desarrollo continuó disminuyendo desde 1994. Fira, Banrural y Bancomext canalizaron créditos en forma más selectiva y en menor cantidad. AI cierre del año 1999, el saldo del crédito otorgado por la banca especializada en el sector agropecuario ascendió a 58 mil 669 millones de pesos. De este monto, la banca comercial canalizó financiamiento por 45 mil 984 millones de pesos,20 en tanto que la de desarrollo otorgó 12 mil 685 millones. Desde 1994 se registra una evidente disminución en términos reales en el saldo del financiamiento de la banca al sector agropecuario. Las causas de esta tendencia son de diversa índole: climatológicas, incendios, altos costos finan-cieros, baja rentabilidad y cartera vencida. 19 Banco Mundial, op. cit.. 20 Incluye recursos propios y de la banca de desarrollo.

115

Financiamiento al sector agropecuario (saldos en millones de pesos a diciembre de cada año)

Año Crédito total Banca comercial consolidada Banca de desarrollo 1994 1995 1996 1997 1998 1999

51,371 55,506 65,662 70,500 61,240 58,669

39,779 40,169 47,535 50,535 49,890 45,984

11,592 15,337 18127 19,965 11,350 12,685

Pesos de 1994 1994 1995 1996 1997 1998 1999

51,371 41,116 36,195 32,217 24,140 19,837

39,779 29,755 26,203 23,094 19,666 15,548

11,592 11,361 9,992 9,124 4,474 4,289

Fuente: Quinto Informe de Gobierno, 1999, y para 1999 CEA/SAGAR, con datos de Banxico. Nota: a partir de 1995 la banca comercial incluye a las filiales de bancos extranjeros establecidos en México; a partir de 1996 la banca consolidada contiene cifras revisadas y actualizadas por Banxico, incluye información de la gran división agropecuario, silvícola y pesquera; el sector agropecuario representó, para 1994, 97.5%, para 1999, 95.8 por ciento. Si se compara el saldo del crédito de la banca comercial en 1999 con relación a 1994, se ve que éste disminuyó significativamente, con una caída de 60.9% en términos reales, en tanto que la banca de desarrollo también canalizó 63.0% menos recursos al sector. Las opciones de diseño de políticas públicas para el campo Los bajos salarios, la poca productividad y el deterioro en los activos con que cuentan los productores han hecho que la mayoría de los pobres se ubique en las zonas rurales, donde la tasa de pobreza es de 47%, mientras que en las zonas urbanas es de 25 por ciento.21

Debido a estas condiciones, en los últimos años los productores agropecuarios han adoptado estrategias de diversificación del ingreso, como se observa en el siguiente cuadro: mientras más pequeño es el predio, menor porcentaje del in-

21 The World Bank, México. Rural Poverty, Washington, DC, Department and the Sector Leadership Group, México, septiembre 30 de

1996.


116

• ANÁLISIS • greso proviene de actividades agropecuarias y mayor el de actividades fuera del campo. De acuerdo con la información de las encuestas de productores ejidales, de la Secretaría de la Reforma Agraria y la Universidad de Berkeley, en 1990 y 1994, mientras menor es el predio, mayor es la dependencia del productor de ingresos no agropecuarios. Por ejemplo, en un productor ejidal con tenencia de O a 2 hectáreas el ingreso proveniente de actividades agrícolas y pecuarias es de 22.2%; sin embargo, el ingreso no agrícola (incluyendo subsidios al ingreso y salarios fuera de la actividad) representa 57.8%. Esta situación es inversamente proporcional a la escala de producción. Así, un productor de más de 18 hectá-reas obtiene, en promedio, 72.3% de sus ingresos de actividades agrícolas y pecuarias, mientras que sólo 24.3% proviene de otras actividades.

Fuente de ingreso por tamaño de predio 1994 Porcentaje del ingreso total

Total 0-2 ha 2-5 ha 5-10 ha 10-18 ha >18ha Numero de observaciones Ingreso total Agricultura Pecuario No agrícola Migración hacia México y EU Ingreso agrícola Maíz y fríjol Otros cultivos Ingreso pecuario Bovino Otros animales Ingresos no agrícolas Salarios Otros ingresos Ingresos derivados de la migración familiar residentes en ejidos 1. Salarios en México 2. Salarios en EU familias no residentes en ejidos 3. Salarios en México 4. Salarios en EU

1,151.0 100.0 40.9 9.2

36.4 13.5

13.7 27.2

5.7 3.5

30.2 6.2

2.4 0.9

1.6 8.7

224.0 100.0 16.8 5.4

57.8 20.0

7.9 8.9

3.1 2.3

41.5 16.2

8.2 0.7

2.2 8.9

361.0 100.0 26.8 8.0

49.6 15.7

12.4 14.3

3.0 5.0

43.1 6.5

3.5 1.1

1.6 9.5

275.0 100.0 37.7 9.6

35.8 16.9

13.9 23.8

6.5 3.5

31.8 4.0

1.8 2.2

1.8

11.2

184.0 100.0 44.9 10.3 28.5 16.2

20.7 24.2

6.4 3.9

27.1 1.4

2.0 0.3

2.7

11.2

107.0 100.0 61.8 10.5 24.3 3.4

10.8 51.0

8.3 2.2

15.7 8.6

0.1 0.0

0.1 3.2

Fuente: De Jainvry. Gordillo et al.. Ejido Sector Reforms. from Lana Reform lo Rural Development. Paper prepared for (he Conference on the Reform of Mexican Agrarian Reform, Colombia University in the city of New York, abril 6-7 de 1995.

117


118

Según los datos anteriores, en cualquier caso los ingresos extragropecuarios son una fuente importante para todos los campesinos. Sin embargo, dada la situación regional de tenencia de la tierra, es posible que en regiones como la sur y la sureste, donde la tenencia está muy fragmentada y los índices de marginalidad son altos, los ingresos provenientes de actividades no agrícolas (incluyendo apoyos directos) representen un porcentaje significativo del ingreso total. En cambio, en regiones como el noroeste y el noreste, donde se practica la agricultura intensiva en mayores proporciones, el ingreso extragropecuario es menos relevante. Las anteriores observaciones tienen implicaciones muy importantes para el desarrollo de nuevas políticas de empleo e ingresos para el sector. Las acciones del gobierno encaminadas a promover el desarrollo rural deberán estar dirigidas no sólo al sector productivo agropecuario, sino también tomar en cuenta el crecimiento de las actividades no agropecuarias en la generación de empleos e ingresos. Por ejemplo, los servicios públicos de educación rural y capacitación pueden ser de mucho impacto en el mediano plazo, en cuanto a preparar a la población para encontrar ocupación en actividades rurales no agrícolas o emigrar al sector urbano. Asimismo, la integración de las actividades de producción primaria con la agroindustria deberá ser tomada en cuenta cuando se diseñen las políticas para el campo. Resulta evidente que el sector agropecuario requiere ajustar sus relaciones capital/trabajo y tierra/trabajo, lo cual implica la absorción de una parte importante de la población ocupada en el sector en otras fuentes de empleo diferentes a las rurales, y reforzar la productividad; es decir, incrementar la productividad en forma tal que incorpore a los productores marginales en una senda de crecimiento sostenido. La necesidad de atacar la pobreza rural no es sólo un asunto de equidad y justicia. En la medida en que se eliminen las condiciones de pobreza en el campo, se logrará 1) importantes capacidades de demanda agregada entre la población de bajos ingresos, con un efecto multiplicador sobre la economía, y 2) detener el deterioro de los recursos naturales evitando que los productores más pobres sobreexploten estos bienes. El combate a la pobreza en el medio rural y la necesidad de elevar la capi-talización de los productores sugieren que es imprescindible establecer mecanis-mos de apoyo y protección al ingreso de los productores que perciben menos. Con estos mecanismos será posible mejorar la distribución del ingreso en zonas rurales y minimizar las influencias adversas para ahorrar, invertir y buscar nuevas oportunidades de empleo.

• ANÁLISIS • Tradicionalmente, el mecanismo utilizado para apoyar el ingreso en el medio rural ha sido la política de precios. Sin embargo, este instrumento ha demostrado ser altamente ineficiente. En primer lugar, la apertura comercial y, en especial, el TLCAN, implican la alineación de los precios internos con los internacionales, para la mayoría de los productos del sector. En cinco años más, aproximadamente, todos los productos agropecuarios estarán sujetos al mercado internacional y, en los casos de maíz, frijol y leche en polvo, existirán protecciones arancelarias bajas. En el mediano plazo será muy difícil y costoso mantener políticas de apoyo al ingreso basadas en los precios. En segundo lugar, este tipo de apoyo es muy inequitativo, ya que se distribuye principalmente entre los productores que orientan su producción al mercado. Se estima que la eficiencia en transferencia del subsidio vía precios es muy baja pues, en promedio, por cada peso que se incrementa el precio de maíz, el ingreso del productor aumente en 17.54 centavos. Esta eficiencia es todavía menor para los productores de O a dos hectáreas (10.12 centavos), y de dos a cinco hectáreas (15.88 centavos), y es mucho mayor para los productores de 10 a 18 hectáreas (26.51 centavos).22 Mientras más pequeña es la unidad productiva, menor es la probabilidad de que reciba mayores beneficios de los apoyos al precio. Por otra parte, desde 1996, los mercados internacionales de granos muestran una pronunciada tendencia a la baja.

Índice de precios agrícolas de Goldman Sachs julio 1994-enero 2000

Fuente: Reuters, al 9 de enero de 2000.

22 Para los resultados completos y la metodología de cálculo, véase Casco Flores, Andrés y Aceves Ávila Roberto, El costo en

eficiencia de los sistemas de apoyo al precio, documentos de investigación económica agropecuaria núm. 1, 2a, versión corregida, Sagar / Subsecretaría de Planeación, México, octubre de 1995.

Jul94 Jan95 jul jul jul jul julJan96 Jan97 Jan98 Jan99 Jan00160

180

200

220

240

260

280

300

320

Pr

GKX. Close(Last TRade) [Line] Weekly28Mar94-19Feb00

GKX. Close(Last TRade), line09Jun00 161.41

119

Esta caída generalizada en el precio de los granos provoca una disminución en el ingreso neto de los productores rurales del mundo. En México, se estima que la pérdida de ingresos de los productores rurales, entre 1996 y 1998, fue de entre 19 y 21 por ciento.23

Cambio porcentual en el ingreso rural de países de la OCDE 1995-1998

País 1995-1996 1996-1997 1997-1998 Australia Canadá Unión Europea Japón EUA

-5 -24 5 -4 48

-14 3 -3 -13

-7

-21 -4 -4 -5 -16

Fuente: OCDE, Agricullural Policies in OCED Countries. Monitoring and Evaluation 1999.

Consecuentemente, en el corto plazo se observa una tendencia al crecimiento en los programas de apoyo al sector rural en el mundo, aun cuando en el largo plazo dichos indicadores muestren una tendencia a la baja.

Apoyo total a la agricultura como porcentaje del PIB total de algunos países de la OCDE 1995-1998

País 1995-1996 1996-1997 1997-1998 Australia Canadá Unión Europea Japón EUA

OCDE

México

0.49 0.75 1.14 1.57 1.05 1.32 1.36

0.50 0.68 1.18 1.53 0.98 1.32 1.56

0.49 0.72 1.36 1.50 1.15 1.43 1.43

Fuente: OCDE, Agricultural Policies in OECD Countries. Monitoring and Evaluation 1999.

23 Estimación propia, usando la metodología de Sagar, realizada a partir del cálculo de ingresos brutos y la evolución de los

precios reales ponderados por mes de salida de cosecha, para los ciclos O-I y P-V, más los apoyos por tonelada de Procampo.


120

• ANÁLISIS • Según la OCDE,24 en general, se observa una tendencia a aumentar los apoyos directos al ingreso, los cuales son eficientes y mejoran notablemente la distribución del ingreso. En México, una parte importante del apoyo gubernamental se destina a trans-ferencias directas al ingreso del productor, lo que tiene un impacto significativo sobre su bienestar. Dentro de los países de la OCDE, México es el que otorga mayor porcentaje de subsidio con apoyos directos.

Participación de los pagos directos dentro del subsidio al productor

País 1993-95 1997 e/

Canadá

Japón

Unión Europea

Nueva Zelanda

EUA

México

OCDE

17

6

23

0

19

26

18

14

4

31

0

24

33

26

e/ Estimado Fuente: Agricultural Policies in OECD Countries, 1998.

En el corto plazo, es razonable pensar que México debe mantener apoyos com-pensatorios al ingreso (incluso al precio) en tanto no se estabilice la situación de los mercados internacionales. Debe recordarse que en 1999 y 2000 Estados Unidos autorizó partidas presupuéstales adicionales de 3 mil 500 millones de dólares para compensar a sus agricultores por las pérdidas en su ingreso. Los apoyos otorgados por el gobierno estadounidense representan proporciones cre-cientes de ingreso adicional a la venta de las cosechas. Es previsible que esta tendencia de apoyo directo al ingreso se mantendrá al menos hasta el 2001, cuando se comenzará a revisar la nueva Ley Agrícola y se fijarán nuevas condi-ciones en los mercados.

24 OCDE, Distributional Effects of Agricultural Support in Selected OECD Countries, OCDE, París, octubre de 1999.

121

En este sentido, también es razonable suponer que el mejor mecanismo para formar la red de protección al ingreso de los productores rurales es el apoyo directo al ingreso vía Procampo, el cual, como realiza su apoyo desconectado de la producción, es un instrumento neutral respecto a la preservación de los recursos naturales. El productor tiene libertad de escoger cualquier actividad productiva o de conservación en tierra definida por el programa. Con libertad productiva o de conservación en tierra elegible, los apoyos cumplen los requisitos para ser clasificados como pagos desconectados no distorsionantes, según el Acuerdo sobre Agricultura de la OMC. La mayor parte de los beneficiarios del Procampo son productores de bajos ingresos en regiones donde predomina el minifundio y la agricultura de temporal, y parte significativa de la producción se destina al autoconsumo. En el periodo 1995-1999, los recursos otorgados fueron equivalentes, en promedio, a 4.6% del PIB del sector agropecuario.25 Los beneficiarios representan 7.8% de la población ocupada total y 40% de la que se dedicaba a actividades agropecuarias en 1998.26

El programa cubre, aproximadamente, 90% de la superficie sembrada con granos, en la cual predominó el maíz, con el 55.7. El universo de predios objeto del apoyo fue de 4.2 millones,27 de los cuales 85% corresponde a ejidos y comunidades agrarias y 15% al sector privado. El 62% cuenta con menos de dos hectáreas. Si bien el Procampo no es concebido con el objetivo de combatir la pobreza, su diseño e instrumentación han contribuido a dicho objetivo, pues ha obtenido impactos distributivos de importancia. De acuerdo con el análisis de la pobreza en el sector ejidal, para 1994, realizado por la Secretaría de la Reforma Agraria, por el IFPRI-PROGRESA y la Universidad de Berkeley, el acceso de los ejidatarios al Procampo rué, en general, notablemente igualitario, aun cuando las transferencias directas están ligadas con la tenencia de la tierra. En 1997, el programa llegó a 84% de los ejidatarios, y sus transferencias representaron, aproximadamente, 8% del ingreso de los hogares ejidales en 1994, alcanzando 13% para el estrato que tiene un tercio de la población más pobre.28 Por otra parte, casi 86% de los beneficiarios del Procampo son productores de cinco hectáreas o menos. 25 El monto anual promedio está expresado en pesos corrientes. La proporción con respecto al producto interno bruto del sector

agropecuario se calculó con base en cifras del Sistema de Cuentas Nacionales, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

26 La población ocupada a nivel nacional es de 36.4 millones de personas y la ocupada en actividades agropecuarias es de 7.1 millones, Encuesta Nacional de Empleo 1998, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, y Secretaria del Trabajo y Previsión Social.

27 Se refiere al promedio por año agrícola. 28 Véase Davis, B.; Janvry, A.; Sadoulet, E., y Deihl, T., An Anulysis ofPoverty in the Mexican Ejido Sector, IFPRI-Progresa y

Universidad de California en Berkeley. Articulo presentado en la quinta Conferencia México-Canadá-Estados Unidos sobre "Policy Harmonización and Adjustment in the North American Food Industry", Acapulco, México, marzo de 1999.


122

• ANÁLISIS • A pesar de lo anterior, hasta la fecha no ha sido posible hacer que los pagos de Procampo sean utilizados como garantía por el sistema financiero, en forma generalizada y eficiente, ni como un mecanismo más efectivo de apoyo al ingreso o a la conversión productiva, debido a que, al exigirse la siembra como requisito para el pago, a) se rompe la continuidad del flujo de pagos, lo que hace que el apoyo no sea considerado como una garantía estable por parte de la banca comer-cial, impidiéndose su uso eficiente como garantía y exigiéndose la participación de instituciones financieras públicas que garanticen la permanencia del flujo; b) no se cuenta con un directorio "cerrado"; es decir, el número de hectáreas pagadas varía cada año; c) aumentan los costos de supervisión de las delegaciones y la Sagar; d) se incrementan los costos de transacción de los productores, quienes, con tal de recibir el apoyo, muchas veces tienen que dedicar tiempo y esfuerzo a una actividad que quizá no habrían realizado, y e) no es posible entregar al menos una parte de los recursos antes de la siembra al productor, que es cuando más le podrían servir para suplir los créditos de avío. En este sentido, la red de protección al ingreso a través del Procampo sería más eficiente si se realizaran al menos las siguientes reformas: a) mejora en la certidumbre de la recepción del pago con la eliminación del requisito de siembra; b) flexibilización en las condiciones presupuéstales para su uso como garantía en procesos de financiamiento para la producción o para la comercialización, y c) actualización de su valor real o, en su defecto, permitir el aprovechamiento del valor presente de su flujo de pagos. La congelación del padrón de predios del Procampo a partir de la eliminación del requisito de siembra permitiría su eventual descentralización hacia las entidades federativas. En el mediano plazo, este programa podría ser utilizado como instrumento de transferencia de apoyos desconectados, en lugar de apoyos a la comercialización o al precio, específicos por tonelada. El Procampo, como instru-mento de compensación, cuenta con una base de datos por predio, que puede ser utilizada para canalizar, en forma precisa, otro tipo de apoyos a través de su mecánica de entrega. Es el caso de los apoyos a la comercialización que, en el mediano plazo, deberá pensarse en la opción de transformarlos gradualmente en pagos al ingreso, en vez de apoyos por tonelada, con el fin de reducir las distorsiones que generan en los mercados agropecuarios. Una estructura flexible de pagos a través de Procampo permitirá generar esta transición de pagos por tonelada a pagos directos.

123

El ejemplo anterior de uso del Procampo como base de una red de protección al ingreso rural y elemento de capitalización para el mismo pone de manifiesto la necesidad de contar con políticas agropecuarias multifuncionales y multidimensio-nales. En cuanto a su multifuncionalidad las políticas públicas deberán lograr impactos favorables en la distribución del ingreso, al mitigarse la pobreza en las zonas productoras, y en la generación de empleos para los trabajadores agrícolas con y sin tierras. En cuanto a su multidimensionalidad, las políticas públicas deberán tomar en cuenta, para su diseño e instrumentación, los siguientes aspectos: la necesidad de una mayor coordinación interinstitucional, tanto pública como privada, en todas las instituciones encargadas de atacar los diversos problemas del campo, perte-nezcan o no al sector agropecuario, y la necesidad de fortalecer el federalismo y la descentralización en la toma de decisiones en el campo. El federalismo genera !as condiciones institucionales para atender la especificidad de los problemas locales y aprovechar las potencialidades de la diversidad cultural, étnica, geográfica y económico de las diferentes regiones. En la siguiente gráfica se presenta, en forma esquemática, la multifuncionalidad y multidimensionalidad de la política agropecuaria en México. En el eje vertical se aprecian las diferentes dimensiones de diseño e instrumentación de la política de desarrollo rural integral, planteándose la necesidad de que dicha política sea congruente con el entorno económico y requiriendo la participación de todos los sectores de la sociedad, sean públicos o privados. El gobierno federal diseña las políticas y fija las prioridades, pero la aplicación de las políticas de desarrollo rural integral corresponden a los estados y municipios, de acuerdo con los principios rectores del federalismo.


124

• ANÁLISIS •

Apertura Comercial

Entorno macroeconómico Políticas de combate a la pobrezaDesarrollo RuralIntegral

Participación Públicay Privada

Federalización

Alianza para el campo y Procampo

Organizaciónde

Productores

m Gremialm Empresarial

Normas yEstándares

m Sanidadm Calidadm Informaciónm Catálogo de Registros

m Transferenciam Extensión

SanidadPromociónComercial

DesarrolloTecnológico

Capacitación yEntrenamiento

Productividad eInfraestructura

Sostenibilidad

Nuevas Característicasde la Demanda

Alimentaria

Vinculación conAgroindustria

Nuevas Característicasde los Mercados

125

En el eje horizontal se refleja la multifuncionalidad de la política de desarrollo rural, pues ésta deberá ofrecer una gama de políticas lo suficientemente amplia y flexible como para responder a las demandas y necesidades de los productores y los mercados de bienes agroalimentarios. Esta flexibilidad es necesaria sobre todo en momentos en que el sector rural continúa pasando por un proceso de ajuste a las nuevas condiciones del entorno económico. Ahora bien, la política de largo plazo del sector no sólo depende de las condiciones económicas y sociales que enfrenta en el presente, sino también de los nuevos temas de la agenda agropecuaria, que requieren ser tomados en cuenta, así como de los posibles escenarios económicos, sociales, institucionales y poblacionales que enfrentarán el sector en el próximo siglo. Entre los principales temas para incluir en la nueva agenda están los de sustentabilidad y ecología, la nueva relación con la agroindustria ante los cambios en materia de sanidad, inocuidad y desarrollo tecnológico y los cambios en las características de la demanda de alimentos. Para satisfacer esta demanda en el futuro, se requiere una estrecha vinculación del sector primario con la agroindustria, con el fin de desarrollar programas de investigación, siembra, manejo poscosecha y distribución los productos que satisfagan los nuevos requerimientos de la población en materia de alimentos. Existen desarrollos tecnológicos importantes y amplios márgenes para mejorar la eficiencia de los procesos de producción y distribución, aunque los logros no serán iguales para todos los productos. Una reducción razonable en las pérdidas poscosecha podría representar, fácilmente, incrementos en la disponibilidad para el consumo de 10 o más por ciento del total. Los avances en el. área de la biotecnología prometen posibilidades muy amplias (variedades resistentes a sequías o a salinidad, semillas más duraderas, variedades que fijan nitrógeno, ganado lechero de alto rendimiento en zonas tropicales, etcétera). Por otra parte, están por resolverse las condiciones de acceso a esos productos y quién ejercerá el control sobre ellos, así como el impacto que todo esto podría tener en los países de menor desarrollo económico. El impulso productivo debe verse acotado por las condiciones del entorno que enfrenta el campo. Por ejemplo, México requiere ajustarse a los retos de la globalización. Uno de los principales retos que plantea la apertura para la política agropecuaria es el de la política de precios de corto plazo, la cual, en vez de concentrar su atención en la fijación de un precio basado en costos de producción y/o comercialización, deberá permitir que refleje sus verdaderos niveles de


126

• ANÁLISIS • mercado y, al mismo tiempo, apoyar las iniciativas que pudieran elevar y diferenciar el precio para los productores, con base en un mejor acceso a servicios competitivos de certificación, financiamiento y comercialización de sus cosechas. Lo anterior implica que la política agropecuaria deberá enfocarse hacia el concep-to de competitividad, que conlleva, entre otras cosas, aumento a la productividad, incorporación de nuevas tecnologías, reducción de costos y relocalización de las actividades agropecuarias y agroindustriales en el territorio nacional. El Estado mexicano, con la instrumentación reciente de programas como Alianza para el Campo, Procampo y Procede ha logrado avances significativos en materia de fomento a la productividad, apoyo al ingreso y definición de los derechos de propiedad agrarios. Además de fortalecer dichos programas, ajustándolos en términos reales para permitir la capitalización de los productores, el Estado deberá abrir nuevas líneas de acción que permitan la capitalización de los productores, la revalorización de sus activos y la posibilidad de utilizarlos como garantía ante las instituciones financieras (incluyendo sus propias cosechas, los apoyos al ingreso y otros), el mejoramiento en la eficiencia de comercialización y distribución de alimentos y, en general, el incremento en las condiciones de competitividad de los productos mexicanos. En todo el proceso de ajuste y compensación a los productores, el federalismo desempeñará un papel clave en la instrumentación de políticas. El desarrollo rural congruente con la diversidad geográfica y cultural, que maximice el potencial productivo regional, ofrecerá a los estados los programas y recursos en corres-ponsabilidad con los productores y con estricto apego al federalismo. El sector agropecuario mexicano se encuentra en un proceso de transición. Su marco social, legal, económico e institucional se ha modificado en forma radical en los últimos años. Los campesinos, productores y otros agentes económicos aún están ajustándose a estas nuevas condiciones, cuyos efectos plenos se harán evidentes en el largo plazo. No está demás insistir en que mientras se realiza el proceso de ajuste en el sector agropecuario, se deberán instrumentar medidas de compensación temporales para contrarrestar los posibles afectados. Sin embargo, debido a la gran heterogeneidad existente en el sector rural, también deberá promoverse la diferenciación de medidas de compensación y promoción para los distintos productores, de acuerdo con sus necesidades regionales específicas. Lo anterior implica repensar el esquema de incentivos, lo cual no significa que el Estado abandone su papel de

127

promotor del desarrollo en el campo. De hecho, se requerirá una mayor canali-zación de recursos y un papel más activo del Estado en materia de regulación, entre otros aspectos. Como parte importante de las medidas de compensación y ajuste de los productores, se deberán aprovechar los programas de apoyo ya existentes, como Alianza para el Campo y Procampo, y ajustados a niveles que reflejen verdaderamente los tipos de compensación que requieren los productores, y retomar los planteamientos de ajuste presupuestal de dichos programas en términos reales, con el fin de potenciar al máximo su capacidad multiplicadora.


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Sector Leadership Group, México, septiembre 30 de 1996. The World Bank, México, Rural Financial Markets, reporte núm. 14599-M, The

World Bank, Washington, DC, 25 de agosto de 1995. Tuirán, Rodolfo, "México: hacia el dominio de su destino demográfico", en

revista Examen. Una publicación por la democracia, núm. 108, octubre de 1998, pp 11-36.


132

Desarrollo local y Reforma Agraria en México. Retos y perspectivas en la globalización económica*

Gonzalo Villalobos López **

n diferentes momentos, algunas opiniones se han manifestado sobre la posibilidad y conveniencia de que la certificación de derechos agrarios en México y la consecuente evolución del proceso de acreditación de

derechos de propiedad sobre la tierra, sean la base de la construcción de una política pública dirigida al medio rural que se base en la correcta definición de los objetivos gubernamentales a partir de la existencia de un catastro rural confiable, que permita el mejor resultado en los esfuerzos de planeación y congruencia en la aplicación de los programas gubernamentales dirigidos al campo.

E 1

* Trabajo recomendado para su publicación por el Jurado Calificador del III Certamen Investigación

Agraria 2000. Es una síntesis de la versión original. **Actualmente se desempeña como subdelegado de Programas Especiales en la Delegación Oaxaca de la Procuraduría Agraria.

1 Villalobos L. Gonzalo. “La Certificación de los derechos agrarios en México. Hacia la definición de una política agrícola

complementaria.” Revista Estudios Agrarios, Año 5, núm 11 Ed. Procuraduría Agraria, México 1999.

133

Hoy resulta pertinente fortalecer las diferentes propuestas que se han vertido en distintos escenarios. El planteamiento que aquí se presenta lleva un sustento ideológico y conceptual basado en la realidad inmediata, directa y concreta, que reconoce a la práctica como la primera y la última de las categorías del cono-cimiento, a partir de la cual pueden construirse en una economía globalizada, modelos viables de desarrollo económico rural con justicia social y con respeto a los recursos naturales. Este ensayo pretende aportar opciones para el desarrollo rural a través de una concepción ideológica de los ejidos y comunidades como formas básicas de orga-nización (hasta ahora la mayoría de subsistencia), formas que han permanecido bajo diferentes esquemas autogestionarios, que en esencia deben constituirse en procesos que evolucionen de lo abstracto a lo concreto, reconociendo a cabalidad las posibilidades de una verdadera autogestión campesina. La construcción de modelos autogestionarios en el medio rural puede ser la base de una nueva relación entre el estado y la sociedad campesina. Una argumentación y una concepción teórica basada en la observación constante de la práctica y en el análisis riguroso de situaciones reales, conducen con sutileza (sin brusquedad) a la construcción de efectivos módulos conceptuales a partir de los cuales resulta totalmente viable el establecimiento de modelos de desarrollo exitosos. Los elementos que construirían este tipo de relación se presentan y analizan a la luz de los fenómenos actuales, de su origen y de su evolución, representan por tanto una de tantas alternativas que en conjunción con otras puede significar una verdadera opción para el medio rural. El documento se compone de tres secciones generales, cada una reflexiona desde diferentes escenarios en el tiempo la problemática rural y su impacto en el desarrollo local, explican desde una óptica particular porque es importante conocer algunos de los aspectos de la política pública que han sido determinantes en la composición del campo que hoy se presenta ante nuestros ojos, así como los efectos de la reforma a los marcos legales y de los programas de gobierno que impactan en el medio rural.


134

• ANÁLISIS • La complejidad de la dinámica del campo mexicano exige seguramente soluciones acordes al tamaño del problema, por eso en el ámbito de las preocupaciones, el ensayo intenta contribuir a la reflexión seria y motivar a las aportaciones resolutivas, aquí una propuesta concreta. Introducción La mundialización de las economías no excluye el caso México, de hecho la política económica nacional definida desde hace poco más de 15 años ha privilegiado el modelo neoliberal basado en la apertura de los mercados y la regulación económica por la ley de la oferta y la demanda. En este modelo económico es fundamental (se ha dicho incluso imprescindible), una cultura productiva empresarial, una visión de competencia internacional y un permanente esfuerzo por conseguir que de cualquier actividad económica que se emprenda, se obtenga la maximización de la ganancia por la vía de la eficiencia. Sin embargo, este modelo económico ha comenzado a mostrar su “talón de Aquiles”, de 1998 a la fecha se han intensificado diversas manifestaciones de carácter internacional, que dan cuenta del lado negativo de esta propuesta económica. Ha resultado evidente que tiende a beneficiar básicamente al capital y a un reducido sector de la sociedad, el costo social que ha tenido puede observarse en el ámbito mundial en el beneficio directo de los países desarrollados y en el costo real que deben pagar los países en vías de desarrollo. Las manifestaciones mensurables en el ámbito local dan cuenta de la inequitativa distribución de la riqueza, estableciendo clases sociales mayoritarias que viven en la extrema miseria y grupos sociales minoritarios que viven en la extrema opulencia; por donde se vea, tal expresión de desigualdad social siempre resultará contrario a las virtudes cívicas del hombre. La vorágine que envuelve a los países en todo el mundo hace muy difícil que siendo altamente dependientes económicos de países desarrollados, sea viable alterar y modificar sustancialmente la política económica y por tanto el modelo que predomina en el orbe entero. Sin embargo un país como México tiene todavía importantes asignaturas pendientes.

135

Los habitantes del medio rural en México no acaban de comprender como los puede beneficiar la creciente suscripción de acuerdos comerciales con otros países, primero Canadá y los Estados Unidos de Norte América, luego países de América del Sur, luego la Comunidad Económica Europea y finalmente los países de Asia. Aún se preguntan como les benefician estos acuerdos comerciales. Quizá alguno de ellos se habrá preguntado alguna vez si es mejor ser empresario agrícola o simplemente campesino tradicional. Este escenario, describe en lo general las condiciones en que se enmarca el problema en cuestión, un problema público que requiere profundas medidas de política para resolverlo. A pesar de que México es ya un país eminentemente urbano, la minoritaria población campesina es sumamente importante por ser la propietaria de poco más de la mitad de la superficie del territorio nacional, por ser la clase que resguarda los recursos naturales tan indispensables para el soste-nimiento de los ecosistemas y de la vida humana, por ser un factor fundamental en el tema de la autosuficiencia alimentaria y por ser también —hoy por hoy— la síntesis de la historia moderna de México. El modelo económico vigente en nuestro país no le augura un buen futuro a la población rural de México por una razón muy simple; el pensamiento y la lógica empresarial no forman parte del razonamiento campesino para las decisiones de producción. Es por ello que el reto fundamental, es el diseño de políticas públicas dirigidas al campo que aún en un marco globalizador representen una opción real para el sector rural y no sólo como un prurito formal de reivindicaciones sociales, sino como una estrategia de supervivencia nacional basada en la soberanía a partir de la autosuficiencia alimentaria. Breve reseña histórica de las políticas agrícolas y agrarias en México (causas y efectos) Sin el afán de hacer una disertación histórica del campo en México (por que no es el objeto de este ensayo), se describen de forma general algunos factores que explican las grandes líneas trazadas y los objetivos de las principales políticas agrícolas y alimentarias que marcaron con huellas imborrables al sector rural mexicano determinando así su realidad actual.


136

• ANÁLISIS •

Al final de la colonización española e incluso durante el siglo XIX, la propiedad de la tierra en México se concentraba en un número pequeño de propietarios que poseían grandes extensiones de tierra, mientras que una gran cantidad de habitantes del campo dedicados a la agricultura disponían de pequeñas superficies. Esto se debió fundamentalmente a la proliferación del capitalismo mundial como modelo económico en las últimas décadas del siglo XIX; lo que propició en México la adopción de un régimen de acumulación basado en la demanda externa de minerales y productos de origen agropecuario. Este proceso de expansión económica tuvo como base el sistema de haciendas en el medio rural cuya forma social de relación entre el hacendado y el trabajador del campo era el peonaje por endeudamiento (peón acasillado), lo que implicaba un cierto tipo de trabajo forzado por las deudas que el peón contraía en las tiendas de raya de la propia hacienda con rasgos de relación salarial.2

Pese al auge económico, a principios del siglo XX el País registró un estallido social sin precedentes (debido entre otras razones) a la violencia con que se expandía la hacienda y se destruía la esencia de la economía campesina. Después de la revolución armada del año 1910, sobrevino un intenso proceso de reivindicación con la sociedad campesina que implicó a la larga la clausura de la vía capitalista en la producción agropecuaria. La clase media que reclamaba la marginación política en que la tenía sumida el sistema, retomó las demandas agrarias lo que abrió las puertas a una profunda reestructuración del agro mexicano. Basado fundamentalmente en los postulados magonistas y zapatistas, el Jefe del Ejército Constitucionalista promulgó el 6 de enero de 1915 una importante Ley Agraria que consagraba el derecho irrenunciable al acceso a la tierra para los campesinos que la trabajaban. Este principio de redistribución de la tierra a los campesinos se consagró a su vez en el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el año 1917. El ejido comenzó a constituirse así en la base de la economía campesina y en ello estuvo la justificación de la política agraria del gobierno del Presidente Lázaro Cárdenas. En este período de gobierno casi la mitad de la tierra cultivable del país pasó a ser ejidal.

2 Katz, F., “La servidumbre agraria en México en la época porfiriana” Editorial ERA, México 1984.

137

De esta manera, a partir de profundas transformaciones del sector agrícola, se fueron consolidando los elementos estructurales sobre los cuales se configuró un nuevo régimen de acumulación o modelo económico basado en la industria-lización por sustitución de importaciones, que duró desde mediados de los años cuarenta hasta finales de los 60s. Por casi 25 años, la agricultura mexicana cum-plió cabalmente su papel asignado históricamente en la economía de todas las naciones, intercambio económico para empujar otros sectores de la producción y generación de alimentos suficientes y a buen precio para la población urbana. Mientras que la población crecía a un ritmo de 2.2% anual de 1930 a 1946, la agricultura lo hacía a tasas promedio anual de 3.5%; más aún, cuando el cre-cimiento poblacional de 1946 a 1966 se incrementó al 3.3% anual, la agricultura crecía a tasas de 6.1% promedio.3 Era el milagro mexicano (Ver Gráficas 1 y 2).

Gráfica 1

Comportamiento del PIB agrícola en México de 1947-1998

Fuente: Rivera P. María. "Efecto de la Política de Precios sobre el Sector..."

3 Rivera P. María. “Efecto de la política de precios agrícolas sobre el sector agropecuario de México”. Tesis de licenciatura.

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Saltillo, Coahuila. México, 1999.

1947-1965 1966-1976 1977-1981 1982-1987 1988-1996

PERIODO

7

6

5

4

3

2

1

0


138

• ANÁLISIS •

Gráfica 2 Crecimiento de la población en México de 1900 a 1995

Fuente: INEGI. Censos de población de 1900 a 1990 y conteo de población y vivienda 1995.

A partir de la segunda mitad de los años sesenta los intercambios económicos fueron intensos y poco equilibrados entre los sectores de la economía; a diferencia de aquella etapa de auge en que los ingresos fiscales provenientes del sector agrícola eran menores que el gasto público destinado al desarrollo rural, la banca privada ahora captaba más recursos de la agricultura que los que devolvía al campo por la vía del crédito y por su parte, la industria no generaba empleos suficientes para absorber la mano de obra excedente en el medio rural4. En ese momento se reorientaron los objetivos de las políticas agrícolas, definiéndose como prioridad la oferta de alimentos abundantes y baratos para ayudar a los consumidores pobres y para apoyar los procesos de urbanización e industrializa- 4 Por que su expansión se centraba más en los medios de consumo e insumos intermedios que en los medios de producción, lo que significaba un bajo grado de integración de su cadena productiva que dio como consecuencia que el aparato de producción requiriera relativamente un mayor número de maquinaria y equipo importada. Este aparato productivo no desarrolló en forma generalizada, el proceso de invención, innovación y difusión del adelanto técnico por lo que la planta se volvió en pocos años obsoleta y poco eficiente. (Aboites J., “Industrialización y desarrollo agrícola en México”. Colección agricultura y economía. Ed. Plaza y Valdés editores; Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco. México. 1989.

Millones de habitantes

Crecimiento190013.6

191015.2

192114.3

193016.6

194019.7

195025.8

196034.9

197048.2

198066.8

199081.2

199591.2

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

139

ción. Pero las políticas de fomento no eran congruentes, la industria continuaba protegida de la competencia externa, el campo veía incrementos reales en los precios de los insumos y consecuentemente en los costos de producción, la única política consistente en materia agraria seguía siendo el reparto de tierras. Comenzó entonces la descapitalización del campo mexicano. En los años setenta comenzó a notarse un estancamiento de la tasa de crecimiento de la agricultura, al finalizar la década, frente a una tremenda explosión demo-gráfica, un modelo económico basado en el precio del petróleo crudo y un creciente endeudamiento externo, el crecimiento del sector agropecuario se fue en picada y comenzó una de las peores crisis de la agricultura en México; la crisis alimentaria se prolongó por mucho tiempo después, hasta nuestros días no ha podido ser superada. El crecimiento poblacional ligado directamente con la demanda de alimentos, llevó a la necesidad de iniciar importaciones del alimento básico para la mayoría de la población. Diversos autores han coincidido en que el punto de partida de la crisis se inicia justamente al finalizar la década de los años setenta con la caída del sector agrícola (manifestada por los problemas que desde entonces enfrentaba la articulación economía campesina-agricultura capitalista), que puso en duda lo que durante muchos años había sido la fuente fundamental para financiar importa-ciones de medios de producción; el Estado Mexicano rediseñaba la estrategia para sustituir el papel que la agricultura jugó durante 25 años. Sobre este tema, Aboites, J. (1989) señalaba que el sector agrario quedó a partir de entonces limitado a producir para el consumo nacional ya que sus exportaciones abandonaban el papel desarrollado durante un cuarto de siglo. Al iniciar los años 80 se adoptó en México un nuevo régimen de acumulación “... donde la vinculación agricultura industria es menos significativa, eventualmente el déficit de productos agrícolas es compensado con importaciones...” “... el nuevo papel del sector agrícola modificará paulatinamente la relación del Estado con la agricultura y particularmente con el sector campesino; es previsible en el futuro una depauperación del sector no capitalista y una nueva fase de modernización de la agricultura”5.

5 Aboites J., op. cit.


140

• ANÁLISIS •

En medio una economía altamente dependiente de las exportaciones del petróleo crudo con un mercado internacional deprimido, de un excesivo endeudamiento externo y de recurrentes crisis financieras, fue replanteada la política agrícola estableciendo como prioridad mejorar la productividad del sector como un medio de economizar las escasas divisas, para ello se propuso reducir el costo del crédito y mantener precios bajos en la agricultura. No obstante, diferentes situaciones indicaban un nuevo rumbo en la economía nacional. Permeaba ya un modelo apertura comercial en el que México debía integrarse a la economía mundial, debía incorporarse a los procesos de globalización para lo cual se intentaba madurar nuevos términos de inserción en el mercado mundial dando mayor importancia a la exportación de productos distintos al petróleo. Así, se modificó sustancialmente la política proteccionista que caracterizó al régimen de acumulación anterior; México negociaba y establecía acuerdos de disminución de aranceles

6 desde una posición muy desventajosa para la agricul-tura, ésta vivía una de sus peores crisis, el campo se encontraba descapitalizado, con tasas de crecimiento muy por debajo de la economía nacional e inferior al crecimiento poblacional y con una estructura agraria no del todo definida. Desde una perspectiva institucionalizada, puede decirse que México estableció acuerdos de desregulación arancelaria progresiva en materia agropecuaria a partir de una posición derivada de una incisiva contradicción entre la política agrícola y la política agraria, que polarizó el contexto rural mostrando un escenario donde la política de reparto agrario, contrastaba con las políticas agropecuarias, crediticias y comerciales tendientes a favorecer casi exclusivamente a los agricultores comerciales, que para entonces ocupaban poco menos del 39.8 % de la superficie cultivable mientras que los productores ejidales poseían ya el 58.3% de la superficie total agropecuaria

7. La exclusión de cierto de fomento agropecuario comenzaba a dibujar con mucha más claridad las tipo de productores de las políticas economías de autoconsumo y los productores de subsistencia.

6 Los aranceles son impuestos que se pagan a la importación de productos para mantener estables los precios del mercado interno y proteger la planta productiva nacional. 7 INEGI. VII Censo Agropecuario. México 1991.

141

Frente a un proceso de apertura comercial ya iniciado y un modelo económico tendiente a la integración a las economías mundiales, a partir de 1989 el Estado Mexicano redefine el objetivo de la política agrícola y prioriza la necesidad de incrementar la eficiencia en el uso de los recursos, valiéndose de las teorías sobre las ventajas comparativas y las ventajas competitivas8. A partir de la adopción formal del modelo económico neoliberal, comenzó una importante reforma jurídica integral y de política para el medio rural, encaminada a un ajuste estructural de todo el sector que fuera consecuente con los acuerdos y políticas internacionales de fomento agrícola9. Una de las reformas de mayor trascendencia a principios de los años 90 fue la reforma al Artículo 27 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexica-nos. Esta, tuvo como propósito fundamental establecer el marco jurídico suficiente para propiciar las condiciones mínimas necesarias que favorecieran el desarrollo rural, que posibilitaran la capitalización del campo y que permitieran asegurar el abasto alimenticio de la población, ya sea mediante la generación de productos para el consumo o de productos como bienes de intercambio que mejoraran la balanza agropecuaria.10 Los elementos que apostaban a estas condiciones suficien-tes fueron plasmados en el marco legal agrario vigente a partir de 1992. En este contexto, en 1994 entró en vigor el Tratado Trilateral de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que en esencia significa la apertura gradual de los mercados de Canadá, Estados Unidos y México para que en un plazo máximo de quince años (en el 2009), exista un libre flujo de intercambio comercial entre los tres países. Un año después de la entrada en vigor del Tratado se redefinió el objetivo de la política agrícola de México estableciéndose como prioridad mejorar las habilidades de los productores y estimular el desarrollo tecnológico para incrementar la productividad y la competitividad del sector en el contexto del TLCAN. Se crea entonces en 1995 la Comisión Intersecretarial del Gabinete Agropecuario y se firma una Alianza para el Campo que enumera los

8 De acuerdo con los teóricos de la economía, las ventajas comparativas sugieren que las actividades productivas se encaucen hacia la

producción de aquello respecto a lo cual se es más eficiente a partir de los menores costos de producción, mientras que las teorías de las ventajas competitivas se refieren a que la decisión de producción se base en aquello en lo que se es más eficiente en razón de las características (sobre todo naturales) propias de la región donde se produce tal o cual cosa.

9 OCDE. Examen de las políticas agrícolas de México. Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, 1997. 10 Véase la exposición de motivos con que se acompañó la iniciativa que proponía la reforma del Artículo 27

Constitucional.


142

• ANÁLISIS • principales objetivos de la política agrícola, que de alguna manera vienen a ser una reafirmación de los objetivos establecidos en 1990 con el Programa Nacional de Modernización de la Agricultura. Los regímenes de acumulación predominantes en México durante el siglo XX marcaron de forma determinante el modo de producción agropecuaria y las formas organizativas que hoy prevalecen en el campo. Influido siempre por factores externos y por las políticas de fomento y regulación internas, el sector agrícola mexicano ha tenido importantes períodos de auge y significativos períodos de crisis, estos últimos sobre todo en los veinte años recientes en los cuales las tasas de crecimiento del sector se han colocado por debajo del crecimiento general de la economía nacional y de los ritmos de crecimiento poblacional; baste decir para ello que de 1980 a 1995 la población en México se incrementó a tasas del 2.09% anual, mientras que el sector agrícola lo hacía a razón del 0.8% Promedio Anual (Cuadro A) (Gráfica II). Los déficits de la producción de alimentos básicos para abastecer la demanda interna se han cubierto desde hace 15 años con la importa-ción de considerables volúmenes de granos básicos (Gráfica 3). La autosuficiencia alimentaria se ha convertido en un tema recurrente de las agendas de gobierno. Han pasado ya más de diez años de profundas reformas en busca de un ajuste estructural y ocho años de las reformas constitucionales que en materia agraria propusieron un cambio sustancial. Sin embargo ante lo intenso de las políticas económicas neoliberales, las posibilidades para la población campesina han sido seriamente mermadas; entre otras cosas porque la globalización exige la lógica empresarial en todas las decisiones que se tomen en torno a la actividad productiva; porque en México la actividad agropecuaria todavía está muy lejos de ser una actividad rentable en términos generales (salvo algunos productos específicos que no son producidos por la mayoría de los campesinos), porque la severidad de los castigos de la naturaleza vistos en tremendas sequías o devas-tadores tormentas y la todavía incipiente efectividad de las políticas de desarrollo rural, cada vez dejan menos opciones a los productores campesinos quienes en la mayoría de los casos optan por la migración, porque está demostrado en todo el mundo que las economías de mercado privilegian a ciertas clases sociales y su (aún cuestionable) éxito es a base de un altísimo costo social.

143

Gráfica 3

Evolución de la balanza comercial agropecuaria en México de 1990 a 1998

Fuente: Presidencia de la República. IV Informe de Gobierno 1994 y IV Informe de Gobierno 1998.

No obstante lo anterior, tomando en cuenta las condiciones externas que influyen las medidas de política económica en nuestro País, puede decirse que los avances logrados en los últimos doce años son importantes, se han creado considerables escenarios para el desarrollo y mejoría del sector tanto en la reforma de los marcos jurídicos como en las medidas de política pública; sin embargo, se percibe cierta incongruencia en la aplicación de las políticas públicas y obviamente de los pro-gramas de gobierno en materia de apoyo y fomento. Las cifras en términos cuanti-tativos de los recursos destinados a la agricultura podrán ser considerables cuando se reportan recursos anuales del orden de 20 mil millones de pesos (en 1995); pero lo cierto es que de 1980 a 1995 se ha visto una fuerte reducción de la participación de los gastos presupuestales asociados con las políticas agrícolas respecto al presupuesto global del Gobierno Federal: en 1980 los recursos destinados a la agricultura representaban el 18 % de los gastos totales del Gobierno Federal, mientras que para 1995 estos mismos recursos sólo representaban un siete por ciento.

Millonesde dolares

5000

4000

3000

2000

1000

0

-1000

-2000AÑO1990

2062211148

199121222291169

199228452053-792

199326172449-168

199433452616-729

1995262739021275

199646543385-1269

199741463656-490

199847733954-819

ImportacionesExportacionesBalanza


144

• ANÁLISIS • Las referencias macroeconómicas del Producto Interno Bruto Agropecuario y de la Balanza Comercial de los últimos 10 ó 20 años muestran evidencias del efecto que ha tenido la reducción de los apoyos gubernamentales a la actividad agropecuaria (Cuadros A y B). Se ha dejado que sean las ventajas comparativas y las ventajas competitivas quienes determinen las decisiones de producción arriesgando la autosuficiencia alimentaria. Los movimientos migratorios del campo a las ciudades y las pocas opciones de empleo en el medio rural dejan ver el grado de desesperación en el campo, diversos estudios muestran cifras que indican que dos de cada tres de las familias más pobres de México viven en el medio rural dan cuenta de la profunda crisis del campo mexicano.

Cuadro A Comportamiento del producto interno bruto agrícola

Respecto al producto interno bruto nacional 1980 a 1995 (1980=100)

Concepto Unidad 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

5,858 5,659 5,620 5,469 5,277 5,049 4,883 4,823 4,735 4,920 4,796 4,628 4,831 4,862 4,470 MS m n 5,452 PIB Nacional (1)

432 423 413 419 414 388 395 410 405 416 401 391 383 391 368 MS m n 416 PIB Agrícola (2)

7.4 7.5 7.3 7.7 7.8 7.7 8 8.5 8.5 8.4 8.3 8.4 7.9 8 8.2 % 7.6 Participación (2/1)

Incremento anual

del PIB Nacional

(respecto al año

0.7 2.8 3.6 4.5 3.4 1.2 1.9 -3.8 2.6 3.6 -4.2 -0.6 8.8 9.2 % -6.9 anterior) 3.5

Incremento anual

Del PIB Agrícola

(respecto al año

2.6 -1.5 1.1 6.8 -1.8 -3.8 1.4 -2.7 3.8 2.7 2 -2 6.1 7.2 % -3,8 anterior) 2

(2/1)= A la participación del sector agrícola en el conjunto de la economía. Fuente: INEGI; VI Informe de gobierno, 1994; OCDE Secretariado (tomado de: OCDE Examen de las políticas agrícolas de México,1997.

145

Cuadro B

Gastos presupuestales asociados con las políticas públicas agrícolas Respecto al gasto total federal de 1980 a 1995

(miles de millones de pesos nominales)

Concepto 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 p

Gastos del 185,189 163,920 147,419 137,147 115,795 105,857 60,440 23,012 11,573 7,105 4,639 2,703 1,335 818 291,337 221,178 gobierno

federal Gastos a

favor 16,949 15,858 12,547 17,312 11,750 7,612 4,398 2,613 1,364 909 523 332 220 146 21,983 22,717 de la

agricultura % de los

gasto

10 9 13 10 7 7 11 12 13 11 12 17 18 8 10 totales

asignados 9

a la agricultura

p=información preliminar *Incluye datos de los conceptos: apoyo al precio y al ingreso, reducción del costo de insumo, servicios generales, subsidios al consumidor, educación formal y desarrollo rural. Fuente: OCDE Examen de la política agrícola de México,1997. (2/1)= A la participación del sector agrícola en el conjunto de la economía. Fuente: INEGI; VI Informe de gobierno, 1994; OCDE Secretariado (tomado de: OCDE Examen de las políticas agrícolas de México,1997.

Todas estas circunstancias sin duda trastocan nuevamente los hilos sensibles del México profundo y de la patria entera; se han acentuado las diferencias regionales y la distribución de la riqueza es cada vez más inequitativa, se ha puesto en riesgo, la autosuficiencia alimentaria, la soberanía nacional y la integridad. El campo mexicano que hoy conocemos es resultado de las políticas de gobierno y de la aplicación de estas frente a factores externos e internos, frente a circuns-tancias de diversa índole que han recibido en su momento un trato determinado. El cuestionamiento ineludible es entonces: ¿cuáles debieran ser los elementos indis-pensables para definir políticas públicas en el campo mexicano?. Quizá sugiera la respuesta el hecho de que el campo que requiere México para el futuro inmediato es el que defina la corresponsabilidad, que garantice al menos la autosuficiencia alimentaria y la soberanía de los mexicanos, que crezca en términos económicos acercando la brecha entre esta y el crecimiento poblacional al menos al ritmo de la economía nacional en su conjunto, y que integre al desarrollo de México a la sociedad campesina reduciendo significativamente las diferencias regionales de productividad, empleo y de calidad de vida.


146

• ANÁLISIS •

El campo mexicano ahora. Un panorama de la situación actual Condiciones generales de la economía nacional Retomando la reflexión a partir del modelo económico vigente en nuestro país desde hace ya quince años, es posible discernir en torno al balance negativo del impacto que esta política ha tenido sobre un sector mayoritario de la población y como ha sido la población campesina quien da el balance más crítico. Hoy en día se discute si las cifras correctas son aquellas que indican que en México existen 40 o 50 millones de pobres y si son 15 o 20 millones de personas que viven en extre-ma pobreza y cuantos de ellos están en zonas urbanas o en zonas rurales. Los niveles de ingreso y empleo de la población rural dedicada a actividades agro-pecuarias básicamente, permiten ubicar en el contexto nacional las condiciones del campo y dan cuenta de la situación imperante. Cifras de un estudio reciente re-velan que de los 2.3 millones de personas dedicadas a estas actividades, el 69% reciben menos de un salario mínimo o no reciben nada como ingreso, mientras que sólo el 5.2% recibe ingresos superiores a cinco salarios mínimos. Estos reducidos ingresos tienen su reflejo en las condiciones de vida de la población campesina en donde se observa que de los 2.5 millones de viviendas en el medio rural (que representa el 11% de todas las que hay en el País) habitadas por más o menos una quinta parte de la población mexicana, la mitad tienen pisos de tierra y cuentan con dos cuartos o menos, poco menos de la mitad tiene agua entubada y más del 80 % no tiene drenaje, dos terceras partes cuentan con energía eléctrica y casi una quinta parte tiene todavía techos de lámina de cartón.11 . (Cuadro C) Dado el intenso proceso de mundialización de las economías bajo el argumento de que el libre mercado permite un desarrollo natural de los diferentes sectores, pareciera no tener sentido tal manifestación de pobreza en el campo mexicano.

11 Robles B., Héctor, ídem.

147

Cuadro C Principales indicadores del nivel de bienestar

de la población rural en México (número de viviendas)

Total Con agua entubada

Con drenaje Con energía eléctrica

Con techos de lámina de

cartón

Con pisos de tierra

Con dos cuarto o menos

Viviendas particulares habitadas en el medio rural

2, 500, 000 1, 150, 000 412, 500 1, 647, 500 440, 000 1, 250, 000 1, 475, 000

Fuente: Robles B., Héctor, “Tendencias del campo mexicano”, Estudios Agrarios, num. 13, 1999.

La fuerte presencia de la clase campesina en el desarrollo del país no se debe a su aportación al crecimiento económico, ni a su participación dentro de la estructura de la Población Económicamente Activa, sino por la proporción de tierras con todo y sus recursos naturales que se encuentran bajo una forma de propiedad social y que ven en la actividad agropecuaria su principal medio de sustento. Estructura de la tenencia y propiedad de la tierra Actualmente, la propiedad de la tierra en México se divide esencialmente en privada y social; a esta última le son reportadas más de 100 millones de hectá-reas, es decir, más del 50% de la superficie del territorio nacional (Cuadro D y Gráfica 4).

Cuadro D

Estructura agraria en México

Total nacional Total rústica Privada Ejidal Comunal Colonias

Superficie

(ha)

196, 718, 306 178, 029, 918 73, 568, 387 84, 216, 076 16, 480, 765 3, 764, 690

Fuente: Registro Agrario Nacional. Diciembre 1999, en Robles B. Héctor, en Robles B., Héctor, idem.


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• ANÁLISIS •

Gráfica 4 Estructura agraria en México

Fuente : Registro Agrario Nacional, diciembre 1999. en Robles B. Héctor , idem..

En un estudio específico (Robles, B. Héctor “Tendencias...”), refiere que a pesar de que en algunos Estados del norte del país existe una alta proporción de propiedad privada como en Chihuahua, Sonora, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, en el resto de los estados de la República en mayor o menor medida predomina la propiedad social sobre la tierra excepto en estados como Puebla, Guanajuato y Aguascalientes donde se guardan ciertos equilibrios en la proporción de tierras privada - social. Estos datos que refieren la existencia de 29,482 núcleos agrarios (entre ejidos y comunidades) donde viven 3.5 millones de titulares de derechos agrarios con sus respectivas familias en más de 100 millones de hectáreas, permiten comprender la importancia de considerar como elemento fundamental el componente agrario en el diseño de políticas y programas destinadas al sector rural. La necesidad de elaborar estrategias diferenciadas para

Ejidal ycomunal

57%

Colonias2%

Privada41%

Superficie del territorio nacional196,718,306 hectáreas

Superficie rústica agropecuaria y forestal178,029,918 hectáreas

este sector radica justamente en el hecho de que más de dos terceras partes de los núcleos agrarios (68.3%) se concentran en una tercera parte de las entidades federativas (trece en total). Esta circunstancia fortalece las tesis de la descentra-lización de las decisiones de gobierno hacia los ámbitos locales, situación de la que se hablará posteriormente con más detalle.

149

Estructura agraria y caracterización de la tipología de productores El conocimiento y la comprensión de la estructura agraria en México, permiten la identificación más o menos clara de la tipología de productores, lo que a su vez facilita entender la lógica que determina en esencia sus decisiones de producción y su actividad productiva preponderante.

12Según datos oficiales , el Censo General de Población y Vivienda señalaba que 2.3 millones de personas de la Población Económicamente Activa se ocupaba en la actividad primaria, es decir en actividades agrícolas y ganaderas fundamen-talmente; como ya se señalaba con anterioridad, del total de la población ocupada en estas actividades se reportó que más de dos terceras partes (69%) recibían como ingreso menos de un salario mínimo, mientras que sólo el 5.2% obtiene ingresos superiores a cinco salarios mínimos. De aquí y de los bajos índices de crecimiento del Producto Interno Bruto Agrícola (Cuadro A) desde 1985 a la fecha, se desprende la aseveración de que en términos generales en México la actividad agropecuaria no es una actividad rentable y que en cambio es una actividad que práctica un cierto tipo (mayoritario) de productores a los que se ha dado por llamar agricultores tradicionales que conforman la denominada economía campesina. El mismo estudio referido en este párrafo precisa que “la pobreza de los ejidatarios y comuneros es un asunto complejo, diverso y constante.” Agrega que “ en términos absolutos el campo pierde riqueza y capital, aunque algunos productores sean la excepción de la constante.” A esta precisión, conviene adicionarle las implicaciones de la crisis cada vez más acentuada en el medio rural, en la mayoría de las veces las opciones para subsistir en el campo se centran en la emigración, en el subempleo en áreas urbanas (lo que genera presiones sociales muy fuertes a las ciudades) y en el uso indiscriminado de los recursos naturales tendientes a maximizar el beneficio actual aún a costa de las generaciones futuras.

12 Robles, B. Héctor, idem.


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• ANÁLISIS • El dato que revela que apenas el 5.2% de los que se dedican a las actividades agropecuarias reciben más de cinco salarios mínimos, revela también que los empresarios agrícolas en México son todavía muy pocos, que los productores que pueden aprovechar las ventajas de la globalización y de los tratados comerciales con otros países representa un sector minoritario de los productores agropecuarios. De ello se desprende que en México la economía campesina todavía es predo-minante y que por lo mismo sus decisiones de producción están determinadas por razones muy ajenas a la internacionalización de los mercados. En la economía campesina, la mano de obra familiar juega un papel fundamental, teniéndose que en el ámbito nacional cada ejidatario recibe ayuda familiar en relacón 2.1 a 1. Esto se da en principio porque la unidad de producción individual guarda proporciones propias de economías de auto consumo teniéndose que 6 de cada 10 ejidatarios poseen superficies menores a 5 hectáreas y el 82% poseen superficies menores a 10 hectáreas. En este rango de la unidad de producción, sólo el 16% contrata mano de obra asalariada, mientras que el 84% restante tiene como forma de organización para la producción en cada parcela la participación de la mano de obra familiar no retribuida económicamente; este hecho ayuda a com-render y fortalece la tesis de que en México la producción agropecuaria se debe fundamentalmente a la economía de subsistencia cuya forma de producción y su lógica productiva no está determinada por criterios económicos de maximización de la ganancia, sino por razones de reproducción social (Cuadro E).13

Cuadro E

Relaciones laborales predominantes en la economía campesina (ejidatarios)

Rango de superficies

Solo % Familiar % Familia % Pago % Total %

De 0 a 10 ha 142 13.8 441 43.1 274 26.8 166 16.2 1,023 100 Fuente: Procuraduría Agraria. “Los tratos agrarios.....” NOTA. 1.-La fuente precisa que la construcción de variables se basó en una muestra de 1,738 ejidatarios certificados, que para la relación mano

de obra familiar se excluyeron 57 que vendieron y uno que cedió la tierra resultando un tamaño de muestra total de 1,680 ejidatarios. 2.-El rango de superficie aquí presentado se conformó con 1,023 ejidatarios que representan el 82.1% del total de la muestra aleatoria.

13 Procuraduría Agraria. Los tratos agrarios en ejidos certificados. 1a edición, México, 1998.

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Entendiendo la tipología de productores en México La globalización no sólo implica oportunidades, implica también amenazas y requerimientos, no se puede concebir a la internacionalización de los mercados como la más brillante posibilidad para vender, hacer dinero, generar divisas y tener crecimiento económico; la situación tiene sus matices sobre todo en el aspecto organizativo para la producción rural. La capacidad de actuar en un marco global representa grandes retos para los productores del país, sobre todo en el desarrollo de nuevos conocimientos, ya que la globalización suele exigir cambio de mentalidad y cultura, desarrollo de mejores técnicas competitivas y habilidades para descubrir oportunidades comerciales en el ámbito internacional;14 en otras palabras, la globalización exige al productor agropecuario una cultura empresarial. En este sentido, la observación objetiva y el análisis de la realidad nos coloca en el dilema de sí resulta o no correcto pretender que los campesinos operen en una lógica empresarial para aprovechar al máximo “las bondades” de una economía de libre mercado. Son o no racionales los campesinos en sus decisiones de que y como producir, es un cuestionamiento necesario para tener mayor claridad respecto a los patrones de comportamiento de la economía campesina y de sus posibilidades de competir en los mercados externos. Por ejemplo, cuando un productor rechaza una “novedosa” tecnología productiva ¿está siendo racional?. La secuencia racional para la toma de decisiones ocurre más o menos de la siguiente manera. Para el productor (o para cualquiera de nosotros) un problema surge de una comparación entre la realidad y los objetivos de la unidad de decisión (que puede ser un individuo, una familia, una empresa, un ejido o una comu-nidad). Si la realidad concuerda con los objetivos, no existe un problema; en cambio, si existe una discrepancia entre la realidad y lo deseado, nos hallamos ante la presencia de una situación problemática que requiere solución. Aquí da inicio el proceso de decisión, el asunto de importancia crucial en todo este proceso lo constituye justamente la definición de los objetivos del productor. Ante una misma realidad, existirá o no existirá un problema según sean dichos objetivos; la evaluación que se haga de un conjunto de alternativas será diferente para unidades de decisión diferentes. 15

14 Ramírez. R. Héctor. “El capital intelectual, base de la capacidad competitiva de la organización". Revista Comercio Exterior, vol. 48,

núm.11 Ed. Banco Nacional de Comercio Exterior. México. 1999. 15 Alonso G. Jorge. “Economía campesina y economía empresarial en la selección y adopción de tecnología” En Lecturas sobre

economía campesina y desarrollo tecnológico, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria. Colombia, 1999.


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• ANÁLISIS •

Para un empresario agrícola el objetivo de su actividad es maximizar la ganancia neta, para lo cual no necesariamente requiere tener tierra, le basta con el dominio de ciertos conocimientos específicos, el manejo de relaciones de negocios y el buen uso de las teorías económicas sobre la relación beneficio-costo. A diferencia del empresario agrícola, para un campesino tradicional en México, es difícil separar la vida familiar de la marcha diaria de las actividades productivas; las decisiones de producción por lo general no se toman impersonalmente porque no afectan sólo a éste individuo en lo particular, sino que también afectan las actividades de la familia y las decisiones de consumo. Por esta relación se puede comprender que para el productor campesino la unidad de decisión es la familia y no la empresa; las decisiones no se refieren sólo a cosas, sino que también y primordialmente se refieren a personas: los miembros de su familia. Dicho de otra manera, a diferencia del productor empresarial, cuya producción va en su totalidad al mercado, por lo general el productor campesino consume directamente una proporción considerable de su producción y sólo una fracción de ella va al mercado16; bajo estas condiciones se deduce que mientras que para el productor empresarial el objetivo es maximizar la ganancia neta, para el campesino tradicional la finalidad de su actividad productiva es maximizar el ingreso disponible (tanto en especie como en efectivo) que le permita satisfacer las necesidades de su familia. He aquí un aspecto sumamente sensible de una política pública para el fomento agropecuario que privilegie (como lo ha hecho en los últimos 15 años), la lógica de producción en función de los requerimientos del mercado y no de las necesidades propias de un buen número de productores que operan en economías de autoconsumo y no en economías de escala. La transformación del campesino tradicional en empresario, expresada como objetivo de política, no parece tener mucha razón de ser en sí misma, pues tiene implícito un juicio de valor en el sentido de que es más deseable ser empresario que ser campesino.

16 Aunque este no necesariamente es la generalidad de los casos, pues los productores de productos eminentemente comerciales como el

café, el tabaco, el algodón, la caña de azúcar, etc., deben vender para obtener el ingreso que les permita el acceso a los productos básicos para su alimentación.

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En sí mismo, tal vez no es ni bueno ni malo ser campesino (o ser empresario); la preocupación de los esfuerzos en favor del desarrollo rural local debe centrarse en abatir los factores que impiden ese desarrollo y en lograr aumentos en el nivel de vida de la población; consecuentemente, el éxito de esos esfuerzos debe medirse en términos de si se logra o no mejorar ese nivel de vida y no de cuantos recursos económicos se han derramado al campo a través de programas de investigación o de asistencia técnica. El campesino puede llegar a ser empresario, pero no como fruto de un esfuerzo orientado explícitamente a lograr tal fin, sino más bien en forma gradual y como resultado indirecto del proceso. En la economía campesina los productores en lo individual o las colectividades campesinas en su conjunto, no subordinan la producción agropecuaria y el manejo de los recursos naturales a la obtención de altas tasas de ganancia sino al logro de su reproducción social, en este modelo, el individuo y sobre todo la familia es el origen y el destino de las actividades productivas. Importancia de los bosques en la economía campesina Según datos del INEGI la población de las comunidades forestales es de 11 a 15 millones de habitantes, se dice que en México existen 8 mil 420 comunidades forestales (no necesariamente agrarias), de las cuales 28% hablan alguna lengua indígena. Paradójicamente a la riqueza de sus recursos naturales, las regiones forestales se encuentran entre las de mayor marginalidad y pobreza, se estima que más del 50% de la población vive en condiciones de extrema pobreza. Una condición determinante de los bosques es su régimen de tenencia de la tierra. Como resultado de la ocupación histórica, del reparto agrario en general y de las acciones de reconocimiento y titulación de bienes comunales en particular, se tiene que en México la gran mayoría de las áreas forestales, cuando menos el 80%, se encuentra en manos de ejidos y comunidades17, los bosques de propiedad nacional representan el 5% y los de propiedad privada el 15%. A escala mundial México es el principal país cuya proporción de bosques se encuentra mayoritariamente bajo manejo comunitario, lo que para algunos constituye un factor que incide directamente en su destrucción, con el argumento

17 Las autoridades ambientales (SEMARNAP) informan que en Estados como Oaxaca poco menos del 20 % de ejidos y comunidades

poseen el 95 % de la superficie forestal de la entidad.


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• ANÁLISIS •

de la incapacidad de los campesinos para organizarse y regular el manejo de los bosques colectivos que caen inevitablemente en condiciones de acceso abierto, circunstancia a la que se agrega el hecho de que presuntamente los campesinos prefieren la actividad agrícola o ganadera a la forestal (probablemente también inducidos por las políticas de desarrollo agropecuario). A pesar de que sólo 5% de las comunidades forestales tienen en la “forestería” su principal actividad económica, para las más de 8 mil, los bosques representan un recurso fundamental al constituirse en fuente de bienes destinados al consumo familiar y a la generación de ingresos, de hecho, gracias a la presencia de los bosques estas comunidades atienden muchas de las necesidades de subsistencia que no son canalizadas adecuadamente por la economía nacional. Sin embargo los bosques no sólo son importantes para la población rural en tanto que atienden necesidades básicas económicas y sociales de subsistencia proveyendo de alimentos, combustibles, madera y otros productos, obtenidos ya sea con fines comerciales o para el auto consumo. Los bosques también son importantes porque cumplen funciones básicas de regulación ambiental que hacen posible la presencia y actividades de las sociedades rurales y urbanas tanto presentes como futuras. Los bosques participan de manera determinante en la diversidad biológica, contribuyen a mantener la calidad del aire, el agua y el suelo, mitigan la erosión del suelo e intervienen en la regulación de la temperatura. Como depósitos de carbono los bosques capturan bióxido de carbono de la atmósfera liberando oxígeno con lo cual controlan el efecto de invernadero y el proceso de calentamiento global.18

18 Diversos estudios aportan datos de que en el último quinquenio se ha reportado la temperatura mundial más alta de los últimos 200

años y se estima que en las primeras décadas del próximo siglo subirá de 1 a 5º C. Algunas de las consecuencias previsibles de un sobre calentamiento de la tierra serían: 1. Elevación general del nivel medio del mar por el derretimiento de las masas heladas de los polos; 2. El deshielo incrementará el nivel del agua en los océanos; 3. El aumento del nivel del mar junto con el oleaje y las mareas inundarán las franjas costera de todos los continentes; 4. El calentamiento atmosférico también incrementará la tasa de evaporación marina lo que aumentará la frecuencia y la violencia de tormentas y huracanes; 5. Al modificarse los regímenes de lluvias y vientos en muchas regiones disminuirán las precipitaciones y en otras sucederá lo contrario; 6; Las sequías e inundaciones prolongadas generarán grandes movimientos migratorios, hambrunas y erosión.

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En México, aproximadamente una cuarta parte de su superficie se considera forestal abarcando bosques de clima templado, selvas (altas, medianas y bajas), manglares y palmares. La deforestación de todos estos ecosistemas ha sido toda una controversia, pero tomando algunos valores promedio de los reportados oficialmente entre 1988 y 1992, es posible decir que en México se pierden por esta causa aproximadamente 600 mil hectáreas al año; en contraste a la deforestación desproporcionada, se reporta que hasta 1993 se plantaban anualmente 110 mil hectáreas de árboles.19

No dar atención oportuna y puntual a este sector de la población, pone en riesgo no sólo la supervivencia de ellos como clase sino la conservación de los recursos necesarios para la vida de nosotros y de nuestras generaciones futuras. En la agenda de la política agrícola (y de todas aquellas que impacten en el medio rural), la destrucción y la conservación de los bosques debe figurar entre sus principales prioridades; justamente por que entre otros factores, la deforestación se explica a veces por la precariedad de la producción agropecuaria de la mayoría de las regiones forestales del país; por una parte ésta influye en los bajos costos de oportunidad para la actividad forestal y ello actúa a favor del aprovechamiento desordenado de los bosques, por otra parte en muchas de las regiones forestales los bajos ingresos de los pobladores determinan una fuerte dependencia de sus bosques, tanto como fuente de ingresos monetarios como de bienes de uso doméstico. Ambas situaciones pueden favorecer el interés por manejar y mantener los recursos en el largo plazo o crear presiones de uso incompatibles con la permanencia de los recursos.20

El control burocrático y centralizado propio de la política forestal mexicana (y de la política agrícola) se ha traducido en los hechos, en un control deficiente en el que la participación comunitaria se subestima y bloquea. En ese marco, los grupos de usuarios de los recursos tienen escasa posibilidad de participar en la definición amplia de las reglas operacionales para su aprovechamiento, al tiempo que su articulación y autonomía con otros niveles e instancias de toma de decisión son reducidas e incluso conflictivas.21

19 Ortega Escalona, F. “Visión caleidoscópica de los recursos naturales”. En El Tecolote Boletín de la Comisión Oaxaqueña de Defensa

Ecológica. Año VI, 3ª época, número 5. Enero – Febrero 2000. 20 Merino P. Leticia. “La gestión colectiva de los recursos forestales”. Revista Comercio Exterior. Vol. 49, núm. 12, Ed. Banco Nacional

de Comercio Exterior. México. Diciembre de 1999.21 Ibid. 21 Ibid.


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• ANÁLISIS •

Es posible prever que el éxito de una política pública que promueva el uso sustentable (es decir, el uso actual sin comprometer el uso futuro) de los recursos naturales comunes, radica en crear mecanismos mediante los cuales las comuni-dades estén ampliamente facultadas en los planes y programas gubernamentales para establecer con claridad, quienes pueden participar en el aprovechamiento de los recursos y cuales son sus responsabilidades. Estos dos pudieran considerarse como los problemas centrales que debe resolver una política pública que privilegie un modelo de gestión colectiva de recursos naturales. Este modelo de organización puede convertirse en una experiencia de auto transformación para los grupos de cara a un proceso de autogestión campesina. Ello obligará a los ejidos y comunidades involucradas a considerar como de la más alta importancia la formulación y aceptación de reglas de uso para las áreas con recursos boscosos definiendo sistemas de monitoreo y sanciones. La aportación a este esquema desde la perspectiva agraria, radica en la vigencia que cobren los reglamentos internos y los estatutos comunales en la organización interna de los núcleos agrarios como parte de la regulación del sistema de derechos de propiedad, este instrumento de organización debe dar la pauta para resolver diversos cuestionamientos como el de la ubicación de las unidades de recurso que pueden ser aprovechadas, quien puede apropiarse de estos recursos, durante cuanto tiempo, en que cantidad y con que tecnología, en otras palabras soluciona aspectos íntimamente relacionados con el ordenamiento territorial. En el último de los casos, dado que se trata de un asunto que involucra a todos los sectores de la población, la conservación de las áreas forestales puede (o quizá debe) también constituirse en fuente de ingresos para los ejidos y las comunidades.22

22 Invertir en la conservación de bosques o selvas, por los servicios de regulación ambiental, que prestan a través de la captura del

bióxido de carbono y la liberación de oxigeno a la atmósfera, comienza a ser una práctica común entre los gobiernos Industrializados de países desarrollados promoviendo un nuevo concepto de mercado que introduce productos de la denominada industria verde.

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Autosuficiencia alimentaria y desarrollo local (algunas sugerencias para rediseñar las políticas públicas dirigidas al medio rural) ¿La autosuficiencia alimentaria es sólo un discurso político? Es la autosuficiencia alimentaria una real necesidad en la supervivencia soberana de una nación o es simplemente un discurso político desgastado que suena a veces hasta populista. En la forma de concebir este tema se encuentra la manera en que se diseñan las políticas públicas, se definen las estrategias y se priorizan los objetivos. Creo sinceramente que quien comparte la segunda de las definiciones, cree también que las decisiones sobre el que producir y como producir está correctamente definido por la lógica de los mercados. Sin embargo, cada vez son más las voces que en ámbito internacional critican agudamente, el neoliberalismo en particular como modelo económico, pero sobre todo critican la consecuencia que hoy se vive: la desigualdad y la polarización de las sociedades por la concentración de los recursos por haber demostrado ser un importante factor para la distribución inequitativa de la riqueza. Las crisis financieras en diferentes países que durante los últimos cinco años han trastocado la economía internacional, han puesto en evidencia la fragilidad del modelo económico de libre mercado y los riesgos graves que implica la volatilidad de los capitales. Frente a crisis económicas de magnitudes mundiales, los países más frágiles y susceptibles son precisamente aquellos que dependen de otras naciones para obte-ner sus alimentos básicos, son países con poco margen de negociación y que en momentos difíciles deben arriesgar mucho a cambio de la alimentación de su población. Estos países por lo general son los más susceptibles para ser vulnerados en su soberanía, salvo que una gran fuerza de su economía y un gran peso específico de su moneda les permita eventualmente otras posiciones de negociación. El tema de la autosuficiencia alimentaria se convierte entonces como un asunto prioritario de la agenda política y económica de cada país, de hecho el propio Presidente de los Estados Unidos de Norte América, en junio de 1999, al término


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• ANÁLISIS •

de la reunión cumbre en Bonn entre Estados Unidos y la Unión Europea, se pronunció por la creación de agencias nacionales de seguridad alimentaria, pues consideró que este asunto era un problema importante tanto para los productores como para los consumidores, por lo que correspondía a cada país crear meca-nismos científicos capaces de tranquilizar plenamente a los consumidores.23

Pero, la autosuficiencia alimentaria no sólo plantea el cultivo y producción de granos básicos para consumo humano de la localidad, se trata de un concepto más amplio que abarca incluso la gestión colectiva de los recursos naturales de las comunidades campesinas, de tal modo que realicen el aprovechamiento, manejo o conservación no necesariamente subordinado al logro de altas tasas de ganancia sino al logro de su reproducción simple en tanto unidades de producción para la reproducción social, considerando los recursos naturales a partir de horizontes temporales de largo plazo que les permitan el sostenimiento de su familia en el presente y del colectivo en el futuro. Visto así, la autosuficiencia alimentaria es un concepto que permite comprender los modelos de desarrollo local y regional a partir de la lógica de la autogestión campesina; se trata entonces de esquemas organizativos autogestivos que dan origen al desarrollo llamado autosostenible, en otras palabras, se trata de esquemas para la preservación, reproducción y desarrollo del medio rural en México. Este hecho, necesariamente implica concebir las iniciativas de desarrollo local, con una mentalidad alejada de la lógica del subsidio y de la espera pasiva a que poderes públicos aporten soluciones, por el contrario, esta perspectiva de desarrollo local destaca la importancia de que la gente actúe por ella misma desde sus territorios por medio de la movilización de los principales actores y organismos públicos y privados, fortaleciendo las células básicas ciudadanas. En términos técnicos se trata de superar la frecuente identificación de la gestión local como política pública marginal o asistencial, pasando a considerarla como un factor decisivo del desarrollo sin el cual no son posibles respuestas completas al ajuste estructural necesario en la era de la globalización.

23 Periódico El Financiero martes 22 de junio de 1999. México.

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Hasta ahora, la percepción de las políticas públicas suele contener una apreciación que subestima la contribución de las empresas familiares de la economía cam-pesina al bienestar colectivo, esta concepción centralista del desarrollo territorial, ha perjudicado (o no ha promovido) de forma consciente o inconsciente los esfuerzos del desarrollo económico local. Actualmente, es impostergable profun-dizar los procesos de descentralización y traspaso de competencias y recursos a los gobiernos locales no solo de carácter estatal sino municipal, de tal manera que se impulsen las capacidades endógenas de desarrollo de cada territorio. El nuevo giro de la función pública en el desarrollo local Las responsabilidades de los distintos niveles de la gestión pública deben ca-nalizarse a reforzar la base económica de las comunidades, fomentar las iniciativas de desarrollo económico local, eliminar los obstáculos a las mismas y facilitar los instrumentos de apoyo apropiados, descentralizar la información, los conocimien-tos y las decisiones, promover la elaboración de planes de desarrollo por las pro-pias instancias locales, delegar funciones de control y de servicios a organismos autónomos, públicos, privados o mixtos respetando los acuerdos de los actores territoriales y reforzar las funciones de evaluación de manera conjunta con los actores locales. Este tipo de función redefine el papel de la administración pública y conduce a los gobiernos a actuar como catalizadores y mediadores que estimulan iniciativas de desarrollo local.24

En lo general deben destinarse recursos a la innovación por la vía de la investigación aplicada, debe promoverse como obligatoria la participación de las universidades o escuelas de formación profesional para que rebasen el umbral de la investigación básica y logren aportar los conocimientos de la innovación científica a la práctica productiva y organizativa en el medio rural. En la política agropecuaria resulta impostergable concebir de forma integral el desarrollo rural a partir del desarrollo local, donde las decisiones en la actividad productiva por parte de los productores rurales y las decisiones en la ejecución de planes y programas gubernamentales estén determinadas por la prioridad definida por la autosuficiencia alimentaria primero de los municipios, luego de los estados y finalmente de todo el país.

24 Alburquerque, Francisco. “Cambio estructural, globalización y desarrollo económico local”. Revista Comercio Exterior. Vol. 49,

núm. 8. Ed. Banco Nacional de Comercio Exterior. México, agosto de 1999.


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• ANÁLISIS • En este contexto cabe destacar la importancia y el verdadero valor del componente agrario al momento de planear la función gubernamental, la aportación de datos certeros sobre los derechos de propiedad sobre la tierra, integrados en un catastro rural confiable que permita la mayor claridad en las decisiones del uso actual y potencial del suelo y del resto de los recursos naturales que ahí se encuentran se convierte en una herramienta fundamental para la toma de decisiones en el ámbito local. En este sentido, existen en México poco más de 54 millones de hectáreas que se han incorporado a un efectivo sistema de acreditación de los derechos de propiedad, sin embargo, tal parece que estas todavía no han dado su aportación consistente a la planeación gubernamental, ya que una revisión general de los planes y programas que impactan en el medio rural dejarán ver fácilmente que las decisiones para la asignación de recursos nada tiene que ver con un esfuerzo de alcances de largo plazo. Aunado a lo anterior, se tienen todavía importantes asignaturas pendientes en esta materia, entre otras, una de las prioridades de la nueva reforma agraria debe fortalecer y enriquecer las estrategias ya existentes para mantener vigentes los derechos de propiedad hasta ahora acreditados, debe incorporarse a este sistema a las más de 46 millones de hectáreas de propiedad social aun pendientes de certificar, así como también a las más de 76 millones de hectáreas de propiedad privada y de colonias agrícolas. Sólo bajo estas condiciones y con la constante innovación de estrategias para la vigencia del sistema de derechos de propiedad, podrá disponerse de un dinámico y efectivo catastro rural que aporte los datos más fidedignos a los gobiernos locales en la construcción de modelos de desarrollo y en la asignación de recursos según necesidades de producción y/o aprovecha-miento de los recursos naturales. ¿Cómo abordar de forma práctica el tema de la autosuficiencia alimentaria? Dada la estructura agraria existente y la composición predominante de la tipología de productores en México, resulta pertinente abordar este tema con una óptica descentralizada de la función pública, con una visión que ponga dos temas funda-mentales en el centro de los problemas de orden público a resolver: 1. crear condi-ciones en el campo que reviertan la crisis de baja producción, la devastación de los recursos naturales y la depauperación de la población rural; 2. diseñar mecanismos específicos que garanticen la autosuficiencia alimentaria (en el concepto más

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amplio del término) y fortalezcan el ejercicio de la soberanía nacional en el presente y en el futuro. Para lograr lo anterior puede partirse de algunas líneas generales de política que traducida en programas nuevos o en la ejecución congruente y ordenada de los ya existentes, permitan a los productores rurales desarrollar de forma natural sus habilidades productivas y su potencial organizativo tendiente a la madurez de los procesos de autogestión campesina. La reflexión en torno a cómo revertir la crisis de baja producción, los problemas de causa y efecto inherentes a la devastación de los recursos naturales y la depauperación de la población campesina, necesariamente obliga a redimensionar, para mejor entender, las políticas públicas vigentes que impactan en el medio rural. En julio del año 1995, durante la preparación del programa para las políticas agrícolas 1995-2000 (en el marco de las líneas definidas por el Plan Nacional de Desarrollo), el Presidente de la República estableció la Comisión Intersecretarial del Gabinete Agropecuario (CIGA) integrada por todas aquellas dependencias que por su propia naturaleza ejecutaran programas con incidencia directa en actividades características del sector rural. Los temas examinados por la CIGA fueron: certificación de los derechos de propiedad sobre la tierra, modalidades definitivas de operación del Procampo, reforzamiento de la productividad y de la competitividad, crédito rural, comercialización de los productos agrícolas, extensión y apoyos logísticos al desarrollo tecnológico y federalización de la Sagar. El consenso alcanzado por las organizaciones campesinas y las diferentes secretarías durante la sesión de trabajo de la CIGA dio lugar a la Alianza para el Campo. Este programa definió seis objetivos principales: aumentar el ingreso de los productores, aumentar la producción agrícola a una tasa mayor que la del crecimiento demográfico, alcanzar el equilibrio en el comercio agrícola, obtener la autosuficiencia en los alimentos básicos, reducir las diferencias regio-nales de productividad, empleo e ingreso, contribuir a la reducción de la pobreza rural, a la conservación de los recursos naturales y a una mejor ocupación del territorio. Las cifras y datos mostrados en los capítulos anteriores de este ensayo muestran como la ejecución de los programas de gobierno destinados al medio rural estuvieron muy lejos del cumplimiento de sus objetivos no obstante el insistente y sonado señalamiento de los grandes recursos económicos aplicados a los mismos. Particularmente la operación de la Alianza para el Campo quedó muy corta en el cumplimiento de sus objetivos, no se incrementó el ingreso de los productores, la


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• ANÁLISIS •

producción no creció a tasas mayores que las de la población, la balanza comercial fue deficitaria en la mayoría de los años, se acentuaron las diferencias regionales de empleo e ingreso y en general no se contribuyó a la disminución de la pobreza rural.

25Un estudio reciente señala que algunas debilidades de la Alianza para el Campo se encuentran fundamentalmente en su ejecución: 1. Los recursos llegan principalmente a productores en lo individual y se concentran en unos cuantos; 2. La dispersión de los programas y su asignación a productores en lo individual hace que su eficiencia sea mínima, 3. La enorme burocracia que opera el programa lo hace sumamente lento e ineficaz, 4. Algunos de los principales programas como equipamiento rural y los de desarrollo sustentable son utilizados con fines electorales por líderes locales y por partidos políticos. Adicionalmente a estas debilidades, existe una que si bien tiene que ver también con la operación del programa su deficiencia es de origen y consiste en la incongruencia de la aplicación de cada uno de los componentes de la Alianza tendientes al cumplimiento de los objetivos, dicho de otra manera, la operación del programa no vigila el cumplimiento de los objetivos basado en las estrategias delineadas en cada uno de los temas revisados por la CIGA y en este sentido el primer tema colocado en ese lugar por orden de prioridad es la certificación de los derechos de propiedad tendientes a la construcción de un catastro rural confiable que fuera útil para la planeación. En el diseño de políticas públicas dirigidas al medio rural, la creación y utilización de un sistema de acreditación de los derechos de propiedad sobre la tierra se convierte en un tema fundamental y en piedra angular para el éxito de la política. La reorientación de la Alianza para el Campo o la redefinición de un programa similar, con objetivos plasmados en el mismo sentido debe considerar que en este País la forma de propiedad predominante sobre la tierra es social y no privada, por lo que el conocimiento de la estructura agraria se convierte en un asunto de primer orden cuando se pretende resolver el tema de la autosuficiencia alimentaria. Los principales problemas de orden público que habrá de resolver la política pública pueden resumirse en el tema de la autosuficiencia alimentaria y en el desarrollo local.

25 Schwentesius R, y Gómez M., ”Política agrícola hacia el siglo XXI. Procampo y Alianza para el Campo en el contexto internacional”

Revista Estudios Agrarios Año 5, núm 13. Ed. Procuraduría Agraria. México, 1999.

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Soberanía nacional, desarrollo local, autosuficiencia alimentaria, autogestión campesina Concibiendo al Estado Mexicano como regulador, orientador y facilitador de los procesos, puede decirse que el modelo alternativo para el desarrollo del campo y del sector rural en general (basado en un modelo organizativo de autogestión campesina), gira en torno a tres elementos vertebrales de toda la política pública a saber: 1. Una efectiva autosuficiencia alimentaria en el ámbito local primero y en el nacional después que permita; 2. Fortalecimiento de las capacidades autoges-tivas de las localidades y en consecuencia, 3. Sustentar el crecimiento equilibrado de todos los actores involucrados hasta lograr estándares aceptables de desarrollo local diferenciado. A continuación una propuesta inicial con líneas generales para abordar la cuestión del desarrollo rural desde la perspectiva de la autogestión campesina. Hasta la fecha en México ha predominado una concepción centralista del desarrollo territorial, soslayándose las iniciativas de creación y búsqueda de oportunidades económicas para el desarrollo desde los ámbitos locales. En adelante, resultará fundamental para el Gobierno no concebir las gestiones locales como parte de políticas asistenciales redistributivas, sino como políticas ligadas al desarrollo económico global articulado a las reformas estructurales de la economía en su conjunto y del sector rural en particular. Congruentes con un proceso generalizado de descentralización las nuevas políticas públicas que tengan impacto directo en el campo mexicano necesariamente deben impulsar las capa-cidades endógenas de cada territorio. Esta redefinición de las funciones del sector público refuerza las tesis de hacer gestión pública por objetivos y no con base en aplicación de normatividades burocráticas, la evaluación de eficacia según resultados y no a partir de los recursos económicos gastados, la gestión previsora y preventiva de los problemas y no sólo la que actúa tras la manifestación de dificultades. Hasta ahora las políticas de ajuste estructural económico han permitido mejorar los indicadores macroeconómicos agregados, pero no han conseguido crear las condiciones de desarrollo equilibrado y generalizado; por ello parecería razonable poner mayor atención a las iniciativas de desarrollo local como formas de ajuste flexible desde el territorio, que acompañen a los referidos programas de ajuste macroeconómico.


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• ANÁLISIS • En un primer plano, el tema de la autosuficiencia como objetivo de política debe entenderse como un objetivo de seguridad alimentaria, esto es, mediante el aseguramiento del abasto de alimentos básicos en las zonas rurales y urbanas a precios accesibles y estables manteniendo una reserva estratégica de granos y en la medida de lo posible participando en el mercado internacional. En la concepción ampliada del tema de la autosuficiencia alimentaria, es menester incorporar al concepto el uso regulado de los recursos naturales (especialmente de los bosques y selvas), tendientes a la maximización del beneficio colectivo por el uso actual sin comprometer el mismo beneficio colectivo en el uso futuro. Estos dos conceptos, incorporados como objetivo específico de una política pública de reforma agraria para el desarrollo local, debe ser diseñados en una estrategia de descentralización donde los núcleos de población campesina sean responsables de su ejecución y operación y deberán indistintamente estar sujetos a la responsabilidad de planeación, vigilancia, supervisión y evaluación de los gobiernos locales. En la interpretación más básica del concepto de autosuficiencia alimentaria como objetivo de política los municipios primero, las entidades federativas después y la federación por último deben ser responsables de una bolsa de granos básicos para la seguridad de alimentos, de tal manera que cada gobierno en el ámbito local sea responsable del abasto suficiente para atender la demanda de la población, la producción excedente será captada por la bolsa de granos estatal, la que asegurará precios de mercado al productor y redistribuirá a los municipios deficitarios en ese ciclo agrícola, en el ámbito nacional el gobierno federal responsable de una bolsa general de granos, adquirirá de los estados superavitarios el excedente de produc-ción y redistribuirá a los estados deficitarios en el ciclo. Por la similitud del sector agrícola chino con el mexicano en tanto que ambos cuentan con abundancia relativa de mano de obra, frente a escasez relativa de tierra y capital en abundantes pequeñas unidades de producción familiares, se cita a manera de ejemplo la reacción del gobierno frente al estancamiento de la producción de cereales en China en los años 1990–1994; al año siguiente los líderes chinos dieron un viraje en la política agrícola hacia la producción de granos básicos estableciendo un “sistema de responsabilidad por contrato con base en la familia para la creación de una bolsa de granos”, mediante el cual en un

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tiempo relativamente corto se incrementó la autosuficiencia del país en ese rubro reduciendo significativamente las importaciones.26

En el caso de México una estrategia similar para asegurar autosuficiencia en granos básicos a partir de esquemas organizativos de autogestión campesina, significaría que habría que desarrollar un sistema de responsabilidades de gobierno que tanto en el ámbito municipal, como estatal y federal según sus competencias, las autoridades se asegurarán de: 1.Estabilizar el área sembrada de granos, 2. Garantizar la inversión en los insumos agrícolas para estimular la producción, 3. Garantizar un cierto nivel de granos almacenados en calidad de reserva estratégica, 4. Asegurar que se realicen las transferencias de granos entre municipios y entidades según sea el caso, 5. Tranquilizar a la población de los centros urbanos mediante el abasto de granos y aceite comestible a precios razonables y estables, 6. Controlar la mayor parte de las ventas de granos comercializables por tratarse de los excedentes de producción, 7. Elaborar mecanismos que controlen los mercados agropecuarios y especialmente los de granos, 8. Aumentar progresivamente la proporción de ventas de granos comercializables, 9. Controlar las importaciones y exportaciones de granos. Considerando que la enorme mayoría de productores agropecuarios en México tienen a la familia como el centro de sus decisiones de producción y que la actividad que desarrollan en este sentido cumple el papel de maximizar el ingreso para su reproducción social (antes que la maximización de la ganancia), una política de autosuficiencia para la seguridad alimentaria basada en sistemas organizativos de autogestión campesina, necesariamente tiene que concebir a la familia primero y al núcleo agrario después como unidad básica de producción. De esta manera al interior del ejido o la comunidad se organizan equipos responsables de producción con rendición de cuentas a la asamblea general de ejidatarios o comuneros y en coordinación con las autoridades municipales vía instancias de representación formal de los núcleos agrarios.

26 Melba E.F. y Hernández, H.H., “Políticas agrícolas en China y Japón: implicaciones para México”. Revista Comercio Exterior, Vol. 49, núm. 7, Ed. Banco Nacional de Comercio Exterior. México, julio de 1999.


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• ANÁLISIS • Este sistema debe basarse en un catastro rural altamente confiable, que mantenga vigente un eficaz sistema de acreditación de los derechos de propiedad sobre la tierra y a semejanza del modelo chino, fundamentarse en la firma de contratos, primero entre los equipos de producción y los productores en lo individual y luego entre el núcleo agrario y el municipio, regulándose así por unidad productiva las cuotas de producción y entrega de granos básicos a precios predeterminados, del mismo modo puede especificarse la cantidad de excedentes que la unidad básica de producción puede vender en el mercado libre, en los mismos contratos puede llegar incluso a estipularse aspectos relativos a la adquisición de insumos, pago de impuestos o de derechos por agua, etc. El diseño de la política sobre el concepto ampliado de la autosuficiencia y seguridad alimentaria (que además de la producción de granos básicos implica el manejo adecuado de los recursos naturales), necesariamente deberá centrar los esfuerzos al fortalecimiento de los municipios para lograr un efectivo desarrollo local. Para ello será necesario que en ese ámbito se disponga de información relativa a los recursos naturales existentes en el territorio y el valor que estos tienen. La promoción de la gestión local de estos recursos a través de instrumentos elementales de organización de los núcleos agrarios, tales como los reglamentos internos o estatutos comunales y los libros de registro de titularidad de derechos sobre la tierra, permiten en principio controlar la condición de acceso abierto a dichos recursos existente hasta hoy y que propicia un uso irracional de los mismos. El buen uso de los instrumentos agrarios de organización interna de los ejidos y comunidades permite por una parte, definir el universo de usuarios con derechos de acceso a los recursos naturales y por otra, regular el acceso abierto definiendo donde, como, cuando y cuanto puede aprovecharse de dichos recursos, especialmente en zonas de bosques y selva donde los mecanismos de aprobé-chamiento y conservación tienen repercusiones también en las sociedades urbanas; lo que compromete a los otros niveles de gobierno a considerar en el diseño de la política, que los ejidos y comunidades con estos recursos pueden finalmente tener un ingreso por la conservación de los bosques y selvas en cuanto que facilitan los servicios de regulación ambiental. La gestión colectiva de los bosques y selvas plantea también una reorganización rural basado en la autogestión campesina, mediante la cual el desarrollo local derive del uso consciente de las capacidades internas de cada territorio.

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El concepto de autosuficiencia para el libre ejercicio de la soberanía nacional desde el ámbito rural, no radica sólo en acciones concretas para la seguridad alimentaria, radica en una visión mucho más amplia de la aportación del sector rural al sostenimiento de la nación, donde además de asegurarse el abasto de alimentos básicos, se asegure la permanencia de todas las sociedades mexicanas tanto urbanas como rurales, mediante el buen manejo de los enormes recursos de bosques y selvas existentes en México que hacen posible la reproducción de la vida en todo el territorio nacional.


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• ANÁLISIS • Conclusiones La política económica nacional definida desde hace poco más de 15 años ha privilegiado el modelo neoliberal basado en la apertura de los mercados y la regulación económica por la ley de la oferta y la demanda, las posibilidades de éxito y de desarrollo de la actividad económica y productiva se definen entonces en la competitividad a partir de ventajas comparativas y ventajas competitivas. En este contexto, las alternativas para la población rural se ven seriamente mermadas, sobre todo por que en la gran mayoría de los productores agropecuarios predomina la llamada economía campesina que privilegia la reproducción social antes que la maximización de la ganancia. A pesar de que México es ya un país eminentemente urbano, la minoritaria población campesina es sumamente importante por ser la propietaria de poco más de la mitad de la superficie del territorio nacional, por ser la clase que resguarda los recursos naturales boscosos tan indispensables para el sostenimiento de los ecosistemas y paradójicamente vive en condiciones severas de pobreza, por ser un factor fundamental en el tema de la autosuficiencia alimentaria y por ser también hoy por hoy la síntesis de la historia moderna de México. El campo mexicano que hoy conocemos es resultado de las políticas de gobierno y de la aplicación de estas frente a factores externos e internos, frente a circuns-tancias de diversas índole que han recibido en su momento un trato determinado. Es impostergable replantear en los márgenes de la gobernabilidad la vigencia de los programas y estrategias que dan forma a los objetivos de las políticas públicas agrarias, agropecuarias y ambientales, es necesario entonces redefinir, primero en el discurso político y luego en el ejercicio de gobierno, las acciones para lograr autosuficiencia alimentaria con desarrollo regional equilibrado, crecimiento económico del medio rural con aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, desarrollo agrario con justicia social.

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Cómo presentar entonces un modelo en el que un nuevo Estado Mexicano esta-blezca las condiciones de corresponsabilidad entre sociedad y Gobierno, en donde los valores y la ética propongan un nuevo pacto social cuyo único objetivo sea la conservación y el crecimiento de la patria grande, de la patria de todos. El reto fundamental, es el diseño de políticas públicas dirigidas al campo que aún en un marco globalizador representen una opción real para el sector rural y no sólo como un prurito formal de reivindicaciones sociales con el campo, sino como una estrategia de supervivencia nacional basada en la soberanía a partir de la autosuficiencia alimentaria. La autosuficiencia alimentaria es un concepto que permite comprender los modelos de desarrollo local y regional a partir de la lógica de la autogestión campesina; se trata entonces de un profundo proceso de reforma agraria que promueva esquemas organizativos autogestivos tendientes al desarrollo llamado autosostenible, en otras palabras, se trata de esquemas para la preservación, reproducción y desarrollo del medio rural en México. En este ensayo, uno de los puntos centrales de atención es la importancia que tiene propiciar el desarrollo local a partir de la autogestión campesina, para disminuir los niveles de desigualdad entre las regiones de la nación mexicana, asegurando en principio el abasto de alimentos y el uso de los recursos naturales por las generaciones futuras sin sacrificar el presente. Una reorganización rural como la que aquí se propone, plantea en síntesis relacionar más estrechamente el trabajo familiar con el trabajo productivo y con la toma de decisiones en el ámbito local, el impulso y el fortalecimiento de las capacidades endógenas de cada localidad tendientes hacia el aseguramiento alimentario y la autosuficiencia en cuanto a la producción de granos y la regulación por gestión colectiva de los recursos naturales; es de preverse que tal circunstancia permitirá reducir sustancialmente los efectos adversos de la liberalización de los mercados de productos agrícolas y de otros bienes y servicios ofrecidos por la población rural.


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• ANÁLISIS • El modelo sugerido se sustenta en políticas públicas que normen y aporten los elementos indispensables para la planeación local, en este sentido un factor de primer orden es la consolidación y vigencia permanente de un sistema de acreditación de los derechos de propiedad rural que se constituya en un catastro rural confiable; otro factor consiste en la difusión de un sistema de información de recursos naturales que refiera el uso actual y el uso potencial del suelo; otro factor básico será un tercer sistema de información que provea datos desagregados a escala municipal respecto a la demanda anual per cápita de granos básicos; estos sistemas habrán de ponerse a disposición de las autoridades locales para efectos de planeación. Seguramente algunas voces pondrán en el debate el hecho de que todas estas formas evolucionadas que derivan de la transformación de valores y estructuras agrarias, son utópicas y resultan imposibles de lograr dadas las marcadas diferencias regionales y el retraso educativo de la población rural. Sin embargo, no se niegan las dificultades extraordinariamente grandes que se enfrentan, pero la disyuntiva está ya planteada y no puede dejarse en la pasividad de las lamentaciones el tema, pues en la escalada integracionista se encuentra ya en juego el futuro de México y particularmente el futuro de una parte muy importante de la historia moderna de este país: los campesinos y la población rural. En el proceso de gestión todos los campesinos adquirirán la experiencia necesaria, conocerán no sólo los problemas inherentes al sostenimiento y desarrollo de sus localidades, aprenderán a servirse de la evidencia en la práctica, madurando sus procesos de planeación. Los ejidos y comunidades harán de la autogestión campesina una práctica social en la toma de decisiones fortaleciendo la autonomía campesina en el desarrollo local y construyendo instancias de poderes campesinos que creen municipios fuertes, verdaderamente libres y soberanos. Sólo entonces el pacto federal de todos los mexicanos se verá como una realidad.

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Finalmente, pero no por último, debe tomarse en cuenta que por las propias características del modelo económico predominante, es fundamental y estratégico que las políticas públicas con impacto directo en la actividad productiva del sector rural, sean acompañadas con políticas educativas, sociales y de salud que permitan incrementar también la calidad de los inventarios sociales en el medio campesino.


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La reforma rural*

Herminio Baltazar Cisneros**

Presentación

sta investigación tiene los siguientes propósitos principales: analizar la cuestión agraria en México, para indagar en torno de los factores que la determinan, abonar la creación de una base conceptual, como instru-

mento explicativo de las razones para una nueva reforma en el agro mexicano y, en consecuencia, los necesarios ajustes a las normas jurídicas y administrativas que de ella se deriven.

E La idea cuestión agraria remite a pensar en la tierra. Otras expresiones derivadas de agro (del latín, ager, campo), como agrarismo, agricultura, agronomía, etcétera, también se asocian con ese vocablo. No hay definición de cuestión agraria aceptada por todos los investigadores ni acuerdo de las disciplinas que se ocupan del tema. No se pretende forzar un consenso interpretativo, pues aporta más al entendimiento la multiplicidad de enfoques, que los acuerdos obligados. Más allá de la semántica específica de los términos, importan sus implicaciones conceptuales, terreno en el que las diferencias anfibológicas son mayores.

* Este trabajo fue recomendado para su publicación por el Jurado Calificador del V Premio Estudios

Agrarios 2000. ** Actualmente se desempeña como subdelegado del Planeación en la Delegación de Semarnap en el

estado de Hidalgo.

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No hay definición única de cuestión agraria, ni tampoco una sola cuestión agraria capaz de explicar todas las relaciones posibles entre las sociedades y la naturaleza. Como concepto, está vinculado con el campo, pero también con la producción agropecuaria y los campesinos. Por estar relacionada a los recursos naturales, a la sociedad y a la economía es siempre diferente, tanto de una a otra formación socioeconómica, cuanto en cada momento de su proceso. La cuestión agraria es un fenómeno vinculado con la construcción y desarrollo de las sociedades rurales, en primer plano, con el acceso a la tierra y su distribución y con la práctica de la agricultura en su acepción amplia, que incorpora ganadería y silvicultura. La intención analítica de estas líneas es introducirse en la explicación de la cuestión agraria, antes que en su taxonomía. Interesa entender cómo se modifican sus relaciones, cómo se transforman sus estructuras y cuál es su comportamiento, entendiéndola como relación de relaciones, formulación compleja y red de múltiples interacciones. En esta posición se finca la hipótesis que sustenta esta investigación: la interpretación de la historia es útil para comprender la formación y comportamiento de la cuestión agraria. El tránsito hacia una inédita condición rural se desprende de aceptar a ésta como un fenómeno dinámico, como una construcción histórica, no surgida sólo de aspiraciones y razonamientos puramente teóricos o ideológicos. A la cuestión agraria se le entiende como un proceso diferenciable en fases y susceptible de cortes diacrónicos y sincrónicos. En este sentido, su etapa contem-poránea, con resultados trascendentes y rezagos significativos, se encuentra ahora en un momento particular, caracterizada por la culminación de lo que Gutelman1 llama propósitos fundamentales de toda reforma agraria: ajustar los rezagos provenientes de etapas precapitalistas entre el campo y la ciudad, entre producción agropecuaria e industrial, y establecer nuevas relaciones que permitan la expan-sión del capital.

1 Gutelman, Michel, Capitalismo y reforma agraria en México, editorial Era, México, 1972.


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• ANÁLISIS •

La agricultura no siempre ha tenido el carácter de una cuestión. La actividad económica en el campo adquirió nivel de problema con el capitalismo. En las formaciones socioeconómicas anteriores, el trabajo humano estaba dirigido a la agricultura como forma predominante de producción y sólo en forma aleatoria a otros sectores. Por esa razón, la cuestión agraria no constituía un problema; para que lo fuera, era necesaria una realidad exterior que la trascendiera e inco-poara, ya como problema, ya como solución.2 Antes del capitalismo el trabajo implicado en la producción agropecuaria no estaba en disputa con otras relaciones productivas; es decir, no le regateaban a este sector el derecho de crear y recrear a la sociedad a su imagen y semejanza. El papel determinante del capital y la industria no está a discusión. Como lo señalaba Marx: En toda sociedad es una determinada producción y sus relaciones las que asignan a las demás rango e influencia. Es una iluminación general en la que se mezclan los restantes colores. Es el proceso de subordinación de la agricultura al capital el nudo problemático de la cuestión agraria. La cuestión agraria es una construcción social, jurídica, política y, por lo mismo, histórica. Es la totalidad derivada de una compleja función de tres relaciones interdeterminantes e interdeterminadas, ligadas entre ellas en forma indisoluble, que se explican mutuamente: relaciones de distribución y propiedad de la tierra, relaciones de producción y relaciones políticas, primordialmente entre el movimiento campesino y el Estado, así como idearios y propuestas políticas campesinas sobre la construcción y transformación del sistema. Estas razones también se conocen como lo agrario, lo agropecuario y el agrarismo, respecti-vamente. Esta trama de relaciones interconectadas comprende manifestaciones necesarias y accesorias, que explican lo fundamental y lo aparente de la sociedad rural y sintetizan casualidades y causalidades internas y externas; es decir, como noción unitaria de lo rural, en primer término, y como el sistema socioeconómico en su conjunto.

2 Le fil du temps, El marxismo y la cuestión agraria, editorial Estrategia. Bogotá, 1963, p. 8.

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Ninguna de esas relaciones en particular, ni la cuestión agraria en sí misma, se definen mediante valores absolutos. Su comportamiento depende de la corres-pondencia entre las partes y de sus vínculos con el todo nacional. La conjugación de lo agrario, lo agrícola y el agrarismo conduce a un concepto superior, a una totalidad más compleja, la cual nos permite llegar a conclusiones integradas.

Producto interno bruto agrícola y agropecuario 1947-1987

Periodos Tasa promedio anual

Agrícola Agropecuario

1947-1965 6.1 53

1966-1976 0.8 7.0

1977-1981 5.9 47

1987-1987 0.7 11

Fuente: Banco de México, Departamento de Estudios Económicos. Con base en estadísticas históricas de México, del INEGI.

Precisar la cuestión agraria como la relación compleja de estos tres elementos es una definición acotada. Está claro que estos componentes son parte de ámbitos mayores: los de propiedad, con el derecho en general; la producción agropecuaria, con la economía en su conjunto, y el movimiento campesino, con categorías superiores de la estratificación social. Ninguna tiene límites definidos. Entre lo rural y urbano hay espacios sobrepuestos, la producción en el agro se entrevera con la industrial y de servicios, y los hombres del campo no agotan su existencia en ser productores agrícolas. La actividad campesina afecta a los medios, objetos y condiciones del trabajo en su conjunto, en la producción y en las formas de la propiedad territorial, tanto como en la organicidad y participación política de la población rural. La tierra no sólo tiene que ver con la producción economía, se


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• ANÁLISIS •

asocia con la sociología, el derecho y la antropología, en tanto los campesinos luchan por ella como parte de su inserción, existencia y desarrollo social. La actividad económica en el campo adquiere relevancia en la construcción nacional por la participación política de los campesinos, en tanto el agrarismo resulta pieza fundamental en la formación social mexicana, por su incidencia en el proceso de producción de alimentos y materias primas. En suma, la cuestión agraria es parte de cuestiones más amplias: las del Estado, la sociedad y la nación. La cuestión agraria no se produce por agregación. Es una totalidad que abarca a sus integrantes, aunque también los explica y justifica con relación a los otros. Cualquiera de los elementos constitutivos de esa relación no es, por sí mismo, parte de la cuestión agraria. La tierra no es la tercera parte de aquélla ni es más o menos importante que los demás. Su grado de influencia lo adquiere con relación a la producción agropecuaria, con la participación de la sociedad rural y de ésta con el Estado. Las razones que la conforman no son sólo partes de un todo, como gajos de una naranja. Esas relaciones que se afectan mutuamente, funcionan como términos de un silogismo: como cálculo u operación que arroja un determinado resultado; como razonamiento general, como recurso mediante el cual, puestas algunas premisas, otras resultan como conclusión.3 Desde luego, no se trata de relaciones entre cosas, sino de una abstracción de abstracciones, a propósito de la relación entre diversos elementos (tierra, agua, clima), factores (trabajo, tierra, capital), individuos, grupos y sociedades y también otras abstracciones como son la ideología, la cultura y la etnicidad. En ese nivel de semejanza, la premisa general estaría constituida por relaciones políticas; la premisa particular, por la apropiación del proceso productivo, normas jurídicas y prácticas sociales (entendidas estas últimas como reglas establecidas por la costumbre), y la conclusión, por el grado y tipo de participación social que determinan la ruralidad del sistema social y económico, para decirlo de algún modo (otro término podría ser agraricidad), lo cual implica, además de un determinado nivel de presencia de los campesinos en la vida nacional, una cierta forma de existencia social que recoge valores provenientes del agro. Podría decirse, a partir de esa identificación, que según como toda sociedad resuelva su cuestión agraria, así será el nivel de su influencia en la construcción de la sociedad, la nación, y el Estado.

3 Abragnano, Nicola, Diccionario de Filosofía, Fondo de Cultura Económica, México, 1985.

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Las categorías dialécticas de tesis, antítesis y síntesis, negación de la negación y unidad y lucha de los contrarios, son útiles para asumir cómo en una determinada etapa de la cuestión agraria se gesta la subsecuente que la negará. De este com-portamiento dialéctico se desprende el objeto de esta investigación: exponer cómo los cambios en cualquiera de las relaciones integrantes de la cuestión agraria afectan a las otras y al conjunto, de tal manera que estas modificaciones crean las bases para superar una determinada etapa y dar paso a otra cualitativamente diferente, en la que se reformulan las propias condiciones de participación de la tierra, la producción agropecuaria y el campesinado en la recomposición de la sociedad completa, y cómo, ante la nueva etapa, el sistema político, económico y administrativo debe responder con nuevas medidas, nuevas reformas y nuevas instituciones. Los vínculos lógicos que conforman la cuestión agraria no son valores absolutos; existen en tanto son funcionales a las demás relaciones. Son fenómenos (del griego phaenomenon: que se manifiesta) y por lo tanto tienen esencia, interioridad y exterioridad, pero su contenido no se define sólo a sí mismo; en ello participan las otras relaciones. O sea, esta formulación compleja se presenta como un juego de intención y extensión, de interioridad y exterioridad, que sólo para estudiarlas podemos identificarlas por separado. Los vínculos que explican la cuestión agraria operan como una totalidad comprensiva de los elementos que la forman, aunque también las relaciones particulares se determinan y valoran mutuamente, se contienen y son contenidas entre sí, y al hacerlo sintetizan dialécticamente a sus pares y al todo; es decir, adquieren significados más intensos, más trascendentes. Así, naturaleza y sociedad, o sea, medio geográfico y medio social, al relacionar-se crean un nuevo medio que los abarca: un medio económico–político histó-ricamente constituido. Este juego de extensión–intención y de acentuación de potencialidades expresa de mejor manera la existencia compleja de la cuestión agraria; excluye la limitada y estática interpretación del todo y las partes, en la que éstas son porciones del continente, siempre superior y determinante de las partes. Algunos autores prefieren usar el concepto agrario como el término general, que abarcaría el agropecuario. Pero, además de que resulta esquemática esta for-mulación, tiene el inconveniente de no cuestionar las relaciones en el agro, y eso es precisamente lo sustantivo del tema; de lo contrario, el análisis resulta estático, como una fría disección. La forma cuestionada de las relaciones agrarias es así una problematización de las relaciones en el campo.


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• ANÁLISIS • A partir de esta conceptuación es posible, y necesario, si se pretende pasar a su aplicación empírica, hacerse de instrumentos que faciliten este propósito: la comprensión no puede sustituir al esquema. Con esta precaución, no habrá mayores objeciones en aceptar que la cuestión agraria puede ser entendida como una red de puntos sensibles que operan en forma interdependiente, es decir, que el comportamiento de los componentes altera el nivel de participación de los demás y desencadena modificaciones en el sistema entero. Queda así establecida la línea de comprensión que, en lo fundamental, propone la interpretación, en vez de la aplicación mecánica de instrumentos cuya utilidad es puramente estadística. Esta propuesta metodológica no pretende sustituir los análisis empíricos. Cada cosa debe estar en su nivel. Nadie que quiera concretar la interpretación de la cuestión agraria debe despreciar la utilidad de esas herramientas para rastrear ciclos y etapas en su comportamiento, o prever la magnitud de los cambios que se producirían, pero debe precaverse de no sobrevalorar o confundir los instrumentos con el análisis. La cuestión agraria también puede expresarse como un subsistema integrante del sistema social y productivo global. En esta acepción es posible encontrar aplica-ciones para estimar implicaciones cualitativas y cuantitativas de modificaciones entre sus componentes, así como afectaciones en otros subsistemas que funcio-narían como condiciones de contorno. El funcionamiento de la cuestión agraria, aun bajo la concepción sistémica, no es el resultado de encadenamientos lineales. Es decir, distinguiendo entre estructura y función, la primera se refiere al orden y magnitudes que entre sí guardan los componentes, la segunda, a los vínculos posibles que se establecen entre ellos, lo cual implica poder dimensionar la causalidad de sus relaciones. Las siguientes líneas son una apretada síntesis del tema. Dejan fuera elementos que a muchos parecerían necesarios. Sin embargo, juzgo que, en tanto reflexión y nivel de información, es suficiente para proponer un enfoque interpretativo en torno de preguntas básicas, cuyas respuestas trasciendan la mera descripción de los asuntos agrarios y contribuyan a la imaginación fundada del futuro agrario nacional.

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Los factores del proceso Lo agrario, en tanto asuntos de la tierra, ha sido diferente en la historia y no por la tierra misma, sino por el tipo de relaciones que los hombres establecen con ella. En estos vínculos particulares se finca el orden de la explicación del tema. La propiedad de la tierra no es un don o una concesión jurídica, es una relación social. En cada momento de la historia la propiedad territorial se desarrolló de manera distinta. Concebirla como capacidad innata o derivada de las leyes es una equivocación inducida, ésta sí, desde el poder. En las relaciones particulares de la cuestión agraria se generan varios agrarismos. Este trabajo se refiere a las concepciones y prácticas de pequeños y medianos productores que en lo fundamental viven de su trabajo y se identifican con determinadas manifestaciones orgánicas (centrales campesinas, organizaciones de productores) y en su sentido político (relaciones con el propósito manifiesto de mejorar su condición en el contexto social). Entendemos el movimiento cam-pesino como la relación más influyente de la cuestión agraria, que funciona como columna vertebral, factor estructurante y sujeto principal en las transformaciones generales. Este carácter propulsor del movimiento campesino lo hace agente inductor de la cuestión agraria, origen y núcleo, conclusión y síntesis. El movimiento campesino es la expresión política e ideológica de la fuerza de trabajo en el campo; constituye el factor dinámico de la cuestión agraria y es el elemento más influyente en la cantidad y calidad de la producción agropecuaria. Los campesinos crean condiciones para afectar la producción agrícola y el verdadero sentido de la propiedad sobre la tierra. El tamaño de los predios, la calidad de la tierra, las formas de propiedad o usufructo sin estar referenciados al grado de desarrollo del movimiento campesino son ideas huecas. La apropiación del proceso productivo y de la riqueza generada dependen del nivel de participación de la fuerza de trabajo campesina. Los campesinos concurren al hecho público por diversas vías, particularmente como productores. Aun así, sólo considerados como entes económicos, contribu-yen y son parte de otros campos: cultura, derecho, política e historia. Los cam-pesinos participan en moldear a la sociedad y, desde luego, a la cuestión agraria.


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• ANÁLISIS • También son influidos políticamente en su existencia y prácticas. En esta mutua interdependencia, el movimiento campesino influye, dinamiza y determina, en tanto sujetos sociales y partícipes en las relaciones de producción. Pueden, sin embargo, surgir otros factores con mayor capacidad para desencadenar alteracio-nes, incluso desestabilizadoras del sistema: la sobrexplotación de la mano de obra o de los recursos naturales, el excesivo parcelamiento de la tierra, el desequilibrio de las relaciones de intercambio campo–ciudad y agricultura–industria, la destruc-ción de la base natural de la producción y la aplicación de patrones inadecuados de cultivo, entre otros. El agrarismo es parte de la cuestión agraria, aunque también es su comprensión teórica e ideológica. Lo anterior es importante tanto como principio epistemo-lógico, cuanto en el plano de la práctica política lo es para entender y registrar los cambios que realmente se producen en el agro y los que debieran producirse, de acuerdo con intereses particulares. La participación política del movimiento campesino explica su organización y tipo de demandas. No resulta convincente la idea de que los hombres y mujeres del campo luchan por la tierra en sí misma. Si se plantean obtenerla es para fincar en ella su existencia y calidad de vida. La mala distribución de la tierra es correlativa a la mala distribución de la riqueza y a la falta de vida democrática. Los campesinos luchan por la tierra y al hacerlo están luchando por ocupar un espacio propio en la construcción de la sociedad, del sistema. Los asuntos agrarios y la tenencia de la tierra son, fundamentalmente, relaciones sociales. Es falso que se trate de una condición natural, o derecho unilateral otorgado por el Estado. Desde luego, los propietarios defienden con todos los argumentos posibles sus pertenencias, y la mejor defensa de la propiedad es la antigüedad de la posesión. Por su parte, los desposeídos expresan que el derecho a la propiedad lo ganan con el trabajo. La verdad es que toda esa argumentación no hace sino develar que detrás está la auténtica naturaleza de la propiedad: las relaciones entre individuos y sus intereses. Las formas de la tenencia de la tierra se modifican de acuerdo con fuerzas y razones internas, y con ello provocan alteraciones más o menos profundas en el agrarismo. La tenencia de la tierra cambia con las normas jurídicas que la regulan y con en el grado de apropiación real que de ella se hace. Igualmente, los hábitos alimentarios de la población y la demanda de materias primas modifica la estructura de la producción. Todos estos cambios influyen en la conformación del movimiento campesino.

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La propiedad es tenencia que posibilita posesión y derecho al uso, jus utendi, y a la disposición, jus abundi. Un dato más que fundamenta lo dicho acerca del carác-ter social de la propiedad es que tenencia –del latín tenere– significa tener algo porque ese algo ha sido donado, entregado, dotado. Con el advenimiento de la república, las figuras de dios y el rey fueron sustituidas por la nación y el Estado. En el caso de la propiedad territorial mexicana la sustitución está claramente expresada en el texto del artículo 27 constitucional: la propiedad de las tierras corresponde originalmente a la nación, la cual tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. La capacidad de poseer tierra tiene sentido a partir de la posibilidad de participar en la apropiación del proceso productivo y así fortalecer su presencia en la generación y distribución de la riqueza y del poder; además de que la propiedad territorial tiene la finalidad de sustentar la existencia familiar y comunitaria. Entender la tenencia de la tierra como un valor independiente de las relaciones sociales, al margen de las condiciones históricas, es caer en concepciones que no incorporan al conocimiento las prácticas de los productores rurales. La tenencia de la tierra, que es fundamentalmente expresión de la participación social en el cam-po, sólo adquiere su verdadera dimensión vinculada con las relaciones productivas y políticas. La producción agropecuaria es más que el resultado de la aplicación de esfuerzos individuales, insumos y servicios: es una relación económica. Qué se produce, cómo se produce y para quién se produce está determinado por la capacidad de los intereses de quién controla el proceso productivo. Los factores estacionales vinculados con el clima o con las condiciones agronómicas, desde luego que participan de manera significativa. Pero, en la producción capitalista, son fundamentalmente determinantes los aspectos relativos al mercado, la demanda, la oferta, la distribución del trabajo y la riqueza. Si las formas y dimensiones de la propiedad están influidas por la producción, igualmente ésta se encuentra afectada por la tenencia de la tierra. Las plantaciones, que marcaron durante mucho tiempo la actividad agropecuaria en México, imponen la necesidad de predios medios y grandes. La producción intensiva en el


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• ANÁLISIS • caso de Israel obliga a la existencia de superficies pequeñas. Producir para controlar el mercado mundial de alimentos básicos requiere, para los Estados Unidos de Norteamérica, enormes extensiones. Los grandes latifundios, en el caso de la Nueva España y, después, las haciendas en el México independiente son también ejemplos de cómo la producción condiciona el tamaño de los predios y su régimen jurídico. Los asuntos agrarios, agropecuarios y el agrarismo son relaciones formadas por sus propios elementos. Adquieren su verdadera condición de integrantes de la cuestión agraria cuando se relacionan entre sí. En su interioridad cuentan con los elementos suficientes para conformar una unidad social, económica y política. Como relaciones influyentes en la definición y funcionamiento de la cuestión agraria, sólo son parte de esta totalidad, como un Jano de tres facetas, en la medida de su exterioridad, producto de las demás relaciones participantes. Límites temporales de la etapa contemporánea En este ensayo se propone la ubicación sincrónica de la etapa contemporánea de la cuestión agraria atendiendo a razones temporales y la realización de actos trascendentes que la enmarcan. Este período histórico estaría circunscrito por la revolución mexicana de 1910 y las reformas al artículo 27 constitucional de 1992. Después de este momento y hasta la fecha podría hablarse de un período de transición que consideramos desembocaría en una nueva etapa. La etapa contemporánea de la cuestión agraria tendría como frontera histórica tres circunstancias correspondientes: en las relaciones agrarias, la descomposición de la propiedad hacendaria; en el agrarismo, el liberalismo decimonónico y las luchas sordas de los pueblos por recuperar sus tierras, en las condiciones agropecuarias, la refuncionalización de las relaciones capitalistas urgidas de terminar con el sistema autoconsumidor de la renta, la fuerza de trabajo y la producción de alimentos e insumos para ponerlos al servicio de la producción industrial. Los cortes diacrónicos parten de los perfiles determinados en la segmentación sincrónica de los tres elementos constitutivos de la cuestión agraria y responden a criterios de cercanía con los tiempos que corren. La hacienda, presente en México

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hasta los primeros años del siglo XX, no corresponde a la etapa contemporánea. Pero sí el ejido y la comunidad indígena, pese a que su existencia se pueda ubicar desde épocas anteriores a la conquista española. Las relaciones agrarias actuales están definidas en el artículo 27 constitucional y la Ley Agraria. Son las relativas a la propiedad social: 27 mil 285 ejidos y 2 mil 197 comunidades indígenas que concentran 84.2 y 16.5 millones de hectáreas, respectivamente.4 La importancia de estas magnitudes sólo quedaron establecidas en el final de la administración del general Lázaro Cárdenas. Las relaciones de producción agropecuaria están determinadas, en el horizonte más extremo, en el desarrollo del liberalismo económico de las reformas juaristas (las ideas de las Cortes de Cádiz se vieron bloqueadas por la guerra de Independencia). El escenario más cercano se remite al triunfo del Grupo Sonora (Calles y Obregón). El agrarismo oficialmente triunfante es el surgido de las propuestas villistas y zapatistas, amalgamadas en la Convención de Aguascalientes que, por lo menos en el texto, lograron trascender en la definición plasmada el 5 de febrero de 1917 en Querétaro. En estas perspectivas temporales habría que buscar los antecedentes de los procesos que nos ocupan. El agrarismo practicado es el que se gestó en el ideario liberal de Wistano Luis Orozco, Andrés Molina Enríquez y, particularmente, de Luis Cabrera, que entendía a la propiedad social como un asunto transitorio y complementario: La población rural necesita complementar su salario. Con la existencia del ejido, la mitad del año trabajaría como jornalero y la otra mitad aplicaría sus energías a esquilmarlos por su cuenta. El complemento del salario no puede obtenerse más que por medio de posesiones de ciertas extensiones de terreno. Ciertas clases rurales, siempre y necesariamente, tendrán que ser clases servidoras, necesaria-mente tendrán que ser jornaleras.5

Normas, ideas y programas se conjugaron para conformar cuatro principales etapas. La primera, con la consolidación de los grupos triunfantes de la revolución (1917–1935), caracterizada por un muy limitado reparto agrario. La tercera,

4 Robles Berlanga, Héctor, “Tendencias del campo mexicano”, en Revista de Estudios Agrarios núm. 13, Procuraduría Agraria, 1999,

p. 35. 5 Discurso del diputado Luis Cabrera, en la presentación del proyecto de la Ley Agraria, 2 de diciembre de 1912. Tomado de Manuel

Fabila, Cinco siglos de legislación agraria. 1493–1940. Centro de Estudios Históricos del Agrarismo en México, Secretaría de la Reforma Agraria, México, 1990, p. 198.


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• ANÁLISIS • gestada en el gobierno de Lázaro Cárdenas, en el que se produjo la más importante redistribución territorial y la aplicación de ambiciosos programas de organización y crédito. La tercera, prolongada hasta principios de la década de los setenta, impulsó el modelo empresarial de agricultura y promovió un fracasado neocar-denista ejido colectivo. La cuarta se refiere a la aplicación del modelo neoliberal. En esta última se producen las reformas al marco jurídico que sienta las bases para la transformación institucional de la reforma agraria. La reforma agraria Cuestión agraria y reforma agraria no son sinónimos. Aquella es un complejo de relaciones, en tanto que ésta se refiere a medidas de política implantadas para influir en la primera, cambiar la redistribución de la tierra y modificar el rumbo de la producción y la redistribución de la riqueza. La reforma agraria contribuyó al proceso de integración nacional; por eso, en las proclamas de los primeros gobiernos revolucionarios aparecía el reparto agrario, aunque sólo fuera en el discurso. La reforma se fue construyendo en el camino; por esa razón es más correcto referirse a ella como trayecto. Las primeras normas se propusieron desarticular la gran propiedad rural, repartir tierra en la cantidad necesaria para evitar otra revuelta armada y hacerlo de tal manera que la tierra dotada significara una alternativa marginal y complementaria de la economía campesina. Hasta 1934 la redistribución de la tierra se efectuó en pequeñas magnitudes. En el reparto cardenista no sólo importó su cuantía, fue significativo porque constituyó toda una política de desarrollo. Los gobiernos de Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortínez ampliaron las posibilidades del reparto a las tierras de agostadero. Adolfo López Mateos incorporó bosques y selvas a las posibilidades de distribución; este hecho permitió al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz hacer el reparto numéricamente mayor. Con la administración de Luis Echeverría se empezó a hablar de la “segunda etapa de la reforma agraria”. A partir de esa época las dotaciones cada vez fueron menos importantes y el reparto se dio como ampliaciones y nuevos centros de población.

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Los efectos del reparto agrario, habidos entre los años 1934 y 1940, así como las medidas de apoyo en materia crediticia, organizativa y de infraestructura, fueron factores decisivos en la reactivación de la producción agropecuaria. De tal suerte que, de 1947 a 1965, la agricultura mexicana, con relación al PIB nacional, tuvo su época de mayor crecimiento: en promedio anual, 6.1 por ciento, frente a 3 por ciento del crecimiento poblacional. En sentido opuesto actuaron las deficiencias que caracterizaron las políticas agraria y agropecuaria de regímenes gubernamen-tales posteriores. El modelo de desarrollo fincado en el fomento industrial empezó a manifestarse en la desaceleración y crisis agropecuaria desde los años cincuenta. Así, en 1965, su crecimiento llega al punto de inflexión, y la expansión se desploma en la década de 1966–1976, llegando a 2 por ciento. Las implicaciones de la crisis agrícola trascendieron al sector primario y afectaron a la economía entera. Se presentaron fuertes presiones inflacionarias, incremento del déficit en la balanza comercial, y aumentó la deuda pública. Se recurrió a la importación creciente de maíz y otros productos básicos. Los precios de garantía, que se ha-bían mantenido estables durante casi todo un año, comenzaron a incrementarse. El resultado no fue el esperado. Se incrementó la superficie cosechada, pero las frágiles economías campesinas se vieron afectadas por el encarecimiento de la vida.6 De 1980 a 1990 el PIB agropecuario creció a una tasa media anual de 0.2 % y representaba 7.9 por ciento del nacional, con una tendencia decre-ciente. En 1990, 26 por ciento de la PEA se dedicaba a actividades agropecuarias, aunque sólo aportara 7 por ciento del PIB.7

Al inicio de los años ochentas, la economía mexicana parecía haber encontrado el camino del crecimiento con base en los abundantes recursos provenientes del petróleo. Sin embargo, en 1982 la ilusión se derrumbó: crisis de endeudamiento, fuga de capitales, devaluación monetaria e inflación. Parecía que lo peor había quedado atrás; sin embargo, las políticas de ajuste fueron desastrosas: los precios relativos de productos e insumos afectaron negativamente los términos de intercambio y la rentabilidad agropecuaria; la inversión global decreció, aunque la pública aumentó considerablemente; la rehabilitación de la infraestructura agrícola se redujo; la eliminación de barreras arancelarias aumentó la desprotección agropecuaria; la cosecha per cápita de granos básicos en 1988 resultó inferior en 34.9 por ciento a la de 1981, y la carne bovina menor 37 por ciento; el desplome

6 León López, Arturo y Flores de la Vega, Margarita, Desarrollo rural, un proceso en permanente construcción, UAM–X, División

Ciencias Sociales y Humanidades, México, 1991, p. 40. 7 Téllez Kuenzler, Luis, La modernización del sector agropecuario, FCE, México, 1994, pp. 28, 31 y 83.


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• ANÁLISIS •

del valor agregado del empleo y del ingreso rurales significó el agravamiento de la miseria en el campo y la contracción de la demanda efectiva.8

Actualmente, 69 por ciento del total de personas ocupadas en actividades agrope-cuarias recibe un salario mínimo o menos, o definitivamente no recibe ingreso alguno.9 De la PEA del sector agropecuario, los ocupados pasaron de 39 a 23 por ciento entre 1970 y 1990, en tanto que en las actividades no agropecuarias el in-cremento fue de 61 a 77%.10 Más de 70 por ciento de las familias en el campo vive en la pobreza (algunos autores ubican este nivel en 80 por ciento), y 26.3 millones, casi la cuarta parte de la población mexicana están en la pobreza extrema.11

Las condiciones productivas del agro ya no permiten albergar a casi la tercera parte de los mexicanos, generando alrededor del ocho por ciento del producto nacional. Los ingresos de la población rural son apenas un tercio de los de otros trabajadores similares: la mayoría de los productores agrícolas son minifundistas con menos de cinco hectáreas laborables, en promedio. Las grandes presiones sobre la tierra en parte se ven disminuidas por la emigración: de 1990 a 1995, 10 por ciento de la población mexicana cambió de residencia dentro del territorio nacional, y 17 estados recibieron 13.7 millones de emigrantes. En 1970 había 3 millones de unidades de producción rural y en 1995 aumentaron a 4.9. Por su parte la superficie cosechada creció en sólo el 18.8 por ciento.12

Las tendencias de la producción y la productividad en los cultivos básicos no mejoran, pero más grave aún es que, en algunos renglones de la dieta popular, se está llegando a la satisfacción de la demanda no por la vía de la producción suficiente, sino por la disminución del consumo. Otros aspectos que evidencian las circunstancias inadecuadas por las que atraviesa la producción agropecuaria son la ganaderización de las actividades económicas en el agro, el desplazamiento de los cultivos básicos a superficies de menores calidades y la imposibilidad creciente de

8 Tomado de la aportación de José Luis Calva y Roberto Escalante El sector agropecuario en el futuro de la economía mexicana (Juan

Pablo Arroyo, Coordinador), Fundación Friedrich Naumann-Facultad de Economía, UNAM-Colegio Nacional de Economía, México, 1996.

9 Robles Berlanga, Héctor, op. Cit., p. 34. 10 Conapo, La situación demográfica de México, p. 37. 11 Schwentesius R., Rita y Gómez Cruz, Manuel, “Política agrícola hacia el siglo XXI. Procampo y Alianza para el Campo en el

contexto internacional”, en la revista Estudios Agrarios núm. 13, Procuraduría Agraria, 1999, p. 75, y Téllez Kuenzler, Luis, op. cit., p. 29

12 Conapo, op. cit., pp. 59 y 94.

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los campesinos para concurrir a una economía de mercado. En los albores del siglo XX, siete de cada diez mexicanos vivían en y del campo, dedicados principalmente a labores agrícolas. Ahora, tres cuartas partes de la población nacional habitan en zonas urbanas. (28.6 millones en localidades de menos de 5 mil habitantes)13. El proceso redistribuido de la tierra, originalmente para una sociedad de 15 millones de habitantes, hoy se relaciona con un conglomerado superior a los 97 millones de personas. En 1915 se inició un proceso de redistribución de la tierra con el objeto de satisfacer las necesidades agrarias de 10 millones de campesinos, de los que, probablemente, 2 millones eran jefes de familia. En casi 75 años, la dotación o reconocimiento de derechos superó en, aproximadamente, uno y medio millones esa cifra, beneficiando a una franja de población de casi 20 millones de mexicanos. En 90 años la población total se sextuplicó y la población rural creció a la mitad del ritmo de aquella, triplicando su número en ese mismo período. El anterior es un saldo que también debe tomarse en cuenta en el momento de evaluar el proceso agrario. Dos millones de demandantes de tierra al principio del siglo significaban una quinta parte de la población rural. En 1992, los demandantes de tierra signifi-caban poco más de diez por ciento de los habitantes rurales. Las condiciones económicas y de bienestar social para ejidatarios y comuneros se han deteriorado. Por cada beneficiado con el reparto existen cinco personas que dependen del trabajo del derechoso, y por lo menos dos de ellos necesitan un pedazo de tierra dentro del núcleo agrario, ya que fuera de él las oportunidades de ocupación son prácticamente nulas. Como parte del rezago agrario 2 mil 634 núcleos agrarios fueron dotados con 1.9 millones de h hectáreas, en beneficio de 211 mil 571 campesinos.14 En los últimos siete años se han certificado 20 mil 030 ejidos y 632 comunidades indígenas, que representan el 70 por ciento del total nacional, en 54 millones de hectáreas.15

13 Ibidem, p. 94. 14 Robles Berlan a, Héctor, op. cit., p. 31. g15 Ibidem, p. 32.


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• ANÁLISIS •

De una u otra manera, a casi 6 millones de familias el campo debería brindarles apoyos, que van desde desarrollar los medios que ya tienen hasta crear alternativas de redistribución de recursos y de ocupación. Esta es una tarea demasiado grande para el actual aparato y la organización institucional vinculados con lo que queda de la administración agraria; de ahí que se requiera una nueva reforma con el perfil y los propósitos ampliados. Atendiendo sólo a ese comportamiento económico, agrario y demográfico, podría decirse que desde el último tercio del siglo XX se vive una situación propicia para una nueva reforma agraria, pues el proceso redistributivo de los recursos en el campo agotó sus posibilidades. Al principio de la década de los noventa se incrementó la polémica sobre el destino de la reforma agraria. En medios oficiales, entre intelectuales y estudiosos de los problemas del campo y entre organizaciones campesinas, este debate se refería principalmente a los límites de la dotación. En unos casos se dijo que se había llegado a la conclusión del reparto de la tierra. En otros, se habló de que por lo menos habría entre 12 y 20 millones de hectáreas que podían ser entregadas a los solicitantes. Pero aun en ese supuesto se reconocía que la tierra era insuficiente para resolver la demanda agraria. Esa limitante sustentó el criterio de varias centrales campesinas para proponer la reducción de la propiedad privada a 20 hectáreas de riego o sus equivalentes en otras calidades. Sin embargo, esa cifra no tenía sustento y, en todo caso, de haberse dado, la superficie rescatada por esta vía no hubiera alcanzado ni siquiera para hacer crecer los predios que para entonces tenían menos de esas hectáreas.

16 El rezago agrario, heredado a las nuevas instituciones: 11 mil 367 expedientes–ya resuelto–, constituyó un volumen prácticamente tan grande como el realizado por la reforma agraria antes de 1992, en cuanto a expedientes de dotación, amplia-ción, nuevos centros de población, restitución, reconocimiento y titulación de bienes comunales, conflictos por límites y segregación de presuntas propiedades particulares en bienes comunales. Se resolvieron también otras acciones derivadas

16 Ibid., p. 31.

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de 360 ejecutorias por juicios de amparo que implicaban restitución de tierras a propietarios y, aproximadamente, 3 mil procedimientos administrativos instaura-dos por ejidos durante la vigencia de la Ley Federal de Reforma Agraria. Estos asuntos se relacionaban con casi 5 millones de productores rurales y 140 millones de hectáreas de dos terceras partes de los ejidos, alrededor de 70 por ciento de los predios de propiedad privada, prácticamente todas las 781 colonias agrícolas y ganaderas, 110 mil solicitudes de terrenos nacionales y 100 mil hectáreas de terrenos ocupados por asentamientos humanos y 78 distritos de riego.17

El Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede) ha significado, en la práctica, una forma de reparto, pero no ha podido disminuir de forma importante el número de campesinos sin tierra. Benefició a 1.6 millones de ejidatarios de 20 mil ejidos, que representan 53 por ciento del total nacional. Reconoció a 75 mil comuneros y, particularmente, destaca la incor-poración de 921 mil posesionarios y avencindados.18 Sin embargo, la dinámica social no se detiene; ya se muestran en el campo nuevos contingentes que se suman a los, por llamarlos de alguna manera, integrantes de la superpoblación marginal relativa, en cantidades similares a los que en 1915 demandaban tierra, aunque ésta cifra sea proporcionalmente un porcentaje bastante menor. Para dimensionar a los campesinos sin tierra o que teniéndola les resulta insu-ficiente, pudiera servir la diferencia que arrojó el levantamiento del pasado Censo de Población de casi 3 millones de personas que, en el dicho de los voceros del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, pudieran haber emi-grado a los Estados Unidos de Norteamérica. Desde luego que esta cifra debería revisarse con detenimiento, pero seguramente que estos grupos humanos están nutridos principalmente por estos grupos sociales. Los ejidos no están en condiciones de resolver la incorporación de las nuevas generaciones al empleo productivo y mucho menos a la tierra. La simple compa-ración de las “pirámides” de sujetos de derecho y de edades (ver anexo) muestran cómo la primera opera literalmente como un techo o freno a las posibilidades de los jóvenes a la ocupación.

17 Programa Sectorial Agrario. 18 Robles Berlanga, Héctor, op. cit., p. 52.


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• ANÁLISIS • La etapa contemporánea de la cuestión agraria tiende a su término. Como toda fase, ésta requiere una determinada reforma que la haga viable. La contemporánea, al resolverse en sus términos agrarios, da por terminada su correspondiente reforma. La nueva, denominada rural, tendrá que considerar nuevos elementos. La nueva reforma no podrá ser solo agraria, deberá ampliar sus alcances hacia una más dilatada totalidad. Estos son los contornos y contenidos principales de la cuestión agraria en nuestros días: tenencia de la tierra, que como lo define clara y categóricamente el artículo 27 constitucional, es un conjunto de modalidades de la propiedad privada, definidas por el interés público; movimiento campesino con dificultades para imponerle un sentido popular a la cuestión agraria, debido a su debilidad orgánica y dispersión política; relaciones de producción con profundos desarreglos que exhiben incapacidades del sector agropecuario para producir los alimentos y las materias primas que requiere la sociedad mexicana. La discusión sobre los límites del reparto ya no tiene sentido. Está cancelada esa opción y no parece viable una reforma a la reforma. Más importante parece repensarla para, sosteniendo el carácter social de la propiedad territorial, garan-tizar la existencia de ejidos y comunidades, con nuevas capacidades para resolver su problemática interna e incorporar otros factores productivos (incluida la tierra), de mercado y de capital. Las transformaciones de la cuestión agraria, como objeto de estudio, se presenta, en forma limitada. Esta es una versión restringida y estrictamente rural. Quedarán fuera implicaciones urbanas, aspectos industriales y agroindustriales, comerciales, de pesca, minerales, artesanales y otras ramas no agropecuarias. No se pretende una visión exhaustiva, sino acotada, en los términos expuestos.

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Pirámide de edades de la población en localidadesmenores a 2,500 habitantes

Más de 65

De 60 a 65

De 55 a 60

De 50 a 55

De 45 a 50

De 40 a 45

De 35 a 40

De 30 a 35

De 25 a 30

De 20 a 25

Menos de 20

Hombres

Mujeres

Pirámide de edades de ejidatarios

Hombres

Mujeres

Más de 65

De 60 a 65

De 55 a 60

De 50 a 55

De 45 a 50

De 40 a 45

De 35 a 40

De 30 a 35

De 25 a 30

De 20 a 25

Menos de 20

Fuente: Elaborado por la DGEP, PA, con datos del RAN.


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• ANÁLISIS •

Caracterización de la reforma rural Política agraria La nueva etapa de la cuestión agraria, la reforma rural, se fundamenta en la tesis constitucional de regular la propiedad territorial –originalmente de la nación– de acuerdo con el interés público y el beneficio social. Se perfila en el principio de política y justicia social de ofrecer atención prioritaria a grupos y regiones que padecen las más grandes desventajas. Su expresión principal de política de largo plazo es entendida como el conjunto de medidas encaminadas a conciliar las con-diciones productivas en el campo con los requerimientos del sistema socioeconó-mico general. En este sentido, política es rumbo, conducción y sentido histórico. La política agraria como parte de la de desarrollo social, se concibe como la contribución a la seguridad alimentaria. Tiene el propósito central de equilibrar las medidas en favor del crecimiento económico y el desarrollo con justicia social. Se propone otorgar seguridad a la propiedad territorial, crear nuevas vías de asocia-ción productiva, dinamizar y transparentar las relaciones económicas en el agro, estimular la autogestión campesina, proporcionar a productores rurales instrumen-tos para posibilitar la retención de la riqueza entre los núcleos agrarios y favorecer la relación igualitaria entre factores productivos. El tránsito hacia nuevas condiciones agrarias implica consolidar las aportaciones de la reforma agraria. y fortalecer las instituciones. Para que estas transforma-ciones avancen hacia nuevos estadios del desarrollo, se necesita reformar las normas del mercado y la creación del capital y el acceso al mismo, que garanticen mejores condiciones y capacidades campesinas para apropiase del proceso productivo y hacia un desarrollo económico y social sustentable. La reforma se encamina hacia escenarios en los que ya no es la tierra el factor principal, sino el mercado, la producción, el capital. La conducción institucional debiera comportarse de esta misma manera. Las expresiones problemáticas princi-pales de la reforma son la descentralización para el desarrollo regional y el orde-namiento territorial.

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La reforma agraria es instrumento de política necesario para ajustar las condi-ciones de la propiedad rural a las necesidades nacionales. La medida estratégica que se propone se orienta a vigilar la armonía, certidumbre y equilibrio entre las distintas formas de propiedad rústica y mantener la prohibición del acaparamiento de la tierra, de acuerdo con los siguientes objetivos: • Favorecer el bienestar y la justicia social. • Contribuir a que la circulación de los derechos y la propiedad de la tierra se

den en términos de equidad. • Brindar certidumbre jurídica a la propiedad rural y garantizar el libre ejercicio

de los derechos sobre la tierra. • Modernizar la administración pública vinculada con el sector agrario. Justicia agraria y certidumbre jurídica Justicia es un concepto objetivo y abstracto, en la medida en que se establece para la sociedad. Es subjetivo y concreto, en tanto se ejerce específicamente por personas. El derecho a la tierra siempre estará en función de los cambios sociales y los intereses individuales. La reforma propuesta profundiza la individualización del derecho y reafirma la concepción moral de la justicia dentro de una práctica comunitaria: las cosas son justas y verdaderas en tanto correspondan a la escala de valores personales que no soslayan el estado de derecho. Para la autoridad la justicia es legalidad. Justo es lo que entra en la norma. La reforma busca establecer concordancia entre ambas visiones. El derecho como un valor universal y como un ejercicio individual. La reforma deberá crear un espacio en el que puedan encontrarse esas posiciones. Entre campesinos, especialmente entre indígenas, el concepto de derecho, enten-dido como respeto al derecho del otro, no está desarrollado. Priva entre ellos una idea comunitaria de propiedad, aunque no de aprovechamiento: la tierra es de quien la trabaja, mientras la trabaje, podría agregarse a la ya famosa frase. Entre ellos se desdibuja el sentido de propiedad de la tierra, pero no así de apropiación


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de sus productos.

• ANÁLISIS •

Lograr correspondencia entre concepciones del derecho de la sociedad global y la rural, es un camino por recorrer, debido a las discrepancias entre justicia social y justicia a secas. La reforma agraria moldeada por la revolución mexicana tuvo conciencia de esta diferencia y optó por privilegiar a la primera. Ochenta años des-pués, las cosas no son las mismas. Ahora es posible reformular el concepto de jus-ticia para generar los procesos que brinden amplias e igualitarias oportunidades. Entre desarrollo y justicia social también hay diferencias importantes. Todo proyecto de transformación política se enfrenta al conflicto de cómo propiciar condiciones que mejoren la vida material, sin afectar intereses establecidos. Este cruce de caminos no ha sido resuelto. Se propone intentar el desarrollo y el progreso pasando por el terreno de la justicia, aunque éste sea también su resultado. Que generación de riqueza se convierta en bienestar social, se logra con justicia, pero únicamente con mejores niveles de existencia es posible hacer que el derecho deje de ser texto para convertirse en práctica cotidiana. Las transformaciones sustanciales no son únicamente cambios de reglas; el cambio principal se da en el terreno de las ideas, como reflejo de un país maduro. Legalidad, modernidad y desarrollo no son sólo programas de gobierno, son proyectos de Estado, aunque en ellos todavía no esté cabalmente incluida la sociedad. Política económica Existen nuevas circunstancias que requieren nuevos argumentos para darle a las transformaciones en el campo eficacia y legitimidad: eficacia, porque debe mostrar su utilidad en el corto plazo; legitimidad, porque tiene que ser aceptada por los actores e incorporada a su práctica cotidiana. La reforma se sustenta en las posibilidades del campo para generar condiciones a la movilidad de la tierra, el capital y el mercado y darle certidumbre al concurso productivo de pequeñas y medianas unidades sociales y privadas. Se trata de reformar para alcanzar objetivos de justicia social sin descuidar la eficiencia productiva.

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Las finanzas nacionales no están en condiciones de inyectar recursos en cantidades suficientes. Las únicas alternativas posibles son fortalecer, en su nivel, la organización económica de las unidades productivas rurales; las tradicionales y las modernas, y hacer factible la inversión privada, nacional y extranjera. Las relaciones mercantiles presentan mayores dificultades. Poco se ha avanzado en correlacionar normatividad comercial y agraria. Un asunto que debiera considerarse es la operación de programas tendientes a incorporar a ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios a circuitos comerciales locales, nacionales e internacionales, en la medida de su propio desarrollo. En una economía cada vez más dominada por el mercado, los minúsculos predios limitan las posibilidades productivas. La colectivización del ejido se planteó técnica y teóricamente sobre bases factibles. La compactación de áreas resolvía problemas de la escala productiva, presentaba ventajas en la productividad por unidad, pero no resolvía los problemas de la distribución. Generaba riqueza para nadie y creaba bienes mostrencos, frecuentemente manzana de la discordia entre pueblos tradicionalmente unidos. Las reformas deben proponerse superar esas dificultades y crear condiciones para la existencia de asociaciones que hicieran viable y atractiva la inversión, la producción y la apropiación de los beneficios. La reforma tendrá que subrayar el fomento del desarrollo rural sobre la base de ampliar las alternativas de organización campesina. Las formas tradicionales mantienen su posibilidad en tanto los núcleos agrarios las deseen y las mercantiles se abren como una opción entre otras. Hará falta compatibilizar reglamentos y prácticas entre el ámbito mercantil y el agrario que tiendan puentes entre mundos hasta hoy desvinculados La reforma no está concebida únicamente para canalizar capital al agro, también para generarlo en el mismo. Las reformas de 1992 suponen, y hasta ahora parece ser una equivocación, a los dueños del capital dispuestos a transferir importantes recursos. De esta hipotética situación no pueden seguir sosteniéndose los proyectos de desarrollo. Se necesita crear mecanismos para ampliar mercados financieros y diversificar sus instrumentos hasta abarcar las características de la producción agropecuaria. Proveer de medios financieros y de intermediación campesina.


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• ANÁLISIS • Descapitalización, entendida como existencia de poco capital con relación a los habitantes de una determinada zona o sector, es un concepto insuficiente, pues si sólo bastara con transferir más recursos monetarios al campo, los problemas podrían ser más simples, pero no es así. Además de estimular la inflación y el endeudamiento público, la transferencia unilateral de dinero, inclusive de bienes de capital, generaría fenómenos desfavorables para las propias regiones. La creación de capital debe ser un proceso gestado dentro de la actividad productiva misma. La formación de activos es en parte un problema de oferta de capital, de tasa de ganancia y de mercado. La primera, en México, ha dependido casi exclusivamente de la actividad financiera del Estado, la segunda no es, en términos generales, suficientemente alta para atraer inversión privada. Estas dos situaciones conducen a limitar la generación de ingresos. El mercado, por su parte, ha estado crónicamente constreñido, de tal suerte que entre los tres aspectos se configura una espiral negativa retroalimentada. La creación de bienes de capital y el tamaño del mercado tendrán que correr a cargo del incremento de la producción y la productividad agropecuarias, pues la oferta de capitales, la tasa de ganancia o el mercado no son soluciones por sí mismas. Mercado y capitalización están estrechamente ligados, de tal manera que el campo pareciera estar condenado a la pobreza permanente. Sin embargo, si el mercado no se observa como un todo, sino como muchos mercados, y se parte de que globalización no es uniformidad, sino mayores vínculos entre varios y diversos mercados, será posible encontrar correas de transmisión que permitan proponer un esquema de desarrollo a partir de diferencias regionales y sociales. La sociedad rural no es de una pieza. Hay múltiples sectores y variantes regionales sustancialmente diferentes. Para efectos de exposición se podrían identificar al menos tres estratos, a los que se les debe aplicar políticas diferenciales: un sector capitalizado, apto para vincularse con la economía global y el mercado abierto, con todos los riesgos implícitos; otro segmento constituido por productores en proceso de desarrollo, los cuales necesitan impulsos crediticios, fiscales y capital de riesgo, y los productores tradicionales, para los que deberán diseñarse políticas de apoyo. En este último caso no se está pensando en ayudas asistenciales, sino productivas.

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La organización social del ejido no debe confundirse con la económica. Estos niveles pueden incursionar en todas las ramas de la actividad financiera: almacenes, arrendadoras, empresas de factoraje, empresas de ahorro e inversión, aseguradoras y mutualidades, incluso en la bolsa agropecuaria. Para la agricultura desarrollada, la creación de una bolsa agropecuaria, también llamada mercado de futuros, sería un mecanismo útil. Como propósito central, la bolsa buscaría ser instrumento regulador de la oferta de productos agropecuarios. Uno de los problemas principales del sector es la incertidumbre y la aleatoriedad de la producción. La agricultura es por naturaleza una actividad riesgosa. La bolsa agropecuaria no podrá ser un instrumento que elimine el riesgo, pero sí puede distribuirlo entre los agentes participantes. La diferencia con la bolsa de valores es que la agropecuaria actuaría no para el presente, sino para el futuro, y estrechamente vinculada con la agricultura de contrato, con la planificada. Adicionalmente, la bolsa agropecuaria podría servir para atraer al sector agropecuario a inversionistas dispuestos a correr riesgos y cobrar por ello. Mercado de tierras La venta de parcelas ejidales es un fenómeno cotidiano, incluso antes de las modificaciones a las leyes agrarias, pero como práctica al margen de la ley, lo cual implicaba que los ejidatarios vendieran sus tierras por debajo de su valor o precio de mercado. Los ejidos adoptantes del dominio pleno son unos cuantos ( 809 núcleos agrarios –menos del 3 por ciento del total– que representan 0.25 por ciento del total de la propiedad social; de éstos, la tercera parte se localizan en áreas urbanas 19 ), pues el mercado de la tierra es para los campesinos parte de su estrategia de reproducción y no el camino para deshacerse de ella. Este fenómeno, por lo demás irreversible, debería incorporarse a las estrategias campesinas y utilizar sus propias inercias en beneficio de los mismos campesinos. Es un instrumento que se combina con el trabajo familiar. Por eso es posible correla-cionar el proceso redistributivo de la tierra, su circulación y mayor o menor mini-fundización de los predios ejidales.

19 Robles Berlanga Héctor, op. cit., p. 32.


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• ANÁLISIS • La venta de tierras ejidales tiene razones propias que le imprimen ritmo e intensidad: propiedad, calidad de la tierra y actividad agropecuaria. También hay razones externas que afectan su dinámica: mercado de capitales y condiciones de mercadeo, principalmente. La movilidad de las tierras ejidales no es una constante, depende de su contexto, la racionalidad campesina, las condiciones específicas de sobrevivencia, el acceso a tierra suficiente para reproducir al grupo en su conjunto y el grado de apropiación del proceso productivo. Para explicar la dinámica del mercado de tierras ejidales no es suficiente el enfoque mercantil, que la asume como activo de capital y costo de producción. Tiene más posibilidades la teoría de la economía campesina. En realidad entre esos enfoques polares se encuentran muchas alternativas intermedias: procesos campesinos subordinados por fuerzas del mercado y la competencia capitalista, o bien operaciones mercantiles sujetas a controles comunitarios. Las reformas al marco jurídico agrario deben ampliarse y profundizarse para incorporar a la redistribución de la tierra la socialización del capital y la refuncionalización del mercado. El marco jurídico e institucional derivado de las reformas al artículo 27 constitucional deberá crear espacios para conciliar posiciones, intereses, actitudes y normas establecidas, inscritas en dinámicas acordes con el orden social, económico y político. Las prácticas institucionales en apoyo al mercado de tierras derivadas de las modificaciones al marco jurídico deberán orientarse hacia el siguiente escenario: eliminar los márgenes de incertidumbre y la acción de especuladores, así como garantizar la libertad de elección entre los agentes productivos, favorecer la autorregulación y autogestión campesinas y desestimular el minifundio. La reforma supone, de manera central, la redefinición de las reglas para el acceso de los núcleos agrarios al capital. Las normas que operen en este sentido deberán reconocer las características sociales, estructurales y regionales de los campesinos y productores. Uno de sus principales aportes radica en la posibilidad de que la tierra ejidal circule y las parcelas se compacten dentro de un mismo ejido, sin que se degraden los principios sociales y de convivencia. Este proceso abre la opción para combatir las desventajas estructurales del minifundio. Se propone crear un sistema de fondos para el desarrollo del mercado de tierra ejidales, concebidos

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para tener un impacto significativo en el empleo rural y para propiciar una circulación ordenada de la tierra. La forma institucional que se construya para apoyar la movilidad de las tierras ejidales bien podrían ser fideicomisos estatales, con recursos fiscales y de los propios ejidatarios (ya lo hacen ahora) podría ser una alternativa para su propia capitalización. Ordenamiento territorial Uno de los obstáculos más grandes para hacer avanzar la reforma agraria es el desconocimiento de aspectos básicos de la tierra: régimen jurídico, conformación interna, configuración física, uso y capacidad productiva. Desde que se plantearon las modificaciones al marco jurídico agrario e institucional se evidenciaron serias deficiencias en este sentido. Sólo a partir de información suficiente es posible planear y ordenar la ocupación y el aprovechamiento del suelo. La nueva institucionalidad Una de las característica principales del tránsito hacia la reforma rural es la ciudadanización de su conducción. Sin embargo, las instituciones son indis-pensables como reguladoras de los procesos, aunque ya no con el papel protagónico que llegaron a tener. Más allá del indispensable abandono de prácticas burocráticas y clientelares, en el centro de la operación está el papel de la administración pública. Para decirlo de la manera más sintética, se trata de fortalecer el carácter sectorial de las dependencias, mantener la rectoría del Estado, hacer más eficiente la gestión del desarrollo agrario y subrayar la independencia de la procuración e impartición de la justicia. Los temas del campo y los campesinos son asuntos que conciernen al Estado mexicano, lo que no implica su manejo centralizado. El nuevo federalismo se sustenta en las políticas de descentralización y corresponsabilidad entre los tres órdenes de gobierno. El desarrollo de la cuestión agraria y, particularmente, de la reforma rural exige, en las nuevas circunstancias, su conducción y operación desde los gobiernos estatales, para garantizar el despliegue de las fuerzas y


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• ANÁLISIS • capacidades locales, necesariamente diversas. De una cosa se puede estar seguro, independientemente del desenvolvimiento de la reforma agraria: ya no hay espacio para la uniformidad de procedimientos. El suelo, en tanto territorio, frecuentemente no se usa de acuerdo con sus aptitudes. Por motivos ambientales y de rentabilidad, es necesario incorporar al desarrollo de la reforma instrumentos para su redefinición, aprovechamiento y distribución. El aprovechamiento sustentable de los recursos naturales sería uno de sus principales resultados. El ordenamiento territorial tiene efectos generales y también para los propietarios de la tierra, genera elementos e información para la aplicación de programas de inversión y desarrollo regional, favorece la coordi-nación entre instituciones y contribuye a frenar la especulación con la tierra. Importa también, en este sentido, impulsar programas de reservas territoriales. El tamaño de la población no es por sí mismo un problema, lo es en tanto su distribución. La presión sobre la tierra se da en las áreas de cultivo, en buena medida por el fomento de los monocultivos. La enorme diversidad de climas, suelos, vida vegetal y animal y la riqueza cultural son las mejores alternativas para aumentar la oferta y la demanda, el empleo y el ingreso, además de las ventajas agroecológicas de la actividad en el campo. En síntesis, con la reforma rural se busca una nueva regulación de la tierra que incorpore el mercado y el acceso al capital, que mejore el aprovisionamiento de alimentos y materias primas, que eleve la calidad de vida en el medio rural, que los campesinos sean parte de la incorporación de terrenos al crecimiento urbano e industrial, que aporte a la protección del medio ambiente y al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. No se pretende sólo buscar crecimiento y desarrollo en general, o que los índices macroeconómicos mejoren sus niveles per cápita. Principalmente, se busca acercar las distancias en la distribución del ingreso, romper la lógica estructural que subordina a los campesinos a la marginalidad recurrente. No se trata únicamente de mejorar las condiciones coyunturales de las familias rurales, ni de asistir socialmente a los pobres para recrear las condiciones de pobreza. Los campesinos son actores, sujetos de la historia, pero se les han arrebatado sus instrumentos para afectar el rumbo de los acontecimientos. Por eso, además de reorientar la política social, económica y agraria, el objetivo es recuperar la capacidad campesina, ejidal y comunal para amasar su destino; revalorar el trabajo rural; hacer de la

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tierra no un don, una dotación, una dádiva, sino un verdadero factor de producción en beneficie de quien la trabaja. La tierra ya es de los campesinos, pero no lo son sus frutos. Se expusieron argumentos teóricos, hechos e información estadística a favor de una conclusión lógica. Creemos que todo lo existente es medible y, por lo tanto, es posible obtener tendencias de comportamiento. No obstante, no le regateemos importancia y espacios a la imaginación y a la creatividad.


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Organizaciones campesinas y sistema de representación* María Ángeles Guzmán Molina** Introducción

l campo mexicano ha sido objeto de políticas públicas que, bajo diversos modelos de desarrollo, han tenido como objetivo su productividad. Bajo esos modelos se ha ubicado también la reforma agraria con diversas

modalidades, cumpliendo a veces funciones contradictorias. Sin embargo, en las

E dos últimas décadas se ha registrado un profundo cambio en la orientación de la política económica que, a su vez, se ha traducido en las políticas dirigidas al campo. Con ello se ha intentado cambiar el perfil productivo del campo, especial-mente de los campesinos. Pero ese perfil no es el único que ha tratado de modificarse, también se ha intentado cambiar el del productor rural. Los campesinos han reaccionado ante esta Intervención, pero sus acciones no pueden ser entendidas sólo como respuesta ante las políticas públicas, sino como parte de su propio proceso de cambio, pues desde él responden, toman posición, elaboran estrategias y actúan de maneras específicas. * Este trabajo fue recomendado para su publicación por el Jurado Calificador del V Premio Estudios

Agrarios 2000. ** Profesora-investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad

Autónoma de Querétaro.

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Sin embargo, para comprender la actuación de las organizaciones no es suficiente analizar el cambio de las políticas públicas y las respuestas a éstas sin considerar el contexto político en el que se producen. Esta interacción se da en un contexto de

1liberalización política. Esto es fundamental para comprender las estrategias y posibilidades de acción que hoy, después de conseguida la alternancia en el poder, se abren a los productores campesinos. Dicha liberalización se ha expresado, hasta antes del 2 de julio de 2000. en la posibilidad de alternancia en los espacios municipales y estatales, en una mayor pluralidad en la representación política en las Cámaras, en la mayor pluralidad de las organizaciones de representación y en la aparición de organismos de interlocución más plurales. En este contexto, las acciones y estrategias de las organizaciones campesinas cobran un significado diverso al que tendrían si acontecieran en un régimen

2democrático consolidado. En este proceso político no sólo es importante analizar su eficacia representativa —que es normalmente lo que se hace—, sino analizar en conjunto la transformación de las estructuras del sistema de representación campesina. No es objetivo de este trabajo analizar la eficacia representativa en términos políticos, sino la forma en que las organizaciones configuran un nuevo espacio de representación a partir de las políticas públicas y en el contexto del proceso de liberalización política. El objetivo central de este trabajo es mostrar que las organizaciones campesinas

3autónomas se incorporan a la arena política adecuando sus demandas y estrategias al nuevo contexto político y a las políticas públicas de modernización; pero en ello hacen emerger reivindicaciones que no estaban previstas en la política pública. Por lo tanto, sus acciones no pueden ser explicadas sólo como reacciones al contexto, sino como acciones de sujetos en interrelación con el contexto. Las organizaciones campesinas responden a las políticas públicas reestructurándose organizativamente y reformulando sus demandas. En el ámbito de las políticas y las demandas, emergen issues nuevos y autónomamente creados.

1 Por liberalización política estoy entendiendo un proceso de ampliación de la participación, el mayor reconocimiento a los derechos

civiles y políticos, y la mayor posibilidad de organización, siempre y cuando sea controlada por el Estado para mantener el régimen autoritario. El éxito de un proceso de liberalización se basa en la capacidad de controlar la participación de las masas, ya sea mediante la represión o mediante la disuasión (Moruno, 1986, p. 110). Este es el caso de México desde 1977, cuando se reformó la ley electoral y se creó la LFOPPE, la cual permitió alargar la participación de los partidos políticos y establecer alianzas entre éstos y las organizaciones sociales.

2 En este sentido, el análisis que aquí se presenta difiere en su interpretación, debido precisamente a la ausencia de consolidación democrática, de aquellos que se hacen en la misma línea en países con democracias consolidadas, como los de Morlino (1991), Moyano (1988) y Berger (1983).

3 Por organizaciones campesinas autónomas me refiero a aquellas que actúan fuera del marco de representación tradicional creado por la relación organización corporativa-partido-Estado.


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• ANÁLISIS •

En los vínculos que las organizaciones establecen con los poderes públicos se van construyendo canales de intermediación donde es posible observar la reestructura-ción de un sistema basado en una organización con relaciones corporativas con el PRI y el Estado. La aparición de agrupaciones autónomas en la arena política y en los espacios de interlocución, ha ido generado nuevas relaciones de las organizaciones con los poderes públicos. A ello ha contribuido la diferenciación de los intereses entre las mismas organizaciones, la diversidad de las bases que representan y los mecanismos de relación con otros actores políticos, como los partidos. El contexto político de liberalización se nutre con las políticas de descen-tralización, redinamizando los espacios locales donde la representación campesina también ha contribuido a la reestructuración del sistema de representación. En México, éste ha privilegiado las arenas de toma de decisiones a nivel nacional, lo cual se entrelaza con las políticas públicas ejercidas por administraciones centralistas. La descentralización, sin embargo, permite a los intereses locales moverse en arenas también locales, en una continua relación con las arenas nacionales. Políticas de desarrollo como contexto del sistema de representación Desde la Revolución mexicana, no hubo un acuerdo claro sobre la reforma agraria que debía emprender el Estado, ni del papel de ésta en el desarrollo económico nacional. Una posición que se consolidó como dominante fue la de Lázaro Cárdenas (1934-1940), quien determinó una reforma agraria con una visión de desarrollo agrícola basado en el principal producto de la reforma; el ejido (Warman, 1984). Esta visión requería un interlocutor adecuado para la aplicación

4de la política pública. Las condiciones de fragmentación y de enfrentamientos ideológicos y programáticos de las organizaciones campesinas, así como las resistencias de los latifundistas a la expropiación, con la secuela de violencia que esto conllevaba, hacían pensar que la unidad de una organización a nivel nacional era indispensable para la reforma que el presidente pretendía. Así, con interme-diación de Cárdenas se conformó la Confederación Nacional Campesina (CNC), la que más tarde se incorporaría al partido de la Revolución (CNC, 1988). En ese periodo presidencial, la CNC ganó carácter de interlocución a costa de su autono-

4 En este sentido, tomo como premisa las conclusiones de Moyano (1988), el cual afirma que los poderes públicos tratan de construir al

interlocutor idóneo para la aplicación de las políticas.

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mía, pero con ello pudo consolidarse como la organización campesina re-presentante del interés principal de sus miembros: el reparto agrario. Desde este impulso, los siguientes sexenios manejaron la misma orientación de la reforma, pero con acciones que contrastaban con la intención. El ritmo del reparto disminuyó; pero no sólo eso, sino también el apoyo estatal para que el ejido cumpliera con la función que se le había asignado (Mackinlay, 1991). De esta manera se disoció el discurso ideológico que sostenía la reforma agraria de los hechos derivados de la política agrícola. Ésta se orientó hacia un modelo de desarrollo basado en la propiedad privada de la tierra con explotación de tipo capitalista. La organización corporativa de los campesinos nada pudo hacer frente a estas políticas: perdió su papel de interlocutor y se convirtió en el brazo controlador del Estado en el campo. En los años posteriores a 1940 se consolidó

5este papel en un vínculo corporativo con el partido y el Estado, y en un vínculo clientelar de las dirigencias con los poderes públicos y el partido. La relación organización corporativa-partido-Estado conformó, después de 1940, la estructura del sistema de representación de los campesinos que, por su consolidación en la fase posrevolucionaria, se ha convertido en un sistema tradicional. El rezago en el reparto, así como las crecientes expropiaciones ilegales de tierra comunal, sobre todo en los estados del sur, dio lugar en los setenta (Rubio, 1987) a una fuerte movilización en diferentes partes del país. Así, en el primer sexenio de esta década Luis Echeverría recuperó el ritmo de reparto de la época de Cárdenas, aunque no su efectividad. No obstante, en el siguiente sexenio, el de López Portillo, se redujo nuevamente ese ritmo y se declaró ilegal la toma de tierras y las invasiones (Lúa, Paré y Sarmiento, 1988). Estos intentos de reorientar la reforma agraria coincidieron con la crisis registrada en el campo desde los años sesenta —ocasionada en gran parte por el descuido de la producción ejidal y el fracaso de la producción capitalista para enfrentar los mercados mundiales—. Con la idea de contrarrestar esta crisis, López Portillo propugnó una política de productividad y rescate de la soberanía alimentaria a través de dos grandes programas: la Alianza para el Campo y el Sistema Alimentario Mexicano (SAM). Para ello intentó impulsar la seguridad en la tenencia de la tierra declarando terminada la fase del reparto agrario y afirmando la necesidad de pasar a una nueva etapa: la reforma agraria integral, la cual debía incluir el desarrollo productivo. Se trataba de integrar los aspectos agrario y productivo en el desarrollo rural, pero en una visión que no incluía el reparto, aunque sí al ejido y a los campesinos. Sin embargo, las diferencias creadas entre 5 Me refiero al corporativismo como a la situación de subordinación o a las relaciones heterónomas con el partido y con el Estado

(Pizzorno, 1983).


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• ANÁLISIS •

diversos ejidos ocasionaron que las posibilidades de aprovechamiento de los beneficios de la política pública fueran también diferenciadas. Durante el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988), la estrategia para el desarrollo económico y social se orientó a recuperar el crecimiento y a mejorar el desarrollo mediante dos líneas fundamentales de acción, integradas en la Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1983-1988: la reordenación económica y el cambio estructural (SPP, 1983, p. 28). La intención de modernizar el aparato productivo para hacerlo eficiente y eficaz, la racionalidad en la aplicación de recursos y la reactivación de la responsabilidad del sector privado en los mecanismos del mercado complementaron la orientación de la política económica. Sin embargo, ésta se hizo patente en los ajustes al gasto y en la reducción de funciones de los organismos estatales que regulaban algunos aspectos mercantiles y de crédito. La política agraria tuvo una sola línea de aplicación bajo el modelo de desarrollo rural integral. El objetivo principal de la estrategia era:

El mejoramiento de los niveles de bienestar de la población rural con base en su participación organizada y la plena utilización de los recursos naturales y financieros, con criterios sociales de eficiencia, permanencia y equidad, fortaleciendo su integración con el resto de la nación (SPP, 1983, p. 267).

Parte de este programa general se denominó reforma agraria integral:

El concepto de desarrollo rural integral supera la etapa de simple redistribución de la tierra para poner énfasis en la seguridad jurídica de su tenencia, en la organización, en el apoyo a la producción, en mecanismos más eficientes de comercialización y en la promoción del desarrollo social, todo ello bajo el concepto de plena responsabilidad de los campesinos (De la Madrid, 1987, p. 267).

En la política agraria de Miguel de la Madrid, así como en la de su antecesor, el reparto fue un objetivo secundario frente al prioritario de establecer la seguridad en la tenencia de la tierra y fomentar la producción. Esto último con objeto de

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endentar la reforma, completarla haciendo productores a los campesinos dotados

6de tierra y apoyarlos ya no mediante la concesión, sino en el proceso productivo. Pero ese apoyo estuvo acompañado por las consecuencias del recorte en la administración pública, al tiempo que las medidas aplicadas obligaban a los

7productores a incorporarse al mercado sin las protecciones de antes. La liberali-zación de precios y la disminución de la intervención en la comercialización de productos e implementos agrícolas impactaron negativamente en muchos pro-ductores que no estaban preparados para acceder a un mercado liberalizado. Los precios de garantía se mantuvieron con objeto de incentivar la producción, pero los productos protegidos se fueron reduciendo, así como el monto real de los

8precios. Otra medida conjugada con este panorama fue la reducción del gasto público en el sector primario, lo cual se tradujo en contracciones importantes en el fomento a la producción campesina y en la falta de inversiones en el sector en

9general. La soberanía alimentaria, que fue parte de los objetivos de este plan, no 10se logró en el sexenio.

Una de las bases estratégicas del programa consistía en promover la organización de los productores en unidades de desarrollo rural para combatir el minifundio. Para entonces, el minifundio se consideraba ya un problema para el desarrollo rural, ya que se veía la pulverización de la tenencia de la tierra como causa de la improductividad y de la imposibilidad de competir en los mercados, tanto nacionales como internacionales. La asociación de productores podía dar lugar a unidades productivas susceptibles de modernización. La participación de la población rural se consideraba indispensable para promover su actuación como sujetos de desarrollo. El desarrollo rural fue concebido ya no sólo como obra del Estado, sino también de la población organizada. Por lo tanto, la eficiencia del programa correspondía a ambas instancias; se compartían las responsabilidades. En el PND se señalaba, además, que el crédito, aseguramiento,

6 En ese sexenio se expidieron 8 millones de hectáreas, mientras que se ejecutaron sólo 5 millones, siéndo la dotación más baja en

número de ejidos desde 1915: un millón 649 mil 681 (Mackinlay, op. cit., p. 150 y anexos). 7 Parra y Moguel (1998) realizaron un análisis de los problemas organizativos y productivos de los cafeticultores chiapanecos. 8 En 1983 el Presidente informó que los precios de garantía del trigo se elevaron en 103 por ciento, los del maíz en 81 y los de la

cebada en 180% (De la Madrid, 1983, p. 66). Sin embargo, estudios del Banco de México y de la SARH detectaron durante el periodo presidencial una disminución real de 40.1% en el precio del maíz, de 47.9 en el frijol y de 33.4% en el trigo (Fritscher y Steffen, 1991, p. 107). Cabe señalar que en los primeros años de la gestión de Miguel de la Madrid se registraron importantes movilizaciones campesinas reivindicando precios de garantía más justos, en las cuales participaron organizaciones autónomas afiliadas a la UNORCA, agrupación que se acercó mucho a la administración de ese sexenio.

9 Es difícil establecer la comparación en el monto absoluto debido a la inflación en esos años; sin embargo, los números relativos reflejan el papel secundario de la agricultura. El porcentaje de la inversión pública destinado al agro bajó de 10.5% en 1982 a 6% en 1988 (Fritscher y Steffen, op. cit., p. 102).

10 En 1983 se importaron 8.5 millones de toneladas de maíz, sorgo y soya (De la Madrid, 1983, p. 66). En 1984 el Presidente informó que el país era autosuficiente en algunos productos básicos; sin embargo, la producción de maíz era 25% deficitaria; también era insuficiente la producción de sorgo, arroz y oleaginosas (De la Madrid, 1984, p. 137).


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• ANÁLISIS •

insumos, inversión pública y demás apoyos se otorgarían a los campesinos organi-zados. Para impulsar la organización campesina, se decía:

"...será necesario partir de un concepto de organización integral, en donde ésta constituya la línea central del desarrollo rural y tenga como objeto, en el corto plazo, integrar unidades básicas de desarrollo rural integral de acuerdo con las diversas modalidades de tenencia de la tierra. Estas unidades harán posible incrementar la eficiencia de los servicios y apoyos que reciban los campesinos; propiciarán la aplicación ventajosa de tecnologías favorables a la producción con las consecuentes economías de escala; auxiliarán a los campesinos para que desarrollen todas sus actividades productivas, y significarán un instrumento adicional para la defensa de sus intereses (SPP, 1983, p. 293).

El fortalecimiento de la organización para la producción fue apoyado en este sexenio con programas específicos de fomento organizativo. A diferencia del periodo echeverrista —cuando comienza la intención de asociar a los productores para vencer las dificultades del minifundio—, esta política se ejerció en un marco de acción real, como lo fue la transferencia de responsabilidades a los pro-ductores, y en un ambiente de participación, si no formalizado, sí desarrollado concretamente por varias organizaciones de productores. Comenzaron así a ser aceptadas en el plano de la política pública agrupaciones autónomas que luchaban por organizar su producción y cuyo objetivo básico era la apropiación de su excedente liberándose de la dependencia de las instituciones públicas en el proceso productivo. Sin embargo, su fortalecimiento como interlocutores ideales de la política pública se vio obstaculizado por los continuos recortes presu-puestales y la necesidad política de mantener el régimen autoritario, función que cumplía la organización corporativa. No obstante, el reconocimiento que obtuvie-ron, independientemente de su incorporación o no al sistema de representación tradicional, significó el inicio de nuevas formas de gestión y el acercamiento hacia el gobierno, proceso que se consolidaría en el sexenio siguiente. En el plan presentado por el presidente Carlos Salinas de Gortari aparece nítidamente la concepción de desarrollo y del modelo económico que orientaría sus políticas

11económicas. 11 La crisis y el fracaso económico que enfrentaba México eran, según el discurso del Presidente, resultado de una serie de políticas

equívocas del pasado, cuyo objeto había sido sostener artificialmente parámetros de desarrollo. Pero tales medidas habían mostrado ya su inconsistencia: "En la actualidad, un gran número de naciones ha adoptado procesos profundos de modernización económica. Estos procesos se apoyan, en buena medida, en la supresión o modificación de regulaciones excesivas o mal diseñadas que gravitan sobre el potencial de sus economías, en una mayor competitividad económica interna y externa, en la prioridad de las acciones encaminadas a fortalecer y modernizar sus estructuras e infraestructuras productivas, en la adopción de técnicas basadas en los importantes progresos tecnológicos que caracterizan al mundo de hoy, y en la corrección de desequilibrios generados por una

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La modernización económica incluía la prioridad de modernizar el campo. Éste debía apoyar la competitividad de la economía mexicana, incluyendo la producción campesina. Se requerían para ello organizaciones de productores fuertes, certeza jurídica en la tenencia de la tierra y un mejor aprovechamiento de su potencial. Ésta era la estrategia para competir con eficiencia en un mercado internacional que se abriría aún más con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En este contexto se modificó el Artículo 27 constitucional. El nuevo marco jurídico enlazaba la necesidad de la certeza jurídica con los mecanismos de

12producción para promover el programa integral en el campo. En diciembre de 1991, 268 organizaciones firmaron un manifiesto campesino apoyando la iniciativa presidencial para reformar el Artículo 27. El 7 de febrero el Presidente envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión las iniciativas correspondientes a la Ley Agraria que reglamentaban el Artículo 27 constitucional, así como la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios (Presidencia de la República, 1994). La reforma de 1992 suprimió el derecho de los pueblos a solicitar tierra; se mantuvo el derecho territorial de los pueblos indígenas, y la propiedad ejidal de uso común continuó siendo inalienable, no así la de uso agrícola que, a partir de entonces, puede ser vendida pero con aprobación de la asamblea. Terceros adquirieron el derecho de asociarse con los ejidos para apro-vechar las tierras de uso común. De esta forma se puso fin al reparto de tierras comenzado después de la Revolución de 1910. El programa de modernización del campo sería coordinado por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) mediante una modalidad nueva: los convenios de concertación (Salinas, 1989). Esto era fundamental en la política de modernización, de tal forma que se creó una subsecretaría de concertación (Presidencia de la República, 1994). Se trataba de establecer convenios directa-mente con las organizaciones de productores para liberar fondos destinados a proyectos productivos específicos. Los convenios establecían compromisos pura-mente productivos y financieros entre el Poder Ejecutivo y las agrupaciones.

actividad estatal que. en su tiempo, se basó en el supuesto de que el gasto público deficitario era un medio capaz de fomentar un dinamismo sostenido de la capacidad productiva." (SPP, 1989, p. 6.)

12 El Presidente anunció la reforma al Artículo 27 de la siguiente manera: "Promoveré un programa integral de apoyo al campo con recursos adicionales para capitalizarlo, abrir opciones de proyectos productivos y de asociación, y proteger la vida en comunidad. Esto requiere también de reformas a la legislación agraria que mantengan claramente lo ya ganado y que faciliten las luchas futuras del pueblo campesino por su dignidad y bienestar. En ello la decisión habrá de corresponder a la soberanía de este Congreso. No se trata de soluciones absolutas; tampoco de resolver el minifundio volviendo al mismo. Pero sí de sembrar una nueva semilla de libertad y autonomía en el campo para que los campesinos puedan defender sus intereses y obtener bienestar, por ellos mismos, con el apoyo y el respeto del Estado (...). Ratificaremos la vigencia de las tres formas de propiedad que establece la Constitución para el campo: ejidal, privada y comunal. El ejido permanecerá, pero promoveremos su transformación." (Salinas de Gortari, 1991, p. 56.)


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• ANÁLISIS •

En su primer año de gobierno, Salinas propuso la creación de un sistema de convergencia entre las diferentes organizaciones campesinas que sirviera como órgano de interlocución con el Estado. La CNC trató de hacer suya la iniciativa y convocó a la formación del Congreso Agrario Permanente (CAP) (Presidencia de la República, op. cit.). El acercamiento de Salinas con las agrupaciones autónomas y su reconocimiento a través de la participación en el CAP permitió la consolidación de las organizaciones de productores, que eran las que tenían ca-bida en esta relación. El CAP ha funcionado así como centro de gestión de las políticas públicas orientadas a impulsar la productividad campesina. No es un espacio donde se discuta la orientación de la política pública en general, sino su aplicación. Ernesto Zedillo asumió la Presidencia de la República en un ambiente de recurrentes crisis económicas, aunadas a la crisis política. No propuso ni anunció diferentes planteamientos respecto al modelo económico. Sus propuestas acentua-ban más bien la necesidad de consolidar las políticas económicas ya diseñadas y, a partir de su continuidad, sobreponerse a la reiterativa crisis económica. En 1995, durante su primer Informe de Gobierno, Zedillo anunció la puesta en marcha de un programa que implicaría "un amplio proceso de inversión en capital humano, infraestructura y tecnología" (SHCP, 1995, p. 54); es decir, el programa que constituye la innovación de su gestión respecto al campo: Alianza para el Campo. Básicamente, este programa trata de unir a los productores privados y ejidales bajo una misma línea de trabajo. Esto manifiesta que, como resultado de la reforma de 1992, ahora no se diferencia, en el discurso, entre productores del sector social y el privado. La política de apoyo al campo involucra a los productores, sin más adjetivo. Aun cuando se sigue manteniendo la diferencia entre productores para subsistencia y productores para el mercado, ya no son

13separados como receptores de políticas distintas, por lo menos retóricamente. Para la elaboración de esta alianza se realizaron múltiples reuniones entre la Comisión Intersecretarial del Gabinete Agropecuario y organizaciones de productores agropecuarios. En la reunión de presentación de la Alianza para el Campo participaron, manifestando su adhesión y compromiso, representantes del CAP, la CNC, la Confederación Nacional de Pequeños Productores, el Consejo Nacional Agropecuario, la Asociación Nacional de Agricultores y la Asociación Nacional Ganadera (Sagar, op. cit.). Ello muestra un nuevo grupo de interlocución 13 El programa Alianza para el Campo consiste en un trabajo coordinado entre las diferentes dependencias federales en comuni-

cación constante con las organizaciones de productores. Sus objetivos son aumentar el ingreso de los campesinos, incrementar la producción agropecuaria a una tasa superior a la del crecimiento demográfico, producir en suficiencia alimentos básicos para la población y fomentar las exportaciones. Entre otros objetivos, el programa pretende ampliar las posibilidades de tecnificación, fomentar la capitalización del campo y promover la capacitación de los recursos humanos. En este programa se incluye el esfuerzo para elevar los niveles de vida y combatir la pobreza en el campo (Sagar, 1998).

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que sienta en la mesa de negociación tanto a los productores empresariales como a los campesinos. Sin embargo, la aplicación de las políticas públicas de corte nacional, con poca atención a las condiciones regionales, ha profundizado las diferencias entre los productores. En esta diferenciación ha jugado un papel importante el reparto agrario, que se realizó sin atender a tipos de unidades de producción ideales. En el momento en que se aplicaron las políticas neoliberales existía una profunda diversificación entre los campesinos, así como entre sus intereses. En un estrato se ubicaría a los campesinos que producen para la autosubsistencia, debido al tamaño de sus parcelas y las condiciones de la tierra que poseen, cuyas con-diciones de vida los hacen objeto de las políticas sociales y cuyos intereses se orientan hacia la mejora de sus condiciones de vida y hacia mecanismos de sobrevivencia. Otro estrato estaría formado por los campesinos medios, aquellos cuya producción puede ser competitiva en el mercado; sus intereses, entonces, se orientan a lograr mejores condiciones de producción y comercialización. Entre estos dos estratos pueden surgir muchos más dependiendo de las variables que se utilicen. Lo importante es observar que la diversifícación da lugar a intereses diferenciados. La movilización campesina generada en los setenta refleja la radicalización de la demanda por la tierra ante la crisis generalizada de la producción agropecuaria (Blanca Rubio, op. cit.). Pero también en esta década el Estado, mediante su creciente intervención en la economía agrícola, llegó a controlar las diferentes

14fases del proceso productivo. Entre los campesinos beneficiados por el reparto agrario se comenzó a extender una nueva demanda que los uniría en la siguiente década: la lucha por el proceso productivo. Esta demanda se fortaleció con las políticas productivistas de José López Portillo al final de su sexenio, mediante las cuales incorporó a los campesinos en su objetivo de recuperar la autosuficiencia alimentaria. Así, al comenzar la década de los ochenta, cuando se iniciaron las políticas neoliberales, existían entre las organizaciones de productores dos intereses claramente diferenciados: el reparto agrario y la apropiación del proceso produc-tivo. Esta diferenciación expresa la fragmentación producida entre los campe-sinos, la cual es difícil de agregar en una organización unitaria. En la defensa de campesinos sin tierra emerge la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), y en la defensa de la apropiación del proceso productivo aparece, hasta 1984, 14 En la década de los setenta, ante la crisis, el gobierno de Echeverría amplió la participación del Estado, sobre todo en los circuitos de

comercialización, creando paraestatales que capturarían la producción de algunos productos para la exportación, como Tabamex y el Inmecafé. Asimismo, controló la producción y comercialización de azúcar, y renovó las instituciones de crédito y seguro (Appendini et al, 1983).


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• ANÁLISIS •

la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA). Existe un tercer organismo de carácter nacional que inició con una lucha diferente: la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), que comenzó tratando de sindicalizar a los trabajadores del campo, pero ante el reconocimiento de que el principal interés de sus agremiados era la adquisición de tierras, asumió la lucha agraria, llegando a defender, en los últimos años, la apropiación del proceso productivo. Esta es la única organización que ha intentado una agregación de diversos intereses; sin embargo, su defensa ha va-riado en el tiempo; es decir, no ha sido simultánea. Existen otras organizaciones que han actuado en la arena política en el ámbito nacional, pero el análisis aquí presentado se basa en las tres citadas por considerar que han innovado sus formas organizativas, estratégicas y de acción política, impactando así en el sistema de representación. Las organizaciones autónomas La iniciativa organizativa autónoma respecto a la estructura tradicional de representación se produce desde la década de los cincuenta con la aparición de la Unión General de Obreros y Campesinos Mexicanos (UGOCM), y en la década de los sesenta con la Central Campesina Independiente (CCI) (Moguel, 1989; Cartón de Grammont, 1989). Ambas organizaciones intentaban agrupar los intereses de los campesinos de forma independiente, pero no pudieron lograrlo en el clima autoritario y poco plural que les tocó enfrentar. Sus dirigentes fueron cooptados y sus bases incorporadas al partido oficial. No fue sino hasta la década de los setenta cuando surgieron organizaciones con mayor posibilidad de autonomía en un contexto de liberalización política. a) El ocaso de una demanda: CNPA y la lucha por la tierra La lucha campesina, así como los movimientos populares en general adquirieron un nuevo impulso a raíz del movimiento estudiantil de 1968. En diferentes estados los estudiantes apoyaron e impulsaron la movilización campesina, cuyo motor propio se encontraba en la crisis del campo que les afectaba de manera directa. En varias regiones del país surgieron agrupaciones alentadas por una forma organizativa denominada Línea de Masas (Renard, 1997), que incorporaba a campesinos desatendidos por las centrales oficialistas. La forma organizativa de estos grupos se tradujo en frentes regionales. Así comenzó la formación de varias

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agrupaciones autónomas que fundaron su identidad en su independencia respecto al sistema tradicional de representación. Como parte de su definición estaba la democracia interna y la lucha anticapitalista. Además de la toma de tierras, se extendió la práctica de realizar manifestaciones multitudinarias del campo a las capitales estatales y de la provincia a la Ciudad de México. Los mítines también se convirtieron en práctica cotidiana. Todo ello reflejaba la ausencia de canales de intermediación institucionalizados para la inclusión de estas demandas autónomas y, por otra parte, la ineficiencia de los mecanismos corporativos para contener las protestas en una fase de crisis. La represión con que fueron enfrentadas hizo que estas organizaciones incorporaran en sus exigencias aquellas contra la represión y por la democratización de los espacios municipales. La lucha por la propiedad y por la producción, en un contexto de autoritarismo, involucra necesariamente a los otros tipos de lucha, ya que el principal obstáculo para las demandas campesinas comienza en su contexto inmediato. Ello explica también la opción organizativa de lucha a través de frentes, debido a que ese contexto autoritario se impone también a otros sectores de la población. Las organizaciones que surgen desde las bases y con una identidad fundada en la autonomía van construyendo un nuevo espacio de acción que no tiene cabida bajo el sistema tradicional de representación, pero logran la incorporación de sectores campesinos con nuevas ideologías: la democracia y la autogestión. La lucha por la democracia, por lograr representaciones reales, tanto en las organizaciones como en los espacios municipales, se empata con la demanda de instituciones eficientes. Esto se refleja en la toma de oficinas públicas y en las acciones emprendidas contra los funcionarios. Es una reivindicación aparejada a las demandas centrales por la tierra. La diversidad de demandas en la década de los setenta reflejaba los diferentes aspectos de la vida social y política involucrados en las acciones de los campesinos al movilizarse, pero también la diferenciación existente entre ellos. Así, los campesinos pobres, los que producían para su subsistencia, habían dejado de ser los productores de básicos y encauzaban su lucha principalmente a la defensa de su tierra. Eran predominantemente indígenas, y sus luchas se registraban especialmente en el sur del país. En estas luchas se observa el enlace de acciones democratizadoras contra la represión y contra funcionarios públicos. Los campesinos medios se vieron involucrados en la dinámica de la política pública productivista y dirigieron sus acciones a la defensa de sus procesos productivos y a la lucha por la autogestión. En este periodo, estas luchas se registraron especialmente en el norte del país, donde se ubicaron las principales dotaciones (Rubio, op. cit). Esto es reflejo de una nueva estructura social en el campo.


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• ANÁLISIS •

En la segunda mitad de la década de los setenta se produjo un repliegue en las movilizaciones, pero a la vez las organizaciones se consolidaron en los espacios regionales (Rubio, op. cit.). A partir de entonces comenzaron a impulsar acciones que las harían converger hacia una mayor coordinación en el ámbito nacional. En 1979, como producto de la confluencia en congresos, se formó la CNPA, para aglutinar a las organizaciones regionales que luchaban por la tierra. Su consolida-ción se produjo paradójicamente cuando el gobierno cerró, de manera más enér-gica, el reparto agrario. Sus planteamientos principales aludían a la coordinación y la ayuda mutua para enfrentar las políticas públicas consideradas anticampesinas, y privilegiaban las relaciones horizontales como un mecanismo para garantizar la democracia interna (CNPA, 1982). Su carácter organizativo fue el de "frentes" agrupados como redes de organizaciones. La base de su identidad independiente se construía en contra de las organizaciones oficialistas que habían firmado el

15pacto de Ocampo en 1976, y en un contexto político donde el gobierno trataba de fortalecer el sistema de representación apoyando la hegemonía de la CNC. La CNPA se declaraba contra la Alianza para la Producción y contra el SAM, las dos líneas de política agrícola de López Portillo; rechazaba cualquier injerencia de los partidos políticos, aunque respetaba los acuerdos de sus organizaciones regionales con éstos. Mantenía una desconfianza hacia los partidos, a los cuales consideraba capaces de utilizar la movilización para fines electorales (Lúa, Paré y Sarmiento, op. cit.). El avance hacia la organización nacional fue al mismo tiempo el avance de la movilización. La CNPA estableció alianzas temporales con otras organizaciones con las que encontraba coincidencias ideológicas, e incorporó de manera fundamental la lucha contra la represión. A partir de 1982 inició para la CNPA un periodo de descenso en las moviliza-ciones, que al contrario del periodo de ascenso, significó su debilitamiento estruc-tural. Algunas de las agrupaciones participantes dejaron de compartir el rechazo a la política pública, especialmente porque habían visto los beneficios del SAM en algunos campesinos de características similares a las suyas. Con el nuevo gobier-no de Miguel de la Madrid se cerraron los espacios de negociación que la Coordinadora había logrado abrir. El mandatario declaró que daría fin al reparto distribuyendo las tierras legalmente afectables. La movilización por la tierra se volvió más esporádica. El éxito de los primeros años fue decayendo debido a la persistencia de la crisis, que colocaba a los campesinos dotados en la urgencia de lograr mejores niveles productivos. 15 Mediante este pacto, las organizaciones del PRI se comprometían a no impulsar la demanda de la tierra y a no invadir terrenos

(Rubio, op. cit.).

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La membresía de la CNPA estaba compuesta mayoritariamente de campesinos pobres temporaleros, solicitantes de tierra y jornaleros. La mayoría de las agrupa-ciones miembros eran de indígenas de los estados del centro y del sur del país que luchaban por la conservación de sus recursos y por la democracia de sus espacios ejidales, municipales y regionales (Rubio, op. cit.) Los campesinos medios fueron atraídos por las instituciones públicas desde los tiempos del SAM, por ello no pudieron permanecer en la organización que se manifestaba contra las políticas públicas. Su debilitamiento refleja la fragmentación que se había dado ya en el campo y la diversificación de intereses que no pudo agregar. Sin embargo, la trascendencia de esta organización radica en las líneas de lucha que abrió. En efecto, más allá de la lucha por la tierra, la CNPA impulsó la lucha contra la represión, tanto en los espacios locales como nacionales. Otro aspecto importante es su estructura organizativa, por un lado, basada en "frentes" donde se podían aglutinar y agregar intereses de diferente tipo, y, por otro lado, las redes organizativas creadas con organizaciones regionales. Esta innovación fue retomada más tarde por la UNORCA. b) Redefinición de intereses desde las bases campesinas: CIOAC Los orígenes de la CIOAC pueden rastrearse desde la década de los sesenta, cuando se creó la cci. Militantes del Partido Comunista que participaban en esa central rompieron con el grupo que se incorporó al PRI, y en 1975 cambiaron su nombre por el actual de CIOAC. Esta central, a diferencia de la CNPA, surgió ligada con un partido, no orgánicamente sino por la participación de su dirigencia en éste, y por las alianzas explícitas que se construyeron desde la reforma de la LFOPPE en 1977. Pero si había comenzado sus acciones con la defensa del reparto agrario, una nueva orientación ideológica transformó sus objetivos hacia la organización del proletariado agrícola. La lucha por la tierra pasó a un segundo plano y sus acciones se orientaron a conseguir la sindicalización del proletariado agrícola (Paré, 1977). A diferencia de la CNPA, que planteaba sus objetivos desde lo que sus organizaciones miembros establecieran como tales, la CIOAC los planteaba como reivindicaciones fundacionales. En la persecución de este objetivo tuvo cierto éxito en las zonas del norte de la República, donde la agricultura más moderna y capitalizada emplea constantemente mano de obra. Sin embargo, pronto constataron que el interés de los peones de las plantaciones del sur y, aunque en menor medida también de los del norte, era obtener tierra.


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Este interés llevó en 1978 a la CIOAC a diversificar sus frentes de lucha a partir de tres grandes líneas: la lucha por la tierra, la lucha por condiciones adecuadas para la producción y la lucha por la sindicalización de los trabajadores del campo (CIOAC, 1996). La máxima autoridad de la central es la asamblea nacional, que se reúne cada tres años; los órganos intermedios se encargan de elegir a la dirección nacional. Al igual que en las otras organizaciones autónomas, la CIOAC tiene como interés primordial la democracia interna, la cual es también un principio de identidad. Los procesos de toma de decisión se determinan no sólo por la posibilidad que otorga la estructura organizacional, sino por el nivel de participación de los miembros y las relaciones que se establecen con los dirigentes. Una dirigente estatal describe la situación de la siguiente manera:

A veces es necesario tomar decisiones sin consultar a las bases. No puedes estar en una reunión e interrumpir para convocar a una asamblea. Pero nosotros sabemos que hay cosas que podemos decidir y hay cosas que no podemos sin consultar a la asamblea. Ellos también saben muy bien que hay cosas que no podernos decidir por nuestra

16cuenta. Creo que ellos confían en nosotros. Esta organización ha tenido una mayor definición ideológica, producto de su origen partidista. Sin embargo, sus objetivos se han modificado a partir de dos elementos: por la interacción en la arena política (la cual aceptan a diferencia de la CNPA) y por la participación de las bases. Originalmente, la CIOAC planteaba un proyecto eminentemente socialista; rechazaba el productivismo estatal y proponía la expropiación de la tierra de los ganaderos, de la agroindustria y de la maquinaria. Su posición de enfrentamiento y rechazo a la negociación se mantuvo hasta 1988. Con la llegada del nuevo Ejecutivo y su política de concertación, la CIOAC inició una nueva etapa de relación con los poderes públicos. Incluso se encuentra entre las organizaciones que aceptaron firmar el acuerdo sobre las modificaciones al Artículo 27. Un miembro de la central señala al respecto:

Todos entendemos la necesidad de la firma del acuerdo, pero sabemos que no tenemos por qué respetar tal acuerdo si el gobierno no respeta los suyos. En cuanto los campesinos vuelvan a demandar tierras, nosotros nos movilizaremos. Un acuerdo no puede borrar las necesi-

17dades de los campesinos.

16 Entrevista con dirigente estatal de la CIOAC, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 8 de agosto de 1998. 17 Entre vista con asesor técnico de la CIOAC en San Cristóbal de las Casas, Chis., 10 de agosto de 1998.

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Las acciones de esta organización, al igual que en la CNPA, comenzaron con las movilizaciones a escala nacional. En algunos momentos organizaron sus movili-zaciones con la Coordinadora. Durante el periodo de Miguel de la Madrid la CIOAC mantuvo sus tres líneas de trabajo, pero su presencia fue marginal. No contaba entre sus bases con organizaciones de productores, como en el caso de la UNORCA, que le permitieran entrar en la concertación; por otro lado, continuaba manteniendo la demanda de la tierra e incluso encabezó invasiones en el sur del país. Esto se sumó a una posición de fuerte rechazo a los recortes presupuéstales y a la liberación de precios. Durante este periodo, su posición, así como sus accio-nes, fueron mucho más cercanas a las de la CNPA. También la unía a esta última la similitud de sus bases. La CIOAC participó en la contienda electoral de 1988 como parte del Frente Democrático Nacional. Más tarde ratificó su alianza con el nuevo Partido de la Revolución Democrática (PRD) y desde entonces participó con éste aportando candidatos a las legislaturas locales y a las federales. La política de Salinas, mucho más decidida que su antecesor en el acercamiento con las organizaciones sociales, alcanzó a la CIOAC, no obstante las duras críticas de esta organización y el rechazo del PRD al gobierno considerado ilegal. Poco a poco, algunos de los miembros de la CIOAC iniciaron el acercamiento con la administración hasta aceptar la participación en el CAP. Éste es uno de los aspectos que muestran su autonomía respecto al partido. En diciembre de 1991 la CIOAC firmó el acuerdo donde acepta que se da por concluido el reparto agrario, lo cual produjo una gran escisión en la central. Sin embargo, el afianzamiento regional que había conse-guido le ha permitido mantenerse como una organización que vincula los niveles regionales con una dirigencia que gestiona en el nivel nacional, aceptando además la intermediación en las Cámaras a través de un partido. Éste es uno de los elementos que le da especificidad a esta organización. Su relación con el partido en este sentido puede ser identificada como de "dominio condicionado", enten-diendo por esto —siguiendo a Morlino (1991)— una relación en la que la organización establece una relación de intercambio con el partido: la organización provee al partido de votos y de algún personal en la representación política, pero mantiene su autonomía y la obligación de recurrir al instituto político para su mantenimiento, así como para hacer valer sus intereses. Los principales frentes de lucha de la CIOAC se han mantenido, pero aunque programáticamente ha sostenido como prioridad la lucha por la sindicalización del proletariado agrícola, durante el periodo de Miguel de la Madrid sus


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principales acciones fueron la defensa de la propiedad y la dotación de tierra, para pasar, en el periodo de Carlos Salinas, a lograr mejores condiciones de produc-ción. Sus tácticas también han cambiado de la movilización nacional hacia la negociación con el gobierno y la asociación con organizaciones no guberna-mentales. En 1995 comenzó su participación en la contienda electoral municipal, pro-poniendo candidatos para las alcaldías. La fuerza de sus bases se refleja en el triunfo electoral logrado en los municipios donde se encuentran sus bases, especialmente en Chiapas. Desde sus inicios, la CIOAC se propuso combinar la movilización con la negociación. Sus posiciones, a diferencia de la CNPA, no la llevaron a un enfrentamiento y rompimiento con la administración pública; al contrario, ha tratado de aprovechar los espacios de negociación que se abren para obtener resultados. Así, define su posición como crítica a la política neoliberal, pero asume la negociación como primera estrategia. (CIOAC, 1995). La lucha electoral, en alianza con el Partido Comunista Mexicano (PCM), después el Partido Socialista Unificado de México (PSUM) y finalmente con el PRD, obedece ciertamente a sus orígenes partidarios; sin embargo, también se incorpora en los objetivos de la organización, que desde sus inicios incluye la lucha electoral como un planteamiento general de democratización. La definición de la lucha por la democracia en el nivel nacional, aparece como una lucha general que incluye la reforma política como un bien en sí mismo, pero en momentos aparece vinculada como posibilidad de realización de las demandas

18de la organización. La democracia aparece como condición para establecer una arena política donde no exista el monopolio de los intereses de un solo partido. La lucha por la democracia no es exclusiva de la CIOAC, pero al ser ésta una organización con vínculos funcionales muy cercanos a un partido, aquélla atraviesa planteamientos abstractos que se enlazan con las demandas organi-zativas concretas: "la lucha por la democracia se da en varios frentes, el electoral,

19el organizacional, es un aprendizaje en todos los niveles". Como puede verse, la democracia política no se deja sólo al partido: se asume como elemento sin el cual

18 En un mismo documento de la CIOAC se señala la necesidad de que las instancias de participación popular sean democráticas para

llegar a una verdadera solución, y alternativas de políticas que prioricen las fuentes de empleo, así como programas de educación, salud y vivienda. Así, la democracia es vista como el camino para cambiar de modelo económico y plantear una alternativa desde abajo. En el mismo documento, el planteamiento se abre a otros aspectos, y se incluye como una de las tareas específicas de la CIOAC: "Su dilatada experiencia le ha mostrado a la CIOAC que la sola acción gremial no es suficiente. La difícil experiencia nacional sigue mostrándonos que la libertad, la democracia, la justicia y la paz, pese a que debieran ser bienes colectivos, siguen siendo dosificados, acaparados y manipulados al servicio de un solo partido y sus intereses. La ausencia de un Estado de derecho es la norma que impide una salida democrática. La crisis abismal y la inseguridad ciudadana explica, en parte, que algunos sectores del campo hayan optado por la lucha armada" (CIOAC, 1996).

19 Entrevista con ejidatario de la colonia Lázaro Cárdenas, Simojovel, Chis., 27 de junio de 1998.

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no se pueden perseguir los propios objetivos de manera eficaz, y es en este sentido que la relación con el partido se refuerza. c) De la aceptación de las políticas al compromiso campesino: UNORCA La Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), tiene sus antecedentes en las organizaciones de los ejidatarios dotados durante el periodo presidencial de Echeverría, especialmente en la Coalición de Ejidos Colectivos de los Valles del Yaqui y del Mayo (CECVYM), que incorporaba a 54 ejidos colectivos y a cerca de 30 mil ejidatarios (Singer, 1990). Esta organización ha cuidado con esmero que sus estructuras permitan a las dirigencias el continuo control de las bases, con la intención de evitar los malos manejos y garantizar la democracia interna. La estructura se produce a partir de comités con tareas específicas que rinden sus informes en asambleas temáticas; cuenta con un comité directivo central que realiza la planeación, la concertación y homogeneización de criterios y opiniones. Ha buscado mecanismos de acción que le permitan independencia ante las instituciones públicas, así como fondos para abastecer sus propias necesidades de crédito administrados por asociaciones. Bajo la experiencia organizativa de la CNPA, en la cual la CECVYM había participado, se convocó a encuentros nacionales con organizaciones interesadas en su forma de gestión y acción. Así, en 1983 se comenzaron a realizar estos en-cuentros hasta culminar en 1984 con la formación de la UNORCA. En su declaración de principios, se afirma que lo que une a las organizaciones firmantes es el apoyo mutuo para desarrollar proyectos productivos, de comercia-lización y bienestar social de cada organización, gestionando ante las insti-tuciones públicas y organismos crediticios, respetando su filiación y participación en diferentes centrales del país (Singer, op. cit.). Actualmente la UNORCA está formada por 280 organizaciones regionales que agrupan a más de 200 mil productores distribuidos en 21 estados de la República. Las formas asociativas de las organizaciones miembros corresponden a las promovidas por los programas de desarrollo de la política agrícola de los últimos años, a saber: ARIC, Uniones de Ejidos, Uniones de Crédito, Fondos de Aseguramiento, Sociedades de Solidaridad Social, Sociedades de Producción Rural, Sociedades Cooperativas, Sociedades Civiles, grupos de mujeres organizadas y UAIM (UNORCA, 1997). Los principios que se encuentran en la base de esta organización son: desarrollo rural integral y sustentable, bienestar y justicia social, gestión municipal y organización campesina.


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En su etapa constitutiva, la UNORCA realizó movilizaciones regionales y tomas de carreteras, oficinas públicas y almacenes de granos. Sus acciones, en esa fase constitutiva, fueron importantes en la lucha por los precios de garantía. Obtuvo buenos resultados, ya que el gobierno de Miguel de la Madrid, mantuvo los precios altos durante los últimos años de su gestión. Los acercamientos con esta administración impulsaron su consolidación organizativa. Así, se establecieron varios convenios con diferentes organismo públicos para desarrollar proyectos específicos. A diferencia de la CIOAC, la UNORCA no establece alianzas con los partidos políticos, pero respeta la militancia política de sus agremiados, incluso su participación como candidatos. Sin embargo, no usa la estructura organizativa para apoyarlos; acepta el acercamiento con los partidos políticos participando en los foros a los que éstos convocan para discutir sobre la cuestión agraria y la problemática campesina. En este sentido, su relación con los partidos puede ser calificada como de "neutralidad", ya que establece intercambios con diferentes institutos políticos pero necesita de ellos en su lucha por la democracia (Morlino, op. cit.). Lo más novedoso de sus estrategias se produce a partir de su principio de autogestión. En efecto, esta organización surge ante las ineficiencias burocráticas que las organizaciones de productores palparon a raíz de su involucramiento con el SAM. En varios rubros del proceso productivo y de comercialización las organizaciones enfrentaron obstáculos a la realización eficiente de sus activi-dades. Precisamente, en la autogestión respecto a sus procesos productivos y de comercialización se produjo la coincidencia con la política de adelgazamiento de la administración pública durante el gobierno de De la Madrid. Esto permitió un gran acercamiento y el apoyo gubernamental al desarrollo de las organizaciones que de alguna manera estaban supliendo, y con gran efectividad, a los organismos públicos. En los primeros años, todo parecía indicar que organizaciones como las que agrupaba la UNORCA, que en el nivel regional resolvían las principales pro-blemáticas de tipo productivo, eran el interlocutor ideal para la política pública. Sin embargo, esto no coincidía con las políticas de precios. La creciente libera-lización de los precios, en el marco de una mayor apertura, hacía que las rela-ciones no se llegaran a consolidar. La UNORCA se manifestó contra esta política y por su capacidad de negociación logró mantener cierta injerencia. La organización adquirió su carácter más político al comenzar la campaña presidencial de Carlos Salinas. Los resultados del gobierno, específicamente en las políticas de ajuste, la creciente inflación y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios abrían un escenario de gran descontento. La crítica creciente a la

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administración de De la Madrid y el ascenso que estaba logrando el candidato de izquierda, Cuauhtemoc Cárdenas, orillaron al Ejecutivo a tratar de retomar los hilos del control político corporativo (Cartón de Grammont, 1995). En su V Informe de Gobierno, el presidente De la Madrid significativamente aludió a la CNC y a la CCI como las principales organizaciones que habían orientado su política agrícola (De la Madrid, 1987). Pero, si por un lado el Presidente trataba de recuperar el control a través de las organizaciones corporativas, el candidato Carlos Salinas abiertamente trató de lograr una mayor relación y compromiso con las organizaciones autónomas de productores (Bartra 1.991; Moguel op. cit.; Cartón de Grammont, op. cit.). Nunca estuvo tan cerca la UNORCA de convertirse en el interlocutor más importante del gobierno. No llegó a ese nivel porque el sistema no estaba completamente abierto. La CNC seguía siendo la organización mayoritaria, pero es indudable el espacio que la UNORCA logró durante los primeros años de gobierno de Salinas. Las organizaciones de productores lograron importantes convenios de concertación, y cuando Salinas convocó a la formación del CAP como forma de lograr un interlocutor campesino, ahí estuvo presente la UNORCA. La Unión también aceptó la firma del acuerdo en que se aceptaba el cambio al Artículo 27 constitucional, pero de las organizaciones firmantes, tal vez era la que menos cambiaba sus proposiciones fundamentales. A diferencia de la CIOAC, el reparto de tierra nunca había constituido una demanda suya. La consolidación de esta relación enfrentó dos grandes obstáculos: por un lado la presencia del corporativismo de la CNC, que seguía operando sobre todo como instrumento de control político priísta y, por otro, la persistencia de la crisis económica que no se lograba superar. Los productores se encontraban en una dinámica productivista que los dejaba en condiciones muy desventajosas ante un mercado para el que apenas se estaban preparando. La política respecto a los productores no ha cambiado en la presente admi-nistración; su corte básicamente productivista mantiene como atención prioritaria a los productores eficientes. En este sentido, la UNORCA sigue colocándose como población objetivo. Sin embargo, ha constatado que en tiempos de crisis, y bajo el modelo económico neoliberal, no es posible el desarrollo de los campesinos, ni siquiera de aquellos que, como sus agremiados, cuentan con ciertas condiciones para la producción. Por eso en los últimos años la UNORCA ha retomado sus planteamientos por una línea económica más humana y un crecimiento que considere la parte social de la producción campesina. De esta manera se acerca más a los planteamientos de los productores más pobres, con los que pretende crear un nuevo espacio de lucha.


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El desplazamiento de la CNC en la nueva estructura de representación Desde finales de los sesenta la CNC debió compartir el sector campesino del PRI con otras organizaciones que aceptaron su afiliación pero sin incorporarse a esa central, como fue el caso de la CCI, la UGOCM y otras. Al firmar el Pacto de Ocampo, en 1973, asumió el compromiso de formar una nueva organización unitaria, que en la realidad no funcionó como tal. En 1976, mediante la renovación del Pacto de Ocampo, se comprometió a no encabezar invasiones de tierra. La aceptación de estos acuerdos muestra el sometimiento creciente de esa confederación y la disminución de su hegemonía representativa. Pero la orientación de la política en relación con el reparto agrario, principal mecanismo de su sostén organizativo, ha mermado todavía más su capacidad representativa. A partir de entonces ha tratado de impulsar la creación de organizaciones de productores fortaleciendo las federaciones nacionales y creando ARIC y Uniones de Ejidos. La eficiencia que este tipo de organizaciones requieren se ha visto obstaculizada por las prácticas autoritarias y clientelistas tradicionales. La CNC ha mantenido su éxito debido a la capacidad de atraer los recursos mediante esos mecanismos que siguen operando en el sistema de representación. Pero la importancia creciente de estas asociaciones ha impactado en la estructura. Durante el periodo de Miguel de la Madrid, la CNC se fortaleció en el ámbito productivo en detrimento de las Ligas de Comunidades Agrarias (Mackinlay, 1996). Su centro de operación pasó a ser el productor, más que el ejido. Esto no tardó en reflejarse en la dirigencia. Poco a poco fueron haciéndose presentes en los puestos claves de la CNC precisamente quienes encabezaban la línea productivista (CNC, 1993). Los campesinos pobres fueron marginados incluso dentro de la organización. Un segundo golpe al monopolio de la CNC se produjo con la iniciativa de Carlos Salinas para formar el CAP. A partir de ese momento tuvo que compartir un canal de negociación con organizaciones, ya no del propio partido, sino autónomas, algunas de ellas declaradas abiertamente opositoras al PRI. La renovación de la CNC para enfrentar los nuevos retos de representación y de producción que los tiempos de cambio le han presentado, ha aparecido con mayor insistencia como demanda de sus bases y en los discursos de sus dirigentes. Sin embargo, su modernización y democratización enfrenta obstáculos formidables. El primero es que ambos procesos se presentan desde arriba. Los últimos dirigentes de la CNC ciertamente han tenido un perfil diferente, pero los métodos

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por los que han llegado a la dirigencia han sido los mismos del autoritarismo corporativo. La transformación de los objetivos hacia la producción ha seguido el mismo camino, si bien en la base importante que los sostiene no se ha considerado a la parte que no puede incorporarse en esta línea productivista. Los problemas que derivan de la crisis económica y su falta de resolución impactan también en los productores de la CNC. Ahora tienen que demostrar realmente su capacidad de producir, su viabilidad para ser atendidos por las políticas discriminatorias ya no en términos políticos sino de eficiencia. Los resultados negativos también los han alcanzado. La democratización es también un clamor de las bases cenecistas, no siempre obedeciendo al mismo motivo. Los dirigentes de las Ligas se manifiestan por la democracia porque están viendo reducido su nivel de influencia en los altos círculos de la dirigencia y del partido. Los productores, porque con ello intentan lograr mecanismos más eficientes en la administración de sus organizaciones, se unen en la intención de controlar más a una dirigencia que sigue operando al margen de las necesidades de las bases y avalando políticas que afectan a los

20campesinos en general. Los cenecistas están inconformes con la política económica, con el papel de la agricultura y con el papel asignado a la producción campesina. No obstante, la organización, contenedora todavía de sus agremiados, es la única esperanza que se les presenta de mantener cierto status y algunos

21beneficios políticos. Debido a su propia estructura y al carácter clientelista de las relaciones entre la dirigencia y el partido, será muy difícil que el cambio sea impulsado desde arriba; las declaraciones de los dirigentes quedan en eso, en palabras en las que nadie cree. La relación que establece la CNC con el PRI es de "ocupación", en la cual los intereses del partido prevalecen sobre los intereses de la organización (Moruno, op. cit.). Por ello, es muy difícil que el cambio venga desde la dirigencia. Para ello se requeriría un cambio en las relaciones con el partido y una movilización de las bases que buscara la renovación organizativa. El corporativismo en el campo que sostenía a la CNC como su protagonista principal se ha visto limitado, aunque no ha desaparecido, debido a las políticas públicas y a la profunda diversificación de los actores sociales en el campo, ya que difícilmente pueden ser controlados por una organización monolítica y centralizada que debido a sus relaciones de "ocupación" no cuente con una construcción ideológica que se convierta en técnica reforzadora de la participación y de la organización. La ideología también puede reforzar la solidaridad y servir 20 Estas conclusiones las he elaborado a partir de mi observación en el Congreso Nacional de la CNC de agosto de 1998, realizado en la

Ciudad de México.

21 Un ejemplo de esta actitud la tuve cuando, conversando con un exlíder estatal, éste se quejaba amargamente de la situación actual de la CNC y de la separación de los dirigentes nacionales de las bases. Era en el último congreso de la CNC antes aludido, donde se elegiría al nuevo secretario general. Después de lamentarse de la falta de consideración a la participación de las bases, encontramos a uno de los posibles miembros del nuevo comité ejecutivo. Éste preguntó al viejo líder si tenía interés en una de las secretarías del comité ejecutivo, a lo que el viejo líder respondió que no, que lo que le interesaba era la Secretaría de la Liga de Comunidades Agrarias de su estado. "Cómo no —respondió el futuro miembro del CEN—, cuente con nuestro apoyo, usted será el próximo secretario".


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como técnica para la ordenación de intereses diferenciados (Pizzorno, 1983). La orientación de las políticas de acuerdo a diferentes grupos de productores hace ampliar los frentes de negociación y diversifica aún más los intereses de los miembros. La organización que por años mantuvo el control vertical no es ya funcional ni para el control ni para la representación. Los intereses particulares creados, los grupos que se han formado, no tienen nada que ver con la funcionalidad ni la efectividad. Ahora que son esos los requerimientos de una situación crítica y una política eficientista, la CNC ha mostrado poca capacidad de respuesta. El regreso de la ideología En los últimos años la UNORCA, calificada como la organización más prag-mática y acorde con la política de modernización (Bartra, 1991), ha reconocido que el modelo neoliberal que la sustenta no puede garantizar el desarrollo económico de los campesinos, ni aún a costa de volverse empresarios. La magnitud de la crisis en el campo y el fracaso de las políticas económicas, aunado a las reacciones antidemocráticas del gobierno al no abrir verdaderos espacios de negociación, ha reabierto en su seno el debate ideológico en dos líneas: la vía campesina como alternativa, y la democratización del régimen. Respecto de la primera, la UNORCA se une a la organización internacional con este nombre y asume sus planteamientos generales de 1996 (UNORCA, 1998). Se declara contra el neoliberalismo, cuyos mecanismos convierten al productor en un medio. Asume que la crisis agrícola es producto de las políticas neoliberales y se manifiesta por la búsqueda de una producción alternativa que permita a los campesinos conservar sus formas de producción, sus medios, sus comunidades y su cultura. En cuanto a la lucha por la democracia, defiende el pluralismo, la auto-nomía y la libertad de participación política. Mantiene su posición independiente ante los partidos políticos, pero en acercamiento con ellos para generar un modelo económico alternativo (ibidem). Por su parte, la CIOAC también ha renovado su elaboración ideológica, que coincide en los planteamientos generales de la UNORCA. Pero además se declara por la defensa de los principios revolucionarios:

"...porque solamente por medio del cambio y la transformación económica, social y política se podrá hacer realidad una digna condición humana (...). Y al equilibrar los derechos sociales con las políticas de protección al ambiente se logrará el desarrollo de una

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sociedad equitativa, sin concentración absurda de la riqueza, lo cual se alcanzará con la supresión del hombre por el hombre (CIOAC, 1996).

Como se ve, los planteamientos son muy generales, por lo que pueden permitir una gran flexibilidad estratégica y de adaptación. Pero queda claro que para ambas organizaciones las políticas neoliberales representan el principal obstáculo a su desarrollo. Esto no quiere decir que carezcan de planteamientos concretos. Ambas han elaborado propuestas alternativas a los programas estatales, pero en el nivel nacional no se ha abierto una convocatoria a la discusión del modelo económico. Los foros de consulta popular, a partir de los cuales supuestamente se elabora el PND, no cuentan con instrumentos que definan cómo y qué tipo de participación será incluida en la definición de los programas. Una nueva reivindi-

22cación sobre la participación ciudadana. Democracia: base dé la identidad convergente El nacimiento de las organizaciones autónomas tiene como punto de partida la ineficiencia representativa de la CNC, que se fue agudizando en la medida en que los campesinos se veían más desfavorecidos por las políticas gubernamentales. El nacimiento de organizaciones fuera del marco corporativo fue determinado por la necesidad de lograr una verdadera representación, o sea, el cumplimiento de las demandas. Pero al mismo tiempo, su identidad como organizaciones autónomas se construyó en oposición a las organizaciones oficiales, caracterizadas como antide-mocráticas. En contrapartida, para estas organizaciones la lucha por la democracia se produce en el nivel interno, y en el nivel externo como defensa de la autonomía frente a los poderes públicos. El proceso de reconocimiento de estas organizaciones en la arena política ha tenido varios aspectos de confluencia. Por un lado, está su propia lucha por el reconocimiento como organizaciones de representación. El ganar espacios y lograr reivindicaciones importantes para sus afiliados mediante la movilización, acrecentaba la participación directa y por lo tanto fortalecía la democracia interna. Por otro lado, se obtenían resultados, algunas veces parciales, pero se lograban respuestas favorables. Pero el reconocimiento mayor de estas organizaciones en la arena política vino de la convergencia entre los objetivos de la modernización y los objetivos de las organizaciones productivas. Al mismo tiempo que alcanzaban

22 Entrevista con dirigente estatal del PRD, Querétaro, Qro., 23 de septiembre de 1998.


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mayor reconocimiento, alcanzaban también mayor autonomía, acrecentada por la posibilidad de ampliar sus actividades de autogestión frente a los aparatos gubernamentales. Sin embargo, para las organizaciones de corte productivista como las de UNORCA, la lucha por la autonomía se tradujo en apoliticismo. En ellas creció la creencia de que serían más eficientes en la medida en que fueran menos políticas. De hecho, este apoliticismo les permitió compartir la política económica modernizadora e involucrarse como cogestoras de una política excluyente. Varios autores que han realizado estudios empíricos con organizaciones productivas señalan que en su consolidación jugaron un importante papel los funcionarios de diversos organismos, que veían a estas organizaciones como las verdaderas protagonistas del modelo modernizador de Salinas (Rodríguez, 1991; Hernández, 1991; Bartra, 1991; Fox y Gordillo, 1991). Esta línea de la autonomía en su sentido apolítico se fue debilitando en la medida en que se constataba la dificultad de lograr un verdadero desarrollo de las organizaciones cuando la crisis y la falta de apoyo estatal las alcanzó. Por un lado, la política estatal impulsó los esfuerzos de autogestión; por otro lado, la crisis limitó los recursos por los cuales estas organizaciones entraban en la negociación con el Estado. Las organizaciones productivas asociadas en la UNORCA buscaron una nueva forma de relación que funcionó hasta que se hizo patente la imposibilidad de mantener los apoyos gubernamentales, y hasta los límites que el sistema de representación tradicional les imponía. Cuando se agotó el recurso de la negociación y no cambiaron sustancialmente sus condiciones de vida, se vieron obligadas a regresar a la reflexión de la necesidad de reivindicar un modelo alternativo, ya no sólo frente al Estado, sino frente al mercado (Fox y Gordillo, op. cit.). Y en la lucha por la construcción de ese nuevo modelo, las organizaciones han tenido un punto nuevo de confluencia que las ubica frente al Estado en la medida en que los canales de negociación no se traduzcan verdaderamente en canales de participación y discusión sobre el modelo político; y frente al mercado, cuya lógica se ha manifestado contraria a su desarrollo. Para este tipo de organizaciones, la democracia se concretiza en un tipo de relación autónoma con el Estado. La relación partidaria es un complemento, pero no se considera la única forma a través de la cual se puedan transformar sus canales de intermediación ni la vía para obtener solución a sus demandas. Aceptan la discusión de los partidos y como principio se manifiestan por la democracia.

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El caso de la CIOAC y un número importante de organizaciones regionales que han surgido en los últimos años, aliadas con el PRD, es un tanto diferente. Estas organizaciones han recibido un fuerte impulso a partir del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994 (Renard, op. cit.). Han obtenido una mayor atención de los programas gubernamentales. Pero ha sido la presencia de organizaciones como la CIOAC, con una base de campesinos pobres en los espacios de participación nacional, la que ha colado sus demandas en la arena política. Por otra parte, para los campesinos pobres, los espacios municipales se redimensionan. Es ahí donde las políticas asistenciales se operan, donde se concretizan los beneficios que impactan en sus condiciones de vida, además de la distribución de recursos para la producción que ya había señalado. Por ello, la democratización de los espacios municipales se enlaza con la necesidad de la democratización del régimen. Como ya se indicó, la lucha por la democracia es fundamental para esta organización en dos sentidos: por un lado, por la necesidad de democratizar las estructuras de representación en el ámbito nacional; por otro, porque sin democracia no se puede alcanzar el bienestar de la población campesina. La alianza con un partido, en este caso con el PRD, da la posibilidad a la CIOAC de complementar la poca fuerza de su membresía en el marco de una política adversa, mientras que el PRD se fortalece con una presencia partidaria local que se enlaza a la arena política nacional. La diversificación y la descentralización La política económica ha tenido impactos diferenciados entre los productores. Para algunos la posibilidad de mayor autonomía productiva a raíz de la modificación del Artículo 27, ha sido un factor benéfico respecto a su producción;

23para otros, la reforma no ha tenido los mismo resultados. La diversificación en todos los niveles que aquí se han presentado se traduce en intereses fragmentados. Esto dificulta la elaboración de estrategias conjuntas y diversifica a su vez las negociaciones. En la medida en que los intereses adquieren carácter pragmático, es más difícil el camino para construir intereses unitarios de carácter ideológico (cfr. Moyano, op. cit.}. La flexibilidad organizativa de la UNORCA a través de su diseño de red es la más adecuada para una situación como la descrita. Pero no hay que olvidar que el hecho de que sus miembros sean en su mayoría productores para el mercado otorga un cierto nivel de homogeneidad en los intereses.

23 Un ejemplo de esto lo constituyen los productores cañeros. Para los productores medios, la reforma significa mayor libertad para

organizar su producción y colocar sus cosechas, mientras que para los minifundistas significa orientar su producción hacia el autoconsumo, porque pierden las garantías que tenían como productores cañeros para el estado (cfr. Otero, 1996).


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En el caso de la CIOAC también existe un cierto nivel de homogeneidad; la diver-sificación comienza entre los productores asociados para la producción y los que no han podido alcanzar ese nivel organizativo. Pero la representación de la CIOAC se funda precisamente en esos productores que no tienen posibilidad de incorporarse al mercado, en los que quedan excluidos de la política. Ésta es una de las razones por las que la central abre sus reivindicaciones en distintos frentes: el local, el estatal y el nacional. La diversificación regional refleja un aspecto de la política que ha sido poco atendido en relación con su impacto en las organizaciones. Por un lado esta diversificación, como todas las otras, produce una mayor dificultad para orientar demandas conjuntas y unificadas, sobre todo cuando se está tan preocupado por resolver las condiciones de producción específicas y por mantener la existencia como productor; pero por otro lado, aumenta la necesidad de diferentes líneas de política pública que realmente se adapten a las condiciones de los espacios regionales. Esto sólo es posible si se adoptan mecanismos de descentralización. En el caso de México, la búsqueda de una mayor eficiencia administrativa ha dado lugar a procesos de descentralización cada vez más profundos. Miguel de la Madrid acompañó la reestructuración económica con un cambio en el modelo central-estatal de desarrollo impulsando la descentralización. La planeación y la descentralización fueron el corolario de la política económica. La primera no fue una novedad de esa administración, pero en ésta adquirió un significado diferente, unida a la intención racionalizadora y al afán de distribuir responsabilidades. La descentralización no sólo tiene que ver con una forma de administración más eficiente. En este sexenio se observan dos líneas de descentralización: una administrativa y una política. La primera se refiere a la redinamización de espa-cios administrativos, la cual implica un conjunto de "reglas para la división de responsabilidades de política pública entre un número de agencias guberna-mentales autónomas" (definición de Thomas J. Antón, citado en Carrillo, et al, 1998, p. 2). La segunda implica la transferencia de poder de una instancia central hacia los gobiernos locales (ver Carrillo, et al, op. cit.). En la línea administrativa se ubican las funciones de los Coplade y los Copladem, así como la federaliza-ción de las secretarías de Estado, tales como la SEP, la SSA, y la misma Sagar en el periodo de Zedillo. La descentralización administrativa también puede observarse a través de progra-mas como el Pronasol, que confirió nuevas funciones a los estados y municipios (Rojas Gutiérrez, 1992; SPP, 1989; Huerta, 1992). Especialmente, el municipio se redinamizó con el Pronasol, ya que le tocaba evaluar y aprobar las obras que proponían los comités de solidaridad. La descentralización política durante las dos

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últimas décadas tiene su impulso más importante a partir de la reforma al Artículo 115 constitucional realizada en 1983 con objeto de fortalecer las gestiones municipales. La importancia del municipio radica en que es la célula de la convivencia política, la primera instancia de gobierno con la que se encuentra la población. La estructura de poder se finca en este nivel. Al igual que en el siglo anterior, la lucha por construir la unidad nacional después de la Revolución disminuyó las posibilidades de autonomía municipal. Más allá de lo conseguido en las legislaciones, el municipio pasó a ser un elemento más en el sistema centralista y autoritario del régimen posrevolucionario. Una vez formado el partido de la Revolución, "quedó claro que para obtener un puesto en los ayuntamientos era necesario hacerlo bajo las banderas del partido de Estado y sólo bajo ellas" (Meyer, 1994, p. 239). La reforma de 1983 tocó aspectos políticos, económicos y funcionales. Se determinó una mayor participación proporcional de los partidos políticos en la composición del ayuntamiento; se les otorgó la capacidad de obtener ingresos por los servicios prestados y administrarlos libremente, y al mismo tiempo, se les asignó la tarea de la planificación urbana. Pero lo más importante de todo es que se reconoce a los municipios su papel en el desarrollo local (Massolo, 1992). Si bien existen muchas dificultades para cumplir estas funciones, ya sea por su inserción en un régimen autoritario que no acaba de completar la descentraliza-ción política, ya sea por la falta real de recursos económicos (Carrillo, op. cit.; Merino {coord.}, 1994; Garza, 1992; Díaz, 1992), esta reforma otorga a los muni-cipios posibilidades que en una lucha política redinamizan los espacios locales. Las organizaciones campesinas han iniciado sus procesos de lucha precisamente en los espacios regionales. La descentralización confiere una significación diferente a su acción en el ámbito regional. Ya no es sólo la lucha por apropiarse de los mecanismos de comercialización que acaparan los caciques y /o las burguesías locales y la lucha contra la represión, es también la lucha por obtener los recursos que se ejercen a través de los gobiernos estatales y las dependencias federales en el ámbito municipal. En el marco de una mayor descentralización y después de la reforma municipal, las reivindicaciones referidas a la democracia municipal y a la participación en los organismos de toma de decisiones se redimensionan; se produce así una reactivación de las arenas locales con fines de representación que en la década de los setenta hubiera sido impensable. Para entonces las luchas por los poderes municipales tenían un carácter más bien defensivo; se trataba de tomar los espacios de control político y de generación de la represión. En ese tiempo las


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decisiones estaban completamente centralizadas; sin embargo, ahora los municipios y las gubernaturas contienen una función decisional más amplia. La función en estas circunstancias de las organizaciones de carácter nacional y que tienden a lograr una unidad de los campesinos parece contrapuesta a la situación que plantean las problemáticas regionales, que requieren tratamientos diferenciados. Por ello, la convergencia buscada por las centrales nacionales se traduce cada vez más en elaboraciones ideológicas. De esta manera se pueden enlazar con la participación y la agregación local, las cuales pueden atender más a intereses particulares. La comprensión de los planos locales hace posible explicar la base de la participación campesina, ya que es ahí donde se construye. La lucha por el poder municipal, a su vez, permite comprender los mecanismos de relación partidaria en los planos locales, más allá de la vinculación nacional de dirigentes con el partido. Para mostrar esto, señalaré dos ejemplos en el estado de Chiapas y en Oaxaca. En Chiapas, la CIOAC comenzó sus acciones apoyando a los jornaleros de las fincas para la obtención de tierras. La relación con ellos pasó momentos de encuentro y desencuentro, pero finalmente se logró el objetivo del reparto en las décadas de los setenta y ochenta. Los campesinos han construido su lealtad a la organización en función del logro de este objetivo y del acompañamiento de ésta en la defensa de sus intereses. La tierra sigue siendo el elemento fundamental para los campesinos, para los cuales la conquista de su parcela es aún muy cercana. La pertenencia a la CIOAC y no a las organizaciones del PRI se basa en que éstas

24dejaron de resolver los problemas agrarios. La tierra es además el sustento de vida, el origen de las comunidades de la región Norte de Chiapas, donde tiene sus bases la CIOAC: es campesino y la tierra forma parte de su vivir cotidiano. Ahora que la central ha comenzado la organización productiva, la gente los respalda, pero es un respaldo complementario. La tierra es lo primero, y no olvidan que fue la CIOAC la que la consiguió. La participación en el PRD, sigue la misma secuencia de la participación en la organización. Si bien la CIOAC plantea la libertad de sus miembros para incursionar en cualquier partido político, para los campesinos lo más lógico es pertenecer al mismo partido al que

24 Un campesino se expresa así de su experiencia en la CNC: "Sólo los ejidatarios de mucha antigüedad pertenecen a la CNC, y ya

muchos se han salido porque esa organización no resuelve ni en cuestiones de créditos. A sus dirigentes no les importa beneficiar al campesino. Yo estuve antes en la CNC, hace como 20 años, cuando comencé a tramitar con la Agraria. Pero nunca me resolvieron. Pasaron como 15 años y no me resolvieron. Cuando decidimos entrar a la CIOAC lo hacíamos a escondidas porque los patrones mandaban matar. Sólo con la CIOAC se resolvió el problema (entrevista con dirigente municipal de la CIOAC en Jitotol, Chis., 23 de julio de 1998).

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25pertenecen sus dirigentes y asesores. La pertenencia al partido se convierte en punto de construcción de identidad. Ser del PRD es ser parte de la CIOAC. En cambio, ser miembro de una Sociedad de Solidaridad Social es un complemento. La diversificación de las pertenencias a las formas organizativas y a las formas políticas se resuelve muy fácilmente a partir de esta construcción identitaria.

"Cuando vamos por los créditos, somos "triple S"; cuando vamos por las tierras, somos CIOAC, y cuando vamos por el municipio somos

26PRD." De esta forma se estructura la participación, la cual se funda en la lealtad a la organización que les ayudó a conseguir la tierra, donde la tierra es un componente básico de su identidad campesina. En el caso de Oaxaca, la construcción de la participación es muy similar. Para ejemplificarlo, me baso en la experiencia regional de la Coalición Campesina Obrero Estudiantil del Istmo (COCEI). Los campesinos de la COCEI mantienen una relación directa con los dirigentes a nivel regional. Siendo una organización joven (se formó en 1974), los campesinos favorecidos por la acción de los fun-dadores ha marcado un sentimiento de lealtad que mantiene la adhesión a la organización más allá de los resultados económicos que puedan conseguirse con el ejido o las tierras restituidas. Haber recibido un apoyo que se percibe como desinteresado, un acompañamiento en la lucha por la tierra, sostiene la lealtad hacia los dirigentes. El agradecimiento se vuelve incondicional. La COCEI luchó con ellos, por eso ellos están dispuestos a movilizarse en apoyo de la organiza-ción. Haber compartido la represión con sus dirigentes es otro factor que está en la base de la lealtad. Y aunque los dirigentes no son de origen campesino, sino profesionistas que comenzaron la organización en sus tiempos de estudiantes, la cercanía con las bases se ha convertido en una mística que ha permitido la cohesión. Compartir los elementos más cotidianos de la vida de los campesinos

27fundamenta esta cercanía.

25 "Yo voy con el PRD porque la CIOAC es PRD, todos aquí somos PRD; si la CIOAC era PSUM, nosotros éramos PSUM" (entrevista

con ejidatario de Huitiupan, Chis., 17 de julio de 1998). 26 Entrevista con ejidatario del municipio de Simojovel, Chis., 5 de junio de 1998. 27 La cercanía con los líderes se expresa en las palabras de uno de los campesinos miembros de esta organización: “Cuando vamos con

ellos porque tenemos algún problema, ellos nos tratan muy bien; no porque son autoridad o no son campesinos nos tratan diferente. Son gente que está con los campesinos. Héctor Sánchez, cuando era senador, vino aquí al pueblo para ver en dónde se había inundado; se quitó los zapatos y anduvo recorriendo el pueblo con nosotros.”


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La COCEI fue creada por estudiantes pertenecientes al PCM. Desde ahí comenzó su alianza con ese partido, pero manteniendo una relación autónoma. Tanto ellos, como sus bases, forman ahora parte del PRD. Pero para ellos primero está la lucha por los intereses de la COCEI. Consideran al partido como un medio eficaz para incursionar en la lucha electoral en los ámbitos municipal y estatal. El PRD en Oaxaca se alimenta en gran medida de miembros de la COCEI, como

28puede observarse en la composición de su dirigencia y sus candidaturas. La lucha municipal se ha librado desde 1974, pero obtuvieron su primer triunfo en 1981 en Juchitán en el marco de la reforma política impulsada por López Portillo. Este triunfo ocupó grandes espacios en la prensa nacional, no sólo porque fue el primer municipio donde vencía la izquierda, sino por la dificultad de recono-cimiento del gobierno estatal priísta. El arribo al poder municipal permitió a la COCEI emprender una lucha que se orientó hacia la conquista de los órganos de decisión de las comunidades campesinas, empezando por los Comisariados Ejidales y de Bienes Comunales. Su triunfo se fue extendiendo a otros municipios del Istmo de Tehuantepec y ha convertido sus gestiones en característica de la organización. La relación entre organización y partido permite un fluir de beneficios en ambos sentidos. En la base de esta relación, al igual que en el norte de Chiapas, está la lealtad de los miembros ante los dirigentes que los apoyaron para conseguir tierras. La lucha local a nivel organizativo y político puede expresar la fragmentación de intereses, pero no se puede concluir que este contexto de redinamización de las arenas locales implique una debilidad representativa. Es más bien una fórmula para articular la participación en la relación más directa establecida entre los dirigentes y sus bases, y la agregación de intereses con diversos sectores de la sociedad local en la lucha municipal.

28 En la última contienda electoral estatal, el candidato del PRD fue precisamente Héctor Sánchez, dirigente fundador de la COCEI.

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Conclusiones La lucha por la tierra ha sido una demanda en ocaso, pero bajo esa bandera se logró finalmente establecer una representación autónoma. La conquista de la tierra de forma autónoma sentó las bases para la creación de organizaciones que pudieron transitar hacia nuevas demandas también de forma independiente. Por ello no es exagerado decir que la base de la autonomía se ha fundado en la con-quista de la tierra, como lo muestran los casos de Chiapas y Oaxaca. En esa con-quista se elaboraron las nuevas identidades campesinas y las nuevas lealtades a las organizaciones que hicieron posible su triunfo. El proceso de liberalización política implica una apertura controlada desde el Estado; sin embargo, la existencia de organizaciones autónomas confirió una dinámica no sólo dirigida por el Estado, sino marcada por las demandas inde-pendientes que las organizaciones han ido incorporando a la arena política. La política pública enmarcada en el modelo económico neoliberal se tradujo en un adelgazamiento continuo del Estado y en una reorganización de la administración pública. Con los procesos de descentralización se abrieron nuevos espacios y se redinamizaron las arenas locales. Los municipios dejaron de ser sólo los centros administrativos locales del control. La lucha municipal se abrió así a la presencia de partidos que habían alcanzado su registro a partir de la reforma de la LFOPPE en 1977. En este contexto de descentralización, la lucha contra la represión de las organizaciones que sufrían la persecución de los poderes públicos adquirió una nueva significación, más allá de lo que las organizaciones mismas planteaban. La lucha contra la represión aparece en los contextos municipales como defen-siva, pero al cambiar el perfil de los municipios se potenció en la consecución no sólo de un espacio de control político, sino de un espacio que da posibilidades para satisfacer otro tipo de demandas, como el logro de un mejor nivel de vida para los campesinos mediante la eficiencia administrativa del ayuntamiento en la prestación de servicios. Todo ello se va agrupando en una demanda que toma cuerpo en las diferentes organizaciones campesinas desde diferentes puntos confluyentes: la demanda por una mayor democratización de los espacios locales.


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Así, una intención de descentralización predominantemente administrativa ad-quiere, para las organizaciones campesinas, sesgos de una lucha eminentemente política. La consecución de los intereses de las organizaciones, encaminados al mejoramiento de sus condiciones de producción y comercialización, se topa con los poderes locales controlados por caciques y por una administración ineficiente. Por ello, la lucha por el municipio y por su democratización no es una lucha paralela. Implica la politización de las demandas, pero no es una politización gratuita, es una opción que les plantea la política de descentralización en la medida en que los municipios pueden ejercer nuevas y más completas funciones, y en la medida en que tales funciones son las que llevan a la solución de sus demandas. Este nuevo carácter del municipio y las luchas locales que se registran por la obtención del poder municipal no pueden verse fuera de este contexto. Por ello, las interpretaciones de una fragmentación de la lucha campesina a partir de la localización de sus acciones son erróneas, o por lo menos incompletas. La redinamización de los espacios locales confiere una gran amplitud a las luchas locales. La existencia de una organización unitaria y nacional puede implicar mayores posibilidades de representación cuando la política pública y la toma de decisiones están completamente centralizadas. Pero cuando se inician los procesos de descentralización, por el contrario, las organizaciones nacionales deben contar con una gran flexibilidad para atender las luchas locales. En un contexto de descentralización, lo importante ya no es sólo comprender cómo se representan los intereses en la arena nacional, sino cómo se hace en las arenas locales. No obstante, las decisiones de corte nacional siguen siendo, en el caso de México, las orientaciones generales que dan sustento a las decisiones locales. Por ello, no puede perderse de vista la arena nacional. Sin embargo, las organizaciones autónomas han logrado penetrar en la arena nacional, pero no puede dejar de señalarse que en estos momentos su participa-ción no se da en la toma de decisiones con respecto a la orientación de la política pública, sino en la operación. Esta participación es una demanda que hoy plantean las organizaciones autónomas. Reivindican una legislación para la participación y la democratización, ya no sólo de los espacios locales, sino del régimen en su conjunto. Sin embargo, ésta no es una tarea que corresponda sólo a las organiza-

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ciones sociales, sino a la sociedad en general y a los partidos políticos en particular. Las relaciones con los partidos políticos, ya sean sólo como acercamiento o en completa alianza, es otro de los rasgos que caracterizan las estrategias de las organizaciones campesinas, tanto en el ámbito local como en el nacional. Desde una posición de "neutralidad" o de "dominio condicionado", es importante man-tener la relación con éstos, ya que ellos proporcionan los canales de representa-ción política, lo cual es necesario en la lucha por alternativas de desarrollo y por la democracia; su intermediación es fundamental porque son los que defienden la democracia política, son parte de ésta. La democracia es indispensable para que los partidos existan, al mismo tiempo que éstos son indispensables para que la

29democracia se realice. La fragmentación organizativa que se observa en la actualidad se revierte en un conjunto de coincidencias que hacen converger a las organizaciones campesinas autónomas. Una de ellas es el rescate de la ideología campesina que aparece aún en las agrupaciones que podrían ser consideradas más pragmáticas, como aquellas que forman parte de la UNORCA. El reclamo de una vía campesina que contraste con las políticas productivistas, es una nueva reivindicación que surge desde las organizaciones autónomas con la intención de retomar un rumbo que las ayude a superar la crisis económica, para lo cual las políticas neoliberales se han mostrado ineficaces. En esta relación de lo nacional a lo local y viceversa, se entrelaza la acción participativa de las bases y la dirigencia, y de ésta con la política pública. Así se muestra en las estrategias que orientan las acciones de organizaciones con presencia local como la COCEI y la CIOAC. La participación de las bases se construye desde la lealtad que los miembros adquieren con respecto a la organización mediante la cual obtuvieron sus tierras. En ese sentido, se puede afirmar que esa lealtad hace que los miembros estén dispuestos a seguir a sus dirigencias en las orientaciones que les marquen, siempre y cuando se apeguen a los mecanismos democráticos establecidos como fuente de identidad de los miembros y de legitimidad de los dirigentes. Es así como se acepta la alianza

29 Esta conclusión sobre la importancia de los partidos políticos la he elaborado a partir de las orientaciones de mi profesor, el Dr.

Leonardo Morlino.


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partidaria en estas dos organizaciones. También de esa manera se acepta y se requiere la participación en las arenas nacionales, sean éstas en las Cámaras o sean negociadoras como el CAP. La división de las bases en diferentes organizaciones da cuenta de la frag-mentación representativa, pero también refleja la diferenciación creada por las políticas públicas. Sin embargo, como se mencionó antes, la fragmentación es en realidad un momento de la representación en la cual las demandas autónomas como la democracia local y general del régimen, así como una vía campesina de desarrollo, conforman la convergencia entre estas organizaciones y sus bases diferenciadas. La política pública ha reorientado las estrategias organizacionales de los campesinos y ha reactivado las arenas locales en un intento por redinamizar administrativamente los municipios. Sin embargo, en este proceso las organizacio-nes campesinas autónomas han intervenido con sus propias acciones y estrategias dando un significado diferente a las acciones estatales y llevando a la arena política demandas que no estaban previstas en la política pública; entre ellas resalta la demanda de una mayor democratización organizativa de los municipios, de los espacios de representación y del régimen político. El contexto que nos presentan los resultados de las elecciones del 2 de julio del 2000, donde se da por fin la alternancia con el triunfo del candidato de la Alianza por el Cambio, Vicente Fox, abre nuevas posibilidades para el sistema de repre-sentación campesina. La alternancia pone fin de forma definitiva a la estructura del sistema de representación basado en la relación corporativa organización-partido-Estado. La CNC deberá transformarse con toda seguridad, y será muy importante analizar cómo y hacia dónde se dirige su transformación. Para las organizaciones que han reestructurado el sistema de representación a través de su acción local enlazada de forma ideológica, política y organizativa con las arenas nacionales, se presenta el reto de su eficacia en dos aspectos: la representación de los intereses en la arena política y la democratización del sistema de representación, donde la defensa de su autonomía con respecto a los poderes públicos será central para la consolida-ción del régimen democrático.

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La consolidación del nuevo régimen que se abre con la alternancia, requerirá no sólo una auténtica reforma del Estado, sino la instauración de canales de intermediación que permitan la real participación de las organizaciones sociales. Es importante, en este sentido, no sólo analizar los programas para el campo que propone el "presidente electo", sino la interlocución que desde los poderes públicos se generará con las organizaciones sociales. En las fases de campaña ningún candidato se manifestó respecto a esto, y no deja de ser significativa la declaración de Alberto Gómez, dirigente de la UNORCA, al declarar su temor de que el presidente electo privilegie la interlocución de los grandes productores, ya

30que cuando era candidato no se acercó a su organización. Ello pone de relieve la importancia de las estrategias de las organizaciones campesinas, incluida la CNC, en la formación de un sistema de representación que las incluya. Para las orga-nizaciones sociales en general, y las campesinas en particular, no es suficiente la alternancia; deben buscar la forma de portar sus intereses a la arena decisional. Para la consolidación del proceso democrático es fundamental la participación de los partidos (Morlino, op. cit.), ya que actuar sin su mediación debilita la posibilidad de la representación política de las organizaciones sociales. Por ello, las agrupaciones campesinas deberán replantear en el nuevo contexto sus relaciones partidarias, así como los partidos sus relaciones con las organizaciones sociales. No sólo es importante analizar cómo se recomponen estos vínculos, sino atender también la efectividad electoral que éstos conllevan. El PRD, uno de los partidos con más clara relación con las organizaciones sociales, entre ellas las campesinas, ha obtenido el tercer lugar en las preferencias electorales, incluso en las

31zonas con mayor población rural como en los estados de Chiapas y Oaxaca. Esto, obviamente, tiene que ver con el peso relativo que representan hoy los campesinos en un país cada vez más urbanizado. El voto rural puede ser que no

32sea hoy definitorio, como señaló Heladio Ramírez, dirigente cenecista, pero la

30 En el periódico La Jornada del martes 4 de julio se dice: "La relación entre las organizaciones campesinas y los gobiernos estatales

panistas se ha caracterizado por la falta de interlocución y la carencia de respuestas a las demandas del sector... señaló Alberto Gómez, dirigente de la UNORCA."

31 Según los datos del PREP, hasta el viernes 7 de julio en Internet, el PRD ocupaba el tercer lugar en la circunscripción que incluye a los estados del sureste: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo,Tabasco, Veracruz y Yucatán. En las elecciones presidenciales el PRD obtuvo 19.92% de los votos después del PRI, el cual encabezó la votación con 39.99, y del PAN, que obtuvo 35.28 por ciento.

32 Según el periódico La Jornada del martes 4 de julio, el dirigente cenecista “acotó que a los campesinos y a él no se le podrá recriminar no haber contribuido con votos. 'La CNC participó. Los campesinos cumplimos, como siempre, pero no somos tantos! ¿Quién nos va a echar la culpa, si sólo contribuimos con menos de 25% de votos”


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defensa de los intereses campesinos se encuentra en el corazón de la demanda de justicia social que hoy se levanta desde la izquierda, la derecha y el centro, bajo diferentes concepciones y también con diferentes estrategias para alcanzarla. La democracia a la que se arriba con la alternancia no es garantía de una competencia democrática de los intereses. Por eso, hoy más que nunca las organizaciones campesinas deben reforzar, con base en su trayectoria, la construcción de un sistema de representación donde sus intereses tengan cabida.

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249

Para mayores informes de este CD-ROM, dirigirse ala Dirección General de Estudios y Publicaciones de la PA, Palacio Nacional, Patio Central, Cuarto

Piso, Col. Centro.

Teléfonos: 55 22 20 04, 55 22 75 28 y 55 42 13 22.

250

Cumplimiento de metas de representación* enero-septiembre 2000

Para el año 2000, se comprometieron en el Indicador Estratégico de Represen-tación Legal, la conclusión de 21, 467 juicios, sin embargo, las expectativas de cumplimiento fueron rebasadas desde el mes de agosto, en este sentido, al mes de septiembre, contamos con un avance de 26, 684 juicios concluidos. Podemos indicar que lo anterior se debe a la experiencia que han adquirido los abogados agrarios en la estructura territorial, reflejándose con ello la gran productividad, sumada la esfuerzo jurisdiccional que realizan los Tribunales Unitarios Agrarios y su programa de justicia itinerante. A lo anterior, también debemos agragar que al ser este año un periodo de cierre de administración, los órganos de impartición de justicia han incrementado su actividad.

• Elaborado por la Dirección General Jurídica y de Representación Agraria con base en el Sistema Único de Infirmación (SIU).

251

Dirección General DE Programación, Organización y Presupuesto Registro de avance de metas por entidad federativa

2000

Indicador estratégico: Representación legal

Delegación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic total

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Coahuila

Colima

Chiapas

Chihuahua

Distrito Federal

Durango

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

México

Michoacán

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

Total

5

2

21

8

31

51

138

38

18

36

140

73

91

43

86

121

17

12

14

24

13

32

0

48

182

1

11

13

38

19

17

47

1,390

14

30

20

4

70

44

336

38

52

70

129

150

70

83

142

105

25

36

75

233

46

63

4

168

169

37

24

10

22

108

24

13

2,414

14

36

95

6

120

57

385

70

49

104

156

85

125

81

163

199

40

30

46

153

57

45

9

89

208

121

13

45

52

68

35

11

2,767

12

27

10

46

45

34

54

148

21

65

129

89

74

41

162

118

28

61

20

101

23

39

11

128

211

121

25

32

19

129

27

49

2,099

22

20

10

58

46

35

72

105

17

98

246

88

84

93

204

485

13

48

31

337

33

14

13

105

122

152

25

19

29

116

6

61

2,807

5

101

13

109

137

15

102

65

62

87

290

83

79

62

149

377

13

131

53

442

84

33

25

100

323

359

36

15

44

155

60

104

3,713

15

16

12

60

15

33

25

24

41

56

223

47

33

76

65

170

40

60

19

213

79

65

10

114

171

332

21

47

41

243

12

39

2,417

25

161

27

49

152

39

120

150

29

56

356

152

168

103

166

139

27

45

30

521

159

121

18

316

436

298

59

94

36

247

56

98

4,453

20

88

20

18

101

14

258

121

81

78

252

125

128

224

336

170

63

188

29

752

156

45

17

122

227

208

89

69

34

235

67

289

4,624

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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0

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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

132

481

228

358

717

322

1,490

759

370

650

1,921

892

852

806

1,473

1,884

266

611

317

2,776

650

457

107

1,190

2,049

1,629

303

344

315

1,320

304

711

26,684

252

Aviso a nuestros lectores

Nuestra página en Internet es: htpp://www.pa.gob.mx

Correo electrónico: [email protected]

253

Autonomía de los Pueblos Indí-genas. Juan Carlos Reyes Torres, Facultad de Medicina de la Universidad Au-tónoma de Nuevo León, México, 1999, 94 pp.

Es necesario reconocer el esfuerzo que realizó Juan Carlos Reyes para reunir las distintas lecturas de estu-diosos de renombre —abogados, teólogos, filósofos, politólogos, an-tropólogos, historiadores, sociólogos y lingüistas— acerca de la situación que viven los grupos étnicos en México.

A partir de una búsqueda en fuentes de corrientes y disciplinas diversas, y de la observación y vivencia del propio autor en los estados de Chiapas y Michoacán, plantea el retorno de la reflexión a los aspectos que dan ori-gen al Estado, a este país: "Se requiere de una real apertura a la situación y a las demandas de los pueblos indios, la nación está madura para discusiones íntimas sobre sus entrañas ".

Sugiere la negación del estado uninacional; a partir de la reestruc-turación cultural e ideológica y del reconocimiento de las diferencias que dan identidad a los individuos y

a los grupos se puede aterrizar en una salida funcional. El camino que el autor sugiere es la creación de un marco legal equilibrado que parta del entendimiento de la realidad hete-rogénea y responda a la cruda reali-dad social.

Los interesados en el tema indígena nacional, en su problemática y usos y costumbres, no pueden dejar de conocer esta interesante visión de un abogado preocupado por los aspectos sociales del México contemporáneo.

• BIBLIOAGRARIAS •

255

¿ Cuánta liberalización aguanta la agricultura? Impacto del TLCAN en el sector agroalimentario. Cámara de Diputados, LVII Legisla-tura, Comisión de Agricultura, Uni-versidad Autónoma de Chapingo, Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano y CIESTAAM, México, 2000, 348 pp.

Varias comisiones de la LVII Legis-latura de la Cámara de Diputados se dieron a la tarea de evaluar el im-pacto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) A cinco años de su puesta en marcha, la Comisión de Agricultura, en coordinación con el Centro de Inves-tigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial (CIESTAAM) y el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM), presenta su diagnóstico.

La publicación reúne cuatro estudios realizados por analistas preocupados por el tema: el de granos básicos y oleaginosas está a cargo de Ana de Ita, investigadora del CECCAM; el del sector hortofrutícola y el que trata específicamente de cítricos son de Rita Schwentesius y Manuel Ángel Gómez, profesores - investigadores

del CIESTAAM; el del aguacate es de José M. Contreras, profesor-investi-gador en Chapingo.

El tratamiento por producto que rea-lizan los autores permite conocer el comportamiento del Tratado en cada rama de producción. Asimismo, motivar la comparación temática —política, social, económica, en los niveles nacional e internacional— de los resultados.

Las ventajas y desventajas que pu-diera tener el Tratado quedan al des-nudo en esta evaluación. De acuer-


256

do con los autores que integran este las intenciones y procesos que lle- compendio, las segundas pesan so- varón al sector productivo nacional bre las primeras. Estamos todos in- la más desigual competencia ínter- vitados a leer esta desmitifícación de nacional.


257

Los pequeños productores rurales en México: las reformas y las op-ciones. Antonio Yúnez-Naude (comp.), El Colegio de México, Fundación Konrad Adenauer y PRECESAM, 2000, México, 426 pp.

Se recomienda ampliamente la lec-tura del presente trabajo por el gran interés y actualidad de los temas que aborda. Está constituido por las po-nencias de mayor calidad que se pre-sentaron en el seminario organizado por la fundación Konrad Adenauer y El Colegio de México en septiembre de 1998.

Como señala Antonio Yúnez-Naude, compilador del libro, cumple con dos objetivos centrales: primero, documentar las repercusiones que sobre los pequeños productores agropecuarios produjo el "cambio estructural" iniciado en los años ochenta, y segundo, discutir las op-ciones ante las reformas que tienen estos productores. Consta de cuatro capítulos, diez artículos y un apartado de conclusiones.

En la primera parte, Mará I. Hernán-dez presenta una tipología de los pro-ductores agropecuarios del México contemporáneo. Hubert C. de Gram-mont trata acerca de las políticas de

ajuste estructural y de reorganiza-ción social en el contexto de tres pro-blemas fundamentales: la estructura agraria; uso de tecnología y acceso al crédito, y la asociación productiva entre empresas. Yúnez, Taylor y Becerril hacen un recuento de las ca-racterísticas de los pequeños produc-tores y de los poblados que habitan.

En el segundo capítulo, Christoph Plessow propone, con base en la ex-periencia alemana, a las cooperati-vas como opción para mejorar las condiciones de vida de los pro-


258

ductores. Luis Arturo García y otros presentan resultados sobre la expe-riencia del cooperativismo en el sub-sector lácteo de La Laguna. Xóchitl Juárez, en un trabajo en equipo, des-cribe la trayectoria de la Unión de La Selva, Chiapas, y destaca los ele-mentos más importantes de la expe-riencia. Carlos Arriaga, también en un trabajo colectivo, analiza dentro del contexto de las reformas al agro y el TLCAN la problemática de la pro-ducción de leche en pequeña escala. Alejandro Guevara expone una ex-

periencia exitosa de desarrollo sus-tentable partiendo de la experiencia de la comunidad de Santa Lucía en Sonora.

El tercer capítulo contiene dos artí-culos que tratan sobre los servicios en el agro que ofrecen despachos de diversos profesionistas. La últi-ma parte incluye las reflexiones sobre la situación y perspectivas de los pequeños productores rurales de México por parte de expertos en la materia.


259

La agricultura en Asia, Europa y América del Norte afines del siglo XX, y lecciones para México. Jesús Ramón Ibarra Alejo, Univer-sidad de Occidente, Centro de Ase-soría en Negocios Internacionales, México, 1999, 184pp.

Partiendo del supuesto de que la eco-nomía mundial ha entrado a una nueva división internacional del trabajo, manifestándose de manera concreta en la formación de grandes bloques comerciales por regiones geográficas, Jesús Ramón Ibarra se-ñala que, en cada una de ellas, existe la supremacía de ciertos países, por ejemplo, en Europa, Alemania, en América, Estados Unidos, y en el Pacífico Asiático, Japón.

Para la agricultura, esta nueva di-visión internacional del trabajo propicia, entre otras cosas, la complementación económica entre los países de un mismo bloque, lo que permitirá a éste enfrentar en mejores condiciones la competencia con los demás bloques comerciales. Esto conducirá hacia una agricultura más intensiva en capital y parti-cularmente a la aplicación del avance biotecnológico, sin embargo, en cada país o región este proceso de intensificación puede manifestarse de muy diversas maneras, por ejem-

plo, en Asia por medio de fincas pe-queñas orientadas hacia la exporta-ción, en América del Norte en fincas medianas y grandes con un alto grado de integración vertical en su proceso productivo.

Con el propósito de que los inevita-bles efectos de la acumulación capi-talista mundial sean menos dañinos, plantea el autor, a los intereses de los pequeños agricultores y campe-sinos, se propone la formulación y aplicación de un modelo de desarrollo agrícola y rural sustentable.


260

El libro se divide en seis capítulos, el primero considera algunos ele-mentos de política económica, fun-damentalmente el papel de la agri-cultura en el desarrollo económico y las concepciones teóricas sobre comercio internacional, tales como el proteccionismo y su contraparte, el libre cambio. En el segundo se analizan algunos elementos de la problemática de la agricultura en el marco del GATT, actualmente Orga-nización Mundial de Comercio (OMC), analizándose el problema de los subsidios agrícolas y la interven-ción del Estado en la agricultura.

En el capítulo tercero se aborda la problemática de desarrollo de la agri-cultura en los países del Pacífico Asiático, en los cuales se observa que la agricultura intensiva se desarrolla en fincas con pequeñas superficies de cultivo. Mientras que el cuarto se ana-liza el desarrollo de la agricultura en países de la Unión Europea. Se hace énfasis en que la integración econó-mica de estos países conduce a una intensificación de su agricultura su-perior a la de América del Norte y a los países del Pacífico Asiático.

En el capítulo quinto se examinan algunos elementos de la intensifica-ción de la agricultura de Estados Unidos, México y Canadá y se plan-

tean algunas ideas sobre las causas que han ocasionado que el primero se haya convertido en la primera po-tencia agrícola mundial.

Finalmente, en el capítulo sexto se in-cluyen algunas reflexiones sobre la estrategia de desarrollo rural seguida en Europa, en algunos países del Pa-cífico Asiático y en América del Norte, la cual se basó esencialmente en el modelo de insumos de alto rendi-miento, cuyas bases son la revolución verde y que después de 20 o 30 años de aplicación de este modelo ha con-ducido, a algunos de ellos, a una se-vera crisis agrícola. Se plantea en este capítulo, para México y los países de América Latina con desarrollo similar, una estrategia de desarrollo agrícola basada en la aplicación de la ciencia y la tecnología. La aplicación de la ciencia agrícola, propone el autor, deberá hacerse bajo principios de la agroecología y la agricultura orgánica, lo que permitirá incrementos en la producción de cosechas en forma sistemática y a largo plazo, logrando también equilibrio ecológico al no contaminar suelos, aguas y a la salud humana.

En sus conclusiones el autor asevera que el problema esencial del de-sarrollo de la agricultura es el lo-grar un crecimiento sustentable de la


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producción agropecuaria y forestal, in-cluyendo la calidad de vida de la po-blación, no se debe centrar el problema del desarrollo agrícola entre la lucha del proteccionismo y el libre cambio. Por otra parte, se plantea que en la mayoría de los países de la Cuenca del Pacífico se tiene una agricultura industrializada lo que permite, por ejemplo, que en el caso de Japón una hectárea sea suficiente para alimentar a 24 personas, mientras que en México la cantidad se reduce a cinco, por lo que propone, por un lado, ampliar la superficie irrigada, sobre todo en zonas áridas y semiáridas, y por otro, intensificar el uso de la ciencia y la tecnología agrícola.

Finalmente, el autor afirma que en la planeación del desarrollo regional de los países latinoamericanos debe introducirse el concepto de susten-tabilidad ambiental con el propósito de lograr incrementos importantes en la producción de alimentos a largo plazo con el uso racional de los recursos naturales, para lo cual es indispensable lograr mejores formas de organización de agricultores y campesinos que les permita integrar sus actividades productivas en com-plejos agro industriales y, así, mejorar su calidad de vida combatiendo de manera paralela la pobreza en el medio rural.


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El ajuste estructural en el campo mexicano. Efectos y respuestas. AMER, IICA, UNAM, Sagar, edición en CD-ROM, México.

El presente CD-ROM es la compilación de los trabajos presentados en el Congreso "Ajuste Estructural en el Campo Mexicano", Efectos y Res-puestas, que se llevó a cabo en la ciudad de Querétaro en el mes de marzo de 1998. El CD inicialmente fue una "publicación" de la Asocia-ción Mexicana de Estudios Rurales, patrocinada por el Instituto de Inves-tigaciones Sociales de la UNAM, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrolla Rural y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.

La obra se divide en cuatro tomos. El primero se refiere a las contra-dicciones y desafíos de la globali-zación en la agricultura. Los artí-culos que se incluyen tratan temas como las transformaciones rurales en Norteamérica y Europa, el estado de la agricultura en diez Distritos de Riego en México, la globali-zación y formas de coordinación territorial, agricultura no empresa-rial y horticultura de exportación, estrategias de mercado en las em-presas alimentarias, estrategias pú-blicas y privadas en la moderniza-

ción de los sistemas lecheros, nue-vas formas de intervención en el agro y desarrollo participativo de tecnologías.

El segundo se titula Retos y posibi-lidades del desarrollo sustentable: tierra, bosques y agua, se compone de 17 títulos divididos en cuatro grandes temáticas: sustentabilidad y modernización, la tierra, los bos-ques y el agua. En éste se pueden encontrar trabajos de especialistas reconocidos por sus aportaciones para lograr el desarrollo sustenta-ble: Víctor M. Toledo, David Barkin, Roberto Diego Quintana, Arturo León López, Daniel Klooster y Gemma Van der Haar.

El tercer tomo se refiere a la nueva ruralidad, migración y empleo. Se


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presentan estudios de caso de varias entidades del país —Michoacán , Yucatán, Puebla, Campeche y Mo-relos—. Los temas que se abordan tratan sobre la evolución y cambios de objetivos en unidades de produc-ción campesina; la deshenequeni-zación en Yucatán o el desarme de una región rural; agricultura campe-sina e industrialización; reforma agraria y nueva ruralidad; política neoliberal y economía de los cam-pesinos; los migrantes pendulares, tipología económica-ecológica de los productores rurales, e interme-diarios y mercado rural.

El último tomo, Perspectivas de la or-ganización campesina hacia el siglo xxi, se compone de once trabajos, cuatro de ellos se refieren a las raíces del conflicto en Chiapas: los mayas chiapanecos: identidades colectivas e integración a la nación; Chiapas en la encrucijada neoliberal; Acuerdos y relaciones agrarias en Chiapas, y Las Cañadas de la Selva Lacandona: la ruralidad actual, ordenamiento y lineamientos ecológicos para la pla-neación. Los demás trabajos rescatan la experiencia del Barzón, las luchas municipales, identidad étnica, crédito rural y espacialidad social.


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Cuadernos Agrarios. Nueva época, años 9-10, núms. 19-20, "Migración y mercados de tra-bajo", México, 2000, 352 pp.

En este ocasión, Cuadernos Agrarios presenta, desde diferentes perspecti-vas, el tema de la migración y el mer-cado de trabajo; en su editorial señala que la migración constituye uno de los fenómenos sociales relevantes a nivel mundial, que cobra particular importancia en el México rural al constituir, para un gran sector del campesinado, una de las estrategias de su reproducción social y, en algunas regiones, la más importante.

Presenta dos grandes apartados; en el primero se incluyen estudios de caso sobre la migración internacional y los efectos del Programa Paisano sobre los migrantes mexicanos. El trabajo de Michael Kearney, "La comunidad rural oaxaqueña y la migración: más allá de las políticas agrarias e indíge-nas", trata el tema de la migración del estado de Oaxaca que comenzó a fi-nales de los años setenta y que conti-núa hasta hoy, y cómo muchas comu-nidades rurales se han transformado a partir de los ingresos provenientes de los trabajadores migrantes.

Stefano Várese, en su trabajo "Mi-grantes indígenas mexicanos en los

Estados Unidos: nuevos derechos contra viejos abusos", aborda el tema de la migración de población indí-gena en la que, a partir de la crisis económica de México de los ochenta, un número creciente de indígenas ha ido engrosando las filas de los migrantes mexicanos hacia Estados Unidos.

Otros trabajos que se presentan son "Identidad y migración. Oaxaqueños en Napa y Sonoma, California", de Martha Judith Sánchez; "Cultura, etnicidad y migración: los zapotecos


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en Los Angeles, California", de Olga Montes García; "Miradas y esperanzas puestas en el norte: migración del centro de Veracruz a Estados Uni-dos", de Mario Pérez Monterosas; "La organización de los migrantes zacatecanos en Estados Unidos", de Miguel Moctezuma Longoria, y "Programa Paisano: la política fiscal contra los derechos humanos de los migrantes mexicanos".

La segunda sección, que trata so-bre la migración interna, Hubert C. de Grammont y Sara María Lara presentan el trabajo "Nuevos enfo-ques para el estudio del mercado rural". Ahí tratan, entre otras cues-tiones: ¿Cómo se ha estudiado el mercado de trabajo rural en Méxi-

co?, la segmentación del mercado de trabajo en el contexto de la fle-xibilidad productiva, y el mercado de trabajo rural como espacio so-cial complejo de interacción entre oferta y demanda.

Otros trabajos que se presentan tratan sobre el perfil ocupacional de la población indígena migrante de la Ciudad de México, la migración desde la Montaña de Guerrero, la frontera sur, la apropiación de territorio y migración en una región campesina del estado de Guerrero, tipos con-temporáneos de trabajadores y de migrantes estacionales en un mercado tradicional de trabajo agrario y la educación para los niños migrantes indígenas.


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Transformación agraria. Los dere-chos de propiedad en el campo mexicano bajo el nuevo marco ins-titucional. Guillermo Zepeda, ClDAC-Porrúa, México, 2000, 368 pp.

Desde que se formuló la propuesta de reformar el Artículo 27 constitu-cional se ha escrito una gran canti-dad de trabajos donde se analizan las consecuencias y perspectivas de la nueva legislación agraria. El trabajo de Guillermo Zepeda es producto de una investigación de cinco años que desarrolló bajo los auspicios del Centro de Investigación para el De-sarrollo (CIDAC), dispone de infor-mación precisa y de un análisis pro-fundo donde articula los aspectos jurídico, social y económico para dar cuenta de la transformación de los derechos de propiedad bajo el nuevo marco institucional y evaluar en qué medida la instrumentación de las políticas agrarias ha respondido a los objetivos y a las expectativas plan-teadas en la reforma.

De entrada, el autor concluye que, a pesar de los cambios en las relacio-nes agrarias, en particular de la re-ducción de la incertidumbre en rela-ción con la tenencia de la tierra y la defensa de los derechos agrarios, no se han logrado los propósitos de las

reformas, es decir: no se está invir-tiendo capital en el campo, ni se elevó la productividad del sector ni los ingresos de los campesinos. Sin em-bargo, tampoco se ha dado la priva-tización masiva y la concentración de la tierra ejidal y comunal, como au-guraban los detractores de las modi-ficaciones a la legislación agraria.

La principal recomendación que emite el estudio establece que, mien-tras no se disponga de mercados efi-cientes de insumos y productos agropecuarios — que posibiliten la


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rentabilidad del sector— no podrá crearse un mercado de tierras diná-mico y, por el contrario: la delimita-ción, asignación y protección de los derechos de propiedad en el campo podrían verse limitados, dadas las asimetrías de los productores y las restricciones para concretar las opor-tunidades que ofrece el nuevo marco legal.

La primera parte del libro incluye tres apartados: primero se presenta un diagnóstico del campo mexicano, del estancamiento económico del sector y del rezago y disfunciones institucionales; en seguida, se define el enfoque institucional y los con-ceptos y categorías que orientaron la investigación; por último, se anali-zan las instituciones establecidas por la nueva legislación y los efectos que se pretendían generar sobre los de-rechos de propiedad y los costos de transacción en materia agraria.

En la segunda sección se presenta la información empírica; los capítulos cuatro, cinco y seis abordan la evo-lución en la definición, protección y transferencia de los derechos de pro-piedad agrarios, también evalúa los resultados de la aplicación de las políticas públicas para determinar si, con éstas, se incrementan o reducen los costos de transacción. El capítu-

lo séptimo, y último, analiza si se están dando los resultados esperados y demuestra que no está siendo capi-talizado el sector ni se mejoró el nivel de vida de la población rural; subraya que las tierras susceptibles de urbanización son las únicas que atraen a la inversión y cuya propie-dad está altamente valorada en el incipiente mercado de tierras.

Demuestra que la anarquía e ineficiencia de los mercados, tanto de insumos como de los productos agropecuarios, en donde privan oligopolios, monopsonios, interme-diarios y acaparadores, frena la pre-tensión de crear un mercado de tie-rras que cuente sólo con una limitada reducción en los costos de transac-ción en materia agraria.

No se trata de otro trabajo más so-bre el tema porque incluye, de ma-nera rigurosa, la evaluación econométrica de los procesos que analiza, por ejemplo: demuestra que la baja rentabilidad del sector, aunado al minifundio y a la fuerte des-igualdad y asimetría entre los pro-ductores, no son el mejor escenario para delimitar y asignar derechos ni para impulsar un mercado de tierras.

Resulta relevante la idea de que el complemento y consecuencia de la


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definición y defensa de los derechos de propiedad sobre la tierra, sea la posibilidad de adquirir y transferir esos mismos. Consigna que los úni-cos derechos que se transfieren, de manera significativa por su número, son los de usufructo; mientras, la propiedad de la tierra sólo se trans-mite en los casos en que la tierra puede ser urbanizada, lo cual se ex-plica, principalmente, porque la ac-tividad agropecuaria no permite márgenes de ganancia y, de manera secundaria —pero también determi-nante—, a que en las comunidades rurales los sujetos agregan una va-loración subjetiva de su tierra. Ade-más, demuestra que las tareas del

campo se están convirtiendo en una ocupación accesoria, en el sentido de que los campesinos buscan otras fuentes de ingreso y complementan sus percepciones con la renta o frutos de sus parcelas.

Por último, cabe señalar el énfasis que el texto pone en "la necesidad de articular e instrumentar una polí-tica pública integral que establezca mercados competitivos en el campo y devuelva la rentabilidad a la acti-vidad agropecuaria como condicio-nes indispensables para dar transpa-rencia y equidad al establecimiento de un buen sistema de derechos de propiedad".


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Alcances y limitaciones de la Ley Agraria. Gerardo Montfort Ramírez, Cárde-nas Editor y Distribuidor, 1a edición, México, 2000, 626 pp.

"El Derecho, como creación humana y por ello materia de constante perfeccionamiento, busca con sus permanentes cambios, alcanzar la satisfacción de las necesidades y re-querimientos que reclama la socie-dad a la que se encuentra llamado a regir en un lugar y en un momento históricamente determinados", así inicia Gerardo Montfort su intere-sante libro Alcances y limitaciones de la Ley Agraria, donde analiza los temas que atañen a la cuestión agra-ria, bajo la óptica de los distintos ordenamientos que la rigen. "El De-recho agrario, por sus características —abunda el autor— eminentemente sociales, constituye una de las ramas del Derecho que con mayor fre-cuencia debe considerar una constante evolución de sus conceptos, pues al proteger a una clase eco-nómicamente débil (...) debe res-ponder con mayor firmeza a los reclamos de los sujetos materia de su atención".

La naturaleza de este libro significa, sin duda, un importante esfuerzo por ayudar a conocer cómo se ha tratado

de normar la propiedad y la activi-dad agraria en el decurso de la historia, independientemente de que el Derecho agrario sea una cuestión novedosa, que no lleva más de 100 años, ya que antes las normas a las que se solía recurrir eran las de ín-dole civil.

Actualmente, la búsqueda de mejores alternativas para la propiedad agraria ha dado lugar a la configuración de un marco jurídico más moderno y acorde con las exigencias y demandas sociales, el cual ha dado origen a una


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nueva etapa en el régimen de la ex-plotación de la tierra, fundada en la libre determinación de ejidatarios y co-muneros para adoptar las condiciones que más les convienen en el aprove-chamiento de sus recursos.

En ese sentido, el presente libro de Gerardo Montfort constituye una sólida y bien documentada investi-gación sobre el problema agrario en México, a la luz de la dinámica de las normas de contenido agrario, es-

trechamente vinculadas con el pro-blema de la propiedad agraria; de hecho, el autor destaca —en este sentido— dos de los problemas ca-pitales del derecho agrario: la pro-piedad y la justicia agrarias.

Sin duda, la presenta obra servirá para cubrir el vacío existente en la litera-tura jurídica mexicana, la cual deman-daba, desde hace algunos años, una investigación de calidad como la que ofrece Gerardo Montfort.


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¿a dónde va la huastecadistintas universidades, colegios, escuelas y centros de estudio —de casi...

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